El grupo de 12 concejales del PP del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) que este lunes pidió al alcalde, José Ignacio Landaluce, que dimitiera de la alcaldía tras conocerse una nueva denuncia –la segunda en una semana– por presuntos delitos de agresión sexual, ha hecho efectivo su abandono del equipo de gobierno de la ciudad.

Según ha indicado el PP en una nota, “ante la falta de respuesta” a la petición de dimisión de Landaluce como alcalde de Algeciras y “en cumplimiento de lo anunciado por el PP” este lunes, el grupo de concejales del PP ha abandonado el gobierno municipal de Algeciras.

Así, la marcha se ha hecho efectiva y 12 de los 15 concejales que integran el grupo municipal han presentado un escrito en registro del Ayuntamiento informando de su decisión. Por su parte, el PP de Cádiz ha insistido en que, tras este paso, “se tomarán todas las medidas oportunas para garantizar la estabilidad del municipio”.

La decisión se ha anunciado después de que el alcalde de Algeciras desafiara a su partido y manifestara esta mañana que se aferraba a la alcaldía negándose a dimitir, como le había pedido la mayoría de su equipo.

Cabe recordar que el presidente provincial del PP, Bruno García, había dicho en la mañana de este martes que si Landaluce no abandonaba el poder, sería el PP el que abandonase el equipo de gobierno, tal y como han hecho efectivo finalmente los 12 concejales que habían pedido su dimisión.

Landaluce, por su parte, se ha limitado a subir un vídeo en sus redes sociales asegurando que se ha enterado “por la prensa” de las dos denuncias contra él por presuntas agresiones sexuales e insistiendo en que seguirá intentando luchar por los vecinos de la ciudad. “Tengo las pruebas en mi teléfono de que esto es falso y seguiré luchando por demostrar mi inocencia”, ha asegurado el alcalde, quien ha añadido que “no es fácil luchar contra los medios y las noticias y los titulares, pero yo lo voy a hacer”.

Una vez pasada la mañana, los 12 ediles del PP han presentado el escrito en el Ayuntamiento informando de su decisión de abandonar el equipo de gobierno, que actualmente queda en manos del propio Landaluce más los tres concejales que decidieron continuar con él.

El alcalde asume las competencias

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que estos 12 concejales “han renunciado a sus responsabilidades” en el equipo de Gobierno municipal, así como a las tenencias de Alcaldía que algunos de ellos venían ostentando “desde que les fueron conferidas por el alcalde en junio de 2023”.

El escrito de renuncia está firmado por los ya extenientes de alcalde Jacinto Muñoz Madrid, Pilar Pintor, Susana Pérez Custodio, Paula Conesa, Juana Cid Vadillo, Javier de las Montañas Vázquez Hueso, Jorge Juliá Aguilera y María Solanes Mur, así como por los también ya ex delegados Ángel Martínez León, Francisco Javier Arango Mejías, Sabina Quiles Granados y Álvaro Márquez Moreno.

Así, las delegaciones municipales a las que han renunciado son las de Seguridad Ciudadana, Movilidad Urbana, Personal, Cultura y Patrimonio Histórico, Comunicación, Turismo, Igualdad y Bienestar Social, Contratación, Feria y Fiestas, Educación, Universidad, Medio Ambiente, Participación Ciudadana, Deportes, Economía y Hacienda, Patrimonio Histórico, Playas, Parques y Jardines, Cementerios, Juventud, Estadística, Pesca, Desarrollo Sostenible, Mercados, Comercio, Salud y Consumo, Emalgesa, Fomento Económico y Empleo, y Formación e Industria.

Todas estas competencias las recupera directamente el alcalde, que “podrá conferirlas a otros concejales”, en concreto se refiere a los tres concejales del PP que no firmaron ayer la petición de renuncia del alcalde, y que tampoco han abandonado el gobierno.

Estos ediles son Vicente Jesús Palomares Godoy, que es delegado de Coordinación y Limpieza; Yéssica Rodríguez Espinosa, octava teniente de alcalde y delegada de Urbanismo, Vías y Obras, Alumbrado, Fondos Europeos e Innovación; y Patricia Bueno Montero, delegada de Atención Ciudadana, Atención al Mayor, Vivienda, Protección Civil y Servicio contra Incendios.

De esta manera, Landaluce mantiene su cargo como alcalde a pesar de las reiteradas peticiones de dimisión, y después de que haya vuelto a proclamar su inocencia sobre las denuncias por agresión sexual en su contra y asegurar que todo esto se produce porque “quieren mi muerte política y social”.

Vox, a favor de la moción de censura

El grupo municipal de Vox ha anunciado que votará a favor de una eventual moción de censura para apartar a Landaluce. Aunque la formación de extrema derecha ha asegurado que no entrará en el Gobierno municipal ni exigirá nada a cambio de su apoyo, según publica la Cadena SER.

“Si los motivos que llevaron al PP a apartar a Landaluce del Grupo Popular en el Senado eran suficientes para tomar aquella decisión, también lo eran para que hubiera dejado antes la Alcaldía de Algeciras”, aseguran. “No puede pretender ahora aparecer como parte de la solución cuando ha dejado pasar demasiado tiempo y ha permitido que esta situación se enquistara”.

Vox tiene cuatro concejales en el Ayuntamiento, suficientes para sumar a los 12 del PP y alcanzar la mayoría de 14.

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, desafía a su partido al aferrarse a la alcaldía frente a la petición de que abandone el poder por parte de gran parte de los concejales del PP que hasta el momento forman parte de su equipo de gobierno (12 de 15).

“Todos contra mí, qué casualidad que no me den la presunción de inocencia, quieren mi muerte política, mi muerte social”, ha manifestado en un vídeo publicado en sus redes sociales en el que ha defendido su inocencia: “Soy inocente, niego los hechos que se me atribuyen y demostraré la verdad por las vías legales”, rezaba la publicación.

Tras asegurar que se ha enterado “por la prensa” de las dos denuncias contra él por presuntas agresiones sexuales, ha afirmado que seguirá intentando luchar por los vecinos de la ciudad. “Tengo las pruebas en mi teléfono de que esto es falso y seguiré luchando por demostrar mi inocencia”, ha asegurado el alcalde, que ha afirmado que “no es fácil luchar contra los medios y las noticias y los titulares, pero yo lo voy a hacer”.

En este sentido, ha aseverado que lo va a hacer “con la sensatez de presentar pruebas en el juzgado y después pedir daños y perjuicios a los que me están haciendo daño”. Además, ha añadido que “perseguirá” al PSOE y que luchará por la “presión” que a su juicio está recibiendo desde su partido para que abandone la alcaldia.

“Qué casualidad que todos pidan la alcaldía, el ayuntamiento, qué casualidad que todos no me den la presunción de inocencia, quieren mi muerte política, mi muerte social, algunos tal vez algo más aún”, ha afirmado Landaluce, quien ha asegurado que va a demandar justicia en el juzgado y cuando demuestre su inocencia actuara “contra todos” los que a su juicio le han hecho daño.

A partir de ahí, Landaluce ha asegurado que “Algeciras es muy importante”, que es su “razón de ser” desde que tenía 23 años, que se ilusiona o se entristece con cada alegría o penas de sus vecinos y que por eso, para él “siempre ha sito tan importante luchar por y para Algeciras y sus vecinos”. “Seguiré intentándolo, pero qué difícil me lo han puesto, todos contra mí, la verdad es que uno se siente demasiado pequeño”, concluye su intervención.

El PP sigue presionando para que se marche

Desde su partido, el presidente provincial del PP en Cádiz, Bruno García, ha manifestado que si Landaluce no abandona la alcaldía este lunes, tal y como le han pedido 12 de los concejales del PP tras conocerse una segunda denuncia por una presunta agresión sexual, “será el PP el que abandone el equipo de gobierno”.

En rueda de prensa, Bruno García ha explicado que el pasado viernes atendió a la segunda denunciante y tras hablar con ella “tomaron la decisión de dar este paso”. Además, ha indicado que este mismo lunes tuvo la oportunidad de reunirse con la primera mujer que presentó denuncia, que se conoció por la prensa la pasada semana.

A partir de ahí, el dirigente del PP ha manifestado que creen en la presunción de inocencia, pero “como partido hay que tomar y asumir responsabilidades”. “Al existir dos denuncias materiales expresas, donde dos mujeres valientes toman la decisión de dar el paso, yo creo que era muy evidente y la posición del PP fue muy clara. Tomar decisiones es elegir y nosotros hemos elegido creer a estas dos mujeres”, ha afirmado.

En este sentido, ha explicado que tras esta situación instaron a los concejales del PP en Algeciras a que le pidieran abandonar la Alcaldía o en caso contrario los concejales abandonarían el equipo de gobierno “y se tomarán todas la medidas al alcance para que el alcalde deje de ser alcalde”. Bruno García ha explicado que esa fue la decisión del PP tras hablarlo con los propios concejales y que lleva “meses sin hablar” con Landaluce.

En cuanto a plazos, el dirigente del PP ha recordado que esta situación ha pasado en la noche de este lunes y que los concejales están reunidos en la mañana de este martes, que “algunos tratan de convencerlo”. A este respecto, Bruno García ha manifestado que “respetando la presunción de inocencia”, cree que “es mejor que se defienda en el ámbito privado”.

El Consejo de Transparencia de Andalucía ha requerido “expresamente” al Ayuntamiento de Estepona (79.621 habitantes, Málaga) para que publique la declaración de bienes del alcalde, José María García Urbano (PP). El regidor, que lo es desde 2011, ha incumplido siempre esta obligación impuesta por la Ley de Transparencia. Tan sólo la publicó en la web del Congreso durante el breve periodo de tiempo en que fue diputado, a finales de 2016. Desde entonces, su declaración de bienes ha sido poco menos que secreto de Estado. Ni el Ayuntamiento la publica en la web municipal, como obligan la normativa estatal y andaluza, ni facilita su consulta a la oposición.

En este tiempo, García Urbano se ha visto salpicado por algunos escándalos vinculados directamente a su patrimonio: desde su participación en un entramado empresarial con raíz en Luxemburgo a la titularidad de una sociedad que acaba de obtener licencia para construir una veintena de apartamentos turísticos en Málaga capital, pasando por sus aportaciones dinerarias a la sociedad que obtuvo del Ayuntamiento de Estepona la concesión para explotar un lujoso restaurante en el Mirador del Carmen, una fastuosa torre de titularidad municipal a pie de playa que costó 16,3 millones de euros de dinero público.

La resolución dictada por el Consejo de Transparencia exige al Ayuntamiento que en el plazo de un mes publique en su web, portal de transparencia o sede electrónica las declaraciones del alcalde. Le advierte, además, de que la información debe ser veraz, actualizada y mostrarse de forma clara y comprensible. Es decir, nada de fórmulas matemáticas y arcanos.

La resolución está datada el 6 de octubre, y el Ayuntamiento puede recurrirla ante el propio consejo o ante un juzgado de lo contencioso. Hasta ahora, la web municipal sigue sin mostrar la información requerida. Transparencia, que no tiene potestad sancionatoria, no aclara qué pasa si el Ayuntamiento sigue sin cumplir.

Incumplimiento de la ley

La intervención se produce a petición del grupo municipal socialista, que lleva años intentando recabar la declaración de bienes e intereses del alcalde. Cuando han podido consultarla ha sido sin posibilidad de copiarla y dejando sus móviles fuera de la sala. Como si fuera un documento clasificado.

El Ayuntamiento de Estepona no publica ni la declaración sobre causas de posible incompatibilidad o actividades que puedan proporcionar ingresos a sus ediles, ni la declaración de sus bienes y de la participación en sociedades, incluyendo las sociedades por ellas participadas, como obligan la Ley de Bases de Régimen Local y reiteran la Ley de Transparencia estatal y la andaluza. No es solo que esa información deba ser accesible para la oposición, sino que debe estar disponible “de la manera más amplia y sistemática posible” para cualquier ciudadano que quiera consultarla. La ley obliga a realizar las declaraciones antes de la toma de posesión y con el cese o el final del mandato. También cuando se modifican las circunstancias de hecho.

Transparencia abrió expediente la pasada primavera y dio traslado al Ayuntamiento para que alegara. Fue el propio García Urbano quien contestó. En su respuesta admite que la web municipal no recoge su declaración, pero señala que sí la deposita ante la Secretaría General antes de tomar posesión. El motivo de no publicarlas, según el alcalde de Estepona, es que contiene datos de carácter personal. Como el Pleno no ha adoptado ningún acuerdo para dejar fuera las direcciones de los inmuebles o el número de cuenta, no se publica nada, razona el alcalde.

Transparencia no compra el argumento y concluye, tras examinar el portal de transparencia municipal, que se ha dado un “deficiente cumplimiento de la obligación de publicidad activa”.

Currículum del alcalde

No es el único incumplimiento. Transparencia también exige que la web municipal publique la trayectoria profesional del alcalde. Según la respuesta del alcalde, la falta de información en su perfil (y también el de otros concejales) se debía a una “incidencia técnica temporal” que ya había sido corregida. Sin embargo, este lunes el perfil con los datos biográficos del alcalde y los concejales devolvía Error 404.

Su currículum público es conocido: García Urbano fue notario durante 13 años, en pleno apogeo de la burbuja inmobiliaria. La sentencia del caso Malaya recoge que en su notaría de Estepona se firmó a las 3:20 de la madrugada del 1 de agosto de 2003 la moción de censura contra Julián Muñoz en Marbella, orquestada por Juan Antonio Roca. Actualmente es registrador de la propiedad en San Roque, función que compatibiliza con su desempeño como alcalde.

Además de notario y registrador, es abogado del Estado. Suele deducirse que aprobó las tres oposiciones, pero García Urbano formaba parte del cuerpo de letrados de la Dirección General de Registros y del Notariado, y en 1986 se incorporó a los escalafones de notarios y registradores en virtud de una resolución del Ministerio de Justicia.

Por último, Transparencia reclama al Ayuntamiento que publique las retribuciones del alcalde. El regidor suele recordar que no cobra del Ayuntamiento. De esa forma puede seguir percibiendo sus emolumentos del Registro de San Roque del que es titular, algo incompatible con cobrar como alcalde, según la Ley de Incompatibilidades.

Transparencia rechaza, en cambio, que deba publicar sus declaraciones de IRPF o sus gastos de viaje, o que la no publicación en la web municipal de contratos posteriores a 2017 suponga algún incumplimiento, porque el Consistorio lo suple con un enlace a la Plataforma de Contratación del Estado.

Apartamentos turísticos, un edificio polémico y albacea de un holding millonario

García Urbano gobierna Estepona desde 2011, actualmente con una holgada mayoría absoluta. Considerado en su día un mirlo blanco dentro del PP (llegó a barajarse su desembarco en la capital para suplir al veterano De la Torre), hoy está investigado por al menos dos juzgados de instrucción. En un caso, por contratar a una “amiga íntima” para el Ayuntamiento sin que esta, según ha declarado ella misma, fuera nunca a trabajar ni exista ninguna prueba de esos trabajos. Por este caso está a un paso de sentarse en el banquillo, acusado por Fiscalía. El juez de instrucción ya concluyó que ve “indicios suficientes” para llevarlo a juicio por malversación y prevaricación.

Otro juzgado le investiga por presunta prevaricación en la adjudicación de las tres últimas plantas del Mirador del Carmen a una empresa creada un par de meses antes en el despacho del concejal Salvador Pedraza por su nuera, tal y como desveló este medio. Un informe de la UDEF constata que traspasó dinero a su hijo en las fechas en que su nuera debía abonar la fianza, y sugiere que la empresa oculta el verdadero beneficiario de la operación.

El alcance de su patrimonio es un misterio. Este medio desveló que él y un concejal de su máxima confianza (de nuevo, Pedraza) poseían sendas participaciones y administraban dos empresas luxemburguesas que gestionan activos por valor de casi 60 millones de euros: inmobiliarias, campos de golf, parques fotovoltaicos... Según dijo entonces, lo hace como albacea de un amigo fallecido, mientras los nietos se hacen mayores de edad.

Otro misterio es la titularidad del famoso edificio de Urbanismo en Marbella, que el Ayuntamiento de esa localidad quiere expropiar. A través de Nuevos Aires 2002, García Urbano es el histórico titular del inmueble, valorado en 5,1 millones, con su amigo el constructor Bonifacio Solís (que emplea a su hijo) y el abogado y testaferro Juan Hoffman, condenado y fugado tras la Operación Malaya. Solís aseguró a este medio que él compró las participaciones de García Urbano en Nuevos Aires hace tiempo. Sin embargo, Nuevos Aires aparece en su única declaración de bienes conocida hasta la fecha, la presentada ante el Congreso de los Diputados en 2016, y sigue reflejando en sus cuentas anuales que tiene al menos tres socios.

Además, García Urbano es el propietario y administrador de La Corrala de Capuchinos, una sociedad que acaba de obtener licencia del Ayuntamiento de Málaga para levantar un edificio de 21 apartamentos turísticos. Lo ha hecho sobre la bocina, justo antes de que el Consistorio decidiera no admitir más solicitudes de licencia, en vista que los alojamientos turísticos drenan suelo y casas para vivir.

José Antonio Barroso vuelve a la política. El que fuera alcalde de Puerto Real durante 28 años —entre 1979 y 1995 y entre 1999 y 2011— ha confirmado su candidatura para recuperar la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027. Fue el primer alcalde democrático de la localidad y uno de los políticos más singulares que ha dado la izquierda gaditana en las últimas décadas.

Su trayectoria política está ligada al movimiento obrero, a los astilleros y al comunismo, pero también a algunas de las posiciones más controvertidas del panorama político español. Su relación con Cuba y con Fidel Castro fue una de sus señas de identidad durante años.

Su enfrentamiento con la monarquía terminó incluso en los tribunales. En 2008 calificó de “corrupto” a Juan Carlos I durante un acto republicano. La Audiencia Nacional lo condenó en 2009 a pagar una multa de 6.840 euros por un delito de injurias graves al rey al considerar que había traspasado los límites de la crítica política. Años después, lejos de retractarse, mantuvo su posición. En 2020, tras la salida de España del rey emérito, afirmó que no tenían que resarcirle a él, sino “al pueblo de España por todo lo que han hecho los Borbones”.

Ahora, con 74 años, regresa con una candidatura que quiere ser local, independiente y transversal. Y eso le permite formular una de las afirmaciones más llamativas de esta entrevista: “Ya aspiro a que me vote la gente de derecha de Puerto Real”. Barroso sostiene que su antigua base electoral no estaba formada únicamente por votantes de izquierda y reivindica una política alejada de las etiquetas ideológicas.

Vuelve a la política después de 15 años. ¿Qué ha cambiado para que haya tomado esta decisión?

A mí me han hecho cambiar de opinión los ciudadanos. Cuando yo terminé mi etapa política en 2011, después de aquel resultado electoral, me aparté. Después me fui a Cuba, tuve una vida diferente y durante mucho tiempo no contemplaba volver. Pero cuando regresé empecé a encontrarme con muchísima gente que me decía que Puerto Real había perdido relevancia, que el pueblo estaba peor, que había dejado de tener aquella capacidad de iniciativa que tuvo durante muchos años. Y yo empecé a preguntarme si realmente había llegado el momento de volver. No por una cuestión personal, sino porque tengo la sensación de que puedo aportar todavía cosas.

Usted fue alcalde durante 28 años. ¿No es difícil volver después de tanto tiempo?

Yo no vuelvo para vivir de la política. Vuelvo porque creo que tengo conocimiento, experiencia y capacidad para hacer determinadas cosas. Además, tengo una ventaja y es que conozco perfectamente los instrumentos administrativos y políticos que existen. Sé cómo funciona un Ayuntamiento, sé cómo funciona la Diputación, sé cómo funciona la Junta de Andalucía y sé cómo hay que relacionarse con el Gobierno central. Eso no se aprende en un curso de formación.

Pero usted procede claramente de la izquierda. ¿Cómo encaja eso con su discurso actual?

A mí me ha votado mucha gente de derecha. A mí empiezan a dejarme de votar tanto la gente de izquierda como la gente de derecha, tanto la gente conservadora como la gente que se considera progresista, cuando sencillamente la sensación que traslado es de que no me estoy preocupando por Puerto Real como lo hacía antiguamente. Ya aspiro a que me vote la gente de derecha de Puerto Real. Y la gente de derecha de Puerto Real son gente de a pie, normales: gente jubilada, trabajadores de astilleros también de un cierto nivel, pequeños empresarios, propietarios de negocios. Gente de a pie.

¿Qué quiere decir cuando habla de gente de derechas “normal”?

Que no tiene una adscripción ideológica resultado de una defensa a ultranza de unos intereses espurios.Hay gente conservadora que quiere que su pueblo funcione. Y esa gente también tiene derecho a votar una opción política que se preocupe por Puerto Real.

Su discurso sobre Podemos es muy crítico. ¿Nunca se sintió cercano a aquel movimiento?

Nunca me vi reflejado ni en la política ni en el pensamiento de Podemos. Entre otras razones porque yo le veo a Podemos más bien un comportamiento que tiene que ver con las poses que con una política realmente transformadora.

¿Se refiere a Pablo Iglesias?

Yo me acuerdo cuando Pablo Iglesias dijo que estaba orgullosísimo de haber nacido y vivido en Vallecas y terminó a los seis meses diciendo que sus hijos tenían derecho a tener un jardín de 2.500 metros y una casa de 300 metros edificados. Entonces, lo que digo es que la gente tiene el valor de la palabra de la gente y la garantía que le dan sus hechos.

¿Qué cree que ha fallado en Podemos?

Que muchas veces se ha sustituido la política transformadora por una determinada puesta en escena. Y yo creo que la izquierda necesita volver a hablar de las estructuras económicas, de la propiedad, de la banca, de la vivienda, de la industria, del empleo. No solamente de determinados discursos que pueden tener una gran repercusión mediática.

Precisamente la vivienda es uno de los grandes problemas actuales. ¿Qué está haciendo mal la izquierda?

Estoy siguiendo con muchísimo interés todo este fenómeno que ha saltado a los medios de comunicación a partir del drama de una señora de 87 años. Lo sigo con muchísimo interés. Pero noto, quizá porque hay un cierto control ideológico de ese movimiento y que se expresa en la voz de quienes se consideran portavoces de ese movimiento, una carencia absoluta de soluciones estructurales. No he oído todavía a nadie decir que el origen de lo que estamos sufriendo tiene que ver también con el proceso de privatización del sector financiero público de este país.

¿A qué se refiere?

No me estoy refiriendo a las cajas de ahorros. Me refiero a Argentaria, al Banco de Crédito Agrícola, al Banco de Crédito Hipotecario, al Banco de Crédito a la Construcción. Todo ese proceso de privatización empieza a mediados de los ochenta de la mano de Felipe González Márquez. Y Felipe González ha sido, para mí, el mayor y más despreciable presidente que ha tenido este país.

Es una acusación muy contundente. ¿Por qué?

Porque fue el iniciador, el gran demiurgo, el gran hacedor en negativo del desmantelamiento progresivo de las industrias españolas más señeras. De la construcción naval, de la industria y de una determinada estructura productiva que tenía España. Y además puso en almoneda, como posteriormente completó Aznar, la estructura pública financiera de este país.

¿Qué consecuencias tiene, a su juicio, aquella privatización?

¿Cómo puede estar un Estado al pairo del mercado? No nos olvidemos de que la Constitución dice que esto es una economía social de mercado. No es un mercado desregulado. Bueno, pues las políticas supuestamente de izquierda del PSOE, y luego el PP lo que hace es completarlas, han ido siempre en la dirección de desregular, no de regular y, por tanto, de condicionar el mercado.

¿Y qué debería hacer el Estado?

Tener instrumentos. No es posible invocar el artículo 47 de la Constitución, que dice que los poderes públicos deben arbitrar las condiciones que permitan que todos los españoles y españolas podamos acceder a una vivienda, si no se invoca también la declaración de principios de esta Constitución, que entre otras cosas establece que España es una economía social de mercado. Si tú no tienes instrumentos que permitan condicionar el mercado, en este caso el mercado financiero, porque los liquidaste, tú no puedes influir en él. No puedes llevar a cabo políticas propias.

¿Está defendiendo recuperar una banca pública?

Naturalmente. Y por eso pregunto: ¿qué ocurre con Podemos cuando se oferta a la opinión pública española que vamos a crear de nuevo la banca pública? ¿Dónde está eso? A ver, Izquierda Unida, ¿dónde está eso que también te comprometiste? A ver, Pablo Iglesias, ¿vas a volver a hablar de la necesidad de la banca pública? Es una necesidad objetiva. En este caso es una necesidad para la supervivencia, para que el Estado pueda al menos condicionar el mercado.

¿Y qué papel juega en todo esto el pequeño propietario?

Hay un error enorme en la manera de abordar el llamado rentismo. Porque esto que llaman rentista al pequeño propietario que tiene un piso y lo tiene alquilado. Mi familia tiene un piso de 44 metros cuadrados donde nos criamos todos. Ahora lo tenemos alquilado a una familia latinoamericana por 400 y pico de euros para ayudar a la pensión de mi madre y permitir que esté en una residencia a cuerpo de reina. Entonces, eso que llaman rentismo me parece absolutamente deleznable. Porque no puedes meter en el mismo saco al pobre propietario de una vivienda que alquila para mantenerse o para mejorar su magra, muy magra, muy escuálida renta pasiva, que es su pensión, y a quien tiene grandes patrimonios inmobiliarios.

¿Su crítica es entonces también hacia la izquierda que gobierna actualmente?

Sí. Porque yo creo que la izquierda está perdiendo capacidad para explicar cuáles son las causas estructurales de los problemas. No basta con decir que el mercado está mal. Hay que preguntarse quién tiene capacidad para intervenir en ese mercado. Si el Estado se ha desprendido de instrumentos financieros, ¿cómo pretende intervenir? Eso es lo que hay que explicar.

Su relación con Cuba y Fidel Castro forma parte de su personaje político. ¿Sigue siendo una parte importante de su pensamiento?

Cuba forma parte de mi vida política y personal. Yo tengo una relación histórica con Cuba y con su proceso revolucionario. Pero yo no estoy volviendo a Puerto Real para hablar de Cuba. Estoy volviendo para hablar de Puerto Real. Tuve con Fidel muchos encuentros, todos ellos cargados de emociones, todos ellos cargados de intercambio de opiniones, todos ellos afectados por ese influjo que tenía, esa capacidad de seducción, ese carisma que tenía.

¿Y cree que esa relación le perjudicó electoralmente?

Sin ninguna duda. Hubo momentos en los que parecía que yo estaba más preocupado por Fidel Castro que por Puerto Real. Y eso fue utilizado políticamente. Pero yo creo que la gente ha terminado entendiendo que una cosa es mi relación personal y política con Cuba y otra cosa es mi trabajo como alcalde.

Y llegamos al otro elemento más polémico de su trayectoria: el enfrentamiento con Juan Carlos I. Fue condenado por llamar “corrupto” al entonces rey. ¿Se arrepiente?

No. Aquello se produjo en un contexto en el que defendíamos un referéndum sobre el modelo de Estado, republicano o monárquico. Además, coincidió con la crisis económica, el cierre de Delphi, la crisis naval y la crisis inmobiliaria. La gente estaba sufriendo las consecuencias de la crisis y percibió que yo estaba más preocupado por meterme con el rey y pasearme con Fidel Castro que por solucionar los problemas que tenía Puerto Real.

Acabó condenado por la Audiencia Nacional.

Sí. Me senté en el banquillo por llamar “corrupto” al jefe del Estado. Lo único que le tengo que agradecer a Grande-Marlaska fue que, cuando me solicitó una fianza de 12.000 euros antes del juicio para cubrir cualquier responsabilidad, yo no tenía 12.000 euros ni de loco, ni tenía patrimonio. Vivía en ese momento con mi mujer en una casa de su familia. Tuvo la deferencia de emitir un informe diciendo que yo era absolutamente insolvente, que ni tenía patrimonio ni tenía dinero.

Tiene 74 años. ¿Es una mala señal que políticos de su edad o mayores sigan en activo?

En este país se jubila demasiado pronto a la gente. ¿Por qué yo con 74 años no puedo demostrar que tengo la cabeza en la ciudad y que conozco los instrumentos? ¿Dónde está el inconveniente? ¿En el carnet de identidad, en el número de años? El conocimiento, la experiencia y el sentido político práctico deberían convertirse en un valor.

¿Qué le diría a quienes consideran que su regreso supone volver al pasado?

Yo lo único que les digo es que no entiendo por qué no podemos volver a aquello que funcionaba. La gente me está pidiendo volver al pasado, al Puerto Real que existió desde 1979 hasta 2011. Tengo 74 años, voy a cumplir 75 en abril, y estoy decidido a dar los mejores años, que en mi caso son los que vienen.

¿Por qué partido se va a presentar?

Por un partido independiente, propio de Puerto Real. Será una candidatura absolutamente local, porque lo que me preocupa es Puerto Real y recuperar el protagonismo que ha perdido.

La defensa del exmagistrado Manuel Piñar ha solicitado a la Audiencia de Granada la nulidad de las actuaciones y el archivo de la causa abierta contra él por presunto delito de odio, al sostener que los mensajes que se le atribuyen en redes sociales son “fotocomposiciones falsas” fabricadas mediante manipulación digital y que se han incorporado al procedimiento “sin las garantías de veracidad que impone la normativa”.

La acusación particular y la defensa del juez Piñar comparecieron el pasado 1 de octubre ante la Audiencia Provincial de Granada sin llegar a un acuerdo de conformidad. La acusación particular solicita para Piñar una pena de 18 meses de prisión y una multa de 6.600 euros por unos comentarios que, según la acusación, habría publicado en Facebook y que serían despectivos hacia determinados colectivos de migrantes y minorías étnicas, siendo constitutivos de un delito continuado de odio. El Consejo General del Poder Judicial le abrió un expediente por esos comentarios.

Por su parte, la Fiscalía, que inicialmente impulsó la investigación, ha solicitado el sobreseimiento provisional de las actuaciones. El procedimiento fue archivado inicialmente, aunque la Audiencia de Granada ordenó su reapertura en 2023 después de revisar el contenido de las publicaciones incluidas en la denuncia.

El juez Piñar se hizo conocido cuando condenó a cinco años de cárcel Juana Rivas por sustracción de menores, acusándola “explotar el argumento del maltrato” o utilizar los medios de comunicación. Posteriormente se opuso a su indulto. Fue el abogado de la granadina quien le denunció por los mensajes que supuestamente escribió. Además, el CGPJ le multó con 1.500 euros por trasladar datos de uno de los hijos de Rivas a un periódico. Tras acumular un largo historial de polémicas, especialmente en casos relacionados con mujeres y violencia machista, e insultar a medio Gobierno, se jubiló en junio de 2024.

La petición de nulidad fue presentada por la defensa de Piñar durante la vista preliminar del pasado 1 de octubre. La Audiencia Provincialdeberá resolver sobre los motivos de nulidad articulados por la defensa --basados en informes periciales que descartan la autoría de los mensajes-- antes de pronunciarse sobre la vista para juicio, según informan a Europa Press fuentes del caso.

En el escrito, la defensa del juez sostiene que las capturas de pantalla aportadas por la acusación no corresponden a publicaciones realizadas por Piñar, sino a fotocomposiciones elaboradas mediante inteligencia artificial o herramientas de edición gráfica. Algo que ya ha señalado en ocasiones anteriores, asegurando que es víctima de una conspiración.

Para fundamentarlo, aporta informes periciales informáticos y de la Guardia Civil, concluyendo que ninguna de las publicaciones o comentarios denunciados constan en el historial de su cuenta de Facebook.

“Meras fotocomposiciones” incorporadas sin mandato judicial

Solicita así el exmagistrado a la Audiencia la nulidad del auto del 18 de diciembre de 2024 que transformó la diligencias en procedimiento abreviado y el posterior auto que decretó la apertura de juicio oral al entender que no se cumplen las exigencias legales. Ello, porque se acoge como relevantes penalmente “unas supuestas publicaciones, que no pasan de ser meras fotocomposiciones, que se incorporan a la causa sin mandato judicial” y sin “las garantías de veracidad que impone la normativa”.

También pide la nulidad del auto de apertura de juicio oral por falta de legitimación, en tanto que se hizo a instancia de la Asociación Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género Institucional a pesar de que la personación de dicha entidad como acusación popular había sido “denegada” y de que el escrito de acusación se presentó en nombre del abogado Carlos Aránguez y no de la citada asociación.

Junto a ello, censura en su escrito la omisión judicial de incorporar pruebas exculpatorias que considera vitales para demostrar su inocencia (registros oficiales de Meta de su cuenta presentados en abril, julio y diciembre de 2024) y que habría presentado en repetidas ocasiones.

Asimismo, la representación letrada alega que la causa ha incurrido en una investigación “prospectiva”, al atribuirle supuestas expresiones despectivas hacia los gitanos que “no aparecían en ninguna de las denuncias ni en la instrucción”.

A ello suma la vulneración del secreto de las comunicaciones, al entender que se accedió de forma ilegítima a un perfil privado de Facebook con apenas 15 seguidores, según constata un informe de la Guardia Civil, para extraer contenidos sin el preceptivo mandato judicial.

Además, alega que la vista preliminar del pasado octubre es nula por formar sala dos magistrados en quienes concurría causa legal de abstención, pues habían suscrito el auto de 2023, por el que se decidió incoar el procedimiento contra el juez, si bien esa recusación ya fue rechazada en su momento.

Allí argumentaron que, tras examinar el contenido concreto de las publicaciones, habían hallado epítetos, expresiones o calificativos despectivos entre, otros, al colectivo de los gitanos, cuando --según sostiene la defensa del exmagistrado-- nadie había denunciado ese hecho, “ni la palabra gitano aparecía en ningún pasaje como para fundamentar un error”.

Entiende la defensa de Piñar que ese auto es nulo, e imposibilita deliberar y decidir la nulidad por los mismos magistrados que lo suscribieron. Argumenta la nulidad en que se abre una causa prospectiva, “lo que se llama ir a pescar, con violación de la presunción de inocencia; porque viola el principio acusatorio, pues nadie debe ser investigado por un hecho por el que no ha sido denunciado”.

Supuesto atentado contra su honor

Expone además que “atenta contra su honor y su propia imagen, pues se ha afectado a su reputación social”, al haberse difundido “en multitud de medios” el párrafo entrecomillado de la Audiencia, “dando a conocer en cualquier lugar del mundo que se le ha investigado por ese hecho, sin ningún indicio de existencia”.

La defensa del magistrado incide en que éste “siempre ha mantenido una estrecha relación con el colectivo de los gitanos, hasta el punto de haber recibido distinciones honoríficas” por parte de la Hermandad Gitana de Andalucía, por sus investigaciones sobre el origen de los gitanos y su papel en el nacimiento del flamenco, aportando datos inéditos sobre ambos aspectos.

Una vez aceptada la abstención se deberá formar nueva Sala y resolver estas peticiones de nulidad, antes de decidir sobre la vista para juicio. La Fiscalía ha venido solicitando el archivo de la causa.

La plataforma Senadoras y Senadores por la Democracia, un movimiento surgido de la sociedad civil para impulsar una candidatura única al Senado de toda la izquierda, también mueve ficha desde Andalucía para conseguir este objetivo. La propuesta es de ámbito nacional, pero este martes se ha presentado en Sevilla para transmitir que esta alianza dejaría en manos de la izquierda 24 de los 32 senadores que están en juego el 29N (el PP tiene ahora 21), fruto de que “no se desaprovecharía ni un voto” con una fórmula además en la que “ningún partido sacrifica nada” porque no hay que hacer renuncias al programa electoral al tratarse sólo de un listado de nombres.

El problema es que no sólo hay que poner de acuerdo al PSOE y a las formaciones a su izquierda, sino que además hay que hacerlo en un tiempo récord porque este viernes 16 de octubre expira el plazo para presentar coaliciones ante la Junta Electoral. Los nombres de los candidatos que concurrirían en las listas sí pueden esperar un poco más, pero no mucho, ya que el 26 de octubre se baja definitivamente el telón para ello.

El músico Kiko Veneno, los cineastas Benito Zambrano y Pilar Távora, el líder ecologista y jornalero Francisco Casero, el expresidente del Parlamento andaluz Diego Valderas, el sindicalista Antonio Rodrigo Torrijos o el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo han sido algunos de los encargados de poner cara a esta presentación andaluza en Sevilla, a la que seguirán algunas provinciales, como en Córdoba, Granada y Málaga este miércoles. Y la propuesta es sencilla: como en cada provincia se reparten cuatro senadores, tres de los cuales suelen ir para el partido vencedor y uno para el segundo, el PP se está beneficiando de la fragmentación de la izquierda. De esta manera, copó el máximo posible en seis provincias, excepto en Sevilla (donde venció el PSOE y sólo cosechó uno) y en Huelva, donde se produjo un poco frecuente empate a dos.

Los partidos, en teoría por la labor

Con esta “propuesta ganadora”, como se ha definido, la izquierda multiplicaría sus opciones de hacerse con el control del Senado, que en sí no tiene un gran impacto práctico en la política nacional. Lo verdaderamente importante, se ha subrayado, es que la Cámara Alta es la llave para nombrar a cuatro miembros del Tribunal Constitucional –se hará en 2027 al dilatar el PP los plazos a la espera de unos resultados que le convengan más– y a diez vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que toca en 2029.

¿Y cómo debería formalizarse esta alianza de la izquierda? La plataforma señala que esto es cosa de la negociación entre partidos, pero que lo lógico es que dos fueran del PSOE y el tercero a repartir entre los diferentes partidos –incluido Adelante Andalucía– que están a su babor. “Todos ganarían”, porque los socialistas tendrían más senadores que ahora y el resto de formaciones los lograrían por primera vez, lo que les abriría la puerta a “una financiación pública importante”.

Por lo que les consta y han hablado con sus dirigentes, en Andalucía estarían por la labor tanto desde el PSOE como desde el Frente Amplio, otra cosa lo que resulte al final de una negociación que, de haber voluntad, se tiene que estar produciendo. “Hay que hacerlo ya”, se ha reiterado una y otra vez ante la premura de tiempo.

El Senado, “un aborto”

La voz cantante en el acto la ha llevado Javier Pérez Royo, que ha definido el Senado como “un aborto” que “no juega papel alguno” en el día a día del país como consecuencia de un sistema que deposita todo el peso en los hombros del Congreso. La Cámara Alta es así “una monstruosidad” que encima es notoriamente “anticonstitucional por la desviación brutal del principio de igualdad”, ya que por ejemplo las provincias de Madrid (con siete millones de habitantes) y Soria (con 90.000) tienen el mismo número de senadores.

“El Senado no sirve para nada, sólo para meter ruido”, y en este sentido ha apuntado al “uso fraudulento” que –con su mayoría absoluta– ha hecho el PP del mismo, “con más comisiones de investigación que en el resto de legislaturas juntas”. Al margen de funcionar como caja de resonancia, el verdadero peso político de la Cámara Alta radica en su papel clave en las renovaciones del Constitucional y el CGPJ, con un control muy férreo de los populares sobre los candidatos que propone y son elegidos.

“Hay cantidad de cosas esenciales que se pueden perder”, ha apuntado la cineasta Pilar Távora, que ha incidido en que esta iniciativa parte de la sociedad civil en un ejercicio de “responsabilidad política y ciudadana”, mientras que el músico Kiko Veneno ha apuntado que esta vuelta “a los tiempos de Hitler y Mussolini nos tiene que poner los pelos de punta”. El sindicalista Antonio Rodrigo Torrijos lo que ha hecho es advertir ante el “liberticidio” en el que puede traducirse la actual marea conservadora.

El cineasta Benito Zambrano, por su parte, ha recordado que, frente a la ola racista y xenófoba, los españoles fueron los “negros de Europa” en los años 50 y 60, y lo mismo los andaluces en Cataluña en los 70 y 80. “Aquí no se puede echar a nadie, todos somos necesarios”, alertando de que “podemos dar pasos atrás enormes”.

Leandro Navarro, un trabajador de Endesa que ha estado vinculado a una subestación de Huelva capital desde 1983, desarrolla una batalla legal contra la empresa con el fin de seguir viviendo en la casa que ha ocupado siempre bajo el amparo de su trabajo. El problema es que Endesa le comunicó cuando estaba cerca su jubilación que tenía que dejar la vivienda cuando llegase a los 65 años (hace casi dos).

Leandro se niega. Una de las razones que le hace aferrarse a la casa es que por ella paga un alquiler más que simbólico de 18 céntimos de euros al mes. Una cifra que tiene su historia, dentro de una historia que no es la de un desahucio al uso.

Cuando la empresa se fundó en 1944, levantó centrales en zonas aisladas, y para atraer y retener a los obreros construyó una serie de viviendas que tuvieran un doble fin: retener la mano de obra que necesitaba y que vivieran físicamente cerca de las centrales para actuar rápido en caso de necesidad.

Como algunos de esos trabajadores solo pasaban unos días en la central para hacer determinados trabajos, la empresa estableció un alquiler por temporadas, estableciendo el pago de una peseta por día. Puede parecer poco, pero en la España de mediados de los 40 se podía comprar por ese dinero una barra de pan, un abono para el tranvía o el autobús urbano, o una caja de cerillas.

De esta manera, se estableció una renta mensual de 30 pesetas si el trabajador decidía pasar un mes entero, sin fecha tope de fin de contrato, de modo que si pasaba en la empresa 40 años, habría vivido todo ese tiempo en la casa por 14.400 pesetas, menos de 90 euros. Y ahí viene el problema de Leandro. 

“No es una cuestión de dinero”

Para empezar, asegura a elDiario.es Andalucía que su caso no es el de una persona desahuciada que se queda sin recursos. Afirma que tiene dinero para alquilar o comprar una vivienda, pero que no es cuestión de eso. “Llevo aquí toda mi vida, aquí han crecido mis hijos y están mis recuerdos, y Endesa solo quiere la casa para tirarla. Para eso, me quedo dentro y sigo pagando el alquiler”.

Los primeros avisos de que el asunto no iba a ser fácil comenzó a recibirlos en 2017, en proceso de prejubilación. “Endesa contrató un gabinete para controlar las viviendas de la empresa, ya que algunas incluso se usaban como segunda vivienda por algunos trabajadores”, y en esa lista de gente a la que había que avisar de que se tenía que ir estaba él.

Leandro quiere separar su caso del de Maricarmen y muchas personas como ella. Pero sí señala que Endesa, a la hora de negociar “no es un fondo buitre, pero es tajante, sin empatía, y te sientes mal por el trato después de tantos años”.

Y, a todo esto, ha cumplido 66 años el pasado febrero. En 2015 se acogió a un plan de salida de la empresa que suponía perder en nómina el 20%. Para él, era razonable, pero salir de su casa no lo fue en ningún momento, sin que tampoco se le ofreciese actualizar su contrato de régimen antiguo.

Entre otras cosas, esgrime que llegó a Huelva en 1983 procedente de Córdoba. Ocupó la casa que tenía otro trabajador en La Ribera, un núcleo de viviendas perteneciente a Huelva capital donde estaba (y sigue estando) la subestación eléctrica de la zona, cerca del cementerio. Al vivir allí, estaba a mano por si hiciera falta algo urgente pagando un alquiler simbólico. Cuando llegó el euro, se actualizó solo el cambio a la moneda única europea, no a la inflación de la época con respecto a 1983, y se estableció que pagase 18 céntimos al mes, que puntualmente le han sido retirados de su nómina mensual, igual que hasta entonces se le retiraban 30 pesetas mensuales.

En 1992, Endesa le comunicó que tenía que dejar la casa porque cerraba la subestación, pero entonces abrió otra central junto al monumento a Colón en la Punta del Sebo onubense, y siguió trabajando. Recuerda que el entonces jefe de la planta vivía en las mismas condiciones que él, y que mantuvo su vivienda una vez jubilado. Solo la ha recuperado la empresa a su muerte. “¿Por qué él pudo tener su casa y yo no?, ¿porque era el jefe?”, se pregunta.

Leandro cree, además, que ha hecho mucho más que trabajar para la empresa, ya que ha sido “y sigo siendo” el guardián de la subestación, y a día de hoy “es como si siguiese trabajando”, porque le siguen consultando los camioneros y técnicos que llegan para saber por dónde se tienen que ubicar o qué tienen que hacer.

Afirma también que todas las reparaciones en la casa las ha pagado él, reformas y pinturas incluidas. Pero, sobre todo, es tajante: “He ahorrado dinero y no me voy a ir debajo de un puente, pero me quieren echar de la casa para derribarla, no tiene sentido, y me quiero quedar aquí”. Hace años compró un piso por si se tenía que mudar, pero al divorciarse el piso pasó a su ahora exmujer. Con todo, irse de la casa en la que vive no pasa por sus planes.

“Se intenta negociar con él, pero se llegará a juicio”

Desde Endesa se explica a este periódico que se está intentando negociar con Leandro desde el año 2017, sin resultado, y que todo parece indicar que el caso llegará a juicio.

Recuerda la compañía que este tipo de viviendas están vinculadas al puesto de trabajo y se encuentran en un entorno industrial, que en este caso es el centro de transformación. Se trata de viviendas con un contrato de asociación-vínculo al puesto de trabajo, que, una vez jubilado el trabajador, se extingue.

La empresa, por último, admite que quiere derribar la vivienda, pero argumenta que es necesario ampliar el centro de transformación y el inmueble lo impide por su ubicación.

Leandro y Endesa no han llegado a un acuerdo, así que el caso está en manos de la sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Huelva, plaza número 4, que acogerá el juicio, salvo cambios en la negociación, el 26 de abril de 2027.

Informe de riesgos; certificado de deudas de Hacienda; dos meses de fianza; valoración de la “situación global”, e ingresos superiores a 23.500 euros al año e inferiores a 24.418. Fuera de esos márgenes, excluido. Los requisitos y proceso de adjudicación de las viviendas de protección oficial en alquiler en el Distrito Universidad en Málaga, promovidas en suelo público por Lagoom Living y gestionadas por Sogeviso (filial del Banco Sabadell), son una montaña de exigencias que tiene a muchos solicitantes en pie de guerra.

La chispa ha prendido cuando muchos adjudicatarios han comprobado que no pueden acreditarlo. “Es una vergüenza como se está gestionando esta asignación de VPO”, clama uno de la decena de afectados que ha dejado su reseña en Google.

Lagoom Living promueve 530 pisos de VPO en alquiler al oeste de la capital, junto a la ampliación del campus de Teatinos y a tiro de piedra de la hiperronda. Al otro lado del Metro (en superficie), las cocheras y el histórico asentamiento de Los Asperones. Dividido en cuatro promociones (R3, R15, R11 y R12), el proyecto cuenta con una generosa aportación de fondos públicos: se ejecuta sobre suelo municipal, valorado en 13 millones de euros; la Junta de Andalucía aportó una subvención de 25,5 millones de euros a cargo del Plan Vivienda, nutrido con fondos europeos; y la promotora recibió también un préstamo ICO con fondos Next Generation de 59,3 millones avalado al 50% por el Ministerio de Vivienda.

23.500 euros sí; 24.400 no

Con las promociones ya listas para entrar a vivir, Sogeviso selecciona inquilinos, fija requisitos documentales y gestiona el proceso. La pasada primavera puso en alquiler VPO su promoción premium: 62 viviendas de la R3. En verano llegó el turno a la R15, con más de 6.000 solicitantes, y ahora se acaban de sortear las promociones R12 y R11, con una demanda similar para un total de 277 pisos de uno y dos dormitorios, trastero y garaje, destinados a personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda del Ayuntamiento que no sean propietarias de otra vivienda. El alquiler más común es de 511 euros al mes más gastos.

Sogeviso fijó una renta mínima para los pisos de la R12 y R11 de 21.000 euros (un dormitorio) o 23.300 euros (dos), pero ojo con pasarse mucho de esta cifra: si se ganan 1.100 euros más, hasta los 24.418 euros anuales (2,5 veces el IPREM), estás fuera. Más estrecho aún es el embudo con la promoción R15, sorteada en julio: la diferencia entre el mínimo (23.500) y el máximo (24.418) se reducía hasta los 900 euros.

Una vez hecho el sorteo (a cargo del Consistorio), los adjudicatarios fueron llamados a acreditar los requisitos y muchos se vieron fuera por la precisión quirúrgica aplicada a los salarios. “Esto es reírse en la cara de la gente”, señala Raúl Ortiz, en una reseña: “Te dejan un margen ridículo: si cobras un euro menos (…) no eres lo suficientemente ”solvente“; si cobras un euro más ya eres demasiado ”rico“. ¿A quién pretenden engañar?”.

Ni Lagoom Living ni Sogeviso han respondido al cuestionario remitido por este medio, preguntando cuántas adjudicaciones había revocado por falta de acreditación de los requisitos económicos y por qué se había optado por unos márgenes tan estrechos, entre otras cuestiones. Aunque Sogeviso gestiona el proceso, el Ayuntamiento aprobó las bases y cedió el suelo. “Es verdad que el margen es muy corto”, admite Francisco Pomares, concejal de Vivienda. “Pero la ley es así, tenemos que poner máximos y mínimos para saber que la gente puede pagar el piso”.

El mínimo, 23.500 euros tomados con referencia a la base imponible del IRPF de 2024, ya deja fuera a la mitad de los malagueños. Según las estadísticas de la Agencia Tributaria, de los 270.000 declarantes de la ciudad, 130.000 declararon una base imponible de menos de 21.035 euros. El tramo de 21.000 a 30.000 es, precisamente, el más numeroso, más de 51.000 declarantes, pero no es fácil caer justo entre 23.500 y 24.418.

El Reglamento autonómico de VPO recoge la posibilidad que las promotoras fijen un mínimo “para garantizar la viabilidad de la promoción”, pero no obliga a ello. En la práctica, están fijando por defecto unos ingresos mínimos del 30% del IPREM en las viviendas de colaboración público-privada, una exigencia de la parte privada para garantizarse la rentabilidad.

En cambio, las tres promociones en el mismo distrito gestionadas directamente por el Ayuntamiento exigen un ingreso mínimo anual para un piso de dos dormitorios de 15.500 euros, mientras Sogeviso exige 23.500 euros, un 50% más. “Es que son suelos diferentes: una está sobre suelo protegido especial y otra sobre suelo protegido limitado”, alega el concejal.

La mínima horquilla abre otra pregunta: ¿qué va a ocurrir cuando un beneficiario mejore sus ingresos, como es previsible en un plazo de siete años? La web de Lagoon señala que debe comunicar si se modifica su situación económica “de forma importante”, sin precisar más. “No se les va a echar porque mejoren sus ingresos. Lo que se va a comprobar es que no tengan ya otra vivienda”, asegura Pomares.

“Te piden documentos que ni existen para que te quedes fuera”

El malestar se ha extendido en un contexto en el que el acceso a vivienda asequible en Málaga es casi imposible. En el caso de Lagoom Living, la solicitud requería una panoplia de documentos que las viviendas gestionadas por el Ayuntamiento no exigen: informe de riesgos del Banco de España (CIRBE), certificado de deudas de Hacienda, cuadro de amortización de préstamos, autorización para consultar ficheros de morosidad, fianza y un mes extra de garantía. Y todo rápido: el adjudicatario tenía dos días naturales para aceptar la vivienda, antes incluso de acreditar que se cumplen las exigencias “a la mayor brevedad posible” o, en todo caso, antes de 15 días según las bases.

“Son los requisitos documentales propios de un banco, no de un alquiler protegido”, señala un adjudicatario a este periódico, bajo condición de anonimato. “Te ponen mil trabas, te piden documentos que ni existen o papeles que tardan meses en llegar para que te quedes fuera de los plazos de entrega, con el fin de ir excluyéndote a la mínima de cambio”, relata Alba P, que además denuncia que nadie responde a correos o llamadas.

Cinco aspirantes denuncian que, aun cumpliendo los requisitos económicos, han quedado fuera porque la promotora se basa en dos casillas de la declaración de renta de 2024 que no reflejan realmente los ingresos: la base imponible general (435) y la base general del ahorro (460). “Pides a la promotora que por favor estudie tu caso con nóminas, certificados tributarios, vida laboral, etc y aun así nada”, lamenta Anabel Lozano en las reseñas de Google. Otra aspirante denuncia que no se puede justificar una mejora de la situación económica, a pesar de que las bases recogen expresamente ese supuesto.

La web de Lagoom no detalla vías de alegación ante el IMV, el Ayuntamiento, la gestora o la promotora, y la poca transparencia está haciendo cundir la sensación de que todo es una pantomima. “Mi pregunta es: si aun cumpliendo todos los requisitos te dejan fuera, ¿para quiénes están siendo estas viviendas?”.

El concejal achaca las quejas a la frustración: “Es normal que al que le ha tocado ahora se enfade porque no cumple con los requisitos, pero tienen su momento de reclamación”. Y asegura que no hay ninguna irregularidad: “Hay garantía total de que los adjudicatarios cumplen los requisitos de la ley y la convocatoria. No se dan a dedo”.

Sí admite, en cambio, que la atención de la gestora a los solicitantes es muy mejorable.

Pisos de VPO para quien cobra casi el doble que la media

Lagoom Living, presentado por el Consistorio como un ejemplo de colaboración público-privada, ya generó polémica porque 62 de los 530 pisos de la primera promoción (R3), de tres y cuatro habitaciones, no encajan bien con la idea de VPO: se alquilarán a un precio tasado de entre 535 y 743 euros al año a personas con ingresos de hasta 53.000 euros brutos al año (una persona) o 71.000 (parejas). Hasta 5,5 veces el IPREM.

Son VPO en condiciones muy favorables asignadas a beneficiarios con sueldos relativamente altos: en Málaga, la capital española donde alquilar exige un mayor esfuerzo en relación al salario, la oferta de alquiler en Idealista está en 16,5 euros por metro cuadrado (unos 1.500 euros por viviendas de 90m2 y tres dormitorios), y la renta bruta media es de 31.949 euros brutos al año, según la AEAT. Es decir, Málaga ofrece VPO en alquiler a mitad del valor de mercado de renta libre a personas que casi doblan los ingresos medios en la ciudad. Con el matiz añadido de que su posición relativa probablemente sea mejor, porque la renta mediana (la más habitual) es aún más baja que la media.

La promotora se defendió entonces alegando que las siguientes promociones se orientarían a personas con salarios más humildes. Es el caso de las sorteadas desde el verano, aunque en esos casos, el requisito de ingreso mínimo también excluye a más de la mitad de la población, según los datos de Hacienda.

Financiación pública: 26 millones de la Junta y crédito ICO

Lagoom Living se presenta como una gestora de inversión inmobiliaria especializada en vivienda de alquiler asequible y pretende que las promociones de Distrito Universidad sean un “modelo de referencia” “poniendo el foco en la sostenibilidad, la eficiencia energética y la creación de una comunidad conectada y socialmente responsable”. En Málaga, promueve también 292 viviendas en Distrito Zeta y 114 en Cortijo Merino, además de actuaciones de regeneración y rehabilitación en las calles Lagunillas y Gigantes, a lindando con el Centro Histórico.

Las de Distrito Universidad cuentan con una importante aportación de fondos públicos. Estas son las primeras promociones beneficiadas por las subvenciones directas del Plan Ecovivienda de la Junta de Andalucía, el mecanismo de la Junta de Andalucía para la gestión de los fondos europeos Next Generation. La promotora recibió 26 millones de euros, el 45,7% del coste de la obra, según las estimaciones de noviembre de 2022.

En mayo de 2025 el Instituto de Crédito Oficial (ICO) anunció que había firmado un acuerdo de financiación con Lagoom Living para el desarrollo de Distrito Universidad, “la primera smart city de vivienda de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler de España”. El acuerdo es una línea de crédito de hasta 59,3 millones.

Ninguna administración quiso quedarse fuera de la presentación: la aportación del ICO se une a “la financiación europea lograda por el Ayuntamiento de Málaga en una convocatoria que canaliza el Gobierno a través de la Junta de Andalucía”, dijo el alcalde, para resumir que todas (local, autonómica, central) hacen algo con un dinero que proviene de la UE.

La Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Función Pública va a reunir este mes de octubre de manera extraordinaria a la mesa sectorial de Función Pública para abordar la implantación del requisito de nivel de idiomas B1 en las oposiciones que se convoquen próximamente. No será el único asunto que se abordará, ya que la implantación del teletrabajo, sin fecha aún concreta tras el incumplimiento del compromiso de aprobar el Decreto en septiembre, también será objeto de debate en dicha mesa. El teletrabajo sigue regulándose con un sistema transitorio vigente desde la pandemia.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha logrado forzar esta convocatoria, que ha exigido que se celebre “de inmediato” para que la Junta explique por qué ha incumplido el plazo inicialmente fijado y concrete “cuándo culminará la tramitación del decreto, cuándo se publicará y cuándo entrará en vigor”.

En relación con el B1, en la Mesa Sectorial celebrada el 22 de septiembre de 2026, se abordaron los procesos selectivos de la actual Oferta de Empleo Público (OEP). Allí se acordó retirar la exigencia del B1 en esta convocatoria.

Igualmente, se acordó que las convocatorias que se publiquen en el primer semestre de 2027, 2028 y 2029 “incluyan la exigencia de idiomas en el subgrupo A1, en los términos que se negocien”, afectando tanto al acceso libre como a la promoción interna. La convocatoria de los cuerpos de promoción interna será en la OEP siguiente a la convocatoria de acceso libre de esos mismos cuerpos.

En cuanto al teletrabajo, el pacto alcanzado con los sindicatos el 21 de abril de 2026 fijaba “expresamente” que la tramitación del proyecto “deberá haber concluido a finales del mes de septiembre de 2026”. “Ese plazo ha vencido sin que el decreto se haya aprobado: el compromiso se ha incumplido”, afirma el SAF. “Exigimos explicaciones documentadas sobre el estado del expediente, los trámites pendientes y las causas de la demora”.

Reforzar plantillas, mejorar los salarios para no perder poder adquisitivo o cumplir con los compromisos adquiridos a través de la firma de los convenios. Los objetivos son muchos y Germán Girela, presidente de CSIF Andalucía, apremia a la Junta de Andalucía, el principal interlocutor del sindicato, a avanzar paulatinamente en vez de firmar deprisa y corriendo en el último tramo de la legislatura, como ocurrió antes de las elecciones autonómicas de mayo.

El tono de Girela no ha cambiado en su última etapa en el frente andaluz: es claro y, al mismo tiempo, amable en formas. Pero mantiene que su principal función está enfocada en mantenerse vigilantes y dispuestos a la negociación, más en un momento en el que Vox, en el Gobierno andaluz, marca distancias con las organizaciones sindicales. La mayor crítica es la falta estructural de trabajadores en Sanidad, Educación y Justicia, que se estima en unas 25.000 personas, en un periodo en el que avanza la privatización de la formación profesional o se sobresaturan los juzgados.

Alcanzaron un preacuerdo para el VII Convenio Colectivo que afecta a 21.000 personas. ¿En qué mejora las condiciones de los trabajadores? Tras más de dos décadas para aprobarse, ¿se puede revertir esta tónica?

Hay que revertirla, y tenemos que impulsar espacios de negociación para poder revertir esa tónica. No es de recibo que un convenio no se actualice en 24 años, el antiguo databa de 2002. Estamos muy satisfechos con la firma de este preacuerdo, aunque ahora requiere de un desarrollo reglamentario que también va a surtir los efectos oportunos, pero hay avances importantísimos.

Entre ellos, hay una actualización en cuanto a avances retributivos que tienen que ver con la carrera profesional, reclasificación, cuestiones que tienen que ver con mejora en la jubilación, en la movilidad, en la conciliación, en la posibilidad del teletrabajo. Esperemos que el VIII convenio no tarde tanto como este.

¿Qué fechas manejan?

Ahora tiene que pasar todos los trámites del Consejo de Gobierno, pero entendemos que la firma del preacuerdo tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero del 26, por lo que antes de finalizar el año estará perfectamente vigente.

¿Qué convenios colectivos son los más urgentes de renovar?

Tenemos pendientes los que se derivan de los acuerdos que firmamos en Mesa General, entre ellos, este VII Convenio que ya tiene un preacuerdo y que servirá como faro guía para el resto del sector público instrumental, que tiene, aproximadamente, 27.000 trabajadores repartidos en más de 70 organismos que tienen que actualizar su convenio. Es bastante trabajo.

Venimos de unas elecciones autonómicas en donde se puso el foco en los servicios públicos. Desde CSIF, se estima que falta un gran contingente profesional. ¿Cree que la contratación es posible tras un periodo de estabilización?

Esta cuestión no tendrá la inmediatez que nos gustaría, ni será fácil, pero como organización sindical no podemos renunciar a que las plantillas se refuercen con carácter estructural ante la falta de unos 25.000 efectivos, hablando solo de los servicios esenciales. Sanidad requiere unos 18.000 efectivos, no ya para mejorar la sanidad y dar la calidad que nos gustaría sino para igualar la media nacional de ratio entre profesional y paciente. En el caso de Educación, son unos 6.000 profesionales, mientras que en Justicia unos 500, como mínimo. Estamos hablando de servicios públicos esenciales para poder ofrecer a la ciudadanía un servicio de mayor calidad. Vamos a estar en esa lucha.

Ya hay fecha para la huelga general, el 11 de noviembre, ¿cuál es su posicionamiento?

Desde el respeto a las diferentes opciones democráticas, CSIF no va a secundar la huelga general convocada. Somos un sindicato profesional e independiente y nuestra actividad responde a directrices y a consignas exclusivamente vinculadas al ámbito laboral.

Sin embargo, la convocatoria de huelga semanas previas a la celebración de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre tiene unas connotaciones políticas que no casan con nuestra independencia. Ya anunciamos una huelga general cuando estábamos negociando la subida salarial de las empleadas y empleados públicos de todo el país, pero llegamos a un buen acuerdo. Lo que ahora toca es reunirse con los partidos políticos para trasladarles nuestras propuestas de mejora en la sanidad, la educación, la justicia y otros tantos ámbitos.

Volviendo a lo autonómico, Educación tuvo un error técnico en la adjudicación de plazas a interinos al inicio de este curso. Tras haberse reunido con la Consejería, ¿cómo valoran esta situación y qué mejoras se necesitan?

El fallo de la adjudicación de SIPRI es imperdonable y grave. Un fallo que ha afectado a muchos compañeros que se han desplazado a los sitios donde les habían dado destino con una reserva de alojamiento ya hecha, por lo que ha ocasionado un daño importante. No se puede consentir en la administración del siglo XXI este tipo de errores. Ahora tenemos por delante movilizaciones relacionadas con los interinos, porque solicitamos que haya peticiones comarcales y las adecúen a las posibilidades de conciliación con su familia. Vamos a estar en eso.

En el final de la legislatura pasada tuvimos algún avance importante, como el acuerdo que permitirá una bajada progresiva de ratio y la disminución de la burocracia. Un acuerdo que va en la dirección correcta, pero es insuficiente y tenemos que profundizar más. Está en juego la calidad del sistema educativo, como hemos visto en el último informe PISA, que nos pone en muy mal lugar y nos tiene que hacer reflexionar cuando la inversión que hay por alumno en Andalucía es sensiblemente inferior a la media nacional, casi 500 euros menos.

El crecimiento que ha tenido la FP privada ha sido de un 1.200% mientras que en la pública ha sido del 50%

¿Cree que se traducirá esta demanda en los próximos presupuestos autonómicos?

Desgraciadamente, no se está haciendo. Espero que en los próximos lo tengan en cuenta, ya que, sin menospreciar el argumento de las pantallas digitales y de lo que supone como obstáculo a tener mejores resultados, el sistema educativo tiene que avanzar en otras muchas cosas, como el refuerzo de las plantillas.

En la última década, ha habido un aumento importantísimo de alumnado con necesidades educativas especiales y con necesidades específicas de apoyo educativo, en alrededor de un 50%, lo que hace mucho más compleja la situación en un aula para mejorar y avanzar. Al igual que reducir la burocracia: los profesionales de la docencia tiene que dedicarse a lo que saben hacer, que es enseñar a los niños en todas las competencias.

Aquí al lado tenemos un centro de formación profesional. ¿Van a emprender acciones concretas para pedirle a la Junta que revierta la privatización de esta enseñanza?

Es una constante que se repite en cada reunión con la Consejería de Educación. No es posible que este Gobierno esté dejando que caiga en manos de la privada toda la oferta, o de una manera muy importante. El crecimiento que ha tenido la FP privada ha sido de un 1.200% mientras que en la pública ha sido del 50%. Eso requiere que la administración haga una apuesta importante por la FP en la red pública.

Lo hemos pedido primero en la vía de la negociación, luego en la vía de la movilización y llegaremos a los extremos que haya que llegar para revertir esta medida. Es una irresponsabilidad por parte de la administración andaluza, que está dejando en manos de la privada la formación de muchos jóvenes andaluces.

El dispositivo Infoca que ha estado en la época de riesgo no ha estado al 100% en ningún momento

Esa fue la tónica de la pasada legislatura: negociación, presión y movilización. ¿Creen que se repetirá en esta?

En la última fase de la legislatura se avanzó en algunos sectores con déficits importantísimos. Al final, es el ABC de una organización sindical: negociación, movilización e, incluso, huelga cuando sea necesario para revertir situaciones tan dramáticas como esta.

¿Hay suficientes efectivos en el Infoca?

Es una de las asignaturas pendientes de muchas administraciones, en especial en Andalucía. El dispositivo Infoca que ha estado en la época de riesgo, que se prolonga hasta el 15 de octubre, no ha estado al 100% en ningún momento.

Esto hace que se colapse de manera importante la atención y la respuesta rápida a dar. Me parece una irresponsabilidad y, siempre lo decimos, los incendios se apagan en invierno con un importante dispositivo que trabaje en prevención y en la preparación de nuestros montes para que el verano no se corran los peligros actuales. Hay mucho camino por recorrer.

Se cumplió un año de la crisis de cribado de cáncer de mama y, en respuesta, se puso en marcha un plan de choque. ¿Cómo valora el servicio y la transparencia de la Junta, ya que el Defensor del Pueblo o las propias asociaciones, como Amama y la Asociación Española Contra el Cáncer, piden más datos?

Las explicaciones de la Junta de Andalucía nos parecen del todo insuficientes y de lo que sí estamos convencidos, y lo hemos dicho, es de que esto es un ejemplo dramático y gravísimo de la falta de plantilla de forma estructural que hay en determinados servicios, que, a veces, conduce a ciertos errores que no son achacables a los profesionales sino a la ausencia de efectivos. Esperamos que haya transparencia y que los mecanismos que se pongan en marcha funcionen y, sobre todo, que nos trasladen toda la información porque, en estos momentos, nosotros tenemos la que tiene el resto de la ciudadanía.

En cuanto a la información que tenemos sobre las contrataciones, se ha aumentado el número de trabajadores que tienen entre sus competencias el cribado, pero no el que se pretendía en un principio, entre otras cosas, porque es difícil encontrarlos. El problema de fondo de retener el talento, como lo denominan, es que en nuestra comunidad subyace una falta de refuerzos estructurales, una cuestión que tiene que abordar el Gobierno andaluz: si queremos tener un número suficiente de profesionales, debemos replantear qué tienen que cobrar y cuáles son sus condiciones laborales, que van atadas a la movilidad o a la vivienda.

La crisis de los cribados es un ejemplo dramático y gravísimo de la falta de plantilla de forma estructural que hay en determinados servicios

¿Cómo se está viendo perjudicado el poder adquisitivo del trabajador andaluz?

Depende de cada categoría profesional, pero en torno a un 50% o más en el caso de muchos empleados públicos. Tenemos casos sangrantes en la Costa del Sol, donde hay compañeros que trabajan en los hospitales y están durmiendo en una furgoneta adaptada o en caravanas porque son incapaces de pagar un alquiler. Un problema muy importante en el que la administración tiene mucho camino que recorrer y, en ese sentido, veremos si la nueva Consejería de Vivienda es capaz de dar respuesta a la ciudadanía y, especialmente, a la juventud.

El interlocutor de CSIF es, sobre todo, la administración pública. ¿Cuán importante es lo que se consiga en este sector para que se replique en el privado?

Es importantísimo, porque la administración ejerce como punta de lanza para las mejoras y conquistas de los derechos laborales. Lo viene haciendo en múltiples facetas, ya sean las bajas maternales y paternales con el aumento de semanas, y todos los pasos que dé para facilitar la vivienda a sus empleados públicos y adecuarlo al poder adquisitivo seguro que serán ejemplificantes para la empresa privada.

En cuanto al Pacto para la mejora de la atención primaria, ¿cómo está siendo el seguimiento?

Una de las reivindicaciones que tenemos es su cumplimiento y sufre una evolución muy desigual, como el de otros muchos acuerdos. Esta tiene que ser la legislatura del cumplimiento. Uno de ellos es el pacto por la mejora de la atención primaria. La atención primaria es la puerta de acceso al sistema sanitario y ahí hay que poner toda la carne del asador para aliviar la presión asistencial de los hospitales, a pesar de las dificultades, como ha ocurrido con la última OPE para cubrir las plazas de médicos, que no se ha hecho en su totalidad.

Exigimos la actualización retributiva de los profesionales de la Justicia en Andalucía ante el agravio comparativo con el resto del país

También, comentaba la falta de profesionales en justicia, un área que está en manos de Vox, partido que está en contra de las organizaciones sindicales. ¿Se han reunido con el consejero Manuel Gavira?

No, aún no nos hemos reunido. CSIF se ha reunido con dirigentes de la Consejería y del sector y hemos puesto encima de la mesa las no pocas urgencias que hay, como el incremento de algunos efectivos o la implantación de los nuevos juzgados de instancia, que están siendo un absoluto caos. También, hay otro obstáculo estructural a modificar: Adriano, el programa informático que gestiona todos los trámites de la Consejería de Justicia. Y otra cuestión urgente es la actualización retributiva de los profesionales de la Justicia en Andalucía ante el agravio comparativo con el resto del país, en el que todos han llegado a un acuerdo para aumentar el complemento específico.

La reciente polémica entre el Ministerio de Igualdad y la Consejería sobre las unidades de valoración para las víctimas de violencia de género también está relacionada con que Vox ya pidió una relación de sus trabajadores cuando entró en el Parlamento andaluz.

Vamos a estar vigilantes en una cuestión tan importante y tan real como es la violencia de género, además de para que no se reviertan en estas políticas y no demos ni un paso atrás para el cumplimiento de los planes que hay y que se conduzca a mejorar este drama que no solo tenemos en Andalucía, sino en el país. La igualdad está en el ADN de nuestra organización, siempre lucharemos por ella.

¿En cuanto al posicionamiento de Vox con respecto a los sindicatos?

Es algo que a nadie se le escapa. El acuerdo de gobierno entre PP y Vox hay alguna cuestión relacionada con la disminución de las subvenciones a las organizaciones sindicales: a nosotros no nos preocupa en absoluto, porque no necesitamos subvenciones para funcionar. Somos independientes, no solo en términos ideológicos sino económicos. Pero sí estaremos vigilantes en la negociación colectiva y el diálogo social necesario con las organizaciones sindicales para que se lleven con normalidad. En todo caso, esperamos que sea más abierto y plural de lo que ha sido hasta ahora para tener una imagen más moderna y representativa del mundo actual.

¿Qué esperan de la nueva Consejería de Inteligencia Artificial?

Esperamos información sobre las cuestiones que hará. Nos movemos en el mundo de la digitalización y la inteligencia artificial va a afectar al mundo laboral y hay que ponerlo en juego de la mano de los trabajadores y de los representantes de los trabajadores, por lo que hay que tener una comunicación fluida con las organizaciones sindicales. Eso hasta ahora no ha ocurrido. De todas formas, espero y deseo que el consejero tenga una relación fluida con nosotros, ya que es responsable de Función Pública. Así que espero que trabajemos en la incorporación de la IA o los procesos de digitalización sin que afecte a la calidad de empleo y al tejido de la administración.

¿Cómo ve la diferencia entre el teletrabajo en lo público, que ya está consolidado, y en lo privado, en retroceso?

En principio, tenemos este acuerdo de teletrabajo que debería haber salido para este mes de septiembre. Se va a retrasar y eso incumple lo comprometido por la administración. En todo caso, el teletrabajo es una forma no presencial de trabajo y tiene que haber un control efectivo sobre las tareas. Nadie tiene que tener ninguna duda sobre que la jornada de teletrabajo tiene que ser igual de efectiva que una jornada de trabajo presencial.

Cierto es que, en la empresa privada, hay un aumento importantísimo, sobre todo en los sectores tecnológicos y de perfiles informáticos, pero hay un cierto retroceso, para lo que tenemos que hacer una reflexión al respecto y valorarlo, porque hay puestos de trabajo para desempeñarse de forma no presencial que permiten una mayor conciliación y una menor huella en el impacto ambiental. Todo ello, hay que hacerlo de manera responsable, planificada y consensuada.

El colapso existe en, prácticamente, todos los centros penitenciarios de Andalucía, y hay una falta de personal importante

La apertura del nuevo hospital psiquiátrico penitenciario en Alcalá de Guadaíra parece que se retrasará por el hallazgo de amianto. Sin embargo, la presión que sufre el actual hace que los trabajadores clamen por mejoras. ¿Esta saturación se extiende al resto del sistema penitenciario andaluz?

El colapso existe en, prácticamente, todos los centros penitenciarios de Andalucía, y hay una falta de personal importante. Como competencia nacional, hay reivindicaciones urgentes, como el plan de reestructuración de instalaciones, al igual que ser capaces de activar mecanismos de emergencia, como el botón del pánico, para anticiparnos a lo que sufren los compañeros y que pueden acabar en agresiones.

También, ser capaces de establecer medios coercitivos como las pistolas táser que, aunque haya visiones encontradas en la ciudadanía, puedo hablar del día a día de los compañeros delegados en las prisiones, que viven situaciones muy peligrosas, para lo que hay que darles herramientas suficientes. Además, hay que construir más centros penitenciarios o establecer una reorganización de los presos en función de su catalogación, por eso nosotros pedimos un nuevo sistema de clasificación.

A la vista de lo que ha sucedido con Airbus, que no solo se ha saldado con una huelga importante, también ha habido desconfianza hacia los sindicatos y peleas internas. ¿Notan que haya desafección?

A veces, las organizaciones sindicales tenemos criterios diferentes a la hora de llegar a un mismo objetivo, pero, en nuestros principios, está la coherencia y la cercanía con los trabajadores: explicamos lo que hacemos. Creo que los sindicatos crecen y tienen crédito cuando son útiles a los trabajadores y son responsables, es decir, elegir el camino más largo aunque el corto sea el más tentador.

¿En CSIF tienen afiliados jóvenes? ¿En qué situación se encuentran ahora?

Estamos en el mejor momento de la historia de CSIF en cuanto a afiliación. A nivel nacional tenemos más de 265.000 afiliados y aquí tenemos más de 88.000 personas afiliadas, que es la mayor cifra a nivel andaluz. Aunque es verdad que los empleados públicos tienen una media de edad muy elevada, incluso por encima de los 50 años, cada vez se incorporan más jóvenes.

Hacemos gala de ser un sindicato independiente, profesional y moderno, y eso atrae a muchos trabajadores jóvenes, y explicamos lo que hacemos en cada momento y tenemos unos principios clarísimos. Somos el sindicato más representativo en las administraciones públicas, pero también el que más crece en empresas privadas. No podemos estar más que muy satisfechos.

Espero que trabajemos en la incorporación de la IA o los procesos de digitalización sin que afecte a la calidad de empleo y al tejido de la administración

¿Cómo ve esta legislatura?

Esta legislatura vamos a velar por el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el tramo final de la pasada, que no es poca cosa, porque las administraciones, desgraciadamente, muchas veces acuerdan cosas que les cuesta luego poner en juego. Vamos a avanzar en reforzar los servicios públicos porque es una de nuestras máximas, al igual que la consecución del empleo de calidad, la mejora de la negociación colectiva y la igualdad; esos son nuestros cuatro pilares por los que velaremos.

¿Qué opina sobre las declaraciones vertidas por Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo laboral y las bajas?

Se habla de la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la administración y de la empresa privada con cierta ligereza. El mundo laboral de hoy es complejo y hay una afectación muy importante de todos los cambios habidos, como en la salud mental. Sin embargo, no se trabaja en prevención de manera decidida cuando es un eje fundamental en la política de empleo y en los centros de trabajo. Tanto la administración como la empresa privada deben cuidar a las personas trabajadoras para que tengan suficiente dignidad y calidad de empleo con el fin de minimizar ese absentismo laboral o esas bajas laborales, que no son lo mismo.

Cuando una persona está de baja laboral es porque tiene un problema sanitario y el médico le ha prescrito una baja médica y, por tanto, se ausenta del trabajo, mientras que el absentismo está relacionado con otras cuestiones que habrá que analizar en cada caso y hacerle un seguimiento de las mismas. En cualquier caso, invito a las administraciones y a las empresas privadas a que pongan la prevención de riesgos laborales en el centro de sus políticas.

Invito a las administraciones y a las empresas privadas a que pongan la prevención de riesgos laborales en el centro de sus políticas

A nivel nacional, CSIF prepara acciones jurídicas sobre la actuación de las administraciones públicas en Ceuta. ¿Desde Andalucía harán alguna recomendación particular, mas cuando no se ha activado el convenio que existe entre las dos administraciones para el traslado de menores extranjeros no acompañados?

Las denuncias van dirigidas a ver si las administraciones están haciendo todo lo que deben para poder dar servicio y cobertura a las necesidades que surgen en la sociedad. Ante una crisis como esta, nos ponemos al lado de los compañeros de nacional, que gestionen este tipo de reclamaciones.

En cuanto al tema del traslado sobre los menores no acompañados, lo que tenemos que decir al respecto es que desde la dimensión de los servicios públicos tiene que dar cobertura a las necesidades que en cada momento se produzca y, para ello, las administraciones se tienen que poner de acuerdo y coordinarse. El colapso sanitario en Ceuta es brutal y los compañeros de las fuerzas y seguridad del Estado están doblando turnos continuamente, así que no se están poniendo todos los mecanismos para dar cobertura a esta situación tan crítica.

Una menor ha fallecido en Málaga capital tras un accidente con un patinete eléctrico en el que no se vieron implicados vehículos ni peatones.

Así, según ha adelantado diario 'Sur' y han confirmado a Europa Press fuentes municipales, los hechos tuvieron lugar el 4 de octubre sobre las 13:45 horas en el túnel de la Alcazaba. Al parecer, la joven de 17 años se desplazaba en patinete cuando cayó al suelo, golpeándose la cabeza.

La menor, que llevaba puesto un casco, sufrió un traumatismo craneoencefálico y, tras el accidente, ingresó en un hospital de la capital, donde falleció.

Agentes del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados de la Policía Local de Málaga han abierto una investigación en relación con el accidente. Según el diario, un testimonio e imágenes apuntan que no hubo otros vehículos implicados y que la menor circulaba correctamente.

Desde el pasado 1 de octubre, solo los mayores de 15 años están autorizados a circular con un patinete eléctrico, y siempre con casco y con luz encendida en cualquier momento. Además, los usuarios deben portar un chaleco reflectante de noche o en situaciones de escasa visibilidad.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este viernes que propondrán como nueva Defensora del Pueblo Andaluz a Marta Bosquet, que fue presidenta del Parlamento en la XI Legislatura, siendo diputada de Ciudadanos (Cs) por Almería.

Juanma Moreno ha hecho este anuncio en su cuenta en la red social X, destacando de Marta Bosquet, que actualmente es presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural), su “compromiso con el diálogo, su trayectoria, su amplio conocimiento jurídico y su marcada sensibilidad social”, lo que la “convierten en una persona idónea para defender los intereses de los andaluces”.

La disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre ha precipitado un relevo largamente anunciado, pero postergado durante más de dos años por razones de aritmética política. El actual Defensor, Jesús Maeztu, lleva en funciones desde 2024, y había insistido en varias ocasiones en la necesidad de su relevo.

Antes del verano de 2025 Moreno tenía listo el nombramiento a la presidenta de Cruz Roja Andalucía, Rosario García Palacios, pero se vio obligado a parar al no tener garantizado el apoyo de Vox, abiertamente hostil a las acciones de acogida y ayuda desarrolladas por las ONG. El Defensor o Defensora se elige por mayoría de dos tercios del Parlamento, de modo que el asunto recibió una nueva patada hacia adelante: para después del verano y, finalmente, para después de las elecciones autonómicas. Ahora, PP y Vox, que ya comparten Gobierno, parecen estar de acuerdo en nombrar a Bosquet.

La Mesa de la Cámara, donde el PP tiene mayoría absoluta, ya ha comunicado a los grupos políticos un plazo para presentar a sus candidatos a consejeros en los órganos de extracción -hasta el próximo 13 de octubre- para que puedan someterse a la Comisión de Nombramientos el día 20 de octubre y sean elegidos en el Pleno del 21 de octubre. En el caso de la Defensora, los plazos llevarán la elección definitiva al mes de noviembre.

Presidenta del Parlamento en la primera legislatura de Moreno

Moreno ha destacado que será la primera mujer en desempeñar esa importante responsabilidad en Andalucía al frente de la Defensoría del Pueblo. Bosquet sustituirá a Jesús Maeztu, que llegó a la institución en 2013 y, en 2019, fue elegido para un segundo mandato, que concluyó en 2024, año desde el que se encuentra en una situación de interinidad.

Bosquet será también la primera Defensora que asume la Defensoría con una trayectoria previa de más de una década en la política institucional, sin relación con los movimientos sociales y procedente directamente de un cargo de designación política. Maeztu era profesor universitario y estaba al frente del Comisionado del Polígono Sur cuando llegó al cargo. José Chamizo, que le precedió, era sacerdote en San Roque y era un líder en la lucha contra la drogodependencia, la marginación y la pobreza en el Campo de Gibraltar. Manuel Conde-Pumpido, primer Defensor del Pueblo Andaluz (1984-1995) era magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga, a la que se reincorporó al finalizar su mandato.

La Defensora tiene la función de supervisar el buen funcionamiento de la administración andaluza, tramitar las quejas de los ciudadanos al respecto, investigar de oficio asuntos de interés general o formular recomendaciones y sugerencias a las instituciones andaluzas. También asume las funciones de Defensora de la Infancia y la Adolescencia, para velar por sus derechos y atender situaciones y colectivos de riesgo. Una de las últimas quejas del Defensor saliente, Jesús Maeztu, ha sido precisamente por la situación de los niños y niñas en Ceuta, recordando la “obligatoriedad” de acoger a los menores migrantes si el Gobierno central“: ”Los niños son sagrados“, ha dicho, además de denunciar que ”se está jugando políticamente con ellos“.

María Jesús Montero ha arremetido contra la propuesta, acusando a Moreno de actuar de “forma autoritaria” al traerla sin diálogo o acuerdo previo, cuestionando la representatividad de su designación. Tras recordar que es un alto cargo en ejercicio, “rescatada” de su pacto con Ciudadanos y sin conexión con los movimientos sociales, la líder socialista cree que “parece elegida más para defender a su gobierno que al pueblo andaluz”. El portavoz parlamentario de los populares, Toni Martín, le ha replicado recordando el nombramiento por el Gobierno central de un exministro socialista, Ángel Gabilondo, como Defensor del Pueblo español.

Diputada de 2015 a 2022 y alto cargo desde entonces

Nacida en Almería en 1969, Bosquet fue diputada autonómica por Almería desde 2015 a 2022 y ostentó el cargo de presidenta del Parlamento de Andalucía en la XI legislatura (diciembre de 2018-abril de 2022), después de que su formación, Ciudadanos, llegara a un pacto de gobierno con el PP-A que llevó a Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta.

Tras la desaparición de Ciudadanos del Parlamento andaluz, Bosquet, que era la mano derecha de Juan Marín, acabó orbitando alrededor del PP y recolocándose como altos cargos en el Gobierno andaluz cuando Moreno se hizo con la mayoría absoluta. En octubre, tres meses después de las elecciones en las que se quedó sin escaño, fue nombrada presidenta de IFAPA, mientras que Marín se convertía en presidente del Consejo Económico y Social. Ahora, Bosquet pasa de la presidencia de IFAPA a la Defensoría del Pueblo.

Bosquet cuenta con un Máster en Derecho Administrativo y Función pública, por la Escuela de Ciencias Jurídicas y es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, año 1994. En el ámbito laboral cuenta con 22 años de experiencia profesional como letrada en ejercicio, desde abril de 1995 hasta el año 2015. Formó parte de un despacho de abogados en Almería, hasta que en el año 1998 abrió su propio bufete.

Durante los años de ejercicio de su profesión ha llevado la asesoría jurídica externa de diversas mercantiles sobre todo de los sectores de la promoción y construcción, actividad agroindustrial y de restauración. Ha ejercido como abogada de particulares y de empresas en los ámbitos civil, penal, administrativo y concursal. Ha impartido clases de Derecho Penal en la academia del Centro de Estudios Universitarios de Almería, años 1999 y 2000.

En el ámbito político, durante la X Legislatura del Parlamento de Andalucía fue presidenta de la Comisión de Justicia; portavoz en la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; portavoz en la Comisión de Igualdad y Políticas sociales; portavoz en la Comisión de Investigación de las Subvenciones para la Formación Profesional y el Empleo en Andalucía; portavoz de la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones; portavoz en la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio; vocal del grupo de trabajo relativo a Financiación Autonómica y vocal de la Comisión de Fomento y Vivienda. Asimismo, ha participado como ponente en diversos cursos y charlas.

La Mesa del Parlamento andaluz acordó en su reunión de este miércoles, 7 de octubre, abrir un plazo de presentación de candidaturas para proceder a la renovación de órganos de extracción parlamentaria como el consejo de administración y la dirección general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) o el Defensor del Pueblo Andaluz.

Los grupos tienen de plazo hasta el próximo martes día 13 de octubre para presentar candidaturas para la renovación del consejo de administración y la dirección general de la RTVA, así como del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz.

La Feria de la Mula de Arenas, un municipio de 1.300 habitantes en la Axarquía malagueña, viene este año con dos espectáculos taurinos: la habitual suelta de vacas matutina, con protagonismo para “Sorprendida”, “Peluquera” y “Bandolada” y, ya por la tarde, un “espectáculo cómico taurino” bajo la denominación “diversiones en el ruedo”. La diversión la protagonizan personas con discapacidad: en los carteles que anuncian el evento, personas con enanismo vestidas con indumentaria de payaso sortean la embestida de los becerros.

El espectáculo está organizado por África Taurina y tiene lugar en una plaza portátil, un espacio público que le cede gratuitamente el Ayuntamiento. “Si en vez de personas con enanismo o acondroplasia fueran personas con síndrome de down u otra discapacidad, ¿se atreverían a hacer el espectáculo? ¿O el ayuntamiento lo contrataría?”, se pregunta Felipe Orviz, asesor jurídico de la Fundación ALPE Acondroplasia.

La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad prohíbe los espectáculos o actividades recreativas en los que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana.

Ángel Modesto, el promotor, niega que haya burla: “Cuando es cómico, está claro que la finalidad es dar risa, pero ¿quién se va a reír de su discapacidad? En la película Campeones, ¿quién se ríe de los actores?”, compara: “Con mi mujer estuve viendo Supervivientes y había una enanita interviniendo, y no creo que nadie se burlara de ella”. El promotor dice que ha vendido las mil localidades disponibles. Es el tercer espectáculo de este tipo que programa en lo que va de año, tras los de Cantalapiedra y Cortes de la Frontera. “Y más que vamos a seguir haciendo”, advierte.

El empresario esgrime la libertad de estas personas para trabajar. El espectáculo, en el que participa una decena de personas con enanismo, está autorizado por la Junta de Andalucía, que no ha atendido la solicitud de ALPE de prohibirlo. La Fundación ya ha anunciado que, en ese caso, pondrán los hechos en conocimiento de la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Europea.

“El mismo derecho a trabajar”

Manuel Ríos, alcalde de Arenas, cree que las personas con enanismo están ejerciendo su derecho a trabajar: “No entiendo la polémica: el mismo derecho a trabajar tiene una persona que mida 1,80 a otra que mida 1,10. Si vamos a limitar derechos por la condición física de una persona estamos restringiendo libertades e igualdad”, opina el regidor, que compara la situación con el trabajo que puedan realizar en un evento privado, un circo o una película.

“Ellos mismos han dicho que quieren trabajar, que nadie les obliga y que no se sienten objeto de burla”, dice el alcalde, que cree que la gente se ríe “con el espectáculo que hacen, no de ellos”, y asegura que le han transmitido están muy a gusto con el trato que les están dando los vecinos porque “no son objeto de burla”. “Es cuestión de cómo se quiera interpretar”.

Ángel Modesto, propietario de África Taurina, esgrime que hace poco más de un año el juzgado contencioso-administrativo 5 de Málaga les dio la razón frente a la Junta de Andalucía, que había prohibido un espectáculo similar en Cortes de la Frontera. Ahora lo ha autorizado. “No existe fundamento jurídico alguno para suspenderlo, según los criterios técnicos y el expediente tramitado”, explican fuentes de la Delegación del Gobierno andaluz, que también citan el criterio aplicado por esa sentencia para esta y otras decisiones, pese a que no constituye jurisprudencia por emanar de un tribunal ordinario.

La resolución, muy debatida en su día, razonaba que “ningún dato objetivo” permitía afirmar que la “finalidad” de la participación de personas con acondroplasia en el espectáculo taurino sea “la mofa” de estas o de su discapacidad.

En su resolución, la jueza observaba que iban vestidos de payaso, y que eso “requiere habilidades como la comedia física, la improvisación, la empatía y la capacidad de conectar con el público”. Pero advertía de que el hecho de que se trate de un espectáculo de naturaleza cómica es diferente a que “sean los artistas quienes susciten la mofa por su discapacidad”. La magistrada concluía entonces que la actividad quedaba amparada por la libertad laboral y artística de sus participantes.

Cambios legislativos

Desde entonces, algunas cosas han cambiado. La jueza citaba expresamente una disposición adicional de la ley que recoge los derechos de las personas con discapacidad como base para permitir el show. Allí se dice: “Quedan prohibidos los espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana”.

Tras la sentencia y la controversia que suscitó, el Gobierno decidió intervenir. Y en febrero aprobó una modificación del Reglamento Taurino para el “toreo cómico” que desvincula el resultado denigrante de la intencionalidad. El elemento finalístico dominaba la anterior normativa y la jueza se basó en la supuesta falta de intencionalidad para validar el espectáculo.

Ahora ya no aparece y la nueva norma dice así: “En todo caso, los espectáculos cómico-taurinos respetarán la dignidad humana, sin que puedan lesionar los derechos de las personas ni someterlas a mofa o denigración pública, en particular, de las minorías sociales, como la de las personas con discapacidad. La Autoridad gubernativa competente no podrá autorizar espectáculos cómico-taurinos que infrinjan este mandato”.

“No quedará ya ningún resquicio legal para permitir espectáculos en los que se realiza una mofa pública de personas con discapacidad, y más en concreto de personas con enanismo”, explicó el Gobierno cuando aprobó la reforma. La nueva normativa recoge multas de hasta un millón de euros. Desde 2022, el Ministerio tiene en marcha un programa de reinserción laboral para las personas con discapacidad que trabajan en estos espectáculos taurinos y en “otro tipo de shows denigrantes”.

También la Junta de Andalucía modificó el Reglamento Taurino autonómico, pero dejó un texto más ambiguo que no prescinde del todo de la finalidad: “Quedan prohibidos los espectáculos cómico-taurinos en los que se utilice la circunstancia de la discapacidad para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana”.

“Van a reírse de quienes hacen el show”

“Llevamos 30 años peleando contra estos empresarios que basan su negocio en mercantilizar una vulnerabilidad de una condición física”, protesta Orviz, que lo tiene claro: “La gente va a reírse no de lo que hacen las personas del show, sino de quiénes lo hacen y de una discapacidad”. Cree, además, que en estos espectáculos se cometen delitos de odio y que alimentan su incremento en la sociedad: “Ahora nos graban, nos sacan fotos, y esto viene por el cliché que generan estos espectáculos”.

A su juicio, tampoco el Ministerio de Trabajo se implica lo suficiente. Aunque los trabajadores acepten lo que hacen, sostiene que las piruetas y demás ejercicios no son indicados para personas con acondroplasia o enanismo, y vulnera la normativa de prevención de riesgos laborales.

Cada cierto tiempo, el asunto vuelve al debate público. La última vez, a propósito de la fiesta del 19º cumpleaños de Lamine Yamal. Fundación ALPE no lo denunció porque era un espectáculo privado, no se difundieron fotos y los asistentes hablaron de “actuaciones dignas”. “Sabíamos también que podía ser contraproducente. En esos casos, es mejor recurrir a la mediación”, explica Orviz, que asegura que el entorno del futbolista admitió que no fue buena idea.

“Lo de Arenas es en un espacio público. Si lo contrata y promueve un Ayuntamiento, y lo cataloga como cómico y para niños, ¿qué valores transmite la administración pública?”, se pregunta Orviz.

Dicen que Mari Carmen ha muerto. Yo creo que la han matado, y no soy la única. La cuestionable existencia de voluntad por parte de las instituciones en prevenir y resolver ha sido sangrante, pero poco sorpresiva, porque es el día a día, y aunque esté normalizado, no lo hace menos terrible. Pero con el desahucio que la ha matado ha resucitado una cuestión: ¿qué pasa con las personas mayores?

Permíteme que me salga un momento del tiesto. Sé lo dura que es la situación de acceso a la vivienda en mi generación y lo frustrante que es rondar los treinta y no poder independizarte. Aunque esto afecte a la planificación familiar, aumente el riesgo de violencia machista, empeore la salud física y mental, el poder adquisitivo, y una larga lista de etcéteras.

Y con todo esto, volviendo a lo concreto del caso de Mari Carmen, se le ha echado en cara que quisiera seguir viviendo en su casa a su edad, ¡a la residencia! Y claro, yo pregunto, ¿a partir de qué edad es obligatorio abandonar tu casa para ingresar en una residencia? ¿Es lo que nos espera en la jubilación?

Ay, la jubilación. Es algo que me ronda la cabeza desde hace mucho: ¿qué será de mí en la ancianidad? A ver, te explico. Yo soy negra, africana, pero española. Entonces, el no haberme imaginado nunca siendo una persona de la tercera edad viviendo en España resulta no ser la excepción. La descubrí hablando con amigas africanas que, como yo, hemos crecido o nacido en España.

Esto implica pensar si volver o no a los países de origen, como piensan nuestros padres o madres, quienes tras vivir aquí más tiempo del que vivieron en sus países, haber aportado a la seguridad social con el sudor de su frente, haber sido objeto político, nunca participan en la conversación pues ni siquiera pueden votar al no tener DNI, como si de ciudadanos fantasma se tratase. Con todo esto, el desarraigo es evidente, ¿pero se puede volver a un país que ya no existe? ¿Quedarte? ¿Ir a una residencia para ser violentado de forma racista, a una edad vulnerable? ¿Morir en un país en el que puede que ni si quiera te puedan enterrar? Asimismo, cabe preguntarse qué pasa con quienes, como la población saharaui y de Guinea Ecuatorial, fueron despojados de la nacionalidad española o apatridizados en sus procesos de descolonización (1976 y 1968 respectivamente).

He aquí la cuestión: crecemos y nos hacemos mayores en un país del que se forma parte, pero, en mayor o menor medida, no sientes tuyo. Estar de paso y de prestado.

Mari Carmen, al igual que Rosario o Aisha entre tantísimas otras, quería morir en su hogar, porque el derecho a envejecer con autonomía, sin violencia y ser cuidadas, es patrimonio de todas

Aquí es donde destacan proyectos como el de Afromayores, dirigido por la periodista y escritora Lucía Asué Mbomío Rubio, junto con el documentalista y el fotógrafo Laurent Leger Adame. Afromayores no es sólo un acto de justicia comunitaria, sino una reparación de las desmemorias de nuestras sociedades para con las personas negras. No sólo es desmontar la retórica de que acabamos de llegar, sino que seguimos aquí a pesar de todo.

Hay quien podría decir que su importancia reside en el uso de voces y los rostros de las personas mayores africanas y afrodescendientes, nos recuerda que la presencia negra forma parte de la historia viva de España. Pero donde destaca su valor es en devolver la palabra a quienes abrieron camino antes que nosotras, reconociendo sus aportaciones y cuestionar los relatos que presentan a las personas negras como eternas extranjeras. Es la manera de reconstruir el puente entre generaciones mediante el diálogo abierto.

Mas no lo pienses como un puente que une dos orillas distantes, sino materializado en casitas comunitarias. Venimos de tradiciones donde la persona mayor coexiste y cohabita con las siguientes generaciones, por lo que pensar en las residencias de mayores como el lugar de desecho como si de un yogur caducado se tratase supone asumir un marco, no sólo representa un fracaso social, sino también es profundamente descorazonador.

Mari Carmen, al igual que Rosario o Aisha entre tantísimas otras, quería morir en su hogar, porque el derecho a envejecer con autonomía, sin violencia y ser cuidadas, es patrimonio de todas.

Ya hace algún tiempo escribí en estas mismas páginas otra pieza con el título de Cacator cave malum, advertencia frecuente en los evacuatorios públicos romanos (hay uno en Itálica, en la Bética) que viene a decir en latín que uno no debe defecar fuera del tiesto o, dicho de otra manera, el populus reclamaba puntería en beneficio de la comunidad. Estos conocimientos se los debo a mi profesor de latín, Don Vicente García de Diego, del que guardo memoria y afecto.

Don Vicente era un hombre riguroso, decía que sólo le ponía un sobresaliente a Cicerón; a nosotros, simples estudiantes béticos del latín primordial, nos reservaba no más de un cuatro pero bastaba para aprobar.

Con su particular sentido del humor, Enrique Jardiel Poncela nos dejó una definición para similar reflexión: “Una papelera es un objeto alrededor del cual se tiran los papeles”, menos latina pero bien vale un vaso de buen vino y, además, sugiere lo mismo.

Es sabida la prodigalidad dialéctica de Alberto Núñez Feijóo, arruinado de tanto meter la pata, émulo de Mariano Rajoy pero de momento sin ser presidente. Lo mismo se lía con un cantante que con el nitrógeno que con la geografía andaluza, que se expresa en una lengua muerta desconocida que alguno ha identificado como copto, lengua litúrgica heredera de la de los faraones que aún se habla en Egipto.

Lo penúltimo ha sido derramar desconfianza contra la dirigencia de los carteros de Correos, poniendo en duda de manera irresponsable la limpieza del voto por correo, cursus en latín. El asunto tiene su guasa porque él mismo fue presidente de Correos, se supone que por su amplia experiencia como cartero rural en Galicia que diría él. 

Lo cierto es que ha dejado en el aire alguna pregunta y cierta inquietud: ¿Qué hizo que no sepamos cuando fue presidente de Correos? ¿Qué sabe de Correos? Por cierto, volviendo a cagarla desautorizando a su portavoz, el modosito Borja Sémper, que había asegurado esa misma mañana en Radio Nacional de España que no había desconfianza alguna en el sistema electoral por parte del PP.

En su primera comparecencia preelectoral, acompañado de dirigentes de la talla de Almeida y Díaz Ayuso, ha afirmado que pedirá sacrificios cuando llegue al poder

El remate ha sido recién. En su primera comparecencia preelectoral, acompañado de dirigentes de la talla de Almeida y Díaz Ayuso, ha afirmado que pedirá “sacrificios” cuando llegue al poder. Se desconoce la identidad de sus asesores y si los tiene o les hace caso, pero prometer sacrificios desde el primer segundo es invocar el latín. Cicerón no lo hubiera hecho en su campaña al consulado ni creo que Quinto Tulio, su hermano, se lo hubiera aconsejado.

En realidad ha sido franco: promete sacrificios a los pensionistas, promete sacrificios congelando el SMI, con los salarios, las horas extras impagadas, las bajas laborales privatizadas, con los alquileres y desahucios, con los derechos laborales, la sanidad y educación públicas, como ocurrió con Mariano Rajoy y ocurre ya en las comunidades autónomas donde gobierna el PP, solo o acompañado, es decir, que vienen sin disfraz.

No sé tanto latín como para decir que Feijóo se ha cagado encima o en tó lo alto o como aprendí de un amigo de Almuñécar, en el morral. Debería llevar siempre recado para sus incontinencias intestinales, como recomendaba Gonzalo Correa, en latín, tersorium, es decir, el papel higiénico de hoy y una esponja de entonces.

La casa de Isabel y David se encontraba en Vicente López, una localidad ribereña al norte de Buenos Aires. Ella era hija del pintor granadino Manuel Ángeles Ortiz y ahijada de Lorca. Él, un judío búlgaro de origen sefardí que había acudido a España a luchar con las Brigadas Internacionales.

Buenos Aires fue la ciudad donde pudieron volver a empezar tras años de huidas, campos de concentración y persecuciones. Mis abuelos, compañeros de militancia del Partido Comunista Argentino, fueron sus grandes amigos. Y aquella casa se convirtió en refugio y punto de encuentro de exiliados españoles. Intelectuales, artistas, poetas y antiguos combatientes de la Guerra Civil se daban cita entre aquellas paredes y se juntaban para recordar.

Mi padre, que entonces era un niño, atesora algunos recuerdos que siempre le pido que vuelva a contarme. Uno de ellos es de principios de 1964. Él tenía 12 años y su padre le señaló a un hombre  delgado que hablaba con los dueños de la casa. Era el poeta Marcos Ana, que había llegado en otoño del año anterior a la ciudad tras su liberación, tras pasar casi 23 años en las cárceles franquistas.

Otro es del año siguiente. Alguien apareció con un disco que causó un gran revuelo. Rápidamente, lo pusieron en el tocadiscos y de inmediato, comenzaron a sonar canciones que, por el acento, mi padre identificó como españolas. Las canciones hablaban de mineros en huelga, de un hombre que, dirigiéndose a una paloma, le contaba que, aunque su vida era el trabajo, estaba harto de que le pagaran mal y que las leyes favorecieran al patrón. Otra hablaba de dos gallos, uno rojo y otro negro, que se enfrentaban en un combate a muerte.

Mientras la voz de Chicho Sánchez Ferlosio entonaba aquel “cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día...”, se había formado un corro alrededor del tocadiscos. Aquellos republicanos, tras escuchar en silencio sepulcral, comenzaron a llorar. El niño que era mi padre, y que nunca había visto llorar a hombres curtidos, guardó en su memoria para siempre aquella canción.

Yo tenía escrita otra columna para hoy. Una en la que hablaba desde la rabia y el profundo dolor por los acontecimientos vividos estos días. No solo la terrible muerte de Maricarmen a manos del más violento capitalismo salvaje y de quienes lo anteponen ante la vida. También por esa exhibición de maldad de agitadores, presentadores, políticos, pseudomedios, columnistas... Aquellos que han hecho chistes y burlas de una mujer de 87 años enferma en un hospital tras perderlo todo. Aquellos que no han tenido la decencia de guardar un mínimo respeto por la dignidad humana. Aquellos que carecen de ella.

Esa maldad parecía expandirse como un virus, la misma de quienes llamaron a cazar migrantes y a quemar sacos de dormir y tiendas de campaña de personas que intentan construirse un futuro

Me sentí profundamente triste. Esa maldad parecía expandirse como un virus, la misma de quienes llamaron a cazar migrantes y a quemar sacos de dormir y tiendas de campaña de personas que intentan construirse un futuro. El gallo negro era más más grande.

La noche de la muerte de Maricarmen, aquella vieja canción volvió a sonar en la plaza de mi ciudad. Desde las gargantas y los pechos doloridos de las personas que allí se congregaban, se entonaron esos versos: “El gallo negro era grande pero el rojo era valiente, el gallo negro era grande pero el rojo era valiente”. Y entonces, necesité creer. Necesité pensar que todavía nos reconocemos como pueblo, que todavía hay un “nosotros”, una conciencia histórica, una memoria compartida que nos recuerda quienes somos.

Porque lo que está ocurriendo en las calles va mucho más allá de la vivienda. Es una respuesta colectiva a un sistema cruel que antepone el beneficio de unos pocos a la vida de las personas, es recuperar la buena política, la política de lo común, la que nos hace reconocernos en los problemas de los demás y luchar colectivamente por ellos. Es un grito de “basta ya” ante la deshumanización de un sistema que considera que hay vidas prescindibles. Es un zarandeo a aquellos que se han olvidado de a quienes representan. Y sí, es una lucha antifascista. Y es una lucha de clase.

Volveré a la calle con los míos y creeré que se puede. Lo creeré por todas las Maricarmen, por lo sufrido en carne propia, por mis abuelos, por mis padres y por todos los que lo intentaron. Lo creeré, porque no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto.

La cuarta edición del concurso en Instagram #GentedeAndalucía2026, organizado por elDiario.es Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol, ya tiene sus tres fotografías ganadoras. El jurado, formado por fotógrafos expertos, ha elegido las imágenes que mejor han logrado captar Andalucía desde una mirada genuina y con un gran atractivo visual. En esta ocasión, las tres fotografías que conforman el podio destacan por unas composiciones originales que encierran una enorme carga expresiva. Las personas autoras de las imágenes recibirán un premio a través de El Corte Inglés, que colabora cada año en este concurso.

Por mostrar un punto de vista diferente de una de las fiestas más icónicas de Andalucía, el primer premio ha recaído en Los niños del infierno de Juan Suárez (@juansuarezfotografia). Una imagen de la Feria de Sevilla que, a ojos de los miembros del jurado, resulta redonda por la simetría del encuadre y el magnetismo de la figura central, que atrapa la mirada y concentra toda la atención en una escena rebosante de emoción y colorido. “Una atracción dentro de otra atracción, fantasía pura”, resume el jurado, que también ha valorado el equilibrio de la composición y la sensación tridimensional que consigue transmitir la fotografía.

El segundo premio ha ido a parar a El guardián de La Caleta, de Asunción Collado (@mariaasuncioncollado), tomada a ras de suelo desde la playa de La Caleta, en Cádiz. El uso del gran angular y ese punto de vista bajo son dos de las claves de una imagen que consigue equilibrar la presencia dominante del perro en primer plano con los pescadores que aparecen al fondo. El resultado es “una experiencia visual” en la que, según el jurado, “la psicodelia logra expresarse con una composición de luz y sombra perfecta”, evocando incluso la icónica silueta de uno de los grandes símbolos del paisaje andaluz: el toro de Osborne.

En tercera posición, el jurado ha reconocido a Un ratito por la capital gaditana, de Ismael Sato (@satos.photos), una escena de calle protagonizada por un niño que parece quedar suspendido en el aire. La composición, deliberadamente desequilibrada y alejada de un horizonte perfectamente nivelado, introduce cierta incertidumbre en el espectador, que se acentúa con la postura del chico. El jurado también ha destacado la sensación de atemporalidad de una imagen que remite a la fotografía de los años 50. Una escena espontánea y “descarada” que convierte un instante cotidiano en una fotografía con personalidad propia.

El jurado ha vuelto a coincidir en que la calidad técnica y la originalidad de las imágenes participantes se superan edición tras edición, lo que ha dificultado la selección de las tres fotografías ganadoras entre las más de 200 presentadas este año. La decisión, como en ediciones anteriores, se ha tomado por consenso y mediante una votación a ciegas para garantizar la imparcialidad del proceso.

Estas tres fotografías premiadas, junto a otras 22 finalistas, se expondrán del 3 al 14 de noviembre en la Sala Vanguardia de la Fundación Cajasol, en pleno corazón de Sevilla, dentro de la muestra colectiva Gente de Andalucía. Una vez concluya el plazo de la exposición, los autores y autoras podrán llevarse a casa su copia en gran formato como recuerdo de su participación.

El IES El Jaroso de Cuevas del Almanzora (Almería) se ha quedado pequeño. Muy pequeño. El centro ronda los 1.300 alumnos, cerca del doble de su capacidad, según la comunidad educativa, y la falta de espacio ya condiciona el día a día: estudiantes que se desplazan de un aula a otra con la mochila cuando llegan las optativas, clases que tienen dificultades para encontrar un espacio disponible y un patio que se ha quedado reducido tras años de ampliaciones. Parte de la Formación Profesional, además, tiene que impartirse en instalaciones municipales porque el instituto no da más de sí.

La comunidad educativa lleva al menos 15 años reclamando un nuevo instituto y ha vuelto a salir a la calle para exigirlo con una manifestación. El AMPA, que actúa como portavoz de esta reivindicación compartida por familias y centro educativo, asegura que el suelo estará disponible en las próximas semanas, mientras que la Junta de Andalucía sostiene que el Consistorio todavía debe culminar los trámites urbanísticos para poder avanzar en el proyecto. Mientras ambas administraciones discrepan sobre quién ha retrasado el proceso, el nuevo centro tardará previsiblemente varios años en estar construido y la comunidad educativa reclama soluciones para un problema de espacio que ya sufren cada día.

Un centro que ya no tiene dónde crecer

La presidenta saliente del AMPA, Ana Latorre, lleva seis años implicada directamente en la reivindicación -los que lleva su hija en el centro-, aunque sitúa el origen del problema al menos 15 años atrás. Cuevas del Almanzora cuenta con un único instituto, mientras que otros municipios de la zona disponen de dos centros, explica. El crecimiento de la población y la llegada de nuevo alumnado han ido agravando una situación que, según describe, se ha intentado solucionar durante años mediante ampliaciones parciales. “Han ido haciendo apaños. Han ampliado por aquí y por allí”, resume Latorre. El resultado es un centro en el que, según la comunidad educativa, el espacio disponible ya no permite responder con normalidad a las necesidades del alumnado.

La situación se hace especialmente visible cuando los estudiantes dejan de permanecer en su aula de referencia. En primero y segundo de ESO, explica Latorre, los grupos pueden mantenerse en sus clases, pero cuando llegan las optativas el alumnado tiene que desplazarse de un espacio a otro. “Los niños se cuelgan la mochila y van peregrinando de una clase a otra”, señala. El problema ha llegado, según su relato, a situaciones en las que ni siquiera hay un aula disponible para determinadas asignaturas. “Los de segundo de Bachillerato van buscando aulas para poder dar según qué clase, con eso te lo digo todo”, afirma. En uno de los casos que pone como ejemplo, incluso tuvieron que buscar un espacio para impartir matemáticas.

La falta de espacio también condiciona la Formación Profesional. Algunos ciclos no pueden desarrollarse dentro del instituto y se imparten en instalaciones municipales cedidas por el Ayuntamiento: “No los dan en el instituto, los dan en locales que ha puesto el ayuntamiento”, explica la presidenta del AMPA. El patio es otro de los espacios que, según la comunidad educativa, ha quedado desbordado. Las sucesivas ampliaciones del edificio han ido reduciendo el espacio disponible y el alumnado termina concentrándose en una superficie cada vez más limitada. “El patio ha quedado pequeño, porque han ido construyendo, y entonces los niños están apiñados”, sostiene Latorre.

La comunidad educativa lleva años reclamando una solución definitiva. Latorre calcula que la reivindicación se remonta a al menos 15 años. Durante buena parte de ese tiempo ni siquiera existía un terreno propiedad del ayuntamiento que pudiera destinarse a la construcción del nuevo centro. La situación cambió el año pasado, cuando el Consistorio adquirió una parcela para el futuro instituto. Pero la compra no resolvió el problema: el terreno necesita completar su tramitación urbanística para poder ser destinado al uso educativo. La situación ha llevado a la comunidad educativa a volver a movilizarse en la calle. El AMPA sostiene que la reclamación se ha prolongado durante años mediante reuniones y peticiones a las administraciones y que la situación actual ha terminado llevando la protesta al espacio público.

“No nos dan ninguna solución”, lamenta Latorre. La reivindicación no se limita, en cualquier caso, a reclamar que se construya el nuevo edificio. La comunidad educativa pide también actuaciones mientras llega esa infraestructura, consciente de que, incluso una vez desbloqueado el suelo, todavía quedarán varios años de proyecto y construcción. “Una vez que tengan el terreno, estaremos hablando de una espera de mínimo de tres, cuatro años, cuando no más”, asegura que les trasladaron desde la Delegación de Educación. De ahí que la pregunta que plantea la comunidad educativa sea qué ocurrirá con el alumnado durante ese periodo: “Hasta que ese instituto se haga, ¿dónde vamos a meter a los niños?”

El suelo, en el centro del conflicto entre Junta y Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, gobernado por el PSOE, sostiene que ha cumplido con los pasos que le correspondían para poner a disposición de la Junta el terreno. El alcalde, Antonio Fernández Liria, asegura que los trámites están “prácticamente terminados” y que el suelo estará disponible “en cuestión de dos meses”. El Consistorio sostiene que durante años ofreció diferentes alternativas de suelo ante la imposibilidad de disponer de una parcela urbana que cumpliera las condiciones exigidas para construir el instituto. Según su versión, cuando la Junta finalmente aceptó una de las propuestas, el Ayuntamiento compró el terreno y comenzó a trabajar en su transformación urbanística.

El alcalde responsabiliza al Ejecutivo regional de haber optado por una tramitación más larga de la que, a su juicio, podría haberse utilizado. “Si la Junta hubiese aceptado las diferentes propuestas de suelo desde hace muchos años, este problema no estaría en la situación que está ahora”, afirma Fernández Liria. El Ayuntamiento asegura además que buena parte de los informes necesarios para culminar la tramitación dependen de distintas administraciones de la Junta y que el expediente estará en disposición de ser enviado a Ordenación del Territorio en las próximas semanas. “El ayuntamiento cumplió, compró el terreno y se ha trabajado para que sea urbano”, sostiene el alcalde.

La Junta ofrece una versión diferente sobre el punto en el que se encuentra ahora el proyecto. En un comunicado conjunto del delegado del Gobierno en Almería, Francisco Góngora, y la delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Jiménez, señala que el Consistorio debe “culminar la adaptación del planeamiento urbanístico necesaria” para que la parcela reúna las condiciones necesarias para albergar un equipamiento educativo.

El Ejecutivo autonómico sostiene que, junto a la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), ha estudiado las alternativas existentes y que el siguiente paso corresponde ahora al Consistorio. “No podemos iniciar la tramitación de una infraestructura de estas características sobre una parcela que todavía no reúne las condiciones urbanísticas necesarias”, señala Góngora. La Junta asegura, no obstante, que mantiene su voluntad de construir el nuevo instituto y que continuará con el procedimiento cuando disponga de una parcela “urbanísticamente apta”. El Ayuntamiento, por su parte, sostiene que el terreno estará listo en unos dos meses y reclama que, mientras tanto, la Junta concrete cómo piensa afrontar la falta de espacio.

Más de 155.000 euros en actual centro

Mientras las administraciones mantienen esta discrepancia sobre la tramitación del nuevo centro, la Junta defiende también que ha seguido actuando sobre el IES El Jaroso para intentar adaptar sus instalaciones al crecimiento del alumnado.

La Delegación de Educación cifra en más de 155.000 euros la inversión destinada a actuaciones en el centro, entre ellas la redistribución de espacios, la adaptación de aulas y diferentes mejoras del edificio. La delegada territorial asegura que existe un “seguimiento permanente” de la situación del instituto y que la Junta es “plenamente consciente del crecimiento del alumnado y de la necesidad de planificar las infraestructuras educativas de Cuevas del Almanzora”. Pero para la comunidad educativa esas actuaciones no resuelven el problema de fondo. El nuevo instituto sigue pendiente de que el suelo complete su recorrido administrativo y, una vez desbloqueado, todavía tendrá por delante varios años hasta que pueda entrar en funcionamiento.

Ana Latorre dejará este mes la presidencia del AMPA. Su hija está en segundo de Bachillerato y ella considera que la reivindicación necesitará una dirección que pueda mantenerse durante los próximos años. “Estamos moviéndonos para que la nueva directiva tenga permanencia, tiene que permanecer muchos años”, explica. La pregunta, mientras tanto, sigue siendo la misma para las familias del IES El Jaroso: cómo afrontar los próximos cursos en un centro que, según la comunidad educativa, ya funciona al límite de su capacidad mientras espera una solución que todavía tardará años en llegar.

Juanjo Guarnido (Granada, 1967) pasea por la San Diego Comic Con como Pedro por su casa. Está acostumbrado a firmar. Ya acudió a la primera edición de Málaga, es un habitual de la de San Diego, y uno de los pocos ilustradores españoles que ha recibido el Premio Inkpot que otorga la Convención, junto a Paco Roca, Marcos Martín, Belén Ortega y Javier Fernández (los tres últimos vinculados a la industria norteamericana del cómic de superhéroes). “Es mi trofeo favorito: un bote de tinta con patitas como reconocimiento a una carrera y que supone que eres un poco hijo adoptivo del Comic Con”, cuenta con orgullo.

Suma también el premio a la mejor serie en el festival de Angoulême, el premio Eisner al mejor álbum internacional y el Premio Nacional del Cómic. Todos, por alumbrar junto a Juan Díaz Canales (guion) a John Blacksad, la particular encarnación de un detective clásico: un gato negro. Traducido a 30 idiomas, Blacksad ha vendido más de tres millones de copias de alguno de los siete álbumes publicados desde el lanzamiento de Un lugar entre las sombras, en el año 200 0. Es el cómic español más vendido de la historia, y sus lanzamientos en Francia miran cara a cara a los de Astérix.  

Sobre una ciudad que traslada a las estampas de los bajos fondos y los clubes de jazz de Nueva York en los años 50, Guarnido lleva más de 25 años dando vida a un investigador que cumple todos los estándares del género (gabardina, cigarro), con la salvedad de las orejas de punta y los bigotes felinos. A su alrededor, perros, comadrejas, gorilas, toros y lagartos, según su rol social, todo ello en un luminoso y expresivo dibujo a acuarela.

“Blacksad surge de la mente de Juan Díaz Canales, su creador. Yo soy su creador gráfico, pero fue Juan quien inventó ese personaje”, cuenta Guarnido, formado en la Facultad de Bellas Artes de Granada. Ambos habían sido compañeros de trabajo, y Díaz Canales le pasó fotocopias de las páginas de un cómic que había propuesto al Víbora y a otras revistas. Era un gato negro, detective, protagonista de una mezcla de novela policíaca con algo de misterio. A Guarnido aquello le fascinó. “Tenía ganas de dibujarlo yo”, recuerda. Un par de años después, su compañero le pasó una historieta para bocetar, “por el placer de hacerla”, un primer Blacksad que no ha visto la luz.

“En ese momento me propuso intentar colocar un álbum en el mercado francés. Le dije que era una locura, demasiado ambicioso, pero conforme le estaba diciendo eso yo ya tenía detrás ahí el runrún”.

¿Tenían expectativas?

No sabíamos qué iba a ser de aquello, pero conforme fue avanzando el proyecto, yo tenía una cierta ambición de hacer algo bonito, en color directo con acuarela, intentar un dibujo espectacular, un dibujo realista con animales, que no se había hecho hasta entonces. No sé si habrá peli de serie B que pueda aparentar algunas escenas de hombres lobos, pero en el cómic los personajes zoomorfos son personajes de humor. Hacerlos realistas era una apuesta atrevida, pero yo estaba convencido. No de que fuera a tener éxito, sino de que funcionaría como producto. Conforme fue avanzando se convirtió en un proyecto de pura pasión por el personaje y por el álbum. Yo eché el resto. Y bueno, el público respondió. Podía no haber respondido, pero respondió a la primera.

¿Qué aporta que sean animales?

Nos permite jugar con los estereotipos. Como dice Juan, en un medio tan condensado como es el cómic, eso permite ganar mucho terreno y si lo usas con animales, además, puedes usar un montón de clichés que vienen de las fábulas, la cultura popular, el cine, los dibujos animados, los refranes… Todo eso es muy útil para contar una historia. El challenge era mezclar ese aspecto fabulístico, en la medida en que representa caracteres humanos con animales, con un género tan moderno como el policíaco. En ese sentido, es un experimento narrativo. Y lo mismo el experimento salió bien.

¿Quién imagina los personajes?

Juan siempre escoge los personajes en el guion. El casting está hecho ahí. Cada nuevo personaje lleva entre paréntesis el animal que es. No llega un 5% de los casos que cambiamos el animal previsto porque a mí me sugiere otra cosa o viene mejor en el guion o hay un aspecto que puede ser interesante cambiarlo a tal animal porque va a cumplir una función específica. Tenemos la buena costumbre heredada de nuestra experiencia en animación de someter tu trabajo a validación de otra persona. Entre nosotros no hay la jerarquía de la animación, que es una industria: tienes supervisor y en última instancia el director del proyecto tiene que validar tu trabajo. Nosotros nos lo damos el uno al otro para validar porque es nuestro, nuestro bebé y los dos tenemos paternidad asumida.

¿Cómo se refleja su experiencia en Disney en el dibujo de Blacksad?

Trabajar en cine de animación te aproxima a la narrativa de una manera bastante cinematográfica. El medio es diferente, pero hay ideas, nociones que puedes trasponer, con mayor o menor fortuna, a la narrativa en cómic. Eso puede dar productos interesantes.

Se fue de Disney en un momento en el que se estaba reorientando a la animación 3D.

Cerraron el estudio en el que yo trabajaba, a las afueras de París y no había alternativa para la mayor parte de la gente. Algunos fueron a Estados Unidos, a Australia y otros montaron estudios en Francia, que por desgracia no duraron. Otras cuantas personas habíamos ya puesto un pie en el cómic.

Ahora estamos en otro salto en el mundo de la ilustración con la aplicación de la inteligencia artificial. ¿Es una amenaza para ustedes?

(Resopla) ¿Qué quieres que me parezca? La inteligencia artificial lo que hace es copiar y recomponer el trabajo que creadores humanos han hecho ya. Al final es un pastiche. Te están haciendo un puzzle con mucha inteligencia, a veces es sorprendente ver lo que hace, pero para mí no tiene ningún valor. Es un robo, apropiación de cosas que además han ido robando de manera subrepticia durante muchos años, diciendo: “Aquí podéis presentar vuestro trabajo y tener una plataforma para enseñar lo que hacéis, vuestro arte”. Y resulta que al final era para robarte. Nunca he hecho ninguna prueba de nada hecho por inteligencia artificial con mi estilo, porque me imagino que se puede hacer y no me interesa en absoluto.

Aquí el ladrón son las empresas más poderosas del planeta.

Te da por pensar si estaba todo muy planificado para alimentar esa base de datos colosal. Por otro lado, no hay manera de evitarlo. Aunque tú no pongas tu dibujo en internet, otro fulano lo va a hacer porque escanea una página, o un medio de prensa va a reproducirlas. Al final todo se encuentra en Internet. No hay ninguna imagen que haya buscado que no haya encontrado en Internet. Cuando necesito el puñetazo de Vindicator a Lobezno en el número no sé cuántos de X-Men, para mí el mejor puñetazo que se ha dado en cómic, no tienes más que buscarlo. Es muy deshonesto. Espero que se legisle.

Y no soy un enemigo de la inteligencia artificial en sí, me parece que las aplicaciones que puede tener en otros campos como la salud… Hay que ver qué pasa con eso. Tampoco soy fatalista, no me da miedo tema de Terminator y la aniquilación de la especie humana. Es curioso ver cómo alguna gente se preocupa, yo creo que no hay que ser demasiado pesimista, que tampoco esto es Skynet. Me parece que hay aplicaciones muy buenas, incluso en arte. Pero en este momento lo único que hay es la generalización de un plagio vergonzoso, un abuso y una situación catastrófica para todo un sector de gente que podía vivir, o por lo menos aspirar a vivir del dibujo, de la ilustración, de la animación y que está muy amenazada. A mí me da pena.

Blacksad 7 se publicó hace tres años. ¿Están trabajando en el volumen ocho?

No, el ocho viene de camino. Pero, entre tanto, tengo otro proyecto con el guionista de El Buscón [Alan Ayroles] y justo antes he hecho un libro ilustrado que sale la semana que viene en Francia y el año que viene en principio lo publicará Norma aquí, un libro muy bonito de una novelista francesa que se llama Ganas de darte.

A Lola Pons (Barcelona, 1976) le vino la idea de escribir un libro sobre el silencio mientras visitaba, hace tres años, la cueva de Ardales, en Málaga. Venía de comisariar el Año Nebrija y el cuerpo le pedía una pausa. “El silencio me encontró y yo lo encontré en ese ámbito subterráneo”, recuerda. “Y a partir de ahí, sin ninguna obligación, quise probar si tenía muñeca como para sostener un tono narrativo similar al que uso en los medios, pero que superara las 820 palabras. Y salió, claro”.

El resultado es El dedo en los labios (Taurus), un amenísimo ensayo sobre el silencio en la historia de la lengua cuya salida a la luz coincide con la publicación de otros libros en torno a este fenómeno, como El libro blanco de Vicente Luis Mora, Nuestros silencios de Laurence Joseph o ¡Silencio!, de Pedro Bravo. “Silencio es lo que no tenemos, y, paradójicamente, no paramos de hablar de por qué debemos tenerlo. En la lengua se ha trabajado mucho el silencio, desde el punto de vista del español o de las lenguas actuales, desde un punto de vista sincrónico, para estudiar el silencio como estrategia conversacional, como análisis del discurso, en las locuciones políticas, y también libros ponderativos, elogios al silencio... Pero desde un punto de vista de la lingüística histórica, no había ninguna fuente material para estudiarlo”.

Así, la catedrática de la Universidad Hispalense se dispuso a acometer “una investigación previa, propia, muy original, en la que cada palabra me iba contando un poco, me las iba encontrando un poco por el camino, y eso me ha permitido trabajar con una mente muy abierta sobre refranes, toponimias y también sobre palabras del léxico común”, para descubrir que el silencio, “igual que los gestos, el marcar la ceja o la mirada, es un elemento lingüístico, es parte de nuestra lengua. Por eso, la lengua no ha dejado nunca de crear palabras para nombrar los silencios”.

Del teatro al deporte de masas

Por ello, en la primera parte del libro, titulada Pido silencio, Pons comienza indagando en los distintos significados del silencio según las lenguas y sus contextos. “Un caso muy claro es cómo reaccionamos ante una petición de matrimonio, donde el silencio es un no o un sí, según la cultura en la que uno se encuentra. Ese es el marco del libro para decir que físicamente la ausencia de palabras es un fenómeno universal, nos callamos de la misma manera, pero, ¿qué valor le damos a eso? Tiene una lectura histórica cambiante, por eso era interesante mirar hacia atrás en nuestra propia lengua y observar el silencio como una ventana a nuestra propia historia. Es un libro de lengua, porque yo soy filóloga, pero sin yo quererlo se terminaba convirtiendo en una especie de historia cultural de quienes hemos sido como sociedad”.

La segunda parte, Me callo, describe el viaje de la palabra silencio, desde el entorno religioso hasta que sale de él e ingresa socialmente. “Hay cosas que nosotros damos por hechas y que no lo son. Por ejemplo, que al llegar a un aula un profesor diga ‘silencio’ y lo pida así, de manera exhortativa, con ese sustantivo, eso como acto de habla, que es como se llamaría técnicamente, se hace así desde el siglo XVI; antes no se hacía. ¿Cómo se haría? Pues se haría llevándose el dedo a los labios o diciendo ‘shhhhh’”.

“En esa petición de silencio explora, a partir de la palabra silencio, otros fenómenos como, por ejemplo, los silencios situacionales”, prosigue Pons. “Nosotros hoy asociamos el teatro, por ejemplo, al silencio del público. Antes no ocurría así. Y eso no solo lo sabemos por las descripciones que hay en las propias obras de teatro, el comportamiento del auditorio, sino porque la combinación ‘silencio-teatral’ se documenta en los textos tardíamente. Una vez que el auditorio se queda callado y el teatro empieza a ser un espectáculo donde solo hablan los que están a un lado, los que están subidos en el escenario, parece que surgen, como especie de fenómeno de vasos comunicantes, otros fenómenos de espectáculos de masa donde sí, como espectador, puedes gritar, puedes hacer sonido. Me refiero, por ejemplo, a los deportes de masa, que por definición no son silenciosos, salvo el tenis y pocos más”.

Sin huella en los mapas

El siguiente apartado, Se callan, parte del capítulo del Vizcaíno en El Quijote. “Muestro cómo nos comportamos ante el silencio de los lugares. Por ejemplo, el silencio de la noche. El silencio que nosotros advertimos en espacios abiertos, cuando vamos al campo. El silencio de la ciudad y el ruido de la ciudad. Hay hechos interesantes como que, por ejemplo, el silencio se suele acompañar de adjetivos positivos de manera casi exclusiva hasta el siglo XVII. A partir de esa fecha se incrementan las combinaciones de silencio con adjetivos negativos. Se nota a partir del XIX, con la revolución industrial, donde ya se observa que hay un silencio ominoso. Un silencio que puede venir de la explotación, de la alienación de las personas”.

También se ocupa Pons de la ausencia del silencio en los mapas. “La toponimia codifica muchos elementos sensoriales, pero no codifica el silencio. De hecho, la que hay es absolutamente sospechosa. Si te encuentras una urbanización que se llame Silencio Dorado o Costa Silencio, ese topónimo tiene seguramente tres días y lo ha creado alguien en una oficina de venta de pisos. El silencio no deja ninguna huella en los mapas frente a otros elementos de nuestra naturaleza”.

“Es también en ese capítulo donde se observa cómo a veces la lengua, como hablantes, tendemos a ser obsesivos”, agrega Pons. “El mismo animal, el grillo, que utilizamos desde la ficción de Pinocho para hablar de Pepito Grillo, tu voz de la conciencia que no se calla, se utiliza hoy en redes sociales para decir que me han hecho ‘cri-cri’, lo que los ingleses llaman cricketing, si no me contestan a un mensaje de petición de algo. Le dije a lo que viniera y ‘cri-cri’, me dejó escuchando los grillos.

Silencio imposible

Y están, cómo no, los grandes silencios de la literatura, el más famoso de los cuales es “de cuyo nombre no quiero acordarme”, pero hay muchos más. “Veamos cómo en la literatura se ha utilizado, como forma de reflejar una especie de silencio evocador, los puntos suspensivos. Son muy modernistas, incluso han llegado hasta la parodia. Se parodiaba el punto suspensivo como propio de una lírica demasiado desmayada”.

Cuando se le pregunta por el silencio imposible de las redes, del scroll infinito, Pons subraya que “el silencio se ha ido estrechando tanto que en este momento es un lujo. De hecho, muchas personas lo compran como experiencia en forma de retiro de silencio. Y se juega mucho con el silencio, de forma que el lujo es elegir cuándo se quiere hablar. El verdaderamente famoso, el verdaderamente adinerado es el que puede permitirse el silencio en redes o no tenerlas, por ejemplo. Se ha vuelto un lujo porque la introspección cada vez nos da más miedo”.

El verbo 'silenciar'

Y la IA, ¿qué tiene que decir del silencio? “Me provoca mucha hilaridad porque veo que la pobre no sabe estarse callada”, asegura Pons antes de comentar el capítulo siguiente, Me callan, que “trata del silenciamiento a cualquier colectivo, el silenciamiento a las mujeres, el silenciamiento en la dictadura... Es interesantísima la modernidad del verbo silenciar, que es un verbo que tiene apenas un siglo en nuestra historia léxica. Eso es muy poco tiempo para la historia de una lengua, pero está profundamente arraigado. Está muy bien modelado metodológicamente. Y me demoro en la fuerte asociación que hay en España del ‘no te signifiques’ y el franquismo. Es muy llamativo, porque literalmente lo que te está diciendo es ‘no seas una palabra’. Las palabras son los elementos que, por definición, se dedican a eso, a aportar significado. Todo ese refinamiento manipulador que ha venido del lenguaje político ha retorcido qué significa el silencio”.

“También es interesante ver cómo desde el léxico de la religión de la Edad Media hasta el siglo XX hemos crecido exponencialmente en toda la terminología sociológica del silencio”, apunta. “Eso tiene que ver con que nos hemos convertido en una sociedad democrática donde la toma de palabras y, por tanto, el diálogo que establece esta con el silencio propio y ajeno es importante”.

Por último, Lola Pons espera que el fruto de su trabajo “no caiga en silencio. Creo que, igual que se puede describir una historia del mundo hispánico a través de cómo comemos, porque no comemos ahora igual que hace cinco siglos, o cómo vestimos, también se puede definir una historia de la cultura hispánica a través de cómo nos hemos comportado léxicamente con el silencio. Este es un libro exigente. Un libro para lectores. Un libro que exige silencio e introspección”.

Cuando estaba en la cima de su carrera, Mira Sorvino desapareció del mapa. Había ganado un Oscar y un Globo de Oro por una interpretación deslumbrante en Poderosa Afrodita (Woody Allen, 1995), y luego había saltado a la comedia más o menos gamberra (Romy y Michelle, 1997) y el cine de acción más comercial (Mimic -1997- y Asesinos de reemplazo -1998-), algo más o menos lógico para una estrella. Se codeaba con la farándula de la mano de parejas icónicas como Quentin Tarantino o Olivier Martínez. Hasta que se esfumó.

O la esfumaron. Años después, Mira Sorvino (Nueva York, 1967) contó que su nombre fue vetado de grandes producciones por Harvey Weinstein, entonces considerado un rey Midas de Hollywood, en realidad un abusador de mujeres que atormentó a decenas de actrices. Peter Jackson confirmó que Miramax (la productora de Weinstein) le pidió no contar con Sorvino para El Señor de los Anillos.

Casi tres décadas después de aquello, está de paso por España para la segunda edición de la San Diego Comic Con Málaga. Consciente de su papel de abanderada del movimiento MeToo, no rehúye su pasado ni tiene problema en explicarlo: “Durante veinte años estuve vetada en la industria. Entre 1998 y 2018 prácticamente no participé en grandes producciones de estudio. La influencia de Harvey Weinstein fue enorme y devastadora”, cuenta a elDiario.es.

Una escena “terapéutica”

Sorvino, que fue acosada por Weinstein antes de que este la metiera en una lista negra, lo pasó mal, pero subraya que nunca sabes por qué derroteros te va a llevar la vida: aquel paréntesis forzoso le sirvió para volcarse con una familia a la que adora. “Tengo cuatro hijos extraordinarios y probablemente no habría sido la madre que soy si hubiera mantenido ese éxito profesional”, explica: “Así que la vida es extraña: sí, me enfada profundamente que alguien me arrebatara algo que merecía, pero también siento gratitud porque la vida me dio otras cosas hermosas”.

Años después, la serie Hollywood (Ryan Murphy, 2020) le pondría ante una escena catártica, en la que interpreta a una actriz de los años 40 atrapada en una relación desigual con un productor, de la que solo sale gracias a la empatía de la mujer de este. “Fue una escena preciosa y bastante triste”, rememora la actriz, que lloró realmente en el rodaje: “Era muy consciente de que estaba inspirada en mi propia historia, pero también tenía un punto terapéutico: me permitió enfrentarme a ese dolor y liberarme un poco de él”.

Después de una década, ¿cree que Hollywood ha cambiado? “Sí, sin duda. ¿Siguen existiendo depredadores que creen que nunca serán descubiertos? Claro, porque es la naturaleza humana. Siempre ha habido depredadores y ladrones y asesinos. No podemos erradicar el crimen, pero sí podemos dejar claro que un plató, una sala de casting o cualquier lugar de trabajo no son espacios para eso”, advierte: “Ya no se salen con la suya. Durante décadas, ese comportamiento estuvo muy integrado en la industria de Hollywood desde su comienzo. Y creo que el movimiento ha tenido un impacto real. Hoy las mujeres están más protegidas. Los hombres también. Y los niños que trabajan en producciones audiovisuales están más seguros que antes. ¿Es perfecto? No. Pero sí creo que es mejor de lo que era”.

Recuerdos de Marbella

Sorvino rodó una de sus primeras películas en España (Barcelona, 1994) y otra, más desconocida, en la Semana Santa de Sevilla, donde pasó una larga temporada. No eran sus primeras veces en España. Tendría unos cuatro años cuando su padre, Paul Sorvino, rodó una película en la Costa del Sol junto a George Segal y Glenda Jackson. “Algunos de mis primeros recuerdos visuales son de Marbella”.

La actriz acaba de rodar con Lisa Kudrow la secuela de Romy y Michele (1997), una comedia que exploraba en tono ligero el camino del empoderamiento femenino y la sororidad. Treinta años después, la perspectiva de una nueva boda de una amiga vuelve a situarlas en un punto similar: “¿Nos hemos olvidado de casarnos? ¿Nos hemos olvidado de encontrar el amor?”. La respuesta es que han hecho con su vida lo que han querido.

Justo antes de rodar Romy y Michele 2 terminó That’s amore, un musical con John Travolta en la que tuvo que cantar O sole mío en napolitano. Una canción eterna que, cuenta, está inspirada en la hermana de su abuelo. “Al menos, según cuenta mi familia. Mi padre lo confirmó con la familia del autor de la letra. ¡Podría ser un mito, ¡pero quizá sea verdad!”, exclama.

Alta, imponente y con una vistosa cruz que le cuelga del cuello y acredita sus convicciones cristianas, la actriz creció en el seno de una familia de raíces italianas muy tradicional en la que su padre la trataba como “el hijo que nunca tuvo”: “Compartía conmigo sus referentes: Muhammad Ali, Martin Luther King, Desmond Tutu… Veíamos juntos combates de boxeo, partidos de tenis de Björn Borg y, sobre todo, Star Trek. Yo estaba fascinada con el capitán Kirk. Puede que tuviera un pequeño enamoramiento infantil, pero también quería ser como él: valiente, decidido, aventurero”.

Este fin de semana, Sorvino se ha dado un baño de masas que, además, ha acompañado de un premio honorífico del Festival de Cine de Málaga. “Cuando hablas cara a cara con una persona y te cuenta lo que una película o una serie representó para ella, sientes que tu trabajo ha tenido un impacto real”, agradece la actriz: “En el cine normalmente no tienes ese contacto directo. No es como actuar en teatro, donde escuchas las risas, los aplausos o saludas a la gente a la salida. Aquí las películas se estrenan y luego quedan ahí, mientras tú te quedas bastante alejada del público. Por eso estos eventos son tan especiales”. Mira Sorvino está de vuelta y agradecida a la vida, a pesar de que una vez la tiraran de la cima.

Tres películas, casi 3.000 millones de dólares de recaudación acumulada (diez veces lo que costaron) y 17 Oscar (once de ellos a la tercera parte de la trilogía). El estreno ahora hace 25 años de La Comunidad del Anillo, a la que seguirían Las Dos Torres (2002) y El retorno del Rey (2003) pegó un tremendo revolcón al panorama cinematográfico solo a la altura del estatus de las novelas de culto de J.R.R. Tolkien.

Un cuarto de siglo después, Frodo y Sam, Elijah Wood y Sean Austin, los inseparables (pero separados) amigos del fabuloso viaje de La Comarca a Mordor, y vuelta, para destruir el Anillo se reencontraron en Málaga; entre ellos, pero también con un público devoto: 3.000 personas que llenaron el Hall M, el espacio habilitado por la San Diego Comic Con Málaga para los grandes eventos.

El fenómeno de El Señor de los Anillos, la gran saga dirigida por Peter Jackson en la era pre-Marvel, impactó de lleno en un público que hoy mayoritariamente pasa la cuarentena, y que acudió a la llamada de la comunidad este domingo en Málaga. “25 años después, viendo lo que está pasando en el mundo, es necesario acercar las ideas de bien y mal y de compañerismo”, comentó Austin.

“Hay una parte maravillosa de participar en la vida de la gente. Hay personas a quienes estas películas le hacen sentir bien y nos cuentan historias increíbles. Tienen un impacto inmenso, lo recibimos y eso es un intercambio maravilloso”, celebró Sean Austin: “Es muy bonito que estas películas den un refugio a la gente que está sufriendo, y que les ayude a procesar sus emociones”.

“En el día a día no soy consciente de la relevancia que tuvo el Señor de los Anillos. Pero el hecho de ser parte de la cultura popular, generar este entusiasmo, conectar con la gente, es increíble”, explicó luego Wood. Ambos llevan una decena larga de convenciones y conferencias para celebrar la efeméride y sienten con pena de que este viaje también está llegando a su fin.

16 meses de rodaje

Uno de los objetivos declarados de la convención es acercar a las estrellas al fan que siente obras como El Señor de los Anillos como parte esencial de su identidad. Dejar caer la pantalla que las separa del espectador para mostrarlos cercanos, dicharacheros, divertidos, falibles, mortales.

A eso, Sean Austin ganó a Elijah Wood por goleada. Austin ganó peso en la charla igual que Sam, un personaje supuestamente secundario, acaba por tener un papel decisivo en la historia de la Tierra Media. Incluso animó al público, en español, a tomar la palabra. “No tiene (sic) miedo. Lord of the Rings”. A Austin le declaró su amor una fan preguntona que lo calificó de “achuchable”.

El hombre explicó que en las entrevistas previas al rodaje tenía dudas de que el público fuese a conocer realmente a su personaje. Los productores le escogieron porque percibieron que podía transmitir lealtad y bondad. “Es que es cierto que eres un buen ser humano, y eso lo transmites porque no se puede separar”, le elogió Wood, que recordó que Austin ha sido elegido presidente del Sindicato de Actores precisamente por esas cualidades.

Ambos recordaron un rodaje que se prolongó durante 16 meses en los bosques de Nueva Zelanda. Tiempo más que suficiente para generar unos vínculos duraderos. “Pasábamos todo el día juntos, seis días a la semana, sabíamos cómo sonábamos, nos conocíamos muy bien. Eso crea una intimidad muy especial”, admitió Austin.

Wood apenas tenía 18 años, pero se manejaba con suavidad, ligereza y aplomo. Austin estaba más nervioso, le imponía aquel set de rodaje impresionante, Ian McKellen, Peter Jackson. Incluso les enseñó esgrima Bob Anderson, que había trabajado con Errol Flynn e interpretado a Darth Vader en los duelos con el sable de luz.

Cuando regresaron a su país eran otros. “Estábamos tan lejos de nuestra realidad, de nuestra familia... Fue raro volver a reintegrarnos en nuestras vidas, porque nuestra realidad había quedado marcada por estas películas y por el rodaje. No era sencillo contar nuestra experiencia”, ha recordado Wood. “¡Como los astronautas!”, según Austin: “Volvíamos y luego podías darte cuenta de lo que era realmente importante para ti, a qué querías dedicar tu tiempo”.

Sin colas excesivas en esta edición

El reencuentro de Sam y Frodo era el plato fuerte cinematográfico de esta edición de la San Diego Comic Con Málaga, la segunda de las tres que al menos habrá. Una edición que no ha contado con una gran superestrella como Arnold Schwarzenegger, pero sí con muchas estrellas del cine (Christopher Lambert, Josh Brolin, Mira Sorvino, Denise Richards, Kevin Smith), la televisión (Richard Dean Anderson —MacGyver—, Paul Bettany), el cómic (John Romita Jr. —Spiderman—), el anime (Sinchiro Watanabe —Space Bebop—, Yoichi Takahashi —Campeones—) o el videojuego (Dave Jones —Lemmings y GTA—, John Romero —Doom—).

La organización de este año, prácticamente impecable, contrasta con el desastre de masificación y colas de la primera edición, en la que muchos asistentes guardaron horas de cola para irse de vacío. La ampliación de los espacios, con una segunda gran carpa de stands en el exterior, y un cuidado circuito de flujos que ha evitado cuellos de botella han obrado el milagro. Responsables de la organización cuentan que, este año sí, se ha puesto al visitante en el centro. Eso explica que se haya evitado llenarlo todo, a diferencia del año pasado, donde el antiguo CEO llegó a asegurar en prensa que se habían vendido 120.000 entradas, más que el aforo permitido.

Este año el aforo era de 15.000 asistentes por jornada. A las entradas, que han subido a 85 euros, se suma el patrocinio de la Junta de Andalucía (3,35 millones por la edición de este año) y del Ayuntamiento (casi un millón), a quienes Dentsu, que tiene la licencia para explotar la marca en Europa, fue a buscar hace ahora dos años.

También se ha notado el potente músculo desplegado, con alrededor de 3.000 personas al servicio de que todo saliera bien. Tantas, que hasta cuadriplicaban posiciones y a veces algunas parecían ociosas. Ni siquiera el tremendo chaparrón caído en los minutos previos a la charla de los hobbits ha empañado el éxito. Este año no habrá la avalancha de quejas que hubo el año pasado. Con 15.000 asistentes por jornada, el evento encara ya la tercera de las ediciones garantizadas por contrato, antes de decidir si continuará en 2028 y más allá.

La Fundación Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha celebrado este jueves en el Acuario de Sevilla una gala conmemorativa de su 25 aniversario, en la que ha puesto en valor su trayectoria como nexo entre la Universidad y la sociedad, con más de 13.000 convenios con empresas e instituciones, unas 45.000 prácticas de estudiantes gestionadas y más de 58.000 personas inscritas en sus programas de Formación Permanente desde su creación en 2001.

La gala, celebrada en el Auditorio Global Omnium del Acuario de Sevilla bajo el lema '25 años creciendo junto a la Universidad', ha estado presidida por el rector de la UPO y presidente de la Fundación, Francisco Oliva Blázquez, y ha reunido a representantes institucionales, autoridades académicas, empresas y entidades colaboradoras, según ha detallado la institución académica.

Durante el acto, Oliva ha destacado “el compromiso del tejido productivo y social” con la Universidad a través de la Fundación y ha subrayado que el aniversario supone también una oportunidad para impulsar nuevos proyectos, innovar y reforzar las alianzas existentes.

Por su parte, la vicerrectora de Relaciones Institucionales, Formación Permanente y Fundaciones y vicepresidenta ejecutiva de la entidad, Laura López de la Cruz, ha defendido el papel de la Fundación como instrumento para conectar el conocimiento universitario con las necesidades de la sociedad y favorecer que la investigación y las ideas desarrolladas en las aulas y laboratorios tengan un impacto real.

Uno de los ejes de la gala ha sido la entrega de reconocimientos a instituciones y entidades que han contribuido al desarrollo de la Fundación en cuatro ámbitos: inserción laboral, formación, internacionalización y compromiso social e igualdad.

En la categoría de apoyo al talento universitario e inserción laboral, han sido distinguidas Cruz Roja Española, por acoger a más de 530 estudiantes en prácticas durante estos años, y Andalucía Emprende, que impulsó en 2018 la implantación de un Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) en la UPO, convirtiéndola en la primera universidad andaluza en contar con uno de estos centros en sus instalaciones.

En formación y aprendizaje a lo largo de la vida, la Fundación ha reconocido al Ayuntamiento de Carmona por su colaboración con el proyecto 'Olavide en Carmona', que acoge actividades académicas y culturales desde 2003 y suma 24 ediciones de los Cursos de Verano de la UPO, con más de 21.000 estudiantes.

También ha distinguido al Ayuntamiento de Dos Hermanas por su apoyo a las microcredenciales universitarias, con 16 programas desarrollados desde 2022 en los que se han formado más de 300 profesionales de empresas y comercios locales.

En esta misma categoría han recibido reconocimiento siete colegios profesionales de Sevilla y Andalucía occidental por su colaboración en el impulso de estas microcredenciales, orientadas a ofrecer formación especializada adaptada a las necesidades del mercado laboral.

En el apartado de internacionalización y proyección exterior, la Fundación ha premiado a Academic Programs International (API) y al Council on International Educational Exchange (CIEE), entidades vinculadas al Centro Universitario Internacional de la UPO que, conjuntamente, han sumado más de 5.000 estudiantes internacionales a lo largo de estos años.

Por último, en compromiso social e igualdad, han sido reconocidas la Fundación Ana Bella, por su colaboración con la Oficina para la Igualdad desde 2006 en la sensibilización y prevención de la violencia de género, y la Diputación de Sevilla, que financia desde 2002 el Aula Abierta de Mayores de la UPO.

Este programa formativo, dirigido a personas mayores de 50 años, ha pasado de contar con una única sede municipal a reunir actualmente a 23 municipios y alrededor de 1.500 estudiantes al año, lo que lo convierte, según la información facilitada por la Fundación, en el programa de mayores con mayor participación de Andalucía.

Desde su puesta en marcha en 2001, por iniciativa de la primera rectora de la Universidad, Rosario Valpuesta, la Fundación se ha consolidado como medio propio y servicio técnico de la UPO, con una actividad que alcanza anualmente a más de 20.000 personas beneficiarias y cuenta con la colaboración de más de 1.800 empresas e instituciones.

Además de los convenios y las prácticas universitarias, sus resultados incluyen la atención a unas 30.200 personas en materia de empleabilidad, más de 1.700 talleres impartidos y la participación de alrededor de 16.000 estudiantes internacionales en los distintos programas ofertados.

La entidad gestiona actualmente, entre otras actividades, la Formación Permanente de la Universidad, las prácticas curriculares y extracurriculares, programas de empleo y emprendimiento, el Centro Universitario Internacional, la sede de Olavide en Carmona y distintas iniciativas culturales y sociales, como el Aula Abierta de Mayores, la Oficina de Voluntariado y la Oficina para la Igualdad.

La celebración del 25 aniversario ha contado con la financiación y el apoyo del Consejo Social de la UPO, Grupo Coremsa, Fundación Cajasol, Ayuntamiento de Dos Hermanas, Acuario de Sevilla, Diario de Sevilla y Cadena SER.

Hay una forma diferente de conocer una ciudad: recorrerla a pie, descubrir sus paisajes y entender cómo su historia ha ido creciendo alrededor de ellos. En Alcalá de Guadaíra, ese recorrido conduce inevitablemente hasta el río.

El Guadaíra no es solo un elemento del paisaje. Es parte de la historia de Alcalá y de una manera de entender la ciudad que ha permanecido vinculada al agua durante generaciones. A su alrededor se ha construido un patrimonio que hoy continúa ofreciendo espacios para el paseo, el encuentro y el contacto con la naturaleza.

Las riberas del río permiten descubrir una Alcalá diferente, alejada por unos instantes del ritmo cotidiano. Caminos y senderos atraviesan un entorno en el que conviven vegetación, paisaje y patrimonio, creando un espacio que puede disfrutarse tanto para practicar deporte como para pasear, compartir tiempo en familia o simplemente encontrar un momento de tranquilidad.

En este paisaje tienen también un papel protagonista los molinos, que forman parte de la memoria de la ciudad. Su presencia recuerda la importancia que tuvo el agua en el desarrollo de Alcalá y permite acercarse a una parte de su historia a través de construcciones que todavía permanecen integradas en el entorno natural.

La riqueza de estos espacios reside precisamente en esa combinación. Naturaleza y patrimonio se encuentran en un mismo recorrido y permiten comprender la relación que Alcalá ha mantenido con su río a lo largo del tiempo.

Hoy, este entorno constituye además una oportunidad para disfrutar de la ciudad de otra manera. No hace falta alejarse para encontrar un espacio natural: basta con acercarse al río, caminar por sus senderos y descubrir algunos de los rincones que forman parte del paisaje alcalareño.

Son espacios pensados para ser vividos. Para salir a caminar, hacer ejercicio, pasear con los más pequeños, encontrarse con otras personas o disfrutar, sencillamente, de unos minutos al aire libre.

Cuidarlos es también una forma de proteger la identidad de Alcalá. El patrimonio natural y cultural no pertenece únicamente al pasado: forma parte del presente y representa una oportunidad para seguir construyendo una ciudad conectada con su entorno.

El río Guadaíra ofrece así una perspectiva distinta de Alcalá. Un recorrido en el que historia, paisaje y vida cotidiana se encuentran y que permite descubrir que, en ocasiones, los lugares más especiales están mucho más cerca de lo que pensamos.

Porque también hay una Alcalá que se descubre caminando. Una Alcalá de riberas y senderos, de molinos y paisajes, de espacios para encontrarse y para disfrutar. Una Alcalá en la que la naturaleza no está al margen de la ciudad, sino que forma parte de ella. Alcalá, un lugar para respirar.

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, FIBES, celebra del 17 al 22 de noviembre de 2026 la 36.ª edición de SICAB, el Salón Internacional del Caballo y sede del Campeonato del Mundo del Caballo Español (SICAB). Seis días de pista, palcos y pasillos donde los campeones lucen su mejor guisa. Sin embargo, antes de la celebración del evento, un artesano ha pasado semanas preparando la vestimenta del caballo.

No en vano, cada ejemplar que entra en pista del SICAB muestra algo más que su propia genética: una silla, una cabezada o una mantilla cosidas a mano meses antes son solo algunas de ellas. Ese trabajo casi nunca se menciona en las crónicas del evento, aunque forma parte de lo que se evalúa en cada exhibición del caballo Pura Raza Española.

Este trabajo artesano que hay detrás esconde un oficio con siglos de historia, que sigue vivo en talleres españoles como el de Guarnicionería Los Nietos, donde el cuero se corta, se cose y se ajusta de forma artesanal como se hacía hace generaciones.

Y esto tiene un peso esencial en la decisión del jurado del certamen. En concreto, en las pruebas de morfología y en las exhibiciones, el jurado valora la presentación completa del caballo. Eso incluye su indumentaria: cada correa, cada hebilla y cada costura suman al conjunto que se juzga sobre la pista, junto al movimiento del animal.

¿Y cuáles son estas piezas? Vamos con ellas.

La silla de montar, la pieza que conecta al jinete con el caballo

Elegir bien unas sillas de montar a caballo es una decisión técnica, más allá de lo estético. En este sentido, los interesados en hacerse con un modelo deben tener la certeza de que la silla debe ajustarse a la anatomía concreta del caballo y a la disciplina que va a practicar, ya sea doma clásica, doma vaquera o exhibición en pista, donde cada movimiento exige una postura distinta del jinete.

De su fabricación saben mucho en Guarnicionería Los Nietos, desde donde se fabrican monturas gaditanas que hoy conquistan el mercado internacional. Entre los puntos fuertes de esta compañía destaca que aúnan experiencia como artesanos, y también como jinetes, lo que les permite fabricar sillas de montar personalizadas a partir de cierta información clave del usuario, como su peso y la altura.

Las sillas de montar a caballo se agrupan en grandes familias: la vaquera, de asiento profundo y faldones largos para las largas horas de campo; la inglesa, de asiento plano y estribos cortos para saltar; y la de doma clásica, curvada para ajustarse a la anatomía del caballo.

La elección de la silla no es algo baladí. Ni mucho menos. No en vano, la montura es el elemento de conexión entre la anatomía del jinete y la del caballo. En este punto, una silla mal medida estropea la raya del caballo y la espalda del jinete.

Cabezadas, riendas y mantillas: el resto del oficio invisible

Además de las sillas de caballo, también hay otro elementos que visten a un campeón. La cabezada es una de ellas. En concreto, esta permite el control y la comunicación entre jinete y caballo, mientras que las riendas transmiten cada indicación con precisión. La mantilla, por su lado, protege el lomo del animal bajo el peso de la silla. Y la colocación de estos es muy importante:

● La cabezada requiere un ajuste milimétrico a la cabeza de cada ejemplar.

● Las riendas deben mantener flexibilidad suficiente y, al mismo tiempo, no perder firmeza en la mano del jinete.

● La mantilla necesita un grosor calculado para evitar rozaduras prolongadas.

En certámenes como SICAB, estos detalles se cuidan y se valoran tanto como la propia doma del animal, porque forman parte de la imagen final que evalúa el jurado sobre la pista, junto al temperamento del caballo.

El oficio de guarnicionero, una tradición que se transmite

Este trabajo tan específico del mundo de los caballos tiene nombre propio: guarnicionero. La guarnicionería es artesanía de precisión con cuero vivo, un material que cede y envejece, y que solo los mejores expertos pueden trabajar con precisión para fabricar las mejores piezas para animales y jinetes. Para conseguirlo, estos profesionales trabajan el corte manual del cuero, hacen patronaje a medida y terminan haciendo un ajuste final que casi siempre se hace sobre el propio caballo o jinete.

Lo que se ve en SICAB es solo la parte visible de un trabajo que empieza meses antes, con las manos de alguien cortando cuero. Cada edición de este certamen renueva ese vínculo entre tradición artesanal y competición moderna, y recuerda que vestir bien a un campeón sigue siendo, sobre todo, un oficio.

Alcalá de Guadaíra avanza cada día de la mano de las personas que estudian, enseñan, trabajan, emprenden y buscan nuevas oportunidades para construir su proyecto de vida. Una realidad en la que la educación y la formación desempeñan un papel fundamental como herramientas de crecimiento personal, profesional y social.

Los centros educativos y formativos del municipio son espacios de aprendizaje, pero también lugares donde se desarrollan capacidades, se despiertan vocaciones y se generan nuevas oportunidades. En sus aulas se prepara a las nuevas generaciones para afrontar los retos de un entorno en constante transformación y se ofrece a personas de todas las edades la posibilidad de seguir aprendiendo y ampliando sus conocimientos.

La formación constituye, de este modo, una herramienta esencial para favorecer la igualdad de oportunidades, mejorar la empleabilidad y contribuir al desarrollo económico y social de Alcalá de Guadaíra. Cada proyecto educativo, cada iniciativa formativa y cada experiencia de aprendizaje representan una aportación al futuro colectivo del municipio.

Este compromiso se extiende también a quienes deciden dar un paso adelante para mejorar su preparación, aprender un oficio, impulsar una iniciativa empresarial o acceder a nuevas oportunidades laborales. Son personas con trayectorias y objetivos diversos, pero con una voluntad común: continuar avanzando y contribuir, desde sus propias capacidades, al progreso de la ciudad.

Alcalá de Guadaíra cuenta para ello con centros, profesionales, recursos y proyectos que conforman una red de conocimiento y oportunidades al servicio de la ciudadanía. Un tejido que favorece el aprendizaje, la innovación, el desarrollo del talento y la conexión entre la formación y las necesidades de la sociedad.

El futuro de un municipio no se construye de un día para otro. Se construye desde el presente, con cada estudiante que aprende, cada docente que acompaña, cada profesional que comparte su experiencia y cada persona que decide continuar formándose y creciendo.

Por eso, hablar del futuro de Alcalá de Guadaíra es hablar de sus aulas, de sus centros educativos y formativos y, sobre todo, de sus personas. De quienes aprenden, de quienes enseñan y de quienes buscan nuevas oportunidades para desarrollar su proyecto personal y profesional.

Porque el progreso de Alcalá está estrechamente vinculado al progreso de sus vecinos. Y es desde el conocimiento, el esfuerzo, el talento y las oportunidades desde donde el municipio continúa construyendo su futuro.

El castillo de San Ramón, levantado entre 1764 y 1768 durante el reinado de Carlos III para proteger la costa de Cabo de Gata (Almería) pierde piedras de sus muros frente al Mediterráneo en El Playazo de Rodalquilar. Parte de la estructura exterior se ha derrumbado y el interior acumula basura, pintadas y vegetación, mientras el deterioro avanza en uno de los enclaves más conocidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Las asociaciones Amigos del Parque Natural y Amigos de la Alcazaba denuncian que el inmueble, protegido como Bien de Interés Cultural (BIC), se encuentra en una situación de abandono cada vez mayor.

La propiedad privada está obligada por ley a conservar el monumento, pero la normativa también permite a la Junta de Andalucía exigir su cumplimiento mediante órdenes de conservación, multas coercitivas o incluso la ejecución subsidiaria de las obras. Las asociaciones aseguran que denunciaron el estado del castillo ante Cultura en mayo y que todavía no han recibido respuesta. La Junta, preguntada por elDiario.es Andalucía, se limita a señalar que son los propietarios quienes tienen la obligación de mantenerlo, mientras el Ayuntamiento de Níjar confirma que existe un expediente en tramitación relacionado con Cultura.

Un castillo del siglo XVIII frente al mar

El castillo de San Ramón forma parte del sistema de fortificaciones construido en la costa durante el reinado de Carlos III para hacer frente a los ataques de piratas y berberiscos y favorecer el poblamiento de este territorio. La fortaleza fue construida entre 1764 y 1768 y está protegida como BIC y tiene la consideración de monumento. Su historia posterior está marcada por la pérdida de su función militar y por sucesivos cambios de propiedad. Tras los daños provocados por el abandono una vez terminada la Guerra de la Independencia, el Estado lo vendió a particulares en 1875. Décadas después, el inmueble fue adquirido en los años setenta por el arquitecto Alejandro Pérez Lastra, que lo rehabilitó como vivienda, según explica Maite Pérez, presidenta de Amigos de la Alcazaba.

La asociación sostiene que durante esa etapa el castillo se mantuvo en unas condiciones razonables, aunque se realizaron modificaciones en el edificio que también considera discutibles. “Mientras estuvo de esta manera, más o menos se conservó”, explica Pérez. El deterioro, tras su reconstrucción, se agravó posteriormente cuando el inmueble pasó a una comunidad de propietarios como consecuencia de un procedimiento judicial. En 2018 el castillo volvió a ponerse a la venta por 3,3 millones de euros, según la presidenta de Amigos de la Alcazaba. Aquella operación abrió también el debate sobre la posibilidad de que la Junta de Andalucía ejerciera el derecho de tanteo y retracto para incorporar el inmueble al patrimonio público. Finalmente, no lo hizo.

Según Pérez, el actual propietario sería un alto cargo de una empresa relevante del país, directamente o a través de una sociedad relacionada con él. La asociación sostiene que la adquisición estaba vinculada a un proyecto para rehabilitar el castillo y convertirlo en alojamiento turístico, pero que la iniciativa no llegó a materializarse. “Se ha quedado, de manera que ni una cosa ni otra”, resume la presidenta de Amigos de la Alcazaba. ElDiario.es Andalucía ha intentado localizar a la propiedad para conocer su versión, sus planes para el inmueble y las actuaciones realizadas para garantizar su conservación, sin que haya sido posible dar con ella. Tampoco las instituciones consultadas han podido facilitar el contacto con el propietario.

Un BIC que se debe conservar

El deterioro no es nuevo. Amigos del Parque Natural explica que el castillo ya presentaba daños antes de la llegada del actual propietario. En algunas zonas exteriores se habían realizado reparaciones con cemento que la asociación considera una mala solución, pero que al menos evitaban que se desprendieran piedras de las torres y los muros exteriores. Ahora, según la denuncia, la piedra está “muy afectada por el ambiente salino y por el viento”, con una fuerte erosión. Parte del muro exterior se derrumbó hace más de tres años y se han perdido sillares y mampostería. Los muros están además cubiertos de grafitis y el interior acumula colchones y basura, con signos de ocupación y vandalismo.

La situación, explica Pérez, es especialmente preocupante en el interior. La puerta de acceso permaneció abierta durante meses y hasta mayo, cuando las asociaciones hicieron pública su denuncia. Según la presidenta de Amigos de la Alcazaba, eso facilitó la entrada de curiosos y ocupantes. “Por dentro está hecho polvo, derruido, con basura, pintadas, con las plantas invadiendo el espacio salvajemente”, señala. Tras la denuncia ante los medios, las asociaciones comprobaron que alguien había cerrado la puerta para impedir el acceso.

La Ley 4/2026 de Patrimonio Cultural de Andalucía establece en su artículo 48 que las personas propietarias, titulares de derechos o poseedoras de bienes integrantes del patrimonio cultural tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos para garantizar la salvaguarda de sus valores. La misma norma contempla qué puede ocurrir cuando quienes están obligados no cumplen las órdenes de conservación. La Consejería competente puede imponer multas coercitivas de hasta el 10% mensual del coste de las obras o actuaciones exigidas o recurrir a la ejecución subsidiaria, con cargo al obligado.

Las asociaciones esperan respuesta

Amigos del Parque Natural y Amigos de la Alcazaba presentaron en mayo un escrito ante Cultura para denunciar el estado del castillo. “La denunciamos a Cultura en mayo, se presentó un escrito denunciando la situación del deterioro”, explica Maite Pérez. Desde entonces, asegura, no han recibido respuesta. Las asociaciones tenían además solicitada desde antes del verano una reunión con Cultura para abordar la situación general del patrimonio de la provincia y, en concreto, la del castillo de San Ramón. “Ni nos han contestado, ni nos han dicho”, lamenta Pérez.

La presidenta de Amigos de la Alcazaba critica que las organizaciones patrimonialistas no reciban información sobre los procedimientos que afectan a los bienes cuya conservación defienden: “Creemos que tenemos un papel bastante relevante en cuanto a la discusión y el intento de preservación del patrimonio, sin embargo, a la hora de la verdad no pintamos absolutamente nada, ni nos informan, ni nos consultan”.

Las asociaciones reclaman que la Administración actúe ante el incumplimiento de las obligaciones de conservación. “El dueño del castillo está obligado por ley a ello. Si no lo hace, como es el caso, la Junta de Andalucía debe exigirle que lo haga e imponerle las multas pertinentes”, sostiene Amigos del Parque Natural. La organización también plantea que desde la Administración pública podría iniciarse un expediente de expropiación.

En su denuncia, ambas asociaciones rechazan que el reparto de responsabilidades entre propietarios y Administración sirva para prolongar el deterioro. “No podemos aceptar el típico peloteo entre Cultura y los propietarios en cuanto a las responsabilidades de mantenimiento como excusa de que esta vergüenza se mantenga”, sostienen. Pérez asegura que las asociaciones estudian ahora nuevas vías de presión y no descartan acudir a los tribunales o a la Fiscalía si no obtienen respuesta. “O hay una presión ciudadana o hay una denuncia ya ante la Fiscalía o lo que sea, o no sé, en la cuestión del patrimonio, pues no se mueven”, afirma.

El Ayuntamiento señala a Cultura

El Ayuntamiento de Níjar, gobernado por el PP, sostiene que tiene “pocas competencias” sobre el castillo al tratarse de un inmueble privado y protegido como BIC. El Consistorio asegura que está a favor de su conservación y puesta en valor y que está dispuesto a colaborar tanto con la propiedad como con otras administraciones. Inicialmente, el Ayuntamiento no tenía localizada ninguna solicitud concreta de rehabilitación, pero tras consultar con el concejal de Urbanismo confirmó a este medio que sí existe un expediente en tramitación relacionado con Cultura y que también hay contacto con la propiedad. El Consistorio no ha concretado el contenido del procedimiento.

La Junta de Andalucía, por su parte, ha sido mucho más escueta ante las preguntas de este medio. Cultura se limita a señalar que el castillo tiene propietarios privados y que son ellos quienes tienen la obligación de mantenerlo. La Administración autonómica no ha aportado información sobre el expediente mencionado por el Ayuntamiento ni ha detallado si ha realizado requerimientos, inspecciones, abierto expedientes sancionadores o dictado órdenes de conservación.

Es precisamente ahí donde las asociaciones sitúan el problema: no cuestionan que la conservación corresponda inicialmente a la propiedad, sino que reclaman que la Administración utilice los instrumentos que tiene a su alcance cuando esa obligación no se cumple. Para Amigos del Parque Natural y Amigos de la Alcazaba, el castillo de San Ramón es también un ejemplo del estado de conservación del patrimonio cultural del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. En su denuncia mencionan expresamente otros elementos como el castillo de San Pedro, Los Alumbres y Los Escullos, además de la arquitectura popular y el patrimonio relacionado con la cultura del agua.

“Nuestro parque natural es una de las joyas del patrimonio almeriense y uno de los iconos más reconocidos de nuestra provincia”, sostienen las asociaciones, que reclaman evitar que este patrimonio “se deteriore de forma irreversible”. Las dos organizaciones mantienen desde enero de este año un acuerdo de hermanamiento para unir esfuerzos en la defensa del patrimonio natural y cultural del Parque Natural. En el caso de San Ramón, mientras las asociaciones esperan una respuesta de Cultura, el Ayuntamiento confirma la existencia de un expediente y la Junta remite a la obligación de los propietarios. El castillo, entretanto, continúa frente a El Playazo de Rodalquilar, con los muros cada vez más erosionados y partes de su estructura ya desprendidas.

El Observatorio de Discriminación 2.0 registra un total de 140.081 menciones antigitanas a lo largo del primer semestre de 2026, lo cual ha impactado de forma directa en unos 3,3 millones de usuarios donde la negatividad es el sentimiento que predomina. Del total, el 87,37% de los comentarios se concentraron en la red social X y, en un 58,13%, los mensajes estaban relacionados con la ira o el asco. Una situación que califican como “preocupante” y para lo que se apuesta por un cambio en el imaginario colectivo desde Fakali.

La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali publicó el Informe de incidencia este lunes, para el que se ha servido de la inteligencia artificial con el objetivo de ampliar el campo de estudio a redes sociales, blogs y foros. La herramienta utilizada fue Mention, con la que se logró alcanzar las más de 140.000 menciones tanto en redes sociales como en material audiovisual. En paralelo, se utilizó Google Analitics para rastrear el contenido web, que recogió 2.836 publicaciones y entre las que se detectó 184 casos de posible antigitanismo, de los que se reportaron 101 publicaciones. “Es preocupante, pero no nos sorprende debido al clima social que hay ahora mismo”, explica a este medio Carmen Carbón, periodista y miembro del equipo de Comunicación de Fakali.

Una tendencia que coincide con el aumento de delitos de odio en Andalucía, entre los que el último informe del Ministerio del Interior destaca la islamofobia, el racismo y la discriminación de género, habiendo a nivel nacional un 23,6% más en 2025 y donde la tasa andaluza pasó del 2,59 al 3,40 con un total de 292 hechos conocidos. “Es más importante que nunca que hablemos de estas problemáticas en la sociedad con tal de tener redes y que nos mantengamos fuertes y unidas. El odio hace mucho ruido, pero nosotras somos muchas más”, subraya.

Cambiar el discurso

El Observatorio 2.0 sitúa el pico máximo de publicaciones antigitanas se dio en marzo cuando hubo 48 casos notificados, en cambio, el mínimo se dio en abril, con 18 detecciones, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano.

¿Por qué hubo tal ascenso? La concesión del Premio Goya a Mejor Actor Revelación al actor gitano Antonio Fernández Gabarre, oriundo del barrio madrileño de Cañada Real, removió a los internautas por el cambio de discurso que expuso ante el público. Al respecto, Carbón reflexiona sobre los estereotipos que arrastra el pueblo gitano frente a la reivindicación del joven: “Utilizó este pedazo de logro dentro de la industria del cine español como un altavoz para reivindicar a su familia y a su barrio, como pasó con Quique Sánchez Flores cuando entró al Sevilla”.

Una imagen que contrasta con la idea de “superación” del viaje del héroe clásico que sale de la marginación para triunfar según los estándares sociales, y más clasistas. “Cuando se habla del logro de una persona gitana se muestra como una flor en un campo de espigas, lo cual también es problemático, porque se retrata como alguien que se ha esforzado para salir de lo marginal, un ambiente que rechazamos”, indica.

“La otra representación de las personas gitanas en medios de comunicación y en las producciones culturales suele ser, históricamente, una relacionada con la criminalidad, dicen cosas como peleas de los clanes -una palabra estigmatizante- o con lo artístico. En el caso Antonio Fernández Gabarre, él no pretendía ser una flor en un campo de espigas ni deshumanizar lo marginal. Al contrario, sigue allí, en Cañada Real y está orgulloso de su gente”, mostrando la realidad del barrio que fue escenario de la película Ciudad sin sueño.

No obstante, el impacto de los mensajes basados en el odio antigitano produce “un alcance a una escala muy superior a la capacidad de respuesta de una sola organización”, indica el informe, al que se suma la acción de actores internacionales, como el racismo del que hizo gala el ministro húngaro János Lâzár, que vinculó a la población gitana con tareas de servidumbre. De ahí que las alianzas institucionales y el trabajo diario sean esenciales para quitar esta lacra: “¿Por qué tenemos que salir del barrio en vez de aspirar a vivir mejor en él? Una tarea que depende de las instituciones, como el suministro eléctrico o los servicios básicos, como la educación”.

Acciones en positivo

Con tal de ampliar el foco y presentar narrativas alternativas que rompan con los estereotipos, Fakali publicó 157 contenidos en sus perfiles sociales a lo largo de este último semestre que sumaron 1,7 millones de impactos positivos. Además, el Observatorio 2.0 contabilizó 388 menciones directas a la federación, cuya actividad reivindicativa por el 8 de abril en redes superó los 560.000 impactos. Un trabajo que tiene mayor repercusión en Instagram y Facebook, donde predomina la emoción de la alegría y para lo que, desde la asociación, determina que es “un entorno propicio para el contradiscurso, fidelización de la comunidad y construcción de narrativas”.

“Ahora se vienen elecciones y es importante que los derechos de todos queden asegurados y garantizados”, indica Carbón a tenor de la convocatoria de elecciones generales que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Quedan campañas pendientes desde la federación, adelanta, entre ellas, el 25N, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las mujeres, en la que resaltarán la imagen de las mujeres gitanas “como transmisoras de valores de solidaridad y sororidad frente al odio” o acciones divulgativas sobre la venta ambulante para derribar estereotipos, “pagan sus puestos en el mercado y reclaman los derechos como el resto del comercio, como un baño público, toldos o servicios sanitarios”. Una serie de iniciativas que toma a Fakali como “un órgano de referencia” para “construir un nuevo imaginario colectivo”.

Los ayuntamientos de Beas, Palos de la Frontera y Cortegana (Huelva) —todos gobernados por el Partido Popular (PP)— afrontan sendas investigaciones judiciales a raíz de las querellas presentadas por la empresa Emilivia Espectáculos S.L., dedicada a la organización y gestión de festejos taurinos. Los tres procedimientos penales se encuentran en fase de instrucción y tienen como denominador común las acusaciones de la mercantil sobre el supuesto “amaño” en la contratación pública de espectáculos taurinos.

Los juzgados de Aracena, Moguer y Huelva abrieron diligencias previas entre febrero y abril, y acordaron citar a declarar como imputadas a las alcaldesas de Cortegana, María del Mar Martín Florido, y de Palos de la Frontera, Milagros Romero Artero, así como a otros funcionarios municipales y empresarios relacionados con las adjudicaciones, mientras que el alcalde de Beas, José Leñero Bardallo, aparece como “persona querellada” en el auto judicial. En la lista de investigados también figura el exalcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, hoy senador por el Partido Popular.

En Beas y Palos de la Frontera, las diligencias se centran en la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa, mientras que en Cortegana la investigación contempla un posible delito de apropiación indebida, según consta en los autos de admisión a trámite a los que ha tenido acceso este periódico. Por el momento, solo han declarado los investigados en la causa que afecta al Ayuntamiento de Cortegana —lo hicieron el pasado 14 de septiembre— mientras que el resto de citaciones están pendientes de fechar.

Las tres causas parten de las acusaciones formuladas por la mercantil Emilivia, que sostiene que determinadas licitaciones fueron “amañadas” y diseñadas “a medida” para “beneficiar” a empresas concretas del sector taurino. Esas acusaciones, que se investigan ahora por la vía penal, se apoyan en resoluciones previas del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA), que declaró la nulidad de varios pliegos y procedimientos de contratación al encontrar irregularidades.

Este periódico ha contactado con los tres ayuntamientos implicados para recabar su versión de los hechos, pero tanto la alcaldesa de Cortegana como la de Palos de la Frontera han declinado hacer declaraciones al tratarse de un procedimiento judicial abierto. Solo se ha pronunciado el alcalde de Beas, quien aún no ha sido citado a declarar. Leñero Bardallo asegura que el Ayuntamiento remitió “hace ocho meses” el expediente de contratación solicitado por el juzgado y que desde entonces no ha recibido nuevas comunicaciones.

Un “flagrante incumplimiento” de la ley en Beas

En el caso del Ayuntamiento de Beas, Emilivia denuncia un “amaño” sistemático de los pliegos de licitación en favor de Ruedos del Sur Eventos 2016 S.L. para la organización de las capeas y festejos en el municipio. “Los querellados han venido amañando los pliegos que rigen todos los procedimientos de adjudicación durante más de 10 años, para que solo resulte adjudicataria la empresa Ruedos del Sur Eventos 2016 S.L.”, según sostiene la querella admitida a trámite.

La mercantil querellante concurrió a la licitación para la adjudicación del contrato de festejos taurinos tradicionales de agosto de 2025 y terminó impugnando el procedimiento ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales al apreciar “que se incluían criterios de puntuación y solvencia amañados para que resultara adjudicataria la misma mercantil de siempre”, según indica la denuncia.

De acuerdo con los hechos recogidos en la querella, después de que el TARCJA anulara los pliegos hasta en dos ocasiones, Emilivia obtuvo la mayor puntuación en el tercer concurso. Aun así, continúa el escrito, el Ayuntamiento “dejó en suspenso” formalmente el procedimiento y efectuó una adjudicación “a dedo” en paralelo, concediendo finalmente el contrato —previamente anulado— a Ruedos del Sur por valor de 145.200 euros, según señala la acusación.

La querella de Emilivia se sustenta en la resolución del TARCJA de 26 de septiembre de 2025, en la que el tribunal administrativo acordó dar traslado de las actuaciones a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción al apreciar un “flagrante incumplimiento” de la Ley de Contratos del Sector Público por parte del Ayuntamiento de Beas. Dicha resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, señala que el contrato de los festejos taurinos denunciados se adjudicó el 13 de agosto de 2025 sin haber culminado el procedimiento legalmente establecido y sin respetar el plazo de formalización de 15 días hábiles, de ahí que justifique la “gravedad” suficiente para activar la inspección de la Oficina Antifraude.

La empresa querellante utiliza precisamente este acuerdo de traslado en su querella criminal para argumentar que la actuación municipal rebasó la mera ilegalidad administrativa y constituye delito penal. Según se indica en la querella, una vez que Emilivia judicializó los hechos ante los juzgados de instrucción penal de Huelva, la Oficina Antifraude paralizó su procedimiento administrativo de investigación a la espera del pronunciamiento judicial. El TARCJA es un órgano administrativo especializado, cuya función directa es anular actos o pliegos ilícitos y derivar las irregularidades graves a los órganos de control.

El alcalde y la empresa niegan adjudicaciones “a dedo”

El juez titular del juzgado de Instrucción número 5 de Huelva admitió a trámite la querella el pasado 9 de febrero. A partir de ahí, solicitó al Ayuntamiento de Beas el expediente administrativo correspondiente a la contratación de los festejos taurinos de agosto de 2025, así como la documentación relativa al pago de 145.200 euros y otros documentos relacionados con la contratación. También requirió información sobre las adjudicaciones de festejos taurinos realizadas desde 2016 a efectos de comprobar si desde entonces “la única empresa adjudicataria de todos los festejos taurinos ha sido Ruedos del Sur Eventos 2016 S.L.”, tal y como se denuncia.

El auto pide citar a declarar al alcalde de Beas, José Leñero Bardallo, así como a seis funcionarios de la administración local que forman parte de la mesa de contratación del ayuntamiento de Beas, junto a Antonio Jesús Rodríguez y Eduardo Duarte, como responsables de Ruedos del Sur. La fecha queda pendiente de señalarse “una vez practicadas las anteriores diligencias”.

Desde Ruedos del Sur, Antonio Jesús Rodríguez Santana, uno de los representantes acusados, reconoce que lleva 16 años trabajando con el Ayuntamiento de Beas, pero niega que hayan existido contratos “a dedo” y defiende que los festejos taurinos se adjudican mediante licitaciones públicas. Rodríguez Santana sostiene que su empresa no participa en la elaboración de los pliegos y que las adjudicaciones corresponden exclusivamente a la mesa de contratación, formada por personal de la administración local.

En la misma línea se expresa el alcalde de Beas, quien tilda la querella penal de “disparate” y defiende que las decisiones de contratación se adoptan sobre la base de las propuestas de la mesa de contratación y de los informes que elaboran los técnicos municipales. El primer edil también niega que pueda atribuirse a su equipo de gobierno una práctica mantenida durante los diez años a los que alude la querella, ya que Leñero accedió a la Alcaldía en junio de 2023 y sostiene que durante la década anterior el municipio estuvo gobernado por dos alcaldes del PSOE. Según explica, el pliego utilizado para la contratación de los festejos taurinos “era el mismo” durante esos distintos mandatos.

Respecto a los procedimientos anulados, el responsable de Ruedos del Sur admite que en Beas se han cancelado 20 pliegos relacionados con festejos taurinos. En cuanto al procedimiento de 2025, afirma que la oferta presentada por Emilivia —a la que califica de “empresa fantasma”— fue descartada por no cumplir con ciertos requisitos económicos y por carecer de determinados informes necesarios para formalizar la solicitud. Según su versión, la mesa de contratación adjudicó “a última hora” el contrato a Ruedos del Sur por ser “la única empresa” que disponía de “la solicitud en Gobernación” y cumplía los parámetros requeridos.

Palos de la Frontera: 18 años de adjudicaciones a la misma empresa

En el caso de Palos de la Frontera, figuran como investigados la actual alcaldesa, Milagros Romero; el exalcalde y actual senador del PP Carmelo Romero Hernández; y Ricardo Bogado Gómez, quien fue primer teniente de alcalde, actualmente concejal de Obras y Urbanismo, Mercado y Movilidad, según figura en la página web del Ayuntamiento. La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Moguer los citó a declarar el 1 de julio, pero, según explica la acusación, la citación se suspendió a raíz de que el exalcalde alegara su condición de senador y, por tanto, de aforado.

La querella de Emilivia contra el Ayuntamiento de Palos sostiene que los festejos taurinos con ocasión de las fiestas de San Jorge y la tradicional Corrida Pinzoniana se adjudican de manera ininterrumpida a Taurina de Buendía S.L. desde 2007, año en que se inauguró la Plaza de Toros municipal de Palos de la Frontera, según los hechos denunciados. En la misma línea que la querella anterior, se afirma que los procedimientos habrían contado con pliegos diseñados “a medida” y valoraciones “arbitrarias”.

“Prueba de ello es que, durante 18 años en 36 licitaciones, la única adjudicataria de todos los contratos ha sido la citada mercantil Taurina de Buendía S.L.”, como señala la querella admitida a trámite el 22 de abril. También Emilivia denuncia haber sido excluida de la licitación de la Corrida Pinzoniana de octubre en 2025, después de presentar una propuesta con una nómina de matadores y rejoneadores que la empresa califica de “primer nivel”.

Esta redacción se ha puesto en contacto con el gerente y responsable de la empresa Taurina de Buendía, Jorge Fernández, conocido en el mundo taurino como Jorge Buendía, quien se ha mostrado dispuesto a dar su versión, sin que lo haya hecho hasta el momento. Por su parte, la alcaldesa de Palos de la Frontera ha declinado responder a las preguntas de este medio a fin de contrastar los hechos denunciados.

Apropiación indebida como “represalia”

La tercera investigación afecta al Ayuntamiento de Cortegana, cuya causa incorpora una acusación diferente: la posible apropiación indebida de una garantía provisional depositada por Emilivia para participar en el procedimiento de adjudicación de los festejos taurinos de septiembre de 2023.

En el auto firmado el 25 de febrero, la jueza del juzgado de Instrucción número 2 de Aracena cita a declarar en condición de investigados a la alcaldesa de Cortegana, María del Mar Martín Florido, y a Jorge Buendía, responsable de la empresa Taurina de Buendía, entre otros funcionarios municipales. La declaración se celebró el pasado 14 de septiembre, tras posponerse la citación prevista inicialmente para el 27 de abril.

Según la querella, la empresa solicitó en varias ocasiones la devolución de esa cantidad, la última vez, el 13 de noviembre de 2025. “Durante más de dos años los querellados han omitido el debido cumplimiento de su obligación deliberadamente, sin que pueda considerarse que se trate de un error, habida cuenta que los mismos son plenamente conscientes de las reiteradas solicitudes de devolución”, apunta la querella.

La mercantil atribuye esa retención a una supuesta “represalia” relacionada con los conflictos surgidos en los procedimientos de contratación de los festejos taurinos, que han impugnado ante el órgano administrativo en varias ocasiones. Según su versión, los responsables municipales habrían adjudicado “de forma directa y verbal” los festejos de septiembre de 2023 y 2025 a Taurina de Buendía S.L., empresa que, en palabras de la querellante, llevaba más de diez años resultando adjudicataria merced a “procedimientos amañados a su medida”, como denuncian en la misma línea que en las querellas anteriores.

La querella incluye también la exclusión “arbitraria” de la oferta presentada por Emilivia en 2025 con el pretexto de no acreditar la organización de 15 corridas de toros en los últimos cinco años, requisito “no exigible a empresas de nueva creación” (Emilivia se constituyó en 2022) y sin otorgar plazo de subsanación, según esgrime la acusación. La empresa querellante denuncia además que el consistorio habría impedido o dificultado el uso de la plaza de toros en otras fechas del año, garantizando la “exclusividad” de su uso a favor de Taurina de Buendía S.L.

Próximas querellas en dos ayuntamientos de Jaén

Las impugnaciones de contratos de festejos taurinos no se limitan a municipios gobernados por el PP. El alcalde de Beas sostiene que también se han producido conflictos en otros ayuntamientos gobernados por el PSOE, entre ellos Zalamea la Real y Aracena en Huelba, o La Algaba en Sevilla. Estas actuaciones, no obstante, corresponden a procedimientos administrativos de contratación y no han escalado a prodecimiento penal como en el caso de Beas, Palos de la Frontera y Cortegana.

Emilivia Espectáculos S.L. anuncia también sendas querellas contra responsables de los ayuntamientos de Baeza y Andújar, en la provincia de Jaén. Según la mercantil, en ambos municipios —gobernados también por el PP— el TARCJA habría anulado procedimientos de contratación de festejos taurinos y, posteriormente, los espectáculos habrían sido “adjudicados directamente” a otra empresa del sector, pese a las resoluciones del tribunal administrativo.

La empresa querellante sostiene que estos casos, junto a los de Huelva, evidenciarían un patrón en el que tres empresas del sector taurino se benefician sistemáticamente de adjudicaciones “directas” y elaboradas “a medida” por las administraciones locales.

Durante años tratamos la depuración como un trámite casi invisible. En una Andalucía castigada por la sequía, depurar mal deteriora ríos y acuíferos, frena la reutilización y pasa la factura a la ciudadanía. Depurar bien es seguridad hídrica y económica.

Ese principio choca con el recibo. Desde mayo de 2011, los hogares pagan un canon para financiar depuradoras y colectores. Al cerrar 2024 —último balance disponible—, la Cámara de Cuentas cifró en 678 millones de euros la desviación acumulada entre lo recaudado y lo ejecutado: el 47,5% de los cerca de 1.426 millones ingresados desde la puesta en marcha del canon.

También hay avances: en 2024 se ejecutaron 248,75 millones y la inversión comprometida alcanzó los 1.844,32 millones. Pero comprometer dinero no depura un metro cúbico; redactar un proyecto, tampoco. Incluso una obra terminada solo resuelve el problema cuando funciona y cumple.

Ese esfuerzo no borra la distancia entre recaudar y poner obras en servicio. En 2025 las cuotas subieron un 30%. El ciudadano paga; merece saber dónde va el dinero y cuándo terminan las obras. La Consejería debe publicar el balance de 2025.

La brecha no se queda en las cuentas: este verano volvió a alcanzar nuestras playas. No era la primera vez. Seis playas de Málaga cerraron en agosto por contaminación fecal tras lluvias; en Cádiz hubo cierres en cinco. Las causas fueron distintas, pero basta una bandera roja para vaciar terrazas y quebrar la confianza del visitante.

Está en juego una riqueza esencial. El turismo generó en 2025 más de 30.000 millones y sostuvo 482.000 empleos. El saneamiento la protege. En la costa hay viviendas sin alcantarillado, con fosas sépticas. Si fallan las redes o las fosas filtran agua sin tratar, el daño entra en las casas y en la economía.

Tras las cifras aparece un problema que no es solo de dinero, sino de gobernanza y lentitud administrativa

Tras las cifras aparece un problema que no es solo de dinero, sino de gobernanza y lentitud administrativa. La Sentencia 1180/2025 del Supremo lo aclara en Íllora. La Junta había declarado las obras de interés autonómico y asumido su ejecución. Tras años de espera, el tribunal eximió de sanción al Ayuntamiento por estado de necesidad: sin depuradora, la alternativa sería retener las aguas residuales en casa. No crea una exención general, pero impide que la Administración responsable incumpla y pase la sanción al consistorio.

La demora cuesta millones. España ha pagado cerca de 90 millones en multas europeas por no depurar. Solo Alhaurín el Grande supone unos 1,2 millones al año. Duele pensarlo: ese dinero no mejora un tratamiento, no sanea un cauce ni recupera una gota. Se consume en sanciones mientras la obra sigue pendiente.

A esa factura se suma una decisión desconcertante: el Decreto-ley 1/2026 permite destinar el canon a cauces, infraestructuras de regulación y caminos del dominio público hidráulico. Son obras necesarias, claro, pero el canon se cobra para sanear y depurar. Cambiar su destino exige explicaciones, trazabilidad y una garantía: no aplazar otra depuradora.

Proponemos una mesa técnica entre la Junta, las entidades locales y los operadores públicos para construir las depuradoras pendientes y gestionarlas bien

Frente a este panorama hay salida. Proponemos una mesa técnica entre la Junta, las entidades locales y los operadores públicos para construir las depuradoras pendientes y gestionarlas bien. No queremos repartir culpas; queremos desbloquear expedientes y garantizar personal, mantenimiento y controles.

La propuesta tiene antecedentes. En 2011 AEOPAS planteó movilizar 638 millones mediante operadores públicos para acelerar unas 300 actuaciones. Cuatrecasas avaló la fórmula. Había una vía; faltó recorrerla.

Recuperarla exige agilizar contratos y expropiaciones. Un proyecto puede consumir ocho años de trámites; algunos llevan más de veinte. También hay que auditar el dinero, explicar los retrasos y actualizar el balance hídrico. Demasiadas depuradoras siguen bajo sospecha comunitaria, con riesgos para la salud, el medio ambiente y el turismo.

La urgencia crece: Europa ya fija nuevos deberes. La Directiva (UE) 2024/3019 incorpora el control de microcontaminantes, impulsa la neutralidad energética y extiende la depuración a núcleos menores. España deberá incorporarla antes de agosto de 2027. Aún resolvemos lo antiguo y lo nuevo llama a la puerta.

Por eso resulta tremendo repetirlo. El éxito no está en la cinta que se corta ni en la cifra anunciada, sino en los vertidos que se evitan, los ecosistemas que respiran y el agua que vuelve a servir. Depurar cuesta, claro. Pero recaudar sin ejecutar, pagar multas, cerrar playas y desperdiciar agua cuesta mucho más. Ese es el coste de no depurar. Lo pagamos todos.

Luis Babiano es Gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento AEOPAS

El equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla ha vetado la presentación en sus instalaciones de Feministas Frente al Fascismo, un espacio plural de reflexión y acción conjunta del movimiento feminista de Sevilla, en el que participan personas de la sociedad civil, incluyendo la propia academia.

Parece incomprensible y lamentable que una universidad pública ponga límites al debate y la reflexión crítica acerca de los problemas que afectan a la sociedad, los nuevos retos a que se enfrenta o los distintos marcos ideológicos que son pertinentes para explicarlos. La Universidad de Sevilla tiene una función social que no debe eludir, que está en su identidad y aparece definida en sus propios estatutos, incluyendo entre sus objetivos “el impulso de la libertad de pensamiento, la participación, la innovación y el espíritu crítico y riguroso, generando espacios de creación y difusión de pensamiento crítico”.

En sólo diez días, tres mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España, 39 en lo que va del año 2026, ocho en Andalucía. Estos hechos dramáticos son sólo la punta del iceberg de las desigualdades por razón de género y las violencias machistas que todavía existen en nuestra sociedad y de las que nuestra propia universidad ha tenido dolorosas muestras. Y, sin embargo, en estos momentos el avance de ideologías autoritarias hace peligrar las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género, o la salvaguarda de los derechos sexuales y reproductivos, entre otros derechos conquistados.

El feminismo no puede permanecer impasible ante el resurgimiento del fascismo, que conculca derechos y libertades allá donde gobierna. Lo que está en riesgo son los propios principios y valores democráticos, que la sociedad civil tiene el deber de defender. Nuestra universidad tampoco puede sustraerse de esta responsabilidad

El feminismo no puede permanecer impasible ante el resurgimiento del fascismo, que conculca derechos y libertades allá donde gobierna. Lo que está en riesgo son los propios principios y valores democráticos, que la sociedad civil tiene el deber de defender. Nuestra universidad tampoco puede sustraerse de esta responsabilidad, como institución pública que es y porque, además, tiene en la memoria los dramáticos efectos de su llegada al poder: represión, encarcelamiento, expulsión, asesinato y exilio de miembros de esta comunidad tras el golpe de estado del que se acaban de cumplir 90 años.

Es exigible de una universidad con más de 500 años de existencia que sea fiel a sus principios y valores, así como a su propia historia de lucha por las libertades democráticas cuando carecíamos de ellas. Debe pedir disculpas por una decisión equivocada y proclamar su apoyo al debate plural, su aliento al pensamiento crítico y su defensa de la equidad de género. Pero no sólo con palabras, sino también con hechos. Nos va la esencia como universidad pública en ello.

Acabamos de conocer el informe de fiscalización (JA 09/2025) de la Cámara de Cuentas de Andalucía del pasado 15 de septiembre, que trata sobre la sustitución del control previo por el control financiero permanente en diversos ámbitos del sector público de competencia de la Junta de Andalucía. El ámbito temporal de su fiscalización alcanza cinco ejercicios, de 2020 a 2024.

Antes de adentrarnos en su análisis y conclusiones es necesario recordar que el control interno es competencia de la Intervención General de la Junta de Andalucía y tiene el cometido principal de comprobar que el funcionamiento del sector público se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios de legalidad, eficacia, economía, eficiencia y buena gestión. Dichas comprobaciones pueden ser realizadas conforme a dos modalidades: a) el control previo, también conocida como fiscalización previa, anterior a contraer obligaciones económicas, el que es realizado ex ante y, en consecuencia, tiene carácter suspensivo, impidiendo realizar la actuación y b) el control financiero posterior, que es ex post y no tiene tal carácter suspensivo.

También debe decirse que la normativa vigente contempla determinados supuestos en los que el control previo puede ser sustituido por el financiero posterior, pero siempre mediando el correspondiente acuerdo del Consejo de Gobierno que debe incluir necesariamente la motivación que justifica tal decisión.

Pues bien, en estos cinco ejercicios la presidencia del señor Moreno Bonilla ha adoptado 22 acuerdos de sustitución del control previo por el financiero posterior, de los que 17 tenían como argumento principal la agilización de la tramitación de los expedientes y conseguir una mayor eficacia en la gestión, pero que han sido aprobados sin una delimitación temporal de su vigencia, ni una cuantificación global de los importes presupuestarios afectados, con unas motivaciones genéricas y no acompañándose de criterios o indicadores adecuados para valorar la idoneidad de la decisión adoptada.

Igualmente es conveniente advertir de antemano que dicha sustitución ha afectado a áreas de gestión especialmente sensibles, tales como son el SAS, determinados gastos de personal y líneas de ayudas y subvenciones de carácter educativo y social. Según el informe, la cuantía afectada en la fiscalización alcanza al menos los 38.000 millones de euros.

Dicho lo anterior es hora de exponerles sucintamente las principales conclusiones:

Es urgente ir más allá, saber qué hay detrás de tales incumplimientos, si se ha vulnerado o no la jurisprudencia existente en materia de fraccionamiento de contratos y la eventual aplicación del art. 404 del Código Penal

Cuando he terminado de leerlo debo confesarles que me he sentido afectado porque me ha reavivado los rescoldos que aún guardo de aquellos pronunciamientos judiciales que tuvieron como causa principal los ERE en Andalucía y que, siguiendo el argumento judicial expuesto en distintas sentencias dictadas por la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo, basaron sus fallos condenatorios en que el Consejo de Gobierno ideó un cambio para la Agencia IDEA (de entonces), similar al que ahora han adoptado, a sabiendas de que relajaba de manera premeditada el control previo. Que de haberse mantenido así habría podido evitar la importante fuga de fondos por una actuación ex ante de los interventores.

Entonces, ¿y ahora qué? ¿Qué hemos aprendido de aquello? ¿Nada?

Creo que esto no puede quedar ahí, es urgente ir más allá, saber qué hay detrás de tales incumplimientos, si se ha vulnerado o no la jurisprudencia existente en materia de fraccionamiento de contratos y la eventual aplicación del art. 404 del CP en cuanto al delito de prevaricación, de la posible malversación de caudales consecuencia del anterior, si se han dado supuestos de tráfico de influencias en la adjudicación de dichos contratos o concesión de las ayudas, o fraudes por falta de objetividad en los precios aplicados. En definitiva, hay que reclamar transparencia.

Por eso ahora toca pedir explicaciones a quienes gestionan de esta manera, porque son los mismos que entonces denunciaron la causa de los ERE y las ayudas sociolaborales y desde el ejercicio de la acusación particular consiguieron apuntalar el referido argumento en esas instancias judiciales. Porque entonces predicaban (criticando) y ahora no dan ejemplo (hacen lo mismo).

Mientras no las den estimo necesario apelar a la coherencia, en todos los órdenes, también en la política. Ya nos dijo San Francisco de Asís que «predicar con el ejemplo es la única forma de predicar», que el valor radica en actuar conforme a lo que uno piensa.

También vendría al caso aquel otro argumento de autoridad atribuido A. Einstein que nos dice que aquello de «dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera».

La plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella (Málaga), en funciones de guardia, ha decretado este pasado sábado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido por la muerte de un cirujano plástico en dicha localidad malagueña. Se trata de un joven de nacionalidad sueca, supuestamente llegado de ese país con el encargo de cometer el crimen.

Según han confirmado fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press, el joven de 18 años pasó a disposición judicial durante la jornada de este pasado sábado, 10 de octubre, donde se ha decretado finalmente su ingreso en prisión tras haberse producido su detención el pasado jueves, 8 de octubre. Fue detenido en un piso turístico de Benalmádena, a unos 15 kilómetros de Marbella, pocas horas del suceso.

En contexto, la Policía Nacional inició una investigación tras producirse la muerte a tiros de Alexander Aslani, un reputado cirujano plástico el pasado miércoles sobre las 18:00 horas en Marbella. La víctima, de 57 años y nacionalidad alemana, recibió varios impactos en la cabeza cuando estaba en su clínica. Los sanitarios que atendieron al facultativo no pudieron estabilizarlo y falleció.

La investigación, que sigue abierta, descartaba inicialmente que este suceso estuviese vinculado con el crimen organizado, según apuntaron fuentes cercanas al caso. La causa está declarada secreta, según confirmaron fuentes policiales. La hipótesis principal es que el asesino fuese un sicario contratado por algún cliente insatisfecho.

La Audiencia de Málaga ha impuesto a unos padres la pena de siete años de prisión a cada uno por abandonar a la bebé que la mujer acababa de dar a luz un día del mes de octubre en un descampado y de madrugada.

El juicio se celebró el pasado mes de febrero en la Audiencia malagueña, pero la sentencia no es firme, ya que fue recurrida y los recursos presentados se encuentran en tramitación aún, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

Según considera probado la Sala de Málaga, un día de octubre de 2023, los procesados habían quedado para verse en la capital malagueña para asistir a un evento deportivo, procediendo él de Fuengirola y ella desde Córdoba.

Esa misma noche la mujer dio a luz y poco después, de madrugada, dejó a la bebé abandonada en una explanada de hormigón ubicada en las cercanías de la estación de tren Victoria Kent de Málaga, “no obstante ser conscientes de la posibilidad de que la misma falleciera”.

“Dicho abandono se materializó, exclusivamente, por la procesada, cubriendo a la bebé con una toalla y con una especie de sudadera que encontró por el camino hasta llegar a unos setos existentes en las inmediaciones”, dice la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, que precisa que la niña fue localizada con vida.

La resolución añade que ninguno de los dos procesados llamó a los servicios sanitarios de urgencia, como sí hicieron antes cuando ella experimentó dolores de parto; ni tampoco solicitaron auxilio de alguna persona que pudiera encontrarse por el lugar en el que habían dejado a la niña.

Dos horas después, los dos procesados se dirigieron a la mencionada estación de tren a fin de tomar el Cercanías que les llevó hasta la localidad malagueña de Fuengirola, yendo, posteriormente, a la vivienda del procesado, donde estuvieron hasta el día después, cuando ella regresó a Córdoba.

Cambiaron de teléfono

Durante todos estos intervalos de tiempo ninguno de los dos puso en conocimiento de ninguna autoridad, servicio sanitario o terceros de cualquier otra consideración la realidad del abandono llevado a cabo. Aunque fue la mujer quien la abandonó, la sentencia señala que el hombre no adoptó ninguna medida para evitar que ella lo hiciera.

Posteriormente, en fechas próximas a tal día ambos procesados procedieron a cambiar de número de teléfono móvil con la intención de no ser localizados, ya que la mujer se había enterado por las redes sociales de que la bebé no había fallecido y que había sido encontrada con vida por la mañana por una tercera persona en el lugar en el que ella la había abandonado.

Por estos hechos se condenó a ambos como autores de un delito de homicidio en grado de tentativa y se le impuso a cada uno la pena de siete años de prisión, la prohibición de aproximación a la víctima durante diez años y la medida de libertad vigilada, tras la prisión, por tiempo de diez años.

Homicidio en grado de tentativa

Para la Sala de Málaga, no es un delito de asesinato y, por tanto, no puede tener concurrencia la circunstancia de alevosía, y considera que resulta “indiferente” que la procesada supiera o no que estaba embarazada o que el procesado dijera que no le notó síntomas de embarazo.

Sí se trata de un delito de homicidio porque considera el Tribunal que a ambos se le tuvo que representar “la posibilidad cierta” de la muerte, debido al abandono; la hora en que se produjo; el momento --el mes de octubre--; las condiciones climatológicas propias de esa fecha y la probabilidad de que no fuera encontrada con vida.

“Afortunadamente, no se produjo la muerte de la bebé”, expresa la Sala, que apunta en su resolución que la bebé fue encontrada con vida sobre las 08:00 horas, porque, se añade, la temperatura en Málaga esa madrugada era de aproximadamente 21 grados centígrados.

Señala a las contradicciones entre ambos acusados, cuando ella a pregunta de su letrada declaró que pensó que la bebé estaba muerta, porque ni lloraba ni tenía los ojos abiertos, y la del acusado que señaló que la mujer le dio el pecho antes de dejarla.

El Tribunal recuerda que los dos procesados reconocieron que se había producido el alumbramiento y que la dejaron en el descampado, por lo que considera que “resulta evidente que el comportamiento consistente en el abandono de la bebé recién nacida comportaba la representación de que la misma podría perder la vida”.

“No obstante, no les importó a ninguno de los dos procesados asumir tal eventualidad”, señala la sentencia, en la que se descarta que se trate solo de un delito de abandono de menores y también que concurran circunstancias que atenúen la pena de intoxicación etílica u obcecación.

Además de la pena de prisión, se le aplica la pena de privación de la patria potestad en el caso de la madre, pero también respecto del procesado, para el supuesto de que el mismo, finalmente, fuera el padre de la bebé, algo que él ha negado en todo el procedimiento judicial.

El delegado municipal de Vivienda en el Ayuntamiento del municipio malagueño de Benalmádena, José Luis Bergillos, ha calificado “como una puta sinvergüenza con miles de euros en el banco” a Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada en Madrid y disparó las protestas en toda España por las dificultades para acceder a una casa. El concejal ha pedido disculpas y ha asegurado que la intención “era denunciar el uso partidista” que se pretende de este problema, mientras que desde el grupo municipal de IU y Podemos se ha reclamado su cese por su “actitud indecente”.

El incidente lo ha denunciado el portavoz del grupo municipal de IU y Podemos, Enrique Pablo Centella, que ha abandonado el Consejo Sectorial de Vivienda al producirse estas afirmaciones cuando han salido a colación los decretos Maricarmen. “Es inadmisible”, ha aseverado, al tiempo que ha dicho no entender “cómo Bergillos ha podido comprar los bulos de la extrema derecha y lanzar los insultos que ha lanzado”, por lo que ha considerado que “debe ser cesado inmediatamente”.

Por su parte, la coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, ha abundado en que tras lo ocurrido el concejal de Vivienda “debe ser cesado por su alcalde”. “Esto es el PP, no sólo impiden que se prohíban los desahucios y se prorroguen contratos de alquiler, sino que encima insultan y siembran el odio contra las familias desahuciadas”, ha criticado.

“No es mi forma de ser”

“Desde IU lo volvemos a decir, o se está con los rentistas y especuladores o se está con las familias trabajadoras. Hechos como el de hoy en Benalmádena no pueden pasarse por alto y no caben en un país que vele por los intereses de la ciudadanía. Es inadmisible”, ha añadido.

El propio Bergillos ha reconocido los hechos y, en un comunicado, ha mostrado sus “sinceras disculpas” ante sus “desafortunadas declaraciones”. El edil ha explicado que en todo momento su intención era “denunciar el uso partidista, que se está pretendiendo hacer de uno de los principales problemas que sufre nuestro país, como es la necesidad de vivienda”, pero “tengo claro que he cometido un grave error y ni es mi forma de ser, ni de proceder, por ello quiero pedir disculpas”, ha concluido.

Agentes de la Policía Nacional mantienen abierta una investigación en relación con la muerte de un hombre, de 57 años, en la tarde de este miércoles, tras una agresión con arma de fuego en el municipio malagueño de Marbella, según han confirmado fuentes policiales. Fuentes del caso señalan que la víctima sería un cirujano plástico que habría recibido varios disparos en la cabeza en la clínica en la que trabajaba.

Los hechos han tenido lugar sobre las 18 horas en la citada localidad malagueña. Al parecer, el fallecido ha recibido varios impactos en la cabeza. Los sanitarios que lo han atendido no han podido estabilizarlo y ha fallecido, según han apuntado las citadas fuentes. La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos y, de momento, no se han producido detenciones.

Este suceso se une al que ha ocurrido horas antes, cuando la Policía Nacional ha detenido a dos personas y ha intervenido varias armas de fuego tras una riña entre dos familias en La Palmilla, en Málaga capital, en la que se han producido varias detonaciones.

Así, según han confirmado fuentes policiales, sobre las 15.10 horas se ha producido una riña entre dos familias en el citado lugar, momento en el que se han producido varias detonaciones sin que haya que lamentar heridos.

El Gobierno andaluz aspira a que madure y se consolide el ecosistema de capital riesgo de la comunidad, para que así más empresas tengan acceso a una financiación que no encuentran en el sector bancario convencional. Para avanzar en este objetivo, se han presentado tres nuevos fondos que estarán operativos antes del 31 de diciembre y que aspiran a permitir avanzar a unas 60 empresas con proyectos innovadores, lo que se traducirá a su vez en la creación de unos 2.000 nuevos empleos.

Éstas son las cifras que ha puesto sobre la mesa el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, que ha presidido el lanzamiento de estos tres nuevos productos diseñados con la colaboración público-privada como telón de fondo. Esto se concreta en que la Junta aporta 58,8 millones de euros, mientras que las tres gestoras de capital privado que moverán estos fondos pondrán casi 18 millones de euros. La suma asciende a 76,72 millones, con la que se ha hecho la previsión “conservadora” de que movilizarán 150 millones de inversión empresarial.

Estos fondos de capital riesgo, diseñados sobre todo para pequeñas y medianas empresas (pymes), permitirán darle alas a “proyectos de vanguardia y punteros” aportando fondos –vía por ejemplo ampliaciones de capital o préstamos participativos– a los que las compañías no pueden acceder en el sector bancario por la singularidad no exenta de riesgo de sus apuestas empresariales. Esto además camina en la dirección del objetivo que se marca Paradela, que Andalucía “sea a gran región industrial y tecnológica del sur de Europa”.

Mecanismo competitivo

La encargada de diseñar estos productos financieros ha sido Andalucía Trade, la agencia para la Transformación y el Desarrollo Económico de la Junta, que abrió un proceso de licitación tras el cual se seleccionó para la gestión de los fondos a Mar Océana Venture Capital Investments, Alter Capital Desarrollo y Quadriga Asset Managers. Esto permitirá aportar financiación a proyectos innovadores que, de otra manera, lo tendrían imposible para desarrollarse o crecer.

Entre estos tres fondos, uno para startups y dos de expansión, la Junta aportará 63,72 millones de euros, y los 13 restantes hasta alcanzar los 76,72 anunciados se distribuirán de acuerdo a un mecanismo competitivo. Esta cantidad se centrará en los fondos de expansión y se repartirán en proporción al nivel de ejecución alcanzado a los 18 meses desde el lanzamiento, favoreciendo así al fondo que haya demostrado una mayor capacidad de inversión y movilización de recursos.

El periodo de inversión de los tres fondos llega hasta el 31 de diciembre de 2030, mientras que el periodo de desinversión se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2034. Esta nueva oferta para la financiación de pymes especializadas llega tras una convocatoria anterior en la que, según la Junta, se ha conseguido casi duplicar las inversiones en capital riesgo en la región pasando de 18,4 millones de euros en 2024 a 34,7 millones el año pasado.

“Cubrir un fallo en el mercado”

La aportación público-privada en capital riesgo se tradujo en la legislatura anterior (2022-2026) en 520 millones de euros de financiación adicional. La experiencia hasta la fecha se considera muy positiva si se tiene en cuenta que el 92% de las empresas que han accedido a estos fondos siguen vivas cinco años después.

El director general de Andalucía Trade, Antonio Castro, ha apostillado que estos productos no nacen para competir con el sector privado, sino para “cubrir un fallo en el mercado” ya que se calcula que hay una carencia de financiación de al menos 100 millones de euros. De ahí también la apuesta por dejar la gestión de los fondos “en manos de profesionales acreditados”, gestoras de capital privado que hacen de intermediarias y que se llevan “el impacto mayor” si una empresa no cuaja.

La entidad financiera amplía su presencia en el territorio tras su implantación en Sevilla, Córdoba y Almería, certificando su vocación de servicio y modelo de negocio centrado en la atención cercana y el asesoramiento personalizado con sus socios y clientes. Eurocaja Rural cuenta ya con una red comercial de 526 oficinas en 11 comunidades autónomas y 29 provincias.

La nueva oficina, situada en la Avenida de la Constitución número 26, nace con el objetivo de acercar servicios financieros de calidad a ciudadanos, empresas y administraciones públicas, apostando por un modelo de atención personalizado y accesible. La entidad mantiene además su compromiso de ofrecer atención presencial sin derivar a los clientes exclusivamente al uso de cajeros automáticos ni restringir el servicio de caja a horarios limitados.

La oficina de Granada cuenta con horario de apertura al público de 8:30 a 14:00 horas de lunes a viernes, y al frente de la misma se encuentra Emilio Daniel Arribas Blanco, acompañado por los gestores comerciales Francisco Moreno Velasco y Juan José Flores González.

Con esta apertura, Eurocaja Rural acerca a Granada una oferta financiera integral adaptada a cada perfil de cliente, con soluciones de crédito y liquidez, financiación personalizada, productos de ahorro e inversión, seguros, medios de pago y las últimas herramientas de banca digital.

Un modelo basado en la cercanía y asesoramiento personalizado

La entidad continúa apostando por una banca centrada en el trato directo y humano, convencida de que la actividad financiera requiere un asesoramiento profesional y personalizado. Su propuesta combina la atención presencial en oficina con herramientas digitales que facilitan la operativa de los clientes, ofreciendo una experiencia omnicanal adaptada a las nuevas necesidades del mercado.

La apertura de Granada se enmarca en el Plan de Expansión iniciado por Eurocaja Rural en 2011 potenciando su compromiso con la inclusión financiera y reforzando su capacidad de atención tanto en municipios como en áreas urbanas que han visto disminuir su cobertura bancaria en los últimos años debido al progresivo cierre de oficinas y reducción de servicios financieros.

En palabras del director general, Víctor Manuel Martín López, “esta nueva oficina en Granada representa un paso más en nuestra estrategia de crecimiento y, sobre todo, en nuestro compromiso por estar cada vez más cerca de las personas. Llegamos a esta ciudad con la voluntad de ofrecer una banca diferente, basada en la cercanía, la confianza y el asesoramiento personalizado, valores que forman parte de la esencia de Eurocaja Rural desde sus orígenes. Ofrecemos una mayor autonomía, inmediatez y flexibilidad en la operativa y gestión financiera de socios y clientes. Granada es una provincia con un enorme potencial económico y social, y queremos convertirnos en un aliado financiero de referencia para sus ciudadanos, empresas y administraciones públicas. Nuestro objetivo no es únicamente abrir una oficina, sino establecer una relación duradera con nuestros socios y clientes, acompañándolos en cada etapa de sus proyectos y necesidades”.

Atención social y asistencial en Andalucía

La implantación de Eurocaja Rural en Granada viene acompañada de la proyección de su modelo de banca socialmente responsable. A través de su Fundación y del Fondo de Educación y Promoción (FEP), la entidad desarrolla programas que impulsan la inclusión social, el acceso al empleo, el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad y la colaboración activa con asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.

Entre los proyectos más destacados figuran las Ayudas Sociales, que en 2025 beneficiaron, entre otras entidades, a Daño Cerebral Córdoba y a la Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple. Asimismo, impulsa el programa ‘Workin’, destinado a favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad.

Otro de sus proyectos emblemáticos es la Carrera Solidaria contra la ELA, cuya recaudación se destina íntegramente a programas asistenciales para personas afectadas por esta enfermedad y a iniciativas de investigación. La edición de 2026 se celebrará el próximo 4 de octubre en Toledo y contará entre las entidades beneficiarias con ELA Andalucía. La convocatoria de 2025 logró cifras récord, superando los 5.300 participantes y alcanzando una recaudación de 103.400 euros.

Presencia consolidada en Andalucía

La implantación andaluza de Eurocaja Rural comenzó en septiembre de 2025 con la apertura de su primera oficina en Sevilla. Posteriormente se incorporaron las oficinas de Córdoba y Almería, a las que ahora se suma Granada, fortaleciendo su presencia en la comunidad autónoma y reafirmando su modelo de banca cercana, sostenible y comprometida con el desarrollo de los territorios.

En la actualidad, la entidad opera en Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Castilla y León, La Rioja y Aragón. El Grupo Económico Eurocaja Rural cuenta además con más de 1.400 profesionales.

Con esta nueva apertura, la entidad continúa avanzando en su estrategia de crecimiento y reafirma su apuesta por una banca próxima, accesible y socialmente responsable, capaz de generar valor económico y social allí donde desarrolla su actividad.

Eurocaja Rural avanza en su expansión nacional y abre nueva oficina en Almería, ubicada en Calle Federico García Lorca, número 75, lo que permite a la entidad proseguir su Plan de Expansión en Andalucía con el objetivo de atender las necesidades financieras, sociales y asistenciales de los ciudadanos, sin enviar a los clientes al cajero ni limitar el servicio de caja a un horario restringido.

Según informa la entidad en una nota de prensa, la oficina de Almería cuenta con horario de apertura al público de 8:30 a 14:00 horas de lunes a viernes, y al frente de la misma se encuentra Nicolás Parrilla Sánchez, junto a los gestores comerciales Francisco de Asís Hueso Miras y Carmen Armada Aceña. Desde esta oficina Eurocaja Rural ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros a la medida de los requerimientos de socios y clientes, sean autónomos, pymes, sector primario, Administraciones Públicas o particulares, como soluciones de liquidez y crédito, líneas de financiación personalizadas, banca digital, medios de pago, productos de ahorro, seguros o asesoramiento en materia de inversión, entre muchos otros.

Todo ello bajo un modelo de atención que prioriza el trato cercano, humano y directo, pues la entidad financiera entiende que la propia actividad del sector financiero requiere de un asesoramiento detallado de los productos y servicios que se proporcionan, garantizando una experiencia omnicanal que combina las ventajas de la oficina física con la comodidad de los canales digitales.

La nueva oficina permite a la Entidad proseguir su Plan de Expansión puesto en marcha en 2011 con el objetivo de combatir la recesión económica, la exclusión financiera y la reducción de oficinas que ha prevalecido en el sector los últimos años. También presente en las grandes ciudades, ya que muchos de sus barrios o distritos se han visto seriamente afectados por el cierre masivo de oficinas los últimos años. Almería se convierte así en la vigésimo octava provincia en sumarse a los territorios donde la red comercial implantada alcanza ya las 525 oficinas.

Actualmente, Eurocaja Rural es la única referencia financiera en 73 localidades, beneficiando a más de 89.000 personas, y cuenta además con otras 266 oficinas en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, que atienden a más de 550.000 clientes en zonas en riesgo de exclusión financiera.

Compromiso social en Andalucía

La llegada de Eurocaja Rural a Almería no solo supone la apertura de una nueva oficina, sino también la extensión de su compromiso social. A través de su Fundación y del Fondo de Educación y Promoción (FEP), la Entidad impulsa programas de apoyo a colectivos vulnerables, fomento del empleo, inclusión social y colaboración con asociaciones sin ánimo de lucro, ratificando su responsabilidad como banca socialmente responsable, orientada a generar impacto positivo y crecimiento sostenible.

Entre las iniciativas desarrolladas por la Fundación Eurocaja Rural destacan las Ayudas Sociales (en 2025 fueron beneficiarias las asociaciones Daño Cerebral Córdoba y Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple), las Ayudas ‘Workin’ para fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad, o acciones solidarias como la Carrera contra la ELA, cuya recaudación se destina íntegramente a programas de asistencia para personas afectadas por la ELA y sus familias, así como a proyectos de investigación promovidos por las entidades beneficiarias. La edición de este año se celebra el 4 de octubre en Toledo y tiene entre las entidades beneficiarias a ELA Andalucía. Significar que la edición de 2025 marcó un nuevo hito en esta prueba al superar los 5.300 inscritos y alcanzar una recaudación récord de 103.400 euros destinados a la lucha contra esta enfermedad neurodegenerativa, reflejo del creciente compromiso de la sociedad con esta causa. La colaboración mediante el dorsal cero continúa abierta en la web https://fundacioneurocajarural.es/

Presencia red comercial desde 2025

Eurocaja Rural abrió su primera oficina en Andalucía en la ciudad de Sevilla en septiembre de 2025, poniendo en marcha así su ambicioso Plan de Expansión en esta comunidad autónoma. A finales de año amplió su presencia en la comunidad andaluza tras la apertura en diciembre de la oficina de Córdoba, ratificando su implicación por acercar su modelo de banca cercana y comprometida a nuevos territorios.

Actualmente, Eurocaja Rural se encuentra presente en 11 comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, La Rioja y Aragón) y 29 provincias del territorio nacional. Su red comercial alcanza las 525 oficinas y el Grupo Económico Eurocaja Rural integra a más de 1.400 profesionales.

Con esta nueva implantación, Eurocaja Rural prosigue su expansión por el territorio andaluz y refuerza su compromiso con una banca cercana y socialmente responsable, orientada a generar impacto positivo y crecimiento sostenible.

Imagine que pueda producir, consumir, almacenar y vender energía renovable de forma colectiva. Se trata de una fórmula que ya existe: las comunidades energéticas y en la que España avanza con la presencia de 837 durante el año pasado. Un ámbito que Andalucía impulsa cada vez más, pero para la que hay serias trabas legales y administrativas que están a la espera de la aprobación de un real decreto ley específico que aporte un marco jurídico estable y que dé a los ayuntamientos mayores competencias.

Esta fue una de las claves analizadas durante la III Cumbre de Comunidades Energéticas, organizada por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y la Agencia Andaluza de la Energía que este miércoles tuvo lugar en Sevilla. Una cita en la que la región tiene mucho que aportar, ya que, como comentó Jorge Paradela, consejero de Universidades, Industria, Energía e Innovación durante la inauguración, se ha superado para este año las expectativas en cuanto a la generación de energía con instalaciones colectivas, con 68 megavatios (MW) de potencia y 1.776 instalaciones.

“Las energías limpias no son solo la fórmula para la transición energética sino una gran palanca de industrialización en Andalucía”, pasando de 2023 a 2026 a ser “la primera comunidad en potencia renovable instalada”, aportando el 25% en el país y el 37% en este último trimestre. “Sin Andalucía no hay transición energética a nivel nacional”, destacando que de los 20 MV generados, 14 de ellos proceden de la fotovoltaica. Además, un 11,5% procedente del autoconsumo gracias a las 213.000 instalaciones que hay repartidas por el territorio.

“Andalucía tiene una hoja de ruta”

Pero, ¿qué ocurre con las comunidades energéticas? Paula Santos, directora de Comunidades Energéticas y Electrificación de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), señala que “el claro avance es en el número total de comunidades energéticas, 837, que la hemos visto en tres años”.

Además, las ayudas económicas fueron un punto de inflexión para las entidades, pese a que “no haya un marco normativo muy estructurado, si bien están definidas en el sector energético”. El informe anual de ECODES hace referencia a la participación de los ayuntamientos, donde destaca Canarias, aunque Andalucía no se queda atrás: “La transición energética se hace escuchando al territorio y con las corporaciones y ciudadanía y pymes”.

Acerca de la “democratización de la energía”, destaca que la comunidad autónoma ha hecho un “acompañamiento esencial”, tanto para difundir este ecosistema y colaborar con las empresas instaladoras, por ejemplo. “Está visibilizando muy bien a estas comunidades, no solo instaladores, sino empresas de software, empresas de la gestión de la gobernanza para ver cómo participan las personas”. Así, “Andalucía ha hecho una hoja de ruta muy importante y está uniendo todas las piezas para una mejor gestión”.

Frente a ello, quedan dudas por despejar, como se analizó en la mesa de debate ¿Cómo se están desarrollando las comunidades energéticas en España? ¿Está funcionando el marco normativo y estratégico?, que moderó el director de elDiario.es / Andalucía, Javier Ramajo, y contó con la presencia del subdirector general de Energías Renovables del Ministerio para la Transición Energética, Jesús Ferrero, así como por el representante del Departamento de Internacionalización de la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), Joaquín Villar, la directora del ICAEN, Ana Camp, la abogada Carlota Pallejà y el socio de Samso, Joan Herrera.

“Un proyecto no puede esperar un año a conectarse”

“Hay muchas iniciativas, pero la mayoría están en un estado inicial”, indicó Villar, representante de la Agencia Andaluza de la Energía, “hay en Málaga, Huelva, Sevilla, y hay ocho oficinas de transformación comunitaria que apoyan esa fase inicial, por lo que hay, junto al autoconsumo colectivo, una capacidad real de crear esta red”. Al respecto, añadió que hay 14 convenios firmados y 34 manifestaciones de interés para avanzar en estas comunidades, al igual que han creado un formulario para identificar el número exacto y, así, crear un catálogo y posterior mapa interactivo en el que dar esta información a la ciudadanía. Un proyecto con diversas patas, como los derechos y obligaciones que asumen, la cooperación internacional o la innovación, según los estándares europeos.

Sin embargo, “persiste la inseguridad” en el marco jurídico que aún no dota de suficiente autonomía a las corporaciones locales cuando “las comunidades energéticas impulsadas por los ayuntamientos avanzan de una forma más rápida”. A ello, habría que añadir el obstáculo en financiación, “una barrera importantísima”, de ahí que las ayudas autonómicas sigan siendo indispensables para animar a los hogares y a las empresas a invertir en este tipo de instalación energética. “Hemos mejorado mucho, pero un proyecto no puede estar esperando un año para que se conecte”, como ocurrió con Torreblanca Ilumina, “por lo que será muy importante que el real decreto aporte todas esas cuestiones, que dé seguridad jurídica y aclare derechos y obligaciones”, añadió con respecto a la disposición europea.

A su lado, el ponente del MITECO prefirió no avanzar fechas, aunque se insistiera. Con la oportunidad de tener a este interlocutor de calado, el experto Joan Herrera pidió una “actitud exigente” a los distintos actores, para presionar y garantizar la aprobación, desarrollo y aplicación efectiva de la norma, haciendo hincapié en el reparto de enriquecimiento energético. “Hay que garantizar accesos a los datos de los contadores, más cuando el Datadis da tantos fallos; también, ser legítimos en vulnerabilidad energética, ya que las comercializadoras de último recurso [aquellas compañías autorizadas por el Gobierno para operar en el mercado, como Iberdrola o Endesa] no dan la oportunidad en ciertos proyectos; y que la mayoría de los beneficios repercutan en el territorio”.

“Almacenamiento distribuido y compartido”

En esta línea, Herrera pidió un registro “abierto y voluntario” de las comunidades junto a un eslabón fundamental: un “almacenamiento distribuido y compartido”, que sigue siendo uno de los grandes retos del país después de sucesos sobrevenidos como el gran apagón que afectó a gran parte del territorio peninsular el año pasado. Un tema sensible y que despierta gran interés: “Si esto no aparece, el almacenamiento pasará a estar en manos de grandes inversiones en vez de en manos de la ciudadanía, pymes o entes locales”.

Además, propuso “abrir el melón” sobre la participación de las propias comunidades energéticos como “un activo de generación”, dotándoles de un mayor reconocimiento y siendo parte esencial en el mercado de la energía frente a las grandes compañías. Una cuestión para la que la normativa tendrá que hilar fino dado que, entre otras claves, los ayuntamientos obtendrán un papel fundamental en su desarrollo, que Herrera llevó más allá: “Más que acompañamiento, deben ser impulsores, ayuntamientos, cabildos o diputaciones” para desarrollar todo el potencial y saltar del campo a la zona urbana.

Acercar conocimientos, coordinar y ofrecer posibilidades a la población fue una de las grandes premisas, como defendió la abogada especialista en la materia, Carlota Pallejà, que subrayó que el reto del próximo año está en “conseguir que el ciudadano pueda acceder a unas reglas previsibles y unos procedimientos concretos, ya que el éxito modelo radica en que la regulación no paralice la capacidad de participación en el sector energético”. Más en casos como en Sevilla, donde la pobreza energética, que no vulnerable, está centrada en solventar los problemas términos, como sucede con la escasa adecuación de los hogares a las altas temperaturas. “Eso significa aprovechar la oportunidad de electrificación”, añadió Herrera.

Unos planes en los que avanza la legislación, pero, mientras, ¿cómo se solucionan los problemas del día a día? Andalucía cuenta, como ocurre en la administración catalana, con una Mesa de Autoconsumo dentro de la Agencia Andaluza de la Energía para intermediar y “desatascar” algunos proyectos, aunque “jugar con los tiempos es difícil porque juegas con las expectativas de las personas, y no es posible esperar un año para que se conecte una instalación”. De esta forma, como indicó Ana Camp, la labor de la administración pública “sería la de facilitador, que no stopper, para tener este ecosistema bien organizado” y ampliar su proyeccción, ya sea bien hacia las redes de frío y calor, en el sector rural con biomasa, o las plantas de biogás y los motores de cogeneración “para darle energía durante 24 horas a las comunidades”. “El fondo social para el clima tiene una oportunidad muy grande”, determinó.

Modesto L.L, más conocido como Pepe, el vecino de 92 años que estaba desaparecido desde este pasado viernes en el distrito del Albaicín de la ciudad de Granada ha sido localizado con vida este martes en un barranco de la zona de Haza Grande. El hombre está herido tras, al parecer, haber caído por una zona de desnivel en un zarzal, y ha sido trasladado a un centro hospitalario.

Así lo han confirmado fuentes de la Policía Nacional, que junto a Protección Civil, habia establecido este martes un amplio dispositivo de búsqueda con agentes de distintos cuerpos y personas voluntarias y especializadas en este tipo de situaciones para intentar dar con el paradero de Pepe.

Estas mismas fuentes apuntan que si bien estaba previsto intentar localizarlo cubriendo precisamente la zona donde ha sido hallado, previamente un vecino había advertido de que había visto a un hombre por la zona de atrás del barranco en Haza Grande en un área de zarzas, en las que finalmente ha sido hallado tras dirigirse hasta esta zona parte del personal movilizado en el dispositivo.

La Policía Nacional, que a través de su Grupo de Homocidios y Desparecidos ha organizado el dispositivo de búsqueda, ha movilizado a casi una treintena de agentes en las tareas de este martes, mientras que, en total, se calcula que habrán participado en el despliegue un centenar de personas.

El Puesto de Mando Avanzado se había establecido en la explanada del mirador de San Miguel Alto, el entorno al que se dirigía Pepe cuando este pasado viernes salió de casa a las 11:00 horas. Familia, colectivos de voluntarios, drones, unidades caninas, de subsuerlo, Policía Judicial, Bomberos, Policía Local, Protección Civil, grupos de atención al ciudadano de Policía Nacional... El dispositivo de búsqueda ha sido muy amplio durante esta jornada de martes tanto en el turno de mañana, como en el de tarde, en el que finalmente se ha localizado al desaparecido con vida.

El teclista del grupo de música alemán Das Ich, Bruno Kramm, ha fallecido en la madrugada de este viernes a sábado tras actuar en un concierto en la sala de conciertos Planta baja de Granada, en la zona céntrica.

Así lo han confirmado fuentes del 112 que han precisado que, en torno a este suceso, se recibieron varias llamadas sobre las doce de la noche que daban cuenta de que una persona “se había desplomado y no reaccionaba”. El teléfono de emergencias, que recibió llamadas que indicaban que esta persona era miembro del grupo que ofrecía una actuación en vivo, dio aviso a Policía Local, Policía Nacional y sanitarios del 061.

El 112 recibió la confirmación por parte del 061 de que el varón, de 58 años, se encontraba ya fallecido en el momento en el que llegaron los sanitarios a atenderle.

Primer concierto en Granada

La impulsora del evento en la referida sala de conciertos de la capital granadina había anunciado la actuación del dúo alemán Das Ich, formado por Stefan Ackermann y Bruno Kramm, como su primera actuación en el sur de España.

Das Ich es una formación musical considerada iniciadores del movimiento Neue Deutsche Todeskunst en la década de los 90. La organizadora del evento destacaba en la promoción del concierto en Granada, “su puesta en escena, la presencia intensa y expresiva de su 'frontman' y la conexión con el público”.

Juana Rivas no tendrá que ir a juicio por el presunto delito de sustracción de menores por el que estaba siendo investigada al tratar de que su hijo menor se quedase con ella en España el año pasado. La Justicia ha archivado la causa abierta contra ella tras la denuncia presentada por su expareja, el italiano Francesco Arcuri, en marzo de 2025. El Tribunal de Primera Instancia 4 de Granada considera que no resulta debidamente justificada la comisión del delito y acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.

La resolución, contra la que cabe recurso, coincide con la petición formulada por la Fiscalía Provincial de Granada, que la semana pasada solicitó también el sobreseimiento provisional al considerar que las diligencias practicadas durante la investigación no aportaban elementos suficientes para formular acusación contra Rivas. El juzgado pone el foco en la forma en la que la madre actuó durante los meses en los que su hijo menor permaneció en España. La resolución considera que Rivas utilizó los instrumentos legales y procesales disponibles para oponerse al regreso del niño a Italia y que, cuando finalmente existió un requerimiento judicial efectivo para su entrega, cumplió la resolución.

La causa se inició después de que Arcuri denunciara a Juana Rivas en marzo de 2025 por la supuesta sustracción del menor, que permanecía en España después de que un tribunal italiano hubiera ordenado su regreso a Italia. La investigación quedó inicialmente archivada, pero la Audiencia Provincial de Granada ordenó en julio de 2025 continuar las diligencias para determinar si podía existir un delito de sustracción.

Ahora, el juzgado concluye que la conducta investigada no alcanza la relevancia penal necesaria para integrar el delito previsto en el artículo 225 bis del Código Penal. La resolución considera especialmente relevante que, cuando se presentó la denuncia, Rivas y su equipo de abogados estaban haciendo uso de los resortes legales para evitar que el menor se marchase con su padre, previo aval de la justicia granadina en primera instancia. El auto destaca además que durante ese periodo la granadina, a diferencia de lo sucedido en 2017, permaneció localizada y estuvo representada jurídicamente, mientras que las actuaciones posteriores se desarrollaron a través de los procedimientos previstos. El juzgado señala asimismo que, una vez que se produjo el requerimiento efectivo para la entrega del menor, esta se llevó a cabo.

El niño había permanecido inicialmente en España gracias a una medida cautelar acordada el 7 de enero de 2025 por el Juzgado de Instrucción 4 de Granada tras escucharle narrar presuntos episodios de malos tratos por parte del padre. Después de escuchar al menor, el juzgado suspendió de forma provisional su regreso a Italia ante el temor expresado por el niño respecto a su retorno con Francesco Arcuri. La medida fue posteriormente mantenida por el Juzgado de Instrucción número 9 y confirmada por la Audiencia Provincial de Granada. Meses después, el 25 de julio de 2025, Rivas entregó al menor en Granada para que regresara con su padre a Italia cuando así lo determinó la justicia.

La resolución conocida ahora establece una diferencia entre esta actuación y los hechos por los que Rivas fue condenada en 2017. En aquella ocasión, la Justicia consideró probado que la entonces condenada había retenido a sus dos hijos y permanecido durante semanas sin hacer efectiva su entrega. La Audiencia Provincial de Granada le impuso inicialmente cinco años de prisión, una pena que el Tribunal Supremo redujo en 2021 a dos años y medio al considerar que los hechos constituían un único delito y no dos. Posteriormente, Rivas recibió un indulto parcial que redujo la pena de prisión a un año y tres meses.

La defensa de Rivas entiende que esta resolución del juzgado avala su tesis de que la actuación de la madre en 2025 se produjo dentro de los procedimientos judiciales disponibles. “La resolución confirma algo que hemos sostenido desde el inicio: Juana Rivas no actuó al margen de la Justicia, sino utilizando los instrumentos legales y procesales disponibles para tratar de proteger a su hijo. Y cuando existió una resolución judicial que ordenaba efectivamente su entrega, la cumplió”, señalan sus abogados.

Italia sigue investigando

El archivo de esta causa no afecta en todo caso al procedimiento que se sigue en Italia contra Francesco Arcuri por los presuntos malos tratos físicos y psicológicos a sus hijos. Esta investigación penal, independiente de la causa seguida en Granada contra Rivas, continúa abierta en Italia y se encuentra actualmente en fase de juicio. La causa contra Arcuri investiga presuntos episodios de violencia física y psicológica contra los menores y ha incluido la declaración de Juana Rivas y de su hijo mayor, Gabriel, así como de distintos profesionales que tuvieron contacto con los niños. El procedimiento penal italiano sigue pendiente de resolución.

En paralelo, el Tribunal Supremo italiano confirmó en julio de este año la atribución de la custodia del hijo menor a Arcuri, después de varios años de litigios en los tribunales italianos. La resolución sobre la custodia se sitúa en el ámbito civil y no supone el cierre del procedimiento penal por los presuntos malos tratos, que continúa de forma independiente.

Con el auto dictado este 24 de septiembre, la investigación penal abierta en España contra Juana Rivas por la actuación de 2025 queda archivada provisionalmente. La decisión coincide con la posición de la Fiscalía y concluye que no existen elementos suficientes para sostener que la permanencia del menor en España y la posterior actuación de su madre constituyeran un delito de sustracción de menores. Falta por ver qué decidirá Italia con respecto a los presuntos malos tratos de Arcuri contra sus hijos, toda vez que hace tan solo unos meses le ratificó la custodia del menor de ellos, pese a estar siendo investigado por esos hechos.

La Abadía del Sacromonte, una de las joyas patrimoniales de Granada, podría cambiar para siempre. El Ayuntamiento de Granada está tramitando un proyecto, a petición del Arzobispado, para cambiar el uso de una parte del conjunto y permitir su conversión en un hotel de lujo. El plan, que está todavía en una fase inicial, contempla además tres plantas de aparcamiento subterráneo con 115 plazas y afecta a un espacio cuyo valor histórico, paisajístico y cultural trasciende al propio edificio.

No en vano, las historias del propio barrio del Sacromonte y de la Granada cristiana están íntimamente ligadas a la Abadía, bajo la que, presuntamente, se encontraron unos libros sagrados que recogían supuestas revelaciones de la propia Virgen sobre un cristianismo hermanado con el islam. Aunque hoy se considera que aquellos documentos fueron una falsificación elaborada en un contexto de persecución de los musulmanes, acabaron dando el nombre de sagrado al monte y a la Abadía que posteriormente se levantaría allí. De ahí que no solo esté en juego el futuro patrimonial de un edificio construido entre los siglos XVII y XVIII, sino también parte del acervo cultural que se ha construido alrededor de él. Por eso, los vecinos han presentado alegaciones y la oposición municipal también cuestiona el proyecto.

Pese a las dudas, el Ayuntamiento de Granada tramita desde hace meses la modificación del uso de parte del edificio para permitir un hotel de lujo que tendría una ubicación privilegiada, con vistas al propio Sacromonte y a la Alhambra, y que podría convertirse en un nuevo referente de la oferta turística de la ciudad. Sin embargo, además de las reservas por lo que supone la propia Abadía para Granada, hay más elementos que ponen en cuestión el futuro uso hotelero de este lugar. Sin ir más lejos, la Abadía tiene protección como Bien de Interés Cultural (BIC) y el entorno en el que se encuentra, el Valle del Darro, también está protegido como tal desde 2024. La propia declaración autonómica define el valle como un paisaje cultural formado por siglos de relación entre el territorio, el agua y las distintas formas de ocupación humana, e incluye expresamente las laderas de Valparaíso sobre las que se asienta el Sacromonte.

Un hotel para “conservar” la Abadía

El punto de partida del Arzobispado es relativamente claro: hay una parte del conjunto que está en desuso y mantener una construcción histórica de estas dimensiones requiere recursos. La solución que estudia la Iglesia pasa por permitir un nuevo uso en parte de la Abadía y ofrecerlo a inversores privados para que desarrollen allí un hotel. El Arzobispado insiste en que no está construyendo ningún hotel. Lo que hace, explica, es estudiar esa posibilidad para que un inversor pueda hacerse cargo del proyecto y contribuir con su actividad al mantenimiento del conjunto. “Se está estudiando un posible uso de una parte de la Abadía, que está en desuso, para ayudar al mantenimiento de este lugar”, señala la institución.

Todavía no hay, por tanto, un hotel aprobado ni siquiera se conocen todos los detalles de cómo sería. El Ayuntamiento está tramitando el cambio urbanístico que permitiría ese uso y el proyecto contempla una inversión de 24,4 millones de euros. Pero una de las principales incógnitas sigue siendo precisamente la dimensión que tendría el establecimiento y cuántas habitaciones acabaría teniendo. Sí hay, en cambio, una cifra concreta: 115 plazas de aparcamiento repartidas en tres plantas bajo tierra. Y es ahí donde las dudas empiezan a crecer.

Las alegaciones presentadas por los colectivos vecinales cuestionan que la documentación explique con suficiente claridad qué relación tendrá ese aparcamiento con el futuro hotel. El proyecto prevé unos 4.200 metros cuadrados de aparcamiento subterráneos, mientras que en superficie existen actualmente plazas de estacionamiento, árboles, paseos y miradores. Los colectivos consideran que la intervención sobre este espacio no está suficientemente explicada y reclaman que se aclare incluso el carácter de ese aparcamiento, que aparece definido como público.

El número de habitaciones tampoco figura en la documentación que se ha hecho pública. Y esa ausencia resulta relevante porque no genera el mismo impacto un pequeño alojamiento que un hotel con una actividad más intensa, restaurante, servicios complementarios o celebración de eventos. La arquitecta y especialista en patrimonio Blanca Espigares pone precisamente el foco en esa cuestión. Cree que las 115 plazas de aparcamiento hacen pensar en un establecimiento de cierta dimensión y plantea qué tipo de actividad se permitirá en el futuro espacio hotelero, incluida la posibilidad de celebrar bodas, bautizos, comuniones o grandes eventos.

La controversia tiene que ver también con algo más difícil de medir que los metros cuadrados: qué significa la Abadía para Granada. Los Libros Plúmbeos, las Santas Cuevas, los restos atribuidos a los discípulos de Santiago, la tradición de San Cecilio y la propia construcción de la Abadía forman parte de un relato que terminó dando nombre al monte y configurando la identidad del Sacromonte. El conjunto no es, por tanto, una construcción aislada que pueda entenderse únicamente desde su arquitectura. “Tenemos que entender cómo surge la Abadía”, explica Espigares, que recuerda que su historia está ligada a las cuevas y al aislamiento del lugar respecto de la ciudad. A su juicio, convertir una parte del conjunto en un establecimiento hotelero puede acabar alterando también esa relación histórica entre el edificio, el barrio y el paisaje.

Las alegaciones presentadas al Consistorio van precisamente en esa dirección. Los colectivos consideran que el cambio de uso no debe estudiarse únicamente como una operación urbanística, sino teniendo en cuenta los valores históricos, culturales y paisajísticos que justifican la protección del lugar. Y hay otro elemento que hace especialmente sensible cualquier transformación: no solo la Abadía está protegida. También lo está el territorio que la rodea. El Valle del Darro cuenta con protección como BIC y el Sacromonte forma parte de ese paisaje histórico. De ahí que los alegantes cuestionen que el proyecto pueda valorarse únicamente desde lo que ocurre dentro del edificio y reclamen que se tenga en cuenta todo lo que puede cambiar alrededor.

“Urbanismo a la carta”

Por otro lado, los colectivos consideran que el Ayuntamiento de Granada está modificando el planeamiento para hacer posible un proyecto concreto y califican el procedimiento de “urbanismo a la carta”. El cambio consiste en pasar una parte de la Abadía de su actual uso como equipamiento religioso a un uso residencial singular hotelero. Para los alegantes, el problema no es que Granada pueda tener nuevos hoteles, sino que el planeamiento se adapte cada vez que aparece un proyecto privado que necesita un cambio de uso.

El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, recuerda que la planificación urbanística debe responder al interés general y no únicamente a las necesidades de un propietario o de un inversor. Y cuestiona especialmente que el proyecto presente la transformación como una necesidad para el lugar. “El cambio de uso no es una necesidad. Puede ser, en todo caso, una conveniencia para la propiedad, que vislumbra con ese cambio de uso un negocio y un beneficio propio”, sostienen los alegantes.

La diferencia es importante porque el Arzobispado justifica el proyecto precisamente desde la necesidad de encontrar recursos para mantener la Abadía. Para los colectivos, esa necesidad no obliga a elegir un hotel y existen otras posibilidades que deberían estudiarse antes de modificar el planeamiento.

A su vez, el PSOE, desde la oposición consistorial, coincide en reclamar que se analicen alternativas. Su portavoz Juanjo Ibáñez insiste en que el debate no es “hoteles sí u hoteles no” y rechaza que la ciudad tenga que elegir entre convertir la Abadía en hotel o dejarla deteriorarse. “No es hotel o ruina”, sostiene. Una duda a la que se le añade el tamaño del propio aparcamiento. Las alegaciones advierten de que las obras afectarían a una zona actualmente ocupada por aparcamiento en superficie, árboles, paseos y miradores. También cuestionan la valoración que hace el proyecto de las rampas y otros elementos que tendrán que construirse para acceder a las plantas subterráneas. Pero además de lo que se verá, está lo que puede aparecer durante la excavación.

El Sacromonte es un territorio de cuevas y de ocupación histórica. Las propias alegaciones recuerdan los restos arqueológicos conocidos en el entorno y la relación de las cuevas con el origen de la Abadía. Por eso reclaman que se concrete qué actuaciones arqueológicas se realizarán antes y durante la excavación. Espigares incide también en este punto, precisamente por la singularidad del lugar. La historia de la Abadía está ligada a las cuevas y a los hallazgos que se produjeron en ellas, por lo que una excavación de tres plantas bajo tierra añade una intervención especialmente delicada. Las obras no se quedarían, además, bajo tierra. El proyecto contempla intervenir sobre los paseos y miradores y las alegaciones cuestionan que se haya estudiado suficientemente el efecto que tendrán las nuevas rampas, posibles elementos asociados a los accesos y el arbolado existente.

Los coches y el paisaje

No solo eso. El hotel estaría en uno de los lugares más singulares de Granada, pero también en uno de los más complicados para llegar. Las 115 plazas previstas significan, como mínimo, que el proyecto está pensado para recibir un número considerable de vehículos. A ellos habría que sumar los desplazamientos de trabajadores, proveedores, servicios y, dependiendo de cómo termine configurándose el establecimiento, visitantes que acudan a restaurantes o eventos.

Los vecinos reclaman que se estudie con detalle el incremento de tráfico y sus consecuencias sobre el entorno. El PSOE también ha pedido conocer cuántos desplazamientos generaría el hotel, qué vehículos utilizarían los accesos y qué capacidad tienen las carreteras para asumirlos. Una realidad que afecta especialmente al Camino del Sacromonte, que ya soporta el paso de taxis y minibuses turísticos. Blanca Espigares recuerda que el problema de la localización es que los clientes de un hotel situado allí dependerán en buena medida de vehículos para desplazarse por la ciudad.

También aparece el acceso por El Fargue, una vía cuya adaptación para soportar un incremento de tráfico tendría igualmente consecuencias sobre el paisaje del Valle del Darro. Es uno de los puntos donde la protección patrimonial deja de ser una cuestión exclusivamente arquitectónica. No basta con decidir qué se puede hacer dentro de la Abadía si para que ese uso funcione hay que modificar caminos, aumentar el tráfico o transformar el entorno.

Por otro lado, los colectivos consideran que la documentación utiliza criterios demasiado generales y que no analiza con suficiente detalle cómo cambiará la percepción de la Abadía desde su entorno. Entre las cuestiones que señalan están las rampas del aparcamiento, posibles elementos verticales, el arbolado, los accesos y las nuevas instalaciones que pueda necesitar el hotel. El PSOE reclama además que se estudien los corredores visuales hacia la Abadía y la Alhambra, la iluminación nocturna y la señalización. Porque en un lugar como el Sacromonte el paisaje no es simplemente el escenario sobre el que se coloca un edificio. Es parte de lo que se está protegiendo.

Y eso explica también la preocupación de Espigares. Para la arquitecta, la intervención puede ser compatible con el patrimonio si se hace con criterios adecuados, pero el resultado dependerá enormemente de cómo se intervenga en el edificio y de qué tipo de proyecto termine desarrollándose. Una rehabilitación respetuosa y un hotel que transforme profundamente los espacios interiores y exteriores pueden ser dos cosas muy diferentes.

Más presión turística

Por si fuera poco, el futuro hotel ayudaría a tensionar aún más a un entorno urbano que ya sufre desde hace tiempo la presión turística. El Albaicín y el Sacromonte llevan años soportando un turismo extranjero que no deja de crecer y los colectivos vecinales consideran que un nuevo establecimiento hotelero añadiría más visitantes y más actividad en un espacio que ya tiene problemas de movilidad, ruido, limpieza y ocupación del espacio público.

Su preocupación no se limita a la Abadía, sino en la transformación progresiva del barrio. “El Sacromonte no puede convertirse en una sucesión de negocios turísticos que termine destruyendo precisamente aquello que lo hace único, como está pasando en el Albayzín”, advierten desde Albayzín Habitable. Y recuerdan que el proyecto no tiene en cuenta el aumento de servicios que hará falta llevar hasta el entorno del Sacromonte. En sus alegaciones recuerdan que un hotel genera una población flotante formada por huéspedes, trabajadores y visitantes.

El PSOE plantea la misma cuestión desde el modelo de ciudad y reclama estudiar los efectos acumulativos de las nuevas instalaciones turísticas. Su argumento es que cada proyecto puede parecer asumible por separado, pero que la suma de hoteles, apartamentos y visitantes termina teniendo efectos sobre la movilidad, los servicios, la vivienda y los barrios. “Ningún territorio tiene una capacidad infinita”, dice Ibáñez.

Hay una cuestión más. Según las alegaciones, la Abadía ha recibido al menos 2,5 millones de euros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través del 1,5% Cultural y otros 1,1 millones de la Junta mediante el Plan Alhambra. En total, al menos 3,6 millones de euros de fondos públicos identificados en la documentación. De ahí que los vecinos se pregunten hasta qué punto se puede sufragar con dinero de todos un edificio que acabará teniendo parte de uso hotelero privativo si el Consistorio da luz verde.

También aquí el Arzobispado mantiene su argumento inicial: el futuro negocio serviría para generar recursos con los que mantener la Abadía. Espigares pone el foco en la otra parte de la ecuación: la obligación de conservar un BIC existe con independencia de que el propietario consiga o no convertir parte del conjunto en una actividad económica.

Silencio institucional

Mientras el cambio de uso llega, el Ayuntamiento de Granada, que es quien está llevando adelante el expediente urbanístico, evita entrar al fondo de todas las cuestiones planteadas. Preguntado por las características concretas del proyecto, el Consistorio se limita a decir que se encuentra en un momento “muy incipiente” para avanzar detalles y remite a las explicaciones del Arzobispado como promotor.

Y el Arzobispado, por su parte, señala que todavía está estudiando la posibilidad, que no construirá directamente el hotel y que no hay nada aprobado hasta el momento. Por eso, tampoco concreta todavía aspectos como el número de habitaciones o el funcionamiento del establecimiento. En cuanto a la protección de la Abadía y del paisaje, la Junta tampoco da detalles. La Delegación de Cultura señala que el proyecto todavía no ha llegado al momento de las autorizaciones patrimoniales y que no existe por ahora ninguna previsión oficial sobre cómo se llevará a cabo dicha protección.

Así, el hotel todavía no existe. No se conoce la dimensión final del mismo en cuanto a la presión turística que añadirá y el proyecto puede sufrir modificaciones durante su tramitación, pero sí existe ya una propuesta para cambiar el uso de una parte de la Abadía y hacer posible ese futuro negocio. Una propuesta que pone en jaque el patrimonio cultural de uno de los enclaves más importantes de Granada.

La ciudad, que lleva siglos construyendo alrededor del Sacromonte su propia historia, debe decidir cómo abordar su futuro. Primero fueron las cuevas, después los hallazgos de los Libros Plúmbeos y la construcción de la Abadía. Ahora, cuatro siglos después, el Ayuntamiento tramita la posibilidad de añadir una nueva pieza a esa historia: un hotel de lujo. La duda es si esa nueva pieza puede incorporarse sin cambiar demasiado el paisaje, el barrio y el patrimonio que precisamente hacen de la Abadía uno de los lugares más importantes de Granada.

Las movilizaciones de estas semanas han vuelto a poner la vivienda en el centro del debate. Detrás de las acampadas, los desahucios y las protestas hay una preocupación tan sencilla como cotidiana: poder vivir en una casa y poder seguir viviendo en ella. 

Ese derecho a quedarse también significa poder hacer vida en un barrio, mantener vínculos, empadronarse, trabajar, estudiar, criar a tus hijos e hijas y construir un proyecto con cierta estabilidad. 

La crisis de vivienda afecta hoy a muchas personas. Un modelo cada vez más orientado a la rentabilidad inmobiliaria está encareciendo los alquileres y reduciendo las opciones asequibles. Y, aun así, no todas las personas encuentran las mismas barreras para acceder a una vivienda. 

En Sur Acoge lo vemos cada día. Para muchas personas migrantes, a las dificultades económicas se suman otras relacionadas con el origen, la nacionalidad, el nombre, el acento o el color de piel. 

A veces, esa discriminación ni siquiera se disimula. En un anuncio real para compartir piso, después de pedir una persona responsable, con trabajo y contrato laboral, aparecía otro requisito: “Imprescindible ser nacido en España”. Y el propio anuncio aclaraba: “lo pide la propiedad”. 

No se estaba preguntando si la persona podía pagar el alquiler, si tenía trabajo o si iba a respetar las normas de convivencia. Se la estaba excluyendo directamente por su lugar de nacimiento. 

El ejemplo es muy claro, pero la discriminación también puede aparecer de formas menos visibles: llamadas que no se devuelven, condiciones adicionales, más exigencias de avales o negativas cuando se conoce el origen de quien busca vivienda. 

La vivienda está ligada también al ejercicio de otros derechos. No disponer de un domicilio estable puede dificultar el empadronamiento y condicionar el acceso a prestaciones, trámites administrativos o al empleo, haciendo más difícil desarrollar un proyecto de vida con estabilidad.  Por eso, cuando hablamos de vivienda, hablamos también de igualdad, inclusión y convivencia

Convive con esta realidad otra forma de exclusión residencial en la que queremos poner foco: la que afecta a personas trabajadoras temporeras que viven en asentamientos durante las campañas agrícolas, la máxima expresión de vulnerabilidad en el alojamiento. Personas que trabajan en el campo pueden acabar viviendo en infraviviendas porque no encuentran alternativas habitacionales adecuadas. Trabajar durante una campaña agrícola debería ir acompañado de condiciones de alojamiento dignas, con la implicación de administraciones y empresas, algo que desde Sur Acoge llevamos años reclamando. 

Además, la vivienda está ligada también al ejercicio de otros derechos. No disponer de un domicilio estable puede dificultar el empadronamiento y condicionar el acceso a prestaciones, trámites administrativos o al empleo, haciendo más difícil desarrollar un proyecto de vida con estabilidad.  Por eso, cuando hablamos de vivienda, hablamos también de igualdad, inclusión y convivencia. 

La movilización social de estos días recuerda que la vivienda no puede tratarse únicamente como una cuestión de mercado. Es una necesidad básica y una condición para construir una vida digna. Y cualquier respuesta debe tener en cuenta que las desigualdades no empiezan ni terminan en el precio del alquiler. 

Necesitamos más vivienda asequible y políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda digna para toda la población. También mecanismos eficaces frente a la discriminación en el alquiler, alternativas habitacionales para las personas temporeras y soluciones estables para quienes viven en asentamientos. Y garantizar que no disponer de un domicilio estable no sea una barrera para el empadronamiento y otros derechos. 

Desde Sur Acoge creemos que hablar de vivienda implica preguntarnos quién puede acceder, quién se queda fuera y qué podemos hacer para que esas puertas se abran. 

Cada día caminamos sobre él, cultivamos en él y construimos sobre él, pero rara vez nos detenemos a pensar que el suelo es mucho más que la superficie que pisamos. Porque no es simplemente una mezcla de arena, arcilla y materia orgánica, ni un soporte inerte para las plantas; es un sistema vivo y dinámico en el que interactúan minerales, agua, aire, raíces, microorganismos y pequeños animales.

Y de su buen funcionamiento dependen la producción de alimentos y fibras, la calidad del agua, la salud de las personas, la biodiversidad y la respuesta de los ecosistemas al cambio climático. De ahí que la salud del suelo sea cada vez más importante para la ciencia, la agricultura y las políticas ambientales.

Un suelo fértil no siempre es un suelo sano

Aunque los conceptos de fertilidad y salud del suelo están relacionados, no significan exactamente lo mismo. La fertilidad se refiere sobre todo a la disponibilidad de nutrientes; la salud incorpora una visión más amplia. Un suelo puede producir buenas cosechas y, sin embargo, no gozar de buena salud por presentar defectos fisicoquímicos o biológicos tales como compactación y falta de estructura, sufrir procesos erosivos o mostrar una actividad biológica deficiente.

También puede depender cada vez más de fertilizantes, riego u otros insumos externos para mantener su productividad. En ese caso, el suelo funciona, pero ha perdido parte de su capacidad para sostenerse y recuperarse por sí mismo.

Evaluar su salud exige observar diferentes propiedades. Los principales indicadores físicos se incluyen la estructura, la compactación, la infiltración y la retención de agua. Entre los químicos figuran el pH, la materia orgánica, los nutrientes, la salinidad y los contaminantes. Los biológicos analizan la diversidad y actividad microbiana o la presencia de lombrices y otros invertebrados.

Bajo nuestros pies trabaja un mundo invisible

Una pequeña cantidad de suelo puede albergar millones de microorganismos. Bacterias, hongos, protozoos y otros seres diminutos son los responsibles de descomponer la materia orgánica, liberan nutrientes y participan en la formación de agregados que dan estabilidad a la estructura del suelo. Junto a ellos, lombrices, ácaros, insectos y raíces crean poros y canales por los que circulan el agua y el aire.

Esta comunidad subterránea actúa como una enorme red de cooperación. Cuando funciona correctamente, el suelo retiene mejor la humedad, aprovecha los nutrientes y ofrece a las plantas un entorno más favorable por más tiempo. Algunas asociaciones entre raíces y hongos incluso permiten que los cultivos exploren un volumen mayor de suelo y accedan con más facilidad al agua y a determinados nutrientes.

La materia orgánica ocupa un lugar central en el suelo: alimenta a muchos organismos, mejora la estructura, fija los nutrientes, favorece la infiltración del agua y contribuye a almacenar carbono. Pero no basta con acumularla. Lo importante es mantener un sistema activo, diverso y funcional en el tiempo.

Cuando el suelo pierde salud, el problema sale a la superficie

La degradación puede comenzar casi imperceptiblemente. La erosión continuada de un suelo desprotegido con sobre laboreo elimina sus capas más fértiles; la maquinaria pesada compacta el terreno; el cultivo intensivo rompe su estructura; y la ausencia de vegetación lo expone a la lluvia y al calor. Se suman la contaminación, la salinización, la pérdida de materia orgánica y el sellado urbano.

En los ambientes mediterráneos, estas presiones resultan especialmente preocupantes. Los largos periodos secos - propios del verano-, reducen la actividad biológica y dejan el suelo vulnerable, mientras que las lluvias intensas pueden arrastrar en pocas horas una parte importante de la capa superficial. Un suelo degradado infiltra menos agua, genera más escorrentía y almacena menos humedad para los cultivos.

Las consecuencias no terminan en la parcela. Los sedimentos y nutrientes pueden alcanzar ríos y embalses y empeorar la calidad del agua. La pérdida de productividad reduce la rentabilidad y aumenta la dependencia de fertilizantes y riego. Además, un suelo deteriorado almacena menos carbono y resiste peor las sequías, el calor y las lluvias extremas.

Por eso, la salud del suelo no es únicamente una cuestión agronómica. Está relacionada con nuestra seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua, la conservación de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y la propia viabilidad de las comunidades rurales.

Cuidar el suelo no consiste en aplicar una receta universal

Recuperar la salud del suelo exige conocerlo bien y adaptar las prácticas culturales y de manejo a cada territorio, porque no existe una solución válida para todos los cultivos, climas y suelos. Las cubiertas vegetales, las rotaciones, la reducción del laboreo, los aportes orgánicos, la presencia de árboles o setos y una gestión eficiente del riego pueden ser beneficiosos, pero requieren conocimiento y seguimiento.

También es necesario evitar que el suelo permanezca desnudo durante largos periodos, reducir la compactación y devolver materia orgánica de calidad. En los sistemas ganaderos, ajustar la carga animal y los tiempos de pastoreo ayuda a conservar la cubierta vegetal y prevenir la erosión.

Para saber si estas medidas funcionan, hay que observar el suelo de forma continuada. Su salud debe evaluarse como una trayectoria: comprobando si mejora la infiltración, aumenta la actividad biológica, se recupera la estructura o disminuye la erosión.

Pero la responsabilidad no puede recaer únicamente sobre agricultores y ganaderos. La protección del suelo requiere investigación, asesoramiento, políticas coherentes e incentivos que reconozcan los beneficios ambientales de una buena gestión.

Cuidar el suelo significa, en definitiva, cuidar la base de nuestra alimentación y de buena parte de los ecosistemas terrestres. Debemos concienciarnos de que su deterioro puede pasar inadvertido durante años, pero sus consecuencias acaban alcanzándonos a todos. Bajo nuestros pies no hay un recurso inagotable: hay un ecosistema frágil, complejo y vivo del que depende nuestro futuro.

Sucedió el pasado jueves 17 de septiembre, en Sevilla, y más concretamente en la emblemática plaza Virgen de los Reyes, donde, pese a que las propias ordenanzas municipales lo prohíben expresamente, se celebró un evento de carácter privado: la cena conmemorativa por el 20º aniversario de la revista Escaparate. Previo desembolso, que sepamos, de al menos 36.000 € de dinero público, Moreno Bonilla y José Luis Sanz, presidente de la Junta de Andalucía y alcalde de Sevilla, respectivamente, tuvieron la ocasión de enfundarse sus mejores galas para codearse con miembros de la aristocracia así como con acaudalados representantes del empresariado patrio. Un absoluto despropósito.

El gobierno municipal seguramente aduzca como razón para saltarse su propia normativa que la mencionada cena brinda a Sevilla “una publicidad impagable” (argumento empleado por los dos últimos alcaldes de la ciudad para justificar eventos privados que se financiaron desde el erario público). No obstante, basta con hacer un somero repaso a la prensa para comprender que el fiestorro celebrado a los pies de la Giralda no ha tenido una publicidad precisamente positiva, sino que ha terminado por convertirse en la metáfora perfecta para definir la escasa catadura moral y las pocas luces que caracterizan a la derecha andaluza.

¿Hay alguien que, en su sano juicio, pueda justificar lo sucedido? Es más, me pregunto: ¿hay alguien que antes de este esperpento conociera siquiera la existencia de la mencionada revista Escaparate? Su fundador y director, un tal Mario Niebla del Toro, ya se ha beneficiado previamente de fondos públicos a través de su empresa, la cual tiene un nombre más que llamativo: Sevilla por la gracia de dios SL. Resulta sorprendente, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Sevilla le haya abonado al menos 7.000 euros por “la recepción de personas famosas durante la Semana Santa” o que la Junta de Andalucía le haya pagado hasta 28.000 euros en varios ejercicios presupuestarios, figurando dichas partidas en documentos públicos como gastos de representación. Las paguitas de la derecha.

Como decíamos antes, el evento celebrado en Sevilla ha sido un absoluto y completo despropósito, incluso antes de su celebración. Ya en el primer vídeo promocional, sin ningún tipo de rubor ni sensibilidad, los organizadores anunciaban la susodicha cena mostrando a una persona sin hogar durmiendo sobre el mobiliario urbano del centro de la ciudad. Y, para tal vez dar la sensación de que no era un evento cerrado a los vecinos y vecinas de la ciudad, los organizadores tuvieron a bien sortear varias entradas para que los afortunados y afortunadas pudieran admirar, tras una necesaria valla, como la caterva de prebostes allí reunidos se ponían finos gracias a los dineros de la ciudadanía sevillana y andaluza.

El dolor y el sufrimiento no son patrimonio exclusivo de Sevilla. En Cádiz, tan solo en el primer mes y medio de 2026, fallecieron hasta cinco personas sin hogar que, noche tras noche, se veían obligadas a pernoctar en la calle

Lo terrible, no obstante, no es la imagen que Ayuntamiento y Junta proyectan de la ciudad. Lo terrible es que esta ridícula conmemoración tiene lugar en una ciudad con el dudoso honor de aglutinar a los barrios más pobres de todo el Estado español. Lo terrible es que el dinero público de los andaluces se despilfarra en semejante patochada cuando, hace apenas un mes, se descubría el cuerpo sin vida de Marta, una mujer de 70 años que, sin más recursos ni opciones, fallecía en el barrio de Triana, en un trastero de seis metros cuadrados en el que se veía obligada a vivir.

Pero el dolor y el sufrimiento no son patrimonio exclusivo de Sevilla. En Cádiz, tan solo en el primer mes y medio de 2026, fallecieron hasta cinco personas sin hogar que, noche tras noche, se veían obligadas a pernoctar en la calle. La respuesta del gobierno municipal ha sido endurecer los protocolos de los servicios de limpieza municipales para expulsar del entorno urbano a quiénes se encuentran en esta terrible situación de desamparo con medidas tan humanas como retirarles y tirar a la basura sus escasas pertenencias. La delegación de APDHA Cádiz impulsa actualmente una campaña que exige la implementación de hasta 11 medidas concretas para erradicar el sinhogarismo de la ciudad de Cádiz.

Y en Granada pasa un tanto de lo mismo. Allí la plataforma 'La calle mata', que desde hace años trabaja para mejorar las condiciones de vida de las personas sin hogar, denuncia como el Ayuntamiento, cuya actuación se basa en una improvisación permanente, recorta los recursos destinados a este colectivo tan vulnerable mientras invierte sus fondos en promocionar la candidatura de la ciudad como capital cultural europea. Incluso el Defensor del Pueblo Andaluz emitió una resolución a comienzos del presente año instando al Ayuntamiento de Granada a cumplir con sus obligaciones y aprobar un Plan Estratégico para la Erradicación del Sinhogarismo, habida cuenta de que el último existente lleva ya casi cuatro años caducado.

Son esos mismos políticos que se empeñan en convencernos de que la pobreza, la precariedad y los desahucios son poco más que simples fenómenos meteorológicos y que, al igual que llueve porque tiene que llover, poco o nada se puede hacer para evitar que cada vez nos cueste más llegar a fin de mes o para impedir que el banco o un fondo buitre nos quite nuestra vivienda

La sinvergonzonería y el cinismo tampoco son patrimonio exclusivo de la clase política andaluza. El mejor ejemplo lo encontramos en Madrid, cuyo gobierno autonómico es capaz de gastar hasta seis millones de euros en la compra de un ático de lujo, que todas sabemos que iba a ser disfrutado por la mismísima Isabel Díaz Ayuso, al tiempo que pone una inmensa alfombra roja a esos fondos buitre que hace apenas unos días desahuciaban a Maricarmen de la que durante décadas había sido su casa.

Creo que hay una realidad objetiva que nadie puede negar: durante las últimas décadas en el Estado español se ha consolidado una clase política que no tiene como principal interés representar al conjunto de ciudadanos y ciudadanas que les ha votado, pues su aspiración más íntima es codearse e incluso llegar a formar parte de esa élite económica y social que, por ejemplo, se dio cita en la cena de gala de la revista Escaparate. Solo así se explica que todos los presidentes y buena parte de los ministros de los diferentes gobiernos de nuestra Democracia, de diferente color y signo político, acaben sus trayectorias profesionales en los consejos de administración de grandes empresas. No hay prueba más palmaria de sus verdaderos intereses.

Son esos mismos políticos que se empeñan en convencernos de que la pobreza, la precariedad y los desahucios son poco más que simples fenómenos meteorológicos y que, al igual que llueve porque tiene que llover, poco o nada se puede hacer para evitar que cada vez nos cueste más llegar a fin de mes o para impedir que el banco o un fondo buitre nos quite nuestra vivienda. Tal vez ha llegado el momento en el que comprendamos que no es lluvia lo que cae sobre nuestras cabezas, sino que, por el contrario, hay alguien que está miccionando directamente sobre nuestras cabezas, sobre nuestras esperanzas y sobre nuestros derechos.

Conozco a personas que censuran y critican las manifestaciones y reivindicaciones colectivas como si lo que demandan no les afectara. Que votan no según su realidad, sino según un escenario en el que nunca estarán, aunque se resisten a creerlo. Personas que descalifican a quien pone el cuerpo en la calle, delante de porras y gases lacrimógenos, detrás de pancartas y megáfonos, para intentar que nadie más pierda su techo. Ni su trabajo, ni su dignidad, ni el control sobre su cuerpo, ni su alegría. Tampoco su vida.

Conozco a personas que se jactan de saber perfectamente cómo funciona el mundo. Personas que se creen más listas que las demás, que aseguran que a ellas nunca les pasaría tal o cual cosa. Porque controlan, porque tienen los pies en la tierra, porque no aspiran (¡Ja!) a lo que no pueden tener. Personas que conducen, que cogen el autobús, que tienen cuentas bancarias a su nombre, que esperan en una silla del ambulatorio, que se levantan todos los días para estudiar, trabajar o para ir a buscar trabajo. Personas que cuidan, personas que son cuidadas. Personas que tienen una llave para la cancela, otra para el portal y otra para el piso. Personas que limpian váteres y personas que tiran la botella de plástico al suelo, la colilla al arcén, que no recogen la caca del perro. Personas a las que siempre se les olvida barrer bajo el sofá. Personas que hablan por teléfono a viva voz en el metro, que escuchan música sin cascos. Personas que reciben una pensión, que han heredado un piso o han conseguido una hipoteca que pagarán durante cuarenta años. Personas que apagan la televisión después de cenar viendo un show reaccionario, despotrican contra quien toque, van al baño y a la cama.

Esas personas a las que conozco no se plantean en ningún momento la razón de todo eso. El por qué pueden hacer determinadas cosas y no otras, el por qué de dónde y cómo viven, de los trabajos a los que tienen acceso y lo que cobran por ellos. Se acomodan, quién sabe si por pereza o terror, en la idea de que así son las cosas, y simplemente tiran para delante hasta que ya no pueden. Y se siguen sintiendo genuinamente superiores a las que van a asambleas, hacen carteles a brochazos, llamamientos en redes sociales para votar con conciencia, a quienes escriben con la esperanza de remover, a quienes acampan en plazas públicas por otras cosas que también deberían ser públicas.

Personas que se las averiguan día sí y día también para sostener techos, llenar platos, aclimatar cuerpos, y colmar cabezas. Personas que están rabiosamente ciertas de que todas, absolutamente todas, merecemos algo tan aparentemente utópico como una vida segura, digna y feliz

Estas personas a las que, como digo, conozco, no reparan en que todas esas otras personas con las que no se identifican, viven igual que ellas. En los mismo bloques de pisos, con los mismos manojos de llaves, los mismos trabajos, las mismas pensiones, las mismas rutinas, las mismas obligaciones, los mismos derechos. La diferencia entre unas y otras es que, mientras las primeras se permiten el insólito lujo de mirar con desprecio y tildar de imbéciles a las demás, las segundas entienden verdaderamente cómo funcionan las cosas y sobre todo, cómo podrían y deberían funcionar. Las segundas son las que han luchado porque unas y otras tengan vidas dignas, y siguen luchando para que eso se mantenga y vaya a más. Las segundas comprenden que ningún avance social puede darse por hecho, que todo lo susceptible de ser conquistado es susceptible de perderse. Pasa constantemente. Las segundas son las que siempre han estado y siempre van a estar al pie del cañón, por ellas y por todas las demás, aunque las frían a descalificativos. Si las segundas cayeran, las primeras, y esto es lo que no ven, callarían. No por gusto ni por aburrimiento ni por falta de motivos. Pero (las) callarían.

En esa bendita masa que pisa las calles de tantos pueblos y ciudades con el puño en alto, reside toda la razón, toda la legitimidad. También a las personas que la componen las conozco. Son personas honradas y cansadas. Personas privadas de futuro y hasta de presente. Personas que, digan lo que quieran politicuchos ignorantes, mediocres y faltones, cumplieron y cumplen una y otra vez. Personas que acumulan títulos y experiencia, que aguantan injusticias, explotación y ninguneo. Personas que se las averiguan día sí y día también para sostener techos, llenar platos, aclimatar cuerpos, y colmar cabezas. Personas que están rabiosamente ciertas de que todas, absolutamente todas, merecemos algo tan aparentemente utópico como una vida segura, digna y feliz.

No hay mayor imbecilidad que no pelearlo junto a ellas.

Hasta hace muy poco tiempo José Ignacio Landaluce (Logroño, 1959) era uno de los grandes faros del PP andaluz. “Un referente dentro del mundo municipal”, le definió el líder Juanma Moreno en plena campaña a las municipales de 2023.

Por entonces, una información llevaba ya tiempo circulando por pasillos y despachos: decía que Landaluce hacía extrañas peticiones a sus concejalas y que incluso las manoseaba sin consentimiento. “Puso mi mano sobre su miembro”; “exige a las concejalas que le dejen ver cómo mean”; “esta mañana para apartarme de la mesa del chocolate me tocó el culo”.

Aquellas confesiones explosivas, contenidas en pantallazos de una conversación privada por WhatsApp de varias colaboradoras suyas, fueron saltando de móvil en móvil hasta que llegaron al agitador ultra Alvise Pérez, que las aireó a los cuatro vientos a finales de 2024. Casi un año más tarde, el PSOE las recogió, las certificó ante un notario y presentó una denuncia. Landaluce se tambaleó, luego se revolvió (tanto, que Alvise borró) y finalmente recuperó la firmeza negándolo todo. Le sostuvo su partido, que calificó las denuncias de bulo y se confió a su “referente”, mientras la Fiscalía del Tribunal Supremo archivaba la denuncia contra él.

Hasta ayer, cuando el PP gaditano, presidido por Bruno García, le pidió la dimisión. Dos nuevas denunciantes han contado al Tribunal Supremo y al propio partido que Landaluce las agredió sexualmente, forzándolas a tocarle los genitales o tocándolas él sin consentimiento. Una lo ha denunciado ante el Tribunal Supremo (por ser aforado hasta que se disolvieron las Cortes), relatando hechos presuntamente ocurridos en 2020 y 2021. La otra, una militante popular, acaba de relatar a la dirección una agresión sexual que habría ocurrido en su despacho el 10 de julio.

Landaluce no ha retrocedido. En respuesta, ha grabado en vídeo a dos trabajadores de Alcaldía. En primer plano, insistiendo en que nadie les coacciona, se dicen sorprendidos por la denuncia porque, dicen, la puerta del despacho del alcalde está siempre abierta. En otro vídeo, Landaluce vuelve a proclamar su presunción de inocencia y anuncia batalla hasta el final. Su caída está siendo lenta, por pasos. “Seguiré intentando luchar, pero ¡qué difícil me lo han puesto!”, dice revistiendo de una pátina de coraje su resistencia a abandonar el cargo.

En política desde que Moreno era un niño

El referente de Moreno es ahora un apestado al que el líder provincial quiere echar de su último cargo sin ni siquiera darle las gracias. Pero hace apenas un año era una figura antes poderosísima en el PP gaditano, donde formó un tándem histórico con la exalcaldesa de la capital Teófila Martínez.

Por eso, en él ha anidado también un resentimiento generacional. “Voy a luchar por la presión que se está ejerciendo desde mi partido y mis compañeros, no todos, que llevamos 16 años trabajando codo con codo. Llevo 42 años militando y me exigen que me vaya de la alcaldía”, lamenta.

Quieren echarlo quienes en su día lo admiraban, Bruno García y Juanma Moreno, niños de colegio cuando él ya se batía en una arena municipal por entonces refractaria al PP, como el resto de Andalucía. Era 1984 cuando Landaluce se afilió. En Algeciras habían gobernado comunistas y andalucistas. En el partido mandaban Fraga y Verstrynge. Moreno tenía 14 años y García, cinco.

Desde entonces, este licenciado en Medicina lo ha sido casi todo en el partido y con el partido: primero, concejal, de 1987 a 2001; después, diputado en el Congreso en tres legislaturas (2000-2004, 2008-2011 y 2011-2015); alcalde, desde 2011 hasta ahora (cuatro mandatos, tres con mayoría absoluta); y senador desde 2023. Arrasó en 2011, con más del 51% de los votos en un feudo, el segundo más poblado de la provincia de Cádiz, que en democracia sólo había conocido alcaldes socialistas, andalucistas o comunistas. Doce años después volvió a arrasar, con más del 53%. Todo lo consiguió desde la presidencia del PP de Algeciras, en la que se mantuvo durante más de un cuarto de siglo.

“Ya no es del PP”, pero le sostenía el PP

A Landaluce le duele, porque quienes le quieren defenestrar son los mismos que le arroparon poniéndose de perfil hace apenas unos meses, cuando el PSOE llevó a la Fiscalía los pantallazos que hablaban de él y sus cosas. Aunque la filtración partió de dentro y las víctimas en aquellos mensajes eran tres concejalas del partido (Susana Pérez Custodio -actual presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar-, Eva Pajares -delegada provincial de Salud de la Junta de Andalucía- y Laura Ruiz), nadie en el PP alzó públicamente la voz. Y como el PSOE canalizó la denuncia y las víctimas no lo secundaron, Carolina España lo atribuyó a una estrategia socialista.

Hasta ahora, nadie de los suyos le había dado la espalda de esta manera. Ni siquiera cuando los rumores se pusieron a la luz. En diciembre de 2025, con el estruendo de los mensajes de sus propias colaboradoras expuestos ante Fiscalía y la opinión pública por el grupo municipal socialista, Moreno ganó tiempo: oficialmente, el PP le dio de lado cursando su suspensión de militancia y su paso al Grupo Mixto en el Senado. En realidad, el PP fijó un escenario ficticio: durante semanas, Moreno esquivó la cuestión de si Landaluce debía seguir siendo alcalde alegando que no podía hacer nada porque “ya no es del PP”, mientras lo sostenía con sus 15 concejales.

Se convirtió en un lastre para un partido que no puede volver a presentarlo, pero que no sabía cómo deshacerse de él sin causar un terremoto interno. Lo sueltan cuando no hay más remedio: sólo cuando Landaluce ha anunciado que se presentará a la reelección, previsiblemente contra el PP, el partido ha decidido dejarlo caer.

La prueba de que sí podía actuar quedó a la vista de todos este lunes, cuando el PP actuó: el presidente del PP de Cádiz llamó a reunión y de allí salió un comunicado nocturno pidiendo al alcalde que dimita y exigiendo a los ediles populares que le retiren su apoyo. Este martes, doce de ellos abandonaron el equipo de gobierno. Vox ha anunciado ya que apoyaría una hipotética moción de censura contra él.

El Cristo de Medinaceli, “Regidor Perpetuo de Algeciras”

En este tiempo se convirtió en el hombre que en todos sitios estaba, tan capaz de inaugurar una farola como de acudir cada semana al Senado, mientras en los últimos tiempos abría frentes judiciales para limpiar su honor supuestamente mancillado por la prensa y los socialistas. Internamente, ha manejado su grupo con disciplina férrea, lo que explica los sinuosos caminos que han seguido las denuncias contra él.

Landaluce también ha sido capaz de entender el poder del folclore, religioso o no, como catalizador de la simpatía vecinal. Su última ocurrencia es nombrar al Cristo de Medinaceli “Regidor Perpetuo de Algeciras”. 10.000 euros habrá que pagarle a la Venerable Cofradía Salesiana de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Cautivo (Medinaceli) y María Santísima de la Esperanza por organizar el acto de nombramiento en el Ayuntamiento el próximo 24 de octubre, según ha informado Europa Sur.

En el vídeo en el que vuelve a proclamar su inocencia, Landaluce se dirige a los “vecinos”. Es un recurso habitual de quien ha perdido agarre en su propio partido. A Landaluce le votaron en 2023 casi 23.000 algecireños, el 53,14% del voto. No se puede descartar que recoja lo que le quede de apoyo popular en un nuevo partido de corte personalista. Es un escenario temido por el PP andaluz, porque hay precedentes e implica, muy probablemente, dejar la agrupación local hecha unos zorros: por el PP, ahí están los casos Martín Serón en Alhaurín el Grande (Málaga) o Juan Enciso en El Ejido (Almería); del PSOE, los de Carlos Sánchez en Bollullos Par del Condado (Huelva) o José Manuel Martín Alba en Alcaucín (Málaga).  

Como todos ellos, Landaluce se declara víctima. El hombre que lo fue todo se ve solo, apenas flanqueado por tres pretorianos. “Todos contra mí, qué casualidad que no me den la presunción de inocencia, quieren mi muerte política, mi muerte social”, proclama. Es probable que esté preparado para la batalla, porque hace tiempo que sabe que está solo, y que lo de ahora sólo es la escenificación del abandono en el momento oportuno. “Ya no es del PP”, dijo Moreno hace diez meses. La cuestión es hasta cuándo seguirá siendo alcalde.

La Guardia Civil de Cádiz ha intervenido una tonelada de cocaína al abortar un alijo de esta sustancia que pretendía introducirse a bordo de una barca recreativa en aguas de Chipiona.

En un comunicado, el Instituto Armado ha detallado que en el operativo se han aprehendido 28 fardos de distintos tamaños y peso, que han arrojado un total de 1.015 kilos de cocaína.

La intervención se realizó durante la tarde de este pasado lunes, 12 de octubre, frente a la costa de Chipiona, sin que se haya informado de detenciones al respecto, ya que la operación continúa abierta.

El PP de Cádiz ha solicitado este lunes al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que “presente su dimisión de manera inmediata”, y ha dado “instrucciones” a los concejales del grupo municipal Popular para que “retiren su apoyo al regidor”, después de “recibir en las últimas horas los testimonios de dos mujeres, afiliadas del Partido Popular, que han presentado sendas denuncias” contra el primer edil “por supuesta agresión sexual”.

Así lo ha anunciado el PP de Cádiz en un comunicado en el que avisa de que, en el caso de que el alcalde no dimita, “el grupo de concejales del Partido Popular promoverá todas las acciones necesarias encaminadas a recuperar el gobierno de la ciudad y así dotar de estabilidad a Algeciras”.

Landaluce es alcalde de Algeciras (128.082 habitantes, Cádiz) desde 2011 y ha sido en todos estos años un referente del partido en la provincia. Desde el PP gaditano explican que “esta decisión se adopta tras recibir en las últimas horas los testimonios de dos mujeres, afiliadas del Partido Popular, que han presentado sendas denuncias contra Landaluce por supuesta agresión sexual”. “Ambas mujeres han descrito conductas que consideramos impropias de cualquier persona y especialmente incompatibles con la responsabilidad y ejemplaridad exigibles a un alcalde”, apunta el comunicado del PP.

Hace apenas cuatro días, cuando se conoció la primera de las dos denuncias recientes, Landaluce negó los hechos, insistió en su presunción de inocencia y anunció que volvería a presentarse a la reelección.

El presidente del PP de Cádiz, Bruno García, ha mantenido este lunes por la tarde una reunión con los concejales del PP del Ayuntamiento de Algeciras, a los que ha puesto “al tanto de la situación y les ha dado la instrucción de retirar el apoyo al alcalde, solicitar su dimisión y renunciar a sus responsabilidades dentro del equipo de gobierno, en el caso de que el regidor se niegue a dimitir”. A los ediles que no hayan apoyado la propuesta “se les abrirá un expediente interno”.

En la jornada de este lunes 12 de octubre se ha registrado en el portal del Ayuntamiento la firma de 12 de los 15 concejales que conforman el equipo de gobierno en la que se recoge la petición de que Landaluce renuncie a su cargo como alcalde.

Una primera denuncia archivada

Desde hace más de un año, Landaluce ha acumulado al menos tres denuncias de agresión o acoso sexual. La primera de ellas, formulada el pasado diciembre ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por el grupo municipal socialista por acoso y malversación, fue archivada pocas semanas después. La denuncia no contó entonces con el respaldo de las supuestas víctimas, una de las cuales habría otenido un nombramiento público a cambio de su silencio, después de ser presionada. En aquella primera denuncia se reproducían pantallazos que circulan desde hace años, y que Alvise Pérez divulgó en su cuenta.

Entonces, la Fiscalía archivó, pero Landaluce tuvo que renunciar a la presidencia del PP local y el grupo popular en el Senado, después de que el PP le suspendiera temporalmente de militancia. Él se atrincheró en su municipio (“Si yo dimito, sería dar la razón a los que mienten y atacan”) y Moreno evitó forzar su salida como alcalde alegando que ya no era del PP. Landaluce incluso contraatacó querellándose contra la portavoz municipal del PSOE, Rocío Arrabal, y líder socialista en Andalucía María Jesús Montero, si bien el Tribunal Superior andaluz archivó la querella por entender que las palabras de Montero no eran infundadas.

Ahora las cosas parecen haber cambiado. “La situación ha cambiado desde el mismo momento en el que el PP de la provincia de Cádiz ha tenido constancia de dos denuncias materiales expresas relacionadas presuntamente con la conducta de Landaluce en el ámbito municipal”, puntualiza el comunicado emitido este lunes.

Desde el PP precisan que “una primera información ha sido transmitida al partido por la propia denunciante, a quien el PP le ha ofrecido su apoyo y asistencia jurídica”, mientras que “esta misma semana se ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de otra denuncia interpuesta contra Landaluce”.

El PP de Cádiz indica que “no ha tenido acceso a esta información hasta el día de hoy --este lunes--, tras lo cual se ha atendido, apoyado y asistido también a esta afiliada”.

“Ante esta situación, y con el consentimiento de las propias afectadas, la dirección del PP de Cádiz considera que Landaluce debe abandonar su puesto como alcalde de Algeciras”, subraya el comunicado, donde se apostilla que “el PP respeta la presunción de inocencia de Landaluce, si bien quiere manifestar que los testimonios a los que ha tenido acceso en las últimas horas han provocado la pérdida de confianza en el alcalde, que ya no es afiliado del PP”.

El PSOE propone una moción de censura

El PSOE de Algeciras también ha reiterado su petición de que José Ignacio Landaluce dimita y abandone de forma “inmediata” la Alcaldía, a la que “ha permanecido aferrado como regidor no adscrito durante estos últimos meses” con el “apoyo” hasta este lunes de los 15 concejales del PP, según han criticado. “Han estado años protegiéndole, escudándose en que no había ninguna denuncia contra él y repitiendo la mentira de que todo esto no era más que un montaje del PSOE, pero la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz”, ha recordado la secretaria general del PSOE algecireño, Rocío Arrabal.

Al respecto, desde el PSOE han reiterado su ofrecimiento, ya formulado en varias ocasiones, de que “el PP puede contar con tener a su disposición la firma de los siete concejales del Grupo Municipal Socialista para que salga adelante una moción de censura” que “llega tarde y mal”, pero que en opinión del PSOE es “imprescindible y necesaria para devolver al Ayuntamiento de Algeciras un poco de la tranquilidad y dignidad tan maltratadas en estos últimos tiempos”.

Arrabal ha defendido que su partido “ha estado siempre, desde el minuto uno, al lado y de parte de las víctimas”, asegurando que “la única defensa que Landaluce ha hecho de sí mismo y de sus graves comportamientos en el ejercicio de sus cargos ha sido la de la mentira y la amenaza, apoyado por el 'pacto de omertá' [pacto de silencio] que tenía con que el que hasta hace unos meses había sido su partido, el Partido Popular”.

“Todo esto es muy grave, han estado como mínimo dos años mirando para otro lado, con lo que no sólo han perpetuado el atrincheramiento de Landaluce en la Alcaldía de Algeciras, sino que también han impedido que se pudieran prevenir otros casos”, ha aseverado la secretaria general del PSOE de Algeciras, quien ha insistido en exigir al alcalde que “pida perdón a las mujeres y a la propia ciudad por todo el daño causado, que es mucho”.

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha pedido que se respete su presunción de inocencia ante la denuncia presentada en el Tribunal Supremo por un presunto acoso sexual, cuyos hechos ha “negado rotundamente”. Así, ha anunciado que va a defender su “inocencia” ante una denuncia que “a día de hoy no consta que haya sido admitida a trámite”, así como que va a “seguir trabajando” por Algeciras y que se va a presentar a las próximas elecciones municipales de mayo de 2027.

“Son unas acusaciones graves y me voy a defender judicialmente. No voy a especular sobre quién puede estar detrás de esta denuncia, ni sobre sus motivaciones, lo que sí tengo muy claro es que en política no vale todo y que ninguna controversia debe convertirse en una condena pública ya anticipada”, ha manifestado Landaluce en un video difundido en sus redes sociales y recogido por Europa Press. Po u parte, PSOE, Adelante Andalucía e IU exigen han pedido durante el día su dimisión.

El alcalde ha comenzado negando “con absoluta claridad” los hechos de la denuncia que, según avanzó Europa Sur, presentó una mujer contra él en el Tribunal Supremo (por su condición de senador) por un presunto acoso sexual. “Con la tranquilidad de quien sabe lo que ha hecho y lo que no ha hecho, son acusaciones que rechazo por completo y frente a las que voy a defender mi inocencia”, ha asegurado.

Así, ha indicado que su abogado solicitará acceso al escrito presentado ante el Tribunal Supremo para conocer íntegramente su contenido y ejercer se derecho de defensa. En este sentido, ha afirmado que “a día de hoy, según la información conocida, no consta que esta denuncia haya sido admitida a trámite, por eso pido que se respete mi presunción de inocencia, que sean los tribunales y no los titulares de prensa ni los juicios paralelos quienes determinen los hechos”.

Landaluce ha recordado que “hace unos meses” ya tuvo que defenderse de otra denuncia presentada por el PSOE, que no fue admitida a trámite por el Supremo. “No voy a anticipar el resultado de este nuevo asunto, pero tampoco voy a permanecer impasible. Mi honor, mi familia y mi trayectoria personal merecen respeto y tengo derecho a defenderlos”, ha manifestado.

El alcalde se ha querido dirigir “a quienes esperan que esta situación” le aparte de su “responsabilidad” para decir que va a “seguir trabajando por Algeciras, por los algecireños, con la misma dedicación, con el mismo cariño y con las mismas ganas de mejorar la vida de los vecinos”.

“No voy a dejar que unas acusaciones que niego rotundamente me desvíen de este compromiso”, ha dicho Landaluce, que ha puesto su confianzas en la justicia y asegurado que se defenderá “donde corresponde, ante los tribunales”, donde pondrá “a su disposición cuanto resulte necesario para demostrar la falsedad de esta denuncia”.

Finalmente, tras recordar que quedan diez meses para las siguientes elecciones, ha anunciado que en este tiempo se va a “seguir partiendo el alma trabajando” y que se volverá a presentar a las elecciones. “Y si los algecireños quieren, seré de nuevo y tendré de nuevo el honor de ser su alcalde”, ha concluido.

Porras y rociadas de agua para volver a usar el espacio público. Es el consejo que ha dado, usando sus redes sociales, el párroco de la localidad onubense de Aljaraque, Emilio Rodríguez Claudio, que no ha dudado en contestar en estos términos a un mensaje en Facebook.

Un asunto que ha desvelado la cadena SER en Huelva y que se inicia cuando un conocido exresponsable de medios de comunicación de la provincia usó sus redes sociales para sus habituales proclamas contra el gobierno.

En esta ocasión, mostraba una imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la vicepresidenta Yolanda Díaz sentados en el Congreso de los Diputados, con el texto: “Mari Carmen fue desahuciada bajo un gobierno del PSOE, por una ley del PSOE (LAU 1994) que el PSOE/Sumar no han tocado en 8 años. La sacó la Policía Nacional de Marlaska por orden judicial. Y ella culpaba a Pedro Sánchez de forma directa por ello. Ahora maquíllalo como puedas”.

Al verlo publicado, el sacerdote respondió: “a los de las tiendas de campaña unas buenas rociadas de agua y porras para dejar los espacios ocupados para la libre circulación de la gente”.

El mensaje, que sigue aún publicado en Facebook, se une a varios que el sacerdote ha publicado en los últimos días contra el Gobierno central, sobre todo centrados en la crisis humanitaria de Ceuta. 

Entre otros, compartía una publicación en la que se pedía levantar un muro para aislar a Marruecos, o un artículo con el nombre “Por si no lo recordabas, más allá de Maricarmen, Ceuta sigue invadida de inmigrantes ilegales”.

Desde el Obispado de la provincia se ha admitido a elDiario.es Andalucía que el sacerdote mantiene una postura en redes de la que han hablado con él en alguna ocasión, aunque entienden que se trata de su perfil personal, y que su opinión no representa la de la Iglesia Católica.

Indican además que, como ceutí, está “muy sensibilizado” con lo que está ocurriendo en su ciudad natal, lo que justificaría su actitud en su perfil de Facebook.

Un referente en la Iglesia de la provincia

El cura de Aljaraque es sacerdote agustino y mantiene una relación de amistad con el papa León XIV. De hecho, el papa visitó dos veces la provincia de Huelva antes de ser elegido. Hace una semana, el pontífice hablaba sobre el desahucio de Maricarmen y lanzaba una pregunta: “¿Cuál es el problema en el sistema que permite que una anciana sea echada de su casa?”.

Nacido el 7 de abril de 1960, fue ordenado sacerdote en Madrid el 9 de junio de 1984, y llegó a Huelva, junto con la comunidad agustiniana, el septiembre de 1996.

El 14 de abril de 2021 fue nombrado Vicario General de la Diócesis de Huelva, cargo que ha mantenido hasta el pasado junio. 

Ha sido, además, deán de la Catedral de Huelva, de modo que ha estado al frente del grupo de clérigos encargado de administrarla.

En 2025, el Ayuntamiento, gobernado por el PP, le entregó la Medalla de la Villa de Aljaraque en la categoría de Valores Humanos, por “su entrega solidaria, labor pastoral y social, y su compromiso con los colectivos más necesitados del municipio”.

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano y la Academia de Cine de Andalucía afianzan su relación mediante la renovación de su acuerdo anual de actividades conjuntas. Como preámbulo a la programación principal, la colaboración arrancará el 5 de octubre a las 19:00 horas en el Gran Teatro de Huelva con un pase especial del cortometraje ‘Iván & Hadoum’, dirigido por Ian de la Rosa, para conmemorar el Día del Cine Español. La proyección de esta obra, galardonada en festivales de la talla de Berlín y Málaga, incluirá una presentación y un coloquio posterior a cargo de su director.

Durante la semana oficial del certamen, que se desarrollará entre el 13 y el 21 de noviembre, destaca la exposición fotográfica ‘Cinco años de la Academia de Cine de Andalucía’. Esta muestra ofrecerá un repaso visual a las galas, profesionales premiados, homenajeadas e hitos de los Premios Carmen, recordando muy especialmente la edición de 2024 en Huelva, que coincidió con el año de celebración del 50.º aniversario del certamen. La inauguración tendrá lugar la mañana del viernes 13 de noviembre en el Espacio Santa Fe, donde permanecerá abierta al público durante todo el festival.

Asimismo, por segundo año consecutivo, se impulsará una iniciativa formativa en centros docentes de Huelva dentro de la sección Cine y Valores. A lo largo de la semana de celebración, se ofrecerá la proyección de los cortometrajes 'Inquilinos', de Adrián Ordóñez, y ‘Tiempo prestado’, de Paco Ortiz, participando posteriormente en encuentros y debates con los cineastas andaluces.

Una persona migrante ha muerto este sábado a causa de un incendio registrado en un asentamiento de chabolas en Palos de la Frontera, en Huelva, lo que hace ascender la cifra a dos muertes durante septiembre en este tipo de campamentos en el que viven en su mayoría temporeros dedicados a la recogida de los frutos rojos. El fuego se ha iniciado en torno a las nueve de la mañana y al lugar se ha trasladado el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva para extinguirlo.

El fuego ha afectado a una veintena de chabolas que se encontraban en la zona del polígono de San Jorge, han trasladado desde la Diputación, aunque se desconoce si hay más personas afectadas. A la zona afectada se han desplazado cuatro bomberos y dos vehículos de extinción, así como Guardia Civil, Policía Local, el 061 y Cruz Roja.

Una vez controladas las llamas, los cuerpos de emergencia se esforzaron en disipar el intenso humo, ya que había serias dificultades para que el juez de guardia accediera al interior de la chabola en la que se encontraba la persona fallecida. Por el momento, se desconocen las causas del incendio.

El hombre que ha fallecido era de origen mauritano y tenía 39 años, han informado fuentes de su entorno a EFE. El joven llegó a Canarias en un primer momento en el año 2025, desde donde logró trasladarse al territorio peninsular y, finalmente, se instaló en Palos de la Frontera para trabajar en las campañas agrícolas tanto del municipio como de pueblos vecinos.

Dos muertes en un mes

Este asentamiento es uno de los de mayores proporciones en Huelva, en el que viven durante todo el año personas migrantes que trabajan como temporeros en las campañas agrícolas de la zona. Una cuestión por la que han clamado en diversas ocasiones los sindicatos para que se mejoren las condiciones de vida de este grupo vulnerable. Asimismo, cabe recordar que la última muerte registrada fue el pasado 12 de septiembre en Lucena del Puerto, donde murió otra persona migrante.

Dos meses antes, en julio, Palos de la Frontera sufría una de las mayores catástrofes que se han registrado en la zona a causa de un incendio que calcinó unas 300 chabolas y que se propagó a lo largo de 300 hectáreas, dejando inutilizable el terreno y destrozando las casas de las personas migrantes que viven en condiciones de penuria. En declaraciones a los medios, la alcaldesa de Palos, Milagros Romero, apuntaba a que esta continua alarma era “reiterada todos los años, siempre al final de campaña hay este tipo de sucesos”.

En el año 2023, el polígono San Jorge también vivió un episodio trágico: varias personas sufrieron lesiones y unas 200 infraviviendas quedaron quemadas tras un incendio virulento. Un punto caliente, ya que, como refleja el Informe Frontera Sur 2025 elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), esta área forma parte de los asentamientos más extensos de la provincia, siendo estos: San Jorge (Palos de la Frontera), Las Madres (Moguer), El Bosque, Santa Lucía y La Sevillana (Lucena del Puerto) y Lepe. En conjunto, Andalucía Acoge estima que hay alrededor de 5.000 personas viviendo en condiciones de extrema vulnerabilidad.

En abril de este año, la derecha tumbó una proposición no de ley (PNL) presentada en la Comisión de Política Territorial del Congreso de los Diputados para constiuir un Comisionado para la Migración Temporera en Huelva, una medida que buscaba mejorar la coordinación entre el Estado y Andalucía, al igual que desde el poder municipal, para lograr una solución conjunta a las condiciones de pobreza y abandono que sufren los temporeros.

Moeve ha acelerado de forma definitiva su estrategia de transformación energética 'Positive Motion' con el pistoletazo de salida oficial a las obras de construcción de 'Onuba', la primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, llamado a convertirse en el mayor hub energético de hidrógeno renovable de toda Europa con una capacidad final de 2 gigavatios (GW) de electrólisis.

Esta primera fase echará a andar en el Parque Energético de Palos de la Frontera (Huelva) con una capacidad inicial de 300 megavatios (MW) de electrólisis, ampliable en 105 MW adicionales -condicionados a la disponibilidad eléctrica y a una nueva aprobación corporativa-. La iniciativa supone movilizar de forma directa más de 1.000 millones de euros de inversión conjunta, incluyendo la infraestructura industrial asociada y el desarrollo de una planta fotovoltaica de autoconsumo.

El consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, ha subrayado que este movimiento marca un hito en la transición del sector. “Convertimos, de nuevo, una ambición en una realidad tangible: hoy dejamos atrás la era de los proyectos piloto de hidrógeno verde para avanzar hacia la construcción de proyectos de gran escala”, indicó.

Asimismo, el ejecutivo de la energética ha destacado la relevancia de un proyecto como 'Onuba' que en la escena internacional “consolida a España en el vagón de cabeza europeo para la producción de nuevas energías sostenibles y supone un paso decisivo para conseguir una Europa más competitiva y energéticamente más autónoma”.

Para llevar a cabo este despliegue, la antigua Cepsa ha diseñado un esquema accionarial y financiero corporativo de primer nivel donde tendrá el control con un 51% del capital.

Además, la compañía ha sumado como socios estratégicos a Hy24, el mayor fondo especializado en hidrógeno del planeta respaldado por Ardian, y a la sociedad estatal Cofides, que mantendrán una participación conjunta del 29%, tras la salida del accionariado de Masdar, pero que se mantiene en el proyecto como proveedor de energía a través de la firma de un contrato de suministro de energía a largo plazo (PPA, por su sigla en inglés).

El 20% restante queda en manos de Enagás Renovable --cuyo accionariado está también liderado de forma mayoritaria por Hy24, que ostenta el 80% de las acciones, mientras que Enagás mantiene el 20% restante-- y Alter Enersun.

En su arranque oficial este jueves, 'Onuba' ha contado con un respaldo contundente, con la presencia en el acto del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que ha asistido junto a Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; así como de la Junta de Andalucía, con su presidente Juanma Moreno a la cabeza; o de las instituciones comunitarias.

En su discurso, Pedro Sánchez ha asegurado que 'Onuba' representa “una parte de la solución” a la emergencia climática, en un territorio que este verano vio como los incendios arrasaron hectáreas. “Es un proyecto ejemplo de una parte de la solución a la emergencia climática y, además, forma parte del futuro de Huelva, Andalucía y del futuro energético e industrial de España y Europa”, ha manifestado.

Asimismo, ha puesto en valor la apuesta del Gobierno de España por acompañar al sector en esta transición energética y convertir al hidrógeno verde en “una oportunidad país”.

Sánchez, que ha anunciado también que en los próximos días se dará el pistoletazo a la tramitación de los primeros tramos de la red troncal de hidrógeno, ha considerado que producir más energía en España y Europa “no es solamente una cuestión climática, también lo es de autonomía”.

“No podemos dejar nuestro suministro a merced de guerras injustificadas ni pagar los platos rotos de quienes convierten la energía en una pieza más de sus juegos de poder”, ha manifestado.

Por su parte, Juanma Moreno ha reivindicado la fortaleza competitiva de la región en la carrera global por este vector energético. “Aquí se inicia la construcción del símbolo más potente con el que decirle al mundo que Andalucía y España están preparadas y capacitadas para ser protagonistas de la 'revolución' por la energía limpia que necesita el planeta”, ha dicho.

En esta misma línea, el presidente andaluz ha valorado el papel clave de la Comunidad Autónoma ante la “enorme oportunidad y la responsabilidad” de convertir a Andalucía “en la gran factoría de producción y exportación de hidrógeno renovable de Europa”.

Asimismo, Moreno ha solicitado al Gobierno central dotar a Andalucía de la infraestructura eléctrica suficiente para asumir la demanda de proyectos industriales deseosos de instalarse en la región. “Podemos hacerlo, debemos hacerlo y queremos hacerlo”, ha aseverado.

Mientras, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha valorado el impacto geopolítico y productivo de la planta.

“El reconocimiento de esta planta como Proyecto de Interés Común por la UE refleja su dimensión estratégica y contribución a la transformación de nuestro sistema energético”, ha señalado en un vídeo grabado.

El impacto socioeconómico en la región del proyecto será inmediato, con la estimación de generar más de 8.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos a lo largo de toda la cadena de valor. Asimismo, la fase de construcción y puesta en marcha involucrará la contratación de más de 400 pymes y trabajadores autónomos locales.

Desde el punto de vista industrial, 'Onuba' alcanzará una producción aproximada de 45.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable, lo que evitará la emisión de 250.000 toneladas de CO2 al año. Este volumen equivale al impacto contaminante del parque automovilístico completo de tres capitales andaluzas: Huelva, Cádiz y Jaén.

La previsión es que 'Onuba' entre en producción en 2029 y, en un principio, ésta será para autoconsumo, permitiendo sustituir al 100% el hidrógeno fósil que se consume en su Parque Energético en Palos de la Frontera por hidrógeno renovable. No obstante, el objetivo es que a futuro ese consumo de hidrógeno 'verde' también se destine al consumo de distintos actores industriales.

El proyecto cuenta con un respaldo público relevante, al haber obtenido una subvención de 304 millones de euros concedida por el Gobierno de España en el marco del Plan de Recuperación. Los fondos proceden del programa de apoyo a los Valles de Hidrógeno Renovable mediante la dotación europea NextGenerationEU.

Asimismo, el complejo será un escaparate tecnológico sin precedentes para el sector. Se constituirá como la primera planta nativa digital de Moeve, incorporando desde su fase de diseño un gemelo digital y una plataforma unificada de datos e IoT destinada a optimizar la eficiencia y la seguridad de la operación.

La inversión de Moeve en Andalucía alcanzará los 2.400 millones de euros de forma acumulada entre esta instalación y la nueva planta de biocombustibles 2G para la producción de SAF y diésel renovable (HVO).

La combinación de ambos activos convertirá a Palos de la Frontera en el mayor hub de moléculas verdes del continente y en un referente en procesos de reindustrialización, con dos de los cuatro mayores proyectos industriales que se construyen en España en la actualidad.

El Gobierno de España y la Junta de Andalucía Gobierno han acordado este jueves “avanzar de manera coordinada” para restablecer la legalidad y demoler El Algarrobico, el hotel sito desde hace más de dos décadas en la playa del mismo nombre, en pleno dominio público marítimo terrestre y en el Parque Natural de Cabo de Gata. Así lo han expresado las dos administraciones tras la reunión bilateral celebrada este jueves, la primera después de que la licencia de obras concedida en 2003 a Azata del Sol quedar anulada, al fin, por el Ayuntamiento de Carboneras. Queda orillada, al menos de momento, la vía de la expropiación.

Ambas administraciones han “puesto en común los avances” tras la declaración de nulidad y han acordado “unificar sus esfuerzos para agilizar la tramitación”. El avance es la apertura de un expediente que, en un máximo de un año, debería ordenar la demolición del lugar. Eso, si no se cruza algún obstáculo administrativo o judicial que aleje nuevamente el fin de El Algarrobico, una de las aberraciones urbanísticas más conocidas de España.

Por ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tiene ante sí los recursos de tres exalcaldes (Cristóbal Fernández -quien concedió la licencia, PSOE-; José Luis Amérigo -PSOE- y Felipe Cayuela -PP), además del de Azata del Sol, contra el acuerdo del Pleno de Carboneras que anuló la licencia. En puridad, son recursos ante el Ayuntamiento que los magistrados no tienen por qué resolver, pero que el actual alcalde les ha hecho llegar para mostrar la voluntad obstruccionista de los exregidores.

Todos alegan lo mismo: que ese acuerdo ignoraba uno adoptado en el Pleno celebrado 15 días atrás, cuando los ediles socialistas y los no adscritos consiguieron que no se votara hasta que se recabaran nuevos informes sobre la posible repercusión patrimonial de anular la licencia. La escandalera fue tal que los concejales socialistas fueron expedientados, la Fiscalía abrió una investigación y el TSJA volvió a advertir con multas si no se cumplía de una vez su sentencia.

Ocurrió, al fin, el 7 de julio, con el voto a favor de ocho concejales (el alcalde Salvador Hernández -Ciudadanos-, cinco del PP y dos del PSOE) frente a cinco que se ausentaron. La nulidad de la licencia, ya ejecutiva pese a los recursos, dio paso a una pantalla inédita desde que hace 23 años Azata empezara a construir el hotel, paralizado por orden judicial el 7 de febrero de 2006.

Sin pasos o fechas

Este nuevo camino es el que ahora quieren explorar juntos el Gobierno y la Junta de Andalucía. Ninguna de las dos administraciones ha informado de pasos o fechas. No hay concreción en sus comunicados, una cautela después de que todos los anuncios de cualquier avance material durante la última década se hayan dado de bruces sistemáticamente con la realidad, mucho más tozuda: cualquier paso topaba con el Ayuntamiento, que en todo este tipo ha arrastrado los pies para cumplir la sentencia que le obligaba a ello, cuando no ignorado abiertamente las órdenes de los jueces. La falta de concreción material también obedece a que todo pasa ahora por el expediente administrativo.

Sin embargo, todo esto no resta valor político de los comunicados, en los que se vislumbra una voluntad por enterrar diferencias. Empezando por la propia nota: un texto único pactado y enviado por el Ministerio de Transición Ecológica y la Consejería de Sostenibilidad. El texto subraya que la nulidad de licencia acordada por el Ayuntamiento el pasado 7 de julio, y la apertura de un expediente para restablecer la legalidad por parte de la Junta, abren una etapa nueva. “La coordinación entre ambas administraciones [Junta y Gobierno] tiene como objetivo dar agilidad a este procedimiento y avanzar en las actuaciones necesarias para hacer posible la demolición del edificio y la recuperación del espacio natural por parte del promotor”, señala el texto.

El expediente ante la Dirección General de Ordenación del Territorio tiene como fin imponer las “medidas necesarias para adecuar la realidad a la ordenación territorial y urbanística” y debe estar resuelto en el plazo máximo de un año, según recoge el acuerdo de iniciación y la propia ley de suelo andaluza (LISTA).

Una vez acordadas esas medidas, que en su caso pasarán por el derribo del hotel por estar situado en dominio público marítimo-terrestre y suelo protegido del Parque Natural de Cabo de Gata, Gobierno central y autonómico aplicarán el Protocolo suscrito en noviembre de 2011 para la recuperación de la playa, y que ha sido expresamente refrendado hoy. El protocolo hace un reparto de tareas: el Ministerio debe abordar la demolición de la edificación y a la Junta de Andalucía le corresponde el desescombro y la correcta gestión de los residuos que la demolición genere.

A pesar de este reparto, el delegado de la Junta en Almería, Francisco Góngora, detalló a principios de septiembre que la Consejería de Vivienda iba a instar a Azata, titular de la licencia, a asumir la tarea de planificar y demoler el edificio que levantó, sin descartar multas si se resiste a ello.

Un año de batalla política

La reunión entre las dos administraciones se produce en el marco de la Comisión Mixta de Seguimiento del Protocolo. La anterior reunión se celebró el pasado 23 de junio y en ella ya se atisbó una voluntad de enterrar el hacha de guerra tras los desencuentros que marcaron el año previo. La nulidad de la licencia, pero también el envite electoral andaluz, han contribuido a serenar las aguas y extraer El Algarrobico de la contienda política, al menos por ahora. Ha sido un año en que la construcción ilegal en nuevo escenario de la batalla entre gobiernos, que se han acusado mutuamente de deslealtad e ineficacia.

En febrero de 2025 la entonces vicepresidenta y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, se plantó ante El Algarrobico y anunció por sorpresa que el Gobierno lo expropiaría y derribaría antes de final de año. La irrupción de Montero sentó como un tiro en la Junta.

El Ministerio apuntaba que la vía autonómica estaba muerta desde hace años y era perder el tiempo; el autonómico insistía en que exigir al Ayuntamiento el cumplimiento de las sentencias (que ordenan a Carboneras que declare que el suelo es no urbanizable y que la licencia es nula acabaría dando resultado, y desconfiaba de la expropiación, un nuevo procedimiento que también podía encharcarse, y en el que la Junta decidió ponerse de perfil.

Lo cierto es que a partir de entonces la ejecución de las dos sentencias del TSJA, firmes desde 2018 y 2022, respectivamente, se aceleró. Tras años ausente, la Junta de Andalucía se personó en los dos procesos de ejecución, los impulsó, y en julio de 2025 el Pleno municipal declaró que El Algarrobico es zona no urbanizable, por estar en la playa (Ley de Costas) y en un Parque Natural. La sentencia que le obligaba a ello es de 2016. Un año más tarde, el pasado 7 de julio, declaró la nulidad de la licencia, al segundo intento.

La culminación de estos dos pasos parece haber orillado, al menos por ahora, la vía de la expropiación abierta por el Gobierno hace poco más de un año. No hay ninguna referencia a ella en las notas. Tras la constatación de que hay un abismo entre lo que pide la promotora (44,5 millones) y lo que ofrece el Gobierno (16.500 euros), el asunto está pendiente de resolución por un tribunal provincial de expropiaciones.

En el encuentro de este jueves, celebrado mediante videoconferencia, han participado representantes de las consejerías de Sostenibilidad y Medio Ambiente y de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, junto con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El Ayuntamiento de Carboneras ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los recursos impulsados por los tres exalcaldes del municipio, los concejales José Luis Amérigo, Felipe Cayuela y Cristóbal Fernández -este último en calidad de presidente de una asociación- contra el acuerdo de Pleno aprobado el pasado 7 de julio para la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel ubicado en El Algarrobico, de cara a declarar la nulidad del permiso conforme al mandamiento del alto tribunal andaluz.

En un escrito que acompaña los recursos elevados durante el pasado mes de agosto, el Consistorio recuerda que el acuerdo para anular el permiso otorgado a Azata del Sol en enero de 2003 siendo alcalde Cristóbal Fernández con el PSOE se produjo tras una “importante serie de incidencias que nunca fueron imputables al actual alcalde”, Salvador Hernández (CS) sino que obedecieron a una “carencia de medios humanos”.

En sus recursos, los exalcaldes inciden en que la revisión de oficio de la licencia se aprobó sin tener en cuenta los acuerdos adoptados en un pleno anterior, en el que varios ediles apoyaron dejar sobre la mesa la decisión hasta recopilar nuevos informes jurídicos para evaluar el impacto de la medida.

“Línea torticera”

Frente a esta cuestión, desde el Ayuntamiento se incide en que el punto para propiciar la anulación de la licencia del hotel que finalmente se aprobó con el voto de siete concejales tuvo en cuenta la obligación de cumplir con las resoluciones judiciales firmes, conforme instó la Sala de lo Contencioso-administrativo.

“Si ello es de obligado cumplimiento, no parece que tal mandato sea acogido por una serie de personas que detenta funciones tanto en el ámbito privado como público y cuya pretensión es torpedear y sustraerse a la acción de la justicia, utilizando, para ello, el fraude de ley”, apunta el escrito municipal.

Así, desde el Consistorio se alerta de la “línea torticera” que, mediante estos recursos de reposición contra el acuerdo de pleno para anular la licencia de obras, mantienen algunos concejales y personas ajenas a la actual corporación.

“Todos los mencionados recursos accionados presentan, curiosamente, la misma redacción, tanto en sus fundamentos fácticos y jurídicos, como si de un auténtico calco se tratara, incidiendo falazmente en que no se cuestiona el deber del Ayuntamiento de Carboneras de cumplir las resoluciones judiciales sino la regularidad procedimental del Acuerdo plenario de 7 de julio de 2026”, observan desde el Ayuntamiento.

El acuerdo para la anulación de la licencia recibió un cuarto recurso, en este caso, impulsado por Azata del Sol, la empresa promotora del inmueble a la que se concedió el permiso en enero de 2003 para levantar el edificio que, conforme el actual planeamiento general, se asienta en terrenos no urbanizables de especial protección. Dicho escrito no se ha elevado al tribunal.

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez (PP), ha relacionado una presunta agresión sexual ocurrida en este municipio almeriense con la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta del pasado julio. La Subdelegación del Gobierno en Almería ha asegurado a posteriori que el detenido llegó a la provincia desde la ciudad autónoma hace más de un año y ha criticado que el Ayuntamiento “era conocedor” de esa circunstancia cuando la regidora hizo las declaraciones. Preguntado elDiario.es Andalucía sobre si la alcaldesa iba a matizar sus declaraciones, el Consistorio ha rechazado hacerlo: “No hay que matizar nada”, explican desde su gabinete, que insiste en que el vídeo “no da a confusión”.

En el vídeo difundido por la alcaldesa en sus redes sociales, Ibáñez califica de “muy grave” el suceso y afirma que una mujer ha sufrido “una agresión sexual consistente en tocamientos” por parte de “un inmigrante ilegal procedente de Ceuta”. A continuación, enlaza el caso con la crisis migratoria de este verano: “Las consecuencias de la invasión de Ceuta consentida por Pedro Sánchez ya están llegando a la península”, afirma. Después reclama al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que explique “cómo ha llegado hasta aquí”, “si ha habido algún traslado” y “quién lo ha autorizado”.

La Subdelegación del Gobierno ha desmentido la asociación que ha hecho la regidora en sus perfiles en Instagram y Facebook. Según fuentes oficiales, “la persona detenida había llegado a Almería hace algo más de un año desde Ceuta”. Además, añaden que “el Ayuntamiento de El Ejido era conocedor también” de esa circunstancia. Sin embargo, desde el Consistorio ni matizan ni rectifican las palabras de la primer edil.

Preguntados expresamente por si el Ayuntamiento iba a matizar o desdecirse después de la aclaración de la Subdelegación, desde el gabinete municipal responden que “no se dice que este migrante llegase a finales de julio” y que “no da a confusión”. “Nosotros ya nos pronunciamos con el vídeo”, añaden. La alcaldesa no afirma literalmente en su vídeo que el detenido llegase a El Ejido durante la entrada masiva de julio. La asociación se produce a través de la sucesión de las declaraciones: identifica al detenido como procedente de Ceuta, afirma inmediatamente después que las “consecuencias” de la crisis ya están llegando a la Península y reclama explicaciones sobre un posible traslado. La Subdelegación, sin embargo, sitúa la llegada del hombre a Almería más de un año atrás.

En todo caso, los hechos que han dado pie a las declaraciones de la alcaldesa se produjeron el pasado domingo. Entonces, el detenido fue arrestado por la Policía Local de El Ejido después de que una mujer alertara a los servicios de emergencias y denunciara haber sufrido tocamientos sexuales sin consentimiento, según fuentes policiales citadas por Europa Press. Pese a que la investigación sobre los hechos continúa y el Gobierno desvincula lo sucedido con la entrada masiva del pasado julio, la alcaldesa Ibáñez ha aprovechado además para reclamar “actuaciones inmediatas y urgentes” como la “devolución” de las personas que delinquen y no tienen derecho a permanecer en España, así como más medios para las fuerzas y cuerpos de seguridad. “La seguridad de los ejidenses no es negociable”, concluye.

Casi dos meses de crisis migratoria

Cabe recordar que la situación migratoria a la que alude la regidora se produjo los días 30 y 31 de julio, cuando se registró una entrada masiva de personas desde Marruecos hacia Ceuta, que mantiene al Ejecutivo central, a la ciudad autónoma y a oposición política enfrentados por la respuesta que se puede dar a la crisis. Una respuesta que no acaba de llegar con la velocidad que desearían migrantes y ceutíes y que ya ha dado pie a escenas violentas. El Gobierno cifró en un primer momento en 72.000 las personas que llegaron a la ciudad durante el episodio, aunque la inmensa mayoría regresó a Marruecos en las horas posteriores. A finales de agosto, el Ministerio de Defensa calculaba que alrededor del 90% de quienes habían entrado ya habían retornado.

La crisis, no obstante, mantiene efectos sobre la ciudad autónoma. El Gobierno central aprobó el 1 de septiembre un plan de choque de 309 millones de euros para reforzar servicios públicos, seguridad y dispositivos de acogida, mientras que Interior había contabilizado a comienzos de septiembre 4.516 retornos voluntarios y 278 expulsiones. En cuanto a los menores, el Ministerio había identificado más de 2.000 desde el inicio de la entrada masiva. Es en este contexto de crisis migratoria todavía abierta en el que la alcaldesa de El Ejido introduce el caso del detenido, aunque la Subdelegación sostiene que su llegada a Almería se produjo más de un año antes.

Más de 130.400 estudiantes de ESO, Bachillerato, FP y Adultos comienzan las clases este martes en Andalucía. La normalidad será la nota dominante, pero hay lugares donde no se alcanza esa normalidad a veces deseada. Cabo de Gata empieza otro curso sin el instituto que los vecinos llevan años reclamando para la zona. La propuesta pasa por construir un centro de Secundaria en Pujaire que dé servicio a varios núcleos de Níjar y Almería capital y evite los desplazamientos que cada día tienen que hacer los alumnos. La plataforma ciudadana que reclama el proyecto sostiene que hay terreno disponible y que la zona reúne las condiciones para acoger el centro. “Si el instituto estuviera aquí en Pujaire, muchos de los que se van fuera no se irían. Se quedarían aquí”, explica Lola Alonso, vecina de la zona y madre de un niño que este curso comienza la ESO.

El Ayuntamiento de Níjar, gobernado por el PP, también defiende la construcción del instituto y asegura que ya ha abordado el proyecto con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía. Sin embargo, el Gobierno andaluz no concreta si tiene previsto levantar el centro ni pone fecha al proyecto. Su respuesta se limita a señalar que “la escolarización está garantizada” y que Educación continúa priorizando las necesidades de infraestructuras. Mientras, los vecinos denuncian desplazamientos de hasta 45 minutos para acudir a clase y relacionan la falta de servicios con la pérdida de población en estos núcleos.

Un instituto para toda la costa

Porque la reivindicación no se limita a Pujaire, que es un anejo de Níjar, sino que la plataforma ciudadana plantea el instituto para varios núcleos del entorno de Cabo de Gata, una zona marcada por la dispersión geográfica. El Ayuntamiento de Níjar habla de ocho pedanías de los municipios de Níjar y de la propia Almería capital que podrían beneficiarse del centro. De este modo, Pujaire, Ruescas, San José, Cabo de Gata, El Pozo de los Frailes, Barranquete y Cortijo Abajo son los principales núcleos de población que se beneficiarían de esta infraestructura que se llamaría Puerta del Cabo por situarse, precisamente, a las puertas del parque natural.

Pero sin ella, la situación actual obliga a los estudiantes a desplazarse fuera de sus localidades para continuar sus estudios. Y no hablamos de un trayecto puntual. Es el viaje de ida y vuelta de cada día lectivo. “Si tú metes a un niño en un autobús 45 minutos para ir y otros 45 para volver a su instituto, es una barbaridad”, lamenta Francisco Palenzuela, uno de los portavoces de la plataforma que pone el foco en la gran dispersión geográfica que hay entre unas zonas y otras.

El problema, casi como la propia dispersión, viene de lejos. Palenzuela explica que la reclamación ya existía antes de los últimos comicios locales de 2023 y que, pese al cambio de corporación municipal del PSOE al PP, los vecinos han seguido reclamando el centro, contando incluso con el respaldo consistorial, pese a que Gobierno regional y local comparten signo político.

Además, personas como Lola Alonso tienen un motivo especialmente cercano para seguir reclamando el instituto: su hijo tiene 11 años y este curso comienza la ESO. Si el centro que reclaman los vecinos estuviera construido, no tendría dudas sobre dónde estudiaría. “Si estuviera el instituto, mi hijo iría a este instituto. No iría a uno tan grande como el de Puerto Carrero”, explica. En Cabo de Gata, según relata, los alumnos pueden cursar actualmente primero y segundo de ESO, pero después tienen que desplazarse para continuar sus estudios. En el caso de las familias de San José, algunas optan por llevar a sus hijos a Cabo de Gata durante esos primeros cursos y después deben buscar otro centro cuando terminan esa etapa.

La falta de un instituto propio hace que los desplazamientos formen parte de la trayectoria educativa de estos niños. Y, para algunas familias, también empieza a pesar en la decisión de dónde vivir. “Muchos padres se están yendo de aquí y vendiendo sus casas”, asegura Alonso. “Estamos perdiendo población en los pueblos rurales porque se van buscando una mejoría para su hijo”.

Un solar de 18.000 metros cuadrados

Por eso, los vecinos no solo reclaman el instituto. También tienen identificado dónde quieren que se construya ya que el propio Ayuntamiento de Níjar ha ofrecido a la Junta de Andalucía una ubicación concreta. Según la información que maneja la plataforma, se podría construir en una parcela situada en Pujaire y que cuenta con una superficie gráfica de 17.833 metros cuadrados, más que suficiente para adecuar un centro educativo que absorva a una población que supera ampliamente el millar de menores en edad para cursar sus estudios allí.

Palenzuela asegura que se trata de un terreno municipal de alrededor de dos hectáreas y considera que reúne las condiciones necesarias para acoger el instituto. “Está todo: el solar despejado, la carretera... cumple todo”, sostiene. De hecho, el Ayuntamiento de Níjar confirma que Pujaire es una de las opciones planteadas. En la información facilitada a este periódico, el Consistorio señala que el instituto, “por ubicación y requisitos”, podría construirse en la localidad.

Además, el Consistorio también asegura que ha mostrado públicamente su apoyo al proyecto. Los concejales de Educación y Urbanismo se han reunido con la plataforma para abordar la necesidad de un centro de Secundaria para toda la zona. Pero que exista un terreno disponible no significa que el proyecto esté en marcha. Falta saber si la parcela ha sido formalmente puesta a disposición de la Junta, qué trámites urbanísticos serían necesarios y, sobre todo, si Educación ha dado algún paso para convertir la propuesta en una obra.

“La escolarización está garantizada”

El Consistorio nijareño asegura que la reivindicación ha llegado a la Administración autonómica. Según explica, ha mantenido “varias reuniones” con la Delegación de Educación para abordar tanto las inversiones que ya se están realizando en los centros del municipio como futuras actuaciones. Entre ellas está, según el ayuntamiento, “la del instituto para la costa”. La plataforma, sin embargo, reclama avances concretos. Lola Alonso asegura que llevan más de un año esperando una reunión con la Junta.

“Educación lleva ya un año y pico diciendo que sí, que sí, que iríamos, y no hemos ido”, afirma. Los vecinos sostienen que la Junta les ha trasladado que poner en marcha un instituto supone una inversión importante y que hay distintos requisitos que cumplir. Palenzuela asegura que una de las explicaciones que han recibido es que “no hay fondos”. Pero la Junta no confirma esa versión. Preguntada por este periódico sobre el proyecto, su financiación y los plazos para construir el centro, la respuesta oficial no concreta ninguno de esos extremos.

El Gobierno regional se limita a defender que los alumnos de la zona tienen actualmente garantizada su escolarización. “Actualmente, la escolarización del alumnado de la zona está garantizada a través de los centros de referencia y de los recursos establecidos”, señala la Junta. Educación añade que “se sigue priorizando el plan de infraestructuras, dando respuesta a aquellas necesidades que se puedan presentar” y que continúa “atendiendo y priorizando las necesidades de infraestructuras educativas conforme se presentan”.

La Junta no aclara si contempla construir el instituto de Pujaire. Tampoco concreta en qué fase estaría el proyecto, si existe un expediente abierto, qué requisitos considera que debe cumplir la zona, cuál sería el coste de la actuación o cuándo podría ejecutarse. La respuesta deja así dos posiciones enfrentadas: para la Junta, la escolarización está garantizada con los centros y recursos existentes y para los vecinos, eso no resuelve el problema de fondo: los alumnos siguen teniendo que desplazarse y las familias siguen reclamando un centro educativo de Secundaria en su entorno.

Educación y despoblación

Pero el instituto es también una cuestión de población. La falta de servicios públicos, dicen los lugareños, está haciendo más difícil que las familias se queden. “Cada vez más gente de Pujaire y de Ruescas se está yendo a Retamar”, asegura Palenzuela. Y apunta directamente a la falta de servicios: “La gente se va, sobre todo porque no hay servicios, y la educación es fundamental”. Alonso coincide. Según su experiencia, hay familias que están optando por marcharse cuando sus hijos llegan a la edad de estudiar Secundaria. “Si el instituto estuviera aquí en Pujaire, muchos de los que se van fuera no se irían. Se quedan aquí”, insiste.

La reivindicación se produce en una zona con una fuerte actividad turística durante los meses de verano, pero donde los vecinos reclaman servicios que permitan mantener población durante todo el año. El instituto se ha convertido así en uno de los símbolos de esa demanda. “Si no tuviéramos niños, no lucharíamos ni buscaríamos nada”, dice Alonso. “Pero tenemos espacio y nos dan el terreno”. El curso ya comienza. Los alumnos siguen teniendo plaza y la Junta insiste en que la escolarización está garantizada. Lo que no hay es un calendario para el instituto que los vecinos llevan años reclamando. Y en Pujaire siguen esperando la misma respuesta: si hay alumnos, hay terreno y el Ayuntamiento defiende el proyecto, qué falta para que la Junta dé el siguiente paso.