Cuando Donald Trump convirtió la hidroxicloroquina en el centro de atención el pasado marzo asegurando que era un medicamento “muy poderoso” para combatir la COVID-19, el presidente brasileño Jair Bolsonaro, su gran aliado, la adoptó rápidamente. Dos días después de la primera declaración del presidente estadounidense a favor de este medicamento, Bolsonaro anunció que el laboratorio del ejército brasileño ampliaría su producción. Mas tarde, el Ministerio de Salud autorizó el uso de cloroquina e hidroxicloroquina en casos graves de COVID-19 como terapia complementaria bajo criterio médico.

En ese momento, los estudios sobre la efectividad del medicamento, que se usa contra la malaria, aún no eran concluyentes, pero la presión del presidente se intensificó. En menos de un mes, dos ministros de Sanidad abandonaron el cargo –tras una destitución y una dimisión, respectivamente–, en parte debido a su oposición frente a este nuevo medicamento.

Pocos días después, el nuevo Ministerio de Salud comenzó a autorizar la prescripción de cloroquina asociada con la azitromicina para tratar casos leves, moderados y graves de COVID-19, siempre y cuando el paciente firmara un formulario de consentimiento y declarara conocer los riesgos.

Poco a poco, se han publicado nuevos estudios que demuestran la ineficacia de este fármaco para tratar la enfermedad y entidades médicas y científicas respetadas de todo el mundo han abandonado el uso de la cloroquina. Entre ellos, la agencia reguladora de Estados Unidos, que revocó el 15 de junio la autorización de emergencia de hidroxicloroquina para pacientes con COVID. En Brasil, entidades médicas como la Sociedad Brasileña de Enfermedades Infecciosas también se han opuesto a este fármaco. Además, la OMS ha suspendido los ensayos clínicos con este medicamento de manera definitiva.

Frente al resto del mundo, Bolsonaro siguió defendiendo y publicitando el medicamento en publicaciones y presentaciones a través de las redes sociales. En Brasil, los fabricantes de cloroquina, algunos de los cuales han declarado ser partidarios del presidente, vieron aumentar el consumo de este medicamento en un 358% hasta julio.

Desde que el presidente comenzó a publicitar supuestas curas para esta enfermedad, un séquito de médicos brasileños difundió un controvertido “tratamiento temprano” del virus, que implica el uso de hidroxicloroquina y cloroquina junto con otros fármacos, como el antibiótico azitromicina.

A partir de declaraciones enviadas por los lectores, una investigación de Agencia Pública detectó que varios municipios comenzaron a usar medicamentos ineficaces como parte de sus políticas públicas para combatir la enfermedad. En muchas ciudades, estos medicamentos también se convirtieron en un instrumento dentro de la campaña para las elecciones municipales que se llevarán a cabo este domingo 15 de noviembre, contribuyendo así a la popularidad de los alcaldes que buscan la reelección.

Tras la investigación de los protocolos adoptados en diez ciudades de ocho estados diferentes, que describen el cuadro de la situación en el país, de norte a sur, los ayuntamientos ofrecen “kits anti-COVID-19” que contienen medicamentos ineficaces, prometiendo, de manera ilusoria, prevenir o curar la enfermedad que ya ha matado a más de 164.000 brasileños. En al menos ocho de las ciudades investigadas, los residentes informaron de que los medicamentos se entregaron incluso sin tener un resultado de la prueba de COVID-19.

Los medicamentos entran en la disputa electoral

Pero ¿por qué distribuir medicamentos que no funcionan? Agencia Pública habló con varios expertos que señalan el uso político de la falsa “cura” en el contexto de la carrera por las elecciones municipales de 2020.

“El uso político de medicamentos y vacunas es muy evidente ahora durante la pandemia”, dice Natália Pasternak, doctora en microbiología de la Universidad de São Paulo y presidenta del Instituto Questão de Ciência. “Es muy fácil conseguir los votos y la simpatía de la gente así, 'mira cómo cuido a la población de mi ciudad, estoy repartiendo un botiquín gratis”.

Esto es lo que está sucediendo en Natal, capital de Rio Grande do Norte, según Daniel Menezes, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte (UFRN). En busca de su reelección en 2020, el alcalde Álvaro Dias creó al menos tres centros de distribución de medicamentos y sostiene que la ivermectina –sin eficacia probada– “es eficaz para prevenir el coronavirus”. Las declaraciones están siendo investigadas por la fiscalía estatal como posible propaganda electoral irregular. “Mi hipótesis es que él, utilizando una investigación cualitativa, logró mapear muy bien el sentimiento de la población. ¿La gente quiere medicinas? Entonces le daré medicina”, dice Menezes.

En Paranaguá, en el estado de Paraná, el alcalde, que también se presenta a la reelección este año, anunció en julio a través de sus redes sociales la “distribución masiva” de cajas con tabletas de ivermectina para “inmunizar a la población”. La distribución de medicamentos se realizó en un gimnasio, en una tienda e incluso en las escuelas municipales, y cada etapa fue documentada detalladamente en las redes del político.

“Aquí estamos superando el virus chino”, dice el tuit fijado en el perfil de Everton Sodário (PSL), alcalde de la pequeña Mirandópolis, en el estado de São Paulo. Candidato a la reelección en una ciudad donde el 68,3% de los habitantes votó a Bolsonaro como presidente, se autodenomina “Bolsonaro caipira” y sigue las instrucciones del presidente al pie de la letra. Anima a la población a romper el aislamiento y distribuye el “kit COVID-19” con hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, zinc y vitaminas C y D. La compra de los medicamentos por parte de la ciudad recibió un tuit de apoyo del congresista Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente.

En Cáceres, el estado de Mato Grosso, el denso humo de los incendios del Pantanal, la mayor región inundable del mundo, han agravado el avance de la pandemia, por lo que la ciudad también decidió apelar a fuerzas superiores. Dentro de los sobres con dos cápsulas de ivermectina distribuidas a la población también había un mensaje religioso: “Esta lucha es del Señor Jesús. Juntos derrotaremos a la COVID-19 - SMS Cáceres”.

En un vídeo publicado en la página de Facebook del ayuntamiento el 21 de julio, el alcalde Francis Maris invitó a cualquier persona que aún no hubiera tomado el medicamento “como prevención del coronavirus” a recogerlo en el centro de convenciones de la ciudad.

En una publicación de Facebook anunciando su regreso al trabajo después de recuperarse de la COVID-19, el alcalde de Vilhena, un municipio del estado de Rondônia, en la Amazonía brasileña, dijo: “Creemos que es importante comenzar a tomar el kit de cloroquina, ivermectina y azitromicina, unos cinco días después de presentarse los primeros síntomas, para curar la enfermedad o evitar que se agrave”. La publicación tuvo más de 500 Me gusta y un centenar de comentarios positivos.

En Porto Feliz, en el estado de São Paulo, el protocolo incluso decía que la ciudad brindaría apoyo legal únicamente a los médicos que prescribieran medicamentos ineficaces. El fragmento fue posteriormente eliminado. El documento fue firmado por el alcalde, el doctor Cássio Prado, quien es cirujano e intensivista, y fue uno de los primeros en adoptar la hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina en Brasil y se hizo famoso como el hombre del cartel de “tratamiento temprano”.

Los pacientes que los necesitan se quedan sin ellos

La medida impidió que la hidroxicloroquina llegara a quienes de verdad la necesitaban en la ciudad, como fue el caso de Sueli Souza Santos, portadora de una enfermedad autoinmune. “Cuando empezó la pandemia nos la cancelaron, incluso en las farmacias a las que no teníamos acceso. Según ellos, solo ahora podían enviar a hospitales. Y en mi caso, como paciente autoinmune, estaría sin el medicamento porque no había para comprarlo”, dijo Souza, ama de casa, a Agencia Pública. Estuvo hasta 40 días sin el tratamiento necesario por no encontrar el medicamento. “Duele todo el cuerpo, te da fiebre y te quedas en la cama porque el dolor es demasiado fuerte”.

El anuncio de hidroxicloroquina también llevó a que gente común de todo el país exigiese este medicamento al Gobierno, como sucedió en Palmeiras de Goiás, en el estado de Goiás, y en Joinville, en el estado de Santa Catarina.

En la ciudad de Santa Catarina, la presión popular y la preocupación por la automedicación les llevaron a crear un “centro de tratamiento temprano” con el objetivo de llevar a “las personas que quieren recetar y los que quieran recibir” cloroquina, porque, según la secretaria de salud de la ciudad, hubo “conflictos” entre parte de la población que quería tomar el medicamento y los médicos que se negaban a recetarlo.

“Llegamos al absurdo de crear un lugar para recetar, aunque sea supervisado, un fármaco que tiene niveles de toxicidad, porque la gente quiere tomarlo, en lugar de explicarles adecuadamente los riesgos e ineficacia del medicamento”, declaró el médico Fábio Gaudenzi, presidente de la Sociedad Catarinense de Infectología.

El equipo de Agencia Pública halló que algunos casos en que las autoridades de la ciudad justificaron sus controvertidos protocolos argumentando que era necesario hacer algo para combatir el avance del coronavirus, incluso si los medicamentos disponibles no eran el arma ideal. “Los que estamos en primera línea tenemos a nuestro paciente al frente, que se enferma”, dice Leonel Nulman Szterling, director clínico del Hospital de Clínicas de Sao Sebastiao. Entre los casos investigados también hay informes de profesionales de la salud de primera línea y pacientes que se sintieron presionados para usar cloroquina y otros medicamentos que han demostrado ser ineficaces contra la COVID-19.

“Bolsitas de ilusión”

“A esta distribución la llamo 'bolsitas de ilusión'. Nada tiene sentido en estos 'kits anti-COVID'-19”, dice Margareth Dalcolmo, neumóloga, profesora e investigadora de la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), una de las instituciones de salud pública más reconocidas del mundo. “Es muy absurdo distribuir estos fármacos a nivel político en un momento electoral. El uso es demagógico y político”, resume la médica.

Tanto la Organización Mundial de la Salud como la comunidad científica internacional ya han declarado en repetidas ocasiones que no existe evidencia científica de que la cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina funcionen para la COVID-19. En todo el mundo, se desaconseja el uso de estos medicamentos.

Además de los graves efectos secundarios de la cloroquina, los expertos escuchados por Pública advierten del “daño social” de tomar ivermectina para los pacientes cardíacos, un fármaco distribuido en al menos seis de las diez ciudades retratadas en esta serie.

“Puede generar una falsa sensación de seguridad. Las personas pueden pensar que están protegidas por este kit, ya no necesitan usar mascarilla, pueden visitar a los padres ancianos, ir a las aglomeraciones, ya no necesitan tener cuidado con la distancia social”, advierte Pasternak.

Hemos pedido a algunos expertos que nos respondan dos cuestiones sobre el proceso participativo que ayer tuvo lugar en Catalunya. Por un lado, sobre la legitimidad de los resultados, y por otro, sobre si el resultado del proceso participativo tendrá algún efecto en la posición que hasta ahora ha mantenido la comunidad internacional y la Unión Europea.

Andrés Boix Palop - Profesor de Derecho Administrativo. Universitat de València

Andrés Boix Palop

¿Crees que los resultados de la “votación” de ayer pueden considerarse legítimos?

Los resultados serán totalmente legítimos como medida de reivindicación, protesta y, si se quiere, publicitaria de la causa independentista, pero nada más, como por otro lado es bastante evidente. Las dimensiones que ha adquirido el proceso participativo son correlativos a la importancia de la reivindicación y de la protesta. Pero en el fondo no va más allá de ahí. Tampoco menos, eso sí, pues no conviene minusvalorar el efecto de una movilización ciudadana importante en este sentido.

¿Consideras que “el proceso de participación ciudadana” hará cambiar la posición de la comunidad internacional/Unión Europea sobre la necesidad de que en Catalunya pueda darse un proceso de consulta con todas las garantías democráticas?

No por sí solo, al menos mientras no sea frustrado por medio del ejercicio de la coacción pública frente a reivindicaciones pacíficas, que a día de hoy está, lógicamente, muy mal visto por la comunidad internacional y, especialmente, la Unión Europea. Ello no obstante, forma parte de un proceso de reivindicación y protesta que, en la medida en que es sostenido en el tiempo y muy ampliamente respaldado por gran parte de la sociedad catalana, inevitablemente tiene (de hecho, ha tenido ya) un efecto no menor en la visión que de todo este proceso (y de la calidad de la democracia española) se tiene en el resto de Europa.

Astrid Barrio - Doctora en Ciencia Política y de la Administración, Profesora en la Universidad de Valencia

Astrid Barrio

¿Crees que los resultados de la “votación” de ayer pueden considerarse legítimos?

En general cualquier opinión política expresada por medios pacíficos, como ha sido el caso, y cuyo contenido sustantivo respete el principio de equidad y los derechos humanos ha de ser considerada como legítima en una democracia, precisamente porque el pluralismo político es consustancial a la democracia. Pero si optamos por una interpretación legalista del concepto de legitimidad caben algunas dudas ya que el proceso por el cual se ha expresado esta opinión no ha sido legalmente autorizado, con independencia de la razón o justicia de la demanda.

¿Consideras que “el proceso de participación ciudadana” hará cambiar la posición de la comunidad internacional/Unión Europea sobre la necesidad de que en Catalunya pueda darse un proceso de consulta con todas las garantías democráticas?

Si bien uno de los objetivos que persigue la consulta-proceso participativo es la proyección internacional de la cuestión catalana y muy especialmente situarla en la agenda europea, probablemente las autoridades europeas seguirán considerándolo un asunto interno de España y a lo sumo abogarán por una solución negociada sin manifestar preferencias sobre los resultados. Además, se hace difícil imaginar que la propia UE inste a un proceso que pudiera culminar con la modificación de sus fronteras. Otra cosa es que la proyección mediática de las reiteradas y masivas acciones colectivas de los catalanes a favor del derecho de autodeterminación consigan tener impacto en la opinión pública europea e internacional.

Carol Galais - Doctora en Ciencias Políticas por la Universitat Pompeu Fabra

Carol Galais

¿Crees que los resultados de la “votación” de ayer pueden considerarse legítimos?

Legítima en tanto que de acuerdo con la ley, o al menos con ciertos parámetros democráticos –censo, etc.-, no puede serlo porque no la han dejado. Aunque eso es lo de menos, porque la legitimidad de las instituciones que se la han cargado está siendo cuestionada desde todos los frentes. Legítima en tanto que útil como toma de pulso de la opinión pública, tampoco, porque siempre será más ineficiente que una buena encuesta representativa. Sólo es legítima como protesta, y sólo por lo cerril de las instituciones y actores políticos del Estado. Ante la sospecha de que la intención de CiU siempre fue celebrar este “proceso”, y no una consulta o un referéndum, incluso esta legitimidad está condicionada a las decisiones que tome el Govern en los próximos días.

¿Consideras que “el proceso de participación ciudadana” hará cambiar la posición de la comunidad internacional/Unión Europea sobre la necesidad de que en Catalunya pueda darse un proceso de consulta con todas las garantías democráticas?

En Québec –desde donde escribo- el interés por el futuro de Cataluña se ha desinflado tras el referéndum escocés. Para que lo que está pasando en Cataluña fuera noticia internacional, se debería haber escalado el conflicto, o al menos mantenerlo a la misma intensidad que las hostilidades del gobierno de España; esto es, manteniendo la consulta en los términos propuestos por la ley y asumiendo las consecuencias, que las hubiera habido. Pero también primeras planas, reflexiones y pronunciamientos internacionales.

Antoni-Ítalo de Moragas - Doctorando en Economía en el Instituto Universitario Europeo de Florencia

Antoni-Ítalo de Moragas

¿Crees que los resultados de la “votación” de ayer pueden considerarse legítimos?

El proceso participativo tiene unos incentivos muy distintos de los que tendría un referéndum cuyos resultados tuvieran consecuencias claras. La ausencia de estos incentivos distorsiona los resultados mediante dos mecanismos.

En primer lugar, en un referéndum, el votante expresa su voto no solamente teniendo en cuenta la simpatía que le suscita cada opción sino, también, anticipando los beneficios y riesgos que ésta tiene asociada. En la votación de hoy, los ciudadanos han manifestado, mayoritariamente, su simpatía hacia la independencia pero hay personas que simpatizan con la independencia y que, en un eventual referéndum, votarían una opción más conservadora.

En segundo lugar, en los referéndums en los que se trata una cuestión tan fundamental como una secesión, la participación es extraordinariamente elevada (84,59% en el referéndum por la independencia de Escocia o 93,52% en el último del Quebec). Esta alta participación garantiza que los votos sean representativos de las preferencias de la población. Es evidente que las personas que hoy se han abstenido no son indiferentes.

En definitiva, en ausencia de incentivos reales, la “votación” de hoy padece de las mismas limitaciones que un sondeo: las personas no desvelan sus preferencias reales y, además, aunque la muestra sea mucho mayor, el sesgo de selección la hace menos representativa. Los resultados de la votación no pueden, por tanto, considerarse legítimos, la movilización ciudadana, sí.

¿Consideras que “el proceso de participación ciudadana” hará cambiar la posición de la comunidad internacional/Unión Europea sobre la necesidad de que en Catalunya pueda darse un proceso de consulta con todas las garantías democráticas?

Dudo que una movilización haga cambiar la posición de la comunidad internacional y de la Unión Europea. De hecho, la posición de la comunidad internacional es, hasta cierto punto, irrelevante. Si algo ha demostrado el 9N y sus posteriores variantes es que mientras Catalunya forme parte de España no es posible realizar una consulta con las suficientes garantías democráticas sin la autorización del Gobierno Español.

El 3 de octubre de 2012, tercer día de vida de Agenda Pública, publicamos un artículo de Ignacio Sánchez Cuenca en que el autor se preguntaba si ¿Se puede apoyar un referéndum de secesión si ser indepenentista? a lo que él mismo respondía que sí y defendía el referéndum previo a la reforma constitucional como instrumento oportuno para conocer la opinión del pueblo de Catalunya respecto a su encaje en España.

Desde entonces Catalunya y la celebración de una consulta ha sido uno de los temas que han centrado el análisis de Agenda Pública porque todas las dudas sobre la consulta o referéndum, más o menos intensas, no esconden que en Catalunya existe una amplia parte de la ciudadanía que se ha creído o que ha creído que esta se iba a producir. Hoy, día 9 de noviembre, queremos aprovechar para repasar los debates que creemos que han existido hasta día de hoy y a los que Agenda Pública ha querido aportar el conocimiento de los mejores expertos y científicos sociales.

El encaje de la consulta en la Constitución

El pasado mes de diciembre, y ante la inminente presentación oficial de la consulta, Xavier Bernardí explicaba cinco vías legales para consultar a los ciudadanos de Cataluña sobre su futuro político. Según Bernadí, los impedimentos a dicha consulta no se encontraban tanto en el texto de la Constitución, sino en el plano de la interpretación de dicho texto por parte del Tribunal Constitucional (TC). Todas ellas, por cierto, descartadas por las instituciones del Estado pese a los intentos de la Generalitat.

Por otra parte, el silencio del Estado, encontró su respuesta en la presentación unilateral por el President Mas de las preguntas a realizar a la ciudadanía catalana el 9 de noviembre. Quedaban así fijados el contenido y alcance de la consulta y su fecha de celebración. Sin embargo, el debate sobre la constitucionalidad quedó en el aire hasta el pasado mes de septiembre, con la definitiva aprobación de la Ley de consultas catalana. Inmediatamente después de su publicación, Eduardo Vírgala avisó que, en caso de que se recurriera la inconstitucionalidad de dicha ley, y se impugnara la convocatoria de la consulta, el TC no tendría más remedio que decretar la suspensión automática porque la ley le obliga a ello. A la vez admitía que con ello no se aportaba nada para solucionar el problema y que el ordenamiento debía permitir una salida que posibilitara el pronunciamiento claro de los catalanes. La misma conclusión, y un análisis parecido, al que publicaba días después Andrés Boix.

En cambio, en aquellas mismas fechas Mercè Barceló apuntaba que a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional cabía mantener la plena constitucionalidad de la ley de consultas catalana. Según ella, una de las claves reside en la diferencia entre referéndum y consulta popular no referendaria. Desde Agenda Pública publicamos una tabla para poner un poco de luz y ayudar a diferenciar entre los dos conceptos.

En cualquier caso, finalmente llegó la suspensión del TC, como explicó Argelia Queralt en un artículo en el que se presentaba paso a paso todo el proceso de impugnación y suspensión de la Ley y la convocatoria de la consulta y como esta potestad de forzar la suspensión es una potestad de la que únicamente goza el gobierno del estado y no, en cambio, los gobiernos autonómicos. Unos días después Miguel Ángel Presno Linera completaba el análisis recordando que, pese a lo que pudiera parecer, la suspensión no presupone la inconstitucionalidad de los actos impugnados.

Finalmente, la reacción a este escenario por parte de la Generalitat, convocando el nuevo 9-N, volvió a activar el mismo mecanismo de impugnación por parte del gobierno y la posterior suspensión del TC. Andrés Boix analizó las claves para entender esta suspensión. En este artículo destacaba por lo novedoso del enfoque las dudas que generaba al autor el hecho de que el nuevo 9N pudiera ser impugnado ante la jurisdicción constitucional, siendo, en cambio, la vía adecuada la jurisdicción ordinaria.

¿Es el referéndum la solución?

Por su parte, Pau Marí-Klose nos planteó en ‘Volem votar, ¡y Visca la paradoja de Condorcet!’, la necesidad de estudiar en qué medida los procedimientos de consulta permiten identificar y ofrecer un cauce de expresión a preferencias mayoritarias sólidas. En concreto, el autor afirmaba que la agregación de decisiones individuales que se realiza en un referéndum no garantiza necesariamente la adopción de una decisión colectiva capaz de derrotar a otras opciones posibles. En una línea similar, Ana Sofía Cardenal nos mostraba, a través de un experimento, la posibilidad de que el resultado del referéndum en Catalunya no cierre de una vez por todas la negociación sobre este tema.

De la ley a la política

Según Manuel Arias Maldonado, la solución a la situación actual entre Catalunya y España la encontramos en la legitimidad democrática basada en el respeto a un conjunto de principios, normas y procedimientos que garantizan las condiciones en que se desarrolla el proceso político. En otras palabras, no estamos ante un “choque de legitimidades”, precisamente porque no existen dos legitimidades. Y es que el conflicto no puede solucionarse fuera de una legitimidad que garantiza la neutralidad institucional y el respeto a las voces de las minorías.

En otro artículo, Argelia Queralt apuntaba que los impedimentos jurídicos a la consulta no podían esconder que en Catalunya existe una amplia parte de la ciudadanía que se ha creído o que ha creído que esta se iba a producir. Por su parte, Jorge Cagiao avisaba que plantear la Constitución como un límite infranqueable para ciertos proyectos políticos es un error. Se trata de una descripción equivocada de la realidad jurídica. En este sentido, el mismo Cagiao defendía en ‘Lo que no aprendimos de Canadá’, que el ejemplo canadiense podría haber sido de gran utilidad para los magistrados del TC.

Por último, en una entrevista, el profesor de la Universidad de Montreal Jean Leclair, señalaba que “los ciudadanos tenemos derecho legítimo a formar parte de más de una comunidad política y a no renunciar a ninguna de nuestras identidades”, y añadía “la comunidad internacional no legitima referéndums sólo porque la gente diga que tiene derecho a decidir. Catalunya debe entender que no es simplemente decir me voy.”

¿Estrategia de las élites o movimiento social?

Existen dos formas distintas de entender el origen y el desarrollo de la situación política en Catalunya. Viéndolo como un proceso iniciado por las élites y trasladado a la ciudadanía, o al revés, un proceso bottom-up, en el que la ciudadanía ha dirigido a los partidos políticos hacia sus posicionamientos.

En ‘Cómo los partidos han ayudado a polarizar el debate político en Cataluña (¿hasta perder el control?)’, Juan Rodríguez y Astrid Barrio defienden el primer punto de vista. Según ellos, la visión de que los partidos han ido a remolque de los ciudadanos indignados no se sostiene a tenor de lo que dicen los datos. Creen que ello es resultado de que en Catalunya los partidos escogieron la organización territorial como el eje principal en el que se disputa la competición política.

En cambio, Jordi Muñoz opina que pese al interés académico sobre el origen y el motor del cambio en la opinión pública catalana, políticamente sólo es relevante por las implicaciones que algunos, interesadamente, derivan de una u otra postura. Lo analizó en ‘¿Élites o ciudadanos? Elige tu propia aventura’.

9-N: sin debate plural no hay decisión

En ‘La pregunta sí importa’, Xavier Arbós apuntaba que no se podrá votar si no es desde la legalidad, y ningún voto servirá si no se formula con las garantías que solamente la legalidad puede otorgar.

Una vez conocimos la fórmula para el proceso que hoy se lleva a cabo, pedimos a distintos expertos para que nos ayudaron a entender la propuesta. La opinión mayoritaria fue que una decisión de este tipo, tomada sin debate plural, no tenía las garantías democráticas suficientes.

Javier Pérez Royo era muy claro al respecto: “Si hay acto de convocatoria, hay recurso y, por tanto, suspensión automática. (...) Y si no hay acto de convocatoria por el President de la Generalitat, no se como se puede celebrar la votación”.

¿Y ahora qué?

Juan Rodríguez Teruel, en un artículo publicado conjuntamente en Agenda Pública y en Europp Blog de la London School of Economics, dibujaba el escenario político en Catalunya. Según él, si Junqueras o Mas no desisten ante el otro, se vislumbra un panorama donde la inestabilidad y la incertidumbre no dejarán de incrementarse.

Planteando un posible escenario a partir del 10-N, Oriol Bartomeus analizó la posibilidad de que se convoquen elecciones en Catalunya y que estas se presenten como unas plebiscitarias. Según él, el carácter plebiscitario de unos comicios viene dado por el encuadramiento de las diferentes fuerzas en dos bloques antagónicos. No sabemos si esto pasará en Catalunya, lo que sí sabemos es que si se habla de ello es debido al interés de algunas fuerzas políticas a dar a estas hipotéticas elecciones un carácter trascendental.

Estos dos años han puesto de manifiesto que sí se puede estar a favor de un referéndum sin ser independentista, sin embargo, sigue sin resolver el encaje de Catalunya en España o su desencaje final. Es necesario recordar, nuevamente, la frase de Alberto López Basaguren: “la política tiene que evitar el callejón sin salida”.

Enoch Alberti Rovira: "Un estado federal se define por una estructura jurídica y por una cultura política, sin la cual dicha estructura no resulta efectiva ni viable a largo plazo. España no dispone ni de una cosa ni de la otra."

Ana M. Carmona Contreras: "A pesar de los más de 30 años de experiencia autonómica y de los avances que se han producido, la ciudadanía no ha interiorizado la idea de España como un Estado federal"

Alberto López Basaguren: "Nos debe preocupar cuáles son los problemas específicos de nuestro sistema y de qué forma la experiencia de los sistemas federales más solventes de nuestro entorno nos pueden ayudar a resolverlos"

Fernando Álvarez-Ossorio: "Carecemos de impulso federal Constituyente, es decir, que en el pacto fundante de la Federación, o en su reforma, la voluntad de los territorios sea tomada en cuenta y en ningún caso presupuesta"

José Tudela Aranda: "España sería un Estado materialmente federal. Sin embargo, no sería posible identificarlo con un federalismo ortodoxo"

Hemos preguntado a diferentes expertos y expertas del mundo jurídico hasta qué punto podemos considerar que España es un Estado federal. Aunque hay disparidad en las opiniones y los razonamientos, destaca la idea de que además de los posibles problemas con la estructura jurídica, el principal freno reside en la falta de cultura política, de interiorización de la idea federal.

Enoch Alberti Rovira - Catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona y decano de su facultad de derecho

Enoch Alberti Rovira

¿Considera que cabe afirmar que España es materialmente un Estado Federal? ¿Por qué?

Un estado federal se define por una estructura jurídica, pero también por una cultura política, sin la cual dicha estructura no resulta efectiva ni viable a largo plazo. Y, a mi juicio, España no dispone ni de una cosa ni de la otra. Desde el punto de vista de la arquitectura jurídica, el estado federal se caracteriza, esencialmente, por basarse en un doble nivel de gobierno territorial, cada uno responsable en determinados ámbitos, y coordinados entre si en los asuntos de interés común. En España, el sistema de distribución de competencias, tal como se diseñó pero, sobre todo, tal como se ha desarrollado, impide esta delimitación de responsabilidades. Además, no existen cauces adecuados para propiciar la coordinación y la colaboración, más allá de la mera imposición del nivel central de gobierno. Y desde el punto de vista de la cultura política, incluso más allá de la cuestión territorial, la que impera en España se basa más en el uniformismo y la imposición que en el respeto de la diversidad y el diálogo para lograr compromisos estables.

Creo que hemos vivido durante unos años en un espejismo constitucional, creyendo que España había creado unas bases sólidas para garantizar la convivencia política y territorial y superar sus problemas históricos, pero parece que finalmente no se deja que la Constitución cumpla con su función integradora y se la vuelve a utilizar en sentido estrecho y excluyente.

¿Qué elementos deberían modificarse para poder hablar propiamente de un Estado Federal?

Los elementos relativos a la arquitectura jurídica son fáciles de identificar técnicamente, con independencia de que políticamente resulten muy difíciles de modificar. Básicamente serian tres: una buena distribución de competencias, que permita delimitar claramente ámbitos de responsabilidad y que garantice la personalidad de las partes; un adecuado diseño de las vías de colaboración y participación, entre ellos el Senado, y que abarque también los asuntos europeos; y un sistema de financiación basado en la autonomía fiscal y financiera y la solidaridad transparente.

Pero lo más difícil seria modificar la cultura política que debe animar y presidir esta nueva organización. Una cultura basada en el reconocimiento y el respeto a la diversidad (que comporta necesariamente una nueva concepción de la igualdad, no basada en el uniformismo), en la lealtad institucional, que deber vincular a todas las partes, y en el diálogo y la búsqueda de acuerdos y compromisos, en lugar de la actuación unilateral y la imposición.

Ana M. Carmona Contreras - Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla

Ana M. Carmona Contreras

¿Considera que cabe afirmar que España es materialmente un Estado Federal? ¿Por qué?

Pues depende de la óptica que apliquemos a la hora de responder. Porque si acudimos al planteamiento jurídico es obvio que, a pesar del silencio constitucional y de la carencia de una verdadera cámara de representación territorial, España es sin lugar a dudas un Estado materialmente federal. El nivel de descentralización política existente en nuestro ordenamiento, más allá de la cuestión semántica, apunta claramente en tal sentido.

Ahora bien, si abordamos la cuestión desde una perspectiva más amplia y echamos mano de un concepto tan esencial para cualquier sistema político como es el de “cultura política”, entonces, la respuesta ya no es tan clara, ya que en España adolecemos de una cultura federal. A pesar de los más de 30 años de experiencia autonómica y de los avances que se han producido, no cabe afirmar que en la conciencia de los ciudadanos se haya instalado la idea de España como Estado federal. Con todo lo que ello implica. No sólo en términos de organización territorial del poder, jurídicamente hablando, sino también y sobre todo, en lo relativo a la construcción de la noción misma de Estado.

¿Qué elementos deberían modificarse para poder hablar propiamente de un Estado Federal/profundizar en su naturaleza federal?

Profundizar en la naturaleza federal del Estado requeriría, por supuesto, una reforma de la Constitución, incorporando una referencia expresa a la dimensión federal que, lógicamente, conduce a la formulación del elenco de estados que integran la federación.

También resultaría necesario introducir una cámara de representación territorial, reforzando los mecanismos de colaboración entre los distintos niveles de gobierno sobre la base de un principio esencial: la lealtad institucional. En este sentido, hay que ser conscientes de que, más allá de la regulación jurídica, la clave del éxito reside en la existencia de una cultura del diálogo que, en la actualidad, no sólo es escasa sino profundamente insatisfactoria.

Fernando Álvarez-Ossorio - Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla

Fernando Álvarez-Ossorio - Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla

¿Considera que cabe afirmar que España es materialmente un Estado Federal? ¿Por qué?

Si por Estado Federal entendemos Estado compuesto, es decir, un Estado integrado por dos niveles políticos de actuación, que cuenta con una clara distribución de competencias entre las distintas unidades políticas que lo conforman y, por último, que dispone de una instancia independiente para la resolución de conflictos competenciales, pudiera decirse que sí. ¿Pero es eso, o solamente eso, un Estado Federal? Pienso que no. La forma federal de un Estado, a mi modo de ver, se sustenta en una cultura de la que carecemos, deficiencia que comienza con las reticencias que encontramos para reconocernos como Estado plurinacional -motor de arranque de la idea federal-. Nuestro Estado de las Autonomías, su creación y evolución, surge de unos presupuestos bien diferentes. No somos, en este sentido, un Estado federal de llegada.

¿Qué elementos deberían modificarse para poder hablar propiamente de un Estado Federal?

Insistiré sobre la misma idea. Lo federal lógicamente necesita de “organización”, y eso te lleva a hablar de Senado como cámara de representación de los territorios, además de a otros mecanismos imprescindibles para gestionar eficientemente lo territorialmente plural: Conferencias sectoriales, de Presidentes u otras fórmulas colaborativas. Pero más allá de esto, creo que de lo que carecemos es de impulso federal Constituyente, es decir, de la necesidad de que en el pacto fundante de la Federación, o en su reforma, la voluntad de los territorios sea tomada en cuenta y en ningún caso presupuesta. El principio de lealtad federal sería consecuencia lógica de esta voluntad expresa de pertenencia y la vocación de dicho pacto la de perdurar en el tiempo. Un “momento” federal, eso es lo que nos haría falta, nada más y nada menos.

Alberto López Basaguren - Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco

Alberto López Basaguren -

¿Considera que cabe afirmar que España es materialmente un Estado Federal? ¿Por qué?

Los especialistas extranjeros en federalismo que se han ocupado del tema concluyen, de forma prácticamente unánime, afirmando la condición federal de nuestro sistema autonómico: D. Elazar, R. Watts, R. Simeon, A. Stepan, R. Agranoff, J. Rodden. Esa condición se pone en entredicho, de forma casi exclusiva, por autores españoles. Creo que es debido a que, por una parte, algunos siguen apegados a una interpretación del sistema federal vinculada al federalismo clásico -especialmente al norteamericano- que ha sido ampliamente superada en la literatura académica; y, por otra, a una concepción del federalismo (muy significativamente, lo que han dado en llamar el “federalismo plurinacional”) que tiene muy poco que ver con los sistemas federales realmente existentes. La negación de la condición federal de España suele esconder dos tipos diferentes de pretensiones: tratar de mantener algunas singularidades del sistema español -muy significativamente, la “función constitucional” del Estatuto de autonomía- o echar sobre el sistema español una sombra política negativa, excluyéndolo de la “primera división”.

Lo que define a un sistema federal es la existencia de una división de poderes, privativos unos de los territorios dotados de autonomía (self-rule) y otros de las instituciones comunes (shared rule), constitucionalmente garantizados -lo que en España se materializa en la relación entre Constitución y EA-, cuyas controversias son dirimidas por un órgano de naturaleza “judicial” -Tribunal Supremo o Constitucional, según los casos, en última instancia-.

Creo que no debiéramos perder demasiado tiempo en estos debates. Lo que nos debe preocupar es cuáles son los problemas específicos de nuestro sistema y de qué forma la experiencia de los sistemas federales más solventes de nuestro entorno nos pueden mostrar el camino para resolverlos.

¿Qué elementos deberían modificarse para poder hablar propiamente de un Estado Federal?

Los problemas más importantes de nuestro sistema se han puesto de manifiesto en el ámbito de la distribución de competencias y en el sistema de financiación. El recurso al esquema bases-desarrollo, como eje fundamental de la distribución de poderes ha fracasado. Y el sistema de financiación no ha logrado establecer criterios de coherencia incontestable en la distribución de recursos, de forma que la nivelación o redistribución responda a criterios claros, generales y coherentes, de forma que sean difícilmente impugnables. Además, sería conveniente establecer un sistema institucional que -muy especialmente en el ámbito legislativo, pero no exclusivamente- obligue al logro de consensos sobre la base de la necesaria confluencia de distintas voluntades. Con ello, se impulsaría, de forma muy importante, el desarrollo de una cultura federal, que es una de nuestras deficiencias más importantes. Eso es lo que hace que en los sistemas federales no sea determinante que la segunda Cámara represente directamente a los gobiernos de los territorios -lo que es exclusivo de Alemania-, sino que obligue a consensos sobre la base de confluencia de voluntades políticas articuladas sobre bases distintas.

José Tudela Aranda - Secretario General de la Fundación Manuel Giménez Abad

José Tudela ArandaFundación Manuel Giménez Abad

¿Considera que España es un País materialmente federal? ¿Por qué?

La respuesta exige determinar la premisa. En este sentido, la pregunta obligada es qué es un Estado federal. Si por tal se entiende un Estado descentralizado políticamente, con un nivel cuantitativo y cualitativo de autonomía relevante y que cumple de forma aceptable los estándares mínimos comúnmente aceptados por la doctrina para el federalismo como modelo, España es un Estado materialmente federal. No en vano en la práctica totalidad de los estudios de Derecho comparado sobre federalismo España es estudiado como Estado federal.

¿Qué elementos deberían modificarse para hablar propiamente de un Estado federal?

España, de acuerdo con la respuesta anterior, sería un Estado materialmente federal. Sin embargo, no sería posible identificarlo con un federalismo ortodoxo. Partiendo del axioma de que hay tantos modelos de federalismo como Estados se llaman federales, lo cierto es que para hacer más cómoda la adscripción de España al federalismo, serían convenientes y/o necesarias algunas reformas. En mi opinión, una definición más clara del ámbito competencial, dotando de mayor garantía tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas en el ejercicio de las que les pueda corresponder; la definición constitucional de las bases de un sistema de financiación que garantice estabilidad al modelo y autonomía y responsabilidad de las Comunidades; la creación de procesos e instituciones que sirvan a la participación efectiva de las Comunidades en la integración de la voluntad del Estado y el diseño de un marco efectivo de relaciones intergubernamentales horizontales y verticales, serían elementos esenciales de esa corrección federal. Todo ello debería estar incorporado a un texto constitucional que definiese a España como Estado federal, relacionando los territorios que lo conforman.

Javier Pérez Royo: "El President proyecta un acto de agitación política no susceptible de ser evaluado jurídicamente"

Mercè Corretja: “La nueva “consulta popular” tiene su fundamento en los artículos 9.3 CE y 43 EAC”

Alberto López Basaguren: "La impresión es que Mas y CiU tratan de alargar una actuación que hace ya mucho tiempo se ha convertido en puro artificio"

Jordi Capo: "No se me ocurre de qué forma puede convocarse una consulta alternativa sin utilización del Derecho"

Dolors Comas d'Argemir: "Puede que el 9-N se convierta en una nueva movilización de carácter expresivo en favor del independentismo, pero nada más"

Xavier Arbós: “Sin decreto no hay garantías suficientes, y por tanto el resultado no puede tener credibilidad”

El Presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha decidido suspender la consulta y propone a los catalanes que el día 9 de noviembre participen en “otra consulta” que será entendida como un “proceso de participación ciudadana”. Hemos preguntado a diferentes expertos y expertas que nos expliquen desde un punto de vista político y jurídico cómo entender y situar la nueva propuesta que se plantea a los catalanes.

Xavier Arbós - Catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona

Xavier Arbós -

¿En qué se basa el proceso participativo que plantea Mas? ¿Ofrece las garantías suficientes?

El President Mas no quiso precisar el marco legal, salvo invocar genéricamente la competencia de la Generalitat en materia de participación. Sí que preciso que no firmaría ningún decreto. Tal vez con eso pretende impedir la impugnación suspensiva, pero sin forma jurídica no existen las garantías que otorga el Derecho. Una cosa es una movilización en forma de consulta, que es un ejercicio de libertad de expresión. Otra es contar los votos obtenidos sin garantías legales: eso quita credibilidad al resultado.

¿Hay razones para pensar que el Gobierno central impugnará, también, este proceso participativo? ¿Se puede llevar a cabo con las mismas preguntas de la consulta?

El gobierno central sólo puede imponer resoluciones de las CCAA, por lo tanto habrá que ver la forma jurídica mediante la cual el Presidente convoque la consulta. Si no lo hace mediante un instrumento jurídico entonces el Gobierno no podrá impugnar.

Quedaría una puerta abierta a la impugnación si hay algún comportamiento irregular de un funcionario. Pero por el hecho de la movilización, eso no es una consulta, sino una movilización, con las obligaciones y limitaciones que conlleva.

Desde el punto de vista jurídico sino hay un base legal de la que pueda derivar la pregunta, entonces se puede preguntar cualquier cosa. Pero solo valdrá como un estado de opinión. No creo que se quiera preguntar así si se quiere tener al amparo de la ley de consultas.

Jordi Capo Giol - Catedrático de Ciencia Política de la Universitat de Barcelona

Jordi Capo Giol

‪

¿En qué se basa el proceso participativo que plantea Mas? ¿Ofrece las garantías suficientes?

Algunas partes de la Ley de consultas no están suspendidas cautelarmente. Parece que el Gobierno de la Generalitat quiere acogerse a este resquicio para impulsar una extraña votación en la que los votantes (y aquí no utilizo la expresión “ciudadanos” porque esta “consulta alternativa” no se dirige a los ciudadanos sino a los convencidos), los votantes, decíamos, irán configurando el censo electoral. ¿Alguien duda de que si esta votación llegara a producirse los resultados a favor del sí-sí superarían el 95% o acaso el 99%?. ¿La sociedad catalana es así? No importa ahora conseguir reflejar la opinión de todos los ciudadanos sobre la “estatalidad” de Cataluña; en absoluto se trata de esto sino de una evidente maniobra política con otras finalidades.

Entonces no vale la pena hablar de garantías. La pregunta lleva a pensar en las garantías formales: el control de los resultados, la presencia equilibrada de las posiciones en los medios de comunicación, etc. Ni las hay, ni se las espera. ¿Para qué, si el adversario no está llamado realmente a participar? Pero éste es precisamente el tema de fondo de todo este largo proceso. Sabemos que Barrabás fue preferido a Jesús en una consulta popular; pero no nos consta que hubiera votos en contra. Recomiendo que lean “La Crucifixión y la Democracia” de G. Zagrebelsky. Su tesis: la decisión sin debate plural no tiene garantías democráticas.

Y este tema da para mucho. Para hablar de la necesidad de un pacto. Porque solo el pacto permite la existencia “real” de adversarios, y de debate. Pero esto excede mis límites para el comentario.

¿Hay razones para pensar que el Gobierno central impugnará, también, este proceso participativo? ¿Se puede llevar a cabo con las mismas preguntas de la consulta?

Respuesta rápida Sí-NO (malpensados, abstenerse). En mi opinión, el gobierno impugnará, no por el procedimiento, sino porque las preguntas excederían las competencias de la Generalitat por referirse a un tema de soberanía del pueblo español. El Tribunal Constitucional suspenderá.

Más interesante me parece comentar algunas frases de la presentación de esta consulta alternativa que indican que se sabe que el Tribunal Constitucional está presente. Una: la Generalitat utilizará alguno de los marcos legales existentes. No es la primera vez que se habla de marcos legales en todo este proceso; pero la expresión o quiere decir leyes ( y, en este caso, confunde a sabiendas) o quiere decir marcos, y cualquier jurista sabe (y sin ello no se aprueba Derecho Constitucional) que, mientras Cataluña no sea independiente, el marco de cualquier ley catalana es la Constitución. Cómo se interprete ésta es otro problema, pero no hay marcos.

Otra: la consulta alternativa se hará sin decretos para que no se pueda impugnar. Curioso, porque el Estado (y la Generalitat lo es) habla a través del Derecho. La Generalitat es el Diari Oficial (DOGC). Sin éste, no se diferencia de un partido político, de un grupo de presión.

Permítanme que me ponga surrealista. Se podría convertir la Generalitat en una marca comercial que anuncia un lanzamiento publicitario. El 8-N a las 12 de las noche, las burbujas soberanistas aparecerán en nuestra televisión para decirles dónde tiene usted que votar y cómo hacerlo. No se me ocurre de qué otra forma puede convocarse una consulta alternativa sin utilización del Derecho y que no sea impugnada. Y aun así…

Más de lo mismo. Mas en lo mismo. Mientras se gana tiempo para otro propósito.

Dolors Comas d'Argemir - Antropóloga Social. Catedrática de la Universitat Rovira i Virgili

Dolors Comas d'Argemir

¿En qué se basa el proceso participativo que plantea Mas? ¿Ofrece las garantías suficientes?

No ofrece garantías. No es lo que se había prometido y comprometido. Una consulta sin censo electoral y sesgada en organización y participación, no es una consulta: es un engaño. Y más aún si se plantea como lo que precede a la convocatoria de unas elecciones supuestamente plebiscitarias. Se convierte en una mera estrategia partidista. Muchos catalanes queremos votar sobre el futuro de nuestro país, seriamente, porque en su momento votamos la reforma del Estatuto de Autonomía en un referéndum, y queremos que se restituya lo que el Tribunal Constitucional nos arrebató como pueblo y nos indignó. Por esto la consulta no puede ser sustituida por una broma, no puede ser devaluada. Si sigue adelante la propuesta de Artur Mas, puede que el 9-N se convierta en una nueva movilización de carácter expresivo en favor del independentismo, pero nada más.

¿Hay razones para pensar que el Gobierno central impugnará, también, este proceso participativo? ¿Se puede llevar a cabo con las mismas preguntas de la consulta?

En todo este proceso no hay que hacer lecturas jurídicas sino políticas. El gobierno del PP pasa a los jueces lo que es incapaz de resolver políticamente. Y es tan impermeable e irritantemente inflexible en este tema, tan poco racional e inteligente, que resulta difícil saber hacia donde va a dirigirse ahora. Si impide esta no-consulta hará un gran favor a Mas, pero no creo que este gobierno sea capaz de tanta sutileza.

Mercè Corretja Torrens - Jefa del Área de Investigación del Instituto de Estudios Autonómicos

Mercè Corretja Torrens

¿En qué se basa el proceso participativo que plantea Mas? ¿Ofrece las garantías suficientes?

Desde mi punto de vista, la nueva “consulta popular” tiene su fundamento en los artículos 9.3 CE y 43 EAC y en la competencia exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre consultas populares, encuestas y otros instrumentos de participación (artículo 122 EAC). Se trataría de un proceso participativo ad hoc, con un formato similar a la consulta popular suspendida y con los mismos efectos consultivos. Con anterioridad, ya se han realizado otros procesos participativos en el ámbito del medio ambiente o del agua. El título III de la Ley catalana 10/2014, no recurrido, podría darle un marco legal. En cuanto a las garantías se tendrán que diseñar junto con el proceso y pueden ser similares a las de la consulta popular prevista, ya que ésta se encuentra suspendida.

¿Hay razones para pensar que el Gobierno central impugnará, también, este proceso participativo? ¿Se puede llevar a cabo con las mismas preguntas de la consulta?

No veo ningún argumento jurídico sustantivo para fundamentar la impugnación de este tipo de consulta, ya que el gobierno catalán tiene la competencia exclusiva, el proceso participativo carece de elementos jurídico-formales y la pregunta es similar a las que el “Centre d’Estudis d’Opinió” incluye en algunas de sus encuestas.

Alberto López Basaguren - Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco

Alberto López Basaguren -

¿En qué se basa el proceso participativo que plantea Mas? ¿Ofrece las garantías suficientes?

No sé muy bien qué es lo que pretende el president Mas. Los procesos participativos regulados en la Ley de consultas no referendarias no son de utilidad. Al margen de la “consulta”, la Ley regula las “encuestas”, las “audiencias públicas” y los “foros de participación”. Pero salvo la primera, esas figuras, de acuerdo a su configuración legal, son manifiestamente inapropiadas para lo que se pretende: cuantificar el apoyo del “electorado” a las dos preguntas. No parece que el Sr. Mas esté pensando en hacer una encuesta.

Un sucedáneo de la fallida “consulta” solo es posible al margen de un procedimiento institucional público. Pero no sirve para lo que se pretende, porque no crea las condiciones adecuadas de participación ni de cuantificación del apoyo ciudadano recibido. Solo sirve para demostrar el mantenimiento del apoyo ciudadano a la reclamación de un referéndum... si Mas y CiU consiguen que partidos y asociaciones se sumen a su iniciativa.

La impresión es que Mas y CiU tratan de alargar una actuación que hace ya mucho tiempo se ha convertido en puro artificio, pura representación.

¿Hay razones para pensar que el Gobierno central impugnará, también, este proceso participativo? ¿Se puede llevar a cabo con las mismas preguntas de la consulta?

A la espera de que se concrete qué pretende hacer, la alternativa a la consulta se sitúa en el ámbito de la acción política, en sentido estricto, sin ninguna pretensión jurídico-formal. Si esto fuese así, no veo qué actos podrían ser objeto de impugnación. Salvo, en su caso, la responsabilidad en que se pudiera incurrir por el uso de medios públicos. Si lo organizan asociaciones ciudadanas o partidos, pueden hacerlo con las mismas preguntas. Otra cosa es para qué sirva.

Javier Pérez Royo - Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

Javier Pérez Royo -

¿En qué se basa el proceso participativo que plantea Mas? ¿Ofrece las garantías suficientes?

No es posible saber en qué se basa el proceso participativo propuesto por el President Mas. Pero se base en lo que se base, está claro, por lo que ha dicho hasta el momento, que no es que no ofrezca garantías, sino que se sitúa en un terreno en el que el uso del término garantías en el sentido jurídico del término no tiene cabida. Lo que el President proyecta es un acto de agitación política no susceptible de ser evaluado jurídicamente. Desde el punto de vista de la legitimidad, no es descartable que se le pueda encontrar justificación, pero esa es otra historia.

¿Hay razones para pensar que el Gobierno central impugnará, también, este proceso participativo? ¿Se puede llevar a cabo con las mismas preguntas de la consulta?

Si hay acto de convocatoria, hay recurso y, por tanto, suspensión automática. Todo lo demás, antes del 9 N, es irrelevante. Podría tener interés “académico”, pero nada más. Y si no hay acto de convocatoria por el President de la Generalitat, no se como se puede celebrar la votación. Es una escaramuza bastante infantil esta suerte de juego del ratón y el gato que el President Mas está poniendo en circulación. No es posible analizarlo con un mínimo de seriedad. Lo siento en el alma, porque el problema de fondo sí es muy serio.

• Con motivo de la presentación del libro Corrupción y Política, un texto inédito de Javier Pradera, publicamos extractos del primer capítulo y del estudio introductorio de Fernando Vallespín que lo acompaña

A continuación ofrecemos un extracto del primer capítulo de Corrupción y Política. Los costes de la democracia (Galaxia Gutenberg)Galaxia Gutenberg, un texto que fue encontrado entre el inmenso legado de papeles, notas y escritos varios dejados sin publicar por Javier Pradera. Lo precede el extracto del estudio introductorio La corrupción en la democracia española, de Fernando Vallespín, que entre otros cita un artículo publicado Laura Chaqués en Agenda Pública, ¿Guardianes de la Libertad?, y el libro de Andrés Ortega, Recomponer la democracia.

Este martes, 30 de septiembre, a las 19.30, se llevará a cabo la presentación del libro en la Fundación Ortega-Marañón en la que participarán el propio Fernando Vallespín, junto con Santos Juliá, historiador, Joan Tarrida, director de Galaxia Gutenberg, y Argelia Queralt, Directora Editorial de Agenda Pública.

Repasamos los distintos factores que, según el Tribunal Constitucional, diferecian un referéndum de una consulta popular no referendaria

Merce Barceló afirma en su artículo 'No es un referéndum, es una consulta', que el Tribunal Constitucional diferencia entre referéndum y consulta popular no referendaria en aspectos como el objeto de la consulta, el Procedimiento, el cuerpo electoral que puede votar, las Garantías y la afectación.

Repasamos todas las diferencias en la siguiente tabla:

Dos esquemas que muestran dos posibles escenarios jurídicos y políticos que se pueden producir tras la votación de ayer en el Parlament de Catalunya

Ayer se celebró la mesa “Mujeres y trabajo”, un debate organizado por la Comisión de mujeres del col·legi d'Advocats, “Mujeres y trabajo”Comisión de mujeres del col·legi d'AdvocatsFeministes de Catalunya y Agenda Pública. A continuación reproducimos algunas de las respuestas de las cuatro participantes.

Alba García Sánchez, Secretaria de la Mujer y la Cohesión social en CCOO Cataluña

Alba García Sánchez

¿Cuáles són las principales dificultades con las que se encuentran hoy en día las mujeres en el ámbito laboral?

El mercado laboral, con la excusa de la crisis, cada vez es más hostil para las mujeres, parece que nos quiera “devolver”, como en tiempos pasados, el título de “reinas del hogar” para ocuparnos en exclusiva de todo lo que conlleva la reproducción de la vida humana y especialmente para substituir todo aquello que el sistema público ha dejado de garantizar gracias a las políticas de recortes.

No es baladí que la tasa de actividad para las mujeres esté 11 puntos por debajo de la masculina en edad legal de trabajar y que la razón argumentada sea la necesidad de atender responsabilidades de cuidado.

Las reformas laborales han generado una ocupación a la que las mujeres acceden en menor medida que los hombres, nos cuesta más tiempo encontrar un trabajo remunerado, tenemos una brecha importante en prestaciones, subsidios y pensiones, una vez conseguido un puesto tiene muchos números de ser precario, temporal, a tiempo parcial, con una jornada laboral irregular que hace imposible la conciliación y con con un salario bajo, segregado y que no garantiza escapar de la pobreza ni llegar a final de mes.

¿Cuáles pensais que deberían ser los principales compromisos y actuaciones que los partidos políticos deberían adoptar en esta materia? ¿Cuáles pensais que deberían ser los principales compromisos y actuaciones que los partidos políticos deberían adoptar en esta materia?

Consuelo Chacartegui Jávega, Doctora en Derecho y profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Consuelo Chacartegui Jávega

¿Cuáles son las principales dificultades con las que se encuentran hoy en día las mujeres en el ámbito laboral?

Fundamentalmente, considero que la mayor dificultad con la que se encuentran las mujeres es que no se está dando cumplimiento a la legislación sobre igualdad de trato y no discriminación. En este sentido, seguimos con una legislación potente, entre la que hay que destacar los artículos 9.2 y 14 de la Constitución y la Ley Orgánica 3/2007 –de máximo rango legal-, que formalmente reconoce la igualdad entre mujeres y hombres, pero que en la práctica no se cumple. Las consecuencias que ello comporta es que la igualdad material está muy lejos de conseguirse. En definitiva, la cuestión es, por una parte, muy sencilla de explicar y, por otra parte, altamente compleja de revertir, pues los poderes públicos no están poniendo los medios para que se cumpla la normativa.

¿Cuáles pensáis que deberían ser los principales compromisos y actuaciones que los partidos políticos deberían adoptar en esta materia?

Los partidos políticos deberían poner todo de su parte para dar cumplimiento al artículo 9.2 de la Constitución, esto es, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las mujeres y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de las mujeres en la vida política, económica, cultural y social. Esto implicaría, por un lado, aprobar medidas de acción positiva en las distintas instituciones, así como en el empleo público y privado, que contribuyan a la igualdad material, como pasa en otros países -como Noruega, Finlandia y Suecia-, donde las cuotas de reserva son un mecanismo comúnmente aceptado en favor de la igualdad efectiva de las mujeres, mientras que en España se mira con recelo y se critica desde múltiples foros. Por otro lado, los partidos políticos deberían velar por el debido respeto a los derechos de las mujeres y expulsar de sus organizaciones a cualquier persona que realice actos, hechos o declaraciones que vulneren la dignidad de las mujeres. Hay que predicar con el ejemplo.

Raquel Serrano Olivares, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Raquel Serrano Olivares

¿Cuáles son las principales dificultades con las que se encuentran hoy en día las mujeres en el ámbito laboral?

Centrándonos en las mujeres que han accedido a un empleo, dos son las principales dificultades con las que se enfrentan en el ámbito laboral.

Por un lado, la brecha salarial entre mujeres y hombres, que todavía hoy se sitúa en el 19,8 % (2011), y cuya expresión más dramática es el mayor índice de pobreza de las mujeres. Las causas de la brecha salarial son múltiples e interconectadas, atribuyéndose normalmente a factores supuestamente objetivos como las diferencias en cuanto al tipo de formación, profesión, tipo de contrato y jornada (tiempo parcial) o tipo de empresa. Sin embargo, es importante no perder de vista que esos factores supuestamente objetivos encierran en realidad situaciones en las que no se ha fomentado adecuadamente la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En efecto, el tipo de formación, el tipo de profesión, el tipo de contrato y de jornada, y el tipo de empresa donde se sitúan preferentemente las mujeres son factores que responden a condicionantes sociales, culturales y políticos que han hecho posible – por acción o inacción – la infravaloración del trabajo de las mujeres, la orientación escolar y el acceso a las profesiones desde los estereotipos de género y la desigualdad en la asunción de las cargas familiares y domésticas, originando, así, la segregación horizontal y vertical de las mujeres en el mercado de trabajo y, de paso, sus menores niveles de renta salarial.

Por otro lado, las mujeres continúan asumiendo mayoritariamente el cuidado de hijas e hijos y otros familiares dependientes. Siendo así, para muchas mujeres, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral no es tanto un derecho como una necesidad para poder acceder y mantenerse en el empleo. La solución a esta problemática se ha hecho pivotar tradicionalmente sobre el contrato a tiempo parcial, sin embargo, esta modalidad contractual al servicio de esta finalidad no hace más que perpetuar la histórica desigualdad de las mujeres en la vida doméstica y profesional, en la medida en que el tiempo parcial supone cobrar menos, tener menos posibilidades de formación y promoción en el trabajo, y un menor nivel de protección social. Algo similar ocurre con las reducciones de jornada o las excedencias para el cuidado de hijas/hijos y otros familiares dependientes.

La conciliación no puede ser a costa del salario y de la carrera profesional de las mujeres. Para poder alcanzar la igualdad efectiva de mujeres y hombres resulta imprescindible una organización del trabajo que tenga en cuenta la perspectiva de género. Ello significa básicamente dos cosas: que se introduzcan medidas de organización más flexible y racional del tiempo de trabajo, y que el salario y los sistemas de promoción profesional se basen en aptitudes y méritos desligados del “presentismo” que predomina en nuestra cultura empresarial y que tanto ha perjudicado y sigue perjudicando a las carreras profesionales de las mujeres (segregación vertical). Junto a ello, resulta igualmente imprescindible que los poderes públicos desplieguen una política familiar que tenga como objetivos primordiales la protección de la infancia y de las personas dependientes y la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en el ámbito doméstico y laboral.

¿Cuáles pensáis que deberían ser los principales compromisos y actuaciones que los partidos políticos deberían adoptar en esta materia?

Yo situaría tres prioridades políticas en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación entre mujeres y hombres.

En el ámbito educativo y de acceso a las profesiones y oficios, la erradicación de los estereotipos de género, la valorización del trabajo “típicamente” femenino, y la orientación de las niñas, adolescentes y jóvenes hacia profesiones y oficios “típicamente” masculinos.

En el ámbito familiar, la efectiva puesta en marcha de una política familiar que pivote sobre dos principios básicos. Por un lado, la plena incorporación de las mujeres en el mundo laboral y la conciliación de la vida laboral, personal y familiar a través preferentemente del fomento de medidas de ordenación flexible y racional del tiempo de trabajo. Por otro lado, la atención a la infancia y a las personas dependientes desplegando a tales efectos un servicio público, universal y de calidad.

En el ámbito estrictamente laboral, la inversión en políticas activas de empleo que consigan incrementar tanto la tasa de actividad de las mujeres como su tasa de ocupación, todavía hoy notablemente inferiores a las de los hombres.

Me interesa destacar para finalizar que las prioridades políticas trazadas solo serán posibles con mayor inversión pública. Por ello es preciso reconocer la necesidad de que el sector público se expanda como vía para alcanzar la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la vida doméstica y profesional.

Teresa Blasi, abogada laboralista y socia fundadora del Colectivo AiDE

Teresa BlasiColectivo AiDE

¿Cuáles son las principales dificultades con las que se encuentran hoy en día las mujeres en el ámbito laboral?

Actualmente el desempleo es una de las mayores dificultades. Hubo un primer momento en el año 2008, con la caída del sector de la construcción, que fundamentalmente los que pasaron a estar parados de forma masiva fueron los hombres. Posteriormente, la crisis afectó a sectores fuertemente feminizados como son el sector de los servicios, comercio, hostelería, educación, servicios sociales (cuidado de otras personas), trabajadoras del hogar (sobretodo por lo que se refiere a las mujeres inmigrantes), y las mujeres pasaron a ser el colectivo más afectado por el desempleo.

Está demostrado estadísticamente que la precariedad afecta más a las mujeres que a los hombres. Existe una clara progresión de mujeres desocupadas o con trabajo precario y en situaciones de pobreza. La mayor parte de mujeres se sitúan dentro del ámbito de las relaciones laborales en los trabajos temporales y contratos a tiempo parcial; se han empeorado sus condiciones laborales y salariales, dentro del deterioro global de las condiciones de trabajo ya que también se ha incrementado la contratación parcial en los hombres.

Por otro lado, la reforma laboral 2012 en tanto que incorpora por primera vez la capacidad del empresario de reducir el salario de los trabajadores en base a circunstancias genéricas e inconcretas, provoca una mayor incidencia en la degradación del trabajo de la mujer por ser la parte más débil del contrato de trabajo, precarizando, su situación.

Por último, la discriminación en materia de promoción profesional constituye una de las principales dificultades que encuentra la mujer en el ámbito laboral. La asunción de las tareas relacionadas con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral contribuye o dificulta la promoción, ya que la exigencia de una gran disponibilidad de horarios y, a veces, dedicación sin límite, es el “valor” predominante para el ascenso.

¿Cuáles pensáis que deberían ser los principales compromisos y actuaciones que los partidos políticos deberían adoptar en esta materia?

Jean Leclair, profesor de la Universidad de Montreal, lleva varios años trabajando en el desarrollo de una teoría del federalismo que considere las aspiraciones de autonomía de Quebec pero también de las naciones aborígenes de Canadá. Francófono de nacimiento, como la mayoría de quebequeses, y especialista en Derecho constitucional, se interesó en esta cuestión trabajando en torno a los derechos de los nativos y la necesidad de conciliar las distintas identidades que conviven en su país, también las del movimiento independentista.

Firme partidario del federalismo, uno de los campos de investigación que desarrolla, estuvo recientemente en Barcelona invitado por Federalistes d’Esquerres donde se mostró crítico sobre la incapacidad de diálogo en torno a la situación catalana. Aprovechando esta invitación Beatriz Silva entrevistó al profesor canadiense.

Beatriz Silva (BS): ¿En Quebec también se habla de derecho a decidir?

Jean Leclair (JL): Sí, sucede lo mismo con todos los movimientos independentistas. Desde la II Guerra Mundial vivimos inmersos en el lenguaje de los derechos que es un lenguaje muy poderoso. Mucha gente los plantea como si fueran un absoluto, sin apelar al diálogo. El problema con el derecho a decidir es que no es más que el derecho a la autodeterminación que nació para colonias oprimidas. El Tribunal Supremo de Canadá no reconoce a Quebec este derecho. Dice que lo tienen de forma excepcional aquellos territorios que viven en regímenes imperiales pero no los que están bajo una democracia.

BS: O sea que ni Quebec ni Cataluña tienen derecho a la autodeterminación según el Tribunal Supremo de Canadá.

JL: Es que ni Quebec ni Cataluña viven bajo regímenes imperiales. Ambos tienen sus propios órganos de gobierno escogidos por ellos mismos. Probablemente no son ideales pero están bien representados internamente y en las instituciones comunes del Estado. No hay tampoco una violación de los derechos humanos. La comunidad internacional no legitima referéndums sólo porque la gente diga que tiene derecho a decidir. No se puede reclamar este derecho en términos de realpolitik ni tampoco en términos legales.

BS: Usted plantea que el federalismo es el modelo más adecuado para sociedades con identidades múltiples como Canadá o España.

JL: Sí, porque el federalismo consigue conciliar los beneficios de la autonomía y los de la unión. Es un régimen político en el que los ciudadanos no se ven obligados a renunciar a una de sus comunidades. Todos los ciudadanos tienen algo en común, formando parte de la comunidad nacional, pero pueden participar al mismo tiempo a nivel local tomando sus propias decisiones. Federalismo es asociarse para algunas cosas pero no para todas. La línea donde la autonomía local termina y comienza lo federal se establece mediante el diálogo. No digo que el federalismo sea la panacea pero sí es probablemente la mejor solución porque desde la perspectiva del individuo admite la complejidad.

BS: Usted se interesó en el federalismo no por la cuestión de Quebec sino por su trabajo con comunidades aborígenes de Canadá.

JL: Con ellos me di cuenta que la cuestión de la identidad es más compleja que la definición romántica que suele darse de ella. En muchos casos, la pertenencia a una comunidad atenta contra los derechos individuales de algunos colectivos, por ejemplo, las mujeres. Mi propia definición de federalismo es reconocer que los ciudadanos tenemos el derecho legítimo a formar parte de más que una comunidad política y a no renunciar a ninguna de nuestras identidades. En Canadá, tenemos derecho a ser parte de Quebec o de otra provincia pero también de la comunidad nacional y de una aborigen. Aquí también debería ser legítimo ser catalán o vasco y formar al mismo tiempo de España y de Europa. El monismo ideológico de los nacionalismos es condenable porque no reconoce este derecho, niega la complejidad de los individuos y de las comunidades.

BS: Sin embargo, el nacionalismo está muy vivo en Europa.

JL: En parte es culpa de la religión. Todos los europeos provienen de una religión de libro que rechaza la diversidad. Los cristianos, los judíos, incluso los musulmanes, santifican la unidad del monoteísmo y de conceptos como soberanía, pueblo, nación. Se alimentan de la idea de la necesidad de unidad. Se han matado durante siglos buscando la perfección de la unidad y ahora es difícil introducir conceptos que pongan en cuestión la unidad como ideal de perfección. El federalismo, en cambio, cree que la diversidad es buena, no un fallo de la comunidad.

BS: Usted sostiene en sus libros que la gente está dispuesta a morir por la nación pero no por la solidaridad y la cooperación que son valores universales en los que se basa el federalismo. ¿Por qué el nacionalismo moviliza más a las personas?

JL: Hay varias respuestas a esta pregunta. Una de ellas la dio Alexis de Tocqueville hace dos siglos. Él dijo que el federalismo es una idea compleja, mucho más difícil de explicar que la nación, que es una idea simple. Y es verdad. El concepto de nación no admite matices ni la posibilidad de dudar y se presenta como algo trascendente que está por sobre el individuo. Es fácil de entender y de aceptar. A esta explicación de Tocqueville yo añadiría una más psicológica: el nacionalismo se basa en una supuesta obligación moral que tenemos con los nuestros y esto es fácil de explicar. En Quebec sucede, por ejemplo, con los pescadores. Si les ofreces proteger sus propios intereses es más sencillo que si les dices que protegerás también a los pescadores de British Columbia y de New Brunswick. Convencer a la gente a ser solidaria con los extraños es complicado.

BS: ¿Europa ha exportado a Canadá sus propios enfrentamientos nacionalistas, la rivalidad histórica entre ingleses y franceses?

JL: Sí. Fuimos colonizados por dos metrópolis y sus problemas se convirtieron en nuestros problemas. El mito de dominación entre los independentistas quebequeses- de origen francés- se basa en la conquista británica de 1760. Hasta hoy mantienen la convicción de haber sido víctimas de los ingleses. Yo soy quebequés pero me parece increíble e irracional mantener viva una cuestión así después de tanto tiempo cuando la situación actual del país es totalmente diferente.

BS: ¿Cómo se construye un país federal?

JL: Con espíritu federal que se basa en el diálogo y en la aceptación de la autonomía pero también en la solidaridad entre los territorios federados. El espíritu federal necesita que los miembros de la comunidad tengan cierto sentido de vínculo y de pertenencia entre unos y otros. El federalismo es superponer círculos: nos asociamos para algunas cosas aunque no para todas. La línea donde la autonomía local termina se establece de mutuo acuerdo. En realidad yo creo que en Canadá no existe espíritu federal. Los quebequeses no quieren la secesión, o no al menos de forma mayoritaria, pero su sentido de pertenencia a Canadá es bajo. Tenemos una federación pero vivimos en estadios de mutua indiferencia y ninguna de las partes quiere oír de las otras, es así.

BS: En España el gobierno central y el de Cataluña tampoco se escuchan. ¿Viven en estadios de mutua indiferencia?

JL: Lo que pasa aquí es que los nacionalistas plantean cuestiones que no tienen una base legal ni democrática. El gobierno de Cataluña debe entender que no es simplemente decir me voy y romper con siglos de convivencia. Pero el gobierno de Madrid actúa también de forma intransigente, no quiere dialogar. Creo que en este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá es buena: no da a Quebec el derecho a la secesión pero reconoce la legitimidad de hacer la reclamación y entrar en negociaciones, obliga al diálogo. Cataluña y España tienen que dejar de jugar con absolutos y asumir que la única salida es negociar.

BS: El federalismo no ha conseguido que Canadá sea un país completamente estable. ¿Es un problema?

JL: No, la flexibilidad propia de las federaciones no tiene que considerarse algo negativo. Si crees en el federalismo, crees también en el hecho de que la política es conflicto, evolución y cambio. Yo no creo en las nirvanas que promete una ‘sociedad nacional’. Canadá es ahora más estable que cuando se realizaron los referéndums pero puede volver a tener una crisis. Esto no tiene porqué ser malo.

BS: ¿Es pesimista respecto a la situación en Cataluña?

JL: No, porque veo que después de 30 años en Quebec las cosas han mejorado. Pueden mejorar también aquí. Y allí tenemos problemas añadidos que no existen en Cataluña. Por ejemplo, pequeñas minorías anglófonas que les gustaría secesionarse de Quebec lo que hace las cosas más complicadas.

BS: En un mundo abierto y globalizado ¿Tiene sentido el concepto de estado-nación?

JL: No lo tiene desde mi punto de vista. El estado-nación es un ideal que no existe en la práctica. Si miramos la historia de occidente es políticamente plural. Los antiguos regímenes y monarquías lo eran. Las personas eran parte de su comunidad local y de uno o varios reinos donde se hablaban distintos idiomas. En Francia, por ejemplo, se hablaban muchas lenguas antes de que el francés fuera impuesto. Pero la gente ha olvidado que el pluralismo ha sido la regla y el monismo la excepción. Muchos académicos hablan de la nación como de una entidad que dialoga cuando es algo que no vemos, que no podemos describir. La nación no es una manta que lo cubre todo. Antes de tomar decisiones importantes, como la secesión de un territorio, deberíamos asegurarnos muy bien de que existe ese deseo compartido bajo la manta. Es algo que se olvida con frecuencia.

La alcaldesa de Hermigua, Solveida Clemente, informa que el Caserío del Cedro cuenta desde ayer con alumbrado público, servicio largamente demandado por los vecinos que allí residen y también por los que vienen a pasar sus vacaciones, a pesar de estar instalado desde hace más de cinco años.

La primera edil, que estuvo presente en la puesta en marcha del sistema de iluminación del Caserío junto con Oscar Santos Medina, concejal de Energía y Barrios, y Antonio Manuel Mesa Fagundo, concejal de Patrimonio y Ferias, comprobó la correcta iluminación de la zona, y señaló que “a partir de ahora habrá una mayor seguridad y la iluminación será una invitación para que los ciudadanos paseen por este espacio emblemático del municipio de Hermigua”.

Recuerda que la red de alumbrado fue incluida, a propuesta del Ayuntamiento de Hermigua, en el Plan Insular de Cooperación de Obras y Servicios PICOS 2008, financiado por el Estado, Cabildo Insular y Ayuntamiento, a quien también le correspondió, el coste de la redacción del proyecto y finalmente, al Cabildo, la ejecución de las obras, que, una vez finalizadas debía entregar al Consistorio, a quien atañe la contratación del suministro eléctrico.

Sin embargo, los trabajos no se ejecutaron de acuerdo a lo que marca el proyecto y ante la negativa de la Institución Insular a realizar las pertinentes correcciones, el Ayuntamiento no recibió la obra y denunció ante los tribunales al Cabildo Insular de La Gomera.

“Han sido más de cinco años de espera debido a la tozudez y el arbitrio de un presidente que no quiso subsanar las deficiencias detectadas, a pesar de las advertencias del Ayuntamiento”, asegura Clemente. Sólo se avino a realizar los trabajos, cuyo importe ascendió a 3.000 euros, tras la denuncia, lo que considera una falta de respeto a los vecinos del Cedro.

Para Solveida Clemente, “lo más sensato, más aún cuando llevamos un considerable retraso en este proyecto, hubiera sido actuar con responsabilidad y trabajar en la búsqueda de soluciones, pero en la política del ordeno y mando del presidente del Cabildo, no cabe otra forma de actuar”.

Esta demostración de soberbia de Curbelo y de creerse que lo sabe todo, ha perjudicado principalmente a los residentes y visitantes del caserío del Cedro, afirma Clemente, quien subraya que las formas del presidente con el municipio de Hermigua, tanto en este proyecto como en otros, hacen un flaco favor a los fines de las obras proyectadas en el municipio.

Es evidente que el presidente del Cabildo sigue dando la espalda a los hermigüenses, no le preocupa en absoluto sus demandas y lo demuestra bloqueando obras municipales, que son indispensables para el desarrollo diario del municipio como ésta que, a pesar de estar concluida hace más de cinco años, entró en servicio la noche de ayer martes.

Antoni Zabalza - Doctor en Economía por la London School of Economics, y secretario de Estado de Hacienda entre 1991 y 1993 con el gobierno de Felipe González

Antoni Zabalza

Finalmente se han publicado las balanzas fiscales, ¿existe el problema económico catalán?

Los problemas actuales de Cataluña los está causando la crisis; no su balanza fiscal. Los nuevos resultados del Ministerio de Hacienda calculan la balanza fiscal observada de 2011 en -859 millones de Euros (-0,4% del PIB catalán). Es decir, el Estado ha obtenido en impuestos en Cataluña 859 millones de Euros más de lo que ha gastado en esa región ¿Es mucho o poco? Si los ingresos impositivos del Estado en todas las comunidades fueran proporcionales a su PIB y los gastos proporcionales a su población, la balanza fiscal de Cataluña observada en 2011 habría sido -1.755 millones. La acción presupuestaria del Estado en Cataluña ha sido pues beneficiosa para esta región: el Estado ha obtenido en Cataluña 896 millones menos de lo que cabría esperar dada la renta per cápita de esta región.

Y llegaríamos a prácticamente la misma conclusión si en lugar de la balanza observada en 2011, que es un año de crisis y déficit sustancial del Estado, utilizáramos un medida promedio de la misma a lo largo del tiempo para una situación hipotética de déficit cero del Estado: la balanza fiscal estructural. En tal caso, y siguiendo la metodología empleada por la Generalitat, la comparación sería entre -9.687 millones y los -10.581 millones que le corresponderían a Cataluña según su PIB per cápita. A lo largo del tiempo, el Estado estaría obteniendo en Cataluña 894 millones menos de lo esperable según la riqueza de esta región.

¿Qué podría ofrecer Rajoy a Más?

Nada que luego no pueda ofrecer a las demás comunidades autónomas. Ofrecer una mejora en el tema territorial es, en el contexto legal vigente, hacer una oferta multilateral. De hecho, para empezar a arreglar la cuestión territorial, lo primero que Rajoy debería hacer es eliminar los enormes e injustificados privilegios del País Vasco y Navarra.

Javier Pérez Royo - Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla

Javier Pérez Royo - Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla

¿Qué salida política y jurídicamente viable en relación con la consulta debería resultar de la reunión entre Mas y Rajoy?

La confesión de Pujol me parece que dificulta todavía más abordar el tema sobre la viabilidad de una negociación sobre la consulta. Artur Mas y Convergencia no pueden seguir como si no hubiera pasado nada, entre otras cosas porque no es difícil pensar que las responsabilidades de todo tipo, incluidas las penales, acaben extendiéndose más allá da la familia. La gestión de un asunto tan transcendental como la consulta no la puede hacer un President que fue Consejero de Hacienda con Jordi Pujol y secretario de CDC. Ningún Presidente del Gobierno de España podría entrar a negociar en tales condiciones.

Mercè Barceló - Catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona

Mercè Barceló -

¿Considera que un reconocimiento formal de Catalunya como nación supondría un cambio en la voluntad secesionista de una parte de la ciudadanía catalana? ¿Cómo debería traducirse jurídicamente?

Es posible que las fuerzas políticas que no han tenido una tradición independentista en su ideario más que en esta última legislatura renuncien a la defensa del proceso secesionista en tanto tenga lugar un reconocimiento simbólico del hecho nacional de Cataluña del que pudieran derivarse determinadas consecuencias jurídicas. Y supongo que, para dichas fuerzas políticas, tales consecuencias podrían concretarse en lo que tradicionalmente ha sido el núcleo de sus reivindicaciones: mejor sistema de financiación y blindaje de competencias, especialmente en el ámbito educativo, cultural y lingüístico.

Cuestión distinta es la posición de la ciudadanía que no creo que quiera renunciar en este momento a expresar su posición sobre la continuidad en España. Porque lo importante no es lo que se pueda ofrecer o no a Cataluña, sino que se ha tomado consciencia del papel de cada ciudadano en este proceso secesionista y en otros procesos sociales de su interés. Está calando la idea que el sistema no responde y que es necesario encontrar nuevas formas de implicación de la ciudadanía en la gestión de lo público. Por lo tanto, en mi opinión, difícilmente podrá convencerse a la ciudadanía de abandonar la posibilidad de votar sobre el futuro de Cataluña como comunidad política.

Borja Suárez: "No nos tendríamos que resignar y pensar que el sistema no es sostenible en los términos que lo tenemos ahora, echo en falta un posicionamiento distinto en una opinión pública que ha claudicado."

Carles Campuzano: "Podría tener sentido que la financiación de la protección social no dependa tanto de las cotizaciones sino de los impuestos, como por ejemplo de los impuestos que gravan al capital"

Luis Recuenco, profesor de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra y colaborador de Agenda Pública, modera esta conversación acerca del futuro del sistema de pensiones en España, para la que hemos contado con la colaboración de Carles Campuzano, diputado de CiU en el Congreso y portavoz en los ámbitos de trabajo, política social y pensiones, y Borja Suárez, doctor en Derecho por la universidad Autónoma de Madrid y también colaborador de este medio.

Luis Recuenco (LR): Me gustaría que hablemos sobre la sostenibilidad de las pensiones. La insistencia de mensajes catastrofistas sobre la demografía ha creado un imaginario colectivo de colapso financiero futuro de nuestro sistema de pensiones. A mediados de la década de los 90, en un contexto también de crisis económica, aparecieron muchos estudios sobre la viabilidad del sistema de pensiones financiados por entidades financieras. Estos estudios se equivocaron estrepitosamente en sus estimaciones. Estimaron que la población en 2010 sería de entre 39 y 41 millones de habitantes. También proyectaron a la baja la población de 15 a 64 años en 2010, de 26 a 27 millones de habitantes, cuando en realidad nos encontramos con 32 millones. Lo más alarmante es que sus predicciones apuntaban a la quiebra de la Seguridad social, estimando un déficit de un 0,42% hasta un 1,61% del PIB en el año 2000, un 0,75% hasta un 1,80% para 2005, y para 2010 déficits que iban desde más de un punto del PIB a más de dos puntos. Al final, durante estos años acabó existiendo superávit.

A partir de estos datos os formularía dos preguntas. Por un lado, ¿qué implicaciones políticas tienen estos errores? Y por otro, ¿debemos continuar aceptando las previsiones de los demógrafos como predicciones que seguro que se van a materializar en el futuro?

Carles Campuzano (CC): La cuestión principal no es sólo la demografía, que tiene un peso evidente, sino qué modelo de sociedad queremos tener en relación a un problema muy simple: cómo vive la gente una vez que deja de ganar su salario. Cómo garantizas unos ingresos suficientes cuando dejas de trabajar. Ésta es la discusión principal. En Europa durante el siglo XX se ha apostado por sistemas de carácter público, en los que el Estado asume ésa responsabilidad. En la Europa continental es un seguro obligatorio para todos los ciudadanos, con unas reglas que definen las condiciones para poder acceder a esta pensión. En este sentido, la crisis nos ha demostrado la fortaleza de estos sistemas públicos de pensiones.

LR: Pero más allá de esto, ¿hasta qué punto debemos tomarnos con cautela los estudios a los que hacía referencia? Lo digo porque estos estudios generan un imaginario colectivo, y en base a este imaginario colectivo se pueden hacer unas u otras reformas.

CC: En cualquier estudio lo importante es saber quién lo encarga y quién lo paga. De manera muy legítima el sector financiero lleva años financiando estudios que ponen la mirada en los problemas demográficos a los que deben hacer frente los sistemas de pensiones. En general son estudios bien construidos, nos aportan datos que nos son útiles, pero es necesario saber quién lo financia para tener cautela a la hora de valorarlos. Por eso yo decía que la cuestión es cómo vamos a garantizar los ingresos suficientes. Y luego la derivada de esto es la forma en la que podemos hacerlo, tema que normalmente estos estudios no abordan. Por tanto son insuficientes para discutir a fondo sobre las funciones de un sistema público de pensiones.

Respecto a lo del imaginario colectivo, sí que es cierto que entre las generaciones más jóvenes se ha instalado la idea de que no van a cobrar una pensión pública en el futuro. Yo creo que si hay voluntad política la pensión de los que venimos detrás, los baby boomers, van a estar garantizadas. Quizás con reglas y formas distintas a las actuales. Pero la cuestión es que cuando tengamos 65, 67 o 68 años, y dejemos de vivir de nuestro trabajo, tengamos unos ingresos suficientes que me permitan vivir con dignidad. Y es cierto que estos estudios de los que hablamos no abordan ésta cuestión.

Borja Suárez (BS): Me parece que hay que acercarse a estos estudios con prevención. Hay que saber quién está detrás y qué intereses tiene. Pero al mismo tiempo hay que ser inteligente para tomar de estos estudios lo que tienen de relevante, lo que aportan en el análisis de un mecanismo que es fundamental para todos nosotros. Es verdad que estos estudios apuntan a un problema demográfico que tenemos como sociedad. Tanto en España como en los países de nuestro entorno, hay una generación del baby boom, y estos baby boomers se van a jubilar dentro de poco, lo que significará que tendremos una población jubilada mayor que en ningún otro momento de nuestra historia y hay que hacer frente a este reto.

La solución que se presenta como inevitable y que plantean estos estudios es que hay que reducir las pensiones públicas. No están pensando en que los pensionistas del futuro sean pobres de solemnidad, están pensando en un modelo distinto de pensiones. Hay una parte pública mínima y luego una parte privada, que es por la que apuestan claramente. Yo rechazo ese modelo, pero el reto demográfico está ahí. Hay cosas que no sabemos pero hay otras que sí, como cuántos mayores de 65 años habrá en este país en 2050. Van a ser más de 15 millones, doblando el número actual. Esto nos tiene que servir para afrontar cuánto antes este reto, lo que no significa que haya que recortar las pensiones públicas.

LR: Los medios de comunicación informaron que 8 de los 12 miembros del Comité de sabios que elaboró el informe sobre el factor de sostenibilidad en el que se fundamentó la reciente reforma del gobierno de Rajoy del sistema de pensiones, estaban vinculados a entidades financieras, empresas de seguros, o a la patronal UNESPA. ¿Qué opinión os merecen estas vinculaciones? ¿Consideráis que la composición del Comité fue determinante en el tipo de reforma posterior que ya no actualiza las pensiones de los jubilados según la inflación?

CC: Mi impresión es que el problema no es tanto la vinculación profesional de estas personas, sino que su aproximación técnica a la cuestión de las pensiones responde fundamentalmente a la lógica actuarial que tienen las compañías de seguros y los fondos de pensiones. Primaban el equilibrio financiero del sistema de pensiones por delante de los ingresos suficientes que deben recibir los ciudadanos. Esto es una posible visión sobre el sistema público de pensiones. Ahora bien, para quienes entendemos que el sistema debe tener en cuenta otras consideraciones más allá de este equilibrio, cuestiones que incluso son más importantes, pues el informe no nos satisface. Pero en cualquier caso, la idea de la conspiración entre los bancos y la vinculación de los miembros del Comité, no la comparto.

BS: Yo he sido muy crítico desde el principio con todo este asunto. Empezando por la composición del Comité, que creo que era desequilibrada, pues básicamente tenía en cuenta los intereses del sector financiero, dejando fuera otros posicionamientos. El Informe que resulta de sus trabajos es una propuesta de reforma, que no es el mandato que tenían. Las alternativas que proponen son variantes sobre el mismo tema, y además hay un elemento fundamental, y es que se introduce, sin saber muy bien por qué y contradiciendo la Ley 27/2011 (reforma de pensiones), una reorientación del mecanismo de revalorización. Casi al mismo tiempo que se desarrollaba el trabajo de esta comisión, en Francia ocurría una cosa parecida. La Comisión Moreau elaboró un informe sobre los problemas del sistema francés de pensiones, que si se compara con el nuestro resulta envidiable. Se trata de un informe más completo, donde se plantean muchos puntos de vista, y distintas alternativas con las ventajas y desventajas de cada una. En nuestro caso lo que hay es una propuesta que al final se traduce, casi de forma milimétrica, en el Proyecto de Ley.

LR: Según Europa Press, el pasado 31 de enero, UNESPA envió una carta a todos los diputados del Pacto de Toledo para aconsejarles que fomentaran las pensiones privadas. La carta señalaba lo siguiente: “Apuntalar el sistema de reparto cada vez que acusen falta de recursos a base de endurecer sus reglas, y por tanto legarle el problema a los futuros trabajadores, o combinar el sistema existente sin ponerlo en cuestión, con un pilar de previsión más basado en la capitalización.” El grupo del PSOE se quejó de los términos de presión en los que consideraban que se había redactado la carta, asegurando que nunca se había recibido algo similar. ¿Qué opinión os merece la carta?

CC: Fíjate que con la gente de UNESPA todos los integrantes de la Comisión del Pacto de Toledo hace años que mantenemos reuniones formales, dónde comparecen y cuentan su visión. La carta no aporta nada nuevo a lo que han estado defendiendo los últimos años. La misiva, me sorprendió porque me parecía innecesaria, y además porque, vista la reacción de los medios y la opinión pública, pues no acertaron con el tono de la carta. Dudo mucho que los miembros de la Comisión del Pacto de Toledo se sintiese especialmente intimidado porque, insisto, el contenido no es nada nuevo. Lo que sí es verdad es que esto se produce en un contexto en el que el gobierno, en la Ley 27/2011, se había comprometido en presentar un informe sobre la previsión social complementaria. Y es verdad que este informe aún no se ha trasladado al Pacto de Toledo. Y eso en el sector, no sólo a UNESPA, provoca un punto de inquietud. Porque es verdad que la provisión social complementaria es un tema con muchas discusiones. Desde los problemas sobre si se apuesta por generalizarla, si hay que darle más peso a los planes individuales, los planeas de empresa negociados con trabajadores y empresarios, el papel de las mutualidades sin ánimo de lucro, la discusión sobre las comisiones que tienen estos sistemas, la transparencia, las cuestiones de la inversión socialmente responsable, etc. Podríamos estar una hora discutiendo sobre esto.

BS: Añadiría que quizá más relevante que la carta en sí, que me parece muy desafortunada, es cómo estos lobbies inciden en los medios de comunicación. Aquí sí que echo en falta posicionamientos radicalmente distintos en una opinión pública que ha claudicado en esta materia. Estamos resignados a que el sistema no es sostenible en los términos que lo tenemos ahora y que los cambios que se están produciendo son inevitables. En mi libro “El sistema público de pensiones: crisis, reforma y sostenibilidad” trato de demostrar que no es así.

LR: Los medios de comunicación transmiten una imagen catastrofista. Apuntan a que cuando se jubile la generación del baby-boom el sistema de pensiones colapsará financieramente. ¿Podríais concretar el alcance real para las finanzas públicas de este fenómeno demográfico?

CC: Lo que sabemos es que a partir de la próxima década se inicia un proceso de jubilación de esta generación que durará unos cuantos años. Para Cataluña, que es dónde tengo las cifras más frescas, hablamos que entre 1955 y 1975 nacieron aproximadamente 100.000 niños al año, y a partir de entonces el número de nacimientos cae hasta la mitad. Tan solo a partir de 1995 la situación empieza a mejorar una realidad que se confronta. Lo que hemos tenido hasta ahora que es la jubilación de una generación pequeña, nacida entre los finales de los 30 y los 40, que es lo que se conocía como la generación de la Guerra Civil. La previsión financiera tiene que ver con el gasto en términos de PIB sobre pensiones. Si aceptamos que la reforma 27/2011, según las cifras del gobierno que los organismos internacionales validaron, situaba que el gasto máximo en pensiones se podía situar entre el 13 y el 14% del PIB (ahora gastamos entre el 10 y el 11%). Si mantenemos la teoría de que los ingresos en cotizaciones se van a mover entre el 10 y el 11% del PIB, pues seguramente estaríamos hablando de un déficit de 2 o 3 puntos.

Esto será un proceso que se alargará en el tiempo y para el que habrá que tomar decisiones, como por ejemplo si las cotizaciones sociales son el principal núcleo de financiación de las pensiones o si el sistema impositivo va a jugar más o menos papel. Lo que quiero decir es que el nivel de dramatismo es relativo, la cuestión principal vuelve a ser si tenemos la voluntad política de garantizar que las generaciones que se vayan jubilando tengan un ingreso público que les permita vivir con dignidad. Lo de menos es, simplificando mucho, es si esto se financia vía cotizaciones o vía pensiones. Al final es como lo que está pasando en esta crisis. El sistema está en déficit porque tiene más gasto en pensiones que el ingreso de cotizaciones, pero las pensiones se siguen pagando. Esto es porque la gran virtud del sistema público es que en última instancia quién asume la responsabilidad somos todos a través de los impuestos.

En definitiva, lo que sabemos seguro es que habrá un incremento del gasto en pensiones hasta un 13-14% del PIB, y que es un gasto sostenible porque es el gasto medio que hoy están gastando los europeos. ¿Serán suficientes los ingresos vía cotizaciones? Seguramente no, va a tener más peso la fiscalidad, otro tipo de impuestos. Otra discusión es si de cara al futuro deben ser las cotizaciones sociales las que garanticen las pensiones o no. Aquí hay un debate que afecta a muchos actores relevantes de la economía, mercado de trabajo, etc.

BS: Cuando hablamos de gasto en pensiones el punto de partida debería ser si estas previsiones de gasto tras la ley 27/2011 son realistas. Marcamos un límite del 14% para el 2050. ¿Eso es mucho? Hoy Francia ya gasta el 14,6% e Italia el 15,3%. Por tanto, estamos hablando de un nivel de gasto que es perfectamente asumible. Otra cosa es que eso no exija buscar recursos adicionales para hacer frente a ese nivel de gasto. El Informe de los expertos plantea que la recaudación a través de cotizaciones se situará entre un 10 y un 11%, por lo que consideran que cualquier nivel de gasto que esté por encima no es sostenible. Esto es muy discutible. Sobre todo, porque si miramos a nuestro entorno el caso español es excepcional. Que lo que se recaude por cotizaciones sea suficiente para pagar las pensiones no es, salvando la República Checa, Luxemburgo, y Estonia, lo normal. Es una trampa en la que de forma inocente o no tan inocente caemos en muchas ocasiones. Es evidente que vamos a necesitar otras fuentes para pagar las pensiones. Y que estas fuentes probablemente sean los impuestos generales.

Al final en todo este asunto caemos en estas pequeñas trampas de hablar del déficit de la Seguridad Social, cuando deberíamos hablar de desequilibrios, porque la utilización del término déficit apunta a un exceso de gasto cuando el problema es, o será, la falta de ingresos. En todo caso, es muy importante resaltar, según las previsiones del gobierno (Actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017), tras la reforma de 2013 (Ley 23/2013) el nivel de gasto en 2050 no va a superar el 10,5%, lo mismo que gastamos hoy pero con el doble de pensionistas. Esta es la magnitud del hachazo que han recibido las pensiones en esta última reforma.

LR: Los medios informan que la demografía es un peligro para la viabilidad del sistema de pensiones pero no mencionan que la desigualdad en la renta también influye. ¿Cómo creéis que afecta esta desigualdad?

CC: Lo que es evidente es que en un sistema de reparto y de carácter contributivo como el que tenemos en España, la pensión que cobra un pensionista cuando se jubila refleja lo que ha sido su papel en el mercado de trabajo. Por tanto, las desigualdades en el mercado de trabajo tienen también su reflejo en las pensiones. Y a pesar de que el sistema español tiene sistemas de solidaridad intrageneracional (que no solo intergeneracional), con una pensión mínima y una pensión máxima, en el que las cotizaciones de los trabajadores con mejores sueldos financian las pensiones de los que han cotizado menos, que los territorios con más renta, más población y menos envejecidos, financian los de menos renta, con menor población y más envejecidos. Es un sistema que funciona. Pero es evidente que el nivel de corrección de las desigualdades es poco, pero porque ése tampoco es el objetivo de un sistema contributivo. Las desigualdades deben corregirse en el mercado de trabajo.

Aún así, sabemos que la legitimidad social del sistema de pensiones no es menor. En esta crisis el colectivo más protegido, al menos hasta la entrada en vigor de la última reforma del PP, han sido las personas mayores. El índice de pobreza en los mayores de 65 años ha disminuido. Esto se ha dado porque las pensiones se han convertido en un gran estabilizador para muchas familias que dependen de las pensiones. En este sentido la crisis pone en evidencia que la existencia del sistema de pensiones garantiza los ingresos estables a un segmento de la población que no tendría alternativas. Y en paralelo la crisis evidencia la insuficiencia del Estado de bienestar que hemos construido para proteger familias en las que sus miembros pierden el empleo y tienen hijos. Ha aumentado el índice de pobreza infantil que ya era alto antes de la crisis, que refleja sobre todo los problemas de sus padres.

Dónde no está bien orientado el sistema de pensiones es en relación a la mujer. Cuando uno ve la situación de mujeres mayores que viven solas, o con dependencia de sus maridos, o de la pensión de viudedad, ahí tenemos un núcleo de pobreza que refleja la historia de nuestro mercado de trabajo. Este es un ejemplo de desigualdad que el sistema de pensiones no ha sabido corregir de forma adecuada.

LR: Lo que quería enfatizar es que estamos en un entorno económico y social dónde las rentas del capital que no cotizan en la Seguridad Social, están aumentando respecto a las rentas del trabajo. Dentro del pastel de la riqueza nacional las rentas del capital han superado a las del trabajo.

CC: Pero fíjate que aquí la discusión es si tiene sentido que la financiación de la protección social dependa tanto de las cotizaciones o si no tiene más sentido que dependa más de los impuestos, por ejemplo los impuestos que gravasen al capital. En un momento en el que quizás las empresas que ganan más dinero son aquellas que tienen menos trabajadores ocupados, ¿no deberían estas empresas contribuir más a pagar la financiación de la protección social del conjunto de la sociedad? Esta es una discusión enorme que ya están haciendo otros países europeos. Cuando Hollande y Valls en Francia plantean que la política de familia deje de financiarse en base a cotizaciones sociales pero la quieren mantener, lo que están diciendo es que van a financiar las pensiones a través de figuras de la fiscalidad que no están vinculadas el mercado de trabajo.

BS: Estamos planteando problemas financieros de sostenibilidad del sistema, y resulta que estos derivan de que nos hemos atado a las cotizaciones sociales como si no hubiera recursos alternativos. Precisamente porque la producción y el reparto de riqueza tienen caminos distintos, como expone Piketty, se refuerza la legitimidad de quienes reivindicamos fuentes de financiación alternativas que van a permitir la sostenibilidad del sistema y además inciden en la redistribución de la riqueza. El sistema fiscal está íntimamente relacionado con las pensiones.

Respecto a lo que mencionaba Carles sobre el caso francés, es verdad que aquí se empiezan a plantear cosas similares. No con la política de apoyo a las familias, que es inexistente, sino con temas como la viudedad. Si la sacamos de las cotizaciones sociales –son casi dos puntos de PIB–, y lo financiamos con cargo a impuestos, tendremos un poco más de margen. Hay ciertas reticencias desde determinados ámbitos que se explican por el miedo a que, al desvincula la viudedad de las cotizaciones, surja el argumento de que “no podemos gastar tanto” y se recorte. Pero aún así, el camino por el que debemos transitar es el de financiar determinados conceptos vía impuestos generales.

Por contextualizar todo esto, la reforma de 2011 trataba de garantizar la sostenibilidad del sistema, manteniendo el gasto en niveles asumibles. Lo logró. Eso sí, el reproche que se le puede hacer es que no atacaba los problemas de suficiencia del sistema. El ejemplo de las mujeres es muy adecuado, con unas pensiones un 40% de media más bajas que las de los hombres. En 2013 se exalta la preocupación por la suficiencia del sistema; se utiliza como coartada poniendo en peligro es la garantía de unos pensiones suficientes y adecuadas como dice la Constitución.

LR: Tanto la reforma de las pensiones del gobierno de Zapatero, como la más reciente de Rajoy, intentan mejorar la viabilidad del sistema de pensiones en el futuro recortando los gastos, es decir, las pensiones. Pero la viabilidad se puede mejorar aumentando los ingresos o con un mix de ambas variables. ¿En el futuro deberían recortarse más los gastos o existe margen para incrementar los ingresos del sistema?

CC: En mi opinión hay dos vías para aumentar los ingresos. Primera, hacer frente a un problema endémico de la economía española que es aumentar las tasas de empleo. Y hacerlo en aquellos sectores dónde hay márgenes como las mujeres, jóvenes, y mayores de 55 años. Este es un problema que ahora obviamente se ha agudizado pero que viene de antes de la crisis. Debería haber más gente en el mercado de trabajo. Sabiendo además de que en la próxima década se van a incorporar generaciones más reducidas. Segunda, debe de crecer la aportación vía impuestos al sistema de Seguridad Social. Y que con estos se pueda asumir las pensiones de orfandad y viudedad, que están alrededor de 20.000 millones.

BS: Estoy de acuerdo. Por completar la respuesta diría que si tuviéramos la afiliación a la Seguridad Social de 2007, incluso un poco menos, hoy el sistema tendría superávit. Por eso este tema del empleo, es fundamental. Resulta escalofriante la frialdad con la que Europa y el gobierno español reaccionan ante las previsiones de desempleo para los próximos años. A parte de esto, sí que se pueden ajustar elementos, como la cotización de los autónomos, para mejorar el nivel de ingresos. Siempre siendo conscientes de que el grueso de esos recursos adicionales deben provenir de los impuestos generales.

LR: Algunos autores defienden eliminar los topes máximos de cotización para los salarios más altos, modificándolos y convirtiéndolos en progresivos para aumentar los ingresos. ¿Qué os parece esta propuesta?

CC: Sí pero esto nos llevaría a que quizás habría que subir las pensiones máximas adaptándose a la mayor cotización de esos salarios. Yo aquí tengo un punto de prudencia en el sentido de que para la legitimidad del sistema debe mantenerse un reconocimiento que corresponda a ése esfuerzo contributivo. Lo que sería un error es que quienes contribuyesen más tuviesen la convicción de que el sistema público de pensiones no recompensa su esfuerzo de contribución. Eso facilitaría el cuestionamiento de otros sectores de la sociedad que a día de hoy sí que defienden el sistema de pensiones.

BS: Comparto la reivindicación del principio redistributivo porque es configurador del sistema de pensiones. Pero quizá se le está pidiendo a la Seguridad Social que haga lo que le corresponde al sistema impositivo. Que es por dónde hay que abordar el asunto de las rentas más altas. La redistribución la hace el sistema de pensiones a través de mecanismos como la pensión mínima o las prestaciones no contributivas; pero es también una tarea del sistema fiscal.

LR: El pasado mes de septiembre, CC.OO realizó la propuesta temporal de aplicación inmediata de aumentar dos puntos los tipos de cotización por contingencias comunes mediante un esfuerzo compartido entre empresarios y trabajadores. Esta medida supondría 7.000 millones adicionales de ingresos. ¿Qué os parece?

CC: Yo no la comparto. Creo que va en contra de la principal prioridad que tenemos que es la creación y el mantenimiento del empleo. Aumentar las cotizaciones no ayudaría para nada a recuperar la creación de empleo, al contrario, la dificultaría. El propio gobierno ha tomado una medida cuando ha ampliado los conceptos a incorporar en la base de cotización, que ya supone para muchas empresas un aumento de sus contribuciones a la Seguridad Social. Una medida que puedo compartir pero que hubiera necesitado una transición en su aplicación. Además va en contra de la dinámica que se está viendo en Europa. Jacques Delors proponía en su libro blanco que frente a altos niveles de paro con bolsas de parados de baja formación, y teniendo en cuenta que estos perfiles encontrarán trabajo en sectores muy intensivos de empleo, quizás lo que necesitamos es rebajar las cotizaciones para este tipo de empleos para generar mayor ocupación.

BS: También tengo muchas dudas de una medida como ésta. Empezando porque el nivel de cotización en nuestro país ya se sitúa en la media de los países de nuestro entorno. Y además porque ahora la prioridad es la creación de empleo, e incrementar las cotizaciones significa incrementar los costes. Dicho esto, lo que sí me parece oportuno y legítimo, es exigir a aquellos que sí tienen recursos que hagan un esfuerzo extraordinario. Estos 7.000 millones deberían poder recaudarse a través de otras medidas que afecten a las rentas y patrimonios más altos.

LR: Por último, como bien sabéis en España el salario mínimo es de los más bajos dentro del contexto de la UE-15. Cuando aumentan los salarios aumentan las cotizaciones del sistema de Seguridad Social y los ingresos del sistema, mejorando la viabilidad. ¿Sois favorables a aumentar el salario mínimo progresivamente durante las próximas dos legislaturas y de esta forma converger con nuestros vecinos europeos?

CC: Sí, sí, soy favorable, y no comparto las teorías que afirman que la existencia de salarios mínimos va en contra de la creación de ocupación. No hay evidencias en nuestro entorno que lo puedan sostener. Además, en el caso del salario mínimo en España directamente afecta a un número muy reducido de trabajadores, hace muchos años que no es referencia para otras variables de las políticas sociales, por tanto tampoco tienen efecto inflacionista o de aumento del gasto social. En un momento en el que la recuperación depende más que nunca del aumento del consumo interno, un mensaje de este tipo iría en la dirección de estimular este consumo, la capacidad de compra.

BS: Por supuesto. Una pieza fundamental de la sostenibilidad del sistema público de pensiones es el mercado de trabajo. Las tensiones financieras que hoy sufre el sistema son consecuencia de la destrucción de empleo provocada por la crisis. La prioridad del Gobierno es, y debería haber sido desde el principio, la recuperación de los puestos de trabajo perdidos. Pero además debemos ser conscientes de que la política de devaluación salarial es veneno para el sistema de pensiones porque limita los ingresos a través de las cotizaciones. La precariedad de las condiciones laborales perjudica también a los pensionistas, a los presentes y a los futuros.

Analistas políticos y académicos nos dan las claves del nuevo mapa político en España

Laura Manzano - Doctora en Historia y Civilización por el Instituto Universitario de Florencia

Laura Manzano -

¿Qué explica el incremento de los partidos nuevos y pequeños en las europeas?

En el caso de España hay dos tipos de motivos. Que los partidos nuevos surjan en este momento está vinculado al distrito único que rige para las Elecciones Europeas y en el que, por tanto, el porcentaje de votos se traduce directamente en escaños. Por otra parte, está el hartazgo ante los casos de corrupción y a la gestión de la crisis económica. Este fenómeno hay que ponerlo en un contexto europeo: durante la última década en más de la mitad de los países de la UE han surgido nuevos partidos tanto a la izquierda como a la derecha. En algunos países estos partidos (Die Linke en Alemania, el PVV en los Países Bajos, etc.) llevan ya varios años en liza e, incluso, han tenido responsabilidades de gobierno. Es indudable que los nuevos medios de comunicación y las redes sociales juegan un papel importante. Además, no se puede ignorar la capacidad que han tenido algunos de estos partidos, como Podemos y el M5S italiano, en organizarse sobre otros parámetros más allá del tradicional vínculo entre partido y afiliado. Esto hace que muchos votantes, desencantados con partidos que parecen vivir en una burbuja, se sientan atraídos por ellos.

¿Qué expectativas pueden tener estos partidos en el próximo ciclo electoral?

En el caso español, gran parte de su éxito dependerá de su capacidad para crear bases regionales, fundamental para tener relevancia en unas elecciones generales dado el sistema electoral español. Las elecciones municipales y autonómicas de 2015 servirán para ver si los votantes que confiaron en partidos poco conocidos y sin experiencia de gobierno para unas elecciones que, en general, seguimos sin tomarnos muy en serio, votan a estos partidos en otras que se perciben más relevantes. En ese contexto, el uso exhaustivo de los medios de comunicación por parte de Pablo Iglesias, más que por parte de Podemos en general, puede resultar decisivo, siempre que no se produzca una sobreexposición y el consiguiente hartazgo. Durante el próximo año y medio veremos si estos partidos se consolidan pero quizá el mayor reto sea a más largo plazo, cuando Podemos, al igual que les ha pasado a UPyD o al M5S, tengan que traducir los apoyos que suscita un líder carismático en un aparato de partido capaz de fidelizar a sus votantes.

Àngels Pont - Directora de GESOP

Àngels Pont - GESOP

¿Qué explica el incremento de los partidos nuevos y pequeños en las europeas?

Son un reflejo del descontento y la desconfianza en el sistema y su funcionamiento, pero es también la expresión de la necesidad y de la esperanza que las cosas deben y pueden cambiar. Son los “representantes” de un sentimiento bastante transversal, pero también con intereses muy heterogéneos tal como muestra su fraccionamiento. Las elecciones europeas, y especialmente el impacto de alguno de sus resultados sobre la opinión pública lo ponen de relieve. El caso más llamativo es el de PODEMOS, un grito de una parte importante del electorado especialmente de izquierdas frente a la crisis política y social que vive nuestro país. Una expresión que no ha parado de crecer en las encuestas después de conocerse el resultado del 25M, y que se refleja en boca de algunos que dicen “no los voté porque no los conocía”. Todo parece indicar que se trata de algo más que de un castigo a los grandes.

¿Qué expectativas pueden tener estos partidos en el próximo ciclo electoral?

A corto plazo, las europeas avanzan lo que es posible que se repita en mayor o menor grado en próximas citas electorales. Parece difícil que el PP, y especialmente el PSOE, puedan recuperar buena parte de las simpatías perdidas. Esto es lo que reflejan ahora mismo las encuestas que amplían de forma extraordinaria las tendencias que se apuntaban en las europeas. Lo observamos en los diferentes escenarios. Tanto en Catalunya como en España se predicen escenarios mucho más fragmentados. ERC amplía su ventaja sobre CiU pero está muy lejos de la mayoría absoluta, suben C’s y la CUP y entra con fuerza PODEMOS. El partido liderado por Pablo Iglesias que planta cara al bipartidismo en España. Pero posiblemente será el escenario municipal el primero en decirnos si hay alguna fuerza política emergente capaz de aglutinar la dispersión y fragmentación actual o, al contrario, si alguna de las fuerzas tradicionales cambia el rumbo de sus expectativas.

Miguel Ángel Presno Linera - Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo

Miguel Ángel Presno Linera

¿Qué explica el incremento de los partidos nuevos y pequeños en las europeas?

Hay diversas razones: políticas, socioeconómicas,…; yo me centraré en las jurídico-electorales: en primer lugar, en las elecciones al Parlamento Europeo hay circunscripción única y no 52, como en las elecciones al Congreso de los Diputados; de esta manera ninguno de los votos que van a las formaciones más pequeñas “se pierde” para el recuento final; en segundo término, se trata de elegir a un número alto de representantes (54), lo que permite que la fórmula D’Hondt despliegue sus efectos proporcionales, cosa que en las elecciones al Congreso únicamente ocurre en las escasas circunscripciones que eligen un número alto de diputados (Madrid, Barcelona, Valencia…) En tercer lugar, en las elecciones al Parlamento Europeo no hay barrera electoral (el porcentaje de votos válidos -del 3 o el 5%- necesario para participar en el reparto de escaños), cosa que sí existe en las elecciones al Congreso, en las municipales y a los Parlamentos autonómicos. La ausencia de esa barrera permite que ninguna formación política se quede sin escaño por no conseguir un porcentaje mínimo de votos. Si en las elecciones europeas hubiera una barrera del 3% se quedarían fuera de la Cámara Primavera Europea y Los Pueblos Deciden y sus 2 diputados irían, probablemente, a los partidos más votados; si fuera del 5% se quedarían fuera 4 formaciones (las dos citadas, Ciudadanos y L’Esquerra pel Dret a Decidir) y habría que repartir esos 6 escaños entre las demás, lo que hubiera beneficiado a los partidos más votados. En cuarto lugar, creo que los partidos más pequeños han sabido movilizar a una parte del electorado que en otras circunstancias podría haberse decantado por la abstención y en dicha movilización han jugado un papel relevante las redes sociales, cuyo uso inteligente ha evidenciado el anacronismo de prohibir la propaganda electoral la jornada de reflexión y el día de las elecciones.

¿Qué expectativas pueden tener estos partidos en el próximo ciclo electoral?

Dependerá también de varias razones: de cómo se valore por el electorado la confianza otorgada en estas elecciones; de si son capaces de implantarse de manera organizada en los municipios y Comunidades Autónomas; de su capacidad para ofrecer programas y presentar candidaturas en miles de municipios, en las elecciones autonómicas y generales; de los eventuales acuerdos pre o postelectorales con otras formaciones. También influirán factores jurídico-electorales: mientras que en municipios de más de 10.000 habitantes se elige un número de concejales (17 o más), lo que favorece la proporcionalidad aunque la barrera electoral sea del 5%, en las elecciones al Congreso la mayoría de las circunscripciones tienen asignados muy pocos diputados por lo que es muy difícil que obtengan escaños las terceras y cuartas formaciones políticas en número de votos.

Juan Rodríguez Teruel - Profesor de Ciencia Política en la Universidad de Valencia

Juan Rodríguez Teruel

¿Qué explica el incremento de los partidos nuevos y pequeños en las europeas?

Cuatro factores. Uno, la baja participación típica de las elecciones europeas (aún consideradas 'de segundo orden'), que afecta principalmente al elector de centro que no cambia de partido, dio mayor impacto al voto crítico de los que sí fueron a votar. Dos, el sistema electoral, que perjudica menos a los partidos medianos y pequeños de ámbito estatal de lo que sucede en unas autonómicas o sobre todo en unas generales. Tres, el castigo al partido de gobierno que suele darse en unas europeas, voto que en estas ocasiones no fue recogido por el principal partido de la oposición. Y finalmente, el malestar político con unos partidos tradicionales (PP y PSOE, pero también IU, CiU...) que se están viendo desbordados por la realidad y por los nuevos discursos y liderazgos de las nuevas organizaciones. Es como una tormenta perfecta donde se conjugan todos los factores que favorecen un voto de cambio a partidos nuevos. Y se ha dado.

¿Qué expectativas pueden tener estos partidos en el próximo ciclo electoral?

Expectativas de obtener puestos representación: muy altas. ¿Cómo de altas? Depende: las encuestas y el ambiente sugieren una transformación del sistema de partidos. También habrá factores que jueguen en contra: sistema electoral, mayor participación de los votantes fieles de los grandes partidos, una lógica de competición distinta... Pero dependerá del tipo de elecciones. La clave se dará en las elecciones municipales y generales, que pueden hacer de 'efecto de bola de nieve'. Este efecto será superior si Rajoy decide mantener las elecciones generales a finales de año. En cambio, si decide avanzar elecciones a mayo, y convocar una super jornada, esto puede ayudar a detener el avance de los partidos pequeños.

Expectativas de obtener puestos de gobierno: muy bajas (excepto en grandes ayuntamientos). De hecho, a mayor fragmentación en nuevos partidos mayores probabilidades de que el PP pueda volver a gobernar la próxima legislatura. Si los electores de centroizquierda se dan cuenta de esta asociación quizá decidan hacer un voto estratégico.

Agradecemos su colaboración al CCCBCCCB

Ana Mar Fernández: El título de su libro, “Una Europa alemana”, es un tanto provocativo. Su contenido se centra en la idea de la sociedad del riesgo que se explica al principio del libro. Parece que vincula la idea de una sociedad del riesgo con lo que está ocurriendo ahora en Europa. Si le he entendido bien, estamos viviendo en un clima de pre-colapso, en una especie de entorno peligroso que lleva a los ciudadanos a aceptar decisiones muy impopulares como los drásticos recortes sociales, los gobiernos tecnocráticos, la posición alemana en Europa, etc. ¿Cuáles cree que son los límites de los ciudadanos europeos?

Ulrich Beck: En primer lugar, la primera idea es que estamos viviendo en una época donde todo el mundo está hablando de catástrofes. Catástrofes como el desempleo juvenil en España, o como la gente en Grecia que no saben cómo financiar su visita al médico, etc. Esto está sucediendo pero yo creo que tenemos que hacer una distinción entre la catástrofe y la anticipación de la catástrofe. Sabemos lo que sucede si un coche se avería, o si un ordenador se rompe, pero no sabemos lo que pasa si el euro o la Unión Europea se rompen, o si el cambio climático realmente sucede. Nos enfrentamos a una situación en la que se ven amenazadas muchas cosas valiosas y realmente no sabemos nada del futuro. Y lo que es peor, ni siquiera tenemos los recursos para responder a ese tipo de amenazas, porque los europeos todavía estamos limitados en gran medida a nivel nacional, tenemos las ideas nacionales, las instituciones nacionales, etc. Por supuesto están las instituciones europeas, pero como hemos visto no estaban muy bien equipadas para dar respuesta a la Eurocrisis.

Tenemos que darnos cuenta de esta situación, ya que, hasta cierto punto, se trata de una situación histórica. Los ciudadanos, la gente en la calle, se enfrentan a situaciones que la mayoría de ellos no entienden. No saben lo que está pasando. “Ya no entiendo el mundo”, esta sería una buena frase para describir cómo se sienten.

Así que, por un lado, Europa se enfrenta a una situación para la que los expertos no tienen respuesta, los políticos no tienen respuesta, y por supuesto, la gente no tiene respuesta. Y por otro lado, al mismo tiempo la sociedad se está moviendo, pensando en todo tipo de nuevas alternativas. No habíamos previsto que fueran a ocurrir la mayoría de las cosas que han estado ocurriendo durante los últimos dos años en diferentes países de Europa. Por primera vez estamos hablando de Europa, estamos involucrados en Europa. Hay un tipo de público europeo que está naciendo. Todos estamos experimentando un nuevo tipo de interconexión, no podemos actuar solos, somos de alguna manera víctimas y actores.

AMF: Estamos siendo testigos de protestas en Atenas, Madrid, etc. Parece que la gente no es capaz de aceptar más presión.

UB: Tienes razón que para la gente es una situación muy difícil. Hasta ahora hemos hablado de Europa más en términos institucionales. Hablamos de la Comisión Europea, de los países europeos que cooperan entre sí, etc., pero no se ha hablado mucho sobre la ciudadanía europea. Es algo que aparece cuando se celebra algo, pero los ciudadanos no nos vemos a nosotros mismos como una parte activa o participativa en el espacio público europeo. Hasta ahora no ha existido una identidad común. Y creo que este es uno de los temas importantes, tenemos que repensar Europa desde el punto de vista de los individuos.

Como digo en el libro, existe un silencio entre Bruselas y los ciudadanos europeos. Los europeos no se reconocen entre sí. Esto es importante a fin de hacer Europa más atractiva para los ciudadanos. Para que sea significativo para ellos, tenemos que pensar que hay algo más que la ciudadanía en el contexto nacional.

¿Cuáles podrían ser los elementos de ser europeo que podrían gustar a los ciudadanos? En primer lugar, los ciudadanos europeos tienen más libertades que los nacionales. Esto está relacionado con la apertura de las fronteras, se interconectan en la vida cotidiana, la cultura, etc. En segundo lugar, los trabajadores ven a Europa como una amenaza económica para su existencia. Necesitamos una perspectiva social europea. Esto tiene que ser repensado y reorganizado. No tiene que ser mañana, es una visión a largo plazo, pero tenemos que hablar de cómo dar la vuelta a la inseguridad creada por las políticas europeas. Cómo dar seguridad a través de políticas sociales. Y tercero, tiene que ser un nuevo tipo de democracia desde abajo, con la participación de los ciudadanos en las actividades cotidianas, involucrando a una sociedad civil que sigue basando en gran medida en el nivel nacional.

AMF: Si he entendido bien, el nuevo contrato social que se propone en el libro sería el instrumento para conectar las dimensiones verticales y horizontales de la UE. Pero ¿cómo podemos traducirlo en la práctica?

Marc López: ¿Cuando habla de la seguridad social, está pensando en un salario mínimo?

UB: Este es uno de los temas, aunque creo que tenemos que ir más allá. Por supuesto, no sería como el Estado de bienestar nacional. Pero el principal problema es que el Estado-nación está perdiendo su poder para reproducir la seguridad social, y creo que Europa tiene un reto de redefinir esta seguridad a nivel transnacional.

Por un lado, la gente está deprimida porque piensan que no pasa nada; por otro lado, durante los dos últimos años se han creado y discutido un montón de nuevas palabras, como la unión bancaria o el impuesto a las transacciones financieras (Tasa Tobin). Tiene que haber un impuesto europeo pagado por los bancos y las empresas. Esta sería una buena idea. Así las instituciones europeas harían dinero para hacer políticas sociales en reacción a las crisis económicas y no tendrían que depender de los sistemas nacionales de seguridad social.

AMF: En su opinión, parte del problema es que la economía gobierna sobre la política. Todos estamos de acuerdo que la política debe recuperar el liderato, pero ¿cómo podemos hacerlo?

UB: Para abordar este tema es necesario distinguir entre la autonomía y la soberanía. Europa es un buen ejemplo de por qué tenemos debemos hacerlo. Tenemos que dar autonomía a las instituciones europeas, pero lo hacemos con el fin de ganar soberanía, para adquirir la capacidad de resolver nuestros problemas nacionales y nuestros problemas internacionales, que a menudo son el mismo. Tenemos que diferenciar entre la soberanía nacional y la soberanía europea. Tiene que haber una cooperación multilateral, donde la igualdad y la justicia son los valores principales. Esto es de lo que trata Europa, de hacer políticas en donde los ciudadanos son a la vez diferentes e iguales.

Esto no es fácil porque tenemos una nueva situación creada por la crisis. El paisaje ha cambiado básicamente de dos maneras. En primer lugar, hay una división entre países del euro y los países de la Unión Europea, ya que, de repente, todo se concentra en los países del euro. En segundo lugar, dentro de los países del euro que hay enormes diferencias entre los países deudores y los países acreedores. Como consecuencia de esto tenemos una Europa de dos velocidades. Los acreedores están en el núcleo del euro, y el resto están, hasta cierto punto, excluidos.

AMF: ¿Y qué hay de la capacidad de las élites políticas? ¿Podríamos argumentar que parte del problema también está relacionado con el hecho de que los líderes de la generación del baby boom no son capaces de manejar la crisis, ya que simplemente no tienen el mismo sentido de la historia que la generación posterior a la Segunda Guerra Mundial?

UB: Esta es una buena pregunta. Esta generación de políticos en su mayoría se crió en un mundo seguro. No piensan en el cambio, son pragmáticos. No hay tantas diferencias entre los distintos partidos, de hecho no hay mucho debate sobre las alternativas. Y sí, ellos no saben lo que es sufrir para empezar de nuevo. Pero esto no es sólo acerca de los políticos, los científicos sociales tienen el mismo problema también. Todos ellos se adhieren a temas muy específicos y no ven que todo el entorno está cambiando. Este es un problema muy importante.

AMF: Parte del problema es, pues, que no existe una visión de largo plazo...

UB: Sí, esto es cierto. Estoy preocupado porque los intelectuales que toman posición ahora, hablando de Europa, son sólo unos pocos. Algunos estamos luchando pero no somos muchos.

Creo que esto trata más sobre los pequeños cambios. Ya sabes, la generación Erasmus, o las jóvenes parejas mixtas de diferentes países, los cambios en la identidad, etc. Hay un montón de pequeñas revoluciones.

AMF: Volviendo a la cuestión de las élites políticas y, en particular, a la de un liderazgo europeo, ¿cree que los Estados miembros estarían listos para el despliegue completo de un sistema semi-presidencial y para la elección directa del presidente del Consejo Europeo?

UB: No sé por qué esto no se está produciendo. La elección directa podría ser uno de esos cambios para el que las élites no están listas. Si pudiera haber un resorte europeo a través del que la gente decepcionada conecte con los arquitectos de los nuevos europartidos, podría ser muy poderoso.

Te explicamos cómo se puede llevar a cabo una hipotética reforma de la Constitución

En este Quiz hemos querido preguntar a personas con diferentes perspectivas, edades y procedencias sobre si la sociedad española está preparada para afrontar un debate entre Monarquía o República.

Berta Barbet

Berta Barbet

Politóloga y estudiante de doctorado en la Universidad de Leicester

Existen, creo, dos elementos que deberían tenerse en cuenta a la hora de decidir si el debate es o no es oportuno. Ambos relacionados con el contexto de desafección política actual pero apuntando cada uno en una dirección distinta.

En primer lugar, en un contexto como este parece interesante replantear el sistema político y la forma como se escogen las élites de este. Evidentemente esta es una discusión que no debe girar solamente alrededor del debate sobre la jefatura del estado, pero puede ser esta una buena forma de empezar. Al fin y al cabo, si el debate existe en la calle, obviarlo solo conseguirá alejar más a los ciudadanos de las instituciones que en principio deberían representarlos. Mostrar una actitud abierta al debate, escuchar las propuestas y dudas de los ciudadanos y responder a las demandas de estos es un imperativo si queremos reconectar a la ciudadanía con las instituciones y sus representantes políticos.

No obstante el contexto incluye también un peligro, y es precisamente que toda la desafección existente se transforme en un debate poco reflexionado y en una voluntad de destruir más que de construir en el camino. Lo hemos visto, por ejemplo, en Irlanda con la votación sobre el senado. Donde el descontento con los grandes partidos junto a cierta falta de información sobre las propuestas, llevó al país a rechazar la eliminación del senado impulsada por la mayoría de partidos. Un debate de este tipo requiere una reflexión profunda sobre las ventajas y desventajas de las distintas opciones. Sin una reflexión pausada, apelando a soluciones fáciles y sin transmitir la información necesaria, el debate pude resultar muy poco productivo y acabar generando más frustración y sensación de lejanía que ninguna otra cosa.

Javier de Lucas

Javier de Lucas

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía política en el Instituto de derechos humanos de la Universitat de València

A mi juicio, cabe plantear la respuesta desde diferentes perspectivas. Al menos estas dos: la primera atañe a la justificación del debate, esto es, si ese debate es necesario o, al menos importante. La segunda a su oportunidad, es decir, si conviene plantearlo ahora, en el momento de la abdicación.

Pero creo que lo más relevante hoy es una consideración de interpretación constitucional. Contra lo que parece asumirse, a mi juicio el rey no tiene una prerrogativa exclusiva y excluyente de abdicar. Por supuesto el rey puede comunicar su voluntad. Faltaría más. Pero es a las Cortes como representación de la soberanía popular a quien corresponde decidir: si, cómo y cuándo. Y a las Cortes corresponde decidir si el príncipe de Asturias, como sucesor, debe ser coronado, cómo y cuando. O si cabe otra opción. Si no fuera así, bastaría con la voluntad del rey y las Cortes no tendrían otra función que ponerse en posición de saludo para entonar el “señor, sí, señor!”. No es así: hay que aprobar una ley. Y la ley no la aprueban ni el rey ni el Gobierno, sino las Cortes. Ergo las Cortes pueden decidir, por ejemplo, si realizan una consulta popular sobre una decisión política de gran trascendencia, que estaría amparada por el artículo 92 CE78.

Dicho esto, a mi juicio, plantear aqui y ahora el debate monarquía/república no es sólo importante, sino necesario y oportuno. Si fuera irrelevante, como sostienen los monárquicos y los criptomonárquicos disfrazados de “republicanos de principio”, no se entiende la obsesión y el esfuerzo desplegado por aplazarlo -si no prohibirlo- como sea. Es importante porque hay muy serias dudas de que la monarquía de los borbones pueda cumplir las funciones que son su única justificación, en la España de hoy y menos en la de mañana por la mañana, por el descrédito que ha ganado a pulso: el intento de estar por encima de la ley y de la justicia, su vinculación a prácticas de corrupción, a la utilización privada de lo público, la prepotencia de quien no conoce otro status que el privilegio, su incapacidad para mediar en la cuestión territorial, sus vínculos con dictadores fundamentalistas, su distancia de los ciudadanos, y la incapacidad para ponerse del lado de los más vulnerables salvo desde una perspectiva bienintencionada pero inequívocamente paternalista, aconsejan pensar en una alternativa. Es el momento oportuno para hacerlo. El rey ha despejado el camino. Aprovechemos para consultar si los ciudadanos que son el soberano, el pueblo soberano, prefieren probar la alternativa.

Jorge Galindo

Jorge Galindo

Investigador en el Departamento de Sociología de la Universidad de Ginebra

Creo que el debate ya nos lo estamos planteando, así que ahora lo importante debería ser situar los ejes para el mismo. Para empezar deberíamos dejar claro si está sobre la mesa solo la forma de elección del Jefe del Estado o también su poder y competencias, así como otros aspectos de nuestro modelo de país. Las personas, partidos y grupos más insistentes en la demanda de una república también lo son en otras reformas más o menos profundas, particularmente desde sectores de izquierda.

Esto hace que la república sea más una opción de identidad política que una propuesta con capacidad de generar consenso, por lo que aunque el debate exista es muy difícil que una mayoría se articule a favor de la reforma: siempre se temerá que sea un cambio solo para unos pocos, y que se abran demasiados frentes. En tal caso, lo ideal sería mover la discusión hacia el dilema entre la estabilidad y el aparente apartidismo que proporciona un Jefe de Estado no electo, y la legitimidad que en cambio ofrece uno elegido por sufragio universal. Pongamos que deseamos es una Jefatura con poco poder real y alta capacidad unificadora y queremos evitar a toda costa el sesgo partidista. Asumamos además que un monarca tendrá menor legitimidad a priori y, a pesar de todo, una serie de preferencias políticas personales. Quizás deberíamos considerar un modelo de república con Jefe de Estado electo pero de manera indirecta por el Parlamento, incrementando así la probabilidad de consenso. Y hacer de tal opción, así como de las contrapartidas (elección directa, mantener la monarquía), un programa político más transversal, destinado a conseguir mayorías con capacidad de cambiar algo y no solo ondear las banderas de nuestros padres.

Alberto López Basaguren

Alberto López Basaguren

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco

Es motivo de satisfacción que el deseo de sustitución de la Monarquía por la República aflore de forma normalizada. Es una advertencia a la Monarquía de que debe ganarse el consenso del pueblo.

Varios elementos, sin embargo, me producen resistencia intelectual o preocupación política.

- En una Monarquía parlamentaria no estamos ante una alternativa entre Monarquía y democracia, como se nos dice. Es un insulto a la inteligencia. Muchos de los países europeos más sólida y prolongadamente democráticos lo son.

- A juzgar por lo que se dice, parece como si estuviésemos en una Monarquía absoluta. Las funciones del Rey son simbólicas y el poder político corresponde a las instituciones representativas. ¿Debe concentrar la izquierda sus energías políticas en derrotar a un poder simbólico, como es el caso del Rey?

- El referéndum sobre Monarquía-República solo cabe en el seno del procedimiento de reforma de la Constitución -art. 1 y Título II-. Las generaciones que no la votaron, ¿no están vinculadas por ella y sus procedimientos? ¿Quiere situarse esa izquierda fuera de la legalidad? La seducción por la acción política de eco insurreccional es una peligrosa irresponsabilidad en la que la izquierda se ha quemado ya muchas veces.

- Nos lamentamos de nuestra trágica historia constitucional, que se debe a nuestra incapacidad de crear Constituciones integradoras; es decir, de consenso. ¿No es la Monarquía parlamentaria un elemento aceptable de una Constitución de consenso, mientras cumpla suficientemente sus funciones? ¿Hay un consenso posible, alternativo, en torno a la República? ¿Está dispuesta esa izquierda a romper el consenso mientras la alternativa no tenga suficiente consistencia para serlo?

Un sistema político solvente garantiza estabilidad política en democracia. Muchas afirmaciones que se están haciendo en pro de la República son desasosegantes. Especialmente a la vista de la historia de la República.

Máriam Martínez-Bascuñán

Máriam Martínez-Bascuñán

Profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid

La respuesta a esta pregunta sólo se me ocurre formulando esa misma cuestión en negativo: ¿por qué no debería plantearse España este debate? ¿A qué tenemos miedo? El temor sólo paraliza, decía Maquiavelo. A estas alturas deberíamos saber que la irrupción de lo inesperado abre la posibilidad de actuar. Y que eso no es ni bueno ni malo; eso es política. Allí donde hay oportunidad para la iniciativa y la acción, hay política, lejos de cualquier sentimiento nostálgico de una situación que ya no es posible recuperar. El único modo de expresión de la libertad es la acción política. Por tanto, hay que actuar.

Si es cierto que cada generación es independiente de la precedente, también lo es que cada momento fundacional tiene que intercalar generaciones. Eso implica un ejercicio necesario de reconocimiento por parte de las nuevas, y otro de apertura y autocrítica que provenga de las más veteranas. Muchas de las voces más relevantes del momento hablan del consenso de la Transición producido en gran medida porque había un proyecto de país. Muy probablemente la crisis subyacente al resto de crisis que estamos padeciendo tiene que ver con una crisis de definición de país. Para saber a dónde vamos primero debemos saber qué queremos ser. Para responder a esta pregunta sólo vale la apertura de espacios públicos e institucionales de deliberación y participación.

Todo lo nuevo desestabiliza. Pero lo viejo también cuando da signos de decadencia. Por eso el argumento de la estabilidad es falaz. La estabilidad en estos momentos sólo se garantiza introduciendo nuevas leyes y nuevas instituciones que sirvan como cimientos a una comunidad libre y segura. En ese sentido, las reglas del juego democrático ofrecen al menos dos posibilidades. La vía del Referendum ad hoc, o la apertura de un proceso constituyente donde los partidos políticos presenten su opción por Monarquía Parlamentaria o República. Ejecutaría entonces el Parlamento en conformidad con lo que hubiesen dicho las urnas.

Edgar Rovira

Edgar Rovira Politólogo, editor de Agenda Pública

En mi opinión la situación política y económica que estamos viviendo no nos ayuda a la hora de plantearnos este debate.

Por un lado tenemos un escenario que parece idóneo para llevar a cabo un cambio en la elección del jefe de gobierno: la valoración de la monarquía no para de caer, la demanda de reformas políticas se ha hecho evidente tanto en las encuestas como en las múltiples movilizaciones ciudadanas, y el resultado de las elecciones europeas puso de relieve la debilidad de los dos grandes partidos y el auge de formaciones que defienden abiertamente un cambio en el sistema de gobierno como son Podemos, IU, o ERC.

Por otro lado, algunos datos nos invitan a ser cautelosos. En primer lugar, porque a pesar de la enorme importancia de la figura del Rey, es probable que los ciudadanos no veamos la reforma de la jefatura de Estado como una prioridad. Según el CIS, solo un 0,2% de los encuestados citan a la Monarquía como una de sus principales preocupaciones. En segundo lugar, porque no es tan evidente que, como se ha repetido en muchas ocasiones, un relevo generacional no sea capaz de mejorar la imagen de la institución. Una encuesta publicada el pasado enero por El Mundo indicaba que un 56,6% cree que Felipe VI podrá recuperar el prestigio de la Casa Real, por un 32,6% que opina lo contrario. Y en tercer lugar, porque el bipartidismo, aunque mermado, no sólo mantiene la mayoría del Congreso, factor clave a la hora de plantear cualquier reforma, sino que con su posicionamiento parece representar bastante bien la opinión de sus votantes. Y es que en la misma encuesta de El Mundo vemos que tanto los votantes del PP (73,9%) como los del PSOE (58,5%) están a favor de que el cambio mejorará la imagen.

Argelia Queralt

Argelia Queralt

Doctora en Derecho y profesora lectora de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona y editora de Agenda Pública

El Rey ha anunciado que abdica; esta es una decisión de enorme trascendencia política. No tanto por el poder efectivo del monarca, que debe recordarse que por mandato constitucional es nulo, sino porque supone otra ruptura con la cultura de transición democrática. La monarquía y el Rey Juan Carlos fueron aceptados en un momento histórico complejísimo del estado español; sin embargo, de igual forma que tocaría renovar legitimidades respecto de otros “pactos de convivencia” recogidos en la Constitución, hubiera sido este un buen momento para valorar el respaldo, apego, consideración del pueblo español de la monarquía. La ciudadanía española ha cumplido ya su mayoría de edad democrática, no necesita ser tutelada. Necesita de transparencia y de información, y, por tanto, también de debates rigurosos que no se centren en el mero slogan y el cruce polarizado de opiniones. No debe olvidarse, es cierto, que la Corona ha sido un tema tabú durante muchos años: se han vetado las críticas humorísticas al rey y a su familia (no olvidemos la condena al Jueves por la portada del Príncipe Felipe y su esposa o como esta misma publicación esta misma semana “cambiaba su portada”). Sin embargo, no debemos, no deben olvidar que la Corona, la Jefatura del Estado es una institución al servicio de la ciudadanía y que como tal está sujeta al escrutinio público y, por supuesto, a su crítica.

Desde el lunes día 2 se nos ha dicho que el debate monarquía/república no es prioritario, que en realidad es sólo una manera de mostrar el hartazgo generalizado con un sistema que hace aguas, que no sabemos realmente cuales serían las consecuencias, en fin, justificaciones varias y variadas que magnifican – dramatizan- no el cambio de sistema, sino el propio debate. El PP y el PSOE no acertaron sobre lo que iba a significar para ellos las elecciones europeas: un toque de atención muy serio al bipartidismo, quizá el principio de su fin, y en este escenario, con una legitimidad cada vez más erosionada por una desconexión con el pueblo cada vez mayor, deciden solventar la abdicación del rey y sus sucesión a través de un proceso falto de debate previo y falto de debate parlamentario (recordemos que el procedimiento de aprobación de la ley orgánica de abdicación ¡va a ser exprés!). Una vez más, se acalla la voluntad popular de hablar de los temas que le conciernen y se sustrae del debate público de una cuestión de evidente trascendencia política… una vez más…

Una de las líneas prioritarias de Agenda Pública es la de identificar mujeres investigadoras, expertas y profesionales del mundo de las ciencias sociales y jurídicas y darles voz para que puedan hablar de sus investigaciones y su experiencia profesional. En esta línea hoy, 8 de marzo en el que se conmemora el día internacional de las mujeres, iniciamos nuestra la colaboración con Feministes de Catalunya, foro de encuentro de mujeres profesionales.

Y lo hacemos con una conversación que, moderada por nuestra editora Argelia Queralt, mantuvimos con 4 de sus componentes: Marina Subirats, socióloga experta en materia de igualdad de género también desde la gestión pública, Gemma Lienas, escritora, feminista y empresaria, Sara Berbel, psicóloga social, investigadora y gestora en políticas de igualdad, y Anna Mercadé, Empresaria y actualment Directora del Observatorio Mujer, Empresa y Economía. En esta conversación se pusieron de relieve cuáles son los grandes retos del feminismo hoy en día y cuáles son los mínimos cabe exigir a nuestros representantes en relación con los derechos de las mujeres, mínimos que aparecen recogidos en el Manifiesto “Exigencias básicas a los partidos políticos catalanes” que hoy se presenta.

Queremos agradecer a María Freiría por la coordinación del acto y al Centre de Cultura de Dones Francesca Boinnemaison de Barcelona (La Bonne) por acogernos durante unas horas.

Una conversación con mujeres feministas from Feministes de Catalunya on Vimeo.

Argelia Queralt: Me gustaría empezar la conversación con la siguiente pregunta: ¿es el feminismo una cuestión de izquierdas? ¿No debería ser un hecho transversal? ¿Por qué cuesta tanto que las mujeres de derecha se declaren feministas?

Marina Subirats (MS): Hay mujeres de derechas que son feministas. Pero dentro del feminismo hay grados, por así decirlo. Además, en este punto también son importantes las clases sociales. En general, las mujeres de derechas que se definen como feministas defienden que las mujeres como ellas, de clase media, media-alta y alta, tengan acceso a los estudios, a la vida pública, al poder. Todo esto les importa. Pero en relación a las otras mujeres su actitud es paternalista. Es un feminismo burgués. Además, tiene el límite de la iglesia católica.

Por otro lado, también es verdad que en la izquierda hay grados de feminismo. No diría somos progresistas y por tanto somos feministas, sino más bien que somos feministas y por tanto somos progresistas.

Sara Berbel (SB): Por complementar esto diría que, si nos remontamos al origen del feminismo, veremos que es un hijo (¿o tal vez una hija?) no deseado de la Ilustración, como señala la filósofa Amelia Valcárcel. Es por eso que viene con una seña de identidad que es la defensa de la tríada ilustrada y revolucionaria: la igualdad, la fraternidad y la libertad. Partiendo de esta base, es lógico que se adscriba a movimientos de izquierda. De hecho, el pensamiento es al revés, no se puede ser de izquierdas y no ser feminista, porque la izquierda y el feminismo defienden la igualdad entre los seres humanos. El feminismo es un movimiento de cambio social que pretende que hombres y mujeres estén equiparados y sean equivalentes en los mismos derechos, oportunidades y resultados. La izquierda y el feminismo comparten, por tanto, la defensa de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad, aunque en este último caso se ha sustituido por la sororidad por parte de las mujeres, una “hermandad” que trata de crear redes y empoderamiento colectivo para lograr los objetivos de cambio social.

Gemma Lienas (GL): El feminismo lo que pretende es un cambio estructural y las mujeres de derechas en general están más por cambios puntuales. Es difícil poder unir a todas las mujeres. De hecho, ya es difícil unir a las de izquierdas.

Anna Mercadé (AM): Lo único que añadiría es que el feminismo hoy atenta contra las estructuras de la sociedad tal y como las conocemos. Incluso encontramos gente de izquierdas que no están de acuerdo en cambiar estas estructuras. Lo importante es que este movimiento está proponiendo cosas que son buenas para el conjunto de la sociedad, también para los hombres aunque ellos no lo sepan.

Luego quería hablar de la demonización de la palabra feminismo. Me encuentro con chicas jóvenes que son muy feministas pero no quieren ni oír la palabra. Esto es realmente una manipulación muy grande contra el movimiento feminista.

#8Marzo 2014 Mensaje de Anna Mercadé Directora Odee Cambra de Comerç de Barcelona Feministes de Catalunya from Feministes de Catalunya on Vimeo.

GL: Yo en mis charlas a gente joven les pregunto qué es el feminismo, y en muchos casos la respuesta es “lo contrario del machismo”. Cuando no es cierto, el feminismo no pretende la superioridad sino la igualdad entre hombres y mujeres. Se creen que las feministas son mujeres que odian a los hombres. Esta es una idea que se ha ido extendiendo junto con la idea de que la igualdad entre hombres y mujeres ya se ha conseguido.

AM: Se asume que ya tenemos “la igualdad” (cuando no es cierto), y que estas son batallitas nuestras.

AQ: Como profesora me encuentro con que las chicas no asumen que hay desigualdad y piensan que el feminismo es algo que va contra los hombres. De hecho, existen datos que muestran que sólo un 3% de las mujeres se declaran feministas lo cual dice muy poco en nuestro favor.

Quería destacar el tema de las estructuras que comentaba Anna Mercadé. Se pretende que consigamos la igualdad a partir de las estructuras construidas por y para los hombres, por ejemplo, el tema de la conciliación, que, si me permitís la expresión, es un cuento chino que nos han vendido las mujeres. ¿Qué habría que cambiar para conseguir que efectivamente se pudiera conciliar la vida laboral plena y rica, con una vida familiar plena y rica?

SB: Querría destacar que, al definir la estructura social, estamos hablando de la imposición de un grupo de poder sobre otro. En este caso el grupo de poder es masculino. Es más, se relaciona con un grupo determinado de hombres que tienen unas características específicas, no extensible a todos los hombres. Por eso cuando hablamos de un cambio en las estructuras hablamos de un cambio en los valores. Las mujeres feministas no quieren mantener las mismas estructuras que hay ahora, sino otro tipo de estructuras y hay muchos hombres que también estarían de acuerdo porque tampoco se sienten cómodos con la estructura actual de modelo de poder dominante.

¿Cómo lo logramos? Una nueva organización del tiempo de trabajo podría ser un comienzo. El sistema que tenemos ahora proviene de la época industrial. Lo que ha pasado es que hemos evolucionado de una sociedad industrial a una sociedad del conocimiento, pero hemos mantenido los mismos horarios, basados en la centralidad del trabajo en la vida de las personas, el olvido de la necesidad de cuidados y tareas domésticas, la rigidez horaria y la presencialidad laboral. Es necesario un cambio de valores que ponga en el centro la vida humana con todas sus necesidades, no sólo la laboral, para que se produzca el cambio en la organización del tiempo de trabajo.

#8Marzo 2014 Mensaje de Sara Berbel Dra en Psicología. Feministes de Catalunya from Feministes de Catalunya on Vimeo.

MS: Estoy de acuerdo, pero mientras tanto qué hacemos. Las sociedades se organizan en función del trabajo y en este sentido somos muy poco productivos. Tendríamos que hacer un pacto para organizarnos de otra manera.

GL: Pero con la crisis lo que vemos es que no vamos a este escenario. Todo lo que se está cerrando (hospitales, guarderías, etc.) nos lleva para atrás. Antes con un estado más saneado se podían plantear algunas ayudas como dependencia, guarderías, etc. Pero esto ya no lo cubre el Estado y los hombres no lo van a suplir porque la organización es las que es.

AM: Quería añadir que la idea de conciliación ha sido completamente corrompida. Se ha terminado convirtiendo en la posibilidad de que las mujeres puedan tener un trabajo a media jornada, una guardería cerca, etc. Es decir, que las mujeres seguirán asumiendo todo el trabajo mientras los hombres se quedan igual.

SB: De hecho, la mayor parte de los contratos a tiempo parcial son de mujeres, alrededor del 80 o 90% dependiendo de las épocas.

MS: Hemos vuelto a algo que había que evitar, que es que las mujeres habiendo salido a trabajar fuera se encuentran con condiciones inferiores a las de los hombres. Al final de lo que se trata es de modificar los horarios de trabajo para todos.

GL: El tiempo que necesitan las personas de cuidado es un tiempo que requiere todo el mundo. Cuando nacemos o cuando nos hacemos mayores. Y las mujeres no tenemos por qué hacerlo, en todo caso tenemos que compartirlo. También es verdad que al capitalismo le interesa que el hombre esté lo más libre posible para ir a trabajar.

AM: Yo en esto no estoy de acuerdo. Antes sí que era así, con las mujeres trabajando por muy poco dinero y ocupándose solas de las tareas del hogar. Ahora la mujer ha progresado laboralmente pero estamos en una explotación mucho más refinada.

SB: Porque no se ha ido al cambio estructural que modifique la organización del trabajo para todos, hombres y mujeres. En este sentido sí que estamos yendo hacia atrás. Los últimos convenios van en la línea de aumentar las horas de trabajo. Estamos en un país donde trabajamos dos horas de media semanal más que en el resto de países europeos, pero nuestro nivel de productividad se sitúa en la cola del ránking. Y aún así aumentamos las horas de trabajo.

El capitalismo ahora mismo precariza a las mujeres con tasas de paro de larga duración muy altas, además de la brecha salarial y los contratos temporales y a tiempo parcial. Esto conduce a la feminización de la pobreza y se trata de una cuestión que se tiene poco en cuenta. Un ejemplo de ello son los contratos a tiempo parcial. El 25% de mujeres ocupadas están contratadas a tiempo parcial. Las consecuencias son, además de sueldos más bajos, menor generación de derechos y prestaciones, además de mayores dificultades para promocionarse en el trabajo y adquirir antigüedad (que es la base para incrementar el sueldo con los años).

AM: Aquí tiene que quedar claro que como feministas hemos marcado unos puntos muy claros y a partir de aquí hacemos lo que siempre han hecho las mujeres, que es cambiar las estructuras patriarcales de la sociedad sin hacer ruido, a través de una revolución silenciosa. Pero también somos conscientes que hay que ir a las pequeñas cosas. Es decir, ser independientes económicamente, no tirar la toalla a nivel profesional, pues si lo haces vuelves a la precariedad.

Esto tiene que quedar muy claro: los hombres en Consejos de Administración no quieren que las mujeres accedan a ellos. Por un motivo muy sencillo, porque están ellos. Y porque cuando se está arriba de todo se organiza mejor la agenda que cuando estás en la mitad, que es dónde están ahora las mujeres.

Lo fuerte es que todas las grandes instituciones del país dominan los hombres y que desde el mundo político se alimenta esta situación.

MS: Quería señalar otro aspecto que me preocupa y del que no se habla. Estamos en un momento de cambio en la educación. Están subiendo las tasas universitarias, bajan los sueldos de profesores, etc. Todo el camino que han hecho las mujeres para poder estudiar y el salto que se ha dado hasta que las mujeres han sido mayoritarias en la universidad, puede retroceder. Si vamos a una sociedad más pobre las familias tendrán que escoger quién va a la universidad, y preferirán al chico. De esto no se habla.

#8Marzo 2014 Mensaje de Marina Subirats, Catedrática Emérita de Sociología UAB Feministes de Catalunya from Feministes de Catalunya on Vimeo.

GL: Creo que eso afecta directamente al feminismo. Siempre he creído que el feminismo no retrocederá en la medida en que las mujeres tengan formación. Cuando tienes formación no estás dispuesta a renunciar a determinadas cuestiones.

MS: Incluso afecta a la autoestima. Si has estudiado tienes más confianza.

SB: El otro día leía un estudio en el que se analizaban los factores de supervivencia en hombres y mujeres mayores. En los hombres el principal factor era tener una pareja. El de las mujeres era tener nivel de estudios superior. Una mujer con mayor nivel de estudios se siente más segura, libre, autónoma, con mayor capacidad de manejar su vida, y eso es un poderoso factor de supervivencia.

MS: Aquí también puede haber un factor de clase social. Las mujeres que hoy tienen 70, 80 o 90, son mujeres que en su época si eran de clase trabajadora no pudieron estudiar. Hay un estudio muy conocido en sociología que demostraba que el hecho de que en un país hubiera divorcio disminuía el suicidio entre las mujeres y lo aumentaba entre los hombres. La pareja es una garantía de conservación entre los hombres mientras que para las mujeres ha sido lo contrario.

AM: En el estudio que hicimos en el Observatorio de la Mujer y Empresa de la Cámara de Comercio de Barcelona en una muestra de 1.800 directivos y directivas se demostraba que una mujer que accediera a puestos directivos cobraría un 40% menos que un hombre. Además, y lo que es más grave, una condición importante para llegar a los puestos de mando era no tener hijos y no tener pareja. Mientras que para ellos era lo contrario, una condición era tener hijos y pareja.

MS: Hay otra cosa que quería mencionar. Estamos ante una ofensiva contra las mujeres en muchos campos. Pero hay uno que no se nota que es la ofensiva que están haciendo en términos de la belleza y sobre todo la presión sobre las niñas.

SB: Esto nos conduce a vivir en el país con más operaciones de estética a nivel de Europa y uno de los primeros del mundo. Y luego está la problemática de la anorexia y la bulimia.

AM: Yo creo que esto está muy dirigido a que las mujeres sean otra vez objetos sexuales. Primero, por el dinero que genera. Segundo, porque siendo un objeto pierdes la fuerza. Es el primer paso para que te manden.

MS: Es la sumisión. “Lo que vaya a hacer en mi vida depende del que me mira.” Y esto tiene mucha fuerza porque a las niñas les engancha.

GL: Hay que escribir para promover otros modelos de mujer en el formato televisivo, en los juegos, etc. Si no es difícil cambiar las tendencias actuales.

#8Marzo 2014 Mensaje de Gemma Lienas, escritora y empresaria Feministes de Catalunya from Feministes de Catalunya on Vimeo.

MS: Estamos observando mucho como se adquieren los estereotipos de género. A los 2-3 años ya se han adquirido hábitos. Se lo hemos transmitido de una manera tan fuerte que ya no se puede cambiar. Ya no es en la adolescencia, sino que se aprende mucho antes.

AQ: Una última pregunta, ¿creéis que el hecho de que las mujeres participemos más en política cambiará esta situación?

GL: Sí, siempre que sean mujeres conscientes. Y los partidos siempre eligen mujeres no feministas y a las otras las van barriendo.

MS: Y las presionan en el sentido de “tú has subido gracias al partido”. Lo hemos visto con el tema del aborto y las diputadas del PP. Para que las mujeres puedan cambiar la política también se van a necesitar otras formas de hacer política.

AM: Ahora que todo se está cuestionando –partidos políticos, sistema democrático, etc.- puede ser un buen momento. Aún así el gran punto es la forma como nos organizamos las mujeres. Tenemos mucha fuerza y no la utilizamos lo suficiente.

SB: Independientemente de que las mujeres sean feministas o no, es de justicia que estén de forma paritaria en los partidos políticos, en los puestos de representación. Yo con esto creo que el paso de Marina Subirats por la política, por ejemplo, sirvió de mucho, no sería tan pesimista. Con mujeres así se avanza. A pesar de todos los problemas existentes, contamos con una Ley de Igualdad y tenemos distintos mecanismos contra la violencia de género con los que hemos avanzado. Si somos capaces de crear redes tendremos mucha potencia y la política podrá contribuir positivamente a gestionar los objetivos comunes.

Conversación entre Moisés Naím, autor de El fin del poder, y Ángel Pascual-Ramsay, Director of Global Risks del ESADEgeo-Center for Global Economy and Geopolitics, moderados por Juan Rodríguez Teruel, editor de Agenda Pública.Moisés NaímEl fin del poderÁngel Pascual-Ramsay ESADEgeo-Center for Global Economy and GeopoliticsJuan Rodríguez TeruelAgenda Pública

Ángel Pascual-Ramsay (APR): El poder explícito, tal y como lo explica Moisés en su libro, efectivamente es menor. Pero el poder implícito, embbeded como dirían los anglosajones, a través de instituciones, sigue siendo muy potente. Por ejemplo, alguien te diría: “nunca hemos estado tan vigilados como ahora”, como el caso Snowden puede probar. Que hay usos, costumbres, instituciones que están vehiculando este ejercicio del poder de una manera que es menos obvia pero no menos efectiva que antes.

Moisés Naím (MN): Hay dos maneras de ver el poder. Una es teniendo este debate acerca de las definiciones más detalladas y creo que tiene toda la razón en que esta es una manera de verlo.

Otra manera es, simplemente, ver los resultados. En este sentido, Snowden y Manning son confirmaciones muy interesantes de la tesis del libro. Un individuo que logra tener un impacto extraordinario sobre el aparato de inteligencia de la superpotencia. Otro individuo, Manning, le da a Wikileaks las comunicaciones más secretas de la superpotencia y de sus diplomáticos. ¿Y qué es lo que se descubre? Se descubre que estos diplomáticos de la superpotencia la mayor parte de las veces no logran hacer lo que quieren hacer. Si hay algo que es interesante de leer en los cables es que los diplomáticos están muy frustrados porque no logran tener el poder de hacer que las cosas que ellos quieren, sucedan. Este es el patrón común y recurrente en todos los cables. Y después hay el tema de la hipocresía. Ver como en el mundo de hoy la hipocresía en las relaciones de Estado es una conducta más arriesgada.

Debo confesar que decidí no entrar en el debate académico de lo que es el poder y que simplemente haría una aproximación muy práctica sobre la definición de lo que es el poder. Nadie puede decir que la definición que yo utilizo no es correcta. Lo que se puede decir es que hay otras pero no se puede decir que la que yo utilizo no sea válida. Para mi esto es suficiente porque lo que yo quería hacer no es un debate ontológico sobre la definición sino que lo que quería era mostrar lo que está ocurriendo. Quería ver los impactos concretos sobre la realidad.

APR: Parece que lo que dices es muy cierto. En el caso de Manning, cuando uno lee los cables, lo que sale es la impotencia y la incapacidad de conseguir las cosas. El tema de Snowden es un poquito diferente porque conecta con el tema de que en la era global las comunicaciones son todas susceptibles de ser captadas. Ahí el riesgo de que haya un big brother que pueda tener acceso de manera recurrente a esta información sí que plantea cuestiones diferentes.

MN: Déjame interrumpirte un momento porque creo que esta es una manera antigua de ver el problema. Una manera de ver el problema es que hay el big brother o sea que te refieres a que hay un poder. Lo que Snowden reveló es que hay cientos de big brothers. Lo que sabemos es que hay cientos de organizaciones privadas, organizaciones no gubernamentales, redes criminales, gobiernos pequeños que han alcanzado la capacidad tecnológica de saber lo que tú y yo estamos hablando en este momento. Tenemos tecnologías de reconocimiento facial disponibles para nosotros y que podemos comprar esta misma tarde. Por supuesto que hay unos que tienen mucho dinero y muchas capacidades. El gobierno chino, por ejemplo. También el gobierno ruso, los Estados Unidos, el gobierno iraní y la Sra. Merkel. Si hay algo que el libro quiere comunicar es que estamos en un mundo donde la búsqueda del poder ya no es posible porque hay muchos poderes.

APR: En el libro hablas de esta idea de la diseminación del poder, de la atomización del poder. Mi pregunta sería si esta diseminación necesariamente implica que haya una menor proyección del poder sobre la mayoría de los individuos. Efectivamente no hay un big brother pero el hecho de que la información sobre tu vida personal, privada, esté al acceso de varios, no significa que el poder que se ejerce sobre mi sea menor.

MN: Claro, yo no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que los que tienen la capacidad de ejercer sobre nosotros han proliferado.

APR: Entonces, en términos de la proyección del poder, tu no piensas que estemos ante el final del poder en el sentido de que la mayor parte de la humanidad va a ser susceptible de menor proyección del poder sobre ella. Simplemente que aquellos que ejercen el poder cambian.

MN: No, el mensaje central del libro es que quienes tienen poder tienen más restricciones para utilizarlo, tienen más competidores y, por lo tanto, su estadía en el poder es más efímera. Y ello pasa en todos los ámbitos de la actividad humana. El poder se ha vuelto más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder.

APR: Efectivamente puede ser más difícil mantenerse arriba bien para ejecutivos, bien para políticos, pero la percepción entre la ciudadanía hoy en día sigue siendo que este poder es igual o más fuerte que antes. Por ponerte un ejemplo. Puede ser verdad que es cada vez más complicado para un Presidente o un Consejero Delegado de un banco mantenerse en el poder. Pero para el ciudadano de a pie, en España o en Londres, hay una sensación de que los bancos son quizás más capaces de quitarles su vivienda o de no darles crédito que antes. Entonces volvemos a que el hecho de que los de arriba tengan mayor dificultad para ejercer el poder y mantenerlo no quiere decir que la proyección del poder sea percibida como menor por los ciudadanos.

MN: Esta es una pregunta española. Muy influida por la experiencia de un país que está pasando por circunstancias específicas. Pero el hecho está en que los datos son abrumadores. La tasa de rotación de gabinetes es más más alta que nunca. No hay nada más inseguro laboralmente que ser ministro en todas las partes del mundo. La tasa de rotación de los banqueros a los más altos niveles ha ido aumentando. La tasa de rotación laboral entre los ejecutivos jefes de las 2500 empresas más importantes del mundo ha venido aumentando.

Cuando un país pasa por una situación como la que está pasando España se sacude los cimientos de la sociedad, altera presunciones, hace que ideas que eran consideradas permanentes, instituciones, personas, formas de vida, ahora son transitorias. Y maneras de vivir que no eran bien aceptadas, ni bienvenidas, y que no eran transitorias, empiezan a ser permanentes. Es decir hay una visión abrumadora de la realidad. Que es muy parecida a lo que es la depresión en los seres humanos. Yo por razones profesionales he vivido mucho las crisis económicas en Asia, en América Latina, etc. Lo que encuentro en estos países es que en el medio, en el momento más duro de la crisis, claramente hay parecidos entre el humor, el tono, el ambiente de la sociedad y lo que ocurre con las personas deprimidas. Es difícil ver que hay salida, lo malo es lo más probable, el escepticismo es la norma, el no creer en nada ni en nadie es la posición más automática. Lo he visto en Indonesia, lo he visto en Brasil, lo vi en Rusia, etc.

APR: La idea de que los de arriba estén más inseguros no significa que el poder que proyectan sobre los de abajo sea menor, es algo que se percibe en todos los países. Vivimos en una era en la que ya no sólo las clases trabajadoras sino las clases medias sienten bastante inseguridad ante un presente y un futuro que piensan que no controlan. Y que está en manos de poderes que están menos sujetos al control de las mayorías de lo que lo estaban antes. Yo creo que esta es una forma de proyección de poder bastante potente que no tiene necesariamente que ver con la crisis. Efectivamente, en países como España, hay una dimensión de esto y es que se ha roto la legitimidad de las instituciones. Hablamos del vaciamiento de la democracia. Cuando en países como España, Grecia o Portugal hay una sensación de que las políticas que se están implementando están siendo impuestas por agentes sobre los que no se tiene ningún control, hay una percepción de ser víctima de un poder que quizás antes no era tan presente. Pero en Estados Unidos también, si hablas con las clases medias hay una sensación bastante extendida en los últimos años de un sistema que ha sido secuestrado por unas élites que no son responsables. La idea del fair game ha desaparecido. La inseguridad de los que están arriba no se traslada necesariamente en una experiencia de menos poder sobre los que la reciben.

MN: Voy a hablar de las clases medias que sienten que ya no pueden controlar a los políticos. Esto lo dices porque eres español y vives entre Londres y Estados Unidos. Si estuvieras en Tailandia, Méjico, Bogotá y Sao Paulo tendrías una visión diferente de estas clases medias. Hay dos tipos de clases medias: las clases medias de los países más avanzados que están saliendo a la calle a defender estándares de vida y que son las que describes. Se sienten amenazadas, sienten que sus hijos no tendrán las oportunidades que ellos tuvieron, sienten que el gobierno está haciendo recortes que les afectan directamente, que los políticos están en manos de los banqueros y no de los votantes que los eligieron, etc. Estas clases medias las encuentras en Grecia, en España, en Italia, etc.

Pero si vas a Sao Paulo encuentras unas clases medias diferentes. Clases medias que acaban de llegar de la pobreza. ¿Qué tienen en común Turquía, Chile y Brasil? El éxito. Son tres países que en los últimos años han tenido una transformación extraordinaria de sus sociedades y de su economía. Han salido de la pobreza millones de personas, la clase media ha sido creada en los últimos quince años. Son gente que sale a la calle a protestar y a exigirle al gobierno, no que no les recorten servicios públicos, sino que les den mejores servicios públicos. En Sao Paulo salieron a la calle a protestar por el aumento del coste del transporte público y después se transformó en una manifestación más general sobre la calidad de los servicios públicos. En Chile la gente salió a la calle porque los estudiantes empezaron a manifestarse en contra de una educación universitaria privatizada, costosa y de mala calidad. Querían pagar menos y tener una educación mejor y no quiero salir endeudado cuando termine la universidad. En Turquía salieron a la calle porque una plaza muy querida de la ciudad iba a ser transformada y esto sirvió como disparador para ir en contra del estilo de gobernar de Erdogan.

Estamos hablando de una clase media que quiere que sus expectativas sean satisfechas por el gobierno mucho más rápidamente de lo que el gobierno puede satisfacer. Una brecha entre la velocidad del aumento de las expectativas y la capacidad del Estado de satisfacer estas expectativas. Esta es una dinámica social, económica y política radical y totalmente diferente de la dinámica económica y política que está llevando a la calle a la gente de Occupy Wall Street o los indignados de Madrid. Es una dinámica que tiene relación con el poder, que tiene relación con el Estado de una manera diferente. En muchos de los Estados que tu mencionas la relación con el poder está siendo cambiada, los ministros están siendo despedidos. Decir que no está pasando nada a mi juicio va en contra de la evidencia estadística y la observación factual.

Juan Rodríguez (JRT): Este cambio que propugnas y que explicas en el libro significa forzosamente que la erosión del poder, tal como lo hemos entendido, va a permitir reforzar el papel de los ciudadanos. O por el contrario, también puede ser visto como una amenaza para las libertades de los individuos.

MN: Depende del país y depende del momento. Baste recordar que en el mundo en 1990 había 69 países que eran considerados objetivamente democracias. Ahora hay 118. Hay más países en el mundo que son considerados democracias. Esto es equivalente al 50% de la población del mundo que pueden elegir a sus representantes. En algunos casos de manera imperfecta pero ciertamente no son las autocracias, dictaduras y tiranías que hemos visto a través de la historia. Y hemos visto claramente en la primavera árabe como la gente, tomando la calle, es capaz de derrocar regímenes autoritarios y dictatoriales. Regímenes que hasta el día anterior de su caída eran considerados inamovibles e intocables, y que al día siguiente aparecieron todos los mismos analistas explicando porque era inevitable que cayeran. El patrón es que las dictaduras hasta que no caen son consideradas permanentes. Casi siempre que entra en colapso una dictadura hay este patrón de análisis.

APR: Yo lo que veo es una transformación del poder más que una desaparición del poder. Una transformación en la forma en la que se proyecta, en los agentes por los que se proyecta. Hay una difusión del poder hacia nuevos agentes como los fondos soberanos o las organizaciones del tercer sector.

¿Quien está sujeto a más poder? Una persona que hace 300 o 400 años vivía en el campo y no sabía nada del Estado, más que una vez al año cuando pasaban los señores del Rey a cobrar los impuestos, o una persona que hoy está sujeta a normas que están fijadas en unos casos por agentes económicos, con poco control, y en otros casos por instituciones públicas o gobiernos que dado el vaciamiento de la representación pública son cada vez menos dados a dar explicaciones. Pues no lo tengo claro.

MN: Se trata del fin del poder como lo habíamos conocido. En esto estoy de acuerdo contigo. De ninguna manera en el libro digo que el poder ha desaparecido. Yo más bien hago esfuerzos por clarificar claramente que el poder sigue existiendo. El Vaticano y el Pentágono son agentes muy poderosos. Y JP Morgan y Goldman Sachs tienen mucho poder. Obama y Putin son muy poderosos. Claro que sigue habiendo poder. Mi argumento es que estos poderosos tienen más restricciones para ejercer su poder. Pueden hacer menos cosas con este poder de lo que podían hacer antes. Con respecto a cómo se ejerce el poder, pregúntale a Mubarak si hoy en día tiene más poder que antes o no. Yo lo que creo que hay mucha evidencia, y no se trata sólo de mi opinión, que el poder hoy en día está más limitado y es más efímero que antes.

JRT: Y desde esta perspectiva de la transformación del poder, ¿cómo nos ayuda a entender la tesis del reequilibrio que se está dando a nivel mundial?

MN: En el libro me burlo de la perspectiva que entiende la geopolítica como si fuera un ascensor, dónde lo importante es entender quien sube y quien baja. Creo que esto es una manera errónea de ver las cosas. Por supuesto que Asia, hoy en día, tiene un peso en la economía mundial que no tenía hace 30 años. Y, por supuesto, que Estados Unidos y Europa son más débiles, y han sido debilitados por la crisis económica y la situación política. Pero lo que olvida esta perspectiva es que en geopolítica y en las relaciones internacionales lo que importa no es el poder absoluto, lo que importa es el poder relativo. Cuando uno lo analiza como un ascensor pierde de vista, primero, que el poder importante es el relativo, y segundo, que también son muy importantes las debilidades de los distintos países.

APR: Yo si que creo que hay una conclusión interesante de lo que dice Moisés para el entorno geopolítico. Esta dificultad para proyectar el poder para los que hasta ahora lo tenían, conforma un escenario geopolítico global más complejo. Parece verdad que el poder es más difícil de utilizar ahora por los que hasta hace no mucho eran más capaces de proyectarlo. Esta incapacidad de los poderes tradicionales para proyectar este poder nos lleva hacia un mundo donde las dinámicas de la geopolítica van a ser muy complejas. Ello conecta para mi con la conclusión del libro de Moisés del riesgo de parálisis que esta incapacidad de proyección de poder institucional puede generar. En el ámbito de la gobernanza global, las instituciones parecen incapaces de actuar. El último gran acuerdo es la Ronda Uruguay. En el tema del comercio mundial y del cambio climático somos incapaces de dar una respuesta. ¿Cómo podemos hacer política en un contexto en el que la capacidad de los agentes políticos para ejercer el poder es cada vez más complicado? Esta es para mi una de las grandes preguntas de nuestro tiempo.

MN: La debilidad interna de las democracias, el hecho de que los gobiernos democráticos estén cada vez más limitados en su capacidad de decisión, se traslada a nivel multilateral, a nivel global. Hay una larga de lista de cumbres que no han dado resultado. Y no han dado resultado porque quienes se reúnen saben que para llegar a acuerdos internacionales tienen que tomar decisiones que de regreso a casa no tienen la capacidad de cumplir. Esto está siendo uno de los problemas más importantes puesto que la globalización está aumentando el número de problemas que son inmunes a que un solo país los resuelva. Mientras que la demanda por la acción colectiva sube, la oferta está estancada o está declinando. Este déficit yo lo he llamado el déficit más peligroso del mundo. En economía cuando la demanda excede la oferta hay inflación, en geopolítica hay muchos muertos. Cuando la demanda por bienes públicos globales excede la capacidad del mundo de generarlos. Esto tiene que ver con la capacidad de acción colectiva. En el libro apuesto por el minilateralismo. En vez de buscar acuerdos entre 184 países es mejor buscar quienes son el menor número de países que pueden tener la máxima consecuencia. Hablamos de un número de entre 15-20 países que llevan al 70 o 80% del problema. Yo prefiero vivir con el 70-80% del problema resuelto por unos pocos que unos muchos intentando participar de la solución de un problema que no pueden ponerse de acuerdo en solucionar.

APR: Los internacionalistas tenemos que ser más pragmáticos y ver que la gobernanza global no es viable e ir a buscar fórmulas más viables.