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Javier de Lucas

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía política en el Instituto de derechos humanos de la Universitat de València del que fue fundador y primer director. Ha sido Director del Colegio de España en Paris entre 2005 y 2012 y Presidente de CEAR (2008-2009): pertenece a numerosos Consejos científicos y editoriales nacionales e internacionales (p.ej, es uno de los 24 miembros del UNESCO HPSD (High Panel on Science, Technology and Innovation for Development), nombrados por la directora general Bukova. Ha publicado veinte libros y más de 300 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. Trabaja sobre problemas de derechos humanos (en especial políticas migratorias y derechos humanos), legitimidad, democracia, ciudadanía y obediencia al Derecho.

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Houyhnhnms, los caballos de Swift

Los viajes de Gulliver (1729) es, posiblemente, uno de los mejores libros de filosofía política que se hayan escrito jamás. Su autor, Jonathan Swift (1667-1745), además de un gran estilista de la lengua inglesa, es uno de los grandes maestros de la ironía y la sátira política, como lo prueban otras pequeñas joyas. Por ejemplo, Historia de una barrica (1704) o la imprescindible Una modesta proposición (1729). Swift, a lo largo de su obra, se revela un crítico implacable de la crueldad y los vicios de la especie humana, así como de la soberbia pretensión que olvida la animalidad del hombre, al tiempo que desvela la relatividad de las costumbres y las leyes, en línea con Montaigne o Montesquieu.

En el fondo, como se ha dicho, los de Gulliver son un trasunto de un viaje hacia dentro: de la visión <telescópica> del ser humano a la <microscópica>, del espejo deformado a la proyección invertida del mundo. Su hilo conductor es el mismo de otros escritores de la Utopía: la crítica antropológica, social y política del mundo en el que viven. Pero lo que me interesa aquí es su demolición del tópico del animal racional y también del ideal de civilización, que identifica con la sociedad inglesa de la época. Porque este libro de viajes es una metáfora tan lúcida como implacable del discurso monista, el que sirve de justificación al imperialismo y al colonialismo y se arroga la competencia para calificar de barbarie cualquier forma de diversidad cultural en sentido amplio. Es la historia del desmoronamiento de la presunción de quien se toma por master and commander del universo conocido en el XVIII (Gulliver es varón, inglés, médico y capitán de barco) y acabará por descubrir que los verdaderos atributos de la humanidad se encuentran en animales no humanos, los caballos.

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El rey ante el soberano: el artículo 59.2 de la Constitución

Uno de los síntomas de la escasa convicción democrática que impera en buena parte de los círculos monárquicos es el atavismo que consiste en seguir calificando al rey como “soberano”. Todo el mundo sabe que el soberano, en democracia, es el pueblo, los ciudadanos. Y el rey, un alto funcionario que debe su empleo a la voluntad de la ciudadanía expresada -tácita más que expresamente, eso sí- al aprobar la Constitución de 1978.

Consecuencia de ello es que son los ciudadanos –las Cortes que reúnen a sus representantes- quienes deben tener la decisión última en alguno de los supuestos excepcionales que puede afectar al desempeño de las funciones del mentado funcionario. Es el caso, me parece, de lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Constitución.

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Madrid 2020: Media docena de evidencias y algunas preguntas

Pasados los primeros días de bochorno e indignación, podemos extraer algunas consecuencias que ayuden a poner en claro lo que no debemos volver a hacer y a resituar nuestras prioridades.

Primera evidencia: Organizar unos Juegos Olímpicos no es una necesidad, ni siquiera una prioridad. Menos aún para un país embarcado en el desmantelamiento de derechos básicos, de puestos de trabajo, de estructuras de ciencia e investigación, porque “no tenemos dinero” para garantizarlos.

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¿Una visita de Estado?

La operación propagandística pergeñada por la Casa del Rey, con la ayuda del ministro Margallo, pone al descubierto alguno de los elementos que prueban la toxicidad que ha desarrollado la monarquía borbónica restaurada por Franco en la persona de Juan Carlos de Borbón, que vive su peculiar otoño del patriarca desplegando una capacidad de contaminación inusitada.

La “visita de Estado del rey Juan Carlos I a Marruecos”, ha sido utilizada como la prueba de la utilidad de la monarquía para los intereses de la “marca España” y diseñada sobre todo con el evidente propósito de reflotar la muy maltrecha imagen del monarca. Para ello el rey ha contado con la complicidad del monarca marroquí, al que nuestro Jefe de Estado honra con tratamiento familiar de sobrino, para recibir a su vez el privilegio de ser acogido en pleno ramadán e incluso saludado con dátiles y miel. Todo ello es, sin duda, la quintaesencia de un modelo difícilmente cohonestable con una democracia decente.

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Poner coto a lo inaceptable en Derecho

Hay pocas cosas que causen tanto desconcierto en la opinión pública como las crónicas de tribunales. Y sucede que hoy, lejos de lo que acontecía hace pocos años, ese tipo de información ha invadido todos los espacios de comunicación, incluso los titulares de primera plana, lo que quizá contribuye al grado de confusión, frustración, agravio comparativo e indignación que se puede palpar. Por ejemplo, hoy día a nadie que no sea, no ya un lego, sino un extraterrestre, le puede llamar la atención la creciente disparidad de criterios entre lo que el común de los ciudadanos entiende como una decisión justa, aceptable –es decir, razonable-  y buena parte de las que ocupan esas crónicas. Esa divergencia es precisamente detectable con mayor facilidad gracias a la sobreabundancia y emergencia informativa del género y también, por qué no decirlo, como consecuencia de cierto déficit recurrente en la formación jurídica de los autores de la mayoría de esas crónicas- (con notables excepciones: véase el blog ¡Protesto, Señoría!, de teniente Kaffee, en eldiario.es). 

Quizá más de un lector se pregunte si hay algún criterio que vaya más allá de la simple discrecionalidad, cuando no la arbitrariedad, detrás de tantas decisiones judiciales que parecen ajenas a la escala de valores que el Derecho debiera recoger para ser acorde con ese sentido común, para que no parezcan un coto privado de una casta cuya racionalidad queda a años luz de la que creemos compartir los ciudadanos y, por consiguiente, de lo que ingenuamente los mismos ciudadanos pensamos que el Derecho debería expresar. ¿Cómo dejar de pensar que la moralidad particular, las creencias religiosas o los gustos estéticos de un juez, por no decir su digestión, son las que determinan tantas decisiones que escandalizan a la mayoría?

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La responsabilidad del irresponsable

Inviolable e irresponsable. Así define el status del Rey el artículo 56.3 de la Constitución española de 1978: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Aunque en realidad ese atributo responde a la tradición sacral o, al menos, absoluta -propia del ancien régime ( the King can no do wrong)-, nos han explicado mil veces que no puede ser de otra manera si  queremos garantizar la función de alta magistratura –ejemplar y vitalicia- que se atribuye al monarca como Jefe de Estado en nuestra monarquía parlamentaria. Un Rey al que el mismo artículo en su primer apartado atribuye la condición de “símbolo de su unidad y permanencia”, característica a la que añade las de árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones, así como la “más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales”.

Pero ese no es un atributo exclusivo de los monarcas. Entre el rey de una monarquía parlamentaria y un presidente de República no presidencialista la diferencia estriba, en primer lugar, en la condición adquirida de por vida, desde el nacimiento (o será desde la concepción?) hasta la muerte (o improbable abdicación). En uno y otro caso, como no hay poder real, no hay responsabilidad política en principio: ambos cumplen similares funciones simbólicas y por eso los segundos son también inviolables, aunque en sentido estricto  -esta es una segunda diferencia- no son irresponsables. No son irresponsables políticamente si puede renovar su mandato, porque en ese caso debe someterse a un escrutinio electoral en el que se juzgará esa responsabilidad. Y en sentido estricto, no son jurídicamente irresponsables, sino sólo mientras se encuentran en el cargo, como comprobamos hace poco en el caso de un Presidente de República presidencialista, Jacques Chirac, quien, una vez que dejó de ser Presidente de la República francesa, fue condenado por los delitos de malversación de fondos públicos, abuso de confianza y apropiación indebida cometidos durante su mandato  como alcalde de Paris.

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Monarquía: pasar página

Hablaba la semana pasada Iñaki Gabilondo del dilema en el que a su juicio se encuentra el rey Juan Carlos: o su corona, o la monarquía. Pero uno tiene toda la impresión de que esta nueva versión del "retirarse a tiempo", el famoso editorial del diario Madrid que aconsejaba a Franco imitar a De Gaulle y que tuvo funestas consecuencias para aquel periódico, va a obtener la callada por respuesta. Nada de abdicar. Probablemente el rey tiene razón por lo que se refiere a sus intereses personales. Luego volveré sobre eso. No la tiene en lo que hace a la monarquía. Y los republicanos se lo agradeceremos

Con su toma de posición a lo "mantenella y no enmendalla", el rey ayuda a la causa de quienes pretendemos decir adiós a la monarquía, tal y como hizo malgré soi, tras el <incidente de Bostwana>, puesto que la famosa secuencia televisiva en el hospital estaba en las antípodas del arrepentimiento real y de una rectificación seria de rumbo (como lo ejemplificó la posterior "conversación" con el cortesano Hermida). Está claro que el rey (y quizá quienes le aconsejan) no ha entendido el mensaje. No ha caído en la cuenta de la decepción, disgusto y hartazgo que provoca con una pauta de comportamiento absolutamente alejada de la realidad. Es más, es así como se demuestra que la institución no sirve, puesto que desconoce la realidad de sus ciudadanos (sus apelaciones al insomnio que padece ante el paro juvenil parecen una mala broma, si no un cruel sarcasmo). Y la subliminal analogía con la <lucecita del Pardo>, permanentemente encendida por el bien del país, como adulaba el Señor Hermida, se ha vuelto impropia hasta el ridículo cuando sabemos el tren de vida alejado de lo que entendemos por trabajo y quehaceres del común de los mortales.

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