Tres años después de que su médico de familia solicitara una ecografía abdominal de control, una mujer de Cádiz recibió finalmente la cita para realizarse la prueba en el Hospital Puerta del Mar. La petición permanecía registrada desde julio de 2023 y no fue hasta mayo de 2026 cuando recibió una llamada telefónica desde el sistema sanitario público preguntándole si seguía interesada en hacerse la exploración.

La historia vuelve a poner el foco sobre las listas de espera diagnósticas en Andalucía, una situación que pacientes y profesionales sanitarios llevan tiempo denunciando por las demoras acumuladas para acceder a determinadas pruebas médicas. En este caso, además, no se trataba de una intervención quirúrgica ni de una consulta especializada, sino de una ecografía abdominal solicitada como seguimiento rutinario dentro de un control médico.

La paciente explica a este periódico que la prueba estaba relacionada con el seguimiento de un tratamiento con estatinas. “Era un control que me pidió el médico de familia, un control rutinario”, relata. Según cuenta, la ecografía derivaba de una revisión anterior y con el paso del tiempo llegó incluso a olvidarse de que seguía pendiente. “A mí hasta se me olvidó”, reconoce.

La sorpresa llegó cuando recibió una llamada para preguntarle si continuaba interesada en realizarse la prueba. “Lo que más me llamó la atención y lo que me molestó es que me preguntaran: ”¿Sigue usted interesada?“, explica. La mujer asegura que en ese momento recordó la solicitud y pidió que le confirmaran cuándo había sido registrada. ”Me dijeron que en septiembre del 23. Y claro que seguía interesada, porque me la había mandado mi médico de familia“, señala.

“Se están cargando la sanidad pública”

Según relata, durante esa conversación llegó incluso a preguntar si podían darle la cita a primera o última hora para no interferir con su trabajo, pero la persona que la llamó le respondió que únicamente estaba comprobando si mantenía el interés en la prueba. “Era para que corriera el turno”, afirma ahora la paciente, que considera incomprensible que una ecografía abdominal pueda acumular semejante demora.

La mujer decidió entonces comentar lo ocurrido con un responsable del área de calidad sanitaria para pedir orientación sobre cómo actuar. “Yo decía: ‘¿Qué hago, pongo una reclamación o denuncio?’”, recuerda. Finalmente, tras trasladar el caso, recibió la cita a través de WhatsApp y pudo realizarse la ecografía.

Afortunadamente, la prueba no detectó ninguna patología importante. Aun así, la paciente admite que la situación habría sido muy distinta si hubiera existido un problema de salud relevante. “Si hubiera sido algo importante, hubiera removido cielo y tierra o habría acabado haciéndomela en la privada, aunque soy contraria a eso”, afirma.

Pese a disponer de seguro médico privado, insiste en que apenas recurre a él y se define como “pro pública totalmente”. Reconoce, eso sí, que en otras ocasiones sí ha terminado acudiendo a la sanidad privada ante determinadas demoras. “Con una resonancia de la rodilla, por ejemplo, me la terminé haciendo fuera”, explica.

La paciente gaditana asegura que, pese a lo ocurrido, seguirá confiando en la sanidad pública. “Sé que se la están cargando y desgraciadamente la van a seguir deteriorando”, lamenta. Aun así, insiste en que su intención continúa siendo utilizar el sistema público siempre que sea posible.

Según la versión trasladada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a este periódico, se asegura que la mujer ha sido atendida y sometida a distintas actuaciones diagnósticas y asistenciales durante este periodo conforme al criterio médico. Asimismo, el SAS sostiene que la cita a la que se hace referencia corresponde a una revisión programada vinculada a un circuito asistencial concreto y no a una situación de falta de atención sanitaria durante estos años.

Demoras para pruebas diagnósticas

El médico que ha gestionado el caso recuerda que una ecografía abdominal no se solicita de manera arbitraria. “Cuando su médico de cabecera determinó que había que hacerle esta exploración es porque la sintomatología o el seguimiento clínico requerían de esta prueba diagnóstica”, sostiene. A su juicio, esperas tan prolongadas hacen que muchas pruebas “pierdan parte de su utilidad clínica”.

El facultativo asegura además que las demoras para pruebas diagnósticas se han convertido en una situación habitual en numerosos centros sanitarios andaluces. “Hay personas que llevan diez, doce o hasta dieciocho meses esperando determinadas pruebas”, afirma. También relaciona esta situación con el incremento de los tiempos de espera en Atención Primaria y con la falta de refuerzo de personal sanitario.

El problema, añade, no se limita únicamente a las consultas médicas. También afecta a extracciones sanguíneas, derivaciones y pruebas vinculadas a patologías graves. “Se están produciendo cuellos de botella en cáncer de mama, cáncer de pulmón o cáncer de próstata”, afirma, recordando que en las últimas semanas distintos medios gaditanos habían informado ya de retrasos en pruebas torácicas relacionadas con posibles diagnósticos oncológicos.

El médico describe además una sensación de descoordinación creciente dentro del sistema sanitario. Como ejemplo, relata que tanto él como su mujer recibieron mensajes automáticos para participar en el cribado de cáncer de cuello de útero pese a circunstancias médicas que hacían imposible esa convocatoria. “Hay un descontrol”, resume. Para este profesional, el problema de fondo pasa por la falta de refuerzo de personal sanitario en la atención directa al paciente.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que el incendio declarado el pasado domingo en el paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), dentro del Parque Nacional de Doñana, quedó estabilizado a las 22.15 horas de este martes, y el dispositivo trabaja en el control del fuego.

Así lo ha comunicado en un vídeo publicado en su cuenta de la red social X, consultado por Europa Press, en el que ha expresado su confianza en que “finalmente haya una parte de la zona afectada que no se haya quemado”, al tiempo que ha señalado que el estudio de severidad permitirá determinar “seguramente una gran parte de las zonas afectadas que podrán regenerarse de manera natural”. Eso sería así porque el fuego no ha tenido en algunos puntos una incidencia severa.

No obstante, la Estación Biológica de Doñana-CSIC mostraba este martes su “preocupación” por la situación en el Parque Nacional de Doñana, ya que el fuego habría afectado “principalmente a las dunas y corrales de Marismillas”, en el sector suroeste del enclave, una zona de “enorme valor ecológico” y “clave” para la biodiversidad.

Pese a ello, Sanz ha destacado la capacidad de regeneración del entorno y ha subrayado que dentro del área afectada existen “islas de vegetación” que no han sufrido daños. Asimismo, ha felicitado al dispositivo desplegado, que durante los tres últimos días ha llegado a movilizar una treintena de medios aéreos, más de 400 profesionales, 19 autobombas y cuatro tractores provistos de grada.

Gran despliegue de medios

Los diez medios aéreos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) desplegados en el lugar se retiraron al caer la noche de martes. No obstante, siete autobombas y 125 efectivos continúan trabajando sobre el terreno para lograr el control de las llamas.

Durante la jornada del martes se incorporaron a las labores de extinción un total de diez aeronaves: cinco helicópteros –tres pesados y dos semipesados–, cuatro aviones anfibios pesados y un avión de coordinación y observación (ACO) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

De la misma manera, en la zona han trabajado también 130 bomberos forestales, cinco técnicos de Operaciones, TOP, el director del Centro Operativo Provincial, así como agentes medioambientales y celadores y siete vehículos autobombas.

La Audiencia de Sevilla abrirá un juicio oral contra el exlíder de Vox en Andalucía y candidato a la Junta en las elecciones de 2018, Francisco Serrano, en marzo de 2027. Fecha en la que testificará como acusado por tres delitos de subvenciones y de estafa tras recibir una ayuda de 2,5 millones de euros del Ministerio de Industria solicitada a través de la empresa Bio Wood Niebla S.L., un entramado fantasma para la fabricación de pellets creado en marzo de 2016 con el que, presuntamente, se desviaron los fondos. En la causa también testificarán sus dos antiguos socios, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros.

La providencia, a la que ha tenido acceso este periódico, detalla que, habiendo sido examinadas y resueltas las solicitudes, la Sección Cuarta de la Audiencia establece que la vista dará comienzo el día 15 de marzo y se extenderá hasta el 7 de abril en la Sala Quinta de la Audiencia Provincial. El procedimiento se abrió como consecuencia de la denuncia ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del secretario general de Facua, Rubén Sánchez, quien ha publicado en sus redes sociales este martes un mensaje tras conocer la decisión del tribunal en el que acusa al que fuera juez de la formación de ultraderecha de “falsear” el capital del negocio y de no devolver el fondo público tras haber anunciado que con la empresa se daría “trabajo a más de 200 personas”.

El pasado 18 de marzo de 2024 fue el titular del Juzgado de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas, abría juicio a los tres presuntos culpables después de que en 2018 se presentara la denuncia por parte de Facua, a la que siguió la querella de la Fiscalía Superior de Andalucía en julio de 2020 contra Serrano. El expolítico alegó en aquel entonces su desvinculación de dicha sociedad en octubre de 2017 tras perder la “confianza” en el proyecto, pero una vez iniciada la investigación dejó el partido y después, en septiembre, su escaño en el Parlamento andaluz.

La fábrica fantasma de 'pellets'

Todo comienzó en 2016, momento en que la empresa creada por Serrano y sus socios concertaron un préstamo REINDUS del Ministerio de Industria, cuyo importe (2.489.000 euros) se destinó “para fines distintos de la construcción de una fábrica de pellets en la localidad de Niebla”, en Huelva, confirmaba el auto de continuación de las actuaciones por el procedimiento abreviado. En él, se precisa que los acusados eran conscientes de “la importancia que tiene ofrecer ante el Ministerio de Industria una imagen de solvencia” para captar sus préstamos. De esta forma, Serrano, a través de su sociedad Serrano Abogados, y Pelegrín constituyeron la empresa Biowood Niebla con una aportación de fondos propios de 7.000 euros y una “maquinaría que nunca fue comprada ni poseída por los socios, por lo que la declaración no era ajustada a la verdad”.

Una vez cobrado el préstamo, según la instrucción del caso, comenzaron las “disposiciones” del dinero “para fines no comprendidos” en el proyecto subvencionado, destinando unos 200.000 euros a “un cliente de Serrano Abogados que estaba necesitado de financiación y a quién Biowood decidió hacer un préstamo con los fondos” estatales recibidos. Serrano, Pelegrín y Ballesteros, según el auto, “se reunieron en distintas ocasiones con Manuel Gavira Gomez (el citado cliente de Serrano Abogados) y tenían conocimiento de que el dinero se iba a destinar a pagar deudas de las empresas del prestatario”.

Otros 1,3 millones de euros habrían sido destinados a la “constitución de un fondo de inversión”, mientras además “se formalizaron préstamos a empresas de Francisco Serrano como XYZ Comunicaciones, Serrano Abogados y Serralba, con 24.180 euros; y Biowwod ”avaló a XYZ frente a Ibercaja en un préstamo que, al no ser devuelto, es pagado por Biowood con el importe del préstamo Reindus“. El auto señala además un préstamo de 30.000 euros a Serrano Abogados, que según un perito ”se corresponde con el pago de los gastos de mantenimiento de la sede común de Serrano Abogados y Biowood Niebla al 50 por ciento, pero ni dichos gastos son financiables con el préstamo Reindus, ni los gastos de Biowood Niebla, sin actividad ni personal, son comparables a los del despacho de abogados“.

“En consecuencia, de los 2.489.000 euros abonados por el Ministerio de Industria para la instalación de fabrica de pellets de acuerdo con las partidas autorizadas, sólo es acorde con el proyecto la cifra de 544.316 euros”, remata el juez instructor, que aprecia “indicios racionales de un delito de fraude de subvenciones y un delito de estafa”, atribuidos a Francisco Serrano, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros.

Ocho años de prisión

Cabe recordar que otro juzgado archivó la denuncia de Serrano contra sus antiguos socios. Pese a lo esgrimido, se dictaminó que el exlíder de Vox en Andalucía, “aunque trate de presentarse como una víctima de maquinaciones urdidas en su contra”, no era posible que “desconociera” las operaciones incluidas en la “farragosa denuncia” que presentó contra Pelegrín y López Ballesteros. A su vez, el juzgado rechazó la pretensión de que fuesen excluidas del procedimiento judicial las acusaciones populares del secretario general de Facua y de Podemos.

La Fiscalía reclama hasta ocho años de prisión para Serrano, así como multas considerables. El presunto delito de estafa atribuido a Serrano y a los otros dos acusados lleva consigo una solicitud de seis años de prisión y multas de 5.400 euros para cada uno de ellos. Adicionalmente, se señalan dos supuestos delitos de fraude de subvenciones como calificación subsidiaria, uno del artículo 308.1 del Código Penal y otro del artículo 308.2 del Código Penal, con penas de ocho años de cárcel, multas de casi 15 millones de euros y la pérdida del derecho a recibir ayudas públicas durante 12 años, a cada acusado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este martes en el Senado que el Gobierno instalará “barreras móviles” en el río Guadalquivir para luchar contra la navegación de las narcolanchas, una medida que contará con una inversión de más de doce millones de euros.

En una interpelación en el Senado, el PP le ha pedido mayor contundencia contra los narcotraficantes tras la muerte de dos agentes de la Guardia Civil cuando perseguían una narcolancha en Huelva.

“Algunas veces ocurren desgracias, tragedias, pero eso no nos va a paralizar”, ha indicado Marlaska ante las críticas del senador del PP Fernando Martínez-Maillo, que ha hablado de “negligencia” y de un Gobierno “noqueado” por la corrupción.

En su respuesta, Marlaska ha hablado de la importancia de utilizar la inteligencia policial para mejorar la lucha contra el narcotráfico en las rutas fluviales, citando el caso concreto de los ríos andaluces Guadalquivir y Guadiana.

“Llevamos un año con toda la tramitación, y va a ser ya efectivo la posibilidad de la ubicación de esas barreras móviles con una inversión de más de doce millones de euros”, ha anunciado el titular del Interior.

En este sentido, ha indicado que se está formalizando el último convenio con la Autoridad Portuaria de Sevilla, “después de muchísimos informes durante un año que han sido necesarios para poner barreras móviles en todo el Guadalquivir”. “Pero eso es trabajo serio y continuado”, ha terciado.

El PP pide usar medios no letales y recuperar OCON-Sur

El PP ha reprochado que el ministro del Interior “no fue capaz” de ir al funeral de los dos guardias civiles fallecidos en Huelva, reclamando que se permita el uso de medios no letales contra las narcolanchas. “Hay que seguir aplicando el principio de legalidad, estamos en un Estado de derecho”, ha dicho Marlaska.

El ministro, como ya hiciera en el Congreso la semana pasada, ha pedido no utilizar políticamente a las víctimas y ha aludido al Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar y otras medidas para luchar contra el narcotráfico también en alta mar en colaboración con la Armada.

El PP también ha vuelto a pedir recuperar la unidad OCON-Sur, creada por Marlaska en 2018 y que eliminó, según ha reiterado, por cuestiones “operativas” de la propia Guardia Civil. Según él, los 130 componentes de esta unidad están destinados en unidades de policía judicial y, desde entonces, las operaciones han aumentado un 12%.

Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional analizaron “cientos y cientos” de archivos informáticos “de carácter sexual” y con “mujeres inconscientes siendo agredidas” en la investigación sobre el sacerdote acusado de supuestamente agredir sexualmente a cuatro amigas, tras sedarlas, y grabar esos momentos. De hecho, en uno de los vídeos se ve la cara al procesado.

Así lo ha dicho la responsable de dicha unidad a nivel central, que llevó la investigación, en su comparecencia en la segunda sesión del juicio a este cura acusado de cuatro delitos de abuso sexual y de revelación y descubrimiento de secretos, en ambos casos con carácter continuado, y otros tantos delitos de lesiones.

Esta investigadora, instructora del atestado, ha explicado que en el material, dividido en carpetas con el nombre de cada víctima, se veía “mujeres inconscientes siendo agredidas”. Al respecto, otro de los investigadores ha apuntado a que el acusado habría utilizado la llamada 'droga de las violaciones', que deja a las víctimas “adormecidas”, que es transparente y que no deja sabor.

La responsable de la UFAM central también ha expresado que cuando se le tomó declaración a las mujeres no sabían nada; “no sabían ni que habían sido grabadas”; de hecho, ha apuntado, dos no quisieron ver las imágenes. “Fue un shock para ellas”, ha dicho, al tiempo que ha considerado que el acusado “se aprovecha” de la condición de sacerdote, que genera en estas víctimas “cercanía y confianza”.

Esta investigadora ha señalado que en uno de los vídeos aparece el acusado, al que “se le ve mientras está agrediendo” a una de las mujeres con “cara libidinosa”, y ha explicado que se hizo un informe para geolocalizar los vídeos y se determinó la fecha de las fotos; mientras que ha apuntado que no es posible precisar estos datos de los pantallazos que también había entre los archivos analizados.

Cómo llegaron los vídeos

Tanto esta investigadora como el instructor del atestado de la UFAM de Melilla ha explicado la forma en que llegó a la Policía Nacional el material, que la denunciante, novia entonces del acusado, encontró en un disco duro en la casa del procesado en dicha ciudad autónoma y copió en su ordenador. Esta puso los hechos en conocimiento de la Iglesia y también de un amigo policía.

Precisamente, este agente también ha declarado y ha explicado que la denunciante le enseñó las carpetas con nombres de mujeres y con archivos “de ámbito sexual bastante alto”. “Le digo que tiene que denunciar y ella es reticente porque era creyente y había intentado hablar con el obispo”, ha señalado, al tiempo que ha precisado que hizo copia en un pen drive del trabajo porque “entendía que había que preservar la prueba del delito”.

Tras tener las imágenes, hizo una nota interna por escrito y lo comunicó a sus superiores. En ese momento, comenzaron las gestiones primero en la UFAM de Melilla, con la participación también de la Fiscalía, y luego en la unidad a nivel central, sobre el material grabado en el pen drive pero también sobre un volcado formal del ordenador de la denunciante, han señalado los investigadores.

En esta sesión de este martes también ha declarado un testigo que era amigo del acusado, al que conoció por participar en campamentos religiosos, quien ha señalado que cuando se quedaban a dormir en las casas del acusado era este el que distribuía las habitaciones y dormía con las mujeres, lo que ha considerado normal por la relación de amistad que tenían.

La Diócesis de Málaga pidió este lunes la nulidad de las actuaciones contra Francisco Javier C., padre Fran, acusado de haber sedado, violado y fotografiado a cuatro mujeres con las que mantenía una relación de amistad entre 2012 y 2018. La Diócesis participa en el juicio como responsable civil subsidiaria: en el caso de que se declarara la culpabilidad del exsacerdote podría quedar obligada a afrontar el pago de las indemnizaciones a las cuatro mujeres, fijada por la Fiscalía en 300.000 euros para cada una.

El letrado de la Iglesia pidió volver al comienzo de la investigación con el argumento de que la Diócesis debió ser llamada antes como posible responsable civil subsidiaria, y que al no haber sido así se vulnera la igualdad entre las partes. La petición del abogado, formulada como cuestión previa al inicio del juicio contra el exsacerdote, fue rebatida por la Fiscalía y por las acusaciones particulares, y rechazada in voce por el Presidente de la Sala de la Audiencia Provincial que juzga al padre Fran.

La petición ante los jueces contrasta con las promesas de restitución ofrecidas el pasado viernes por el actual Obispo de Málaga, José Antonio Satué, quien aseguró que la Diócesis “está dispuesta a colaborar económicamente en la reparación de los daños” producidos a las cuatro víctimas, incluso aunque no fuera condenada.

Aún se desconoce si el acusado podrá responder con su patrimonio de la condena económica que pudiera imponérsele, y el Obispado no ha formalizado el aval que anunció hace casi un año, que daría más seguridad de restitución que una póliza de seguros, según han subrayado los abogados de las víctimas, que han acusado a la Iglesia de poner “trabas” al insistir en una cuestión que ya fue resuelta: “Con sucesivos aplazamientos la Diócesis evita cumplir una resolución [el requerimiento para que preste fianza, bajo apercibimiento de embargo] y ahora pretende volver a suspender el juicio”, denunció uno de ellos.

Hechos ocurridos en la casa proporcionada por el Obispado

Francisco Javier C., de 37 años, está acusado de cuatro delitos de abuso sexual con penetración, cuatro de lesiones y cuatro de revelación de secretos, con las agravantes de abuso de confianza y alevosía. La Fiscalía pide para él 72 años de prisión.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado aprovechaba la relación de amistad y confianza con las víctimas, a las que conocía de encuentros de convivencia religiosa, para cometer los delitos. Compartían viajes y él las invitaba con frecuencia a dormir en casa de su madre o en su casa, cuando empezó a disfrutar de un domicilio propio que le proporcionaba el Obispado en la localidad malagueña de Ardales.  

Entonces, les suministraba algún tipo de narcótico, probablemente éxtasis líquido, que las dejaba en un estado de somnolencia que él aprovechaba para colocarlas en diferentes posiciones, penetrarlas con los dedos bucal, anal y vaginalmente y fotografiar y grabar esos momentos, según el relato de los hechos que hace la fiscal. Ninguna de ellas fue consciente de lo que él les hacía.

Algunos de estos hechos ocurrieron cuando ya era cura y en domicilios del Obispado. Francisco Javier fue ordenado sacerdote en 2017. Los hechos que se juzgan ocurrieron entre 2012 y 2018. Constan fotos y vídeos que documentan accesos carnales a las víctimas en 2017 y 2018.  

La Diócesis denuncia indefensión

Cuando se descubrieron los hechos, en septiembre de 2023, el Obispado trató de personarse como acusación particular (es decir, como víctima), pero fue rechazado tanto por la jueza de instrucción como por la propia Audiencia Provincial, en apelación. Más tarde, dictado ya el auto de procesamiento (es decir, en el cambio de la fase de instrucción a juicio) se personó como responsable civil subsidiario. Hoy su abogado ha comparecido acompañado del abogado de una aseguradora.

Para justificar su pretensión de dar marcha atrás a todo, el abogado del Obispado argumentó este lunes que el hecho de no haber podido participar en la investigación desde el primer momento con la condición de posible responsable subsidiario de la indemnización que pudiera establecerse le ha impedido proponer diligencias y pruebas que podrían eximirle de toda responsabilidad.

Esto habría provocado una vulneración de su derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, por lo que procedería la “nulidad insubsanable de todo lo actuado y la retroacción al momento inicial para que la Diócesis pueda defenderse en igualdad de condiciones”, según expuso.

El letrado sugirió que la Fiscalía había maniobrado para impedirle estar desde el comienzo con la condición que ahora tiene. “¿Por qué no se invitó a la diócesis a personarse como responsable civil subsidiario? Creemos que para evitar que pudiera pedir diligencias de investigación que aclarara si lo era o no. Se podían haber practicado diligencias que aclararan que la diócesis no tiene ninguna participación. Se vulneró claramente sus derechos constitucionales a la defensa”.

El Presidente ha recordado que se anuló inicialmente el auto de procesamiento para permitir la personación del Obispado, y recalcando que no hay indefensión efectiva porque ha podido proponer prueba para el juicio y presentar escrito de conclusiones.

“Como cristiana me sentí desamparada por la Iglesia”

Los hechos fueron descubiertos de forma casual en la Navidad de 2022 por su entonces pareja, que este lunes ha relatado su peripecia para poner en conocimiento de la Iglesia lo que había visto en el disco duro del padre Fran. “Como cristiana me sentí desamparada por la Iglesia”, ha dicho llorando.

Primero se lo contó al ayudante del padre Fran, luego al vicario (quien rechazó hasta cinco reuniones con ella y finalmente se enfadó cuando ella sugirió que estaba tratando de ocultar el caso, según ha relatado la mujer) y luego intentó relatarlo al entonces obispo, Jesús Catalá, sin conseguirlo. Le escribió cartas y le llamó por teléfono advirtiéndole de que había sido testigo de un delito que debía contarle en persona, y acabó presentándose en el Obispado. “No podía creer que me cerraran las puertas”, relató a los magistrados entre lágrimas.

Entre tanto, el padre Fran había sido trasladado de vuelta a la Península, primero a un retiro espiritual, y luego a un nuevo destino como párroco de El Burgo y Yunquera, dos pequeños pueblos de la Sierra de las Nieves, donde siguió ejerciendo el sacerdocio hasta pocos días antes de que la Policía lo detuviera en la llamada Operación Pájaro Espino, en el 11 de septiembre de 2023. Desde entonces está en prisión provisional.

El Obispado trató de llegar a una conformidad con las víctimas antes del juicio, que comenzó a celebrarse este mismo lunes. Este viernes, tres días antes de que comenzara el juicio, el actual Obispo, José Antonio Satué, pidió “perdón, en nombre de la Iglesia, a todas las personas que en ésta y en otras situaciones similares no han encontrado en la Iglesia la comprensión y el apoyo que debieron recibir”.

Satué avanzó que los abogados defenderían que la Diócesis no tiene responsabilidad, pero que si los tribunales declararan la culpabilidad del exsacerdote y exoneraran al Obispado, la Diócesis colaboraría en la reparación económica.

El juicio al sacerdote de 36 años que, presuntamente, drogó, agredió sexualmente y grabó en vídeo a cuatro mujeres en su domicilio entre 2014 y 2018 ha comenzado este lunes con la declaración de la denunciante, su expareja (que descubrió los vídeos en un disco duro), así como de las cuatro víctimas, cuyos testimonios se han realizado a puerta cerrada para proteger su intimidad. Está previsto que el acusado declare ante los magistrados de la Audiencia Provincial de Málaga el próximo viernes.

La Fiscalía pide para Francisco Javier C., ordenado sacerdote en 2017 y conocido como Padre Fran, una pena de 72 años de prisión, multa de 12.400 euros y que abone 300.000 euros a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil por los presuntos delitos de abuso sexual con penetración, lesiones y revelación de secretos, con las agravantes de abuso de confianza y alevosía.

En el juicio es parte también la Diócesis de Málaga, a la que pertenecía el acusado cuando ocurrieron los hechos, como posible responsable civil subsidiaria. En caso de condena estaría obligada a abonar, en su caso, las indemnizaciones económicas que correspondan a las víctimas.

“No me lo podía quitar de la cabeza”

La primera jornada de este juicio ha quedado marcada por la declaración de la mujer que mantuvo una relación sentimental con el cura entre mayo de 2022 y mayo de 2023 y que convivía con él en una casa del Obispado en Melilla, donde estaba destinado.

La mujer ha relatado su angustiosa peripecia para poner el material de contenido sexual que custodiaba el padre Fran en conocimiento de alguien que la creyera e investigara lo que ella había visto. “Yo me quería quitar de en medio, no quería sufrir más”, ha recordado la mujer, entre sollozos, para explicar el alivio que le supuso que finalmente un policía le preguntara qué le pasaba, poco antes del verano de 2023. Llevaba casi medio año intentando compartir un secreto que la comía por dentro. No era solo su relación con el sacerdote, que no era pública pero tampoco secreta para todos. Era algo mucho más grave que descubrió por casualidad.

Una tarde próxima a las navidades de 2022, cuando él estaba de viaje en la Península, quiso entretenerse con alguna serie. Encontró en un mueble del salón un disco duro perteneciente al cura, y se dispuso a ver qué encontraba allí, pero cuando lo conectó a la televisión le saltó una foto de una amiga suya, “dormida, sentada, inconsciente con los dedos en sus partes”. La mujer identificó de inmediato aquellos dedos. Eran del cura Francisco Javier, su pareja. Espantada, cerró aquello y salió de la casa.

Fue su primera aproximación al disco duro de los horrores. Al día siguiente regresó para enfrentarse otra vez a lo que había descubierto, y en las fotos vio a otra conocida, también inconsciente. Esta vez, junto a su rostro aparecía el pene del sacerdote.

Según su relato, fue ya el Día de Reyes cuando descubrió la magnitud de lo que allí había. Tras armarse de valor, sacó el disco duro de la vivienda, se lo llevó a su casa y realizó una copia completa en su ordenador. Encontró clasificadas en varias carpetas las imágenes de cinco mujeres (una de ellas no es acusación en este juicio, sino en otro que se celebra en Melilla, porque antes fue su pareja).

“Las abrí, vi su contenido. Era él, en su casa de Vélez-Málaga, donde yo iba. No podía creer lo que estaba viendo. La carpeta de María [nombre ficticio] la recuerdo cada noche: estaba completamente muerta”, ha contado entre lágrimas, antes de contar detalles explícitos de contenido sexual: “Esa imagen no me la puedo quitar. Llamé a mi mejor amiga y le dije que esta persona estaba violando a gente. A día de hoy tengo pesadillas”.

La imposibilidad de hablar con el obispo

El resto de su relato ha permitido trazar el difícil camino para lograr que lo que había visto llegase a personas con capacidad de actuar, ya fuera en el ámbito eclesiástico o secular. Hasta seis meses después, aquellas fotografías y vídeos no llegaron a manos de la Policía.

Ella le contó todo al ayudante en la parroquia de Melilla, quien le pidió esperar a que el padre Fran regresara a Melilla. Pero cuando volvió a encontrarlo, él ya estaba preparado: la esperaba sabiendo ya lo que ella había hallado en casa, porque su ayudante se lo había contado. Según el relato de la mujer, intentó chantajearla, sabedor de que ella conocía sus tendencias autolesivas.

La denunciante ha explicado que pusieron todo en conocimiento del vicario y el acusado llegó a asegurar que el Obispo de Málaga, Rafael Catalá, conocía su “vida pasada y presente” y le había perdonado. Ella llegó a temer que trataran de incriminarla, y ha explicado que decidió fingir que continuaba la relación a distancia durante semanas, con la esperanza de que la Iglesia avanzara en algún tipo de investigación y, también, de hacerse con el teléfono del cura por si pudiera guardar también imágenes de ella. Temía también que él intentara quitarse la vida si ella se mostraba firme en su propósito de acudir a la Policía.

Pero nadie fue a la Policía. El sacerdote fue destinado de inmediato de vuelta a la Península, primero de “retiro espiritual” y más tarde a la parroquia de los municipios malagueños de El Burgo y Yunquera, pretextando motivos de salud. “El obispo Catalá sabía perfectamente cuál era el motivo”, ha asegurado la mujer. Según ha contado, intentó reunirse con el vicario en cinco ocasiones, y cuando finalmente lo logró este se enfadó cuando ella sugirió que estaba guardando silencio para enterrar el asunto.

El Obispo nunca la recibió, a pesar de que escribió dos cartas y llamó en varias ocasiones. “Le dije que había sido testigo de un delito, que no podía decir qué tipo de delito y pedí una cita. [Me respondieron] que su agenda estaba muy ocupada con comuniones y sacramento de confirmación. Como cristiana me sentí desamparada por la Iglesia”. Ante la falta de respuesta, la mujer llegó a presentarse en el despacho del Obispado: “Fui personalmente porque no podía creer que me cerraran las puertas. Me recibió su secretario. Entré hasta el despacho y me cerraron la puerta”.

Fue un encuentro casual con un agente en la playa el que propició que ella diera el paso de poner el material a disposición de la Policía, que primero lo copió en un pendrive y luego se llevó su ordenador. El 12 de septiembre de 2023, el Padre Fran fue detenido en una operación bautizada por la Policía como Pájaro Espino. Desde entonces está en prisión provisional.

El incendio declarado en la madrugada del domingo al lunes en un céntrico hotel de Málaga ha quedado extinguido en las primeras horas de la mañana del martes tras arrasar el edificio, y sin dejar daños personales. Pasadas las 10, los bomberos refrescaban la fachada con dos potentes chorros de 1.000 litros por minuto, con la idea de adentrarse poco después en el edificio, que aún humeaba. Los mandos a pie de incendio no han dado explicaciones a pesar de la insistencia de los periodistas. Sí lo ha hecho más o menos a la misma hora el concejal de Seguridad, Avelino Barrios, asegurando que el fuego está controlado y “casi extinguido” y Salvador Castillo, jefe del operativo, asegurando que había sido un incendio “bastante complejo”, en sendos vídeos de poco más de un minuto difundidos en redes sociales, sin posibles preguntas. Los dueños del edificio pidieron hace apenas un mes el inicio del trámite de evaluación ambiental ante la Junta de Andalucía, con el propósito de elevar en tres plantas su altura.

Castillo ha explicado las operaciones que realizaron ayer para tratar de extinguir el fuego. Cuando parecía controlado y aislado en la planta baja, donde se originó, algo cambió y a media tarde se extendió con virulencia a las plantas superiores, hasta arrasarlas. Castillo ha explicado que primero se centraron en atacar el origen y controlar su extensión, y lo consiguieron. “A media mañana esta situación estaba bastante controlada, pero a cosa de las tres de la tarde se inició una reactivación del incendio, bien por colapsos parciales del forjado bien por entradas de aire”.

Los técnicos ejecutaron entonces una maniobra desde el interior con “ventilación y aporte de gran cantidad de agua”, rompiendo parte de la fachada sur, como ha quedado visible. Esto propició un avivamiento parcial, pero permitió bajar calorías al incendio aplicando ingentes cantidades de agua al interior. En esos momentos se vertían alrededor de 5.000 litros por minuto y llegaron a trabajar simultáneamente seis dotaciones de bomberos. En total, unos dos millones de litros se han vertido en ese punto.

Por su parte, Barrio ha concretado la hora de inicio del incendio, la 1:24 del lunes, “previsiblemente” en el interior de la cafetería. Las ventanas se rompieron a causa del calor acumulado en el interior y así se propagó el incendio a las plantas superiores. La activación del plan de autoprotección del hotel Ibis permitió la evacuación de trabajadores y un centenar de huéspedes, que han sido realojados en otros establecimientos.

Barrio ha confirmado también que uno de los escollos que ha dificultado la extinción es que el forjado del interior era de madera, que reposaba sobre una estructura metálica. “Hemos tenido que afrontar la extinción desde fuera con autoescalas y bombas”. El diseño constructivo del hotel y la fuerza y duración del fuego hace prácticamente inevitable la demolición. Por momentos llegó a temerse por su derrumbe, mientras cientos de curiosos contemplaban asombrados un incendio descontrolado en pleno Centro de Málaga.

El incendio ha durado finalmente alrededor de 30 horas, tiempo suficiente para que esta mañana, con las llamas extinguidas, aún fuera necesario refrescar la fachada y el interior con dos potentes chorros antes de dar vía libre a que los primeros bomberos accedieran al interior. El agua resbalaba por la fachada de la cara oeste, y acababa cayendo a las alcantarillas del túnel de la avenida de Fátima, que discurre justo debajo y que ayer quedó cortado al tráfico.

Material de decoración y estructura

Las comparecencias sin preguntas del concejal y el jefe del operativo dejan aún en el aire algunas cuestiones que deberán ir resolviéndose en los próximos días. En primer lugar, relativas al origen del fuego: si se confirma que, como todo apunta, empezó en el interior del Grand Café, ¿contribuyó la intensa decoración selvática a propagarlo?

Estos elementos ya fueron determinantes en la propagación de los incendios mortales en Madrid (dos muertos y seis heridos graves, abril de 2023) y Crans Montana, en Suiza (41 muertos en la pasada Nochevieja): ¿Hay algún control sobre ellos?

Más preguntas por resolver: ¿Tuvo algún papel el “toldo fonoabsorbente” que, con apoyo e inauguración municipal, se instaló en 2018 en la terraza para amortiguar el impacto del ruido? En la práctica, aquella actuación celebrada por el Ayuntamiento (acudieron dos concejales a inaugurarla, y se prometió su presentación en ferias internacionales) supuso el cerramiento de la terraza sobre la vía pública, con la teórica finalidad de reducir el ruido. Pese a ello, durante meses el local siguió instalando mesas junto a la baranda, contraviniendo el espacio habilitado. “La estructura del edificio, al parecer de hierro con vigas de madera, así como el material para la insonorización, están dificultando la extinción, actuando casi todas las dotaciones”, escribió en X la cuenta vinculada a las protestas de los bomberos malagueños.

Aunque el mando operativo ha explicado en su vídeo las dificultades sobrevenidas para la extinción, también queda saber si funcionaron las medidas de seguridad que debe tener el hotel, la sectorización de las diferentes plantas y si era inevitable la calcinación completa del edificio tras un incendio que, según él mismo ha dicho, estaba controlado a media mañana.

Conflicto laboral y falta de medios

Otra cuestión que vuelve a la actualidad es la dotación del Cuerpo de Bomberos, que mantiene un conflicto laboral con el Ayuntamiento por la jornada y la clasificación del personal, y que incluye una huelga que dura ya diez años. Según Andrés Millán, portavoz del Sindicato Andaluz de Bomberos, la dedicación simultánea de hasta seis dotaciones completas al incendio y la generación de otro incendio menor provocó que durante algunos minutos los parques se quedaran vacíos, sin capacidad de respuesta ante otra posible emergencia.

El Ayuntamiento asegura que la demanda simultánea de los dos incendios se cubrió adelantando la hora de entrada alguna de las dotaciones del siguiente turno, que se sumaron así a las seis ya desplegadas. Este sistema de activación de refuerzos no está protocolizado, según denuncia el sindicato. A ello se suma la histórica demanda de carencia de medios materiales. Por ejemplo: la autoescala, con capacidad teórica para 42 metros, no funciona más allá de los 30 por un problema con el software.

Esta mañana, bomberos que llevaban casi 30 horas de tajo sin apenas descanso tampoco entendían las órdenes de permanencia o retirada, que atribuían a un intento de ahorrar en horas extra.

El edificio, situado en el Pasillo Guimbarda (junto al río Guadalmedina) alojaba el Grand Café y un hotel Ibis de dos estrellas de 189 habitaciones en planta baja más tres (al sur) o cuatro (al norte) alturas y capacidad para 387 huéspedes. Fue construido y abrió en 2007, y ahora había solicitado a la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía un recrecimiento de hasta tres plantas, aprovechando el decreto autonómico para la reactivación y modernización del sector turístico aprobado tras la pandemia, que ampara el aumento de edificabilidad de hasta un 20% si así se mejora la categoría del establecimiento.

Tenía ya el informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, que hace un año dictaminó que ese recrecimiento no supondría “contaminación visual” sobre el entorno, y también de Cultura, que entiende que no afecta a la zona de vigilancia arqueológica por tratarse sólo de una elevación de plantas. Sin embargo, no ha superado aún la evaluación ambiental, que inició hace apenas un mes.

Andalucía necesitaría 36.327 plazas residenciales para llegar al estándar recomendado del 5% de plazas por cada 100 personas mayores y alcanzar el cómputo ideal de 83.022 camas en toda la autonomía. A fecha de 2024, cuenta con 46.695 plazas y se sitúa por debajo de la media nacional, un 2,81% frente al 4,05%, además de distribuirse de forma desigual en las ocho provincias andaluzas. En paralelo, se señala que entre 2019 y 2022 se produjo el cierre de 24 residencias, lo que provocó un estancamiento en el número de unidades disponibles.

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) pide a la Junta una inyección económica que acelere la construcción de nuevas infraestructuras para dar cobertura a los usuarios y, sobre todo, en previsión de la mayor demanda que experimentará el sistema ante el paulatino envejecimiento de la población. Por tal motivo, piden un plan de “choque inmediato” con 5.000 nuevas plazas concertadas de “carácter urgente” y planificar una estrategia para alcanzar en 2030 la media nacional del 4,05% “en coordinación con fondos estatales y europeos”, ya que el coste alcanzaría los 65 millones de euros anuales.

Así lo recoge un informe publicado por el ente este lunes bajo el título Plazas residenciales para personas mayores en Andalucía. Análisis 2006 - 2022 y diagnóstico actual, en el que se describe la evolución que ha experimentado el sistema de dependencia. Entre las primeras conclusiones, se extrae que, entre 2006 y 2017, Andalucía lideró la creación de nuevos centros, un 34% a nivel estatal, y aportó el 16,35% de las nuevas plazas en España. Sin embargo, en el último periodo entre 2019 y 2022, se cerraron 24 centros mientras que se abrían 150 instalaciones en el país.

A partir de la serie publicada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) —una fuente que no es oficial dado que las competencias están transferidas a las comunidades pero que sirve de baremo—, Sevilla fue la provincia más afectada con la eliminación de 12 unidades, por encima de Málaga (-9), Cádiz (-2), Jaén (-1) y Almería (-1), mientras que Córdoba sumó una instalación y Granada y Huelva no experimentaron ningún cambio entre 2019 y 2022 frente a la franja cronológica que va desde 2006 a 2017. En vista de las cifras, la organización advierte que se tardaría alrededor de 29 años en cumplir con el estándar del 5%: “El déficit estructural no quedaría extinguido hasta 2055, y ello sin contar el crecimiento demográfico previsto”, subraya el ente en un comunicado.

Por otra parte, la distribución de plazas en las ocho provincias andaluzas se reparte de forma desigual conforme a las necesidades de la población: Sevilla acumula la mayor parte de las plazas, 9.651, aunque hay un déficit de 8.916; en cuanto a Málaga, hay 7.961 pero se necesitarían habilitar 8.455 camas más; y en tercer lugar quedaría Córdoba, con 6.048 plazas a las que habría que sumar 2.318 con relación a la densidad de población de mayores de 65 años. A continuación, estarían Cádiz (5.783 plazas), Granada (5.765 plazas) y Jaén (5.107), a las que habría que añadir 5.961, 3.872 y 1.766, respectivamente. Por debajo de ese umbral quedarían Almería (3.833) y Huelva (2.547), en donde habría que destinar un refuerzo para compensar la falta de 2.320 plazas y 2.719 plazas en cada caso.

457 días de espera y 1.963 fallecidas sin la prestación recibida

FOAM establece, a partir de los datos recopilados en el Instituto Nacional de Estadística y en el Imserso, que Andalucía es la comunidad autónoma con el mayor déficit absoluto de plazas residencias para personas mayores de 65 años en 2024, ya que representa el 37,5% de la estadística nacional. Asimismo, se destaca que el 49,60% de las plazas andaluzas existentes se concentran en macroresidencias de 100 o más plazas.

En cuanto al tiempo medio para obtener una resolución, se alarga a los 457 días frente a los 325 de media, aunque el máximo que establece la ley es de 180 días. Es decir, hasta abril de 2026, fallecieron 1.963 personas sin haber recibido la prestación aunque tuvieran el derecho reconocido.

Cabe recordar que la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales publicaba un análisis basado en el primer censo de centros residenciales en España que realizó el Ministerio de Derechos Sociales en abril de 2024, con los últimos datos disponibles. A tenor de lo observado, se computa que el 64,3% de las plazas en Andalucía corresponden a financiación pública, unas 30.006, y unas 16.689 a la privada, lo que tiene un peso del 35,7%. En visión del eje cronológico, la creación de camas experimentó un parón, sobre todo entre 2010 y 2016, donde se pasó del 2,08% al 1,88%. Esta cifra por fin se rebasó en el período entre 2017 y 2022 cuando se alcanzó el 1,94%. Sin embargo, en 2022 el índice cayó al 1,92% y, seguidamente, al 1,79% en 2023, subiendo dos puntos al 1,81 en 2024. Un comportamiento en dirección opuesta a la media nacional, ya que se alcanzó un 2,84% de financiación pública tras un crecimiento continuado desde 2018.

134 millones de fondos Next Generation

Por tanto, la creación de plazas para personas mayores en Andalucía, que sufrió un estancamiento entre 2022 y 2023, disminuyendo de 45.732 a 42.545, coincidiendo con el segundo mandato del Gobierno popular de Juanma Moreno, se ha sostenido, sobre todo, en la esfera privada dado que creció la financiación entre 2023 y 2024 en ocho centésimas (pasando de 0,93 a 1,01), momento en el que se sumaron más de 4.000 nuevas camas. Así, se consiguió lograr el máximo histórico en la serie andaluza con 46.695 plazas residenciales.

Es más, solo seis comunidades cumplen con la ratio de 5 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años en España: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Asturias, La Rioja y Cantabria, pero solo dos lo alcanzan con financiación pública, que serían las dos castillas.

Por su parte, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad responde a este medio que el período analizado se queda en 2022 y que, desde entonces, la inversión en la construcción y reforma de centros de día y residenciales para personas mayores y con discapacidad se ha reforzado con la creación de más de 5.000 nuevas plazas. Además, destacan la línea de 134 millones de euros a cargo del fondo europeo Next Generation que está destinada a entidades locales y del tercer sector y tiene como fecha fin de ejecución este año 2026, con la que se pretende dar oxígeno al sector para revertir la demanda histórica en la asistencia a personas mayores.

“Cuando hace viento, la casa se mueve”, se lamenta Estefanía Reyes. Asienten otra decena de vecinos que ven temblar sus viviendas cada vez que sopla con fuerza el levante o el poniente, algo habitual en Cádiz. Es solo uno de los numerosos problemas que sufren las 60 viviendas de la promoción conocida como Matadero Sur, a la entrada de la capital gaditana. Filtraciones de agua, cortocircuitos, puertas que se desploman o facturas de suministros básicos desorbitadas. Podría parecer que son deficiencias provocadas por el paso del tiempo, pero estas casas apenas tienen un año y medio. Las llaves se las entregó en mano el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, en un día en el que presentó este edificio como un “símbolo de calidad y eficiencia energética”. Era la primera construcción de vivienda pública de la Junta en Cádiz tras 12 años. “El presidente nos dio coba”, resume Estefanía.

Las 60 viviendas protegidas de Matadero Sur, en la calle Nelson Mandela, fueron entregadas el 30 de septiembre de 2024. El presidente andaluz había estado en la colocación de la primera piedra y no quiso perderse el momento en que los vecinos accedían por primera vez a estas casas en alquiler. “Es una promoción de última generación, diseñada específicamente para resistir las condiciones climáticas de la ciudad: humedad, viento y salinidad”. Apenas un año y medio después, los vecinos aseguran convivir con goteras, filtraciones, problemas eléctricos, humedad, puertas descuadradas y cortes de agua.

Las denuncias han sido canalizadas por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que ha decidido, junto a varios afectados, denunciar públicamente la situación y reclamar una actuación urgente de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), promotora pública de la obra. “Las viviendas son de pésima calidad”, sostiene Rafael Lara, portavoz de la APDHA en Cádiz.

La directora de AVRA, Susana Cayuelas, llegó a afirmar entonces que “la calidad del aire está garantizada en el interior de las viviendas” y que el diseño del inmueble había tenido en cuenta las singularidades climáticas de Cádiz, con una especial mención a “la protección térmica y acústica”. Los vecinos están hartos de escuchar ruidos extraños procedentes de las tuberías o del silbido del viento que se cuela por sus ventanas mal selladas.

“No había pasado ni un mes cuando me entró agua por el techo del cuarto de baño, la cocina y la ventana principal del salón”, relata Najat Abdelouarten. Según explica, los operarios acudieron en varias ocasiones, pero nunca solucionaron el problema. “Siempre dan largas”, lamenta.

Estefanía Reyes enumera una cadena de incidencias que comenzó prácticamente desde el día en que recibió las llaves. “Me vine a mi casa con un cortocircuito”, cuenta. Después llegaron las filtraciones, un agujero en el techo del baño, placas de pladur empapadas, una tubería de agua caliente reventada y cortes de suministro durante horas. Describe también situaciones difíciles de asociar a un inmueble recién construido: “Los pomos de las puertas están rotos, los marcos se caen, la placa de ducha se mueve… mi casa está llena de humedad”.

“O te asas de calor o te mueres de frío”

En las casas, que iban a ser un icono de climatización, “o te asas de calor o te mueres de frío: no hay término medio”. Además, no se pueden colocar aparatos de aire acondicionado porque las paredes de pladur no resisten. “No podemos poner ni cuadros ni estanterías porque se caen”.

Una de las anomalías que más inquietud genera es que “salen corrientes de aire por los enchufes”. Según la APDHA, no es un caso aislado y apunta a defectos de mayor alcance. “Para que salgan corrientes de aire por los enchufes debe haber un problema estructural en la construcción”, advierte Lara. Por eso, reclama un informe técnico independiente que evalúe el estado del edificio.

La APDHA sostiene que los defectos aparecieron desde el primer momento, por lo que rechaza cualquier argumento relacionado con un supuesto mal uso por parte de los inquilinos. Además, recuerda que las viviendas siguen dentro de los plazos legales de garantía.

La Junta ha argumentado que está a la espera de un informe de AVRA para determinar quién y cómo debe arreglar estos desperfectos. El Ayuntamiento ha derivado, hasta el momento, a los vecinos a la Consejería de Vivienda, al ser la competente, aunque los beneficiarios proceden del listado municipal de demandantes. La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que el arrendador debe acometer las reparaciones necesarias para garantizar la habitabilidad. “Los vecinos están cumpliendo con sus contratos y pagando sus alquileres; la Administración también tiene obligaciones”, sostiene. Temen que la Junta esté dejando pasar el tiempo de garantía para no reclamarle los daños a la constructora.

La entidad asegura haber remitido escritos detallados a AVRA, solicitado reuniones con la delegada territorial de Vivienda, Carmen Sánchez, y enviado incluso una carta firmada por los vecinos al presidente andaluz. Pero no han obtenido respuesta. Ese silencio ha llevado a la APDHA a acudir al Defensor del Pueblo Andaluz y a estudiar posibles acciones judiciales. Aunque reconocen que la vía judicial supondría un gran esfuerzo económico para familias con recursos limitados, advierten de que podría acabar siendo inevitable si la Junta no interviene.

Otros edificios con problemas

Las quejas por el estado de las viviendas públicas se acumulan, ya que otros edificios de su competencia en Cádiz también presentan problemas. Los vecinos de la calle Explanada, en el barrio de Puntales, denuncian desde hace años el grave deterioro estructural de varios bloques, con grietas, hundimientos, apuntalamientos y desprendimientos que mantienen a decenas de familias viviendo “con miedo” ante un posible colapso. La situación se ha agravado en los últimos meses con el precinto y desalojo de algunas casas por motivos de seguridad, lo que ha incrementado la indignación vecinal en una zona donde varias familias llevan demasiado tiempo soportando condiciones de infravivienda. La diferencia es que estas casas tienen más de 60 años. Las de Matadero no llegan a dos.

La promoción de Matadero Sur tenía como objetivo ofrecer un respiro a familias expulsadas del mercado privado del alquiler en una ciudad donde la presión turística y la proliferación de viviendas vacacionales han disparado los precios. Cuando se entregaron las llaves, algunos adjudicatarios explicaban que llevaban hasta 20 años esperando una vivienda pública y que pagaban alquileres inasumibles en el mercado libre.

“Mi alquiler es de 425 euros, pero estoy pagando más de 600 al mes por la luz y el agua”, asegura Vanessa Lois, otra de las vecinas. Sus facturas de suministros básicos superan en algunos meses los 200 euros debido al sistema de bombeo o al mal funcionamiento de las placas solares instaladas. Por eso añade: “Yo invito a Moreno Bonilla a que venga aquí, que los 60 vecinos lo estamos esperando. Que venga y vea lo que vino a vender y lo que hay realmente”.

La Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta ha declarado desierta el proceso de enajenación del Centro de Menores Infractores de Menores (CIMI) de San Miguel Alto en la ciudad de Granada al no concurrir ninguna oferta a la subasta del inmueble.

Así se desprende del acta de la Mesa de Contratación del referido órgano hecha pública por la administración autonómica y consultada por Europa Press, en la que se recoge que “no se han presentado ofertas en primera ni en segunda subasta”, y por tanto se declara desierto el Lote número 5 del inmueble en calle de la Ermita, 15, después de que el BOJA del 31 de marzo anunciara la convocatoria de licitación del enajenamiento del inmueble.

Se trata de una finca en de 1.660 metros cuadrados que cuenta con un edificio y dos espacios menores que suman 958 metros cuadrados construidos y que está calificado como equipamiento comunitario SIPS-religioso, y que en la actualidad se encuentra en tramitación dentro del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Albaicín, que hace una propuesta de cambio de la parcela para uso hotelero.

La construcción del centro de menores data del año 1970 y en 2024 el valor catastral del suelo era de 8.918 euros y el de la construcción de 154.043, por lo que el valor catastral total estaba en 162.962 euros. Fue en ese año cuando la Dirección de Patrimonio solicitó al Ayuntamiento el cambio de calificación para uso terciario, en concreto, hotelero. La Junta es propietaria del 100% de la finca. Las condiciones económicas de la subasta fijaban un tipo de 2,5 millones de euros para la primera subasta y 1,8 se tenía que realizar la segunda. La fianza para optar era de 126.203 euros.

Polémica política y social

La noticia de la subasta del antiguo CIMI y especialmente el hecho de que se abriera la posibilidad de un futuro uso hotelero del inmueb le ha contado con la oposición de varios partidos políticos y colectivos sociales, e incluso ha sido “arma arrojadiza” por parte de formaciones que han concurrido a las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

Así, por ejemplo, el PSOE, a través del grupo municipal en la capital granadina, pidió que se paralizara la venta y propuso a la Junta que cediera el espacio para uso cultural y vecinal. Lo mismo pidió IU y la coalición Por Andalucía, que al igual que los socialistas advirtieron de la que calificaron como nuevo “pelotazo hotelero” en un Albaicín “ya fuertemente tensionado”.

Podemos fue más allá y presentó un recurso de alzada. El portavoz de los morados en Granada, Salvador Soler, afirmó sobre esta subasta que “además de hacer daño social al barrio del Albayzín, y daño económico al patrimonio público, el procedimiento parte de premisas tramposas”.

De hecho, la plataforma ciudadana Albayzín Habitable lleva meses poniendo en el foco mediático esta subasta para evitar que se produzca, tal y como publicó esta cabecera. No quieren que la gentrificación siga ganando camino y señalan que el Ayuntamiento de Granada es “culpable” de esta venta. No en vano, para que el centro de menores pueda convertirse en hotel, depende de la colaboración del Consistorio al cambiar el uso del inmueble.

Algo que será posible gracias a la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular de la alcaldesa Marifrán Carazo que pretende aprobar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albaicín (PEPRI) con el que quiere permitir el hotel y cambiar para siempre el paisaje urbano del barrio. Por eso, la oposición no es solo vecinal, sino de partidos como el PSOE que ven en este proyecto un ataque contra el futuro del Albaicín. Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Granada evitan responder al fondo de las críticas, pese a las preguntas de este periódico.

Un centro de interpretación

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha elevado una moción al pleno de este viernes para exigir al gobierno municipal una moratoria urgente en la concesión de nuevas licencias de alojamientos turísticos, “con el objetivo de frenar la pérdida de patrimonio y evitar la expulsión vecinal de los barrios históricos de la ciudad”. Esta urgencia, según ha destacado el viceportavoz del PSOE, Eduardo Castillo, cobra más fuerza tras conocerse la noticia.

“Esto es una buenísima noticia para nuestro Cerro de San Miguel y para toda Granada, porque deja el camino despejado para que el Ayuntamiento solicite su titularidad a la Junta y podamos ver el demandado Centro de Interpretación del Albaicín”, ha celebrado Castillo, quien ha agradecido el trabajo de la Asociación de Vecinos del barrio y de Albayzín Habitable, “en esto asunto y en todos los que tiene que ver con la protección y defensa del barrio”.

Ante este nuevo escenario, el edil socialista ha exigido a la alcaldesa que actúe con contundencia. “Ya no hay excusa. Si nuestro Ayuntamiento mirara realmente por nosotros, solicitaría de forma inmediata la cesión de este inmueble a la Junta de Andalucía para destinarlo a uso comunitario y cultural. Eso sí que sería una noticia redonda y no la entrega sistemática de nuestra ciudad a los fondos de inversión”, ha aseverado.

El viceportavoz socialista ha dicho que “este tipo de operaciones especulativas son precisamente las que la moción del PSOE busca frenar”. Así, ha exigido a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Granada la aplicación de la moratoria turística y el compromiso firme para “preservar nuestro patrimonio inmobiliario de forma que no recaiga en grupos de inversión, provocando una pérdida irrecuperable para Granada”.

Como ejemplo contrario a San Miguel, Castillo ha recordado la venta del convento de Santa Inés, que aloja un centro de referencia nacional como el Centro Albaicín de Artesanía, a un fondo de inversión con fines turísticos. En este contexto, el edil del PSOE ha puesto el foco en el reciente “varapalo judicial” del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha anulado las medidas impulsadas por el equipo de gobierno de Marifrán Carazo para, supuestamente, frenar la proliferación de viviendas turísticas.

Juan Carlos Aragón iba a entrar este domingo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz con una estrella frente al Gran Teatro Falla. Menos de 24 horas antes del acto, una carta enviada por una de sus exparejas, acompañada de documentación judicial y una sentencia firme por malos tratos de 2010, frenó el homenaje y abrió una de las mayores sacudidas culturales y políticas que recuerda el carnaval gaditano. Caía el mito de una leyenda que nacía tras su temprana muerte en 2019.

El terremoto ha terminado este lunes de explotar. El alcalde de Cádiz, Bruno García, del PP, ha anunciado que el Ayuntamiento llevará al próximo pleno la retirada de los honores concedidos al autor, solicitará la revisión del nombre del colegio Profesor Juan Carlos Aragón y exigirá responsabilidades políticas a quienes “sabiendo que existía esta sentencia no hicieron nada”.

“Con una persona condenada, en este caso como se ha documentado, nuestra propuesta va a ser retirar esos honores”, ha afirmado el alcalde, quien asegura que el gobierno municipal ha decidido colocar “una frontera muy evidente en la sentencia”. “Cuando uno tiene la sentencia, tiene que elegir si está de un lado o del otro”, añadió.

El alcalde explicó cronológicamente cómo se produjo la suspensión del homenaje previsto para este domingo. Según detalló, el jueves recibieron una primera petición de una mujer identificada como Lola, a la que describió como “la primera esposa” de Aragón, alertando de que “la situación que ella había vivido no casaba con lo que iba a pasar el domingo”. El viernes, añadió, recibieron otra comunicación de Paqui Pino, madre del segundo de los hijos del autor, que posteriormente remitió documentación judicial, incluida una sentencia condenatoria firme.

“En ese mismo momento tomamos la decisión de aplazarlo”, aseguró García, que explicó además que mantuvieron una videollamada con la viuda del autor y promotora del homenaje, Luisa Tejonero, antes de anunciar públicamente la suspensión.

El alcalde ha confirmado que el gobierno municipal propondrá revocar definitivamente la estrella prevista frente al Gran Teatro Falla. “La estrella se va a quitar”, afirmó. También anunció que el Ayuntamiento pedirá al Consejo Escolar que revise el nombre del colegio Profesor Juan Carlos Aragón, un centro educativo donde habitualmente suena el Credo carnavalero, una de las coplas más emblemáticas del autor.

Hematomas en brazos y piernas

“Estamos hablando de si el Ayuntamiento tiene que ponerle de referente en la ciudad de Cádiz y darle un honor”, sostuvo el regidor. “No estamos evaluando su capacidad artística ni siquiera su reinserción en la sociedad”. También evitará cualquier colaboración con la Fundación que llevaba realizando desde 2024 actos como convocatorias de premios literarios y carnavalescos, además de organizar el homenaje en cada aniversario.

La documentación remitida por Paqui Pino Fernández incluye una sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz que condenó a Juan Carlos Aragón por un delito de lesiones en el ámbito familiar, otro de amenazas leves y una falta de vejaciones injustas.

La resolución judicial, fechada el 23 de marzo de 2010, considera probado que Aragón golpeó a su entonces pareja durante una discusión ocurrida el 30 de agosto de 2005 en presencia del hijo menor de ambos. La sentencia describe lesiones consistentes en “hematomas en el brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha y pie izquierdo y erosiones en el cuello”.

El fallo añade que posteriormente el autor envió “diversos mensajes con carácter intimidatorio” a la denunciante. Entre ellos, uno remitido el 26 de septiembre de 2005 en el que escribió: “En una tienda de deporte venden un rifle demasiado... sobre todo cuando me acuerdo de lo que habéis hecho con él... menos mal que ya no me queda dinero...”. El mismo documento recoge además insultos enviados a la víctima, a la que llamó “vieja, gorda, adúltera, mentirosa, mala madre, estafadora, choriza”, además de “hija de puta” en distintos mensajes y llamadas.

La sentencia condenó a Aragón a un año de prisión por lesiones en el ámbito familiar, once meses de prisión por amenazas leves y cuatro días de localización permanente por vejaciones injustas. También le impuso prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima, así como privación de tenencia de armas. La propia resolución judicial señala además que el acusado mostró “su conformidad con los hechos, la calificación jurídica y la pena solicitada”.

Junto a la sentencia se ha difundido también un parte médico fechado el 2 de septiembre de 2005 que recoge lesiones compatibles con malos tratos: hematomas en brazos y piernas, rasguños y erosiones en el cuello.

Además de la causa penal, la documentación aportada incluye la demanda de guarda y custodia presentada por la denunciante en 2005. En ese procedimiento civil —cuyos contenidos son alegaciones de parte y no hechos probados judicialmente— la expareja del autor afirmaba que Aragón padecía adicción “al alcohol y otras drogas, como la cocaína”, relataba episodios de violencia física y aseguraba que había tenido que abandonar precipitadamente el domicilio familiar.

El escrito sostiene que el comportamiento del autor “se achacaba a su adicción a las drogas” y afirma que había sido tratado “por médicos y psicólogos”. La demanda describe además situaciones relacionadas con el cuidado del hijo común, entonces un bebé de pocos meses. Según ese documento, Aragón decía que el niño “le da mucho calor y no lo puede coger” y necesitaba ayuda de terceros para cambiar pañales o darle el biberón.

Duro enfrentamiento político

La documentación económica incorporada a esa demanda aporta además una imagen muy concreta del momento de máximo auge creativo y popular de Aragón. Según el escrito, el autor dirigía personalmente la comparsa El Cojo de Loreto y una chirigota, además de escribir repertorios para otras agrupaciones. La demanda afirmaba que percibía de la SGAE “unos altos ingresos anuales” que en 2004 “alcanzaron en torno a los 90.000 ó 120.000 euros”.

La controversia ha provocado además un duro enfrentamiento político. Adelante Izquierda Gaditana afirmó que “hace tiempo que en los mentideros corría la voz de que era un maltratador y, sin embargo, se ha querido hacer como que no nos enterábamos”. El PSOE respaldó la suspensión del homenaje y sostuvo que “ya no hay lugar a dudas sobre los hechos acontecidos”.

Pero el alcalde fue mucho más allá y dirigió gran parte de su comparecencia contra el anterior gobierno municipal de Adelante, al que acusó de haber conocido la existencia de la sentencia sin actuar. “Prefirieron mirar para otro lado”, afirmó. Es, por eso, que en el pleno de este jueves pedirá responsabilidades a su antecesor, José María González. Ha sido durante el gobierno del PP cuando se han ejecutado los homenajes permanentes a Aragón como la creación de premios en su memoria o la instalación, aunque frustrada, de su estrella. “La diferencia es que cuando yo he accedido a la sentencia, he actuado”, se ha defendido el alcalde.

Humorista, presentador y empresario, a Manu Sánchez lo pillamos minutos antes de salir a escena con su obra Entregamos en el teatro Cartuja Center. Con nuevo programa en TVE a las puertas, El perro andaluz, hace balance del panorama político tras las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, y no esconde su ilusión por los buenos resultados de Adelante Andalucía, formación a la que considera que ahora empezarán a atacar por todos lados. Por cierto, para la representación que está a punto de empezar “voy con mi propia mortaja”. ¿Y eso esconde alguna referencia al 17M? “Espero que no, el 17M han pasado muchas cosas, pero creo que todas son susceptibles de ser mejoradas y empeoradas”.

Para un andalucista declarado como usted, ¿el 17M se dio un mal o un buen resultado?

Creo que ha sido un resultado sintomático de algo que venimos viviendo desde hace muchos, muchos años, que es que el andalucismo ha sido tratado como un disfraz por casi todas las partes. Y ahora que aparece una parte que no se disfraza con la piel del oso, sino que se autodenomina el oso, alguien que no es la piel del león, sino que dice ser el león, pues empieza a estorbar y a molestar, y como consecuencia empieza a ser atacado.

¿Este ataque a Adelante Andalucía va a venir desde la propia Andalucía o desde el centralismo histórico que ha denunciado tantas veces?

Va a empezar a venir, de hecho ya está viniendo, por todas las partes. Creo que va a haber ataques desde Andalucía al propio andalucismo, hay gente que lo quiere reducir a una nostalgia folclórica que solamente se circunscriba a tazas y camisetas con mensajes y con imágenes de postal. Y creo que va a venir sobre todo por parte del centralismo, que nunca se ha tomado en serio Andalucía como un ente político propio, sino que siempre ha sido mirada como el gran caladero de votos de los partidos centralistas. Hemos llegado a un 17M donde una sociedad tan polarizada tenía probablemente motivos para el descontento con los gobiernos, con el autonómico y con el central. Y en esos descontentos hay quien ha entendido que la solución estaba en la ultraderecha de la prioridad nacional, del racismo y del trumpismo malentendido, y hay quien ha entendido que estaba más por la izquierda de los derechos sociales y de la justicia social. 

¿Eso explicaría que solo Vox y Adelante Andalucía hayan mejorado?

Obviamente, quienes han recibido la subida son los dos partidos que no forman parte ni del gobierno autonómico hasta la fecha ni del central. Por eso ha subido Vox y por eso ha subido principalmente Adelante Andalucía, que a todos les parecía algo simpático pero ahora dejará de serlo porque es el comienzo de algo con mucho potencial. Pero más allá de otros análisis, no ha habido ni un solo partido que no se haya probado el disfraz del andalucismo: a unos les queda mejor, a otros les queda peor; a uno se le nota que es prestado, a otro le viene grande, pero en casi todos cantaba que no era su traje. Y ha aparecido un espacio que ha sabido ajustarse a la medida del traje del andalucismo y que suena más a piel que a disfraz.

Lo de la prioridad nacional será para Juanma Moreno un sapo bastante grande de tragar, y todavía no sé si lo veremos tragárselo

El éxito de Adelante Andalucía, ¿es un voto de alegría o de cabreo?

Es el voto de las dos cosas. Yo siempre he abogado por una Andalucía seria y alegre, no triste ni de cabreo, pero sí seria. Y creo que ante la seriedad de según qué cuestiones, Adelante Andalucía ha sabido mostrar soluciones. No es, como la han intentado tildar algunos, solamente una opción contestataria, protestona y carne de pancarta, sino que ha puesto soluciones y propuestas encima de la mesa muy concretas. Incluso creo que fue de los pocos que las puso en los dos debates ante el silencio casi generalizado del resto de opciones. Pero eso hay que mostrarlo, y ahí ha sabido José Ignacio [García, candidato de Adelante] jugarlo bien desde la alegría también. Aunque la solución que se proponía Adelante Andalucía esté todavía muy lejos, porque parece que PP y Vox están cerca de ir de la mano para hacer gobierno en esta legislatura, creo que ahora mismo la situación de Adelante Andalucía es de ilusión, de crecimiento, de empoderamiento, y eso creo que se ha conseguido por el camino de ilusionar al votante. 

¿Eso cómo se ha conseguido?

Creo que se ha movilizado un votante nuevo, que no solamente ha habido un voto prestado de otros partidos, que ha habido gente que se ha planteado por primera vez votar: en edades, en barrios, en forma y en fondo, creo que es una opción alegre pero seria. No podemos dejar que algunos ya hayan empezado a hablar de andalucismo flamenquito y de intentar ridiculizarlo, infantilizarlo. Bueno, pues los ataques ya están aquí. Dice mi madre que cuando algo escuece es que está sanando, así que si empieza a molestar es que se están haciendo algunas cosas bien.

En un contexto en el que al menos en la calle se palpaba un malestar por la situación de la sanidad, la educación o la dependencia, ¿cómo se explica que Andalucía esté muy asentada a la derecha?

Bueno, creo que no es ningún secreto que Juanma Moreno viene apostando muy fuerte por su marca personal y por una marca de moderación, de centrismo. No es que lo diga yo, es que ha sacado un libro y lo ha contado él. Yo entiendo que Juanma Moreno es del PP, que es de derechas, pero parte de su éxito es que con su marca personal consigue quedarse con parte del voto que hasta hace tres, cuatro o seis años estaba en el PSOE. Moreno sabe hacer guiños al socialismo, a los derechos sociales, a los servicios públicos... Después habrá que valorar la gestión, si es la correcta o no, pero desde luego en su discurso no dice esto hay que quitar algo o que está a favor de la privatización, él dice que está a favor de defender los servicios públicos, de la justicia social, de no perder derechos... Yo creo que no está nada cómodo con las prioridades nacionales y todas estas soluciones de brocha gorda y torpe de Vox, quien piense que Juanma Moreno va a tragar con la prioridad nacional es que probablemente no lo conozca, estoy seguro de que hará todo lo posible por gobernar en solitario. Y si al final tiene que tragar, supongo que será por presiones del partido, porque le mueve la foto a nivel nacional y le estropea otra cosa. Pero desde luego será para Juanma Moreno un sapo bastante grande de tragar, y todavía no sé si lo veremos tragárselo.

Lo antisistema era ser muy de izquierda, pero la ultraderecha ha conseguido a nivel mundial erigirse en antisistema, se han quedado con el punk

¿Y entiende que un obrero vote a la ultraderecha?

La ultraderecha ha hecho una cosa y es que se ha quedado con el punk, se ha sabido contar como antisistema. Antes los antisistema eran las opciones más a la izquierda, la derecha era quien conservaba las viejas instituciones, los grandes estamentos y las relaciones sociales vamos a decir más feudales o más estamentales. Y entonces lo antisistema era ser muy de izquierda, pero la ultraderecha ha conseguido a nivel mundial erigirse en antisistema, se han quedado con el punk. Por eso ahora la izquierda también hace bien con intentar quedarse con las cosas que habían sido naturalmente de la derecha, como el amor por las tradiciones, por nuestra historia, por nuestros símbolos, por la bandera, por el escudo, por el himno, por los padres y madres de la patria… Ahora la izquierda tiene que saber quedarse con todas esas herramientas que supo tener la derecha como propia durante mucho tiempo.

¿Y cómo ha sabido hacerse antisistema la ultraderecha?

Lo cierto es que después, a efectos prácticos, vemos que no hay antisistema, que se vota sistemáticamente en contra de las soluciones, de la subida de las pensiones, de los ingresos mínimos vitales y de todo lo que le propone soluciones a esos trabajadores pobres o a esas personas que están en riesgo de exclusión social. Hay una gran apuesta también por todo lo digital, donde consumimos comida rápida como quien come palomitas o un poquito de información basura, y ahí aparecen perfiles de dudosa credibilidad dando soluciones gordas, facilonas y jugando la gran trampa sincronizada que ha jugado la ultraderecha a nivel mundial: el problema de los pobres es que hay otros pobres. Se parte de premisas muy tramposas como con la sanidad, como no puede atender a todo el mundo, pues que no atienda a los de fuera. Pues espérese, porque hay otras muchas opciones políticas que lo que están intentando es buscar soluciones para que la sanidad pueda atender a todo el mundo. Entonces, si partimos de grandes mentiras, llegaremos a falsas soluciones.

Ha hecho mención a la prioridad nacional, ¿cuál es la prioridad nacional de Manu Sánchez?

Bueno, yo ahí haría el juego de palabras: lo que está planteando en realidad la ultraderecha es prioridad 'nazi o ná'. Por como se queda la foto de gobernanza parece que o se pasa por ese aro de la prioridad nazi o está la nada al otro lado. Es un eslogan publicitariamente sonoro, pero que hay que empezar a desmontarlo y a desnudarlo: no es prioridad nacional, es prioridad nazi. Y para mí la prioridad nacional es dejar de dar por normales y por parte del paisaje cosas que eran barbaridades absolutas hasta hace cuatro tardes, precisamente por el sentido común ese que también algunos se han querido quedar como claim: piden sentido común cuando son los que menos sentido común tienen.

Alguna vez ha comentado que todo cambiará cuando en Madrid se entienda el andalucismo, pero va a llegar sin libro de instrucciones…

Bueno, pues tendrá que aprender. Ya hay antecedentes de andalucismo en Madrid y en el Parlament de Cataluña, y hay un andalucismo que cambió la forma en la que se ha configurado el Estado español desde la Transición, que se proponía una España de dos velocidades, y fue precisamente el andalucismo transversal y mayoritario el que cambió eso e hizo que España a día de hoy sea como es. El andalucismo no es una cosa simpática y nueva que acaba de llegar. Probablemente acabe de resurgir con una generación nueva, con una voz nueva y con unos objetivos nuevos, pero el andalucismo viene de muy atrás. Somos no pocos los que sabemos de lo que va la Asamblea de Ronda, el andalucismo en su primera hornada, en la segunda y ahora en esta tercera, que creo que tiene mucho que decir. Lo que está claro es que hay que intentar seguir peleando por ser una opción alegre y seria, y que no nos confundan eso con nada, que intenten ridiculizarlo como van a pretender sin lugar a dudas. Pero aquí estaremos para demostrar la alegría y la seriedad.

Apuesto por un andalucismo que se presente en España, a ver qué pasa, y pondría en la calle esa opción: andalucismo o barbarie

¿Qué es más importante, que el andalucismo siga creciendo en el Parlamento andaluz o que llegue al Congreso de los Diputados?

Esa es una falsa diatriba, porque no es incompatible, seguramente si crece en un lado crecerá en otro y viceversa porque las opciones políticas van calando en el votante y en el pueblo. Ahora se ha dado un paso importante, de la militancia convencida a gente que vota andalucismo pero que no tiene por qué ser militante 365 días al año. El siguiente reto es estar en el Congreso de los Diputados, sin lugar a dudas. Por eso ahora mismo, en este momento de su vida, yo no escucharía cantos de sirena y a mí me gustaría ver qué ocurre con el andalucismo en las siguientes generales, sin incorporarse a ninguna otra sigla ni a ningunas otras opciones. Las rachas no son casualidad, son fruto del trabajo, y yo apuesto por un andalucismo que se presente en España, a ver qué pasa, y pondría en la calle esa opción: andalucismo o barbarie.

¿Cree entonces que no debe formar parte de esta gran coalición que está propugnando Gabriel Rufián?

Yo así lo creo, las dos opciones, si es que son dos, llegan en puntos diferentes de su recorrido y sin lugar a dudas la de Adelante Andalucía está en plena forma, está en subida. Ahora mismo ese andalucismo en el que yo creo, el que se autogestiona, no tiene que responder a ninguna obediencia nacional que venga desde Madrid, habla desde Andalucía por Andalucía y para Andalucía. Y después seguimos con el himno: para los pueblos, España y la humanidad. Pero de momento, yo lo pondría a prueba en las siguientes generales, yo sí.

¿Y cómo le explicaría el andalucismo a alguien de Despeñaperros para arriba?

A mí principalmente es que desde hace mucho tiempo no me preocupa lo que piensa del andalucismo nadie de Despeñaperros para arriba, porque creo que tenemos mucha tarea en explicar el andalucismo de Despeñaperros para abajo, que es desde donde se va a intentar buscar el voto y convencer a la gente. 

El andalucismo lo que no puede caer es en que nos intenten caricaturizar como que ahora Andalucía pasa de no tener representación a que queramos pedir la independencia pasado mañana

¿Pero el centralismo se combate con más andalucismo?

El centralismo, sin lugar a dudas, está en las antípodas del andalucismo, así que probablemente los dos a la vez no pueden llevar razón. Y el centralismo toma decisiones en base a su propia existencia, que va en contra de los intereses de Andalucía. Así que, claro, el andalucismo no tiene que definirse con respecto a otros nacionalismos. Podríamos echar un rato diciendo que el andalucismo es nacionalista, universalista, internacionalista o regionalista. El andalucismo lo que no puede caer es en que nos intenten caricaturizar como que ahora Andalucía pasa de no tener representación a que queramos pedir la independencia pasado mañana. 

Entonces, ¿esto de qué va?

Esto va de que tenemos un sistema político de representación en el que a la concentración del voto le toca premio con la ley D'Hont. Y si la concentración del voto es la correcta y se gestiona bien, al final se tocan tus temas a nivel nacional porque se necesiten tus apoyos en el Congreso de los Diputados. Todo lo que intentemos filosofar y teorizar por encima de eso para intentar buscarle los huecos, las cosquillas y los fallos al andalucismo, creo que vienen de la intención de otros de intentar que en ese exceso de definición se vaya quedando gente fuera. Y creo que ahora estamos en un proceso de que quepa dentro del andalucismo un montón de gente. El exceso de epítetos, de apellidos y de nombres nos van a obligar a ponerlos desde fuera para que haya gente que no se vea representada. Y ahora lo que hay es que hablar de andalucismo de brazos abiertos, de puertas de par en par, de para dentro todo el mundo que aquí cabe todo el que quiera. Esto va de tratar los temas de Andalucía donde se toman las decisiones, que por desgracia es en Madrid.

Con todo lo dicho, ¿usted que es más, andalucista o de izquierdas?

Yo soy andalucista de izquierdas, las dos cosas. Esto es como cuando me preguntan que qué me gusta más, el Carnaval o la Semana Santa. Si no coinciden ningún año, coño, ¿por qué me tengo que comer el coco con eso, por qué tengo que querer más a papá o a mamá? No me quiero poner en esa diatriba, las dos cosas son muy compatibles. Ya le he dado muchas vueltas para saberme andalucista y para saberme de izquierdas, no le estoy echando ningún esfuerzo en saber si soy más una cosa o la otra…

No tengo ni idea de qué ocurrirá con la imputación de Zapatero, ni si realmente ha cometido algún tipo de delito. No obstante, tampoco tengo ninguna duda de que su sentido de la probidad es ínfimo, como el de todos sus predecesores en la presidencia del gobierno, por cierto. No en vano, se enriquece a manos llenas como lobbista, gracias a su posición de expresidente. Como el resto que los otros expresidentes, además chupa del bote público una pensión vitalicia, en su caso de casi de 80.000 euros brutos anuales, además de oficina propia, servicios de secretariado y un máximo de dos puestos de trabajo para funcionarios adscritos a su servicio, coche oficial con conductor y escolta. Con tus impuestos.

Con todo y con eso, en estos días hemos tenido que oír expresiones como que era el faro moral de cierta izquierda, que deja huérfanos de referentes a tanta gente en el PSOE, o el respeto que le profesaban políticos de otras formaciones, como Rufián. Esa incompresible beatificación ya la inauguró hace tiempo Podemos, cuando Iglesias y Errejón comían con él en campechanía y lo llamaban José Luis, al tiempo que Monedero tuiteaba alabanzas varias.

Entre los indiscutibles haberes de las dos legislaturas de Zapatero se encuentra la retirada de las tropas tras la invasión ilegal de Irak, el matrimonio igualitario, leyes como la de igualdad, violencia de género, dependencia y memoria histórica, además del proceso que desembocó en el fin de ETA.

Reforzó la burbuja inmobiliaria, dando vía libre a lo que con el tiempo se ha convertido en nuestro mayor problema social; regularizó las SICAV, sociedades de inversión que, en la práctica, significaban una amnistía fiscal; bajó un 5% de media los sueldos públicos y congeló las pensiones

Son hitos que salen a colación demasiado a menudo, como si de esa manera se quisieran opacar otros que, ni mucho menos, pueden apelar a nadie en el espectro de la izquierda: reforzó la burbuja inmobiliaria, dando vía libre a lo que con el tiempo se ha convertido en nuestro mayor problema social; regularizó las SICAV, sociedades de inversión que, en la práctica, significaban una amnistía fiscal; bajó un 5% de media los sueldos públicos y congeló las pensiones al tiempo que restringía el gasto público, para lo que incluso modificó el artículo 135 de la Constitución y así priorizar el pago de la deuda; traicionó, desde unas siglas que contienen la palabra “Obrero”, a la clase trabajadora y elevó la edad de jubilación; apoyó sin fisuras la candidatura de Rodrigo Rato para presidir el FMI y, cuando ya era presidente en funciones, quiso despedirse de su cargo indultando, ni más ni menos, que a Alfredo Sáez, consejero delegado del Banco Santander.

¿Alguien así es un referente político para la izquierda? ¿Un referente ético? ¿Acaso se nos ha olvidado quién gobernaba cuando en 2010, al dictado de la Troika, llevó a cabo recortes sociales por 15.000 millones de euros; que era precisamente él quien seguía en el poder hace ahora justo 15 años, cuando estalló el 15M porque “PP, PSOE, la misma mierda es”?

En menos de cuatro años sus hijas, a través de una empresa de la que son administradoras, habrían facturado entre 800.000 y un millón de euros a sociedades vinculadas a la trama investigada, en parte por “maquetar informes que ya estaban elaborados”, de acuerdo al auto judicial. El propio José Luis Rodríguez Zapatero percibió casi medio millón de euros entre 2020 y 2024 de Análisis Relevante, la compañía de Julio Martínez, por trabajos de consultoría que, en ocasiones, según declaró el expresidente en el Senado, eran “orales”. Y sí, puede que todo ello sea perfectamente legal, pero suena al mismo tipo de hediondos tejemanejes que los de Felipe González y José María Aznar.

Zapatero nunca pudo ser un referente ético para nadie y, si lo fue, eso solo indica lo bajo que algunos tienen el listón aun llamándose izquierdistas.

Hola, hermano. Ven, ahora que nadie nos está viendo ni escuchando, vamos a hablar. ¿O es que nada tienes que decir? ¿En serio? ¿Te vas a quedar callado? Guau.

Oh, que estás molesto porque no voy a la boda de tu hermana en Senegal, después de todo lo que hemos vivido dices… A mí también me duele no poder ir, después de todo lo que hemos vivido. Después de tantos años, no habéis dicho ni una palabra sobre que podríamos acabar en la cárcel varios años por la  reforma del Código Penal. ¿De verdad no tienes nada que decir sobre castigar con hasta diez años de prisión las relaciones entre personas del mismo sexo y criminalizar cualquier forma de “promoción” de la homosexualidad?

Y no, ni he pasado demasiado tiempo en este lado del charco ni estoy siendo una exagerada. No tengo por qué ocultar ni quién soy, ni mi pareja, ni mi trabajo, para evitar que me corrijan. Al fin y al cabo, soy una mujer, y al igual que a los hombres trans, sólo somos vistas como personas confundidas que se aclaran la mente cuando paren. Bueno, si no te mata alguien en la calle antes.

Y claro que te pongo esta cara, ¿cómo te atreves? Te llenas la boca hablando de comunidad, de liberación africana, mientras que al igual que la violencia sexual a las mujeres negras, esto es un no tema para ti. Bueno, si hay gente blanca delante, seguro que dirías que es un tema complicado que no sabes cómo abordar porque vivimos en un país racista y bastante tienes encima para poder sobrevivir.

Perdona que me ría, pero ambos sabemos que lo que no quieres es quedar mal con la gente blanca progresista a la que puedes chantajear emocionalmente con que no saben nada del continente ni las costumbres africanas. Ese argumento ya huele.

Ah, ¿que yo soy una hipócrita también? ¿Por qué? ¿Por el artículo que escribí sobre Burkina Faso? ¿Pensaste que sólo criticaba la mirada racista de Occidente sobre lo que pasa en nuestra casa?

Mientras te falta tiempo para criticar (y con razón) las necropolíticas europeas, la opacidad de Frontex, llorar a nuestros muertos por culpa de un sistema racista y gritar a todo pulmón que “ningún ser humano es ilegal”, te callas ante una ley que ilegaliza a otros seres humanos por existir también: por cumplir la norma colonial del modelo de familia en vez de estar en situación administrativa irregular.

Pfff, cómo me vengas con el argumento del panafricanismo y la manera de existir africana, me levanto y me voy. ¿Ese bafio argumento es al único que te puedes agarrar para dormir bien por las noches?

Mientras que en Botswana se han abolido las leyes coloniales que perseguían las relaciones entre personas del mismo sexo, ay no, espera; ¿te estás dando cuenta ahora que la homofobia fue una herramienta colonial europea para romper los hábitos africanos en las relaciones interpersonales? Claro que sí, me sorprende que no hayas sabido verlo antes, porque se esté instrumentalizando el concepto anticolonial no significa que lo sea, la anticolonialidad libera, no fomenta cazas humanas.

Pues agárrate a la silla, porque lo más importante es el elefante rosa fosforito de neón de la habitación: quién ha pagado a las diputadas que fingen ser 100% (buenas y correctas) senegalesas mientras se bañan en dólares trumpistas. Dime tú qué hay de panafricanista en dejarse colonizar ideológicamente por la extrema derecha de Washington, ¿o es que el aumento de la supremacía blanca no molesta tanto cuando hay muchos ceros en el cheque?

Ah, vale, que es un problema de la sexta región del continente (la diáspora africana), que no nos enteramos de nada. Muchas palabras para definir tu cobardía. Al menos, sé valiente y di abiertamente que estás de acuerdo con perseguir a tu propia sangre. Que tu hermano pequeño esté en un matrimonio violeta para que dejasen de acosarle no hace que haya dejado mágicamente de ser un góor-jigéen.

Te pareces a tu hermano mayor, que tanto criticó la injerencia europea y el robo de recursos naturales en nombre de la Cooperación Internacional, pero no ha dicho ni mú sobre los nuevos acuerdos con España. ¿No se suponía que este iba ser el Gobierno que iba a mejorar la situación del país? Al menos eso nos dijisteis aquí en España, y todo sigue igual.

Y perdona si te molesta, pero que le deis rienda suelta a que turistas europeos homosexuales infectaran de VIH a menores como si no hubiera turistas europeos (y europeas) heterosexuales que fueran de turismo sexual a Senegal con posibles menores. Pero qué sabré yo, que una menor o una chica extremadamente joven sea casada sospechosamente con alguien considerablemente mayor que ella, son tus costumbres abusivas y yo voy a seguir asqueándolas.

Puede que la liberación africana con la que tanto dices soñar sea sólo el anhelo de conseguir el privilegio de oprimir a otres, de ahí tu silencio cómplice. Mientras tanto, homonacionalistas y el Occidente supremacista se frotan las manos.

Pongamos que como dicen los más fervientes defensores del sistema, al final, Rodríguez Zapatero demuestra que no tiene nada que ver con la aborrascada descripción del auto que lo imputa y que no es la cúspide mandarina de toda la trama como afirma el juez. ¿Podría ocurrir? Sí. ¿Alguien lo cree? Lo dudo.

El ecosistema, sobre todo mediático, quedaría ciertamente en entredicho. Pero parece una lucha antisistema, la presunción de inocencia queda notablemente dañada con machacona insistencia en los tribunales de papel y los estrados tertulianos a diario. La reputación del expresidente ya está irremediablemente dañada, para siempre.

Y, mientras, la agitación callejera, cobarde y torpemente apoyada por el PP, se reafirma en señalar la responsabilidad del investigado y su metástasis gubernamental, apuntando como única solución la terminación de la legislatura por cualquiera de los medios, descartando, sin embargo, en ausencia de poder parlamentario, representativo de la voluntad popular y democrática, la vía constitucional de la moción de censura. La descomposición moral de la oposición, en urgencias, es tal que no reparan en erigir como iconos de la lucha contra la corrupción a Esperanza Aguirre y Víctor Aldama .

Llama la atención la extraña unanimidad sobre la excelencia del auto que investiga a Rodríguez Zapatero, unanimidad que cohonesta mal con opiniones de prestigiosos juristas que advierten de mala praxis instructora. Un corta pega policial se ha llegado a afirmar y, ciertamente, entre los brochazos gordos de cola no se vislumbra el fino pincel procesal que vincule al investigado con toda la indecorosa trama que se advierte.

La manera de instruir causas penales en España adolece de un deterioro muy preocupante. Incluso, notables juristas disculpan las malas instrucciones por déficits de medios o de formación y preparación de sus señorías

A la confusión, se suma la aparición inicial del estadounidense Home Security Department (Make America Safe Again, su lema, da pavor), en el procedimiento, lo cual añade perfiles inquietantes. Los informes de la policía judicial, sin embargo, conocidos este fin de semana no añaden nada nuevo pero sí alimento muy nutritivo para una prensa más empeñada en llegar antes al podio del periodismo de impacto que a otra cosa.

Y nos queda la palabra del investigado, envuelto ya en el sudario de su muerte civil y actor forzoso de un pronto patíbulo gráfico, que diga lo que diga, ya no tendrá reparación total. La manera de instruir causas penales en España adolece de un deterioro muy preocupante. Incluso, notables juristas disculpan las malas instrucciones por déficits de medios o de formación y preparación de sus señorías, lo cual ha entregado el proceso penal a deficientes instrucciones policiales. En muchos casos, las instrucciones sobrevuelan el artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y se acurrucan en una jurisprudencia sobre el papel de las policías judiciales ciertamente benévola por no decir resignada, fatalista, y entregada a la pereza procesal. Un claro deterioro de nuestro sistema penal.

Cuando todo se sepa, cosa muy deseable, habrá que extraer consecuencias urgentes, ya es sintomático que los antes presidentes José María Aznar y Felipe González, siempre facundos y dicharacheros, estén tan de perfil. Espero que Rodríguez Zapatero nos saque de esta pesadilla, espero que los defensores de la presunción de culpabilidad queden al descubierto, espero que no se trate otra vez de una práctica encaminada a la simple destrucción del adversario político. Si fuera lo último, no bastará con decir que se hizo justicia, habrá que considerar muy seriamente cómo el lawfare triunfa de nuevo. Siempre la exhibición y el paseíto, ajenos a la justicia democrática, en los expositores de la vergüenza. Esa vergüenza pública, el sudario de los investigados, es su gran objetivo.

Los resultados de las elecciones andaluzas no han sorprendido a nadie. Las encuestas ya anticipaban un escenario muy similar y, desde la noche electoral, se han multiplicado los análisis sobre las causas del retroceso progresista y el avance de la extrema derecha. La pregunta relevante es: ¿qué hacer a partir de ahora? ¿Cómo encarar el próximo ciclo electoral en un contexto donde los marcos discursivos dominantes se centra en la “prioridad nacional” y la “seguridad”, desplazando los debates esenciales como la sanidad pública, la vivienda, la dependencia o la precariedad laboral? Para dar una posible respuesta, conviene mirar más allá de nuestras fronteras y observar qué estrategias han permitido a candidatos progresistas ganar en escenarios adversos. Dos ejemplos recientes destacan por su capacidad de generar ilusión y movilización: el nuevo presidente de Hungría y el alcalde de Nueva York.

Péter Magyar alcanzó la victoria en las elecciones húngaras gracias a una combinación de narrativa de cambio, moderación estratégica y movilización social sin precedentes, que le permitió romper el dominio de más de 16 años del partido Fidesz. Su campaña se construyó sobre un mensaje central: Hungría necesitaba una regeneración democrática profunda, no solo un cambio de gobierno. Una de sus tácticas más efectivas fue evitar los temas polarizantes que tradicionalmente habían beneficiado a Orbán, como la inmigración o los debates culturales. Durante dos años, Magyar se mantuvo deliberadamente alejado de esas discusiones y centró su discurso en asuntos transversales: corrupción, economía, Estado de derecho y relaciones con la Unión Europea.

Su credibilidad se reforzó con un gesto que marcó un antes y un después: su ruptura pública con Fidesz en 2022, denunciando prácticas opacas y falta de transparencia. Ese gesto le permitió conectar con votantes desencantados, incluidos sectores que tradicionalmente habían apoyado al gobierno. Pero la clave de su campaña fue el trabajo territorial. Magyar recorrió más de treinta municipios en apenas diez días, visitando pueblos pequeños y ciudades medianas donde la oposición llevaba años sin presencia real. En plazas, centros de salud, bibliotecas o comercios locales, escuchó a vecinos y respondió preguntas sin guion, construyendo una imagen de cercanía que contrastaba con la distancia institucional del gobierno. Su estrategia digital, basada en mensajes directos, le permitió sumar cientos de miles de seguidores y amplificar su mensaje más allá de los medios tradicionales.

En Nueva York, Zohran Kwame Mamdani siguió un camino distinto, pero con puntos en común. Su campaña se articuló alrededor de una idea sencilla pero poderosa: la ciudad estaba en crisis, pero era posible estabilizarla sin recortar servicios esenciales. Su lema –No se puede vivir en Nueva York– sintetizó el malestar de miles de inquilinos y trabajadores urbanos que sienten que la ciudad se ha vuelto inaccesible. Mamdani no se limitó a denunciar el problema: presentó propuestas concretas y visibles, como un impuesto a las segundas residencias de lujo, la expansión de la vivienda asequible o la mejora del transporte público mediante nuevos carriles de autobús. En barrios como el Bronx, utilizó ejemplos reales –familias expulsadas por alquileres inasumibles, estaciones de metro saturadas– para ilustrar la urgencia de sus reformas.

La pregunta, inevitable, es si las fuerzas alternativas al PP serán capaces de asumir ese giro estratégico, reconstruir una conexión real con la ciudadanía y disputar los marcos que hoy monopoliza la derecha

Su estrategia organizativa fue igual de contundente. La campaña movilizó a más de 100.000 voluntarios, que tocaron tres millones de puertas, un despliegue que recuerda a las grandes campañas de base de la última década. Además, registró 37.000 nuevos votantes jóvenes en solo dos semanas, demostrando que la participación no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado de un trabajo sostenido. Mamdani también apostó por una comunicación digital innovadora: sus vídeos sobre vivienda y transporte se viralizaron, y su presencia en redes –donde más de 10.000 personas siguieron en directo una sesión de preguntas– reforzó su imagen de político accesible y dispuesto a escuchar.

A pesar de las diferencias entre ambos contextos, las campañas de Magyar y Mamdani comparten una fórmula que merece atención. Ambos salieron del despacho y buscaron a los votantes allí donde están en su vida cotidiana. Ambos construyeron coaliciones amplias, capaces de unir a jóvenes progresistas, clases trabajadoras, comunidades migrantes o votantes rurales desencantados. Ambos evitaron caer en la trampa de la polarización y apostaron por mensajes claros, transversales y emocionalmente reconocibles.

La pregunta, inevitable, es si las fuerzas alternativas al PP serán capaces de asumir ese giro estratégico, reconstruir una conexión real con la ciudadanía y disputar los marcos que hoy monopoliza la derecha. Porque, como muestran Nueva York y Hungría, la ilusión se construye y la movilización se organiza.

“¿Qué pasará con las oposiciones, con las ayudas a los agricultores, los créditos...? ¿Qué hacemos con un gobierno paralizado? No podemos permitirnos una parálisis”. Durante toda la campaña electoral, el candidato del PP a la reelección, Juan Manuel Moreno, estuvo apelando al voto útil para reeditar una mayoría absoluta que garantizara “estabilidad” y evitara el “lío” en el que –según él– ya están inmersas comunidades como Extremadura, Aragón o Castilla y León. Territorios donde el PP mantiene su hegemonía, pero necesita pactar con Vox para gobernar: un escenario muy similar al que se enfrentan ahora los populares en Andalucía.

Para impedirlo, el hoy presidente en funciones trató de asociar la ausencia de mayoría absoluta con un escenario de bloqueo institucional: “No sabremos si habrá gobierno en julio, septiembre, noviembre o diciembre. No sabemos si habrá presupuestos, si podremos convocar unas oposiciones…”, deslizó Moreno también en el minuto final del primer debate electoral entre los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía. En un foro posterior, el jueves 7 de mayo, dijo textualmente: “Si el Gobierno no sale adelante, pues por ejemplo yo no puedo convocar las oposiciones que están previstas y hay alumnos que llevan un año preparándose en el ámbito de la docencia”.

Días después, el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, abrió el segundo debate afeando al candidato del PP que “chantajeara a miles de opositores andaluces diciendo: o me votan a mí o lo mismo se suspenden las oposiciones”. Moreno, lejos de rectificar como le instó García, insistió: “Si no hay Gobierno, no se pueden convocar las oposiciones”. Al mostrarse ambiguo y no concretar a qué pruebas se estaba refiriendo, sembró incertidumbre entre los opositores. Dos días antes de las elecciones, el candidato popular fue más claro en una entrevista en COPE y especificó que las oposiciones para profesorado de Secundaria y otros cuerpos previstas para junio no peligraban por estar ya convocadas.

A ojos de los sindicatos y expertos en Función Pública, no cabe confusión al margen de los pactos y de cuánto se alargue el Gobierno en funciones, las oposiciones “se van a celebrar sin ningún problema”. También lo afirman fuentes de la propia Consejería de Desarrollo Educativo, que indican que las oposiciones para profesorado de Secundaria y otros cuerpos se celebrarán el 20 de junio, como anunció la Junta el pasado mes de marzo, tal y como figura en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 25 de febrero. La propia portavoz de la Junta, Carolina España, dijo el martes que las oposiciones que están en marcha “pueden continuar”.

En el debate electoral, Moreno no aclaró que estaba poniendo en duda la futura convocatoria de oposiciones al cuerpo de Maestros, prevista para 2027, y el candidato de Adelante Andalucía (y muchos espectadores) entendieron que se refería a las oposiciones de Secundaria, ya convocadas para el 20 de junio.

Con todo, el mensaje de alerta del dirigente popular contemplaría un escenario inédito: las oposiciones del mes que viene se convocaron el pasado 25 de febrero (publicación en BOJA). De modo que las oposiciones de junio de 2027, se convocarían en febrero de ese año. Con este calendario, Moreno habría advertido en campaña de un hipotético bloqueo institucional de nueve meses, algo que no tiene antecedentes en ninguna comunidad autónoma.

Las elecciones en Extremadura fueron el 21 de diciembre, la Asamblea legislativa se constituyó el 20 de enero, el primer debate (fallido) de investidura fue el 4 de marzo (abriendo la cuenta atrás para la repetición electoral), María Guardiola fue investida presidenta el 22 de abril, y formó gobierno la semana siguiente.

¿Qué ocurre cuando un Gobierno está en funciones?

Desde el día siguiente a los comicios, el Ejecutivo saliente permanece en funciones hasta la formación del nuevo Gobierno. Durante ese periodo mantiene limitadas sus capacidades políticas, pero sigue ejecutando la actividad ordinaria de la administración. “Los gobiernos en funciones tienen el cometido de tramitar lo que está en marcha y evitar que se paralice la administración mientras hay una transición de un gobierno a otro”, resume Miguel Ibáñez, portavoz del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF).

El artículo 37 de la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece qué no puede hacer un Gobierno en funciones: aprobar presupuestos o presentar proyectos de ley. Pero no prohíbe convocar oposiciones, como manifestó el presidente andaluz durante el debate. “Se pueden convocar plazas aunque el gobierno esté en funciones, lo único que no se puede aprobar son los presupuestos”, concluye Esperanza Morales, Secretaria de Organización y Política Sindical de UGT Andalucía.

La representante sindical recuerda, además, que las convocatorias ya aprobadas tienen consignación presupuestaria y unos plazos legales de ejecución que deben cumplirse, tras ser negociadas en distintas mesas con los sindicatos. Es el caso de las pruebas de acceso a los cuerpos de profesores de Secundaria, Música y Artes Escénicas y Formación Profesional, para las que se han convocado un total de 5047 plazas de 66 especialidades. Estas oposiciones empezarán en junio, con independencia de que para entonces esté o no constituido ya el nuevo Gobierno autonómico.

La administración no se paraliza

La clave radica en que una convocatoria de oposiciones constituye “un acto de índole administrativa” al margen de la dirección política, como explica Esperanza Morales. “La Administración es la garante de los servicios públicos y los servicios públicos tienen que continuar funcionando”, añade la experta en Función Pública.

La explicación jurídica pasa por diferenciar entre el poder legislativo y la actividad administrativa. “La administración pública es el instrumento que gestiona y ejecuta las directrices políticas”, explica la responsable de UGT Andalucía. En otras palabras, una vez que el Parlamento queda disuelto tras la convocatoria electoral, no se pueden aprobar leyes hasta la constitución de la nueva Cámara, pero el Ejecutivo continúa operando en funciones para garantizar que la Administración siga funcionando y ejecutando los procedimientos ya iniciados.

Dentro de esa función, “las oposiciones son tarea diaria y cotidiana de la administración”, señalan los expertos. De modo que cuando una oferta de empleo público (OEP) ya está aprobada “lo único que queda es ejecutarla”, en palabras del portavoz del SAF.

Desde la Consejería de Justicia y Función Pública también indican que esas OPE ya aprobadas van a seguir su curso con normalidad. En cambio, señalan que no se pueden aprobar nuevas plazas, es decir, nuevas ofertas de empleo público mientras esté el Gobierno en funciones porque comprometan créditos futuros.

El precedente de Extremadura

El “lío” al que aludía Moreno tiene uno de sus precedentes recientes en Extremadura. Allí, la falta de acuerdo entre PP y Vox tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre dejó durante cuatro meses al anterior Ejecutivo presidido por María Guardiola en funciones.

La comunidad vecina también tenía unas oposiciones en ciernes y, para tranquilizar a los opositores que llevan años preparándose, la propia Junta extremeña aclaró públicamente que las oposiciones docentes previstas no corrían peligro. En una nota de prensa, recordó que se trataba de “un proceso dentro de la actividad ordinaria de la Consejería de Educación”, aclarando que la ausencia de un nuevo gobierno no afectaba a su celebración.

Tenía razón el líder de Adelante –que conoce bien el proceso porque fue opositor hasta que sacó plaza de profesor de Secundaria en 2021– cuando le dijo a Moreno que “las oposiciones no dependen de usted; puede ganar, perder o empatar que las oposiciones se van a celebrar”. Tal vez el presidente es el que ha terminado enredándose o que “algunos políticos estudian más para sacar votos que para no confundir a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país”, como concluye uno de los expertos consultados para aclarar este lío.

Poco después de que el Partido Animalista y con el Medio Ambiente Ambiente lanzase una campaña reclamando que se evite el maltrato animal en romerías como El Rocío, ocho mulas morían en el traslado a la aldea almonteña.

Es cierto que no ha sido fruto del agotamiento o causas similares, como ha ocurrido en otras ocasiones, sino en un incendio, pero Pacma ha vuelto a poner el foco en la necesidad de evitar el uso de animales en fiestas como la romería onubense.

Los mulos, según el 112, han muerto al arder un camión de transporte de animales este jueves en el municipio onubense de Almonte. El incendio se ha producido a las 19:28 horas, cuando varios testigos han alertado al centro de coordinación por un camión en llamas en la carretera A-483 en el kilómetro 8 sentido Huelva.

En el lugar intervenieron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, junto con Guardia Civil, los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud y EMA Infoca. Ocho équidos han fallecido en el siniestro y otro mulo ha resultado herido.

La información sobre este suceso la ha comunicado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta en su balance diario sobre la romería almonteña. A pesar de que en años anteriores se informaba a diario del número de caballos que mueren en el camino, certificado por los servicios veterinarios, este año no se aporta esa cifra en su nota de prensa diaria (emite dos cada día).

Fuentes de Emergencias indican a esta redacción que no hay constancia hasta el momento de informaciones oficiales en este sentido, a la espera de saber si llegando el fin de semana habrá novedades.

Problemas en el camino

Sí se han producido algunos problemas con caballos, como el difundido por Pacma de un caballo sufriendo convulsiones que fue atendido por una joven. Asegura esta formación que avisaron a la persona responsable del animal, que afirmó que no podía ir a donde estaba, y que “lo dejaran allí”. El animal se recuperó aparentemente poco después.

Las muertes de animales relacionados con El Rocío tuvieron un prólogo en Huelva la pasada semana. Dos caballos murieron en el incendio originado en una nave de un picadero de la capital onubense. Estaban allí preparados para irse a la romería.

Con todo, Pacma denuncia que más de 200 animales han muerto en las últimas dos décadas vinculados a la romería de El Rocío, una cifra que consideran “inasumible e incompatible con cualquier sociedad que aspire a avanzar en materia de protección animal”.

La propia Junta de Andalucía, señala, reconoció oficialmente la muerte de 164 équidos entre 2007 y 2016 durante la celebración. Sin embargo, Pacma advierte de que el problema sigue estando muy presente: en 2022 murieron seis animales; en 2023, ocho; en 2024, al menos nueve; y en 2025 se registraron otras nueve muertes más.

Problemas de todo tipo

La formación política denuncia que detrás de estas cifras hay “caballos exhaustos, mulas geriátricas y bueyes obligados a arrastrar grandes cargas bajo temperaturas extremas”. También alertan sobre heridas provocadas por serretas y arneses, así como lesiones derivadas del sobreesfuerzo físico. Solo en 2016, más de 50 animales tuvieron que ser atendidos por diferentes lesiones durante la romería.

Desde PACMA recuerdan que el sufrimiento comienza “mucho antes de llegar a la aldea”, con miles de animales recorriendo kilómetros de asfalto entre ruido, tráfico y altas temperaturas. Solo la Hermandad de Triana moviliza cada año alrededor de 5.000 peregrinos.

Según explican, las causas de muerte y colapso se repiten año tras año: cólicos digestivos, fallos cardiovasculares, fracturas, deshidratación, carros excesivamente pesados y animales alquilados en condiciones deplorables. En 2019, ocho animales tuvieron que ser inmovilizados debido a su grave estado físico, y en 2020 cuatro hombres fueron condenados por maltratar a dos mulas utilizadas para la romería.

“El problema no son accidentes aislados, sino un sistema descontrolado y sostenido durante años por la falta de voluntad política”, señala el Partido Animalista, que critica la “cobardía de los responsables políticos andaluces” por negarse a plantear la exclusión de animales en este tipo de eventos por miedo a perder apoyo electoral.

La formación política insiste en que “ningún acto religioso debería costar vidas” y hace un llamamiento a todas las personas que acudan este año a El Rocío para que documenten y denuncien cualquier posible caso de maltrato animal a través del correo electrónico sevilla@pacma.net.

Juan José Martínez, de 84 años, espera desde el 26 de junio de 2025 a que se reconozca el Grado III de dependencia por la Junta de Andalucía. Aquel día recibió la visita de los evaluadores de la Consejería de Inclusión Social, pero no hay respuesta por parte de la administración mientras que su estado de salud se debilita. En los últimos cinco meses ha estado ingresado en el hospital hasta en cuatro ocasiones. Pese a las leves mejoras, el Observatorio de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales señala que Andalucía sigue a la cola del sistema en 2025: el tiempo medio de espera es de 496 días, en vez de los 180 días establecidos por ley, mientras que 6.995 personas fallecieron sin que les llegara una resolución de grado y 40.092 personas en lista de espera.

María, de 61 años, es la persona cuidadora de referencia de sus padres, Juan José y Adelaida del Pino, de 84 y 85 años, quienes tienen reconocido un Grado II en dependencia desde el año 2022, lo que significa que tienen asignados dos cuidadores con 40 horas mensuales, es decir, una hora por la mañana y una hora por la tarde de lunes a viernes por lo que se le cobra a él una media de 100 euros al mes. El resto del tiempo es la hija quien está al tanto de los progenitores, cuyo desgaste ha avanzado a grandes pasos en los últimos meses, sobre todo el de su padre.

Al entrar en la cafetería, María saluda a unos y otros. Solía bajar cada mañana con su padre antes de que empeorara y, también, antes de que le cambiaran el perfil de trabajador que acudía a su casa, ya que necesita la fuerza de un cuidador para manejar sin riesgos al hombre que mide 1,90. Acude a la entrevista antes de que llegue la cuidadora de su madre a las doce del mediodía. Si no está, no habrá quien abra la puerta debido a la escasa movilidad que tienen los dos ancianos. Abre un archivero con decenas de fundas de plástico llenas de documentos, listas de medicamentos y facturas que va consultando mientras las muñequeras aprietan sus articulaciones en ambas manos, desgastadas después de varios años manipulándolos tanto para lavarlos, trasladarlos o levantarlos cuando se caen al piso.

Horarios y altos costes de las residencias

Al lado del folleto de simplificación administrativa que reparte la Junta de Andalucía está la solicitud que realizó el pasado año para que su padre accediera al Grado III en dependencia: adjuntó la solicitud, las copias del DNI y nuevos diagnósticos sobre su estado de salud en el ambulatorio. “Esto qué persona mayor te lo hace”, dice con los documentos apilados. Necesita más ayuda y la última vez que acudió al hospital fue la trabajadora social del propio servicio sanitario quien le dio un listado, apenas legible, de las residencias cofinanciadas por la Junta.

Hay dos trabas: por una parte, su padre tiene que aprobar este traslado dado que está lúcido y, por otra, el proceso para iniciar los cambios del Programa Individual de Atención (PIA) se demoraría meses. “Cuando se fracturó la cadera en 2024 lo consideré, pero no es algo que se haga sobre la marcha y, una vez recuperado, tienes que pasar otro proceso para que lo devuelvan a casa... No pude más que hacerme cargo”, la alternativa era pagar por adelantado y luego solicitar una subvención para la cofinanciación. Las residencias más baratas que ha consultado rondan los 1.500 euros, una cantidad que no tiene y a lo que habría que añadir su situación como parada de larga duración.

El batalleo comienza pronto en casa de los Martínez. María se levanta antes para que a las ocho y media de la mañana esté preparado el desayuno, dadas las pastillas y medida la tensión, que últimamente se le dispara a Juan José. A las 9.15 horas llega la cuidadora de su padre, que la ayuda a quitarle el pijama, asearlo y vestirlo. La hora que está con la familia se dedica exclusivamente a la higiene. No hay tiempo para más. A las 10.15 horas se marcha y aprovecha el tiempo para poner lavadoras y limpiar. A las 12.15 horas, la segunda cuidadora se dedica a Adelaida. Otra hora de cuidado personal y el mediodía ya está aquí. Hasta las 19.45 horas no vendrá la persona encargada de su padre, que apoyará a María en el lavado y puesta a punto del pijama. Todo ello, sin contar con la rigidez o contratiempos que provoque el Parkinson: “El resto del tiempo, como los fines de semana, estamos expuestos a caernos los dos si lo tengo que mover porque le duela el cuerpo de estar tanto tiempo quieto o le tengo que cambiar el pañal”.

“El sistema no es malo, pero lo malo son los tiempos y la escasez de recursos. Yo soy la que ha pagado de su bolsillo un fisioterapeuta para mis padres, yo soy la que está pendiente de ellos día sí y día también... Estamos resignados”. Entre enero y abril, su padre ha estado hospitalizado hasta en cuatro ocasiones. “Él lo que me dice es que no tengo en quién delegar... He tenido que renunciar a mi vida”, explica. María solo tiene una hermana, con la que no puede contar. Al vivir cerca de sus padres, va y viene prácticamente todos los días después de que la pandemia de 2020 supusiera un punto de inflexión y contemplara que la pareja era incapaz de pervivir por sí sola.

“No están suficientemente formados”

“Desde la Junta, me dieron la posibilidad de que vinieran los dos cuidadores a la misma hora, pero eso significaría que pierdo todo el tiempo a que si vinieran por separado”, detalla Martínez. “Mis padres me tienen a mí para cubrir el resto de horas, si hay que cambiarles los pañales o darles de comer y que no se asfixien, pero, imagínate los que están solos”, resume. Una vez tuvo que salir y dejó solo a uno de los trabajadores del servicio de dependencia. Al volver, encontró a su padre semidesnudo, desorientado, con las sábanas y el pijama en el que había excrementos tirados en el suelo frente de la pareja de ancianos. Las imágenes quedaron grabadas y se remitieron a la coordinadora del dispositivo. “No están suficientemente formados”, critica.

Las personas más cercanas a María le recomiendan que delegue, pero le es imposible quedarse de brazos cruzados. Es la persona que los acompaña al hospital, quien arregla los trámites en el ayuntamiento y pide que desglosen cada una de las facturas, la que habla con el servicio de ayuda a domicilio para que se cumpla con el programa establecido. A todo ello, habría que añadir el cuidado de la salud mental de sus progenitores, sobre todo de su padre, que aún es consciente de todo lo que pasa a su alrededor y sufre por las consecuencias de la enfermedad degenerativa. “Sí, claro que tengo el síndrome del cuidador, pero si haces mal tu trabajo, es él quien paga las secuelas”, advierte. Su oído rastrea la respiración y los tosidos de su padre durante el día, en alerta por si necesita auxilio. Reconoce que no es indispensable, solo necesita el compromiso de quienes acuden a su casa y que la rotación o sustitución de los trabajadores no sea tan frecuente para que aprendan la rutina de los cuidados que requieren los mayores.

“Tengo que ser fuerte por muchas razones. Detrás de mí hay mucha gente, porque no es solo mi padre ni mi madre, es que hay gente peor que está esperando en una cama a que alguien venga. Hay 7.000 personas que se mueren, ¿sabes lo que te digo?”, zanja. María cree que esto irá a más: “Paséate por la mañana por los supermercados, por los parques... Solo hay personas mayores. La longevidad es muy alta y el sistema se ha quedado muy chico”.

La dependencia, en la rueda electoral

La dependencia ha sido uno de los reclamos de los partidos políticos en campaña. Todos están de acuerdo en que las listas de espera hay que rebajarlas y en los debates electorales tanto Por Andalucía, de Antonio Maíllo, como Adelante Andalucía, de José Ignacio García, han prometido a promulgar una ley en la que se obligue a cumplir con los 180 días de espera y que, de incumplir tales plazos, se indemnice a los usuarios y a sus familias.

Acerca de la gestión de Loles López, consejera de Inclusión Social, el Observatorio establece que ha disminuido la lista de espera en 10.756 personas y el tiempo de tramitación en 106 días en comparación con el año anterior. Unas cifras de las que se enorgullece la administración que, en sendos comunicados, ha trasladado en los últimos meses que ha habido un récord histórico de personas beneficiarias. Por contra, el Gobierno andaluz sigue afirmando que aporta más que el Estado para la financiación del sistema de dependencia, una cuestión para la que pide estar a la altura del País Vasco, a pesar de que los informes tanto del Imserso como la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores desmienten. Andalucía es de las comunidades más cofinanciadas por el Gobierno central, recibiendo un 34,90%, y se puntualiza que el presupuesto autonómico dedicado a la partida apenas ha pasado del 0,7% al 0,9% del PIB entre 2018 y 2024, con un gasto por beneficiario que sigue siendo el más bajo de toda España: 7.173 euros.

En marzo de 2024, el Gobierno andaluz implantó un nuevo modelo de gestión mediante el decreto de simplificación administrativa que cambió 176 leyes de una vez. El cambio buscaba la agilización de los trámites y un año después las huelgas, protestas y críticas al sistema se agolpan, con cese mediante en julio del año pasado del director-gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, José Luis Prieto, a quien sustituyó el viceconsejero José Repiso. La última manifestación frente al Palacio de San Telmo fue en el inicio de la campaña andaluza cuando la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT Andalucía y CCOO pidieron una respuesta “urgente”. La dependencia arrastra los males históricos de una infraestructura infrafinanciada. Cuestiones que se escapan al día a día de María, como tantas otras personas: “Le dije a mi tío que le ayudaría a tramitar su ayuda, pero murió hace un mes”.

Eurovisión, Cannes, las olas de calor… las señales de que el verano está a la vuelta de la esquina se multiplican. En el sur, sin duda, una de las más significativas para los amantes del cine es la celebración del Festival de Cine Africano (FCAT), que se celebra a caballo entre Tarifa y Tánger. Desde hace casi un cuarto de siglo el festival liderado hasta el año pasado por la brillante Mane Cisneros ha tendido puentes entre las dos orillas del Estrecho de Gibraltar, para satisfacer nuestros deseos cinematográficos más exigentes.

El FCAT ha arrancado este fin de semana apostando por esa vanguardia cinematográfica africana, que no se deja encorsetar por los géneros: la joya Memoria de la princesa Mumbi, un falso documental de ciencia ficción dirigido por el keniano Damian Hauser. A lo largo de una semana, más de medio centenar de películas de una veintena de países africanos conformarán una programación exquisitamente curada, en la que el 40% de las obras seleccionadas están dirigidas por mujeres.

Quien no solo quiera disfrutar del cine en pantalla grande, sino también aprender más sobre este arte centenario, tendrá la oportunidad de hacerlo con expertos en cine africano de la talla de Javier H. Estrada –codirector de la Seminci–, o de antirracismo audiovisual como Beatriz Mbula.

De Cádiz a Huelva, pasando por Granada y haciendo un alto en un pueblito de Jaén, en Sorihuela del Guadalimar, donde la emprendedora actriz Amada Santos y su socio Sitoh Ortega han sacado adelante un familiar festival de cine, que ha conseguido, por derecho propio, formar parte del circuito de festivales de cortometrajes adscritos a los Premios Fugaz. Este año van, entre el 8 y el 13 de junio a por la cuarta edición. A finales de julio celebraremos que Granada recupera un clasicazo: Cines del Sur, dirigido por el mítico productor andaluz José Sánchez Montes, que vuelve a abrirle una ventana europea al mejor cine de Asia, África y Latinoamérica.

Pero antes, el día 4 de julio viajamos hasta otro enclave privilegiado del litoral andaluz como Islantilla, la bella mancomunidad onubense mecida por las brisas del océano Atlántico. En manos del prolijo Esteban Magaz, un cinéfilo capaz de conformar una extraordinaria programación con un centenar de cortometrajes y una decena de documentales, tras visionar más de 1.000 obras procedentes de medio centenar de países.

El festival más largo del mundo

Superada la mayoría de edad (el festival, no Esteban…), el director del festival –y también de cine– ha logrado que Islantilla se convierta en un punto cinematográfico imprescindible de la temporada estival. A las agradables temperaturas de la costa onubense se suman la alta calidad de las obras seleccionadas, la acogedora familia que Magaz ha ido conformando a lo largo de estos años y una corte de grandes cineastas homenajeados como Antonia San Juan, Alberto Rodríguez o Roberto Álamo, Terele Pávez, Ana Torrent, Verónica Forqué o Chico Ibáñez Serrador, entre otros.

Y como anécdota: es, posiblemente, uno de los festivales más largos del mundo… ya que dura desde comienzos de julio hasta finales de agosto. Dos meses.

El relevo a Islantilla nos llega desde Cádiz. En concreto, desde Chiclana, donde se celebra Generamma, uno de los festivales más singulares de nuestro país, ya que es el único organizado exclusivamente por una asociación feminista: la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (Aamma), presidida por la productora Pilar Crespo.

Especializado en cine dirigido por mujeres (un valor inapelable del cine español que ha marcado algunos de los mayores éxitos de nuestra cinematografía a nivel internacional), Generamma atrae un ambiente alegre, festivo y relajado propiciado por sus propias socias y un equipo entregado y encantador.

De Chiclana a Conil

Entre el 15 y el 19 de septiembre de este año, el festival llega a su sexta edición estrenando nueva dirección: la de Cristina Consuegra, una experimentada periodista, comunicadora, programadora y gestora de eventos cinematográficos, que coordina la programación extendida del Festival de Málaga (MaF) y Forbes la eligió en 2023 una de las profesionales más creativas del mundo empresarial.

Sin salir del litoral gaditano, el colofón a este verano de cine lo pone Conil, que, con su tercera edición a finales de septiembre, se consolida como una de las citas estivales imprescindibles para los cinéfilos de nuestro país.

Al frente de Conil de Cine se encuentra un artístico triunvirato formado por la actriz Raquel Guerrero (hilarante en su papel de la exitosa serie Machos alfa), la también actriz y productora Noelia Muñoz y la gestora cultural Isabel Sánchez.

Conil ofrece así un fin de semana de cine a orillas del litoral gaditano, con una mezcla explosiva de cortometrajes internacionales, encuentros profesionales y amor por una de las joyas de la historia de la cinematografía española: el cine quinqui.

El largometraje Memory of Princess Mumbi (Memorias de la princesa Mumbi), de Damien Hauser, ha abierto este viernes la 23ª edición del Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger (FCAT) reivindicando el “nuevo misticismo africano”. Una inauguración que ha recuperado la Cinemateca de Tánger como espacio de proyección y que ha acogido una gala inaugural en la que se ha nombrado como nueva embajadora del festival a la actriz, productora y periodista Cayetana Guillén Cuervo, quien se une así a Rossy de Palma en el madrinazgo de la cita con los cines de África.

Memory of Princess Mumbi fue la ganadora de FCAT LAB 2025 y se estrenó mundialmente en el Festival de Venecia. El joven cineasta keniano-suizo Damien Hauser, junto a la actriz protagonista de la película, Shandra Apondi, han acudido a la gala de apertura para acompañar este original filme que reivindica el misticismo africano. Según ha compartido el director, la película se pudo terminar gracias al FCAT LAB y “venir aquí a presentarla es como cerrar el círculo”.

En la gala inaugura, el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, ha reconocido en su intervención que “la cultura hay que transmitirla desde la infancia, es el dinero mejor invertido”. Por su parte, José María Davó, delegado de Cultura de la Embajada de España en Rabat, ha recalcado la importancia cultural de los pueblos hermanos: “Hay que convertir a España y Marruecos en un centro de intercambio cultural”.

El FCAT ha recibido en Tánger a Cayetana Guillén Cuervo, nueva embajadora del FCAT, “una mujer que hace y protege el cine”. La presentadora y actriz ha querido agradecer al FCAT considerarla como madrina por su “energía, marca y activismo cultural”. En palabras de Guillén Cuervo, “este festival ayuda a entendernos a nosotros mismos y a entender al otro, teje una telaraña de protección, de respeto y de cercanía a la cultura”.

Batucada y proyecciones especiales en Tarifa

La gala ha sido presentada por la actriz y cantante Mouna Diaj, y ha contado con la bienvenida musical de la agrupación local Dakka Marrakchia y la actuación de Chica del Bosque & Sirifo Kouyate, cantautora sevillana y cantautor senegalés, que fusionan la kora africana con la guitarra y voz andaluza.

En Tarifa se ha celebrado de forma simultánea el arranque de la 23ª edición, también con la proyección de Memory of Princess Mumbi, en un acto de bienvenida acompañado por Bastián Castillo, coordinador de Árbol de las Palabras, y Daniella Verektenidi, responsable de personas invitadas.

El inicio de esta bienvenida ha corrido a cargo de la batucada Levantuka, que ha llenado de ritmo y música las calles de Tarifa en un recorrido desde la Calzada hasta la Alameda. El pasacalles, iniciado en la iglesia de San Mateo y culminado en el teatro, ha congregado a numeroso público y ha creado un ambiente festivo en las inmediaciones del FCAT.

También ha tenido lugar, de forma previa a la inauguración oficial, la proyección especial de El sueño de Íñigo, un guión imaginado, de Nieves García Benito. La tarifeña ha presentado el documental junto a Valeria Reyes, una obra concebida para honrar la memoria de su hijo, Íñigo Vallejo, y arrojar luz sobre las circunstancias de su fallecimiento en 2010 mientras trabajaba en Salvamento Marítimo. El joven perdió la vida en un accidente de helicóptero y, años después, su madre ha querido profundizar en las causas de aquel trágico suceso a través de esta película.

“Que nadie olvide a José Martín Recuerda” es el lema con que el sello Ediciones El Bufón, con sede en Morón de la Frontera (Sevilla), se ha adelantado para conmemorar el vigésimo aniversario de la muerte del dramaturgo granadino, uno de los grandes nombres del teatro andaluz y español del siglo XX. Con motivo de esta efeméride, han publicado una antología que, bajo el título Trilogía de los asedios, recupera tres de sus títulos más sobresalientes.

“En la dramaturgia de Martín Recuerda, el protagonismo lo ocupan, en la mayoría de los casos, mujeres”, comenta Mercedes Martínez, responsable de la edición. “Se trata de mujeres de una rebeldía feroz, capaces de oponerse al poder establecido y de denunciar la hipócrita moral imperante. Estos dos elementos coercitivos, el poder político-social y la moral, confluyen en la represión sexual, frente a la que se levantan sus personajes femeninos”.

Así, Las arrecogías del beaterio de Santa María Egipciaca (1970), Las salvajes en puente San Gil (1961) y La llanura (1947) exhiben el talento más significativo del teatro de Martín Recuerda: la capacidad de construir personajes femeninos capaces de rivalizar con las heroínas clásicas. “Estas mujeres están decididas a amar por encima de lo que dictan las convenciones y la ley, y defienden su libertad sexual como expresión de fuerza”, apunta Martínez. “Mariana Pineda, por ejemplo, confiesa con orgullo en Las arrecogías: ‘¡A cambio de mi cuerpo salvé a muchos hombres!’. La Hija de La llanura, por su parte, se echa a las calles a buscar el afecto que ya no encuentra en casa. Y las vedetes que protagonizan Las salvajes se revuelven con furia contra la falsa moral y, sin miedo, alzan la voz contra quienes las juzgan”.

Un teatro violento

Nacido en Granada en 1922 y fallecido en 2007 en Salobreña, donde hoy se ubica la sede de la Fundación Martín Recuerda, el autor recibió a lo largo de su vida numerosos galardones, como el premio Lope de Vega, y llegó a estrenar en los principales teatros españoles. Su apasionada y obsesiva dedicación dramatúrgica abarcó más de seis décadas, y encandiló a las principales figuras de nuestro teatro: Adolfo Marsillach, Enrique Morente, Concha Velasco, Pilar Bardem, Carmen Linares o Mario Maya, entre otras estrellas de nuestra escena, protagonizaron sus obras.

Martín Recuerda fue un creador tan singular y genuino que alumbró su propia concepción estética y existencial bajo lo que se catalogó como teatro iberista o iberismo. Según Mercedes Martínez, “a la generación de Martín Recuerda, a la que pertenecían, entre otros, Lauro Olmo o Carlos Muñiz, se la denominó realista; sin embargo, al autor granadino le parecía un calificativo pobre e inexacto. Por ello, defendió el uso del término ‘iberismo’ para denominar el núcleo temático de su dramaturgia. Con este concepto hacía mención a la búsqueda de la identidad nacional, de la idiosincrasia española, lejos de cualquier tópico. Su mirada descarnada y crítica de la realidad desembocó en un teatro violento, a la vez que satírico. Ese posicionamiento ético-crítico se concretó en la creación de unos personajes marginados, ahogados en la amargura, sometidos a una opresión y una crueldad colectivas que los impele a actuar y a expresarse con brutalidad”.

Libertad y verdad

Según su editora, el granadino fue implacable con la hipocresía y la mediocridad espiritual de la sociedad de su tiempo, y denunció sin ambages la falta de libertad y la mezquindad que atenazaban a la España de la época, lo que le valió la censura y el hostigamiento del franquismo, al que resistió y plantó cara tanto desde los escenarios como en su vida cotidiana. Un mensaje plenamente vigente, en palabras de Martínez: “Toda la dramaturgia de MR se fundamenta en la búsqueda apasionada de la libertad y de la verdad. Estos dos principios rigieron la vida y la actividad teatral del autor granadino, y sobre ellos levantó su obra. Hoy en día la violencia colectiva se viste de otra forma, y no siempre, pero la opresión es incluso mayor. Hay algo catártico y contagioso en la lucha de esos personajes que se rebelan contra el bárbaro atavismo de una sociedad que parece la nuestra de ahora. Por ello, en este siglo XXI en el que la libertad está tan manoseada y depauperada, y la verdad, prácticamente negada, el teatro de Martín Recuerda se nos vuelve necesario”. 

Todo ello hace de esta 'Trilogía de los asedios' un “dique de contención contra el olvido, la necesaria y justa reivindicación de un creador que, veinte años después de morir, sigue interpelando a nuestra sociedad y poniendo luz en los abismos de nuestro tiempo”, añade la editora. Sobre la posibilidad de dar continuidad al rescate de este autor, actualmente casi desaparecido de nuestros escenarios, se antoja una tarea necesaria. “La Fundación Martín Recuerda hace una labor imprescindible desde Salobreña”, concluye Martínez, “pero es preciso seguir publicándolo, la mayoría de sus obras son inencontrables e incluso las hay inéditas. Y, por supuesto, llevarlo a escena”.

Desde hace algún tiempo, la conservación y restauración de la Alhambra –el monumento más visitado de España junto con la Sagrada Familia– son un ejercicio cada vez más complicado de llevar a cabo. A la pérdida paulatina de personal porque no se han contratado perfiles suficientes, se suma que, desde la última actualización de la relación de puestos de trabajo (RPT) del monumento, no se exige que los profesionales contratados para esas tareas tengan una formación especializada. Es decir, que cualquier trabajador que esté en la bolsa única de empleo de la Junta de Andalucía puede acceder a la plaza de un especialista en restauración sin saber nada de ello. Un problema que, lejos de mejorar, va a peor dado que la jubilación de los especialistas está cada vez más próxima.

“En 2 o 3 años puede que no haya trabajadores que puedan restaurar y conservar la Alhambra”. Quien lo denuncia es precisamente uno de los que quedan y que, con una edad cercana al retiro profesional, denuncia que ni la Junta ni el Patronato de la Alhambra y el Generalife acaban de ser conscientes del grave problema que eso representa. Este trabajador, que prefiere guardar el anonimato, afirma que ya en la actualidad faltan profesionales dedicados a la restauración porque no se han cubierto todas las plazas, pero que, además, de las cubiertas tan solo tres corresponden a profesionales cualificados en dichas funciones. “La Alhambra no se conserva con obras puntuales, sino que requiere un mantenimiento diario que no se le puede encomendar a alguien que no sepa nada del tema”, lamenta.

No en vano, los problemas de personal en la Alhambra son ya históricos. En las últimas dos décadas se han sucedido las quejas de los trabajadores porque no se ha estabilizado a muchos de ellos y faltaban manos en diversas áreas, llegando incluso a que la Inspección de Trabajo reconociese que esa situación genera problemas de salud en los empleados del monumento. Sin embargo, las últimas actualizaciones de la RPT no han acabado de atajar todas las problemáticas y, en ámbitos como la restauración, están agravando los males. De hecho, los restauradores lamentan que no se les considere profesionales de grupo 1 o 2, sino 3, lo que, por salario, desincentiva que se atraigan nuevos perfiles de especialistas a estas funciones.

Sin formación específica

No se trata solo de una cuestión de falta de personal, sino también de cómo se cubren esas vacantes. La última modificación de la RPT, aprobada por la Junta de Andalucía, eliminó los requisitos específicos de titulación que antes se exigían para determinadas plazas. Según explica el comité de empresa, anteriormente los puestos vinculados a restauración requerían formaciones concretas –como Bellas Artes u otras especialidades–, pero esas “coletillas” desaparecieron en la negociación del nuevo modelo que se impuso en septiembre de 2024 tras varios amagos de huelga por parte de los trabajadores.

Desde entonces, el acceso a estos puestos se realiza a través de la bolsa única de empleo autonómica, un sistema común para toda Andalucía que no distingue entre funciones genéricas y trabajos altamente especializados. En la práctica, esto permite que trabajadores puedan acceder a plazas sin que exista relación entre su formación y las tareas a desempeñar. “Yo soy jardinero y me puedo ir a cantería”, resume gráficamente Pepe Antequeruela, portavoz del comité de empresa.

El problema, según los representantes de la plantilla, es que esa homogeneización administrativa no encaja con la realidad de un espacio como la Alhambra, donde cada intervención requiere conocimientos técnicos muy específicos. “Cuando tú no tengas trabajadores especializados, traerás empresas de la calle”, advierte Antequeruela, que reconoce que esta dinámica de privatización ya se está produciendo en determinados trabajos.

De hecho, los propios trabajadores describen un funcionamiento cada vez más limitado dentro del monumento. “No somos capaces de hacerlo porque quienes entran nuevos no son profesionales”, señala el empleado consultado, que explica que muchas de las plazas actuales “no tienen contenido de trabajo” porque quienes las ocupan no cuentan con la cualificación necesaria. Esto genera, además, una cadena de disfunciones internas: empleados que aceptan puestos por cercanía o estabilidad pero que luego no pueden desempeñar las tareas, mandos intermedios que no pueden asignarles trabajo y una creciente dependencia de contratas externas.

A corto plazo, además, el comité de empresa apunta a que la situación puede consolidarse si no se introducen cambios en la planificación prevista. La nueva RPT contempla la incorporación progresiva de personal –con una previsión inicial de 25 plazas laborales y 21 de funcionarios– dentro de un marco más amplio que supera el centenar de puestos, pero bajo los mismos criterios actuales. Es decir, sin garantizar que esas nuevas incorporaciones respondan a perfiles especializados. “Se van a cubrir plazas, pero no necesariamente con gente que sepa hacer ese trabajo”, señalan desde la representación de los trabajadores, que advierten de que, sin corregir ese enfoque, el problema no solo persistirá, sino que se ampliará con cada nueva incorporación.

Una plantilla insuficiente

La consecuencia más inmediata no es visible a corto plazo, pero sí acumulativa. El mantenimiento de la Alhambra no depende solo de grandes intervenciones, sino de un trabajo constante y minucioso. “Hay que salir todos los días, recorrer el monumento, ver grietas, goteras, fisuras…”, explica el trabajador. No es algo que se pueda solventar contratando externamente tareas puntuales. “Tienen que conocer bien el monumento y eso es imposible sin estar a diario en él”, insiste el profesional. A ello se suma la presión de las visitas: miles de personas al día que, aunque de forma imperceptible, contribuyen al desgaste del conjunto. “El daño es pequeño, pero 8.000 personas al día, 365 días al año son muchos”, explica el trabajador sobre la realidad de un monumento cuya importancia no deja de crecer en visitantes, hasta el punto de que es Patrimonio Mundial por la UNESCO.

En este contexto, la falta de relevo generacional agrava aún más la situación. La mayor parte de los especialistas actuales se encuentra en torno a los 60 años y su jubilación es inminente. “En dos años empieza a jubilarse el 60% de la plantilla”, advierte el trabajador, mientras que desde el comité apuntan a un horizonte de entre seis y siete años para un cambio completo en el personal. Sin embargo, las condiciones actuales no garantizan que quienes ocupen esos puestos en el futuro cuenten con la formación necesaria.

Desde el Patronato de la Alhambra y el Generalife, por su parte, niegan cualquier irregularidad en la contratación y subrayan que todo el proceso se ajusta estrictamente a la normativa vigente. Fuentes del organismo señalan que la cobertura de plazas se realiza a través de la bolsa única de la Junta y que los requisitos vienen determinados por la RPT y el convenio colectivo, no por decisiones discrecionales del propio Patronato. En ese sentido, reconocen que las categorías profesionales “exigen niveles genéricos de titulación” y apuntan a la formación interna como vía para reforzar la capacitación del personal mientras se alcanzan “soluciones estructurales”.

Una explicación que no convence a la plantilla. “Dándole una formación de dos días o una semana no formas a nadie”, replica el trabajador, que insiste en que la restauración del monumento requiere años de especialización. “La Alhambra no es un centro de formación”, añade.

Desde el Ejecutivo regional, la respuesta incide en la misma línea. La Junta, a través de la Consejería de Justicia, defiende que la actualización de la RPT y del sistema de acceso fue acordada con los sindicatos “para garantizar la cobertura de vacantes según los criterios de igualdad, mérito y capacidad”. Sin embargo, no entra a valorar el impacto de ese modelo en espacios de alta especialización como la Alhambra.

Mientras tanto, dentro del monumento, la preocupación sigue creciendo. “Esto es el día a día”, resume el trabajador. “La Alhambra está muy bien hecha y tarda en notarse el mal trabajo, pero si mientras se está formando a la gente las cosas se caen, el patrimonio se pierde”.

La Universidad Pablo de Olavide incorpora para el próximo curso la formación dual en los Grados en Ingeniería Informática en Sistemas de Información y en Ciencia de Datos, así como en el nuevo Grado en Finanzas, Contabilidad y Auditoría.

Entre las principales novedades para el curso 2026/2027 destaca la implantación del nuevo Grado en Finanzas, Contabilidad y Auditoría y del Doble Grado en Derecho y Finanzas, Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Ciencias Empresariales. Estas titulaciones están diseñadas para responder a las nuevas demandas laborales del ámbito financiero, contable, de auditoría y de banca y seguros, incorporando contenidos vinculados a blockchain, inteligencia artificial, análisis de datos financieros, automatización de procesos contables, banca digital y ciberseguridad.

Uno de los elementos más innovadores será la incorporación de la Mención Dual en el Grado en Finanzas, Contabilidad y Auditoría y en los Grados en Ingeniería Informática en Sistemas de Información y en Ciencia de Datos, una modalidad dirigida a un número reducido de estudiantes seleccionados que permitirá desarrollar una experiencia intensiva en empresas e instituciones mediante un contrato de formación en alternancia remunerado.

El acceso a esta modalidad dual se realizará a través de un proceso de selección basado en el expediente académico, las competencias lingüísticas y la adecuación al perfil profesional requerido por las entidades colaboradoras. El estudiantado seleccionado realizará el cuarto curso del grado en modalidad dual, y desarrollarán su formación en la empresa hasta alcanzar en torno a un 80% del tiempo académico, mientras que simultáneamente seguirán dos asignaturas universitarias específicas y elaborarán su Trabajo de Fin de Grado en estrecha conexión con las tareas desempeñadas en la entidad colaboradora.

La apuesta de la UPO por la formación dual se enmarca en el modelo “Olavide Dual”, que ha permitido a la Universidad Pablo de Olavide ostentar un papel de liderazgo en la oferta de grados mención dual. La implantación de los grados duales tiene como objetivo mejorar la empleabilidad del estudiantado, reforzar el vínculo entre la universidad y el entorno productivo, y promover una educación innovadora, contextualizada y con impacto social.

Asimismo, la Facultad de Ciencias Empresariales ha actualizado el Grado en Análisis Económico con dos nuevas menciones de especialización: Inteligencia de Datos y Economía y Sostenibilidad. Estas menciones permitirán al alumnado orientar su formación hacia ámbitos estratégicos vinculados al análisis masivo de datos (Big Data), los desarrollos en inteligencia artificial, así como estudios de impacto económico y social y la evaluación de políticas públicas en el bienestar de la ciudadanía.

La renovación de la oferta académica también alcanza a la Facultad de Ciencias Experimentales. El Grado en Biotecnología incorporará tres nuevas menciones que permitirán al estudiantado especializarse en Biotecnología Industrial, Biotecnología Biomédica y Biotecnología Medioambiental y Agroalimentaria durante el último curso de la titulación.

Por su parte, el Grado en Nutrición Humana y Dietética incorporará nuevas menciones en Nutrición Deportiva, Nutrición Clínica y Promoción de la Salud e Industria y Empresas Alimentarias. Con esta actualización, la Facultad de Ciencias Experimentales refuerza la preparación del estudiantado para responder a las nuevas demandas del ámbito sanitario, deportivo y alimentario, potenciando perfiles especializados y altamente cualificados.

La propuesta académica de la Universidad Pablo de Olavide para el curso 2026/2027 alcanza un total de 49 grados y dobles grados y 3.038 plazas de nuevo ingreso, 142 más que en el curso actual. De esta oferta, 40 títulos corresponden a la UPO —24 grados y 16 dobles grados, con 2.438 plazas—, mientras que el Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la UPO, oferta 8 grados y 1 doble grado, con 600 plazas nuevo ingreso.

La Universidad Pablo de Olavide pone en valor la propuesta educativa de un campus único que integra la formación y la vida universitaria, con una oferta amplia y diversificada de grados y dobles grados en áreas que van de las ciencias sociales, empresariales y jurídicas a la ingeniería informática, las humanidades, las ciencias experimentales y el deporte. Este modelo favorece la colaboración interdisciplinar, la internacionalización del currículo y el vínculo constante con el tejido social y productivo a través de prácticas en empresas y programas de empleabilidad y emprendimiento, además de una oferta formativa complementaria con microcredenciales universitarias, elementos que la UPO ha consolidado como seña de identidad para impulsar el desarrollo integral de su estudiantado.

Toda la información de la oferta académica 2026/2027 en: https://www.upo.es/laolavideerestu/

La Universidad Pablo de Olavide ya ha puesto en marcha la maquinaria para una de sus citas académicas y culturales más consolidadas: los Cursos de Verano de ‘Olavide en Carmona’, que este año alcanzan su vigésima cuarta edición. Del 15 de junio al 29 de julio, la sede permanente de la Casa Palacio de Los Briones acogerá un total de 49 cursos y talleres diseñados tanto para contribuir a la especialización profesional como para el análisis de la actualidad.

Con más de 400 ponentes de primer nivel, el programa de este año destaca por una profunda renovación: el 55% de las temáticas son primeras ediciones.

Un programa conectado con los desafíos del presente

Una combinación perfecta de actualidad, especialización y vanguardia. La Universidad Pablo de Olavide despliega este verano un programa formativo integral diseñado para conectar el rigor académico con los grandes debates de la sociedad actual. Con los cursos de verano, la UPO se convierte en el epicentro del debate y el aprendizaje con bloques temáticos que marcan la agenda del futuro:

Talleres. La oferta de talleres de este año cubre una amplia variedad de temáticas:

Carmona: un aula arqueológica a cielo abierto

El patrimonio cobra vida en Carmona. La riqueza histórica de la ciudad la convierte en el escenario idóneo para acoger dos cursos prácticos de gran interés:

Ponentes destacados: voces referentes en primera línea

Un programa de la relevancia de los Cursos de Verano de la UPO se sustenta en la calidad de sus ponentes y conferenciantes. En esta edición participarán más de 400 expertos del ámbito político, institucional, judicial, periodístico y cultural. Entre los nombres más destacados se encuentran:

Máxima flexibilidad: estudia a tu ritmo y desde donde quieras

Aunque la presencialidad sigue siendo el objetivo prioritario para fomentar la convivencia durante la actividad estival, la Universidad Pablo de Olavide mantiene una fuerte apuesta por la accesibilidad mediante la docencia simultánea:

Inscripciones abiertas y tasas reducidas

El plazo de matrícula ya está activo y permanecerá abierto hasta 7 días antes del inicio de cada curso, siempre que queden plazas disponibles.

Para fomentar la participación, la UPO ofrece precios de matrícula reducidos para personas desempleadas, familias numerosas, integrantes del Aula de Mayores, miembros de la comunidad universitaria de la UPO, del Centro Adscrito San Isidoro y para los propios vecinos y vecinas de la localidad de Carmona. La inscripción se puede realizar de forma online.

Esta nueva edición de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide, gestionados por la Fundación Universidad Pablo de Olavide, cuenta con la colaboración de 57 entidades públicas y privadas.

Enlaces de interés

Coca Cola Europacific Partners (CCEP) desplegará en este 2026 su mayor dispositivo de suministro de bebidas en el Real de Sevilla con la distribución de más de 3,3 millones de botellas que se llevarán al recinto de Los Remedios en la semana ferial, informa la compañía. El operativo arrancará un año más desde su fábrica de La Rinconada y llegará hasta los enclaves de entrada al Real de Tablada y Los Remedios, donde un equipo de 486 profesionales coordinará la distribución, la preventa y el soporte técnico durante toda la semana.

Durante la Feria, la compañía dará servicio a cerca de 800 casetas (alrededor del 80% de las existentes) y activará 12 rutas de preventa con visita diaria, un sistema digitalizado y una oficina móvil operativa en el recinto para dar respuesta inmediata a cualquier necesidad. En el plano logístico, el despliegue contará con 62 tráileres de gran tonelaje y cerca de 150 vehículos de transporte, además de 2.575 equipos de frío, lo que convierte a la Feria en el evento con mayor concentración de este tipo de equipamiento.

Como novedad, este año CCEP incorpora por primera vez dos camiones de reparto 100% eléctricos que operarán a diario en el recinto, reforzando su apuesta por una operativa más sostenible y eficiente en un entorno de máxima exigencia. Este compromiso se completa con el impulso a modelos de servicio más sostenibles, como el uso de envases de vidrio retornable y soluciones sin envase como el sistema premix, que permiten reducir la generación de residuos.

Entre otras novedades, destaca también la mejora en la operativa del tradicional día de recogida de Feria, fruto del acuerdo entre Festejos, la Asociación de Caseteros, Heineken y Coca-Cola, que permitirá ordenar mejor los tiempos de retirada de residuos y acceso de camiones al recinto.

Todo el dispositivo se desarrollará en coordinación con el Ayuntamiento de Sevilla, CECOP, Policía Local, Guardia Civil y LIPASAM, en un engranaje colectivo que hace posible el funcionamiento de la Feria. Con este despliegue, CCEP reafirma su compromiso con Sevilla, con su hostelería y con una de sus señas de identidad más universales y festivas.

Tras un complejo proceso selectivo, la Universidad Pablo de Olavide se ha incorporado oficialmente a EPICUR, una de las alianzas universitarias europeas más relevantes; refuerza así su proyección internacional y su capacidad para generar nuevas oportunidades de formación, movilidad e investigación para estudiantes, profesorado y personal técnico y de gestión. La entrada en este consorcio estratégico sitúa a la UPO, junto a Andalucía, en una posición más destacada dentro del mapa universitario europeo.

EPICUR (European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions) es una red universitaria de excelencia que tiene como objetivo transformar la educación superior, la investigación y la transferencia en Europa, para generar soluciones innovadoras y formar a nuevas generaciones capaces de liderar los cambios que necesita la sociedad europea. La incorporación de la UPO a EPICUR constituye un logro especialmente relevante en un contexto de fuerte competencia entre universidades europeas por integrarse en este tipo de alianzas, ya que numerosas instituciones han quedado fuera de estos consorcios estratégicos.

La entrada en EPICUR supone formar parte de una de las alianzas pioneras surgidas en 2019 que reúne universidades de nueve países europeos en un consorcio integrado por Université de Strasbourg (Francia), coordinadora de la Alianza; Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Alemania); Karlsruhe Institute of Technology – KIT (Alemania); Aristotle University of Thessaloniki (Grecia); University of Upper Alsace – UHA (Francia); Adam Mickiewicz University (Polonia); BOKU – University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Austria); University of Southern Denmark – SDU (Dinamarca); Università di Roma Tre (Italia); y University of Basel (Suiza).

Comunidad internacional

La dimensión de la alianza refleja el alcance del proyecto. EPICUR reúne a una comunidad de 280.000 estudiantes, 29.000 académicos e investigadores y 17.000 profesionales de administración y servicios, y configura así un espacio universitario europeo con una extraordinaria capacidad para generar oportunidades de cooperación académica, científica e institucional.

Para el estudiantado de la Olavide, esta incorporación se traducirá en nuevas oportunidades de formación internacional a través de asignaturas compartidas, experiencias de aprendizaje híbridas y nuevos formatos de movilidad con reconocimiento académico. Este modelo facilita que un mayor número de estudiantes pueda acceder a una experiencia europea, al combinar modalidades presenciales, virtuales y mixtas (Flipped Mobility), y ampliar las posibilidades de participación en entornos internacionales desde etapas tempranas de su formación universitaria (EPICURUS, campus europeo interconectado).

La participación en EPICUR permitirá también reforzar la actividad del personal docente e investigador mediante la creación de redes internacionales para el desarrollo de proyectos conjuntos y el acceso a nuevas iniciativas de innovación educativa y colaboración científica (Seed funding programme). La alianza presta especial atención a ámbitos estratégicos como la transformación sostenible, los valores europeos, la salud global, la inteligencia del futuro, la transformación digital y la participación social, áreas en las que la cooperación entre universidades resulta esencial para generar conocimiento y transferirlo al entorno.

“Avanzar hacia un modelo de universidad europeo de futuro”

Junto a ello, la adhesión de la UPO contribuirá a seguir avanzando en la modernización institucional, tanto en el plano académico como en la gestión universitaria, la favorecer el intercambio de buenas prácticas, la puesta en marcha de herramientas compartidas y el desarrollo de nuevos modelos de gobernanza más conectados con la realidad europea (International Educators’ Programme).

“Se trata de un proyecto que va a implicar a toda la Universidad y nos va a permitir avanzar hacia un modelo de universidad europeo de futuro, sin perder nuestra esencia”, destacó Francisco Oliva, rector de la Pablo de Olavide, al dar a conocer a la comunidad universitaria la integración de la UPO en la alianza.

La Universidad Pablo de Olavide se incorpora además a EPICUR en plena sintonía con los valores que inspiran esta alianza europea, especialmente su compromiso con la igualdad, la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad. Lo hace, además, desde fortalezas propias que enriquecen el consorcio: su capacidad investigadora, su experiencia en la captación de financiación europea, el éxito de su programa de microcredenciales universitarias, su trayectoria e impulso estratégico en materia de internacionalización, y su proyección hacia América Latina y el Mediterráneo.

El consorcio, ya incluyendo a la UPO, ha presentado recientemente a la Comisión, el pasado día 5 de marzo, la propuesta de financiación del proyecto europeo para los próximos dos años. La incorporación de la UPO se inicia con la participación en una mesa redonda sobre microcredenciales en la Universidad de Tesalónica en mayo y un encuentro sobre captación de fondos de investigación en Basilea, en el mes de junio. El comité de rectores de la Alianza tiene prevista su próxima asamblea general (Epicur’s Governance Week) del 29 de junio al 2 de julio.

48 horas después de ganar las elecciones andaluzas del pasado domingo, Juan Manuel Moreno se ha zambullido en la larga precampaña para las municipales y generales, previstas para 2027. Ante la Junta Directiva del PP andaluz, reunida este martes en un hotel de Sevilla, el presidente del partido ha lanzado tres mensajes claros, los tres, de alguna manera, dirigidos a Vox.

El primero es una advertencia: no está dispuesto a sacrificar su perfil moderado, clave en el éxito electoral del PP en Andalucía, con cesiones ni en el fondo ni en la forma al partido de Santiago Abascal. “Llegué aquí siendo yo y os aseguro que voy a seguir siendo el mismo que hace siete años y medio”, ha anunciado, sin citar a Vox ni su “prioridad nacional”, esa imposición de sesgo xenófobo con la que han claudicado los presidentes del PP en Extremadura y Aragón, a cambio del apoyo a su investidura.

Ese alegato en defensa de la moderación es la hoja de ruta del PP andaluz para la negociación inminente con la ultraderecha, que tiene la llave de gobierno en Andalucía: “No vamos a ser lo que no somos. No vamos a buscar distancias ni divisiones, no vamos a alentar la bronca que cabrea permanentemente a los ciudadanos, ni vamos a buscar rédito político en la crispación, como hacen otros. El PP ha construido una identidad, es un proyecto de convivencia y no vamos a cambiar”, ha sentenciado.

Los cientos de dirigentes que forman parte de la Junta regional del PP-A, incluido los consejeros en funciones, se han puesto en pie y han estado varios minutos aplaudiendo. La declaración de intenciones del dirigente popular no es baladí. 24 horas después de las elecciones, el PSOE (el gran derrotado) pronosticaba que Moreno tendría que desenmascararse, “quitarse la careta de moderado”, para lograr el apoyo de la extrema derecha.

Moreno ha reconocido este martes que Vox tendrá ahora “mucha influencia” y “la llave de la gobernabilidad” en Andalucía, pero también ha advertido a los de Abascal de “las dificultades” que tendrían los suyos al entrar, sin experiencia, en la gestión directa de un Gobierno de esta magnitud, con un presupuesto de 51.000 millones de euros, y una plantilla de 303.000 empleados públicos.

“Andalucía no es una comunidad cualquiera. Hablamos de presupuestos muy grandes. Requiere equipos preparados, rodados y una coincidencia en el proyecto. Vox tendría dificultades”, ha dicho esta mañana, en una entrevista en la COPE.

El ganador de las elecciones andaluzas, con 1,7 millones de votos y 53 diputados (a dos de la mayoría absoluta), se sabe en una encrucijada política, que no sólo condiciona la continuidad de su proyecto en los próximos cuatro años de legislatura, también un estilo que él mismo ha promocionado en toda España, contra la crispación y la brocha gorda, que miran de recelo desde el ala dura de su propio partido, donde reina la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El presidente de la Junta en funciones y candidato del PP aspira a seguir gobernando en solitario, con acuerdos puntuales con Vox en el Parlamento, como ya hizo entre 2019 y 2022. Los de Abascal han enfriado su objetivo confeso de entrar en el Gobierno andaluz, han aparcado su interés por “los sillones”, y marcado como línea roja la “prioridad nacional”, una propuesta que discrimina a los inmigrantes en el acceso a prestaciones públicas, y que Moreno calificó en campaña de “eslogan vacío”.

Seis meses estuvo María Guardiola sin poder formar Gobierno en Extremadura tras ganar las elecciones, el pasado diciembre, con un porcentaje de votos superior al de Moreno, un 43,18%, y a cuatro escaños de la mayoría absoluta. Ante este “lío” o “desgobierno”, del que el andaluz no se cansó de advertir durante los 15 días de campaña, el dirigente popular ha advertido a Vox: “A nadie le vamos a pedir que nos regalen su voto, es evidente, pero sería un enorme error quien plantee bloquear un Gobierno de Andalucía que está amparado en 1,7 millones de votos. Sería ir contra el sentido común y creo que eso nadie lo debería hacer”, sentencia.

Moreno está a punto de abandonar la vida política pacífica y sosegada que ha disfrutado estos últimos cuatro años, gracias a su mayoría absoluta, para volver a 2019, el año que llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía gracias a un pacto con la ultraderecha, el primero que se firmaba en España.

Gobernó los primeros tres años sustentado desde fuera por Vox, con los que firmó acuerdos parlamentarios y sacó adelante tres presupuestos autonómicos. Entonces el PP tenía 26 diputados de los 109 que hay en el Parlamento -el peor resultado de su historia- y ahora cuenta con 53, a dos de la mayoría absoluta. “Si una mayoría con 26 diputados inició el cambio en Andalucía, esta mayoría con 53 está más legitimada aún para que sigamos con nuestra vía: la reforma, el entendimiento, el diálogo. No lo vamos a cambiar”, ha sentenciado.

Moreno se aferra así a la llamada “vía andaluza”, al Manual de convivencia que él mismo escribió, con el que ha cincelado su imagen de político moderado, sereno, conciliador y dialogante, en contraste con el volcánico ambiente político que respira España (en parte por la volcánica oposición que ejerce su propio partido y Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez). Este martes, ante la cúpula de su partido y de su Gobierno en funciones, ha reafirmado ese estilo, pero también la gran promesa electoral: “Cuando hemos dicho que vamos a reformar en profundidad la sanidad en esta legislatura, que nadie dude que lo vamos a hacer”, dice.

Contra los Presupuestos catalanes y Zapatero

Los otros dos mensajes, de hecho, han sido sendos misiles dirigidos a dos objetivos que el PP comparte con los de Abascal: el PSOE y el Ejecutivo de Sánchez, por un lado; y el independentismo catalán, por otro. Dos caras de la misma moneda para las derechas, que encuentran en sus rivales de izquierdas el mejor pegamento para sus intereses de cara a las generales.

El presidente del PP-A ha cargado contra el acuerdo de Presupuestos de Catalunya, firmado por el president Salvador Illa y el líder de ERC, Oriol Junqueras, sólo 24 horas después de las elecciones andaluzas. “Si son tan valientes, ¿por qué no lo anunciaron antes de la campaña o durante?”, ha dicho, denunciando que los “privilegios” para Catalunya con la inversión ferroviaria comprometida, más la cesión en la gestión de empresas estatales, como la Zona Franca de Barcelona, mientras el Gobierno tiene “absolutamente en el vacío y en la marginalidad los intereses de los andaluces”.

También ha atizado duro al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por un supuesto caso de corrupción en el rescate de la compañía Plus Ultra, y se ha dirigido (sin citarla) a María Jesús Montero, líder del PSOE-A y su rival en las urnas, exigiéndole explicaciones. “Pedimos que nos dé información y explicaciones, ya que la ha acompañado en esta campaña. ¿Qué ha sucedido y qué papel ha tenido en todo el rescate de Plus Ultra?”, ha asegurado.

El dirigente popular ha denunciado que “todo el entorno de Sánchez está siendo investigado y procesado”, y ha terminado su discurso con esta frase: “Es el ambiente que vivimos en España, a diferencia del ambiente sosegado de Andalucía, alejado de tribunales, de irregularidades y de corruptelas”.

Andalucía ha aceptado los criterios de reparto de los fondos incluidos en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que prevé una inversión de 1.197 millones de euros, pero a la vez ha anunciado que está revisando “jurídicamente” este acuerdo y deja la puerta abierta a la presentación de un recurso. “No estamos de acuerdo con cómo se ha hecho la financiación”, sentido en el que el Gobierno andaluz en funciones señala que la inversión de Andalucía se “multiplica por seis” mientras que la aportación del Estado lo hace por dos.

Esto es así porque el plan contempla que el Ejecutivo central asuma el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante. Pero esto supone que las autonomías tengan que hacer un esfuerzo mayor que en los anteriores planes, en los que aportaban el 25% del presupuesto y el resto lo ponía el Estado. Con la nueva distribución, el Gobierno aportará 718 millones de euros y eso obliga a la Junta a poner sobre la mesa 479 millones de euros.

La decisión se ha tomado en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, en la que por lo pronto la Junta ha aceptado los criterios de reparto de fondos, que supone un 17,10% para Andalucía, el mismo porcentaje que figuraba en planes anteriores. Así lo ha anunciado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz (PP), que –eso sí– ha expresado su “disconformidad” por la “obsesión del Gobierno de España por imponer su modelo de vivienda sin negociación ni consenso con las comunidades autónomas”.

Críticas al modelo de financiación

Todas las comunidades del PP han acabado aceptando el nuevo plan, aunque varias de ellas no descartan recurrirlo ante el Tribunal Supremo. Una de ellas es Andalucía, sentido en el que Díaz ha anunciado que los servicios jurídicos de la consejería están revisando el contenido del plan estatal porque “no estamos de acuerdo con cómo se ha hecho la financiación”, dejando abierta la puerta a la asunción de medidas en este sentido.

La consejera en funciones, asimismo, ha cargado contra el calendario, ya que el nuevo plan “debía estar en marcha desde el 1 de enero” y, sin embargo, “llega con casi cinco meses de retraso”, lo que ha condicionado el desarrollo de las convocatorias y ayudas previstas para 2026. De paso, ha reclamado al Ministerio de Vivienda que aumente su participación económica.

Andalucía recibirá hasta 2030 una inversión total de 1.197, de los que 136,8 millones corresponden a la anualidad del presente ejercicio. El objetivo es desarrollar políticas públicas de vivienda en la región. El compromiso que se adquiere es que al menos un 40% de esos fondos se dedicarán a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.

“Consenso histórico”

Y si Rocío Díaz ha denunciado la falta de negociación, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (PSOE), ha celebrado que el plan supone “una clara muestra” de la “voluntad de diálogo y consenso” del Gobierno central. “Prueba de ese modelo de consenso, diálogo y acuerdo” son las 28 reuniones mantenidas con las comunidades autónomas en torno al contenido del documento, así como los encuentros con entidades, agentes sociales y expertos. Fruto de esos encuentros, se han recibido 365 aportaciones que se han estudiado e incorporado a la redacción final, y hasta el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), ha celebrado el “consenso histórico” entre las comunidades autónomas y el Ejecutivo central.

No lo ve así la consejera en funciones, que ha criticado que “ni siquiera conocemos la valoración del Ministerio de Vivienda sobre las 22 alegaciones que Andalucía presentó en el mes de octubre”. Por eso, ha insistido en que, mientras se aceptan los criterios de reparto de los fondos, se está revisando y estudiando el plan por parte de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía.

De paso, ha cargado contra un plan estatal que considera que está “más preocupado por la foto de una primera piedra o de una entrega de llaves que por ofrecer soluciones reales para el acceso a la vivienda”, en alusión a la advertencia de retirar fondos estatales si no se da visibilidad a la aportación del Ministerio. En ese sentido, ha defendido que “Andalucía siempre ha sido leal, informando en todo momento de las ayudas y promociones”.

Detrás de cada cifra de abandono escolar, de cada aula pública que se cierra en nuestros barrios y de cada joven que se queda sin plaza para estudiar lo que sueña, estamos nosotras. Estamos las madres y los padres. Familias que no dormimos pensando que nuestros hijos e hijas irán mañana a colegios convertidos en hornos, o pensando en cómo luchar para que el alumnado con necesidades especiales tenga garantizado su derecho a una educación de calidad en igualdad de condiciones.

Nos hemos convertido, por pura supervivencia y amor, en el parachoques de un sistema educativo andaluz que se cae a pedazos. Soportamos el frío de las protestas, la frustración de las promesas rotas y el peso de una responsabilidad que nadie nos debería exigir en exclusiva.

A veces miramos de reojo a la Comunitat Valenciana y se nos encoge el alma de admiración y de envidia sana. Allí, el profesorado ha decidido que no se puede delegar el dolor de la escuela pública en los hombros de las familias. Más de 200 directores y directoras han dimitido en bloque y han parado el sistema junto a sus docentes en una huelga indefinida valiente, demostrando que la defensa de la escuela pública es un acto de coraje absoluto que se asume en primera persona.

¿Y en Andalucía? En nuestra tierra, lo que encontramos en la mayor parte del profesorado es una anestesia y un silencio que duelen. Frente a ratios imposibles, frente a la falta de recursos y medios para el alumnado con necesidades especiales, frente al goteo constante de aulas públicas suprimidas y frente a la escandalosa privatización de la Formación Profesional (FP) —así como el desmantelamiento de la FP específica y adaptada para los chicos y chicas más vulnerables—, la respuesta de quienes habitan las salas de profesores, en su mayoría, se ha vuelto peligrosamente previsible. Se ha sustituido la movilización real por la queja de pasillo mientras la realidad nos pasa por encima. Quienes no actúan así son, lamentablemente, la excepción.

Parece que la estrategia de algunos claustros es esperar sentados a que la desesperación de las familias prenda la mecha ante los problemas estructurales reales

También resulta intolerable la alarmante estrategia de bastantes profesionales para justificar esta inacción. Desvían de forma vergonzosa el foco hacia el eslabón más débil, magnificando los problemas de convivencia, y poniendo el foco en situaciones excepcionales, criminalizando a los y las menores y dibujando las aulas como junglas ingobernables para tapar que, en realidad, miran hacia otro lado. Incluso tenemos que ver en las redes sociales a ciertos docentes reconvertidos en influencers lanzando odio y condescendencia sobre el alumnado y sus familias para buscar el aplauso fácil.

Esta actitud se traslada a la gestión del día a día. Una parte importante del colectivo acepta acuerdos que reducen la participación familiar al entorno online. Entienden la “comunidad educativa” como una notificación unidireccional por iPasen y nos vetan en los debates profundos bajo el pretexto de que “ellos son los profesionales”. Olvidan que las familias llevamos leída más normativa que muchas y muchos de ellos. No existe otro sector donde personas no profesionales se formen tanto para ejercer su derecho legal a opinar.

No se trata de un deseo de cuestionar la labor docente —como tantas veces se nos recrimina—, sino de una respuesta inevitable: suele decirse que el profesorado es el colectivo funcionarial que peor conoce su propia normativa. Una falta de formación en sus obligaciones legales que, paradójicamente, obliga a las familias a estudiar la ley para no quedar en el más absoluto desamparo.

Por ese respeto infinito que les tenemos a los docentes, les pedimos que despierten, que salgan de su letargo, y que den un paso al frente

Parece que la estrategia de algunos claustros es esperar sentados a que la desesperación de las madres y los padres prenda la mecha ante los problemas estructurales reales. Esperan que sigamos siendo nosotras las que pongamos el cuerpo, el desgaste emocional y las lágrimas de impotencia frente a la administración, para luego sumarse ellos cuando el terreno ya esté ganado.

Nosotras amamos y respetamos profundamente a los maestros y maestras de nuestros hijos e hijas. Precisamente por ese respeto infinito, les pedimos que despierten, que salgan de su letargo, y que den un paso al frente.

La defensa de la escuela pública andaluza no puede ser un escudo humano hecho de familias ya agotadas. Si de verdad queremos salvar el futuro de la educación pública, los maestros y maestras, el profesorado tiene que asumir las consecuencias de un conflicto real.

Las familias estamos dispuestas a vaciar aulas y a llenar las calles, nunca hemos dejado de hacerlo, pero no queremos ir solas en la vanguardia. El futuro de la educación pública se defiende con la comunidad unida, profesorado y familias, codo con codo. O no se defenderá.

[Definición de la R.A.E. de fascismo: Movimiento político y social de carácter totalitario que se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX, y que se caracterizaba por el corporativismo y la exaltación nacionalista].

En democracia hay momentos en los que las sociedades se ven obligadas a detenerse, mirar alrededor y preguntarse qué está realmente en juego. Andalucía vive uno de esos momentos. Más allá de los resultados electorales, lo que hoy se discute es la salud de nuestras instituciones y la fortaleza de un sistema democrático que ha costado décadas consolidar.

Las instituciones no son un escenario neutro: son el armazón que sostiene derechos, libertades y convivencia. Por eso cuando aspiran a entrar en un gobierno autonómico fuerzas que cuestionan principios básicos del Estado de derecho, la sociedad y los partidos políticos democráticos deben reflexionar con profundidad. Debemos comprender que la democracia no solo se vota, también se protege.

En un Parlamento fragmentado, la responsabilidad institucional recae en quienes a priori buscan la investidura. En ellos recae la responsabilidad de explorar las vías que garanticen estabilidad, sí, pero también que garanticen el autogobierno y que preserven el marco democrático. Quienes a priori van a ejercer un papel de oposición, pueden y deben aportar análisis y advertencias, pero la primera iniciativa formal corresponde a quienes pretenden presidir la Junta.

Esta no es una cuestión de simpatías políticas, sino de lógica institucional: quien quiere gobernar está obligado a asumir la responsabilidad de evitar escenarios que debiliten la convivencia democrática.

La izquierda necesita tiempo para reorganizarse, actualizar su proyecto y reconectar con amplias capas sociales. Ese proceso sería mucho más difícil con nostálgicos del totalitarismo en el gobierno

Tras las elecciones andaluzas existen razones por las que un gobierno en solitario podría resultar atractivo para el candidato conservador:

Evitaría el “lío” del que él mismo advirtió durante la campaña, reforzaría su imagen de moderación, y gobernaría sin ataduras de fuerzas xenófobas. Además consolidaría la llamada “vía andaluza”, un camino propio dentro del panorama político nacional. Esta circunstancia situaría además a Juan Manuel Moreno como el referente moderado que pretende ser dentro de su partido. 

La memoria ofrece además advertencias útiles. En la Alemania de los años treinta, la derecha moderada creyó que podía “domesticar” al partido de Hitler otorgándole responsabilidades institucionales. Ocurrió lo contrario: primero fue arrasada políticamente y después vino la destrucción del sistema democrático. Esta es una lección histórica sobre cómo funcionan las dinámicas de poder cuando se cede espacio institucional a ciertas fuerzas políticas.

Por otra parte, y desde una perspectiva democrática existen argumentos que explican por qué la a priori oposición, podría optar por facilitar un gobierno:

El machismo, la homofobia y el odio a la persona distinta ya tienen presencia social. Pero la entrada en un gobierno autonómico de quienes defienden lo anterior supone un salto cualitativo: acceso a recursos, capacidad de condicionar políticas, influencia en el legislativo y de forma indirecta, en el ámbito judicial, y como ya hemos comentado la experiencia histórica demuestra que cuando entran estas ideas en las instituciones, no se moderan, se fortalecen.

La influencia de la izquierda y de las políticas que defiende necesariamente será mayor ante un gobierno en minoría que ante un bloque PP-Vox cohesionado. 

La izquierda necesita tiempo para reorganizarse, actualizar su proyecto y reconectar con amplias capas sociales. Ese proceso sería mucho más difícil con nostálgicos del totalitarismo en el gobierno, que impondrían ritmos, prioridades y debates diseñados para erosionar derechos y polarizar, obligando a la izquierda a estar en una posición permanentemente reactiva.

El argumento de “que entren en el gobierno y ya se enterará la sociedad de lo que son” es una falacia. Confiar en que la ciudadanía reaccionará tras verlos gobernar es una apuesta arriesgada

Además, el argumento de “que entren en el gobierno y ya se enterará la sociedad de lo que son” es una falacia. Confiar en que la ciudadanía reaccionará tras verlos gobernar es una apuesta arriesgada. Los grandes medios y las redes sociales están fuertemente condicionados por marcos, cuanto menos, conservadores, por lo que esa reacción social no está garantizada. La normalización del extremismo desde el poder no genera rechazo, sino habituación. La persona votante de izquierdas incluso puede llegar a sentir que ha sido abandonada en manos de un gobierno contaminado con ideas autoritarias, y que eso se podría haber evitado.

La democracia andaluza, como cualquier democracia, se sostiene sobre equilibrios que pueden ser frágiles: respeto institucional, pluralismo, derechos fundamentales y convivencia.

Por eso, se puede y se debe defender que la prioridad debe ser impedir que quienes cuestionan muchos principios democráticos accedan a posiciones de poder que les permitan erosionarlos.

La prioridad es la democracia.

Imaginemos por un momento que la universidad es una ciudad antigua, de esas con murallas de piedra y calles que llevan siglos sin moverse. Dentro, la gente estudia, investiga, discute ideas. Todo tiene su orden, su ritual, su jerarquía. Fuera, en cambio, ha crecido un mundo completamente distinto: plataformas digitales que enseñan lo que quieras en el momento que quieras, empresas que contratan sin pedir título, algoritmos que corrigen exámenes y hasta explican conceptos mejor que algunos profesores. La muralla ya no protege. Y lo más urgente no es tirarla, sino decidir quién abre la puerta y hacia dónde se sale.

Esa es, en pocas palabras, la situación en la que se encuentran hoy las universidades. Vivimos en la llamada “sociedad del conocimiento”, pero paradójicamente las instituciones que durante siglos tuvieron el monopolio del saber están perdiendo peso. Ya no son las únicas que forman, ni las únicas que investigan, ni siquiera las únicas que certifican que alguien sabe algo. Google ofrece certificados. Startups como ThePower tienen sus propios MBAs. Y millones de personas aprenden cada día en YouTube, podcasts y comunidades online sin que ningún rector les haya dado permiso para ello.

Sería tentador reducir todo esto a un problema de digitalización. Actualizar los campus, poner las clases en streaming, usar inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje... y listo. Pero eso sería quedarse en la superficie. Lo que está en juego es algo más profundo: la legitimidad de la propia institución.

En un contexto donde el populismo está creciendo en muchos países, las universidades se han convertido en blanco fácil. Se las acusa de ser élites desconectadas de la gente real, de hacer ciencia para sí mismas y de ignorar los problemas cotidianos. Algo de eso, hay que reconocerlo, tiene una base real. Durante demasiado tiempo, buena parte de la investigación académica ha vivido encerrada en revistas de pago que nadie lee fuera del mundo académico, evaluada por el número de citas que recibe en lugar de por el impacto que tiene en la sociedad.

La respuesta a esta crisis no puede ser el repliegue. Tiene que ser la apertura. La llamada Ciencia Abierta —que propone que los datos y los resultados de la investigación sean accesibles para todos, no solo para quienes pagan suscripciones caras— es un paso en la buena dirección. Pero requiere un cambio de mentalidad que muchas universidades aún no están dispuestas a asumir.

Aquí es donde la conversación se pone interesante, y también más incómoda. Porque todos los problemas que acabamos de mencionar tienen algo en común: son, en gran medida, problemas de gobernanza. De quién decide, cómo se decide y para quién se decide dentro de una universidad.

Las universidades públicas españolas cuentan, sobre el papel, con algo llamado Consejos Sociales: órganos diseñados precisamente para conectar la institución con la sociedad, el tejido empresarial y el mundo laboral. En teoría, deberían ser el puente entre lo que la universidad hace y lo que la sociedad necesita. En la práctica, muchos de estos consejos han sido durante años organismos más decorativos que funcionales, vistos con cierta desconfianza por los propios equipos rectorales, que los percibían como una intromisión externa en sus asuntos.

La idea de fondo es sencilla pero revolucionaria: la universidad no pertenece a los académicos. Es un servicio público. Y como tal, tiene que rendir cuentas a la sociedad que la financia y que necesita lo que ella produce

Pero algo está cambiando. Experiencias como la de la Universidad Pública de Navarra demuestran que cuando un Consejo Social funciona de verdad —con liderazgo claro, voluntad real y colaboración entre todos los actores— puede transformar una institución sin necesidad de grandes reformas legales. Puede atraer financiación privada, orientar la oferta académica hacia donde el mercado laboral lo necesita, y convertir la transferencia del conocimiento en algo más que un slogan.

La idea de fondo es sencilla pero revolucionaria: la universidad no pertenece a los académicos. Es un servicio público. Y como tal, tiene que rendir cuentas a la sociedad que la financia y que necesita lo que ella produce.

No se puede hablar del futuro de la universidad sin hablar de inteligencia artificial, aunque solo sea porque ya está dentro de las aulas, lo reconozcan o no los profesores. Los estudiantes usan ChatGPT para hacer sus trabajos. Las plataformas educativas adaptan los contenidos en tiempo real según el rendimiento de cada alumno. Y hay quien ya se pregunta en voz alta si el profesor humano tiene los días contados.

La pregunta no es si la IA va a cambiar la educación universitaria —eso ya está pasando— sino cómo va a responder la institución. La opción de prohibir o ignorar ya ha demostrado ser inútil. La opción inteligente es reimaginar qué es lo que un ser humano puede aportar que una máquina no puede: pensamiento crítico, empatía, ética, capacidad para navegar la incertidumbre. Justamente las cosas que más va a necesitar la sociedad en las próximas décadas.

Si echamos la vista al horizonte del año 2050, hay tres escenarios posibles para la universidad. El primero es la mercantilización total: instituciones convertidas en expendedoras de títulos rápidos al servicio del mercado, sin espíritu crítico ni compromiso social. El segundo es la fragmentación: universidades reducidas a actores marginales, incapaces de competir con plataformas digitales más ágiles y baratas.

El tercero —el deseable— es el de la universidad como infraestructura democrática. Un espacio que combina la apertura internacional con el compromiso local, que forma ciudadanos críticos además de profesionales competentes, y que sabe estar presente en los grandes debates de su tiempo. Una institución que no vende conocimiento, sino que lo construye con la sociedad y para la sociedad.

Para llegar ahí no hacen falta solo buenas ideas. Hacen falta líderes dispuestos a incomodar a sus propias instituciones, órganos de gobierno que funcionen de verdad, y una apuesta decidida por la transparencia y la rendición de cuentas. En definitiva, hacen falta universidades que dejen de mirarse el ombligo y empiecen a mirar al mundo.

Artículo elaborado a partir de la Monografía “El liderazgo de la universidad en el cambio de época”. Fundación CyD. 2026

Dos dotaciones de bomberos continúan trabajando en la extinción del incendio registrado en la madrugada de este lunes en un establecimiento hostelero de Málaga capital –Le Grand Café– y que se ha propagado a un hotel, ubicado en el mismo edificio, que tuvo que ser desalojado.

Según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, el fuego ha afectado a la totalidad del local comercial y a prácticamente la mitad del hotel. Si bien fuentes municipales afirman que el incendio “ha quedado controlado”, en los alrededores se puede apreciar todavía una gran columna de humo saliendo por los pisos superiores.

Los efectivos de Bomberos continúan en la zona, desde que el fuego se inició sobre las 01:26 horas, según han señalado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía, cuando los testigos alertaron de llamas en un establecimiento hostelero del Pasillo de Guimbarda, y que se han propagado al hotel, ubicado encima. Los bomberos continúan en la zona más de 18 horas después y seguirán con trabajos de ventilación hasta la extinción total del incendio, según han señalado las citadas fuentes.

Los servicios de emergencia procedieron al desalojo preventivo de todas las estancias con más de un centenar de clientes afectados. No hay que lamentar daños personales.

Además, los bomberos también han extinguido este lunes un incendio originado en la planta superior destinada a trasteros de un edificio en Málaga capital. Los hechos han tenido lugar sobre las 07,10 horas de este lunes, según ha informado el Área de Seguridad de Málaga, al tiempo que han precisado que el incendio se originó en la planta superior destinada a trasteros de un edificio ubicado en la calle Saint Exupery, sin que se hayan registrado daños personales.

Finales de julio de 1938, en un lugar indeterminado entre Gandesa y Corbera, Terres de l’Ebre. La 16ª división del Ejército Popular de la República, comandada por Manuel Mora Torres, se dirige hacia la batalla más decisiva de la Guerra Civil española. Exhausto, Juan López, anarquista de Jimena de la Frontera, un pueblo corchero de la sierra de Cádiz, se acerca a un pozo para llenar la cantimplora. Allí escucha el sollozo de un prisionero, que al sentirse observado arroja algo al matorral. López lo recoge: es un escapulario cuyas letras bordadas dicen “detente, bala”, por un lado, y “Señor, protégelo”, por el otro. El prisionero tiembla, cree que va a morir, y cuenta al anarquista que su abuela se lo colgó al cuello mientras le decía que le rezara cuando se viera en apuros.

Pero Antonio Rebollo, soldado cartameño enrolado a la fuerza en el ejército franquista, no murió aquel día. “Si alguna vez vuelves a ver a tu abuelita le dices que fue un andaluz de Jimena, no creyente, quien te ha protegido hoy en este lugar; puedes ponerte las medallas que quieras, ya que somos libres de colocarnos lo que se nos antoje”, le dice el anarquista mientras le devuelve el colgante. “Le di mi nombre y le insistí para que se lo contara a su abuela. Luego me alejé de él deseándole suerte”, escribiría en un cuaderno de cuartilla décadas después.

Tras sobrevivir a la Batalla del Ebro, Antonio regresó a Cártama con la pierna llena de metralla y nunca volvió a saber del anarquista, que acabó la guerra exiliándose en Francia. Nunca volvieron a verse.

El pasado martes, casi 88 años después de aquello, Helios López, hijo del anarquista y soldado republicano Juan López, se encontró en la biblioteca de Cártama con los sobrinos de Antonio Rebollo Benítez, soldado reclutado a la fuerza por el bando franquista. Y los únicos familiares de Rebollo, emocionados por la ocasión, le contaron a Helios que aquello que Juan escribió en sus memorias también se lo contó a ellos su tío, palabra por palabra. “Mi abuela y mi madre me lo contaron muchas veces, y también él en alguna ocasión, siempre agradecido a aquel republicano”, cuenta María Sánchez Rebollo a elDiario.es.

El reencuentro de los familiares de los protagonistas de esta historia fue el momento culminante de la presentación en Cártama (Málaga) de Juan López: El republicano que intentó cambiar la historia de España y la huella de la niña Libertad, escrito por Juan Ignacio Trillo y editado por la Diputación de Cádiz, donde se recoge y documenta la vida del anarquista que devolvió aquel escapulario. “Tenemos la fortuna no sólo de que haya descendientes, sino de que hubo transmisión oral de que eso ocurrió. No pasa en muchas familias, donde de esa época no se habla”, explica el autor.

De la juía a los campos de trabajo nazis

No es la única historia fascinante que recogen las memorias del anarquista gaditano. En aquellos cuadernos escritos con letra límpida por su padre, Helios descubrió todo: el fusilamiento de su tío (republicano, sindicalista y masón, como el resto de la familia); la juía de su padre junto con 4.000 jimenatos, más de medio pueblo, cuando los regulares tomaron Jimena a finales de septiembre del 36; el alistamiento como miliciano; la caída de Málaga y la Desbandá de cientos de miles hacia Almería. También, su participación en las decisivas batallas del Jarama, Teruel y Ebro. Finalmente, la retirada por La Junquera el 9 de febrero de 1939 junto a más de medio millón de españoles. “Me despedí de mi querida España besando su suelo, sin saber cuándo regresaría”, anota López.

En la frontera francesa le requisaron la estilográfica que se compró con su primera paga militar y luego lo confinaron al raso con otros 100.000 refugiados, tratados como apestados. Primero en la playa de Argelès-sur-Mer; cuando no cupieron más, en Saint-Cyprien. “Desde fuera del campo tomaban fotos y luego las publicaban en sus periódicos conservadores con grandes titulares que informaban que ”los rojos“ españoles se peleaban entre ellos mismos”, se duele en las memorias. “Aprovechando el hambre existente, estos desaprensivos lanzaban panecillos a las alambradas”. Pasó tres meses allí.

Tras reunirse con su hermano, Juan López ingresó en una de las compañías de trabajadores extranjeros con las que Francia se nutrió de refugiados para los trabajos en la retaguardia. Pasó por un taller de ensamblaje de aviones, descargó obuses y picó piedra, hasta que, como otros republicanos españoles, fue entregado a los alemanes por el régimen de Vichy. De la noche a la mañana pasó a trabajar a la fuerza para una empresa alemana, Estewing, en el Lager Franco de Hennebont, en el departamento de Morbihan.

El atentado contra Franco

Tras la liberación de Europa, López se exilió en el sur de Francia y mantuvo su militancia en CNT, que aún habría de meterlo de cabeza en otra aventura. Helios recuerda que su madre contaba que una vez encontró una maleta repleta de granadas y pistolas en el altillo de un armario. También, que una noche encontró a su padre y a otro español ante un gran agujero en el jardín, y que después vino un camión y cargó. “Cuando ella contaba todo esto mi padre sonreía, pero no decía una palabra”.

Juan nunca relató este episodio en sus memorias, pero Helios se lo contó a Trillo, que indagó y ató cabos: encontró algunas publicaciones periodísticas y Historia de un atentado aéreo contra el General Franco, un libro donde Antonio Téllez Solá relata el intento frustrado (otro más) de acabar con la vida del dictador bombardeándolo desde el aire mientras disfrutaba de las vistas de una regata en San Sebastián en 1947.

La avioneta Norécrin, cargada de explosivos y tripulada por Primitivo Gómez Pérez, José Pérez Ibáñez y Antonio Ortiz Valencia, despegó de un pequeño aeródromo de Dax, a 50 kilómetros de Mont de Marsan, pero regresó horas después habiendo fracasado en su misión tras ser detectada por cazas españoles. Acabaron arrojando las bombas sobre el Atlántico frente a las costas de Biarritz.

A partir de esas pistas, Trillo concluye que el agujero en el jardín de la casa de Mont de Marsan ocultó las bombas con las que los conspiradores anarquistas liderados por Laureano Cerrada trataron de eliminar a Franco, y que López era El Pelao, el anarquista andaluz que proveyó del arsenal. Lo había escamoteado tras la huida de los nazis del campo en el que trabajaba.

Helios tiene el recorte de un periódico local donde se da cuenta de una explosión misteriosa en aquella jornada, y relata que a su padre empezaron a llamarlo El Pelao, en francés, cuando lo raparon a la fuerza en el campo de Le Barcarès. El relato que ahora hace Trillo a partir de los documentos que ha encontrado le ha descubierto situaciones en la vida de su padre que desconocía y que han sido una sorpresa. “Con esa historia que me contaba mi madre de las bomba escondidas en el jardín, me he dado cuenta que había toda una organización detrás de eso y de que mi padre tenía una parte seguramente más importante de lo que yo creía. Me he dado cuenta de que hay muchas cosas que no conocía ni yo”. 

“Quería transmitir algo contra el fascismo”

Durante mucho tiempo, Helios no quiso saber demasiado de todo esto. Terminada la Guerra Mundial, su padre se casó con Yvette y a él lo que hubiera pasado años atrás en España no le interesaba mucho. Algo empezó a cambiar en 1971, cuando su padre regresó por primera vez a Jimena. Allí sacaba un cuaderno y se ponía a escribir. “Me sorprendía mucho, porque para mí era un obrero, un carpintero que trabajaba duro con sus manos, y nunca lo había visto escribiendo. Solo escribía cuando venía aquí”. ¿Qué demonios apuntaba con tanto afán? Pronto lo supo: poemas y, también, el relato de su vida.

Cuando murió, su hijo Helios y su nieto Romaric pusieron orden, los transcribieron y entregaron una veintena de copias a sus familiares, algunos en Francia y otros en Jimena. Una de esas copias fue a parar a manos de Ignacio Trillo, intenso rastreador de las pequeñas historias que conforman la Historia, quien se puso a la tarea de localizar a aquel Antonio Rebollo, el soldado del escapulario. Lo encontró con la ayuda de Fernando Bravo, el cronista de Cártama. “Este es el hombre del que hablaba tu padre”, le dijo cuando le mostró la foto del cartameño del escapulario.

Aquellos cuadernos, que ahora Helios está paseando de nuevo por España, contenían el recuerdo de una vida marcada por la guerra. Fue Trillo quien le convenció haciéndole ver que la Historia se compone de pequeñas grandes historias. Ahí pudo comprender cómo la peripecia de su padre encapsulaba los años convulsos de España y de Europa: los movimientos obreros, la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, el Franquismo, el exilio. “También comprendí que él era un auténtico republicano, y que la libertad y la democracia eran algo muy importante para él que no podía acabar en 1939 ni en 1944, sino que tenía que seguir hablando de ello”.

“Su historia y la de tantos otros que también combatieron me permite comprender el mundo”, dice hoy: “Cuando vemos lo que está sucediendo ahora en Ucrania, en Gaza, los resultados de las elecciones aquí el domingo o cómo en Francia probablemente tengamos un Presidente de la República de extrema derecha, pienso que lo que mi padre quería transmitir algo importante contra el fascismo y las dictaduras”, zanja, con la certeza de que su padre estaría orgulloso de que su hijo nacido en el exilio sea hoy un español difundiendo en su país la trágica Historia que le tocó vivir.

El obispo de Málaga, Jose Antonio Satué, ha asegurado que la Diócesis “está dispuesta a colaborar económicamente en la reparación de los daños” producidos a las cuatro mujeres víctimas de supuestos abusos sexuales por parte de un sacerdote, Francisco J.C., conocido como 'padre Fran' por sus feligreses, de 37 años y natural de Vélez-Málaga. Asimismo, por este caso destapado en 2023 ha pedido “perdón, en nombre de la Iglesia, a todas las personas que en ésta y en otras situaciones similares no han encontrado en la Iglesia la comprensión y el apoyo que debieron recibir”.

Así lo ha dicho Satué este viernes en rueda de prensa, convocada con motivo del juicio que comienza el próximo lunes en la Audiencia de Málaga contra este cura, para el que la Fiscalía pide 72 años de cárcel al acusarlo de presuntamente drogar a cuatro mujeres con las que tenía una relación de amistad, tras sedarlas, y también por grabar esos momentos, en los que estaban inconscientes.

El acusado fue detenido en el marco de la operación Pájaro Espino, después de que una mujer que decía ser su pareja sentimental denunciase en la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de Melilla que había localizado en el domicilio que ambos compartían un disco duro con fotografías y vídeos de contenido sexual. En ellos aparecían varias mujeres semidesnudas, dormidas o bajo los efectos de algún sedante, feligresas del propio Francisco J.C. a las que les realizaba todo tipo de prácticas sexuales desde 2017.

Además de en Melilla, también ejerció su ministerio en varias parroquias de las provincias de Córdoba y Málaga, donde supuestamente tenía otra pareja sentimental. El arresto tuvo lugar en su localidad natal de Vélez-Málaga.

El Obispado ha sido llevado al procedimiento como responsable civil subsidiario, de forma que si se estima esa responsabilidad y el acusado es condenado tendría que responder de forma subsidiaria de las cantidades que se fijen para indemnizar a las víctimas. Al respecto, Satué ha expresado que los abogados “van a defender que a la Diócesis no se le debería exigir tal responsabilidad”.

No obstante, considera que el Obispado “no ha propiciado ni se ha favorecido ni ha mirado para otro lado cuando se han conocido las gravísimas acusaciones de abuso contra el sacerdote”. Pero ha aseverado que “aunque los tribunales exoneren a la Diócesis de esta responsabilidad civil subsidiaria, y en el caso de que se demostrase que el sacerdote es culpable, ésta, avanzando por el camino iniciado por la Iglesia, está dispuesta a colaborar también económicamente en la reparación de los daños producidos”.

“Reparar a las víctimas de abusos”

“Dicho con otras palabras, la Iglesia católica y, por supuesto, también nuestra Diócesis de Málaga, ha asumido el compromiso de reparar a las víctimas de abusos por parte de sacerdotes, incluso cuando los tribunales no obligan”, ha manifestado el obispo, quien ha expresado la “colaboración con la Justicia” y su “confianza en los tribunales”.

Satué se ha mostrado convencido de que “desde este Obispado se procuró afrontar esta situación adecuadamente”. No obstante, ha pedido perdón por parte de la Iglesia y ha apuntado que desde que llegó a Málaga (fue nombrado en junio de 2025) fue “conociendo poco a poco el camino que nos ha traído a este momento”.

Así, ha incidido en que esta situación “ha provocado y sigue provocando un sufrimiento muy, muy profundo en las personas y en las familias directamente afectadas” y también en los sacerdotes y feligreses de las parroquias “que han vivido esto de cerca”. En este sentido, ha asegurado que la postura de la Diócesis “no puede ser otra que la de colaborar para que los tribunales puedan esclarecer la verdad y hacer justicia”.

“Asumir la máxima responsabilidad”

El obispo ha informado de que hace un mes trasladó, a través de los abogados, a las mujeres afectadas su disponibilidad para encontrarse con ellas, “para escucharlas y para explicarles, si lo desean, la posición de la Iglesia ante esta situación” y ha dicho entender que “con la tensión que deben de vivir en este tiempo previo al juicio, no hayan hecho uso de este ofrecimiento”.

“Reafirmo el compromiso de la Iglesia de asumir con la máxima responsabilidad cualquier denuncia de abuso y de garantizar de hacer todo lo posible para que nuestros espacios sean entornos verdaderamente seguros, libres de cualquier forma de violencia o de abuso y renuevo nuestra voluntad más decidida de escuchar, acompañar y, en la medida de lo posible, de reparar a las víctimas”, ha dicho.

También ha señalado que desde el Obispado se ha trasladado a los abogados de las mujeres afectadas la posibilidad en cuanto a la reparación del daño, “pero no se ha iniciado todavía ese diálogo”, también a la espera de lo que resulte finalmente del juicio en cuanto al acusado.

“No puede ejercer el sacerdocio”

Sobre el proceder dentro de la Iglesia, ha señalado que tuvieron conocimiento en agosto de 2023 y que al mes siguiente se decretó un proceso canónico en el propio Obispado malagueño “con el objeto de esclarecer la verdad”. Este procedimiento quedó a la espera de una resolución de los tribunales ordinarios, ya que, ha explicado que estos tribunales “tienen muchos más medios”. El Obispado, por cierto, no fue admitido por el juez como acusación en el caso.

El obispo ha apuntado que actualmente el acusado es “un sacerdote que no puede ejercer el sacerdocio” y ha indicado que “recientemente, con el fin de garantizar la independencia de este proceso canónico”, ha propuesto al Tribunal de la Rota de Madrid que lo instruya “y este tribunal, dependiente de la Nunciatura Apostólica, ha aceptado”. Será este proceso, junto con el resultado del juicio, el que dé “la respuesta definitiva”.

Asimismo, ha señalado que esa posibilidad de reunión se ha dado también al sacerdote acusado y ha dicho que seguirá “abierto a encontrarme, a escuchar a todas las partes, sea cual sea el resultado del juicio”.

El observatorio astronómico de Calar Alto (CAHA), ubicado en Gérgal (Almería), ha captado una brillante bola de fuego de origen asteoridal que ha cruzado el cielo y ha iluminado toda la costa de Málaga durante la madrugada del pasado 20 de mayo.

Según el análisis preliminar del profesor José María Madiedo (IAA-CSIC), el evento pudo divisarse sobre las 1.36 horas en horario peninsular español, cuando el asteroide viajaba a unos 56.000 kilómetros por hora a una altitud inicial de 80 kilómetros y una final de 39 kilómetros.

El fenómeno ha sido registrado por los detectores que el Proyecto Smart que opera el observatorio almeriense así como también en Huelva, La Hita (Toledo), Sierra Nevada, La Sagra (Granada), Sevilla, Otura (Granada) y Mazagón (Huelva).

No obstante, las propias cámaras exteriores del recinto de Calar Alto pudieron seguir este evento desde distintos sistemas de monitorización del cielo.

Se trata del segundo bólido divisado en menos de una semana tras el registrado el pasado 15 de mayo, el cual también atravesó el sur peninsular a una velocidad de 106.000 kilómetros por hora. En esta ocasión, también atravesó las provincias de Málaga y Granada.

La tensión laboral vuelve a instalarse en la Base Naval de Rota. La plantilla de la empresa concesionaria de los servicios aeroportuarios, VERSAR Global Services, afronta un nuevo escenario de incertidumbre tras la apertura de un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) que afectará a buena parte de los trabajadores entre el próximo 25 de mayo y el 15 de julio, en un contexto marcado por años de conflicto sindical, negociaciones enquistadas y acusaciones de imposición empresarial.

El último episodio se ha producido esta misma semana, durante la primera reunión oficial entre la dirección de la multinacional y el Comité de Empresa después de que la compañía comunicara el 8 de mayo su intención de aplicar un ERTE alegando causas organizativas y productivas derivadas de las obras en la pista de vuelo del aeropuerto militar. El encuentro, celebrado en un hotel de la localidad gaditana, reunió al director de la empresa, responsables de Recursos Humanos y representantes legales de la compañía, además de los miembros del comité y sus asesores sindicales.

Sin embargo, lo que inicialmente se había planteado como una negociación sobre un único expediente acabó derivando en un escenario mucho más complejo. Según denuncia la representación de los trabajadores, la empresa comunicó “sin previo aviso” un cambio sustancial en su estrategia laboral al anunciar que prevé ejecutar dos ERTE distintos. El primero, inicialmente justificado por motivos organizativos y productivos, pasaría a tramitarse como un ERTE por causa de fuerza mayor, manteniendo el mismo calendario previsto entre mayo y julio.

La principal preocupación de la plantilla llegó con el anuncio de un segundo ERTE posterior, esta vez nuevamente por causas organizativas y productivas, pero sin fecha concreta de finalización. La empresa habría vinculado esta segunda medida a una supuesta reducción de vuelos y actividad en las instalaciones aeroportuarias de la base, llegando incluso a apuntar, según trasladan los representantes sindicales, a las restricciones del Gobierno español sobre determinados vuelos relacionados con operaciones militares de Estados Unidos en el conflicto con Irán.

Una década de enfrentamientos laborales

El Comité de Empresa rechaza frontalmente esa argumentación y sostiene que la actividad vinculada a los destructores estadounidenses destinados al escudo antimisiles mantiene una importante carga de trabajo logístico tanto en el aeropuerto como en el muelle marítimo de la base. De hecho, aseguran que preguntaron directamente a la dirección si existía algún perjuicio económico derivado de esa situación y que la empresa negó que estuviera alegando pérdidas económicas.

El trasfondo del conflicto se remonta a más de una década de enfrentamientos laborales entre la concesionaria y la representación sindical. Los trabajadores llevan años reclamando un convenio colectivo propio adaptado a las particularidades del servicio que se presta a la Marina de Estados Unidos, al considerar que muchas de las funciones que desempeñan no están reconocidas ni remuneradas adecuadamente bajo el convenio Handling que, según denuncian, fue impuesto de forma unilateral por la empresa.

Ese clima de desconfianza había provocado ya inquietud desde el primer momento en que se comunicó el expediente temporal. La plantilla temía que la medida pudiera convertirse en una antesala de nuevos recortes laborales tras varios años marcados por despidos y reducciones de personal. La modificación del planteamiento inicial durante la reunión del pasado día 18 ha intensificado aún más esas sospechas.

Desde el Comité de Empresa también critican que durante el periodo de ERTE la compañía pretenda que los salarios sean asumidos por el Estado mientras, sostienen, continúa percibiendo los ingresos derivados de su contrato con la Marina estadounidense. “No entendemos que semejante situación pueda asumirse con normalidad”, apuntan los representantes de los trabajadores, que consideran insuficientemente aclarado el impacto económico real de las medidas planteadas por la empresa.

La negociación continúa abierta, aunque todavía no se han abordado las condiciones concretas de los expedientes planteados. Mientras tanto, el comité ya estudia posibles acciones legales, movilizaciones y nuevas protestas sindicales ante una situación que consideran “injusta” para la plantilla y sus familias.

Andalucía ha alcanzado entre enero y marzo de 2026 el mejor registro exportador para un primer trimestre del año desde que se tienen registros (1995) con 11.070 millones de euros, que suponen un 4,8% más que el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento es el mayor de las seis comunidades más exportadoras y contrasta con el estancamiento de la media de España, que registra una subida del 0,7%.

En una nota de prensa, la Junta de Andalucía subraya que Andalucía es la única de las tres comunidades con más exportaciones que consigue superávit de su balanza comercial, con 1.508 millones de euros, gracias a una tasa de cobertura del 116%, frente al déficit con el exterior que sufre la media de España, que se sitúa en 11.677 millones, por una tasa de cobertura del 89%, hasta 21 puntos por debajo de la andaluza, según los datos de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, elaborados para la comunidad por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Andalucía Trade.

De este modo, en el buen comportamiento de las exportaciones andaluzas ha tenido que ver los buenos resultados alcanzados en marzo, último mes contabilizado, en el que las exportaciones andaluzas alcanzaron su mayor registro histórico para un mes de marzo, de 4.040 millones de euros, con un crecimiento del 8,5% interanual, del que participan las ocho provincias, que son 3,4 puntos más que el de la media de España (5,1%), cuyas ventas de marzo se sitúan en 35.859 millones. De esta manera, Andalucía se mantiene como tercera comunidad exportadora en lo que va de año, con el 11,5% de las ventas al exterior de España, tras Cataluña y Madrid.

Hortalizas y sector aeronáutico a la cabeza

Las hortalizas se consolidan como el principal capítulo exportador de Andalucía en el primer trimestre del año, con un récord para este periodo de 2.060 millones de euros (18,6% del total) y un crecimiento del 20,1% interanual.

Sin embargo, es el sector aeronáutico el que más contribuye al crecimiento de las exportaciones andaluzas, “confirmando el peso estratégico de esta industria en la internacionalización de la economía regional”.

En esta línea, las ventas las aeronaves, vehículos espaciales y sus partes, registran el mayor crecimiento del Top 10, un 86% interanual, para alcanzar los 770 millones de euros (7% del total).

Le sigue el aceite de oliva, y dentro del capítulo de grasas y aceites (1.133 millones), que se ve afectado por la bajada del precio de este producto, de manera que sus 880 millones de euros en ventas, suponen una bajada del 8,8% en el valor de las mismas, pero un crecimiento del 2,4% en el volumen exportado, que alcanzan las 205.007 toneladas.

En el ámbito agroalimentario crecen también las preparaciones de hortalizas y frutas (conservas), con 198 millones (1,8%) y un incremento del 1,1%. Frente a las frutas, que desde el cuarto lugar se vendieron por valor de 955 millones (8,6%) y registraron un retroceso del 2,8%.

Además del aeronáutico, destacan las máquinas y aparatos eléctricos y sus partes, que alcanzan los 435 millones de euros (3,9%) y un crecimiento del 17,4%.

Entre las materias primas de la industria, crece el capítulo de minerales metalíferos, escorias y cenizas, con 548 millones (4,9%) y un aumento del 51%. Le sigue el cobre y sus manufacturas (7º), con 530 millones (4,8%) y una ligera bajada del 0,8%.

El capítulo energético ha visto descender su factura exportadora, influido por la coyuntura de precios internacionales del primer trimestre, ocupando el tercer puesto el capítulo de combustibles y aceites minerales, con 999 millones (9%) y una bajada del 22,5%.

Diversificación

En cuanto a la diversificación de mercados, China es el país donde más crecen las ventas de Andalucía del Top10, hasta un 50% sobre el primer trimestre de 2025, para alcanzar los 498 millones de euros (4,5% del total).

Por su parte, Alemania lidera los principales destinos de las exportaciones andaluzas, con 1.516 millones (13,7%) y un incremento del 23,1%, el tercer mejor; seguida de Italia, con 1.148 millones (10,3%) y un destacado aumento del 34%, el segundo mayor de los diez primeros países; y Francia, con 1.115 millones (10%) y una mejora del 16,1%.

A continuación, en cuarto puesto está Portugal, que alcanza los 1.022 millones de euros (9,2%) y crece un 10,1%; mientras que le sigue Reino Unido, que registra 632 millones (5,7%) y un descenso del 5,1%.

En sexta posición, está Países Bajos suma 594 millones (5,3%) y un avance del 5,9%, seguido de Estados Unidos, con 530 millones (4,8%) y una caída del 22%.

Cierran el Top 10, Marruecos, con 433 millones (3,9%) y un descenso del 10,9%; y Bélgica, con 259 millones (2,3%) y un leve retroceso del 0,8%.

Datos por provincias

En este primer trimestre del año crecieron las ventas de seis de las ocho provincias andaluzas, cuatro de ellas con “récord histórico y cinco con superávit”.

Sevilla es la primera provincia exportadora de Andalucía y la que registra mejor crecimiento en el primer trimestre de 2025, con una factura de 2.485 millones de euros, lo que representa el 22,4% del total andaluz y un alza del 17,3%. Además presenta superávit comercial de 913 millones y tasa del 158%.

En segunda posición se sitúa Almería con el segundo mejor crecimiento y ventas por valor de 2.339 millones (21,1%) y una subida del 15,9% gracias al buen comportamiento de sus hortalizas, especialmente dentro del conjunto agroalimentario, que la llevan a registrar el mejor trimestre de su historia con cifras récord. Además, registra un superávit de 1.541 millones y tasa del 293%.

Huelva está en tercer puesto con 1.747 millones (15,8%) aunque con un descenso del 5,9%; y le sigue Cádiz, con 1.736 millones (15,7%) y una caída del 14,6%.

A continuación, Córdoba, en quinto lugar y tercera provincia en incremento, registra 968 millones de euros (8,7%) y un notable avance del 13,4%, que la sitúa en cifras históricas con un superávit comercial de 384 millones y tasa del 166%.

Le sigue Málaga, con cifras récord de 895 millones (8%) y un avance del 6,3%. Granada, con 522 millones (4,7%) y un avance del 10,6% que la lleva al mejor trimestre de su historia con un superávit comercial de 120 millones y tasa 130%; y Jaén, que cierra el ranking provincial con 376 millones (3,4%) y un crecimiento del 3,7%, además de un superávit comercial de 62 millones y tasa del 120%.

La plantilla de la empresa concesionaria de los servicios aeroportuarios de la Base Naval de Rota afronta un nuevo episodio de tensión laboral tras la comunicación del inicio de un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) que afectará a buena parte de sus trabajadores durante casi dos meses, entre el 25 de mayo y el 15 de julio. La medida, anunciada a la representación legal de los trabajadores el pasado 9 de mayo, ha generado preocupación en un conflicto enquistado desde hace más de ocho años.

La compañía, VERSAR VGS —denominada anteriormente Louis Berger— justifica el expediente por “causas organizativas y operativas” derivadas de las obras de mantenimiento previstas en la pista de vuelo de la base naval. Sin embargo, desde el comité de empresa consideran que la decisión no responde a motivos económicos reales y temen que pueda convertirse en la antesala de nuevos recortes o despidos.

“El anuncio ha sido una sorpresa”, explica David Real, presidente del comité de empresa. “Sabíamos que se iban a acometer obras de mejora en la pista de vuelo, pero en los 70 años de funcionamiento de la instalación nunca se había planteado un ERTE por este motivo”. El representante sindical recuerda además que durante las últimas décadas se han realizado intervenciones de diversa índole “sin necesidad de aplicar medidas de este tipo”.

El expediente afectaría, en principio, a prácticamente toda la plantilla. Según detalla Real, la empresa cuenta actualmente con entre 130 y 140 trabajadores, aunque el número llegó a rondar los 170 antes del inicio del conflicto laboral. “La empresa ha despedido a cerca de 50 personas durante estos años, se han producido jubilaciones y, al mismo tiempo, han vuelto a contratar trabajadores mientras externalizaban servicios”, sostiene. A ello se suma la situación del personal del servicio de autobuses subcontratado, formado por alrededor de una veintena de empleados que también podrían verse afectados por la medida.

Desde el comité insisten en que el problema de fondo se arrastra desde finales de 2016, cuando comenzaron los primeros despidos y las movilizaciones sindicales. El conflicto derivó en una huelga indefinida iniciada en 2018 mediante paros parciales de cuatro horas en distintos turnos de trabajo. Desde entonces, los trabajadores reclaman un convenio colectivo propio adaptado a las funciones que desempeñan en la terminal aeroportuaria militar.

“Nuestro conflicto con la empresa se remonta a más de ocho años intentando negociar un convenio colectivo que responda a la realidad de nuestro trabajo”, señalan desde la representación sindical. Según denuncian, la compañía aplica un convenio pensado para aeropuertos civiles españoles que “no tiene nada que ver” con las características del servicio que prestan en la Base Naval de Rota.

Lejos de encauzarse, la situación “se ha ido enquistando”, lamenta Real. “Ahora mismo lo que tememos es que este ERTE sea una medida puente para un futuro ERE o nuevos despidos”. El presidente del comité rechaza además el argumento empresarial de una supuesta sobredimensión de plantilla. “No sobra personal. De hecho, durante las huelgas los servicios mínimos se fijaban en el 90% alegando cuestiones de seguridad militar. Somos muy importantes para algunas cosas, pero luego para otras no tanto”, critica.

La comunicación oficial del expediente también ha sido recibida con inquietud porque, según los representantes sindicales, nunca antes la dirección había planteado esta posibilidad en las conversaciones mantenidas con la plantilla. “No nos hace augurar nada bueno el historial de actuaciones antilaborales y de hostigamiento que venimos denunciando desde hace años”, sostienen.

El comité de empresa ya ha avanzado que se opondrá al expediente “con todas las actuaciones legales y protestas públicas necesarias” para intentar frenar su aplicación. Mientras tanto, los trabajadores esperan el inicio del periodo formal de consultas para conocer los detalles concretos del ERTE y el alcance definitivo de una medida que amenaza con recrudecer aún más uno de los conflictos laborales más prolongados vinculados a la Base Naval de Rota.

Presión, movilización, acuerdo. Estos fueron los tres pasos que aplicaron los sindicatos en Andalucía durante la legislatura del presidente Juan Manuel Moreno, una constante mantenida a lo largo de cuatros años, especialmente al final del período del mandato y con falta de tiempo para aplicar los acuerdos y comprobar su efectividad. CSIF, CCOO, UGT, Satse, Sindicato Médico Andaluz (SMA), USTEA y ANPE coinciden en que el diálogo ha sido complejo, lleno de aristas. Pero las manifestaciones frente al Palacio de San Telmo persistentes, con huelgas sanitarias y educativas mediantes, han traído nuevos pactos en un periodo de crecimiento y estabilidad económica. Con unas cifras de empleo récord, apuntan los sindicatos, toca repartir la riqueza y reforzar los servicios públicos.

La tasa de paro en el primer trimestre de este año se situó en un 14,66%, la cifra más baja desde 2008, y con una ocupación en torno a las 3,6 millones de personas. En una comunidad que ha sufrido los embates de la desigualdad, este contexto económico infla los ánimos, los discursos políticos que reclaman para sí la bonanza y, sobre todo, las arcas públicas. Unos datos en los que influye la reforma laboral de 2021, promovida por el Gobierno de coalición, que provocó el descenso de hasta un 10% de la temporalidad entre los trabajadores andaluces. Pese a los avances, la brecha salarial que separa a la comunidad con el resto de España es del 22,1%, según se desprende de la Agencia Estatal de la Administración tributaria (AEAT). Además, un 46,9% de los salarios se encontraban por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2025, ¿qué hacer contra la precarización histórica?

“Tenemos más recursos que nunca, pero en esta legislatura se ha profundizado el deterioro intencionado, continuo y paulatino de los servicios públicos, que son los mecanismos para la igualdad”, apunta Nuria López, secretaria general de CCOO-A. “Las brechas han aumentado y, si hay más recursos y mejores datos, entonces las políticas son erróneas”. En este punto, coincide Germán Girela, presidente de CSIF Andalucía, quien señala que “los acuerdos han llegado en el último tramo de la legislatura y ha habido que presionar mucho para sacarlos adelante”. En un tono similar, Óskar Martín, secretario general de UGT-A, indica que el balance no es “suficientemente positivo”: “Las medidas de carácter social avanzan con una lentitud injustificable y están llegando tarde a una ciudadanía que no puede seguir esperando mientras persisten la precariedad, la desigualdad, la vulnerabilidad y, ahora también, un escenario internacional complejo”.

Sanidad: el pulso por más recursos

La palabra “sindicato” no aparece en el programa electoral del PP andaluz, solo “organizaciones sindicales” relativo a la integración de la mujer en el sector de la energía. Pero Moreno sacó a relucir los cinco grandes acuerdos en materia sindical logrados en la legislatura de la mayoría absoluta, para lo que, recuerdan las organizaciones, ha habido una batalla dura detrás.

En materia de sanidad pública, que se sitúa como la primera preocupación de los andaluces en el CIS, las Mareas Blancas han señalado la fragilidad de un sistema que adolece por las listas de espera y una falta de plantilla y recursos que, entre otras cuestiones, provocó la crisis de cribado de cáncer de mama. Catalina García fue la consejera de Salud a inicios del segundo mandato de Moreno, pero una vez destituida, la siguió Rocío Hernández en 2024, quien también fue reemplazada por Antonio Sanz en plena alarma social por los cribados, al que los sindicatos atribuyen un cambio de postura que ha beneficiado el diálogo social y la asunción de acuerdos.

El primer apretón de manos entre la Junta y los sindicatos fue el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, firmado por UGT, CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en marzo de 2023 con una inyección de 8.840 millones de euros, y en el que se contempla, entre otras cuestiones, el Plan de Empleo Juvenil y una inversión amplia en la atención primaria, para lo que vendría a reforzarla un segundo logro.

Ese fue el Pacto para la Mejora de la Atención Primaria, logrado in extremis en mayo de 2023 con la rúbrica de UGT, CCOO, CSIF y Satse, después de que el Ejecutivo autonómico eliminara la concertación de esa prestación con la sanidad privada. En él, se contemplaba que un 25% del presupuesto sanitario fuera a este servicio y, a tres años, el presupuesto sanitario marca cifras históricas, pero el gasto sanitario per cápita se sitúa en 1.870 euros frente a los 2.013 de media estatales y la derivación a la sanidad privada continúa. ¿Cuál es el balance?

“El estado de la sanidad andaluza es delicado, falta plantilla y hay una sobrecarga de trabajo, queremos que todo vaya más rápido para dar una mejor asistencia a la ciudadanía”, sentencia Juan José Sánchez, secretario general de Satse en Andalucia. El traslado de los compromisos firmados a medidas que alivien la carga asistencial urge entre una plantilla que ha reivindicado una y otra vez acciones contundentes. La crítica se mantiene desde CSIF, que, aunque no firmara el pacto, advierten que su desarrollo “sigue coleando y va más lento de lo que nos gustaría”. “La atención primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario y debe implementarse al 100% cuanto antes si queremos dar salida a alguno de los problemas que tiene Andalucía”, subraya Girela.

“La última fase es donde ha habido acuerdos significativos”, contempla Rafael Ojeda, presidente de SMA, “como el aumento de la retribución de la hora de guardia o el del fin de la exclusividad”, pese a que hay otras cuestiones a limar, como la simplificación de la acreditación de competencias para avanzar en el modelo de carrera profesional. “La derivación a servicios privados ya se daba desde que el PSOE estaba gobernando, pero las listas de espera continúan para los cribados de cáncer y las pruebas diagnósticas o de espera para una intervención quirúrgica: el problema de fondo es la falta de médicos en la sanidad pública”, sentencia.

El tercer gran pacto sindical en el ámbito sanitario fue el Acuerdo sobre la Carrera Profesional del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con el respaldo de UGT, CCOO, Satse, CSIF y SMA. “Llega al tercer intento y en el último tramo de la legislatura, como ha ocurrido con el resto de acuerdos”, señala Girela (CSIF), “hemos conseguido que la carrera profesional impacte en todos los colectivos del SAS, algo que no se producía hasta ahora”. Por su parte, Sánchez (Satse) espera a la nueva convocatoria pública de 6.000 empleos equilibren los recursos, se consoliden los puestos y, así, lograr que las ratio de las enfermeras suban del 5,1 al menos un punto para alcanzar la media nacional.

La sanidad andaluza ha estado atravesada por las huelgas médicas en protesta por las negociaciones del Estatuto Marco, una negociación estacanda con el Ministerio de Sanidad y que, al margen de las diferencias entre los profesionales sanitarios, ha aprovechado Moreno. El candidato popular relacionó el estado maltrecho de la sanidad pública a la “incapacidad” del Gobierno central de negociar con los facultativos las condiciones de su carrera en una fecha clave: la presentación de su programa electoral.

Vivienda: una ILP en contra de la ley autonómica

Una de las afrentas que mantienen los sindicatos contra el Ejecutivo de Moreno es la ley autonómica de Vivienda. Su entrada en vigor a principios de este año las animó a confluir: “El objetivo fundamental de la norma es aumentar la oferta de vivienda, que es un objetivo que compartimos, pero trata la vivienda como un bien de mercado”, argumenta Martín (UGT). El valor de inversión choca con la crisis habitacional que asola el país y dispara los precios y, teniendo en cuenta que solo se construyó un 6,5% de viviendas protegidas entre 2014 y 2024, UGT, CCOO, Facua y la Red Vecinal Andaluza presentaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Parlamento andaluz.

“La ILP trata la vivienda como un bien de interés general, porque los trabajadores necesitan que se construya más vivienda, pero vivienda asequible”, subraya. El propósito es reforzar el parque de vivienda público y, sobre todo, que sea permanente. Así, se convertiría en “un contrapeso” para el mercado especulativo, señala. En consonancia, López (CCOO) va un paso más allá y acusa al PP de “no haber acompañado a la ciudadanía”: “No han existido políticas de vivienda hasta el final de la legislatura y, en esta ley, lo que se prioriza es entregar suelo a las grandes constructoras para subirnos el precio a la ciudadanía”. En aras de conformar ciudades más inclusivas, añade que la ideación de barrios “amables”, con servicios públicos cercanos y espacios verdes, se encuentran entre sus reivindicaciones.

En este caso, los que han capitaneado las protestas en las calles han sido, sobre todo, las entidades sociales. El 14 de febrero de este año fue la última vez que hubo una manifestación por la vivienda, convocada por Barrios Hartos en Sevilla, como una medida de presión y denuncia para que se alcanzara un acuerdo para las 11 familias de Palmete. Antes, el 5 de abril de 2025, las capitales andaluzas secundaron la movilización nacional por el derecho a la vivienda y la subida imparable de los precios, tanto del alquiler como de la compra-venta de inmuebles.

Educación: la escasez de FP y las infraestructuras

La educación también ha dado quebraderos de cabeza en el mandato de la mayoría absoluta. Tras las huelgas, la Consejería de Educación, liderada por María del Carmen Castillo, se sentó a afirmar el tercer logro sindical: el Acuerdo para la Mejora del Sistema Educativo, en julio de 2025 y firmado por ANPE, CSIF y UGT. Apuntan a varias mejoras logradas: la bajada de ratio, que se sitúa en un principio para 22 alumnos en educación infantil, el refuerzo de plantillas, permisos de conciliación, acceso a cátedras, la simplificación burocrática o la implantación del teletrabajo. Además, mencionan dos hitos: la equiparación salarial para que los docentes dejen de ser de los peor pagados en el país y el reconocimiento a la autoridad del profesorado como herramienta para respaldar su labor.

Todavía quedan deberes pendientes: la atención a la diversidad y la Formación Profesional. El descenso demográfico ha propiciado la eliminación de un total de 2.758 líneas (clases), una cuestión que Susana Cueto, responsable de Acción Sindical de ANPE Andalucía, ve como una oportunidad: “La bajada de ratios es un colchón que permite compensar la pérdida de unidades”. Junto a la reestructuración de las aulas, demanda más profesionales de audición y lenguaje, al igual que llegar al ratio de 1 orientador por cada 250 estudiantes, tal y como establece la Unesco, para lograr una escuela inclusiva. “El profesorado está desbordado con todas estas cuestiones”, asevera.

En cuanto a la FP, Girela (CSIF) advierte que la oferta de la pública “es muy limitada” en función de la demanda y hay un número insuficiente de empresas para complementar el itinerario de la DUAL, mientras que se encuentran con “una proliferación de las empresas privadas para darla”. En un informe realizado por CCOO se estima que la FP privada ha crecido un 66% frente al 29% de la pública hasta el curso 2024-2025, concentrando tres de cada diez alumnos, y aunque la Junta asevera que evoluciona la creación de plazas públicas, no desglosa el crecimiento de la oferta privada desde 2018. Además, la modalidad de grado básico dirigida a alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) variará para el curso próximo, con su eliminación en al menos 33 institutos andaluces a raíz de una reordenación porque, justifica el Ejecutivo, un 50% de los estudiantes no ha promocionado ni superado el currículo.

Al respecto, Cueto (ANPE) afirma que estarán vigilantes, ya que el cambio del alumnado de una FP básica a una ordinaria o a un programa de transición a la vida adulta (PTVAL) supondría una dificultad añadida. “Nos preocupa con qué apoyos y recursos van a contar los centros a partir de septiembre”, lo que ha provocado la movilización de las familias a las puertas de la campaña electoral en un intento por hacer que la Junta eche marcha atrás.

Otro aspecto sobre el que incide Fran Fernández, portavoz del sindicato USTEA, son las infraestructuras escolares. “El presupuesto en Educación sube, aunque sea más bien para la concertada, pero las infraestructuras están a la cola de los planes”. Por ejemplo, la ley para la mejora de las condiciones térmidas de las aulas, aprobada en 2020, “solo se ha desarrollado un 8%”. Los veranos asfixiantes e inviernos gélidos, fruto del contraste acusado que provoca la crisis climática, es un factor más dentro de “la dejadez” en el mantenimiento de edificios que llevan décadas, subraya, donde la colaboración con los ayuntamientos es imprescindible. “Necesitamos mejoras técnicas y climáticas para dar una educación pública de calidad”, remarca.

Dependencia: las listas de espera

En materia de dependencia aún no se ha alcanzado ningún gran acuerdo en el sector, pese a las medidas impulsadas por la Consejería de Loles López. Ante una población más envejecida y vulnerable, la reforma de la ley de dependencia de 2006 parece un paso ineludible. A las puertas del Palacio de San Telmo, la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT y CCOO exigieron este mismo miércoles una respuesta “urgente” a la Junta a la luz de los informes: hay 40.092 personas en lista de espera, un leve decrecimiento en comparación al año anterior, según el Observatorio de la Dependencia, pero hay más de 25.000 personas tienen reconocida su situación sin haber sido atendidas. Además, 6.995 personas murieron sin recibir atención y la resolución de expedientes llega a tardar 470 días, casi tres veces por encima de los 180 días estipulados por ley.

“Las listas siguen aumentando, lo que dificulta el día a día de muchas familias, especialmente a las mujeres, que tienen que cogerse excedencias o dejar su trabajo para los cuidados, o que se gastan el dinero en pagar una residencia hasta que les llegue las ayudas porque no pueden disfrutar de ese derecho”, indica Nuria López (CCOO). En este sentido, Óskar Martín (UGT) tacha de “inadmisible” las condiciones en las que se da la tramitación para el reconocimiento. “La dependencia exige también medidas de mejora para los usuarios del sistema y de los trabajadores, ya que no es de recibo el maltrato que reciben unos y otros por los retrasos continuos y las malas condiciones laborales”, acusa, instando a que haya un diálogo permanente porque la sanidad y la dependencia “son dos pilares básicos”.

La función pública y los vaticinios para el nuevo curso

De cara a los comicios andaluces, las fuerzas sindicales claman por un refuerzo del sistema, habiendo recursos económicos que pueden lograrlo. “La petición que le hacemos a todos los partidos políticos es un compromiso firme con el refuerzo de la sanidad, la educación, la justicia y la mejora de las condiciones laborales de sus profesionales. Hay que cuidar y blindar los servicios públicos, y le exigiremos que cumplan con valentía, recursos y financiación”, reclama Girela (CSIF). Todos los sindicatos consultados defienden su independencia y no secundan a ningún partido político en concreto, pero expresan se mostrarán críticos con las propuestas hechas por cada grupo y negociarán con quien dirija el próximo ejecutivo autonómico.

Entre las tareas pendientes, queda la devolución por parte de la comunidad de las pagas extras que se detrajeron en los años 2013 y 2014 a los empleados públicos, ya que, la Junta de Andalucía tiene “el triste honor” de ser la única que no lo ha finiquitado. Con relación al funcionariado, está el último gran pacto del Gobierno andaluz: el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público, sellado con CSIF, UGT y CCOO, el cual afecta a casi unos 80.000 empleados del sector público andaluz y que tiene una vigencia por un periodo de cinco años. La formación continua, la estabilidad laboral y la transformación digital son las señas de un pacto que supone “la transformación” de la administración pública, apuntan desde UGT, e instan a no abandonarlo.

Horas después del 1 de mayo, los sindicatos recuerdan que los esfuerzos por mejorar la calidad laboral de los trabajadores y, en suma, de la sociedad, se hace cada día y se lleva a las calles con protestas y manifestaciones que obligan a la administración a rendir cuentas sobre sus actos y cumplir con sus obligaciones. Aunque echan en falta un mayor respaldo, con más gente fuera clamando por sus derechos, todos ellos aseguran que proseguirán en la lucha, más o menos unidos, y siempre vigilantes con lo que ocurra en la próxima legislatura en Andalucía.

“No queremos que Granada se convierta en un parque temático para los turistas”. La frase, que se repite como un mantra desde hace ya años en la ciudad de la Alhambra, cobra con cada decisión política una nueva dimensión. La última que refuerza la turistificación es la subasta que está haciendo la Junta de Andalucía de un edificio para destinarlo a uso hotelero y que está situado en el Albaicín, barrio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1994. Además, el inmueble, que amenaza con convertirse en un hotel de lujo, está en uno de los miradores más emblemáticos de la capital granadina. Por un precio que ronda entre los 1,8 y los 2,5 millones de euros, el barrio sigue vendiéndose, según denuncian los vecinos.

En concreto, lo que vende el Gobierno andaluz es el centro de menores que hay junto al mirador de San Miguel Alto. Este centro, cerrado en 2019, es una de las joyas más codiciadas del urbanismo de Granada por su posición privilegiada. De hecho, si acaba convirtiéndose en un hotel, tendría una importancia similar a la que tiene el Alhambra Palace, ubicado en la colina de la propia Alhambra, ya que ambos serían visibles desde cualquier punto de la ciudad, los que les convierte en parte del decorado paisajístico. Un caramelo para cualquier inversor al tratarse de una de las ciudades más turísticas de España. Y para los vecinos del Albaicín otro motivo más para sentir que les están expulsando de sus casas.

De hecho, la plataforma ciudadana Albayzín Habitable lleva meses poniendo en el foco mediático esta subasta para evitar que se produzca. Porque no quieren que la gentrificación siga ganando camino y porque señalan que el Ayuntamiento de Granada es “culpable” de esta venta. No en vano, para que el centro de menores pueda convertirse en hotel, depende de la colaboración del Consistorio al cambiar el uso del inmueble. Algo que será posible gracias a la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular de la alcaldesa Marifrán Carazo que pretende aprobar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albaicín (PEPRI) con el que quiere permitir el hotel y cambiar para siempre el paisaje urbano del barrio. Por eso, la oposición no es solo vecinal, sino de partidos como el PSOE que ven en este proyecto un ataque contra el futuro del Albaicín.

La ciudad como negocio

Sin embargo, los colectivos vecinales sostienen que el conflicto va mucho más allá de la construcción de un hotel. Lo que consideran que está en juego es el propio modelo de ciudad. “Es la ciudad como negocio frente a la ciudad para vivir”, explica Miguel Martín, colaborador habitual de Albayzín Habitable y una de las personas que más tiempo lleva estudiando el desarrollo urbanístico previsto para el Cerro de San Miguel. Porque, según denuncia, la operación actual no es un hecho aislado, sino la continuación de una estrategia que lleva décadas sobrevolando el Albaicín.

Martín explica que ya presentó alegaciones en 2023 al avance del plan especial que afecta a la zona y que el propio documento urbanístico contiene profundas contradicciones. “Dicen que las cuevas habitadas son incompatibles con el parque y plantean expulsar a la población, pero los hoteles sí son compatibles”, lamenta. A su juicio, el Cerro de San Miguel se ha convertido en uno de los espacios más codiciados por los intereses turísticos de Granada. “Alguien ha visto que aquello es muy atractivo turísticamente. Las vistas del mirador de San Miguel dejan pequeño al de San Nicolás”, sostiene.

Vecinos con miedo de ser expulsados

La preocupación no es menor en un barrio que lleva años denunciando el avance de los apartamentos turísticos, la desaparición de vivienda residencial y el cierre progresivo de espacios para la vida cotidiana, como el centro de salud Fortuny-Velutti. “No podemos turistificar toda la ciudad”, insiste Martín. “Hay que vivir en Granada. No puede convertirse todo en un negocio”.

Porque el Cerro de San Miguel no es únicamente un mirador. También es uno de los últimos barrios de cuevas habitadas de Granada. Un espacio históricamente vinculado a población humilde y obrera que, según denuncian los vecinos, lleva décadas bajo amenaza urbanística. David, residente en una de estas cuevas y miembro de la asociación vecinal del Cerro de San Miguel Alto desde 2007, asegura que los intentos de transformación turística vienen de muy lejos. “Ya en los años 70 proyectaban aquí un hotel de diez plantas con teleférico hasta la Silla del Moro”, explica. “Y en 2008 ya había planes urbanísticos para recalificar la zona y construir alojamientos turísticos”.

A su juicio, el actual proyecto busca “borrar definitivamente las cuevas habitadas que no sean turísticas”. “Las cuevas resisten y forman parte del patrimonio histórico y arquitectónico de Granada”, reivindica. Pero denuncia que durante años las administraciones han intentado justificar desalojos bajo acusaciones de marginalidad, inseguridad o ruina física. “Nos criminalizan constantemente para justificar una limpieza social”, afirma.

La gravedad de las denuncias vecinales aumenta cuando se analiza el alcance real de la subasta. Según sostiene David tras estudiar las referencias catastrales incluidas en el expediente, el lote no afectaría sólo al antiguo centro de menores. También incluiría espacios públicos del entorno, parte de los accesos al mirador e incluso zonas próximas a las murallas históricas del cerro. “El mirador de San Miguel Alto podría acabar formando parte del hotel”, advierte. Una afirmación que, de confirmarse, supondría un terremoto político y patrimonial en uno de los enclaves más emblemáticos de Granada.

Falta de transparencia

Los vecinos denuncian además una absoluta falta de transparencia institucional. El nuevo PEPRI del Albaicín acumula años de retrasos y más de 300 alegaciones vecinales siguen sin respuesta. “Todo se hace con política de hechos consumados”, critica David. “No hay participación ciudadana ni interlocución real. Nos enteramos cuando las decisiones ya están tomadas”. La controversia también ha abierto una grieta política. Porque aunque el PSOE se ha posicionado ahora públicamente contra el hotel, los movimientos vecinales recuerdan que el avance urbanístico que abrió la puerta a esta transformación fue aprobado en 2023 bajo el anterior gobierno municipal socialista encabezado por Francisco Cuenca, ahora parlamentario andaluz. “Dicen que están en contra, pero el avance del plan especial lo aprobaron ellos”, recuerda Miguel Martín.

Mientras tanto, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Granada evitan responder al fondo de las críticas. El Gobierno andaluz no ha querido valorar la subasta pese a las preguntas de este periódico y se ha limitado a señalar que “la subasta aún está en marcha”. Por su parte, el Ayuntamiento tampoco ha respondido a las dudas vecinales sobre el impacto turístico y patrimonial del proyecto y únicamente defiende que “el PEPRI se encuentra en su fase final de redacción”, señalando además que el equipo municipal trabaja simultáneamente en el nuevo Plan General de Ordenación Municipal de Granada, que está desactualizado desde 2001.

Pero en el Albaicín hace tiempo que el debate dejó de ser únicamente urbanístico. Para muchos vecinos, lo que está ocurriendo en San Miguel forma parte de una transformación mucho más profunda de Granada. Una ciudad donde cada vez hay más hoteles, más apartamentos turísticos y menos vecinos. Donde antiguos espacios públicos comienzan a convertirse en oportunidades de negocio. Y donde el miedo a que el Albaicín deje de ser un barrio para convertirse definitivamente en un decorado turístico ya no parece una exageración vecinal, sino una posibilidad cada vez más cercana. Por eso, los que lo sufren no van a dejar de movilizarse donde y cuando sea.

La Policía Nacional ha detenido a un agente de este cuerpo, que está suspendido de empleo y sueldo desde hace casi un año, por intentar drogar a una mujer en un bar de Granada, con la que mantenía una cita y que no se tomó una copa de vino adulterado por la alerta de otro cliente del bar.

Según han informado a EFE fuentes de la Policía, los hechos sucedieron el pasado 1 de mayo pero el agente, que permanece suspendido de empleo y sueldo y sin arma ni placa desde junio de 2025, fue arrestado este jueves.

El hombre estaba manteniendo una cita en un bar con una mujer y habría aprovechado que ella fue al baño para echar una sustancia en su copa, lo que vio otro cliente del establecimiento, que alertó a la Policía.

Los agentes se personaron en el local y requisaron el vaso para analizar su contenido mientras la víctima formalizó una denuncia contra el hombre.

Tenían amigos en común y su profesión de policía le generó confianza

Según ha adelantado este viernes el periódico ‘Ideal’, la mujer conoció al arrestado en una aplicación de citas, tenían además amigos en común y su profesión de policía le generó confianza.

Las cámaras de seguridad del local habrían captado cómo el hombre sacaba de su bolsillo un frasco que vertió en la copa de su acompañante cuando creía que nadie lo veía removió el contenido con un cuchillo y lo colocó todo en su sitio.

Un cliente que vio los hechos advirtió a la víctima, que entregó la copa a un camarero para su custodia.

Según han informado a EFE fuentes del caso, el agente suspendido de empleo y sueldo ha pasado este viernes a disposición de un juzgado en funciones de guardia que ha decretado su puesta en libertad provisional y la prohibición de acercarse a la denunciante.

Dos jóvenes han trasladado en sede judicial ser los autores de la brutal agresión que recibió el pasado fin de semana en el centro de Granada un joven, Pablo Fernández, que llevaba una camiseta antifascista. Estas dos personas, que hasta el momento no estaban identificadas, hicieron el martes una comparecencia ante el juzgado de guardia para reconocerse como autores de los hechos y ponerse a disposición de los investigadores cuando crean conveniente citarlos a declarar, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Los presuntos autores han negado a través de su letrado que fueran cuestiones ideológicas las que motivaron la agresión y muestran su arrepentimiento por lo ocurrido. Por su parte, fuentes del Cuerpo Nacional de Policía han confirmado a Europa Press que la víctima ha formalizado ya la denuncia, si bien la investigación está en marcha desde que ocurrieran los hechos ante la alarma social generada.

La agresión se produjo en la madrugada del sábado al domingo en la zona de la calle San Matías, hasta donde se desplazaron varios agentes tras ser informados de lo que estaba pasando. El herido, que trabaja de camarero los fines de semana, es también empleado del CEIP Gómez Moreno de Granada, según revelaron desde la asociación de padres y madres del centro educativo.

Ellos explicaron que la agresión se produjo después de que un grupo de personas comenzara a increparle por llevar una camiseta con un motivo antifascista. Ello derivó “en una violenta paliza que le ha ocasionado heridas de gravedad”. El lunes se convocó una concentración a las puertas del centro por compañeros de trabajo y familias del centro educativo para mostrar su solidaridad con la víctima y denunciar públicamente estos hechos.

Respaldo desde Por Andalucía

El suceso tuvo un lugar destacado en el acto que el martes protagonizó en Granada el candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, que arrancó su intervención enviando “un abrazo fraternal” a Pablo Fernández y a su compañera Alejandra, presente en el acto, y denunció el auge de los discursos de odio promovidos por la extrema derecha. “No vamos a permitir más ataques de violencia y odio”, afirmó el candidato de Por Andalucía, que acusó directamente a Vox de alimentar “la industria del odio” y señaló al PP como “cómplice” por no condenar la agresión. “Todavía estamos esperando a Vox y al Partido Popular condenar la agresión violenta contra Pablo Fernández”, criticó.

Maíllo vinculó el ataque al clima político generado contra “migrantes, mujeres, personas Lgtbi y antifascistas”, y reivindicó “el legado democrático de la esperanza frente al miedo, de la fraternidad frente al odio y de la solidaridad frente al individualismo”. El acto estuvo marcado por el apoyo y la solidaridad de centenares de asistentes con el joven agredido, y contó con la presencia de Alejandra, su pareja, que acudió con la misma camiseta que llevaba él cuando fue atacado.

Pablo Rodríguez, vecino de Granada y socio del bar Loop -un céntrico establecimiento hostelero-, permanece hospitalizado y pendiente de ser operado después de sufrir en la madrugada del sábado una agresión en el centro de la capital granadina que la Policía Nacional ya investiga. Su entorno sostiene que el ataque estuvo motivado por la camiseta antifascista que llevaba puesta.

Los hechos, avanzados en Ideal, ocurrieron en la zona entre calle Pavaneras y el inicio del Realejo, después de que Rodríguez terminara su jornada de trabajo en el establecimiento hostelero del que es socio. Según relata su pareja, la activista feminista Alejandra Chenoll, ambos salieron del local junto a varias amistades poco después del cierre, alrededor de las tres de la madrugada.

“Yo iba unos metros más atrás hablando con una amiga y de repente escuchamos un golpe”, explica Chenoll en conversación con este periódico. Cuando llegó hasta el lugar donde estaba Pablo, lo encontró inconsciente en el suelo y “en un charco de sangre”.

Dos jóvenes que se acercaron a auxiliarles les explicaron que habían visto salir corriendo a un grupo de unas seis personas. Horas después, ya en el hospital y tras recuperar parcialmente la conciencia, Rodríguez pudo relatar lo sucedido. Según su testimonio, varios jóvenes comenzaron a increparle por la camiseta que llevaba puesta, con el mensaje “Antifascist Bitches”, antes de rodearlo y golpearlo. “Le dijeron si estaba orgulloso de la camiseta”, relata Chenoll. “Le pegaron un único puñetazo, le rompieron el pómulo y lo noquearon”.

Operado tras fracturarse el pómulo

La víctima sufrió una fractura de pómulo y permanece ingresada para recuperarse de la intervención quirúrgica a la que se ha sometido. Su pareja insiste además en desmontar algunas versiones iniciales que apuntaban a una pelea nocturna. “No fue una pelea. Fue una agresión”, sostiene. “No iban borrachos ni hubo una discusión previa. Lo rodearon y le pegaron”.

Chenoll asegura que el golpe dejó inconsciente de inmediato a Rodríguez, que cayó al suelo y se golpeó también la cabeza. “Yo cuando lo vi pensaba que estaba muerto”, afirma. “Creo que se largaron porque pensaron que estaba muerto. Si no, la paliza podría haber sido mayor”.

La Subdelegación del Gobierno ha confirmado a este periódico que la Policía Nacional mantiene abierta una investigación sobre lo ocurrido. La familia prevé además presentar denuncia formal en las próximas horas y solicitar la revisión de las cámaras de seguridad de la zona.

Además, el caso ha provocado ya reacciones de colectivos sociales y organizaciones de Granada, que han mostrado públicamente su apoyo a la víctima y han convocado una concentración de rechazo a la agresión. Chenoll entiende que sucedido tiene lugar en un contexto de creciente actividad ultra en la ciudad y asegura que durante esa misma mañana aparecieron pintadas con simbología nazi en distintos puntos de Granada y firmados por Curva Sur, una formación ultra vinculada al Granada Club de Fútbol y con miembros de la excisión de Hogar Social Granada, una organización fascista con implantación por toda España.

“Es importante que se sepa que no fue dentro del bar y que no fue una pelea cualquiera”, insiste. “Fue porque iba solo con una camiseta. Nos puede pasar a cualquiera”. Mientras Pablo se recupera de su agresión, la investigación policial tratará de esclarecer los hechos y dar con los presuntos agresores.

Un fantasma recorre las redes sociales y los medios de comunicación. O mejor dicho, muchos fantasmas. Porque hemos hecho del fantochismo y la estulticia algo digno de ser tenido en consideración, hasta el punto de darle preeminencia sobre la razón y el pervertidísimo sentido común (bien dice el refranero que es este el menos común de los sentidos). Todo ello en primera plana y en prime time, con su posterior eco en redes sociales. ¿Desde cuándo la democracia implica aceptar como algo legítimo la mezquindad, la temeridad y la falsedad? Que sean cualidades humanas no las hace válidas ni mucho menos algo deseable. Sin embargo aquí estamos, en un todo vale que ya hace tiempo que pagamos muy caro. Y lo que te rondaré, morena.

La queja no es únicamente mía. Constantemente me llegan correos y publicaciones donde, afortunadamente, cada vez más personas ponen en cuestión este ensalzamiento de la estupidez. Ojo, que ser tonto, quiero pensar, no es algo que se elija, pero tampoco es algo que haya que favorecer aposta. Hace no tanto ser idiota, mentiroso, o fascista, entre otras lindezas, era motivo de vergüenza. Ahora equivale a tener pase vip a un micrófono, una pluma o una cámara donde, sin cuestionamiento alguno, se sueltan auténticos disparates. De ahí ha sido sencillo hacernos pasar a la falta de certezas, a la aceptación sin preguntas, a la reactividad sin razonamiento. La desgracia y la injusticia llegan a parecer no sólo tolerables sino inevitables. Lo falso, ya hablemos de charlatanes sin escrúpulos, ya de imágenes hechas con IA, cotiza por encima de lo humano.

Los ejemplos son abundantes y diarios. Algunos, en un primer momento, dan hasta risa. Es imposible no partirse la caja cuando te enteras de que, ante una crisis sanitaria de importancia mundial, un presidente del PP pretende contradecir las indicaciones de la OMS mandándoles un pantallazo de su consulta a ChatGPT. Tras la carcajada, das las gracias porque esta persona no tenga realmente ni voz ni voto en todo esto. Como las dimos, no lo olvidemos, porque no fueran los de este partido ni otros afines quienes gestionaran la pandemia de COVID. Porque sabemos con certeza que, de haber sido el caso, llevaríamos a nuestras espaldas muchísimas más desgracias, muchísimos más muertos.

Tal y como los contamos en Andalucía una vez hecho el balance de dos legislaturas del Partido Popular, que nos ha regalado un aumento sin precedentes de fallecidos por cáncer. Una subida que, a pesar de lo que niegue Moreno Bonilla, coincide con la progresiva privatización de nuestra Sanidad pública por parte de su gobierno. Pero ni él ni nadie de su gabinete nos dirá las cosas como son. Porque ellos no son de los que se arremangan y curran, ni de los que se interesan por las personas para las que se supone gobiernan (aunque las tengan a las puertas exigiendo explicaciones), sino de los que hacen el paripé y sueltan venenosos embustes por televisión. Juegan a equiparar sus mentiras con nuestra verdad, y ese juego, andaluzas y andaluces, nos cuesta la vida.

Si esos sondeos que le dan la victoria a las derechas se cumplen, la única estabilidad que podemos esperar es la que ya conocemos: la desigualdad. Seguramente no haya una opción ideal, a medida según las necesidades y circunstancias individuales. Pero sé que no somos tan idiotas como para creer que eso es lo mismo que no tener opciones

No podemos aceptar esto. No vivimos en una jungla en la que impera la ley del más fuerte. Tenemos códigos civiles y morales, implantados con mucho sudor, sangre y lágrimas de quienes nos antecedieron. Personas que sabían que era posible (siempre lo es) una sociedad mejor. Tenemos concepciones compartidas sobre el bien y el mal, que por discutibles o mediadas que puedan estar, nos unen más que separarnos. Sabemos de sobra que lo legal y lo legítimo no siempre es lo más noble, lo correcto o tan siquiera lo bueno. No hace falta explicar que engañar, robar, empobrecer, especular y matar está mal. Lo sabemos, no por inspiración divina, sino por nuestra experiencia vital y nuestro sentido de comunidad. Así como sabemos que todo lo que merece la pena, todo lo que hace mejor este mundo, se ha peleado.

Tenemos encima unas elecciones que son decisivas. Todas lo son, pero estas suponen un punto de inflexión: decidirán si se quiebran, quizá para siempre, nuestros derechos fundamentales. Culminar la privatización de todo lo que nos hace mejores y dábamos por hecho: nuestra Educación, nuestra Sanidad, nuestros hogares, nuestro porvenir, … Los sondeos que veo provocan miedo y desesperanza. Hacen pensar que nuestra voluntad de vivir bien y en paz es insignificante, que la fuerza de nuestro voto es banal, que no hay opción real de cambiar nada porque si hemos desayunado y comido injusticias, sólo podemos esperar cenar lo mismo.

Sin embargo, una cosa tengo clara. Si esos sondeos que le dan la victoria a las derechas se cumplen, la única estabilidad que podemos esperar es la que ya conocemos: la desigualdad. Seguramente no haya una opción ideal, a medida según las necesidades y circunstancias individuales. Pero sé que no somos tan idiotas como para creer que eso es lo mismo que no tener opciones. Por eso, andaluces que leéis esto, os emplazo a votar (ahora y todas las próximas veces) no pensando sólo en lo mejor para cada cual, sino, sobre todo, en mejorar el mundo. Hagamos de nuestra tierra un lugar donde no se tolere la falsedad ni la degeneración. En nuestra manos está alcanzar la más bella de las máximas: una Andalucía acogedora, sabia, sana, viva, libre.

Hace apenas unas semanas, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Comisión Europea publicaban la Lista Roja Europea sobre abejas, que evalúa el estado de conservación de este insecto. Los resultados muestran que más de un 20% de las especies presentes en Europa muestran algún signo de peligro. Este número es comparable a otros grupos como las mariposas o los anfibios, e indica que necesitamos políticas medioambientales fuertes para frenar su declive.

La buena noticia es que se han documentado muy pocas extinciones recientes de abejas a nivel europeo, lo que indica que revertir este declive aún es posible. Pero esto solo es posible si actuamos ahora, ya que una vez que una especie desaparece, no hay vuelta atrás.

Una crisis que dura más de veinte años

Las primeras alarmas sobre una posible crisis de polinizadores saltaron hace más de veinte años, con las primeras evidencias de que la destrucción de hábitats, los pesticidas y el cambio climático estaban afectando las poblaciones de polinizadores, entre los que se encuentran como actores principales las abejas.

Pero la mayor sorpresa fue darnos cuenta de que sabíamos muy poco sobre su estado de conservación real. No dejaba de ser paradójico que ni siquiera supiéramos a ciencia cierta cuántas especies de abejas había en nuestro país, cuando la polinización de miles de plantas y cultivos depende precisamente de ellas.

En las últimas dos décadas hemos avanzado mucho en este conocimiento. Sin ir más lejos, en los últimos años se han descrito numerosas especies nuevas en España, uno de los países con mayor diversidad de estos insectos. Sin embargo, dictaminar el estado de conservación de las más de 2000 especies europeas (mil de ellas presentes en España) no es tarea fácil, ya que para la mayoría desconocemos el número de ejemplares que había en el pasado, por lo que no tenemos con qué comparar las poblaciones actuales. 

De hecho, la primera Lista Roja sobre abejas confeccionada por la IUCN en 2014 dejaba más del 50% de ellas sin clasificar, dado que —al no tener suficientes datos— simplemente no sabíamos si estaban en peligro o no. Afortunadamente, en la recién publicada Lista Roja de 2026 este porcentaje se reduce a menos del 15%. Esto se ha conseguido gracias a una movilización de datos sin precedentes, sobre todo datos históricos de especímenes guardados en museos. Unos datos que nos han permitido comparar la distribución histórica y actual de la mayoría de abejas europeas y (junto a otra información relevante) asignarles una categoría de peligro de extinción.

La paradoja de la abeja de la miel

Una inclusión que ha creado polémica, al calificarla como en peligro de extinción es la de la abeja de miel (Apis mellifera). El criterio utilizado es que sus poblaciones silvestres han sido reducidas drásticamente y apenas sobreviven colonias en estado natural. Sin embargo, esto contrasta con las colonias manejadas por los apicultores, de las que solo en España hay más de 3 millones censadas, y cuyo número crece año tras año. De hecho, la Apis mellifera es, con toda probabilidad, la especie de abeja con mayor número de individuos en Europa.

Proteger las pocas poblaciones de abeja de la miel silvestres que aún quedan en Europa es sin duda importante desde el punto de vista de la conservación, pero hay un riesgo claro de que la poca inversión para proteger a las miles de especies de abejas silvestres acabe dirigida a la única especie de interés económico. De hecho, dada la dificultad técnica de diferenciar cuándo una población de abejas de la miel es realmente silvestre o simplemente se ha escapado de una colmena manejada, la aplicación de cualquier medida de conservación específica será altamente complicada.

El momento de actuar es ahora

El Pacto Verde Europeo y la Ley de la Restauración de la Naturaleza prometen aliviar la presión sobre la biodiversidad, pero intereses económicos, políticas de ultraderechas y guerras injustas pueden frenar estas iniciativas. Debemos mostrarnos firmes en nuestras prioridades y actuar ahora que tenemos el conocimiento.

A nivel personal, ayudar a las abejas es mucho más fácil que conservar otros grupos más grandes, como el oso o el lince. Muchas especies de abejas tan solo necesitan unos pocos metros cuadrados para nidificar y alimentarse. Crear zonas asilvestradas, incluso en ciudades y balcones, puede ayudar. Sabemos qué medidas hay que tomar, como mantener más zonas naturales y reducir el uso de plaguicidas, favorecer hábitats más heterogéneos o plantar bandas florales en cultivos. Si necesitas ideas sobre qué plantas nativas plantar, la asociación abejas silvestres ha creado una guía para ello. Pero además de nuestras acciones personales, a largo plazo debemos sobre todo cambiar la forma en que nos relacionamos con la naturaleza para crear sociedades más sostenibles.

Coordinación y edición: Adelina Pastor, delegación del CSIC en Andalucía

Hace apenas unas semanas varias polémicas públicas relacionadas con la memoria colonial española volvieron a reabrir el debate sobre cómo el Estado español afronta su pasado imperial y las violencias ejercidas durante la colonización. Mientras ciertos discursos continúan reivindicando la conquista y la expansión colonial bajo supuestas misiones “civilizadoras”, sigue existiendo un enorme silencio sobre episodios mucho más recientes de la historia colonial española.

Uno de esos episodios es la Guerra del Rif y, especialmente, el uso sistemático de armas químicas contra la población rifeña durante la fase más intensa del conflicto, entre 1921 y 1927.

Durante décadas la memoria oficial española ha mirado hacia otro lado cuando se habla de la Guerra del Rif. A comienzos del siglo XX, en el contexto del protectorado español en el norte de Marruecos, la resistencia de las poblaciones rifeñas frente a la ocupación colonial fue consolidándose hasta dar lugar a uno de los procesos políticos más relevantes de la región: la proclamación de la República del Rif bajo el liderazgo de Abd el-Krim, tras la victoria inicial frente a las tropas españolas en el desastre de Annual en 1921.

Apenas unas líneas en los libros de historia, un recuerdo fragmentado asociado a derrotas militares o a las campañas coloniales en el norte de África. Sin embargo, detrás de ese silencio permanece uno de los episodios más graves y menos reconocidos del colonialismo español contemporáneo: el uso sistemático de armas químicas contra la población rifeña, especialmente durante la Guerra del Rif .

El desarrollo de la guerra escaló de forma progresiva, con hitos como el desembarco de Alhucemas en 1925, una operación militar clave en la que España, con apoyo francés, logró cambiar el curso del conflicto. La intervención conjunta de España y Francia intensificó la presión militar sobre la República del Rif, que finalmente sería derrotada en 1926–1927, poniendo fin al proyecto político encabezado por Abd el-Krim.

Lejos de tratarse de un episodio marginal o accidental, el uso de armas químicas formó parte de una estrategia militar desarrollada en un contexto colonial marcado por la deshumanización de la población rifeña y por la impunidad con la que las potencias europeas actuaban en sus territorios ocupados

Diversas investigaciones históricas han documentado que, tras la derrota de Annual, el ejército español recurrió al uso de agentes químicos, especialmente gas mostaza, en el marco de la ofensiva militar contra la resistencia rifeña liderada por Abd el-Krim. Aquellos ataques no se limitaron a objetivos estrictamente militares, sino que aldeas, cultivos, mercados y fuentes de agua quedaron expuestos a bombardeos químicos que afectaron directamente a la población civil.

Lejos de tratarse de un episodio marginal o accidental, el uso de armas químicas formó parte de una estrategia militar desarrollada en un contexto colonial marcado por la deshumanización de la población rifeña y por la impunidad con la que las potencias europeas actuaban en sus territorios ocupados.

El gas mostaza ya era entonces un símbolo del horror. Su utilización durante la guerra había provocado una enorme conmoción internacional y abrió el camino hacia acuerdos destinados a limitar y prohibir este tipo de armamento. Que España recurriera posteriormente a estas prácticas en el Rif constituye un hecho de enorme gravedad histórica, política y moral que no puede seguir siendo ignorado.

A día de hoy, el silencio institucional sigue siendo casi absoluto. No ha existido un reconocimiento oficial claro por parte del Estado español sobre el alcance de estos bombardeos ni una asunción pública de responsabilidades políticas o históricas. Tampoco se han impulsado investigaciones institucionales suficientes que permitan esclarecer plenamente las consecuencias humanas, sociales y sanitarias de aquellos ataques.

Diversos estudios, así como voces académicas y sociales, han expresado además su preocupación por los posibles efectos a largo plazo que el uso de armas químicas podría tener sobre la salud de la población de la región del Rif, incluyendo enfermedades de especial gravedad como el cáncer. Sin embargo, la falta de estudios epidemiológicos concluyentes y el limitado acceso a determinados archivos y datos históricos hacen aún más necesaria una investigación independiente y transparente.

Reconocer lo ocurrido en el Rif no significa reabrir heridas; significa dejar de ignorarlas. Significa asumir que los derechos humanos y la memoria democrática deben aplicarse con coherencia, también cuando afectan a responsabilidades incómodas para el propio Estado

Pero, incluso al margen de este debate sanitario, existe una cuestión fundamental que no admite ambigüedades: el uso de armas químicas contra población civil representa una grave vulneración de los principios humanitarios y constituye una responsabilidad histórica que debe ser reconocida. Si una democracia exige verdad y memoria frente a otros crímenes del pasado, también debe asumir las responsabilidades derivadas de su historia colonial.

España no puede seguir reivindicando una memoria democrática selectiva. Una democracia madura no se construye únicamente reconociendo las violencias sufridas dentro de sus propias fronteras, sino también enfrentando honestamente las sombras de su pasado colonial. El silencio, la negación o la minimización de estos hechos sólo prolongan la herida histórica y dificultan cualquier ejercicio real de justicia y reparación.

Reconocer lo ocurrido en el Rif no significa reabrir heridas; significa dejar de ignorarlas. Significa asumir que los derechos humanos y la memoria democrática deben aplicarse con coherencia, también cuando afectan a responsabilidades incómodas para el propio Estado.

Por ello, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) defendemos la necesidad de avanzar hacia un proceso de verdad, reconocimiento y reparación. Esto implica, entre otras medidas, la apertura completa de archivos militares relacionados con la Guerra del Rif, el impulso a investigaciones independientes sobre el uso de armas químicas y sus posibles consecuencias, así como un reconocimiento institucional explícito de la responsabilidad histórica del Estado español.

También consideramos necesario un gesto público de disculpa dirigido al pueblo rifeño y a los descendientes de las víctimas, como parte de un compromiso ético con la memoria y la dignidad de quienes sufrieron estos ataques. La memoria democrática no puede tener fronteras morales. El Rif merece verdad, reconocimiento y justicia. Y España debe asumir con honestidad sus errores históricos.

No tener acceso a una vivienda digna, a servicios básicos o a una atención pública adecuada no puede entenderse como una suma de problemas individuales. Es el resultado de políticas insuficientes, barreras acumuladas y falta de alternativas reales. 

A pocos días de las elecciones en Andalucía, desde Sur Acoge compartimos una serie de propuestas para avanzar hacia una comunidad autónoma que reconozca su diversidad y garantice condiciones de vida dignas para todas las personas. Nuestra experiencia de más de 35 años en el territorio nos confirma que la convivencia no se sostiene solo con discursos: necesita derechos efectivos, servicios públicos fuertes y respuestas adaptadas a las distintas realidades sociales.  

Una de esas realidades es la dificultad creciente para acceder a una vivienda. La vivienda no es solo un techo; es el punto de partida desde el que construir estabilidad, arraigo y proyecto de vida. Sin embargo, muchas personas y familias en Andalucía se enfrentan a precios inaccesibles, suministros cada vez más caros, falta de alternativas habitacionales y obstáculos añadidos cuando no cuentan con documentación formal o viven en situación administrativa irregular. Esta realidad empuja a muchas personas a la infravivienda, el sinhogarismo o los asentamientos.  

Por eso, nuestras propuestas plantean reforzar el papel de la Administración en el acceso al alquiler, regular el mercado para frenar la especulación, adaptar las ayudas públicas a situaciones reales de vulnerabilidad y desarrollar soluciones habitacionales específicas para población temporera y personas que viven en asentamientos. Erradicar la infravivienda exige alternativas reales, sin respuestas improvisadas ni desplazamientos del problema.  

Esta mirada es especialmente urgente en el ámbito agrícola. La agricultura andaluza es uno de los grandes pilares económicos y sociales del territorio, pero una parte de quienes la sostienen vive y trabaja en condiciones marcadas por la precariedad, el aislamiento y la falta de acceso a servicios básicos. Defender una agricultura fuerte también implica garantizar derechos laborales, vivienda digna, orientación, atención sanitaria y protección frente a abusos. Por eso proponemos dotar el Plan EASEN, recuperar oficinas de orientación para personas trabajadoras agrícolas, reforzar los controles laborales y poner en marcha equipos sanitarios móviles con mediación intercultural.  

Vivir sin derechos no puede asumirse como parte del paisaje. Andalucía necesita políticas que no gestionen la exclusión, sino que la corrijan

La misma lógica debe aplicarse al conjunto de los servicios públicos. La sanidad, la educación y la protección social tienen que estar preparadas para atender a una sociedad diversa. No pueden convertirse en espacios atravesados por barreras de empadronamiento, idioma, desconocimiento administrativo o falta de recursos. Garantizar el acceso universal a la tarjeta sanitaria, incorporar mediación intercultural, asegurar la escolarización y el acceso a becas sin obstáculos administrativos o reconocer mecanismos alternativos al empadronamiento para acreditar la residencia, son medidas necesarias para que los derechos no dependan del lugar de nacimiento o la situación administrativa.  

Hablar de convivencia en Andalucía exige hablar de todo esto. De vivienda, de salud, de educación, de protección social, de condiciones laborales y de lucha contra la discriminación. También exige reconocer a Andalucía como territorio de frontera desde su responsabilidad como espacio de acogida, protección e inclusión.  

Las próximas elecciones son una oportunidad para decidir qué modelo de sociedad queremos construir. Desde Sur Acoge defendemos una Andalucía donde lo público llegue también a quienes han sido situados en los márgenes; una Andalucía que no normalice la exclusión y que entienda que garantizar derechos es una condición básica para la convivencia. 

Vivir sin derechos no puede asumirse como parte del paisaje. Andalucía necesita políticas que no gestionen la exclusión, sino que la corrijan. 

La Fundación Juan Carlos Aragón ha defendido que el autor gaditano de Carnaval “cumplió su condena, redimió su pena, se trató de su adicción y rehízo su vida” tras la polémica generada por la difusión de una sentencia de 2010 por maltrato a su expareja Francisca Pino, que ha llevado al Ayuntamiento de Cádiz a suspender homenajes y retirar los honores que tenía vinculados.

En un comunicado firmado este miércoles por la presidenta de la Fundación, su viuda Luisa Tejonero, la entidad sostiene que es “absolutamente incierto” que Francisca Pino sufriera malos tratos durante toda la relación con Aragón y subraya que la propia denunciante pidió en distintas ocasiones que no se ejecutara la orden de alejamiento y que se archivara la causa judicial.

La controversia se desencadenó después de que la exmujer del autor entregara el pasado sábado la sentencia condenatoria dictada contra Aragón, fallecido en 2019, y relatara episodios de violencia sufridos durante la relación. Tras ello, el Ayuntamiento de Cádiz anunció la suspensión de cualquier homenaje institucional y la retirada de honores concedidos al autor, una de las figuras más influyentes del Carnaval gaditano contemporáneo.

Que no se ejecutara la sentencia

En su comunicado, la Fundación recuerda que el Juzgado de Instrucción número 4 de Chiclana dejó sin efecto en 2008 la orden de alejamiento después de que Francisca Pino manifestara que deseaba “cerrar todo este asunto” y que la medida era “desproporcionada” porque nunca dejaron de convivir. Asimismo, señala que en el acto de notificación de la sentencia condenatoria la denunciante expresó que estaba viviendo con Aragón y que no quería que se ejecutara la pena de alejamiento, una postura que reiteró posteriormente al ser consultada sobre la petición de indulto.

La Fundación añade que, tras la condena, la relación entre ambos continuó durante años y asegura que Francisca Pino acudió a homenajes y actuaciones vinculadas al autor sin mostrar reparos públicos. También afirma que intercambiaron mensajes hasta pocas semanas antes de la muerte de Aragón.

El texto considera “sorprendente” que la sentencia se haya hecho pública más de 15 años después de la condena y más de 20 desde los hechos denunciados. La entidad defiende además el principio de reinserción social y sostiene que Aragón “no volvió a cometer delito en su vida” y que “la condena no debe ser perpetua para quien ya ha cumplido su pena con la ley y la sociedad”.

Retirada de honores en el pleno

En la parte final del comunicado, la Fundación advierte contra lo que considera una “damnatio memoriae” (práctica del imperio romano para borrar la memoria de alguien considerado indigno) del autor y diferencia entre el recuerdo legítimo de unos hechos y el “escarnio” o el “señalamiento constante” de una persona fallecida.

La versión de la Fundación se hace pública horas antes de que, este jueves, el Ayuntamiento de Cádiz apruebe en pleno una moción para retirarle todos los honores a Aragón, incluida la estrella que se ha colocado ante el Teatro Falla y que se iba a inaugurar el pasado domingo, y para instar al colegio Profesor Juan Carlos Aragón que cambie de denominación.

A ello hay que unir que el grupo de Andalucía Por Sí (AxSí) en el Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) ha anunciado que llevará al próximo pleno una moción de urgencia para retirar y destruir la imagen de homenaje dedicada a Juan Carlos Aragón colocada en el centro cívico de la barriada del Río San Pedro. En la red social Facebook, la plataforma vecinal Río San Pedro ha reconocido que la imagen en homenaje al autor “está de más”, solicitando públicamente al Ayuntamiento que se retire de la fachada del centro cívico.

La ciudad de Tarifa ha sido escenario este miércoles de la presentación de la 23ª edición del Festival de Cine Africano de Tarifa Tánger a dos días de su inauguración en ambas orillas del Estrecho este viernes. A la cita han acudido el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos Perea, el diputado provincial de Educación y Juventud en la Diputación de Cádiz y segundo teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Tarifa, Ignacio Trujillo, junto al portavoz del comité de dirección del FCAT, Federico Olivieri.

Los organizadores del festival y los representantes municipales, acompañados en el vestíbulo del Teatro Alameda por una decena de patrocinadores y colaboradores del festival en el Campo de Gibraltar, han desvelado los últimos detalles de esta edición, además de congratularse porque un año más, el Parlamento Europeo vuelve a patrocinar el #FCAT2026 reconociendo “su impacto social y reforzando su papel como actor y dinamizador de la sociedad civil”. Se trata de un reconocimiento que se otorga cada año a un número limitado de eventos y el FCAT lo consigue por cuarto año consecutivo.

Mane y la gran idea

Entre los anuncios que se han hecho durante la presentación en el Teatro Alameda de Tarifa, se encuentra el homenaje que el FCAT 2026 dará a su fundadora y directora durante 22 ediciones, Mane Cisneros. Bajo el título, Mane y la gran idea, el equipo, colaboradores, amigos y los espectadores del festival rendirán gratitud a Cisneros a través de la conversación y ante un desfile de mensajes llegados de todas las latitudes por parte de cineastas que han pasado por el festival.

En este acto se repasarán las más de dos décadas de visión y dedicación de Mane Cisneros al FCAT, un proyecto que nació con el fin de acercar las historias del continente vecino a través de un cine desconocido en España, como lo era el africano hace 23 años.

Junto al FCAT, Mane Cisneros creó también Al Tarab, el centro de Divulgación Cultural del Estrecho con el que el FCAT ha podido crecer gracias a numerosos apoyos institucionales y privados, visibilizando películas, autores y cineastas africanos.

Premio 'Miradas Africanas'

Por su parte, Canal Sur vuelve a apoyar el Festival de Cine Africano, gracias a un convenio firmado por ambas partes, y concederá el Premio 'Miradas Africanas' a la directora y productora franco-tunecina Erige Sehiri en el marco del festival. El galardón reconoce su importante trayectoria cinematográfica, así como el compromiso social.

La Agencia Pública de la Radio y Televisión de Andalucía destaca con este galardón la labor de una cineasta que promueva la unión entre culturas. En este sentido, Sehiri reúne en sus trabajos todas estas cualidades que favorecen la visibilidad de la realidad de los países africanos a través del cine. De esta forma, se potencia y visibiliza tanto los talentos consolidados como los emergentes. Su largometraje Promis Le Ciel (Prometido el cielo) es uno de los que se presentan a competición en esta edición del FCAT. La cinta se estrenará en los cines españoles solo unos días después del festival, el 6 de junio.

Erige Sehiri es directora y productora franco-tunecina. En 2022, su primer largometraje, Entre las higueras, un retrato intimista de la juventud y el trabajo en la Túnez rural, se estrenó en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes y fue premiado en numerosos festivales internacionales, entre ellos el FCAT. Prometido el cielo, su segundo largometraje, se estrenó en Un certain regard del Festival de Cannes de 2025. Esta película, centrada en la historia de mujeres en Túnez, habla de solidaridad, fragilidad y esperanza en un mundo convulso.

Espacio Escuela y Cine en familia

En su parte online, el Espacio Escuela del FCAT volverá a proyectar películas tanto en Tarifa como en las aulas, para transformarlas en foros de debate. Acompañadas de guías didácticas, las tres historias escogidas esta edición demuestran que el cine es un vehículo idóneo para que los alumnos analicen de manera crítica los derechos humanos, la diversidad cultural y los lazos que nos unen a todos, sin importar las fronteras geográficas. Presencialmente, el Espacio Escuela se desarrollará tanto en Tarifa como en Tánger, con escolares de centros educativos llenando las salas.

Desde el 22 de mayo hasta el 12 de junio de 2026 los centros educativos de España y los centros educativos españoles en Marruecos podrán acceder, previa inscripción, a tres títulos en versión original subtitulada en español y a sus correspondientes fichas didácticas. Las películas estarán accesibles a través de la plataforma Vimeo.

Las obras elegidas para esta edición son la keniana Supa Modo (Likarion Wainain), un drama luminoso, vitalista y conmovedor idóneo para trabajar en el aula la solidaridad comunitaria, el duelo infantil y el poder del cine y la imaginación como refugio frente a la adversidad. Kabri i manz salad (La cabra come ensalada), de Nicolas Séry, un cortometraje que ofrece una base excelente para debatir sobre la convivencia intercultural, los prejuicios religiosos en entornos urbanos y la necesidad de empatía entre jóvenes de diferentes orígenes. Y, por último, La vérité sur Alvert, le dernier dodo (La verdad sobre Alvert, el último dodo), de Nathan Clément. Una propuesta de gran belleza plástica que destaca el valor de la tradición oral, el amor familiar intergeneracional y el uso de las leyendas locales como un mecanismo de esperanza y resiliencia psicológica ante la enfermedad de un ser querido.

El FCAT, con la colaboración del Ayuntamiento de Tarifa, la Diputación de Cádiz, la Embajada de España en Marruecos, el Consejo Audiovisual de Andalucía y la Fundación Bancaria La Caixa, acerca un año más el cine a los escolares en su compromiso con una educación de calidad para todos y todas.

En cuanto a las sesiones de Cine en familia, gratuitas y destinadas a niños, niñas, padres y madres, tendrán lugar el martes 26 y el sábado 30 de mayo por la tarde en el Teatro Alameda de Tarifa con la proyección el martes del corto Kabri i manz salad (La cabra come ensalada), de Nicolas Séry, y de La vérité sur Alvert, le dernier dodo (La verdad sobre Alvert, el último dodo), de Nathan Clément. El sábado 30 será el turno del filme de animación, Allah n’est pas obligé (Alá no está obligado) de Zaven Najjar. Una adaptación de la aclamada novela homónima del escritor marfileño Ahmadou Kourouma, ganadora del Premio Renaudot en el año 2000 sobre un niño soldado y la pérdida de la inocencia.

Atún Experience

Otra alianza del festival este año ha sido con Tarifa Destino Gastronómico, quienes han ideado una ruta del atún africano por los bares y restaurantes de Tarifa y Tánger y que amplía el universo del festival más allá de las salas de cine.

Restaurantes, bares y espacios gastronómicos de toda la ciudad participarán en esta iniciativa ofreciendo creaciones exclusivas. La idea es sencilla: convertir Tarifa en un gran mapa de sabores donde cada parada sea una experiencia distinta. El hilo conductor no es casual. El atún rojo, uno de los grandes símbolos históricos de la ciudad y del estrecho de Gibraltar, será el protagonista indiscutible de cada plato. Pero con una condición clave: todas las elaboraciones deberán incorporar también inspiración africana, en homenaje al espíritu del FCAT y a la conexión natural entre ambas orillas.

El objetivo es impulsar la innovación en la cocina local sin perder la identidad de Tarifa, reforzando al mismo tiempo el vínculo cultural con África. La experiencia tendrá además un componente competitivo. Un jurado formado por tres miembros vinculados al Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger FCAT realizará una cata a ciegas de los platos participantes.

Su valoración supondrá el 50% de la puntuación final. El otro 50% dependerá del público, que podrá votar directamente desde cada establecimiento mediante un sistema de códigos QR. Una fórmula que mezcla participación ciudadana, gastronomía y ambiente festivalero en un mismo recorrido urbano.

La Guardia Civil de Cádiz está investigando la muerte de dos hermanos, cuyos cuerpos han aparecido con signos de violencia en Estella del Marqués, una pedanía de Jerez de la Frontera.

Las causas de este suceso se siguen investigando, aunque fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press que uno de los hermanos tenía antecedentes por episodios de esquizofrenia, y que podría haber sido el que provocó la muerte de su familiar al suministrarle un medicamento para dejarlo inconsciente y causarle la muerte con un arma blanca. Posteriormente, esta persona se habría quitado la vida.

Los hermanos tenían 57 y 60 años de edad y presentaban heridas por arma blanca cuando han sido encontrados por los agentes de la Guardia Civil, que continúa investigando los hechos para esclarecer las causas que han derivado en este hecho.

El revuelo causado por el intento del PP de censurar las comparsas del Carnaval de Cádiz en un evento programado en Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, para este sábado ha provocado la reacción de Jesús Bienvenido, letrista de DSAS3, quien ha publicado un vídeo en redes sociales señalando el “lápiz rojo” con el que los populares intentan “volver a su puerca dictadura”. “Nunca váis a entender la libertad y la democracia si pretendéis que Cádiz apague su voz”, canta a viva voz en la publicación que ha corrido como la pólvora.

Armado con su guitarra, los versos de Bienvenido critican “la censura después de 40 años de terror”, en referencia a la dictadura franquista, y claman por que “a Cádiz nadie lo calla porque nació libre”. Nada más comenzar el clip, le lanza una retahíla de descalificativos a Juanma Moreno, líder popular y candidato a la Junta de Andalucía para los comicios de este 17 de mayo, al que llega a denominar como “suavón” o “fascista embaucador”. “Para censurarme a mí tienes que nacer mil veces”, trayendo a colación la memoria histórica de sus propios antepasados: “Mis abuelos gaditanos, murguistas del Carnaval, a los que repersaliaron y asesinaron solo por cantar, voz de la clase obrera y la libertad”.

La grabación del autor de la comparsa ganadora del COAC 2026 ha tenido un especial impacto en este día de reflexión, ya que ha sido compartida por personalidades como el futbolista bético Hector Bellerín o el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García. Así, la polémica suscitada por una denuncia presentada por los populares de Alcalá de Guadaíra ante la Junta Electoral, en la que adjuntaban vídeos y letras de algunas agrupaciones en las que se criticaba el deterioro del sistema sanitario, ha metido en un lío a sus homónimos en Cádiz.

Retirada de la denuncia

Por tal motivo, la Junta Electoral de Zona de Sevilla inició el miércoles 13 de mayo un expediente tras la denuncia contra el festival Carnaval de Primavera. En el escrito remitido al órgano electoral, los populares sostenían que varias de las agrupaciones anunciadas —un coro, una chirigota y dos comparsas— incluían en sus repertorios letras de contenido político y crítica social que podrían vulnerar el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que limita los actos de propaganda electoral durante ese día.

Finalmente, el PP decidió retirar la denuncia después de que el propio alcalde de Cádiz y presidente del PP en esa provincia, Bruno García, se pusiese en contacto con los populares sevillanos para que diesen marcha atrás porque el Carnaval de Cádiz “es libertad y la expresión de un pueblo que no sobra en ningún momento”. Por su parte, el Ayuntamiento de Alcalá, gobernado por el PSOE, seguirá adelante con el evento carnavalesco que empieza a las 17.00 horas. El recital estaba previsto desde antes que el presidente de la Junta convocara las elecciones, de ahí que se negara la voluntad política en el día y las agrupaciones escogidas.

Los tres partidos de izquierda con representación en el Parlamento andaluz (PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía) han denunciado la precariedad de medios con la que, por momentos, se ha combatido el fuego declarado el domingo –y todavía activo– en el Parque Nacional de Doñana, en el paraje Rincón del Membrillo ubicado en término de Almonte (Huelva). Por ello, han solicitado la comparecencia del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz para dar explicaciones.

En paralelo, sigue la lucha contra un incendio activo pese a que se dio por estabilizado en la noche del martes. Un centenar de bomberos forestales se mantienen sobre el terreno, a los que se han unido dos aviones de carga en tierra y un helicóptero semipesado a lo largo del miércoles pese a que inicialmente se descartó la incorporación de nuevos medios aéreos. Y mientras el propio Antonio Sanz insiste en que hay “islas muy importantes sin quemar” en la zona afectada, la Estación Biológica de Doñana-CSIC (el organismo responsable de la supervisión científica del parque) ha reiterado el “alto valor ecológico” del paraje, aunque su director, Eloy Revilla, se ha mostrado “optimista” ante una “recuperación relativamente rápida”.

El Gobierno andaluz, ha apuntado desde el primer momento a la posible “intencionalidad” del incendio, que coincidió con todas las hermandades ya en El Rocío para asistir a la salida de la patrona almonteña y ha obligado a alterar el camino de vuelta de varias de ellas, sobre todo las que hacen el camino por la provincia de Cádiz. En base a imágenes por satélite, el cálculo inicial de la Estación Biológica apunta a que el fuego habría afectado a unas 400 hectáreas.

Comparecencia en el Parlamento

En el plano político, la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, no sólo ha pedido la comparecencia en el Parlamento de Sanz, sino que ha reclamado al propio presidente de la Junta en funciones, Juan Manuel Moreno, que dé “explicaciones inmediatas” porque es “evidente que algo están escondiendo”. Ha denunciado un “apagón informativo” en el Gobierno del PP y la necesidad de aclarar de manera “urgente” lo ocurrido, “qué ha pasado” y “cómo se produce” un incendio en el corazón del enclave natural más importante de Andalucía.

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reclamado la comparecencia Sanz en la Diputación Permanente porque “queremos saber qué está pasando, qué se está quemando, qué se ha perdido. Queremos saber qué medios se están poniendo y cuál es el impacto ecológico y medioambiental”, ya que se han producido situaciones que son una auténtica barbaridad“ fruto de la ”falta“ de equipamientos y personal de la plantilla del Plan Infoca, cifrando en 400 las vacantes ”sin cubrir“ así como ”cientos de interinidades sin cubrir“.

“Se están teniendo que unir equipos porque no pueden intervenir. En la primera noche tenían sólo dos autobombas. Tienen vehículos que no son apropiados para andar por el monte y que se quedan atascados en la arena, tienen EPI [equipos de protección individual] incompletos, les están obligando a hacer unas jornadas extenuantes que los sindicatos están diciendo que están poniendo en peligro a los trabajadores. Y hay gente en la bolsa esperando que le llamen”, ha explicado García.

“Negligencia” y “falta de medios”

En la misma línea de falta de medios ha incidido el coordinador general de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, para quien lo ocurrido “es producto de la negligencia y la falta de cuidado que tiene la Junta con un espacio que se le ha dado para cuidarlo como es Doñana”. “Estamos ante la joya de Andalucía y estamos ante la enésima ocasión pérdida de un Gobierno que no atiende a las alertas que les dieron los propios trabajadores del Infoca”, ha lamentado.

Además de pedir también la comparecencia parlamentaria de Antonio Sanz, Maíllo ha puesto el acento en las condiciones laborales y el equipamiento con el que cuenta el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca). “No hay vehículos adecuados, y así se dijo en otras diputaciones permanentes al respecto, no hay EPI adecuados, los trabajadores de Infoca están teniendo unas jornadas hasta la extenuación por falta de relevos y hay que dar explicaciones”, ha insistido.

La Junta de Andalucía, en cambio, incide en que ha llegado a movilizar una treintena de medios aéreos, más de 400 profesionales (de los que 130 son bomberos forestales), 19 autobombas y cuatro tractores provistos de grada. El consejero Antonio Sanz ha insistido hoy en que hay “islas muy importantes” que no se han quemado y con “una alta capacidad de regeneración por sus propios medios, con agilidad y rapidez”.

En una entrevista en Canal Sur Radio, ha vuelto a apuntar a las “muchas sospechas” que tienen los investigadores de que este incendio haya sido provocado, ya que en la zona “se produjeron varios incendios” en el mismo día“, un hecho que ”ni es lógico ni es habitual“. Igualmente, ha aclarado que por los caminos del paraje del Membrillo ”hacía dos días que no pasaba“ ningún romero. ”El recorrido de las hermandades se produjo dos días antes y se certifica siempre la limpieza. La zona queda expedita y más limpia que cuando llegaron las hermandades“.

“Mucha capacidad de recuperación”

Desde la la Estación Biológica de Doñana, su director, Eloy Revilla, ha incidido en el “alto valor ecológico” de la zona afectada por el incendio, aunque se ha mostrado “optimista” ante una “recuperación relativamente rápida”. En declaraciones a Europa Press, ha explicado que la zona está compuesta por vegetación mediterránea que “tiene mucha capacidad de recuperarse después de un incendio”, pero ha insistido en que es “pronto”, ya que “primero hay que apagar el fuego y luego analizar el impacto”.

El director de la Estación Biológica de Doñana ha señalado que el incendio se ha producido en el interior del Parque Nacional, “en una zona de alto valor ambiental” y en unos días “de mucha temperatura, mucho calor para estas fechas”. A esto se ha unido que ha hecho “mucho viento también del este y del sureste”, lo cual ha dificultado “mucho”, junto con “las condiciones topográficas del sitio”, el control del incendio a los operativos que estaban trabajando en la zona para intentar controlarlo.

Además, ha detallado que la zona afectada es “compleja orográficamente”, ya que “aunque Doñana sea un lugar plano, se trata de la barrera de dunas, que son varios frentes de dunas paralelos a la costa, en los cuales es muy difícil moverse, porque conducir por arena es muy complicado y más con vehículos pesados para la extinción de incendios, que es difícil moverse sin conocer los caminos también”.

La obra Gramática del desorden, del onubense Enrique Zumalabe, ha sido la ganadora de la 46 edición del Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, dotado con 25.000 euros y la publicación del libro. Con este premio la Diputación de Huelva rinde homenaje al Nobel moguereño y gran poeta universal, al tiempo que incentiva la producción literaria en el ámbito de la poesía. Además, es la primera vez que gana este premio un onubense.

Los encargados de comunicar el fallo y el nombre del ganador han sido el presidente de la institución provincial, David Toscano; el alcalde de Moguer y presidente de la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez, Gustavo Cuéllar, acompañados por el director de la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez, Antonio Ramírez Almansa, y el presidente del Jurado de esta edición, Juan José Téllez.

El presidente de la Diputación ha apuntado que este año se han recibido 654 obras y con “importante presencia iberoamericana: 88 poemarios de la República Argentina, 58 de Colombia, 49 de México y 30 desde Chile.

El presidente del jurado ha indicado que “ha sido complicado por la calidad notable de los textos presentados”, mientras que el autor, al que han llamado para comunicarle el fallo, ha agradecido el precio y ha mostrado su sorpresa porque ha confesado que creía que “no tenía posibilidades de poder ganarlo, toda vez que ha comentado que, además, ha estado destinado algunos años por sus labores profesionales en Moguer.

Obra

Enrique Zumalaba (Huelva, 1977) cursó Magisterio y Psicología en la Universidad de Sevilla. Entre otros quehaceres, formó parte del consejo editorial de la publicació La Cinta de Moebius. También fue creador de la revista Psiqueactiva. Ha sido colaborador de Uniradio (la radio de la Universidad de Huelva) en programas dedicados a la cultura y a la literatura entre los años 2007 y 2014.

Entre sus obras, se encuentra No todo es Juan Ramón, todo es Juan Ramón (2006), Literatur. I Encuentro de narrativa breve, y dentro de la colección Poesía Nueva que con motivo del Ciclo de Conferencias, Acercamiento (Huelva: Diputación Provincial, 2006). Parte de su obra poética permanece inédita, entre ella los poemarios Tus poemas (diez intentos fatales de huida desesperada) (2001), Donde nunca has estado (2001) y Resurrección de un libro (en preparación). También, ha publicado Además del Llanto (Sevilla: La Isla de Siltolá, 2014) y La lluvia o la mañana (Sevilla: La Isla de Siltolá, 2018). En cuanto a la narrativa, tiene un libro de relatos inédito Cometiendo errores (2001).

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, se ha comprometido este jueves a que si gobiernan revertirá “todos los conciertos privados” de la sanidad “para que las 732 millones de euros que se dan a las clínicas privadas pasen a los hospitales públicos” porque es “una cuestión de prioridades”, al tiempo que ha lamentado que el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno quiera “meter miedo” con la inestabilidad, por lo que le he espetado que “el lío” lo tiene él.

Así lo ha manifestado durante un mitin celebrado en Huelva capital, donde Maíllo ha señalado que “hoy dicho Moreno, presidente del gobierno de la Junta de Andalucía desde 2019, que si no consigue la mayoría absoluta, que las ayudas se van a paralizar, que no va a haber oposiciones, que todo va a ser muy difícil y que vaya lío”. “Mira, Moreno, el lío eres tú, el que tiene el colapso de la sanidad pública, el deterioro de la educación privada, ese es el lío que tiene”, ha dicho.

Al respecto, el candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta ha criticado que “no se puede decir que si no consigue la mayoría absoluta se paralizan oposiciones, o que se acaba la oferta de empleo público, o que no hay ayuda a los agricultores” porque decir eso “es una indecencia” y “porque unas elecciones se ganan haciendo propuestas, no con un chantaje”.

“El lío de no atender a enfermos de Alzhéimer, durante tres años pidiendo dependencia y tú no respondiendo, el lío que tiene diciendo que la vivienda es un problemón, no interviniendo y permitiendo que sea una ley salvaje, que suban los alquileres que suban las ventas y que a la gente la echen hasta de los barrios obreros porque llegan los pisos turísticos, el lío lo tienes tú y nosotros vamos a desliar ese lío él habla de estabilidad pero es el caos en la gestión, y ha atravesado una línea roja que no debía haber atravesado, que es la insensibilidad de jugar con la estabilidad y la necesidad de la gente”, ha remarcado.

El líder de Por Andalucía ha dicho que “unas elecciones se ganan como estamos haciendo en Por Andalucía”, una coalición con la que “se puede estar de acuerdo o no”, pero “presenta un modelo para Andalucía”.

“Nos posicionamos ante los graves problemas que hay y no chantajeamos a nadie. Pedimos vuestro voto, os animamos a que movilicéis, a que convenzáis a más gente, pero no amenazamos a nadie; instamos a la esperanza, pero no levantamos el miedo. No merece ser presidente de la Junta de Andalucía una persona que insta al miedo como instrumento para coartar la libertad de voto el próximo 17 de mayo”, ha manifestado.

En este sentido, ha señalado que “por eso, Moreno empieza a meter la pata” y “cuando no está asesorado ni acompañado ni tiene toda esa corte medieval que lo protege, el rey en el debate a cuatro está desnudo, se le caen los papeles literalmente”, ha subrayado Maíllo.

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta se ha preguntado “dónde van los recursos” que están llegando a Andalucía para los servicios públicos “ahora que los hay” y “no como en otros contextos históricos”.

Por ello, ha espetado que “si alguien quiere que los recursos vayan a la privada, a los colegios privados, tener que pagar por hacer un ciclo FP, tener que pagar por una operación de cadera, que vote al PP. Le va a ir muy bien con eso”. “Pero si defiendes la sanidad pública, si defiendes un sistema sanitario que te atienda no por tus recursos, sino por tus necesidades, tienes que votar a una fuerza política que ha defendido y que tiene dentro de su coalición a las organizaciones que hemos defendido con mucho orgullo la sanidad pública, ahora y siempre”.

En este sentido, ha afirmado que su formación revertirá los conciertos sanitarios con las empresas privadas para destinar “todo el dinero” a la sanidad pública “porque se puede se puede hacer aprovechando las propias infraestructuras sanitarias construyendo y terminando de construir” y ha pedido a “toda la gente que está indignada con el colapso del sistema sanitario” que “se movilice” y “vote el 17 de mayo”. “Y hay soluciones, no solo a la atención primaria sino a la bajada de lista de espera”, ha aseverado.

Asimismo, se ha comprometido a que, si gobiernan, hará una auditoría externa “para investigar las causas de la degradación sanitaria y las causas de muertes que se podían haber evitado”. Al respecto, ha señalado que este jueves “ha salido un informe demoledor de una revista sanitaria que se llama Gaceta Sanitaria de dos profesionales de la Sanidad Pública Andaluza en el que advierten de que en el periodo de 2019 a 2024 en Andalucía han fallecido por cáncer 3.701 personas más de las que eran esperables en cuanto a los índices de mortalidad”.

Maíllo ha indicado que “para tomar cartas de la dimensión del asunto, en el sexenio anterior el número de personas de más de las previsibles fueron de 920”, lo que supone “un crecimiento del 300% de muertes que no tendrían que haberse producido y que tienen que ver con la degradación de la sanidad, que tienen que ver con la falta de información, que tienen que ver con pruebas clínicas no hechas a tiempo y que por tanto tienen que ver con la política de salud”, ha agregado.

“Si en vez de en Andalucía hubiéramos tenido la media en España, en ese periodo de tiempo no tendrían que haber muerto 4.500 personas que no lo han hecho en el resto de España”, ha dicho antes de añadir que la sociedad merece “condiciones de máxima dignidad, de un vivir con felicidad” y ha subrayado que “los momentos de avance en la historia de la humanidad y en la historia de las sociedades se produce cuando se abandona el miedo y se convierte en esperanza”.

Con respecto a Huelva, Maíllo ha lamentado que en Huelva hay “un déficit sanitario” que “es un insulto a la inteligencia de la sociedad onubense”. “Y la gente que se está pensando votar al PP y Vox se lo deberían hacer mirar, porque a Huelva será discriminado de manera obscena”. Por ello, se ha comprometido a “acelerar” el Hospital Materno Infantil y a abrir definitivamente el Chare de Lepe.

Igualmente, ha afirmado que van a “construir los chares de Aracena y el de Bollullos Par del Condado” con “una asignación de 21 millones de euros” que se ha comprometido “a cumplir desde el primer presupuesto de la próxima legislatura”.

De otro lado, el líder de Por Andalucía ha afirmado que “hay soluciones a los problemas de vivienda” con la construcción de “vivienda, siempre pública”, así como harán “una ley que establezca una prohibición de más pisos turísticos en los municipios tensionados y que los pisos turísticos existentes pasen a uso residencial para aumentar el parque de alquiler y, por tanto, haya más ofertas, bajen los precios y la gente viva con tranquilidad y sin angustia”.

Maíllo ha afirmado que hay “una emergencia habitacional que está producida por una disminución de la oferta de alquiler” y que “esa disminución de la oferta de alquiler está condicionada por la existencia de pisos turísticos”. “Y lo decimos muy claro. Piso turístico y el derecho a vivienda son incompatibles”, ha subrayado.

La Guardia Civil, en el marco de la operación Custos-Tiscal, ha liberado a una menor de edad de 15 años que ha sido víctima de agresiones sexuales mientras permanecía retenida contra su voluntad en Isla Cristina (Huelva), tras haber sido incitada a abandonar un centro de protección en la provincia de Sevilla. En el marco de la actuación, se ha detenido a tres personas como presuntos autores de detención ilegal, estafas y falsificación de métodos de pago. A uno de ellos también se le imputa un delito de agresión sexual a la menor.

Los hechos sucedieron cuando la menor, tutelada por la Junta de Andalucía y residente en un centro de protección, fue contactada por una mujer que había estado, hasta hacía poco tiempo, en ese mismo centro. Esta mujer, junto con su pareja, logró convencerla para que abandonara el centro de protección sin conocimiento de sus responsables. Posteriormente, la menor fue trasladada a un domicilio de la localidad de Isla Cristina (Huelva), donde fue retenida contra su voluntad.

Durante ese tiempo, los autores le retiraron el teléfono móvil y el reloj con geolocalización proporcionado por el centro de protección con el fin de ser localizada. Asimismo, fue obligada a participar en estafas telefónicas mediante el uso fraudulento de datos personales y bancarios de terceras personas, realizando compras de diverso valor como joyas o ropa.

Liberada tras contactar con una amiga

Además, uno de los detenidos habría agredido sexualmente a la víctima en varias ocasiones, empleando amenazas y violencia. La localización de la menor fue posible gracias a la actuación de la Guardia Civil, tras lograr la menor contactar con una amiga, a la que facilitó información relevante sobre su ubicación.

En un primer momento, la menor no manifestó lo ocurrido por temor a posibles represalias pero posteriormente, cuando se encontraba más segura en compañía de las educadoras del centro, denunció los hechos. Por tal motivo, los agentes detuvieron a tres personas y registraron un domicilio donde se intervinieron diversos efectos, entre ellos joyas, teléfonos móviles y datos bancarios de múltiples víctimas.

Igualmente, se ha podido determinar que los detenidos captaban a personas en situación de vulnerabilidad, a las que retiraban su documentación bajo engaño a cambio de alojamiento o manutención, utilizándolas posteriormente para cometer compras de productos mediante el uso de tarjetas bancarias fraudulentas.