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Andrés Boix Palop

Profesor de Derecho Administrativo en la Universitat de València - Estudi General (Grup d’investigació REGULATION GIUV2015-233). Junto con el profesor Gabriel Doménech Pascual es responsable de uno de los primeros grupos de investigación dedicados en España a la investigación sobre la regulación pública de la economía colaborativa y la manera de lograr con la misma los mejores resultados en términos tanto de eficiencia como de justicia social.

El País Valencià davant la crisi constitucional espanyola

La crisi constitucional que en aquests moments vivim a Espanya pel que fa a la possible independència de Catalunya té efectes evidents, socials, econòmics i polítics, per a la comunitat autònoma que més intenses relacions de tota mena hi manté i que no és una altra que la valenciana. En una primera derivada, aquesta crisi tenia a veure amb el reconeixement o no de la legitimitat de la pretensió de poder exercir un pretés “dret a decidir” de la població catalana, encara que l’evolució que ha seguit ha acabat incloent en l’equació molts altres elements, en la mesura que la possibilitat que s’òbriga un període de reforma constitucional fa que hi haja molts interessos valencians que poden acabar sent afectats de manera directa i immediata per com s’acabe donant curs d’eixida a un conflicte que, en origen, també ens afecta, però de manera molt més mediata.

- Els valencians i la independència de Catalunya

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El País Valenciano ante la crisis constitucional española

La crisis constitucional que en estos momentos vivimos en España en relación a la posible independencia de Cataluña tiene efectos evidentes, sociales, económicos y políticos, para la Comunidad Autónoma que más intensas relaciones de todo tipo mantiene con ella y que no es otra que la valenciana. En una primera derivada, esta crisis tenía que ver con el reconocimiento o no de la legitimidad de la pretensión de poder ejercer un supuesto “derecho a decidir” de la población catalana, aunque la evolución de la misma ha acabado por incluir en la ecuación muchos otros elementos, en la medida en que la posibilidad de que se abra un período de reforma constitucional hace que haya muchos intereses valencianos que pueden acabar siendo afectados de forma directa e inmediata por cómo se acabe dando cauce de salida a un conflicto que, en origen, también nos afecta pero de modo mucho más mediato.

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Nuestros jueces y las políticas educativas

Con la confirmación del cambio en el gobierno autonómico valenciano en mayo de 2015, un nuevo actor ha emergido con fuerza a la hora de concretar algunos aspectos clave, y políticamente muy sensibles (como el lingüístico), del modelo educativo que han de seguir nuestros colegios e institutos. No se trata del parlamento autonómico, que sobre esta cuestión ha estado más bien al margen, ni de la oposición política, mucho más activa en otros menesteres, sino del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). En efecto, da la sensación de que, a efectos prácticos, la concreción definitiva del modelo lingüístico con el que se van a impartir las clases a los niños valencianos en el futuro parece que va a ser el producto de un conflictivo “diálogo” entre el Consell de la Generalitat y los jueces que se encargan de controlar sus actuaciones. En ello estamos.

Que los jueces controlen la legalidad de la actuación de los poderes públicos es algo perfectamente sólito y, de hecho, característico de todo Estado de Derecho. Sin embargo, su peculiar posición como órganos de control, en tanto que poder no electivo, por una parte, y dado que en no pocas ocasiones ello les hace tener la última palabra, por otra, hace que todas las democracias modernas hayan construido ciertos cortafuegos para evitar o minimizar el riesgo de que decisiones políticas legítimas puedan ser obstaculizadas más allá de lo jurídicamente razonable por un excesivo activismo judicial. Por esta razón, del mismo modo que los políticos han de ser controlados cuando adoptan ciertas políticas y sus decisiones son normalmente escrutadas y criticadas por quienes tienen posiciones políticas diferentes, no se entiende la pretensión expresada recientemente por todas las asociaciones judiciales de que sus autos y sentencias, y más todavía cuando tienen importantes consecuencias políticas, sean inmunes a cualquier tipo de control y crítica política. Si el TSJ de la Comunitat Valenciana, dentro de sus competencias de revisión de la regularidad jurídica de la acción administrativa del gobierno valenciano, va más allá de un estricto control reglado de legalidad respecto de ciertas decisiones del mismo y se adentra en cuestiones valorativas “ponderando” la correcta proporcionalidad de algunas decisiones, como ha estado haciendo recientemente en materia de plurilingüismo, es no sólo inevitable sino necesario y positivo que los ciudadanos asumamos con naturalidad la normalidad de este tipo de interferencias en un Estado de Derecho, pero también que podamos analizarlas críticamente.

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Els nostres jutges i les polítiques educatives

Amb la confirmació del canvi de govern autonòmic valencià al maig del 2015, un nou actor ha emergit amb força a l'hora de concretar alguns aspectes clau, i políticament molt sensibles, com el lingüístic, del model educatiu que han de seguir els nostres col·legis i instituts. No és el parlament autonòmic, que sobre aquesta qüestió ha estat més aviat al marge, ni l'oposició política, més activa en altres menesters, sinó el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). A efectes pràctics, la concreció del model lingüístic amb el qual s’organitzaran les classes dels xiquets valencians en el futur sembla que serà el producte d'un conflictiu diàleg entre el Consell de la Generalitat i els jutges que s'encarreguen de controlar les seues actuacions. En això estem.

Que els jutges controlen la legalitat de l'actuació dels poders públics una cosa perfectament sòlita i, de fet, característicade qualsevol Estat de Dret. La seua peculiar posició com a òrgans de control, com a poder no electiu, d'una banda, i atès que en no poques ocasions això els fa tenir l'última paraula, d’una altra, fa que totes les democràcies modernes hagen construït certs tallafocs per a evitar o minimitzar el risc que decisions polítiques legítimes puguen ser obstaculitzades més enllà d’allò jurídicament raonable per l'activisme judicial. Per aquesta raó, de la mateixa manera que els polítics han de ser controlats quan adopten certes polítiques,i les seues decisions són escrutades i criticades pels qui tenen posicions polítiques diferents, no s'entén la pretensió expressada recentment per totes les associacions judicials que les seues actuacions i sentències, i més encara quan tenen importants conseqüències polítiques, siguen immunes al control i la crítica política. Si el TSJ de la Comunitat Valenciana, dins de les seues competències de revisió de la regularitat jurídica de l'acció administrativa, va més enllà d'un estricte control reglat de legalitat respecte de certes decisions del govern, com ha estat fent recentment en matèria de plurilingüisme, és no sols inevitable sinó necessari i positiu que els ciutadans assumim amb naturalitat la normalitat d'aquest tipus d'interferències en un Estat de Dret, però també que puguem analitzar-les críticament.

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El Copazo vuelve a la carga

Las vacaciones de Pascua de 2017 han venido acompañadas, junto a  las habituales declaraciones eufóricas de los responsables políticos autonómicos y locales sobre el atractivo turístico de la Comunitat Valenciana y el motor económico que ello supone, de datos interesantes. Se han publicado hace poco las tradicionales estadísticas sobre gasto por visitante y día en toda España, y los destinos valencianos siguen a la cola comparados con el resto de zonas turísticas.  Es más, mientras en regiones como Cataluña, Andalucía o Baleares el gasto diario se incrementa poco a poco, aumentando aún más el diferencial de que ya disfrutan respecto de Valencia, aquí sigue bajando. La consagración de nuestras localidades, costas e interior como destinos turísticos low-cost, a pesar del triunfalismo oficial, dista de ser una buena noticia. En cambio, sí sirve para ilustrarnos con nitidez sobre las características del modelo turístico que se ha ido consolidando por estos lares, con el total beneplácito y acuerdo de los poderes públicos y sin apenas voces críticas entre la población. Mientras  ciudades como Barcelona asisten ya a las primeras rebeliones cívicas contra la ocupación masiva de cada vez más espacios urbanos para beneficio exclusivo de los intereses de quienes hacen negocio con estas actividades a costa del bienestar de los demás y de las muchas molestias que generan, en Valencia  aún no hemos decidido cómo regular fenómenos como el alojamiento colaborativo ni se ha planteado con una mínima seriedad qué hacer frente a las ya muy evidentes  molestias derivadas de la “terracificación” masiva de las zonas peatonales de la ciudad (de nuevo, privatizando el espacio público para beneficio exclusivo de unos pocos).

Todo ello son elementos colaterales de un conflicto de intereses, el que opone a los pocos beneficiados por dedicar sin freno ni límites nuestra ciudad a que ellos extraigan beneficio con actividades de bajísimo valor añadido con el resto de ciudadanos, llamado a ser cada vez más grave y sobre el que urge una reflexión alejada de tópicos. Recordemos para ello, entre otras cosas, los numerosos estudios ( la Universitat de València tiene un equipo de profesores de gran prestigio en Europa, liderada por el prof. Pau Rausell, estudiando desde hace años estas cuestiones) que muestran de forma reiterada cómo el turismo no sólo no ayuda al desarrollo económico de calidad de las ciudades como Valencia sino que más bien lo dificulta, al ahuyentar otras actividades de mayor valor añadido. Y si el turismo es de tipo low-cost (forma educada de denominar al que de forma más sincera todos calificaríamos directamente de “basura”), estos perjuicios se multiplican, como ocurre en nuestra ciudad. El suicida empecinamiento en no ver esta realidad de nuestros responsables políticos, contra toda evidencia y a pesar de que la ciudadanía ya empieza a mostrar síntomas de descreímiento, ni siquiera parece flaquear tras dos décadas de apuesta más que fallida del modelo en toda la Comunitat Valenciana, con resultados desastrosos: cada vez somos más pobres en relación al resto de España y de la Unión Europea. No es para estar contentos.

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Una regulació per a l’economia col·laborativa eficient i acurada

L’evolució de les societats, de l’economia i de les tecnologies que es fan servir per a treballar, els intercanvis i l’oci comporten inevitablement disrupcions periòdiques. Moltes innovacions esdevenen no res, però d’altres prosperen i canvien fins a tal punt les coses que alteren, inevitablement, tota una sèrie d’equilibris anteriors que no sols reflectien una determinada manera i capacitat tècnica de fer les coses, sinó, a més, moltes vegades, un procés subtil de composició de voluntats sobre la manera més justa d’organitzar les nostres societats i establir mecanismes de repartiment. En aquestes situacions de disrupció, i almenys durant un temps, és ineluctable que hi haja tensions abundants. Per aquesta raó, en tant que mecanisme de mediació per a fer-hi front, el paper de la regulació dictada pels poders públics determina, en uns quants casos, si la transició és més o menys eficient, traumàtica, ràpida i, a la fi, socialment productiva. Una bona entesa del poder legislatiu i de les administracions públiques sobre el valor afegit que aporten les noves possibilitats i, per això, sobre quines de les seues conseqüències seria convenient incentivar, i també sobre els possibles riscos i la manera com poden afectar les innovacions a situacions i equilibris ja fixats de manera que aquests efectes siguen, a més de més eficients econòmicament a curt termini, socialment beneficiosos a la llarga, és clau per a poder regular aquesta fase de transició i tractar d’extraure com més avantatges millor i minimitzar els costos de les disrupcions.

Les novetats que va comportant la irrupció de l’anomenada “economia col·laborativa” són un cas de llibre que permet il·lustrar el fenomen descrit amb exemples que afecten, a més, el nostre dia a dia en molta més mesura del que ha estat en el passat el cas amb un altre tipus de canvis, de vegades molt més profunds, però que no incidien en tants mercats o en tants tipus d’intercanvis amb què tenim un contacte quotidià. Per sharing economy o collaborative economy solem entendre les activitats que, gràcies a l’eficient intermediació que permet la tecnologia digital –en què s’han especialitzat ja moltes plataformes en línia– posen en contacte els qui ofereixen un bé o un servei i els qui el necessiten. I això permet, precisament per la seua alta eficiència, emprar capacitats fins ara infrautilitzades i incentiva la “col·laboració” de persones que no tenen per què dedicar-se professionalment i a temps complet a certes activitats, però que a partir d’ara en podran participar i extraure-hi un rendiment amb més facilitat. Els efectes més directes són per això un increment de l’oferta de béns i serveis, que fa augmentar la competència. I això té conseqüències indubtables sobre els qui extreien unes rendes addicionals com a conseqüència de l’existència de menys competència efectiva en els mercats en què actuaven… i una reducció de preus per al consumidor final. Per això les autoritats de competència en la Unió Europea i també a Espanya són tendencialment molt favorables a permetre’n la implantació i l’expansió amb pocs frens. Ara bé, és evident, al seu torn, que d’aquesta es dedueix una més que notable reducció de la capacitat de generar rendes dels prestadors tradicionals, que no sols són certes empreses, que també, sinó treballadors a temps complet en determinats sectors que, d’improvís, assisteixen a la irrupció d’una competència d’una força de treball potencialment global –perquè pot en molts casos oferir els serveis des de qualsevol punt del planeta– que fins ara havia passat inadvertida i que, de sobte, és un actor clau que cal tenir molt en compte. Actor que moltes vegades empra aquestes activitats per a completar-ne les rendes, o per consideracions lúdiques o ideològiques… o per necessitat en un mercat de treball cada vegada més fragmentat i precaritzat en bastants sectors .

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Una regulación para la economía colaborativa eficiente y cuidadosa

La evolución de las sociedades, de su economía y de las tecnologías que se emplean para el trabajo, los intercambios y el ocio comporta inevitablemente disrupciones periódicas. Muchas innovaciones quedan en nada, pero otras prosperan y cambian hasta tal punto las cosas que alteran, inevitablemente, toda una serie de equilibrios anteriores que no sólo reflejaban una determinada forma y capacidad técnica de hacer las cosas sino además, muchas veces, un sutil proceso de composición de voluntades sobre la manera más justa de organizar nuestras sociedades y establecer mecanismos de reparto. En estas situaciones de disrupción, y al menos durante un tiempo, es ineluctable que las tensiones sean abundantes. Por esta razón, en tanto que mecanismo de mediación para hacer frente a las mismas, el papel de la regulación dictada por los poderes públicos determina, en no pocos casos, si la transición es más o menos eficiente, traumática, rápida y, a la postre, socialmente productiva. Un buen entendimiento por parte del poder legislativo y de las Administraciones públicas del valor añadido que aportan las nuevas posibilidades y, por ello, de cuáles de sus consecuencias sería conveniente incentivar, así como de sus posibles riesgos y de cómo pueden afectar las innovaciones a situaciones y equlibrios ya asentados de forma que estos efectos sean, además de más eficientes económicamente a corto plazo, socialmente beneficiosos a la larga, resulta clave para poder regular esta fase de transición tratando de extraer las mayores ventajas posibles y minimizar los costes de las disrupciones.

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Aterrassissats

El maig de 1991 una coalició entre el Partit Popular i Unió Valenciana va fer alcaldessa de la ciutat Rita Barberà. 25 anys després, l’evolució de la nostra vida urbana no es pot entendre sense atendre a les prioritats polítiques i econòmiques, i a la cosmovisió social, dels que han estat els dirigents per antonomàsia de la València democràtica. Durant aquests anys, els valencians vàrem superar el trauma de veure passar les inversions del 92 en direcció a Barcelona, Sevilla o Madrid; hem vadejat les crisis de principis dels anys noranta i de la dècada passada; hem assistit a la conversió de la nostra ciutat en receptora de turistes, ja siguen de Fòrmula 1 i de Copa Amèrica, ja de vol low-cost ; i fins i tot hem acabat per veure, fa ja més d’un any, com canviava el govern municipal.

Un any resulta temps suficient per exigir al nou govern municipal, fins i tot en el cas que no hi haguera un plantejament desenvolupat des de l’oposició i abans d’arribar al govern, algún tipus de pla, o de “planet” ( o “pamet”, que deia Josep Sorribes per ací), per senzill que siga, sobre això que se sol anomenar el “model de ciutat” cap al que volem anar. I en què se diferencia del que va deixar establert el Partit Popular. Hi ha una voluntat real d’inversió als barris i en la qualitat de vida dels ciutadans front la conversió de València en una ciutat cada vegada més orientada a la terciarització que aposta per atraure turisme a partir dels mecanismes tradicionals ja posats en marxa durant la passada dècada? Més enllà d’hostaleria i serveis associats. Hi ha res semblant a un projecte per buscar activitats de més valor afegit? Algú s’ha plantejat si la qualitat de vida urbana hi té a veure, per atreure determinades activitats i el foment de la innovació i el desenvolupament d’iniciatives educatives i creatives?

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Via lliure per a redefinir i millorar el govern local

Una de les conseqüències més peculiars del període de punt mort polític en què estem sumits des del complicat resultat electoral del 20-D és que molts governs autonòmics, i el valencià entre aquests, continuen esperant que el panorama polític s’aclarisca per a adoptar mesures d’un cert calat. Hi ha raons objectives per a això que han de reconéixer-se: si pensem en l’acció del Consell, és evident que el desplegament de polítiques noves i d’una certa ambició està inevitablement supeditat, en alguns casos, al fet que s’aconseguisca desencallar la condició tan impresentable en què quedem els ciutadans del País Valencià com a conseqüència del model de finançament; si ens centrem en l’acció de qualsevol govern autonòmic (i també del nostre), la indefinició respecte a si unes regles determinades contingudes en normes aprovades en els últims anys (de control financer, per exemple) continuaran en vigor en els mateixos termes pot explicar també una certa paràlisi. No obstant això, i és una llàstima, també hi ha motius una mica menys confessables per a una certa inactivitat: la perspectiva que puga haver-hi en un termini no molt llunyà noves eleccions provoca, com abans ho van fer els comicis del 20-D, que es posterguen algunes mesures que, per originals i més valentes, poden generar més polèmica.

En un caldo de cultiu com el descrit, es produeix l’efecte paradoxal que moltes mesures impulsades pel govern Rajoy i adoptades durant la legislatura passada, per molt que unànimement criticades per la resta de partits polítics, continuen aplicant-se sense que sorgisquen alternatives a pesar que a hores d’ara és clara l’existència d’una majoria d’actors contraris a aquestes, incloent en aqueixa majoria crítica no pocs governs autonòmics, com el valencià. Ni tan sols la presentació del fallit, per insuficient, pacte de govern entre el PSOE i C’s (l’anomenat Acord per a un govern reformista i de progrés ) ha pal·liat l’escassesa en matèria d’alternatives a aqueixes reformes, atesa la indigència intel·lectual de la majoria de les propostes que s’hi contenen. N’hi ha prou de recordar, per exemple, l’exercici d’inanitat de les seues referències a la supressió de les diputacions, que no se sap si es pretenen eliminar o reanomenar, mesures amb què s’afirma un estalvi econòmic anual equivalent a tot el seu pressupost, però s’afirma alhora que se’n conservarien tant el personal com les polítiques que desenvolupen. No sembla, la veritat, un plantejament molt seriós ni que meresca analitzar-lo amb atenció per la falta de sentit tan evident que té. Més enllà de ressaltar que, una vegada més, la lògica centralista s’imposa (no seria més sensat permetre a cada comunitat autònoma decidir si en el seu territori i a partir de les seues coordenades econòmiques i socials tenen sentit aquestes institucions o no?).

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Vía libre para redefinir y mejorar el gobierno local

Una de las más peculiares consecuencias del período de impasse político en que estamos sumidos desde el complicado resultado electoral del 20-D es que muchos gobiernos autonómicos, y el valenciano entre ellos, siguen a la espera de que el panorama político se despeje para adoptar medidas de cierto calado. Hay razones objetivas para ello que han de reconocerse: si pensamos en la acción del Consell, es evidente que el despliegue de políticas novedosas y de cierta ambición está inevitablemente supeditado, en algunos casos, a que se logre desencallar la impresentable condición en que quedamos los ciudadanos del País Valenciano como consecuencia del modelo de financiación; si nos centramos en la acción de cualquier gobierno autonómico (y también del nuestro), la indefinición respecto a si determinadas reglas contenidas en normas aprobadas en los últimos años (de control financiero, por ejemplo) van a seguir en vigor en los mismos términos puede explicar también cierta parálisis. Sin embargo, y es una pena, también hay motivos algo menos confesables para cierta inactividad: la perspectiva de que pueda haber en un plazo no muy lejano nuevas elecciones provoca, como antes lo hicieron los comicios del 20-D, que se posterguen algunas medidas que, por originales y más valientes, pueden generar más polémica.

En un caldo de cultivo como el descrito se produce el paradójico efecto de que muchas medidas impulsadas por el gobierno Rajoy y adoptadas durante la pasada legislatura, por mucho que unánimemente criticadas por el resto de partidos políticos, sigan aplicándose sin que aparezcan alternativas a pesar de que a día de hoy es clara la existencia de una mayoría de actores contrarios a las mismas, incluyendo en esa mayoría crítica a no pocos gobiernos autonómicos, como el valenciano. Ni siquiera la presentación del fallido, por insuficiente (bueno, y también por alguna cosa más), pacto de gobierno entre el PSOE y C’s  (el llamado Acuerdo para un gobierno reformista y de progresoha paliado esta escasez de alternativas a esas reformas, dado la indigencia intelectual de la mayoría de las propuestas allí contenidas.  Baste recordar, por ejemplo, el ejercicio de inanidad de sus referencias a la supresión de las Diputaciones provinciales, que no se sabe si se pretende que sea eliminadas o meramente renombradas, pero afirmando en todo caso un ahorro económico anual equivalente a todo su presupuesto, aunque a la vez que se promete que se conservarían tanto su personal como las políticas que desarrollan. No parece, la verdad, un planteamiento muy serio ni que merezca ser analizado con atención por su evidente falta de sentido. Aunque no está de más resaltar cómo en ese pacto, una vez más, la lógica centralista se impone (¿no sería más sensato permitir a cada Comunidad Autónoma decidir si en su territorio y a partir de sus coordenadas económicas y sociales tienen sentido o no estas instituciones?).

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