“Me he 'tirado' tres meses, los sábados por la mañana, en una mesa recogiendo firmas”. Antònia Maria Oliver atraviesa la plaza Teixidores, en el municipio mallorquín de Sóller, mientras relata el conflicto que en los últimos meses mantiene a los vecinos en vilo: la pretensión del Ayuntamiento de ceder la zona -destinada en la actualidad a aparcamiento, recinto ferial y punto de encuentro vecinal- para la construcción de un bloque de viviendas sociales que, aseveran, transformarían de forma irreversible uno de los últimos espacios abiertos de este pueblo enclavado en plena Serra de Tramuntana. Mientras camina, Antònia Maria matiza: “Nos parece muy bien que se construyan viviendas porque es algo necesario, pero no a costa de un espacio como este”.

El debate trasciende lo meramente local y plantea una cuestión de fondo: cómo -y dónde- construir vivienda pública, especialmente en una localidad donde acceder a una casa se ha vuelto casi imposible. En estos momentos, el precio medio de una vivienda de menos de 100 metros cuadrados se sitúa en los 578.125 euros -un 159,23% respecto a hace un año-, de acuerdo a los datos de Fotocasa. Respecto al alquiler, la situación no es menos significativa: según el mismo portal inmobiliario, un estudio o un piso con una sola habitación cuesta de media 1.578 euros. La escalada sostenida en los últimos años revela hasta qué punto Sóller, en línea con la tendencia general de Balears, se ha convertido en un mercado fuertemente tensionado marcado por una elevada presión de la demanda -especialmente vinculada al negocio turístico y a los compradores internacionales-: el resultado es un encarecimiento que no solo eleva el coste de vida, sino que consolida un acceso cada vez más restrictivo a la vivienda para la población local.

En plena emergencia habitacional, el Consistorio, gobernado por el PP, anunció la cesión de la céntrica plaza Teixidores -clasificada como zona libre pública en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sóller- para que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) -dependiente del Govern balear- pudiera construir dos edificios con 24 viviendas de protección oficial, lo que recibió una fuerte contestación de los vecinos al considerar que el proyecto arrasaba con uno de los escasos espacios diáfanos que quedan en Sóller. El Ayuntamiento redefinió la propuesta, planteando la edificación de un solo bloque en forma de 'L' y la construcción de un parking subterráneo exclusivo para residentes, aseverando que el proyecto no supone una pérdida del espacio público, sino una mejora sustancial del mismo al hacerlo “más grande, más atractivo y más funcional”.

El espacio público, reducido “a menos de la mitad”

Vecinos y arquitectos critican, sin embargo, que las recreaciones presentadas por el Consistorio no se corresponden con la realidad física del lugar y generan una expectativa difícil de sostener: “Si se construye, necesariamente tendrá que hacerse disminuyendo el espacio libre”, asevera a elDiario.es el arquitecto Joan Soler, quien estima incluso que éste quedaría reducido “a menos de la mitad”. No solo eso. La solución, a juicio de afectados y urbanistas, traslada además el conflicto bajo tierra: el aparcamiento subterráneo ya había sido explícitamente descartado en la propuesta original debido al riesgo de inundación asociado a la proximidad del Torrent de Fornalutx, que discurre soterrado bajo la zona.

Bajo ese conflicto local late, además, un cambio legal de mayor calado: el introducido por la conocida como ‘ley de liberalización del suelo’, la amnistía urbanística aprobada por PP y Vox que permitirá legalizar viviendas construidas de forma ilegal en suelo rústico so pretexto de facilitar el acceso a la vivienda. El detonante radica en la Disposición Final Novena, que permite que promociones de vivienda pública declaradas de “interés autonómico” se tramiten por la vía rápida, con procedimientos simplificados y menor capacidad de intervención municipal. Es decir, convierte la emergencia habitacional en una herramienta jurídica para acelerar proyectos incluso en suelos controvertidos. Al respecto, especialistas técnicos alertan de que el nuevo proyecto podría sentar un peligroso precedente que abriría las puertas a transformar plazas y espacios protegidos en parcelas edificables.

Bajo el conflicto late un cambio legal de mayor calado: el introducido por la conocida como ‘ley de liberalización del suelo’, cuya Disposición Final Novena permite que promociones de vivienda pública declaradas de "interés autonómico" se tramiten por la vía rápida, con procedimientos simplificados y menor capacidad de intervención municipal

La protesta vecinal, por su parte, se ha materializado en una petición planteada a través de Internet y en una recogida de firmas impulsada, por un lado, por Antònia Maria, y, por otro, por el arquitecto y residente de la zona Rafel Cortès, quienes suman hasta el momento más de 500 apoyos. Su discurso no niega el problema habitacional -al contrario, lo reconoce como urgente-, pero sí cuestiona la ubicación elegida. “Si lo único que tenemos lo quieren quitar…”, lamenta Antònia Maria.

Esta vecina recuerda que la plaza no es solo el lugar donde se instalan las ferias, las tradicionales atracciones de Sant Bartomeu o las actividades comunitarias, sino que también sirve para que los vecinos puedan estacionar sus vehículos, teniendo en cuenta los atascos y problemas de aparcamiento que Sóller arrastra desde hace años y que también han llevado a sus residentes a la movilización. Hasta los años noventa, llegar a esta localidad de 14.000 habitantes implicaba atravesar las 70 curvas de la sinuosa carretera que cruza la Serra d'Alfàbia. Sin embargo, la construcción del túnel de Sóller supuso un antes y un después para esta localidad resguardada entre montañas: la infraestructura, de tres kilómetros de longitud, mejoró con creces las conexiones con este municipio e, irremisiblemente, el lugar se abrió en canal al incremento del tráfico, la presión turística y los problemas de congestión que hoy marcan su día a día.

Rosa, amiga de Oliver, insiste en la dimensión social del lugar: en su opinión, como en la de otros vecinos, el proyecto no solo supondría una transformación urbanística, sino también una pérdida de usos sociales consolidados en el tiempo: “Lo que tienen que hacer es buscar una solución para que esto sea una plaza de verdad, una zona de encuentro para mayores y niños”. Y añade: “Parece que con este proyecto lo que buscan es poder decir que han construido viviendas antes de las elecciones”. Entre otros puntos, los vecinos proponen el despliegue de la Unitat d’Execució prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que permitiría desarrollar suelo de forma ordenada sin necesidad de eliminar espacios ya consolidados como esta plaza, o la construcción de vivienda pública en otros lugares como el solar municipal de Cetre, el antiguo cuartel de la Guardia Civil, el solar municipal de Son Angelats.

De uno de los edificios de la plaza sale Pedro Suau, de 84 años, quien observa el espacio con la perspectiva de quien ha visto transformarse Sóller duranate décadas. Para él, el debate no es solo urbanístico, sino profundamente ligado a la memoria del lugar y a su función en la vida cotidiana del municipio, y muestra su preocupación ante la posibilidad de perder definitivamente este punto de encuentro abierto, vinculado a la actividad social y a las dinámicas del pueblo. Desde la experiencia acumulada, advierte de que decisiones como esta no solo afectan al presente, sino también al futuro de Sóller, al condicionar el uso de un espacio que considera esencial para la identidad colectiva del municipio.

Asimismo, advierte de los problemas técnicos que podría acarrear el proyecto. “Si no la tocan no se inundará. Si se quieren bajar tres metros para hacer un parking…”, apunta, dejando en el aire la incógnita sobre qué sucedería al construir en el subsuelo. La plaza de les Teixidores se asienta sobre un espacio históricamente vinculado al sistema hidráulico del valle de Sóller, atravesado por el curso del torrente de Fornalutx, lo que complica cualquier intervención profunda. Los riesgos de inundación -los episodios de lluvias intensas han provocado históricamente desbordamientos puntuales- y las limitaciones constructivas llevaron precisamente al Ibavi a descartar en sus pliegos iniciales la construcción de aparcamientos subterráneos y viviendas en planta baja en esta parcela.

Entre el derecho a la vivienda y a la ciudad

Joan Soler, una de las voces técnicas que se han posicionado en contra del proyecto, sitúa el debate en la naturaleza misma de la zona. “Es un espacio público con muchas posibilidades para uso público”, sostiene, advirtiendo de que la construcción de viviendas -aunque sean protegidas- supondría, en la práctica, “privatizarlo” y limitar de forma irreversible su potencial futuro. No en vano, Soler no cuestiona la necesidad de que se promueva vivienda social, pero sí su ubicación: intervenir en la plaza de les Teixidores implica “hipotecar” uno de los pocos espacios abiertos del centro de Sóller y, a su juicio, la actuación responde más a una lógica de urgencia que compromete la planificación a largo plazo: “Se está tomando una solución inmediata que elimina otras posibilidades de uso”.

Es un espacio público con muchas posibilidades para uso público. Se está tomando una solución inmediata que elimina otras posibilidades de uso

Joan Soler — Arquitecto

Desde una perspectiva urbanística, el arquitecto defiende que el futuro de la plaza debería abordarse mediante un concurso de ideas que permita definir su función como espacio público. Aunque en el día a día el lugar funciona como aparcamiento, insiste en que su valor radica precisamente en su potencial para acoger zonas verdes, equipamientos y usos sociales vinculados al centro urbano y a la futura rehabilitación de la Fàbrica Nova. “Es un espacio muy grande, muy céntrico, con muchas posibilidades”, recalca. Soler también pone en cuestión el relato institucional que acompaña al proyecto. Critica que las recreaciones difundidas por el Ayuntamiento resultan “engañosas” y no se corresponden con la realidad del espacio. “El papel lo aguanta todo, pero luego la realidad es otra”, señala. En su opinión, la idea de que no se perderá superficie pública es insostenible: “Si construyes, ese espacio no queda en el aire”.

En relación con el aparcamiento, advierte de un cambio sustancial en su naturaleza: aunque se mantengan plazas, éstas dejarían de ser públicas. “Las que estén debajo de los edificios se alquilarán o venderán”, explica, lo que, en la práctica, supone sustituir un uso colectivo por uno restringido. El proyecto actual prevé mantener además parte del aparcamiento -unas 70 plazas- en ambos lados de la plaza, junto a los edificios, lo que, a juicio de los residentes, no resuelve el problema de movilidad y añade presión urbanística al entorno.

En esta línea, un grupo de arquitectos integrado por Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena y Rafel Cortès, ha cuestionado públicamente el proyecto de viviendas al considerar que supone una alteración de los criterios básicos del planeamiento urbano. Recuerdan que este espacio está clasificado como zona libre pública, lo que, a su juicio, lo hace incompatible con cualquier edificación. Los firmantes advierten además de que la intervención afectaría al entorno inmediato de la Fàbrica Nova, uno de los principales símbolos del pasado industrial del municipio y elemento patrimonial de primer orden -fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2018-. El Ayuntamiento plantea integrar urbanísticamente el entorno de la fábrica dentro de su proyecto urbanístico, defendiendo que la nueva ordenación permitirá conectar ambos espacios y reactivar la zona.

Un grupo de arquitectos integrado por Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena y Rafel Cortès ha cuestionado públicamente el proyecto de viviendas al considerar que supone una alteración de los criterios básicos del planeamiento urbano. Recuerdan que este espacio está clasificado como zona libre pública, lo que, a su juicio, lo hace incompatible con cualquier edificación

Sin embargo, esta idea también ha despertado las críticas entre vecinos y oposición, que ven en ello una contradicción: mientras se apuesta por preservar y dignificar un conjunto histórico protegido -el Consell de Mallorca, propietario del edificio, está impulsando su rehabilitación para convertirla en un museo textil de referencia, se aboga al mismo tiempo por la construcción de viviendas en su entorno inmediato. A su juicio, levantar un bloque residencial junto a la Fàbrica Nova supone alterar su espacio de protección y su perímetro de visibilidad desde la plaza, desvirtuando el valor patrimonial que se pretende recuperar y evidenciando una falta de coherencia en la planificación urbana del municipio.

Construida en 1921 por la sociedad Rullan y Mayol, sobre el solar de una antigua central eléctrica, la Fàbrica Nova comenzó a funcionar en 1922 como fábrica textil y permaneció activa hasta 1970. Durante décadas fue el corazón económico y social del valle: un complejo industrial donde trabajaban decenas de obreros -en su mayoría mujeres- y que concentraba todo el proceso productivo del tejido.

Los arquitectos sostienen que la necesidad de ampliar el parque de vivienda pública no puede servir de argumento para ocupar espacios públicos consolidados, al tiempo que critican la falta de transparencia en la tramitación del proyecto y reclaman una reflexión más amplia sobre el modelo urbano del municipio. En este sentido, defienden la búsqueda de alternativas en suelos ya previstos para edificar, evitando así sentar un precedente que, a su juicio, podría abrir la puerta a futuras intervenciones similares en otros espacios libres de Sóller y de otros municipios.

“Hay motivos para rechazar la propuesta”

Desde el ámbito político, la regidora y portavoz de Més per Sóller, Laura Celià, enmarca el rechazo al proyecto dentro de una crítica más amplia a la estrategia de vivienda impulsada por las administraciones. La formación, asegura, no se opone a la construcción de vivienda pública, pero sí a hacerlo “a cualquier precio” y sin atender a las consecuencias urbanísticas y sociales. “No es una postura infantil de decir no por no: hay motivos jurídicos, urbanísticos y políticos detrás”, subraya en declaraciones a este periódico.

La regidora ecosoberanista advierte, además, de que la operación en la plaza de les Teixidores no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica más amplia de cesión de espacios públicos al Ibavi. En este sentido, señala que el Ayuntamiento ya ha transferido otros inmuebles municipales para este fin y prevé nuevas cesiones, lo que, a su juicio, compromete el futuro del municipio al reducir la disponibilidad de equipamientos públicos. “Si en el futuro necesitamos un centro de día, una escoleta o un casal cívico, no tendremos espacios”, alerta.

La portavoz también cuestiona el enfoque de las políticas de vivienda, al considerar que responden más a una lógica de cifras que a una solución estructural del problema. “Se busca poder decir que se han activado cientos o miles de viviendas, pero sin importar dónde ni cómo”, sostiene, criticando una estrategia que, en su opinión, prioriza el impacto político sobre la planificación a largo plazo.

Frente a ello, Més plantea un diagnóstico basado en los datos del propio municipio: en Sóller existen más de 1.100 viviendas vacías, a las que se suman alrededor de 500 segundas residencias y unas 600 destinadas al alquiler vacacional, cifras que, a juicio de Més, evidencian que el problema no es únicamente la falta de suelo. “La solución no pasa por construir más, sino por movilizar las viviendas que ya existen”, afirma, defendiendo medidas para sacar al mercado el parque vacío y regular los usos turísticos.

Por su parte, el portavoz de la formación local Seny i Sentit, Sebastià Aguiló, señala que su formación se ha opuesto al proyecto “desde el minuto uno”, aunque recalca su apoyo a la búsqueda de soluciones que ayuden a solventar la crisis de la vivienda. “Estamos totalmente a favor de construir pisos de protección oficial, pero no a cualquier precio”, subraya. Aguiló defiende que la plaza de les Teixidores, pese a su uso actual como aparcamiento, cumple una función mucho más amplia como espacio público. “Es el único balón de oxígeno que nos queda en el centro de Sóller”, afirma en declaraciones a elDiario.es.

Estamos totalmente a favor de construir pisos de protección oficial, pero no a cualquier precio

Sebastià Aguiló — Portavoz de la formación local Seny i Sentit

El dirigente político critica lo que considera una falta de alternativas por parte de las administraciones. “No entendemos esta necesidad de construir sí o sí sin plantear otros sistemas”, sostiene, al tiempo que reclama explorar otras vías, como la recalificación de suelos que ya están integrados en el centro del municipio o la habilitación de nuevos espacios para vivienda social fuera del núcleo más tensionado. En este sentido, contrapone la facilidad con la que, según denuncia, se han promovido cambios normativos para habilitar aparcamientos en suelo rústico frente a la falta de iniciativa para generar suelo destinado a vivienda.

El regidor también pone en duda la transparencia del proceso, al asegurar que no existe todavía un proyecto definitivo. “Lo que hay son fotomontajes que no se ajustan a la realidad”, recrimina, cuestionando la fiabilidad de las imágenes difundidas y el relato institucional que acompaña al proyecto. A su juicio, la propuesta “hipoteca para el futuro de Sóller” y responde más a una necesidad política que a una planificación urbanística sólida.

Por último, introduce un elemento simbólico que, en su opinión, evidencia las contradicciones del discurso institucional: a finales de 2022, el pleno aprobó por unanimidad el cambio de nombre de la plaza -de Teixidors a Teixidores- para reconocer el papel de las mujeres en la historia industrial del municipio y todos los grupos políticos acudieron a descubrir la placa con el nuevo nombre. “Entonces todos reconocían que era una plaza y ahora resulta que ya no lo es”, critica en alusión al hecho de que el alcalde de Sóller, Miquel Nadal, señalase que la zona “no es más que un aparcamiento. Aguiló insiste en que, aunque hoy la plaza se utilice en parte como aparcamiento, el espacio debe preservarse como ámbito público con potencial para usos sociales en el futuro.

La plaza que conmemora a las tejedoras

La plaza de Teixidores, de hecho, no es un vacío casual, es el resultado de un pasado industrial desaparecido: su nombre remite a un pasado en el que las mujeres fueron el verdadero motor de la economía local. Como señala el historiador Plàcid Pérez en su trabajo Les fàbriques de teixits mecànics de Sóller. El patrimoni perdut, la mayor parte de la mano de obra en los telares mecánicos era femenina: trabajadoras sometidas a ritmos intensivos, salarios más bajos y escaso reconocimiento, pero fundamentales para sostener la producción. Aquellas fábricas no solo transformaron el paisaje urbano, sino también la vida de generaciones de mujeres que encontraron en el textil una de las pocas vías de acceso al trabajo asalariado. Hoy, ese espacio vacío es también memoria: la de un trabajo invisibilizado que da nombre a la plaza y que vuelve a estar en disputa.

El portavoz del PSIB-PSOE en Sóller, Jaume Mateu, mientras tanto, expresa el rechazo de los socialistas a la propuesta del equipo de gobierno al considerar que no corrige las deficiencias detectadas en el primer proyecto ni responde a las necesidades reales del municipio. A su juicio, se trata de un emplazamiento inadecuado para albergar un bloque de 24 viviendas, entre otras razones, porque el propio planeamiento urbanístico no prevé edificación en ese espacio, calificado como zona libre pública. “Si el problema es que ahora no es una plaza atractiva, es responsabilidad del Ayuntamiento hacer un buen proyecto para mejorarla”, señala, insistiendo en que esta circunstancia no puede utilizarse como justificación para construir en un espacio que debería preservarse como uso público.

Mateu también critica la insistencia del equipo de gobierno en sacar adelante una iniciativa que, según afirma, carece de consenso social y político. En este sentido, insta al alcalde a “abandonar su obsesión” por este proyecto y a trabajar en un frente común que permita dar soluciones efectivas al problema de la vivienda, tanto a corto como a medio y largo plazo. Entre las alternativas, los socialistas plantean medidas como la declaración de Sóller como zona de mercado residencial tensionado para limitar los precios del alquiler, así como la búsqueda de solares más adecuados para ampliar el parque de vivienda pública. Además, reprochan las formas empleadas en la tramitación del proyecto, denunciando la falta de información a la oposición y alertando de que la propuesta ignora elementos sensibles del entorno, como el área de protección de la Fàbrica Nova, declarada Bien de Interés Cultural.

El Ayuntamiento defiende el proyecto

Desde el Ayuntamiento de Sóller defienden el proyecto de la plaza de les Teixidores y aseguran que la propuesta no es cerrada ni unilateral, sino que incorpora aportaciones externas. En este sentido, aseguran haber tenido en cuenta tanto las opiniones de arquitectos locales como las sugerencias recogidas entre la ciudadanía, lo que, a su juicio, ha permitido mejorar y ajustar el proyecto inicial.

Desde el Ayuntamiento de Sóller defienden el proyecto de la plaza de les Teixidores y aseguran que la propuesta no es cerrada ni unilateral, sino que ha incorporado aportaciones externas, tanto de arquitectos locales como de la ciudadanía, con el objetivo de mejorar y ajustar el proyecto inicial

En relación con una de las principales preocupaciones vecinales, el aparcamiento, el equipo de gobierno asegura que el diseño del proyecto garantiza que no se perderá “ni una sola plaza”. Para ello, plantea la construcción del aparcamiento subterráneo destinado a residentes -un sistema ZAR-: frente a las críticas, asegura que permitiría mantener la capacidad actual y, al mismo tiempo, reorganizar el espacio en superficie.

En esta línea, apelan a la viabilidad técnica de la intervención pese a las dificultades derivadas de las características del terreno. Según sostienen, se han desarrollado soluciones específicas para garantizar que el proyecto cumpla con todos los requisitos, incluidos los vinculados a la gestión de recursos hídricos, aunque reconocen que ello implica un mayor coste y complejidad constructiva. Finalmente, recalcan que la actuación no supondrá un coste directo para los vecinos de Sóller, ya que estará íntegramente financiada por el Ibavi.

Las promociones que tramita el Govern en Sóller

Consultadas por este periódico, fuentes de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad señalan que el Ibavi atiende las propuestas de los ayuntamientos y prepara proyectos de vivienda social, destinadas a ciudadanos residentes en las islas, una vez que un ayuntamiento cede una parcela al ente público. De esta manera, aseguran, “atiende puntualmente las necesidades que exprese un ayuntamiento o cualquier colectivo a través del ayuntamiento de cada municipio”. En Sóller, según especifican, el Ibavi tramita tres promociones que suman 29 viviendas en total: las que se encuentran en fase más avanzada son las del cine Fantasio (once viviendas) y del antiguo Hospici (diez viviendas), mientras que se está desarrollando una tercera en la antigua escuela del carrer Marjades (ocho viviendas).

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad señala que el Ibavi atiende las propuestas de los ayuntamientos y prepara proyectos de vivienda social, destinadas a ciudadanos residentes en las islas, una vez que un ayuntamiento cede una parcela al ente público

El posible proyecto de Teixidores, como señalan las mismas fuentes -dado que “no se ha concretado una cesión de parcela al Ibavi”-, sumaría otras 24 viviendas, lo que situaría el total en 53 nuevas viviendas de protección pública en Sóller. Se trata de un municipio, subrayan desde la Conselleria, con una demanda de vivienda pública que se ha duplicado en dos años en las listas del Ibavi, hasta alcanzar las 74 familias o unidades de convivencia en las listas de espera, que han registrado un aumento del 40% en el último año frente a las 53 de 2024 y las 34 de 2023.

El caso de la plaza Teixidores refleja un dilema cada vez más frecuente en las Islas: cómo equilibrar la creación de vivienda pública con la preservación de espacios urbanos y la identidad local. Mientras las administraciones defienden la necesidad urgente de ampliar el parque de vivienda protegida, los vecinos reclaman participar en las decisiones y explorar alternativas. “Tomando estas decisiones sin tener en cuenta al pueblo, lo único que se consigue es que la gente se tenga que ir”, lamenta Rosa. La recogida de firmas, mientras tanto, sigue creciendo. Y con ella, una pregunta de fondo que el conflicto ha puesto sobre la mesa: no solo cuántas viviendas hacen falta en Sóller, sino dónde y cómo deben construirse.

“He estat tres mesos, els dissabtes al matí, en una taula recollint signatures”. Antònia Maria Oliver travessa la plaça Teixidores, al municipi mallorquí de Sóller, mentre relata el conflicte que en els últims mesos manté els veïns en suspens: la pretensió de l’Ajuntament de cedir la zona —destinada actualment a aparcament, recinte firal i punt de trobada veïnal— per a la construcció d’un bloc d’habitatges socials que, asseguren, transformarien de manera irreversible un dels darrers espais oberts d’aquest poble enclavat en plena Serra de Tramuntana. Mentre camina, Antònia Maria matisa: “Ens sembla molt bé que es construeixin habitatges perquè és una cosa necessària, però no a costa d’un espai com aquest”.

El debat transcendeix el merament local i planteja una qüestió de fons: com —i on— construir habitatge públic, especialment en una localitat on accedir a una casa s’ha tornat gairebé impossible. En aquests moments, el preu mitjà d’un habitatge de menys de 100 metres quadrats se situa en 578.125 euros —un 159,23% més que fa un any—, d’acord amb les dades de Fotocasa. Pel que fa al lloguer, la situació no és menys significativa: segons el mateix portal immobiliari, un estudi o un pis amb una sola habitació costa de mitjana 1.578 euros. L’escalada sostinguda en els darrers anys revela fins a quin punt Sóller, en línia amb la tendència general de les Balears, s’ha convertit en un mercat fortament tensionat marcat per una elevada pressió de la demanda —especialment vinculada al negoci turístic i als compradors internacionals—: el resultat és un encariment que no només eleva el cost de vida, sinó que consolida un accés cada vegada més restrictiu a l’habitatge per a la població local.

En plena emergència habitacional, el consistori, governat pel PP, va anunciar la cessió de la cèntrica plaça Teixidores --classificada com a zona lliure pública en el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Sóller- perquè l’Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi) —dependent del Govern balear— pogués construir dos edificis amb 24 habitatges de protecció oficial, fet que va rebre una forta contestació dels veïns en considerar que el projecte arrasava amb un dels escassos espais diàfans que queden a Sóller. L’Ajuntament va redefinir la proposta, plantejant l’edificació d’un sol bloc en forma de “L” i la construcció d’un pàrquing subterrani exclusiu per a residents, assegurant que el projecte no suposa una pèrdua de l’espai públic, sinó una millora substancial del mateix en fer-lo “més gran, més atractiu i més funcional”.

L'espai públic, reduït “a menys de la meitat”

Veïns i arquitectes critiquen, però, que les recreacions presentades pel consistori no es corresponen amb la realitat física del lloc i generen una expectativa difícil de sostenir: “Si es construeix, necessàriament s’haurà de fer disminuint l’espai lliure”, assegura a elDiario.es l’arquitecte Joan Soler, qui estima fins i tot que aquest quedaria reduït “a menys de la meitat”. I no només això. La solució, a parer dels afectats i dels urbanistes, trasllada a més el conflicte sota terra: l’aparcament subterrani ja havia estat explícitament descartat en la proposta original a causa del risc d’inundació associat a la proximitat del torrent de Fornalutx, que discorre soterrat per sota de la zona.

Sota aquesta controvèrsia batega, a més, un canvi legal de major importància: l'introduït per la coneguda com a ‘llei de liberalització del sòl’, l'amnistia urbanística aprovada per PP i Vox que permetrà legalitzar habitatges construïts de manera il·legal en sòl rústic sota pretext de facilitar l'accés a l'habitatge. El detonant radica en la Disposició Final Novena, que permet que promocions d'habitatge públic declarades d'“interès autonòmic” es tramitin per la via ràpida, amb procediments simplificats i menor capacitat d'intervenció municipal. És a dir, converteix l'emergència residencial en una eina jurídica per a accelerar projectes fins i tot en sòls controvertits. Al respecte, especialistes tècnics alerten que el nou projecte podria establir un perillós precedent que obriria les portes a transformar places i espais protegits en parcel·les edificables.

Sota el conflicte batega un canvi legal de major importància: l'introduït per la coneguda com a ‘llei de liberalització del sòl’, la Disposició Final Novena de la qual permet que promocionis d'habitatge públic declarades de "interès autonòmic" es tramitin per la via ràpida, amb procediments simplificats i menor capacitat d'intervenció municipal

La protesta veïnal, per la seva banda, s’ha materialitzat en una petició plantejada a través d’Internet i en una recollida de signatures impulsada, d’una banda, per Antònia Maria i, de l’altra, per l’arquitecte i resident de la zona Rafel Cortès, que sumen fins ara més de 500 suports. El seu discurs no nega el problema habitacional —al contrari, el reconeix com a urgent—, però sí que qüestiona la ubicació escollida. “Si l’únic que tenim ho volen treure…”, lamenta Antònia Maria.

Aquesta veïna recorda que la plaça no és només el lloc on s’instal·len les fires, les tradicionals atraccions de Sant Bartomeu o les activitats comunitàries, sinó que també serveix perquè els veïns puguin estacionar els seus vehicles, tenint en compte els embossos i problemes d’aparcament que Sóller arrossega des de fa anys i que també han portat els seus residents a mobilitzar-se. Fins als anys noranta, arribar a aquesta localitat de 14.000 habitants implicava travessar les 70 corbes de la sinuosa carretera que creua la Serra d’Alfàbia. Tanmateix, la construcció del túnel de Sóller va suposar un abans i un després per a aquesta localitat resguardada entre muntanyes: la infraestructura, de tres quilòmetres de longitud, va millorar amb escreix les connexions amb aquest municipi i, irremeiablement, la zona es va obrir de bat a bat a l’increment del trànsit, la pressió turística i els problemes de congestió que avui marquen el seu dia a dia.

Rosa, amiga d’Oliver, insisteix en la dimensió social de la zona: en la seva opinió, com en la d’altres veïns, el projecte no només suposaria una transformació urbanística, sinó també una pèrdua d’usos socials consolidats amb el temps: “El que han de fer és buscar una solució perquè això sigui una plaça de veritat, una zona de trobada per a gent gran i infants”. I afegeix: “Sembla que amb aquest projecte el que busquen és poder dir que han construït habitatges abans de les eleccions”. Entre altres punts, els veïns proposen el desplegament de l'Unitat d’Execució prevista en el PGOU, la qual cosa permetria desenvolupar sòl de forma ordenada sense necessitat d'eliminar espais ja consolidats com aquesta plaça, o la construcció d'habitatge públic en altres llocs com el solar municipal de Cetre, l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, el solar municipal de Son Angelats.

D'un dels edificis de la plaça surt Pere Suau, de 84 anys, que observa l’espai amb la perspectiva de qui ha vist transformar Sóller durant dècades. Per a ell, el debat no és només urbanístic, sinó profundament lligat a la memòria del lloc i a la seva funció en la vida quotidiana del municipi, i mostra la seva preocupació davant la possibilitat de perdre definitivament aquest punt de trobada obert, vinculat a l’activitat social i a les dinàmiques del poble. Des de l’experiència acumulada, adverteix que decisions com aquesta no només afecten el present, sinó també el futur de Sóller, en condicionar l’ús d’un espai que considera essencial per a la identitat col·lectiva del municipi.

Així mateix, adverteix dels problemes tècnics que podria comportar el projecte. “Si no la toquen no s’inundarà. Si es volen baixar tres metres per fer un pàrquing…”, apunta, deixant en l’aire la incògnita sobre què passaria a l'hora de construir al subsòl. La plaça de les Teixidores s’assenta sobre un espai històricament vinculat al sistema hidràulic de la vall de Sóller, travessat pel curs del torrent de Fornalutx, cosa que complica qualsevol intervenció profunda. Els riscos d’inundació —els episodis de pluges intenses han provocat històricament desbordaments puntuals— i les limitacions constructives van portar precisament l’Ibavi a descartar en els seus plecs inicials la construcció d’aparcaments subterranis i habitatges en planta baixa en aquesta parcel·la.

Entre el dret a l'habitatge i a la ciutat

Joan Soler, una de les veus tècniques que s’han posicionat en contra del projecte, situa el debat en la naturalesa mateixa de la zona. “És un espai públic amb moltes possibilitats per a ús públic”, sosté, i adverteix que la construcció d’habitatges —encara que siguin protegits— suposaria, en la pràctica, “privatitzar-lo” i limitar de manera irreversible el seu potencial futur. No debades, Soler no qüestiona la necessitat que es promogui habitatge social, però sí la seva ubicació: intervenir a la plaça de les Teixidores implicaria “hipotecar” un dels pocs espais oberts del centre de Sóller i, al seu parer, l’actuació respon més a una lògica d’urgència que compromet la planificació a llarg termini: “S’està prenent una solució immediata que elimina altres possibilitats d’ús”.

És un espai públic amb moltes possibilitats per a ús públic. S'està prenent una solució immediata que elimina altres possibilitats d'ús

Joan Soler — Arquitecte

Des d’una perspectiva urbanística, l’arquitecte defensa que el futur de la plaça s’hauria d’abordar mitjançant un concurs d’idees que permeti definir la seva funció com a espai públic. Encara que en el dia a dia el lloc funciona com a aparcament, insisteix que el seu valor rau precisament en el seu potencial per acollir zones verdes, equipaments i usos socials vinculats al centre urbà i a la futura rehabilitació de la Fàbrica Nova, un dels principals símbols del passat industrial del municipi i element patrimonial de primer ordre -va ser declarada Bé d'Interès Cultural (BIC) en 2018-. L'Ajuntament planteja integrar urbanísticament l'entorn de la fàbrica dins del seu projecte urbanístic, defensant que la nova ordenació permetrà connectar tots dos espais i reactivar la zona.

“És un espai molt gran, molt cèntric, amb moltes possibilitats”, recalca. Soler també posa en qüestió el relat institucional que acompanya el projecte. Critica que les recreacions difoses per l’Ajuntament resulten “enganyoses” i no es corresponen amb la realitat de l’espai. “El paper ho aguanta tot, però després la realitat és una altra”, assenyala. En la seva opinió, la idea que no es perdrà superfície pública és insostenible: “Si construeixes, aquest espai no queda a l’aire”.

Pel que fa a l’aparcament, adverteix d’un canvi substancial en la seva naturalesa: encara que es mantinguin places, aquestes deixarien de ser públiques. “Les que estiguin sota els edificis s’arrendaran o es vendran”, explica, cosa que, a la pràctica, suposa substituir un ús col·lectiu per un de restringit. El projecte actual preveu mantenir a més part de l’aparcament —unes 70 places— a banda i banda de la plaça, al costat dels edificis, fet que, segons els residents, no resol el problema de mobilitat i afegeix pressió urbanística a l’entorn.

En aquesta línia, un grup d'arquitectes integrat per Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena i Rafel Cortès, ha qüestionat públicament el projecte d'habitatges en considerar que suposa una alteració dels criteris bàsics del planejament urbà. Recorden que aquest espai està classificat com a zona lliure pública, la qual cosa, al seu judici, ho fa incompatible amb qualsevol edificació. Els signants adverteixen a més de que la intervenció afectaria l'entorn immediat de la Fàbrica Nova.

Un grup d'arquitectes integrat per Miquel Vadell, Antònia Mayol, Martí Lucena i Rafel Cortès ha qüestionat públicament el projecte d'habitatges en considerar que suposa una alteració dels criteris bàsics del planejament urbà. Recorden que aquest espai està classificat com a zona lliure pública, la qual cosa ho fa incompatible amb qualsevol edificació

Tanmateix, aquesta idea també ha despertat crítiques entre veïns i oposició, que hi veuen una contradicció: mentre s’aposta per preservar i dignificar un conjunt històric protegit —el Consell de Mallorca, propietari de l’edifici, està impulsant la seva rehabilitació per convertir-la en un museu tèxtil de referència—, s’aboga al mateix temps per la construcció d’habitatges al seu entorn immediat. Segons ells, aixecar un bloc residencial al costat de la Fàbrica Nova suposa alterar el seu espai de protecció i el seu perímetre visual des de la plaça, desvirtuant el valor patrimonial que es pretén recuperar i evidenciant una manca de coherència en la planificació urbana del municipi.

Construïda el 1921 per la societat Rullan i Mayol, sobre el solar d’una antiga central elèctrica, la Fàbrica Nova va començar a funcionar el 1922 com a fàbrica tèxtil i va romandre activa fins al 1970. Durant dècades va ser el cor econòmic i social de la vall: un complex industrial on treballaven desenes d’obrers —en la seva majoria dones— i que concentrava tot el procés productiu del teixit.

Els arquitectes sostenen que la necessitat d'ampliar el parc d'habitatge públic no pot servir d'argument per a ocupar espais públics consolidats, al mateix temps que critiquen la falta de transparència en la tramitació del projecte i reclamen una reflexió més àmplia sobre el model urbà del municipi. En aquest sentit, defensen la cerca d'alternatives en sòls ja previstos per a edificar, evitant així establir un precedent que, al seu judici, podria obrir la porta a futures intervencions similars en altres espais lliures de Sóller i d'altres municipis.

“Hi ha motius per rebutjar la proposta”

Des de l’àmbit polític, la regidora i portaveu de Més per Sóller, Laura Celià, emmarca el rebuig al projecte dins d’una crítica més àmplia a l’estratègia d’habitatge impulsada per les administracions. La formació, assegura, no s’oposa a la construcció d’habitatge públic, però sí a fer-ho “a qualsevol preu” i sense atendre les conseqüències urbanístiques i socials. “No és una postura infantil de dir no per dir no: hi ha motius jurídics, urbanístics i polítics al darrere”, subratlla en declaracions a aquest diari.

La regidora ecosobiranista adverteix, a més, que l’operació a la plaça de les Teixidores no és un fet aïllat, sinó part d’una dinàmica més àmplia de cessió d’espais públics a l’Ibavi. En aquest sentit, assenyala que l’Ajuntament ja ha transferit altres immobles municipals amb aquesta finalitat i preveu noves cessions, fet que, segons ella, compromet el futur del municipi en reduir la disponibilitat d’equipaments públics. “Si en el futur necessitam un centre de dia, una escoleta o un casal cívic, no tendrem espais”, alerta.

La portaveu també qüestiona l’enfocament de les polítiques d’habitatge, en considerar que responen més a una lògica de xifres que a una solució estructural del problema. “Es busca poder dir que s’han activat centenars o milers d’habitatges, però sense importar on ni com”, sosté, i critica una estratègia que, segons la seva opinió, prioritza l’impacte polític per damunt de la planificació a llarg termini.

Davant d’això, Més planteja un diagnòstic basat en les dades del mateix municipi: a Sóller hi ha més de 1.100 habitatges buits, als quals se sumen uns 500 segones residències i uns 600 destinats al lloguer vacacional, xifres que, segons Més, evidencien que el problema no és únicament la manca de sòl. “La solució no passa per construir més, sinó per mobilitzar els habitatges que ja existeixen”, afirma, i defensa mesures per treure al mercat el parc buit i regular els usos turístics.

Per la seva banda, el portaveu de la formació local Seny i Sentit, Sebastià Aguiló, assenyala que la seva formació s’ha oposat al projecte “des del minut u”, tot i que recalca el seu suport a la recerca de solucions que ajudin a resoldre la crisi de l’habitatge. “Estem totalment a favor de construir pisos de protecció oficial, però no a qualsevol preu”, subratlla. Aguiló defensa que la plaça de les Teixidores, malgrat el seu ús actual com a aparcament, compleix una funció molt més àmplia com a espai públic. “És l’únic pulmó que ens queda al centre de Sóller”, afirma en declaracions a elDiario.es.

Estem totalment a favor de construir pisos de protecció oficial, però no a qualsevol preu

Sebastià Aguiló — Portaveu de la formació local Seny i Sentit

El dirigent polític critica el que considera una manca d'alternatives per part de les administracions. “No entenem aquesta necessitat de construir sí o sí sense plantejar altres sistemes”, sosté, alhora que reclama explorar altres vies, com la requalificació de sòls que ja estàn integrats al centre del municipi o l'habilitació de nous espais per a habitatge social fora del nuclí més tensionat. En aquest sentit, contraposa la facilitat amb la qual, segons denuncia, s'han promogut canvis normatius per habilitar aparcaments en sòl rústic enfront de la manca d'iniciativa per generar sòl destinat a habitatge.

El regidor també posa en dubte la transparència del procés, en assegurar que encara no hi ha un projecte definitiu. “El que hi ha són fotomuntatges que no s’ajusten a la realitat”, recrimina, i qüestiona la fiabilitat de les imatges difoses i el relat institucional que acompanya el projecte. Al seu parer, la proposta “hipoteca el futur de Sóller” i respon més a una necessitat política que no pas a una planificació urbanística sòlida.

Per últim, introdueix un element simbòlic que, segons ell, evidencia les contradiccions del discurs institucional: a finals de 2022, el ple va aprovar per unanimitat el canvi de nom de la plaça —de Teixidors a Teixidores— per reconèixer el paper de les dones en la història industrial del municipi, i tots els grups polítics van assistir a descobrir la placa amb el nou nom. “Aleshores tots reconeixien que era una plaça i ara resulta que ja no ho és”, critica en al·lusió al fet que l’alcalde de Sóller, Miquel Nadal, assenyalés que la zona “no és més que un aparcament”. Aguiló insisteix que, tot i que avui la plaça s’utilitzi en part com a aparcament, l’espai s’ha de preservar com a àmbit públic amb potencial per a usos socials en el futur.

La plaça que commemora les teixidores

La plaça de Teixidores, de fet, no és un buit casual, sinó el resultat d’un passat industrial desaparegut: el seu nom remet a un passat en què les dones van ser el veritable motor de l’economia local. Com assenyala l’historiador Plàcid Pérez en el seu treball Les fàbriques de teixits mecànics de Sóller. El patrimoni perdut, la major part de la mà d’obra en els telers mecànics era femenina: treballadores sotmeses a ritmes intensius, salaris més baixos i escàs reconeixement, però fonamentals per sostenir la producció. Aquelles fàbriques no només van transformar el paisatge urbà, sinó també la vida de generacions de dones que van trobar en el tèxtil una de les poques vies d’accés al treball assalariat. Avui, aquest espai buit és també memòria: la d’un treball invisibilitzat que dona nom a la plaça i que torna a estar en disputa.

El portaveu del PSIB-PSOE a Sóller, Jaume Mateu, alhora, expressa el rebuig dels socialistes a la proposta de l’equip de govern en considerar que no corregeix les deficiències detectades en el primer projecte ni respon a les necessitats reals del municipi. Al seu parer, es tracta d’una ubicació inadequada per acollir un bloc de 24 habitatges, entre altres raons, perquè el mateix planejament urbanístic no preveu edificació en aquest espai, qualificat com a zona lliure pública. “Si el problema és que ara no és una plaça atractiva, és responsabilitat de l’Ajuntament fer un bon projecte per millorar-la”, assenyala, i insisteix que aquesta circumstància no pot utilitzar-se com a justificació per construir en un espai que s’hauria de preservar com a ús públic.

Mateu també critica la insistència de l’equip de govern a tirar endavant una iniciativa que, segons afirma, manca de consens social i polític. En aquest sentit, insta l’alcalde a “abandonar la seva obsessió” per aquest projecte i a treballar en un front comú que permeti donar solucions efectives al problema de l’habitatge, tant a curt com a mitjà i llarg termini. Entre les alternatives, els socialistes plantegen mesures com la declaració de Sóller com a zona de mercat residencial tensionat per limitar els preus del lloguer, així com la cerca de solars més adequats per ampliar el parc d’habitatge públic. A més, retreuen les formes emprades en la tramitació del projecte, denunciant la manca d’informació a l’oposició i alertant que la proposta ignora elements sensibles de l’entorn, com l’àrea de protecció de la Fàbrica Nova, declarada Bé d’Interès Cultural.

L'Ajuntament defensa el projecte

Des de l'Ajuntament de Sóller defensen el projecte de la plaça de les Teixidores i asseguren que la proposta no és tancada ni unilateral, sinó que incorpora aportacions externes. En aquest sentit, asseguren haver tingut en compte tant les opinions d'arquitectes locals com els suggeriments recollits entre la ciutadania, cosa que, segons el seu parer, ha permès millorar i ajustar el projecte inicial.

Des de l'Ajuntament de Sóller defensen el projecte de la plaça de les Teixidores i asseguren que la proposta no és tancada ni unilateral, sinó que ha incorporat aportacions externes, tant d'arquitectes locals com de la ciutadania, amb l'objectiu de millorar i ajustar el projecte inicial

En relació amb una de les principals preocupacions veïnals, l’aparcament, l’equip de govern assegura que el disseny del projecte garanteix que no es perdrà “ni una sola plaça”. Per això, planteja la construcció de l’aparcament subterrani destinat a residents —un sistema ZAR—: davant les crítiques, assegura que permetria mantenir la capacitat actual i, alhora, reorganitzar l’espai en superfície.

En aquesta línia, apel·len a la viabilitat tècnica de la intervenció malgrat les dificultats derivades de les característiques del terreny. Segons sostenen, s’han desenvolupat solucions específiques per garantir que el projecte compleixi tots els requisits, inclosos els vinculats a la gestió de recursos hídrics, tot i que reconeixen que això implica un cost i una complexitat constructiva més elevats. Finalment, recalquen que l’actuació no suposarà un cost directe per als veïns de Sóller, ja que estarà íntegrament finançada per l’Ibavi.

Les promocions que tramita el Govern a Sóller

Consultades per aquest diari, fonts de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat assenyalen que l’Ibavi atén les propostes dels ajuntaments i prepara projectes d’habitatge social, destinats a ciutadans residents a les illes, un cop un ajuntament cedeix una parcel·la a l’ens públic. D’aquesta manera, asseguren, “atén puntualment les necessitats que expressi un ajuntament o qualsevol col·lectiu a través de l’ajuntament de cada municipi”. A Sóller, segons especifiquen, l’Ibavi tramita tres promocions que sumen 29 habitatges en total: les que es troben en fase més avançada són les del cinema Fantasio (onze habitatges) i de l’antic Hospici (deu habitatges), mentre que se n’està desenvolupant una tercera a l’antiga escola del carrer Marjades (vuit habitatges).

La Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat assenyala que l'Ibavi atén les propostes dels ajuntaments i prepara projectes d'habitatge social, destinades a ciutadans residents a les illes, una vegada que un ajuntament cedeix una parcel·la a l'ens públic

El possible projecte de Teixidores, com assenyalen les mateixes fonts —atès que “no s’ha concretat una cessió de parcel·la a l’Ibavi”—, sumaria altres 24 habitatges, cosa que situaria el total en 53 nous habitatges de protecció pública a Sóller. Es tracta d’un municipi, subratllen des de la Conselleria, amb una demanda d’habitatge públic que s’ha duplicat en dos anys a les llistes de l’Ibavi, fins a arribar a les 74 famílies o unitats de convivència a les llistes d’espera, que han registrat un augment del 40% en l’últim any respecte de les 53 del 2024 i les 34 del 2023.

El cas de la plaça Teixidores reflecteix un dilema cada vegada més freqüent a les Illes: com equilibrar la creació d’habitatge públic amb la preservació d’espais urbans i la identitat local. Mentre les administracions defensen la necessitat urgent d’ampliar el parc d’habitatge protegit, els veïns reclamen participar en les decisions i explorar alternatives. “Prenent aquestes decisions sense tenir en compte el poble, l’únic que s’aconsegueix és que la gent se n’hagi d’anar”, lamenta Rosa. La recollida de signatures, mentrestant, continua creixent. I amb ella, una pregunta de fons que el conflicte ha posat sobre la taula: no només quants habitatges fan falta a Sóller, sinó on i com s’han de construir.

6 de desembre de 2024. El matí es presenta com un altre més en aquest hotel de cinc estrelles de Portals Nous, considerada la zona turística més exclusiva de Mallorca. Tanmateix, quan acudeixen al seu lloc de feina al restaurant de l’establiment, els treballadors es troben amb una escena inesperada: la societat que explota el negoci l’ha tancat i el seu interior ha estat pràcticament buidat. Al cap de pocs moments, la plantilla, formada per unes 50 persones entre cambrers, cuiners i personal de servei, rep un missatge del conseller delegat de l’empresa que els tenia contractats: “Hola, equip. Escric això amb molt de pesar per informar-vos que, malgrat tots els esforços que hem fet, hem hagut de prendre la difícil decisió de cessar les operacions [...] amb efecte immediat”. I afegeix: “Amb els problemes actuals de flux de caixa, simplement no és viable continuar”. La plantilla acaba de descobrir que la mercantil, Merchants by Five, ha tancat de manera abrupta el restaurant i que la seva feina ha desaparegut.

“Va ser una bogeria, ningú no en sabia res. Tothom se’n va assabentar aquell mateix dia”, relata Óscar, un dels empleats de l’hotel que va viure l’episodi des de dins. A l’exterior de l’espai que abans ocupava The Merchants by the Sea -com es deia el restaurant-, el treballador recorda que una clienta va baixar a esmorzar com qualsevol altre dia i es va dirigir a recepció: “Va preguntar per l’esmorzar i li van dir que no n’hi havia, que ja no se servia perquè el restaurant havia tancat”. Aquell moment va ser l’espurna que va fer saltar les primeres alarmes. El restaurant, que gestionava el servei d’esmorzars de l’hotel, va deixar de funcionar d’un dia per l’altre i va obligar l’establiment a reorganitzar sobre la marxa el servei de restauració per als hostes allotjats.

“De sobte no hi havia esmorzar. Vam haver d’improvisar i fins i tot a recepció i els botons van acabar servint els cafès”, recorda Óscar, aleshores president del comitè d’empresa. Alguns dies, afegeix, l’establiment hoteler va optar fins i tot per traslladar els seus hostes a esmorzar a un club de pàdel proper. La situació es va tornar encara més tensa quan els responsables de Merchants by Five, vinculada al projecte gastronòmic Five Senses Hospitality, van començar a endur-se materials. “Aquell mateix dia van començar a treure coses d’allà. Mercaderia, equipament… semblava que ho estiguessin desvalisant”, relata el treballador. eldiario.es ha intentat posar-se en contacte amb l’empresa, però no ha obtingut resposta.

De sobte no hi havia esmorzar. Vam haver d'improvisar i fins i tot la recepció i els botons van acabar servint els cafès"

Óscar — President del comitè d'empresa en el moment dels fets

La Justícia dóna la raó a la plantilla

Un any i un mes després, la Justícia ha donat la raó a la plantilla. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) ha declarat nuls els acomiadaments en concloure que l’empresa Merchants by Five va extingir de facto els contractes de tots els treballadors sense seguir el procediment legal previst per a un acomiadament col·lectiu contemplat a l’article 51 de l’Estatut dels Treballadors. És a dir, va tancar el negoci i va prescindir de la plantilla sense obrir el corresponent període de consultes amb els representants dels treballadors, previst amb l’objectiu de negociar, durant almenys 30 dies, possibles mesures per evitar o reduir els acomiadaments o millorar les condicions de sortida, com indemnitzacions o recol·locacions. L’empresa tampoc no va justificar documentalment les causes econòmiques que motivaven el tancament del restaurant. Simplement va abaixar la persiana, va extingir els contractes dels empleats i els va donar de baixa de la Seguretat Social.

No només això. La sentència, a la qual ha tingut accés elDiario.es, subratlla que el restaurant no era un negoci aïllat, sinó part del que la jurisprudència laboral denomina un “grup patològic d'empreses”: encara que formalment independents, funcionen a la pràctica com una sola organització empresarial. En aquest cas, els treballadors prestaven serveis per a diferents mercantils del grup, elaboraven a la mateixa cuina productes per vendre, servir o ser utilitzats en altres centres d'oci i restauració del conglomerat i comptaven amb una direcció empresarial comuna, a més de mantenir relacions econòmiques entre les diferents societats, elements que porten els magistrats a estendre la responsabilitat laboral a diverses empreses vinculades a Five Senses Hospitality: Merchants by Five SLU, Mediterasian by Five SL, Five Senses Lifestyle SL, Number 1 HO by Five SL, Five Senses Hospitality SL. i Five Senses Catering & Events SL.

“Tot l'anterior ens permet apreciar que estem davant un ús abusiu de la direcció unitària, doncs sense forma definida s'instrumentalitza aquest entramat societari per desllindar responsabilitats en l'ús abusiu de la contractació dels treballadors, i sota una direcció unitària indescifrable i confusa, amb els perjudicis que això suposa per als treballadors quant a les seves condicions de treball, amb modificacions imposades del lloc de prestació de serveis, horaris, identificació del veritable ocupador, impedint rebre la formació adequada -tant per a la correcta prestació de serveis, com a efectes de prevenció de riscos per a cada centre de treball. I, finalment, fins i tot per eludir responsabilitats com en cas d'un acomiadament col·lectiu”, subratlla la sentència dictada per la Sala social.

La sentència subratlla que el restaurant no era un negoci aïllat, sinó part del que la jurisprudència laboral denomina un "grup patològic d'empreses": encara que formalment independents, funcionen a la pràctica com una sola organització empresarial

El tribunal es recolza en diverses sentències del Tribunal Suprem que estableixen que un grup deixa de ser una organització empresarial neutra o legítima quan les seves societats funcionen en la pràctica com una sola estructura per eludir responsabilitats laborals, passant a convertir-se en un instrument per cometre frau o abús de dret.

De Londres a Mallorca

Darrere del grup Five Senses es troben els empresaris Edgar Lagassi, Andrius Kulbokas i Mariusz Szymecki, que han desenvolupat bona part de la seva carrera en el sector de la restauració de luxe a Londres abans de traslladar el seu projecte a Mallorca. Allà van treballar en restaurants i clubs privats d’alt nivell vinculats a l’oci i a l’hostaleria de gamma alta, un entorn que en la darrera dècada ha servit d’escola per a nombrosos empresaris del sector gastronòmic internacional. Després d’aquesta etapa al Regne Unit, els tres socis van impulsar a Palma un projecte orientat a crear conceptes gastronòmics vinculats al turisme premium i als hotels boutique, obrint el 2020 el restaurant The Merchants–Steak & Grill, situat a l’hotel Palacio Can Marqués, al centre històric de Palma, i dirigit al turisme internacional i a una clientela d’alt poder adquisitiu. També compten amb el restaurant Canela, l’asiàtic KOH Palma, l’espai gastronòmic Wineing o el Beatnik.

Caviar a 125 euros i wagyu a 180

A Portals Nous, Five Senses va presentar The Merchants by the Sea com la versió costanera de The Merchants. Va obrir les portes el 2024 amb una carta que reflectia la seva aposta per un públic amb alt poder adquisitiu: caviar Oscietra a partir de 125 euros, wagyu japonès per 180, torres de marisc per 140 euros i ampolles de xampany que superaven els 500 euros. L’aposta responia a una tendència creixent en destinacions turístiques com Mallorca, on hotels i empreses gastronòmiques externalitzen la seva restauració a grups que solen crear societats diferents per a cada projecte o establiment, cosa que permet separar la gestió de cada negoci i limitar riscos empresarials. Tot just uns mesos després, The Merchants by the Sea cessava completament la seva activitat sense cap més explicació que un missatge de text. Malgrat el conflicte laboral i el cessament de l’activitat, la web de l’establiment continua activa i s’hi pot llegir: “Tancat per temporada”.

Rafa Huete, representant d’UGT que va participar en el cas, recorda que el sindicat es va assabentar del que havia passat quan va rebre una trucada d’Óscar. “Em va telefonar i em va dir: ‘Vine cap aquí, que tenim un problema amb els treballadors’”, relata. Quan va arribar a l’establiment es va trobar amb desenes d’empleats del restaurant asseguts a les escales de l’hotel. “Hi havia unes 35 persones allà perquè els havien tancat les portes i no podien entrar a treballar”. No obstant això, els treballadors ja sospitaven que alguna cosa estava passant: a recepció havien vist entrar a primera hora diverses persones que carregaven caixes en una furgoneta. “Estaven traient-ho tot: la vaixella, el material… fins i tot l’enciam de les neveres”.

“Els van deixar a la seva sort sense cap tipus d’explicació”, lamenta Huete, responsable del departament de Serveis, Mobilitat i Consum (SMC) d’UGT a Calvià. Després d’aquell episodi, el sindicat va mantenir una reunió amb els treballadors per decidir com actuar i van optar per denunciar. Per al representant sindical, el tancament del negoci i l’acomiadament de la plantilla es van produir sense transparència per part de l’empresa i van deixar els treballadors en una situació de gran incertesa. Tanmateix, el pas del temps ha canviat la situació de molts afectats. Alguns d’ells van començar a treballar en altres llocs i, ara, el mateix hotel que havia subcontractat els serveis del restaurant, The Donna Portals, manté converses amb alguns dels antics treballadors perquè puguin cobrir el servei de restauració després de la desaparició del restaurant externalitzat.

6 de diciembre de 2024. La mañana se presenta como otra más en este hotel de cinco estrellas de Portals Nous, considerada la zona turística más exclusiva de Mallorca. Sin embargo, al acudir a su puesto de trabajo en el restaurante del establecimiento, los empleados se encuentran una escena inesperada: la sociedad que explota el negocio lo ha cerrado y su interior ha sido prácticamente vaciado. Al cabo de un momento, la plantilla, unas 50 personas entre camareros, cocineros y personal de servicio, recibe un mensaje del consejero delegado de la empresa que los tenía contratados: “Hola, equipo. Escribo esto con mucho pesar para informaros de que, a pesar de todos los esfuerzos que hemos realizado, hemos tenido que tomar la difícil decisión de cesar las operaciones [...] con efecto inmediato”. Y añade: “Con los problemas de flujo de caja actuales, simplemente no es viable seguir adelante”. La plantilla acaba de descubrir que la mercantil, Merchants by Five, ha cerrado de forma abrupta el restaurante y que su trabajo ha desaparecido.

“Fue una locura, nadie sabía nada. Todo el mundo se enteró ese mismo día”, relata Óscar, uno de los empleados del hotel que vivió el episodio desde dentro. A las afueras del espacio que antes ocupaba The Merchants by the Sea -como se llamaba el restaurante-, el trabajador recuerda que una clienta bajó a desayunar como cualquier otro día y se dirigió a recepción: “Preguntó por el desayuno y le dijeron que no había, que ya no se servía porque el restaurante había cerrado”. Fue la espita que hizo saltar las primeras alarmas. El restaurante, que gestionaba el servicio de desayunos del hotel, dejó de funcionar de un día para otro y obligó al establecimiento a reorganizar sobre la marcha el servicio de restauración para los huéspedes alojados en él.

“De repente no había desayuno. Tuvimos que improvisar y hasta la recepción y los botones acabaron sirviendo los cafés”, recuerda Óscar, entonces presidente del comité de empresa. Algunos días, añade, el establecimiento hotelero optó incluso por trasladar a sus huéspedes a desayunar a un club de pádel próximo. La situación se volvió aún más tensa cuando los responsables de Merchants by Five, vinculada al proyecto gastronómico Five Senses Hospitality, comenzaron a llevarse los materiales. “Ese mismo día empezaron a sacar cosas de allí. Mercancía, equipamiento… parecía que lo estaban desvalijando”, relata el trabajador. elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con la empresa, pero no ha obtenido respuesta.

De repente no había desayuno. Tuvimos que improvisar y hasta la recepción y los botones acabaron sirviendo los cafés"

Óscar — Presidente el comité de empresa en el momento de los hechos

La Justicia da la razón a la plantilla

Un año y un mes después, la Justicia ha dado la razón a la plantilla. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha declarado nulos los despidos al concluir que la empresa Merchants by Five extinguió de facto los contratos de todos los trabajadores sin seguir el procedimiento legal previsto para un despido colectivo contemplado en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, cerró el negocio y prescindió de la plantilla sin abrir el pertinente periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, previsto con el objetivo de negociar, durante al menos 30 días, posibles medidas para evitar o reducir los despidos o mejorar las condiciones de salida, como indemnizaciones o recolocaciones. La empresa tampoco justificó documentalmente las causas económicas que motivaban el cierre del restaurante. Simplemente echó la persiana, extinguió los contratos de los empleados y los dio de baja de la seguridad social.

La empresa cerró el restaurante y prescindió de la plantilla sin abrir el pertinente periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, previsto con el objetivo de negociar, durante al menos 30 días, posibles medidas para evitar o reducir los despidos o mejorar las condiciones de salida, como indemnizaciones o recolocaciones. Tampoco justificó documentalmente las causas económicas que motivaban el cierre

No solo eso. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, subraya que el restaurante no era un negocio aislado, sino parte de lo que la jurisprudencia laboral denomina un “grupo patológico de empresas”: aunque formalmente independientes, funcionan en la práctica como una sola organización empresarial. En este caso, los trabajadores prestaban servicios para distintas mercantiles del grupo, elaboraban en la misma cocina productos para vender, servir o ser utilizados en otros centros de ocio y restauración del conglomerado y contaban con una dirección empresarial común, además de mantener relaciones económicas entre las distintas sociedades, elementos que llevan a los magistrados a extender la responsabilidad laboral a varias empresas vinculadas a Five Senses Hospitality: Merchants by Five SLU, Mediterasian by Five SL, Five Senses Lifestyle SL, Number 1 HO by Five SL, Five Senses Hospitality SL. y Five Senses Catering & Events SL.

“Todo lo anterior nos permite apreciar que estamos ante un uso abusivo de la dirección unitaria, pues sin forma definida se instrumentaliza este entramado societario para deslindar responsabilidades en el uso abusivo de la contratación de los trabajadores, y bajo una dirección unitaria indescifrable y confusa, con los perjuicios que ello supone para los trabajadores en cuanto a sus condiciones de trabajo, con modificaciones impuestas del lugar de prestación de servicios, horarios, identificación del verdadero empleador, impidiendo recibir la formación adecuada -tanto para la correcta prestación de servicios, como efectos de prevención de riesgos para cada centro de trabajo. Y, finalmente, incluso para eludir responsabilidades como en caso de un despido colectivo”, subraya la sentencia dictada por la Sala de lo Social.

La sentencia subraya que el restaurante no era un negocio aislado, sino parte de lo que la jurisprudencia laboral denomina un "grupo patológico de empresas": aunque formalmente independientes, funcionan en la práctica como una sola organización empresarial

El tribunal se apoya en varias sentencias del Tribunal Supremo que establecen que un grupo deja de ser una organización empresarial neutra o legítima cuando sus sociedades funcionan en la práctica como una sola estructura para eludir responsabilidades laborales, pasando a convertirse en un instrumento para cometer fraude o abuso de derecho.

De Londres a Mallorca

Tras el grupo Five Senses se encuentran los empresarios Edgar Lagassi, Andrius Kulbokas y Mariusz Szymecki, quienes han desarrollado buena parte de su carrera en el sector de la restauración de lujo en Londres antes de trasladar su proyecto a Mallorca. Allí trabajaron en restaurantes y clubes privados de alto nivel vinculados al ocio y la hostelería de gama alta, un entorno que en la última década ha servido de escuela para numerosos empresarios del sector gastronómico internacional. Tras esa etapa en Reino Unido, los tres socios impulsaron en Palma un proyecto orientado a crear conceptos gastronómicos vinculados al turismo premium y a hoteles boutique, abriendo en 2020 el restaurante The Merchants–Steak & Grill, situado en el hotel Palacio Can Marqués, en el casco histórico de Palma, y dirigido al turismo internacional y a una clientela de alto poder adquisitivo. También cuentan con el restaurante Canela, el asiático KOH Palma, el espacio gastronómico Wineing o el Beatnik.

Caviar a 125 euros y wagyu a 180

En Portals Nous, Five Sense presentó The Merchants by the Sea como la versión costera de The Merchants. Abrió sus puertas en 2024 con una carta que reflejaba su apuesta por un público con alto poder adquisitivo: caviar Oscietra a partir de 125 euros, wagyu japonés por 180, torres de marisco por 140 euros y botellas de champán que superaban los 500 euros. La apuesta respondía a una tendencia creciente en destinos turísticos como Mallorca, donde hoteles y empresas gastronómicas externalizan su restauración a grupos que suelen crear sociedades distintas para cada proyecto o establecimiento, lo que permite separar la gestión de cada negocio y limitar riesgos empresariales. Apenas unos meses después, The Merchants by the Sea cesaba por completo su actividad sin más explicación que un mensaje de texto. Pese al conflicto laboral y el cese de la actividad, la web del establecimiento sigue activa y en ella puede leerle: “Cerrado por temporada”.

Rafa Huete, representante de UGT que participó en el caso, recuerda que el sindicato se enteró de lo ocurrido cuando recibió una llamada de Óscar. “Me llamó y me dijo: 'Vente para acá, que tenemos un problema con los trabajadores'”, relata. Cuando llegó al establecimiento se encontró con decenas de empleados del restaurante sentados en las escaleras del hotel. “Había unas 35 personas allí porque les habían cerrado las puertas y no podían entrar a trabajar”. Sin embargo, los trabajadores ya sospechaban que algo estaba pasando: en recepción habían visto entrar a primera hora a varias personas que cargaban cajas en una furgoneta: “Estaban sacando todo: la vajilla, el material… hasta la lechuga de las neveras”.

“Los dejaron a su suerte sin ningún tipo de explicación”, lamenta Huete, responsable del departamento de Servicios, Movilidad y Consumo (SMC) de UGT en Calvià. Tras aquel episodio, el sindicato mantuvo una reunión con los trabajadores para decidir cómo actuar y decidieron denunciar. Para el representante sindical, el cierre del negocio y el despido de la plantilla se produjeron sin transparencia por parte de la empresa y dejaron a los trabajadores en una situación de gran incertidumbre. Sin embargo, el paso del tiempo ha cambiado la situación de muchos afectados. Algunos de ellos comenzaron a trabajar en otros lugares y, ahora, el propio hotel que subcontrató los servicios del restaurante, The Donna Portals, se encuentra conversando en la actualidad con algunos de los antiguos trabajadores para que puedan cubrir el servicio de restauración tras la desaparición del restaurante externalizado.

Silvino va néixer a Langreo, al cor miner d'Astúries. Tenia 15 anys quan ajudava el seu pare a arrossegar sacs de carbó i a repartir-los entre els veïns abans d'emigrar i començar una vida errant que, entre altres destinacions, el va portar a Finlàndia, a Canàries i, finalment, a Mallorca. Amb el fred del matí encara agafat a la roba, relata la seva història mentre, al seu voltant, tècnics municipals i un ampli dispositiu de la Policia Local identifiquen aquells que, com ell, malviuen des de fa anys a l'antiga presó de Palma: més de 200 persones entre residents sense recursos, treballadors precaritzats i migrants. L'Ajuntament ha reactivat el desnonament de tots ells, però Silvino, cuiner avui jubilat, ho té clar: “No penso quedar-me al carrer”.

Divendres que ve, una vegada completats els controls iniciats aquest dimecres, el Consistori preveu notificar-los l'ordre d'expulsió, presentada com una actuació necessària per raons de seguretat i salubritat. Al llarg del matí, els seus noms eren anotats en formularis i incorporats, un a un, dins un procediment administratiu tan meticulós com impersonal. Mentrestant, als afores de l'immoble, el primer tinent de batle de Palma, Javier Bonet (PP), assegurava que el que al govern municipal li preocupa és que “cap persona de les que viuen aquí dins pugui morir calcinada”, en al·lusió als quatre incendis registrats a les instal·lacions el passat cap de setmana i que, al seu parer, van ser “probablement provocats”.

En un comunicat remès als mitjans de comunicació, l'equip de govern apunta que “no és un fet aïllat”, sinó que “es ve repetint amb freqüència en els últims mesos”, la qual cosa, en paraules de Bonet, “fa pensar” que “puguin ser fins i tot provocats pels ocupants, derivats de disputes entre els grups que aquí resideixen”. Una afirmació que el Consistori formula en termes hipotètics en un intent d'associar als seus residents amb la conflictivitat i reforçant amb això l'argument municipal a favor del desallotjament.

Molts dels afectats no tenen alternativa habitacional ni ingressos suficients per pagar el lloguer d'una habitació -el preu de la qual en alguns casos arriba a superar els 1.000 euros- i resistiran, entre els enderrocs i els murs esquerdats del vell recinte carcerari fins que s'esgoti el termini legal. Després de la notificació del desnonament, els ocupants disposaran de cinc dies per presentar al·legacions. Després, es dictarà una ordre que els obligarà a abandonar el lloc en un màxim de quatre dies. De no fer-ho, l'Ajuntament sol·licitarà autorització judicial per executar el desnonament col·lectiu. Un cop desocupat l'espai, el Consistori preveu netejar-lo, tapiar-lo i, posteriorment, demolir-lo per urbanitzar el solar amb la construcció d'un accés a l'autovia de Palma i un projecte d'habitatges.

“Potser agafaré un carro i el passejaré pel carrer”

Silvino explica que va arribar a la vella presó després que la propietària de l'habitació on vivia li pugés el lloguer de 200 a 250 euros, una xifra impossible per a algú que aleshores cobrava poc més de 400. “Vaig agafar els trastos i me'n vaig anar”, recorda. Una dona el va veure al carrer i li va parlar d'aquest lloc. Sense aigua, sense electricitat i entre murs derruïts que amb prou feines protegeixen del fred exterior, l'home va trobar un 'refugi'. Recrimina que, amb una mitjana pensió que amb prou feines arriba per sobreviure, no sap on anirà: “Potser agafaré un carro i passejaré pel carrer”.

A pocs metres, un altre 'resident' de l'antiga presó, d'origen italo-tunisià, explica que fa tres anys que viu al recinte. “Aquí els polítics parlen molt, però no fan res. I la policia ve aquí a parlar, però no posa una solució”, lamenta, mentre insisteix que ningú li ha explicat amb claredat què passarà després. “Aquí no hi ha aigua ni llum. I em diuen que he d'anar-me'n. Què puc fer jo? No cometo delictes, sóc una persona treballadora, vaig a la feina i torno”, apunta, per la seva banda, Felipe, una altra de les persones que s'enfronten a la incertesa de la sortida forçosa amb el temor de perdre l'únic sostre del qual disposa.

En termes similars es pronuncia Antonio, mallorquí que fa sis mesos que viu a l'antiga presó i recrimina que el desnonament s'està duent a terme “amb nocturnitat i traïdoria”. “No ens donen cap solució. Molts som treballadors. Què aconseguiran amb això? Un cens. I si ens fan fora demà? On anem? Vosaltres sabeu el que costa lloguer un pis”, incideix, dirigint-se als periodistes que a primera hora s'han desplaçat fins al recinte. Una ullada al portal immobiliari Idealista permet comprovar com, en aquests moments, tan sols una desena de pisos s'anuncien a Palma per menys de 1.000 euros al mes. Només un d'ells supera els 50 metres quadrats: en fa 55.

Un altre dels afectats, el testimoni del qual ha recollit l'agència EFE, assegura ser “una persona treballadora amb un sou en B de 1.200 euros a la construcció” i que el seu cap li exigeix 3.000 euros per contractar-lo, una pràctica il·legal que il·lustra l'explotació i l'indefensió a les quals nombrosos treballadors es troben sotmesos, atrapats entre l'economia submergida i un mercat immobiliari que els tanca les portes. “Necessito un lloc on dormir”, sentencia.

Contactes amb el Bisbat i l'Exèrcit

L'Ajuntament, per la seva banda, assegura que està intentant trobar una solució amb el Bisbat de Mallorca -que recentment ha recorregut als tribunals per a desallotjar una mare i els seus dos fills d'un dels seus locals apel·lant a la “perillositat” de l'immoble- i l'Exèrcit amb l'objectiu que ningú quedi a la intempèrie. “És un problema de ciutat i un problema de país”, ha asseverat Bonet en referència a l'actual crisi habitacional, agreujada en els últims anys per l'especulació immobiliària, la irrupció massiva de fons d'inversió internacionals i la turistització, factors que han empès centenars de persones a viure amuntegades a infrahabitatges, caravanes i a edificis abandonats com l'antiga presó de Palma.

Lucía Muñoz, portaveu d'Unides Podem a l'Ajuntament de Palma, qui es trobava present juntament amb altres integrants de la formació morada per intentar aclarir als afectats què passarà quan el procediment administratiu esgoti els seus terminis, s'ha mostrat severament crítica amb l'actuació municipal i amb la “política criminal” del batle, Jaime Martínez, que suposa “deixar al carrer persones que ja viuen en unes condicions que ningú desitjaria”. Així mateix, lamenta l'absència d'un acompanyament real per part dels tècnics municipals: “Hi ha una taula de serveis socials que està ajudant a desnonar 200 persones, més de la meitat d'ells sense papers, sense que se'ls estigui explicant el procés ni les alternatives disponibles”.

Muñoz ha proposat al Consistori reconvertir l'antiga presó en habitatges socials així com en una residència pública d'estudiants, i ha cridat l'alcalde a abandonar la idea de construir una rotonda.

Les entitats socials adverteixen, per la seva banda, de les conseqüències immediates del desnonament. Metges del Món calcula que unes 250 persones resideixen al recinte en situació d'extrema vulnerabilitat -moltes d'elles amb greus problemes de salut física i mental- i denuncia que no s'han habilitat recursos suficients per acollir-les. L'organització alerta que, si s'executa en les condicions actuals, totes elles “quedaran directament abocades, encara més, a una realitat marcada per la inseguretat, la ruptura dels seus processos terapèutics i socials, el deteriorament accelerat de la seva salut” així com a “una major exposició a situacions de violència, exclusió i estigmatització”.

Davant aquest escenari, Metges del Món ha instat l'Ajuntament a “assumir la seva responsabilitat institucional i a actuar amb caràcter urgent”, habilitant alternatives habitacionals dignes, suficients i adequades abans de procedir al desnonament o, en defecte, ajornant-lo “fins a garantir una solució definitiva que protegeixi els drets fonamentals de les persones afectades i eviti la generació d'una emergència social que, a dia d'avui, segueix sent prevenible mitjançant voluntat política i planificació responsable”.

Aquells que avui sobreviuen al vell penal -alguns des de fa uns mesos, altres des de fa anys- habiten les mateixes parets que durant dècades van tancar els presos comuns que van ocupar el complex des de la seva inauguració el 1968. Fins aleshores, la presó provincial es trobava al convent de ses Caputxines. La presó, la possessió de la qual l'Ajuntament vol recuperar, va romandre en funcionament fins al 1999, quan els interns van ser traslladats a l'actual centre penitenciari de Palma i els estrets passadissos, les cel·les i els patis van quedar sumits a l'abandonament, condemnats a un deteriorament lent que avui serveix de refugi precari per a aquells que no tenen un altre lloc on viure.

Les dificultats per accedir a un habitatge digne a Balears, els elevats preus del qual s'han convertit en un obstacle per a la població local enfront de l'elevada demanda de compra i lloguer per part d'estrangers amb major capacitat financera, han portat la població més vulnerable a buscar alternatives com aquesta per poder sobreviure. A Palma, una de les ciutats espanyoles amb el mercat immobiliari més tensionat, les dades il·lustren la magnitud de la crisi habitacional, l'increment del sensellarisme i les dificultats d'accés al mercat residencial: mentre els preus continuen disparant-se -al gener el metre quadrat va assolir els 5.131 euros enfront dels 2.650 euros de mitjana estatal, segons Idealista-, un total de 9.346 pisos romanen buits, d'acord a les dades del mateix portal immobiliari. Palma concentra, així mateix, la major part dels habitatges de Balears en mans de grans tenidors -aquells que posseeixen més de deu immobles-, amb 8.652 sota el seu control, dels quals 2.621 pertanyen a titulars amb carteres superiors a cent propietats, segons reflecteix la investigació duta a terme l'any passat per elDiario.es amb dades inèdites del Cadastre.

Silvino nació en Langreo, en el corazón minero de Asturias. Tenía 15 años cuando ayudaba a su padre a acarrear sacos de carbón y a repartirlos entre los vecinos antes de emigrar y dar inicio a una vida errante que, entre otros destinos, lo llevó a Finlandia, a Canarias y, finalmente, a Mallorca. Con el frío de la mañana todavía agarrado a la ropa, relata su historia mientras, a su alrededor, técnicos municipales y un amplio dispositivo de la Policía Local identifican los “perfiles” de quienes, como él, malviven desde hace años en la antigua prisión de Palma: más de 200 personas entre residentes sin recursos, trabajadores precarizados y migrantes. El Ayuntamiento ha reactivado el desalojo de todos ellos, pero Silvino, cocinero hoy jubilado, lo tiene claro: “No pienso quedarme en la calle”.

El próximo viernes, una vez completados los controles iniciados este miércoles, el Consistorio prevé notificarles la orden de expulsión, presentada como una actuación necesaria por razones de seguridad y salubridad. A lo largo de la mañana, sus nombres eran anotados en formularios e incorporados, uno a uno, en un procedimiento administrativo tan meticuloso como impersonal. Mientras tanto, a las afueras del inmueble, el primer teniente de alcalde de Palma, Javier Bonet (PP), aseguraba que lo que al gobierno municipal le preocupa es que “ninguna persona de las que viven aquí dentro puedan morir calcinadas”, en alusión a los cuatro incendios registrados en las instalaciones el pasado fin de semana y que, a su juicio, fueron “probablemente provocados”.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, el equipo de gobierno apunta que “no es un hecho aislado”, sino que “se viene repitiendo con frecuencia en los últimos meses”, lo que, en palabras de Bonet, “hace pensar” que “puedan ser incluso provocados por los ocupantes, derivados de disputas entre los grupos que ahí residen”. Una afirmación que el Consistorio formula en términos hipotéticos en un intento de asociar a sus residentes con la conflictividad y reforzando con ello el argumento municipal a favor del desalojo.

Muchos de los afectados no tienen alternativa habitacional ni ingresos suficientes para pagar el alquiler de una habitación -cuyo precio en algunos casos llega a superar los 1.000 euros- y resistirán, entre los escombros y los muros desconchados del viejo recinto carcelario hasta que se agote el plazo legal. Tras la notificación del desalojo, los ocupantes dispondrán de cinco días para presentar alegaciones. Después, se dictará una orden que les obligará a abandonar el lugar en un máximo de cuatro días. De no hacerlo, el Ayuntamiento solicitará autorización judicial para ejecutar el desahucio colectivo. Una vez desocupado el espacio, el Consistorio prevé limpiarlo, tapiarlo y, posteriormente, demolerlo para urbanizar el solar con la construcción de un acceso a la autovía de Palma y de un proyecto de viviendas.

“Quizás coja un carro y lo pasee por la calle”

Silvino cuenta que llegó a la vieja prisión después de que la propietaria de la habitación donde vivía le subiera el alquiler de 200 a 250 euros, una cifra imposible para alguien que entonces cobraba poco más de 400. “Cogí los trastos y me fui”, recuerda. Una mujer lo vio en la calle y le habló de este lugar. Sin agua, sin electricidad y entre muros derruidos que apenas protegen del frío del exterior, el hombre encontró un 'refugio'. Recrimina que, con una media pensión que apenas alcanza para sobrevivir, no sabe adónde irá: “Quizás coja un carro y pasee por la calle”.

A escasos metros, otro 'residente' de la antigua prisión, de origen italo-tunecino, explica que lleva tres años viviendo en el recinto. “Aquí los políticos hablan mucho, pero no hacen nada. Y la policía viene aquí a hablar, pero no pone una solución”, lamenta, mientras insiste en que nadie le ha explicado con claridad qué ocurrirá después. “Aquí no hay agua ni luz. Y me dicen que tengo que irme. ¿Qué puedo hacer yo? No cometo delitos, soy una persona trabajadora, voy al trabajo y vuelvo”, apunta, por su parte, Felipe, otra de las personas que se enfrentan a la incertidumbre de la salida forzosa con el temor de perder el único techo del que dispone.

En términos similares se pronuncia Antonio, mallorquín que lleva seis meses viviendo en la antigua cárcel y recrimina que el desalojo se está llevando a cabo “con nocturnidad y alevosía”. “No nos dan ninguna solución. Muchos somos trabajadores. ¿Qué van a conseguir con esto? Un censo. ¿Y si nos echan mañana? ¿Adónde nos vamos? Vosotros sabéis lo que cuesta alquilar un piso”, incide, dirigiéndose a los periodistas que a primera hora se han desplazado hasta el recinto. Un vistazo al portal inmobiliario Idealista permite comprobar cómo, en estos momentos, tan solo una decena de pisos se anuncian en Palma por menos de 1.000 euros al mes. Solo uno de ellos supera los 50 metros cuadrados: mide 55.

Otro de los afectados, cuyo testimonio ha recogido la agencia EFE, asegura ser “una persona trabajadora con un sueldo en B de 1.200 euros en la construcción” y que su jefe le exige 3.000 euros para contratarle, una práctica ilegal que ilustra la explotación y la indefensión a las que numerosos trabajadores se encuentran sometidos, atrapados entre la economía sumergida y un mercado inmobiliario que les cierra las puertas. “Necesito un lugar donde dormir”, sentencia.

Contactos con el Obispado y el Ejército

El Ayuntamiento, por su parte, asegura que está intentando encontrar una solución con el Obispado de Mallorca -que recientemente ha recurrido a los tribunales para desalojar a una madre y sus dos hijos de uno de sus locales apelando a la “peligrosidad” del inmueble- y el Ejército con el objetivo de que nadie quede a la intemperie. “Es un problema de ciudad y un problema de país”, ha aseverado Bonet en referencia a la actual crisis habitacional, agravada en los últimos años por la especulación inmobiliaria, la irrupción masiva de fondos de inversión internacionales y la turistización, factores que han empujado a cientos de personas a vivir hacinadas en infraviviendas, caravanas y edificios abandonados como la antigua prisión de Palma.

Lucía Muñoz, portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, quien se encontraba presente junto a otros integrantes de la formación morada para tratar de aclarar a los afectados qué ocurrirá cuando el procedimiento administrativo agote sus plazos, se ha mostrado severamente crítica con la actuación municipal y con la “política criminal” del alcalde, Jaime Martínez, que supone “dejar en la calle a personas que ya viven en unas condiciones que nadie desearía”. Asimismo, lamenta la ausencia de un acompañamiento real por parte de los técnicos municipales: “Hay una mesa de servicios sociales que está ayudando a desahuciar a 200 personas, más de la mitad de ellos sin papeles, sin que se les esté explicando el proceso ni las alternativas disponibles”.

Muñoz ha propuesto al Consistorio reconvertir la antigua prisión en viviendas sociales así como en una residencia pública de estudiantes, y ha llamado al alcalde a abandonar la idea de construir una rotonda.

Las entidades sociales advierten, por su parte, de las consecuencias inmediatas del desalojo. Médicos del Mundo calcula que unas 250 personas residen en el recinto en situación de extrema vulnerabilidad -muchas de ellas con graves problemas de salud física y mental- y denuncia que no se han habilitado recursos suficientes para acogerlas. La organización alerta de que, si se ejecuta en las condiciones actuales, todas ellas “quedarán directamente abocadas, todavía más, a una realidad marcada por la inseguridad, la ruptura de sus procesos terapéuticos y sociales, el deterioro acelerado de su salud” así como a “una mayor exposición a situaciones de violencia, exclusión y estigmatización”.

Ante este escenario, Médicos del Mundo ha instado al Ayuntamiento a “asumir su responsabilidad institucional y a actuar con carácter urgente”, habilitando alternativas habitacionales dignas, suficientes y adecuadas antes de proceder al desalojo o, en su defecto, aplazándolo “hasta garantizar una solución definitiva que proteja los derechos fundamentales de las personas afectadas y evite la generación de una emergencia social que, a día de hoy, sigue siendo prevenible mediante voluntad política y planificación responsable”.

Quienes hoy sobreviven en el viejo penal -algunos desde hace unos meses, otros desde hace años- habitan las mismas paredes que durante décadas encerraron a los presos comunes que ocuparon el complejo desde su inauguración en 1968. Hasta entonces, la prisión provincial se encontraba en el convento de ses Caputxines. La cárcel cuya posesión el Ayuntamiento quiere recuperar permaneció en funcionamiento hasta 1999, cuando los internos fueron trasladados al actual centro penitenciario de Palma y los estrechos pasillos, las celdas y los patios quedaron sumidos en el abandono, condenados a un deterioro lento que hoy sirve de refugio precario para quienes no tienen otro lugar donde vivir.

Las dificultades para acceder a una vivienda digna en Balears, cuyos elevados precios se han convertido en un obstáculo para la población local frente a la elevada demanda de compra y alquiler por parte de extranjeros con mayor capacidad financiera, han llevado a la población más vulnerable a buscar alternativas como esta para poder sobrevivir. En Palma, una de las ciudades españolas con el mercado inmobiliario más tensionado, los datos ilustran la magnitud de la crisis habitacional, el incremento del sinhogarismo y las dificultades de acceso al mercado residencial: mientras los precios continúan disparándose -en enero el metro cuadrado alcanzó los 5.131 euros frente a los 2.650 euros de media estatal, según Idealista-, un total de 9.346 pisos permanecen vacíos, de acuerdo a los datos del mismo portal inmobiliario. Palma concentra, asimismo, la mayor parte de las viviendas de Balears en manos de grandes tenedores -aquellos que poseen más de diez inmuebles-, con 8.652 bajo su control, de las cuales 2.621 pertenecen a titulares con carteras superiores a cien propiedades, según refleja la investigación llevada a cabo el año pasado por elDiario.es con datos inéditos del Catastro.

Va ocórrer al control de seguretat de l’aeroport de Palma, però l’abast real de la troballa no es coneixeria fins mesos després. Fa més d’un any, una dona de nacionalitat alemanya va ser interceptada quan intentava treure de Mallorca un grapat de monedes antigues dins la seva maleta. Aquella intervenció rutinària va destapar un dels casos d’espoli arqueològic més grans coneguts a l’illa: més de 1.500 peces —monedes, àmfores, llànties, espases i escultures— acumulades durant anys i ocultes fins aleshores.

Des de la seva recuperació, tot el material ha romàs sota custòdia judicial als magatzems del Museu de Mallorca, a l’espera d’autorització per al seu estudi. El vistiplau a aquest permís va arribar fa tot just uns dies i ha permès iniciar, finalment, l’inventari tècnic que haurà de servir de base al procés judicial i posteriorment a l’organització d’una exposició per a aquest estiu.

“La història és dolorosa, però haver pogut aturar l’espoli també ens emociona”, explica Maria Gràcia Salvà, directora del museu, a elDiario.es. “Ara és el moment de fer un bon informe perquè el jutge o la jutgessa pugui prendre una decisió amb base tècnica”, afegeix la historiadora de l’art, que també s’encarrega de l’anatomia d’aquest gran saqueig patrimonial juntament amb un equip d’experts que l’acompanyen.

1. El recompte: de moment, 1.574 monedes

La feina tècnica tot just acaba de començar, però els terminis ja són damunt la taula. En dos mesos, segons els seus càlculs, la catalogació podria donar-se per acabada. L’inventari preliminar confirma la magnitud del conjunt de relíquies. Només en monedes, el recompte ja ascendeix a 1.574 exemplars, amb un arc cronològic amplíssim que va des de l’època grega fins a l’edat mitjana. Predominen les monedes romanes imperials —gairebé la meitat del total—, però també hi ha peces bizantines, andalusines primerenques i medievals. Entre totes elles destaca una moneda atribuïda a l’època d’Alexandre el Gran que té més de 2.300 anys d’antiguitat.

Predominen les monedes romanes imperials —gairebé la meitat del total—, però també hi ha peces bizantines, andalusines primerenques i medievals. Entre totes elles destaca una moneda atribuïda a l’època d’Alexandre el Gran que té més de 2.300 anys d’antiguitat

Juntament amb les monedes han aparegut àmfores, llànties d’oli, ceràmiques, espases prehistòriques i un bust romà, a més d’altres materials encara sense classificar. Moltes de les caixes ni tan sols havien estat obertes fins ara, ja que el conjunt romania precintat per ordre judicial. “L’estat de conservació és, en general, deficient”, van assenyalar els tècnics durant la presentació pública del material. Una circumstància ben habitual en peces extretes sense criteris arqueològics ni mesures de preservació.

“Volem que la gent prengui consciència que ja n’hi ha prou. Perquè amb l’espoli pots pensar que només treus un clau, però és que aquest clau potser ens pot donar la cronologia d’un jaciment i, per tant, ajudar-nos a conèixer de manera veritable la nostra història”, conclou la directora del Museu de Mallorca.

Volem que la gent prengui consciència que ja n’hi ha prou. Perquè amb l’espoli pots pensar que només treus un clau, però és que aquest clau potser ens pot donar la cronologia d’un jaciment i, per tant, ajudar-nos a conèixer de manera veritable la nostra història

Maria Gràcia Salvà — Directora del Museu de Mallorca

Davant el fet cridaner que les peces fossin interceptades a una turista alemanya, l’arqueòleg mallorquí Antoni Puig no dubta a desviar la mirada dels mals del turisme contemporani i vincular els espolis patrimonials a la “desigualtat”, ja que, en aquest cas, tot apunta que podria tractar-se d’“un col·leccionista que ha espoliat peces d’arreu del món, comprant-les i acumulant-les durant generacions, cosa que és fàcil si tens diners i pocs escrúpols”, segons l’expert.

2. El procediment: del dipòsit judicial a l’informe tècnic

“Avui tots veurem per primera vegada aquest material encara empaquetat”, es va sentir a les sales del museu. Era la veu de la consellera insular de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, anunciant l’obertura inèdita de les caixes amb els materials confiscats durant una roda de premsa. Va ser la primera vegada que bona part del material es mostrava davant les càmeres, en una escena a mig camí entre l’acte institucional i una performance artística.

L’objectiu, segons van explicar, ara és doble: completar l’inventari i elaborar una valoració científica del conjunt, sol·licitada expressament pel jutjat d’Instrucció de Manacor, que investiga el cas. Aquest informe serà clau per determinar les responsabilitats penals i per valorar si, a més del delicte d’espoli arqueològic, podria existir també contraban de béns culturals. En aquest sentit, el delicte d’espoli preveu penes que van dels sis mesos als tres anys de presó.

Segons va explicar en la trobada amb la premsa el capità del Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil de Balears, Pedro Manuel García, en la causa hi ha “tres persones investigades”, totes de nacionalitat alemanya, de les quals una podria estar morta. Davant l’estupor dels assistents davant tal escena, García va explicar que creu que la dona interceptada a l’aeroport “no era conscient del delicte de treure-ho, però sí de tenir-ho, tot i que això s’ha de demostrar”.

En la causa hi ha tres persones investigades, totes de nacionalitat alemanya, de les quals una podria estar morta

Una de les grans incògnites que haurà de resoldre ara l’inventari és la procedència real de les peces. Per a l’arqueòleg mallorquí Antoni Puig, la confiscació a Mallorca pot ser “un fet circumstancial”. “Fins que no veiem l’inventari complet no sabrem si el patrimoni té un origen local”, adverteix.

3. El dany de l’espoli: allò que ja no es pot recuperar

Més enllà del nombre de peces o del seu possible valor econòmic, encara per taxar, els especialistes insisteixen que el veritable perjudici de l’espoli és un altre. “Quan una peça és extreta del seu context, es perd una part fonamental del seu valor”, va recordar durant la roda de premsa Antònia Roca.

Sense estratigrafia —estudi de les capes del terreny que permet datar i contextualitzar les troballes—, sense localització precisa i sense relació amb altres materials, els objectes perden gran part de la informació que permet reconstruir el passat. “El que és realment greu és tot el context que s’ha perdut: la cronologia, les relacions entre peces, les dades que ens permeten entendre la història”, resumeix Puig en conversa amb elDiario.es.

El que és realment greu és tot el context que s’ha perdut: la cronologia, les relacions entre peces, les dades que ens permeten entendre la història

Antoni Puig — Arqueòleg

Des del Museu de Mallorca subratllen que aquestes pràctiques “no només buiden jaciments”, sinó que també “empobreixen el coneixement col·lectiu sobre una illa històricament marcada pel comerç i l’intercanvi cultural a la Mediterrània”, tal com va explicar Gràcia Salvà en la seva trobada amb els mitjans de comunicació.

4. Desenllaç: una exposició pedagògica per a l’estiu

Un cop conclòs l’inventari, està previst organitzar una exposició temporal amb algunes de les peces més rellevants per a aquest estiu. La directora del museu defensa la iniciativa com una oportunitat per conscienciar la ciutadania.

“Volem que la gent entengui que amb l’espoli no només es treu un objecte: s’arrenca una part de la història comuna”, assenyala la directora del Museu de Mallorca. Per la seva banda, Antoni Puig es mostra prudent —encara que no contrari— davant aquesta possibilitat. L’arqueòleg veu amb bons ulls una mostra sempre que l’enfocament sigui “pedagògic i crític” i no una celebració estètica de les peces. “El missatge hauria de ser ‘mireu fins on s’ha arribat a destrossar’, no com són de boniques les peces ni com de bé et va si tens diners per col·leccionar”, adverteix.

“L’espoli arqueològic no és només un delicte”, va concloure la consellera insular de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, durant la roda de premsa, “és un dany greu a la nostra història col·lectiva”. En aquest cas, un dany que va quedar al descobert en una cinta d’equipatges, escenari inesperat d’un dels espolis arqueològics més grans coneguts a les Illes Balears.

Ocurrió en el control de seguridad del aeropuerto de Palma, pero el alcance real del hallazgo no se conocería hasta meses después. Hace más de un año, una mujer de nacionalidad alemana fue interceptada cuando intentaba sacar de Mallorca un montón de monedas antiguas en su maleta. Aquella intervención rutinaria destapó uno de los mayores casos de expolio arqueológico conocidos en la isla: más de 1.500 piezas —monedas, ánforas, lámparas, espadas y esculturas— acumuladas durante años y ocultas hasta entonces.

Desde su recuperación, todo el material ha permanecido bajo custodia judicial en los almacenes del Museu de Mallorca, a la espera de autorización para su estudio. La luz verde a ese permiso llegó hace apenas unos días y ha permitido iniciar, por fin, el inventario técnico que deberá servir de base al proceso judicial y posteriormente a la organización de una exposición para este verano.

“La historia es dolorosa, pero haber podido detener el expolio también nos emociona”, explica Maria Gràcia Salvà, directora del museo, a elDiario.es. “Ahora es el momento de hacer un buen informe para que el juez o la jueza pueda tomar una decisión con base técnica”, añade la historiadora del arte, que también se encarga de la anatomía de este gran saqueo patrimonial junto a un equipo de expertos que le acompañan.

1. El recuento: de momento, 1.574 monedas

El trabajo técnico acaba de comenzar, pero los plazos ya están sobre la mesa. En dos meses, según sus cálculos, la catalogación podría darse por terminada. El inventario preliminar confirma la magnitud del conjunto de reliquias. Solo en monedas, el recuento asciende ya a 1.574 ejemplares, con un arco cronológico amplísimo que va desde la época griega hasta la Edad Media. Predominan las monedas romanas imperiales —casi la mitad del total—, pero también hay piezas bizantinas, andalusíes tempranas y medievales. Entre todas ellas destaca una moneda atribuida a la época de Alejandro Magno que tiene más de 2.300 años de antigüedad.

Predominan las monedas romanas imperiales —casi la mitad del total—, pero también hay piezas bizantinas, andalusíes tempranas y medievales. Entre todas ellas destaca una moneda atribuida a la época de Alejandro Magno que tiene más de 2.300 años de antigüedad

Junto a las monedas han aparecido ánforas, lámparas de aceite, cerámicas, espadas prehistóricas y un busto romano, además de otros materiales aún sin clasificar. Muchas de las cajas ni siquiera habían sido abiertas hasta ahora, ya que el conjunto permanecía precintado por orden judicial. “El estado de conservación es, en general, deficiente”, señalaron los técnicos durante la presentación pública del material. Una circunstancia bien habitual en piezas extraídas sin criterios arqueológicos ni medidas de preservación.

“Queremos que la gente tome conciencia de que ya está bien. Porque con el expolio puedes pensar que solo quitas un clavo, pero es que ese clavo quizás pueda darnos la cronología de un yacimiento y, por tanto, ayudarnos a conocer de forma verdadera nuestra historia”, concluye la directora del Museu de Mallorca. 

Queremos que la gente tome conciencia de que ya está bien. Porque con el expolio puedes pensar que solo quitas un clavo, pero es que ese clavo quizás pueda darnos la cronología de un yacimiento y, por tanto, ayudarnos a conocer de forma verdadera nuestra historia

Maria Gràcia Salvà — Directora del Museu de Mallorca

Ante el llamativo hecho de que las piezas fuesen interceptadas a una turista alemana, el arqueólogo mallorquín Antoni Puig no duda en alejar la mirada sobre los males del turismo contemporáneo y vincular los expolios patrimoniales a la “desigualdad”, ya que, en este caso, todo apunta a que puede tratarse de “un coleccionista que ha expoliado piezas de todo el mundo, comprándolas y acumulándolas durante generaciones, lo cual es fácil si tienes dinero y pocos escrúpulos”, según el experto.

2. El procedimiento: del depósito judicial al informe técnico

“Hoy todos veremos por primera vez este material todavía empaquetado”, se escuchó en las salas del museo. Era la voz de la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, anunciando la apertura inédita de las cajas con los materiales incautados durante una rueda de prensa. Fue la primera vez que buena parte del material se mostró ante las cámaras, en una escena a medio camino entre el acto institucional y una performance artística.

El objetivo, según explicaron, ahora es doble: completar el inventario y elaborar una valoración científica del conjunto, solicitada expresamente por el juzgado de Instrucción de Manacor, que investiga el caso. Ese informe será clave para determinar las responsabilidades penales y para valorar si, además del delito de expolio arqueológico, podría existir también contrabando de bienes culturales. En este sentido, el delito de expolio contempla penas que van de los seis meses a los tres años de prisión. 

Según explicó en la cita con la prensa el capitán del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Balears, Pedro Manuel García, en la causa hay “tres personas investigadas”, todas de nacionalidad alemana, de las cuales una podría estar fallecida. Ante el asombro de los asistentes ante tal escena, García explicó que cree que la mujer interceptada en el aeropuerto “no era consciente del delito de sacarlo, pero de tenerlo sí, aunque hay que demostrarlo”. 

En la causa hay tres personas investigadas, todas de nacionalidad alemana, de las cuales una podría estar fallecida

Una de las grandes incógnitas que deberá resolver ahora el inventario es la procedencia real de las piezas. Para el arqueólogo mallorquín Antoni Puig la incautación en Mallorca puede ser “un hecho circunstancial”. “Hasta que no veamos el inventario completo no sabremos si el patrimonio tiene un origen local”, advierte. 

3. El daño del expolio: lo que ya no se puede recuperar

Más allá del número de piezas o de su posible valor económico, todavía por tasar, los especialistas insisten en que el verdadero perjuicio del expolio es otro. “Cuando una pieza es extraída de su contexto, se pierde una parte fundamental de su valor”, recordó durante la rueda de prensa Antònia Roca.

Sin estratigrafía —estudio de las capas del terreno que permite datar y contextualizar los hallazgos—, sin localización precisa y sin relación con otros materiales, los objetos pierden gran parte de la información que permiten reconstruir el pasado. “Lo realmente grave es todo el contexto que se ha perdido: la cronología, las relaciones entre piezas, los datos que nos permiten entender la historia”, resume Puig en conversación con elDiario.es.

Lo realmente grave es todo el contexto que se ha perdido: la cronología, las relaciones entre piezas, los datos que nos permiten entender la historia

Antoni Puig — Arqueólogo

Desde el Museu de Mallorca subrayan que estas prácticas “no solo vacían yacimientos”, sino que también “empobrecen el conocimiento colectivo sobre una isla históricamente marcada por el comercio y el intercambio cultural en el Mediterráneo”, tal y como explicó Gràcia Salvà en su encuentro con los medios de comunicación.

4. Desenlace: una exposición pedagógica para el verano

Una vez concluido el inventario, está previsto organizar una exposición temporal con algunas de las piezas más relevantes para este verano. La directora del museo defiende la iniciativa como una oportunidad para concienciar a la ciudadanía.

“Queremos que la gente entienda que con el expolio no solo se quita un objeto: se arranca una parte de la historia común”, señala la directora del Museu de Mallorca. Por otro lado, Antoni Puig se muestra prudente —aunque no contrario— ante esa posibilidad. El arqueólogo ve con buenos ojos una muestra siempre que el enfoque sea “pedagógico y crítico” y no una celebración estética de las piezas. “El mensaje debería ser 'mirad lo que se ha llegado a destrozar', no lo bonitas que son las piezas ni lo bien que te va si tienes dinero para coleccionar”, advierte.

“El expolio arqueológico no es solo un delito”, concluyó la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, durante la rueda de prensa, “es un daño grave a nuestra historia colectiva”. En este caso, un daño que quedó al descubierto en una cinta de equipajes, escenario inesperado de uno de los mayores expolios arqueológicos conocidos en las Illes Balears.

Ja és mitja tarda i la foscor comença a tenyir cada una de les làpides del cementiri de Palma. El silenci que a aquelles hores inunda la necròpolis es veu, de sobte, interromput pels plors i les pregàries. Provenen del Jardí de l'islam, un discret racó on les tombes miren cap a la Meca. Són només 39, a penes una illa dins del monumental recinte funerari, per a una comunitat de més de 30.000 fidels. En aquell instant, una família està donant sepultura a un dels seus. “Aquí no hi cap ningú més”, es lamenta un dels presents mentre assenyala una filera ja completa.

La comunitat musulmana porta anys reivindicant una ampliació que mai arriba tot i les promeses polítiques. Malgrat la senzillesa del ritu islàmic (o halal) -integrat pel ghusl (rentat ritual del cos), el kafan (la mortalla), la inhumació en terra i l'orientació cap a la qibla -, la manca d'instal·lacions adequades -diluïdes entre propostes tècniques i expedients que no avancen- provoca que nombroses famílies continuïn enfrontant-se a un dilema el ressò del qual s'estén a municipis i ciutats de tot el país: on enterrar els seus morts quan l'espai s'esgota o, directament, no existeix?

Espanya compta amb uns 2,5 milions de ciutadans musulmans, d'acord a les xifres de l'Observatori Andalusí i la Unió de Comunitats Islàmiques d'Espanya (UCIDE). De tots ells, el 44% són espanyols (convertits o nacionalitzats), el 37%, marroquins i la resta, pakistanesos, senegalesos i algerians, principalment. No obstant això, la infraestructura funerària -igual que altres prestacions bàsiques- no ha acompanyat l'increment de persones que professen l'islam: el 95% de les comunitats islàmiques no compten amb cementiri o almacbara i cinc autonomies -Astúries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Galícia i Extremadura- no disposen de cap terreny per a això.

“L'Estat assumeix que els musulmans, igual que les altres confessions minoritàries amb arrelament a Espanya, tenen dret a ser enterrats als cementiris municipals i que els mateixos ajuntaments han d'adequar una part d'ells al ritu musulmà, però això no acaba de desenvolupar-se, assenyala el secretari general i representant legal de la Federació Espanyola d'Entitats Religioses Islàmiques (FEERI), Francisco Jiménez. En total, a penes existeixen 35 cementiris o parcel·les habilitades on es pot practicar un enterrament conforme a la tradició musulmana entre els més de 17.800 repartits per tot el país. No obstant això, els espais existents estan saturats o les ordenances únicament permeten inhumar persones empadronades en aquest municipi, dificultant encara més l'accés als qui viuen a prop, però no estan inscrits oficialment allà.

A penes existeixen 35 cementiris o parcel·les habilitades on es pot practicar un enterrament conforme al ritu islàmic entre els més de 17.800 repartits per tot el país

“Estem en uns llimbs”

En el cas de les Balears, encara que comparteix problemes comuns amb altres comunitats, el problema es viu de forma especialment dolorosa. Tan sols compta amb una parcel·la oficial, el Jardí de l'islam, per a tot el territori: no existeix cap terreny habilitat a Menorca, Eivissa o Formentera, la qual cosa, a la pràctica, situa l'arxipèlag en una posició similar a les regions en què no hi ha cap cementiri musulmà.

Des del seu impuls fa 16 anys, en aquest petit racó ubicat en un dels angles del cementiri de Palma, la saturació de l'espai és un problema recurrent. “Sempre està ple i cada vegada que hi ha un difunt s'habilita una de les tombes, la qual cosa significa que, possiblement, cada vegada que algú és enterrat treuen un cos per fer espai al nou”, comenta Nur Bió, membre del centre cultural islàmic An-Nour. elDiario.es s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament de Palma per confirmar aquest i altres extrems, però des del Consistori eludeixen fer declaracions al respecte.

Sempre està ple i cada vegada que hi ha un difunt s'habilita una de les tombes, la qual cosa significa que, possiblement, cada vegada que algú és enterrat treuen un cos per fer espai al nou

Nur Bió — Membre del centre cultural islàmic An-Nou

Bió no oculta la seva indignació: “Estem parlant de ciutadans que viuen, paguen impostos i moren aquí. Potser en aquests moments sigui una cosa antielectoral, però volem que se'ns concedeixi el que ens és un dret fonamental a la comunitat musulmana. Estem en uns llimbs en què la gent continua naixent i continua morint, però continuem sent ciutadans d'una ciutat on no se'ns enterra”, expressa.

Abderrahim, representant de la Lliga Musulmana de Balears, assenyala en aquesta mateixa línia que, a les illes, hi ha nombrosos ciutadans que, a causa de les dificultats que troben per enterrar els seus familiars, estan comprant espais a València o a Múrcia per poder donar-los sepultura “perquè allà hi ha més facilitats”. Explica, a més, que, davant la manca d'espai al Jardí de l'Islam i els elevats costos de repatriació, hi ha mesquites que supleixen amb xarxes de suport comunitari la manca de resposta institucional. Entre aquestes pràctiques, des de fa anys s'organitzen col·lectes entre els fidels per ajudar les famílies que no poden assumir les despeses d'un enterrament o un trasllat.

A nivell estatal, organitzacions com UCIDE i plataformes com Entierro Digno -nascuda l'octubre de 2024 per reclamar la creació de llocs de sepultura per a les persones musulmanes- coincideixen a subratllar que, més enllà de la Constitució Espanyola i de les normatives que promouen la llibertat religiosa, l'habilitació d'espais adequats per a aquests enterraments està reconeguda per la Llei 26/1992, de 10 de novembre, per la qual va ser aprovat l'Acord de Cooperació de l'Estat amb la Comissió Islàmica d'Espanya, pioner a Europa, però sense desenvolupament pràctic en molts territoris.

En aquest sentit, algunes de les reivindicacions específiques passen per modificar la normativa funerària perquè es puguin dur a terme enterraments sense fèretre, la rehabilitació dels cementiris musulmans construïts durant la Guerra Civil i l'habilitació de parcel·les en municipis en els quals, malgrat el volum de població musulmana existent, no compten amb un cementiri propi.

Es tracta d'un dèficit que obliga centenars de famílies a triar entre enterrar els seus difunts a centenars de quilòmetres de distància, repatriar cossos als seus països d'origen -amb un cost que pot arribar a superar els 7.000 euros- o, en el pitjor dels casos, que el difunt romangui dies en cambres frigorífiques a l'espera d'una solució adequada.

Les famílies tenen tres opcions: enterrar els seus difunts a centenars de quilòmetres de distància, repatriar cossos als seus països d'origen o que el difunt romangui dies en cambres frigorífiques a l'espera d'una solució

La necessitat d'aquest tipus d'espais es va fer més urgent amb la pandèmia de la COVID i l'increment del nombre de defuncions i encara més visible després de la mort del president de la Comissió Islàmica d'Espanya (CIE) i d'UCIDE Riay Tatary, el 6 d'abril de 2020, després de dues setmanes ingressat a l'hospital madrileny de La Paz. Unos dies després, es publicava un informe inèdit -i crucial- sobre la situació dels cementiris per als musulmans elaborat per Mohamed Ajana Elouafi, secretari de la CIE, en què abordava els desafiaments per donar sepultura conforme al ritu halal en un moment crític com el d'aleshores.

Bloqueig polític

A Mallorca, el Jardí de l'islam va ser impulsat el 2009 després d'anys de reivindicacions de la comunitat musulmana. Fins aquell moment no existia a tot l'arxipèlag cap parcel·la on realitzar enterraments d'acord a la tradició islàmica, però la mort d'Abdelhadi Chabli, un argelí resident a Mallorca que havia expressat el seu desig de ser enterrat a l'illa i que, per manca d'espai, finalment va a haber de ser repatriat, va suposar un punt d'inflexió. El malestar generat i la cobertura del cas -impulsada per un periodista amic del finat- van activar un moviment social que va pressionar per habilitar un espai específic dins del cementiri palmesà.

El Jardí de l'Islam va néixer així com una solució provisional, però, tot i els seus problemes recurrents de saturació, mai no ha arribat a ampliar-se. El que el 2009 es va plantejar com un primer pas per garantir un dret bàsic s'ha convertit, 16 anys després, en un espai abarrotat que ja no pot assumir més enterraments i que simbolitza la manca de planificació funerària cap a la comunitat musulmana.

El Jardí de l'Islam va néixer com una solució provisional, però, tot i els seus problemes recurrents de saturació, mai no ha arribat a ampliar-se. El que el 2009 es va plantejar com un primer pas per garantir un dret bàsic s'ha convertit, més de 15 anys després, en un espai abarrotat que ja no pot assumir més enterraments i que simbolitza la manca de planificació funerària cap a la comunitat musulmana

Jiménez reconeix la seva frustració pel bloqueig polític. Cada canvi de govern ha significat “començar de zero”, fins i tot quan les ampliacions ja estaven negociades, com va succeir la passada legislatura, quan l'Ajuntament estava governat per PSIB-PSOE, Més per Mallorca i Podem. En aquest sentit, retreu que, en l'actual mandat, amb PP i Vox al capdavant del Consistori palmesà, les qüestions relatives a la llibertat religiosa es converteixin en una batalla partidista. “L'ultradreta ha creat un ambient que ja s'havia superat i el PP juga molt amb això. ¿Per què? Perquè veu que li dóna vots”, assevera.

Per la seva banda, Nur Bió, que també és secretari d'una de les mesquites de Palma, explica que la comunitat porta un any i mig reclamant a l'Ajuntament l'habilitació de, com a mínim, 22 noves tombes com a pas previ a una ampliació més consistent. Es tracta d'un compromís anunciat públicament, però, lamenta Bió, no materialitzat: “Ni les 22 tombes ni l'ampliació s'han vist per cap costat”. Segons els seus càlculs, serien necessàries unes 120 tombes per a la població musulmana de Palma. En aquesta línia, critica que no s'està oferint a les famílies la possibilitat de mantenir els seus difunts en la tomba original, tot i que la llei exigeix respectar un mínim de cinc anys abans de dur a terme qualsevol exhumació.

La realitat econòmica: repatriar o endeutar-se

Les famílies amb menys recursos pateixen especialment aquesta situació. Segons Bió, quan algú faleix “el posen dos dies a la nevera i comencen a buscar diners per tot arreu” per repatriar-lo i les assegurances privades, que “moltes vegades prometen cobrir repatriacions, tampoc els ajuden”, assenyala. El cost mínim per traslladar un cos depèn de factors com el país de destinació, el transport aeri, el ataüt homologat i els permisos sanitaris i administratius, la qual cosa, segons fonts del sector, pot ascendir a més de 7.000 euros, unes xifres inassumibles per a moltes famílies. Una situació que, com afirma Maissoun Alhalabi, ciutadana síria resident a Mallorca, provoca autèntics drames: cossos que romanen dies sense destí i famílies que no poden complir els ritus bàsics de la seva religió.

“Ens veiem obligats a tenir assegurança privada, perquè qualsevol persona que no la té pateix molt per poder estalviar diners. No tothom pot fer-ho”, incideix Maissoun. En el seu cas, va contractar una assegurança “perquè hi havia moltes dificultats per entrar a Síria”. “Jo em quedo més tranquil·la”, afirma.

Tant Bió com Jiménez subratllen que el ritu funerari musulmà no exigeix infraestructures costoses: només requereix orientació cap a la Meca, enterrament en terra i, preferentment, sense fèretre. Encara que la normativa espanyola obliga a usar taüt, la comunitat ho accepta com a solució adaptada. “No necessitem res especial”, insisteix Bió. “Només és fer-ho d'una altra manera”, afegeix. Jiménez, per la seva banda, subratlla que fins i tot es podrien optimitzar alguns aspectes tècnics, com dividir les tombes per permetre dos enterraments per unitat i dissenyar fèretres verticals concordes al ritu. “Les tombes es desaprofiten. Tenim un problema d'espai, però tampoc ens deixen buscar solucions”, emfatitza.

El cost de traslladar un cos a un altre país pot ascendir a més de 7.000 euros. 'Ens veiem obligats a tenir assegurança privada, perquè qualsevol persona que no la té pateix molt per poder estalviar diners', comenta Maissoun Alhalabi, ciutadana siriana resident a Mallorca

Cartagena, el precedent judicial

Mentre a Palma l'estancament continua, altres ciutats han experimentat certs avenços o afrontat conflictes que exemplifiquen la situació en què es troben els musulmans a Espanya. El cas més recent és el de Cartagena (Múrcia), on un jutjat, mitjançant una sentència dictada el passat mes de juny, va obligar l'Ajuntament a habilitar una àrea per a enterraments conforme al ritu islàmic i d'acord a la normativa sanitària vigent després d'anys de reclamacions ignorades. La resolució va marcar un precedent important en aquest sentit, en reconèixer que la inacció administrativa pot suposar una vulneració de drets fonamentals en matèria religiosa. La Justícia atenia així la demanda interposada per la comunitat local, que compta amb prop de 30.000 fidels. Un mes després, Madrid anunciava l'habilitació d'una parcel·la de 15.000 metres quadrats en el cementiri sud de Carabanchel, però amb límits i solucions intermèdies.

En paral·lel, l'associació Entierro Digno, una de les plataformes més actives en la denúncia de la manca d'espais funeraris per a la comunitat musulmana a Espanya, ha impulsat el documental Descansa en Paz, una peça que posa rostre i veu a les famílies que es veuen obligades a repatriar els seus éssers estimats o a enterrar-los a centenars de quilòmetres per l'absència de parcel·les adequades als seus municipis. La filmació recull testimonis que expliquen l'impacte emocional i econòmic d'aquestes situacions, així com l'angoixa afegida que suposa no poder complir els ritus funeraris islàmics en un moment de dol. “A Espanya, milers de famílies musulmanes no saben on podran acomiadar els seus”, subratllen des de l'entitat.

Descansa en Paz s'ha convertit en una eina clau que, a través d'entrevistes, imatges de cementiris saturats i dades sobre la desigual implantació d'espais musulmans al territori espanyol, evidencia una realitat que durant anys ha romàs invisible per a gran part de la societat. El documental es nodreix, així mateix, de “decisions municipals, encerts, obstacles i la realitat d'un procés que gairebé mai s'explica, però marca una família per sempre”, com assenyalen des d'Entierro Digno, liderada per Mayson Douas.

A Palma, el Jardí de l'Islam -un rectangle diminut en un colosal cementiri- revela la magnitud del problema: manca planificació i una política funerària que tingui en compte la diversitat real de la població espanyola. Les làpides, alineades en silenci, semblen reforçar aquest argument. Cadascuna d'elles explica una història i recorda una vida mentre, més enllà dels murs del cementiri, les associacions i les famílies busquen que la seva problemàtica formi part de l'agenda institucional. “No volem privilegis, volem igualtat”, sentencien.

Es media tarde y la oscuridad comienza a teñir cada una de las lápidas del cementerio de Palma. El silencio que a esas horas inunda la necrópolis se ve, de repente, interrumpido por los llantos y los rezos. Proceden del Jardí de l'islam, un discreto rincón donde las tumbas miran hacia La Meca. Son solo 39, apenas una isla dentro del monumental camposanto, para una comunidad de más de 30.000 fieles. En ese instante, una familia está dando sepultura a uno de los suyos. “Aquí no cabe nadie más”, se lamenta uno de los presentes mientras señala una hilera ya completa.

La comunidad musulmana lleva años reivindicando una ampliación que nunca llega a pesar de las promesas políticas. Pese a la sencillez del rito islámico (halal) -integrado por el ghusl (lavado ritual del cuerpo), el kafan (la mortaja), la inhumación en tierra y la orientación hacia la qibla -, la falta de instalaciones adecuadas -diluidas entre propuestas técnicas y expedientes que no avanzan- provoca que numerosas familias continúen enfrentándose a un dilema cuyo eco se extiende en municipios y ciudades de todo el país: ¿dónde enterrar a sus muertos cuando el espacio se agota o, directamente, no existe?

España cuenta con unos 2,5 millones de ciudadanos musulmanes, de acuerdo a las cifras del Observatorio Andalusí y la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE). De todos ellos, el 44% son españoles (convertidos o nacionalizados), el 37%, marroquíes y el resto, pakistaníes, senegaleses y argelinos, principalmente. Sin embargo, la infraestructura funeraria -al igual que otras prestaciones básicas- no ha acompañado al incremento de personas que profesan el islam: el 95% de las comunidades islámicas no cuentan con cementerio o almacbara y cinco autonomías -Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura- no disponen de terreno alguno para ello.

“El Estado asume que los musulmanes, al igual que las otras confesiones minoritarias con arraigo en España, tienen derecho a ser enterrados en los cementerios municipales y que los mismos ayuntamientos deben adecuar una parte de ellos al rito musulmán, pero esto no acaba de desarrollarse”, señala el secretario general y representante legal de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), Francisco Jiménez. En total, apenas existen 35 camposantos o parcelas habilitadas donde se puede practicar un entierro de acuerdo a la tradición musulmada entre los más de 17.800 cementerios repartidos por todo el país. Sin embargo, los espacios existentes están saturados o las ordenanzas únicamente permiten inhumar a personas empadronadas en ese municipio, dificultando aún más el acceso a quienes viven cerca, pero no están inscritos oficialmente allí. 

Apenas existen 35 camposantos o parcelas habilitadas donde se puede practicar un entierro conforme al rito islámico entre los más de 17.800 cementerios repartidos por todo el país

“Estamos en un limbo”

En el caso de Balears, aunque comparte problemas comunes con otras comunidades, el problema se vive de forma especialmente dolorosa. Tan solo cuenta con una parcela oficial, el Jardí de l'islam, para todo el territorio: no existe ningún terreno habilitado en Menorca, Eivissa o Formentera, lo que, en la práctica, sitúa al archipiélago en una posición similar a las regiones en las que no hay ningún cementerio musulmán.

Desde su impulso hace 16 años, en este pequeño rincón ubicado en uno de los ángulos del cementerio de Palma, la saturación del espacio es un problema recurrente. “Siempre está lleno y cada vez que hay un difunto se habilita una de las tumbas, lo cual significa que, posiblemente, cada vez que alguien es enterrado sacan un cuerpo para hacer espacio al nuevo”, comenta Nur Bió, miembro del centro cultural islámico An-Nour. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Palma para confirmar este y otros extremos, pero desde el Consistorio eluden hacer declaraciones al respecto.

Siempre está lleno y cada vez que hay un difunto se habilita una de las tumbas, lo cual significa que, posiblemente, cada vez que alguien es enterrado sacan un cuerpo para hacer espacio al nuevo

Nur Bió — Miembro del centro cultural islámico An-Nou

Bió no oculta su indignación: “Estamos hablando de ciudadanos que viven, pagan impuestos y mueren aquí. Quizás en estos momentos sea algo antielectoral, pero queremos que se nos conceda lo que nos es un derecho fundamental a la comunidad musulmana. Estamos en un limbo en el que la gente sigue naciendo y sigue muriendo, pero seguimos siendo ciudadanos de una ciudad donde no se nos entierra”, expresa.

Abderrahim, representante de la Lliga Musulmana de Balears, señala en esta misma línea que, en las islas, hay numerosos ciudadanos que, debido a las dificultades que encuentran para enterrar a sus familiares, están comprando espacios en Valencia o en Murcia para poder darles sepultura “porque allí hay más facilidades”. Explica, además, que, ante la falta de espacio en el Jardí de l’Islam y los elevados costes de repatriación, hay mezquitas que suplen con redes de apoyo comunitario la falta de respuesta institucional. Entre tales prácticas, desde hace años se organizan colectas entre los fieles para ayudar a las familias que no pueden asumir los gastos de un entierro o un traslado.

A nivel estatal, organizaciones como UCIDE y plataformas como Entierro Digno -nacida en octubre de 2024 para reclamar la creación de lugares de sepultura para las personas musulmanas- coinciden en subrayar que, más allá de la Constitución Española y de las normativas que promueven la libertad religiosa, la habilitación de espacios adecuados para estos enterramientos está reconocida por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que fue aprobado el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, pionero en Europa, pero sin desarrollo práctico en muchos territorios.

En este sentido, algunas de las reivindicaciones específicas pasan por modificar la normativa funeraria para que se puedan llevar a cabo enterramiento sin féretro, la rehabilitación de los cementerios musulmanes construidos durante la Guerra Civil y la habilitación de parcelas en municipios en los que, pese al volumen de población musulmana existente, no cuentan con un camposanto propio.

Se trata de un déficit que obliga a cientos de familias a elegir entre enterrar a sus fallecidos a cientos de kilómetros de distancia, repatriar cuerpos a sus países de origen -con un coste que puede superar los 5.000 euros- o, en el peor de los casos, que el difunto permanezca días en cámaras frigoríficas a la espera de una solución adecuada.

Las familias tienen tres opciones: enterrar a sus fallecidos a cientos de kilómetros de distancia, repatriar cuerpos a sus países de origen o que el difunto permanezca días en cámaras frigoríficas a la espera de una solución

La necesidad de este tipo de espacios se hizo aún más acuciante con la pandemia de la COVID y el incremento del número de fallecimientos y aún más visible tras la muerte del presidente de la Comisión Islámica de España (CIE) y de UCIDE Riay Tatary, el 6 de abril de 2020, tras dos semanas ingresado en el hospital madrileño de La Paz. Unos días después, se publicaba un informe inédito -y crucial- sobre la situación de los cementerios para los musulmanes elaborado por Mohamed Ajana Elouafi, secretario de la CIE, en el que abordaba los desafíos para dar sepultura conforme al rito halal en un momento crítico como el de entonces.

Bloqueo político

En Mallorca, el Jardí de l'islam fue impulsado en 2009 tras años de reivindicaciones de la comunidad musulmana. Hasta aquel momento no existía en todo el archipiélago ninguna parcela donde realizar enterramientos conforme al rito islámico, pero la muerte de Abdelhadi Chabli, un argelino residente en Mallorca que había expresado su deseo de ser enterrado en la isla y cuyo cuerpo tuvo que ser finalmente repatriado, supuso un punto de inflexión. El malestar generado y la cobertura del caso -impulsada por un periodista amigo del fallecido- activaron un movimiento social que presionó para habilitar un espacio específico dentro del camposanto palmesano.

El Jardí de l'Islam nació así como una solución provisional, pero, pese a sus problemas recurrentes de saturación, nunca ha llegado a ampliarse. Lo que en 2009 se planteó como un primer paso para garantizar un derecho básico se ha convertido, 16 años después, en un espacio saturado que ya no puede asumir más entierros y que simboliza la falta de planificación funeraria hacia la comunidad musulmana.

El Jardí de l'Islam nació como una solución provisional, pero, pese a sus problemas recurrentes de saturación, nunca ha llegado a ampliarse. Lo que en 2009 se planteó como un primer paso para garantizar un derecho básico se ha convertido, 15 años después, en un espacio saturado que ya no puede asumir más entierros y que simboliza la falta de planificación funeraria hacia la comunidad musulmana

Jiménez reconoce su frustración por el bloqueo político. Cada cambio de gobierno ha significado “empezar de cero”, incluso cuando las ampliaciones estaban ya negociadas, como sucedió en la pasada legislatura, cuando el Ayuntamiento estaba gobernado por PSIB-PSOE, Més per Mallorca y Podemos. En este sentido, recrimina que, en el actual mandato, con PP y Vox al frente del Consistorio palmesano, las cuestiones relativas a la libertad religiosa se conviertan en una batalla partidista. “La ultraderecha ha creado un ambiente que ya se había superado y el PP juega mucho con eso. ¿Por qué? Porque ve que le da votos”, asevera.

Por su parte, Nur Bió, quien también es secretario de una de las mezquitas de Palma, explica que la comunidad lleva un año y medio reclamando al Ayuntamiento la habilitación de, como mínimo, 22 nuevas tumbas como paso previo a una ampliación más consistente. Se trata de un compromiso anunciado públicamente, pero, lamenta Bió, no materializado: “Ni las 22 tumbas ni la ampliación se han visto por ningún lado”. Según sus cálculos, serían necesarias unas 120 tumbas para la población musulmana de Palma. En esta línea, critica que no se está ofreciendo a las familias la posibilidad de mantener a sus difuntos en la tumba original, pese a que la ley exige respetar un mínimo de cinco años antes de llevar a cabo cualquier exhumación.

La realidad económica: repatriar o endeudarse

Las familias con menos recursos sufren especialmente esta situación. Según Bió, cuando alguien fallece “lo ponen dos días en la nevera y empiezan a buscar dinero por todos los lados” para repatriarlo y los seguros privados, que “muchas veces prometen cubrir repatriaciones, tampoco les ayudan”, señala. El coste mínimo para trasladar un cuerpo depende de factores como el país de destino, el transporte aéreo, el ataúd homologado y los permisos sanitarios y administrativos, lo que, según fuentes del sector, puede ascender a más de 7.000 euros, unas cifras inasumibles para muchas familias. Una situación que, como afirma Maissoun Alhalabi, ciudadana siria residente en Mallorca, provoca auténticos dramas: cuerpos que permanecen días sin destino y familias que no pueden cumplir los ritos básicos de su religión.

“Nos vemos obligados a tener seguro privado, porque cualquier persona que no lo tiene sufre mucho para poder ahorrar dinero. No todo el mundo puede hacerlo”, incide Maissoun. En su caso, contrató un seguro “porque había muchas dificultades para entrar a Siria”. “Yo me quedo más tranquila”, afirma.

Tanto Bió como Jiménez subrayan que el rito funerario musulmán no exige infraestructuras costosas: solo requiere orientación hacia La Meca, entierro en tierra y, preferentemente, sin féretro. Aunque la normativa española obliga a usar ataúd, la comunidad lo acepta como solución adaptada. “No necesitamos nada especial”, insiste Bió. “Solo es hacerlo de otra manera”, añade. Jiménez, por su parte, subraya que incluso podrían optimizarse algunos aspectos técnicos, como dividir las tumbas para permitir dos enterramientos por unidad y diseñar féretros verticales acordes a la tradición. “Las tumbas se desaprovechan. Tenemos un problema de espacio, pero tampoco nos dejan buscar soluciones”, enfatiza.

El coste de trasladar un cuerpo a otro país puede ascender a más de 7.000 euros. 'Nos vemos obligados a tener seguro privado, porque cualquier persona que no lo tiene sufre mucho para poder ahorrar dinero', comenta Maissoun Alhalabi, ciudadana siria residente en Mallorca

Cartagena, el precedente judicial

Mientras en Palma el estancamiento continúa, otras ciudades han experimentado ciertos avances o enfrentado conflictos que ejemplifican la situación en la que se encuentran los musulmanes en España. El caso más reciente es el de Cartagena (Murcia), donde un juzgado, mediante una sentencia dictada el pasado mes de junio, obligó al Ayuntamiento a habilitar un área para enterramientos conforme al rito islámico y de acuerdo a la normativa sanitaria vigente tras años de reclamaciones ignoradas. El fallo marcó un precedente importante en este sentido, al reconocer que la inacción administrativa puede suponer una vulneración de derechos fundamentales en materia religiosa. La Justicia atendía así la demanda interpuesta por la comunidad local, que cuenta con cerca de 30.000 fieles. Un mes después, Madrid anunciaba la habilitación de una parcela de 15.000 metros cuadrados en el cementerio sur de Carabanchel, pero con límites y soluciones intermedias. 

En paralelo, la asociación Entierro Digno, una de las plataformas más activas en la denuncia de la falta de espacios funerarios para la comunidad musulmana en España, ha impulsado el documental Descansa en Paz, una pieza que pone rostro y voz a las familias que se ven obligadas a repatriar a sus seres queridos o a enterrarlos a cientos de kilómetros por la ausencia de parcelas adecuadas en sus municipios. La filmación recoge testimonios que explican el impacto emocional y económico de estas situaciones, así como la angustia añadida que supone no poder cumplir los ritos funerarios islámicos en un momento de duelo. “En España, miles de familias musulmanas no saben dónde podrán despedir a los suyos”, subrayan desde la entidad.

Descansa en Paz se ha convertido en una herramienta clave que, a través de entrevistas, imágenes de cementerios saturados y datos sobre la desigual implantación de espacios musulmanes en el territorio español, evidencia una realidad que durante años ha permanecido invisible para gran parte de la sociedad. El documental se nutre, asimismo, de “decisiones municipales, aciertos, obstáculos y la realidad de un proceso que casi nunca se explica, pero marca a una familia para siempre”, como señalan desde Entierro Digno, liderada por Mayson Douas.

En Palma, el Jardí de l'Islam -un rectángulo diminuto en un colosal camposanto- revela la magnitud del problema: falta planificación y una política funeraria que tenga en cuenta la diversidad real de la población española. Las lápidas, alineadas en silencio, parecen reforzar este argumento. Cada una de ellas cuenta una historia y recuerda una vida mientras, más allá de los muros del camposanto. Las asociaciones y las familias buscan que su problemática forme parte de la agenda institucional. “No queremos privilegios, queremos igualdad”, sentencian.

Con una extensa trayectoria ligada a la empresa privada en cargos de alta dirección, José Javier Sanz (Madrid, 1949) asumió, en septiembre de 2023, la presidencia de la Autoritat Portuària de Balears (APB), desde donde ha auspiciado grandes proyectos como la remodelación del Paseo Marítimo de Palma y la reordenación de usos del puerto de la capital balear. Volcado en responder con mayor efectividad a los retos diarios mediante la adecuación y modernización de las instalaciones y los servicios portuarios, Sanz defiende la necesidad de mirar al puerto “más allá del transporte de pasajeros y mercancías”. Para ello, quiere acercar a la ciudadanía las funciones de la APB, cuyos objetivos pasan por “generar empleo de calidad, facilitar la actividad empresarial, contribuir a la identificación productiva y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de las personas”, tal como puso de manifiesto la semana pasada durante el evento 'El puerto: motor económico de Balears', una iniciativa impulsada por la Autoritat Portuària y organizada por elDiario.es.

Desde su despacho en el puerto de Palma, Sanz conversa con este periódico acerca de la escasa visibilidad de su actividad pese a su vital importancia en el día a día de los mallorquines. Lo ilustra del siguiente modo: “Todo el mundo habla del aeropuerto, que es la principal vía de entrada del turismo, pero si mañana el puerto se para, no saldría ningún avión. El aeropuerto colapsaría y no podemos salir en lanchas”. El máximo responsable de la APB reivindica el papel estratégico de las instalaciones portuarias en el abastecimiento energético, la economía y la sostenibilidad del archipiélago y aboga, sobre todo, por la sostenibilidad. En 2030, los puertos deben reducir en un 70% la huella de carbono, por lo que uno de los grandes proyectos del ente pasa por la electrificación de los muelles, siempre de la mano de los actores privados y con la vista puesta en el interés general de los ciudadanos. Sanz insiste en que la economía balear depende más del mar de lo que muchos imaginan.

En el evento 'El puerto: motor económico de Balears' se puso especial énfasis en que los puertos de las islas deben transformarse para “dar visibilidad” a sus funciones reales más allá de lo comercial. ¿Puede recordar qué acciones de comunicación y acercamiento al ciudadano está llevando a cabo la APB para que la sociedad entienda su rol más allá del comercio?

Yo creo que Balears está mirando a los puertos sobre todo como modelo económico, de equilibrio, de crecimiento y de sostenibilidad. La entrada y la salida de mercancías y de pasajeros es muy importante. Casi el 95% de las de las mercancías y de todo lo que consumimos en Balears entra por los puertos. Pero, desde el punto de vista de la ciudadanía, el puerto es invisible. Se habla mucho más del aeropuerto: el de Palma, por ejemplo, cuenta con gran tráfico de pasajeros también y también acoge algunas mercancías. Pero la infraestructura del puerto es algo muy importante dentro de la Comunidad Europea. El puerto tiene una actividad, una estructura estratégica. En Barcelona tienen ferrocarril y transporte de carretera. Nosotros aquí solo tenemos esto.

Por eso, queremos ponerlo en valor y, para ello, necesitamos de la colaboración de todos los entes de nuestra Comunidad. Repito, todo el mundo habla del aeropuerto, que es la principal vía de entrada del turismo, pero si mañana el puerto cierra, no sale ningún avión. El aeropuerto y todo lo demás quedarían desabastecidos. Ya no es solo que no entrarían la leche o la carne, sería horroroso, un desastre absoluto. Porque el queroseno llega a puerto en un petrolero cada tres o cuatro días. Sería un colapso total, y esto es algo que no pasaría en Barcelona, Bilbao o Madrid. De hecho, durante la pandemia, quedó paralizado todo el tráfico aéreo y el esfuerzo lo asumieron las autoridades portuarias. Fue un esfuerzo muy alto para asegurar la seguridad y evitar el desabastecimiento.

Todo el mundo habla del aeropuerto, que es la principal vía de entrada del turismo, pero si mañana el puerto cierra, no sale ningún avión. El aeropuerto colapsaría. Porque el queroseno llega a puerto en un petrolero cada tres o cuatro días. Sería un colapso total, y esto es algo que no pasaría en Barcelona, Bilbao o Madrid

¿Qué estrategias se están llevando a cabo para visibilizar estas actuaciones?

Yo creo que una parte muy importante es invertir en infraestructuras para adaptarnos a las necesidades del mercado y de los ciudadanos. Hace años se invirtió en diques de abrigo para protegerse del mal tiempo, se invirtió en muelles y en estaciones marítimas. Los barcos ahora mismo son distintos a los que había hace 40 años. Son más grandes y más sofisticados. Para ser competitivo tenemos que competir con otros puertos y ese fue uno de los principales factores que han llevado a realizar las inversiones que estamos llevando a cabo. Y ahora hay que seguir modernizando las infraestructuras, pero en clave de sostenibilidad y competitividad.

Para nosotros, la sostenibilidad es una línea estratégica importante y la contemplamos actuando sobre tres factores: económico, medioambiental y social. Por ejemplo, en clave económica, como decía, representamos la entrada de mercancías en nuestra comunidad. Pero no solo eso: estamos creando empleo y estamos creando riqueza no solo a través de la mercancía y las personas que tenemos contratadas, sino para toda la comunidad a través de actividades directas. De hecho, el impacto económico que genera el sistema portuario español asciende a más de 24.300 millones de euros y genera 250.000 empleos. Y, dentro de esto, estamos incluidos nosotros. Por eso decimos que es un motor económico y que hay que buscar la excelencia en la entrada de mercancías y en gestionar todo lo mejor posible.

Estamos creando empleo y estamos creando riqueza, no solo a través de la mercancía y las personas que tenemos contratadas, sino para toda la comunidad a través de actividades directas. De hecho, el impacto económico que genera el sistema portuario español asciende a más de 24.300 millones de euros y genera 250.000 empleo

Un aspecto crítico es la logística entre fábrica y puerto, especialmente para productos sensibles como la sobrasada, que representa un elevado porcentaje de exportación. ¿Qué mejoras logísticas se pueden para incentivar ese tránsito o acortar plazos por parte de la APB?

En ese sentido, el tema de la conectividad es muy importante para nosotros: los barcos llegan a las 6.00 horas, los camiones ya están en el puerto y cargan con las mercancías, que son trasladadas, totalmente frescas, a todos los centros logísticos para su posterior distribución en los supermercados y las fábricas. Nuestra primera obligación es facilitar ese tránsito de mercancías lo mejor posible y al mejor precio posible. Y ese es uno de los elementos que tenemos que gestionar muy bien en este puerto.

Por eso, buscamos la excelencia en la entrada de mercancías y en la conectividad para que seamos competitivos. Tenemos el problema de la insularidad, eso está clarísimo, pero no podemos evitarlo, a no ser que pongamos un puente [se ríe]. Lo que estamos haciendo, y eso la gente no lo sabe, es subvencionar constantemente las tasas. Hay unas tasas portuarias de entrada de mercancías definidas por el Estado español y por la Comunidad y nosotros bonificamos estas tasas en aproximadamente un 80%. Queremos ser competitivos para que la carne o el petróleo sean más baratos y no entremos mañana en un proceso inflacionista. Ese es nuestro gran objetivo: intentar gestionar mejor todo mejor a nivel económico, de costes y de infraestructuras, que todo sea mucho más rápido cuando entran las mercancías de los barcos que llegan a las 6.00 horas. Por eso comentaba antes que todo esto es invisible.

Queremos ser competitivos para que la carne o el petróleo sean más baratos y no entremos mañana en un proceso inflacionista. Ese es nuestro gran objetivo: intentar gestionar mejor todo mejor a nivel económico, de costes y de infraestructuras

Sobre la integración del puerto con el ámbito urbano, ¿qué puede comentar? Por ejemplo, en Palma se habla de reordenar usos y abrir espacios hacia la ciudad.

Vamos a humanizar el puerto. Antes los puertos eran independientes de la ciudad, estaban separados, pero hoy en día están unidos a las ciudades. Por ello, uno de los objetivos de nuestro plan estratégico es optimizar esto para que el ciudadano pueda disfrutar de ellos. El puerto de Palma hace 60 años que no se ha movido, sigue siendo el mismo. Entonces es el momento de reorientarlo. Hay espacios totalmente obsoletos y, de acuerdo a cómo han evolucionado los mercados y la sociedad, estamos buscando espacios para el ciudadano.

El puerto de Palma hace 60 años que no se ha movido, sigue siendo el mismo. Es el momento de reorientarlo

Por ejemplo, tenemos el Paseo Marítimo, una arteria importante que conecta el puerto con Palma y, si antes estaba contemplado como una vía o carretera, ahora estará centrado en el disfrute de los ciudadanos. Es una gran obra y una de nuestras inversiones. Estamos haciendo un cambio de usos, desplazando la parte industrial al dique del oeste. Yo lo llamo el polígono de plástico que está dentro de la Catedral y que genera una actividad de ingresos para la Comunidad. Lo que hacemos es trasladar los muelles comerciales que están hoy en los polígonos de plásticos a la parte industrial, que seguimos manteniéndola porque es importante para nosotros y, de esa forma, abrimos un espacio para la ciudad, la cultura, el esparcimiento y el deporte, con el impulso de una escuela municipal de vela y apostando por la innovación y la cultura para los barrios. Hay que colonizar los puertos, armonizarlos y humanizarlos para que las personas para que la gente disfrute en ellos.

Con todo lo que comenta, ¿cómo es el puerto con el que sueña?

Quiero un puerto abierto a la ciudad, un puerto sostenible, un puerto inteligente y, sobre todo, quiero un puerto para los ciudadanos. Para mí esa es la definición que tengo del puerto de mis sueños. Y, para ello, hace un año mantuvimos contactos con 65 grupos de interés de distintas categorías e identidades, incluidos partidos políticos y grupos de interés portuario. Cualquier movimiento que hagamos siempre perseguirá un objetivo: conseguir un puerto mejor. Y esto es lo que intentamos hacer.

Quiero un puerto abierto a la ciudad, sostenible, inteligente y, sobre todo, para los ciudadanos. Para mí esa es la definición que tengo del puerto de mis sueños. Cualquier movimiento que hagamos siempre perseguirá un objetivo: conseguir un puerto mejor

Otra de las instalaciones que van a remodelar en colaboración con el Ayuntamiento de Palma es el puerto del Portixol, cuyos vecinos han expresado sus recelos ante las molestias e inconvenientes que los trabajos puedan causarles y no quieren que las obras se dilaten más de la cuenta. ¿Qué les respondería?

Es un proyecto muy interesante para la ciudad dentro de nuestra filosofía de integración 'puerto-ciudad'. Vamos a modernizar los puertos para regenerar la ciudad, pero, evidentemente, para ello habrá molestias. En el caso del Paseo Marítimo, a la gente le puede gustar o no el proyecto: hay gente que quiere más carreteras y gente que quiere más árboles. En el último año y medio hemos tenido una convivencia importante con los vecinos, hablando directamente con ellos y analizando sus dificultades, intentando favorecerles de la mejor forma posible como uno lo haría en una obra en su casa.

Estamos comunicándonos con los vecinos a través de la página web, hablando constantemente con ellos, con reuniones para intentar mejorar todo lo posible. Y hemos hecho cambios que no estaban en el proyecto. Y la realidad es que la reforma del Paseo Marítimo se ha hecho en un tiempo récord. Estoy muy satisfecho de cómo se ha llevado la gestión. Me gusta más el puerto y me gusta más el Paseo Marítimo, pero, evidentemente, cada uno puede tener su opinión. Es un proyecto muy bonito y nosotros, como responsables y como empresa pública, tenemos que estar atentos a estas mejoras y gestionarlo todo lo mejor posible.

Otro punto importante en el que trabajan es la digitalización. ¿Lo puede explicar?

Antes íbamos al aeropuerto con un billete verde, ahora lo llevamos en un móvil. Pues, en los puertos, estamos haciendo lo mismo, favoreciendo la interconexión con nuestros clientes para que todo sea más rápido. Nosotros estamos en el mar, es nuestro hábitat. No estamos en el campo. La sostenibilidad medioambiental para nosotros es muy importante. Tenemos un gran compromiso con Europa, con la Comunidad Autónoma y con el Estado para abordar la descarbonización. En 2030, los puertos deben reducir en un 70% la huella de carbono y en ello estamos, apostando por la electrificación.

En 2030, todos nuestros puertos de interés general tendrán enchufe eléctrico. Que un barco llegue a Balears, se conecte, no haga ruido y se le suministre energía eléctrica, no con motores que están contaminando el ambiente. Es un paso de gigante. Estamos potenciando mucho el tema de energías renovables, que es vital. También aplicaremos placas solares y otros combustibles distintos a los pesados que tenemos ahora mismo. En cuanto a medio ambiente, estamos invirtiendo grandes cantidades de dinero en infraestructuras para hacer una ciudad verde, un planeta mejor. Hay barcos que ya gestionan sus propios residuos, barcos de nueva tecnología, pero también nosotros tenemos que reciclar esos residuos. Si nosotros no cuidamos el medio ambiente, no lo va a cuidar nadie.

La sostenibilidad medioambiental para nosotros es muy importante. Tenemos un gran compromiso con Europa, con la comunidad autónoma y con el Estado para abordar la descarbonización. En 2030, los puertos deben reducir en un 70% la huella de carbono y en ello estamos, apostando por la electrificación

Como comenta, la APB gestiona cinco puertos de interés general en Baleares (Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina). ¿Cómo se distribuyen los esfuerzos inversores para que no haya desequilibrios entre islas?

Cada uno cuenta con proyectos distintos. El mayor volumen lo tiene el puerto de Palma. Después, el de Eivissa, que representa más o menos el 40% de la actividad. A continuación tenemos Maó y la Savina, que es más bien de tráfico. Y, por último, tenemos Alcúdia, centrado en la actividad industrial y que también tenemos incluido en nuestro plan estratégico de innovación. El tema de la descarbonización, el medio ambiente y la integración puerto-ciudad lo estamos aplicando en todos ellos. En Menorca se está haciendo el nuevo paseo marítimo, en Eivissa estamos con el Plan Especial con el que se va a remodelar todo el puerto. Estamos haciendo trabajos importantes en los cinco puertos, con unas inversiones interesantísimas. Las inversiones en el Puerto de Palma, cuya modernización es una operación muy fuerte, las estamos cuantificando en alrededor de 60 millones cada año.

Un concepto interesante en este contexto es el de la inversión solidaria que se realiza entre puertos. El Puerto de Maó, por ejemplo, factura cinco millones de euros anuales, pero ahora va a recibir una inversión potente. Las inversiones las generamos nosotros, generamos recursos y lo invertimos en la ciudad. Y todo eso ahora mismo es invisible a la gente. Estamos financiando la entrada de mercancías en un contexto de insularidad. Lo hacemos a través de otras fuentes de actividad importantísimas para nuestra isla. Y también a través de nuestras concesiones fomentamos la inversión privada. Los ciudadanos no ponen absolutamente ni un duro. Por ejemplo, el Paseo Marítimo es una inversión pública de unos 50 millones de euros. Y la colaboración público-privada también es importante: si nosotros queremos electrificar los muelles para enchufar los barcos, nosotros aportamos nuestra infraestructura, pero tenemos que hablar con Endesa, que es la que genera la electricidad. La gente tiene que entender que somos gestores de espacios públicos. Nosotros decimos qué queremos tener en ellos y ahí caben todos.

Cada puerto cuenta con proyectos distintos. El mayor volumen lo tiene el puerto de Palma. Después, el de Eivissa, que representa más o menos el 40% de la actividad. Después tenemos Maó y la Savina, que es más bien de tráfico. Y después tenemos Alcúdia, centrado en la actividad industrial y que también tenemos incluido en nuestro plan estratégico de innovación

En Eivissa, como ha dicho, se encuentra en tramitación el Plan Especial del Puerto, que prevé -tras la aceptación de diversas alegaciones- un aumento de la edificabilidad en la Estación Marítima del Botafoc e incluye una apuesta por la náutica social y deportiva, abriendo las puertas a la posibilidad de ampliar el número de amarres sociales. ¿Puede explicarlo? 

Tenemos que definir lo que es un amarre social porque no es un barco de 40 metros. Entendemos que es un barco de ocho metros. Tenemos que tener varaderos para que la gente repare los barcos y los pinte. Tenemos que tener marinas para que la gente disfrute. Y restaurantes, ocio y estaciones marítimas. Y una de nuestras grandes funciones es gestionar estos espacios lo mejor posible. Hay clubes náuticos o instalaciones deportivas que hacen una parte social y una parte de deporte en la que puedes tener tu amarre con unas condiciones no de marina, sino mucho mejores, pero a cambio de esto tienes que practicar deporte. Tenemos puertos importantes, como el Náutico de Palma, el Club de Mar o el del Portitxol. Nuestro gran objetivo es gestionarlos desde el interés general, en interés de los ciudadanos.

Dado el alud de investigaciones que ha afectado a la APB en los últimos años -no bajo su mandato- en torno a adjudicaciones supuestamente irregulares, ¿cómo asegura el organismo que los futuros concursos públicos sean percibidos con máxima transparencia y confianza?

Nuestros concursos tienen máxima transparencia. Primero lo convocamos, luego va a exposición pública. Tenemos un consejo de administración que aprueba estos concursos con informes de la Abogacía del Estado y con informes jurídicos. Aquí tenemos más demanda que oferta, el espacio genera mucho dinero y en este espacio pueden intervenir distintos factores. La gente conoce perfectamente cuál es la política portuaria a nivel de concesiones. A unos les gustará más o les gustará menos. Pero nosotros, en la mayoría de concesiones, queremos que haya libre concurrencia. Así de claro.

Es un espacio público y, cuando alguien concurre a una concesión, sabe que hay unos límites y un periodo de tiempo. Cuando se acaba ese periodo, como libre concurrencia, puede venir otro a gestionar mejor. Y eso es lo que enriquece nuestra política. Hay una política muy clara de concesiones para que inviertan en medio ambiente, en tecnología y en mejoras para el ciudadano. Creo que ahora mismo lo estamos llevando muy bien. No hemos tenido ninguna incidencia porque nosotros al final lo que intentamos es hablar mucho con la gente y conocer las inquietudes que tienen nuestros clientes.

Nuestros concursos tienen máxima transparencia. Primero lo convocamos, luego va a exposición pública. Tenemos un consejo de administración que aprueba estos concursos con informes de la Abogacía del Estado y con informes jurídicos. A unos les gustará más o les gustará menos. Pero nosotros queremos que haya libre concurrencia

¿Ha reforzado la APB protocolos internos o auditorías para mejorar la gobernanza de las concesiones portuarias?

Hemos creado un departamento que es de Gobierno Corporativo al frente del cual se encuentra Laura Molano. Intentamos hacerlo lo mejor posible. Aparte, estamos auditados constantemente por Hacienda. Hay una transparencia absoluta y todo el mundo tiene nuestros balances. Nuestra actividad es pública y todo mundo la conoce. Es imposible 'escaparse'. Tal vez una empresa privada puede hacerlo, pero nosotros, no. Pero es verdad que estamos trabajando mucho en esta línea y también con nuestras personas a nivel de formación para ser más competitivos, más eficaces, más rentables y buscar los mejores costes, buscar una gestión mucho más abierta, moderna y más orientada a las personas.

Tenemos recursos, pero los invertimos directamente en la ciudad, invertimos en bolsa, en terrenos, en nuestra infraestructura y en nuestras personas. Y, en cuanto a transparencia, el único ranking que evalúa a las autoridades portuarias es el de Dyntra y nosotros estamos los cuartos, empatados con los terceros, lo cual es un dato relevante porque somos 28 autoridades portuarias. Hace cinco años estábamos a la cola.

Tenemos recursos, pero los invertimos directamente en la ciudad, invertimos en bolsa, en terrenos, en nuestra infraestructura y en nuestras personas. Y en cuanto a transparencia, el único ranking que evalúa a las autoridades portuarias es el de Dyntra y nosotros estamos los cuartos, empatados con los terceros, lo cual es un dato relevante porque somos 28 autoridades portuarias

La APB ha cedido este verano espacios en los puertos de Palma, Eivissa y la Savina para proporcionar una primera atención a las personas migrantes que llegan a las islas y garantizar así un tratamiento adecuado en situaciones de emergencia humanitaria. ¿Qué ha llevado al organismo a adoptar esta decisión?

Nosotros somos un puerto de interés general. Un puerto de interés general y uno autonómico son diferentes. En agosto vimos que Balears estaba sufriendo una migración muy importante con una nueva ruta que viene de Argelia. De modo que el Gobierno impulsó una ley de emergencia para cuidar de estas personas a su llegada al puerto, de forma transitoria, porque tras proporcionarles la información pertinente vuelven a ir a puerto para coger un ferry. Nosotros tenemos una serie de edificios para que no se encuentren desamparados durante el tiempo de espera y protegidos del calor o del frío.

¿Contempla que esta colaboración pueda consolidarse a largo plazo como un protocolo estable entre la Autoritat Portuària y el Estado en caso de emergencias migratorias?

Es algo temporal, aunque dependerá de cómo funcione la migración. No sabemos qué va a pasar, si disminuirá o aumentará. Ahora mismo es una emergencia y todos colaboramos. Es un tema grave y habrá que solucionarlo. Somos una comunidad autónoma que también participa en el Gobierno de España.

¿Debe el puerto reforzar su función social y humanitaria en estas situaciones?

Estamos abiertos a esto y lo hemos hecho. Pero no podemos ser un campo de refugiados y esto está muy relacionado con la política gubernamental, que es la que tiene que decidir qué va a hacer con los migrantes cuando llegan aquí. El puerto no puede asumirlo todo. No podemos estar mezclando los turistas con los migrantes y con la actividad portuaria. Todo esto se irá adaptando de acuerdo con las circunstancias que tengamos. Pero eso lo decidirá el Gobierno, claro.

¿Cómo visualiza los puertos de Balears en 2030? ¿Qué papel quiere que jueguen dentro del arco Mediterráneo y europeo?

Que sean puertos totalmente abiertos, sostenibles, inteligentes y, sobre todo, orientados al ciudadano, con unos productos totalmente modernos y adaptados a las necesidades del mercado. Y, en lo que nos corresponde, vamos a conseguirlo, espero que mucho antes que en 2030. Sobre todo respecto a la electrificación, que también deben tener las navieras. Tiene que haber una colaboración entre ambos. Nosotros pondremos los medios y las infraestructuras para que esto funcione. Y el Estado tiene que poner los medios para conseguir electricidad. Tenemos que colaborar e ir todos de la mano.

En relación con otros puertos europeos del Mediterráneo, yo creo que nosotros estamos liderando la electrificación. Somos líderes en este momento comparados con el resto de puertos españoles. Todos los puertos somos totalmente diferentes. Nosotros, por nuestras circunstancias, no tenemos un marco estratégico, que está definido por Puertos del Estado. Nosotros no tenemos contenedores. Vas a Almería o a València y solo ves explanada de contenedores. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias de cada situación.

¿Qué último mensaje le gustaría transmitir a la ciudadanía balear para que valore más el papel del puerto?

Que los puertos somos un motor económico y eso la gente lo desconoce. Somos invisibles, pero el puerto tiene mucha relevancia y, dentro del contexto económico, somos actores importantes.

Continuen sortint a la llum noves revelacions sobre la granja de Llucmajor (Mallorca), explotada per l’empresa Avícola Son Perot S.A. AENOR, l’entitat que atorga el certificat de benestar animal Welfair, va proposar a l’empresa avícola, després d’ampliar la validesa del seu certificat, pactar les dates de l’auditoria anual, segons revela en exclusiva elDiario.es.

En un correu electrònic del 30 de setembre de 2024 entre AENOR i Avícola Son Perot, al qual ha tingut accés aquest diari, l’entitat certificadora explica a l’empresa ramadera que, en una reunió celebrada el 27 de setembre, el Comitè d’Avaluació d’AENOR va decidir concedir una pròrroga fins al 26 d’agost de 2025 per a l’explotació de Ses Cisternes (Llucmajor). “El tècnic d’AENOR responsable del seu certificat estarà a la seva disposició per acordar amb vostè les dates de realització d’aquesta auditoria. Finalment, li expressem el nostre agraïment per la confiança dipositada en els serveis d’AENOR”, escriu una responsable de l’entitat. “Sense cap altre particular, aprofito l’ocasió per enviar-li una cordial salutació”, conclou.

elDiario.es ha sol·licitat una entrevista amb AENOR —tant per tractar qüestions generals sobre l’entitat com per abordar el cas concret de Llucmajor—, però aquesta ha declinat concedir-la. En el seu lloc, ha ofert la possibilitat d’enviar consultes per escrit, que no havien estat respostes en el moment de publicació d’aquesta informació. Entre altres qüestions, se li pregunta si l’auditoria del 20 de maig va ser per sorpresa o acordada prèviament —i, si va ser pactada, amb quanta antelació—, i si les imatges enregistrades per les entitats animalistes són compatibles amb el segell de benestar animal Welfair. Avícola Son Perot s’ha limitat a respondre a elDiario.es: “Això millor que li ho preguntis a AENOR, per a una major transparència. Gràcies”.

Com funciona AENOR

Al seu web, AENOR explica el procés de certificació i els passos que una empresa ha de seguir per aconseguir-la. “La certificació és el reconeixement al treball en equip, a l’esforç de les organitzacions i empreses”, comença assenyalant l'entitat. Per obtenir el certificat, el primer pas és sol·licitar un pressupost a AENOR, que facilitarà una “oferta personalitzada i sense compromís”. En segon lloc, cal acceptar l’oferta per iniciar el procés de certificació. El tercer pas és l’assignació de l’equip auditor i la planificació de l’auditoria.

En aquesta fase, AENOR comunica el nom del tècnic responsable de la certificació, qui assignarà un equip auditor. Aquest equip es posarà en contacte amb l’empresa per planificar l’auditoria. El quart pas arriba amb la data prevista per a la inspecció. L’equip auditor, segons explica l’entitat, visita les instal·lacions de l’empresa auditada per avaluar possibles “no conformitats o desviacions”, així com també els “punts forts”. A partir d’aquesta inspecció, els experts d’AENOR determinen l’abast de la certificació, amb l’objectiu de delimitar l’aplicació del sistema de gestió i els requisits que caldrà avaluar. L’últim dia de l’auditoria, l’equip elaborarà un informe, que serà llegit davant l’organització en una reunió final.

Finalment, es prepara un “pla d’accions correctives”, en el qual l’organització auditada disposa d’un termini de 30 dies per presentar-lo, a partir de les desviacions detectades durant l’auditoria. Si l’equip auditor considera que les accions correctives aplicades són adequades, emetrà una proposta de concessió del certificat. Si no ho són, sol·licitarà a l’organització una revisió del pla. L’auditor trasllada la seva proposta al Comitè d’Avaluació i Decisió, que pren la decisió final. Un cop aprovada la concessió del certificat, aquest s’emet i s’envia a l’organització, juntament amb la llicència d’ús de la marca AENOR.

L'auditoria es fa sis dies abans de la difusió de les imatges

Abans de la publicació de la primícia d’aquest diari, que revelava l’estat de l’interior de la granja de Llucmajor, Avícola Son Perot, després d’haver estat consultada, va afirmar que l’explotació avícola havia superat —a l’espera de presentar documentació— una auditoria d’AENOR el 20 de maig. És a dir, sis dies abans que es fessin públiques les imatges gravades —entre els dies 21 i 29 d’abril— per les entitats de protecció ambiental i animal ARDE i Satya Animal.

“Avícola Son Perot reafirma el seu compromís amb el benestar animal i amb la legalitat de les seves instal·lacions”, va declarar l’empresa a aquest diari en referència a les instal·lacions de Llucmajor. “Totes les nostres granges, inclosa la de Llucmajor, estan sotmeses a rigorosos controls interns i externs. En particular, comptem amb la certificació en Benestar Animal Welfair, atorgada per AENOR, un dels organismes d’avaluació més reconeguts a nivell europeu”, explicava l’empresa. “De fet, el passat dimarts 20 de maig es va dur a terme l’auditoria anual corresponent a la granja de Llucmajor, que es va superar amb normalitat”, van destacar les mateixes fonts.

A més, assenyalaven que reben “inspeccions periòdiques per part dels serveis veterinaris i tècnics de l’Administració balear, complint sempre amb els estàndards de qualitat, seguretat i benestar exigits per la normativa vigent”. Les mateixes fonts afegien que aquesta certificació és vigent fins al novembre de 2025 i que la inspecció de renovació, realitzada el 20 de maig per responsables d’AENOR, va resultar inicialment “positiva”, tot i que restava pendent de completar la documentació.

Tanmateix, les imatges gravades —entre el 21 i el 29 d’abril— per les associacions de protecció ambiental i animal mostren una realitat ben diferent. Les gravacions evidencien que els animals es troben en condicions penoses: les gallines vives conviuen amb desenes de cadàvers en diferents estats de descomposició, inclosos esquelets i altres animals, com rates (vives o enverinades) i eriçons. Les organitzacions alerten que la presència d’aquestes altres espècies a la granja pot comportar un “risc de transmissió de malalties a humans”, com ara la salmonel·la (intoxicació alimentària) o la leptospirosi (infecció de la sang), entre d’altres.

Per aquests motius, les entitats van presentar una denúncia davant la Fiscalia de Medi Ambient de les Balears per presumptes delictes d’estafa, contra la salut pública i d’abandonament animal per manca de supervisió veterinària. Aquest diari ha pogut comprovar que la denúncia es va registrar el 21 de maig, al voltant de les 9 del matí, segons varen confirmar fonts del Ministeri Públic. Per tal de provar els fets, les entitats van dipositar un vídeo de més de tres hores de durada. Cal destacar que les imatges gravades per ambdues organitzacions comptaven amb proves de geolocalització (GPS) i dates visibles de diaris locals, que han estat consultades i verificades per aquest diari.

Avícola Son Perot afirma que les imatges estan “manipulades”

La versió de l’empresa sobre aquestes imatges és diferent. En una primera reacció, portaveus de la granja van afirmar a aquest diari —abans de la publicació de la primera notícia— que les imatges en possessió del mitjà no es corresponien amb les seves instal·lacions i que la informació era falsa. Després de la publicació de la investigació, però, l’empresa ha reconegut implícitament que les imatges sí que mostren les seves instal·lacions. Tot i això, considera que el material audiovisual és “producte d’una manipulació” per part de les entitats de protecció ambiental i animal.

En declaracions a Europa Press, el director general de l’empresa Avícola Son Perot, Gorka Moreno, no ha confirmat —encara que tampoc ha descartat— que les imatges difoses per les entitats ARDE i Satya Animal, en les quals es veuen gallines vives convivint amb cadàvers, rates i brutícia extrema, corresponguin a la seva explotació. Moreno ha titllat les imatges de “sensacionalistes i extremistes” i ha afirmat que el que s’hi pot veure no reflecteix el “dia a dia” de l’empresa. Des de l’empresa han acusat els col·lectius animalistes de “manipulació” i de generar una sensació d’“alarmisme”. “Totes les granges per dins són iguals”, han esgrimit. El director general de l’explotació, no obstant això, ha reconegut que en els vídeos difosos s’hi observen, en part, les seves instal·lacions i algunes de les seves etiquetes.

Al principio, la empresa negó a elDiario.es que las imágenes fueran suyas. Ahora, ha reconocido implícitamente que sí son sus instalaciones. Pese a todo, consideran que las imágenes grabadas son “producto de una manipulación” de los animalistas

Visita a la granja de Son Perot

elDiario.es va visitar dimecres passat l’explotació després que l’empresa oferís als mitjans poder acudir-hi per comprovar in situ que “compleixen la llei”. Un cop posats els micos d’un sol ús pertinents, la visita comença —i pretenen que finalitzi— a la nau 1 de les set que conformen Son Perot a Llucmajor. No obstant això, el complex que mostra inicialment el director general de Son Perot, Gorka Moreno, visiblement condicionat, no correspon amb aquelles naus sobre les quals recauen les sospites dels animalistes: la nau 2, la 6 i la 7.

Durant el recorregut, Moreno, acompanyat pel responsable de comunicació externa de l’empresa, defensa que la macrogranja compleix la legislació vigent pel que fa al manteniment de les gallines ponedores, així com les seves condicions d’allotjament i benestar. Insisteix que les condicions en què conviuen els ocells són les “normals” per a una explotació com la de Son Perot, assenyala que compta amb el certificat de benestar animal —vigent fins a novembre d’enguany, segons aclareix el director general—, que passen tots els controls veterinaris i que col·laboren amb els inspectors de la Conselleria d’Agricultura del Govern i amb els agents del Seprona.

Després de realitzar el pediluvi en peròxid —mesura de bioseguretat dirigida a prevenir la propagació de malalties i eliminar la brutícia, incloent possibles patògens adherits a la sola del calçat—, elDiario.es accedeix a la nau 1, que compta amb unes 16.000 gallines tipus 2 o de sòl, és a dir, que poden moure’s lliurement encara que sense accés a l’exterior. Centenars de gallines voletegen entorn dels visitants a la recerca de la lluentor dels seus vestits i els picotegen mentre el responsable explica el sistema de distribució dels ocells, que es mouen per diferents nivells d’estructures. Les cintes transportadores per a la recol·lecció d’ous funcionen amb normalitat i els animals compten amb abeuradors i menjadores.

A diferència de les gàbies, prohibides per a noves instal·lacions a la UE des de 2012, aquests sistemes permeten el desplaçament dels ocells, però concentren una gran quantitat d’individus en un espai limitat. La densitat legal màxima és de 9 gallines per metre quadrat en interiors i de 2.500 per hectàrea a l’exterior, en el cas de les gallines camperoles.

L’empresa: “Aquesta és la vida d’una granja avícola habitual”

“Aquesta és la vida d’una granja avícola habitual”, recalca Moreno. Davant la menor mobilitat o la visible pèrdua de plomatge que presenten moltes d’elles, explica que tenen 83 setmanes, etapa en què comença a decaure el seu rendiment així com la producció d’ous. “Estan una mica majors”, comenta. És entre les 17 i les 23 setmanes el període en què les gallines estan en la seva màxima esplendor.

Després de recórrer la instal·lació, aquest mitjà demana al gerent de Son Perot visitar les naus en què les entitats animalistes han posat el focus. Moreno al·lega falta de temps, assenyala que ha d’entrar en directe a una televisió local i que un representant d’una cadena de supermercats es troba en aquests moments a la finca. També comenta que són les instal·lacions més allunyades i que cal anar-hi en cotxe. Tot i això, finalment accedeix a la sol·licitud de elDiario.es i acompanya els redactors fins a les naus 6 i 7. Són naus de gallines camperoles i, en arribar-hi, moltes d’elles s’acullen a l’ombra davant la calor abrasadora que ja fa al matí.

Gallines camperoles amuntegades a l’interior

Mentrestant, el director general, en la línia de declaracions que ha fet aquests dies, defensa que, en veure les fotografies difoses, “dona la sensació que és un mix d’imatges de diferents llocs que es confonen quan interessa”. “No em crec que en deu minuts aparegui un eriçó o una rata, amb flashbacks al final”, assenyala. En accedir a la nau 7, de nou el ritual del pediluvi. Un cop dins, el contrast amb la primera instal·lació és evident. Les gallines es troben visiblement amuntegades malgrat ser ocells amb accés a l’exterior, encara que la direcció assegura que es respecten les densitats màximes.

Enmig del tumult, diverses gallines descansen. “Pot ser que algunes s’estiguin banyant amb sorra o fins i tot que estiguin incubant”, explica Moreno, mentre el responsable de comunicació afegeix: “Per a mi és la mateixa foto [que la de la nau 1], però si així us quedeu més tranquils...”. La foscor plana sobre els ocells. Des de la direcció insisteixen que cal diferenciar entre imatges aïllades i la realitat general del funcionament d’una explotació amb desenes de milers d’animals.

Després d’això, aquest periòdic demana poder veure la nau 6. De la mateixa manera que a la nau anterior, les gallines es troben amuntegades en diversos nivells, però el responsable de Son Perot insisteix que compleixen la legislació vigent per als ocells criats en llibertat —com les destinades a la producció d’ous camperols—. En aquest cas, la normativa exigeix, entre altres requisits, que les gallines tinguin accés permanent a espais exteriors durant el dia, amb una densitat màxima de 2.500 ocells per hectàrea a l’aire lliure i un màxim de 9 gallines per metre quadrat a l’interior dels allotjaments.

Queda la nau 2, destinada a les gallines en gàbia. En dirigir-se cap a aquesta, l’empresa demana, en atenció a la seva política, no fer cap imatge de les gàbies. “No és perquè estiguin mal ateses, sinó perquè és una pràctica que estem eliminant. Estem apostant per sòl i per camperoles”, aclareixen. Es tracta d’una modalitat de cria en retrocés a la Unió Europea i prohibida per a noves instal·lacions des de 2012. Tot i això, enmig de la foscor, milers d’ocells conviuen amuntegats i el sòl d’algunes zones està cobert d’excrements, plomes i restes de pinso. La direcció incideix en què ja no defensen aquest tipus de cria. “El que veieu és una reminiscència del passat de l’empresa”, conclouen.

Siguen saliendo a la luz nuevas revelaciones sobre la granja de Llucmajor (Mallorca), que explota la empresa Avícola Son Perot S.A. AENOR, la entidad que otorga el certificado de bienestar animal Welfair, propuso a la empresa avícola, tras conceder una prórroga a la validez de su certificado, acordar las fechas de la realización de la auditoría anual, según desvela en exclusiva elDiario.es.

En un correo electrónico del 30 de septiembre de 2024 entre AENOR y Avícola Son Perot, al cual ha accedido este diario, la empresa que otorga el sello de bienestar explica a la empresa ganadera que, en una reunión celebrada el 27 de septiembre, el Comité de Evaluación de AENOR ha decidido conceder una prórroga hasta el 26 de agosto de 2025 para la explotación de Ses Cisternes (Llucmajor). “El técnico de AENOR responsable de su certificado estará a su disposición para acordar con usted las fechas de la realización de esta auditoría. Por último, le expreso nuestro agradecimiento por la confianza que ha depositado en los servicios de AENOR”, escribe una responsable de la empresa. “Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo”, finaliza.

elDiario.es ha pedido una entrevista con AENOR —para tratar temas generales de la entidad, así como específicos de Llucmajor— que, sin embargo, ha declinado concederla. En su lugar, ha ofrecido a este medio enviar consultas por escrito, que no han sido respondidas en el momento en que se publica esta noticia. Entre otras cuestiones, a AENOR se le pregunta si la auditoría del 20 de mayo fue por sorpresa o pactada con antelación —y en caso de que fuera pactada, con cuánta antelación—, y si las imágenes grabadas por las entidades animalistas son compatibles con el sello de bienestar animal Welfair. Avícola Son Perot se ha limitado a contestar a elDiario.es: “Esto mejor que le preguntes a Aenor para mayor transparencia. Gracias”.

Cómo funciona AENOR

En su web, AENOR explica el proceso de certificación y los pasos que una empresa tiene que dar para conseguirla. “La certificación es el reconocimiento al trabajo en equipo, al esfuerzo de las organizaciones y empresas”, empieza señalando la empresa. Para conseguir el certificado, primero, hay que solicitar un presupuesto a AENOR para que la entidad te mande una “oferta personalizada y sin compromiso”. Segundo, es necesaria una aceptación de la oferta para empezar “el proceso de certificación”. Tercero, la asignación del equipo auditor y planificación de auditoría.

En esta parte del proceso, AENOR te comunica el nombre del técnico responsable de tu certificación. Éste, señala la empresa, te asignará un equipo auditor, que contactará contigo “para planificar la auditoría”. Cuarto: momento en que llega la fecha prevista. El equipo auditor, afirma la entidad, visita las oficinas de la empresa auditada, “evaluando las no conformidades o desviaciones” y también los “puntos fuertes”. A partir de aquí, los expertos de AENOR determinan el “alcance”, con el objetivo de “acotar” la aplicación del sistema de gestión y los requisitos de la evaluación a realizar. El último día de auditoría, el equipo auditor elaborará “un informe de auditoría, que leerá ante tu organización en una reunión final”.

Finalmente, se prepara un “plan de acciones correctivas” en el que la organización auditada tiene un plazo de 30 días para presentarlo, a partir de las “desviaciones detectadas durante la auditoría”. Si el equipo auditor considera que las “acciones correctivas” aplicadas son las adecuadas, emitirá “una propuesta de concesión del certificado”. Si no lo fueran, pedirá a la organización una “revisión” del plan. El auditor propone su decisión al comité de Evaluación y Decisión, que tiene la decisión final. Una vez aprobada la concesión del certificado, “se emite y envía a la organización” junto con la licencia de uso de la marca de AENOR.

La auditoría se produce seis días antes de la difusión de las imágenes

Antes de la publicación de la primicia de este diario, que desvelaba el estado del interior de la granja de Llucmajor, Avícola Son Perot, tras haber sido consultada, afirmó que la explotación avícola había superado —a falta de presentar documentación— una auditoría de AENOR el 20 de mayo. Es decir, seis días antes de la revelación de las imágenes grabadas —entre los días 21 y 29 de abril— por las entidades de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal.

“Avícola Son Perot reafirma su compromiso con el bienestar animal y la legalidad de sus instalaciones”, afirmó la empresa a este diario en referencia a las instalaciones de Llucmajor. “Todas nuestras granjas, incluyendo la de Llucmajor, están sometidas a rigurosos controles internos y externos. En particular, contamos con la certificación en Bienestar Animal Welfair, otorgada por AENOR, uno de los organismos de evaluación más reconocidos a nivel europeo”, explicaba Avícola Son Perot. “De hecho, el pasado martes 20 de mayo se llevó a cabo la auditoría anual correspondiente en la granja de Llucmajor, superándose con normalidad”, destacaron las mismas fuentes.

Además, señalaban que reciben “inspecciones periódicas por parte de los servicios veterinarios y técnicos de la Administración Balear, cumpliendo siempre con los estándares de calidad, seguridad y bienestar exigidos por la normativa vigente”. Las mismas fuentes añadían que esta certificación está vigente hasta noviembre del 2025, y que la inspección de renovación, realizada el 20 de mayo por responsables de AENOR, fue inicialmente “positiva” a falta de completar la documentación.

Sin embargo, las imágenes grabadas —entre el 21 y 29 de abril— por las asociaciones de protección medioambiental y animal narran una situación muy distinta. Las imágenes muestran que los animales se encuentran en condiciones penosas. Las gallinas vivas conviven con decenas de cadáveres en diferentes estados de descomposición, incluso con esqueletos y otros animales, como ratas (vivas o envenenadas) y erizos. Las organizaciones alertan de que la presencia de otras especies en la granja puede conllevar “riesgo de transmisión de enfermedades a humanos”, como la salmonella (intoxicación alimentaria) o la leptospirosis (infección de la sangre), entre otras.

Por estos motivos, las entidades presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears por presuntos delitos de estafa, contra la salud pública y de abandono animal por falta de supervisión veterinaria. Para probarlo, depositaron un vídeo de más de tres horas de duración. Cabe señalar que las imágenes grabadas por ambas entidades contaban con pruebas de GPS y fechas de periódicos locales que fueron consultadas y verificadas por este diario. Este periódico ha comprobado que esa denuncia se registró el 21 de mayo sobre las 9 de la mañana, según confirmaron fuentes del Ministerio Público.

Avícola Son Perot dice que las imágenes están “manipuladas”

La versión de la empresa sobre estas imágenes es distinta. En una primera versión, portavoces de la granja afirmaron a este diario, antes de la publicación de la primera noticia, que las imágenes que tenía este diario no se correspondían a sus instalaciones, y que la información era falsa. Tras la publicación de la investigación, la empresa ha reconocido implícitamente que sí son sus instalaciones. Pese a todo, consideran que las imágenes grabadas son “producto de una manipulación” de las entidades de protección medioambiental y animal.

En declaraciones a Europa Press, el director general de la empresa Avícola Son Perot, Gorka Moreno, no ha confirmado —aunque tampoco ha descartado— que las imágenes difundidas por las entidades ARDE y Satya Animal, en las que se veían a gallinas vivas conviviendo con cadáveres, ratas y suciedad extrema, correspondan a su explotación. Moreno ha tildado de “sensacionalistas y extremistas” y ha afirmado que lo que se puede ver en ellas no es el “día a día” de la empresa. Desde la empresa han acusado a los colectivos animalistas de “manipulación” y de generar una sensación de “alarmismo”. “Todas las granjas por dentro son iguales”, han esgrimido. El director general de la explotación, no obstante, ha reconocido que en los vídeos difundidos se observan, en parte, sus instalaciones y algunas de sus etiquetas.

Al principio, la empresa negó a elDiario.es que las imágenes fueran suyas. Ahora, ha reconocido implícitamente que sí son sus instalaciones. Pese a todo, consideran que las imágenes grabadas son “producto de una manipulación” de los animalistas

Visita a la granja de Son Perot

elDiario.es visitó el pasado miércoles la explotación después de que la empresa ofreciese a los medios poder acudir a la misma para comprobar in situ que “cumplen la ley”. Una vez puestos los monos desechables pertinentes, la visita arranca –y pretenden que finalice– en la nave 1 de las siete con las que cuenta Son Perot en Llucmajor. Sin embargo, el complejo que muestra inicialmente el director general de Son Perot, Gorka Moreno, visiblemente acondicionado, no se corresponde con aquellos sobre los que recaen las sospechas de los animalistas: la nave 2, la 6 y la 7.

Durante el recorrido, Moreno, acompañado por el responsable de comunicación externo de la empresa, defiende que la macrogranja cumple la legislación vigente en cuanto al mantenimiento de las gallinas ponedoras, así como de sus condiciones de alojamiento y bienestar. Insiste en que las condiciones en las que conviven las aves son las “normales” para una explotación como la de Son Perot, señala que cuenta con el certificado de bienestar animal –vigente hasta noviembre de este año, según aclara el director general– y que pasan todos los controles veterinarios, además de colaborar con los inspectores de la Conselleria de Agricultura del Govern y los agentes del Seprona.

Tras realizar el pediluvio en peróxido –medida de bioseguridad dirigida a prevenir la propagación de enfermedades y eliminar la suciedad, incluyendo posibles patógenos, que podrían estar adheridos a la suela del calzado–, elDiario.es accede a la nave 1, que cuenta con unas 16.000 gallinas tipo 2 o de suelo, es decir, que pueden moverse libremente aun sin acceso al exterior. Cientos de gallinas revolotean en torno a los visitantes en busca del brillo de sus trajes y los picotean mientras el responsable explica el sistema de distribución de las aves, que se mueven por distintos niveles de estructuras. Las cintas transportadoras para la recolección de huevos funcionan con normalidad, y los animales cuentan con bebederos y comederos.

A diferencia de las jaulas, prohibidas para nuevas instalaciones en la UE desde 2012, estos sistemas permiten el desplazamiento de las aves, pero concentran una gran cantidad de individuos en un espacio limitado. La densidad legal máxima es de 9 gallinas por metro cuadrado en interiores, y de 2.500 por hectárea en el exterior, en el caso de gallinas camperas.

La empresa: “Esta es la vida de una granja avícola habitual”

“Esta es la vida de una granja avícola habitual”, incide Moreno. Ante la menor movilidad o la visible pérdida de pelaje que presentan muchas de ellas, explica que tienen 83 semanas, etapa en la que comienza a decaer su rendimiento así como la producción de huevos. “Están un poco mayores”, comenta. Es entre las 17 y las 23 el periodo en el que las gallinas están en su máximo esplendor.

Tras recorrer la instalación, este medio pide al gerente de Son Perot visitar las naves en las que las entidades animalistas han puesto el foco. Moreno alega falta de tiempo, señala que debe entrar en directo para una televisión local y que el representante de una cadena de supermercados se encuentra en esos momentos en la finca. También comenta que son las instalaciones que están más lejos y que es necesario ir en coche. Sin embargo, finalmente accede a la solicitud de elDiario.es y acompaña a los redactores hasta las naves 6 y 7. Son de gallinas camperas y, al llegar, muchas de ellas se cobijan en la sombra ante el calor abrasador que ya azota por la mañana.

Gallinas camperas hacinadas en el interior

Mientras tanto, el director general, en línea de declaraciones que ha efectuado estos días, defiende que, al ver las fotografías difundidas, “da la sensación de que es un mix de imágenes de diferentes sitios que se confunden cuando interesa”. “No me creo que en diez minutos aparezca un erizo o una rata, con flashbacks al final”, señala. Al acceder a la nave 7, de nuevo el ritual del pediluvio. Una vez dentro, el contraste con la primera instalación es evidente. Las gallinas se encuentran visiblemente hacinadas pese a tratarse de aves con acceso al exterior, aunque la dirección asevera que se respetan las densidades máximas.

En medio del tumulto, varias de ellas descansan. “Puede haber algunas que estén dándose baños de arena o incluso que estén incubando”, explica Moreno, mientras el responsable de comunicación desliza: “Para mí es la misma foto [que la de la nave 1], pero si así os quedais más tranquilos...”. La oscuridad se cierne sobre las aves. Desde la dirección insisten en que hay que diferenciar entre imágenes aisladas y la realidad general del funcionamiento de una explotación con decenas de miles de animales.

Tras ello, este periódico pide poder ver la nave 6. Del mismo modo que en la anterior, las gallinas se encuentran amontonadas en varios niveles, pero el responsable de Son Perot insiste en que cumplen la legislación vigente para las aves criadas en libertad –como son las destinadas a la producción de huevos camperos–. En este caso, la normativa exige, entre otros requisitos, que las gallinas tengan acceso permanente a espacios exteriores durante el día, con una densidad máxima de 2.500 aves por hectárea en el área al aire libre, y un máximo de 9 gallinas por metro cuadrado en el interior de los alojamientos.

Queda la nave 2, destinada a las gallinas en jaula. Al acudir hacia la misma, la empresa pide, en atención a su política, no sacar ninguna imagen de las jaulas. “No es porque estén mal atendidas, sino porque es una práctica que estamos quitando. Estamos apostando por suelo y por camperas”, aclaran. Se trata de una modalidad de cría en retroceso en la Unión Europea y prohibida para nuevas instalaciones desde 2012. Con todo, en medio de la oscuridad, miles de aves conviven amontonadas y el suelo de algunas zonas se encuentra cubierto de excrementos, plumas y restos de pienso. La dirección incide en que ya no abogan por este tipo de cría. “Lo que veis es una reminiscencia del pasado de la empresa”, sentencian.

“Soc la quarta generació i cinquena no n'hi haurà”. Miguel Gomila és mestre fuster i ha seguit la tradició familiar. “És el que he vist sempre”, diu Miguel, alhora que assegura que el seu fill ja té clar que no seguirà amb el taller. “Estudiaran fora i agafen altres camins”, explica. Des de petit, voletejava pel taller i, amb 12 anys, abans d'anar a jugar a futbol amb els amics, ajudava el seu pare pintant les portes. “Sempre m'ha agradat aquesta feina i la segueixo gaudint”, diu a dos mesos de fer els 65 anys.

Serà al desembre quan es pugui jubilar, però no ho farà. “Aguantaré almenys un any més”, apunta Miguel, “tot i que treballant una mica menys, això sí”. Va començar al taller amb el seu pare als 23 anys, després de fer la mili. Aleshores, hi havia vuit fusters només a Mercadal (Menorca). Més de 25 repartits per tota l'illa. “Ara només som quatre o cinc que fem barreres artesanals a tot Menorca, i dues ja tenim una edat”, matisa.

No només ha canviat el nombre de fusters, també els treballs. S'han especialitzat en barreres per a les finques, però abans eren els fusters del camp. “Carros, utensilis, tot el que et puguis imaginar que s'utilitza a l'agricultura, nosaltres ho fèiem en fusta”, explica. Però la feina al camp ha canviat, també va a menys i ara només fan aquestes portes de camp tan característiques a les Balears.

“La més llunyana que he fet és a Suècia, ara tinc una comanda per a Suïssa i em fan encàrrecs per a Itàlia, França i Alemanya”, explica Miguel. “Si em donessin 50 cèntims per cada turista que es para al taller a fer fotos, em pago un viatge al final de temporada”, diu somrient Miguel. “A vegades no els deixo passar, vénen en grups de 40 persones i tinc màquines al taller que poden ser un perill”, matisa. Però per a ell és una “manera que la resta d'Europa vegi què fem aquí i com som, i és una satisfacció quan em van enviar una fotografia de Suècia amb tot nevat i la meva barrera”.

Si em donessin 50 cèntims per cada turista que es para al taller a fer fotos, em pago un viatge al final de temporada. A vegades no els deixo passar, vénen en grups de 40 persones i tinc màquines al taller que poden ser un perill. És una manera que la resta d'Europa vegi què fem aquí i com som, i és una satisfacció quan em van enviar una fotografia de Suècia amb tot nevat i la meva barrera

Miguel Gomila — Fuster

Miguel explica que la feina que fa s'aprecia ara molt més que quan va començar: “Hi va haver uns anys en què la feina va baixar força, la gent no la valorava, es veia com una cosa antiga i van començar a col·locar les barreres de ferro, però el temps ha demostrat que duren molt, són boniques i, en potenciar la paret seca, han esdevingut imatge també de Menorca”.

També s'ha adaptat als nous temps i si la barrera que li demanen és per a la porta d'entrada d'alguna finca, hi col·loca automatismes. “Tenim molta feina, perquè som pocs”, afegeix Miguel. I el pare, amb 95 anys, segueix passant cada dia pel taller. “És un ofici molt creatiu, per això em va enganxar”, explica el mestre artesà. “Amb una barrera pots fer mil i una coses, com capçaleres de llit o baranes interiors, queden molt boniques”, explica. Gairebé tota la feina és manual. Miguel puntualitza que té alguna màquina per tallar fusta, “però és molt bàsica”. “No tothom pot seure davant d'un ordinador i treballar, algú haurà de fer aquests treballs, si no es perdran tots els tallers i algú haurà de sembrar la terra, sinó de què menjarem”, reflexiona el mestre fuster.

No tothom pot seure davant d'un ordinador i treballar, algú haurà de fer aquests treballs, si no es perdran tots els tallers i algú haurà de sembrar la terra, sinó de què menjarem

Miguel Gomila — Fuster

Pedro, tercera generació d'enquadernadors

Pedro Reinés cus unes pàgines amb la mateixa màquina que ho feia el seu avi el 1939. És la tercera i última generació d'una família d'enquadernadors artesanals. “És una feina sense futur, com el paper”, explica Pedro des del seu petit taller al centre de Palma. El regenta en solitari des de fa 41 anys, quan va agafar el relleu del seu pare. Té 62 anys. “Intentaré sobreviure aquests tres anys com sigui i, si hi ha feina, miraré les condicions de la jubilació activa per seguir un parell d'anys més i segons què, doncs continuo o s'ha acabat”, relata Pedro a elDiario.es.

Enquadernacions Reinés forma part dels comerços emblemàtics de Palma i fins i tot Pedro assegura no conèixer més enquadernadors a Mallorca. “Algun d'oïdes, però ja estan jubilats i han tancat i no és un negoci per obrir-ne un de nou”, explica Pedro. “Si hagués de començar ara, no aguantaria les quatre dècades que he treballat”, reflexiona l'artesà.

És un treball sense futur, com el paper. Intentaré sobreviure aquests tres anys com sigui i, si hi ha treball, miraré les condicions de la jubilació activa per a seguir un parell d'anys més

Pedro Reinés — Enquadernador

L'avi matern de Pedro va iniciar la saga d'enquadernadors. El seu pare, Salvador, era músic professional, saxofonista, i treballava de nit, dedicant les hores lliures del dia a aprendre l'ofici, convertint-se en la segona generació i la que traspassaria el coneixement de cosir els quadernets, enganxar les guardes, tallar les tapes, manejar la guillotina i compondre les lletres de plom per fer els textos dels gravats al seu fill Pedro, actual propietari d'Encuadernaciones Reinés.

“Fa 30 anys hi havia moltíssims encàrrecs amb els fascicles dels diaris i ara cada cop hi ha menys feina, els joves són digitals”, exposa Pedro. “Un dia vaig pensar”, rememora, “el dia que els diaris canviïn els fascicles per mitjons, adéu negoci, però ha estat la tecnologia”. Però no només dels col·leccionables de la premsa escrita vivia l'enquadernador, també de les memòries dels col·legis professionals, la documentació dels ajuntaments, els llibres de comptabilitat de les empreses, el Butlletí Oficial de l'Estat o l'Aranzadi dels advocats. Van passar del paper a la via telemàtica i, tret d'algun clàssic que el vol físic, “ja ningú no enquaderna aquests documents”, explica Pedro.

Els seus encàrrecs actuals tenen un halo de nostàlgia, record i conservació. Llibres antics esfilagarsats pel pas de les dècades, aquells fascicles oblidats al fons d'un armari, llibres de firmes per a ocasions especials, els còmics de la infància, àlbums de fotografies, exemplars de revistes o alguna tesi doctoral. Les editorials cusen a màquina, Pedro ho segueix fent a mà. “I fan tallers on aprendre, però com a afició, no per dedicar-t'hi professionalment”, prossegueix.

També han canviat els materials amb el transcurs dels anys. “Faig molt pocs treballs amb les tapes de pell”, afirma Pedro. “I cada cop hi ha menys distribuïdors, ara he de demanar el guaflex per Internet i és difícil encertar amb les tonalitats quan només la veus a la pantalla”, critica l'enquadernador. Abans també gravava a mà, ara aquest utensili decora casa seva i utilitza una màquina “perquè totes les paraules quedin rectes”, detalla. I és que, “si mirem els llibres antics, amb les portades gravades a mà, veuràs que no estan simètriques, és molt difícil fent-ho a pols”, explica Pedro.

És una feina que cal fer sense presses. Pedro recorda que va veure un documental per la televisió en què un enquadernador deia “aquesta feina cal fer-ho a poc a poc i, si no ho fas a poc a poc, després entendràs per què t'he dit que havies de fer-ho a poc a poc, i és que si ho fas amb presses, et sortirà malament i ho has de tornar a fer tot”.

De gener a juliol és quan Pedro té més encàrrecs. “Són feines que duren diverses setmanes i estic entretingut, però hi ha setmanes que no entra ningú al taller”, emfatitza l'enquadernador. “Si puc seguir obert és perquè no pago lloguer, la finca era del meu avi i, estant al centre de Palma, seria inassumible el cost d'aixecar la persiana cada dia”, relata la tercera i última generació d'Encuadernaciones Reinés.

“Ara ho porteu tot allà ficat”, diu Pedro mentre assenyala el mòbil de la periodista. “Si vols mirar fotos de fa uns anys, quan el teu fill era petit, ensenyar-les, que les tingui, o no les trobes o les has perdut, és molt diferent quan tens alguna cosa física, el paper queda”, exposa l'enquadernador amb un mòbil que només serveix per trucar.

'Hi ha setmanes que no entra ningú en el taller. Ara ho porteu tot aquí ficat', diu Pedro mentre assenyala el mòbil de la periodista. El seu només serveix per a cridar

José, el sabater accidental

José Gómez va començar com a sabater de causalitat als 15 anys. I ja van tres dècades amb el taller de reparació a la barriada Camp d'en Serralta de Palma. Ajudava el seu germà per pagar-se les despeses, li va agradar i va decidir dedicar-se a aquest ofici, que ha canviat molt amb el pas dels anys. “Abans les sabates eren de més qualitat i hi havia més cultura de comprar calçat que durés, ara porten una sabata a la temporada i, quan es trenca, es tira”, explica José. “La moda és portar sabates de colors que combinin amb això o allò, gairebé tots són sintètics i alguns costen tan poc que ni compensa arreglar-los”, afegeix el sabater.

Però també ha baixat la qualitat del calçat. “Els processos d'elaboració s'han disparat i això repercuteix en els acabats de les sabates, són molt pitjors, però no són barats”, exposa José. “Ara costa trobar un taló que sigui massís, gairebé tots estan buits”, matisa el sabater. Recorda la tradició sabatera de l'illa, amb grans marques que han deslocalitzat les fàbriques i que el material que es treballava era la pell, “i estaven a preus raonables”, rememora.

Les tapes i soles continuen sent els arranjaments més habituals que sol·liciten els clients, “però fa anys el treball era més net, perquè les sabates eren de més qualitat”, remarca el sabater, qui afegeix que ara ha de “pegar moltes sabates, ja no estan cosides i duren menys”. José conta que, quan arriba l'època de vacances, sempre té “diversos clients que paren de camí a l'aeroport, amb les maletes preparades, perquè els pegui les soles d'un parell de sabates que volen emportar-se, que d'estar guardats fins a la temporada següent s'han enlairat per complet en ser sintètics”. Reconeix que és dels treballs més complicats que té perquè “cal netejar-ho, gratar bé per a poder encolar i no es cobra el temps que realment porta”.

La mitjana diària de clients d'aquest taller de reparació de calçat és d'unes trenta persones. “Més a l'hivern que a l'estiu”, compta José. “Portem sabata tancada, botes, patines amb la pluja i són més freqüents els arranjaments que d'espardenyes o sandàlies d'estiu que, si es deixa anar una tira, ni es plantegen arreglar-la”, comenta. Aquest sabater sol treure la màquina de cosir per a les bosses i és que, avui dia, “hi ha poca sabata ben cosida, la majoria venen pegades”. Encara que continua tenint algun encàrrec que requereix costura a mà, com antany.

El que més li agrada d'aquest ofici és que sempre està aprenent. “Un ofici minuciós, variat i entretingut si t'agrada treballar amb les mans”, afegeix. Recorda que fa uns dos anys va anar al col·legi del seu fill a explicar la feina. Va portar un martell, alguns claus i mostres de diferents teixits. Els professors li van explicar que tots els nens de la classe volien ser sabaters. “I és veritat que sona romàntic, entranyable, per una banda m'agradaria que seguís el meu fill amb el taller, però, de l'altra, prefereixo que es guanyi la vida d'una altra manera”, comenta el sabater.

Sona romàntic, entranyable. D'una banda, m'agradaria que seguís el meu fill amb el taller, però, per una altra, prefereixo que es guanyi la vida d'una altra manera

José Gómez — Sabater

En els seus 30 anys de trajectòria hi ha una anècdota que mai no oblidarà. “Em van portar unes sabates i em van insistir molt en si les podia netejar al moment, que els corria molta pressa i és que aquest parell eren per a un mort que ja era al tanatori”, explica José. “Al mort li agradava portar sempre ben arreglades les sabates i així ho va voler la família també per acomiadar-lo”, apunta.

A les prestatgeries del seu taller hi ha algun parell de sabates oblidades per algun client despistat. “Quan passa, que passa poc, els dono a l'església de Sant Sebastià, la del barri, o els dono a un noi que els ven al mercat”, explica José. I una darrera curiositat: què tenen a veure les claus amb les sabates? “Res”, explica el sabater, “un, que era més llest que la resta, ho va provar, va anar bé i els altres li seguim el corrent”.

Miquel, l'últim moliner de Mallorca

“Em diuen l'últim moliner, però ho he d'explicar, jo no soc moliner, soc fuster”, explica Miquel Ramis, l'únic restaurador de molins que queda a Mallorca. “Abans, els fusters i ferrers feien de tot, el meu pare tenia una fusteria i, juntament amb el ferrer veí, arreglaven molins, carros, barreres, persianes, fins que em vaig especialitzar i vaig dedicar en exclusiva a la restauració”, apunta. És la tercera generació dedicada a la fusta, en marxa des del 1952 quan el seu avi, per motius de salut, va aprendre l'ofici.

A Mallorca hi ha més de 3.000 molins. “Si els hagués d'arreglar tots, tindria feina per a diverses vides, però el molí ha perdut la seva utilitat, estan en desús i als propietaris els ve just mantenir-los”, assegura Miquel. Per això, els seus principals clients són hotels, restaurants o propietaris de finques amb alt poder adquisitiu i “algun altre enamorat dels molins que repara ell el que pot i, on no arriba, ens ho mana a nosaltres”, explica el restaurador a elDiario.es.

El seu treball de restauració és principalment decoratiu, no perquè els antics molins recuperin la seva funcionalitat. “Només un 5% dels molins estan bé, la resta estan en estat ruïnós”, calcula Miquel, que assegura que, “dels 1.500 molins que hi ha al Prat de Sant Jordi, no n'hi ha ni 70 que conservin totes les aspes i la cua”. “Digues-li a un nen mallorquí que pinti un molí, el dibuixarà en ruïnes”, es lamenta Miquel.

Tot i l'elevat nombre de molins mallorquins, per a aquest restaurador el més difícil és “el dia a dia d'aguantar el taller, buscar feina i donar-te a conèixer, amb els enemics de Riscos Laborals i Hisenda, que em compliquen seguir”. “M'obliguen a canviar les màquines del meu avi, perquè les modernes tenen frens, protectors, més seguretat, però tallen un dit igual i funcionen molt pitjor”, critica Miquel.

Tot i l'estat d'abandonament de la immensa majoria dels molins mallorquins, són una imatge molt aprofitada i representativa de l'illa. Fins al punt que el Miquel els compara amb la sobrassada i l'ensaïmada. “Els molins d'extracció d'aigua són molt peculiars, molt nostres i els estem perdent, quan no fa tant estaven funcionant, que jo de petit els he vist”, puntualitza Miquel. Però és que si el camp desapareix, els molins també. “Si et fallava el ruc i el molí, estaves perdut, s'havia de córrer per arreglar-ho”, recorda el Miquel d'un temps no tan llunyà.

Recorda que, els dies ventosos de la seva infància, només calia mirar per la finestra per saber d'on venia el vent i “ara costa trobar un molí que tingui cua i giri bé”. Unes experiències que, encara que no viuen els dos fills, sí que li agradaria que fossin la quarta generació de restauradors de molins. “Encara que també em costa que passin per totes aquestes dificultats, hem tingut moments molt complicats i el consell que els dono és que estudiïn i que triïn allò que els agradi”, reflexiona Miquel.

Demana que es valori més el patrimoni i explica que “les persones de fora fan més per la seva conservació que els d'aquí”. Dotar de nous usos a aquests vells molins oblidats és una de les solucions per al fuster, que forma part d'un innovador projecte per reconvertir-los en generadors d'electricitat. S'acomiada recordant que va començar jugant amb les fustes al taller del seu avi, que acompanyava el seu pare per veure muntar les diferents peces dels molins i que ara és ell qui restaura aquestes aspes, en alguns casos, de més de tres metres.

“Soy la cuarta generación y quinta no habrá”. Miguel Gomila es maestro carpintero y ha seguido la tradición familiar. “Es lo que he visto siempre”, dice Miguel, a la vez que asegura que su hijo ya tiene claro que no seguirá con el taller. “Van a estudiar fuera y cogen otros caminos”, explica. Desde niño, revoloteaba por el taller y, con 12 años, antes de ir a jugar al fútbol con los amigos, ayudaba a su padre pintando las puertas. “Siempre me ha gustado este trabajo y lo sigo disfrutando”, dice a dos meses de cumplir los 65 años.

Será en diciembre cuando pueda jubilarse, pero no lo hará. “Aguantaré al menos un año más”, apunta Miguel, “aunque trabajando un poco menos, eso sí”. Empezó en el taller con su padre a los 23 años, después de hacer la mili. Por aquel entonces, había ocho carpinteros solo en Mercadal (Menorca). Más de 25 repartidos por toda la isla. “Ahora apenas somos cuatro o cinco que hagamos barreras artesanales en toda Menorca, y dos ya tenemos una edad”, matiza.

No solo ha cambiado el número de carpinteros, también los trabajos. Se han especializado en barreras de acebuche para las fincas, pero antes eran los carpinteros del campo. “Arados, carros, utensilios, todo lo que te puedas imaginar que se utiliza en la agricultura, nosotros lo hacíamos en madera”, explica. Pero el trabajo en el campo ha cambiado, también va a menos y ahora solo hacen esas puertas de campo tan características en Balears.

“La más lejana que he hecho está en Suecia, ahora tengo un pedido para Suiza y me hacen encargos para Italia, Francia y Alemania”, explica Miguel. “Si me dieran 50 céntimos por cada turista que se para en el taller a hacer fotos, me pago un viaje al final de temporada”, dice sonriendo Miguel. “A veces no los dejo pasar, vienen en grupos de 40 personas y tengo máquinas en el taller que pueden ser un peligro”, matiza. Pero para él es una “manera de que el resto de Europa vea lo que hacemos aquí y cómo somos, y es una satisfacción cuando me mandaron una fotografía de Suecia con todo nevado y mi barrera”. 

Si me dieran 50 céntimos por cada turista que se para en el taller a hacer fotos, me pago un viaje al final de temporada. A veces no los dejo pasar, vienen en grupos de 40 personas y tengo máquinas en el taller que pueden ser un peligro. Es una manera de que el resto de Europa vea lo que hacemos aquí y cómo somos, y es una satisfacción cuando me mandaron una fotografía de Suecia con todo nevado y mi barrera

Miguel Gomila — Carpintero

Miguel cuenta que el trabajo que hace se aprecia ahora mucho más que cuando empezó: “Hubo unos años en que el trabajo bajó bastante, la gente no lo valoraba, se veía como una cosa antigua y empezaron a colocar las barreras de hierro, pero el tiempo ha demostrado que duran mucho, son bonitas y, al potenciar la pared seca, se han convertido en imagen también de Menorca”.

También se ha adaptado a los nuevos tiempos y si la barrera que le piden es para la puerta de entrada de alguna finca, colocan automatismos. “Tenemos mucho trabajo, porque somos pocos”, añade Miguel. Y su padre, con 95 años, sigue pasando cada día por el taller. “Es un oficio muy creativo, por eso me enganchó”, explica el maestro artesano. “Con una barrera puedes hacer mil y una cosas, como cabeceros de cama o barandillas interiores, quedan muy bonitas”, cuenta. Casi todo el trabajo es manual. Miguel puntualiza que tiene alguna máquina para cortar madera, “pero es muy básica”. “No todo el mundo puede sentarse delante de un ordenador y trabajar, alguien tendrá que hacer estos trabajos, si no se perderán todos los talleres y alguien tendrá que sembrar la tierra, si no de qué vamos a comer”, reflexiona el maestro carpintero.

No todo el mundo puede sentarse delante de un ordenador y trabajar, alguien tendrá que hacer estos trabajos, sino se perderán todos los talleres y alguien tendrá que sembrar la tierra, sino de qué vamos a comer

Miguel Gomila — Carpintero

Pedro, tercera generación de encuadernadores

Pedro Reinés cose unas páginas con la misma máquina que lo hacía su abuelo en 1939. Es la tercera y última generación de una familia de encuadernadores artesanales. “Es un trabajo sin futuro, como el papel”, explica Pedro desde su pequeño taller en el centro de Palma. Lo regenta en solitario desde hace 41 años, cuando tomó el relevo de su padre. Tiene 62 años. “Intentaré sobrevivir estos tres años como sea y, si hay trabajo, miraré las condiciones de la jubilación activa para seguir un par de añitos más y según qué, pues continúo o se acabó”, relata Pedro a elDiario.es. 

Encuadernaciones Reinés forma parte de los comercios emblemáticos de Palma y hasta Pedro asegura no conocer a más encuadernadores en Mallorca. “Alguno de oídas, pero ya están jubilados y han cerrado y no es un negocio como para abrir uno nuevo”, explica Pedro. “Si tuviese que empezar ahora, no aguantaría las cuatro décadas que llevo trabajando”, reflexiona el artesano.

Es un trabajo sin futuro, como el papel. Intentaré sobrevivir estos tres años como sea y, si hay trabajo, miraré las condiciones de la jubilación activa para seguir un par de añitos más

Pedro Reinés — Encuadernador

El abuelo materno de Pedro inició la saga de encuadernadores. Su padre, Salvador, era músico profesional, saxofonista, y trabajaba de noche, dedicando las horas libres del día a aprender el oficio, convirtiéndose en la segunda generación y la que traspasaría el conocimiento de coser los cuadernillos, pegar las guardas, cortar las tapas, manejar la guillotina y componer las letras de plomo para hacer los textos de los grabados a su hijo Pedro, actual propietario de Encuadernaciones Reinés. 

“Hace 30 años había muchísimos encargos con los fascículos de los periódicos y ahora cada vez hay menos trabajo, los jóvenes son digitales”, expone Pedro. “Un día pensé”, rememora, “el día que los periódicos cambien los fascículos por calcetines, adiós negocio, pero ha sido la tecnología”. Pero no solo de los coleccionables de la prensa escrita vivía el encuadernador, también de las memorias de los colegios profesionales, documentación de los ayuntamientos, los libros de contabilidad de las empresas, el Boletín Oficial del Estado o el Aranzadi de los abogados. Pasaron del papel a la vía telemática y, salvo algún clásico que lo quiere físico, “ya nadie encuaderna esos documentos”, explica Pedro.

Sus encargos actuales tienen un halo de nostalgia, recuerdo y conservación. Libros antiguos deshilachados por el paso de las décadas, aquellos fascículos olvidados al fondo de un armario, libros de firmas para ocasiones especiales, los cómics de la infancia, álbumes de fotografías, ejemplares de revistas o alguna tesis doctoral. Las editoriales cosen a máquina, Pedro lo sigue haciendo a mano. “Y hacen talleres donde aprender, pero como afición, no para dedicarte a esto profesionalmente”, prosigue.

También han cambiado los materiales con el transcurso de los años. “Hago muy pocos trabajos con las tapas en piel”, afirma Pedro. “Y cada vez hay menos distribuidores, ahora tengo que pedir el guaflex por Internet y es difícil acertar con las tonalidades cuando solo lo ves en la pantalla”, critica el encuadernador. Antes también grababa a mano, ahora ese utensilio decora su hogar y utiliza una máquina “para que todas las palabras queden rectas”, detalla. Y es que, “si miramos los libros antiguos, con las portadas grabadas a mano, verás que no están simétricas, es muy difícil haciéndolo a pulso”, cuenta Pedro. 

Es un trabajo que hay que hacer sin prisas. Recuerda Pedro que vio un documental por la televisión en el que un encuadernador decía “este trabajo hay que hacerlo despacio y, si no lo haces despacio, después entenderás por qué te he dicho que tenías que hacerlo despacio, y es que si lo haces con prisas, te saldrá mal y lo tienes que volver a hacer todo”.

De enero a julio es cuando Pedro tiene más encargos. “Son trabajos que duran varias semanas y estoy entretenido, pero hay semanas que no entra nadie en el taller”, enfatiza el encuadernador. “Si puedo seguir abierto es porque no pago alquiler, la finca era de mi abuelo y, estando en el centro de Palma, sería inasumible el coste de levantar la persiana cada día”, relata la tercera y última generación de Encuadernaciones Reinés.

“Ahora lo lleváis todo ahí metido”, dice Pedro mientras señala el móvil de la periodista. “Si quieres mirar fotos de hace unos años, cuando tu hijo era pequeño, enseñárselas, que las tenga, o no las encuentras o las has perdido, es muy diferente cuando tienes algo físico, el papel queda”, expone el encuadernador con un móvil que solo sirve para llamar. 

'Hay semanas que no entra nadie en el taller. Ahora lo lleváis todo ahí metido', dice Pedro mientras señala el móvil de la periodista. El suyo solo sirve para llamar

José, el zapatero accidental

José Gómez empezó como zapatero de causalidad a los 15 años. Y ya van tres décadas con su taller de reparación en la barriada Camp d’en Serralta de Palma. Ayudaba a su hermano para pagarse sus gastos, le fue gustando y decidió dedicarse a este oficio, que ha cambiado mucho con el paso de los años. “Antes los zapatos eran de mayor calidad y había más cultura de comprar calzado que durase, ahora llevan un zapato en la temporada y, cuando se rompe, se tira”, explica José. “La moda es llevar zapatos de colores que combinen con esto o aquello, casi todos son sintéticos y algunos cuestan tan poco que ni compensa arreglarlos”, añade el zapatero.

Pero también ha bajado la calidad del calzado al que se le presupone. “Los procesos de elaboración se han disparado y eso repercute en los acabados de los zapatos, son mucho peores, pero no son baratos”, expone José. “Ahora cuesta encontrar un tacón que sea macizo, casi todos están huecos”, matiza el zapatero. Recuerda la tradición zapatera de la isla, con grandes marcas que han deslocalizado sus fábricas y que el material que se trabajaba era la piel, “y estaban a precios razonables”, rememora. 

Las tapas y suelas siguen siendo los arreglos más habituales que solicitan los clientes, “pero hace años el trabajo era más limpio, porque los zapatos eran de más calidad”, remarca el zapatero, quien añade que ahora tiene que “pegar muchos zapatos, ya no están cosidos y duran menos”. José cuenta que, cuando llega la época de vacaciones, siempre tiene “varios clientes que paran de camino al aeropuerto, con las maletas preparadas, para que les pegue las suelas de un par de zapatos que quieren llevarse, que de estar guardados hasta la temporada siguiente se han despegado por completo al ser sintéticos”. Reconoce que es de los trabajos más complicados que tiene porque “hay que limpiarlo, rascar bien para poder encolar y no se cobra el tiempo que realmente lleva”. 

La media diaria de clientes de este taller de reparación de calzado es de unas treinta personas. “Más en invierno que en verano”, cuenta José. Llevamos zapato cerrado, botas, patinas con la lluvia y son más frecuentes los arreglos que de alpargatas o sandalias de verano que, si se suelta una tira, ni se plantean arreglarla“, comenta. Este zapatero suele sacar la máquina de coser para los bolsos y es que, a día de hoy, ”hay poco zapato bien cosido, la mayoría vienen pegados“. Aunque sigue teniendo algún encargo que requiere costura a mano, como antaño.

Lo que más le gusta de este oficio es que siempre está aprendiendo. “No es A, B y C, tengo arreglos con agujeros en sitios impensables que tienes que escurrir el ingenio para poder repararlo”, dice José. “Es un oficio minucioso, variado y entretenido si te gusta trabajar con las manos”, añade. Recuerda que hace unos dos años fue al colegio de su hijo a explicar su trabajo. Llevó un martillo, algunos clavos y muestras de diferentes tejidos. Los profesores le contaron que todos los niños de la clase querían ser zapateros. “Y es verdad que suena romántico, entrañable, por un lado me gustaría que siguiera mi hijo con el taller, pero, por otro, prefiero que se gane la vida de otra manera”, comenta el zapatero.

Suena romántico, entrañable. Por un lado, me gustaría que siguiera mi hijo con el taller, pero, por otro, prefiero que se gane la vida de otra manera

José Gómez — Zapatero

En sus 30 años de trayectoria hay una anécdota que nunca olvidará. “Me trajeron unos zapatos y me insistieron mucho en si los podía limpiar al momento, que les corría mucha prisa y es que ese par eran para un muerto que ya estaba en el tanatorio”, cuenta José. “Al fallecido le gustaba llevar siempre bien arreglados sus zapatos y así lo quiso la familia también para despedirle”, apunta.

En las estanterías de su taller hay algún que otro par de zapatos olvidados por algún cliente despistado. “Cuando pasa, que ocurre poco, los dono a la iglesia de San Sebastián, la del barrio, o se los doy a un chico que los vende en el mercadillo”, cuenta José. Y una última curiosidad: ¿qué tienen que ver las llaves con los zapatos? “Nada”, explica el zapatero, “uno, que era más listo que el resto, lo probó, fue bien y los demás le seguimos la corriente”.

Miquel, el último molinero de Mallorca

“Me llaman el último molinero, pero tengo que explicarlo, yo no soy molinero, soy carpintero”, explica Miquel Ramis, el único restaurador de molinos que queda en Mallorca. “Antes, los carpinteros y herreros hacían de todo, mi padre tenía una carpintería y, junto con el herrero vecino, arreglaban molinos, carros, barreras, persianas, hasta que me especialicé y dediqué en exclusiva a su restauración”, apunta. Es la tercera generación dedicada a la madera, en marcha desde 1952 cuando su abuelo, por motivos de salud, aprendió el oficio.

En Mallorca hay más de 3.000 molinos. “Si los tuviese que arreglar todos, tendría trabajo para varias vidas, pero el molino ha perdido su utilidad, están en desuso y a los propietarios les viene justo mantenerlos”, asegura Miquel. Por eso, sus principales clientes son hoteles, restaurantes o dueños de fincas con alto poder adquisitivo y “algún que otro enamorado de los molinos que repara él lo que puede y, donde no llega, nos lo manda a nosotros”, cuenta el restaurador a elDiario.es.

Su trabajo de restauración principalmente es decorativo, no para que los antiguos molinos recuperen su funcionalidad. “Sólo un 5% de los molinos están bien, el resto están en estado ruinoso”, calcula Miquel, quien asegura que, “de los 1.500 molinos que hay en el Prat de Sant Jordi, no hay ni 70 que conserven todas las aspas y la cola”. “Dile a un niño mallorquín que pinte un molino, lo dibujará en ruinas”, se lamenta Miquel.

Pese al elevado número de molinos mallorquines, para este restaurador lo más difícil es “el día a día de aguantar el taller, buscar trabajo y darte a conocer, con los enemigos de Riesgos Laborales y Hacienda, que me complican seguir”. “Me obligan a cambiar las máquinas de mi abuelo, porque las modernas tienen frenos, protectores, más seguridad, pero cortan un dedo igual y funcionan mucho peor”, critica Miquel.

Pese al estado de abandono de la inmensa mayoría de los molinos mallorquines, son una imagen muy aprovechada y representativa de la isla. Hasta el punto de que Miquel los compara con la sobrasada y la ensaimada. “Los molinos de extracción de agua son muy peculiares, muy nuestros y los estamos perdiendo, cuando no hace tanto estaban funcionando, que yo de pequeño los he visto”, puntualiza Miquel. Pero es que si el campo desaparece, los molinos también. “Si te fallaba el burro y el molino, estabas perdido, había que correr para arreglarlo”, recuerda Miquel de un tiempo no tan lejano.

Recuerda que, en los días ventosos de su infancia, bastaba mirar por la ventana para saber de dónde venía el viento y “ahora cuesta encontrar un molino que tenga cola y gire bien”. Unas experiencias que, aunque no viven sus dos hijos, sí que le gustaría que fuesen la cuarta generación de restauradores de molinos. “Aunque también me cuesta que pasen por todas estas dificultades, hemos tenido momentos muy complicados y el consejo que les doy es que estudien y que elijan lo que les guste”, reflexiona Miquel.

Pide que se valore más el patrimonio y cuenta que “las personas de fuera hacen más por su conservación que los de aquí”. Dotar de nuevos usos a estos viejos molinos olvidados es una de las soluciones para el carpintero, quien forma parte de un innovador proyector para reconvertirlos en generadores de electricidad. Se despide recordando que empezó jugando con las maderas en el taller de su abuelo, que acompañaba a su padre para ver montar las diferentes piezas de los molinos y que ahora es él quien restaura esas aspas, en algunos casos, de más de tres metros.

Carlos Torres és cambrer des de fa més de 30 anys del Bar Bosch. “Una hora de pluja intensa és suficient perquè l'establiment s'inundi, tenim un canal dins del bar”, explica. El pendent de l'avinguda Jaume III, coneguda com la Milla d'Or de Palma, fa que es converteixi en un riu que desemboca a la Plaça de les Tortugues, al final del carrer, i el primer lloc on trenca és el Bar Bosch. Ell és un dels afectats que viu o treballa a les zones inundables de Palma: fins a 123.000 persones (el 25% de la població) resideixen en aquests espais i molts ni tan sols ho saben.

Carlos explica que és tan freqüent que l'aigua es coli dins del bar que “fins i tot els estrangers han estat aquí fent fora l'aigua”. Fa broma i diu que “treure aigua és una altra de les seves tasques com a cambrer”. Però també ressalta que els turistes “al·lucinen que això passi en una ciutat com Palma, no ho entenen, ells viuen en zones europees on plou més i no s'inunden els bars a la mínima”.

El Bar Bosch, a més, té un soterrani que pateix les conseqüències de cada pluja intensa. Per això, explica Carlos, tenen taules de fusta amb què bloquegen “l'entrada del bar, per intentar que no entri i segueixi carrer avall”. Aquest experimentat empleat atribueix aquests problemes a la manca de neteja i retirada de les fulles seques de la tardor als embornals, però també “a la brutícia en general de la ciutat, que tapona les clavegueres i, a més, són tan estretes que no poden abastar massa cabal”.

Assegura que el seu cap s'ha reunit en multitud d'ocasions amb l'Ajuntament de Palma, “però és igual el partit que governi, això no va de colors polítics, ningú fa res”. Carlos diu que és incapaç de fer recompte de les vegades que ha entrat aigua al Bar Bosch i que “fins i tot els clients més grans expliquen històries d'altres inundacions perquè ha passat sempre i seguirà passant”. El Consistori és el responsable del manteniment del curs del torrent que discorre dins el terme municipal, el de Sa Riera, i la resta és competència del Govern balear.

“Quan parlem de neteja, vol dir que alguna cosa està bruta i, parlant de torrents, excepte l'acumulació aportada per gent poc cívica, la vegetació no és brutícia”, explica Joan Estrany, professor de Geografia Física de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i director de RiscBal. Els torrents constitueixen un dels ecosistemes més importants en entorns mediterranis perquè són vies de comunicació de biodiversitat, de transport d'aigua, de nutrients, de sediment i permeten completar el cicle de l'aigua i, “d'aquest cicle, nosaltres també n'extraiem beneficis ecosistèmics, per tant, la vegetació que hi ha dins dels torrents ha de ser conservada”, explica Estrany.

Però no s'ha conservat, i per això la vegetació actual dels torrents no compleix una de les seves funcions més importants per a l'ésser humà: frenar la força amb què l'aigua arriba a les zones habitades. La predominant als torrents de Balears avui dia és vegetació ruderal. L'expert explica que “creix quan no hi ha res i entrem al cercle viciós d'eliminar-la cada vegada, quan s'hauria de potenciar una vegetació de ribera per tenir un equilibri entre els sediments que transporta i que l'aigua es lamini per la vegetació pròpia, perquè no corri més ràpid i no arribi a les zones urbanes amb molta més velocitat, perquè hem construït en zones inundables i el problema serà molt més gran”.

“La solució no és el formigó”

El llibre La vegetació de Mallorca i Cabrera recull una cita del mestre Oriol de Bolòs sobre l'evident expansió de la vegetació ruderal, vinculada al creixement humà, i assegura que “si l'home no canvia radicalment la manera de procedir i no realitza esforços importants encaminats a la conservació del patrimoni natural que encara disposa, aquestes comunitats ruderals, menyspreades sovint com a immundes i banals, representaran la vegetació del futur”.

Per a Estrany, la vegetació òptima que es pot instal·lar són “arbres de fulla caduca o alzinars, que proporcionen ombra que evita que al propi llit del torrent creixi aquesta vegetació ruderal, proporciona unes arrels que permeten mantenir els marges per laminar aquestes crescudes, evitar que l'aigua corri massa ràpid i es vagi dispersant abans d'arribar a les zones més baixes”.

Són les anomenades solucions basades en la natura, un concepte “molt en voga”, afegeix Estrany, “als països més avançats des d'un punt de vista de gestió integrada de conques de drenatge” i “no solucions basades en el formigó”, en eliminar constantment la vegetació, sinó aconseguir “un equilibri molt més gran considerant que les zones inundables que hem ocupat amb urbanitzacions hi són i això ja té poc remei”.

El 25% de la població de Palma, en zona inundable

Per a mostra, un botó. La ciutat de Palma. “L'any 1956, tenia 7 hectàrees de superfície urbana a zones inundables, és a dir, 7 camps de futbol; el 2012, eren 292 camps de futbol”. I Estrany afegeix una dada més, per visualitzar-ne la magnitud: “123.000 persones viuen ara mateix en zones inundables, hem d'aprendre a conviure amb aquest risc”.

Segons les darreres dades de l'Ajuntament de Palma, a l'1 de juliol d'aquest any, hi havia 481.722 persones empadronades. És a dir, el 25% dels habitants de Palma viuen en zones inundables. L'Observatori de Riscos Naturals i Emergències de les Illes Balears (RiscBal) publicarà els càlculs de totes les persones que viuen en zones inundables a Balears en els propers mesos.

Des dels anys 50, Palma s'ha vist sotmesa a un creixement intensiu i expansiu i, ocupar zones inundables, encara que es va intensificar amb la revolució industrial, ja passava mil·lennis abans. “Per a la instal·lació de fàbriques el recurs hídric era important i el boom demogràfic va generar la necessitat d'ocupar molt més territori ocupant zones que estan en risc”, exposa el professor de Geografia Física. Des del Neolític, els patrons de distribució dels assentaments humans han estat relacionats amb els sistemes fluvials, molts d'ells ubicats als cursos mitjans i desembocadures dels rius.

Els torrents que travessen el nucli urbà de Palma han estat determinants en l'evolució urbana de la ciutat i, al seu torn, són els que comporten més risc. Són els torrents de Sant Magí, Sa Riera, Na Barberà i Gros, amb origen a la Serra de Tramuntana. Els seus cabals elevats han provocat episodis significatius que han afectat la ciutat, sent el torrent de Sa Riera el que ha provocat més catàstrofes al llarg de la història, fins al punt de ser desviat.

La més impactant i coneguda, la de l'any 1403. Sa Riera es va desbordar al seu pas per Palma, deixant més de 5.000 morts d'una població de 25.000 persones. Estrany recorda que no cal viatjar sis segles en el temps per recordar un desbordament del torrent, només cal fer-ho sis dècades: “El 1962 tots els torrents de la conca van patir inundacions extremes, fins al punt que Sa Riera va reprendre la seva llera natural, travessant el centre de la ciutat”. El torrent va ser desviat a la seva ubicació actual el 1613.

Els torrents que travessen el nucli urbà de Palma han estat determinants en l'evolució urbana de la ciutat i, al seu torn, són els que comporten un major risc. El de Sa Riera és el que ha provocat més catàstrofes al llarg de la història. La més impactant i coneguda, la de l'any 1403. Sa Riera es va desbordar, deixant més de 5.000 morts d'una població de 25.000 persones

L'especialista explica que, “quan hi ha crescudes importants, Sa Riera recupera moltes vegades la llera original, però com que fa 60 anys que no passa, ningú se'n recorda, però pot tornar a passar”. Per a Estrany, aquestes sis dècades que han transcorregut “no són llunyanes des del punt de vista històric, però sí humà, han passat gairebé tres generacions i el canvi social, quan no hi ha transmissió oral, tampoc no explica l'entorn i es perd la percepció del risc”.

Quan hi ha crescudes importants, Sa Riera recupera moltes vegades la llera original, però com que fa 60 anys que no passa, ningú se'n recorda, però pot tornar a passar. no són llunyanes des del punt de vista històric, però sí humà, han passat gairebé tres generacions i el canvi social, quan no hi ha transmissió oral, tampoc no explica l'entorn i es perd la percepció del risc

Joan Estrany — Professor de Geografia Física de la Universitat de les Illes Balears

El drama de Sant Llorenç

L'últim desbordament d'un torrent que no obliden els ciutadans de Mallorca és el de Sant Llorenç, a la comarca del Llevant. Va ser el 9 d'octubre del 2018 i van morir 13 persones. No era la primera vegada, l'anterior va ser el 1989. A la dècada dels 90 es va ampliar la llera del torrent donant una “falsa sensació de seguretat als veïns”, considera Estrany.

“La meitat del poble de Sant Llorenç és a la plana d'inundació del torrent i, després de la tragèdia del 2018, van restaurar la llera amb formigó, si avui tenim una crescuda idèntica a la d'aquell any, serà molt pitjor, perquè l'aigua correrà més i es concentrarà molt més ràpid, és a dir, ara mateix el perill és molt més gran que fa sis anys”, critica el director de RiscBal.

Sant Llorenç, a Mallorca, va sofrir un desbordament d'un torrent, pel qual van morir 13 persones. 'La meitat del poble està en la plana d'inundació del torrent, i, després de la tragèdia de 2018, van restaurar la llera amb formigó, si avui tenim una crescuda idèntica a la d'aquest any, serà molt pitjor, perquè l'aigua correrà més i es concentrarà molt més ràpid, és a dir, ara mateix el perill és molt major que fa sis anys', critica el geògraf Joan Estrany

Per aquest cas en concret, Estrany proposa “restaurar el bosc de ribera de la capçalera de la conca del torrent, molt ben desenvolupat i, a nivell general, manca gestionar les conques de manera integrada, perquè les crescudes generin els menors danys possibles i aquí la vegetació hi juga un paper fonamental”. Conscienciar la població que viu a zones de risc és un altre dels cavalls de batalla, que combaten a través de sistemes d'alerta primerenca.

L'Observatori de Riscos Naturals i Emergències de les Illes Balears (RiscBal), precisament, té el seu origen a la tragèdia de Sant Llorenç. Aquell 9 d'octubre del 2018 van caure 200 l/m2 entre les 19h i les 19:30h sobre Sant Llorenç. No va ser fins a les 21h quan l'AEMET va elevar l'alerta vermella. “Tots els morts, ja eren morts”, recorda Estrany. “Ni tan sols emergències sabia on estava passant la inundació, van caure totes les línies de telèfon, no se sabia absolutament res perquè no hi havia cap sistema d'alerta primerenca, res que pogués transmetre dades del que estava plovent, on, de l'aigua que estava corrent”. Per a Estrany, Sant Llorenç va marcar “un punt i a part, i avui dia sí que estem més preparats des del punt de vista de prevenció i comunicació, però falta molta conscienciació i els nostres sistemes estan en desenvolupament”.

El 9 d'octubre del 2018 van caure 200 l/m2 entre les 19h i les 19:30h sobre Sant Llorenç. No va ser fins a les 21h quan l'AEMET va elevar l'alerta vermella. 'Tots els morts, ja eren morts', recorda Joan Estrany

RiscBal, segons explica el director, “és un sistema d'alerta primerenca que permet a qualsevol ciutadà accedir, a través de l'ordinador i del mòbil, a l'estat actual dels torrents o si, per exemple, un pas a nivell a qualsevol municipi es veurà afectat en les properes dues hores per una crescuda del mateix torrent”. Matisa Estrany està en “fase de proves” i, amb cada episodi de pluges intenses, ajusten “tots els paràmetres perquè els avisos no siguin falsos positius”.

Sense oblidar que cadascú és responsable dels seus propis actes. “És important saber què fer, en unes circumstàncies de risc la presa de decisions en segons pot salvar-te la vida, com no sortir a agafar el cotxe o pujar a una primera planta, però el primer és ser conscient que vius en una zona inundable”. Per Estrany, “segurament aquestes 123.000 persones que viuen a zones inundables a Palma ho desconeixen, i tampoc coneixen el nivell de perillositat del torrent amb què viuen just al costat”.

És important saber què fer, en unes circumstàncies de risc la presa de decisions en segons pot salvar-te la vida, com no sortir a agafar el cotxe o pujar-se a una primera planta, però el primer és ser conscient que vius en una zona inundable. Segurament aquestes 123.000 persones que viuen en zones inundables a Palma ho desconeixen, i tampoc coneixen el nivell de perillositat del torrent amb el qual viuen just al costat

Joan Estrany — Professor de Geografia Física de la Universitat de les Illes Balears

“No alerten del perill per més que passi cada 50 anys”

A poc més de 100 metres del Bar Bosch on treballa Carlos està el Bar Alaska, un altre punt de trobada dels de 'tota la vida' per als residents i atracció per a viatgers. La plaça del Mercat també era el curs natural del torrent de Sa Riera. Fa uns sis anys que Astrich Rolón, argentina de naixement, treballa darrere de la peculiar barra de l'Alaska. Viu a Mallorca des de fa més de dues dècades. I la seva percepció sobre les inundacions és diferent, perquè, assegura, al seu país quan parlen d'inundació “és que l'aigua t'arriba a la cintura, aquí n'hi ha prou que t'arribi als turmells”. Tot i viure en una de les zones inundables de Palma, com és el barri d'Es Rafal, diu que no veu “el perill”. Coincideix amb el seu col·lega del Bosch que “el problema és que no es netegin les fulles que taponen les clavegueres”.

La Rambla és un altre dels carrers principals de la ciutat, per on passen diàriament centenars de mallorquins i turistes. Els seus baixos es destinen a restauració i comerços. Josefina Olivas, propietària de la botiga de moda i decoració Alma Vintage, fa una dècada que és al capdavant d'aquest comerç. “S'inunden més els comerços de la vorera del davant, perquè estan una mica més baixos”, explica. Critica la neteja dels embornals, “al final els netegem cadascun perquè no ens arribi a l'aigua als nostres negocis”, puntualitza. La Rambla és un altre dels carrers per on transcorria la llera natural de Sa Riera. Sobre si els residents i treballadors de la zona coneixen els riscos, Josefina assegura que “ningú informa”. “Jo soc molt curiosa i m'agrada conèixer la història d'on soc, però no alerten del perill per més que passi cada 50 o 100 anys”, conclou.

Si els baixos de la Rambla són comercials, l'eix del carrer és per a les flors. Beatriz Aguiló és florista a Flors Natalia des de fa 14 anys. I recorda com sovint l'aigua puja més d'un pam per la Rambla. “Però mai de manera perillosa”, matisa Beatriz. El coneixement que té ella sobre la llera natural de Sa Riera i altres inundacions històriques és perquè els seus pares li varen “explicar”.

La primera administració de Loteria de Palma, la que llueix el número 1, comparteix la Rambla amb les flors, les botigues i els restaurants. Es va obrir tres anys després de la greu inundació del 1962. Juan José Herráez, el seu actual propietari, explica a elDiario.es que “desconeixia que poc abans que existís aquesta administració, hagués tornat la llera de Sa Riera al seu lloc original; ningú no informa ni adverteix dels possibles riscos d'estar en aquesta zona”.

No només el desviament de Sa Riera va ser un element dinamitzador de l'urbs palmesana, també la dessecació del Prat de Sant Jordi, on hi ha l'actual aeroport de Palma, el tercer de l'Estat en trànsit de passatgers. El rei Sanç la va proposar per primera vegada el 1321, projecte revisat el 1767 i que finalment es va executar el 1846. Recorda Estrany que “era una tendència a tot Europa, dessecar les zones humides”. Les raons, explica el professor, són dues: “Aconseguir més sòl agrícola i erradicar malalties com el paludisme”. També es va intentar amb l'Albufera, però no es va aconseguir.

El director de RiscBal explica que l'aeroport “està en una zona humida, de manera natural estaria completament inundat i per això estan extraient aigua permanentment”. La principal conseqüència és que no drena i, quan plou intensament, l'aigua “queda tancada com si fos un llac i ho vam veure el mes de juny passat”.

L'aeroport de Palma, el tercer més important de l'Estat, 'està en una zona humida, de manera natural estaria completament inundat i per això estan extraient aigua permanentment', explica Joan Estrany, geògraf

Quin escenari s'hauria de donar perquè es desbordés algun dels torrents que travessen el centre urbà de Palma? Estrany respon que “un de molt habitual”. “Acumulacions de precipitacions molt intenses a la zona de capçalera de la conca, és a dir, a la Serra de Tramuntana, ja ha passat i tornarà a passar, però no sabem quan”. “El que sí que sabem”, explica l'expert, “és que en l'última dècada la intensitat de precipitació és molt més elevada i provoca que les puntes de cabal siguin més importants”. Conclou que serien “200 l/m2 en 24 hores, amb aquestes circumstàncies, les mateixes que a Sant Llorenç, tota l'aigua que es concentra a les lleres, desbordaria la zona baixa de Palma”. “L'aigua al final acaba demanant les seves escriptures de propietat”, conclou.

Carlos Torres es camarero desde hace más de 30 de años del Bar Bosch. “Una hora de lluvia intensa basta para que el establecimiento se inunde, tenemos un canal dentro del bar”, explica. La pendiente de la avenida Jaime III, conocida como la Milla de Oro de Palma, hace que se convierta en un río que desemboca en la Plaza de las Tortugas, al final de la calle, y el primer lugar donde rompe es el Bar Bosch. Él es uno de los afectados que vive o trabaja en las zonas inundables de Palma: hasta 123.000 personas (el 25% de la población) residen en estos espacios y muchos de ellos ni siquiera lo saben.

Carlos cuenta que es tan frecuente que el agua se cuele dentro del bar que “hasta los extranjeros han estado aquí achicando agua”. Bromea y dice que “achicar agua es otra de sus tareas como camarero”. Pero también resalta que los turistas “alucinan con que esto pase en una ciudad como Palma, no lo entienden, ellos viven en zonas europeas donde llueve más y no se inundan los bares a la mínima”.

El Bar Bosch, además, tiene un sótano que sufre las consecuencias de cada lluvia intensa. Para eso, cuenta Carlos, tienen tablas de madera con las que bloquean “la entrada del bar, para intentar que no entre y siga calle abajo”. Este experimentado empleado achaca estos problemas a la falta de limpieza y retirada de las hojas secas del otoño en los imbornales, pero también “a la suciedad en general de la ciudad, que tapona las alcantarillas y, además, son tan estrechas que no pueden abarcar demasiado caudal”.

Asegura que su jefe se ha reunido en multitud de ocasiones con el Ayuntamiento de Palma, “pero da igual el partido que gobierne, esto no va de colores políticos, nadie hace nada”. Carlos dice que es incapaz de hacer recuento de las veces que ha entrado agua en el Bar Bosch y que “hasta los clientes más mayores cuentan historias de otras inundaciones porque ha ocurrido siempre y seguirá pasando”. El Consistorio es el responsable del mantenimiento del curso del torrente que discurre dentro del término municipal, el de Sa Riera, y el resto es competencia del Govern balear.

“Cuando hablamos de limpieza, significa que algo está sucio y, hablando de torrentes, salvo acumulación aportada por gente poco cívica, la vegetación no es suciedad”, explica Joan Estrany, profesor de Geografía Física de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y director de RiscBal. Los torrentes constituyen uno de los ecosistemas más importantes en entornos mediterráneos porque son vías de comunicación de biodiversidad, de transporte de agua, de nutrientes, de sedimento y permiten completar el ciclo del agua y, “de ese ciclo, nosotros también extraemos beneficios ecosistémicos, por tanto, la vegetación que se encuentra dentro de los torrentes debe ser conservada”, explica Estrany. 

Pero no se ha conservado, y de ahí que la vegetación actual de los torrentes no cumpla una de sus funciones más importantes para el ser humano: frenar la fuerza con la que el agua llega a las zonas habitadas. La predominante en los torrentes de Balears a día de hoy es vegetación ruderal. El experto explica que “crece cuando no hay nada y entramos en el círculo vicioso de eliminarla cada vez, cuando se debería potenciar una vegetación de ribera para tener un equilibrio entre los sedimentos que transporta y que el agua se lamine por la propia vegetación, para que no corra más rápido y no llegue a las zonas urbanas con mucha más velocidad, porque hemos construido en zonas inundables y el problema será mucho mayor”.

“La solución no es el hormigón”

El libro La vegetación de Mallorca y Cabrera recoge una cita del maestro Oriol de Bolòs sobre la evidente expansión de la vegetación ruderal, vinculada al crecimiento humano, y asegura que “si el hombre no cambia radicalmente su modo de proceder y no realiza esfuerzos importantes encaminados a la conservación del patrimonio natural de que aún dispone, estas comunidades ruderales, menospreciadas a menudo como inmundas y banales, van a representar la vegetación del porvenir”.

Para Estrany, la vegetación óptima que se puede instalar son “árboles de hoja caduca o encinares, que proporcionan sombra que evita que en el propio lecho del torrente crezca esa vegetación ruderal, proporciona unas raíces que permiten mantener los márgenes para laminar esas crecidas, evitar que el agua corra demasiado rápido y vaya dispersándose antes de llegar a las zonas más bajas”.

Son las llamadas soluciones basadas en la naturaleza, un concepto “muy en boga”, añade Estrany, “en los países más avanzados desde un punto de vista de gestión integrada de cuencas de drenaje” y “no soluciones basadas en el hormigón, en eliminar constantemente la vegetación, sino conseguir un equilibrio mucho mayor considerando que las zonas inundables que hemos ocupado con urbanizaciones están ahí y eso ya tiene poco remedio”.

El 25% de la población de Palma, en zona inundable

Para muestra, un botón. La ciudad de Palma. “En el año 1956, tenía 7 hectáreas de superficie urbana en zonas inundables, es decir, 7 campos de fútbol; en el 2012, eran 292 campos de fútbol”. Y Estrany añade un dato más, para visualizar su magnitud: “123.000 personas viven ahora mismo en zonas inundables, debemos aprender a convivir con ese riesgo”. 

Según los últimos datos del Ayuntamiento de Palma, a 1 de julio de este año, había 481.722 personas empadronadas. Es decir, el 25% de los habitantes de Palma viven en zonas inundables. El Observatorio de Riesgos Naturales y Emergencias de las Islas Baleares (RiscBal) publicará los cálculos de todas las personas que viven en zonas inundables en Balears en los próximos meses.

Desde los años 50, Palma se ha visto sometida a un crecimiento intensivo y expansivo y, el ocupar zonas inundables, aunque se intensificó con la revolución industrial, ya ocurría milenios antes. “Para la instalación de fábricas el recurso hídrico era importante y el boom demográfico generó la necesidad de ocupar mucho más territorio ocupando zonas que están en riesgo”, expone el profesor de Geografía Física. Desde el Neolítico, los patrones de distribución de los asentamientos humanos han estado relacionados con los sistemas fluviales, muchos de ellos ubicados en los cursos medios y desembocaduras de los ríos.

Los torrentes que atraviesan el casco urbano de Palma han sido determinantes en la evolución urbana de la ciudad y, a su vez, son los que entrañan un mayor riesgo. Son los torrentes de Sant Magí, Sa Riera, Na Barberà y Gros, con origen en la Serra de Tramuntana. Sus elevados caudales han provocado episodios significativos que han afectado a la ciudad, siendo el torrente de Sa Riera el que ha provocado más catástrofes a lo largo de la historia, hasta el punto de ser desviado. 

La más impactante y conocida, la del año 1403. Sa Riera se desbordó a su paso por Palma, dejando más de 5.000 muertos de una población de 25.000 personas. Estrany recuerda que no hay que viajar seis siglos en el tiempo para recordar un desbordamiento del torrente, basta con hacerlo seis décadas: “En 1962 todos los torrentes de la cuenca sufrieron inundaciones extremas, hasta el punto de que Sa Riera retomó su cauce natural, atravesando el centro de la ciudad”. El torrente fue desviado a su ubicación actual en 1613.

Los torrentes que atraviesan el casco urbano de Palma han sido determinantes en la evolución urbana de la ciudad y, a su vez, son los que entrañan un mayor riesgo. El de Sa Riera es el que ha provocado más catástrofes a lo largo de la historia. La más impactante y conocida, la del año 1403. Sa Riera se desbordó, dejando más de 5.000 muertos de una población de 25.000 personas

El especialista explica que, “cuando hay crecidas importantes, Sa Riera recupera muchas veces el cauce original, pero como hace 60 años que no ocurre, nadie se acuerda, pero puede volver a pasar”. Para Estrany, esas seis décadas que han transcurrido “no son lejanas desde el punto de vista histórico, pero sí humano, han pasado casi tres generaciones y el cambio social, cuando no hay transmisión oral, tampoco explica el entorno y se pierde la percepción del riesgo”.

Cuando hay crecidas importantes, Sa Riera recupera muchas veces el cauce original, pero como hace 60 años que no ocurre, nadie se acuerda, pero puede volver a pasar. No son lejanas desde el punto de vista histórico, pero sí humano, han pasado casi tres generaciones y el cambio social, cuando no hay transmisión oral, tampoco explica el entorno y se pierde la percepción del riesgo

Joan Estrany — Profesor de Geografía Física de la Universitat de les Illes Balears

El drama de Sant Llorenç

El último desbordamiento de un torrente que no olvidan los ciudadanos de Mallorca es el de Sant Llorenç, en la comarca del Llevant. Fue el 9 de octubre de 2018 y fallecieron 13 personas. No era la primera vez, la anterior fue en 1989. En la década de los 90 se amplió el cauce del torrente dando una “falsa sensación de seguridad a los vecinos”, considera Estrany. 

“La mitad del pueblo de Sant Llorenç está en la llanura de inundación del torrente, y, tras la tragedia de 2018, restauraron el cauce con hormigón, si hoy tenemos una crecida idéntica a la de ese año, será mucho peor, porque el agua correrá más y se concentrará mucho más rápido, es decir, ahora mismo el peligro es mucho mayor que hace seis años”, critica el director de RiscBal.

Sant Llorenç, en Mallorca, sufrió un desbordamiento de un torrente, por el cual fallecieron 13 personas. 'La mitad del pueblo está en la llanura de inundación del torrente, y, tras la tragedia de 2018, restauraron el cauce con hormigón, si hoy tenemos una crecida idéntica a la de ese año, será mucho peor, porque el agua correrá más y se concentrará mucho más rápido, es decir, ahora mismo el peligro es mucho mayor que hace seis años', critica el geógrafo Joan Estrany

Para este caso en concreto, Estrany propone “restaurar el bosque de ribera de la cabecera de la cuenca del torrente, muy bien desarrollado y, a nivel general, falta gestionar las cuencas de manera integrada, para que las crecidas generen los menores daños posibles y ahí la vegetación juega un papel fundamental”. Concienciar a la población que vive en zonas de riesgo es otro de los caballos de batalla, que combaten a través de sistemas de alerta temprana.

El Observatorio de Riesgos Naturales y Emergencias de las Islas Baleares (RiscBal), precisamente, tiene su origen en la tragedia de Sant Llorenç. Aquel 9 de octubre de 2018 cayeron 200 l/m2 entre las 19h y las 19:30h sobre Sant Llorenç. No fue hasta las 21h cuando la AEMET elevó la alerta a roja. “Todos los muertos, ya estaban muertos”, recuerda Estrany. “Ni siquiera emergencias sabía dónde estaba ocurriendo la inundación, cayeron todas las líneas de teléfono, no se sabía absolutamente nada porque no había ningún sistema de alerta temprana, nada que pudiera transmitir datos de lo que estaba lloviendo, dónde, del agua que estaba corriendo”. Para Estrany, Sant Llorenç marcó “un punto y aparte, y día de hoy sí estamos más preparados desde el punto de vista de prevención y comunicación, pero falta mucha concienciación y nuestros sistemas están en desarrollo”. 

El 9 de octubre de 2018 cayeron 200 l/m2 entre las 19h y las 19:30h sobre Sant Llorenç. No fue hasta las 21h cuando la AEMET elevó la alerta a roja. 'Todos los muertos, ya estaban muertos', recuerda Joan Estrany

RiscBal, según explica su director, “es un sistema de alerta temprana que permite a cualquier ciudadano acceder, a través del ordenador y del móvil, al estado actual de los torrentes o si, por ejemplo, un paso a nivel en cualquier municipio se verá afectado en las próximas dos horas por una crecida del propio torrente”. Matiza Estrany que están en “fase de pruebas” y, con cada episodio de lluvias intensas, ajustan “todos los parámetros para que los avisos no sean falsos positivos”. 

Sin olvidar que cada uno es responsable de sus propios actos. “Es importante saber qué hacer, en unas circunstancias de riesgo la toma de decisiones en segundos puede salvarte la vida, como no salir a coger el coche o subirse a una primera planta, pero lo primero es ser consciente de que vives en una zona inundable”. Para Estrany, “seguramente esas 123.000 personas que viven en zonas inundables en Palma lo desconocen, y tampoco conocen el nivel de peligrosidad del torrente con el que viven justo al lado”. 

Es importante saber qué hacer, en unas circunstancias de riesgo la toma de decisiones en segundos puede salvarte la vida, como no salir a coger el coche o subirse a una primera planta, pero lo primero es ser consciente de que vives en una zona inundable. Seguramente esas 123.000 personas que viven en zonas inundables en Palma lo desconocen, y tampoco conocen el nivel de peligrosidad del torrente con el que viven justo al lado

Joan Estrany — Profesor de Geografía Física de la Universitat de les Illes Balears

“No alertan del peligro por más que pase cada 50 años”

A poco más de 100 metros del Bar Bosch donde trabaja Carlos está el Bar Alaska, otro punto de encuentro de los de ‘toda la vida’ para los residentes y atracción para viajeros. La plaça del Mercat también era el curso natural del torrente de Sa Riera. Hace unos seis años que Astrich Rolón, argentina de nacimiento, trabaja tras la peculiar barra del Alaska. Vive en Mallorca desde hace más de dos décadas. Y su percepción sobre las inundaciones es diferente, porque, asegura, en su país cuando hablan de inundación “es que el agua te llega a la cintura, aquí basta que te alcance los tobillos”. Pese a vivir en una de las zonas inundables de Palma, como es el barrio de Es Rafal, dice que no le ve “el peligro”. Coincide con su colega del Bosch en que “el problema es que no se limpien las hojas que taponan las alcantarillas”.

La Rambla es otra de las calles principales de la ciudad, por la que pasan a diario centenares de mallorquines y turistas. Sus bajos se destinan a restauración y comercios. Josefina Olivas, propietaria de la tienda de moda y decoración Alma Vintage, lleva una década al frente de este comercio. “Se inundan más los comercios de la acera de enfrente, porque están algo más bajos”, cuenta. Critica la limpieza de los imbornales, “al final los limpiamos cada uno para que no nos llegue al agua a nuestros negocios”, puntualiza. La Rambla es otra de las calles por las que transcurría el cauce natural de Sa Riera. Sobre si los residentes y trabajadores de la zona conocen los riesgos, Josefina asegura que “nadie informa”. “Yo soy muy curiosa y me gusta conocer la historia de dónde estoy, pero no alertan del peligro por más que pase cada 50 o 100 años”, concluye.

Si los bajos de la Rambla son comerciales, el eje de la calle es para las flores. Beatriz Aguiló es florista en Flors Natalia desde hace 14 años. Y recuerda cómo con frecuencia el agua sube más de un palmo por la Rambla. “Pero nunca de manera peligrosa”, matiza Beatriz. El conocimiento que tiene ella sobre el cauce natural de Sa Riera y otras inundaciones históricas es porque sus padres se lo “contaban”.

La primera administración de Lotería de Palma, la que luce el número 1, comparte la Rambla con las flores, las tiendas y los restaurantes. Se abrió tres años después de la grave inundación de 1962. Juan José Herráez, su actual propietario, explica a elDiario.es que “desconocía que poco antes de que existiera esta administración, hubiese vuelto el cauce de Sa Riera a su lugar original y que nadie informa ni advierte de los posibles riesgos de estar en esta zona”.

No solo el desvío de Sa Riera fue un elemento dinamizador de la urbe palmesana, también la desecación del Prat de Sant Jordi, donde se ubica el actual aeropuerto de Palma, el tercero del Estado en tráfico de pasajeros. El rey Sanç la propuso por primera vez en 1321, proyecto revisado en 1767 y que finalmente se ejecutó en 1846. Recuerda Estrany que “era una tendencia en toda Europa, desecar las zonas húmedas”. Las razones, explica el profesor, son dos: “Conseguir más suelo agrícola y erradicar enfermedades como el paludismo”. También se intentó con la Albufera, pero no se consiguió.

Explica el director de RiscBal que el aeropuerto “está en una zona húmeda, de manera natural estaría completamente inundado y por eso están extrayendo agua permanentemente”. La principal consecuencia es que no drena y, cuando llueve intensamente, el agua “queda cerrada como si fuera un lago y lo vimos el pasado mes de junio”.

El aeropuerto de Palma, el tercero más importante del Estado, 'está en una zona húmeda, de manera natural estaría completamente inundado y por eso están extrayendo agua permanentemente', explica Joan Estrany, geógrafo

¿Qué escenario tendría que darse para que se desbordase alguno de los torrentes que atraviesan el centro urbano de Palma? Estrany responde que “uno muy habitual”. “Acumulaciones de precipitaciones muy intensas en la zona de cabecera de la cuenca, es decir, en la Serra de Tramuntana, ya ha ocurrido y volverá a ocurrir, pero no sabemos cuándo”. “Lo que sí sabemos”, explica el experto, “es que en la última década la intensidad de precipitación es mucho más elevada y provoca que las puntas de caudal sean más importantes”. Concluye que serían “200 l/m2 en 24 horas, con esas circunstancias, las mismas que en Sant Llorenç, toda el agua que se concentra en los cauces, desbordaría la zona baja de Palma”. “El agua al final acaba pidiendo sus escrituras de propiedad”, concluye.

Amb una extensió de 22 hectàrees i una previsió de 33.600 panells solars de 625 w de potència, el parc fotovoltaic projectat al municipi de Sencelles ha aixecat butllofes dins i fora d'aquesta localitat ubicada al cor de Mallorca. Enmig d'una zona de fruiters, pastures, hortes i vinyes, l'empresa alacantina Sun Hive vol implantar una macroinfraestructura que, tal com denuncien veïns i entitats ecologistes, s'instal·larà en un dels últims boscos amb alzines i abundant biodiversitat que queden al interior de la illa. Des de l'Ajuntament de Sencelles, part activa en la defensa d'aquest territori, recriminen que l'empresa “prioritzi” els objectius energètics “per sobre de les persones i la mateixa democràcia”, “desatenent” les lleis vigents i sense un procés de participació activa per part de la ciutadania.

En concret, la parcel·la on preveu instal·lar-se la infraestructura, situada a gairebé dos quilòmetres al sud del municipi, està qualificada com a sòl rústic de règim general forestal pel Pla Director dEnergies Renovables de les Illes Balears. La pròpia documentació del projecte, consultada per elDiario.es, indica que les instal·lacions, que preveuen generar una energia de 42.85.2268 kwh a l'any, es posaran en marxa sobre una garriga coberta per una important quantitat de matolls, arbustos d'escassa altura i plantes adaptades a la sequera, a més de pinedes, llentiscles i ullastres.

La promotora del projecte, Sun Hive, radicada a Alacant i constituïda el 2020, és filial de la multinacional britànica d'energies renovables Hive Energy, que es troba implantada a Espanya a través de desenes de mercantils de similar nom -Sun Hive 27, Sun Hive 34, etc.-, la majoria creades el mateix dia o amb tot just unes setmanes de diferència i dirigides a articular els seus projectes de llarg a llarg del país. En alguns nuclis, la magnitud i l'impacte de les construccions previstes ha generat, com a Sencelles, la indignació de col·lectius veïnals i ecologistes. elDiario.es s'ha posat en contacte amb l'empresa, però eludeixen fer declaracions sobre això.

90 centrals en tramitació a sòl rústic

Com la del municipi del Pla de Mallorca, fins al mes de març passat hi havia actives a l'illa 74 centrals fotovoltaiques en sòl rústic i 68 en tramitació, segons les dades manejades pel col·lectiu 'Renovables sí, però així no', que assenyala que des de llavors han augmentat i s'han incrementat en una vintena les que es troben en fase d'exposició pública. En total, totes preveuen ocupar unes 1.700 hectàrees. El Govern balear, per la seva banda, assenyala a aquest mitjà que, en total, hi ha 191 plantes fotovoltaiques en sòl rústic, de les quals 52, amb una potència de 212 mw, es troben actives, mentre que 139, de 1.052 mw, troben no actives i es mantenen en procés davaluació.

'Renovables sí, però així no' va ser impulsat el 2023 -tot i que anys abans ja treballaven en aquest sentit entitats com el GOB o Terraferida- amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància de les energies renovables, necessàries per a transicionar cap a un model energètic sense combustibles fòssils, però sense que això suposi un perjudici per al sòl rústic -parcel·les en què la rendibilitat és més ràpida i elevada- i les terres agrícoles fèrtils d'alt valor paisatgístic, patrimonial i natural en un territori ja de per si mateix limitat i excessivament urbanitzat.

Les plataformes que integren aquest col·lectiu rebutgen un model basat en els beneficis privats d'empreses energètiques multinacionals i fons d'inversió a costa de la protecció del territori i del sòl rústic. “No volem deixar la producció energètica a grans inversors que, a més, reben importants ajudes del sector públic”, asseveren. Per això, una de les principals reivindicacions d'aquestes entitats passa per aprovar una moratòria en la tramitació de les centrals fotovoltaiques industrials a sòl rústic fins a l'aprovació de la Planificació Territorial per part del Consell de Mallorca, que haurà de prioritzar la protecció del sòl rústic per a lactivitat agrària.

Més de 1.100 al·legacions contra el projecte

A Sencelles, el seu regidor de Participació, Igualtat i Medi Ambient, Joan Rigo (Volem Sencelles), es mostra visiblement contrariat amb el projecte previst al sud del municipi. “Quan ens van demanar aquest parc fotovoltaic ens vam quedar molt sorpresos. Ho estan projectant en un bosc amb alzines protegides i en un dels pocs espais boscosos que ens queden. Com s'atreveixen a tocar això? Com s'atreveixen?”, emfatitza en declaracions a elDiario.es. Fins ara, l'Ajuntament ha recollit més de 1.100 al·legacions en contra de la infraestructura i, en una petició llançada a través de Change.org, acumula 715 dirigides a reclamar la moratòria per a aquest tipus d'instal·lacions a sòl rústic. El PP també s'ha oposat a la instal·lació i ha ofert a l'alcalde fer un “front comú” contra el projecte.

Després de tenir coneixement del projecte, l'Ajuntament es va posar immediatament en contacte amb 'Renovables sí, però així no', que els va guiar en el procés d'identificació de les lleis que s'estarien vulnerant de tirar endavant el projecte. Entre elles, el Decret 96/2005, que estableix que aquest tipus d'instal·lacions fotovoltaiques s'han dubicar en espais degradats o de baixa productivitat agrícola, a més d'instar a la realització d'un procés de participació ciutadana. “Un requisit que no es compleix en aquest projecte, que ha deixat tota la ciutadania al marge”, incideix Rigo.

Per la seva banda, la Llei 10/2019 de Canvi Climàtic i Transició Energètica emplaça les instal·lacions d'energia renovable que respectin les normatives territorials i que es desenvolupin en zones de desenvolupament prioritari, que encara no s'han delimitat a l'illa. Així mateix, el Pla Territorial Insular de Mallorca (PTI), que protegeix el sòl rústic, prohibeix les instal·lacions industrials en aquest tipus de parcel·les en considerar-les un recurs clau per a la conservació del paisatge i el manteniment de l'activitat agrícola, per la qual cosa únicament permet projectes energètics a zones industrials o degradades.

De fet, el Consell de Mallorca ja ha emès un informe desfavorable al projecte pel seu elevat impacte sobre el territori, a més de no haver justificat suficientment la necessitat d'ubicar-lo en sòl rústic. En aquesta mateixa línia, un informe tècnic d'afectacions ambientals encarregat per l'Ajuntament de Sencelles recalca que no es pot pretendre avançar cap a la descarbonització energètica i la lluita contra el canvi climàtic mitjançant la instal·lació de parcs fotovoltaics que suposin la tala d'arbres en una de les poques zones forestals del municipi, atès que aquesta actuació implicaria una reducció considerable de la capacitat d'absorció de carboni. “Està demostrat per diversos estudis que els boscos són col·lectors de carboni molt més eficient que qualsevol àrea agrícola o ús forestal intensiu. Encara que la pèrdua forestal prevegi ser compensada en una altra ubicació, passaran anys fins a obtenir una àrea boscosa de la mateixa envergadura i amb la mateixa capacitat d'absorció de CO2”, assenyala l'informe, no vinculant, elaborat pel Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial GAAT, consultat per aquest mitjà.

La Llei 10/2019 de Canvi Climàtic i Transició Energètica emplaça les instal·lacions d'energia renovable que respectin les normatives territorials i que es desenvolupin en zones de desenvolupament prioritari, que encara no s'han delimitat a l'illa. Per la seva banda, el Pla Territorial Insular de Mallorca (PTI), que protegeix el sòl rústic, prohibeix les instal·lacions industrials en aquest tipus de parcel·les

El regidor assenyala que les teulades d'edificis municipals podrien aprofitar-se per a aquests usos, com ara el poliesportiu, el mateix Ajuntament, les biblioteques o els centres de cultura. “Hi ha nombrosos espais on instal·lar plaques fotovoltaiques i promoure comunitats energètiques perquè els veïns puguin sumar-s'hi i reduir la seva factura”, recalca Rigo.

El també activista confia que l'informe emès en contra pel Consell de Mallorca (PP) sigui “una crida d'atenció”: “Encara que siguin del PP i tinguin una visió més neoliberal, espero que posin cartes sobre l'assumpte perquè els seus ajuntaments s'estan queixant d'altres iniciatives similars”. Es refereix, en concret, a la macrogranja avícola que Avícola Son Perot ha projectat a dos quilòmetres de la localitat de Sineu per a unes 750.000 gallines ponedores i que, segons ha denunciat Greenpeace, serà la més contaminant de tot el territori espanyol i consumirà més de 61.000 m3/any d'aigua —l'equivalent a unes 25 piscines olímpiques— en un municipi que, per si mateix, pateix una pressió greu sobre els seus recursos hídrics.

“Fins al mateix partit s'ha queixat”, incideix Rigo en al·lusió a les al·legacions presentades per l'Ajuntament de Sineu, governat pel PP, contra la macroinfraestructura, que preveu l'execució de fins a deu naus agrícoles en què s'amuntegaran les aus per a produir uns 156 milions d'ous cada any. “És una barbaritat”, prossegueix el regidor. També a Sencelles els populars s'han oposat, juntament amb la resta de formacions, a la posada en marxa de la central fotovoltaica.

El Consell de Mallorca ja ha emès un informe desfavorable al projecte pel seu impacte elevat sobre el territori. En aquesta mateixa línia, un informe tècnic d‟afectacions ambientals encarregat per l‟Ajuntament de Sencelles recalca que no es pot pretendre avançar cap a la descarbonització energètica i la lluita contra el canvi climàtic mitjançant la instal·lació de parcs fotovoltaics que suposin la tala d‟arbres

La mateixa empresa reconeix, per part seva, que 19,59 de les 22 hectàrees que ocuparia la instal·lació es troben ocupades per vegetació, és a dir, un 89% del total de la superfície. Els càlculs efectuats per Sun Hive indiquen que, mitjançant l'eliminació dels arbres, se suprimiria la possibilitat d'absorbir fins a un total de 875,97 tones de diòxid de carboni (tCO2). Amb tot, la mercantil proposa compensar l'eliminació de vegetació i la capacitat d'absorció de CO2 mitjançant la plantació de 3.350 ametllers -en una superfície menor a la que actualment ocupa la vegetació-, que, segons assegura la companyia, aconseguirien absorbir fins a un total de 877,94 tCO2 transcorreguts 35 anys.

La transició energètica, “urgent”

Per part seva, Margalida Rosselló, portaveu de 'Renovables sí, però així no', apel·la a la necessitat de dur a terme una transició ecològica eficient, però no a costa de consumir més energia “de forma innecessària”. “La transició és urgent perquè estem en un context de canvi climàtic i de necessitat de no continuar fent ús dels combustibles fòssils”, incideix Rosselló, que fa 25 anys es va convertir, dins del primer pacte d'esquerres liderat pel socialista Francesc Antich, a la primera consellera autonòmica verda d'Espanya i ja aleshores alertava dels efectes que comportaria la crisi climàtica.

L'activista rebutja contundent que l'activitat fotovoltaica substitueixi els usos agraris en sòl rústic i, sobretot, advoca per un procés de democratització energètica en què la societat pugui participar i apostar per l'autoconsum. “Quan es porta a terme una transició energètica tan necessària, la societat no pot romandre aliena”, subratlla Rosselló, que recrimina que, al contrari, actualment aquest procés s'està realitzant “en funció dels interessos de les empreses”, que veuen la panacea a les “grans ajudes econòmiques” que reben del sector públic per implantar les seves instal·lacions, especialment per part de la Unió Europea i els fons Next Generation.

“Moltes vegades els que reben aquests ajuts són les mateixes empreses que han generat més emissions de CO2, o fins i tot mercantils creades expressament per cobrar de forma ràpida aquests diners”, lamenta l'ecologista, que admet la dificultat de lluitar contra aquesta dinàmica quan “el que passa és que aquestes empreses paguen quantitats substancioses als propietaris de les parcel·les rústiques”. “La vida útil d'una central fotovoltaica és de 25 o 30 anys. Les empreses paguen els diners al propietari, cobren els ajuts públics i després, senzillament, el que fan és connectar-se a la xarxa elèctrica, vendre energia i cobrar. Ni tan sols són generadores d'ocupació. És un negoci rodó”, incideix.

Greenwashing de les macroindústries ecològiques

Per això, des de 'Renovables sí, però no així' insisteixen en la necessitat de preservar el sòl rústic per a l'activitat primària amb l'objectiu de caminar cap a la sobirania alimentària i no dependre de les importacions. “El sòl rústic és un territori limitat i no podem, a costa d'això, posar centrals per tot arreu”, afegeix Rosselló, que recalca que, per evitar-ho, cal impulsar una planificació territorial i energètica de manera coordinada. Per a l'exconsellera, aquest tipus de macroindústries no deixen de ser un “rentat de cara” -actualment s'utilitza el terme greenwashing per definir les empreses que asseguren ser ecològiques, però només ho són en aparença- amb què “únicament busquen atendre els seus propis beneficis”.

Similars crítiques va rebre, de fet, la primera planta d'hidrogen verd de tot l'Estat, posada en marxa el 2022 a Lloseta (Mallorca) amb l'objectiu de caminar cap a l'autosuficiència energètica i posicionar el país com el hub de l'hidrogen renovable de referència al sud d'Europa. El projecte va rebre la desaprovació d'entitats ecologistes com ara el Grup d'Ornitologia Balear (GOB), una de les plataformes bolcades des de fa diverses dècades en la millora i la conservació de les condicions mediambientals de l'arxipèlag. A parer seu, la iniciativa era “l'enèsim cas de 'rentat verd' o 'greenwashing' en què, després d'un nom modern i una etiqueta verda, es pretén donar continuïtat a negocis milionaris a costa de la destrucció de l'entorn natural”. “Si abans ho feien per fabricar ciment, ara serà per fer hidrogen”, recriminen des de l'entitat: “Volen fer creure que lluiten contra el canvi climàtic les mateixes grans empreses que ho han provocat”.

Con una extensión de 22 hectáreas y una previsión de 33.600 paneles solares de 625 w de potencia, el parque fotovoltaico proyectado en el municipio de Sencelles ha levantado ampollas dentro y fuera de esta localidad ubicada en pleno corazón de Mallorca. En medio de una zona de frutales, pastos, huertas y viñedos, la empresa alicantina Sun Hive quiere implantar una macroinfraestructura que, tal como denuncian vecinos y entidades ecologistas, se instalará en uno de los últimos bosques con encinas y abundante biodiversidad que quedan en el interior de la isla. Desde el Ajuntament de Sencelles, parte activa en la defensa de este territorio, recriminan que la empresa “priorice” los objetivos energéticos “por encima de las personas y la misma democracia”, “desatendiendo” las leyes vigentes y sin un proceso de participación activa por parte de la ciudadanía.

En concreto, la parcela en la que prevé instalarse la infraestructura, situada a casi dos kilómetros al sur del municipio, está calificada como suelo rústico de régimen general forestal por el Plan Director de Energías Renovables de les Illes Balears. La propia documentación del proyecto, consultada por elDiario.es, indica que las instalaciones, que prevén generar una energía de 42.85.2268 kwh al año, se pondrán en marcha sobre una garriga cubierta por una importante cantidad de matorrales, arbustos de escasa altura y plantas adaptadas a la sequía, además de pinares, lentiscos y acebuches.

La promotora del proyecto, Sun Hive, radicada en Alicante y constituida en 2020, es filial de la multinacional británica de energías renovables Hive Energy, que se encuentra implantada en España a través de decenas de mercantiles de similar nombre –Sun Hive 27, Sun Hive 34, etc.–, la mayoría creadas en el mismo día o con apenas unas semanas de diferencia y dirigidas a articular sus proyectos a lo largo y ancho del país. En algunos núcleos, la magnitud y el impacto de las construcciones previstas ha generado, como en Sencelles, la indignación de colectivos vecinales y ecologistas. elDiario.es se ha puesto en contacto con la empresa, pero eluden realizar declaraciones al respecto.

90 centrales en tramitación en suelo rústico

Como la del municipio del Pla de Mallorca, hasta el pasado mes de marzo había en la isla 74 centrales fotovoltaicas en suelo rústico y 68 en tramitación, según los datos manejados por el colectivo 'Renovables sí, pero així no', que señala que desde entonces han aumentado en se han incrementado en una veintena las que se encuentran en fase de exposición pública. En total, todas ellas prevén ocupar unas 1.700 hectáreas. El Govern balear, por su parte, señala a este medio que, en total, hay 191 plantas fotovoltaicas en suelo rústico, de las cuales 52, con una potencia de 212 mw, se encuentran activas, mientras que 139, de 1.052 mw, se encuentran no activas y se mantienen en proceso de evaluación.

'Renovables sí, pero així no' fue impulsado en 2023 –aunque años antes ya trabajaban en este sentido entidades como el GOB o Terraferida– con el objetivo de concienciar sobre la importancia de las energías renovables, necesarias para transicionar hacia un modelo energético sin combustibles fósiles, pero sin que ello suponga un perjuicio para el suelo rústico –parcelas en las que la rentabilidad es más rápida y elevada– y las tierras agrícolas fértiles de alto valor paisajístico, patrimonial y natural en un territorio ya de por sí limitado y excesivamente urbanizado.

Las plataformas que integran este colectivo rechazan un modelo basado en los beneficios privados de empresas energéticas multinacionales y fondos de inversión a costa de la protección del territorio y del suelo rústico. “No queremos dejar la producción energética a grandes inversores que, además, reciben importantes ayudas del sector público”, aseveran. Por ello, una de las principales reivindicaciones de estas entidades pasa por aprobar una moratoria en la tramitación de las centrales fotovoltaicas industriales en suelo rústico hasta la aprobación de la Planificación Territorial por parte del Consell de Mallorca, que deberá priorizar la protección del suelo rústico para la actividad agraria.

Más de 1.100 alegaciones contra el proyecto

En Sencelles, su regidor de Participación, Igualdad y Medio Ambiente, Joan Rigo (Volem Sencelles), se muestra visiblemente contrariado con el proyecto previsto al sur del municipio. “Cuando nos pidieron este parque fotovoltaico nos quedamos muy sorprendidos. Lo están proyectando en un bosque con encinas protegidas y en uno de los pocos espacios boscosos que nos quedan. ¿Cómo se atreven a tocar esto? ¿Cómo se atreven?”, enfatiza en declaraciones a elDiario.es. Hasta el momento, el Ajuntament ha recogido más de 1.100 alegaciones en contra de la infraestructura y, en una petición lanzada a través de Change.org, acumula 715 dirigidas a reclamar la moratoria para este tipo de instalaciones en suelo rústico. El PP también se ha opuesto a la instalación y ha ofrecido al alcalde hacer un “frente común” contra el proyecto. 

Tras tener conocimiento del proyecto, el Ajuntament se puso de inmediato en contacto con 'Renovables sí, pero així no', que les guio en el proceso de identificación de las leyes que se estarían vulnerando de salir adelante el proyecto. Entre ellas, el Decreto 96/2005, que establece que este tipo de instalaciones fotovoltaicas deben ubicarse en espacios degradados o de baja productividad agrícola, además de instar a la realización de un proceso de participación ciudadana. “Un requisito que no se cumple en este proyecto, que ha dejado a toda la ciudadanía al margen”, incide Rigo.

Por su parte, la Ley 10/2019 de Cambio Climático y Transición Energética emplaza a las instalaciones de energía renovable a que respeten las normativas territoriales y que se desarrollen en zonas de desarrollo prioritario, que todavía no se han delimitado en la isla. Asimismo, el Plan Territorial Insular de Mallorca (PTI), que protege el suelo rústico, prohíbe las instalaciones industriales en este tipo de parcelas al considerarlas un recurso clave para la conservación del paisaje y el mantenimiento de la actividad agrícola, por lo que únicamente permite proyectos energéticos en zonas industriales o degradadas.

De hecho, el Consell de Mallorca ya ha emitido un informe desfavorable al proyecto por su elevado impacto sobre el territorio, además de no haber justificado de forma suficiente la necesidad de ubicarlo en suelo rústico. En esta misma línea, un informe técnico de afectaciones ambientales encargado por el Ajuntament de Sencelles recalca que no se puede pretender avanzar hacia la descarbonización energética y la lucha contra el cambio climático mediante la instalación de parques fotovoltaicos que supongan la tala de árboles en una de las pocas zonas forestales del municipio, dado que esta actuación implicaría una considerable reducción de la capacidad de absorción de carbono. “Está demostrado por varios estudios de que los bosques son colectores de carbono mucho más eficiente que cualquier área agrícola o uso forestal intensivo. Aunque la pérdida forestal prevea ser compensada en otra ubicación, pasarán años hasta obtener un área boscosa de la misma envergadura y con la misma capacidad de absorción de CO2”, señala el informe, no vinculante, elaborado por el Gabinete de Análisis Ambiental y Territorial GAAT, consultado por este medio.

La Ley 10/2019 de Cambio Climático y Transición Energética emplaza a las instalaciones de energía renovable a que respeten las normativas territoriales y que se desarrollen en zonas de desarrollo prioritario, que todavía no se han delimitado en Mallorca. Por su parte, el Plan Territorial Insular de Mallorca (PTI), que protege el suelo rústico, prohíbe las instalaciones industriales en este tipo de parcelas

El regidor señala que los tejados de edificios municipales podrían aprovecharse para estos usos, como el polideportivo, el propio Ajuntament, las bibliotecas o los centros de cultura. “Hay numerosos espacios en los que instalar placas fotovoltaicas y promover comunidades energéticas para que los vecinos puedan sumarse a ellas y reducir su factura”, recalca Rigo.

El también activista confía en que el informe emitido en contra por el Consell de Mallorca (PP) sea “una llamada de atención”: “Aunque sean del PP y tengan una visión más neoliberal, espero que pongan cartas sobre el asunto porque sus propios ayuntamientos están quejándose de otras iniciativas similares”. Se refiere, en concreto, a la macrogranja avícola que Avícola Son Perot ha proyectado a dos kilómetros de la localidad de Sineu para unas 750.000 gallinas ponedoras y que, según ha denunciado Greenpeace, será la más contaminante de todo el territorio español y consumirá más de 61.000 m3/año de agua —el equivalente a unas 25 piscinas olímpicas— en un municipio que, de por sí, sufre una grave presión sobre sus recursos hídricos.

“Hasta el propio partido se ha quejado”, incide Rigo en alusión a las alegaciones presentadas por el Ajuntament de Sineu, gobernado por el PP, contra la macroinfraestructura, que contempla la ejecución de hasta diez naves agrícolas en las que se hacinarán las aves para producir unos 156 millones de huevos al año. “Es una barbaridad”, prosigue el regidor. También en Sencelles los populares se han opuesto, junto al resto de formaciones, a la puesta en marcha de la central fotovoltaica.

El Consell de Mallorca ya ha emitido un informe desfavorable al proyecto por su elevado impacto sobre el territorio. En esta misma línea, un informe técnico de afectaciones ambientales encargado por el Ajuntament de Sencelles recalca que no se puede pretender avanzar hacia la descarbonización energética y la lucha contra el cambio climático mediante la instalación de parques fotovoltaicos que supongan la tala de árboles

La propia empresa reconoce, por su parte, que 19,59 de las 22 hectáreas que ocuparía la instalación se encuentran ocupadas por vegetación, es decir, un 89% del total de la superficie. Los cálculos efectuados por Sun Hive indican que, mediante la eliminación de los árboles, se suprimiría la posibilidad de absorber hasta un total de 875,97 toneladas de dióxido de carbono (tCO2). Con todo, la mercantil propone compensar la eliminación de vegetación y su capacidad de absorción de CO2 mediante la plantación de 3.350 almendros –en una superficie menor a la que actualmente ocupa la vegetación–, que, según asegura la compañía, lograrían absorber hasta un total de 877,94 tCO2 transcurridos 35 años.

La transición energética, “urgente”

Por su parte, Margalida Rosselló, portavoz de 'Renovables sí, pero així no', apela a la necesidad de llevar a cabo una transición ecológica eficiente, pero no a costa de consumir más energía “de forma innecesaria”. “La transición es urgente porque estamos en un contexto de cambio climático y de necesidad de no continuar haciendo uso de los combustibles fósiles”, incide Rosselló, quien hace 25 años se convirtió, dentro del primer pacto de izquierdas liderado por el socialista Francesc Antich, en la primera consellera autonómica verde de España y ya entonces alertaba de los efectos que acarrearía la crisis climática.

La activista rechaza tajante que la actividad fotovoltaica sustituya los usos agrarios en suelo rústico y, sobre todo, aboga por un proceso de democratización energética en el que la sociedad pueda participar y apostar por el autoconsumo. “Cuando se lleva a cabo una transición energética tan necesaria, la sociedad no puede permanecer ajena”, subraya Rosselló, quien recrimina que, por el contrario, en la actualidad este proceso se está realizando “en función de los intereses de las empresas”, que ven la panacea en las “grandes ayudas económicas” que reciben del sector público para implantar sus instalaciones, especialmente por parte de la Unión Europea y los fondos Next Generation.

“Muchas veces quienes reciben estas ayudas son las mismas empresas que han generado más emisiones de CO2, o incluso mercantiles creadas expresamente para cobrar de forma rápida este dinero”, lamenta la ecologista, quien admite la dificultad de luchar contra esta dinámica cuando “lo que sucede es que estas empresas pagan cantidades sustanciosas a los propietarios de las parcelas rústicas”. “La vida útil de una central fotovoltaica es de 25 ó 30 años. Las empresas le pagan el dinero al propietario, cobran las ayudas públicas y después, sencillamente, lo que hacen es conectarse a la red eléctrica, vender energía y cobrar. Ni siquiera son generadoras de empleo. Es un negocio redondo”, incide.

Greenwashing de las macroindustrias ecológicas

Por ello, desde 'Renovables sí, però no així' insisten en la necesidad de preservar el suelo rústico para la actividad primaria con el objetivo de caminar hacia la soberanía alimentaria y no depender de las importaciones. “El suelo rústico es un territorio limitado y no podemos, a costa de ello, poner centrales por todas partes”, añade Rosselló, quien recalca que, para evitarlo, es necesario impulsar una planificación territorial y energética de forma coordinada. Para la exconsellera, este tipo de macroindustrias no dejan de ser un “lavado de cara” –en la actualidad se utiliza el término greenwashing para definir a las empresas que aseguran ser ecológicas, pero solo lo son en apariencia– con el que “únicamente buscan atender sus propios beneficios”.

Similares críticas recibió, de hecho, la primera planta de hidrógeno verde de todo el Estado, puesta en marcha en 2022 en Lloseta (Mallorca) con el objetivo de caminar hacia la autosuficiencia energética y posicionar el país como el hub del hidrógeno renovable de referencia en el sur de Europa. El proyecto recibió la desaprobación de entidades ecologistas como el Grupo de Ornitología Balear (GOB), una de las plataformas volcadas desde hace varias décadas en la mejora y la conservación de las condiciones medioambientales del archipiélago. A su juicio, la iniciativa era “el enésimo caso de ‘lavado verde’ o ‘greenwashing’ en el que, tras un nombre moderno y una etiqueta verde, se pretende dar continuidad a negocios millonarios a costa de la destrucción del entorno natural”. “Si antes lo hacían para fabricar cemento, ahora será para hacer hidrógeno”, recriminan desde la entidad: “Quieren hacer creer que luchan contra el cambio climático las mismas grandes empresas que lo han provocado”.

Últim dia d'estiu a la platja de Can Picafort. Els primers clients de les terrasses dels bars del passeig marítim són residents i treballadors d'aquesta zona turística al nord de Mallorca. També algun turista matiner. Tres quilòmetres de passeig al costat del mar que sumen una cinquantena de bars i restaurants, una mica més de mitja dotzena d'hotels i altres comerços dedicats al turista de platja i els records que s'emportaran els visitants. Això a la primera línia.

Enfilen ja la recta final de la temporada. A finals d'octubre tot tornarà a estar tancat. I quedarà una passejada marítima sense les terrasses que han tornat a ser objecte de denúncies i polèmiques aquesta temporada. I ve de llarg.

Fa més de 20 anys. El primer conflicte va venir amb la Llei de Costes. Fins aquell moment, segons relata l'alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, “les terrasses estaven al costat de la sorra, enganxades a la platja, però Costes va obligar que es traslladessin a la façana dels bars i restaurants, per respectar els sis metres”.

Aquests sis metres són la servitud de trànsit de la Llei de Costes i es mesuren, segons la llei, “des de la línia interior de la ribera del mar que forma part de la servitud de protecció, si bé les limitacions són més estrictes”. “En aquesta zona no està autoritzada la construcció de cap instal·lació i s'haurà de deixar permanent expedita per a l'ús públic de vianants i per als vehicles de vigilància i salvament”, afegeix la llei. “Expedita”, emfatitza Monjo, “si apliquem la llei rigorosament, res de terrasses, ni taules ni cadires, però tampoc papereres, bancs o jocs infantils”. “Lliure d'obstacles és lliure de tot, no hi pot haver res”, comenta el primer edil.

Evidentment, el passeig marítim de Can Picafort té papereres, bancs, jardineres i jocs infantils. I compten amb el permís oportú. També els quatre grups escultòrics amb 21 figures femenines de Joan Bennàssar instal·lades el 2016. Després de l'èxit de l'exposició, van sol·licitar la seva integració definitiva dos anys després. A hores d'ara, aquestes escultures formen part del paisatge costaner de Can Picafort. “Però no denunciaran les escultures, denuncien les terrasses, perquè estan en contra del turisme”, critica l'alcalde de la localitat.

No denunciaran les escultures, denuncien les terrasses, perquè estan en contra del turisme

Joan Monjo — Batle de Santa Margalida

Les terrasses: ara sí, ara no

Miguel és el propietari del Bar Playa i recorda que “fa uns 25 anys” els “van obligar a canviar les terrasses a la façana i ja no era tan còmode per al turista, perquè des de la taula del bar podien veure els nens jugant, les tovalloles, tot, mentre es prenien un cafè”. “No té res a veure amb ser aquí, que ja no veus el nen, has de venir amb ell, agafar les teves pertinences… I són a l'ombra, aquí venen pel sol. Però vam acceptar el canvi, no n'hi va haver una altra, i així estem des de llavors”, comenta.

L'origen d'aquest conflicte va ser un informe de la Conselleria de Medi Ambient del Govern del 2001 que alertava de l'ocupació de la zona de servitud de trànsit. Tres anys després, el Ministeri de Medi Ambient va denegar a l'Ajuntament de Santa Margalida el permís perquè els bars i restaurants de Can Picafort ocupessin el passeig marítim amb taules i cadires. Tot i que l'Ajuntament va recórrer la decisió argumentant que feia molts anys que les terrasses ocupaven aquesta zona i que quedava espai lliure per al pas dels vianants, Costes va ordenar la retirada de les taules i cadires de les terrasses de la primera línia. L'Ajuntament va acatar la decisió. Durant un mes i mig d'aquell 2004, entre el maig i el juny, no hi va haver terrasses al passeig marítim de Can Picafort, fins que es va arribar a un acord provisional perquè s'instal·lessin novament aquesta temporada turística, segons recollia el diari local Última Hora aleshores.

L'estiu del 2005, la primera línia de Can Picafort tornava a lluir la seva estampa estiuenca d'un passeig ple de terrasses i turistes. El delegat de Govern en aquesta època, Ramon Socías, va autoritzar la instal·lació “sempre que quedin enganxades a la zona de terra i no a la de mar, no ocupin més d'un metre de superfície i deixin un espai lliure de pas de quatre metres d'amplada al passeig marítim perquè circulin vehicles d'emergència en cas de necessitat”. I aquestes són les condicions, les consensuades fa 20 anys amb Costes, a què fa referència l'actual alcalde de Santa Margalida després de les noves acusacions contra l'espai que ocupen les terrasses. Aquests quatre metres.

Les noves denúncies

Així sorgeix el nou conflicte, amb almenys dues denúncies aquest any. La primera per part de l'oposició. El PSOE de Santa Margalida va qüestionar al ple municipal de l'abril passat “l'excessiva” ocupació de la via pública. A principis de setembre, el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) denunciava davant el Consell de Mallorca la mateixa infracció. És la institució insular la que té competència sobre les autoritzacions, a més d'haver de fer les inspeccions pertinents i imposar multes en cas d'incompliment.

I per què la denúncia davant el Consell de Mallorca? Perquè és qui té les competències del litoral urbà des del 2001. Tot i que, avui dia, no és l'única institució amb deure de gestió. Són quatre.

L'1 de juliol de 2023, Balears assumia les competències de Costes i Litoral, convertint-se així en la quarta comunitat autònoma a aconseguir el traspàs, després de Catalunya, Andalusia i Canàries. Què implicava? La gestió de les autoritzacions administratives dins del domini públic maritimoterrestre (DPMT), els usos de temporada (com són les hamaques, para-sols o zones de fondeig) i les zones de servitud de trànsit (els sis primers metres des de la ribera del mar).

Però no només això. També que es compleixi el que està autoritzat, sancionar les infraccions i recaptar les multes. Això sí, el Govern es reservava el cobrament del cànon d'ocupació, la decisió final de les concessions i planificar els projectes i obres d'interès general. Amb aquest nou traspàs, els Consells Insulars passaven també a assumir la competència al litoral rústic.

Quants metres tutela la Llei de Costes en litoral urbà i rústic? És el que la llei anomena servitud de protecció i defineix així la seva amplada: “100 metres comptats des del límit interior de la ribera del mar, excepte en aquells trams litorals que, a l'entrada en vigor la Llei de Costes (28 de juliol de 1988), estiguessin ja classificats com a urbans o tinguessin un pla parcial ja aprovat amb anterioritat al dia 1 de gener de 1988, en els quals l'amplada és de 20 metres”.

En el cas del litoral urbà, en aquests 20 metres, tenen potestat quatre administracions: la llei és estatal (la de Costes de 1988), els primers sis metres els gestiona el govern autonòmic, els següents catorze el Consell Insular i l'Ajuntament de la localitat participa als vint, per exemple, atorgant les llicències d'ocupació de la via pública.

En rebre la denúncia del GOB, segons fonts del Consell de Mallorca, els inspectors es van desplaçar fins a Can Picafort per “aixecar acta i realitzar els informes oportuns”. “En aquests moments, està en procés de valoració i s'obrirà expedient sancionador en el cas que algun establiment no s'adeqüi a la normativa”, afegeixen. Les mateixes fonts asseguren que “Can Picafort no ha tramitat els permisos perquè s'instal·lin les terrasses, però altres ajuntaments de zones costaneres sí que ho han fet”. “Ho faré el 2025”, assegura a l'alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, “perquè tenim l'autorització de Costes del 2022 al 2025 i el traspàs de competències a Balears va ser l'any passat, no he d'informar de res si és vigent el darrer permís i ningú ens ha dit que hàgim de comunicar-ho al Consell”.

El Consell de Mallorca assegura que l'Ajuntament de Santa Margalida no ha tramitat els permisos perquè s'instal·lin les terrasses. 'Ho faré en 2025', afirma l'alcalde, qui afegeix que existeix un permís vigent

Des de la institució insular asseguren que “les notificacions s'han d'enviar a les tres administracions”, és a dir, a Costes estatal, al Govern i al Consell de Mallorca. “No hem demanat mai autorització al Consell, mai”, respon l'alcalde a la pregunta de si des del 2001 algun any han notificat la instal·lació de terrasses a la institució insular. “Però en tot aquest temps tampoc ens l'han demanada ni he vist cap inspector del Consell per aquí fins fa unes setmanes”, remarca el primer regidor. Fonts del Consell de Mallorca afirmen que Santa Margalida no els ha comunicat l'ocupació de la via pública ni aquest any ni l'anterior, però haurien de “consultar any rere any per saber si des del 2001 s'ha fet alguna vegada”. Després de l'enrenou muntat i l'absència de comunicació entre les dues institucions, a l'alcalde assegura que enviarà “els permisos de Costes al Consell” i els proposarà “un conveni per seguir controlant l'ocupació i passar la informació a qui correspongui”.

Els hotels també envaeixen la primera línia

La visita dels inspectors del Consell de Mallorca no és l'única que ha rebut Can Picafort aquest estiu. El zelador de Costes, segons l'alcalde, “va venir arran que la denúncia de l'oposició sortís a la premsa i jo li vaig ensenyar, en una segona reunió, tot el passeig marítim, i en veure que els hotels envaeixen tota la zona de protecció, ha quedat en punt mort”. Diversos hotels d'aquesta zona mallorquina, com The Sea Hotel (1966), Dunamar (1971) o l'hotel Son Bauló (1968), abasten amb les instal·lacions la zona de servitud de protecció, inclosa la de trànsit, quedant per a ús i gaudi exclusiu dels hostes d'aquests establiments.

L'alcalde assegura que ha anat un zelador a inspeccionar la primera línia de platja i que, després de veure que els hotels envaeixen tota la zona de protecció, la inspecció ha quedat en punt mort. Diversos hotels, construïts abans de la Llei de Costes abasten amb les seves instal·lacions la zona de servitud de protecció, inclosa la de trànsit, i queden per a ús i gaudi exclusiu dels hostes d'aquests establiments

La particularitat és que van ser aixecats abans de la Llei de Costes, situació que contempla la pròpia normativa. “La realització d'una nova delimitació no significa, de cap manera, que les edificacions que puguin quedar incloses dins dels terrenys de DPMT tinguin un origen il·legal. Per aquesta raó, la legislació actual reconeix els drets dels propietaris que al seu dia no van infringir cap normativa, però sotmet aquestes propietats a un règim especial”. “Hem instal·lat una passarel·la de fusta sobre la sorra perquè, almenys, els vianants puguin travessar aquesta zona d'hotels, perquè no tenen per on passar sense trepitjar la platja”, explica Monjo.

Una de les mesures adoptades per l'Ajuntament de Santa Margalida per donar espai als vianants ha estat eliminar el carril bici. “Com a Ajuntament estem a favor del turisme i volem tenir una oferta turística global en les millors condicions, per això a les zones més saturades del passeig marítim hem prohibit bicicletes i patinets, no són compatibles amb els vianants”, exposa l'alcalde.

L'amplada del passeig marítim de Can Picafort no és igual a tots els seus trams. La més estreta és una part del passeig de l'Enginyer Antoni Garau, on les terrasses envaeixen part de la zona de trànsit. És la part de sis metres que hauria d'estar expedita segons la normativa. Amb les terrasses de bars i restaurants, lliure i clar queden 4'8 metres. L'acord de fa 20 anys marcava quatre metres lliures. “El que no faré és dir-los a uns que poden posar taules i cadires i a altres, com és una mica més estret, no hi podeu posar. A més, és on hi ha més platja i la que més turistes té, com la deixarem sense serveis per un metro?”, argumenta l'alcalde Joan Monjo.

Com que l'amplada del passeig marítim no és igual a tots els seus trams, per complir amb la llei de Costes, l'Ajuntament hauria d'eliminar només algunes terrasses. 'El que no faré és dir-los a uns que poden posar taules i cadires ia altres, com és una mica més estret, no en podeu posar', argumenta l'alcalde

“Tenim tot el passeig marcat amb unes tatxes a terra que delimiten l'espai que poden ocupar les terrasses i fem diverses inspeccions durant la temporada per comprovar que es limiten a aquest espai”, sintetitza l'alcalde mentre una patrulla de la Policia Local de Santa Margalida fa les comprovacions pertinents. Un dels agents assegura a aquest diari que “la immensa majoria dels establiments compleixen i el que no, se sanciona”.

Un regidor té set terrasses il·legals

A la part més estreta d'aquest passeig, Miguel i Eugenio regenten els seus locals des de fa més de sis dècades. A més, Eugenio Garrido és regidor al Consistori i ha estat el centre de l'última polèmica, com recull aquesta notícia de l'Ara Balears, que informa que el polític té set establiments amb terrasses il·legals. El regidor explica que té “set locals en propietat, però cinc estan llogats i dos en explotació”. Un és el Vent i Mar, hotel i restaurant. Eugenio recorda que va començar amb el seu pare a treballar fa 42 anys: “No teníem res, i l'únic que hem fet ha estat això, treballar. Ell no ha gaudit mai de la vida, només ha treballat. I aquí segueix, amb 80 anys i li queden 10 per jubilar-se”.

No teníem res, i l'única cosa que hem fet ha estat això, treballar. El meu pare -que va muntar el restaurant que té una terrassa il·legal- mai no ha gaudit de la vida, només ha treballat. I aquí segueix, amb 80 anys i li queden 10 per jubilar-se

Eugenio Garrido — Propietari del Vent i Mar, hotel i restaurant, i regidor de l'Ajuntament de Santa Margalida

Però no només treballa el pare a l'hotel, també la mare. “Amb 83 anys i tots dos cotitzant”, puntualitza Eugenio. A les crítiques abocades, Eugenio respon: “M'ho prenc a riure i el meu pare em diu que és publicitat gratuïta”. I afegeix: “És una persecució contra l'alcalde i m'ha tocat a mi també perquè és regidor en el seu mandat”. L'alcalde coincideix amb el regidor que les denúncies per l'ocupació de les terrasses “són un atac personal”. La terrassa del Vent i Mar són dues files de taules i cadires i, segons Eugenio, “si poguessin, els clients estarien dins de la sorra, dins de l'aigua”. “Primer s'omple la terrassa i, quan ja no queda més remei, doncs es fiquen dins del local”, afirma.

Una de les cantines més concorregudes d'aquest passeig és el Bar Playa, que va obrir les portes el 1964. Miguel és el seu propietari. Critica el canvi d'ubicació de les terrasses de fa 20 anys. “Des que estan a l'ombra, els mesos de març, abril, setembre i octubre, a res que refresqui, no factures, perquè volen estar al sol i, enganxats a la façana i amb tendals, no hi ha sol. Abans teníem para-sols de ràfia, també feien més bonic el passeig”.

Sobre el traspàs de competències i com s'ha de comunicar l'ocupació de la via pública, Miguel afirma: “Com a propietari, vas a l'Ajuntament, demanem el permís, paguem la taxa i ja no sabem més, de si cal elevar-lo o no a més administracions , no estem per a tanta burocràcia, estem per treballar”. I aquesta temporada, malgrat les dades rècord d'ocupació, la facturació no ha estat traslladada al sector de la restauració. En aquesta zona de l'illa també ho han notat. Miguel assegura que la temporada ha anat pitjor que l'anterior: “La despesa de les famílies ha pujat molt i es queden a dinar als hotels, res de restaurants”.

En una altra zona del passeig, David treballa des d'aquest estiu com a relacions públiques de Pirates, però fa 20 anys que és a bars i restaurants de Can Picafort. Assegura que tenen “la llicència d'ocupació de la via pública i, sense les terrasses, ningú no vindria al local”. Khan, encarregat del Don Denis, està en una de les zones més amples del passeig i explica que “rarament” tenen clients dins del local. “Obrim d'abril a octubre i els clients prefereixen estar fora, amb les vistes al port i les escultures. Tots s'hi fan fotos”, afegeix.

L'alcalde detalla a elDiario.es que tots els establiments “tenen llicència d'ocupació i paguen els seus impostos”. “Som els primers interessats perquè tot això funcioni, perquè el passeig cal mantenir-lo i tenir-ne cura”. I afegeix que si no han elevat la documentació a altres administracions públiques de les illes és perquè “ningú” ho ha comunicat al Consistori. “Entenem que l'informe que enviem a Costes per al període 22-25 està autoritzat i vigent i el proper any tornarem a enviar-lo, amb tot, terrasses, hamaques, para-sols…” “Veus la platja? Aquest és el veritable problema que tenim a Can Picafort, que ens estem quedant sense platja, perquè es va fer malament el port i va interrompre la dinàmica dels corrents i ja no porten sorra, però això ningú no ho denuncia ni fa res”, conclou l'alcalde.