El incendio mortal de Los Gallardos (Almería) ha vuelto a tensionar el estado del dispositivo de bomberos forestales de Andalucía. En plena temporada de alto riesgo, los profesionales denuncian que su situación no solo no cambia con respecto a años anteriores sino que no deja de empeorar.

El Plan INFOCA, que está adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) creada por la Junta para mejorar la gestión de este tipo de catástrofes, sigue repitiendo el listado de problemas que ya empiezan a ser tradicionales y que en incendios como el almeriense cobran especial relevancia: falta de plantilla, retenes incompletos en algunos casos, equipos inadecuados y obsoletos o medios insuficientes son la decoración de cada verano según testimonios de los trabajadores y representantes laborales.

Denuncias que se están dejando ver en el fuego de esta zona almeriense próxima al municipio de Bédar. Según explican fuentes de los bomberos sobre el terreno a este medio, la situación a la que se enfrentan llevan avisando de ella desde “hace tiempo”. Denuncian que el “dispositivo está actuando con un 75% del personal, cuando debería estar al 100%”. Es decir, está “incompleto”, lo que es grave por el agotamiento que genera en los profesionales sobre el terreno y porque debe estar al completo durante la temporada de alto riesgo de incendios que se alarga hasta octubre. El operativo desplegado sobre el terreno cuenta alrededor de 500 efectivos, según los datos ofrecidos el sábado por la mañana por el Consejero de Emergencias Antonio Sanz. Doscientos de ellos pertenecen al Plan Infoca, otros 200 son de la Unidad Militar de Emergencias y el resto son del MITECO y bomberos del Levante almeriense.

Además, según los mismos profesionales, “hay un grave problema con los vehículos autobombas (VCI) porque los medios solo tienen un miembro operativo”. En consecuencia, “están currando con extensión de jornada lo que no hay en los escritos”.

Todo ello ocurre mientras el Ejecutivo regional ha venido haciendo gala de un aumento en el presupuesto que destina cada año a los bomberos forestales andaluces, pero que no acaba de verse en el día a día del dispositivo, según sus protagonistas. Aunque es cierto que en estos últimos años sí se está logrando estabilizar a la plantilla durante los doce meses del año y no solo durante los cuatro que dura el periodo de alto riesgo de incendios, lo cierto es que los 271,6 millones de presupuesto que hay para Infoca este año -que supone un 60% más que en 2018, cuando Juanma Moreno llegó al Gobierno andaluz- son, para los profesionales, una cifra que no impacta aparentemente en sus reclamaciones.

La Junta rechaza ese diagnóstico y defiende que el dispositivo afronta la campaña de 2026 con el mayor despliegue de su historia. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, sostiene que el INFOCA cuenta con un presupuesto un 5% más alto que el año anterior y el citado 60% superior respecto al de 2018, además de 4.700 profesionales, 43 medios aéreos, 108 autobombas -el 84% renovadas en los últimos años-, una nueva unidad de maquinaria pesada y otra de fuego técnico, además de mejoras en los sistemas de comunicación. El Gobierno andaluz atribuye, además, a la rapidez de respuesta del operativo que, pese a haberse registrado más intervenciones durante los cinco primeros meses del año que en el mismo periodo de 2025, la superficie calcinada haya sido inferior.

Los seis sindicatos con representación en el dispositivo -CGT, CCOO, UGT, CSIF, SIBFI y UITA- coinciden este año en el diagnóstico. Aunque difieren en el tono de sus críticas a la dirección de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), todos sostienen que la campaña de alto riesgo comenzó sin que el operativo esté plenamente desplegado. CCOO calcula que aún falta por incorporar alrededor del 10% del dispositivo, lo que supondría unos 400 trabajadores (del total de 4.000), mientras que CSIF sitúa también el despliegue en torno al 90% a comienzos de julio. UGT, por su parte, asegura que es la primera vez que las tres Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRICA) inician la campaña con vacantes: 20 en Sevilla, 14 en Málaga y nueve en Granada.

La Junta rechaza estas cifras y asegura que todos los puestos operativos están cubiertos, salvo alrededor de un 5% correspondiente a bajas temporales o a trabajadores que han pasado a segunda actividad tras cumplir los 55 años. El Ejecutivo dice además que este año ha convocado dos ofertas públicas de empleo, con 234 y 348 plazas fijas a jornada completa, para seguir reforzando la plantilla del dispositivo.

Problemas sobre el terreno

Las consecuencias, según denuncian las organizaciones sindicales, ya son visibles sobre el terreno. Hablan de retenes que trabajan por debajo de su dotación mínima, autobombas con un único bombero forestal, puestos de vigilancia cerrados por falta de personal y brigadas incompletas en un momento en el que Andalucía afronta las semanas de mayor riesgo de incendios.

Más allá de la carga de trabajo, sostienen que estas carencias comprometen la seguridad de las intervenciones, ya que las dotaciones mínimas de los equipos están definidas precisamente para garantizar la protección de los profesionales durante la extinción.

A la falta de efectivos se suma otro problema que todos los sindicatos señalan desde hace años: los medios materiales. CGT y CCOO vuelven a denunciar que parte de la flota incorporada al dispositivo no es la adecuada para acceder a los incendios forestales, obligando en ocasiones a esperar otros vehículos para llegar al frente del fuego. También alertan de deficiencias en las comunicaciones durante las intervenciones, al asegurar que el sistema de radio presenta fallos en determinadas zonas y que, donde este no funciona, tampoco existe cobertura móvil.

Los equipos de protección individual (EPI) constituyen otro de los principales focos de conflicto. Las organizaciones sindicales denuncian problemas de reposición por falta de stock y critican que la EMA siga sin disponer de un servicio generalizado para la limpieza y descontaminación de estos equipos, pese a que están expuestos a partículas y sustancias potencialmente cancerígenas procedentes de la combustión. Según CCOO, únicamente la provincia de Huelva dispone actualmente de este servicio de forma operativa.

No obstante, la EMA niega estas carencias y sostiene que dispone de existencias suficientes para abastecer a toda la plantilla. Según sus datos, los almacenes cuentan con miles de prendas y elementos de protección, entre ellos más de 4.500 camisas ignífugas, más de 5.300 pantalones ignífugos, más de 600 cascos de emergencia y 900 pares de guantes de extinción.

La movilidad de la plantilla

Las críticas también alcanzan a la gestión de los recursos humanos. UGT y CSIF denuncian que la dirección de la Agencia está rechazando solicitudes de movilidad por motivos de conciliación familiar, incluso en casos relacionados con el cuidado de menores o familiares dependientes. CSIF asegura haber llevado este asunto ante la Inspección de Trabajo. Ambas organizaciones sostienen además que la falta de previsión ha dejado prácticamente agotadas las bolsas de empleo, obligando a recurrir al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cubrir vacantes mientras, según denuncian, existen trabajadores del propio INFOCA con la formación y experiencia necesarias que podrían ocupar esos puestos.

En el caso de CGT, sindicato mayoritario entre los bomberos forestales, las críticas van un paso más allá. La organización considera que los problemas que ya existían antes de la creación de la Agencia de Emergencias de Andalucía no solo no se han resuelto, sino que se han agravado, y acusa al Gobierno andaluz de priorizar el anuncio de nuevas inversiones frente a la resolución de las deficiencias que, aseguran, siguen encontrando los profesionales durante las intervenciones.

Frente a estas denuncias, la Junta de Andalucía sostiene que el INFOCA de 2026 cuenta con el mayor presupuesto de su historia y defiende que el dispositivo dispone de 4.700 profesionales, 43 medios aéreos, más de un centenar de autobombas y nuevas unidades especializadas para reforzar la lucha contra los incendios forestales. El Ejecutivo andaluz insiste en que la creación de la Agencia de Emergencias ha permitido mejorar la coordinación de todos los servicios de emergencias y mantiene que Andalucía dispone de uno de los dispositivos de prevención y extinción de incendios más avanzados de Europa.

Sin embargo, para los representantes de la plantilla la fotografía es distinta. Su principal preocupación no es tanto el volumen de inversión anunciado como la capacidad real del operativo para responder durante las semanas más críticas del verano. Con la campaña ya iniciada y las altas temperaturas instaladas en buena parte de Andalucía, advierten de que el dispositivo continúa funcionando sin haber alcanzado la plantilla prevista y con problemas materiales que, a su juicio, siguen sin resolverse año tras año.

El incendio declarado el jueves por la tarde en Los Gallardos, Béjar y Antas que durante la noche acabó con 12 vidas y el viernes arrasó 6.600 hectáreas con velocidades de avance de hasta cien metros por minuto se apaciguó este sábado gracias al trabajo de los efectivos de la UME, Plan Infoca y bomberos de Levante y a unas condiciones climatológicas mucho más favorable: el viento dejó de soplar con fuerza y la humedad remontó hasta el 50%, y esa fue la “ventana de oportunidad” que aprovecharon los bomberos para perimetrar las llamas a esas 6.600 hectáreas, que no se han extendido, y, por primera vez, “atacar el fuego” en lugar de defenderse de su avance.

Al final de la tarde, las perspectivas para la noche eran también buenas. “La climatología esta noche va a ser favorable y la perspectiva para estabilizar en las próximas horas es favorable”, avanzó el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, quien no obstante también lanzó un mensaje de cautela: hay focos activos y el comportamiento del fuego en una zona con orografía muy escarpada, con barrancos y caminos angostos de tierra que atraviesan superficies de matorral o antiguos cultivos de esparto, llama a ser precavidos.

Por eso, Bolaños también pidió paciencia a las más de 1.400 personas que siguen fuera de sus casas. Según dijo, ya no están en albergues o polideportivos como el de Garrucha, sino que han sido alojadas en viviendas propias o familiares y en hoteles, que abonará el Gobierno. “Volverán cuando podamos garantizar las condiciones de seguridad. Esperamos que sea lo antes posible”.

Durante el día, sí se permitió el regreso temporal de algunos vecinos a Bédar para recoger medicamentos, dinero o documentación, o para alimentar animales. El Ayuntamiento de Antas pidió a los evacuados que esperen autorización para volver a sus casas y la Guardia Civil detuvo a dos personas que se negaron a acatar las instrucciones de evacuación.

El fuego se cobró la vida de 12 personas, en cuya identificación siguen trabajando los forenses del Instituto de Medicina Legal en Madrid. Es una tarea complicada por el estado en que quedaron los cuerpos. Hay siete denuncias de desaparición, y cuando se complete la identificación de los cadáveres podrá comprobarse cuántas corresponde a las víctimas ya contabilizadas.

Además, hay ocho heridos, entre ellos cuatro en la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Los daños materiales son menos cuantiosos de lo que se temía. “La práctica totalidad de las viviendas no están afectadas”, ha asegurado Bolaños, quien ha recorrido la zona. Está previsto que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visite la zona el próximo lunes.

“Nos tenemos que acostumbrar”

Bolaños ha advertido que la virulencia del incendio tiene su origen en la emergencia climática. “Nos tenemos que acostumbrar, porque la emergencia climática tiene estas consecuencias”, señaló por la mañana. Los expertos apuntan a la abundante vegetación acumulada tras un año lluvioso, muy reseca en las últimas semanas de altísimas temperaturas. No ayudó la orografía del terreno, muy escarpada, lo que dificulta el acceso de maquinaria pesada y provoca convecciones de aire caliente que expanden las llamas. Por último, la meteorología: el jueves y el viernes sopló un intenso viento seco, que hizo correr el fuego a velocidades de vértigo.

Bolaños ha rebajado la polémica sobre la falta de envío de un mensaje de alerta a través del sistema ES-Alert. El ministro ha avalado la explicación del Gobierno andaluz: “Son decisiones que se adoptan desde criterios técnicos, no puedo desautorizar o cuestionar esa decisión”, ha dicho el ministro.

Antes, el Consejero Antonio Sanz había replicado al ministro Óscar Puente y a la portavoz socialista, Montse Mínguez, quienes habían señalado que “una vez más” había quedado “otro ES Alert sin enviar”, en referencia a la falta de aviso en tiempo durante la Dana de Valencia. Sanz, visiblemente molesto, ha replicado que quien polemiza con esto “no tiene ni idea” de cómo funciona ES Alert, y ha explicado que el envío hubiera provocado “daños irreparables y confusión a la población”, al no ser posible acotarlo a quienes en ese momento debían ser evacuados.

Según Sanz, el rango de difusión del mensaje no permitía afinar lo suficiente en este caso y enviarlo indiscriminadamente a población que debía seguir instrucciones diferentes podía dificultar las tareas de evacuación de quien sí debía salir de sus viviendas. La alternativa fue que el alcalde, concejales y miembros de las fuerzas de seguridad avisaran casa a casa.

El incendio, el más trágico de las últimas décadas en España, tiene aún un origen por esclarecer. La primera hipótesis apunta a un cable que cayó sobre la cuneta en el punto kilométrico 511 de la Nacional 340. Tanto Red Eléctrica como Endesa han negado que ese cable sea suyo, señalando que corresponde a la instalación de un antiguo restaurante. Además, Endesa añade que sus técnicos comprobaron que no tenía tensión desde que ese restaurante cerró, en 2009. Sin embargo, esta sigue siendo la principal hipótesis, sin que se descarten otras.

Louise es una mujer británica que hasta el jueves por la tarde vivía plácidamente bajo el sol del Levante almeriense. En apenas unas horas todo cambió, y su hogar de acogida, uno de tantos cortijos diseminados de la sierra que ocupan generalmente extranjeros, ingleses o belgas, se vio frente a frente con un incendio que devoraba metros a la velocidad del rayo. Cuando vio cómo se acercaba el peligro, Louise reunió a sus familiares, sus amigos y a sus perros e intentó ponerse a salvo conduciendo en dirección sur hacia Los Gallardos. “Supimos que Serena (pedanía de Bédar) había sido evacuada así que nos pusimos en marcha, pero las llamas estaban en la carretera, no podíamos pasar y dimos la vuelta en dirección contraria, hacia Lubrín. No nos dimos cuenta de que no teníamos gasolina, éramos cinco y dos perros, repartidos en dos coches y ninguno tenía gasolina, fuimos estúpidos”, cuenta.

Los ocupantes del otro coche con el que viajaban, en lugar de dar la vuelta al ver las llamas en la carretera, decidieron atravesarlas para lograr llegar a Los Gallardos. “Nos dijeron que el coche se calentó muchísimo. Por suerte están bien, pero nosotros no nos atrevimos a seguirlos porque otras personas que se habían marchado conduciendo no lo han conseguido. Aún no hemos podido localizar a algunos amigos y nos tememos lo peor”, relata.

Louise logró llegar con su gente hasta la localidad de Antas donde pudieron repostar y continuar hasta Aguamarga, donde contaban con amigos con los que pasaron la noche. A la mañana siguiente el camino hacia Los Gallardos estaba abierto y decidieron asentarse a esperar la evolución del incendio.

Los Gallardos, espectadora del peor incendio

Desde que a media tarde del jueves se comenzó a extender la noticia de que se había originado un incendio en el término municipal de Los Gallardos, en el Levante almeriense, la localidad se erigió en espectadora del que ya se conoce como el peor incendio en lo que va de siglo en todo el país y el más mortífero de la historia de Andalucía, con 12 muertos y 23 personas a las que aún no se ha localizado.

A salvo de las llamas gracias a la barrera que supone la A-7, Autovía del Mediterráneo, que separa Los Gallardos de la Sierra de Bédar, donde durante la jornada del viernes se ha extendido el fuego, los vecinos y vecinas de Los Gallardos han observado en primera persona cómo el fuego ha devorado la sierra así como los hogares de amigos, familiares y vecinos de poblaciones cercanas como Bédar o Alfaix.

Las unidades de emergencia del 061, 112, UME y Bomberos establecieron rápidamente un punto de control para la atención primaria de los evacuados en el Centro Cultural de Los Gallardos en el que desde un primer momento se han instalado seis camillas y un espacio de triaje para atender a los afectados.

La suerte quiso que las camillas permanecieran vacías durante la noche y la jornada del viernes. “Aquí no hemos tenido que tratar a nadie, pero nosotros sí nos hemos movilizado durante toda la noche para atender heridos en otras zonas”, nos cuenta un sanitario.

“Por un lado piensas, menos mal que no ha habido necesidad, pero por otro te sientes impotente porque tienes que mantener tu puesto en caso de que sea necesario mientras sabes que otros compañeros están desbordados” relata Justi de La Cruz, enfermera del 061 que formó parte del turno de noche asentado en el centro cultural.

En el pueblo el sentimiento general es de preocupación. “Vivo en Vera pero tenemos un cortijo en Bédar y no sabemos si se ha quemado, tenemos animales allí pero no sabemos si están bien. Han cortado el acceso y no nos dejan subir”, cuenta Atika.

La Guardia Civil mantiene cerrado el acceso a Bédar, cuyos vecinos fueron desalojados durante la madrugada del viernes al ser uno de los núcleos más cercanos al incendio. “Mi vecina se negó a marcharse, se ha quedado en su casa en Bédar pero la policía la está obligando a evacuar”, relata Louise, que ha buscado refugio en la localidad vecina.

Bédar, testigo directo del fuego: “No hemos podido dormir”

Bédar se sitúa a tan sólo 8 kilómetros de Los Gallardos por lo que sus vecinos han sido testigos directos de la cercanía del fuego. “No hemos podido dormir, nuestro balcón da directamente a la sierra y hemos visto el fuego toda la noche. Teníamos un susto muy grande porque tenemos tres hijos y venimos de otro país, si nos obligaban a dejar nuestra casa, no tendríamos otro sitio al que ir”, relata Raúl, vecino asentado en el municipio que cuida junto a su mujer, Paola, no solo de sus hijos, sino también de los de una sobrina que se encuentra atendiendo a una señora mayor dependiente. “Me contaba que la señora está sola y que no podía dejarla por si pasaba algo, así que me ha dejado a sus hijos para que tuvieran con quien irse si nos evacuaban”, relata Paola.

Paola, al igual que su sobrina, es trabajadora social y a la preocupación por su familia, amigos y vecinos se suma la atención a sus usuarios. “Tenemos un grupo de WhatsApp en el que nos hemos estado informando de cómo avanza la situación para avisar también a nuestros usuarios”, cuenta.

La solidaridad ha sido clave durante la jornada de este viernes para hacer llegar a los puestos de mando y puntos de recogida de evacuados los suministros necesarios para mantener atendidos tanto a víctimas como a profesionales. En Los Gallardos, esta solidaridad tuvo como origen el supermercado Simon's, que fue a última hora de la noche del jueves centro de una frenética actividad para proveer de bocadillos y suministros a los centros de mando.

“Ya habíamos cerrado cuando recibimos la petición del alcalde para preparar suministros, así que volvimos a abrir el supermercado y nos pusimos a trabajar”, relata Vanesa, empleada del local. El comercio es ya veterano a la hora de prestar ayuda durante un incendio. Hace unos años también tuvieron que echar una mano así que en esta ocasión contaban con experiencia y rápidamente se dividieron el trabajo. “Formamos una cadena humana para trabajar lo más rápidamente posible, uno horneando el pan, otra cortando embutidos, otro preparando los bocadillos y otro empaquetándolos”, cuenta.

Las trabajadoras no fueron las únicas que trabajaron hasta altas horas de la madrugada para preparar todos los suministros, que completaron con bebidas y fruta fresca. Los propios vecinos, que ya habían escuchado las noticias, acudían para ayudar y colaborar con la preparación. “Veían las luces encendidas y entraban para colaborar. Fue una noche larga pero nos sentimos muy satisfechas del trabajo y muy orgullosas de nuestros vecinos”, apunta Gerónima, otra empleada.

Almería continuará durante los próximos días en máxima alerta por la virulencia del fuego. La sequía que es característica de la provincia, los fuertes vientos de levante y la compleja orografía del terreno dificultan en gran medida el trabajo de los servicios de emergencia que trabajan sin descanso sobre un terreno que no ha contado con los trabajos preventivos necesarios para afrontar la temporada estival.

Una psicóloga de Cruz Roja acompaña a Ingrid, nonagenaria de Karlsruhe, hasta la puerta del polideportivo Vista Alegre de Garrucha a encontrarse con Jochen, su marido, quien acaba de llegar a este pabellón desde el hospital donde se encontraba recibiendo un tratamiento de diálisis. La anciana parece aliviada al verle finalmente en el complejo deportivo tras haber sido desalojada de su casa en el municipio almeriense de Bédar por el incendio forestal de Los Gallardos, que se ha cobrado la vida de 12 personas.

Esther, técnico de Cruz Roja, les pide la documentación con dificultad, ya que la pareja no habla ni español ni inglés, y les conduce hasta un vehículo que les llevará a un hotel de Mojácar para pasar la noche. “Esta noche han dormido aquí unas 80 personas, de las que quedaban 50 a mediodía. Después han llegado unos 200 en autobús desde la pedanía de Alfaix. Toda la tarde ha seguido llegando gente”, apunta la trabajadora social mientras señala a dos mujeres extranjeras que se acaban de sentar en las mesas de registro que han habilitado en la entrada del edificio.

Lo corrobora Vicente López, concejal de Seguridad y Urbanismo de Garrucha: “El momento más crítico ha sido cuando a mediodía nos han dicho que venían unas 350 personas más, pero el pueblo se ha volcado. Hay unos 100 voluntarios que han traído agua, comida, hielo. También tenemos preparado el centro cultural del pueblo, donde podríamos alojar a unas 400 personas más”.

“Sospechamos que pueda haber más personas fallecidas en sus casas a causa del humo. En aquella zona hay muchos extranjeros mayores que viven solos en cortijos”, señala una fuente policial. Hay 23 personas que aún no han sido localizadas tras el peor incendio que se conoce en Andalucía.

En la puerta del polideportivo, situado a las afueras de Garrucha, una fila de voluntarios saca las cubetas de un tráiler frigorífico gigante de una empresa de pescado del municipio que hará de nevera del centro deportivo, al tiempo que otros se dedican a apilar cajas con botellas de agua. A Juana, limpiadora del complejo deportivo se le acababa el turno a las 12 del mediodía, pero continúa limpiando el baño y la ducha toda la tarde cada veinte minutos para mantener la higiene. “Hemos estado ayudando a hacer los bocadillos y dando agua a la gente. Si fuera al revés también querría yo que me ayudasen”, apunta.

Nina espera sentada

Nina, de Edimburgo, espera sentada la llegada de un vehículo que la lleve a un hotel. Esta anciana de 85 años es una de las pocas personas en el edificio que lleva consigo un bolso grande con algo de ropa; la mayoría ha llegado con lo puesto. “No he podido pegar ojo en toda la noche. Desde El Campico, una pedanía de Bédar, veíamos de lejos el fuego, aunque este mediodía han llamado a la puerta y me han traído aquí. Pude llevar a mis dos perros a una perrera en Vera; estoy muy contenta de que están a salvo porque en el hotel no me habrían dejado quedarme con ellos. No sé qué pasará con mi casa, venía una nube de humo negro a mi casa. Todo depende del viento y de Dios, por supuesto”.

Mary (87 años) y Maureen (88), de Londres y Cheshire, viven cada una ellas en un bungaló en el camping de Los Gallardos desde hace más de una década. A las 17 horas del jueves fueron evacuadas “con urgencia” por la policía y han pasado la noche en el centro deportivo de Garrucha. “Fue un caos, nadie sabía lo que estaba haciendo”, apunta Mary sobre el momento de la evacuación. “Fuimos al teatro de Los Gallardos en nuestro coche y luego vinimos aquí. Ella durmió en una camilla, pero yo lo hice en una silla”.

“Mucha gente nos ha preguntado si estamos bien”, dice Maureen, a lo que Mary responde: “Solo tenemos que ser pacientes, es la edad. El tiempo pasa rápido”.

“En esta parte del incendio a Garrucha le ha tocado hacer la parte más fácil. Lo que más duele es lo que están pasando en Los Gallardos, Bédar y parte de Antas”, dice el alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos. “Tenemos intérpretes, psicólogos, así que las personas que están aquí desplazadas están bien asistidas. Algunos duele verlos aquí, pero se les atiende con todo el cariño del mundo. Solo hemos tenido algún desvanecimiento por el calor y hemos tomado nota de la medicación que cada uno tiene”, apunta el primer edil de Con Andalucía (IU), quien se encuentra al frente del municipio durante un año tras alcanzar un pacto de gobierno con PP y Vox.

“Se quema una parte de mí”

Ramos es agente forestal: “He llevado esa sierra durante diez años. Se quema una parte de mí. Estaba viendo las llamas y sabía por dónde iba y qué casas estaba afectando”, apunta entre lágrimas. “Las veces que he ido al centro de mando en Turre me han dicho que la cosa está fea. Se va a echar la noche y cuando se echa la noche ya no puedes trabajar con medios aéreos y los que apagan el fuego son los medios aéreos. Aquí lo más importante, en mi opinión, es que no toque más núcleos urbanos”.

En un resort cerca de Los Gallardos se encontraban de vacaciones Tom y Lauren, de 25 años. Subieron sobre las 10 de la noche al punto más alto que encontraron y vieron unas inmensas “llamas naranjas” y, aunque no fueron desalojados en el momento, prepararon una pequeña mochila por si tenían que marcharse. A las once de la mañana de este viernes, el director del resort les advirtió de que era el momento de irse. “Estamos un poco aburridos, pero los voluntarios se han portado fenomenal con todos nosotros”. El domingo por la mañana vuelven al Reino Unido, pero aseguran que esta experiencia no les impedirá regresar pronto a España.

Uriel y Mariana, con 18 años, son de los pocos que permanecen por la tarde en el interior del pabellón junto con sus perras. Ambos se encontraban de visita en casa de su abuela en Bédar desde finales de junio. Volvían a casa cuando llegaron a tiempo de coger las dos perras y escapar por Lubrín. “Había muchísimo humo y casi no podíamos ni respirar”, señala Uriel. Pudieron pasar la noche en Mojácar en casa de una amiga de su abuela, quien se muestra muy preocupada por la situación de su hogar. “No nos dio tiempo a coger nada. Allí se quedaron nuestras gallinas, tortugas y gatos. No sabemos cuándo podremos subir, cómo está la casa y nuestras cosas”.

El trasiego de voluntarios, trabajadores de Cruz Roja y desplazados no cesa. Se preparan para una nueva noche de incertidumbre y tristeza.

Jorge Vázquez, director general de Andalucía Global, ha anunciado su renuncia al cargo tras verse vinculado a una referencia en uno de los grupos de redes sociales intervenidos al grupo de empresarios investigados por blanqueo de capitales y detenidos la pasada semana en El Puerto de Santa María (Cádiz).

Según ha indicado a Europa Press, da este paso ante las informaciones publicadas “con el único objetivo de no perjudicar a la institución que hasta la fecha he representado y con plena confianza en que los hechos quedarán esclarecidos”.

La Guardia Civil llevó a cabo la semana pasada una operación contra el blanqueo de capitales con registros en un despacho de la Diputación de Cádiz, así como en oficinas y locales de hostelerías de El Puerto y de la provincia de Sevilla. Detuvo a once personas, de las que dos, tras pasar a disposición judicial, ingresaron en prisión y seis quedaron en libertad provisional con la obligación de comparecer en sede judicial cuando sean llamados.

Se investiga la comisión de presuntos delitos de blanqueo de capitales en el marco de una organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

Blanqueo a través de contratos de patrocinio

Los investigadores sospechan que el promotor portuense Pascual Llopis y el empresario sevillano Mario García, ambos en prisión preventiva, blanquearon dinero del narco a través de contratos de patrocinio de festivales y conciertos con la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz, ambas gobernadas por el PP.

“Primero hay que usar siempre a Germán [Beardo, alcalde de El Puerto y vicepresidente cuarto de la Diputación de Cádiz] y al PP”, señala García en una conversación de Whatsapp intervenida por los investigadores, y en la que se comenta su intención de expandir el Festival Puro Latino. Días antes, el propio García había intentado averiguar si se le había ofrecido o dado “algo” a Gordo, un alto cargo de la Junta de Andalucía. “Yo es que para eso soy muy generoso”, escribe, antes de sugerir una mordida del 10% y “regalitos todo el año”, según los mensajes desvelados por El País. “A ese le gusta tela”, dicen de él, antes que otro empresario proponga regalarle un jamón, y “dentro, métele tres o cinco mil euros”

Diario de Cádiz informó este jueves de que uno de los testigos ha declarado ante el juez que el político al que llamaban Gordo podía ser Jorge Vázquez, director general de Andalucía Global, órgano dependiente de la Consejería de Turismo y Acción Exterior de la Junta, y ex delegado de Cultura en Cádiz.

Los investigadores creen que Mario García encabeza una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y usaba a Pascual Llopis como testaferro y herramienta de blanqueo de los beneficios a través de conciertos y el festival Puro Latino. Los investigadores encontraron 1.166.000 euros en efectivo en el domicilio de Llopis, 455.000 de ellos envasados al vacío; y 572.000 en la de García. Este último está investigado por tráfico de cocaína y blanqueo en juzgados de Jerez y Sevilla y se sentará en el banquillo de los acusados por presuntamente inutilizar el Sistema de Vigilancia del Estrecho (SIVE) en 2015, un asunto por el que se enfrenta a seis años de prisión.

El Grupo Popular tiene previsto proponer a la actual vicepresidenta primera del Parlamento y diputada por Cádiz, Ana Mestre, como nueva presidenta de la Cámara en sustitución de Jesús Aguirre, a quien, a su vez, su partido propondría como senador por designación autonómica, y ello al hilo de los cambios que en la Mesa del Parlamento implica el acuerdo suscrito la semana pasada entre el PP-A y Vox que posibilitó la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía.

Fuentes parlamentarias 'populares' consultadas por Europa Press han confirmado este viernes que el PP-A tiene previsto postular a Ana Mestre como presidenta del Parlamento una vez que tiene que ceder la vicepresidencia primera de la Cámara, para la que fue elegida el pasado 11 de junio y que ostentó ya en la pasada legislatura, en virtud del acuerdo de gobierno con Vox, que cede a dicho partido ese puesto en la Mesa del Parlamento.

De esta manera, la previsión es que Ana Mestre pase de vicepresidenta primera del Parlamento a ser propuesta como nueva presidenta de la institución, responsabilidad en la que sustituiría a Jesús Aguirre, quien, a su vez, sería designado como senador por parte del Parlamento andaluz a propuesta también del PP-A.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya anticipó este pasado jueves, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa en la que dio a conocer la composición del nuevo Gobierno andaluz, de coalición con Vox, que Ana Mestre (PP-A), asumirá nuevas “responsabilidades” una vez que deje dicho puesto de vicepresidenta primera del Parlamento en virtud del acuerdo de gobierno que el PP-A y Vox, y dejó en el aire un posible relevo, en este contexto, en la presidencia de la Mesa de la Cámara andaluza, en manos actualmente de Jesús Aguirre.

El acuerdo que PP-A y Vox suscribieron la semana pasada contempla que Vox asumirá la vicepresidencia primera de la Mesa del Parlamento, así como que el Grupo Popular cederá a dicha formación una de las cinco plazas de senadores por designación autonómica que le corresponden en la nueva legislatura.

De esta manera, Ana Mestre tendrá que dejar la vicepresidencia primera de la Mesa del Parlamento para dar paso al representante que Vox elija para dicha responsabilidad, que está previsto que sea su diputada Beatriz Sánchez, que ya forma parte del órgano de gobierno de la Cámara como vocal, con voz pero sin voto.

Moreno ya anticipó nuevas “responsabilidades” para Ana Mestre

Por este particular le preguntaron este jueves a Juanma Moreno, quien explicó que en este mes de julio --previsiblemente el día 23-- se celebrará un Pleno en el Parlamento en el que “se van a producir cambios en la Mesa”, y señaló que, en el marco de ese proceso, mantiene “una conversación abierta” con Ana Mestre, de quien auguró que, “sin duda alguna, asumirá responsabilidades” nuevas, “porque es una de las mujeres más capaces y preparadas que hay” en su equipo y con la que va a “contar siempre en distintas responsabilidades”, según subrayó.

Posetriormente le preguntaron por los nombres que el PP-A propondrá como senadores por designación autonómica para esta legislatura, y expresamente si tiene previsto que el actual presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, sea uno de ellos.

Moreno respondió que en estos momentos se está “debatiendo” qué cuatro senadores va a proponer el Grupo Popular, si bien avisó de que lo que se proponga “va a estar muy vinculado a los acontecimientos que sucedan también con la Mesa del Parlamento y con otras decisiones, también, que se adopten en los segundos niveles de gobierno”.

El presidente de la Junta señaló que lo primero que quería acometer era la puesta en marcha del nuevo Gobierno, algo para lo que ya ha dado el primer paso con el nombramiento de los consejeros, y apuntó que “a lo largo de la semana que viene y la siguiente” se irán abordando otras cuestiones pendientes, con el objetivo, en todo caso, de que en este mes de julio se aborden “todas ellas”.

Moreno pretende así que a lo largo de este mes queden ya conformados los equipos de las consejerías, con sus viceconsejeros y secretarios generales, así como ya nombrados los delegados territoriales de la Junta en las provincias, y los cambios que se acometan en la Mesa del Parlamento y la designación de senadores autonómicos, según explicó él mismo.

“Lo que está claro es que nos iremos el 31 de julio con todo esto ya cerrado, para que el 1 de septiembre comencemos con un Gobierno absolutamente ya consolidado, con plenas facultades y a pleno rendimiento”, prometió Moreno.

El próximo miércoles, 15 de julio, hay convocada una reunión de la Mesa del Parlamento y otra de la Junta de Portavoces en la que podría quedar definido el orden del día del Pleno a celebrar la semana siguiente, en la que podría abordarse esos cambios en la Mesa y, también, la designación de los senadores que corresponde elegir al Parlamento andaluz.

Juanma Moreno se ha rodeado prácticamente del mismo equipo que tenía para afrontar su primer Gobierno de coalición con Vox: repiten diez consejeros de los 13 que componen el nuevo gabinete (una menos que en el mandato anterior).

Sin embargo, la cúpula se ha reforzado con una pátina más política, con tres vicepresidencias: una de ellas en manos del portavoz andaluz de la ultraderecha, Manuel Gavira; y las otras para dos referentes del PP andaluz, personas de la estrecha confianza del presidente que repiten en sus cargos: Antonio Sanz, el todopoderoso consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencia; y Carolina España, titular de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. España volverá a ser la portavoz de la Junta.

“No es un gobierno de unos contra otros, es un gobierno de estabilidad para cuatro años. Es un gobierno de gestión y de progreso”, ha descrito Moreno en su comparecencia, en el Palacio de San Telmo, donde ha insistido en reivindicar la “vía andaluza” de moderación. “No es una frase hecha. El rumbo está definido por la moderación y el respeto a quienes no piensan como nosotros”, ha subrayado.

Gavira figura como número dos en el orden de prelación del nuevo Ejecutivo, aunque no tenga el mismo peso político que los otros dos vicepresidentes ni será quien sustituya al presidente en el Consejo de Gobierno cuando Moreno esté enfermo o no pueda asistir. Esa suplencia la hará Sanz, el vicepresidente primero de la Junta, que también recupera Diálogo Social (con sindicatos y patronal) y mantiene Sanidad. Moreno delegó la cartera de Salud a su número a final de la pasada legislatura, tras el escándalo de los cribados de cáncer, que forzó la dimisión de la anterior consejera, Rocío Hernández.

El portavoz de Vox será el vicepresidente segundo y gestionará la macrocartera de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con un gasto anual aproximado de 1.200 millones de euros, dentro de un Presupuesto Autonómico que ronda los 52.000 millones.

El nuevo Gobierno andaluz es muy continuista: sólo tiene tres nuevas caras (una de ellas la de Vox) y sólo salen dos personas del anterior gabinete, la titular de Medio Ambiente (Catalina García) y el de Turismo (Arturo Bernal). Habrá siete mujeres y seis hombres. Repite la consejera de Educación, Carmen Castilla; la de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo; la de Empleo, Rocío Blanco [que lleva en el gabinete desde el primer Gobierno con Ciudadanos]; la de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Dolores López; el de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco; y la de Vivienda, que añade competencias sobre Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz.

El consejero Jorge Paradela pierde el área económica, y será el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, asumiendo la política universitaria que antes gestionaba en una cartera aparte el fallecido José Carlos Gómez Villamandos. El área de Sostenibilidad y Medio Ambiente recae en Adolfina Martínez, que hasta ahora era secretaria general de esta consejería; y habrá una consejería exclusiva de Fomento y Movilidad, que dirigirá el que era viceconsejero de este área, Mario Muñoz-Atanet. Moreno ha creado una consejería nueva, que anunció en campaña electoral, para gestionar un área de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, y que pilotará José Antonio Nieto, hasta ahora responsable de Justicia.

“Mantener el tronco común”

“He optado por mantener el tronco común del Gobierno, tienen experiencia y la base es sólida. No he querido tocar lo que funciona”, ha defendido el presidente. Moreno ha aprovechado para volver a defender el acuerdo de Gobierno que firmó con Vox la semana pasada y ha asegurado que ninguna de las 150 medidas que aparecen en el documento le ha provocado “controversia”. “No existe nada en lo que haya una controversia con lo que hemos defendido en el PP en los últimos años”, ha subrayado.

“Gavira va a ser un socio fiable. Vox no puede imponerle su ideario al PP ni el PP a Vox. Estamos sujetos a un acuerdo, lo que está dentro es lo que nos ata, ¿fuera del acuerdo habrá diferencias? Sí, las habrá. Mi obligación es encapsular al Gobierno de la confrontación partidista y electoral, lo voy a intentar a pesar de dos procesos de alto voltaje como las generales y las municipales”, dice.

Moreno ha explicado por qué hace tantas referencias a la Constitución y al Estatuto de Autonomía al referirse a su acuerdo con Vox. “Porque hay declaraciones por parte de la oposición que hace hipérboles sobre este acuerdo. Ellos han dicho que hay incumplimientos e ilegalidades, y tanto en el preámbulo como en el texto se hace referencia a la Constitución y al Estatuto, como es obvio”, dice.

Preguntado por Antonio Repullo, su número dos en el PP andaluz, el presidente ha admitido que podría haber estado “perfectamente” en su gabinete, pero que ha optado por mantenerle en su puesto orgánico para abordar los dos procesos electorales previstos para el próximo año, las legislativas y las municipales de mayo de 2027.

Moreno ha adelantado que “se van a revisar todos los impuestos a la baja”, no sólo la eliminación de las tasas medioambientales que se ha comprometido a eliminar en el pacto con Vox.

Decreto de estructura, la letra pequeña

La composición del nuevo Gobierno andaluz, que tomará posesión este mismo viernes, era el primer test del acuerdo político suscrito entre PP y Vox la semana pasada. En ese documento sólo aparece el nombre de la consejería que ostenta Gavira, con rango de vicepresidencia, más lo que parecía una pista en boca del presidente al presentar el pacto: que serán las mismas competencias que en su día gestionó su primer socio de Gobierno, el líder de Ciudadanos y también vicepresidente, Juan Marín.

El decreto de estructura del nuevo Ejecutivo será la guía para saber si, en efecto, las competencias y el presupuesto que maneje el vicepresidente de Vox son las mismas que tuvo en sus manos Marín. Gavira se hace con políticas que hasta hoy estaban repartidas por tres consejerías distintas: Simplificación administrativa (“lo que ellos llaman Desregulación”, en palabras de Moreno) estaba en la cartera de Presidencia; Turismo; y Justicia y Administración Local.

El Gobierno andaluz que nombró Moreno en el arranque de la pasada legislatura no fue el mismo que terminó el mandato. El presidente cambió piezas en el camino, sustituyó a la consejera de Fomento y Vivienda, Marifrán Carazo, para enviarla de candidata a la Alcaldía de Granada en las municipales de 2023 [terminó ganándose la plaza], y quitó a la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, para postularla en las elecciones europeas de 2024.

En ese mitad de mandato, Moreno aprovechó para resetear a la mitad del gabinete para dar un nuevo impulso a la legislatura: cambió a las titulares de Salud y de Educación -sobre todo la primera, muy desgastada por las causas judiciales abiertas por los contratos a dedo con clínicas privadas-, pero las mantuvo dentro del gabinete, cambiándolas de cartera. La única salida fulminante que el presidente forzó fue precisamente el de la nueva consejera de Salud, Rocío Hernández, destituida junto a toda la cúpula de su departamento por el escándalo de los cribados de cáncer de mama, en noviembre de 2025.

47 días después de que se declarase el incendio, el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga ha dado por finalizada la intervención permanente que mantenía en el edificio de Pasillo de Guimbarda, en el Distrito centro de la capital. El Área de Seguridad del Ayuntamiento de la capital ha informado de la retirada de los bomberos a través de un mensaje en su cuenta en la red social X.

El fuego que comenzó en la madrugada del 25 de mayo afectó al Grand Café, que funcionaba como cafetería y restaurante, y a un hotel de la cadena Ibis. Tras mes y medio ardiendo, con fases de combustión lenta e invisible, y reavivamientos de las llamas, la última vez hace apenas 15 días, un mes después de comenzar.

Los técnicos y el propio Ayuntamiento de Málaga dieron por imposible atajar el incendio una semana después de que comenzara, al constatar que no podían combatirlo desde dentro por el riesgo de que los bomberos sufrieran daños si colapsaba el forjado de madera que sostiene el edificio. Lo único que podían hacer era aportar más agua desde el exterior, y eso limitaba las opciones de extinción, porque había zonas muy calientes inaccesibles, donde solo quedaba esperar que el fuego se consumiera por sí solo. Finalmente, el edificio de planta baja más cuatro ha quedado completamente calcinado y se da por seguro que su destino es la demolición.

También se da por descontado que el propietario del suelo, Grupo Accor, construirá un nuevo hotel, probablemente con más altura. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha mostrado su preferencia por que el futuro hotel sea de categoría superior, un cuatro o cinco estrellas, “sin forjado de madera”.

El hotel Ibis Málaga Centro contaba con 189 habitaciones dobles (378 plazas hoteleras) y 47 aparcamientos. Antes del incendio, el propietario había iniciado los trámites para elevar la altura en dos plantas. Había obtenido el visto bueno de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, pero aún estaba en trámite la Evaluación Ambiental.

Críticas sindicales por la falta de bomberos y medios

El fuego se inició sobre las 01:20 horas del lunes 25 de mayo. Las cámaras de videovigilancia de la zona sitúan el inicio en el local comercial situado en la planta baja del edificio, una cafetería. A esa hora, las cámaras registran el comienzo, que sigue de una fuerte deflagración que se propaga rápidamente al hotel, probablemente debido al material plástico acumulado para la decoración de la cafetería. El hotel activó su plan de autoprotección iniciando al desalojo de clientes y personal, y nadie resultó herido.

Desde entonces, el Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha pedido a la propiedad del edificio que retire tramos de forjado de madera de la cubierta para facilitar y finalizar las labores de extinción del incendio; que valle el perímetro para evitar daños por caídas de material; el tapiado de los huecos de fachada para evitar el acceso al interior; y el desescombro del local de planta baja de la zona sur y apuntalamiento de la estructura.

La gestión del incendio ha aflorado nuevamente las críticas del Sindicato Andaluz de Bomberos, inmerso en un conflicto con el Ayuntamiento que dura nueve años, e incluye una huelga. Málaga tiene ahora 256 bomberos en plantilla, menos de los que tenía hace 18 años con una población que ha crecido notablemente. Son la mitad de los que tiene Sevilla. Coincidiendo con el incendio, el concejal de Seguridad anunció que la plantilla aumentará un 55% de aquí a 2028, empezando por la incorporación inmediata de 50 nuevos efectivos.

El sindicato también se queja de la falta de medios, el incumplimiento de medidas básicas de prevención de riesgos o la falta de protocolos operativos para incorporar refuerzos en incendios como el del hotel.

Un total de 1.796 personas que fueron desalojadas en prevención por el incendio urbano forestal declarado en la tarde de este pasado jueves en la localidad malagueña de Benahavís han regresado ya a sus viviendas.

En concreto, se trata de 1.013 vecinos de la zona de Los Flamingos; un total de 687 de Parque Botánico y un total de 96 de la zona de Four Seasons, según han explicado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía, que precisan que continúan desalojadas preventivamente 257 personas.

Siguen desalojados de forma preventiva 132 personas de la zona de Marbella Hills y 125 de Caserías del Esperonal, según han precisado desde el 112. Asimismo, se mantiene el confinamiento de 370 personas en la urbanización Montemayor.

Cabe recordar que se ha habilitado el polideportivo de la localidad para atender a los desalojados que lo necesiten y Cruz Roja ha dispuesto medio centenar de camas, aunque la mayoría se han realojado en casa de familiares, amigos y en establecimientos hoteleros de la zona.

En este incendio ya no quedan carreteras cortadas al tráfico, después de que se abriera a la circulación la AP-7 que permaneció cortada entre los kilómetros 1054 y 1070 (sentido Cádiz).

Efectivos continúan trabajando por tierra y aire para luchar contra el fuego, que evoluciona de forma favorable y “está sin llamas y sin frentes activos”. Según han informado desde el Plan Infoca, en un mensaje en su cuenta en X, recogido por Europa Press, los efectivos están asegurando las zonas y enfriando los puntos calientes del incendio.

EMA 112 gestionó casi 300 llamadas a causa de este incendio, las primeras de ellas sobre las 16:30 horas de este pasado jueves informaban de un incendio que había comenzado en la cuneta de la AP-7, a la altura del kilómetro 1068, y se había extendido a una zona de arboleda, por la zona de la urbanización Montemayor.

El centro coordinador de emergencias activó al Centro Operativo Provincial (COP) de Infoca, al Grupo de Emergencias de Andalucía, bomberos del Consorcio de la Diputación de Málaga y a los Bomberos del Ayuntamiento de Marbella, a la Guardia Civil, que ha desplazado entre 30 y 40 agentes; y a la Policía Local de Estepona y de Benahavís.

Asimismo, también se movilizó a la Policía Nacional y a su Unidad Adscrita a la comunidad, a Mantenimiento de Carreteras, a la Cruz Roja, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 (se ha movilizado la Unidad del Servicio de Urgencias de Atención Primaria de San Pedro de Alcántara) y a las agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Marbella y Estepona.

Situación operativa 1

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del Plan de Emergencias por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) elevó, a las 17:30 horas, a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan ante la evolución del incendio forestal declarado y localizado inicialmente en Estepona (Málaga) que finalmente se ha ubicado en Benahavís.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) se pide extremar la precaución y seguir las indicaciones de los operativos de emergencia, y especialmente no acercarse a la zona del incendio para evitar riesgos innecesarios.

Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha destacado desde el Puesto de Mando Avanzado, el “rápido” despliegue para luchar contra el incendio urbano forestal declarado en la tarde de este pasado jueves en la localidad malagueña de Benahavís, que evoluciona favorablemente, y ha hecho un llamamiento a los vecinos a la “prudencia y la disciplina”.

El calor extremo ha dejado de ser un episodio puntual del verano para convertirse en uno de los principales factores que condicionan el presente y el futuro de la ganadería andaluza. Las altas temperaturas, cada vez más frecuentes, intensas y prolongadas, están modificando el funcionamiento de las explotaciones, reduciendo la productividad de los animales y aumentando considerablemente los costes de producción.

Lejos de tratarse de una simple incomodidad, el denominado estrés térmico constituye un problema que afecta al bienestar animal, a la economía de las explotaciones y, en última instancia, a la estabilidad del conjunto de la cadena alimentaria. Vacas, ovejas, cabras, cerdos, abejas y aves responden de forma similar cuando las temperaturas superan los límites que su organismo puede soportar: comen menos, producen menos y son más vulnerables a enfermedades.

En una comunidad como Andalucía, donde la ganadería constituye uno de los pilares del desarrollo rural, el impacto del calor preocupa cada vez más a productores, veterinarios, investigadores y organizaciones agrarias.

La ubicación geográfica de Andalucía hace que sea una de las regiones europeas más expuestas a los episodios de calor extremo. En numerosas comarcas del valle del Guadalquivir y del interior oriental se registran temperaturas superiores a los 40 grados durante varios días consecutivos.

A esta situación se suma la reducción de las precipitaciones, la mayor frecuencia de sequías y el incremento de las noches tropicales, en las que la temperatura apenas desciende. Todo ello dificulta que los animales puedan recuperarse del calor acumulado durante el día.

El problema afecta tanto a explotaciones intensivas como extensivas. Mientras las primeras deben invertir en sistemas de refrigeración, ventilación y climatización, las segundas sufren además la pérdida de pastos naturales, la escasez de agua y la disminución de la calidad del alimento disponible en el campo.

La energía que normalmente se destinaría a producir leche, desarrollar masa muscular o mantener la actividad reproductiva pasa a emplearse en conservar estable la temperatura corporal. El resultado es una disminución progresiva del rendimiento que puede prolongarse incluso semanas después de finalizar una ola de calor

Cada especie dispone de un rango de temperatura en el que desarrolla su máxima capacidad productiva. Cuando ese límite se supera, el organismo activa mecanismos para intentar eliminar el exceso de calor. Los animales aumentan la frecuencia respiratoria, sudan en aquellas especies que pueden hacerlo, permanecen inmóviles durante las horas centrales del día, buscan la sombra y multiplican el consumo de agua. Sin embargo, mantener esa respuesta fisiológica exige un elevado gasto energético.

La energía que normalmente se destinaría a producir leche, desarrollar masa muscular o mantener la actividad reproductiva pasa a emplearse en conservar estable la temperatura corporal. El resultado es una disminución progresiva del rendimiento que puede prolongarse incluso semanas después de finalizar una ola de calor.

El vacuno lechero es uno de los sectores más sensibles al estrés térmico. Cuando las temperaturas aumentan, las vacas reducen el consumo de materia seca y disminuye la producción diaria de leche. Además, se altera su composición, reduciéndose el porcentaje de grasa y proteína, dos parámetros fundamentales para determinar la calidad y el valor comercial del producto.

Las explotaciones con animales de alta producción son especialmente vulnerables, ya que generan una mayor cantidad de calor metabólico y necesitan realizar un esfuerzo adicional para refrigerarse. En muchas granjas andaluzas, los ventiladores industriales, los sistemas de aspersión y los nebulizadores funcionan durante buena parte del día para mantener unas condiciones ambientales aceptables.

En el ganado destinado a la producción de carne también aparecen importantes pérdidas. Los animales reducen el consumo de pienso y el crecimiento se ralentiza. La consecuencia inmediata es una menor ganancia media diaria de peso y un retraso en la comercialización. Cada día adicional que un animal permanece en la explotación supone un incremento de los costes de alimentación, mano de obra, energía y mantenimiento.

En sistemas extensivos, el problema se agrava cuando los pastos se secan antes de tiempo y los ganaderos deben recurrir a la compra de forrajes y piensos para compensar la falta de alimento natural.

Uno de los efectos menos visibles, pero con mayor repercusión económica, es el deterioro de la capacidad reproductiva. Las hembras presentan celos más cortos y menos evidentes, disminuyendo las posibilidades de inseminación o cubrición en el momento adecuado. También aumenta la mortalidad embrionaria temprana y disminuye el porcentaje de gestaciones viables. En los machos, el incremento de la temperatura afecta directamente a la producción espermática y reduce la calidad del semen durante varias semanas. Todo ello retrasa los ciclos productivos y reduce la eficiencia global de las explotaciones.

Garantizar el bienestar animal no solo responde a una obligación ética y normativa; constituye también una herramienta para mejorar la productividad. Los animales que permanecen en condiciones térmicas adecuadas presentan mejores índices de crecimiento, mayor fertilidad, menor incidencia de enfermedades y una producción más estable.

Por ello, muchas explotaciones están modificando sus instalaciones incorporando cubiertas aislantes, sistemas automáticos de ventilación, ventiladores de gran caudal, nebulizadores, aspersores y zonas de sombra. En las explotaciones extensivas también se recuperan prácticas tradicionales como la plantación de arbolado, la conservación de dehesas y el aprovechamiento de refugios naturales.

Durante los meses de verano el agua adquiere un valor estratégico. El consumo puede incrementarse de forma muy importante dependiendo de la especie y de las condiciones ambientales. Por ello, los bebederos deben proporcionar agua limpia, fresca y suficiente durante todo el día. La escasez de agua o el aumento de su temperatura incrementan rápidamente el estrés térmico y pueden desencadenar graves problemas sanitarios.

Andalucía cuenta con una larga tradición ganadera y con profesionales altamente cualificados, pero mantener ese liderazgo exigirá inversiones, investigación y políticas que acompañen al sector en esta transición. Porque el calor ya no representa únicamente una amenaza estacional. Se ha convertido en uno de los principales retos estructurales para la ganadería del siglo XXI

En un contexto marcado por la sequía, garantizar este suministro constituye uno de los mayores desafíos para muchas explotaciones andaluzas. La innovación se ha convertido en una aliada del sector. Cada vez es más frecuente encontrar sensores ambientales que controlan temperatura y humedad en tiempo real, collares inteligentes que monitorizan la actividad de los animales o sistemas automáticos capaces de activar ventiladores y aspersores cuando se superan determinados umbrales térmicos.

La alimentación también evoluciona. Los nutricionistas ajustan las dietas durante el verano para reducir el calor generado por la digestión, incrementar la densidad energética y compensar las pérdidas minerales ocasionadas por el estrés térmico.

Todas estas medidas tienen un coste. El incremento del consumo eléctrico, el mayor gasto en agua, las inversiones en climatización y el aumento del precio de los alimentos para el ganado reducen considerablemente los márgenes de rentabilidad. A ello se suma la incertidumbre derivada de la evolución de los mercados y de la variabilidad climática, que dificulta la planificación de las explotaciones. Las organizaciones profesionales agrarias reclaman ayudas específicas para modernizar las instalaciones, mejorar la eficiencia energética y facilitar la adaptación de la ganadería a las nuevas condiciones climáticas.

Los expertos coinciden en que el cambio climático obligará a transformar buena parte de los sistemas de producción ganadera. Las explotaciones deberán combinar innovación tecnológica, mejora genética, eficiencia en el uso del agua y nuevas estrategias de manejo para seguir siendo competitivas.

Andalucía cuenta con una larga tradición ganadera y con profesionales altamente cualificados, pero mantener ese liderazgo exigirá inversiones, investigación y políticas que acompañen al sector en esta transición. Porque el calor ya no representa únicamente una amenaza estacional. Se ha convertido en uno de los principales retos estructurales para la ganadería del siglo XXI.

La capacidad para adaptarse marcará la diferencia entre las explotaciones que logren mantener su rentabilidad y aquellas que tendrán serias dificultades para afrontar un clima cada vez más extremo, veranos más largos y olas de calor cada vez más tempranas. Proteger a los animales frente al calor no solo significa mejorar su bienestar; supone garantizar el futuro de una actividad esencial para la economía andaluza, el empleo rural y la producción de alimentos de calidad.

No es ninguna sorpresa que el capitalismo lo absorbe todo. Vivimos un tiempo en el que todo se ha convertido en un producto consumible: nuestras vidas, los lugares a los que viajamos, la salud mental, la menopausia, la orientación política, el malestar... Hagan la prueba y abran cualquier red social. El algoritmo, que les conoce mejor que su propia madre, les ofrecerá, con absoluta precisión, el contenido que mejor se ajuste a sus inquietudes. Si tienen insomnio porque viven asfixiados por la precariedad laboral, el precio de la vivienda, la falta de tiempo para mantener vínculos sociales o la dificultad para conseguir asistencia médica, lo más probable es que terminen canalizando su angustia enganchados a un scroll infinito de reels que les hablarán de cortisol, suplementos de magnesio, ritmos circadianos y pautas de alimentación.

Ese precioso tiempo de nuestra vida no lo dedicaremos a movilizarnos, y se lo regalaremos a Elon Musk, Mark Zuckerberg y todos estos señores que sustentan los sistemas que nos oprimen. Les haremos más ricos con nuestra atención. Y sí, también nos compraremos los suplementos, tengo toda una colección en mi mesita de noche.

Lo tengo más o menos asumido porque soy consciente de nuestra humanidad y vulnerabilidad. Sin embargo, hay algo que me resulta desolador por lo bien que funciona y lo peligroso que me parece, y es cómo el capitalismo ha logrado hacerse también con nuestras luchas y movimientos sociales. Es toda una victoria, tomar aquello que era subversivo, que nació para cuestionarlo y derribar sus estructuras, triturarlo y devolvérnoslo en una forma domesticada, consumible e inocua.

Lo vimos con el feminismo y el fenómeno “girlboss”. La protesta y la denuncia fueron sustituidas por la aspiración individual a ser una jefaza, una triunfadora, una líder emprendedora con éxito financiero. Para qué destruir las estructuras si puedes formar parte de ellas mientras te pones una camiseta con el lema “Girl Power” fabricada bajo explotación laboral.

Como adolescente de los noventa, recuerdo perfectamente a las Spice Girls, abanderadas de ese lema y todavía hoy, consideradas un icono cultural feminista, declararse admiradoras de Margaret Thatcher, a la que definieron como “la primera Spice”. (Breve recordatorio para lectores jóvenes: su gobierno impuso un neoliberalismo salvaje, desmanteló el estado de bienestar, asfixió a la clase trabajadora y apoyó dictaduras sangrientas).

Hablaba Mark Fisher en su 'Realismo capitalista' de esta absorción de la rebeldía. El mercado ya no trata de perseguir lo subversivo, sino de apropiárselo. Nos devuelve nuestra protesta envuelta en celofán y purpurina, atractiva, deseable, ligera, inofensiva. Lista para consumir. Así la desactiva

Lo vemos en los últimos tiempos con la mercantilización del Orgullo (ahora Pride, que recuerda menos a lucha y más a marca global), con sus buenas dosis de pinkwashing, sus carrozas de Idealista y fiestas patrocinadas por grandes marcas que han sabido ver el negocio en lo que nació como una manifestación política por los derechos, la memoria y la dignidad.

Lo último, y confieso que esto no me lo vi venir, es la mercantilización de la memoria democrática. La creación de productos culturales blancos que toman historias o personajes marcados por el exilio o la violencia de la Guerra Civil y la dictadura, despojándolos de toda la rabia política que les dio origen para convertirlos en productos de entretenimiento descafeinado.

Las grandes corporaciones saben que hay un nicho de mercado para la memoria y no van a perder la ocasión de sacarle rentabilidad. Eso sí, pasando antes todos estos relatos por esos filtros de belleza que eliminan manchas, arrugas y fricciones. Calculando con exactitud el porcentaje de memoria que no cuestione demasiado.

Hablaba Mark Fisher en su 'Realismo capitalista' de esta absorción de la rebeldía. El mercado ya no trata de perseguir lo subversivo, sino de apropiárselo. Nos devuelve nuestra protesta envuelta en celofán y purpurina, atractiva, deseable, ligera, inofensiva. Lista para consumir. Así la desactiva.

¿Qué hacer ante esto? No tengo ni idea. Supongo que mantener los ojos abiertos, no dejarnos cegar por el brilli brilli, seguir buscando y protegiendo la grieta.

Mi abuela nació en 1924, año en el que, según algunos medios, se lanzó la campaña institucional de la “Cruzada del bien hablar”, una iniciativa negra llevada a cabo en Sevilla y otros puntos de Andalucía con el objetivo de enseñar a “hablar bien” a los andaluces. Se trata de un episodio tan poco documentado que apenas he encontrado dos o tres referencias. Sea como fuere, ella no asistió a dicha escuela.

Lo sé porque decía: Esta casa es como el coño de la Bernarda. Sobre todo después de enfermar y de que la debilidad la desalojara, y recuerdo preguntarme cómo sería la Bernarda, cómo sería el coño de esa santera que todos nombraban, granaína o sevillana, puta o santera, qué más daba, pero cómo, cómo sería, todo eso me preguntaba acuclillada sobre las frescas baldosas de la casa. Sin embargo, nunca me hizo falta descifrarlo para comprender la respiración de aquel enunciado.

Mi abuela tenía una vecina con el ojo a la virulé y otra que veía menos que Pepe Leches. Mi indagación, por aquellos años, se saciaba con la mera observación. Un ojo amoratado o la miopía galopante de un guardia municipal madrileño que le hacía dar leches a diestro y siniestro eran taras de fuego que se me agarraban a la garganta. Y, sin embargo, las entendía.

Desde pequeña sentí un placer íntimo por conocer de dónde venían las palabras. Recuerdo a una amiga de mi madre que siempre sentenciaba: Esto lo sabe hasta el sursuncorda. Yo me acercaba a ella para preguntarle por lo bajini: ¿Y quién es el sursuncorda ese? No solía haber respuesta a mi curiosidad abúlica, probablemente porque la señora jamás lo hiló con aquel “Levantemos los corazones” de la liturgia católica, pero eso no impedía que yo la comprendiera. Intuía que quizás aquella autoridad estuviera emparentada con la Bernarda, o con que lo haga Rita la Cantaora, o con que no venga ni el Tato, o con el ojo Benito, seco como una mojama; personajes que andaban todo el día en boca de mi familia y vecinos pero a los que yo nunca había visto, y siempre, siempre, obtenía la misma respuesta: ninguna. Fui una lectora tardía, pero mi mundo era acaudalado porque por mi casa pululaban todos aquellos personajes. Y ya nunca, jamás, leí ninguna obra con acento neutro, sencillamente porque no existe.

En el patio de mi cole raro era el que no se había zoyao alguna vez las rodillas. Y todos conocíamos a alguien que se puso gordo como un sollo. Y todos nos codeábamos con algún esaborío. Y con alguien que se había engollipao con el bocadillo en el recreo.

Yo, cuando era chica, por el espanto de que me acusaran una y otra vez de comerme las letras, empecé a hablar distinto. Tendría cinco años y no había oído nada de la fonofagia ni de la fonoelipsis, pero un buen día comencé a decir platanado en lugar de plátano, Colacado en lugar de Cola Cao, cascaradas en lugar de cáscaras. Y a añadir eses al final de casi todas las palabras, las tuvieran o no.

De pequeña, me decían:

La leche que mamaste, niña.

A santo de qué.

Mira que eres joía.

¡Tequiéíyadaquí!

Pero nunca, jamás, abanderaron el himno de la Cruzada del bien hablar. Nunca, jamás, me dijeron: Niña, habla bien. Sí lo escuché, sin embargo, al viajar a otras ciudades; en el cole; y, por supuesto, en mis primeras prácticas de periodismo.

La señora que me cuida las plantas cuando no estoy en casa me pidió hace unos días las pautas de riego para mi espatifilo porque -confesó- temía enguachinarla. No hizo falta traducción alguna porque aún hoy día, cuando bebo mucha agua, pienso: estoy enguachiná, que hunde sus raíces en el latín y que proviene del término aguacha, que no es otra cosa que agua encharcada o lluvia fina. Siempre lo pienso y pocas veces lo digo.

Mi madre me dice a menudo que estoy como la jaca la Algaba. Tampoco fue necesario que ubicara la historia en los alrededores de Palma del Río, ni que mencionara la fuente “El Pilar de la Algaba” cuyas aguas hacían enloquecer a los animales que de ella bebían, ni constatar que un día hubo una jaca que se volvió indomable y su dueño incapaz de controlarla.

También tengo un amigo gaditano que dice bastinazo. Y uno de Málaga que cuando le pregunto cómo está me dice que perita.

Jarta estoy de escuchar hablar de la pobreza de vocabulario de los andaluces como baza de una estigmatización lingüística, cuando sabemos que la riqueza léxica es una conquista del individuo, no de una frontera geográfica. Jarta de nuestra guassa. Jarta de escuchar, cuando hablo inglés: Qué bien hablas inglés, no pareces andaluza (nótese: bien y no pareces andaluza en la misma frase), como si un londinense hablase inglés con el mismo acento que un oxoniense o un cantuariense, por más que se trate de imponer la received pronunciation (pronunciación aceptada).

La pregunta, una vez más, no es por qué subtitulan a Chari Peña. La pregunta es para qué lo hacen. Y la respuesta brota en un molesto runrún: a la chita callando y a cencerros tapados. La respuesta a ese para qué la intuimos todos los andaluces que sabemos que en el andaluz, al igual que en todas las hablas, hay historia, cultura e identidad. Y que el problema de los subtítulos se sitúa más en la esfera política y socioeconómica que en la estrictamente lingüística. En la necesidad de afearnos para que otros parezcan ángeles. Seguimos aguantando mecha

Yo nunca necesité subtítulo alguno en casa o en mi barrio. Me bastó emplear las técnicas del listening que cualquiera que se haya aventurado a otro idioma ha experimentado en su laringe y que combate el fetichismo de creer que la escritura fue antes que la palabra hablada. Como bien apunta Ígor Rodríguez, la comprensión no vive en la boca del que habla. Vive en la glotis, en el oído, en la voluntad de quien escucha. Esto es: escuchar y querer, sobre todo, entender al que habla. Y en honor a la Bernarda, y al ojo Benito, y al sursuncorda, y a la arcansía preñada con los duros de los cumpleaños, y a la zahúrda en la que convertía mi habitación de chiquilla, y a la locura que me contagió aquella jaca d’La Algaba y a todas las Chari Peña de todos Los Palacios, recuerdo ahora algunos versos del poema “El feíco” de José Martínez Álvarez de Sotomayor:

Yo sé porqué's eso. Lo tengo sabío

mucho tiempo hace...

Sé que soy mu feo...

y que mi helmanico tié cara de ángel,

y a su lao más feo paece que me güelvo,

y él es más hermoso cuando estoy delante.

Por eso he venío:

No quió más faberos, ni más apalgates,

ni más escarpines.

¡Vengo a desnuarme,

manque sea domingo!

Q'al lao de osté, madre,

semos tos lo mesmo,

y las mesmas fiestas a los dos nus hace

y del mesmo bollo nus da que comamos,

y los dos durmemos en el mesmo catre,

manque sea feíco;

¡manque no me mire ni me llame naide!

Llevo en mis oídos una de las músicas más bellas. Es mi propio latido. Hay algo mágico en torcerle el brazo a una lengua para lograr agarrarla de la mano y caminar junto a ella sin sentirse inferior a otros, ambas con la palpitación acompasada. Yo escuchaba a menudo las palabras de mi mundo en su musicalidad y ritmo, en el tono cantarín de la gente de mi barrio como un recital que desarbola el sopor de una siesta en verano. Existíamos en ellas y eso bastaba.

La pregunta, una vez más, no es por qué subtitulan a Chari Peña. La pregunta es para qué lo hacen. Y la respuesta brota en un molesto runrún: a la chita callando y a cencerros tapados. La respuesta a ese para qué la intuimos todos los andaluces que sabemos que en el andaluz, al igual que en todas las hablas, hay historia, cultura e identidad. Y que el problema de los subtítulos se sitúa más en la esfera política y socioeconómica que en la estrictamente lingüística. En la necesidad de afearnos para que otros parezcan ángeles. Seguimos aguantando mecha.

Los andaluces no hablamos mal el castellano, créanme. Es que hablamos español. Y andaluz. Aunque, dolorosamente, cada vez menos.

Me he levantado con el ánimo conciliador y, como sé que nuestro moderadísimo Juanma Moreno lo estará pasando fatal por el pacto de gobierno con Vox, le traigo una propuesta para aliviarle el verano. Es cierto que a este preclaro centrista le cabe el honor de haber alcanzado el primer acuerdo con Vox en España, allá en el lejano 2019. Sin embargo, en esta ocasión al pobre no le ha quedado más remedio que tragarse la ocurrencia de la prioridad nacional y meter a la extrema derecha en el gobierno. Eso sí, ha tenido el tino, el muy pillo, de entregar a los ultras una Consejería sin importancia alguna, la de Turismo, que en Andalucía no pinta nada. ¿O es que alguien ha visto en los últimos años un turista por aquí? En Málaga ni sabemos lo que es eso.

Por otro lado, ahora su jefe, el gallego con afición a los bulos, ha anunciado que si alguna vez toca poder, ejem, va a extender a todo el país lo del concebido no nacido, última salida antiabortista llegada desde Madrid. A nuestro querido Juanma le están saliendo iniciativas por todos lados, y él no lidera ninguna, pero vengo a proponerle una que le haga ganar enteros. En realidad, más que una iniciativa, se trata de la combinación de esas dos medidas tan particulares. Unamos, por tanto, la prioridad nacional con el concebido no nacido. Si alguien sabe cómo cuadrar el círculo, ese eres tú, Juanma, ¿o acaso no acabas de pactar la derogación de la ley andaluza de memoria al tiempo que rendías homenaje a Blas Infante?

En esta ocasión, querido Juanma, se trata de eliminar, en primera instancia, ese incómodo tufillo a racismo de la prioridad nacional que nos has impuesto en Andalucía. Si el racismo se define por la discriminación de personas, ojo ahí, en función de criterios étnicos, actuemos, en lugar de sobre personas… ¡sobre los embriones!, o mejor, sobre las intenciones de gestar. La propuesta es sencilla, pero exige algunas consideraciones previas.

A fin de cuentas, como sabemos, si algo nos caracteriza a los españoles de abolengo es nuestra histórica pureza genética, libre de mezclas ni contactos entre pueblos. Se me ocurre un eslogan: “Andalucía para los andaluces. Libra a tu descendiente de la prioridad nacional”. ¡Que se chupen esa los de Vox y todos los demás!

Igual te crees que estoy promoviendo un “aborto pantone”, ya sabes, solo entre aquellos que se sitúan en lado más oscurito de la paleta de colores. Dios me libre, que sé que tú eres “provida” (aunque sea principalmente vida nacional). Ahora bien, piensa un momento, ¿cuál fue tu punto débil en la campaña electoral? Exacto, la sanidad pública. Pues bien, podemos matar dos pájaros de un tiro, que la caza sí te mola más. ¿Ves por dónde voy? En España los católicos somos legión enfervorecida, como hemos visto con la visita del Papa Progre II. No obstante, admitamos que también llevamos muchos años, en concreto desde 1968, obviando algunas doctrinas que nos pillan un poco a trasmano. Aquel fue el año de la célebre encíclica Humanae vitae, ese jarro de agua fría que Pablo VI arrojó sobre todos los listos que querían seguir la línea aperturista de Juan XXIII. Bajo el explícito subtítulo de “Sobre la regulación de los nacimientos”, la Iglesia rechazaba la contracepción artificial. Ni el Papa Progre I ni ahora el II le han tocado una sola coma, pero vamos, que menos los kikos, aquí la que más o el que menos se pone un DIU o un condón. Y de momento Dios, pese a Pablo VI, lo ve con buenos ojos. ¿Lo pillas ya o tengo que ser más explícito? Bueno, te lo pongo negro sobre blanco en el siguiente párrafo.

Reflotemos algunos servicios de la Sanidad Pública mediante una campaña fuerte, con eficiencia y sin listas de espera. Esta es la campaña que te propongo, y que va a dejar boquiabiertos, ojipláticos, a la de Madrid y al gallego: ligaduras de trompa y vasectomías a cargo de la seguridad social andaluza para todos los que no sean españoles de pura cepa. A fin de cuentas, como sabemos, si algo nos caracteriza a los españoles de abolengo es nuestra histórica pureza genética, libre de mezclas ni contactos entre pueblos. Se me ocurre un eslogan: “Andalucía para los andaluces. Libra a tu descendiente de la prioridad nacional”. ¡Que se chupen esa los de Vox y todos los demás!

De nada, Juanma.

El homenaje oficial del Parlamento de Andalucía por el fusilamiento de Blas Infante -en agosto se cumplirá 90 años- se ha saltado el protocolo y el armisticio institucional que suele destilar esta efeméride, y ha mutado en un cruce de acusaciones toscas entre los portavoces de los tres grupos de izquierdas -PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía- y el portavoz del PP, ante la mirada impávida del presidente de la Junta.

Juanma Moreno juró el cargo el domingo en el Palacio de San Telmo, y este lunes acudió al homenaje al “padre de la patria andaluza” -reconocido así en el Estatuto de Autonomía-, su primer acto oficial como presidente tras las elecciones del 17 de mayo. También era el primero bajo el signo del acuerdo de Gobierno firmado con Vox, que recoge, entre las 150 medidas, la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica, cuya razón de ser es, entre otras cosas, la búsqueda y exhumación de las fosas de los fusilados por el franquismo, todavía con casi 50.000 desaparecidos, entre ellos el cadáver del propio Blas Infante.

De todas las medidas que el PP de Moreno ha pactado con Vox para ser investido presidente, ésta es la que más ha violentado el acto institucional de hoy, más parecido a una confrontación política que a la habitual sesión protocolaria de estos homenajes veraniegos.

Los discursos de los portavoces de izquierdas -incluso el del presidente del patronato de la Fundación Blas Infante, Javier Delmás Infante- estaban trufados de dardos a la polémica “prioridad nacional” de Vox, el término antiinmigrante asimilado ya por el PP. “Blas Infante rechazó cualquier forma de racismo, superioridad o rechazo al diferente”, dijo Delmás Infante, heredero del político, que también hizo mención a la “crisis climática”, otro de los frentes negacionista de la extrema derecha.

Incluso el plantón del grupo parlamentario Vox -que jamás ha acudido a este acto, porque rechaza el Estado de las Autonomías y se ha mofado en el pasado de la figura de Blas Infante- parecía una mayor afrenta hoy al Parlamento andaluz, por ser el primero desde que son socios del Gobierno autonómico.

Las izquierdas vienen denunciando el “desmantelamiento” de la Ley andaluza de Memoria Histórica desde 2019, cuando Moreno es investido presidente, por primera vez, con los votos de PP, Ciudadanos y Vox. Entonces ya pactó con la ultraderecha la derogación de dicha ley, que fue aprobada en 2017 sin ningún voto en contra (los populares se abstuvieron), pero este punto del acuerdo no llegó a ejecutarse ni en aquella primera legislatura, ni en la segunda, ya con mayoría absoluta.

Moreno se comprometió a derogarla para sustituirla por una Ley de Concordia -igual que ha vuelto a hacer con el acuerdo firmado la semana pasada- pero siempre que se alcanzase un consenso mayor que el que tuvo aquella Ley de Memoria. Vox siempre le acusó de haber incumplido aquel punto del pacto, de hecho, llegó a presentar hasta tres iniciativas legislativas para tumbar la citada ley y sustituirla por una “de concordia”, aunque una de ellas era una ley con un único artículo derogatorio. El PP les rechazó todas.

Ahora vuelve a suscribir aquel compromiso, esta vez con los de Santiago Abascal dentro del Consejo de Gobierno, y con el precedente de otras comunidades donde gobiernan juntos PP y Vox, que ya han derogado las políticas memorialistas (Islas Baleares). El Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través de su secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ya adelantó la semana pasada a preguntas de elDiario.es que si la Junta de Andalucía acaba con la ley autonómica, lo recurrirán al Tribunal Constitucional, como ya hicieron contra el Gobierno balear.

El homenaje a Blas Infante, celebrado en el patio del Parlamento andaluz junto al busto del “padre de la patria andaluza”, ha servido para que cada partido reinterprete las palabras del líder andalucista, fusilado por los franquistas en agosto de 1936, bajo el prisma de la actualidad política andaluza.

María Jesús Montero, secretaria general del PSOE andaluz, ha denunciado la “paradoja y enorme contradicción” de escuchar a Moreno defender el legado de Blas Infante, a la par que “desmonta” la Ley de Memoria, y “se abre la puerta a quien ridiculiza a Blas Infante y a quien nunca ha creído en el autogobierno andaluz”. “No puede quedarse con la bandera blanca y verde y renunciar a su contenido”, le ha espetado al dirigente popular.

En el mismo sentido se han expresado los portavoces de Adelante Andalucía y de Por Andalucía, aunque el más beligerante, el que ha subrayado que “tenía que saltarse el protocolo”, ha sido el portavoz andalucista, José Ignacio García, que ha acusado a Moreno de manosear los símbolos del andalucismo, desde la bandera blanca y verde hasta la figura de Blas Infante, a la par que pacta el nuevo Gobierno andaluz con la ultraderecha. “Fue asesinado por los padres políticos de los que estos días entran en el Gobierno andaluz”, ha dicho.

García también ha recordado que uno de los objetivos de la Ley andaluza de Memoria, que Moreno se ha comprometido a derogar, es precisamente “permitir encontrar el cuerpo de Blas Infante”, arrojado a una fosa común tras ser fusilado. Rosa María Rodríguez Ruz, diputada de la coalición Por Andalucía, se ha expresado en el mismo sentido: “Hay 50.000 personas desaparecidas en Andalucía y una de ellas es Blas Infante. Nos negamos a que el padre de la patria andaluza sea sólo una estatua”, ha afirmado.

En su turno, el portavoz del PP en el Parlamento, Toni Martín, ha devuelto la bronca a los portavoces populares, en especial a Montero, a la que ha acusado, en su rol de exministra de Hacienda, de haber “convertido a Andalucía en una tierra de segunda división”. “Este debía ser un acto de unidad en torno al legado de Blas Infante, y aquí se ha hecho utilización política, sólo he oído soflamas”, ha dicho, tras afear a la líder socialista de “radicalidad absoluta” y de haber incumplido con el legado andalucista durante los casi 40 años que gobernaron esta tierra.

Martín también ha afeado a Adelante Andalucía y a Por Andalucía que hoy reinterpreten la figura de Blas Infante como una suerte de “guerrillero, una especie de Che Guevara andaluz”, y que hayan “ensucidado” la bandera andaluza “colocándole sus símbolos”, en referencia a la estrella roja de cinco puntas.

El presidente del Parlamento andaluz, el popular Jesús Aguirre, ha hecho un llamamiento a la concordia y al entendimiento, tras haber escuchado a los partidos atizándose en plena conmemoración. Moreno ha cerrado el acto, una vez más, reivindicando la “vía andaluza del diálogo, la concordia y el entendimiento”, esa filosofía política en defensa de la moderación, que hoy todos le cuestionan tras haber asumido los postulados más radicales de la ultraderecha y meterles en el futuro Gobierno.

Moreno ha hecho un alegato en defensa de la “diversidad y la pluralidad”, de “aquellos que no piensan como tú”, pero ha vuelto a soliviantar a las izquierdas al denunciar el “vil asesinato de Blas Infante por ser demasiado humano”. Blas Infante fue fusilado por las tropas fascistas el 11 de agosto de 1936 en el kilómetro número 4 de la carretera de Carmona (Sevilla), donde cada año también se le rinde homenaje (el acto oficial se adelantó al día de su nacimiento, 5 de julio, para evitar el fuerte calor estival).

La sentencia de muerte del precursor de la autonomía andaluza fue dictada por el Gobierno de Franco cuatro años después, en 1940, pero no fue fusilado por ser “demasiado humano”, como dice Moreno, sino tras ser declarado culpable “de un caso de responsabilidad política de carácter grave”, por ser “propagandista para la constitución de un partido andalucista”, condenando también a su viuda a pagar 2.000 pesetas.

Esa condena a muerte dictada por un tribunal militar bajo la Dictadura fascista fue anulada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en virtud de la Ley de Memoria Histórica, de 2007, que declaró “ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura(...)”.

“¿Pero qué tontería es esta?”, se ha preguntado el portavoz de Adelante Andalucía, tras escuchar las palabras de Juanma Moreno. “Lo mataron por ser de izquierdas, por ser andalucista y por ser republicano”, le ha respondido luego García, en declaración ante los medios.

“¿Qué hacemos hablando de él si no somos capaces de mantener la unidad?”, se ha lamentado Moreno en la parte final de su discurso. El presidente andaluz prevé formar gobierno este jueves o viernes, nombrando a sus 13 consejeros -12 del PP y uno de Vox. Manuel Gavira, portavoz andaluz de la ultraderecha, tendrá la cartera de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con rango de vicepresidencia, y habrá otras dos vicepresidencias más.

Juanma Moreno fue investido presidente de Andalucía el pasado jueves, tras alcanzar un acuerdo de Gobierno con Vox, y programó la toma de posesión del cargo para este domingo, 5 de julio, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Blas Infante, “padre de la patria andaluza”, según consta en el Estatuto de Autonomía.

Para el PP, la coincidencia es “un guiño”, una señal de que Moreno no se apartará de la denominada “vía andaluza” ni del discurso marcadamente andalucista que pronunció en este mismo sitio, el Palacio de San Telmo, hace cuatro años, en aquella jura del cargo con mayoría absoluta. Para las izquierdas, en cambio, es toda una “provocación” del presidente que “ha metido en el Gobierno andaluz a la extrema derecha”, los herederos políticos de quienes “fusilaron a Blas Infante”, quienes “insultan su memoria y desprecian el andalucismo”.

El acto institucional de la jura del cargo, ante unos 500 invitados, no tiene la pompa ni el oropel autoreferencial que tuvo en 2022, ni aquella realización del evento en el que una cámara siguió el descenso del presidente por la escalinata de mármol del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, acompañado de su mujer. Menos presidencialista, menos boato, más regreso al protocolo.

El primer discurso de Moreno tampoco es el mismo, esta vez venía cargado de argumentos para convencer de que el acuerdo de Gobierno con la ultraderecha y la asunción de todos sus postulados no supondrá un vuelco en las políticas públicas. “Voy a ser fiel a mí mismo y al modelo que ha hecho de Andalucía un referente de entendimiento. Los valores no cambian”, ha empezado diciendo, para subrayar por enésima vez en los últimos tres días que “la vía andaluza de la serenidad y el diálogo sigue”.

Sin embargo, al finalizar la lectura del discurso, Moreno pronunció una frase que no estaba escrita y que retrata, de nuevo, la incomodidad del barón popular, referente de la derecha más moderada en España, por atarse a los principios ideológicos de la ultraderecha: su rechazo “frontal” a los inmigrantes, a las leyes de igualdad y de memoria y al cambio climático, su desprecio a los sindicatos. “Se acabaron las mariscadas”, dijo el viernes el portavoz de Vox y futuro vicepresidente andaluz, Manuel Gavira.

“Los acuerdos no gustan al 100% ni a las partes que lo firman por dejarte cosas en el camino. Pero son fruto del diálogo, que es la esencia de la democracia moderna y de la libertad. Espero que esta legislatura sea fructífera y larga, o no será”, dejó dicho Moreno.

Ningún ministro del Gobierno de Pedro Sánchez ha asistido al acto institucional de la toma de posesión del presidente de Andalucía, que ha estado representado por la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, y el subdelegado de Málaga, Javier Salas. Tampoco ha estado el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que sí participó del acto de 2022, y en su lugar la dirección nacional ha enviado al vicesecretario de Política Territorial, Elías Bendodo.

Tampoco ha asistido ningún otro presidente autonómico del PP. En 2022 le acompañaron, en primera fila, Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Alfonso Rueda (Galicia), Fernando López Miras (Miras), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Juan Jesús Vivas (Ceuta) y Eduardo de Castro (Melilla), y el presidente de honor del PP andaluz, Javier Arenas.

La figura política de más peso que ha arropado a Moreno en su tercera toma de posesión -también estuvo en la anterior- es el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, padrino político del líder andaluz, y la persona que le señaló con el dedo en 2014 para nombrarlo presidente del PP de Andalucía, con aquel mítico: “Tú lo has querido”. Junto a él, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la exministra de Trabajo, Fátima Báñez.

Ante ellos, Moreno ha hecho un elogio de “la política del acuerdo y la proximidad”. “Andalucía ha sido siempre contraria a los cordones sanitarios, no es excluyente en ningún ámbito político”, ha subrayado, siempre sin citar explícitamente su pacto con Vox. El discurso ha rodeado el elefante en la habitación y, a ratos, no estaba claro si el presidente apelaba a la aceptación de su socio de ultraderecha como nuevo actor político en la gobernabilidad, o si estaba hablando de la integración de esos inmigrantes que su socio quiere excluir de las prestaciones sociales, por detrás siempre de los españoles (prioridad nacional). “En esta Andalucía cabemos todos. Somos el sur. Y el sur es humanidad, empatía, lucidez, valentía. Debemos entendernos, buscar lo que nos une, no lo que nos separa”, ha dicho, para subrayar el “inmenso valor de la concordia”.

La dependencia absoluta del partido de Santiago Abascal -tras ganar las elecciones, pero quedarse a dos escaños de la mayoría absoluta- ha cimbreado por completo el discurso del presidente. En 2022, en un ambiente de celebración y fiesta, Moreno hizo una exaltación entusiasta de Andalucía: empezó citando al cantautor Carlos Cano, referente del andalucismo jornalero, y un clásico en los mítines de las izquierdas; y terminó con una cita a la escritora María Zambrano, huida de España tras la Guerra Civil y exiliada durante los 40 años de dictadura franquista.

Ahora ha dedicado la mayor parte de su discurso a reivindicar un estilo de hacer política y unos principios que, bajo el prisma del acuerdo firmado entre PP y Vox, están en entredicho. Así lo ha interpretado de manera unánime toda la prensa. En esto, Moreno se ha aferrado al primer consejo que le dio Rajoy nada más llegar al poder: “Haz como yo: no leas la prensa”.

En primera fila del público le escuchaba, con rostro serio, la líder de la oposición y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, sentada por protocolo entre el portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, y de Manuel Gavira, portavoz de Vox y futuro vicepresidente. De los expresidentes andaluces socialistas, sólo ha participado la expresidenta y senadora Susana Díaz. Los líderes andaluces de CCOO, Nuria López, y de UGT, Óskar Martín, no han asistido al acto; el presidente de la patronal, Javier González de Lara y los rectores andaluces sí.

Al terminar su discurso, el presidente ha pedido a los asistentes que “chillen” con él un “viva por Andalucía”. Luego un cuarteto de cuerda de la Fundación Barenboim-Said -integrada por jóvenes músicos de países árabes, Palestina e Israel- ha interpretado el himno de Andalucía y, seguido, el himno de España. El público ha aplaudido y, desde el fondo, se ha escuchado un grito potente: “¡Viva España!”, respondido luego por otro grito menor: “¡Viva Andalucía!”.

Moreno prevé la formación del Gobierno a finales de la próxima semana. El nuevo Ejecutivo tendrá 13 consejerías: 12 para el PP y una para Vox, la cartera de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con rango de vicepresidencia. Habrá otras dos vicepresidencias, según fuentes próximas al barón popular.

La ceremonia de toma de posesión de un presidente andaluz se ha celebrado históricamente en el Parlamento, no en la sede del Gobierno autonómico. Eso lo cambió Moreno hace cuatro años y éste lo ha mantenido. Al terminar el discurso, los invitados pudieron degustar un desayuno en los jardines del Palacio y en el contiguo Salón de los Espejos: “Cafés, Infusiones, Cola Cao, Zumos, Mini mollete andaluz con aceite de oliva y jamón ibérico de la Sierra de Huelva”.

Esta crónica termina aquí porque, también a diferencia de la ceremonia de 2022, el Gobierno andaluz no ha permitido este año la entrada de los periodistas al perímetro donde se ha celebrado la toma de posesión del presidente, relegándolos a la sala de prensa del Palacio, a unos 200 metros, donde la han seguido a través de una pantalla.

La Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) está investigando al jefe de prensa nacional de Vox, el periodista Álvaro Zancajo, por compaginar este trabajo con su puesto en el Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA).

El órgano de fiscalización, adscrito al Parlamento andaluz, admitió a trámite la denuncia registrada por el grupo Adelante Andalucía, que acusó a Zancajo de cobrar un sueldo público de unos 60.000 euros al año mientras trabajaba para la formación ultraderechista y acompañaba a Santiago Abascal en su atención a medios por toda España.

La notificación de la admisión a trámite, a la que ha tenido acceso este periódico, es del pasado 23 de abril (antes de las elecciones andaluzas), y está firmada por el director de la OAAF, Francisco de Paula Sánchez Zamorano. Durante la campaña electoral, el candidato y portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ya acusó a Zancajo de “no dedicar ni un minuto de su tiempo a ese consejo, sino que trabaja para Vox, lo cual es ilegal”, y exigió su cese en el ente público. También amagó con elevar su denuncia ante la Fiscalía si la Oficina Andaluza Antifraude “no actúa”, denunciando una “presunta financiación ilegal” de Vox.

En la denuncia, la formación andalucista señaló que la labor de Álvaro Zancajo con el partido “incumple” la ley 18/2007 de la RTVA y el reglamento de incompatibilidades del propio Consejo. Zancajo fue nombrado miembro del Consejo de RTVA en 2022, y dos años después, en 2024, empezó a desempeñar su trabajo como coordinador nacional de comunicación de Vox.

El artículo 11.3 del Reglamento del Consejo de Administración de la RTVA prescribe que “el ejercicio del cargo deberá desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompatible con cualquier otro cargo, profesión o actividad públicos o privados, incluidos la docencia y los cargos electivos de representación popular en colegios, cámaras o entidades que tengan atribuidas funciones públicas”.

El reglamento también aclara que un consejero “tiene un deber activo de adecuación de su situación profesional y de evitación de acumulación de actividades incompatibles”. La incompatibilidad de su labor como consejero de la RTVA y jefe de prensa de Vox, denuncia Adelante Andalucía, “puede comprometer la apariencia de independencia del órgano y la confianza de la ciudadanía en la integridad del ente público”.

El escrito de la formación andalucista pedía “actuaciones de comprobación e investigación oportunas para esclarecer si, en el período comprendido desde su nombramiento de consejero hasta la actualidad, concurre una situación de incompatibilidad, conflicto de intereses o incumplimiento del deber de dedicación absoluta y exclusiva al consejo”.

Este miércoles, García ha hecho pública la apertura de investigación por parte de la Oficina Antifraude y ha afeado a Vox que empezase prometiendo que “iban a cerrar Canal Sur” y han acabado “llevándoselo calentito y pidiendo más paguitas” de Canal Sur. El grupo ultraderechista ha tenido a Zancajo como miembro del Consejo de Administración de la RTVA durante la pasada legislatura, aunque el periodista ha estado acompañando a Abascal en las campañas electorales de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El portavoz nacional de Vox confirmó hace unos días que existe un acuerdo paralelo entre el PP de Juan Manuel Moreno y la ultraderecha, al margen del pacto suscrito y anunciado para formar Gobierno en Andalucía. En ese segundo acuerdo estarían pactando una mayor presencia de Vox en los órganos de extracción parlamentaria, singularmente en el Consejo de la RTVA. El portavoz andaluz de la extrema derecha y futuro vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira, no ha querido confirmar las palabras del dirigente nacional y ha apelado a la “discreción” de las negociaciones con el PP de Moreno, sin descartar que exista ese “acuerdo oculto”, como lo ha llamado.

Álvaro Zancajo, periodista vinculado a los informativos de Antena 3, fue director del Canal 24 Horas de TVE hasta la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez y el nombramiento de Rosa María Mateo al frente del ente público. Mateo destituyó a Zancajo y este denunció a RTVE en los tribunales. En primera instancia, la cadena pública fue condenada a indemnizarle con 25.000 euros, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anularía el fallo más tarde, dando la razón a la dirección de RTVE.

En 2020, el primer Gobierno de Juanma Moreno, en coalición con Ciudadanos y apoyado desde fuera por Vox, nombró a Zancajo jefe de informativos de Canal Sur, aunque no pertenecía al ente público. Antes de un año, el 28 de diciembre de 2020, fue destituido por el director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado retirar la exclusividad que el Gobierno de Juan Manuel Moreno le había concedido a la patronal taurina a la hora de validar los contratos necesarios para autorizar corridas de toros. En la práctica, ese requisito impedía que pequeñas empresas y profesionales independientes a las organizaciones mayoritarias del sector pudieran acceder en igualdad de condiciones a los festejos taurinos.

Esa condición viene impuesta en uno de los artículos del nuevo Reglamento Taurino, que el alto tribunal andaluz ha decidido suspender cautelarmente. Según el auto al que ha tenido acceso este periódico y contra el que ha recurrido la Junta de Andalucía, la norma “impone una obligación” que supone “la exclusión” de parte de los profesionales taurinos, “restringiendo sus derechos sindicales y laborales”.

La resolución judicial afecta a uno de los sectores que mayor respaldo institucional ha recibido por parte del Gobierno de Moreno. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha llegado a calificar públicamente al Gobierno andaluz como “taurino”. De hecho, la Junta presume de que, con Moreno al frente, ha impulsado una política de apoyo claro a los toros, con iniciativas normativas (como el reglamento taurino aprobado en marzo de 2025), económicas (multiplicando la financiación pública) y de promoción (con el aumento de las retransmisiones de corridas y novilladas en Canal Sur).

El nuevo reglamento consolidaba un sistema que, según denuncian las asociaciones de profesionales independientes, beneficiaba a las organizaciones tradicionales del sector, que son las que acaparan la mayoría de los festejos. La consecuencia es que los pequeños empresarios y trabajadores independientes quedaban orillados al encontrar más trabas para poder trabajar en un sector que aporta el 0,375% del PIB andaluz, genera un impacto económico superior a los 45 millones de euros anuales y da empleo directo a más de 3.100 personas vinculadas direcetamente a los festejos taurinos, según datos de la Junta.

Sin embargo, voces como la de la Asociación Sindical de Profesionales Taurinos Independientes (ASPROT) denuncian la exisencia de un “monopolio” dentro del sector, en el que la actividad se concentra en las grandes empresas. Por eso su presidente, Luis Miguel Calvo, interpreta la resolución del TSJA como “una victoria de David contra Goliat”, en la que “los magistrados le están dando toda la razón a David y a Goliat le está diciendo que ya está bien de abusar”.

Los visados como “herramienta de poder”

El conflicto gira en torno al visado de los contratos, un trámite administrativo imprescindible para que la Junta autorice la celebración de cualquier festejo taurino. Sin ese documento, la administración no concede el permiso para organizar una corrida, de ahí que el control de los visados se haya convertido durante años en una “herramienta de poder” dentro del sector.

El Reglamento Taurino aprobado por la Junta en marzo de 2025 establecía que esos contratos solo podían ser visados por la comisión de seguimiento del convenio colectivo estatutario, vinculada a la patronal taurina ANOET, que aglutina a las entidades más poderosas del sector. Quedaban, por tanto, excluidos los visados emitidos por la comisión del convenio colectivo nacional taurino extraestatutario, pese a que este también está inscrito legalmente y su validez ya había sido reconocida por la Audiencia Nacional en 2022.

El recurso fue presentado por las asociaciones firmantes de ese otro convenio, entre ellas ASPROT, que denunciaban que la exclusividad del visado privaba de trabajar a numerosos matadores, novilleros, organizadores de festejos, rejoneadores, banderilleros, picadores o mozos de espadas, limitando la libertad de elección de los trabajadores y empresarios “más humildes”.

Ahora, con la suspensión cautelar acordada por el alto tribunal, recurrida por la Junta según fuentes oficiales, será la propia Junta la que deberá admitir los visados emitidos por ambas comisiones mientras se resuelve el procedimiento principal. La Consejería de la Presidencia, competente en materia de espectáculos taurinos, ya ha incorporado esta medida al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), donde precisa que la suspensión se mantendrá hasta que recaiga una sentencia firme sobre el procedimiento, que lleva años librándose en los tribunales.

Fin al “monopolio histórico” de la tauromaquia en Andalucía

El auto del TSJA justifica la suspensión cautelar en que mantener la exclusividad podía tener consecuencias inmediatas para buena parte del sector. “De no suspenderse el precepto recurrido”, advierte el auto, “no podrían ejercer sus respectivas profesiones muchísimos profesionales afectados en infinidad de festejos, y empresarios taurinos que ya tienen contados festejos y eventos para fechas cercanas, ganaderos, titulares de plaza de toros, ayuntamientos y corporaciones locales titulares de plaza de toros y público en general”.

Las asociaciones recurrentes recuerdan que comunidades como Castilla y León y Aragón modificaron sus reglamentos para admitir los visados de ambos convenios. Andalucía, en cambio, blindó por ley la exclusividad en el nuevo reglamento que el consejero de la Presidencia llegó a presentar como un “modelo para el conjunto del país”.

Ahora el presidente de ASPROT celebra que la resolución del alto tribunal andaluz marca “un antes y un después” en la tauromaquia andaluza. Para Luis Miguel Calvo, la decisión del TSJA supone “un paso muy importante para no discriminar a unos frente a otros”, al poner fin a un “monopolio histórico” en el sector, permitiendo que profesionales que hasta ahora no podían participar en determinados festejos tengan las mismas oportunidades laborales con independencia del convenio colectivo al que estén adheridos.

“Muchos novilleros han tenido que renunciar a esta profesión, es un momento histórico”, sostiene Calvo, quien interpreta el auto como un avance en la protección de la libertad sindical y del derecho de trabajadores y empresas a acogerse al convenio colectivo de su elección. El procedimiento principal sobre el Reglamento Taurino continúa ahora su tramitación y será la sentencia definitiva la que determine si ese artículo queda anulado de forma permanente.

La Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja (Málaga) ha informado este viernes de la suspensión de la edición de 2026 del Festival Cueva de Nerja y una decisión que, han detallado, se ha llevado a cabo “como consecuencia de la situación jurídica que afecta al procedimiento de contratación para la organización y explotación de este evento musical durante el periodo 2026-2030”.

A través de un comunicado, han indicado que la fundación inició la tramitación del expediente en 2025, “en tiempo y forma”, con el objetivo de garantizar “la celebración y estabilidad del festival durante los próximos cinco años mediante un contrato que prevé la organización de entre diez y 12 conciertos de primer nivel por cada edición”.

Tras la adjudicación definitiva del contrato, y el consiguiente anuncio de la celebración de este festival en 2026, “la empresa excluida del procedimiento por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) interpuso un nuevo recurso especial en materia de contratación que ha provocado la suspensión legal del procedimiento impidiendo su ejecución dentro de los plazos necesarios para celebrar la edición de este año”.

“La fundación ha hecho todo lo posible para que este festival pudiera celebrarse, impulsando la tramitación del procedimiento, colaborando plenamente con el Tacrc y realizando todas las actuaciones necesarias para hacer viable la ejecución del contrato, la celebración de los conciertos y del conjunto de actividades, servicios y prestaciones que integran la organización integral de este festival”, han aseverado.

Además, han añadido que la fundación ha solicitado el levantamiento de la suspensión “al considerar que su mantenimiento ocasiona un grave perjuicio al interés público comprometiendo la celebración del festival”. No obstante, “la falta de una resolución dentro de los plazos necesarios hace materialmente imposible organizarlo este año con las garantías jurídicas, técnicas, logísticas y de seguridad exigibles”, han añadido.

Así, han apuntado que una vez que el Tacrc dicte la resolución correspondiente, la fundación adoptará “las decisiones que procedan conforme al ordenamiento jurídico para garantizar la continuidad de las futuras ediciones del festival”.

Desde la Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja han lamentado “profundamente” esta situación y han reiterado su “compromiso con la legalidad, la transparencia, la seguridad jurídica, la defensa del interés general y la continuidad de uno de los acontecimientos culturales más importantes de Andalucía”.

Kiki Morente no llegaba a los seis años de edad cuando en su casa se vivió una agitación inusual. Su padre, Enrique Morente, llevaba meses absorbido por una idea, un nuevo proyecto que no iba a ser un disco cualquiera. El gran cantaor, que ya había revolucionado el flamenco varias veces, se disponía a dar una nueva de tuerca al género con textos de Federico García Lorca y Leonard Cohen junto a unos extravagantes compañeros de viaje: la banda granadina de punk rock Lagartija Nick.

El invento se dio en llamar Omega; tras la sorpresa se convirtió en un clásico casi instantáneo y es una referencia ineludible en todas las listas de los mejores discos españoles del siglo XX. Ahora, 30 años después, aquel niño que miraba absorto a aquellos señores con botas y chupas de cuero se reúne con ellos para conmemorar aquel hito.

“Tengo recuerdos muy divertidos, flashes de la memoria y fotos muy bonitas de mi padre con los Lagartija”, evoca Kiki. “Por ejemplo, la primera vez que vi un bajo y una guitarra eléctrica fue precisamente en un ensayo de Omega. Pero sobre todo conservo en mi cabeza la sensación de que algo raro pasaba en casa, que mi padre estaba haciendo algo importante”.

Un chamán

Por su parte, el cantante y bajista de Lagartija Nick, Antonio Arias, recuerda que “en aquel momento la escena granadina era muy distinta. Gente como mi hermano, Mariano Maresca, Julio Juste o el poeta Javier Egea nos juntábamos en La Tertulia y vivíamos esa borrachera de luminosa amistad de la que hablaba Enrique, en la que todas las ideas eran bienvenidas. No pensábamos en problemas, todo eran descubrimientos”.

En ese contexto se reunía Arias en casa de Morente en torno a una mesa camilla para preparar las canciones de lo que sería el álbum. “Recuerdo los niños correteando alrededor nuestra, Aurora [Carbonell, esposa de Morente] llevándoselos... Cada canción salía inmediatamente, se posicionaba y crecía, crecía. Luego nos pusimos con el disco, que pagamos muy caro: yo con el grupo, Enrique en el flamenco. Pero estábamos en una burbuja creativa y no nos importaba nada”.

“Teníamos claro que queríamos sumergirnos en Omega sin ver la dimensión real del proyecto”, prosigue Arias. “Pero si un maestro te llama, déjalo todo, porque te va a cambiar la manera de ver la música. Todo lo que sé del rock me lo enseñó Enrique: qué es la libertad con la obra, hasta dónde puedes llegar cuando te están vapuleando e ignorando durante años. Enrique era un chamán, un gurú”.

El espíritu del padre

El Festival de la Guitarra de Córdoba será el marco en el que se pondrá en escena esta resurrección de Omega, en concreto el próximo 11 de julio, y continuará con una gira que ya mira a Madrid, Sevilla, Marbella o el festival Pirineos Sur, entre otras citas. “Es una responsabilidad que asumo desde la afición y el respeto, con la idea de llevar este repertorio a un sitio bonito, porque si no, nos come. Es un disco imponente, con mucha energía, mucho peso. No es nada fácil”.

Al igual que sus hermanas, Estrella y Soleá, Kiki Morente ha hecho su propio camino en el cante con discos como El Cante, Albayzín o Azabache. Pero esto, asegura, es otra cosa. Lo único claro es que no pretende emular el cante original, hacer de Enrique. “La idea es llevármelo a mi terreno, claro. Lo último que querría es hacer una imitación, como esos espectáculos de homenaje a Michael Jackson. Es la interpretación de un cantaor, simplemente, desde el amor y el compromiso. El espíritu de mi padre está presente todo el rato, me gusta cantar sus temas, pero intento que Kiki pueda enfocarlo a su manera, hacer un directo divertido y que la gente disfrute de ese ruido tan especial”.

“No puedo decir que Omega sea mi disco favorito de los de mi padre”, puntualiza, “porque él me enseñó que todos tienen su pátina y su energía. Omega es un monstruo, pero también escucho a menudo El pequeño reloj, el Lorca, Esencia flamenca... Voy por rachas”.

Dos mundos

Esta gira remite a Kiki Morente a sus años infantiles, pero a los Lagartija los mete directamente en la máquina del tiempo para recordarles dónde estaban tres décadas atrás y lo que hicieron. “De Antonio Arias aprendo mucho, me cuenta historias de cómo se hizo el disco, detalles... Me permite conocer a mi padre de otra manera. Él nos enseñó a mí y a mis hermanas a ser un poco punkis a través de este disco, o al menos una parte de mí se siente así por culpa de Omega”.

¿Tendrá continuidad este proyecto, o quedará todo en los fastos del 30º aniversario? “No hemos tenido tiempo ni de plantárnoslo”, admite Kiki. “Ha sido una decisión tan emocional e impulsiva, que de momento solo pensamos en la gira. Si nos da alguna idea a mí o a mis hermanas que nos permita seguir, lo haremos, pero la cosa es difícil”.

“De momento, todo es tan único y tan del momento, que pensar a más largo plazo nos abruma”, agrega Arias. “Lo importante es que hemos vuelto sobre este proyecto que era mucho más que un cantaor con un grupo, era un cantaor con todo lo que traía, Tomatito, Cañizares, Vicente Amigo, las niñas... Algo que como músico te obligaba a superarte y adaptarte. Son dos mundos que conviven, donde todo es aprendizaje y los egos se van a tomar viento”.

Cuenta que su padre, médico, era muy cinéfilo y desde muy pequeña la llevaba al Palacio del Cine en el centro de Huelva. Allí descubrió obras maestras como Ben-Hur, Lo que el viento se llevó o 2001: Odisea en el espacio. También obras de culto como la trilogía ochentera de Indiana Jones.

Manuela Ocón confiesa que, posiblemente, Master and Commander sea su película favorita, de la que destaca no solo la emoción de la aventura, la belleza de su banda sonora o la historia de amor encubierta, sino el espectacular diseño de producción, que llevó a su equipo a un puntilloso proceso de casting por todo el mundo para elegir a la tripulación, a una meticulosidad extrema en la filmación del oleaje o una cuidada selección de las telas de los barcos.

Su última película, Los Tigres, también le devolvió al mar. En concreto, al litoral onubense de su infancia, para contar una historia sobre el ocaso de un buzo industrial, enmarcada entre las olas y el polo químico de Huelva.

Parece de justicia, casi de lógica astral, que sea ahora el Festival de Islantilla, ubicado en la provincia de su Huelva natal, el que le entregue el Premio de Honor de su 19ª edición: el Francisco Elías. “Todo eso junto me hace mucha ilusión”, confiesa.

Desde que recibió el Goya a la Mejor Dirección de Producción por Modelo 77, Ocón no ha parado de recibir merecidos reconocimientos a su trayectoria profesional como el Ricardo Franco del Festival de Málaga o el Josefina Molina de ASECAN, o el Sevilla de Cine de la Diputación, por citar solo algunos.

Desde que su nombre apareció en los créditos de Más allá del jardín, la adaptación a la gran pantalla de la novela de Antonio Gala, Manuela siempre ha estado ahí.

Ya lo estaba cuando algunos de los cineastas más brillantes del cine andaluz daban sus primeros pasos en la novelera Facultad de Ciencias de la Información y ella comenzaba a firmar aquellos cortometrajes desde el departamento de producción. Entre ellos, claro está, se encontraba Alberto Rodríguez, cuya filmografía, una de las más sólidas del cine español, ha estado ligada a la capacidad logística de Manuela Ocón en la rentabilización de los recursos y la inmensa amabilidad y rigurosidad en el trato con sus equipos.

Alberto Rodríguez y su “nivel de exigencia” o el fallecido José Antonio Félez y “su honestidad” son dos de los compañeros fundamentales a los que alude Manuela Ocón para referirse al éxito su trayectoria de tres décadas. Para ella, Félez “lo ha supuesto todo. Ha sido mi padre, me enseñó la honestidad en el cine, que no hace falta hacer trampas, que se puede hacer lo más difícil siendo honestos, desde la educación y el buen talante”.

Ocón entiende su carrera como una concatenación lógica, como una escalera, donde cada película funciona como un peldaño que le ha llevado al siguiente proyecto. Cita, esos sí, 7 vírgenes, Grupo 7 y La Peste como tres escalones dorados. 7 Vírgenes, por ser muy jóvenes; Grupo 7 por haber “rentabilizado cada euro” en una película “compleja, con muchos movimientos de cámara, que era muy exigente y con recursos muy limitados”; y La Peste, porque “fue una producción tan gigante, que de repente me di cuenta de que se podían hacer cosas muy grandes y que éramos capaces de hacerlo sin problema”.

Por el camino, han quedado grandes hitos del cine español como La Isla Mínima, cuyo éxito fue tan abrumador, que, a día de hoy, sigue siendo una de las películas españolas más laureada en los Goya y cuenta hasta con un remake alemán, que traslada el contexto de la Transición al de la caída del Muro de Berlín.

Su impulso del cine andaluz a lo largo de todos estos años la llevó en septiembre de 2022 a uno de los grandes motores del cine y el audiovisual español: Movistar+.

Querer, La Mesías, Sirat, La bola negra, Anatomía de un instante… son obras que han hecho historia, triunfando en los grandes festivales del mundo, llegando a los mismísimos Óscar, gozando del reconocimiento de la crítica y llevándose el abrazo de público. Todas ellas, por supuesto, con la rúbrica de Ocón en sus créditos. “Ha sido un aprendizaje brutal, me siento muy afortunada y orgullosa de haber formado parte de ese equipo”, revela.

Cita la desigualdad territorial que generan los diferentes incentivos fiscales en España, la inteligencia artificial y la tensión entre plataformas y salas de cine como los grandes retos del cine español, sumándole dos de la máxima importancia: la desigualdad de género -de la que es experta académica y ha escrito un libro- y el gran problema de la violencia sexual en el sector, que volvió a asomar recientemente tras revelar elDiario.es el caso de Gustavo Fuentes, ex CEO de la productora de Canal Sur ADM, imputado por agresión y acoso sexual a una trabajadora.

Con su habitual tono amable, pero firme, Manuela confiesa que le “sigue sorprendiendo mucho lo normalizadas que tenemos esas violencias. Es fundamental tomar conciencia de que eso no es normal, de que no solo es altamente reprobable, sino un delito… y de ahí no nos podemos mover. Esa toma de conciencia tiene que ser cada vez mayor y cada uno tiene que poner su granito de arena”. Los preocupantes datos de incidencia e impunidad que denuncian las asociaciones feministas del sector, como AAMMA o CIMA, no dejan lugar a dudas sobre el grave problema que acucia al sector.

La productora es optimista respecto a las próximas generaciones de cineastas andaluces y andaluzas. “Les veo muy fuertes. Debemos acercarles a todos los foros de decisión posibles, enriquecernos mutuamente y confiar en ellos para que desarrollen sus proyectos. Debemos aprender de ellos… y estar atentos a lo que hacen”, concluye.

La Universidad Pablo de Olavide consolida su apuesta por la especialización académica, investigadora y profesional con una oferta de 41 másteres universitarios para el curso 2026/2027, a los que se suman otros 2 programas del Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la UPO. En total, la oferta de postgrado alcanza las 1.450 plazas de nuevo ingreso, de las que 1.370 corresponden a la UPO y 80 al centro adscrito.

Entre las principales novedades del próximo curso destaca la incorporación del nuevo Máster Universitario en Marketing y Gestión de Marcas de Moda, un programa que se impartirá de manera presencial y está orientado a formar profesionales especializados en la industria de la moda desde una perspectiva estratégica, creativa y empresarial. Con un total de 25 plazas ofertadas, este nuevo máster incluye además una modalidad dual “aprender haciendo”, con un máximo de 5 plazas, que permitirá al estudiantado seleccionado combinar su formación académica con experiencia profesional en empresas colaboradoras mediante un proceso de selección.

La modalidad dual del Máster Universitario en Marketing y Gestión de Marcas de Moda, permitirá a su alumnado seleccionado especializarse en uno de los dos perfiles formativos que ofertan: uno orientado a las relaciones con consumidores y otro perfil dirigido a las relaciones interorganizativas.

El programa cuenta ya con convenios con firmas y entidades como Palomo Spain, Pepe Pinreles, Federópticos o la agencia Doble RR, referentes en sus respectivos ámbitos, lo que refuerza el carácter práctico y la conexión directa con el sector profesional.

Asimismo, el Máster Universitario en Ingeniería Informática renueva su plan de estudio con un incremento de su carga lectiva de 72 a 90 créditos ECTS, para adaptarse a las nuevas demandas tecnológicas y profesionales, reforzando así la formación avanzada del estudiantado en uno de los ámbitos con mayor proyección laboral y científica.

Entre las novedades del máster en Ingeniería Informática, incorpora una nueva especialidad en Inteligencia Artificial en la que los estudiantes se formarán en los modelos de última generación de machine learning y deep learning así como en modelos de inteligencia artificial generativa. También adquirirán competencias para el desarrollo de sistemas de visión y dotar a los robots de movilidad para aplicaciones industriales o sociales.

Otra de las novedades destacadas afecta al Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, que en la especialidad de Ciencias Sociales: Geografía e Historia incrementará en 30 las plazas ofertadas para el próximo curso académico, dando respuesta al elevado interés del alumnado.

La oferta académica de másteres universitarios de la UPO abarca áreas de conocimiento como Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingeniería, y destaca por su orientación práctica, su internacionalización y su adaptación a las necesidades del mercado laboral actual. Los programas se impartirán en modalidad presencial, semipresencial y virtual, facilitando el acceso tanto a estudiantes nacionales como internacionales y a profesionales que compatibilizan formación y empleo.

La Universidad Pablo de Olavide mantiene además una estrecha colaboración con empresas, instituciones y centros de investigación nacionales e internacionales, lo que favorece tanto la realización de prácticas académicas como la inserción laboral del estudiantado. Más de 700 profesionales y entidades colaboran actualmente en la formación de postgrado de la Universidad.

La apuesta por la especialización en la formación se ve complementada por los programas que imparten la Escuela de Doctorado de la UPO, un total de nueve doctorados que abarcan numerosos ámbitos de estudio y que completan el mapa de titulaciones de la Universidad.

Asimismo, la Universidad Pablo de Olavide, a través de su Fundación, oferta Másteres de Formación Permanente –Títulos Propios de la Universidad – y que, junto a las Microcredenciales Universitarias, complementan la formación de postgrado de la UPO.

Proceso de preinscripción para másteres universitarios

El proceso de preinscripción para la solicitud de plazas en las Universidades Públicas de Andalucía estará abierto desde el 17 al 26 de junio. Todo ello de forma telemática a través de la página del Distrito Único Andaluz.

La primera adjudicación de plazas se llevará a cabo el 22 de julio, estableciéndose un plazo de matrícula, confirmación o reserva de plaza entre el 23 y el 27 de julio. La segunda adjudicación se producirá el 14 de septiembre, fijándose la matriculación del 15 al 17 de septiembre. A este procedimiento de adjudicación le seguirá, con posterioridad, la publicación de las listas de resultas, hasta un total de cuatro.

Más información en: www.upo.es/master

Un médico, una directora financiera, un maestro de Primaria y una técnica de una administración pública tienen poco en común salvo una cosa: la inteligencia artificial está transformando su día a día en el trabajo. El entorno, pero también su práctica profesional, donde las tecnologías inteligentes cada vez se integran con más fuerza como parte de la rutina laboral.

Para reducir la brecha entre el avance de estas herramientas y el conocimiento de quienes buscan incorporarlas, la Universidad Internacional de Andalucía ha actualizado su oferta de másteres oficiales con novedades para este próximo curso 2026-27. Así, a la especialidad de IA aplicada a entorno financieros, esta institución pública de posgrado suma tres nuevas áreas: las Ciencias de la Salud, el aprendizaje de idiomas y la gestión y gobernanza de datos, para administraciones y empresas.

Cuatro itinerarios distintos con un denominador común: aprender a utilizar la inteligencia artificial desde dentro de cada disciplina, no desde fuera. Con casos prácticos y líneas de especialización, sin necesidad se saber programar. Y, además, con un sistema de aprendizaje en línea innovador, bajo el Modelo eliA. Se trata de títulos totalmente virtuales, de un año de duración, construidos aprovechando todo el potencial tecnológico y de innovación educativa.

Cuatro sectores, cuatro perfiles

El Máster Universitario en Inteligencia Artificial aplicada a Entornos Empresariales y Financieros está pensado para graduadas y graduados en ADE, Economía, Finanzas o Marketing que quieran incorporar las herramientas de IA a su práctica profesional sin necesidad de convertirse en ingenieras o ingenieros. El plan de estudios combina fundamentos técnicos con casos de uso sectoriales —agroalimentario, industrial, servicios y financiero— y dedica un módulo específico a ética, legislación y seguridad en sistemas de IA. El perfil de salida apunta a roles como consultora de transformación digital, analista de riesgos o especialista en automatización de procesos.

El Máster Universitario en Aplicaciones de la Inteligencia Artificial para las Ciencias de la Salud parte de una premisa diferente: no forma programadoras ni ingenieras biomédicas, sino profesionales sanitarias capaces de evaluar herramientas de IA, identificar sus limitaciones y liderar su implantación en entornos clínicos o de investigación. Está dirigido a médicas y médicos, enfermeras y enfermeros, farmacéuticos, psicólogas y otros perfiles de ciencias de la salud. Los casos de uso abarcan imagen médica, medicina personalizada, cronicidad, salud comunitaria y salud mental.

El Máster Universitario en Inteligencia Institucional: Gestión y Gobernanza de Datos apunta a un perfil híbrido que cada vez resulta más demandado en administraciones públicas, empresas y consultoras: el de quien sabe leer datos, construir indicadores y convertir información compleja en decisiones estratégicas. El programa combina estadística aplicada, planificación basada en datos, evaluación de políticas públicas y Big Data con un enfoque orientado a la gestión, no al desarrollo técnico.

Por último, el Máster Universitario en Aprendizaje de Idiomas Mediante Tecnologías Inteligentes se dirige a docentes en activo y futuras profesoras y profesores de lenguas extranjeras que quieran integrar herramientas de IA en su práctica de aula: diseño de materiales digitales, evaluación formativa asistida, retroalimentación automatizada o enseñanza bilingüe con soporte tecnológico.

eliA: aprender a argumentar, no solo a responder

Los cuatro másteres se desarrollan bajo el Modelo eliA, la metodología de enseñanza en línea que la Universidad Internacional de Andalucía ha construido desde cero para el posgrado virtual. No es una plataforma nueva ni un catálogo de recursos digitales. Es una reconceptualización de cómo se organiza el aprendizaje a distancia: qué figuras intervienen, cómo se diseñan los contenidos y qué tipo de actividades tiene sentido proponer cuando el estudiante compagina el máster con una vida profesional activa.

Uno de sus elementos más singulares es la figura del dinamizador-orientador. Su función no es resolver dudas técnicas ni sustituir al profesorado: es hacer un seguimiento proactivo de cada estudiante a través del análisis de su actividad en el campus. Cuando detecta una caída de participación o un retraso acumulado, toma contacto de forma personalizada antes de que el problema se agrave.

La metodología específica para el diseño de actividades dentro de eliA se llama ADeliA y su propuesta central es que el aprendizaje se construye argumentando. En lugar de ejercicios con una respuesta correcta, ADeliA plantea casos donde la información puede ser incompleta, los dilemas son genuinos y las soluciones son múltiples. La inteligencia artificial tiene un lugar concreto en ese proceso: no como fuente de respuestas, sino como herramienta de contraste con la que detectar sesgos, explorar alternativas o revisar la solidez de las propias conclusiones.

El aprendizaje asíncrono lleva el peso de la formación, lo que permite gestionar el ritmo sin renunciar al contacto real con el profesorado. Las sesiones en directo existen, pero son espacios donde el docente profundiza más allá de lo que los materiales ya cubren, no repeticiones de contenidos disponibles en el campus. La proporción de una hora síncrona por cada dos asíncronas está pensada precisamente para quienes estudian en los márgenes de una agenda profesional ya ocupada.

Solicitud, acceso y becas

Los másteres de la Universidad Internacional de Andalucía vinculados al Modelo eliA mantendrán abierta su fase de solicitud del 17 al 26 de junio. Esto será a través de la plataforma del Distrito Único Andaluz, que centraliza todo el proceso de admisión a los estudios oficiales del sistema universitario público de Andalucía.

Como incentivo para impulsar esta metodología de enseñanza, y facilitar la igualdad en el acceso, la UNIA lanzará en paralelo al proceso de solicitud un programa propio de becas específico para eliA. Este cubrirá el 100% de la matrícula, hasta un máximo de 60 créditos, excluyendo las tasas y servicios administrativos.

Más información: https://www.unia.es/estudios-y-acceso/oferta-academica/masteres-oficiales

Termina la jornada laboral. Una responsable de marketing cierra el correo y entra en el campus virtual de su máster oficial. En pantalla un escenario: una cadena hotelera ha desplegado inteligencia artificial para personalizar ofertas, pero las tasas de conversión no mejoran y el equipo directivo quiere saber por qué. Sobre datos reales, debe identificar y argumentar qué falla, por qué y cómo avanzar en el objetivo, utilizando todos los medios a su alcance.

Así funciona eliA. El Modelo de Aprendizaje en Línea de la Internacional de Andalucía, la universidad pública del posgrado que busca un salto en el qué, pero también en el cómo se aprende hoy día. Esta metodología aspira a cambiar la fórmula tradicional por una enseñanza activa, reflexiva y guiada, combinando conocimiento avanzado y construcción de criterio profesional. El objetivo es sencillo: poner al estudiante ante desafíos profesionales reales, desde los que construir un criterio propio que le permita dar con las mejores respuestas.

Lanzado hace tres años, el Modelo eliA crece el próximo curso 2026-2027 hasta llegar a seis másteres oficiales, donde la Inteligencia Artificial es el eje vertebrador. Una puerta a la especialización en soluciones de IA para la empresa, para la salud, para el aprendizaje de idiomas, para el desarrollo y la evaluación de políticas institucionales o para la educación.

Un modelo para el posgrado virtual

La tecnología cambia, así como lo hacen las necesidades y las expectativas de la sociedad. Ante ello, la Universidad Internacional de Andalucía responde con el desarrollo de eliA. Una metodología que entiende que las necesidades (y las posibilidades) de estudiar en línea son diferentes a las del posgrado presencial. Que no basta con adaptar lo previo, sino que requiere partir de cero y cuidar cada aspecto del proceso de enseñanza-aprendizaje.

eliA no es una plataforma nueva ni un catálogo de herramientas digitales. Es una reconceptualización completa de cómo se organiza el aprendizaje en el entorno virtual: qué figuras intervienen, cómo se diseñan los contenidos, qué tipo de actividades tiene sentido proponer a distancia y cómo se mantiene al estudiante conectado e implicado durante todo el itinerario formativo. La plataforma Open LMS da soporte técnico a ese diseño, de forma que el campus funcione como un espacio de trabajo, no como un repositorio.

El aprendizaje asíncrono lleva el peso de la formación, lo que permite al estudiante gestionar su ritmo sin renunciar al contacto real con el profesorado. Las sesiones en directo existen, pero son espacios donde el docente profundiza más allá de lo que los materiales ya cubren, no repeticiones de contenidos disponibles en el campus. La combinación de ambas modalidades en una proporción de uno a dos (una hora síncrona por cada dos asíncronas) está pensada precisamente para quienes compaginan el máster con una vida profesional activa.

El dinamizador-orientador: seguimiento antes de que haga falta

Uno de los elementos más singulares de eliA es la figura del dinamizador-orientador, un perfil que no existe en la mayoría de los programas de posgrado en línea. Su función no es resolver dudas técnicas ni sustituir al profesorado, sino hacer un seguimiento proactivo de cada estudiante a través del análisis de su actividad en el campus virtual.

El dinamizador detecta caídas de participación, retrasos acumulados o ausencias en los debates antes de que el estudiante los identifique como un problema. Cuando eso ocurre, toma contacto de forma personalizada, con una intervención específica para esa persona y su situación. Para quienes compaginan trabajo, familia y formación, esa presencia constante marca con frecuencia la diferencia entre llegar al final del máster o perder el hilo en algún momento del camino. A partir de este curso, el modelo incorpora además la posibilidad de agendar tutorías individuales por videoconferencia con el propio dinamizador.

ADeliA: aprender a argumentar, no solo a responder

Dentro del ecosistema eliA existe una metodología específica para el diseño de actividades: ADeliA (Actividades Discursivas eliA). Su propuesta central es que el aprendizaje se construye argumentando, no memorizando. En lugar de ejercicios con una respuesta correcta, ADeliA plantea casos prácticos reales o verosímiles donde la información puede ser incompleta, los dilemas son genuinos y las soluciones son múltiples.

El estudiante recorre siete fases en cada actividad: conecta el caso con sus conocimientos previos, analiza el contexto y lo que falta, identifica tensiones y consecuencias, explora alternativas, elige y justifica una solución, la evalúa críticamente y, por último, reflexiona sobre su propio proceso de razonamiento. Esta última fase, la metacognición, no es un trámite: entender cómo se ha llegado a una decisión es parte esencial del aprendizaje que propone el modelo.

La inteligencia artificial tiene un lugar concreto dentro de ADeliA: no como fuente de respuestas, sino como herramienta de contraste. El estudiante puede usarla para detectar sesgos en su propio análisis, explorar argumentos alternativos o revisar la solidez de sus conclusiones, siempre desde una postura crítica. Aprender a usar la IA con criterio es, en muchos de estos másteres, una competencia tan importante como los propios contenidos del programa.

Contenidos construidos para la pantalla

Cada asignatura del modelo eliA se diseña específicamente para el entorno digital. Los materiales son interactivos y permiten rastrear la lectura; los recursos audiovisuales se producen para el programa, no se adaptan de otros formatos; y las evaluaciones se articulan en torno a retos, simulaciones y casos prácticos conectados con situaciones profesionales reales. Herramientas como Genially o Edpuzzle se integran en el flujo de aprendizaje, no como complementos opcionales, sino como parte de la estructura de cada tema.

Para quién está pensado

eliA está pensado para el médico que termina guardia, para el directivo de una administración pública que quiere liderar la transformación digital de su organización, para el docente que busca especializarse sin pedir una excedencia. Para alguien que necesita flexibilidad real, no solo teórica, y que estudia en los márgenes de una agenda profesional ya ocupada.

Los seis másteres de la Universidad Internacional de Andalucía vinculados al Modelo eliA mantendrán abierta su fase de solicitud del 17 al 26 de junio. Esto será a través de la plataforma del Distrito Único Andaluz, que centraliza todo el proceso de admisión a los estudios oficiales del sistema universitario público de Andalucía.

Como incentivo para impulsar esta metodología de enseñanza, y facilitar la igualdad en el acceso, la UNIA lanzará en paralelo al proceso de solicitud un programa propio de becas específico para eliA. Este cubrirá el 100% de la matrícula, hasta un máximo de 60 créditos, excluyendo las tasas y servicios administrativos.

Más información:

https://www.unia.es/innovacion/modelo-aprendizaje-en-linea-de-la-internacional-de-andalucia-elia

Un ayuntamiento que necesita medir el impacto real de una política pública. Una empresa que intenta anticipar tendencias de consumo. O una consultora que trabaja con indicadores para mejorar procesos y resultados. Los datos están en todas partes, pero muchas organizaciones siguen enfrentándose al mismo problema: tener información no siempre significa saber utilizarla.

Ese escenario está cambiando el mercado laboral. La transformación digital ya no depende únicamente de incorporar tecnología o automatizar procedimientos. Cada vez resulta más importante interpretar información, detectar patrones, evaluar resultados y convertir los datos en decisiones útiles para la gestión.

En ese contexto surge el Máster Universitario en Inteligencia Institucional: Gestión y Gobernanza de Datos, una nueva titulación oficial a precio público, de modalidad virtual, que la Universidad Internacional de Andalucía estrena a partir del próximo curso académico. Un programa para formar especialistas capaces de unir análisis de datos, dirección estratégica, inteligencia artificial y transformación organizativa, un ámbito que empieza a ganar peso tanto en el sector público como en el privado

De datos a decisiones

Durante años, muchas organizaciones centraron sus esfuerzos en digitalizar procesos y recopilar datos. El reto ahora es otro: cómo utilizar toda esa información para planificar mejor, optimizar recursos o evaluar resultados con mayor precisión.

“Hoy la transformación digital ya no depende sólo de la tecnología. También requiere de profesionales capaces de interpretar información compleja y, muy especialmente, de convertirla en decisiones estratégicas y útiles dentro de las organizaciones”, señala Yolanda Rebollo, directora del máster.

Esa necesidad empieza a hacerse visible en ámbitos muy distintos. Administraciones que buscan evaluar políticas públicas con criterios más objetivos, empresas que necesitan interpretar indicadores para adaptarse más rápido al mercado o entidades que manejan grandes volúmenes de información, pero carecen de perfiles preparados para convertir esos datos en herramientas de planificación y gestión.

Este nuevo máster parte precisamente de esa idea: formar perfiles híbridos que comprendan tanto la lógica de la gestión como las herramientas de análisis de información y toma de decisiones basada en datos.

Un perfil que crece

La especialización está orientada a directivos vinculados a administraciones públicas, empresas y consultoras que trabajan en ámbitos relacionados con estrategia, planificación, evaluación o transformación digital. También se dirige a recién egresados de títulos como Administración y Dirección de Empresas, Finanzas o Marketing, interesados en desarrollar una carrera profesional en sectores donde el análisis de datos empieza a ganar peso.

El crecimiento de la inteligencia artificial y la necesidad de medir mejor resultados, optimizar recursos o anticipar escenarios está provocando que muchas organizaciones busquen perfiles capaces de conectar datos, gestión y capacidad de decisión.

En ese contexto aparecen oportunidades profesionales ligadas a inteligencia de negocio, evaluación de políticas públicas, consultoría estratégica, análisis institucional o gobernanza del dato. El propio diseño del máster, que abre plazo de inscripción el próximo 17 de junio, responde a esa demanda creciente de especialistas capaces de trabajar con información compleja desde una perspectiva aplicada y estratégica.

Estrategia, datos e IA

El plan de estudios combina contenidos relacionados con estadística aplicada, dirección estratégica, análisis y visualización de datos institucionales, planificación basada en datos, innovación organizativa, evaluación de políticas públicas y aplicación de Big Data e inteligencia artificial a la gestión.

El enfoque no está orientado únicamente a la dimensión técnica. La propuesta busca formar profesionales capaces de interpretar resultados, diseñar estrategias y participar en procesos de transformación organizativa dentro de instituciones y empresas.

La capacidad para convertir información dispersa en conocimiento útil empieza a marcar diferencias entre organizaciones que consiguen adaptarse rápidamente a escenarios cambiantes y otras que continúan gestionando únicamente desde la intuición.

Formación online útil y personalizada

El programa se desarrolla bajo el Modelo eliA de la Universidad Internacional de Andalucía. Una metodología propia de enseñanza en línea que sitúa el aprendizaje activo y el acompañamiento del estudiante en el centro de la experiencia formativa. Más allá de las clases grabadas o los contenidos cerrados, el modelo combina interacción, seguimiento personalizado y trabajo aplicado a retos reales vinculados al ámbito profesional.

La propuesta busca que el estudiante no solo incorpore conocimientos técnicos, sino que aprenda a analizar contextos complejos, formular las preguntas adecuadas y construir criterio propio para la toma de decisiones. En un campo estrechamente ligado a la gestión, el análisis y la estrategia, este enfoque permite conectar la formación académica con situaciones reales de trabajo.

Además, la metodología está especialmente pensada para perfiles que necesitan compatibilizar especialización y actividad profesional, manteniendo una experiencia de aprendizaje cercana, flexible y guiada. Desde la UNIA, eliA se concibe precisamente así: una forma de utilizar la tecnología para acompañar el aprendizaje, no para sustituirlo.

Más información:

https://www.unia.es/estudios-y-acceso/oferta-academica/masteres-oficiales/master-universitario-en-inteligencia-institucional-gestion-y-gobernanza-de-datos

La decisión del Pleno del Ayuntamiento de Carboneras de declarar la nulidad de la licencia de obras de El Algarrobico y poner fin así expediente de revisión de oficio abierto por orden del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) ha provocado la reacción de la Junta de Andalucía, partidos políticos y organizaciones ecologistas, que han reclamado al unísono que se lleve a efecto el derribo del hotel ilegal “cuanto antes”. El único de los actores principales que ha evitado valorar este paso ha sido el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), que precisamente había pedido a los jueces que dieran un ultimátum al Pleno tras el fiasco del pasado 17 de junio, cuando se acordó postergar la decisión.

La consejera andaluza en funciones de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha anunciado que la Junta de Andalucía pretende “impulsar de manera inmediata” los trabajos técnicos y administrativos para “hacer posible la restauración ambiental” del paraje protegido de El Algarrobico en Carboneras (Almería) una vez que el Ayuntamiento ha aprobado la revisión de oficio de la licencia de obras del inmueble para su nulidad, con el voto favorable de ocho de los 13 concejales: cuatro del PP, el alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) y tres del PSOE. Dos concejales no adscritos y dos del PSOE (incluyendo su portavoz, José Luis Amérigo) han abandonado el salón de Plenos antes de votar.

También la portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España, ha confiado este martes que “cuanto antes” se pueda llevar a cabo la demolición.

La demolición y restauración está prevista por un Protocolo firmado en 2011 por el Gobierno y la Junta de Andalucía, que distribuye las tareas: demolición y desescombro para el Estado, restauración para la Junta de Andalucía.

“Entramos en una fase en la que la colaboración entre las administraciones públicas y, sobre todo, la colaboración con el Gobierno de España será fundamental para culminar ese objetivo compartido: recuperar plenamente este entorno natural”, ha manifestado la responsable de la Junta en unas declaraciones remitidas a Europa Press.

Cargos y técnicos del Gobierno y la Junta de Andalucía mantuvieron una reunión hace apenas dos semanas para informarse de sus respectivas intenciones. Ambos dicen pretender la demolición del inmueble cuanto antes, si bien todo paso estaba condicionado a que el Ayuntamiento declarara la nulidad de la licencia que concedió en enero de 2003, o que si no lo hicieran los jueces. Ahora ese paso ya se ha dado.

Gobierno central y Junta mantienen hasta ahora otro punto de fricción: la expropiación, una vía abierta por sorpresa por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en febrero de 2025, y vista con recelo hasta ahora por el Gobierno de Moreno. Esta vía ahora está atascada en la falta de acuerdo que la Administración debería pagar a Azata del Sol por quedarse con los 32.000 metros cuadrados del hotel que están sobre dominio público. La promotora los valora en 44,5 millones y el Gobierno ofrece 16.500 euros. La discrepancia deberá resolverla un jurado provincial de expropiaciones.

Los ecologistas celebran el “fin del calvario”

Los ecologistas han celebrado el acuerdo de Pleno. Para Greenpeace, es el “fin del calvario” de las dos décadas que ha costado obtener la revisión de la licencia de obras. “Ya es ilegal”, señala en una nota la organización ecologista. “Esta anulación llega tras años de insumisión judicial protagonizada por el Consistorio y pone fin al calvario administrativo que ha acompañado a esta ruina urbanística”, ha trasladado el coordinador de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero.

Greenpeace considera que esta decisión “abre un nuevo escenario” puesto que “con la licencia anulada, ya no hay obstáculos administrativos para derribar este mamotreto ilegal”. Por eso, Greenpeace exige la demolición “de forma inmediata ante el Ayuntamiento de Carboneras” puesto que es el Consistorio el que, según han avisado, “tiene la obligación de ordenar el derribo como única medida posible para restablecer la legalidad urbanística”. “No se trata solo de tirar un edificio, sino de recuperar la biodiversidad de una de las joyas del Mediterráneo andaluz”, han recalcado.

Sin embargo, el abogado de los ecologistas, José Ignacio Domínguez, se ha mostrado convencido de que la empresa recurrirá la decisión del Pleno de anular la licencia. “Presentará el recurso en el Contencioso-administrativo de Almería y luego, cuando le digan que la licencia es ilegal, recurrirá al TSJA, que nuevamente le dirán que la licencia no se debió de conceder”, ha aventurado el letrado ante lo que prevé como una “demora más” para este “interminable” asunto.

Por su parte, Salvemos Mojácar ha anunciado que va a solicitar “de inmediato” al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que “reactive” el pleito que inició en 2006 encaminado a derribar el hotel de la playa de El Algarrobico que, según han incidido, quedó pendiente de que se anulara la licencia de obras que el Ayuntamiento de Carboneras ha acordado este martes revisar de oficio conforme al mandato judicial.

En una nota, la organización que consiguió la paralización cautelar de las obras cuando el hotel se encontraba prácticamente construido ha explicado que la reactivación de dicho proceso supone “la única vía realista para llegar a la demolición del hotel” ante la “falsedad manifiesta del resto de administraciones en el caso”.

María Jesús Montero pide a la Junta que inste al Ayuntamiento a demoler

María Jesús Montero, que presentó la vía de la expropiación a pie de hotel hace ahora año y medio, prometiendo que se habría demolido el hotel antes de final de 2025, ha evitado hoy referirse a esa vía. Tampoco lo ha hecho el MITECO, que hace dos semanas desmintió que hubiese descartado la expropiación, y aseguró que el proceso expropiatorio seguía su “curso dentro del marco legal establecido”.

Montero, secretaria general del PSOE-A, ha pedido a la Junta que “inste de inmediato” al Ayuntamiento de Carboneras o la empresa constructora a comenzar con el derribo del hotel del Algarrabico: “Es lo que se quedó en la última reunión de coordinación Estado-Comunidad Autónoma y la Junta de Andalucía se comprometió a que lo haría. Se trata de hacerlo de inmediato, hoy mejor que mañana”.

Montero ha explicado que los expedientes a los cinco concejales socialistas que votaron en contra de la nulidad en la primera “siguen en curso”, aunque cree que habrá “un trato distinto” para los dos concejales expedientados que han votado este martes a favor de la nulidad.

Sobre unas futuras indemnizaciones a la empresa propietaria del hotel, Montero ha señalado que la petición de la compañía “no se corresponden con el alzamiento de un edificio en terreno rústico”. La secretaría general del PSOE-A ha asegurado que “todas las administraciones pueden ser subsidiarias” y ha afirmado que la parte compensatoria de indemnizaciones “la tendrán que determinar los tribunales”.

También Por Andalucía ha ha reclamado este martes que se avance “cuanto antes” hacia el derribo del hotel. “Después de más de 20 años de carrera judicial, legislativa y administrativa, ha llegado el momento de dejar de marear la perdiz. El Algarrobico tiene que pasar cuanto antes al derribo”, ha afirmado Ernesto Alba, diputado de Por Andalucía, quien ha insistido en que “la protección del territorio y del patrimonio natural andaluz tiene que estar por encima de cualquier interés privado”.

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería, 8.458 habitantes) ha decidido poner fin al expediente de revisión de oficio de la licencia de obras de El Algarrobico declarándola nula, con el voto a favor de ocho de los 13 concejales, y la ausencia de los otros cinco.

El Pleno ha dado así cumplimiento al ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que había ordenado que votaran nuevamente esta cuestión para cumplir una sentencia de junio de 2021, firme desde diciembre de 2022, y que el Ayuntamiento empezó a ejecutar en junio de 2023. Tres años ha costado. Los jueces advirtieron el pasado 24 de junio que desplegarían todo su poder si los concejales volvían a ignorarles: ejecución subsidiaria, multas y posibles responsabilidades penales.

De esta forma, los ediles han votado en Pleno Extraordinario a favor de dar cumplimiento al auto de 24 de junio, dictando resolución para poner “fin a la revisión de oficio” de la licencia que concedió el 13 de enero de 2003, declarando que aquella licencia es nula de pleno derecho. Queda para otro momento determinar si deberá indemnizar a Azata del Sol, la promotora a la que dio la licencia para construir en plena playa y parque de Cabo de Gata, y en cuánto.

Esta era la segunda ocasión en un mes en la que los ediles del municipio eran llamados a pronunciarse sobre una cuestión que marca el futuro del inmueble. En la primera votación, el pasado 17 de junio, Carboneras dio la sorpresa. Con todo a favor, incluyendo el informe del Consejo Consultivo favorable a la nulidad, el Pleno decidió posponer la decisión de revisar (y anular) la licencia con el voto a favor de cinco del PSOE y dos no adscritos.

El voto de dos concejales socialistas da la vuelta

En esta ocasión, ha sido el voto de dos de las concejalas socialistas el que ha provocado el volteo del resultado. Mariana Esteban e Isabel Hernández se han apartado de la postura del líder local del partido, el exalcalde José Luis Amérigo, y se han alineado con los cinco concejales del PP y el propio alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) para dar cumplimiento al auto de 24 de junio,

Con la voz entrecortada, Hernández ha insistido en varias ocasiones en que “lo que dicta la Justicia está para cumplirse”, asegurando que él nunca ha intentado poner palos en las ruedas, sino que ha intentado cumplir “sobre la base de los medios humanos y materiales de que disponemos”.

El regidor ha insistido en pedir ayuda a la Junta de Andalucía y al Gobierno central, a las que ha llamado “corresponsables” de autorizar el hotel y ha pedido “altura de miras”: “Somos un municipio de poco más de 8000 habitantes, al que se le crearon unas expectativas irreales e ilegales de desarrollo”, ha lamentado, antes de advertir de que el camino que queda es largo y que no ve que el pueblo pueda recorrerlo solo: “Mucho nos tememos, si no tenemos ayuda, que el hotel va a seguir su culebrón (...) Intentemos entre todos salir de la mejor manera posible de este embrollo”.

El “embrollo” es la presunta responsabilidad a la que podría tener que hacer frente el Consistorio, si bien los tribunales ya han determinado en tres ocasiones que Azata no tiene derecho a reclamar nada porque sabía que no podía construir ahí. Hernández ha lanzado un “mensaje de intranquilidad”, asegurando que quienes vaticinan la ruina para el pueblo lo hacen para “meter miedo” y seguir sosteniendo un hotel ilegal.

No le han escuchado ni Amérigo ni los otros tres concejales que no han votado a favor (otro socialista y dos no adscritos), que han abandonado el salón de Plenos antes de que el alcalde tomara la palabra.

Antes, Amérigo había asegurado que el mandato del TSJA (“poner fin al expediente de revisión de oficio”) no obliga a declarar la nulidad de la licencia, y ha defendido que el acuerdo que adoptó el pasado Pleno para posponer la votación hasta contar con tres nuevos informes sí es obligatorio y ejecutivo.

El portavoz socialista ha insistido en que al expediente le faltan informes y documentos. En su opinión, votar hoy a favor de la nulidad de licencia supone incumplir a la vez el mandato del TSJA y el del Pleno. En la misma línea han hablado Felipe Cayuela y la otra concejala no adscrita, mientras las dos socialistas que han revertido el resultado explicaban que votaban a favor para cumplir con el mandato judicial: “Si no se declara por el Ayuntamiento lo haría el TSJA, a riesgo de que seamos encausados judicialmente.”

Hernández no le ha comprado el argumento a Amérigo, subrayando que el mandato de los jueces es claro: “Si nos dicen que hay que anular, hay que anularla. (...) Esos supuestos informes que faltan, no faltan. (...) Este expediente lo único que lleva es la revisión de oficio: la orden del TSJA, informe del Consultivo y la información a las partes”.

El regidor ha apuntado a Amérigo, recordando que es sobrino del alcalde que concedió la licencia, Cristóbal Fernández: “El hotel tiene padre y madre, el PSOE de la familia Amérigo Fernández, que son los que concedieron la licencia y nos llevan por el camino de la amargura”.

Una decisión controvertida

La decisión del pasado 17 de junio había descolocado a todos. El Gobierno central, personado en el procedimiento judicial, presentó un escrito pidiendo a los jueces que dieran un (otro) ultimátum al municipio para que anulara la licencia, y si no, que la anularan ellos. La Junta de Andalucía y los ecologistas optaron por pedir directamente al TSJA que asuma la función prevista en la ley y ejecute la sentencia ante la constatada resistencia municipal a hacerlo, además de pedir que se investigue ya en vía penal a concejales y alcalde. Y el PSOE, cuyos ediles contribuyeron decisivamente a completar la nueva pirueta que dio aire a la mole, anunció la apertura de un expediente y la suspensión temporal de esos concejales por saltarse la disciplina de partido.

De fondo operan las mismas reticencias que han trufado de obstáculos, excusas y trabas la ejecución de la sentencia del TSJA, que es firme desde diciembre de 2022 y pese a ello, sigue sin aplicarse. Aseguran quienes evitan ejecutarla que Carboneras podría verse expuesto a una reclamación millonaria de la promotora si es el propio municipio el que declara la nulidad de licencia que concedió en febrero de 2023.

Es el argumento que oponen, antes de manera velada y ahora ya abiertamente, quienes se oponen a la ejecución, como José Luis Amérigo, exalcalde del PSOE y ahora portavoz de los socialistas. En el Pleno, Amérigo aseguró que carecía de “información esencial” sobre las consecuencias de la nulidad, una decisión de “extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica”, y adujo la necesidad de recabar al menos tres nuevos informes: uno sobre el impacto económico, otro de intervención y otro jurídico sobre la eventual responsabilidad patrimonial.

Nada más recibir el acta del Pleno y los escritos de los ecologistas, la Junta de Andalucía y el Ministerio, los jueces del TSJA resolvieron dar una nueva oportunidad al Pleno para que convocara y votara la revisión, bajo advertencia de que si no lo hacía, podría multar a los responsables y llevarlos a Fiscalía.

Eso es lo que se ha votado hoy, con un resultado esperado durante más de dos décadas: la licencia de El Algarrobico es nula de pleno derecho. Esto era solo el primer paso, aunque probablemente el más costoso. Ahora vendrá todo lo demás.

El nuevo Gobierno andaluz PP-Vox no ha echado formalmente todavía a andar y ya ha recibido el primer aviso que cuestiona la legalidad de una de las propuestas acordadas en el pacto entre ambas formaciones: la derogación de la Ley de Memoria autonómica para sustituirla por una Ley de Concordia, en línea con lo acordado en todos los territorios en los que aterriza la formación de ultraderecha. La norma andaluza se aprobó en el Parlamento en 2017 sin ni un solo voto en contra, ya que contó con 67 a favor (PSOE, Podemos e IU) y 42 abstenciones (PP y Ciudadanos).

La advertencia la ha lanzado el Ejecutivo central por medio de su secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que en conversación con elDiario.es ha garantizado este viernes que “se recurrirá al Tribunal Constitucional si se deroga” esta norma. De hecho, ya se anunció hace un par de años que ésta sería la vía a seguir en todas las comunidades en las que se cambien leyes de memoria por otras bautizadas como de concordia, como ya ha ocurrido en Balears, Comunitat Valenciana, Aragón y Cantabria, mientras en Extremadura sigue la negociación previa antes de dar este paso.

En un acto de reconocimiento a los León Trejo, tres hermanos fusilados por los golpistas en Sevilla por orden de Gonzalo Queipo de Llano, Martínez ha señalado además que, en cuestión de memoria, “el Gobierno de España va a ejercer sus competencias hasta el último rincón de Andalucía”. A su juicio, las leyes de concordia que auspician PP y Vox “conciben las exhumaciones de fosas como restos arqueológicos e invisibilizan a las víctimas al no celebrar actos de reconocimiento o reparación”.

“Dignidad de las víctimas”, pero del terrorismo

El punto 148 de los 150 de los que consta el pacto PP-Vox en Andalucía, y dentro del apartado Leyes ideológicas, recoge el compromiso de “aprobar una Ley de Concordia que sustituya la normativa vigente en materia de memoria histórica”, marcándose de plazo antes de que finalice 2026 para registrar en el Parlamento esta norma. Como contraste, el punto 71 recoge –en el apartado educativo– que se incluirá la historia del terrorismo en España en los planes de estudio “con el objetivo de concienciar a nuestros estudiantes sobre el terrorismo, desarrollar valores democráticos y honrar la memoria y dignidad de las víctimas”.

En su intervención pública en el homenaje a los León Trejo, el secretario de Estado ha hecho mención expresa a que el acuerdo PP-Vox recoge derogar la Ley de Memoria andaluza, que ha definido como “la más importante de todas las que se han aprobado” en España, ya que “casi la copiaron” el grueso del resto de autonomías. Y si las normas de memoria “ponen la atención en las víctimas”, las “mal llamadas leyes de concordia” que están viendo la luz “equiparan” la democracia con la dictadura franquista.

“Están blanqueando la dictadura, no se dice que existió”, ha apostillado. De esta manera, “nos están interpelando a que sigamos defendiendo la memoria y los derechos humanos”, ya que “sin memoria no hay democracia”. De hecho, “ante el avance del populismo y del neofascismo, la memoria es el mejor antídoto”.

Vulneración de los derechos de las víctimas

Como suele ocurrir cada vez que hay discrepancias en materia legislativa, el primer paso incluye la apertura de un proceso negociador entre el Estado y el Ejecutivo autonómico de turno. Si las diferencias se mantienen, el Gobierno central está sistemáticamente llevando al Constitucional las derogaciones y su sustitución por leyes de concordia.

El último caso ha sido Baleares el pasado mes de junio, ya que se considera que la norma autonómica supone una vulneración de los derechos de las víctimas del franquismo y dificulta el cumplimiento de la legislación estatal en materia de memoria. En estos casos, el objetivo además es que la suspensión de la derogación pueda aplicarse de forma cautelar mientras se resuelve el procedimiento, algo que por ejemplo ya ha ocurrido en Cantabria.

La eliminación de la norma de memoria andaluza y su sustitución por una Ley de Concordia ya la acordaron PP, Ciudadanos y Vox en 2019 en el pacto a tres bandas que suscribieron para que Juan Manuel Moreno (PP) fuese investido por primera vez presidente andaluz. A la hora de la verdad, este compromiso nunca llegó a desarrollarse, pero los colectivos memorialistas denuncian el nulo interés del PP en esta materia en los dos mandatos que lleva, con un escaso cumplimiento de la normativa de 2017 todavía en vigor.

La jueza de instrucción que investiga al alcalde de Estepona y una de sus concejalas de confianza por la adjudicación del restaurante del Mirador del Carmen a una empresa de su nuera ha requerido al Ayuntamiento para que le entregue toda la documentación que tenga en relación con este asunto. Además, ha acordado suspender la declaración del regidor, José María García Urbano (PP), hasta que haya recabado toda esa documentación: expedientes urbanísticos, de ejecución y control, económicos o de cualquier otro tipo relacionados con la concesión.

El juzgado de instrucción 4 de Estepona investiga a José María García Urbano (PP) por un presunto delito de tráfico de influencias, tras recibir una denuncia de Fiscalía por este caso, desvelado por elDiario.es Andalucía hace ahora tres años. Junto a él están investigados la concejala Ana Velasco, los técnicos municipales que intervinieron en la licitación y la pareja de su hijo, Nadia Odeh Núñez, administradora única de Inversiones Delmar 2022, que se hizo con el espacio en junio de 2023. Inversiones Delmar había sido creada apenas unos meses antes, no tenía experiencia en el sector, y estaba domiciliada en el despacho profesional en Málaga de Salvador Pedraza, quien también es concejal del PP en Estepona.

El fiscal cree que es “evidente” que la adjudicataria “carecía absolutamente de solvencia económica y profesional”, lo que pone en cuestión por qué obtuvo la concesión. En realidad, la mesa de contratación se basó únicamente en un criterio subjetivo: una “carta de intenciones no acreditadas”, según el fiscal, con la oferta gastronómica que pretendía ofrecer. Menos de un año después de recibir el local, Nadia Odeh Núñez vendió las participaciones de su empresa a un conocido empresario esteponero. El pliego prohíbe expresamente la cesión a terceros de la concesión sin autorización del Ayuntamiento.

A petición de la Fiscalía, la jueza pide ahora al Consistorio que le entregue todo lo que tenga en relación a este asunto, y lo detalla en una providencia a la que ha tenido acceso este medio: expedientes urbanísticos, incluyendo licencia de obras, proyecto técnico, actas de replanteo, certificado final de obra y licencia de apertura; expedientes de control, lo que abarca actas de inspección, informes de seguimiento de la concesión, expedientes sancionadores o resoluciones sobre incumplimientos; expedientes económicos, como la liquidación del canon, justificantes de pago, requerimientos o informes de intervención; y, en fin, cualquier otro relacionado con la concesión, como modificaciones de uso, cesiones o transmisiones de la concesión, incidencias o expediente de reversión.

Además, acuerda suspender la declaración como investigado del alcalde, hasta ahora prevista para el próximo 17 de julio, hasta contar con toda la documentación. Es la tercera ocasión en que el regidor evita su comparecencia ante la jueza de este caso. En su día, evitó dar explicaciones al Pleno, y se limitó a señalar que no podía haber nada ilegal porque lo que había desvelado este medio constaba en el Registro Mercantil, y por tanto no se ocultaba.

Declaración del subinspector de la UDEF

En cambio, se mantiene para el 17 de julio la declaración del subinspector del Grupo I de Blanqueo de la Policía Nacional, que firma el informe de la UDEF incorporado a las diligencias.

La UDEF ha indagado en las cuentas los vástagos del alcalde, de Núñez y del beneficiario final de la adjudicación y ha descubierto que García Urbano aportó 20.000 euros a cada uno de sus dos hijos en concepto de “donación” apenas una semana antes de que se constituyera la sociedad. Los agentes sospechan que ese dinero es el que Núñez usó como fianza para participar en la licitación, a la que sólo se presentó otra oferta, en el último minuto, y cuyo contenido económico era idéntico al de Inversiones Delmar. Los agentes creen que la adjudicataria es una empresa creada ad hoc con el único objetivo de “enmascarar” el beneficiario final de la concesión.

Ubicado en las tres últimas plantas (con acceso privado a un mirador al Mediterráneo en la última) del Mirador del Carmen, un edificio a pie de playa en cuya construcción el Ayuntamiento ha invertido 16,3 millones de dinero público, el local paga un canon de 27.000 euros anuales. Sale a 5,35 euros por metro cuadrado, una bicoca para la zona, a poca distancia del Puerto, recién restaurada y abierta al turismo, donde los precios pueden quintuplicarse. Se da la circunstancia, además, de que hasta ahora no consta que la adjudicataria haya pagado ese jugoso canon. Un informe municipal aportado al juzgado ya señaló que no tenía licencia de apertura ni había abonado ninguna de las dos anualidades transcurridas desde 2023.

La torre aloja un conservatorio de música, un auditorio, una biblioteca y una sala de exposiciones que ha expuesto obras de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, Fundación MAPFRE o la Fundación Zuloaga. El restaurante fue abierto en septiembre de 2024 bajo el nombre comercial de Cielo Skybar, y hoy forma parte de un exitoso grupo hostelero de la ciudad.

Además de por este asunto, García Urbano es investigado por otro juzgado de instrucción de la localidad por la contratación para el Ayuntamiento de una “amiga íntima” con la que había mantenido una relación y que nunca fue a trabajar. En este caso volvió a declarar hace 15 días para asegurar que la mujer reportaba verbalmente ante él sus supuestos trabajos, que ella niega que hiciera, y que hasta ahora carecen de cualquier acreditación documental. El juez ve “indicios suficientes” de delito para ir a juicio y está previsto que las acusaciones (PSOE, Vox y Fiscalía) presenten próximamente sus escritos de acusación por presuntos delitos de malversación y prevaricación.

Ya tenemos otra vez aquí 'la caló', así tal como se pronuncia en andaluz el exceso de calor, con temperaturas diurnas por encima de 40 y 42 grados, y mínimas nocturnas de imsomnio que no bajan de 26ºC. Pienso en las criaturas que en barriadas marginales andaluzas no disponen de aire acondicionado, o no lo enchufan para que no les achicharre la factura. Hay que refrescarse, tener a mano un búcaro o la frasca de agua en la nevera, y no salir a pasear y hacer deporte, en las horas centrales del día.

Cuando esto escribo, en las tertulias televisivas y en los informativos se muestra una pantalla infernal, tras la mesa de los presentadores y tertulianos. Como la TV se ha convertido en espectáculo y hay que comprar audiencia con las imágenes, se titula sobre las llamas del fondo: ¡España arde! ¡Toma ya, quién da más! Hay incendios en varios lugares pero no hay incendios en toda España. Leo en la web de RTVE que los satélites de la Nasa detectaron en las últimas horas 114 focos de calor activos en 35 municipios de 18 provincias españolas, que es mucho, pero el titular no deja lugar a dudas: ¡España arde! Mala contribución hacemos al ejercicio noble de periodismo si lo convertimos en amarillismo y en sensacionalismo, que parece son las corrientes desinformativas imperantes en la sociedad de nuestro tiempo. Además alarmamos a la población y le metemos el miedo en el cuerpo. Una lección de ética periodística es informar con veracidad y rigor pero, claro, ya vemos que, en general, son malos tiempos para la ética, y también para la lírica.

Hasta el momento, en el primer semestre de 2026 se han quemado en España más de 50.000 has, sin contar los incendios recientes. Desde que hay registros históricos de temperatura, el pasado mes de junio ha sido el segundo más caluroso, con una media de 23,2ºC, tras el de 2025, en el que se registró una media de 23,6ºC, con una anomalía de 3,6ºC por encima de la media histórica. La temperatura media de la España peninsular en junio de 2026 ha sido, según AEMET, de 23,2ºC, 3,2ºC por encima de la media del período 1991-2020.

En junio de 2026 más de un millar de muertes en España se han relacionado con las altas temperaturas. En 2015 se empezaron a registrar las muertes relacionadas con el calor, y la media de estos últimos 11 años es de 330 muertes en junio en episodios que tienen que ver con las altas temperaturas. En Francia y Bélgica, se registraron más de 3.000 muertes relacionadas con las ola de calor extremo en este junio. En 2023, año más cálido a nivel mundial, se estima que murieron más de 47.000 personas en Europa debido a las altas temperaturas. De ellas, 8.300 muertes en España. La AEMET constata que entre 1975 y 2000 se registraron dos olas de calor en junio en la Península, mientras que en el período 2000 - 2025, ha habido diez olas de calor. Los últimos 11 años han sido los que han registrado la temperatura media más alta del planeta. El aumento de la mortalidad se relaciona también con la contaminación.

Resulta indignante que en el pacto entre PP y VOX en Andalucía, para garantizar tranquilidad en el Gobierno de Moreno Bonilla, este haya aceptado imposiciones bestiales de los ultramontanos, como la propuesta que reza así: "Rechazo a las imposiciones de agendas ideológicas en materia de cuidado del medio ambiente"

Las alteraciones meteorológicas producidas por el cambio climático no son a futuro, son a presente, ya están aquí, y se hace imprescindible aplicar medidas peventivas en invierno como el uso de los rebaños de animales para limpiar el bosque, y aumentar las dotaciones presupuestarias y los efectivos en la lucha contra incendios. Hay que aclimatar las ciudades creando espacios verdes y plantando árboles por doquier, no cometiendo arboricidios como se hace en muchos municipios andaluces y españoles. Nos va la vida en ello. Por eso resulta indignante que en el pacto entre PP y VOX en Andalucía, para garantizar tranquilidad en el Gobierno de Moreno Bonilla, este haya aceptado imposiciones bestiales de los ultramontanos, como la propuesta que reza así: “Rechazo a las imposiciones de agendas ideológicas en materia de cuidado del medio ambiente”. Vox le exige a Moreno Bonilla: “La Junta de Andalucía revisará la Ley 8/2018 de 8 de octubre con objeto de eliminar toda carga que perjudique al campo, la ganadería, la pesca, la industria, los autónomos y los sectores productivos andaluces”. ¡Los negacionistas, almas negras carentes de razón, siguen a lo suyo que es el perjuicio para el futuro de todos, incluidos nuestros nietos!

Recientemente, entregamos en el Ateneo de Mairena del Aljarafe, Sevilla, el V Premio para jóvenes investigadores andaluces sobre Medio Ambiente y Cambio Climático que lleva mi nombre, y organiza la Federación Ateneos de Andalucía. El trabajo premiado ha recaído en el joven investigador Eduardo Diz Mellado por su proyecto “Patios andaluces frente al Cambio Climático”. El jurado, presidido por D. Miguel Delibes de Castro, y del que un servidor forma parte, considera que el proyecto resalta el valor de los patios como un elemento cultural de la arquitectura andaluza, con un nítido valor ambiental y con efectos positivos sobre la salud humana. El accésit se concedió al joven Alejandro Román Vázquez por su trabajo “Respuesta inteligente con drones e IA explicable para Catástrofes”, para evaluar los efectos de catástrofes asociadas al cambio climático o de otra naturaleza. Los dos trabajos distinguidos premian la investigación ante los retos que nos plantea el cambio climático. Mientras desde la sociedad civil se estimula la investigación para ofrecer respuestas a los problemas ambientales de nuestro tiempo, hay partidos que tratan de anular los avances y las medidas legislativas que tratan de mitigar esos efectos, que deterioran el medio ambiente, y amenazan a la vida de las personas, aunque para Vox y el PP que las acepta, sean “imposiciones de agendas ideológicas”.

A inicios del presente siglo, cuando se planteaba la creación de un Comisionado para el Polígono Sur y se preparaba el Diagnóstico para el Plan Integral, documento en el que pude colaborar, se hablaba del interés que podría tener para el barrio una iniciativa similar a la que se había llevado a cabo en el valenciano barrio de La Coma, en Paterna. Aunque la inspiración en el histórico “Movimiento Settlement” resultaba evidente, recuerdo que el libro de Javier García Roca, de 2002, “Jóvenes, Universidad y Compromiso Social”, en el que se describen los detalles de aquel proyecto del Colegio Mayor Universitario de La Coma, podía ser un referente cercano y muy apropiado para una residencia de estudiantes en el Polígono Sur de Sevilla. Y así fue afortunadamente…, pero fue así gracias a que las nuevas viviendas construidas junto a la Avda. de La Paz (Giralda Sur) no fueron destinadas finalmente al realojo de chabolistas del Vacie, como se había previsto por el Ayuntamiento, sino que dio cobijo a esta otra esperanzadora propuesta que nacía con el impulso de Rosario Valpuesta, primera rectora de la Universidad Pablo de Olavide. Las presiones en este sentido de la plataforma Nosotros También Somos Sevilla (NTSS) habían tenido resultado.

Lo que sucede después es otra cuestión y tiene que ver con que la Residencia Flora Tristán (“La Flora”), a pesar de sus objetivos originales y su consolidación, con distintas orientaciones, en todos estos años, solo ha podido constituir uno de los pequeños oasis existentes en un desierto de intervenciones realmente transformadoras. Al poco tiempo de su nacimiento y del propio Comisionado, tuvo lugar la desastrosa gestión municipal para la erradicación del asentamiento chabolista de Bermejales, lo que generó nuevas tensiones en el vecindario, reyertas e incluso tiroteos mortales, agudizando un estigma que perdura hasta la actualidad; llegaron planes urbanísticos, reformas y rehabilitaciones que no mejoraron suficientemente la imagen conjunta del barrio; llegaron programas sociales que, en muchos casos, cayeron en saco roto como ayudas puntuales o intermitentes y bajo dinámicas asistencialistas; nunca se soterró el ferrocarril de Sevilla-Cádiz (recordemos que esto estaba previsto según la revisión del PGOU); nunca las naves y nuevos usos que separan del Cerro del Águila lograron articular la comunicación y encuentro con esa otra parte; y, más allá de la propia Flora, ningún centro o equipamiento con un pretendido rango ciudad ha conseguido permeabilizar verdaderamente esta área urbana, admitamos que Factoría Cultural no ha logrado tal propósito; como destaca por otro lado NTSS, se han eliminado la oficina de Correos y la Comisaría, no hay metro y resulta muy deficiente el servicio de autobuses. En definitiva, las distancias físicas y simbólicas continúan siendo inquebrantables.

Los hechos físicos, económicos y sociales, también los institucionales y políticos, continúan enquistando la segregación y marginación que se vive en Polígono Sur, pero me detengo en un dato significativo que de algún modo encuentra relación con la necesidad incidir en el factor educativo y formativo, tal como se reclama, desde hace años, por la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados (AABI). A pesar de la lucha contra el absentismo y el fracaso escolar en los centros educativos, a pesar de la voluntad de un profesorado vocacional y de recursos específicos puestos a disposición, a pesar de la existencia de dos universidades públicas y de la dotación de becas, sigue habiendo amplios sectores del Polígono, concretamente los más desfavorecidos de Murillo y Martínez Montañés, en los que las cifras de población con estudios superiores siguen estando por debajo del 5%, algo que solo se repite, dentro de la ciudad, en la parte más oriental de Torreblanca.

En este marco, proyectos sociales como el planteado por la Residencia Flora Tristán resultan irrenunciables: ¿qué puede significar que niños y jóvenes, también personas mayores, en circunstancias familiares y ambientales como las señaladas, interactúen cotidianamente a través de distintas entidades con estudiantes universitarios de distintas disciplinas, procedentes de muy distintos países y que viven en su mismo barrio? ¿Qué implica para todos ellos y ellas, que estos estudiantes, decenas de ellos, no solo colaboren en actividades sociales, culturales, festivas…, sino que además compartan panadería, farmacia, pista de baloncesto o parada de autobús? ¿Cuánta inspiración pueden representar -mutuamente- estos contactos? ¿No es esta una manifestación conspicua de ese compromiso social que deben desarrollar nuestras universidades? Una residencia así, que homenajea con su nombre a esta ilustre escritora franco-peruana, pionera de un socialismo feminista, es todo un orgullo para la Pablo de Olavide.

Esta situación no puede comprenderse sin observar el marco de infrafinanciación de las universidades públicas y la apuesta por un modelo educativo -y no solo educativo- en el que se trata de limitar lo público y los derechos de ciudadanía que implican, para favorecer su sustitución paulatina por la gestión empresarial privada y sus beneficios particulares

Y es este el contexto en el que podemos situar el conflicto generado en estas semanas en relación a la residencia Flora Tristán, los graves problemas del edificio en que se ubica y las dificultades para mantener su desempeño en la misma línea en que venía produciéndose. En la propia UPO, según la percepción de una parte importante de la comunidad universitaria, se ha echado de menos mayor transparencia y apertura en este sentido por parte del rectorado, es decir, se ha incidido mucho en que se debía haber expuesto, con mayor detalle, cuál era la situación que venía sufriendo el edificio desde hace años, saber hasta qué punto esto ponía en riesgo el mantenimiento de su uso residencial y social, y conocer, especialmente, la forma en que se ha tratado de abordar este problema derivando la gestión hacia una fundación ajena a la universidad, teóricamente sin ánimo de lucro. Las reacciones que se han producido desvelan claramente el modo en que la UPO ha interiorizado el valor emblemático de La Flora, su dimensión social en este contexto del Polígono Sur, y el de su objetivo propiamente residencial, aspecto que, dada la situación de la vivienda, termina obteniendo un doble valor social.

Pero siendo así lo anterior, tengo la impresión, y buscando de nuevo un paralelismo con aquel Colegio Mayor Universitario de La Coma, que terminó cerrándose en 2012 a causa de la crisis y los recortes de la Generalitat Valenciana, que lo que aquí sucede implica también directamente a las administraciones públicas, a la Junta de Andalucía y Ayuntamiento. Es más, no se entiende que el Comisionado del Polígono Sur no defienda públicamente, con rotundidad, el mantenimiento y diría fortalecimiento y mayor desarrollo de esta iniciativa y otras similares. Esta situación no puede comprenderse sin observar el marco de infrafinanciación de las universidades públicas y la apuesta por un modelo educativo -y no solo educativo- en el que se trata de limitar lo público y los derechos de ciudadanía que implican, para favorecer su sustitución paulatina por la gestión empresarial privada y sus beneficios particulares.

Todo ello no puede comprenderse además sin percatarnos de la injustificable perpetuación de la desigualdad social y urbana que sufre Polígono Sur y otros barrios en la ciudad, siempre situados en la lista de los barrios “más pobres” de España (véase el V Informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía). Podríamos ejemplificarlo de diversas formas, pero insisto en la trascendencia del dato ofrecido anteriormente: ni nuestras universidades, ni nuestro sistema educativo al completo, ni las políticas urbanas, ni las ayudas sociales, han permitido que se incrementen, como cabría esperar, los niveles formativos de la población. Aunque estos -sabemos- no constituyen ya, per se, ninguna garantía de promoción sociolaboral, sí suponen una desventaja que podríamos calificar de estructural, que es síntoma y causa de una marginación social persistente. Frente a ello, una iniciativa como la de la Residencia Flora Tristán, con sus estudiantes, trabajadoras y proyectos sociales (“joya de la corona” para la UPO en palabras de su exdirector, Juan Blanco) debe mantenerse en Polígono Sur como un espacio más del campus universitario y como un bloque más de viviendas donde residen vecinos y vecinas con ganas de colaborar, de enseñar y de aprender. Debe mantener así el carácter que le dio origen hace más de veinte años y seguir representando la semilla de la esperada transformación.

El acuerdo de gobierno para Andalucía entre PP y Vox incluye muchas medidas previsibles, pero quizás las menos sorprendentes son las que tratan la cuestión de la vivienda. Es un planteamiento extremadamente reduccionista que acabará redundando en alimentar el carácter especulativo del mercado inmobiliario y que no ayuda a los hogares que realmente lo necesitan. Lo más triste es que se trata de un planteamiento continuista con la política que ha seguido la Junta de Andalucía hasta ahora en materia de vivienda, un ámbito donde hay una coincidencia casi total entre los dos partidos. Esto quiere decir que es un documento que insiste en los errores que se vienen cometiendo en los últimos 8 años por el gobierno del PP, muchos de los cuales repiten los cometidos por los anteriores gobiernos del PSOE en la Junta.

El acuerdo empieza por plantear el problema de la vivienda como un problema exclusivamente de oferta, que debe solucionarse agilizando los procesos de transformación urbanística, rebajando las cargas fiscales y agilizando el proceso edificatorio. Es decir, el texto respalda la explicación monocausal, basada en un déficit de la construcción por un exceso de regulación, que encontramos en el preámbulo de la ley de vivienda andaluza y los decretos anteriores. Esta explicación, que ha alcanzado en los últimos años el rango de mantra en algunos círculos, es en extremo reduccionista e ignora la complejidad del mercado de la vivienda y la experiencia de este rubro en España durante el último medio siglo. Oculta intencionadamente el rol que juega la vivienda como bien de inversión para particulares y empresas, la competencia de los alojamientos turísticos en el litoral y en las grandes ciudades y la infrautilización del parque de viviendas existente.

De forma coherente con esto, en el acuerdo no hay mención alguna a la cuestión de las viviendas turísticas, apartamentos turísticos o sobrecarga de plazas turísticas en ciudades andaluzas. Tampoco se muestra voluntad por movilizar el parque de 600.000 viviendas vacías en Andalucía. La oposición a la ley estatal de vivienda recogida en el pacto augura que seguirán sin aplicarse la delimitación de zonas tensionadas y los topes a la subida de los alquileres que establecen (medidas totalmente insuficientes por otro lado). Lo único que plantea frente a esta problemática es “estudiar” formulas disuasorias para compradores extranjeros y operaciones especulativas. La vaguedad de la redacción en este punto contrasta con la precisión de las medidas que se anuncian en el resto del documento, dando cuenta del escaso interés en esta vía de actuación por parte del futuro gobierno.

La agilización administrativa sigue también la tónica de los gobiernos anteriores (recordemos que para hacer un apartahotel en Andalucía basta con juntar tres viviendas en un bloque y hacer una declaración responsable). Servirá para que algunos promotores inmobiliarios se enriquezcan más y de forma más rápida, pero no va a servir para solucionar el problema de la inflación del mercado de la vivienda en compra y alquiler. También se utilizará, previsiblemente, para justificar la flexibilidad urbanística, cambios de uso y densificación, ignorando los déficits dotacionales y de espacios libres, haciendo nuestras ciudades un poco menos vivibles.

El compromiso con los hogares acaudalados es tal, que el acuerdo se compromete una nueva bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales, algo que ya había hecho el gobierno de Moreno con anterioridad

La “oposición frontal” y no razonada a la ley por el derecho a la vivienda española resulta también continuista con lo que viene haciendo el gobierno del PP. La Junta recurrió esta norma de 2023 para evitar que el periodo de protección de la vivienda se prolongase por un periodo mínimo de 30 años. También ha recurrido el plan de vivienda estatal, que establece una calificación permanente para las viviendas financiadas con fondos públicos. El recurso contra la ley de vivienda ha permitido que en Andalucía se puedan seguir descalificando estas viviendas después de siete años, es decir, que las viviendas públicas puedan venderse en el mercado al precio que quieran los adjudicatarios en este tiempo.

El acuerdo debe leerse en este sentido como un espaldarazo a la especulación con el parque público de vivienda. De esta manera, nada asegura que las “al menos” 20.000 nuevas viviendas que el acuerdo compromete durante la legislatura tengan precios prohibitivos como los que ya hemos visto en los últimos años en muchas ciudades andaluzas. Viviendas protegidas que acabarán beneficiando a hogares con una buena situación económica (que son los que pueden hipotecarse) y que podrán ser revendidas en el mercado pasados algunos años, generando grandes ganancias especulativas para particulares a costa de fondos públicos. El compromiso con los hogares acaudalados es tal, que el acuerdo se compromete una nueva bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales, algo que ya había hecho el gobierno de Moreno con anterioridad. Esto implicará reducciones de impuestos para los que hereden hasta 300.000 euros, con la justificación de facilitar el acceso a la vivienda, pero para hogares que ya son extremadamente privilegiados.

La medida de excluir de la vivienda pública a cualquier persona que haya sido condenado por delito de usurpación ya lo recogían los borradores iniciales de la ley andaluza de vivienda. Si estos artículos fueron excluidos es porque se trata de un disparate legal, que supondría castigar un delito dos veces, lo cual va en contra del ordenamiento jurídico español. Este afán punitivista se ceba y criminaliza una familia que haya tenido que ocupar una vivienda vacía para no quedarse en la calle, pero permite acceder a una vivienda pública a cualquier que haya violado, matado, realizado desfalcos públicos o cualquier otro delito, saltando del absurdo jurídico al absurdo ético.

Se trata en definitiva de una ley que apoya y busca cimentar el carácter especulativo del mercado inmobiliario, incluyendo el apoyo a la especulación con la vivienda protegida, al tiempo que ignora la contribución de cuestiones tan evidentes para la población como la vivienda turística. Una ley que busca criminalizar y castigar a los pobres y beneficiar apoyar a los ricos, que no solucionará el problema de la vivienda para las personas vulnerables y que persigue activamente acrecentar las desigualdades y la indefensión de las víctimas de un sistema de vivienda que no funciona y que va a seguir sin funcionar.

Andalucía contabiliza en lo que llevamos de 2026 un total de ocho asesinatos por violencia machista tras confirmar como tal el Ministerio de Igualdad el caso de la mujer de 61 años cuyo cadaver ha sido encontrado en la madrugada de este miércoles en una vivienda incendiada en el municipio malagueño de Mijas, presentando heridas por arma blanca. Junto a la víctima se encontraba también el cuerpo de su hija, de 30 años, con los mismos signos de violencia. Sin embargo, no ha sido confirmada como víctima de violencia de género. Con ello, la provincia malagueña registraría su cuarta víctima mortal por violencia de género en lo que va de año junto con el crimen ocurrido el pasado viernes 3 en el Rincón de la Victoria.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende en España a 28 en 2026 y a 1.369 víctimas desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje publicado en la red social X, consultada por Europa Press.

Según datos del departamento que dirige la ministra Ana Redondo, se trataría del octavo asesinato por violencia de género este 2026 en Andalucía y con ello se convertiría en la comunidad autónoma con más crímenes machistas este año. Le sigue la Comunitat Valenciana, con cinco casos; y las regiones de Madrid, Cataluña, Canarias, Navarra y Aragón, con dos respectivamente. Mientras que, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, registran uno cada una.

En cuanto a este último caso machista registrado en Mijas, ninguna de las dos mujeres constaba en el sistema Viogén. Las dos mujeres, madre e hija, cuyos cadáveres han sido encontrados en la madrugada de este miércoles en una vivienda incendiada en el municipio malagueño de Mijas, presentan heridas por arma blanca.

Los hechos han tenido lugar sobre las sobre las 02,15 horas. El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido un aviso por un piso del que salían llamas y humo en la calle Tulipán de Las Lagunas de Mijas.

De inmediato, desde la sala coordinadora se ha activado a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Así, los bomberos han confirmado al 112 que dos personas han resultado fallecidas en el incendio.

Casos previos

En cuanto a las mujeres asesinadas por violencia machista este año en Andalucía, la primera fue en Quesada (Jaén); la segunda el Olvera (Cádiz); la tercera en Alhaurín el Grande (Málaga); la cuarta en Córdoba, la quinta en Málaga, la sexta en Mairena del Aljarafe (Sevilla), la séptima en El Rincón de la Victoria (Málaga) y las octavas y novenas corresponden a este suceso.

Así, el pasado miércoles, 7 de enero, Andalucía contabilizó una mujer asesinada por violencia machista en lo que llevamos de año, tras confirmarse el caso de una mujer de 38 años en la localidad jiennense de Quesada.

El segundo caso ocurrió en la localidad gaditana de Olvera, cuando la víctima de 58 años fue asesinada por su cónyuge de 60 años. El tercer caso corresponde al de una mujer de 33 años en la localidad malacitana de Alhaurín el Grande.

El siguiente, correspondiente a Córdoba, corresponde al asesinato de una mujer a machetazos a las puertas de su casa por su expareja, mientras que el quinto atiende a un asesinato con arma de fuego a una mujer de 51 años en Málaga a manos de su pareja, de 56 años.

El penúltimo ocurría el pasado 27 de junio en Mairena del Aljarafe (Sevilla), cuando una mujer de 44 años fue asesinada por su pareja, de 44 años, mientras que el último caso corresponde al de una mujer de 35 años asesinada con signos de apuñalamiento y ahogamiento en Rincón de la Victoria (Málaga).

La Guardia Civil ha detenido a la pareja sentimental de la mujer asesinada este miércoles junto a su hija como presunto autor del crimen. Los cuerpos fueron hallados en el interior del inmueble y presentaban ambos heridas de arma blanca, después de que la vivienda fuera incendiada en la localidad malagueña de Mijas.

Así lo han informado fuentes de la benemérita, quienes han asegurado que el hombre ha sido detenido como supuesto autor de los hechos y han apuntado que la investigación continúa su curso.

Precisamente, este jueves, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha incidido en que todas las hipótesis estaban abiertas y no se descartaba, por tanto, la violencia de género en relación con este doble crimen. Ninguna de las dos mujeres constaba en el sistema Viogén.

Conmoción

Los hechos tuvieron lugar sobre las 02.15 horas del pasado miércoles. El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso por un piso del que salían llamas y humo en la calle Tulipán de Las Lagunas de Mijas.

De inmediato, desde la sala coordinadora se activó a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Así, los bomberos confirmaron al 112 que dos personas resultaron fallecidas en el incendio. Las dos mujeres, madre e hija, de unos 60 y 30 años, presentan heridas por arma blanca.

El suceso ha causado una enorme conmoción en Mijas. El teniente de alcalde, Juan José Torres Trella, ha afirmado que “estamos muy consternados” y ha explicado que “son vecinas del barrio; aquí los vecinos están bastante tristes y es complicada la situación”.

Por otro lado, ha añadido que el Ayuntamiento “está ofreciendo todos los medios psicológicos y necesarios para que cualquier vecino que se quiera poner en contacto con nosotros acuda al Consistorio y se le proporciona esa psicóloga para poder atenderle”.

La Audiencia de Málaga ha condenado a 52 años de cárcel al sacerdote F.J.C.V.. 'padre Fran', al considerar probado que agredió sexualmente a cuatro mujeres con las que tenía una relación de amistad, tras sedarlas para dejarlas inconscientes, y que también las grabó en ese estado. Además, se le impone que indemnice a cada una de las cuatro víctimas con distintas cantidades, de las cuales deberá responder subsidiariamente el Obispado de Málaga. la sentencia no es firme y puede ser recurrida.

En la sentencia, adelantada por Europa Press y a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, la Sala considera probado, tal y como señalaron la Fiscalía y las acusaciones particulares, que el acusado aprovechó “situaciones de amistad” con las víctimas, a las que había conocido en actividades religiosas, para ganarse su confianza y suministrarles una sustancia desconocida que les generaba una somnolencia tal que perdían la conciencia. Entonces, el sacerdote aprovechaba “satisfacer sus deseos sexuales, y sin que constara en ningún momento consentimiento de la víctima”.

Se le condena por tres delitos continuados de abuso sexual con penetración, con la circunstancia que agrava la pena de abuso de confianza, y se le impone 12 años de prisión por cada uno de estos delitos, además del alejamiento de estas víctimas durante 13 años en cada caso. Asimismo, se le condena por otro delito continuado de abuso sexual, también con la agravante de abuso de confianza, en relación con una cuarta víctima, por el que se le impone cuatro años de cárcel y la prohibición de acercarse durante cinco años.

También se le condena por cuatro delitos de continuados de descubrimiento y revelación de secretos y se le impone por cada uno tres años de prisión. Igualmente, en relación con los anteriores delitos, se le impone libertad vigilada por un periodo de siete años que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad.

El acusado deberá indemnizar a las víctimas por las secuelas psíquicas y morales, según la sentencia, que no es firme; en concreto en las cantidades de 94.442 euros, 101.191 euros, 106.594 euros y 100.902 euros, haciendo un total de 403.129 euros. Unas cantidades de las que subsidiariamente deberá responder el Obispado de Málaga. El primer día de juicio, los abogados del Obispado trataron de revertir todo lo actuado pidiendo a los jueces que declararan la nulidad para poder practicar diligencias que supuestamente lo exonerarían de toda responsabilidad y que, según decían, no habían podido practicar. Solo tres días antes, el Obispo José Antonio Satué había pedido perdón y prometido que el Obispado colaboraría con la indemnización incluso aunque no fuese condenado. Esto, unido a la escasa diligencia en formalizar el aval que le había requerido la Audiencia, indignó a las acusaciones.

Los magistrados concluyen que su condición de cura fue esencial para cometer sus delitos, que no se pueden “desvincular” de su condición religiosa, porque es lo que le servía para ganarse la confianza de las víctimas: “No podemos asumir tal y como pretende la Diócesis de Málaga, separar lo ocurrido de la condición sacerdotal del acusado, ni por lo tanto parcelar o delimitar en función de los actos o momentos del día o de los actos lúdicos o religiosos a los que acudía, cual era su condición o el traje personal o religioso con el que se comportaba”. Además, muchos de los delitos se cometieron en viviendas del Obispado.

La fiscal y las acusaciones ejercidas por las cuatro víctimas solicitaban 72 años de prisión y 300.000 euros de indemnización para cada una de ellas.

Las víctimas no sabían nada

La sentencia recoge la trayectoria del 'Padre Fran' desde que ingresó como interno en septiembre de 2013. En 2016 fue ordenado diácono, y un año después, presbítero. En 2017 comenzó a ejercer el sacerdocio. Primero en Álora, Ardales y Carratraca (Málaga) y desde 2021 en Melilla. En todos esos años entabló múltiples relaciones de amistad durante actividades religiosas de convivencia o en romerías. Fue en ese “círculo de feligresía” como conoció a sus víctimas, que participaban de viajes con él y que en ocasiones dormían en viviendas a las que él les invitaba, alguna privativa y otras del Obispado en Málaga, Ardales o Melilla.

La sentencia considera probado que, aprovechando esa confianza, las drogaba con una sustancia desconocida, pero que adquiría porque era consumidor habitual de drogas, y una vez dormidas, las colocaba en diversas posturas y les realizaba tocamientos vaginales y anales, en ocasiones penetrándolas con los dedos o el pene, sacando fotografías o vídeos. “Tan manifiesta es la pérdida de conciencia, la nula capacidad intelectiva o cognitiva de entender lo que les estaba ocurriendo, que necesariamente hemos de concluir que ese estado había sido necesariamente inducido por el propio acusado”, recoge la sentencia.

Ninguna supo nada hasta muchos años después. En 2023, la Policía las llamó después de haber accedido a cientos de fotografías y vídeos que documentaban esos abusos, grabados por el propio 'Padre Fran', que había clasificado los archivos en carpetas con el nombre de sus víctimas. El shock para ellas fue absoluto, porque no recordaban nada.

Los archivos los había entregado la exnovia del 'Padre Fran', que mantenía una relación secreta con él. Los descubrió por casualidad buscando series en un disco duro externo que guardaba en un cajón del mueble del salón de su casa de Melilla, cuando él estaba de visita en Málaga por la Navidad de 2022.

Sin quiebra de la cadena de custodia

Tras informarle a él de su descubrimiento, ponerlo en conocimiento de un compañero de 'Padre Fran' y del vicario e intentar sin éxito hablar con el Obispo de Málaga, la mujer acabó mostrando el material a un Inspector de la Policía Nacional en Melilla seis meses después, en junio de 2023. El Policía se llevó parte de esos archivos en un dispositivo USB, y dio cuenta a la unidad especializada, que intervino el dispositivo poco después. La operación 'Pájaro Espino', que llevó a la detención del párroco, se desarrolló dos meses después, en septiembre, fecha desde la que permanecía en prisión provisional. Para entonces, 'Padre Fran' había regresado a Álora, donde el Obispado le había asignado la parroquía después de sacarlo de Melilla.

Sobre el juicio que ahora recibe sentencia pesaban dos cuestiones clave: la primera, las dudas sobre la obtención y la posterior cadena de custodia de la principal prueba de cargo, que son las fotos y vídeos donde se ve a las víctimas, en algún vídeo la cara del sacerdote y su pene, identificado por los peritos. Esos archivos fueron copiados por su expareja, que aportó la copia a los investigadores. Peritos informáticos ratificaron que eran auténticos y confirmaron la fecha y la ubicación en que se habían registrado. Los jueces no tienen ninguna duda de la admisibilidad de la prueba y subrayan que ella accedía a la vivienda del cura, de la que tenía la llave, y que el disco duro no estaba oculto. Tampoco ven quiebra en la cadena de custodia hasta que llegó el material a poder de la Unidad especializada de la Policía, ni después, ni hay duda alguna de que el material no fue alterado. Resulta “grotesco”, dicen los jueces, que el acusado pretendiera reconocerse a sí mismo, pero no los hechos que protagoniza en alguno de los vídeos que se le mostró durante el juicio.

Otra cuestión que sobrevolaba el caso era el grado de conocimiento que tuvieron otros miembros de la Iglesia y, particularmente, el Obispo de Málaga entonces, Rafael Catalá, y si había indicios suficientes para acusar a alguien por encubrimiento. No se dio el caso, porque esa vía quedó cegada ya en fase de instrucción, porque la jueza no vio suficiente material. Un sacerdote, el vicario y una amiga escucharon el relato de la denunciante, pero ella nunca les mostró el material y ellos no la creyeron. Y el Obispo, que no llegó a recibir a la denunciante, reubicó al cura y lo mandó a un retiro espiritual, pero supuestamente por su relación de pareja, no por sus delitos.

Con todo, los magistrados critican la “inactividad” de la Iglesia ante lo que iba sabiendo: “Ya no sólo tenían conocimiento de lo inadecuado del comportamiento del acusado [en referencia a comportamientos impropios en despedidas de soltero], sino de la forma más específica de la existencia de una relación sentimental con la denunciante, y que ella refería cuanto menos de forma creíble haber visto videos o fotografías de contenido sexual”.

Los magistrados observan que la denunciante informó primero a la Iglesia, y bastante más tarde a la Policía, “de una forma un tanto incomprensible”, pues eran ellos quienes podían investigar los hechos, con “diligencia, rapidez y racionalidad”. “Quizás, la vinculación que la misma mantenía con la Iglesia, o la existencia de un conflicto personal en relación con sus sentimientos religiosos y/o afectivos empujaran a la misma a obrar en la forma indicada, que si bien ciertamente resulta difícilmente defendible”, señalan.

Las dos mujeres, madre e hija de unos 60 y 30 años, cuyos cadáveres han sido encontrados en la madrugada de este miércoles en una vivienda incendiada en el barrio de Las Lagunas del municipio malagueño de Mijas, presentan varias heridas por arma blanca. La Guardia Civil continúa con una investigación sobre la que no se descarta ninguna hipótesis, aunque con el punto de partida de que quien mató a las mujeres quemó después la casa.

Así lo han confirmado fuentes del instituto armado, que han precisado, que, no obstante, las causas de la muerte se determinarán una vez se realice la autopsia en el Instituto de Medicina Legal (IML), donde los cuerpos han sido trasladados.

Otras fuentes consultadas han explicado a Europa Press que ninguna de las dos mujeres, de unos 60 y 30 años, constaba en el sistema Viogén. No obstante, la investigación continúa abierta para esclarecer lo sucedido, por lo que no se descarta ninguna hipótesis, incluida, la violencia de género.

Los hechos han tenido lugar sobre las sobre las 02,15 horas. El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido un aviso por un piso del que salían llamas y humo en la calle Tulipán de Las Lagunas de Mijas. De inmediato, desde la sala coordinadora se ha activado a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Así, los bomberos han confirmado al 112 que dos personas han resultado fallecidas en el incendio.

“Consternación” en Mijas

El suceso ha causado una enorme conmoción en Mijas. El teniente de alcalde, Juan José Torres Trella, ha afirmado que “estamos muy consternados” y ha explicado que “son vecinas del barrio; aquí los vecinos están bastante tristes y es complicada la situación”.

Por otro lado, ha añadido que el Ayuntamiento “está ofreciendo todos los medios psicológicos y necesarios para que cualquier vecino que se quiera poner en contacto con nosotros acuda al Consistorio y se le proporciona esa psicóloga para poder atenderle”.

Hasta 19 cursos gratuitos en materias de máxima actualidad y que se impartirán a partir de septiembre, con 855 plazas disponibles. La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha abierto el plazo de inscripción para participar en estos cursos gratuitos especializados en Inteligencia Artificial (IA) y Big Data, Realidad Virtual y Aumentada e Internet de las Cosas (IoT) y Smart Cities, que están dirigidos a personas que quieran reforzar su capacitación en áreas formativas que cuentan en la actualidad con una “gran demanda profesional”.

En conjunto, el programa pone a disposición de los interesados 855 plazas, distribuidas entre las distintas provincias andaluzas (Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Linares, Jerez de la Frontera, Málaga y Sevilla). La oferta incluye siete acciones formativas en Programación en Realidad Virtual y Aumentada, seis de Programación en IA y Big Data y seis de Programación de soluciones IoT y Smart Cities, informa la Junta en un comunicado.

Toda la información relativa al calendario, los contenidos, los requisitos de acceso y el procedimiento de matriculación puede consultarse en el portal web www.formacionen5g.es, así como en la Oficina Virtual de Formación Profesional para el Empleo, dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Sin experiencia técnica previa

Los itinerarios se imparten en grupos de 45 participantes y se estructuran en 150 horas lectivas que se desarrollan a lo largo de ocho semanas. El modelo pedagógico es mayoritariamente telemático, ya que el 80% de las materias se cursa en línea, y se complementa con un 20% de sesiones presenciales de acompañamiento, concebidas para el trabajo práctico sobre los contenidos y el desarrollo de proyectos. Los cursos están destinados preferentemente a personas en situación de desempleo, si bien un 30% de las plazas no cubiertas pueden ser ocupadas por profesionales en activo que deseen actualizar o ampliar su cualificación en el ámbito digital.

Igualmente, no se exige experiencia técnica previa, pero sí acreditar una titulación mínima (Bachillerato, ciclo formativo de grado medio o superior, certificado de profesionalidad de nivel 3, título universitario o equivalente). Una vez superada la formación, cada participante obtiene un diploma acreditativo expedido por la consejería.

Esta iniciativa, impulsada con la colaboración de Vodafone e Integra Conocimiento, aproxima a los participantes a aquellas competencias y herramientas digitales emergentes clave para reforzar su posición ante un mercado de trabajo en constante evolución, en el que la formación permanente se ha consolidado como un factor “decisivo” de empleabilidad.

En busca del talento tecnológico

La ampliación de esta oferta formativa llega en un contexto de creciente demanda de talento tecnológico en el mercado laboral. Según el informe Desajuste de talento 2026, elaborado por ManpowerGroup, el 78% de las empresas tecnológicas españolas reconoce dificultades para cubrir sus vacantes por la escasez de profesionales cualificados.

La IA concentra buena parte de ese desajuste: las competencias más difíciles de encontrar están vinculadas a la alfabetización y el uso de herramientas basadas en IA (34%) y el desarrollo de modelos y aplicaciones de IA (33%), según el citado estudio. Por su parte, la patronal tecnológica DigitalES cifra en torno a 120.000 las vacantes tecnológicas aún sin cubrir en el conjunto del país.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 11.597 personas en junio en Andalucía en relación al mes anterior (-2,12%) hasta los 536.523 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La comunidad lidera así la caída del paro a nivel nacional por tercer mes consecutivo.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de junio desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en junio la mayoría de veces en Andalucía (22 veces) mientras que ha subido en nueve ocasiones.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 62.367 parados, lo que supone un 10,41% menos.

Por sectores, el paro bajó en todos excepto en agricultura, con 13 más. Así, los descensos estuvieron encabezadoa por Servicios, 9.303 menos; seguido de Sin Empleo Anterior, 904 menos; Industria, 810 menos y finalmente Construcción, con 593 menos.

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (371.823), Sin empleo anterior (61.529), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (29.399), Industria (29.012) y Construcción (44.760).

En cuanto a sexos, de los 536.523 desempleados registrados en mayo, 330.441 fueron mujeres, 7.249 menos y 206.082 hombres, lo que supone un descenso de 4.348 en el número de desempleados respecto al mes anterior.

En junio, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 1.644 parados menos que a cierre del pasado mes, mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 9.953 desempleados.

El paro bajó en todas las provincias, siendo Cádiz donde hubo una mayor caída (-3.933); seguida de Málaga (-3.123); Sevilla (-1.835); Almería (-813); Córdoba (-671); Jaén (-617); Granada (-602) y Huelva (-3).

En junio se registraron 306.504 contratos en Andalucía, un 9,88% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 119.134 fueron contratos indefinidos y 187.370 contratos temporales.

En un planeta cada vez más resentido por las consecuencias del cambio climático, las compañías que no usan ningún tipo de producto químico o contaminante durante sus cadenas de producción son minoría. Desde Ecovalia, asociación profesional española de la producción ecológica, tratan que empresas y consumidores apuesten por productos totalmente orgánicos.

Según el último informe anual de Ecovalia, Andalucía es la comunidad autónoma con más superficie ecológica de España, con casi millón y medio de hectáreas, lo que supone un 49,3% del total. En materia de ganadería ecológica, la comunidad andaluza también lidera el ranking español, teniendo más de la mitad de la actividad ganadera del país. 

Respecto a la actividad industrial, Andalucía tiene el 30% de la industria sostenible española, y se estipula que hay unas 263 empresas ecológicas cada mil kilómetros. Pese a liderar la producción ecológica, los andaluces, con 62 euros al año, se encuentran lejos de ser los que más gastan en productos orgánicos, situándose en décimo lugar.  

Salinas el Alemán 

Un ejemplo de producción ecológica lo encontramos en el pueblo costero de Isla Cristina (Huelva), donde la familia Limón produce sal marina, flor de sal y escamas de sal de forma artesanal. Además, las Salinas el Alemán cuentan con un lago de magnesio y un fango salino, ambos “beneficiosos para la salud”, afirma Estefanía Limón, responsable del área de turismo y relaciones públicas.

Estas salinas con 70 años de historia son una herencia familiar de su abuelo a su madre, que aprendió la profesión y la enseñó a Sabina y sus dos hermanos, Alejandro y Estefanía. Aquí obtienen la sal del agua proveniente de las marismas, “recogemos el agua del caño a través de una compuerta y pasa a las diferentes balsas, donde se va calentando el agua de forma progresiva con el sol para aumentar su salinidad. La primera balsa es de retención, la segunda es el calentador, después el serpentín y por último el agua entra en la nave, donde se extrae la sal y se pone al sol para que se seque”, explica Estefanía. 

La sal de la que disponen depende de forma directa del mar, por lo que no tienen una producción anual fija. Para su venta emplean “un envase de cartón con un plástico interior que lo protege de la humedad de la sal, dejándola en perfectas condiciones”, lo que hace que el producto esté en su forma más virgen posible. Además, emplean parte de los recursos obtenidos para realizar productos cosméticos. 

Marsh Food

Próximo a estas salinas encontramos la huerta de Manolo Díaz, también en la localidad onubense de Isla Cristina. En su pequeña parcela, Manolo cultiva salicornia, una planta halófita conocida coloquialmente como “espárrago de mar”. Esta planta, normalmente denostada e ignorada, tiene un uso culinario, medicinal (en la prevención del ictus) y como filtro natural del nitrato de fósforo en el agua proveniente de la acuicultura.

Pionero en el cultivo de salicornia en España, Manolo descubrió la utilidad de esta planta en 2004, cuando era guía turístico, gracias a una mujer francesa que le comentó su uso culinario. Posteriormente, en 2013, estuvo un año estudiando las poblaciones locales de salicornia y la marisma, y en 2015, según explica el propio Manolo, estuvo “recolectando semillas de la marisma durante un año y conseguí 600 gramos, cuando la legislación lo permitía”. Dos años después, en la azotea de su casa, hizo su primer ensayo en tierra. 

Al no hacer una siembra directa de la salicornia, realiza una plantación previa en un vivero, y cuando tiene un tamaño adecuado, en unos tres meses aproximados, la pasa al terreno. “A la planta le afectan mucho las condiciones ambientales, la agricultura no es una ciencia exacta, entonces el tiempo de cultivo es muy variable”, afirma Manolo. Por otro lado, cuando su uso es para estudios universitarios emplea un cultivo de hidroponía.

Bodegas y Viñedos Garay

La pasión por el vino de Mario Garay y Ana González hizo que en 2008 decidieran comprar un pequeño viñedo en La Palma del Condado (Huelva). De una forma completamente ecológica, Mario y Ana son los que realizan todo el proceso, desde la recogida de la uva, hasta el embotellamiento y posterior venta del vino. 

La denominación de ecológico la obtienen porque no emplean ningún tipo de químico que adultere el vino, ni tan siquiera para el cultivo de la uva. Para obtener las diferentes variantes de licores que quieren hacen un trabajo de campo previo, lo que les permite saber que “si quiero un vino fresco, vendimio un poco antes, que lo quiero más contundente, vendimio un poco después”, explica Mario, que tiene la certeza de que “con una uva sana tienes el 90% del trabajo hecho”.

El tipo de uva que usan es la zalema, que según explica Mario, “tenemos la suerte de tenerla solo en Huelva y un poquito de Sevilla”. La versatilidad de esta uva les permite hacer desde un vino blanco espumoso, hasta una crianza oxidativa “que recuerda a un oloroso típico andaluz”. Sin embargo, también usan otras uvas autóctonas de la zona como la colombard o la listan del condado.

El Alcázar de Jerez ha acogido este jueves el encuentro “Capitalidad Gastronómica de Jerez: unidos por la sostenibilidad y el compromiso con la hostelería”, una jornada impulsada por Coca-Cola Europacific Partners junto a ECODES, Hostelería de España y la Junta de Andalucía para abordar el papel del sector hostelero en la lucha contra el cambio climático.

La cita se enmarca en los actos de la Capitalidad Gastronómica de la ciudad, un reconocimiento que refuerza el posicionamiento de Jerez como destino gastronómico y turístico, pero también como escenario de debate sobre el futuro de la hostelería en un contexto de transición ecológica.

El objetivo del encuentro ha sido doble: por un lado, reforzar el vínculo entre gastronomía, producto de proximidad y sostenibilidad; por otro, analizar las herramientas disponibles para reducir emisiones y mejorar la eficiencia energética en bares y restaurantes, un sector que, por su capilaridad, concentra tanto un alto impacto económico como un potencial significativo de transformación.

Durante la jornada se han celebrado tres mesas de debate en las que han participado representantes institucionales, organizaciones del sector, expertos en sostenibilidad y empresas.

En la primera de ellas, centrada en la respuesta institucional al reto climático, la jefa de la Oficina Andaluza de Cambio Climático, Inmaculada Tola, defendió el papel de la huella de carbono como herramienta clave para medir y transformar el impacto ambiental de la hostelería.

Tola recordó que el turismo es uno de los sectores más relevantes de la economía andaluza, pero también uno de los más expuestos a los efectos del cambio climático. “La huella de carbono no es más que un indicador que permite cuantificar las emisiones”, explicó, subrayando que su principal utilidad es que “lo que no se mide no se puede mejorar”.

A partir de esa medición, añadió, es posible identificar oportunidades de ahorro energético y económico, especialmente en consumos vinculados a climatización, iluminación o combustibles. En su intervención insistió en que la sostenibilidad debe entenderse como una herramienta de competitividad: “No es una moda ni un requisito administrativo, es una forma de mejorar la gestión de los negocios”.

Desde la administración autonómica se destacó también la necesidad de integrar herramientas técnicas con registros oficiales y avanzar en la visibilización de los establecimientos que ya están midiendo su huella de carbono, además de abrir nuevas líneas de trabajo en compensación de emisiones y formación.

Ahorro económico

En el plano municipal, el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez, Jaime Espinar, defendió la necesidad de implicar al sector privado en las políticas climáticas locales. Recordó que la ciudad partía de indicadores por debajo de la media andaluza y nacional en reciclaje, lo que obligó a rediseñar la estrategia ambiental.

“Nosotros solos no podemos”, afirmó, subrayando que la hostelería es “una verdadera industria que genera riqueza en la ciudad” y que su papel es clave en cualquier estrategia de sostenibilidad. Espinar insistió en que la transición ecológica debe combinar exigencia con acompañamiento: “Si pedimos a los hosteleros que reciclen más o consuman menos recursos, tenemos que darles medios para hacerlo”.

En este sentido, destacó la puesta en marcha del primer Plan de Acción por el Clima de la ciudad y la implantación de un sistema de recogida puerta a puerta de residuos orgánicos en el sector hostelero, además de medidas específicas para grandes eventos como la Feria del Caballo o la Zambomba, donde la gestión de residuos supone un desafío añadido.

Según los datos aportados por el edil, estas políticas ya han permitido a Jerez situarse en la media andaluza en materia de reciclaje, tras años por debajo de los indicadores regionales.

Desde el ámbito de la sostenibilidad aplicada al negocio, el director de Clima y Mercado de ECODES, Pablo Barrenechea, puso el acento en la necesidad de abandonar las medidas aisladas y avanzar hacia estrategias planificadas.

A su juicio, la hostelería no necesita acciones puntuales, sino “planes y estrategias que permitan ser más eficientes”. Barrenechea advirtió además de que buena parte del debate sobre cambio climático está condicionado por desinformación o percepciones no basadas en datos.

Frente a ello, defendió ejemplos concretos de ahorro económico vinculados a la eficiencia energética. Citó el caso de la sustitución de un congelador o la implantación de iluminación LED como medidas que pueden amortizarse en pocos años y reducir significativamente tanto el consumo como las emisiones.

“El cambio climático es también una cuestión de cuenta de resultados”, resumió, defendiendo que la sostenibilidad, lejos de ser un coste añadido, puede convertirse en una ventaja competitiva directa para los negocios.

Implicación del sector

En la segunda mesa, centrada en la hostelería como motor de la Capital Gastronómica, representantes del sector destacaron el papel de bares y restaurantes como embajadores del territorio, la cultura culinaria y los productos de proximidad.

El presidente de la Asociación de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, señaló que el sector ha incorporado progresivamente la sostenibilidad a su gestión habitual. “No es una moda, es una oportunidad”, afirmó, subrayando la importancia de la colaboración entre administraciones, empresas y asociaciones para acelerar el cambio.

El encuentro concluyó con una tercera mesa en la que se expusieron modelos de éxito ya en marcha en establecimientos andaluces, con medidas orientadas a la reducción del impacto ambiental y la mejora de la eficiencia energética.

Según los datos de Hostelería #PorElClima, Andalucía cerró 2025 con 2.932 establecimientos adheridos, un 38,7% más que el año anterior, lo que refleja el crecimiento de la implicación del sector en la transición ecológica.

La jornada se cerró con un mensaje compartido: la sostenibilidad en la hostelería ya no se plantea como una meta futura, sino como un proceso en marcha en el que la eficiencia, la rentabilidad y el compromiso ambiental empiezan a caminar en la misma dirección.

Augustin Marie Ndour no habla de él mismo sino del colectivo. Afincado en Granada y nacido en Senegal en 1969, este activista, que llegó a ser el primer candidato negro a la presidencia del Gobierno en España en los comicios de 2019, es hoy un hombre feliz porque su lucha ha servido para abrir camino. No en vano, es uno de los impulsores de la iniciativa legislativa popular (ILP) de 2024 que ha permitido ahora que el Gobierno de PSOE y Sumar, a través de un real decreto, impulsase una regularización extraordinaria que acaba este 30 de junio y que es un “éxito colectivo”, en palabras del propio Ndour.

Lo es porque durante mucho tiempo pareció imposible que España volviese a iniciar un procedimiento administrativo de este calado -la última fue en 2005 durante el Gobierno de Zapatero-. Con un creciente auge de la extrema derecha, el viraje del debate hacia posiciones xenófobas y aporofóbicas pareció guardar en un cajón la ILP que tanto había costado impulsar y que hasta el Partido Popular llegó a decir que apoyaría en su tramitación parlamentaria. “Fue frustrante. Una montaña rusa. Por momentos creíamos que no se produciría la regularización”, admite Augustin.

Ndour reconoce que hubo momentos en los que llegó a desesperarse al comprobar cómo la iniciativa quedaba atrapada entre los intereses de los partidos. “Sabíamos que era buena para el conjunto de la sociedad, pero muchas veces los intereses partidistas estaban por encima del interés común”, lamenta. Durante meses mantuvieron reuniones con representantes del PSOE, del PP y del resto de grupos parlamentarios para tratar de desbloquear una medida que parecía condenada a permanecer en un cajón. “Lo pasé mal porque uno piensa que quienes están en política están para mejorar la vida de la gente”, admite.

Un trabajo de años

Antes incluso de que la iniciativa legislativa popular llegase al Congreso, Ndour tenía claro que era el momento de intentarlo. “O era ahora o nunca”, recuerda. Temía que un cambio de ciclo político cerrase durante años cualquier posibilidad de sacar adelante una medida de este tipo. Fue entonces cuando llamó a Jorge Serrano, coordinador del Partido por un Mundo Más Justo, formación en la que milita desde hace años, y le planteó una idea que llevaba tiempo rondándole la cabeza. “Le dije que si no hacíamos algo, me encadenaba a los leones del Congreso”, rememora entre risas. Aquella conversación fue el punto de partida de una ILP que, con el respaldo de entidades como Regularización Ya!, la Fundación para la Ciudadanía Global, REDES, Fundación porCausa y decenas de organizaciones sociales, logró reunir más de medio millón de firmas para llegar a la Cámara Baja.

“Cada organización jugó un papel fundamental. Éramos entidades muy distintas, con formas diferentes de entender muchas cosas, pero todos teníamos claro que aquí lo importante no eran los protagonismos, sino que esto saliera adelante”, insiste. Por eso rechaza cualquier intento de atribuirle el éxito en solitario. “Ha sido una victoria de la sociedad civil. Hay muchísima gente detrás que ha trabajado de manera extraordinaria durante años”.

El trabajo, sin embargo, no terminó cuando el Gobierno aprobó el real decreto que abrió el proceso de regularización extraordinaria. Durante los tres meses de plazo, las organizaciones han tenido que volver a movilizarse para intentar que ninguna persona quedase fuera por trabas burocráticas. Una de las principales dificultades fue la obtención del certificado de vulnerabilidad, un requisito que en algunos municipios se convirtió, según denuncia, en un auténtico cuello de botella.

Esa implicación práctica ha marcado también los últimos meses de su trabajo. Más allá de la reivindicación política, Ndour ha pasado buena parte de este tiempo atendiendo llamadas de personas que apuraban los plazos, resolviendo dudas sobre la documentación o intentando encontrar soluciones para quienes se encontraban con obstáculos administrativos. Para intentar salvarlos, la Fundación para la Ciudadanía Global desarrolló una aplicación que permitía tramitar ese certificado de forma telemática, verificando la identidad, la geolocalización y la situación de vulnerabilidad de cada solicitante mediante documentación y una grabación en vídeo. “Lo que más me preocupaba era que muchísimos hermanos se quedaran fuera por cuestiones administrativas. Intuimos que van a pasar muchos años hasta que vuelva a existir una oportunidad como esta”, explica.

Una convicción personal

Esa preocupación tiene mucho de biográfica. Ndour sabe perfectamente qué significa vivir pendiente de un plazo o de un documento. Llegó a Europa desde Senegal, pasó por Portugal y terminó instalándose en España justo cuando concluía el último gran proceso extraordinario de regularización. No consiguió acogerse a él y tuvo que buscar otras vías para obtener la documentación. “Ahora me llaman muchos chavales diciendo que todavía no les ha llegado el certificado de antecedentes penales o que les falta algún papel. Recuerdo perfectamente esa angustia porque yo también la viví”, afirma.

Su historia personal es, en buena medida, el origen de su activismo. Recién llegado a España sufrió un accidente de moto mientras trabajaba sin documentación. Acabó hospitalizado, con las piernas rotas, sin apenas hablar español y sin conocer a nadie. Aquella experiencia le llevó a acercarse a la Pastoral de Migraciones y comenzar una labor de acompañamiento que, más de dos décadas después, sigue desarrollando. “Después de haber pasado por todo aquello y ver que, veinte años después, sigue habiendo personas viviendo exactamente lo mismo, pensé que no podía quedarme de brazos cruzados”.

Aquella experiencia le permitió comprobar cómo la irregularidad administrativa se convierte en una forma de vulnerabilidad permanente. Recuerda, por ejemplo, que el empresario para el que trabajaba cuando sufrió el accidente apenas permaneció tres minutos en el hospital. “Entró, me preguntó cómo estaba y enseguida me pidió las llaves del trabajo porque no quería que aquello sirviera como prueba de que yo estaba trabajando sin papeles. Se marchó y no volvió”, relata. Para él, esa escena resume la indefensión de miles de personas que, por miedo a perder el empleo o ser expulsadas, aceptan condiciones laborales que nunca asumirían si tuvieran una situación administrativa regular.

Salir de “la cárcel”

La irregularidad administrativa, insiste, no solo impide acceder a un empleo estable. Condiciona toda la vida. “Es como estar en una cárcel y que, de repente, te digan que puedes salir”, resume. Haber trabajado sin papeles en los invernaderos de Almería o aceptar empleos precarios le permitió comprobar, dice, que quien vive en esa situación apenas puede reclamar derechos laborales básicos. “Si tienes 40 de fiebre, vas a trabajar porque sabes que, si no, te sustituyen por otra persona. Cuando te regularizas empiezas a cotizar, claro, pero también puedes exigir tus derechos, coger una baja, tener vacaciones o negarte a determinados abusos”.

Por eso sostiene que la regularización extraordinaria no debe entenderse como un punto final, sino como el inicio de un camino. “La primera integración es la integración jurídica. Sin papeles no podemos hablar de integración económica ni social porque no tienes acceso a casi nada”, defiende. Aunque celebra el proceso que ahora concluye, Ndour considera que España todavía tiene pendiente una reforma profunda de la Ley de Extranjería. Aun así, cree que la movilización social ha demostrado que es posible cambiar las cosas. “Cuando empezamos hablábamos de unas 500.000 personas en situación irregular. Ahora las estimaciones hablan de hasta 900.000, incluso cerca de un millón. Un Estado no puede permitirse tener a tanta gente viviendo en un limbo jurídico”, sostiene.

Esa es también la razón por la que rechaza el discurso que presenta las regularizaciones como un privilegio. A su juicio, lo que hacen es sacar a la luz una realidad que ya existe. “No hablamos de personas que van a venir mañana. Hablamos de personas que ya viven aquí, que trabajan, que alquilan habitaciones, que consumen y que forman parte de nuestra sociedad, aunque el Estado no las reconozca jurídicamente”, sostiene.

Lejos de dar por terminada la lucha, el activista senegalés cree que la principal victoria de estos años trasciende incluso a la propia regularización. “La sociedad civil vuelve a tener la confianza de que, cuando se organiza y se moviliza, puede conseguir cambios importantes”. Una convicción que, para él, vale casi tanto como el real decreto que este 30 de junio pone fin a uno de los procesos de regularización más importantes de las últimas décadas.

De hecho, hay cierta ironía en que quien hace más de veinte años no llegó a tiempo para acogerse a una regularización extraordinaria haya terminado dedicando buena parte de su vida a impulsar otra que puede beneficiar a cerca de un millón de personas. Ndour sonríe cuando se le recuerda esa coincidencia, pero vuelve enseguida a su idea de siempre: “No es la historia de una persona. Es la historia de muchísima gente que decidió que esto merecía la pena”.

El día en que a Mariana Pineda le arrebataron la vida por garrote vil cuando apenas tenía 26 años, no solo estaban cercenando una vida, sino mandando un mensaje de disciplinamiento. La granadina, que fue asesinada durante el reinado absolutista de Fernando VII por haber sido presuntamente hallada bordando una bandera en favor de la libertad, continuó siendo víctima de su propia valentía incluso después de su muerte. Ahora, casi dos siglos después, su figura no solo va recuperando su relevancia, sino que parte de su legado renace con la puesta a la venta por parte de unos propietarios privados de documentos que formaron parte de su archivo.

La librería Astarloa, ubicada en Bilbao, vende por 40.000 euros parte del archivo que Mariana Pineda pudo recopilar en vida. Un archivo que tiene un valor mucho más elevado que el monetario porque entre las piezas se encuentra una carta: el único manuscrito completo que se conserva de la propia Mariana. Pero más allá de ello, lo que dice también esta herencia física es que todo cuanto se trató de borrar de la joven granadina, asesinada el 26 de mayo de 1831, nunca fue suficiente para acabar con el rastro de una mujer tan importante y pionera. Una feminista cuando el feminismo ni siquiera se contemplaba como palabra.

Según explican fuentes de la negociación, la Junta de Andalucía es la administración pública que está negociando la compra de un legado que lleva más de dos años en venta y cuya recuperación permitiría al público y a la cultura general tener en su poder los retazos que construyen el recuerdo de una Mariana Pineda cercenada en su vida, pero también en su propia biografía. De ella sabe como pocas personas Antonina Rodrigo, la escritora granadina que ha dedicado más de 25 años en estudiar quién fue y qué no supimos suficiente sobre Mariana.

Hablamos con ella para valorar la importancia del legado y para partir de un supuesto desconocido: se trató de borrarla tanto tanto, que incluso se le hurtó el “de” que anticipaba su apellido Pineda y que denota que no procedía de un estrato social bajo, lo que eleva la importancia de su figura y de su propia reivindicación política.

Rodrigo, que siente un agradecimiento vital a Mariana por haber abierto camino para muchas mujeres como ella, llegó a adquirir en su momento la llave de la celda en la que Pineda pasó sus últimas horas de vida. “Esa llave es simbólica no solo por la puerta que cerraba, sino porque esa puerta fue a la que Mariana miraba y a través de la que escuchaba su sueño de volver a ver a sus hijos”. Porque parte del borrado histórico de la granadina pasa porque no todo el mundo sabe que tuvo descendientes y que, seguramente hoy, siga teniendo familia incluso en Granada capital.

Un archivo que sobrevivió al intento de borrar a Mariana

La propia Antonina Rodrigo reconoce que cuando conoció la existencia del archivo sintió una mezcla de sorpresa y alivio. “Estuve casi 25 años investigando y no encontré nunca una carta o un documento personal de Mariana”, explica la escritora a elDiario.es Andalucía. Por eso considera que el fondo que ahora se encuentra a la venta tiene un valor que trasciende cualquier cifra económica. “Eso es un tesoro para nosotros”, explica.

La importancia del legado no reside únicamente en la carta manuscrita de Mariana, sino en el conjunto documental que la acompaña. Según explica Iker, propietario de la librería Astarloa, el archivo está compuesto en gran medida por documentación relativa a los hijos de la granadina, un aspecto sobre el que apenas han sobrevivido testimonios documentales. “Es un archivo del entorno familiar de Mariana Pineda; sobre todo está compuesto por bastante documentación relativa a su hijo”, señala.

Entre todas las piezas destaca precisamente esa carta escrita y firmada por la propia Mariana, que, tras el estudio realizado por los especialistas de la librería, constituye “el documento manuscrito suyo más extenso que se conserva en la actualidad”. Hasta ahora, explica el librero, únicamente se conocían algunas firmas en documentos oficiales y una carta incompleta conservada en Granada.

La aparición de este fondo ayuda también a comprender hasta qué punto la memoria material de Mariana Pineda fue deliberadamente desmantelada tras su ejecución. Rodrigo recuerda que, una vez condenada a muerte, las autoridades irrumpieron en su vivienda y se llevaron prácticamente todas sus pertenencias. “Entraron en su casa y lo arramblaron con todo”, explica. Aquel saqueo, unido al paso del tiempo, convirtió en excepcional cualquier documento original relacionado con la joven liberal.

Quizá por eso la historiadora insiste en que el archivo no puede acabar nuevamente oculto en una colección privada. “La Junta de Andalucía está casi obligada”, afirma. No habla únicamente de una compra patrimonial, sino de una responsabilidad con la memoria colectiva. “Que todo eso esté a disposición de los historiadores y del mundo entero”, reclama. Incluso reconoce que, si hubiera podido permitírselo, ella misma habría adquirido el fondo. “Si yo tuviera 40.000 euros lo compraba”, asegura entre risas.

Paradójicamente, el archivo no acaba de aparecer. Lleva más de dos años buscando comprador sin éxito. Según explica Iker, durante ese tiempo fue ofrecido a distintas administraciones públicas, aunque ninguna mostró interés por adquirirlo. La situación cambió hace apenas unas semanas, cuando el Archivo Histórico Provincial de Granada, dependiente de la Junta de Andalucía, contactó con la librería para solicitar toda la documentación técnica sobre el legado. Desde entonces, la venta permanece paralizada mientras la Administración estudia la operación.

“La pieza está reservada”, explica el librero. El procedimiento, añade, será largo. Primero deberá completarse la valoración técnica del fondo, posteriormente determinar su interés patrimonial, encontrar la correspondiente partida presupuestaria y, finalmente, negociar la adquisición. “Como toda relación con la administración, los procesos son bastante lentos. Llevará meses seguramente”, resume. Astarloa está acostumbrada a este tipo de operaciones. Entre sus principales clientes figuran el Ministerio de Cultura y distintas bibliotecas y archivos públicos autonómicos y provinciales, por lo que el proceso, aunque lento, entra dentro de la normalidad en el mercado del patrimonio documental.

Una oportunidad para reparar parte de la historia

La posible adquisición del archivo llega en un momento en el que la figura de Mariana Pineda ha recuperado parte del reconocimiento institucional y ciudadano que le fue negado durante décadas. Durante el franquismo su nombre desapareció de colegios, homenajes y espacios públicos por representar precisamente aquello que el régimen combatía: la defensa de las libertades y los ideales constitucionales.

Para Rodrigo, sin embargo, todavía queda mucho por recuperar. “Mariana es una figura extraordinaria, no solamente para España, sino para el mundo”, sostiene. La escritora la define como “una de las primeras feministas”, una mujer que defendió la libertad en una época en la que ni siquiera existía un movimiento organizado que reclamara la igualdad entre hombres y mujeres. “Es una persona de estos días nuestros”, resume.

Esa es precisamente la trascendencia del archivo. No solo permitiría conservar el manuscrito más importante que se conoce de Mariana Pineda, sino reconstruir parte de una biografía que durante casi dos siglos permaneció incompleta por la desaparición de buena parte de sus documentos personales. Un legado que sobrevivió a registros, saqueos, al olvido y al paso del tiempo, y cuya incorporación al patrimonio público supondría recuperar una parte de la historia de Andalucía que estuvo a punto de desaparecer para siempre.

Pese a la insistencia de elDiario.es Andalucía por conocer el estado de las negociaciones, la Consejería de Cultura ha preferido no realizar declaraciones sobre la operación, aunque fuentes oficiales sí confirman que se ha preguntado por el lote que está en venta. En todo caso, el desenlace de las negociaciones determinará si uno de los hallazgos documentales más relevantes en torno a Mariana Pineda pasa a formar parte del patrimonio público o continúa en manos privadas.

La escritora canadiense Margaret Atwood ha advertido este lunes sobre el aumento de la censura en países como Estados Unidos, considerado “un faro de libertad” durante la Guerra Fría, y ha asegurado que nunca en la era moderna se habían prohibido tantos libros como ahora en las bibliotecas y escuelas. Así lo ha manifestado la autora de novelas como 'El cuento de la criada' en su discurso tras ser investida doctora 'honoris causa' por la Universidad de Granada (UGR), un acto en el que ha criticado que algunos partidos políticos reivindiquen la libertad de expresión cuando se encuentran en la oposición, pero, una vez alcanzado el poder, promuevan restricciones y ejerzan presión sobre los medios de comunicación.

Atwood ha afirmado que los profesores de humanidades están “sitiados” en las universidades norteamericanas, donde sus materias están siendo tachadas como “no esenciales” en una época caracterizada por el rápido cambio tecnológico y la innovación científica.

La escritora, que ha defendido el papel de las humanidades, ha subrayado que es precisamente esta área del conocimiento la que enseña a las personas a pensar, a crear y a comprender a los demás, especialmente “a quienes son diferentes a uno mismo”.

Según ha sostenido, es fundamental que los individuos conserven la capacidad de cuestionar sus propias certezas: “Una sociedad que ya no puede pensar con claridad y que ya no puede cuestionar sus propias suposiciones se dirige hacia el precipicio”, ha aseverado en su discurso en el Hospital Real de Granada.

La también autora de 'Los testamentos' ha recordado que el régimen retratado por George Orwell en su novela '1984' persigue consolidar su poder eliminando del lenguaje cualquier palabra que permita a la gente pensar y tener una opinión crítica.

En esa línea se ha preguntado si la inteligencia artificial desempeñará un papel similar a esa “policía del pensamiento” de Orwell: “¿Será capaz la IA de lograrlo? Averigüémoslo”, ha expresado.

Atwood ha enmarcado esta situación de las humanidades y el pensamiento en un contexto internacional que ha definido como una “tormenta perfecta” de crisis simultáneas, como la económica, las guerras de Ucrania, Gaza e Irán, y la degradación del medioambiente.

En este sentido ha compartido su preocupación por la extinción de especies, el deterioro de los ecosistemas y la destrucción de hábitats animales, vegetales y humanos: “Necesitamos oxígeno para respirar, y si destruimos la vida de los océanos, se acabará”, ha subrayado.

A estos desafíos ha añadido las dificultades económicas, como el aumento de los precios y la pérdida de empleos, además del endeudamiento público y el riesgo de hambrunas, factores que, como ha recordado, precedieron históricamente a episodios de gran inestabilidad como la Revolución Francesa.

Pese a este escenario, Atwood ha considerado que España se encuentra en una posición “relativamente favorable” y ha destacado que cuenta con una rica historia y una notable diversidad cultural, por lo que no ha considerado probable que se convierta en una dictadura totalitaria en un futuro próximo.

Además, ha planteado incluso la posibilidad de que, si el contexto internacional se vuelve “más sombrío”, España se podría convertir en un “santuario para la preservación de la alfabetización y el saber”: “No es algo descabellado”, ha expresado. Por su parte, el rector de la UGR, Pedro Mercado, ha destacado los valores de Margaret Atwood y su defensa de los derechos humanos.

Así, ha señalado que su nombramiento como doctora 'honoris causa' representa la convergencia entre una trayectoria “excepcional” y una institución que desde 1531 se ha comprometido con el conocimiento, la libertad y su responsabilidad con la sociedad.

El megaproyecto para levantar una fastuosa terminal en el Puerto de Motril que meta de lleno a la capital de la Costa Tropical en la gran liga mediterránea del turismo de cruceros ha quedado varado a medio camino. Hace dos años la multinacional ITM logró hacerse con el derecho a construir una gran infraestructura privada de 60.000 metros cuadrados, levantando una considerable polvareda tanto en el Puerto (porque afectaba a concesiones vigentes) como en la capital granadina, por el presumible impacto de abrir un “puerto base” para 20.000 cruceristas diarios a una hora de La Alhambra.

Fuentes portuarias dan ya por muerto el proceso para poner los terrenos a disposición de ITM, a través de su filial MDT Port: 60.000 metros cuadrados del Puerto de Motril concedidos en trámite de competencia de proyectos en agosto de 2024, sin que se presentara nadie más. La promotora ha desistido, y ahora el Puerto motrileño apunta a una dimensión mucho menor: poco menos de 2.500 metros cuadrados. El de Motril es uno de los ocho puertos andaluces de interés general, por lo que dependen orgánicamente del Puertos del Estado, que no ha respondido a las preguntas de este medio.

Aunque el Puerto niega que sea la primera etapa de un proceso que sirva para llegar al proyecto inicial por fases, otras fuentes consultadas por este medio explican que, a partir de esa pequeña parcela, podría ir escalando luego hasta algo más parecido a la idea original. Según la respuesta del Puerto a este medio, la empresa puede solicitar nuevas concesiones, pero la ampliación hacia espacios colindantes es inviable “a corto plazo”.

Expansión en Europa y gran proyecto en Motril

ITM, que opera varios puertos en el Caribe, está en plena expansión por el sur de España, y ha puesto sus ojos en Cádiz, Motril y Melilla. Su negocio está en convertir el destino en resorts capaces de sumar a la operativa puramente portuaria los servicios de hospitality, comerciales y el desarrollo inmobiliario. Su plan para Motril consistía en invertir 30 millones de euros en una nueva terminal de cruceros “tematizada”, un “pueblito andaluz” con capacidad para recibir 350.000 al año, una cifra que multiplicaría por seis los que recibe actualmente. La concesión del espacio portuario estaba prevista para 50 años, ampliables a 75.

ITM superó el trámite de competencia de proyectos (anunciado en BOE) sin oposición en agosto de 2024 y las autoridades del Puerto empezaron a anunciarlo en medios con entusiasmo, al ver en la idea una oportunidad extraordinaria para garantizar ingresos y sumarse a la tendencia de otros tantos en el Mediterráneo español: integrar el puerto en la ciudad, orillando actividades típicamente portuarias en favor del tráfico de turistas y las actividades comerciales y de restauración. El Presidente del Puerto, José García Fuentes, llegó a anunciar que las obras se iniciarían en 2026.

Sin embargo, la idea topó con varios inconvenientes: el primero, el presumible efecto que podría tener un aumento de los flujos turísticos en Granada y, particularmente, en La Alhambra, ya muy saturada. El pasado 25 de mayo Martina Velarde, diputada de Podemos, preguntó por escrito al Ministerio de Transportes si iba a paralizar cautelarmente el proyecto, alertando de la presión turística que ya sufren barrios como el Albaicín, los límites de La Alhambra y el riesgo de hipotecar el “futuro turístico, patrimonial y urbano” de la ciudad nazarí con una concesión de este calado a 50 años.

En el Puerto, sin embargo, creen que partir casi de cero permite gestionar con tino el flujo de cruceristas, y subrayan que la propia infraestructura portuaria allí, a bastante distancia de la ciudad, aleja el riesgo de saturación que sí se percibe en Málaga, Cádiz o Málaga. Trabajan con la Universidad de Granada en un estudio sobre la sostenibilidad y siguen creyendo que no hay riesgo, tampoco para La Alhambra, porque la temporada alta de cruceros es temporada baja en el destino, y estos cruceristas se repartirían entre la capital nazarí, la Costa Tropical, el Valle de Lecrín, Las Alpujarras o incluso Almería.

Otro problema añadido, este de tpo legal, es que había optado por un trámite de competencia de proyectos, a pesar de que la Ley de Puertos obliga a convocar un concurso para la concesión de terminales de pasajeros.

A ello se sumó un caso de posible conflicto de intereses. La encargada de la expansión europea de ITM, y por tanto el desembarco en Motril, era hermana del exdirector director del Puerto, cargo del que dimitió alegando “motivos personales” dos meses antes de que se presentara el proyecto. Pasó entonces a ocupar la dirección de negocio del organismo. En enero, dos meses después de que este medio desvelara su relación familiar, Francisco José González-Méndez se desvinculó de la Autoridad Portuaria tras veinte años en la institución, la mitad de ellos como director. Una renuncia sin apenas precedentes en el sistema portuario español. El Puerto enmarca su renuncia en razones de su “esfera personal”, pero fuentes portuarias explican que se trató de un despido pactado con origen en la polémica y otros conflictos abiertos. También su hermana se desvinculó de ITM.  

A todas estas dudas se sumaban las cuestiones estrictamente operativas: al menos uno de los concesionarios de graneles debía abandonar su concesión para hacer hueco a los cruceros, y se negó. La negociación para indemnizarlo y/o procurarle un espacio alternativo no fructificaron. Esto puso la puntilla.

Nuevo proyecto que evita la competencia

A la renuncia al proyecto de 60.000 metros cuadrados, que la Autoridad Portuaria defendió públicamente hasta el pasado febrero, le ha seguido la casi inmediata solicitud de apertura de un proyecto parecido, pero miniaturizado.

El BOE del pasado 3 de junio anunció que MDT Port ha solicitado concesión demanial para ocupar 2.494,55 metros cuadrados en el muelle de graneles para construir “una infraestructura para la prestación de servicios turísticos y comerciales” a cruceristas.

Ni la superficie ni la terminología parecen casuales. La superficie solicitada, 24 veces inferior a la inicial, tiene la ventaja para el concesionario de evitar la competencia. El artículo 83 de la Ley de Puertos del Estado habilita a las autoridades portuarias para el “otorgamiento directo” cuando la superficie a ocupar por la concesión sea inferior a 2.500 metros. La solicitud en este caso es cinco metros cuadrados inferior. Además, al llamarlo “infraestructura” se sortea la denominación “terminal”, esquivando así la obligación de sacar a concurso las terminales de pasajeros prevista por el artículo 86.

La responsable corporativa de ITM no ha respondido a la solicitud formulada por este medio. Por su parte, la Autoridad Portuaria asegura que es un “nuevo proyecto” sin relación con el anterior, pero aclara que la empresa puede solicitar en el futuro nuevas concesiones en “otras zonas del puerto”. Respecto a la ampliación a parcelas colindantes, estaría descartada “a corto plazo”. y estaría condicionada a que vayan extinguiéndose las concesiones de graneles aún vigentes.

En la idea original, el desembarco de pasajeros de cruceros es sólo el primer paso de una experiencia completa de ocio en una especie de parque temático de inspiración andalusí, que sirva a la vez de centro de recepción comercial y de servicios, y de lanzadera hacia otros destinos en el entorno. Sin embargo, el faseamiento de una gran terminal de cruceros levantada sobre la suma de pequeñas parcelas concedidas por otorgamiento directo levanta dudas legales, pues estaría sorteando la obligación de que las terminales se adjudiquen por concurso.

Hay algo que me ronda desde hace tiempo cada vez que veo una actuación drag atravesada por referencias a la cultura y el imaginario que nos rodea a les andaluces: la sensación de estar viendo algo nuevo y, al mismo tiempo, algo que ya conocía. Una peineta, una mantilla, una bata de cola o un lip sync de una copla son solo la superficie. Es la forma de entender el escenario, el humor, el cuerpo o el exceso lo que me resulta familiar.

Quizás por eso me cuesta ver el drag en Andalucía como una simple importación cultural llegada de otros lugares. A veces da la impresión de que ciertas narrativas lo sitúan como una expresión heredera casi exclusivamente de referentes anglosajones o de escenas urbanas concretas. Pero cuanto más pienso en ello, más difícil me resulta sostener esa idea.

Andalucía no ha sido históricamente un espacio drag, y sus expresiones culturales tampoco pueden leerse sin más como tal. Pero muchas de ellas comparten con el drag ciertos mecanismos, como el artificio, la exageración, o la posibilidad de convertirse temporalmente en otra cosa. Basta con pensar en el Carnaval de Cádiz, un espacio de inversión simbólica donde el disfraz permite decir lo que no puede decirse en otros contextos y donde la sátira funciona como crítica social. O en la copla, donde las emociones rara vez aparecen contenidas, sino llevadas al extremo y teatralizadas. Incluso la religiosidad popular convive con una estética donde la emoción, la teatralidad y la ornamentación ocupan un lugar central.

A estas expresiones populares se les ha negado legitimidad por ser consideradas excesivas o poco sofisticadas. Algo parecido ha ocurrido históricamente con expresiones queer como el drag. Los procesos son distintos, pero la raíz es la misma: las jerarquías culturales que desvalorizan lo emocional, lo popular y lo no normativo.

Hay cierta tendencia a otorgar más valor cultural a aquello que parece contenido, discreto o distante que a aquello que desborda emoción. En el caso andaluz, esto se ha traducido muchas veces en lecturas que reducen determinadas expresiones culturales a la exageración, el exceso o el adorno. Una simplificación construida históricamente desde fuera que, en muchos casos, también terminamos interiorizando desde dentro.

No resulta extraño que artistas drag encuentren refugio e inspiración en la copla, la Semana Santa, el humor popular o el exceso barroco. Ya que estas formas culturales comparten con el drag mecanismos como la transformación, la exageración o la posibilidad de habitar temporalmente otros lugares y otras identidades

Sin embargo, algo está cambiando. Lo andaluz ha pasado de ser un estigma a convertirse en una estética. Lo vemos en la presencia cada vez más frecuente de imaginarios andaluces en campañas de moda y publicidad, en las ferias convertidas en contenido para redes sociales o incluso en ciertos usos del acento andaluz que hoy suenan atractivos cuando durante años fueron motivo de corrección constante. Pero esta revalorización rara vez viene acompañada de contexto. En muchas ocasiones las imágenes y los símbolos aparecen desligados de las experiencias y las historias que les dieron sentido.

Y ahí surge la gran contradicción. Mientras determinados elementos culturales andaluces ganan visibilidad, algunos de los espacios donde nacieron y se construyeron cambian su forma de existir. Las ferias dejan de entenderse como espacios festivos locales para convertirse en imaginarios exportables, como fue el intento de organizar Madrilucía. La Semana Santa se consume como producto visual desligado de su tejido comunitario, aumentando su privatización. Y los centros históricos se transforman en escenarios turísticos, produciéndose una pérdida progresiva de la vida vecinal.

Lo que se pierde en ese proceso de consumo masivo es precisamente lo que hace interesantes a las fiestas populares andaluzas: su carácter de comunidad y performativo. En ellas se actúa, se representa, se exagera, se negocian identidades y se suspenden temporalmente ciertas normas sociales. Y esto es lo que les permite que sean, también, territorio de disidencia. Por ejemplo, en los últimos dos años, La Peña Travesti ha organizado eventos en la caseta La Marimorena durante la Feria de Abril de Sevilla, apropiándose de uno de los escenarios más reconocibles del imaginario festivo andaluz para convertirlo en un espacio de celebración, visibilidad y comunidad. Una demostración de que nuestra cultura nunca fue tan ajena a lo queer como a veces se ha querido hacer ver.

Por eso no resulta extraño que artistas drag encuentren refugio e inspiración en la copla, la Semana Santa, el humor popular o el exceso barroco. Ya que estas formas culturales comparten con el drag mecanismos como la transformación, la exageración o la posibilidad de habitar temporalmente otros lugares y otras identidades.

Artistas que vuelven a mirar hacia las tradiciones y lo popular para preguntarse qué puede hacerse con ello hoy: reivindicar lo kitsch, mezclar música urbana con memoria popular, dialogar con el archivo cultural propio. Es un proceso de reapropiación, de recuperar y releer materiales culturales que durante mucho tiempo parecían pertenecer a otros relatos y abrirlos con nuevos códigos

Esa conexión se vuelve especialmente interesante en Andalucía porque aquí las identidades nunca han sido tan estables. Muchos de los elementos que asociamos con lo andaluz han cambiado de significado constantemente dependiendo de quién los mira y desde dónde lo hace. Nuestra historia cultural está llena de símbolos que pasaron de ser cotidianos a convertirse en estereotipos.

Desde hace más de una década hay toda una generación reconstruyendo nuestra identidad cultural desde antes de que fuera rentable y se volviera algoritmo. Artistas que vuelven a mirar hacia las tradiciones y lo popular para preguntarse qué puede hacerse con ello hoy: reivindicar lo kitsch, mezclar música urbana con memoria popular, dialogar con el archivo cultural propio. Es un proceso de reapropiación, de recuperar y releer materiales culturales que durante mucho tiempo parecían pertenecer a otros relatos y abrirlos con nuevos códigos.

Quizás por eso muchas propuestas drag andaluzas resultan tan reconocibles incluso cuando parecen completamente nuevas. Cuando mezclan imaginarios religiosos con estética popular, juegan con referentes folclóricos o toman símbolos tradicionalmente rígidos, hay en ellas ecos del barroquismo andaluz, del humor popular y de ciertas formas de teatralidad cotidiana que, al aparecer en escena, generan reconocimiento antes que extrañeza.

Esta mirada hacia atrás no empieza ahora. Ocaña lo hizo décadas antes desde ese mismo lugar, tomando los materiales de la cultura popular andaluza y reorganizándolos desde un cuerpo que desbordaba lo normativo. Lo que está pasando ahora tiene ese eco. Quizás Andalucía siempre fue un poco drag. Y quizás la escena actual no sea tanto una novedad como una forma de, por fin, visibilizarlo.

La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno este 15 de abril de 2026 llegó, por fin, cuando casi se la había dejado de esperar. Al menos, ese ha sido el sentir general de las personas migrantes desregularizadas que viven en chabolas en los campos de invernaderos de Almería. Aquí la tierra fue testigo en el año 2020/2021 de la esperanza y la lucha con la que los habitantes de los poblados de chabolas se autoorganizaron y salieron a las calles de San Isidro de Níjar para pedir mejores condiciones de vida y de trabajo. “Mi vida son mis papeles” es y ha sido siempre el grito más escuchado en un lugar donde gritar alto no es nada fácil.

En ese tiempo, con motivo de la pandemia de la Covid-19, la sociedad española se hizo consciente de manera fulminante de que había trabajos y trabajadores realmente esenciales, de los que no pueden faltar porque sin ellos se desmorona todo el castillo. Curiosamente, trabajos y trabajadores esenciales con unas condiciones laborales indignas e injustas. Las trabajadoras del hogar y los cuidados lo venían peleando desde antes, pero en el 2020/2021 se sumaron a través del reclamo de la 'RegularizaciónYa' los trabajadores del campo, organizando marchas y haciendo asambleas de trabajo en algunos asentamientos clave de la provincia, como el ya derribado por el Ayuntamiento de Níjar, asentamiento de Walili y el combativo asentamiento de Atochares. Sin embargo, “la vuelta a la normalidad” volvió a dejar en segundo plano esta demanda.

Las personas migrantes trabajadoras del campo del mar de plásticos en Almería sostienen la alimentación de varios millones de personas en España y en Europa. Sin ellos no habría en nuestras cocinas ni tomates, ni pepinos, ni pimientos, ni calabacines, ni berenjenas, ni sandías, entre otras frutas y hortalizas. La temporada 2024/2025 se cerró con unas exportaciones de más de 2,5 millones de toneladas y unos ingresos que rondaron los 4 mil millones de euros, un crecimiento elevado, que se espera sea superado en esta campaña 2025/2026. Pero esa riqueza no se ve cuando hablamos de los lugares desde los que se exporta. Sin ir más lejos, El Ejido, el municipio con más tierra invernada de España, es el que menos renta media al año tiene.

Como la Ley de Extranjería en España obliga a permanecer “sin papeles” por lo menos durante dos años para, precisamente, poder obtenerlos, quienes se tienen que ganar la vida para sobrevivir aceptan estos trabajos como condición de posibilidad de su progreso vital

Todos los trabajadores que hay en los invernaderos de Almería son, sin excepción, personas migrantes. En su mayoría originarias del Norte de África, el Sahel o America Latina. Esto se debe a una confluencia de motivos, principalmente, a que se requieren trabajadores muy precarizados para poder sostener una industria terriblemente competitiva y depredadora, una industria donde se ajustan los precios en toda la cadena de producción de forma sangrante y el trabajador, última pieza de ese engranaje, asume el coste de ello en sus carnes.

Los trabajadores migrantes no precarizan ningún trabajo, como afirman los dirigentes de la ultraderecha y la extrema derecha española. Son simplemente el perfil idóneo para cubrir ese hueco necesario en la agroindustria. A diferencia de otros sectores como la hostelería o la construcción, donde también hay precariedad laboral pero se han aumentado las inspecciones laborales, en la agricultura intensiva bajo plásticos aún es habitual tener trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social, trabajadores, por tanto, que pueden estar sin permiso de trabajo, plenamente expuestos a abusos laborales, explotación laboral o incluso trata con fines de explotación laboral.

Como la Ley de Extranjería en España obliga a permanecer “sin papeles” por lo menos durante dos años para, precisamente, poder obtenerlos, quienes se tienen que ganar la vida para sobrevivir aceptan estos trabajos como condición de posibilidad de su progreso vital.

A ello se suma que como el contrato laboral es un requisito necesario para la tramitación del permiso de residencia y trabajo por la vía de los arraigos, los empresarios del campo hacen buen negocio con la desregularización sistémica que establece la Ley de Extranjería, pues venden esos contratos a los trabajadores migrantes a un alto precio (dependiendo del momento pueden rondar entre los 4000 y los 6000 euros), como también se venden los empadronamientos y otros documentos. Digamos, por tanto, que la Ley de Extranjería fomenta per se el negocio ilícito de la falsedad documental y produce también una mano de obra explotable hasta la esclavitud, muy rentable para la economía agrícola en Almería, en Huelva y en otros territorios como Murcia, Jaén o Lleida.

La saturación, en general en la tramitación, ha sido una imagen con la que desde ciertas instancias se ha tratado de desdibujar una lucha por la justicia social que ha hecho historia en nuestro país

La regularización extraordinaria está siendo un paso fundamental, por tanto, para que muchas personas en el campo puedan escapar de esa trampa estructural de las fronteras internas o fronteras burocráticas que las atrapan durante años y las someten vital y económicamente. En el informe Frontera Sur 2025, APDHA constató que en el año 2022 había un déficit de 16.300 trabajadores del campo ocultos en comparación con los datos de altas del INE, calculando por lo bajo. Hoy sabemos que al menos 32.600 personas en la provincia han solicitado regularizar su situación administrativa, de las que estamos seguros que una amplia parte serán personas trabajadoras del campo.

Llegar hasta esa cifra no ha sido una tarea fácil. Esta regularización ha tenido algunos condicionantes, como la obtención de un certificado de vulnerabilidad por parte de entidades públicas o privadas habilitadas para ello, que ha generado gran nerviosismo en los inicios del proceso. Un informe tan exento de contenido como de sentido y significado. Unos plazos de presentación muy limitado que no han llegado ni a los tres meses, dejando fuera del proceso a personas que por su especial vulnerabilidad no han tenido acceso a un abogado ni conocimiento de ninguna entidad colaboradora en la zona. La saturación, en general en la tramitación, ha sido una imagen con la que desde ciertas instancias se ha tratado de desdibujar una lucha por la justicia social que ha hecho historia en nuestro país. Una lucha de la calle, de los movimientos de personas racializadas, que constituye un hito democrático inigualable en nuestro presente contra la deriva fascista de la Europa que no sabe quién es porque no se acuerda de su historia.

Un pollo de vencejo en mitad de la acera, una tortuga cruzando la carretera o un erizo aturdido junto a la piscina: en verano se multiplican los encuentros con fauna silvestre en apuros. No es casualidad: si sumamos que estos meses coinciden con la época de cría de incontables especies (sobre todo aves que intentan sus primeros vuelos) y que las vacaciones hacen que pasemos mucho más tiempo en la calle (y en entornos naturales), las posibilidades de encontrarnos frente a un animal que parece necesitar nuestra ayuda se multiplican

Según los datos de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs), el 51,94% de todos los animales que atienden ingresan en los meses de julio y agosto. La mayoría de estos ingresos se producen a raíz de causas naturales (caídas del nido, agotamiento por el calor, enfermedades…), aunque otro porcentaje importante es a causa de colisiones (con vehículos, tendidos eléctricos, alambradas…) y del agotamiento y la desnutrición. Quien avisa, en la mayoría de las ocasiones, es un ciudadano de a pie: los particulares protagonizan el 69,23% de los avisos y entregas de animales heridos a estos centros.

La buena noticia es que la intervención funciona: en 2025 se logró recuperar y devolver al medio natural al 53,92% de los animales ingresados vivos en los CREAs andaluces, una cifra ligeramente superior a la media nacional, que ronda el 50%. Ese margen de éxito depende en buena medida de que quien encuentra al animal actúe con la calma y el criterio adecuados desde el primer momento.

Antes de tocar, observa bien

Lo primero, aunque parezca obvio, es confirmar que el animal realmente necesita ayuda. Si hay sangrado, una fractura visible o si el animal muestra un estado de debilidad extrema que le impide moverse, la necesidad de actuación es obvia. Pero cuando se trata de un presunto abandono, sobre todo en el caso de polluelos (pero también con algunos mamíferos como cervatillos), conviene pararse a pensar: es muy habitual que los progenitores estén cerca, vigilándolos desde una distancia prudente mientras comienzan a descubrir el mundo por sí mismos y bajando a alimentarlos regularmente. En este caso, nuestra “ayuda” puede convertirse en un secuestro innecesario que casi siempre terminará en tragedia, dado lo extremadamente complejo que resulta criar a un ave silvestre en cautividad sin conocimientos especializados.

Hay una excepción clara a tener en cuenta: especies como el vencejo o el murciélago no pueden levantar el vuelo desde el suelo, así que si encontramos un ejemplar en esa situación sí necesita nuestra intervención (que en algunos caso será solo colocarlos en un árbol cercano). En el resto de casos de posible abandono, lo más sensato es comprobar si los padres siguen cerca y, si es así, trasladar al polluelo a un lugar seguro próximo, algo elevado, con sombra y fuera del alcance de gatos u otros depredadores, dejando que la naturaleza siga su curso.

Además, es necesario recordar que nuestra seguridad y la de quienes nos rodean es prioritaria: si acercarse al animal supone un riesgo para nosotros o para quienes nos rodean, lo correcto es avisar a las autoridades y no intervenir directamente. Aquí importa mucho el contexto: no es lo mismo un animal en una autovía con tráfico intenso (donde nos limitaremos a dar aviso) que en una calle poco transitada, donde podremos pararnos y guiarlo fuera de la calzada.

Qué hacer si de verdad el animal necesita ayuda

Cuando el animal está claramente herido, el primer paso es llamar al 112 indicando la ubicación exacta, la especie (si la conocemos), el estado del ejemplar y si quien llama tiene o no experiencia previa en este tipo de situaciones. Ellos son los encargados de avisar al CREA correspondiente y a los Agentes Medioambientales, que coordinarán la recogida. El tiempo de respuesta varía según la especie y en ocasiones se nos pedirá que seamos nosotros mismos quienes traslademos al animal al centro. Si el hallazgo ocurre entre semana, una opción más rápida puede ser localizar el teléfono del CREA más cercano y preguntar directamente si se puede hacer la entrega en persona.

Mientras el animal esté bajo nuestra custodia, debemos limitar el contacto directo al mínimo imprescindible para evitar estresar al animal y que éste se haga daño a sí mismo o a nosotros (muchas especies pueden defenderse con dientes, garras o picos y además pueden portar parásitos o transmitir enfermedades).

Lo ideal es usar cajas, guantes, mantas o cualquier otro elemento que nos permita manipularlos con seguridad. No conviene aplicar desinfectantes ni intentar curar heridas por nuestra cuenta: lo esencial es mantenerlo en un lugar tranquilo, sin manipulación innecesaria y, si es una especie pequeña, en un lugar cálido o cerca de una fuente suave de calor (sobre todo en la noche).

Tampoco hay que darle pan, leche ni pienso para mascotas: solo se debe ofrecer agua o alimento si conocemos bien las necesidades de esa especie o si expertos nos lo han indicado expresamente, algo que puede ser útil de cara al fin de semana, cuando el traslado al centro puede demorarse más.

Al final, todo se resume en una idea sencilla: observar antes de actuar, minimizar el contacto y confiar cuanto antes en manos profesionales. Recuerda que la mejor atención que puede recibir un animal herido siempre será llegar lo antes posible a manos de profesionales especializados y que cada aviso bien gestionado permitirá ese pollo de vencejo, esa tortuga despistada o ese cernícalo con el ala rota tengan una oportunidad real de volver al medio natural.

(Y recuerda que la gran mayoría de estos consejos también son válidos si encontramos un animal de compañía, aunque en estos casos lo ideal es contactar con la asociación protectora de animales más cercana al lugar donde fue encontrado. Ellos te darán las pautas que correspondan).

Este año, Amnistía Internacional se moviliza bajo el lema Orgullo de Ser: una reivindicación del derecho a existir, amar, expresarse y vivir sin miedo, sin que eso dependa del país en el que naces, de la ciudad o pueblo en el que vives o de cuánto encajes en la normatividad.

Por eso este Orgullo pone nombre y rostro a tres luchas distintas, pero conectadas por una misma raíz.

En Argentina, Sofía Castro sigue reclamando verdad y justicia tras sobrevivir al triple lesbicidio cometido el 6 de mayo de 2024 en Buenos Aires. Aquella noche, un vecino lanzó un explosivo casero contra la habitación donde dormían Pamela Cobas, Roxana Figueroa, Andrea Amarante y la propia Sofía. Pamela, Roxana y Andrea murieron. Sofía sobrevivió para contarlo ocurrido y para exigir que la justicia reconozca que aquel horror estuvo motivado por el odio.

En Hungría, Géza Buzás-Hábel representa otra forma de resistencia: la de quienes defienden el derecho a reivindicar el Orgullo en un país donde el gobierno ha convertido los derechos LGTBI en objetivo político. Organizar, acompañar o sostener espacios de visibilidad se transforma allí en un acto de valentía frente a leyes y discursos que buscan expulsar a las personas LGTBI de la vida pública.

En Marruecos, Betty Lachgar, activista feminista y defensora de los derechos humanos, encarna el coste que aún puede tener defender públicamente derechos y libertades fundamentales: hoy está en prisión. Su caso recuerda que, en demasiados lugares, expresar una idea o defender una causa puede acabar ante los tribunales.

Tres países. Tres contextos. Tres historias diferentes.

En Argentina, el odio mató. En Hungría, reivindicar la libertad afectivo-sexual puede convertirse en riesgo. En Marruecos, expresarse puede costar la cárcel. Y en Andalucía, aunque el marco legal sea distinto, la memoria y el presente nos obligan a mirar de frente

Pero una misma advertencia: los derechos no avanzan solos ni están protegidos por igual en todas partes. En algunos lugares son reconocidos formalmente, pero atacados en la práctica. En otros, ni siquiera cuentan con una protección suficiente. Y en demasiados, quienes los defienden siguen pagando un precio personal, judicial o social.

En Argentina, el odio mató. En Hungría, reivindicar la libertad afectivo-sexual puede convertirse en riesgo. En Marruecos, expresarse puede costar la cárcel. Y en Andalucía, aunque el marco legal sea distinto, la memoria y el presente nos obligan a mirar de frente.

Andalucía también tiene memoria

Podría resultar cómodo pensar que estas historias pertenecen a otros lugares. Que son realidades lejanas.Que aquí ya hemos pasado página.

Pero Andalucía sabe bien lo que significa que el Estado convierta la diferencia en condena.

No hace tanto tiempo, en Huelva, existió una cárcel destinada a castigar a quienes se apartaban de la norma sexual y de género impuesta. La antigua prisión provincial, situada en el barrio de Isla Chica, funcionó como espacio de represión durante el franquismo y la transición. Bajo el amparo de la Ley de Vagosy Maleantes y de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, aprobada en 1970, muchas personas fueron detenidas por su orientación sexual o identidad de género.

La homosexualidad no dejó de ser perseguida legalmente hasta 1979. Hasta entonces, no se castigaba a las personas por lo que habían hecho. Se las castigaba por quienes eran.

La antigua cárcel de Huelva no es solo un edificio ni una referencia incómoda de nuestra memoria democrática. Es una advertencia. Recuerda que los derechos que hoy consideramos evidentes fueron, durante décadas, en esta tierra, negados por la ley, por las instituciones y por una sociedad que aprendió a mirar la diversidad como amenaza.

Una sociedad no es plenamente igualitaria solo porque reconozca derechos en sus leyes. Lo es cuando esos derechos pueden ejercerse sin miedo

Por eso la memoria importa. Porque cuando olvidamos cómo se conquistaron los derechos, corremos el riesgo de asumir que siempre estuvieron ahí.

Y no estuvieron. Hubo personas perseguidas, humilladas, encarceladas, silenciadas y asesinadas para que hoy otras puedan vivir con más libertad.

Las leyes importan, pero no bastan

Andalucía y España han avanzado mucho desde entonces. La aprobación del matrimonio igualitario, las leyes de igualdad y las normas de protección de los derechos a la diversidad afectivo-sexual han situado al país entre los referentes internacionales en materia de reconocimiento legal. En Andalucía, como en el conjunto del Estado, existen derechos que hace apenas unas décadas parecían imposibles.

Pero la historia de los derechos humanos demuestra una realidad incómoda: el reconocimiento jurídico es imprescindible, aunque nunca suficiente.

Una ley puede abrir una puerta. Pero no impide que alguien tengamiedo al cruzarla. Una ley puede reconocer derechos. Pero no siempre garantiza que esos derechos se ejerzan sin insultos, amenazas, agresiones o asesinatos.

Y Andalucía ofrece demasiados ejemplos recientes como para permitirnos la complacencia.

En mayo de 2026, cuatro jóvenes denunciaron una agresión homófoba durante la romería de San Isidro en Maro, en la provincia de Málaga. En febrero de ese mismo año, se conoció en El Ejido, Almería, el caso de una banda que utilizaba aplicaciones de citas para localizar, agredir y robar a jóvenes homosexuales.

En junio de 2025, un joven denunció una agresión homófoba en Jaén tras participar en actividades relacionadas con el Orgullo. Un año antes, en Almería, un matrimonio denunció haber sido víctima de una agresión homófoba durante la noche de San Juan. También en 2024, en Sevilla, se denunció otra agresión en pleno centro de la ciudad.

No son todos los casos. Probablemente ni siquiera son la mayoría.

Una sociedad no es plenamente igualitaria solo porque reconozca derechos en sus leyes. Lo es cuando esos derechos pueden ejercerse sin miedo.

No es cosa del pasado

A vecesse habla de derechos como si fueranuna conquista cerrada.Como si la historia avanzarasiempre en línea recta. Como si cada generación heredara más libertad que la anterior sin posibilidad de retroceso.

Pero los derechos no funcionan así. Los derechos se conquistan, se ejercen y se defienden.

También se erosionan. Se debilitan cuando los discursosde odio se normalizan o se presentan como simples opiniones. Se vacían cuando la igualdad se retrata como un privilegio o una amenaza. Se ponen en riesgo cuando quienes discriminan se sienten legitimados por el clima político, mediático o social.

La cárcel de Huelva demuestra que la persecución institucional no pertenece a una historia tan lejana. Sofía Castro nos recuerda que el odio puede matar. Géza Buzás-Hábel evidencia que el derecho a la visibilidad puede ser restringido. Betty Lachgar muestra que la libertad de expresión sigue siendo frágil cuando desafía el orden impuesto. Y las agresiones recientes en Andalucía confirman que la violencia LGTBIfóbica no es una sombra del pasado, sino una realidad que camina por nuestras calles.

Orgullo de Ser, también desde Andalucía

El Orgullo nació como una respuesta a la persecución. No nació solo como una celebración ni como una moda. Nació como una afirmación de dignidad frentea quienes querían imponer vergüenza y miedo.

Por eso Orgullo de Ser significa mucho más que visibilidad. Significa decir que ninguna persona debería esconderse para estar a salvo. Que ninguna pareja debería medir dónde puede darse la mano. Que ninguna joven debería calcularsi su forma de vestirla expone. Que ninguna persona trans debería justificar su existencia ante cada institución o ante cada mirada que convierte su vida en interrogatorio. Que nadie debería agradecer como privilegio lo que le corresponde como derecho.

Desde Andalucía, ese mensaje tiene una fuerza especial. Porque aquí también hubo persecución. Aquí también hubo cárceles. Aquí también hubo silencio. Y aquí también sigue habiendo agresiones, insultos y miedo.

Pero también hay memoria, activismo, redes de apoyo y una historia de dignidad que no puede borrarse. La justicia no es un privilegio reservado a quienes encajan en la norma.

Es un derecho.

Y mientras haya personas obligadas a esconderse, justificarse o vivir con miedo, el Orgullo seguirá siendo necesario: este mes de junio y todos los meses del año, en Andalucía, en sus pueblos y en cualquier lugar del mundo.

El incendio en el paraje de El Alamillo, en Grazalema (Cádiz), se ha dado por estabilizado en la mañana de este martes. “Ya no hay llamas”, ha anunciado el consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que ha rebajado el nivel de la situación operativa del plan de emergencia a cero. Esto significa que la población que había sido evacuada puede volver. Además, implica también la apertura de instalaciones, como puede ser el Hotel Fuerte, donde se desalojó a 60 personas, así como la recuperación parcial de carreteras de acceso que fueron cortadas.

Según ha explicado Sanz en declaraciones a los periodistas, tras sobrevolar en la mañana de este martes la zona y mantener la reunión del Comité de Operaciones se ha comprobado que la evolución del incendio “ha sido muy favorable”, de hecho “no hay llamas en estos momentos, exclusivamente puntos calientes y la actuación de los medios aéreos se está circunscribiendo prácticamente a hacer de escoba, una labor de microcirugía ya de atender a puntos calientes que se puedan reavivar”.

En este sentido, ha explicado que “aunque el viento no va a ser protagonista, las altas temperaturas puede hacer que esos puntos calientes humeen, pero la gran actuación del dispositivo Infoca ha logrado que en este momento, tras lo vivido este lunes con un incendio muy complejo, ya no haya llamas, lo que lógicamente lleva a una situación de seguridad, tranquilidad y toma de decisiones como dar por estabilizado este incendio, se supera la fase de peligro, la fase más compleja”.

El consejero ha explicado que el dispositivo Infoca va a permanecer actuando hasta su control y hasta su definitiva extinción, que puede durar varios días, pero el incendio se da por estabilizado“.

El incendio obligó ayer al desalojo preventivo de un centenar de personas, unas 60 alojadas en el hotel, y a la movilización de 15 medios aéreos y 120 efectivos terrestres.

Un operativo de la Guardia Civil, dependiente de la Comandancia de Sevilla, realiza registros en el área de Diputación de Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María (PP), diputado provincial de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico y vicepresidente cuarto de la Institución Provincial.

En un comunicado, el portavoz del Gobierno provincial de la Diputación, Juancho Ortiz, ha explicado que miembros de la Guardia Civil procedentes de Sevilla se han personado en dependencias de la Institución Provincial, gobernada por el PP, ubicadas en el Edificio Roma para solicitar información sobre algunos expedientes de contratos de patrocinio en el marco de una investigación en curso.

Asimismo, ha asegurado que en todo momento el personal que desarrolla su trabajo en dicha sede ha prestado su “máxima colaboración”, así como la Institución, facilitando el acceso a toda la información del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico que han solicitado.

El operativo ha comenzado a primera hora de la mañana de este miércoles en El Puerto de Santa María en las oficinas y negocios de un conocido empresario de la ciudad, que cuenta en el municipio con negocios hosteleros y organiza eventos de grandes conciertos o festivales.

Cinco expedientes

El alcalde de El Puerto de Santa María y diputado provincial del Área de Planificación Estratégica de Diputación, Germán Beardo, ha señalado que la Guardia Civil no ha realizado “ningún registro” en su despacho de la Institución Provincial, sino que han requerido información sobre cinco expedientes de contratos públicos de patrocinio relacionados con conciertos de un empresario promotor de esos eventos que se les ha facilitado.

En un nota, Beardo ha explicado que los agentes de la Guardia Civil han solicitado cinco expedientes de contratos públicos de patrocinio relacionados con el empresario -del que supuestamente han registrado su oficinas también- sobre conciertos en diversas localidades la provincia de los cuales era promotor. Además, ha indicado que los agentes se han personado en otras administraciones con las que los empresarios han tenido contratos públicos.

“No ha habido ningún registro en mi despacho del Área de Planificación Estratégica en Diputación”, ha asegurado Beardo, que ha añadido que “sin ser requerido” se he personado en el Edificio Roma “para apoyar las actuaciones y apoyar al personal técnico, abandonando el área porque no era necesaria mi presencia”, ya que “el personal técnico de la Diputación ha facilitado toda la información requerida en máxima colaboración”.

Asimismo, ha lamentado “el uso político y torticero de una operación de investigación sobre la que no existe información oficial de un empresario local en la que nada tengo que ver”.

El PSOE pide responsabilidades

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha manifestado su “enorme preocupación” ante los registros que está llevando a cabo la Guardia Civil “tanto en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María como en la propia sede de la Diputación Provincial de Cádiz” y ha asegurado que están “expectantes y con incredulidad ante la información, todavía escasa, que llega de esta actuación”. No obstante, ha pedido responsabilidades al PP, del que ha criticado “su doble moral”.

“Esta es ya la segunda sede, la segunda Diputación Provincial de Juanma Moreno, que se ve afectada por una investigación que algunos medios de comunicación ya sitúan en el delito de blanqueo de capitales”, ha manifestado en una nota Ruiz Boix, que ha señalado “directamente a la cúpula del gobierno provincial, ya que ”parece que el despacho de Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María y vicepresidente cuarto de la Diputación, puede ser uno de los afectados“.

Así, ha criticado “la evidente doble moral de la derecha” y ha exigido explicaciones al presidente provincial del PP, Bruno García, y al presidente regional, Juanma Moreno. “Pedimos la mayor transparencia y pedimos que el PP, que habitualmente actúa como Torquemada y que siempre exige dimisiones a los gobiernos socialistas, reflexione”.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Javier Pizarro, ha pedido a la presidenta de la Institución provincial, Almudena Martínez del Junco, “máxima transparencia ante los registros que ha realizado la Guardia Civil” y ha reclamado una “valoración inmediata” a La Línea 100x100 --socios de gobierno--, advirtiendo de que, como parte activa del gobierno de la Diputación de Cádiz “tendrán también que actuar con transparencia y decir si sabían algo y si comparten lo que ocurre en el edificio Roma”.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado el trámite para cambiar la denominación del puente José León de Carranza que da acceso a la ciudad de Cádiz por la del poeta Rafael Alberti, en cumplimiento con la Ley de Memoria Democrática, que establece la obligación de retirar elementos, denominaciones y reconocimientos públicos que supongan exaltación de personas vinculadas al golpe de Estado, el bando sublevado de la Guerra Civil o la dictadura franquista.

En una nota, el Ministerio ha reseñado que José León de Carranza fue alcalde franquista en Cádiz durante 21 años y tuvo “una participación activa” en el golpe de Estado de 1936, mientras que Alberti representa “una de las figuras claves de la literatura y de las libertades democráticas en España”.

Este es el tercer cambio de denominación en Cádiz que afecta a la familia Carranza, de origen aristócrata y vinculada al régimen franquista. El padre, Ramón, fue alcalde de la ciudad durante la dictadura de Primo de Rivera y la guerra civil, y se puso inmediatamente a disposición del golpe de Estado antes de fallecer en 1937 a los 74 años de edad. El gobierno local anterior, liderado por José María González 'Kichi' (Adelante Cádiz), retiró su nombre de una de las principales avenidas de la capital gaditana e impulsó una consulta popular para limpiar también de vestigios franquistas el título del estadio, que desde 2021 pasó a denominarse 'Nuevo Mirandilla' (en honor al primer campo de fútbol de la ciudad).

Por su parte, su hijo José León de Carranza fue designado alcalde vitalicio de Cádiz por Franco, cargo que ejerció desde 1948 hasta 1969. Su hermano Ramón fue designado alcalde de Sevilla por Queipo de Llano (1936-1938) y presidente de la Diputación Provincial de Sevilla (1946-1961) por Franco.

Puente inaugurado en 1969

La nueva denominación garantiza el cumplimiento de la legislación vigente y convierte uno de los accesos clave a la ciudad gaditana en “un espacio de reconocimiento a un referente de la cultura española y de la defensa de las libertades”.

Rafael Alberti nació en El Puerto de Santa María (Cádiz) el 16 de diciembre de 1902 y falleció el 28 de octubre de 1999. Fue miembro de la generación del 27 y considerado uno de los mayores referentes de la literatura española. Fue reconocido con el Premio Nacional de Poesía en 1924 por su obra Marinero en Tierra y con el Premio Cervantes a su trayectoria en 1983.

De esta manera, la nueva denominación del puente refuerza la vinculación de Cádiz con la figura de Alberti. El cambio afecta exclusivamente a la denominación oficial de la infraestructura, manteniéndose inalteradas sus características y funcionalidad.

El Puente José León de Carranza se inauguró en 1969 como homenaje al alcalde franquista fallecido unos meses antes de la puesta en servicio y configura uno de los accesos más importantes a la ciudad de Cádiz.

Es una estructura de 1.400 metros de longitud formada por 29 vanos isostáticos de vigas de hormigón y un vano metálico móvil en la que, además, recientemente, el Ministerio ha destinado 4,02 millones de euros a las obras de emergencia para la sustitución de vigas de uno de los vanos para garantizar la seguridad y la circulación de esta infraestructura estratégica para la Bahía de Cádiz.

Cabe recordar que la solicitud del cambio de nombre de este puente fue impulsada por la formación de Sumar, que presentó varias iniciativas al Congreso al respecto.

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha decretado alerta alimentaria sobre dos productos chicharrón grande y morcilla de la marca Carnes y Congelados Jupe Jerez SL, una empresa cárnica gaditana, por la presencia de Listeria monocytogenes.

En un comunicado, la Junta traslada que se trata de los lotes 6221, 6241 y 6252, con fechas de consumo preferente 03/08/2026, 17/08/2026 y 25/08/2026, respectivamente, de chicharrón grande, así como del lote 6244 de morcilla con consumo preferente 21/07/2026.

La empresa, que ha detectado la presencia de listeria en sus autocontroles rutinarios, de modo voluntario y bajo control de los Servicios Oficiales, ha procedido a la retirada y recuperación de los productos afectados, a la parada de producción de alimentos listos para el consumo, así como a la realización de actividades extraordinarias de limpieza y desinfección y de muestreos de superficie.

No consumirlos y devolución al punto de compra

Como consecuencia de las investigaciones de control, la Consejería ha decidido, en atención al principio de precaución y para mantener un elevado nivel de protección de la salud de los consumidores, retirar todos los lotes de estos productos que se han distribuido en establecimientos de Cádiz, Jerez de la Frontera, Rota, Prado del Rey, Vejer de la Frontera, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, la pedanía jerezana de La Barca de la Florida y la de Junta de los Ríos (Arcos de la Frontera).

Además, Salud Pública recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos y lo devuelvan al punto de compra. En caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la listeriosis (principalmente vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, se aconseja consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes).

Finalmente, la Junta ha señalado que esta información ha sido transmitida a la Aesan a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información. Además, ha sido trasladada al Servicio de Control Oficial de Cádiz con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La alcaldesa de Palos de la Frontera (Huelva), Milagros Romero, ha señalado que el incendio extinguido en la madrugada de este martes en un asentamiento del polígono San Jorge del municipio ha afectado a unas 300 hectáreas, toda vez que se investigan las causas, aunque ha apuntado a su “intencionalidad”.

A pregunta de los periodistas, la alcaldesa ha señalado que este tipo de incendios son “reiterados todos los años, siempre al final de campaña hay este tipo de sucesos”.

Pero, en esta ocasión, “ha sido de tal magnitud que se han calcinado en torno a 300 chabolas”, toda vez que ha indicado que los cuerpos de seguridad estuvieron actuando en la zona donde ha estado “completamente controlado siempre el fuego”.

“A las dos de la mañana se extinguió y lo importante es que no ha habido daños personales ni tampoco materiales de las naves y negocios del polígono, que también es importante”, ha añadido.

Al respecto, ha indicado que se están trabajando para esclarecer los hechos. “Hay una presunción de que ha sido intencionado, en las otras ocasiones ha sido también. Hubo un intento también hace poco de prender también fuego a la chabola, que también fue intencionado y estamos dejando a los cuerpos de seguridad que sigan investigando”.

Por su parte, el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, ha afirmado que se están valorando “las circunstancias que han caecido en ese incendio” y “cuando esté el informe técnico, se analizará la situación, las causas” y “ver qué se puede hacer para, de alguna manera, intentar que eso no vuelva a ocurrir”. “Eso tenemos que ponernos de acuerdo y buscar algún tipo de solución”.

Además, ha señalado que tanto el Ayuntamiento de Palos de la Frontera como Cruz Roja han asistido a las personas afectadas. “A partir de ahí, tanto administración autonómica como local nos pondremos de acuerdo un poco para ver en qué posibilidades podremos ayudar y colaborar”.

La marisma llena de agua, pero con un alto riesgo de que el fuego haga acto de presencia. Así afronta Doñana la temporada de verano, que ha arrancado con buenos datos de reproducción de aves y con bastante más recursos hídricos que en ejercicios anteriores, aunque con “riesgo elevado de incendios por las temperaturas y por la vegetación abundante por un invierno lluvioso”.

Así lo ha señalado el director de la Estación Biológica de Doñana-ITCS, Eloy Revilla, que ha apuntado que la época estival en Doñana comenzó el 1 de junio y “no coincide con el verano físico”. Eso sí, ha resaltado que está finalizando la campaña de reproducción de las aves acuáticas, sobre todo las garzas, que ha calificado de “buena temporada”, ya que “hay pajareras en múltiples lugares en Doñana”, algo que es “una buena noticia para Doñana”.

Asimismo, ha apuntado a que “la marisma se ha inundado, igual que el año pasado”, por lo que “aún hay agua”, por lo que “esa parte de Doñana se está recuperando, igual que la vegetación”. “La otra parte, que es la que depende del acuífero, eso va mucho más despacio, apenas se ha recuperado desde los mínimos al finalizar el periodo de sequía anterior. Estamos en un proceso en el que se está mejorando la gobernanza de la gestión del acuífero en el sentido de que se están cerrando explotaciones ilegales, se está haciendo un cambio en el uso del suelo, que es un proceso a medio y largo plazo”.

Al respecto, ha subrayado que “hay que reducir la demanda, además de llover”, ya que “la recuperación de un acuífero es un proceso de medio plazo, no es una cosa que ocurra de un día para otro”. “Por lo tanto, en las lagunas ha llovido y se ha cogido un poco de agua, pero enseguida esa agua ha bajado para abajo al acuífero”

Alto riesgo de incendio

Por otro lado, el director de la Estación Biológica de Doñana ha indicado que las temperaturas están siendo “muy altas, hay vegetación porque ha llovido este invierno”, por ello, “el riesgo de incendio es elevado”.

En cuanto, al incendio de mayo que se originó en la finca de Marismillas, Revilla ha explicado que se ha quemado “un componente de vegetación asociado a pinar de pino piñonero, matorral y pastizal”. “Es fundamentalmente lo que se ha quemado”, aunque ha insistido en que es “pronto” para “hacer una evaluación de cómo va a ir recuperándose”.

“Lo que sí que sabemos es que el fuego ha sido de intensidad media y baja, lo cual es bueno porque todavía quedaba humedad en la vegetación de cara a la intensidad de ese incendio. Se pudo controlar de una manera relativamente afortunada, porque era una zona con relativamente alta densidad de pinos, no se movió hacia el sur”, ha resaltado al respecto.

Portales web con datos hidrometeorológicos

Eloy Revilla ha hecho estas valoraciones durante la presentación de dos nuevos portales web con datos hidrometeorológicos en Doñana de acceso abierto para la consulta pública, de la ICTS-Doñana Infraestructura Científica y Técnica Singular dependiente de la Estación Biológica de Doñana-CSIC. El primero, Hidromet, se centra en el seguimiento de la hidrología y meteorología de la marisma del Parque Nacional de Doñana. Por su parte, Meteo Palacio proporciona acceso a una de las series meteorológicas históricas más extensas del espacio protegido, con registros continuos desde 1978.

Ambas plataformas ponen a disposición de la comunidad científica, los gestores, los medios de comunicación y la ciudadanía información ambiental de alta resolución, fundamental para el conocimiento del funcionamiento ecológico del humedal y su respuesta al cambio global. “Disponer de datos abiertos y detallados ayuda a conocer mejor los ecosistemas de Doñana y a seguir su evolución ante los cambios ambientales”. Además, “facilita tanto el trabajo de investigación como el acceso de la sociedad a esta información”, ha señalado el desarrollador del portal web del Equipo de Datos y Metadatos de la ICTS-Doñana, Eduardo Escobar.

En concreto, el portal de Hidromet integra datos obtenidos a través de una red de estaciones automáticas distribuidas en la Reserva Biológica de Doñana que registran variables clave como temperatura, precipitación, radiación solar, viento, humedad o nivel del agua. Con una resolución temporal de apenas cinco minutos, estos registros permiten analizar con gran detalle los procesos hidrológicos y climáticos que determinan la dinámica de uno de los sistemas naturales más valiosos de Europa.

Acceso abierto a los datos

Esta plataforma se complementa con Meteo Palacio, otro portal web que da acceso a la serie histórica de la estación meteorológica del Palacio de Doñana, con más de 45 años de registros continuos desde 1978. Esta es la serie de larga duración más completa de Doñana y su entorno, con datos de temperatura y precipitación recogidos mediante observación manual sistemática. “Constituye un recurso excepcional para analizar tendencias climáticas a largo plazo en el espacio protegido”.

Además de su utilidad científica, estos portales web proporcionan una fuente de información objetiva y actualizada para el seguimiento de fenómenos de interés público como el estado de inundación de la marisma en cualquier momento del año, episodios de sequía, inundaciones, olas de calor o cambios en los patrones de precipitación. Así, el acceso abierto a estos datos contribuye a mejorar la divulgación ambiental sobre el espacio protegido y acerca a la ciudadanía el conocimiento sobre una de las reservas de la biosfera de la Unesco.

La Guardia Civil procedió este martes por mandato judicial a la retirada de documentación del Ayuntamiento de Almonte relacionados con expedientes sobre el contrato de la zona azul de Matalascañas y de la concesión del aparcamiento municipal de la aldea de El Rocío.

Agentes de la benemérita se presentaron durante mediodía de este martes en el Ayuntamiento almonteño para retirar documentación que un juzgado de La Palma del Condado había solicitado y “no se había entregado”, tal y como ha adelantado ABC y confirmada por Europa Press.

Asimismo, fuentes del TSJA han confirmado que la petición de la documentación está relacionada las diligencias previas abiertas por la plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Palma del Condado que investiga la adjudicación del contrato de la Zona ORA de Matalascañas y el contrato municipal para explotar los aparcamientos municipales de pago en la aldea de El Rocío durante diez años.

Además, han señalado que la investigación comenzó en 2025, pero “no existe nadie investigado”, ya que está en una fase “muy temprana” de la misma, además, han indicado que el Ayuntamiento de Almonte se ha personado en la causa.

Rechazo a la zona azul

El Ayuntamiento de Almonte, gobernado por Ilusiona, anunció en 2025 la concesión del servicio de gestión de zona regulada de aparcamientos (Zona ORA), en el núcleo urbano de Matalascañas, que fue adjudicado por valor de 47 millones y con una duración del contrato en 30 años a la empresa Dornier.

El acuerdo contempla, además un canon anticipado de 2,1 millones de euros que Dornier abonó al consistorio -el equivalente a 70.000 euros anuales por tres décadas pagados de golpe- y una inversión directa de seis millones en obras de asfaltado y señalización de la urbanización. Una operación que ha generado muchas críticas tanto en los partidos de la oposición (PSOE, Vox, Mesa de Convergencia y concejales no adscritos) como en la Asociación de Propietarios de Matalascañas.

Esta última siempre ha cuestionado “la legalidad” de la adjudicación, ya que “carece a día de hoy de cobertura de cualquier tipo: Ni existe el decreto, ni se han aprobado por el Pleno las ordenanzas obligatorias”. Además, ha llevado el caso a la Fiscalía de Huelva y la Junta de Huelva, de hecho, han asegurado que el pasado 27 de mayo recibieron comunicación oficial de la Delegación de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Huelva, en el que se señala que “dicho decreto era ilegal por haber sido dictado por el alcalde en lugar de por el Pleno del Ayuntamiento”, por lo que se “tumba” la zona ORA.

Sin la ordenanza correspondiente

No obstante, esta adjudicación, tal y como han alertado la oposición y vecinos, se ha realizado sin la aprobación de la ordenanza correspondiente, la cual ha sido rechaza en Pleno en dos ocasiones, la primera, el 15 de mayo, misma fecha señalada por el Ayuntamiento almonteño para el inicio de la Zona ORA.

De hecho, el Ayuntamiento de Almonte ha convocado un Pleno Extraordinario para este jueves, como continuación al del 18 de junio, que no se pudo completar por falta de tiempo, en el que se volverá a debatir esta cuestión, coincidiendo con la segunda votación en el Parlamento de Andalucía para la investidura del presidente de la Junta, dándose la circunstancia que la edil del PSOE Macarena Robles es también parlamentaria y que el equipo de Gobierno se encuentra en minoría tras la marcha de uno de sus concejales al grupo de concejales no adscritos.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Almonte siempre han defendido la legalidad de la Zona ORA, ya que el procedimiento “se ha desarrollado con todas las garantías legales y administrativas que se han venido exigiendo”, según remarcó la concejal Victoria Cáceres durante el Pleno del 15 de mayo.

“No es un capricho político”

“Es más, ha pasado por el Tribunal de Cuentas, ha pasado por muchísimos trámites que han verificado la legalidad. Se ha presentado una empresa, esa empresa ya tiene un contrato firmado con esta Administración y, por tanto, ahora lo que procede es aprobar esta ordenanza reguladora y, posteriormente, la ordenanza fiscal que pondría el broche a poder regular todas estas calles”, añadió.

Asimismo, ha insistido en que la implantación de la zona ORA “no es algo improvisado, no es un capricho político, es un procedimiento plenamente ajustado a derecho y conforme a la normativa legal vigente sustentado en la ley de base del régimen local y en la ley de tráfico y seguridad vial”.

“Por tanto, quien quiera sembrar dudas respecto a la legalidad del procedimiento está faltando a la verdad. Y lo digo claro, faltando a la verdad. O también intentando generar una alarma de forma bastante irresponsable”, dijo la edil.

El objetivo de Juanma Moreno es tender puentes para ser investido en primera votación el próximo martes en el Parlamento andaluz, aunque sea a contrarreloj. El presidente autonómico en funciones aseveró que, por el momento, “no hay ningún acuerdo con Vox” y se seguirá “negociando hasta el último minuto” para lograr un nuevo gobierno “lo antes posible”. Una posibilidad a la que la ultraderecha responde: “Estamos discutiendo todas las medidas y el objetivo es tener un buen acuerdo que beneficie a todos los andaluces”.

Así se pronunció el candidato a la Junta de Andalucía en declaraciones a los medios en Almonte, Huelva, donde coincidió este viernes en el interior de la ermita del Rocío con el líder andaluz de Vox, Manuel Gavira. “Si pudiera ser el martes, el martes, pero no depende de nosotros”, manifestó en referencia al hecho de que el 30 de junio se someterá a la primera votación del debate de investidura ante el pleno del Parlamento y se desconoce en este momento si contará con los votos suficientes para alcanzar la mayoría absoluta que se requiere, para lo que necesita los votos de Vox.

A su salida de la ermita, Moreno adelantó que “no hay ningún acuerdo a día de hoy” con los de Abascal. “Andalucía es una comunidad suficientemente importante para que no demoremos la acción del gobierno”, ha indicado Juanma Moreno, quien ha señalado que su intención es que “haya gobierno lo antes posible”: “Pero no depende de nosotros y, por tanto, vamos a seguir dialogando hasta el último minuto”.

“Cuando toque”

Por su parte, Manuel Gavira afirmó que “la voluntad de trabajo de las partes es positiva”, pero “luego hay que poner las intenciones de uno y de otro en un documento, y en eso es en lo que estamos”. Al contrario de lo que ha sucedido en Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde los plazos se han alargado durante meses, parece ser que el objetivo de ambos partidos es alcanzar un acuerdo en tiempo récord. Al respecto, afirmó que estos gobiernos autonómicos “tienen buenos acuerdos, y nosotros queremos trasladarlos a la Junta de Andalucía”.

Entre las materias comprometidas, el líder de Vox atendió que el acuerdo “pasa por la defensa del campo, la bajada de impuestos, la prioridad nacional en las ayudas sociales y el acceso a la vivienda”, pese a que el PP ya ha mostrado sus reticencias con respecto a la viabilidad y utilidad de las medidas que discriminan a los solicitantes por nacionalidad.

En este sentido, Gavira afeó que el PP dejara “pasar 12 días antes de hablar con Vox” y que ahora estén “con las prisas del PP hablando de los presupuestos”. “Vamos a ver si de aquí al lunes o al martes se llega a un acuerdo, si no, pues de aquí al jueves de la semana que viene, que es cuando se repetiría la votación y, si no, cuando toque”.