La Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) ha informado este martes de que recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas que ha absuelto a Miguel Ángel Ramírez y a Héctor de Armas de los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social que le imputaban el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares después de que en julio de 2023 se sentara en el banquillo ante la acusación de fraude durante su gestión al frente de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC).
El sindicato, que ha ejercido la acusación en la causa, ha señalado en nota de prensa que “trabaja ya en la redacción de este recurso de casación, que interpondrá ante el Tribunal Supremo (TS), con base en la argumentación que ha venido sosteniendo desde el principio, y que además ha sido, claramente, avalada por el voto particular de una magistrada de la sala que ha discrepado, con gran contundencia, de los otros dos jueces”.
En este sentido, apunta USO que el voto particular de la magistrada se basa en que la misma entiende que entre 2009 y 2013 Miguel Ángel Ramírez “recurrió a una ficción consistente en disfrazar de pago de dietas, lo que en realidad era el abono de horas extraordinarias de los trabajadores de Seguridad Integral Canaria (SIC)”.
Ramírez hacía esto, según la magistrada, porque las dietas “están excluidas de la obligación de retención que incumbe a todo empleador respecto del IRPF de sus trabajadores y también de la base de cotización, a partir de las que se calculan las cuotas a ingresar en Seguridad Social de los mismos”.
Se trata, indican, de un “comportamiento defraudatorio”, por el que apuntan que la magistrada del voto particular y USO “consideran que SIC se ahorraba” el abono de las retenciones por el IRPF de sus trabajadores, así como de las cotizaciones de los mismos a la Tesorería de la Seguridad Social, “de todo lo que se pagaba a los trabajadores de la empresa (Vigilantes de Seguridad) bajo la intencionada e incorrecta calificación de dietas, en lugar de horas extraordinarias”.
La magistrada considera que SIC “ocultó y omitió, con el consiguiente perjuicio para el erario público,” el pago de 1,6 millones de euros en 2009, 1,6 millones en 2010, 1,4 millones en 2011, casi un millón en 2012 y un millón en 2013 a Hacienda y de más de 11 millones de euros entre enero de 2009 y diciembre de 2012 a la Seguridad Social.
También se refiere a que Ramírez “firmó un acuerdo con el comité de empresa que puede considerarse nulo y que inaplicaba” el convenio colectivo, así como que “empeoraba” las condiciones de trabajo de los empleados. En concreto, señala que “entre otras cosas, por ejemplo, eliminaba el pago de horas extra, nocturnas y festivas”.
Para el responsable de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato, Basilio Alberto Febles, esta actuación constituye “un fraude en toda regla”, de ahí que desde USO consideren que la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas “viene a avalar, desgraciadamente, la precariedad laboral”, por lo que recurrirá la resolución de la Sala en casación ante el Tribunal Supremo.