Acababa de amanecer en la barriada de El Príncipe y sus calles están demasiado vacías para ser un primer día de colegio. El principal centro de esta zona de Ceuta —una de las que más migrantes alberga en sus calles desde la crisis y donde más se concentran los testimonios de denuncias de agresiones nocturnas de ceutíes contra ellos— abre sus puertas con la vigilancia de un guardia de seguridad privada, como parte del plan activado por el Gobierno para el regreso a las aulas. No hay militares en sus alrededores, como sí los hay en otros centros educativos, pero la tranquilidad que marca el inicio de la jornada no parece exigir más presencia policial.

Las primeras horas de la vuelta al colegio en Ceuta se han desarrollado “sin incidentes”, según explica la Junta de profesorado de UGT a elDiario.es, a la espera del balance oficial. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado de que la cifra de asistencia es cercana al 70%, en concreto del 63% en primaria, y del 83%, en Secundaria.

“Nosotros hemos trabajado para que estuvieran en buenas condiciones y creemos que se ha cumplido. El dato ya se baraja del 67%”, sostiene Cristobal Guzmán, director provincial de Eduación. “Las cifras son muy desiguales de unos colegios a otros, con colegios del centro con más afluencia que en la periferia”, detalla. Donde se ha registrado más absentismo ha sido en la barriada del Príncipe y cerca de la frontera, añade. “Queríamos que empezasen a socializar y ese ruido que a veces nos molesta ha sido una bendición”, sostiene.

Las familias que sí han llevado a sus hijos a clase han emprendido su camino con la incertidumbre de ser “las únicas” o encontrarse finalmente los centros cerrados, pero no ha sido así. Los alumnos se han podido ver con sus compañeros en sus centros educativos, que se dividían entre los que no mostraban preocupación alguna y afirmaban sentirse seguros en su trayecto a las aulas y quienes se quejaban de “insuficiencia” de fuerzas y cuerpos de seguridad en los alrededores.

Entre las empinadas cuestas de la barriada de El Príncipe, las calles estaban desiertas apenas una hora antes del inicio de las clases. Apenas se escucha ruido alguno hasta que Salima y Melka empiezan a reírse. Las dos niñas, repeinadas con ropa de estreno y mochilas en sus espaldas, están preparadas para un primer día de colegio marcado por la crisis migratoria en la Ciudad.

Las menores, primas entre sí, esperan solas en la entrada de casa a sus madres, quienes las acompañarán al colegio que espera su llegada. “Tengo muchas ganas de volver y ver a mis amigos. No sé si habrá clase, pero espero que sí”, dice Salima, que empieza ilusionada sexto de primaria. En su camino a la escuela, sus madres hablan entre ellas y comentan la soledad de las calles en el primer día de colegio. “Debería haber más gente, a ver si al final no va a haber colegio o van a ser ellas solas…”, dice Turia, la madre de Melka.

A su llegada al centro educativo, un camión de limpieza desinfecta la entrada por la que habitualmente entran las menores. Nordin Mohamed, portavoz del AMPA del colegio, se queja de la suciedad con la que ha amanecido el colegio, pero matiza que antes de la crisis migratoria ya suelen tener problemas en este punto. La basura acumulada en este punto obliga a la dirección a cambiar la puerta habitual destinada los alumnos de primaria y dirigen a los alumnos a la entrada del profesorado, por donde Salima y Melka acaban entrando ilusionadas. Es el único incidente registrado en las primeras horas del día del regreso a las aulas.

“¡Sí que hay cole!”, reaccionaba una de ellas antes de despedirse de sus familiares. Las menores no fueron las únicas alumnas, pero tampoco estaban todas sus compañeras, dado que muchas familias decidieron dejar en casa a sus hijos ante su percepción de inseguridad por la crisis migratoria. Trini Mejías, presidenta de la junta de personal docente de UGT, explica que las primeras horas de la jornada educativa se han desarrollado “sin incidentes”. Sus datos provisionales apuntan a una afluencia de “en torno al 50%” del alumnado, con diferencias entre unos centros y otros. Las cifras, reitera, son solo una estimación.

La mayoría de madres entrevistadas por este medio a las puertas del colegio de El Príncipe mostraban tranquilidad. “Yo no tengo miedo. Está tranquilo. Son a ellos a quienes pegan por las noches”, decía una de las madres que acompañó a sus niños a la puerta de la escuela. Cerca de ellas, Mariam observaba la entrada de los alumnos, pero su hijo no estaba entre ellos. “No lo he traído porque me daba un poco de miedo, quería ver primero cómo iba todo. He venido para ver cuáles son las condiciones y pensaré si le traigo estos días”, explicaba la mujer, de religión musulmana. Reconoce sentir preocupación debido a la situación de calle de algunas personas migrantes, aunque afirma que nunca le han hecho nada a ellas y cuenta que ha evitado salir mucho de casa en el último mes. A su alrededor, otras madres reiteran estar tranquilas tras haber dejado a sus pequeños en clase.

La tranquilidad trasladada por la mayoría de familias que han decidido llevar a sus niños al colegio de la barriada de El Príncipe este martes choca con una mayor preocupación trasladada en otros puntos de la ciudad, que apenas albergan a personas migrantes en sus alrededores. En el instituto Siete Colinas, una adolescente y su madre se quejaban de la falta de seguridad en las calles durante el trayecto en autobús desde su vivienda, en el que sin embargo reconoce no haber tenido problema alguno y ni siquiera haber visto a personas migrantes en el camino. Su madre saca del bolso un spray de gas pimienta, cuyo uso está prohibido especialmente en centros educativos y por parte de menores, y le ofrece llevárselo al interior del colegio, en cuya puerta se respira una total normalidad excepto por la vigilancia privada permanente en sus puertas. “No, no hace falta”, le dice la hija. Normalmente va sola al colegio, pero su madre la ha acompañado debido a la sensación de inseguridad que dice producirle la mayor presencia de migrantes en la ciudad.

El inicio del curso escolar en Ceuta llega en un contexto complejo, con la ciudad en crisis humanitaria, con miles de personas en situación de calle tras la llegada de más de 70.000 migrantes y una lenta respuesta a la emergencia por parte de las instituciones. Los niños ceutíes retoman la escuela después de que algunos de sus centros educativos —también en las zonas de menos renta de la ciudad— hayan sido utilizados para alojar a personas migrantes, o cuyos alrededores aún mantienen pequeños asentamientos de los adultos y menores que aún esperan una plaza de acogida por parte del Gobierno central y local.

Volver a clase esta semana ha requerido un plan de urgencia. Desde el Ministerio de Educación, que tiene las competencias educativas en las ciudades autónomas, han realizado un plan de acción en las últimas semanas con el objetivo de asegurar un regreso a las aulas en circunstancias de seguridad. “Estamos en condiciones de garantizar que los colegios son un espacio seguro y el profesorado va a poder desempeñar su trabajo”, explica Cristóbal Guzmán a elDiario.es, director provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFPD). Los centros que sirvieron de albergue provisional para cientos de menores fueron desalojados el 17 de agosto y sometidos a desinfecciones extraordinarias antes del inicio del curso.

Ante esta sensación de inseguridad generalizada, el Ministerio ha desplegado un conjunto de actuaciones para reducir la preocupación generalizada de las familias. Mientras Educación aprobó la creación de un “vallado perimetral” para los cinco centros más afectados, estos aún no han podido crearse debido a los plazos de tramitación. Hasta su instalación, se ha optado por contratar vigilancia privada dentro de los centros educativos 24 horas al día durante todos los días de la semana. La medida lleva operativa desde el 1 de septiembre.

Los bramidos de un hombre cubierto de tatuajes hicieron girar las cabezas a tres chicos jóvenes y una mujer que, en distintos grupos, observaban el horizonte desde el puerto de Ceuta. Al encontrarse la concentración de banderas de España, que algunos migrantes ya identifican con un inminente grito en su contra, volvieron rápido su mirada hacia el mar. “¡Sinvergüenzas! ¡Invasores a Marruecos!”, escucharon a sus espadas. El resto le siguió con uno de sus cánticos habituales, entonado mientras miraban y señalaban a personas racializadas, cuyo origen o situación desconocían: “Invasores, expulsión”.

Uno de esos jóvenes a los que decenas de personas exigían volver a Marruecos era Asha. No era marroquí ni había llegado a Ceuta a finales de julio. Solo era negro y de nacionalidad inglesa. “He venido a visitar a un amigo, tenía el viaje preparado desde hace tiempo y decidí mantenerlo”, comenta el chico en inglés, con fuerte acento británico, en conversación con elDiario.es. Tampoco era migrante Melka, una adolescente caballa que pasaba la tarde con su primo marroquí, quién sí había cruzado la frontera en la entrada masiva. Para algunos los manifestantes que los insultaban, todos eran “invasores”. Y, quienes se acercaban a ellos, “traidores”.

Tras 38 días de crisis humanitaria en las calles ceutíes, donde miles de personas migrantes malviven a la intemperie ante la falta de plazas de acogida o traslados a la península, el clima de odio amenaza con extenderse en una ciudad caracterizada por la diversidad. Este tipo de acoso racista hacia personas de determinados rasgos, sean migrantes o no, se está repitiendo en varias de las protestas celebradas por vecinos ceutíes en las últimas semanas y choca con la convivencia que suele representar a la sociedad caballa.

Este domingo, durante otra de las marchas celebradas cada día por la ciudad para pedir seguridad durante el arranque del curso escolar, varios manifestantes insultaron y trataron de echar de la protesta a una niña ceutí de 13 años al “confundirla” con una menor migrante. “Invasora, te vi en el hospital con tuberculosis”, le dijo una mujer. A su acusación le siguieron los gritos e insultos de más personas a su alrededor, mientras que otros vecinos pedían tranquilidad a quienes acosaban a la niña o le ponían una bufanda de España para “protegerla” a su modo. En la misma marcha, una mujer llamó “puta mora” a una periodista de elDiario.es.

El clima de tensión por parte de la población local hacia los migrantes llegados a finales de agosto crece a medida que la falta de una respuesta institucional suficiente mantiene la crisis humanitaria en las calles de la ciudad, donde miles de migrantes continúan viviendo en asentamientos en la intemperie, ante la falta de plazas de acogida para recibirles- en parte motivado por las reticencias del Ejecutivo local a ceder espacios al Gobierno central para este fin-. Su situación de calle les obliga a vivir en condiciones de precariedad e insalubridad, y a su vez, impide la vuelta a la normalidad de los vecinos e incrementa la sensación de inseguridad ciudadana.

Solo acercarse a una persona migrante en las proximidades de una de estas manifestaciones suele generar una reacción. “Pues si eres de Ceuta peor, puta. Te acercas a ellos y luego te quejas si te violan, ojalá lo hagan”, espetó una mujer acompañada de un perro pastor alemán a la adolescente en la protesta contra el campamento de migrantes levantado en el puerto. En la misma convocatoria, esta periodista recibió varios ataques similares, mientras se encontraba entrevistando al joven inglés -para tratar de averiguar si había otra razón que motivase su presencia en la ciudad- y a un chico palestino que sí había entrado a la ciudad a finales de julio.

Hay situaciones y acciones concretas diarias que evidencian el rechazo de parte de la población a todo aquel que parezca una de las personas llegadas los días 30 y 31 de julio, esos a los que llaman “invasores”. Decenas de restaurantes y bares de la ciudad impiden la entrada a quienes aparentan ser migrantes. En otros donde no pueden evitar su acceso, desactivan los enchufes para evitar que carguen sus teléfonos o impiden que los usen solo las personas con ciertos rasgos.

En un Burger King de un centro comercial próximo al puerto ceutí, los enchufes no funcionan. elDiario.es preguntó al personal si había algún punto de electricidad para los clientes: “Los hemos apagado todos para que no vengan los inmigrantes”, respondió uno de los empleados. En un bar próximo a la playa del Trampolín, los camareros se negaron a cargar el móvil de Youssef, un hombre marroquí que ha vivido en España durante años hasta perder su tarjeta de residencia y regresó a nado a Ceuta el pasado 29 de julio. Cinco minutos después, esta periodista solicitó en el mismo local enchufar la misma batería portátil. A ella sí se lo permitieron.

“Es racismo. No nos dejan hacer nada. No quieren que compremos comida”, se queja. Otra de las actuaciones indica ciertas acciones sociales discriminatorias tiene que ver con el acceso a habitaciones de los hostales repartidos por la ciudad. Aunque conseguir alojamiento es muy complicado, si quedan habitaciones, no suelen aparecer publicadas en plataformas como Booking. Un trabajador de los hostales donde este medio ha preguntado reconoce que la medida busca evitar “que los inmigrantes reserven”.

La segregación de los migrantes, concentrando su presencia en determinadas zonas de la periferia más empobrecidas a través de la intimidación policial y la ubicación de los repartos de comida oficiales, se hace evidente con un paseo por los distintos barrios de la ciudad. Cualquier noche en el centro histórico de Ceuta, en el interior de sus Murallas Reales, genera cierta sensación de irrealidad. Allí las terrazas están llenas, la vía peatonal luce despejada y apenas se observan migrantes en sus calles. El pasado sábado por la noche, mientras los niños correteaban en sus aceras, un menor migrante saluda a dos mujeres españolas sentadas en un bar. Le saludan con cariño y se alegran de que el chaval haya conseguido un abrigo, pues la noche anterior le vieron tiritar del frío mientras buscaba un rincón donde dormir. La cordialidad de la conversación despierta evidentes miradas de enfado y comentarios a su alrededor. Él lo percibe y, decide irse corriendo, por si su interacción tiene consecuencias para ellas.

En la zona de la Almadraba, más próxima a la frontera, un coche viejo y destartalado arranca como cada tarde repleto de paquetes de comida y botellas de agua. Sus ocupantes, activistas de la organización No Name Kitchen, hablan de los “lugares calientes” a los que acudirán para distribuir las raciones, aquellos puntos a donde no están llegando los repartos oficiales. A su llegada, la zona parece despejada, pero decenas de jóvenes migrantes empiezan a aparecer en busca de algo que llevarse a la boca. Las voluntarias tratan de entregarlo rápido, de manera discreta, pero el tumulto de gente hambrienta lo complica y los gritos empiezan: “ONG mafia”; “Qué vergüenza. Fuera, fuera”.

“Un día algunos vecinos nos echaron de manera agresiva. Una vecina nos defendió diciendo que qué había hecho yo para esa reacción. Respondieron: ”Darles agua y comida“, explica la una de las voluntarias de la organización, para ejemplificar el castigo que reciben en ocasiones quienes ayudan de algún modo a las personas migrantes, especialmente los activistas de No Name Kitchen y las Brigadas de Apoyo Mutuo, que también se organizan para vigilar posibles redadas o agresiones policiales a los migrantes. Sobre ellos se han difundido bulos que los acusaban de ”repartir botes de gas pimienta“ a los migrantes, algo que se ha demostrado falso.

La otra cara de Ceuta: la ayuda vecinal

No es la reacción común de todos los ceutíes, y decenas de vecinos -especialmente de barriadas de la periferia como El Príncipe- han apoyado a los migrantes que malviven en sus barrios de distintas maneras. Por ejemplo, en El Príncipe, el presidente de la comunidad de vecinos y distintos voluntarios se organizaron para acoger alrededor de 200 niñas marroquíes ante el riesgo de ser agredidas sexualmente, tanto por ceutíes como por otros migrantes. “Llevo aquí desde el primer día. Somos los únicos que hicimos algo, el Estado ha tardado un mes en empezar a reaccionar”, decía Ahmed Enfed-Dal un día antes de cerrar el asentamiento improvisado que coordinaba, cuando todas las menores fueron trasladadas a centros de acogida de la ciudad autónoma.

Su hermana, que ha hecho turnos como voluntaria durante semanas, cuestiona el “abandono” que dice sentir del Gobierno en su respuesta a la crisis migratoria, por dejar en la calle durante tanto tiempo a miles de migrantes. Ella acude a algunas de las manifestaciones celebradas para pedir más apoyo a su ciudad, pero desde un lugar muy distinto a quienes lanzan mensajes racistas. “Es una ciudad muy pequeña, no podemos asumir a tanta gente en las condiciones que tendrían que ser, pero hace falta que se les acoja. Es inhumano que estén en la calle, que les dejen así, y además eso nos genera problemas en el barrio”, explica la mujer, parte de la comunidad musulmana. “Pero muchos aprovechan la situación para sacar todo el odio que llevan dentro”, añade.

El Gobierno local: “No se puede tomar la justicia por su mano”

Desde el Gobierno de Ceuta, así como de los concejales de la localidad, han mostrado su preocupación por los distintos tipos de ataques o agresiones racistas que se han sucedido desde el pasado 30 de julio por parte de vecinos ceutíes. “Consideramos legítimas y plenamente justificadas las manifestaciones y concentraciones que se celebren para exigir la apuntada vuelta a la normalidad y la recuperación de la tranquilidad, pero siempre de manera pacífica y ordenada, sin poner en peligro la unidad de los ceutíes al servicio de una causa de todos, al margen de credos, culturas u orígenes, ni la convivencia; razón por lo que, rechazamos, con total rotundidad, el uso de cualquier tipo de violencia, los violentos no nos representan, pretenden dividirnos, distraen la atención acerca de lo principal y perjudican la imagen de todos y de Ceuta”, raza una declaración institucional conjunta suscrita por todos los grupos políticos de la Asamblea y las dos diputadas no adscritas.

“En consecuencia, se adoptarán las medidas sancionadoras que correspondan contra quienes cometan actos vandálicos o causen daños al mobiliario urbano. Nadie puede ni debe tomarse la justicia por su mano. La defensa de Ceuta y de los intereses de los ceutíes solo puede llevarse a cabo desde la legalidad, la responsabilidad y el respeto a la convivencia”, advertían, después de semanas en las que distintos grupos de ceutíes acudían a asentamientos de migrantes para agredirles e incluso quemar sus chabolas, como ocurrió en campamento de la playa del Trampolín.

Denuncias de agresiones

Sin embargo, decenas de testimonios recopilados por elDiario.es continúan denunciando sufrir palizas nocturnas. Mientras, por un lado, hablan de grupos de vecinos ceutíes encapuchados que los golpean de madrugada, también aseguran ser víctima de agresiones por parte de “militares”, aunque este medio no ha podido verificar independientemente sus acusaciones. elDiario.es sí ha presenciado un trato policial despectivo e intimidaciones por parte de agentes policiales y militares, que tratan de exigirles que se alejen de determinadas zonas de la ciudad próximas al centro.

“Nos están destrozando psicológicamente. Dormimos escondidos, porque cualquier noche pueden venir a pegarnos. A veces son militares, otras ceutíes, siempre pasa algo. Nos quitan los teléfonos y el dinero. Hacen que sea cada vez más dificil quedarnos, es una estrategia para que nos volvamos a Marruecos”, dice Mohamed (nombre ficticio), agotado, pero decido a permanecer en Ceuta después de más de un mes malviviendo en sus calles.

Una nueva manifestación recorría este domingo la ciudad de Ceuta para, entre otras reivindicaciones, mostrar su preocupación sobre la vuelta al colegio de los niños de la ciudad. Algunos de sus lemas exigían la protección de los menores en el regreso a las aulas, cuando una adolescente de piel morena se unió a la marcha junto a su prima. La menor entonaba junto al resto los cánticos sobre el abandono de la ciudad, incluso pedía la expulsión de los migrantes llegados a finales de julio, cuando percibió que uno de los gritos de “invasores” estaba dirigido hacia ella. “Tú de dónde saliste, invasora”, le espetó una mujer, con una bandera de España en sus manos. De pronto, los ojos de una parte de los participantes se enfocaron en ella. Pidieron su expulsión y le exigieron mostrar su DNI para justificar que, efectivamente, era caballa, como la niña no paraba de repetir.

La supuesta “invasora” se llama Soraya Eguizabal El Hamdaoui, tiene 13 años y es caballa –apodo con el que se conoce a la población natural de Ceuta–, de padre vasco y madre ceutí. Sus rasgos, de tez morena, despertaron el racismo de algunos de los manifestantes, según presenció elDiario.es. La niña estaba en su casa y una manifestación que, entre otros asuntos, decía defender la seguridad de los menores de la ciudad en la vuelta al colegio, pasaba por las proximidades de su vivienda.

“Llamé a mi prima porque nunca había ido a una manifestación y pensé que era importante, porque a veces sí tengo miedo de esta situación”, explica la menor en conversación con elDiario.es. Cuando alcanzaron a las decenas de personas que se aproximaban a la frontera del Tarajal, una mujer la increpó: “Tú donde saliste, invasora, enséñeme el DNI. Te vi en el hospital con tuberculosis”, afirmó una de las participantes de la marcha, según aparece recogido en la denuncia registrada en comisaría este domingo por la madre de la menor, a la que ha accedido este medio.

Bajamos corriendo para ir con ella y, cuando llegamos a la altura de la playa del Tarajal, un hombre empezó a llamarla 'invasora' y a hacerle fotos a la niña

Fatima El Hamdaoui — Madre de la niña acosada por manifestantes

La niña llamó a su madre para explicar lo sucedido. “Bajamos corriendo para ir con ella y, cuando llegamos a la altura de la playa del Tarajal, un hombre empezó a llamarla 'invasora' y a hacerle fotos a la niña”, cuenta Fatima El Hamdaoui, la madre de la niña acosada por los manifestantes. “Fui directa a decirle: '¿Tú sabes que con quien estás hablando es mi hija?”, explica la madre.

Según la denuncia, El Hamdaoui “se dirige a ese señor y le pregunta por qué le está tomando fotos a la niña, respondiéndole este 'que es una invasora' a lo que la declarante le respondió que era su hija menor y era española, mostrándole el DNI”. A su vez, añade el escrito, la esposa del hombre seguía increpando a la niña diciéndole: “Invasora, yo la vi entrar ayer”.

Este medio presenció este momento de la marcha. Entre vítores de “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende” o “un caballa nunca se rinde”, elDiario.es fue testigo de los insultos lanzados por parte de los manifestantes a la menor. Uno de los manifestantes le puso a la adolescente una bufanda de la bandera de España para que se la rodease y, de esta forma, “evitar” los ataques. Posteriormente, una de las vecinas se acercó a la niña y su familia para calmar la situación y pedir perdón por el ataque verbal. Mientras, tres militares, que patrullaban por la zona, atendieron a las afectadas y mostraron su solidaridad ante lo sucedido.

“Lo de ayer ha sido lo más indignante que he podido vivir”

Un día después de los hechos, la madre de la niña aún dice estar procesando la situación. “Lo de ayer ha sido lo más indignante que he podido vivir. Estoy en contra de lo que ha pasado en mi tierra, pero siempre he dicho, esta gente no tiene la culpa, no tenemos tratarlos mal. Y ahora atacan hasta a mi hija que es caballa”, dice con indignación la mujer. “Mi niña quería ir a la manifestación porque escuchó que era por los menores, por la vuelta el cole, y se encuentran con que acaban insultando a una menor ceutí”, añade.

La madre, igual que la niña, destacan la ropa deportiva que llevaba puesta la menor, como si esa fuese una de las razones de haber sido increpada. “Se fue con un chándal, ella es muy morenita de piel y la llamaron invasora”, explica. “Fui a la manifestación y me puse lo primero que vi. Y, claro, todos iban con camisas de España”, comenta la menor.

Yo entiendo que en esas circunstancias hay que proteger a una menor, esperaba que se expulsase a la persona que atacó e insultó a una niña o cogiese los datos, pero no fue así

Fatima El Hamdaoui — Madre de la niña acosada por manifestantes

24 horas después, la adolescente dice sentir miedo “por las dos partes” (ceutíes y migrantes). “No me sentía segura para ir al instituto y ahora me va a confundir la gente de mi misma ciudad. Da miedo, pero estoy siempre con mi madre”, sostiene la chica, que empezará el instituto este martes. “Es verdad que tenía mucho miedo de los migrantes, pero, no me han hecho nada. Solo sentía que miraban raro, pero no ha pasado más. Solo me han hecho los manifestantes, aunque 'los invasores', como no los conozco y están por las calles, me dan más miedo”, dice la niña.

La madre de la menor asegura que, durante la manifestación, informó de los hechos a los agentes policiales del operativo de seguridad. “Yo entiendo que en esas circunstancias hay que proteger a una menor, esperaba que se expulsase a la persona que atacó e insultó a una niña o cogiese los datos, pero no fue así”, indica El Hamdaoui, quien finalmente se fue directamente de la manifestación a comisaría para registrar la denuncia. La mujer, también ceutí, dice sentirse decepcionada por parte de sus vecinos en lo referido a la actitud de parte de los participantes de muchas manifestaciones con respecto a la comunidad musulmana de la ciudad, lo que a su juicio está dividiendo a la sociedad caballa.

Situaciones similares

“Se quejan de que no participa mucho la comunidad musulmana en las protestas, pero por estas cosas no me voy a encargar de que ninguna comunidad venga”, apunta la denunciante de los hechos. Los hechos denunciados coinciden con situaciones documentadas por elDiario.es en esa y otras protestas similares. Esa misma mañana, una de las periodistas que firma esta noticia se encontraba en la frontera del Tarajal entrevistando a los migrantes que habían decidido regresar a Marruecos por su cuenta, cuando llegó la protesta a este punto. Cuando los vecinos observaron a algunos jóvenes marroquíes comenzaron a increparles. “¡Fuera, fuera!”, les dijeron a gritos, lo que empujó a los chavales a escapar a la carrera. Al ver que la reportera de este medio, que estaba charlando con ellos, permanecía en las inmediaciones, se dirigieron a ella: “Puta mora, periodista”, bramaron. Anteriormente, la otra reportera que firma esta información fue expulsada de la protesta por la policía, impidiendo su derecho a la información, cuando varios manifestantes empezaron a increpar a ella y la fotógrafa por ser confundidas con personal “de una ONG” pese a mostrar su tarjeta de prensa en distintas ocasiones.

La manifestación celebrada este sábado contra la instalación de un campamento en el puerto de Ceuta, después de que el Gobierno se hiciese con el control de este, también acabó con insultos por parte de una decena de vecinos ceutíes a algunas personas racializadas que observaban el mar en el puerto de la ciudad autónoma. “Invasores. Qué vergüenza. A Marruecos”, gritaron en un inicio. Posteriormente, los insultos fueron dirigidos a las personas blancas que se acercaban a hablar con ellos, entre ellas una menor ceutí y otra de las periodistas que firma esta pieza que entrevistaba a un joven palestino y a un chico inglés que pasaba la tarde en el muelle.

“¡Puta! Habla con ellos y luego te quejas si te violan. Ojalá os violen, guarras”, dijo una de las mujeres participantes. La menor que fue acosada junto a la periodista de elDiario.es tenía 16 años y se encontraba con su primo, marroquí, que había cruzado a la ciudad el pasado 30 de julio. “Yo estaba aquí tranquila y una señora con un perro me empezó a llamar puta y de todo. Me parece muy bien que se manifiesten todos los días para 'salvar al pueblo', pero a mí que no me griten ni me graben. Solo estoy con mi primo”, dijo la adolescente a elDiario.es después de los hechos. Este medio ha comprobado que durante este tipo de manifestaciones la policía no actúa en defensa de las personas atacadas ante este tipo de insultos con carga de odio y discriminación si no se produce violencia física.

Las notificaciones se acumulan en los grupos de mensajería donde muchas familias ceutíes reciben avisos del colegio de sus hijos. Al chat de Salma llegan notificaciones de padres y madres preocupados por el nuevo curso tras la crisis migratoria. Algunos dicen temer que algo les pase en su camino a la escuela, por la presencia de migrantes en situación irregular en las calles ante la falta de una respuesta de acogida rápida por parte del Gobierno central y el local. Otras familias ya han comunicado que no llevarán a sus niños a clase, pero Salma lee los mensajes con sorpresa, cuando ya casi tiene preparada la mochila de su niño para la vuelta al cole el próximo martes 8 de septiembre.

En la barriada del Príncipe, una de las que más ha notado la presencia de personas durmiendo a la intemperie y donde se están produciendo algunos ataques nocturnos de grupos de vecinos contra migrantes o entre ellos, la mujer asoma la cabeza a través de la puerta de su casa y evidencia su incomprensión ante el ambiente de pánico que percibe a su alrededor. “No pienso dejarle en casa. No sé si seré la única que le lleve, pero no entiendo ese pánico. Es solo ir a la escuela, y allí está con los profesores. Hasta han puesto seguridad. Ni que les fueran a matar”, dice la mujer, frente a un grupo de jóvenes migrantes que pasan las horas delante de su vivienda.

Su posición no es la de muchos de los vecinos de Ceuta que, incluso viviendo en zonas sin asentamientos de migrantes y sin apenas presencia de estos por las calles —porque durante estas semanas la policía les ha presionado o forzado para expulsarlos de determinadas áreas y concentrado en otras zonas más empobrecidas—, expresan una mayor preocupación por la incorporación de sus hijos al colegio o instituto, especialmente por su sensación de inseguridad ligada a la inmigración.

El inicio del curso escolar en Ceuta llega en un contexto complejo, con la ciudad en crisis humanitaria, con miles de personas en situación de calle tras la llegada de más de 70.000 migrantes y una lenta respuesta a la emergencia por parte de las instituciones. Los niños ceutíes retoman la escuela después de que algunos de sus centros educativos —también en las zonas de menos renta de la ciudad— hayan sido utilizados para alojar a personas migrantes, o cuyos alrededores aún mantienen pequeños asentamientos de los adultos y menores que aún esperan una plaza de acogida por parte del Gobierno central y local.

El plan: vigilancia privada 24 horas y flexibilidad

Volver a clase esta semana ha requerido un plan de urgencia. Desde el Ministerio de Educación, que tiene las competencias educativas en las ciudades autónomas, han realizado un plan de acción en las últimas semanas con el objetivo de asegurar un regreso a las aulas en circunstancias de seguridad. “Estamos en condiciones de garantizar que los colegios son un espacio seguro y el profesorado va a poder desempeñar su trabajo”, explica Cristóbal Guzmán a elDiario.es, director provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFPD). Los centros que sirvieron de albergue provisional para cientos de menores fueron desalojados el 17 de agosto y sometidos a desinfecciones extraordinarias antes del inicio del curso.

En una apacible terraza del centro de la ciudad, una familia desayuna en la zona más céntrica y con mayor renta de ciudad. En el área amurallada y sus alrededores, apenas se perciben ya los efectos de la llegada de más de 70.000 personas en el mes de julio. “Tenemos mucho miedo, no vamos a dejar que vaya sola al colegio, porque a veces a esa hora aún está oscuro. Nos da miedo que le hagan algo. Yo les miro la cara y me genera cosas horribles”, explica uno de sus miembros. Reconocen que nunca les han hecho nada. Tampoco ninguno de ellos ha presenciado un hecho delictivo de los recién llegados, solo han oído rumores del boca a boca, pero su sensación al verlos por las calles es de inseguridad.

“Por si acaso, mi hija no baja por la noche desde finales de julio. Prefiero no arriesgarme”, explica una madre ceutí. Este miedo, trasladado por varias familias residentes en el centro de la ciudad, choca con la tranquilidad que reina en la zona amurallada en comparación con otras áreas que sí concentran a la mayoría de población migrante. “Está más tranquilo, pero yo solo de ver a uno de ellos me pongo nerviosa”, dice otra vecina residente en este punto de la localidad.

María (nombre ficticio) es una de las personas presentes en una de las manifestaciones celebradas en Ceuta contra la creación de un campamento de migrantes en el puerto de la ciudad para acogerlos, identificarlos y sacarlos de las calles -donde pueden generar en la población local esa sensación de inseguridad-. Enfadada al ver varias tiendas ya levantadas por el Gobierno central pese a la negativa del Ejecutivo local, después de una hora de gritos contra la gestión gubernamental y envuelta en su bandera de España, la señora volvía a casa refunfuñando: “Pues ahora sí que no le voy a llevar al colegio. Se queda en casa”.

En la zona de Lomo Colmenar, donde se encuentra uno de los centros provisionales del Gobierno central para acoger y filiar a los migrantes, la preocupación es mayor. En este punto pernoctan muchas personas a las puertas del campamento, con la intención de conseguir una plaza en su interior. Su permanencia en la calle en condiciones precarias que rozan la insalubridad, porque no tienen otro lugar donde estar, genera problemas de convivencia. Melka tiene 16 años y reconoce tener cierto temor a ir sola al instituto. Su padre, a su lado, dice que hasta que estas personas estén bajo techo la llevará al centro educativo. De nuevo, admiten que nunca han tenido problema directo con ellos, pero temen tenerlos y aplican precauciones de antemano.

Plan de Educación

Ante esta sensación de inseguridad generalizada, el Ministerio ha desplegado un conjunto de actuaciones para reducir la preocupación generalizada de las familias. Mientras Educación aprobó la creación de un “vallado perimetral” para los cinco centros más afectados, estos aún no han podido crearse debido a los plazos de tramitación. Hasta su instalación, se ha optado por contratar vigilancia privada dentro de los centros educativos 24 horas al día durante todos los días de la semana. La medida lleva operativa desde el 1 de septiembre.

También se ha diseñado “un plan psicosocial” para acompañar al alumnado y al profesorado “después del mes que llevamos en la ciudad, donde algunos alumnos no han salido o lo han hecho acompañados de sus familias”. De forma complementaria, el Secretario de Estado de Educación y de Formación Profesional han aprobado un paquete de medidas específicas y de flexibilización curricular para adaptar la docencia a la situación cambiante de la ciudad.

El clima de preocupación entre las familias y la comunidad escolar no se sitúa tanto en el interior de los colegios como en el entorno urbano y las inmediaciones de las instalaciones. La FAMPA y el Foro de la Educación han trasladado como principal inquietud los pequeños asentamientos que persisten en algunas zonas y en la seguridad en la calle. En este sentido, la Dirección Provincial de Educación ha mantenido contactos con la Comisión Local de Seguridad y los Mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para coordinar dispositivos de vigilancia en las proximidades de los centros, además de dar respuesta a peticiones concretas como la implantación de aulas matinales en secundaria para facilitar una llegada acompañada y resguardada del alumnado.

Aunque tenga cierto recelo a acudir al instituto, Melka irá el próximo lunes. “Hay que seguir formándose y, aunque no haya normalidad, hay que continuar”, dice la joven. En el Príncipe, Salma defiende que el temor de sus vecinos responde a prejuicios y que, si hablasen con ellos, actuarían de forma más natural. “Sé que son muchos, pero son personas normales. Puede haber alguien malo, pero la mayoría de cosas que dicen son mentira”.

En el laberinto formado por las naves industriales del Tarajal (Ceuta), en los recovecos existentes entre los portones mecánicos de decenas de almacenes, las chabolas se acumulan. En su zona más profunda, más escondida, cientos de personas migrantes duermen en el suelo, a la intemperie, bajo el riesgo de agresiones racistas y peleas callejeras. En distintos rincones como este, hay niños de apenas 13 años a los que solo cuidan quienes se apiadan de ellos. Hay mujeres embarazadas que aguantan contracciones tumbadas sobre el duro suelo de un campo de fútbol al aire libre. Hay jóvenes heridos que no se atreven a ir al hospital, porque cuando lo hicieron solo recibieron gritos.

Superado el mes de la llegada de más de 70.000 personas a Ceuta -de las que han regresado a Marruecos la mayoría según el Ministerio del Interior-, la crisis humanitaria continúa en las calles de la ciudad autónoma. La falta de espacio para atender a los migrantes, la lentitud en la habilitación de nuevas plazas y la negativa del Gobierno a permitir los traslados a la península (donde sí cuentan con espacio en la red estatal de acogida humanitaria) mantiene a miles de migrantes a la intemperie y sin acceso a servicios básicos, mientras que incrementa la tensión entre la población local, en una ciudad de casi 20 kilómetros cuadrados y apenas 85.000 habitantes.

36 días después, el Ministerio del Interior asegura que permanecen en la ciudad solo 5.000 migrantes de los 70.000 que alcanzaron Ceuta a finales de julio, pero las dimensiones de los asentamientos informales y el retraso en su filiación ante la falta de espacios de acogida suficientes apuntan a que la cifra puede ser mucho mayor. Entre ellos, alrededor de 1.300 menores están acogidos en centros de la ciudad autónoma, pero un solo paseo por la ciudad demuestra que cientos de menores aún malviven en las calles, pese a sus sucesivos intentos de tratar de ser recibidos en un centro de acogida.

En el caso de los adultos, la responsabilidad recae en el Ministerio de Migraciones, que ha empezado a trabajar en los trabajos de construcción de nuevas plazas en distintos puntos de la ciudad. La obras y la instalación de carpas avanzan, lo que evidencia una posible próxima apertura de nuevas instalaciones, mientras algunos vecinos organizan protestas casi diarias para evitarlas. Preguntados por los retrasos en la habilitación de espacios, fuentes del departamento dirigido por Elma Saiz aseguran estar trabajando para abrir “el mayor número de plazas posibles en el menor tiempo posible”. La apertura de nuevos lugares de acogida provisional no está resultando sencilla en una ciudad de 20 kilómetros cuadrados, y que ya acogía a un número de migrantes considerable debido a su posición fronteriza. El Ejecutivo central necesita la cesión municipal del suelo, y el Ayuntamiento se choca con el rechazo vecinal de algunos barrios a recibirles.

El Gobierno sufre desde el 8 de agosto dificultades para encontrar espacios en Ceuta donde alojar a los migrantes. El propio presidente de la ciudad rechazó en la Junta de Seguridad Nacional a la que le invitó el presidente que se utilizaran los polideportivos para acoger a los inmigrantes. El Ejecutivo aceptó la petición de Vivas y planteó utilizar dos espacios del Puerto de Ceuta, pero también aquí se ha encontrado con obstáculos de última hora.

Traslados a la península, bloqueados

En anteriores crisis migratorias, la percepción de emergencia suele disiparse con una estrategia habitual: los traslados de migrantes a la península, por los que el Ejecutivo desplaza a los adultos de aquellos lugares más colapsados a otros centros de la red de atención humanitaria estatal. Ante la falta de espacio, el Gobierno suele permitir los traslados organizados de migrantes desde las ciudades autónomas (que no son parte del espacio Schengen) cuando su capacidad de acogida se encuentra superada. El Ministerio del Interior confirma a elDiario.es que, por el momento, no realizará este tipo de traslados, dado que su objetivo continúa devolver a las personas llegadas a Ceuta este verano. Sin embargo, retornarlas por la vía regular es un procedimiento lento, que requiere de una infraestructura de acogida mayor de la existente en la ciudad autónoma y la filiación policial de todas ellas. Mientras, miles de personas siguen sin identificar y en situación de calle.

Aya duerme con su novio en el suelo del asentamiento improvisado de las naves del Tarajal. Se ha buscado un lugar algo más solitario para tratar de esquivar las tensiones de convivencia surgidas durante las noches. “Este sitio no es seguro, hay muchas peleas, no nos podemos duchar y apenas podemos comer. Queremos ir a un centro, pero siempre me rechazan”, lamenta la mujer, de origen saharaui. Dice su procedencia con cierto temor a que otros compañeros escuchen su preocupación: “Me gustaría pedir asilo, pero tampoco sé cómo ni sé quien puede explicarme”, dice la joven, de 27 años. La falta de información jurídica también brilla por su ausencia, especialmente en los asentamientos informales.

“La prioridad del Gobierno es concluir en Ceuta el proceso de triaje de las personas migrantes adultas y, en aquellos casos en los que el resultado sea su devolución, ejecutarla a la mayor brevedad posible”, sostienen fuentes del Ministerio del Interior. En una segunda fase, añaden, concluido ese proceso, el Gobierno resolverá la situación de aquellas personas que, por ser solicitantes de protección internacional o por determinadas circunstancias relacionadas con su vulnerabilidad, no pueden ser devueltas y deben permanecer en el país“, indican. Sin embargo, organizaciones en el terreno denuncian los obstáculos para pedir asilo y la falta de información al respecto.

Menores en la calle

Omar, de ojos claros y pelo rizado, trata de aparentar ser mayor de lo que su menudo cuerpo aparenta. Tiene 13 años y lleva más de un mes en situación de calle, durmiendo sobre cartones entre las naves de Tarajal, donde se concentran grandes grupos de personas en situación de vulnerabilidad en condiciones precarias sin apenas vigilancia. El 30 de julio se lanzó al mar solo con la intención de llegar a Ceuta, como lleva intentándolo desde los 10 años. Cuando se le pregunta dónde duerme, señala la acera de las naves del Tarajal. “Estoy solo aquí, no tengo madre, no tengo a nadie y allí solo está mi padre, pero no están las cosas bien”, dice el chaval. “Intenté apuntarme en comisaría para que me lleven a un centro, pero me dijeron ‘fuera, fuera’”, añade el pequeño, horas antes de anochecer.

Es fácil encontrar en distintos puntos de la ciudad a decenas de menores, algunos aún lejos de la mayoría de edad, pasando la noche en la calle sin nadie que les atienda. La mayoría, como Omar, preguntan cómo pueden ser recibidos en un centro. Repiten su edad, enseñan documentos si los tienen, pero no suelen recibir respuesta. Ceuta ya era una de las comunidades autónomas que había solicitado la aplicación de la ley de reubicación de menores por la península, pero las llegadas de finales de julio han agravado su ya escasa capacidad de acogida. La responsabilidad de atender a los niños que llegan solos recae sobre el Gobierno local, pero todos sus centros continúan colapsados 36 días después.

El Ministerio de Infancia ofreció al Ejecutivo ceutí recibir a unas 500 niñas en plazas de acogida de centros gestionados por ONG de la península, pero fuentes del departamento de Sira Rego aseguran que aún no han recibido respuesta. Mientras, alrededor de 200 niñas duermen en un campo de fútbol de la barriada del Príncipe, donde son los propios vecinos del estigmatizado barrio quienes han decidido protegerlas, haciendo turnos para vigilar el bienestar de las pequeñas, ante el riesgo de agresiones sexuales o explotación.

“Todavía hay cientos de niños y niñas solos en las calles de Ceuta sin ser atendidos y expuestos a múltiples riesgos, como violencia, abusos o incluso trata de personas”, denunció recientemente el director ejecutivo de Uincef España, José María Vera. “Estos niños y niñas necesitan que se les registre de manera adecuada, se evalúen sus circunstancias particulares y se les traslade a lugares seguros”, añadió.

Las ONG en el terreno denuncian que no se están cubriendo las necesidades más básicas de los migrantes en situación de calle, sean menores o adultos. La más esencial, la alimentación, no está cubierta para muchos. “La situación lejos de solucionarse se agrava en tres dimensiones. Lo primero que se mantiene es el hambre. Cruz Roja da una ración de comida al día, y no llega a todos los que la necesitan. Mucha gente en situación de calle, que vive más escondida por miedo a las agresiones que denuncian, no la recibe”, explica Ric Fernández, coordinador del colectivo No Name Kitchen, que realizan repartos de comida diarios en zonas a donde la ayuda oficial no llega. “Hemos visto a gente mascando ramas de árboles, lo vimos al principio y lo hemos visto un mes después”.

Atrapados en Ceuta, los migrantes preguntan qué va a ser de ellos. “El impacto psicológico nos preocupa. El nivel de incertidumbre es total. Nadie informa, nadie filia, nadie dice lo que va a ser. La gente va de un lado para otro como ganado, siguiendo a la policía y al ejército. Les mueve con palos y empujones”, cuestiona Fernández. Las condiciones de salud tampoco están siendo garantizadas, tal y como han documentado las organizaciones en el terreno. Médicos del Mundo recuerda que miles de personas continúan viviendo en campamentos improvisados, con un acceso muy limitado a agua potable, alimentación, higiene y atención sanitaria.

La organización señala que muchas de las patologías atendidas por sus equipos de emergencia están relacionadas con las condiciones del viaje, pero también por su propia estancia en la ciudad: lesiones físicas, cuadros de deshidratación, problemas dermatológicos, infecciones, así como un impacto sobre la salud mental derivado del estrés, la incertidumbre y las experiencias traumáticas vividas durante el proceso migratorio. Más allá de la atención de urgencia, Médicos del Mundo subraya que uno de los principales problemas es la dificultad de acceso al sistema sanitario.

Mientras una parte de la ciudad expresa su malestar por la llegada de miles de personas migrantes, otras vecinas han optado por responder desde la solidaridad. No forman parte de ninguna organización ni cuentan con grandes recursos, pero acuden a diario con agua, comida o bolsas de basura para quienes continúan durmiendo a la intemperie. “Lo poquísimo que puedo hacer”, explica Fatima, quien sale de su vivienda y habla con varios migrantes como si ya fuesen parte del barrio. “Esta mañana estaba lloviendo y yo he sacado bolsas de basura para que guardasen las pocas cosas que tienen”.

Ellas no fueron a la manifestación celebrada este miércoles en la ciudad en contra de la gestión de la crisis migratoria por parte del Gobierno central. No porque la consideran desacertada, dicen, sino porque perciben una politización de la misma y el rechazo de buena parte de los vecinos hacia las personas a las que tratan de ayudar cada día desde hace más de un mes. “Siempre lo he notado, pero ahora les ha salido toda la bilis”, afirma una de ellas, que insiste en separar a las personas migrantes de la política del país vecino: “Yo soy la primera que digo que [Mohamed VI] es un dictador. Pregúntales a ellos si quieren volver a Marruecos. Te dicen que no. ¿Cómo no puede entender eso la gente?”.

Llegar a Ceuta no era fácil, por eso Ossama entrenaba casi a diario para nadar lo más rápido posible. Antes del pasado 30 de julio, el adolescente había intentado alcanzar la ciudad autónoma en cinco ocasiones, pero ninguna con éxito. Los controles de los agentes marroquíes, cuenta, hacían difícil su salida y lo obligaban a recorrer largas distancias para esquivar ser detectado en el camino, pero ni aun así conseguía su objetivo. “Esta vez todo fue diferente”, dice con sonrisa tímida. “Me metí en el agua al lado de la frontera. Pasé al lado de los gendarmes marroquíes. Nadie nos paraba”.

Tampoco frenaron a Hamza. “Nos decían: ‘Vamos, vamos”, relata el joven. Ni a Mohamed, quien ha perdido la cuenta de las veces que lo había intentado hasta entonces. “Éramos muchos y nos dejaban pasar. La puerta de España estaba abierta”, describe el joven, de 27 años. Son solo tres de la decena de testimonios, recogidos por elDiario.es, de quienes llegaron a la ciudad autónoma los pasados días 30 y 31 de julio, cuando cerca de 70.000 migrantes rodearon a nado el espigón fronterizo sin apenas control marroquí, según su relato.

El Ejecutivo lleva días asegurando que no hay pruebas de que Marruecos estuviera detrás de la entrada masiva en Ceuta. Este jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia ante el pleno del Congreso, ha reiterado su posición y aunque sí ha reconocido tener confirmado que las fuerzas de seguridad marroquíes “permitieron” la entrada masiva al menos durante el día 30 de julio, asegura que el Ejecutivo desconoce si se trató de un hecho involuntario o intencionado.

Éramos muchos y nos dejaban pasar. La puerta estaba abierta

Hamza

“Sabemos que el 30 de julio la gendarmería permitió el cruce de la frontera. Y que después lo controló. ¿A qué se debió la falta de control? ¿Hubo incapacidad o inacción? Nuestros servicios de inteligencia darán con todas las claves. Vamos a hacer públicos todos los informes. De momento, ninguna de estas instituciones ha entregado evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara este episodio”, ha declarado Sánchez en la Cámara Baja.

Los testimonios de los migrantes y varias imágenes a las que ha accedido elDiario.es reflejan la falta de controles marroquíes de aquellas jornadas en la frontera con la ciudad autónoma. Un vídeo al que ha tenido acceso este medio muestra que la inacción de los agentes permaneció incluso el día 1 de agosto, al menos en algunos puntos de la frontera entre Marruecos y Ceuta.

En una de las imágenes, los agentes alauíes se encuentran en grupo, parados en una playa del extremo marroquí de la frontera, mientras a su lado una decena de chavales nadan con cierta tranquilidad a escasos metros de la orilla con dirección a aguas españolas. Una fuente policial española, presente en la frontera el día 30 de julio, también confirma haber sido testigo de la “permisividad” de las fuerzas de fronterizas del país vecino: “La pasividad era total”.

Pero “permisividad” o reducción de la vigilancia no es sinónimo de organización de la entrada masiva. Levantar los controles y dejar pasar a quienes tratan de llegar a España, una estrategia reiterada por el Reino alauí para presionar al Gobierno español en función de sus intereses políticos o económicos, es distinto a orquestar la totalidad de la entrada de 70.000 personas o enviar a miles de ellas a la frontera –como han deslizado diputados de distintas fuerzas políticas en el Congreso de Diputados este jueves–.

Los migrantes entrevistados por elDiario.es confirman la primera: todos los que entraron los días 30 y 31 de julio contactados por este medio aseguran no haberse encontrado la oposición habitual de los gendarmes fronterizos de Marruecos. Pero su versión sí choca con el relato de que miles de personas fueron “enviadas” o acompañadas a la frontera, al menos no con una intervención de las autoridades. Sí hablan de “consejos” o “ánimos” mientras estos atravesaban el espigón fronterizo.

“Yo sé que me dejaron pasar, pero no puedo saber por qué. No sé de política”, explica Hamza, un joven marroquí de 27 años que malvive desde su llegada a la ciudad en un asentamiento levantado en la playa del Trampolín. “Dicen que Marruecos querría quedarse con Ceuta. Si he salido de Marruecos es para vivir en España. Podría alistarme en el Ejército español para defender la ciudad antes que volver allí”, ejemplifica el hombre para distanciarse de una supuesta organización marroquí. “Dicen que nos ha mandado Marruecos, pero la mayoría queremos venir desde hace años. Si lo organizaron, yo no me enteré. Supimos que estaba abierta y entramos”.

Redes sociales y boca a boca

Hablan del boca a boca, de los avisos entre amigos o publicaciones en redes sociales, de las que de momento se desconoce un origen específico. Dicen que, de una manera u otra, les llegó el mensaje de que “la frontera de Ceuta estaba abierta”, lo que precipitó su salida para probar suerte. Unos estaban en grupos WhatsApp donde se organizaba la entrada desde principios de julio; otros improvisaron su travesía el mismo día al conocer que miles de personas estaban logrando su objetivo.

Estos testimonios recogidos por elDiario.es coinciden en parte con el informe policial realizado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF). “Las Redes Sociales resultan imprescindibles para lograr una propagación multitudinaria del llamamiento. En el caso de la convocatoria para el 30 de julio, como para las restantes entradas masivas, la viralización se produce en diferentes fases”, sostiene el documento.

Durante la madrugada del 30 al 31 de julio, por el paseo marítimo de Castillejos, la localidad marroquí más próxima a Ceuta, centenares de jóvenes corrían en grupos en dirección a la frontera, con el objetivo de adentrarse en el agua y comenzar a nadar. “Mientras la gente corría hacia la frontera, había varios furgones policiales aparcados en el paseo. Un agente marroquí estaba ahí parado, mirando su móvil, como si nada estuviese pasando”, explicó a elDiario.es una persona que se encontraba en ese momento en la zona. “Los dejaban pasar, no los frenaban”, añade.

Normalmente, cuando lo había intentado, casi cada cinco metros había un policía marroquí, desde la frontera hasta Rincón, casi cada cinco metros. Pero ese día no había nada. Habían desaparecido

Oussman

Youssef, un hombre de 40 años, conoció la convocatoria de entrada masiva a Ceuta en redes sociales. “Lo vi por Instagram, Facebook, TikTok y todo eso. Cogí un taxi de Tánger a Tetuán. Y luego otro de Tetuán a Castillejos. Al ver que la gente podía entrar, el conductor del taxi entró conmigo y dejó el taxi en una tienda de cosas Castillejos”, añade el hombre. A su lado, Oussman asegura que él ya “tenía un plan para intentar entrar a Ceuta a nado”, pero al acercarse e la frontera se sorprendió al ver a cientos de personas en la zona con el mismo objetivo. “Cuando llegué, todos estaban corriendo, había mucha gente”.

El adolescente marroquí pensó que se iba a encontrar un mayor despliegue policial. “Normalmente, cuando lo había intentado, casi cada cinco metros había un policía marroquí, desde la frontera hasta Rincón, casi cada cinco metros. Pero ese día no había nada. Habían desaparecido”, explica el chaval. Pensó que iba a tener que nadar desde un punto alejado de la frontera, pero acabó rodeando el espigón acompañado de cientos de personas.

“Los agentes no nos paraban. Decían: ‘Corre, corre’. Hasta había policías que se quitaron el uniforme y cruzaron con nosotros”, dice el pequeño, que proviene de una familia humilde. Según los testimonios recabados, el día 31 de julio algunos agentes marroquíes solo intervenían en un caso. “Si pisábamos el espigón, nos daban golpes en las manos. Nos decían que solo podíamos ir por el agua”, explica Hamza. A su lado, Mohamed asiente. “Decían: ‘Vamos, vamos, por el agua’, añade.

El testimonio de ambos jóvenes conecta con otro extracto del informe policial. “En las entrevistas realizadas, los inmigrantes relatan de forma prácticamente unánime que los efectivos policiales no sólo permanecían en actitud pasiva antes los intentos de entrada, sino que les ofrecían indicaciones para que accediesen a través del agua por la zona del Espigón de El Tarajal y no por otros accesos”, recoge el documento, al que ha accedido elDiario.es.

El informe de la Policía que señala la participación de Fuerzas de la Seguridad marroquíes no ha hecho cambiar de posición al Gobierno. El Ejecutivo considera que aún no existen “pruebas concluyentes” ni “evidencias” de que Marruecos esté detrás del paso masivo a Ceuta del 30 de julio. Así lo ha dicho Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados durante su comparecencia de este jueves, en la que ha revelado que el Ejecutivo convocó a la embajadora marroquí el pasado 21 de agosto tras las declaraciones públicas de varios ministros de Mohamed VI en las que reclamaban la soberanía sobre las dos ciudades autónomas. Este jueves también se ha conocido que las autoridades marroquíes han trasladado al Ejecutivo español que han abierto una investigación sobre la entrada.

“Soy consciente de las dudas, de los indicios. Pero señorías, como presidente del Gobierno me corresponde gestionar esta crisis con rigor y con prudencia. Y lo cierto y verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al Gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes”, aseguró este jueves.

Un menor marroquí de 17 años llegado a Ceuta durante la crisis migratoria del pasado mes de julio ha fallecido en un centro de acogida gestionado por la ciudad autónoma, según confirman fuentes del departamento de Infancia del Gobierno ceutí y el Ministerio de Sanidad. El adolescente padecía diabetes severa y había recibido seguimiento médico tras su llegada por esta razón, según fuentes del ejecutivo local.

El menor ha fallecido en su habitación del centro de acogida de La Esperanza (Ceuta) aparentemente por una “hipoglucemia severa”, según fuentes sanitarias. Un compañero de cuarto lo encontró sin vida cuando iba a despertarlo y avisó a los educadores, tal y como ha adelantado El Faro de Ceuta.

Según el Ministerio de Infancia, los centros de acogida de la ciudad autónoma albergan a 1.478 menores, una cifra que puede ser superior, dado que decenas de chavales de menos de 18 años siguen durmiendo a la intemperie, pese a sus intentos de acceder a un espacio de protección debido a la saturación de la red de acogida, tal y como ha comprobado este medio. Según el Ministerio del Interior, han sido identificados 2.168 menores migrantes llegados desde el 30 de julio a la ciudad autónoma.

Fuentes del Gobierno local y del Ministerio de Sanidad insisten que el menor fallecido se encontraba “controlado” y bajo seguimiento médico, sin embargo, el caso despierta las alertas sobre la atención recibida por los chavales llegados a la ciudad autónoma en un momento de colapso de sus recursos para hacerse cargo de los niños y adolescentes que han llegado solos a la ciudad.

Según el Ministerio de Infancia, tras la última crisis migratoria se ha producido un cambio en el perfil de los menores. Según sus datos, hay cerca de 700 niñas y se ha producido un incremento de niños por debajo de los 13 años.

Un grupo de militares camina por la principal calle comercial de Ceuta. A su alrededor, las mesas en las terrazas de varias cafeterías están ocupadas de ceutíes que disfrutan del festivo que conmemora la conquista española de la ciudad. Al paso de los uniformados, un grupo de vecinos vestidos con los colores de las banderas rojigualdas rompen en aplausos. “¿Donde se ha visto que haya militares en el centro de una ciudad? Pero ellos son los únicos que nos defienden”, dice un hombre, con su hijo en brazos, preparados para acudir a la manifestación para reivindicar la españolidad de la ciudad autónoma y cuestionar la gestión gubernamental de la llegada de 70.000 migrantes a la ciudad hace un más de un mes.

A unos 500 metros, otro grupo de militares intentaba despejar la zona de cualquier persona que pareciese migrante en situación irregular, en una ciudad caracterizada por la diversidad y la multiculturalidad. Cuando se topa con Youssef, uno de los migrantes marroquíes que entraron de forma masiva en la ciudad autónoma a finales de julio, se dirige a él en tono amenazante. “Te tienes que ir. Vete a Marruecos. Te voy a llevar yo mismo a la frontera, a Marruecos”, le dice el uniformado. El hombre se había acercado al centro de la localidad junto con Ossama, un adolescente marroquí de 17 años al que protege como su hijo, para intentar cargar su teléfono móvil. Nervioso trató de buscar ayuda ante lo que sería una actuación ilegal, pues una expulsión debe realizarse a través de un procedimiento administrativo. Cuando el militar es consciente de la presencia de la periodista junto al hombre marroquí, su tono amenazante se transforma en informativo. Deja de dirigirse al hombre afectado y solo da explicaciones a quien le acompaña: “Tenemos orden de despejar la zona de gente inmigrante”, apunta con una actitud ahora apaciguadora tranquila.

La directriz de evitar la presencia de personas recién llegadas a Ceuta de manera irregular tenía sentido y se explica con la tensión palpable en las calles de la ciudad autónoma durante las últimas semanas. “Si me lo hubiese dicho así, me habría ido. Pero me decía que me tenía que ir con él a la frontera de vuelta a Marruecos”, dijo el homre resignado. Mientras buscaba el modo de regresar al precario asentamiento donde malvive desde su llegada a la ciudad, algunos de quienes se acercaban al centro de Ceuta cubiertos con banderas de España dirigían miradas de sospecha hacia todo aquel que no pareciese ceutí. Durante el último mes, decenas de migrantes han denunciado agresiones de grupos organizados mientras dormían a la intemperie. Quienes ayudan a estas personas con el reparto de comida, como el colectivo No Name Kitchen o Cruz Roja, también han sufrido ataques verbales o acciones que obstaculizan su labor.

La población ceutí, compuesta por un 45% de población musulmana, comparte una sensación común de abandono institucional ante la llegada de migrantes. Un mes después, en una ciudad de 20 kilómetros cuadrados, la falta de respuesta gubernamental para la acogida de estas personas sigue siendo palpable en las calles de algunos barrios y playas de Ceuta. Pero entre quienes critican la respuesta y piden más apoyo para la ciudad autónoma existen enfoques muy diferentes. Por un lado, quienes observan la precariedad en la que vivien los recién llegados desde un enfoque humanitario y piden más recursos para la acogida de los recién llegados o traslados a la península ante la falta de capacidad de una localidad de apenas 85.000 habitantes. Por otro, muchos ceutíes han dado el paso a una postura más dura contra la inmigración, desde la que tachan a los recién llegados como “invasores” para los que reclaman su expulsión.

En la manifestación de este miércoles, los segundos hacían más ruido. “Expulsión, invasores”, gritaron en distintas ocasiones en la protesta, en la que han participado decenas de miles de ceutíes. Mientras ellos caminaban en una marcha que se transformó en una suerte de reivinidación de la españolidad de Ceuta, miles de personas continúan malviviendo en la ciudad ante la falta de plazas de acogida suficientes, mientras el Gobierno central se niega a agilizar los traslados de migrantes a la península, donde existen plazas para recibirlos en la red de atención humanitaria estatl. A la que no se sumaron las dos asociaciones de vecinos más activas en el apoyo a los migrantes porque “la consideran politizada”, se han repetido los cánticos contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan de abandono y “traición”.

“Nos sentimos abandonados. No existimos. Esa gente lleva un mes en las calles, no pueden estar así. No sé cuál es la solución, pero Ceuta es muy pequeña para absorber a tanta gente”, dice Marian, una mujer musulmana presente en la manifestación. En el manifiesto, una joven ceutí dendió la “soberanía española de la ciudad” y solicitó una respuesta “conjunta” del Estado y un “compromiso firme de la UE”. Aunque han acudido vecinas y vecinos musulmanes, su presencia en la protesta no es representativa con respecto al porcentaje de población en la ciudad autónoma.

La música ha acompañado toda la marcha, con canciones que reivindican específicamente la españolidad de Ceuta, así como el himno nacional o Paquito el chocolatero. El carácter fronterizo de Ceuta y la reivindicación histórica de Marruecos sobre las ciudades autónomas marcan la reacción de parte de la sociedad ceutí ante las llegadas irregulares, a la que muchos reaccionan con una exaltación de su pertenencia a España. La entrada de alrededor de 70.000 personas ha sido interpretada por parte de la población como un “ataque” el país vecino a la soberanía española, al entender que Marruecos no controló la frontera con “una intención política”. Sin embargo, en la manifestación ningún cántico mencionó el régimen marroquí, ni apeló directamente al país vecino, en una localidad que también depende de la actividad económica fronteriza.

En medio, algunas de las personas marroquíes llegadas en julio, a las que los cánticos acusaban de “invasores, insisten en diferenciarse del régimen del que huyen, así de unas supuestas pretensiones políticas de Marruecos que no son las suyas. ”No sé por qué pudimos pasar tan fácil, dicen que Marruecos quiere Ceuta, pero si viniesen a conquistarla, me ofrecería voluntario para defender a España. Yo no quiero invadir, quiero vivir aquí como uno más“, decía Hamza, horas antes de la manifestación, en uno de los asentamientos donde malviven en la ciudad desde hace más de un mes. ”No sé de política, no sé por qué Marruecos nos dejó pasar ese día, pero nosotros no lo hicimos para invadir o porque nadie nos lo ordenó. Solo queremos trabajar“, explica frente a la chabola levantada en una de las playas de la ciudad.

Según el discurso oficial, Ceuta es un “crisol de culturas”. Sus 80.000 habitantes se reparten casi a partes iguales entre la comunidad cristiana-occidental y la creciente árabo-musulmana. A ellas se suman la judía y la hindú, minoritarias pero con un peso socioeconómico muy significativo. Pero la sociedad caballa no se distribuye de la misma manera por la pequeña localidad fronteriza. Por un lado, el centro, antaño separado del continente por un foso, concentra a la población con mayor poder adquisitivo. Esta, conservadora y tradicionalista, siempre ha sido el feudo del PP, con un fuerte peso del funcionariado. En el primer cinturón de la periferia se agrupan los barrios de la primera expansión hacia el Campo Exterior con miles de viviendas militares, es el gran caladero de Vox. En el extrarradio se asienta la población árabo-musulmana, que concentra las mayores tasas de paro, infravivienda y fracaso escolar.

Finalizada la manifestación, algunos de sus participantes se relajaban en las terrazas del centro de la ciudad. Cada vez que un grupo de policías nacionales atravesaba la vía comercial principal, varias mesas estallaban en aplausos para vitorear a los agentes en una ciudad donde se percibe un fuerte respaldo ciudadano a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Según datos oficiales recientes, en Ceuta residen 1.041 miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, 3.218 militares y 300 policías locales. En una localidad de 80.000 habitantes con tal peso del funcionariado policial, pocos son los caballas que no cuentan con un familiar o amigo militar, policía o guardia civil.

La marcha, calificada de histórica por muchos de sus participantes, se desarrolló de forma pacífica en términos generales. Sin embargo, los ataques a los periodistas, especialmente a aquellos de medios considerados progresistas, fueron constantes. Durante las conexiones en directo de sus trabajadores, los insultos por parte de algunos manifestantes se repitieron, pero el punto álgido de violencia contra los informadores se produjo en el último tramo de la manifestación, cuando un trabajador de Televisión Española fue agredido por uno de los manifestantes mientras el profesional informaba de la protesta, lo que motivó la detención del agresor, según ha podido saber elDiario.es.

Los últimos coletazos de esperanza en Pereira estaban en un solo punto de la ciudad: el Hotel Dibeni. Los equipos profesionales concentraban esfuerzos en sus ruinas, donde rescatistas y autoridades aseguraron detectar varias “señales de vida”. Los voluntarios que retiraban escombros en cadena humana se animaban unos a otros, aferrándose a cada sonido, a cada posible contacto, a cada mínima posibilidad de encontrar supervivientes mientras el olor a descomposición empezaba a sentirse cada vez más fuerte en los restos del temblor que azotó el eje cafetero de Colombia. “Hay vida”, se decían quienes hablaban de posibles “milagros”.

No solo eran suposiciones de los voluntarios. La directora de los Bomberos de Pereira afirmó que una mujer atrapada bajo los escombros mientras abrazaba a su hija había respondido a los contactos, pero el día acabó y no hubo vida. De las tripas del edificio solo pudieron sacar ya cuerpos de quienes pasaban la noche en uno de los hoteles más grandes de la ciudad.

Tampoco hubo milagro en el rescate de Daniela Largo, una mujer que había permanecido 36 horas entre los escombros y cuyo rescate había supuesto un momento de esperanza de las labores de búsqueda en Pereira. Finalmente falleció tras once días en cuidados intensivos. El terremoto ha dejado hasta este sábado 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Cuando muchos aún hablaban de vida en las entrañas del hotel, un rescatista caminaba sobre los cascotes con una maleta negra. Era la bolsa de viaje de Juan Felipe Giraldo, de 24 años, un comerciante de Bogotá que había llegado a Pereira unas horas antes del seísmo. Su padre, Hernán Giraldo, lo buscaba desde el pasado lunes y, casi siempre presente durante las labores de búsqueda, presenciaba cada intento de contacto de los equipos de rescate con posibles supervivientes con la esperanza de recibir una nueva “señal de vida” a la que aferrarse. Este viernes, como también el jueves y el miércoles, las hubo. Los sonidistas y los escáneres habían localizado posibles signos de personas supervivientes: un sonido, calor en determinadas zonas, la identificación del lugar por parte de los perros militares... Pero la jornada de rescate del quinto día tras el terremoto ha demostrado que el protocolo utilizado para la detección de supervivientes no era concluyente y carecía de la fiabilidad suficiente. Después de días de trabajos, en los que muchos rescatistas —profesionales y voluntarios— apenas han dormido, muchos se aferraban a cualquier atisbo de supervivencia y celebraban signos de vida que acabaron por no ser.

El padre de Juan Felipe recorría los alrededores del hotel, mostraba la foto de su hijo, contaba su historia y respondía a las preguntas de quien se le acercase. No sé movía de allá y siempre esperó ese milagro que no llegó. “Hay vida, hay pequeñas señales de vida. Y si hay vida, hay esperanza”, insistió el hombre en conversación con varios medios de comunicación. “Estoy seguro de que está vivo”, decía. “Es un verraco”.

Este viernes, tras horas de trabajos en la zona, los rescatistas lograron acceder a la que era la habitación de Juan Felipe, la 105. Primero localizaron su maleta. Su padre se acercó a la zona acordonada para recoger y confirmar que eran las pertenencias de su hijo. El joven iba a casarse este domingo. Tenía un niño de dos años.

Horas después localizaron el cuerpo y el miedo contenido durante días se transformó en llanto. Hernán Giraldo, acompañado ya de otros familiares, se abrazaron en el suelo mientras los equipos de rescate ultimaban la extracción del cuerpo de su hijo. El cadáver descendió desde los escombros y fue enviado a la morgue. Tras el furgón de la Fiscalía, su padre, cabizbajo, arrastraba la maleta de su hijo.

“Ya están saliendo escombros con restos en descomposición, pónganse los tapabocas”, se advertían los voluntarios entre sí. También pedían Vicks VapoRub, el ungüento mentolado que ponían bajo su nariz para tratar de paliar el olor que procedía del piso más bajo del hotel.

Pasadas las horas, las evidencias de posibles supervivientes se debilitaron. “Cualquier movimiento de las placas del edificio puede confundirse con supuestos golpes, con respuesta de una persona atrapada”, matiza el capitán de los Bomberos de Pereira, quien entrada la tarde descartó que se encontrasen entre los escombros una madre y su hija.

El capitán saca de su bolsillo un papelillo doblado y redoblado. En él aparece un listado de nombres, la mayoría tachados: unos, la minoría, por haber sido rescatados con vida. Otros porque lograron salir antes del colapso del edificio. La mayoría, porque han sido localizados sus restos mortales. Su teléfono acumula mensajes con alguna de esas personas y sus familiares. Es la forma que tiene de averiguar las personas desaparecidas entre los restos del edificio y enfrentar la desinformación que surge en cada pequeño atisbo de vida percibido por los operarios.

De todos los nombres apuntados, solo quedan dos: Mario Zapata y Brenda Flores: “Según nuestras informaciones, solo quedan ellos por sacar”.

Mario Zapata y Brenda Flores habían viajado desde México a Colombia de vacaciones. Su familia aún no ha podido viajar a Pereira, pero un voluntario colombiano está en contacto con una de sus hijas para trasladar toda la información de la que disponga.

Las labores se centraron entonces en la zona donde tenían más evidencias de encontrar entre las placas derrumbadas del hotel una pareja de mexicanos. “No se sabe si están vivos, pero tras más de 96 horas bajo los escombros es muy complicado encontrarles con vida”, explica el capitán de los bomberos.

En lo alto de las placas del edificio era habitual encontrar a Edwin Jiménez señalando un lugar a otro de los entresijos del mamotreto derribado. Es el propietario del edificio y, horas después de la catástrofe, solicitó a la gestora del hotel los listados de huéspedes y asumió la coordinación de parte de la búsqueda de desaparecidos. En su bolsillo siempre lleva un mapa del hotel realizado por el mismo. También un listado de los colores de las sábanas que cubrían las camas de cada planta para localizar en qué piso se encontraban para tratar de alcanzar a los clientes desaparecidos con la guía de los cuartos donde descansaban en el momento del sismo. “Creemos que ya solo nos quedan dos”, reitera Jiménez, en contacto directo con los bomberos.

Del Hotel Dibeni, también salieron personas con vida segundos antes de derrumbe. Ronaldo (nombre ficticio) juega con sus hijas en uno de los albergues improvisados en un parque de Pereira, mientras su esposa dobla la ropa que lograron rescatar de los escombros del que fue su hotel. La familia procede de Curaçao y estaba de vacaciones en Colombia. Sobre los colchones extendidos bajo una carpa de emergencia, una de sus niñas canta mientras su padre explica cómo salieron a la carrera del hotel donde hacían base para explorar el turístico eje cafetero colombiano. “Estábamos desayunando, en la última planta, y empezó a temblar. Corrimos por las escaleras, todo se movía. En cuanto salimos, el edificio se cayó”, explica el hombre. Con las carreteras bloqueadas, la familia tuvo que pasar unos días en el albergue hasta lograr regresar a Bogotá para tomar su vuelo de regreso a casa.

El sexto día tras el terremoto apenas nadie habla ya de vida, aunque los rescatistas escarban entre los escombros como si fuera posible. Las máquinas han pasado a hacer la mayor parte del trabajo, al entender las bajas posibilidades de localizar supervivientes. Tras esta fase de emergencia y rescate, empieza el duelo y la reconstrucción. “Estamos muy cansados. La adrenalina nos ha mantenido ayudando, casi sin dormir y sin pensar. Ahora toca empezar de nuevo”, resume Camilo, uno de los voluntarios que salió a la calle a ayudar desde las primeras horas después de la tragedia. “Que no nos olviden. Queda mucho trabajo”.

Una voz ordena guardar silencio a través de un megáfono. Su directriz se replica y, en efecto dominó, llega a los oídos de todo el que rodea una de las búsquedas de supervivientes esparcidos por la ciudad de Pereira. Los rescatistas sueltan las palas, la grúa apaga el motor, las motos frenan su trayecto. Claudia deja de avisar a sus vecinos de que hay bocadillos para quien quiera, María para el reparto de agua y Eduard posa en el suelo un cubo lleno de escombros. Y empiezan a alzar sus dos brazos, estirados, con los puños cerrados. La vorágine y el griterío se transforman en un absoluto silencio.

En cada una de estas escenas, un rescatista rompe el silencio y dirige su mirada a las ruinas donde llevan días trabajando:

- Les habla el equipo de rescate. Si hay alguien con vida, hagan ruido.

El silencio regresa, aún con más intensidad, y se transforma en una escucha colectiva. Los rescatistas, junto a los vecinos que solo presencian la escena, se esfuerzan en tratar de percibir una respuesta. En oir un golpe, un quejido, una palabra que les anime a mantener la esperanza de vida entre cascotes. Algunos equipos cuentan con sonómetro e introducen un pequeño micrófono después de abrir ventanas de acceso a las tripas del derrumbe. Otros solo tienen sus oídos.

En el sector de La Lorena, intentaban escuchar la voz de Tuto. En lo que queda del Hotel De Beni, la de Ángela y la de Jovani; unos 200 metros más allá, la de Juan Fernando, un comerciante que pasaba la noche por trabajo en un hotel de la ciudad que colapsó por completo.

Los operarios más próximos al lugar donde piensan que se encuentra Tuto sepultado por los escombros rompen la calma. Sus manos abandonan la tensión de sus puños y empiezan a aplaudir. “¡Hay vida!”, grita la voz del megáfono. Los vecinos se abrazan, se emocionan, aplauden. Un minuto después, regresa la actividad del rescate con aún más apremio. “¡Denle, denle! Sigamos trabajando!

La escena, repetida durante los primeros días tras el terremoto de Colombia –que ha dejado ya 273 muertos, según el recuento oficial–, se produce cada vez con menos frecuencia con el paso de las horas, pero continúan, especialmente en el centro de la ciudad. La probabilidad de respuesta, de que sigan con vida algunas de las decenas de personas que se estima que continúan bajo los edificios colapsados de Pereira, una de las más afectadas, desciende.

Hay un momento tope en el que piensa cada rescatista y voluntario: el cumplimiento de las 72 horas después del temblor. Superado el plazo, las posibilidades de mantener la vida entre los restos del terremoto son mínimas, según los equipos de rescate de Colombia.

En la noche de este miércoles, esa frontera temporal resuena en la mente de los equipos desplegados en las calles de Pereira. El tiempo se agota y la urgencia se percibe en cada uno de los puntos donde aún existe esperanza de vida bajo las ruinas. “Se acaba el tiempo. Y, cuando escuchas una voz, da mucha rabia dejar de escucharla. Duele mucho sacar un cuerpo sin vida cuando respondía bajo los escombros”, dice Andrés, mientras observa desde la distancia cómo los equipos profesionales trabajan en el mismo lugar donde él y sus compañeros voluntarios lo hicieron sin apenas manos de equipos oficiales durante las jornadas anteriores. Él había estado presente cuando pidieron silencio en su intento de escuchar al “panadero”, el hombre que regentaba uno de los negocios del Parque de la Libertad convertido ahora en polvo y cascotes. En la mañana de este miércoles localizaron su cuerpo sin vida.

En ese mismo lugar, los operarios aún buscaban en la madrugada de este jueves a varias personas que podrían encontrarse con vida bajo los restos de varios comercios de la zona y un hotel donde vivían personas de escasos recursos. A Marian le han dicho que su primo Pablo fue a comprar el pan a primera hora de la mañana. “Un amigo dice que cuando todo empezó a temblar, los dos corrieron hacia la puerta. Pero cree que él no llegó a salir”, cuenta la mujer, sentada en un cubo de plástico frente a las grúas situadas delante de los restos donde podría estar el familiar que tanto espera.

Sentado sobre dos ladrillos, Luis Fernando no quita ojo a los movimientos de los operarios en otro de los edificios en ruinas de la ciudad. Desde la acera, saluda a su hijo con la mano y este se lo devuelve moviendo el casco de obra. Ambos buscan a su familiar, Carlos Fernando, atrapado en el tercer piso de uno de los hoteles desplomados en Pereira. “Nos han dicho que hay vida y nos ha dado un poco de esperanza”, dice el señor, con una pala entre sus manos. “¿Cómo será morir atrapado?”, se pregunta mientras un batallón de voluntarios continúa retirando escombros. “No se lo desearía a nadie”, se contesta.

Unas horas cruciales

El Gobernador de Risaralda, el departamento donde se encuentra Pereira, explica a elDiario.es que estás horas son clave. Por eso, afirma, los esfuerzos oficiales están centrados en la búsqueda y rescate en esta primera fase. Superadas las 72 horas, agrega, empezarán a trabajar en los planes de reconstrucción, en el “ahora qué” en el que tanto piensan los miles de ciudadanos afectados por el sismo, que han visto destrozadas sus viviendas o esperan la comprobación del estado de su edificio para valorar si es seguro regresar a casa. Las autoridades calculan que 9.215 viviendas están destruidas, otras 45.457 dañadas y 140 edificios han colapsado.

“Estoy desempleada y, lo único que tenía era un piso en propiedad, que heredé de mi madre. Pero tengo miedo de volver. El edificio no ha colapsado, pero ha quedado muy dañado y no aparece seguro”, explica María del Rosario Arango Espitia, sentada en un pequeño taburete en el Albergue Parque Olaya Herrera, unas carpas levantadas por el Gobierno del departamento.

Sin otro lugar al que ir, pasa sus noches en los colchones dispuestos en el suelo para los afectados del sismo. “Aún no tenemos información de las ayudas. Esperemos que nos digan pronto”.

El paso del tiempo también incrementa las posibilidades de que las llamadas de los supervivientes sean respondidas con más silencio. Horas después de haber contactado con Tuto, hombre de unos 50 años muy querido en el sector de La Lorena, uno de los más golpeados de Pereira, los intentos de conocer su estado se interrumpieron. Tuto dejó de dar golpecitos entre los escombros, como había hecho en al menos tres ocasiones, pero los rescatistas no dejaron de retirar cascotes en su búsqueda. Durante la madrugada, apareció su cuerpo, ya sin vida.

En la última madrugada antes de la finalización de las 72 horas iniciales, cuesta confirmar la vida oculta bajo los cascotes; pero muchos rescatistas oficiales y, especialmente, voluntarios, no se van a dormir. “No quiero irme a casa por si me necesita. Puede ser el último rescate”, se escucha en el centro de Pereira.

Del esqueleto de lo que hasta este lunes a las 7:35 de la mañana era un hotel en una céntrica plaza de Pereira, empiezan a escucharse quejidos de dolor. Una hora después del temblor que ha dejado al menos 240 muertos en Colombia, varios familiares y voluntarios tratan de obtener una reacción procedente del fondo de una de las montañas de escombros repartidas por la ciudad. Preguntan por dos nombres: Alejandra y Valentina. Al principio, ambas respondían. Horas después, Valentina dejó de hacerlo.

Alejandra y Valentina quedaron atrapadas bajo los pilares del edificio cuando el fuerte temblor de magnitud 7,4 hizo caer el techo sobre la habitación en la que dormían. Estaban abrazadas, según aseguran tres miembros del operativo a elDiario.es. Durante 12 horas, los equipos de rescate, formados por bomberos, enfermeros, voluntarios, militares y familiares de las víctimas, estuvieron hablando con Alejandra, quien permaneció consciente en todo momento y colaboró en sus propias labores de rescate.

Según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), Cali es la ciudad donde se registraron más fallecidos, 85. Le sigue la localidad de Pereira, capital del departamento de Risaralda y una de las ciudades más cercanas a San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, con más de 70 muertos.

Rescates como estos se han sucedido durante todo el lunes de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad de Pereira, el corazón del eje cafetero colombiano, donde profesionales y voluntarios siguen trabajando en las decenas de edificios colapsados durante el terremoto. Los vecinos acercan agua a los rescatistas, forman cadenas humanas para retirar los restos de las viviendas y facilitar el trabajo a los bomberos y utilizan megáfonos para avisar de las necesidades en cada rescate. Durante la noche, algunos aproximan sus motos para alumbrar con los focos las maniobras de socorro o avisan a gritos a los bomberos ante posibles señales de vida desde las tripas de las ruinas de las construcciones desplomadas.

Carolina Ocampo es una de las bomberos especializadas en enfermería que permaneció horas junto a Alejandra y Valentina para tratar de salvar su vida. “Ellas están abrazadas. Están de frente y están abrazaditas”, explicó la sanitaria que tuvo que escurrirse entre los escombros para estabilizar a la superviviente, cuya pierna izquierda se encontraba atrapada bajo los casquetes.

Cada vez que las rescatistas ascendían del lugar donde Ángel había encontrado a su hermana, el joven colombiano trataba de obtener información sobre el estado de Valentina. “Sabemos que Alejandra está con vida, pero nadie menciona a Valentina. Primero nos dijeron que respondió, pero ahora nadie nos dice nada...”, decía horas antes de confirmar la muerte de su familiar. Su hermana mayor le había dicho que dormiría en Pereira, pero que pasaría por la casa familiar a recoger su uniforme de trabajo. “No llegó y fui a buscarla a los hoteles en los que se solía quedar. Vine aquí el primero y, al verlo así, supe que estaban ahí dentro”.

El hermano comenzó a buscar alguna señal entre los restos del hotel. Entre los escombros encontró la chaqueta de Valentina. Al lado, estaba también su mochila y su telefono móvil. También localizo enseres personales de Alejandra. “Empezamos a llamarlas y Alejandra respondió. Y los bomberos comenzaron a trabajar en esta zona”.

“Ha sido un poco difícil porque tenía una de las extremidades muy atrapadas con bloques de la vivienda. Hemos estado pasando líquidos, oxígeno, inyectando la medicación en vena, tomando sus constantes... lo que se hace en un hospital, pero aquí, bajo esa cantidad de escombros. Ella habla, coopera, dice que le duele la pierna y que no la toquemos, pero hemos tenido que hacer trabajo con maquinaria pesada. Ha sido muy valiente, ha soportado y en todo momento nos ha respondido”, explica Ocampo a este medio. La administración de oxígeno ha sido muy compleja. Se ha hecho difícil porque estaba muy adentro“.

“Lamentablemente, sobre el mediodía, una de ellas no respondió”, indicó. “Cuando el edificio se derrumbó, se quedaron en medio de dos colchones. Lo que le salvó fueron los colchones”, dice la sanitaria.

Vecinos, militares y bomberos jalaron una cuerda para levantar los restos pesados de la construcción. Entre quienes empujaban estaban los hermanos de Valentina. Una vez despejado el acceso, caída la noche, los rescatistas lograron sacar a una de ellas con vida. Los vecinos que observabn la escena rompieron en aplausos. Sus familiares pedían entre llanto poder acercarse. “Solo quiero verla viva, solo quiero verla”, decía su hijo. “Deje que nos vea, que sepa que estamos aquí”, le decía su hermana a los agentes.

Cuando la ambulancia se llevó a la superviviente, entre vítores de los rescatistas y vecinos, Ángel y sus otros dos hermanos contenían la respiración. Los bomberos pidieron que acudiera un médico para confirmar lo que imaginaban. El sanitario se introdujo en las tripas del hotel derruido y, tras su salida, los equipos de rescate se acercaron a los familiares de Valentina. La confirmación de la muerte de su hermana rompió el llanto contenido durante horas, entre gritos de dolor. El silencio regresó entre los vecinos que contemplaban la escena.

Debían sacar a Valentina. Sus tres hermanos regresaron a la zona derruida para ayudar a los rescatistas. Mientras aún caían lágrimas por su rostro, jalaban con fuerza de la cuerda que buscaba facilitar la extracción del cuerpo su hermana. Cuando lo lograron, los bomberos abandonaron la zona mientras esperaban la llegada de los equipos forenses y la Fiscalía para realizar el levantamiento del cadáver. Los tres hermanos se quedaron en lo alto de la montaña de escombros. Querían verla. Allí permanecieron, cerca de los restos de su hermana, hasta el levantamiento del cadáver.

Los rescates se sucedieron a lo largo de la jornada de este lunes, mientras que decenas de personas aún buscan a sus desaparecidos. En la plaza de Bolívar, un bloque completo de oficinas se derrumbó durante el temblor cuando decenas de personas trataban de encontrar un lugar seguro mientras el suelo rugía. Horas después, cientos de vecinos formaron una cadena humana para retirar los escombros en busca de algunas personas que respondían a las llamadas de los bomberos. Los medios estatales no eran suficientes para atender la demanda de una ciudad desbordada ante la catástrofe, que ha obligado al Gobierno local a declarar un toque de queda y la situación de emergencia.

El desbordamiento también se evidenció en la tardanza en la retirada de algunos de los cuerpos de las víctimas mortales del sismo. Una mujer estaba desplomada en medio de una de las calles del centro de Pereira, tal y como presenció elDiario.es. A su lado, una pareja se agarraba las manos y sollozaba mientras esperaban la llegada de la Fiscalía, como establece el protocolo de Colombia como precaución tras décadas de lucha contra el crimen organizado. Mientras la tierra temblaba este lunes en Colombia, un escombro había alcanzado a la mujer cuando intentaba ponerse a salvo. Cinco horas después del terremoto, su cuerpo permanecía en el suelo sin recoger. Tampoco había mantas para cubrirlo. Sus familiares, en visible estado de shock, permanecieron junto al cadáver durante horas custodiados por dos agentes policiales.

Los efectos del terremoto colapsaron los hospitales de Pereira. Durante toda la mañana, el hospital de San Jorge permaneció desbordado. Sus equipos sanitarios se vieron obligados a atender a decenas de pacientes en el exterior del edificio. “Tuvieron que sacar a los pacientes de planta. Hemos estado colapsados. Ha sido muy difícil”, decía una enfermera al acabar su turno. El terremoto lo vivieron en el interior del centro sanitario, que también resultó afectado pero no lo suficiente para parar su actividad. “Salíamos de una guardia, pero doblamos el turno. No podíamos irnos a casa así”.

La Conferecia Sectorial de Inmigración ha quedado suspendida por falta de cuórum tras el desplante de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. La reunión, destinada a abordar cuestiones como el balance del proceso de regularización extraordinaria de migrantes, el nuevo plan de integración y la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, solo ha contado con la representación de seis autonomías: la Comunidad Foral de Navarra, Euskadi, Catalunya, Canarias, Asturias y Castilla-La Mancha.

Tras la frustrada convocatoria, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha confirmado ante los medios la cancelación del encuentro y ha agradecido “el ejercicio de lealtad institucional y proactividad” de las comunidades asistentes, con cuyos representantes mantendrá reuniones individuales a lo largo de la jornada.

En su intervención, Saiz ha recordado que a esta cita estaban convocados, por primera vez, consejeros autonómicos que asumieron las competencias de políticas migratorias tras los pactos entre el PP y Vox en diversos territorios. En este sentido, ha cuestionado si el plante masivo responde a directrices impuestas desde la sede nacional o a la presión de la extrema derecha: “No sé si esta actitud y este comportamiento se ha decidido en Génova o ha sido siguiendo la estela marcada por Vox en esta cuestión”, ha enfatizado.

La ministra.ha arremetido contra la postura del PP, acusándola de derivar hacia posiciones extremistas. “Esto es lo que el Partido Popular tiene para España: la nada, la ausencia y la espantada. El Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado para ser un partido antisistema”, ha afirmado la ministra.

La titular de Migraciones ha lamentado que el plantón del PP impida debatir asuntos que “afectan al mercado laboral y al bienestar social” de los territorios. Como ejemplo de los datos que se iban a exponer, Saiz ha señalado el impacto en la Comunidad de Madrid, donde “hay más de 50.000 personas que ya están cotizando y que vienen precisamente del importantísimo proceso de regularización extraordinaria”.La ministra ha confirmado que “casi el 70%” de los expedientes de regularización extraordinaria se encuentran ya en fase de tramitación.

Hace unas semanas, José (nombre ficticio) celebraba la firma de su primer contrato de trabajo en España. Después de casi un año en situación irregular, encadenando empleos inestables y abusivos en el sector de la construcción, el hombre había logrado un puesto con todos sus derechos reconocidos gracias al permiso provisional ligado a la regularización extraordinaria. Ahora, los retrasos en la tramitación de las solicitudes y la tardanza en el envío de instrucciones escritas por parte del Gobierno han hecho peligrar su empleo, así como el de otras personas en su situación, ante una interpretación sobre la validez de esta autorización de trabajo que varios abogados y el Ejecutivo consideran “errónea”.

“La empresa me ha avisado de que, si no recibo respuesta de mi solicitud, mi permiso de trabajo dejaría de estar activo y tendrían que interrumpir el contrato”, explica con preocupación. No es el único, ONG y abogados han alertado de los primeros despidos, la pérdida de oportunidades laborales o la imposibilidad de registrarse como demandante de empleo debido a esta misma interpretación y la falta de respuesta durante meses por parte del Ejecutivo.

“Este tema me tiene muy abatido, espero que se aclare, porque no es nuestra culpa que tarde en llegar tanto la respuesta”, decía el hombre, que buscó por distintos medios si había algún tipo de instrucción oficial por parte del Ejecutivo. No encontró nada al respecto, hasta este jueves. Para tratar de frenar este efecto, el Gobierno ha enviado a la comisión sectorial tripartita de inmigración, entidades colaboradoras, sindicatos, abogados y al SEPE un escrito oficial informativo donde aclara que el permiso provisional de residencia y trabajo ligado a la admisión a trámite de la regularización es válido hasta la resolución de la solicitud y que, en caso de no recibir respuesta en los tres meses de plazo establecidos, no se entenderá como desestimada de manera automática.

El origen del problema procede de la ambigüedad de la redacción de la normativa y del documento que confirma la autorización de residencia provisional a cada solicitante. El real decreto que regula la regularización garantiza un permiso de residencia y trabajo durante el tiempo en que se estudie la solicitud, que la norma sitúa en un plazo de tres meses desde el registro de la petición. Sin embargo, el Ejecutivo no está cumpliendo con sus propios plazos y, superados esos tres meses, cientos de miles de migrantes se topan con dudas acerca de la validez de dicha autorización entre empresas e instituciones.

José registró su petición de regularización extraordinaria el 29 de abril, pero hasta mediados de junio no recibió el permiso de trabajo provisional que conlleva la admisión a trámite de la petición. El próximo 29 de julio, por tanto, el Gobierno debería haber resuelto de forma definitiva su expediente, pero el retraso acumulado hace sospechar que no recibirá la resolución definitiva para entonces. Llegado este punto, sus empleadores, como los de otras personas en esta misma situación, le han preguntado sobre la respuesta de su solicitud y le han trasladado que, de no tenerla antes de la semana que viene, entienden que su autorización caduca y, por tanto, sería despedido.

Alessia es otra de las afectadas. Hace algo más de un mes, fue contratada para trabajar en un centro de mayores. “Desde el principio me dijeron que, cuando pasasen los tres meses, si no recibía una respuesta favorable no podría seguir trabajando”, explica la mujer latinoamericana, que hasta ahora había trabajado por horas en el sector de limpieza. Tras un mes cotizando, sus días de alta en la Seguridad Social se verán interrumpidos. “Al final, solo trabajaré hasta la próxima semana, porque dudo que salga la resolución estos días”, lamentaba este miércoles en conversación con elDiario.es.

Lo que dice la norma

La norma que regula la regularización extraordinaria no establece un plazo de vigencia de tres meses para el permiso provisional de trabajo, como están interpretando muchas empresas y gestorías. “Una vez admitida a trámite la solicitud presentada [...] y hasta que se resuelva el procedimiento, se autorizará, de forma provisional, a las personas solicitantes a residir y, en caso de que se encuentre en edad laboral, a trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia en todo el territorio nacional y en cualquier ocupación o sector de actividad”, recoge el Real Decreto. El plazo es, por tanto, hasta que se resuelva la solicitud.

El problema es que la normativa, así como el escrito que recoge la concesión del permiso de trabajo, destaca la posibilidad de que, ante la falta de respuesta durante ese plazo, se pueda entender por desestimada la solicitud de regularización.

Por un lado, el documento detalla que “la denegación de la solicitud [de regularización] supondrá la automática pérdida de vigencia de la autorización para trabajar”. Por otro, el escrito añade que “el plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de tres meses. Transcurrido el mencionado plazo, la solicitud podrá entenderse desestimada”. Y esta última frase es la que está generando dudas en muchas empresas, al dar por hecho que la falta de respuesta significa de manera automática una negativa, cuando no es así, según el Gobierno y los abogados especialistas consultados.

El escrito oficial enviado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a distintas entidades implicadas explica el criterio oficial de aplicación de la normativa en relación con los permisos provisionales ligados a la regularización. El Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, “disponen, expresamente, que desde la comunicación de inicio de la tramitación del procedimiento y hasta su resolución, la persona solicitante quedará habilitada provisionalmente para residir y trabajar en España”.

En caso de no ser resuelta, el Gobierno descarta que en estos casos aplique el silencio negativo como están interpretando muchos empleadores: “El silencio administrativo negativo opera exclusivamente como una ficción legal establecida en beneficio de la persona interesada para permitirle acceder a las vías de recurso procedentes frente a la falta de resolución administrativa, pero no equivale a una resolución denegatoria expresa ni produce por sí mismo todos los efectos materiales que la normativa anuda a la denegación de la solicitud. Por esta razón, la jurisprudencia ha venido señalando reiteradamente que el silencio negativo constituye una mera ficción procesal derivada del incumplimiento por la Administración de su obligación de resolver y que no exime a esta de dictar resolución expresa”.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, también ha afirmado en varias ocasiones ante la prensa que “todas las solicitudes serán respondidas, sea de forma negativa o positiva” y, por lo tanto, la Administración se ha comprometido a no aplicar el silencio negativo en la regularización.

Abogados confirman la validez del permiso

En esta línea, varios abogados expertos en Extranjería sostienen que la normativa garantiza la validez del permiso de residencia provisional hasta que el solicitante reciba la concesión o denegación de la petición. “Lo que dice el permiso es que ‘podrá entenderse desestimada’, lo que jurídicamente tiene una significación distinta ‘se entenderá’”, explica Felipe Garoña, letrado especializado, a elDiario.es. Ese ‘podrá entenderse’, añade, “quiere decir que es el interesado quien tiene la potestad de aplicar el efecto del silencio administrativo a efectos de interponer un recurso, pues la obligación de resolver de la Administración viene impuesta en la Ley de Procedimiento Administrativo ineludiblemente”.

Ante las preguntas recibidas por los trabajadores y sus empleadores, el despacho de Garoña está aconsejando “mantener los efectos de la admisión provisional hasta la resolución definitiva” porque “ las empresas están obligadas a cumplir el contrato no siendo esto causa de extinción de la relación laboral”.

En esta línea, el abogado Pau Ventura ha publicado un post en su conocida cuenta de Instagram sobre asuntos de extranjería. “El permiso provisional no caduca a los tres meses. Se está extendiendo entre muchas empresas una interpretación equivocada que está provocando problemas reales de contratación y despidos. Los tres meses no son la duración del permiso de trabajo, sino el plazo que tiene la Administración para intentar el expediente”, añadía.

“Miles de afectados”, según ONG

“Las empresas tienen miedo de las inspecciones de trabajo y que les multen por tener personas sin permiso activo, pero el permiso está activo hasta que la resolución de concesión o denegación llegue”, sostiene Edith Espínola, portavoz de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), una de las ONG colaboradoras del proceso de regularización y parte del movimiento impulsor de la medida.

Ante la confusión de las empresas, el Gobierno no ha emitido ninguna nota informativa oficial que disminuya los miedos de las empresas. “Han tardado mucho las instrucciones”, añade Espínola, quien asegura que son “miles” las personas afectadas. Mientras algunos ya estaban contratados, otros se encuentran con la negativa de sus empleadores a ser dados de alta en la seguridad social por esa incertidumbre ligada al permiso.

La activista destaca esos otros efectos más allá de los despidos de quienes ya estaban contratados. Muchos migrantes con su petición admitida a trámite han perdido oportunidades laborales o han tenido que retrasar su registro como demandantes de empleo por esta confusión ligada a la validez de los permisos provisionales. “Quienes presentaron los primeros días del proceso, para julio ya dejaría de estar válido según esa interpretación. Pero le acaba de salir la admisión a trámite, por lo cual no le quieren a muchos no les quieren dar el alta o apuntarles como solicitantes de empleo”, añade.

Un agente detiene a un joven en mitad de la calle. Cuando este le pregunta el motivo, el policía responde: “Pues porque eres negro, por qué te voy a parar”. La escena, recogida en el libro La frontera del azar (Editorial JANDE), condensa la realidad del perfilamiento racial en España: una práctica policial denunciada por organismos de derechos humanos que convierte los rasgos y el color de la piel en un motivo de sospecha. Su autor, el periodista y Youssef Ouled, analiza en primera persona cómo este tipo de controles policiales no son un hecho aislado, sino el reflejo del racismo estructural que, entre otros sesgos, asocia la blancura a la nacionalidad. Ese racismo que está detrás del polémico artículo de Mariano Rajoy sobre la selección francesa pero que, recuerda el autor, va mucho más allá de comentarios anecdóticos.

A través de las páginas del libro, Ouled recorre el impacto de estas paradas cotidianas, capaces de condicionar desde el gesto de correr para no perder un autobús, explica, hasta la renuncia a participar en una manifestación por miedo a ser identificado. La obra de denuncia aterriza en un momento de balance político, tras una regularización extraordinaria impulsada por la sociedad civil, para señalar las costuras de unas leyes de extranjería y una segregación residencial cuyas bases siguen intactas, reitera el también activista antirracista. Entre la crónica del activismo que hace una década reclamó su propio espacio y la reparación íntima de unas cartas finales a su padre y a su hija, la entrevista traza la radiografía de un país donde el DNI, para muchos de sus ciudadanos, sigue siendo “una pertenencia puramente nominal”, recalca entre sus páginas.

El libro gira sobre el perfilamiento racial en todas sus expresiones. Empecemos por explicar el concepto. ¿Qué es perfilamiento racial?

El perfilamiento racial es una forma de actuar que yo circunscribo mucho a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero es también una lógica que trasciende a la policía. Por un lado, se refiere a aquellas actuaciones policiales cuya motivación no tiene que ver con lo que tú has hecho como persona, sino con una sospecha que recae única y exclusivamente sobre tu condición racial. La policía interviene, te para en la calle, no para impedir que cometas un delito, sino que te identifica o te cachea por la lectura racial que hace el agente de turno sobre ti.

Dentro de esta lógica, cualquier persona que no sea blanca es sospechosa hasta que le demuestre lo contrario a un agente. Hablamos de unas actuaciones que está ampliamente documentado, investigado, denunciado y señalado ya no solo por las organizaciones antirracistas, sino por todos los organismos nacionales e internacionales, como el Defensor del Pueblo, las Naciones Unidas o el Consejo de Europa.

La perfilación racial que yo denuncio es la que está más vinculada por el impacto que tiene a nivel policial, pero se desarrolla más allá, incluso en las administraciones públicas, a nivel burocrático, en el hospital o en cualquier otro sitio.

Arranca el libro contando en primera persona hasta qué punto afectan las paradas policiales por perfil racial. ¿Qué impactos tienen?

Cuando formaba parte de colectivos antirracistas, teníamos casos de personas que eran paradas dos o tres veces al día. Puede parecer absurdo, pero impacta hasta el punto de que, si estás viendo que se va air el autobús, no corres para intentar llegar porque sabes que ver correr a una persona racializada puede ser problemático. Tenemos un familiar que salió corriendo y se le lanzó encima un policía porque le vieron y dijeron “si está corriendo será por algo”.

En cada parada se producen varias vulneraciones de derechos. Esos agentes ya parten de la vulneración de la presunción de inocencia, porque ya consideran que tú eres sospechoso de algo y que tienes que demostrar que no lo eres. Hay una vulneración de la libre circulación. También de tu dignidad e integridad, porque es muy humillante. Te paran delante de todo el mundo, solo te paran a ti, te cachean, te dicen que te quites los zapatos. Te criminalizan. Y eso tiene uno de los efectos más demoledores, pues la gente suele asociar a la policía con esa autoridad que interviene ante problemas de inseguridad. Entonces, si la policía siempre está actuando con las mismas personas (está documentado que hay una sobrerrepresentación de las personas racializadas en las actuaciones policiales de este tipo), al final la sociedad está aprendiendo que las personas no blancas están asociadas con la inseguridad. La policía está educando a la sociedad en que sus vecinos y sus vecinas que no son blancas son un riesgo y por eso hay que controlarlas.

También genera una especie de disciplinamiento en la sociedad en las personas racializadas. Es decir, como paran siempre a los que son como yo, cuando estamos participando en cualquier evento público, me pienso dos veces a la hora de reivindicar mis derechos en la vía pública o de protestar ante algo que ocurra, porque sé que soy más visible para determinados cuerpos de seguridad. Tiene un efecto de desmovilización social de las personas que no son blancas.

Hay una frase del libro que dice mucho. En un momento en que reconoce el privilegio que conlleva tener un DNI español, matiza: “Sin embargo, es una pertenencia nominal, porque a diario me recuerdan que tan español no soy”.

Sí, y ello conecta con el impacto que estas actuaciones policiales tienen en la identidad de las personas racializadas. Me acuerdo del caso de una madre que su hijo. Ella es española, su marido senegalés y su hijo es un chico negro. Ella cuenta cómo su hijo siempre se ha sentido español. Hasta que un día le paró un policía y, cuando él preguntó por qué le paraban, el policía respondió: “Porque eres negro, por qué te voy a parar”. Entonces, se produce un choque enorme: tú te sientes español, tu DNI dice que eres español, formas parte de este país, tienes integrada la cultura... Y, de repente, un agente te para porque tú no pareces español, entonces ahí tomas conciencia de tu negritud, de la racialidad.

Y nos damos cuenta de que nuestra pertenencia es nominal. Y esto conecta con el debate generado por el artículo de Rajoy [en el que habló de la selección de Francia “sin franceses”, asumiendo que quienes por tener ciertos rasgos no son franceses]. Los medios lo destacan como si fuese algo nuevo que a las personas no blancas no nos vean como españolas. No le quiero quitar peso, pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2001 que avala que el color de piel es un indicador de la pertenencia a este país. Rajoy tampoco va muy desencaminado sobre algo que para nosotros es una cotidianidad: en este país por no ser blanco sufres racismo porque no se te considera español.

Entonces ¿le sorprende que genere tanta reacción el comentario de Rajoy cuando, como dice, constantemente, se dan situaciones en las que se duda de la españolidad de las personas españolas racializadas y eso no genera tanta indignación?

Viniendo para aquí, por ejemplo, una señora en el tren se ha agarrado el bolso cuando me he sentado. Y he pensado: joder, otra vez. Es constante. Obviamente, llama la atención porque Rajoy es quien es, es un expresidente del Gobierno, pero lo que dice él no solo lo dice él. Forma parte de la conversación pública. Quizá de manera más exacerbada, porque la ultraderecha se está cargando algunos límites, pero lo que ha dicho Rajoy es algo que se escucha constantemente y las propias instituciones nos lo están recordando. El problema no es que lo diga Rajoy. El problema es que lo que dice Rajoy tiene sentido, porque estamos rodeados de dispositivos policiales que no son para españoles blancos, sino para personas que no parecen españolas porque no son blancas. Entonces, sí, nos llama mucho la atención y nos indigna mucho. Pero es la cotidianidad y es la realidad que vivimos cada día.

Me sorprende la excesiva importancia que le prestamos a determinados pronunciamientos racistas y a otros, no. Me parece grave lo que ha dicho Rajoy, pero cuando ese racismo es institucional, se omite. Y esto también tiene que ver con cómo se entiende el racismo en este país, como algo más moral y no estructural. Cuando hay una vinculación directa en la forma en la que el racismo conforma nuestro ideario y en la forma en cómo las leyes le dan sentido a ese pensamiento racial. Desde esa comprensión limitada del racismo que tenemos en los medios de comunicación, a nivel educativo, cultural, pues claro, nos llama más la atención que lo diga Rajoy.

En el libro se hace una pregunta: “¿En los últimos dos gobiernos progresistas ha mejorado la calidad de vida de las personas migrantes y racializadas?”. ¿Cuál es la respuesta?

La respuesta es que no. Más allá de la regularización, que es un logro de la sociedad civil y del movimiento antirracista. ¿realmente han mejorado las condiciones materiales de las personas racializadas? ¿Se han reducido las paradas por perfilación racial que se denuncian a diario? No. Ni siquiera se reconoce que exista la perfilación racial. No ha habido un debate serio acerca del racismo policial en España. Mientras eso no pase, no van a mejorar las condiciones de vida de las personas racializadas en este país.

Lo vemos en las actuaciones policiales, pero también en la segregación residencial o educativa. La OCDE lleva años señalando como en España hay una sobrerrepresentación de guetos educativos, es decir, coles a los que los padres y las madres no llevan a sus hijos porque hay muchos moros, porque hay muchos gitanos, porque hay muchos negros. ¿En qué ha mejorado la situación en ese sentido? En absolutamente nada. No se reconoce el racismo como un problema político. Se reconoce el racismo como un problema moral, como el que tiene Rajoy. Y de ahí deriva todo lo demás.

¿Qué papel juega la regularización extraordinaria en ese balance?

Hay que tener en cuenta que el proceso de regularización extraordinaria sale adelante a pesar de los partidos políticos, a pesar de todos ellos, porque es una demanda legítima que nace en el año 2020, y se aprueba en 2026, en un momento donde parecía que el Gobierno se iba a resquebrajar y se producen determinadas concesiones. Y la regularización extraordinaria acaba siendo una medida maravillosa.

En una rueda de prensa, Pedro Sánchez se preguntó que quién se puede oponer a que las personas tengan derechos. Entonces, el presidente del Gobierno reconoce que tenemos un sistema que deja a las personas absolutamente desprotegidas. Que tenemos una ley de extranjería que deja a personas sin derechos y que lo soluciona con un parche. Cuando ese parche pase, ¿va a seguir generando la misma situación de indefensión y desprotección? Lo limitamos a algo puntual, ha servido para regularizar a más de un millón de personas, pero después va a seguir produciendo irregularidad administrativa, explotación y abusos policiales.

Tampoco les fue del todo fácil a las personas racializadas liderar el movimiento antirracista hace unos diez años, cuando aún era mayoritariamente blanco en España, explica en el libro. ¿Qué ocurrió?

Yo militaba en un espacio mayoritariamente ocupado por personas blancas, especialmente en las capas de poder más altas. Entonces, se empieza a producir un cuestionamiento de la forma en la que se viene luchando contra el racismo. Muchas personas racializadas queríamos cambiar el enfoque desde esa lectura del racismo como una cuestión más moral y plantear que si el racismo es un problema estructural.

Por un lado, estaba el punto de vista de las personas que viven y padecen el racismo. Por otro lado estaba la forma en la que tradicionalmente se había luchando contra él. Las personas blancas podían permitirse hacer activismo, mientras que nuestra forma de hacer antirracismo es por necesidad porque nos va en la piel. Nuestra prioridad, por ejemplo, era que el sujeto político del antirracismo son las personas racializadas. Igual que en el feminismo lo son las mujeres. Pues algo así era difícil de entender en 2015 o 2016.

En un país que cada vez es más diverso, donde las poblaciones migrantes se van asentando y van ganando derechos y van luchando por el territorio en el que viven, acaban aportando una forma de entender y ver la lucha que no puede aportar quien no lo padece y quien no lo vive. Esto al principio generó división en muchos movimientos sociales, especialmente aquellos que tenían que ver con el racismo. Creo que se consiguió porque en ese momento, por ejemplo, hablar de racismo institucional y de personas racializadas estaba muy cuestionado y ahora está mucho más asumido.

El libro acaba con una serie de cartas personales a su padre y a su hija. Sobre su padre, traslada algo que comparten muchos españoles hijos de migrantes: le pide perdón por, algunas veces, sentir vergüenza, por rechazar esas raíces para intentar encajar. ¿De dónde cree que viene?

Tiene que ver con esa idea de la integración que trata de decirnos que, si queremos formar parte, tienes que asemejarse [a la sociedad donde vives]. Y eso implica dejar de hablar tu idioma de origen, dejar de tener una fe diferente a la que se tiene aquí, dejar de vestir de determinada forma…

Cuando eres un crío, vas a primaria, asocias todo eso diferente de lo que te dicen que debes despojarte con tus padres. Porque no hablan como el resto, no se comportan como el resto, no visten como el resto. A mí me generaba mucha vergüenza porque mi ideal era ser blanco. Es el ideal que se nos enseña: ser blancos y rechazar aquello que es nuestro. Para poder identificar eso, hay que tomar conciencia y es un proceso.

Y ahí entra también la carta con la que termina el ensayo, destinada a su hija. ¿Qué conversaciones o enseñanzas se intentan trasladar en una familia racializada, en las que no suelen ponerse el foco en una blanca al no sufrir el racismo?

La clave ahora, que tiene cinco años, consiste en normalizar la diversidad y desnormalizar el racismo. Normalizar que hay personas que vienen de diferentes lugares, que juega con chavales de otros orígenes, de otras condiciones raciales… Crear un apego a la diversidad y un reconocimiento a de donde viene, precisamente para luchar contra esa vergüenza histórica que llevamos internamente y hacerla sentirse orgullosa por lo que es. Y para que, poco a poco, entienda el mundo que se va a encontrar. Para que, cuando llegue ese momento en el que se tope con el racismo, sepa cómo confrontarlo.

El sistema de reubicación de menores migrantes que Isabel Díaz Ayuso ha llevado a los tribunales no ha provocado la saturación de la que tanto alertó la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lejos de generar el colapso de plazas argumentado por el Gobierno autonómico para justificar su rechazo al mecanismo de reparto, el número de adolescentes extranjeros albergados en la región se ha reducido en más de 670 menores desde el inicio de los traslados, lo que supone una caída de un 30%, según el registro oficial al que ha tenido acceso elDiario.es.

A inicios de 2025, antes de la aprobación del plan de reubicación de menores migrantes, el sistema de acogida de Madrid contaba con 2.184 menores extranjeros no acompañados. A 30 de junio de 2026, la Comunidad acoge a 1.514 niños, niñas y adolescentes, según los datos oficiales.

La ocupación del sistema de acogida madrileño, además, está lejos de colapsar la capacidad mínima que debería tener según la normativa vigente. Actualmente, el número de menores migrantes atendidos supone el 60% de las plazas ordinarias, según los datos oficiales. La Consejería de Asuntos Sociales no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre las cifras.

Hace solo dos semanas, el Gobierno autonómico advirtió de que ya estaban estudiando acudir a los tribunales para intentar frenar lo que ellos consideran un “atropello”: la actualización de la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de estos menores en las comunidades y ciudades autónomas, que eleva en 204 plazas las de la Comunidad de Madrid hasta los 2.471 menores que, según cálculos del Ejecutivo central, podría acoger.

El Gobierno de Ayuso se opone a ese decreto. “El cupo relacionado con los menores no acompañados es un asunto que no ha pasado por la conferencia sectorial y, por tanto, es manifiestamente ilegal”, criticó este miércoles el portavoz autonómico, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa.

Pero las declaraciones de García Martín son solo un ejemplo del choque de Ayuso con el Gobierno de Pedro Sánchez, en este caso en materia de migración y derechos de la infancia migrante. En abril de este mismo año, la Consejería de Asuntos Sociales lanzó un aviso al Ministerio de Política Territorial: no aceptará nuevos traslados de menores migrantes no acompañados. Lo hizo a través de una carta de la consejera madrileña, Ana Dávila, en la que de nuevo amenazó con acciones legales en caso de mantener el sistema de reparto.

En su misiva, la consejera hablaba de un supuesto “efecto llamada” a pesar de que las cifras oficiales desmienten esas acusaciones. Dávila acusaba al Gobierno de tomar “decisiones unilaterales” y de “separar a grupos de hermanos y trasladar a Madrid a menores que manifestaban tener familiares en otras comunidades”.

El centro de menores de La Cantueña, la última causa de disputa por los menores migrantes

Uno de los choques más recientes en cuanto a acogida de menores migrantes se ha producido esta misma semana, después de que la Justicia haya dado la razón a la Comunidad de Madrid sobre el centro de menores de La Cantueña, en Fuenlabrada. El fallo ha concedido al Gobierno autonómico la “única y exclusiva” titularidad de la finca después de meses de disputa, una resolución que todavía puede ser recurrida y que el alcalde socialista de la localidad, Javier Ayala, critica.

Para Ayala, la Comunidad “intentó castigar” a la ciudad con la ubicación del centro, “a más de tres kilómetros de cualquier síntoma de civilización” y con un centenar de menores concentrados en espacios donde, según criticaba, debían tener zonas más “personalizadas”. Este mismo miércoles el portavoz del gobierno regional le recomendó al alcalde socialista Javier Ayala que fuese a la “ventanilla” del Gobierno central al considerar que genera un “caos migratorio” con los menores migrantes que, según sus propias palabras, no han llegado al país “por generación espontánea”, sino que “los ha traído el Gobierno”.

Pero el rechazo de Ayuso por el reparto de menores migrantes viene de lejos y recopila durante meses diferentes choques, desde el protagonizado con Delegación de Gobierno al intentar que retornaran a 110 menores no acompañados, hasta las acusaciones de la Consejería de Dávila y Sol, que hablan de una supuesta estafa por casos de “falsos menores” y advierten que denunciarán a los inmigrantes adultos que se hayan hecho pasar por menores no acompañados. “Nos han colapsado y haremos responsable al Gobierno de España de lo que pueda ocurrir”, dijo Dávila a finales de 2025, además de afirmar que la región “no puede aceptar ni un menor más”.

Descenso generalizado en España

A nivel estatal, los datos del registro oficial de menores, publicados por elDiario.es, confirmaron un descenso continuado en las llegadas de estos chavales tras la aprobación de la medida y la tramitación de la reubicación de alrededor de 2.000 adolescentes.

En mayo de este año, la cifra de niños y adolescentes ha bajado a 13.964, recuperando los niveles de julio de 2024. La cifra marca un punto de inflexión respecto al pico registrado entre finales de 2024 y principios de 2025, cuando el sistema de acogida llegó a albergar a más de 16.000 menores extranjeros en pleno debate político por la reforma de la Ley de Extranjería, cuando Canarias y Ceuta acogían a más del triple de su capacidad.

En marzo de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permitía la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes de aquellos territorios declarados en “contingencia migratoria”, tras el acuerdo alcanzado con Junts que garantizó su tramitación parlamentaria. La medida pretendía reducir la presión de los sistemas de acogida cuya ocupación triplicase la capacidad ordinaria de acogida, a través de un mecanismo de reparto por comunidades autónomas basado en criterios como la población, la renta o el número de chavales extranjeros tutelados previamente. Canarias, Ceuta y Melilla cumplieron poco después los requisitos para solicitar los traslados de chavales a otros puntos del país, siempre que se cumpliesen una serie de garantías.

Tras su aprobación, los primeros traslados se llevaron a cabo en septiembre de 2025. Casi un año después, el Gobierno ha tramitado 2.000 expedientes de niños y niñas desde Canarias, Ceuta y Melilla, según los datos proporcionados el mes pasado por el Ministerio de Infancia.

Una ligera capa de polvo cubre la camiseta de Guillermo. Acaba de terminar su quinto día en la obra donde ha empezado a trabajar y sonríe al señalar la prenda azul marino: “Ya me han dado el uniforme”. Se sorprende porque, meses atrás, su anterior jefe le había descontado un día de sueldo a cambio de entregarle un lote de ropa de trabajo. Con toda la tarde por delante, camina en busca de una cafetería en pleno centro de Madrid. Hace muy poco, sin papeles y sin contrato, podía trabajar unas once horas al día por 800 euros al mes, sin seguro médico, en uno de los sectores con más accidentes laborales de España.

Entre una y otra vida, entre unas condiciones y otras, hay un trámite que ya ha empezado a transformar la vida de miles de ciudadanos extranjeros: la regularización extraordinaria. La admisión a trámite de la solicitud le otorgó lo que, desde su llegada, le pedía cada una de las empresas que le ofrecían un empleo como electricista de obra, dados sus 20 años de experiencia en El Salvador: un permiso de trabajo. Días después de obtenerlo y enviar su currículum por una plataforma online de búsqueda de empleo, empezó a sonar su teléfono. A la semana, Guillermo firmó su primer contrato de trabajo en España: “Hace unas semanas me arrastraba y me explotaban; ahora hasta puedo escoger”.

El salvadoreño es uno de los miles de solicitantes de la regularización que, tras meses de empleos inestables y clandestinos, ha conseguido su primer trabajo con contrato en España. En las últimas semanas también han dejado la economía sumergida Germán, hondureño, y Alessia, peruana, quienes engrosarán la listas de nuevos afiliados en el mes de julio. Según el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, la concesión de permisos de trabajo provisionales ligados a la regularización ya está empezando a tener un impacto positivo en el mercado laboral. Aunque todavía es pronto, y algunas empresas están mostrando reticencias a contratar a los solicitantes antes de la respuesta definitiva, ya se están dando de alta los primeros nuevos afiliados del proceso.

[Vídeo de Adrián Torrano]

Los datos oficiales aún no son concluyentes. Según el Ministerio de Inclusión, 159.097 personas con su petición tramitada están dadas de alta a fecha del 30 de junio en la Seguridad Social, pero matizan que la mayoría de ellas ya trabajaban de alta antes del proceso como demandantes de protección internacional. El Ejecutivo no ha dado aún la cifra de los trabajadores afiliados gracias al procedimiento extraordinario, pero el dato de nuevos cotizantes extranjeros en el mes de mayo puede dar una idea: cerca de 86.000 personas extranjeras se afiliaron por primera vez a la Seguridad Social.

“Ahora, gracias a Dios, nuestra vida está cambiando”, resume Guillermo, que llegó a España junto a su esposa Emma en noviembre del año pasado. “Quién nos iba a decir a nosotros que, cinco meses después de llegar, iba a salir una regularización extraordinaria”, reflexiona Guillermo. Sabe que, de no haber sido aprobada la medida, la familia no podría haber optado a un permiso de residencia hasta pasar como mínimo dos años sin papeles en el país, asumiendo cualquier empleo precario para sobrevivir.

Más que un trabajo: los cambios

El 18 de junio, recibió el justificante de admisión a trámite de su petición de regularización, lo que conlleva un permiso provisional de residencia y trabajo. El 19, tras preguntar en varias oficinas, él y su mujer consiguieron por sus propios medios sus números de la Seguridad Social, sin esperar a recibirlos por correo postal. Una semana después firmó su primer contrato en España. El 1 de julio ya estaba dado de alta en el trabajo. “Soy electricista profesional, pero antes tenía que quedarme con trabajos donde no tenía derechos y no podía escoger. Ahora, me han salido muchas ofertas de trabajo y hasta soy yo el que escoge la mejor. Ahora ya siento que tengo los mismos derechos que otra persona gracias a la regularización”, resume el salvadoreño.

El electricista relata algunas de las condiciones que han mejorado. “Ahora la admisión me ha dado el permiso de trabajo. Me ha ayudado porque me han dado un contrato indefinido de 40 horas”, explica Guillermo, quien recalca los beneficios de abandonar la economía sumergida. “Eso me ayuda porque ahora tengo Seguridad Social, antes no la tenía. Si me pasaba un accidente, lo primero que hacía el jefe era: ¡sáquenlo de la obra!”, cuenta el profesional, especialista en instalación de electricidad de alta tensión, lo que aumenta el riesgo de su empleo.

Ahora lo dice entre risas, pero Guillermo escuchó a su jefe exigir entre gritos que se llevasen a un compañero que, también en situación irregular, acababa de sufrir un impacto en la cabeza tras precipitarse desde una escalera de obra. “Sacadlo. Sacadlo de aquí y, si os preguntan, decid que se cayó en la calle”, recuerda el salvadoreño las palabras de uno de sus anteriores patrones. El electricista escuchó el berrido cuando trataba de darle los primeros auxilios al empleado accidentado. Ambos trabajaban desde hacía meses en la empresa, dedicada al sector de la construcción, pero no tenían los mismos derechos que el resto. Sin papeles, sin contrato, sin seguro sanitario por accidente laboral, obedecieron.

No les dejó pedir una ambulancia, cuenta. “Me dijo que pidiese un Uber y luego nos lo pagaba. Hasta ahora estoy esperando que me lo pague. Le envié varias veces el recibo. Nunca me dio el dinero”, dice moviendo la cabeza con indignación. “Cuántas cosas he aguantado…”.

También tiene más tiempo. “Antes trabajaba de ocho de la mañana a seis y media o siete de la noche. De lunes a sábado. Ahora no, hasta eso cambió. En horario de verano, de siete a tres de la tarde. Y, en horario normal, de ocho a cuatro, trabajando ocho horas normales”, describe. “Me da más tiempo para estar con la familia, hacer mis vueltas, estudiar…”.

Del total de solicitantes de la regularización afiliados, la mayoría cuenta con un contrato indefinido como el que ha firmado el salvadoreño. Este tipo de contrato es el que también ha confirmado la nueva vinculación laboral de Germán, otro migrante en trámite que se ha dado de alta por primera vez en la Seguridad Social gracias al permiso provisional de la regularización extraordinaria. “Me han contratado en una empresa de cocina, como técnico en mantenimiento e instalaciones”, anuncia el hondureño a elDiario.es. “Desde que me salió el documento, dos días después me contrataron. Me tuve que mover muy rápido para conseguir el número de la Seguridad Social. Fue un gran esfuerzo, pero todo salió de maravilla”, celebra el joven, que empezó a trabajar hace tres semanas.

Alessia (nombre fictio), peruana, trabajaba de forma esporádica en el sector de la limpieza. Hace unas semanas también firmó su primer contrato de trabajo, en este caso temporal, para ocupar un puesto como recepcionista en una residencia de mayores. “Me da más tranquilidad, tanto económica como emocionalmente. Es un gran avance para mí”, resume la mujer, de 26 años

Varias sombras parecen chapotear en alta mar. En el oscuro horizonte de la noche ceutí se distinguen algunas cabezas que se desplazan desde la costa marroquí hacia la ciudad española, rodeando uno de los espigones que separan Marruecos de Ceuta. En la orilla, un dispositivo policial los espera, mientras varias lanchas rastrean las aguas. Cuando los migrantes se acercan, los agentes los detienen y los trasladan hasta la frontera, donde se les pierde el rastro.

Esta escena se repite con frecuencia en la frontera del Tarajal durante muchas madrugadas en Ceuta. La Guardia Civil y la Policía realizaban estas devoluciones sin ocultarlas, tanto de día como de noche. Según reconocían los agentes y la Delegación del Gobierno local, la orden consistía en expulsar a todas las personas interceptadas, salvo aquellas que aparentaban ser menores. Era una práctica sistemática. Hasta esta semana, cuando una sentencia del Tribunal Supremo ha confirmado su ilegalidad y ha empujado a las fuerzas de seguridad a dejar de aplicarla.

La resolución del Tribunal Supremo interpreta que la Ley de Extranjería no permite las “devoluciones en caliente” a los migrantes interceptados en alta mar cuando intentan acceder a nado a Ceuta y Melilla. En el fallo, los jueces de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han dado la razón a un ciudadano argelino que fue devuelto a Marruecos en noviembre de 2024, junto a otras dos personas, cuando intentaban alcanzar la costa de Ceuta. El denunciante fue apoyado jurídicamente por las organizaciones Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).

Un juzgado de Ceuta y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ya habían fallado a favor del demandante aunque no accedieron a indemnizarlo. Las dos instancias entendían que quien entra por mar a nado “no supera un elemento de contención fronterizo” por lo que no se le podía aplicar la vía excepcional recogida en la Ley de Extranjería (a través de la normativa de Seguridad Ciudadana). El Supremo ha rechazado el recurso de la Abogacía del Estado y da la razón a las dos instancias inferiores.

Fuentes oficiales del Instituto Armado en Ceuta aseguran que, tras la sentencia del Supremo, los agentes de la frontera han dejado de realizar estas devoluciones a la espera de recibir órdenes por parte del Ministerio del Interior. “Siempre se ha aplicado el convenio [bilateral con Marruecos]. Ahora mismo, tal como está, no se puede devolver; el Supremo ha dicho claramente que no podemos hacerlo. Hasta que no haya una modificación de la ley orgánica tendremos que aceptarlo, darles sus derechos y aplicar la ley”, apostilla la misma fuente.

Las ONG alertaban desde hace años del carácter ilegal de las devoluciones en caliente. En 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy intentó regular los retornos automáticos en Ceuta y Melilla, a través de una disposición adicional incluida en la Ley de Seguridad Ciudadana. Dicha norma, también muy cuestionada por juristas y organizaciones sociales, decía permitir la entrega inmediata a Marruecos de migrantes que entrasen irregularmente en las ciudades autónomas a través del salto de las vallas fronterizas, es decir, por vía terrestre.

La medida fue tachada de ilegal en un primer momento por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, una segunda sentencia aceptó el recurso con el que el Gobierno de Pedro Sánchez defendió estas prácticas y Estrasburgo acabó avalando este tipo de retornos por tierra en Ceuta y Melilla.

Aunque la disposición adicional de la Seguridad Ciudadana no mencionaba que las devoluciones en caliente (llamadas 'rechazos en frontera' en la normativa) pudiesen ejecutarse sobre los migrantes que llegan vía marítima, la Delegación del Gobierno en Ceuta y la Guardia Civil defendían otro tipo de interpretación. La orden era clara: los agentes fronterizos no solo debían retornar a quienes saltaban las alambradas, también a las personas que las rodeaban a nado. En distintos picos de llegadas a la ciudad, elDiario.es preguntó por la base legal de estas prácticas sistemáticas y la Delegación del Ejecutivo se amparaba en la figura del “rechazo en frontera”.

Bajo esa interpretación que rechaza la Justicia, las patrulleras del Instituto Armado recogían del agua a nadadores procedentes de las costas marroquíes -tanto en zona entre vallas como en aguas claramente ceutíes- y, subidos en el barco con bandera española, les trasladaban a la playa donde eran conducidos a la frontera para ser entregados a Marruecos. La decisión del Supremo acaba con esta forma de proceder o, al menos, con los intentos de disfrazarla de legalidad.

La Delegación del Gobierno también defendía las devoluciones marítimas a través de un acuerdo de retorno de Marruecos que, sin embargo, exige la identificación previa y solo afecta a personas marroquíes. Se trata un pacto similar al utilizado por Ejecutivo central y el local para justificar la expulsión de menores practicada en agosto de 2021, defendida por Interior, por la que acabaron condenadas por prevaricación la entonces delegada del Gobierno en la ciudad y la exvicepresidenta de Ceuta.

Desde entonces, los agentes de Ceuta dejaron de devolver en caliente a menores a plena luz del día. A su vez, las autoridades dejaron de justificarlas: solo aplicarían estas prácticas, decían, para retornar a los adultos. En la práctica, sin embargo, la falta de procedimiento complica conocer la edad o los riesgos que supone la devolución de los jóvenes cuya minoría de edad no es evidente. Sin un procedimiento, si no hay una identificación personalizada, no se puede garantizar que no haya adolescentes de menos de 18 años entre los retornados más jóvenes.

Supuestamente, la Delegación del Gobierno solía asegurar que solo se devolvían a los marroquíes, pero el caso resuelto por el Supremo (de un argelino) evidencia que no siempre es así.

Ahora qué

La resolución del Alto Tribunal obliga ahora a tramitar estas entradas mediante el procedimiento ordinario de devolución previsto en la Ley de Extranjería, con todas las garantías administrativas asociadas. Eso supone que las personas interceptadas en el mar ya no pueden ser entregadas directamente a Marruecos sin expediente, asistencia letrada y posibilidad de solicitar protección internacional.

La decisión ha despertado la inquietud entre algunos agentes encargados del control fronterizo marítimo en Ceuta , contactados por elDiario.es. Fuentes oficiales de la Guardia Civil explican que, por el momento, han frenado estas actuaciones y se encuentran a la espera de las indicaciones que lleguen desde la Dirección General. “Ahora mismo están los superiores hablando con Madrid, no sabemos cómo nos va a afectar, estamos a la espera de que nos digan qué tenemos que hacer”, traslada una fuente oficial consultada por elDiario.es.

Omar (nombre ficticio) es una de las decenas de miles de personas devueltas en caliente tras llegar a nado a Ceuta. En julio de 2024, el marroquí se lanzó al mar desde la costa marroquí de Castillejos, pero una patrullera de la Guardia Civil lo interceptó mientras nadaba y, tras dejarlo en la frontera, los agentes lo devolvieron a Marruecos, según explicó el hombre a elDiario.es. Un año antes, la Guardia Civil le frenó a su llegada a tierra y, una vez en el otro lado de la frontera, las autoridades marroquíes le subieron en un autobús con más jóvenes que, como él, lo habían intentado y habían fracasado. Lo mandaron a Casablanca cuando él llevaba años viviendo en el norte de Marruecos.

En agosto de 2024, Omar logró nadar de nuevo hasta la ciudad española. Se lanzó al mar a las seis de la mañana y salió del agua en torno a las 13 horas. El recorrido fue mayor y el riesgo también. El marroquí trató de adentrarse todo lo posible en alta mar para evitar la detección por parte de los agentes españoles. “Nadé hacia alta mar, lejos, muy para arriba porque ahí no hay radares y es más difícil que nos detecten. Desde ahí nadé en dirección a Ceuta. Y, cuando parecía que había menos control, fui bajando hacia la costa”, dijo entonces. Cuando salió del mar, la playa ya estaba llena de bañistas. Omar se hizo pasar por un ceutí más pasando la mañana en la playa y, gracias a la ayuda de un taxista que se apiadó de él, logró alejarse de la zona fronteriza para evitar el tipo de devolusciones que ahora el Supremo ha prohibido.

Las ONG Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) han celebrado la sentencia. En una nota, recogida por Efe, las tres entidades sociales sostienen que la postura del Alto Tribunal coincide con la interpretación jurídica que han defendido durante todo el proceso respecto a que a los migrantes que tratan de alcanzar la costa española a nado no pueden ser objeto del rechazo en frontera, sino que “su situación debe tramitarse mediante un procedimiento de devolución con todas las garantías legales”.

“Solo podemos hacer de taxistas”

Entre los agentes consultados creen que el cese de las devoluciones en caliente puede generar un aumento de los intentos de entrada a nado por Ceuta, que suelen aumentar cada verano. “En cuanto se enteren en Marruecos tenemos barcas llenas aquí. El único freno que hay es que la Marina marroquí los pare allí. Solo podemos hacer de taxistas, cogerlos en el mar y llevarlos a la orilla”, se queja un guardia civil consultado por elDiario.es bajo condición de anonimato.

Algunos agentes fronterizos consultados por este medio defienden la modificación de la normativa para extender el rechazo en frontera también a las entradas por mar. “La línea de contención habría que hacerla extensiva al mar. Habrá que modificar la disposición adicional décima de la ley y hacerla aplicable a entradas por tierra, mar y aire”, opina un miembro del Instituto Armado en la ciudad autónoma.

La regularización extraordinaria se ha adentrado en una nueva fase esta semana. De los casi 1,2 millones de peticiones, la Administración ha admitido más de 609.000 y ha respondido de manera favorable a cerca de 11.000. A medida que el Ejecutivo acelere el envío de resoluciones, como se ha comprometido, y cada vez más personas reciban el sí definitivo, todas ellas tendrán que acudir a una ventanilla que es clave para finiquitar su regularización: las comisarías de extranjería, con el objetivo de obtener su tarjeta física identificativa (TIE). Un paso que, de no cambiar el actual funcionamiento del sistema, no será fácil.

El trámite de la toma de huellas en comisaría, imprescindible para que la Policía Nacional emita el documento de identidad de los extranjeros regularizados, ya está empezando a dar problemas y corre el riesgo de convertirse en el próximo cuello de botella del proceso, según han denunciado ONG y sindicatos a elDiario.es. La causa no es nueva, el problema lleva años diagnosticado y sus efectos angustian a cientos de miles de ciudadanos en cada gestión mucho antes de la regularización extraordinaria: la falta de citas para los trámites de extranjería. Desde hace más de una década, pero especialmente tras la pandemia, conseguir una cita en comisaría para realizar gestiones específicas de la población inmigrante se ha convertido en un proceso exasperante, marcado por horas de intentos fallidos para lograr un turno. Una situación de la que se aprovechan grupos organizados que tratan de hacer negocio del fallo del sistema, a través de la venta de citas, lo que a su vez agrava aún más el problema.

“El Gobierno anunció que iban a tardar 15 días en responder sobre la admisión a trámite de las solicitudes y no ha sido así. Tenemos muchos expedientes que llevan esperando respuesta desde el inicio del plazo. Cuando contesten todo ese stock, no va a haber citas suficientes en extranjería para la toma de huellas. Si nunca las hay, si ahora mismo no hay para los trámites habituales, qué pasará cuando cientos de miles de personas lo necesiten casi de golpe”, dice con preocupación Victoria Columba, una de las portavoces del movimiento Regularización YA. El Gobierno defiende que trabajan de manera coordinada para solucionar los previsibles atascos.

Maira acaba de recibir las resoluciones favorables del proceso sus dos hijas, de 7 y 14 años. Las niñas son parte de las cerca de 11.000 personas a las que el Gobierno ha dado la luz verde definitiva para la regularización, lo que se traduce en la concesión de un permiso de residencia de cinco años, más largo que el permiso otorgado a los adultos. Pero su proceso no acaba aquí. Para consolidar ese derecho, la colombiana debe acompañar a sus niñas a comisaría con el objetivo de registrar sus huellas y solicitar sus tarjetas identificativas. Y para eso necesita una cita.

“Tengo alivio porque sé que mis hijas ya están. Tienen una residencia, están completamente regulares... Pero ahora tengo otro dolor de cabeza: pensar en sacar la cita”, explica la mujer, que llegó a Madrid con su familia en febrero de 2023. “Recibí la resolución y de una vez empecé a mirar si podía sacar citas. Y no. Es que no hay citas por ningún lado”, lamenta la colombiana.

La arbitrariedad del sistema para acceder a una cita de manera electrónica, la falta de recursos suficientes en las comisarías y la venta ilegal de turnos obliga a miles de inmigrantes a pasar días delante del ordenador en su intento de encontrar un hueco disponible. Muchos dedican horas durante la madrugada, porque el boca a boca dice que es uno de los momentos donde la Policía vuelca nuevos turnos en la plataforma. Se trata de un problema que, pese a las constantes denuncias y la publicación de numerosas informaciones al respecto, ni el Ministerio del Interior y ni las Delegaciones del Gobierno han atendido lo suficiente.

A su vez, la situación ha generado un nicho de mercado entre particulares, locutorios, abogados y gestorías que ofrecen citas a través de plataformas como Wallapop, Mil Anuncios o Facebook. Los precios oscilan entre los 30 y los 200 euros, dependiendo del servicio y del tipo de anunciante. Los grupos organizados suelen utilizar bots para comprar los turnos de manera masiva, que luego venden de manera ilegal por Internet, lo que obstaculiza aún más el acceso a una cita sin pagar a cambio.

Y este es el panorama que se encontrarán, de no tomar medidas suficientes, los cientos de miles de personas que se prevé que recibirán una resolución favorable de la regularización en los próximos meses o incluso semanas, en función del ritmo de respuesta, que el Gobierno defiende que se incrementará tras el cierre del plazo. El movimiento impulsor del proceso, Regularización YA, advierte de que el avance del proceso aumentará la demanda de estos “servicios” irregulares de venta de citas.

La maratón de pedir una cita

La inquietud de Maira viene de su propia experiencia: ella ya atravesó la carrera de obstáculos necesaria hasta plasmar sus huellas en comisaría. La colombiana obtuvo un permiso por arraigo por la vía habitual el pasado mes de marzo y, después de sentarse frente al ordenador cada día durante distintas horas para tratar de encontrar un hueco disponible en toda la Comunidad de Madrid, logró un turno disponible. Describe con detalle el momento en que lo logró: era un lunes a las siete de la mañana. Hizo la gestión casi automática, como cada día, pero esa vez aparecía un hueco disponible. “Ingresé y había una cita para el 14 de julio, meses después. Me tocó lejísimos, en Coslada, pero hay que agarrar lo que sea. Normalmente, solo tenemos 5 o 7 minutos para rellenar todos los datos que pide y tomar la cita porque, si no, se la asignan a otro”, detalla la colombiana para describir el complejo proceso. “Y todo esto fue entrando a todas horas, todos los días. Revisar y encontrar siempre el mismo mensaje de 'No hay citas disponibles'.

A diez días para finiquitar su propio proceso, Maira arranca una nueva maratón para conseguir culminar el de sus hijas. “Tenemos miedo de que ahora nos pase lo mismo. Deseamos que las resoluciones que lleguen de ahora en adelante, ojalá lo puedan aprobar, lleguen de una vez, directamente con una cita para huellas, porque es muy complicado”, añade.

Ante la previsible escasez de citas y las trabas denunciadas por las ONG, la secretaria de Estado Migraciones, Pilar Cancela, ha defendido que el Ministerio de Inclusión —responsable del procedimiento de regularización— está trabajando en coordinación con el de Interior —competente en la emisión de las tarjetas identificativas— para “garantizar que las personas accedan a la siguiente fase del procedimiento”. Desde los equipos de la cartera dirigida por Elma Saiz reconocen el problema histórico en relación con las citas de extranjería y confían en que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska tome las medidas necesarias para acelerar la emisión de documentos que exige el pico de demanda ligado a la regularización.

Primeras medidas de Interior

El día posterior al cierre del plazo para acogerse a la regularización, Interior dio un primer paso para flexibilizar los requisitos exigidos para la obtención de la tarjeta identificativa del extranjero en el caso de los beneficiarios de la regularización. Además de la falta de citas, otro de los asuntos que inquietaban a los solicitantes y las ONG que les acompañan era la obligación de presentar el certificado de empadronamiento y un pasaporte en vigor. Estas condiciones de la Policía Nacional chocaban con uno de los aspectos que caracterizaron al procedimiento extraordinario: la relajación de los trámites que normalmente se piden en estos procesos y que suelen ser un obstáculo para muchas personas migrantes irregulares. Algunas de estas era, precisamente, el empadronamiento, debido a las trabas con las que se chocan para registrarse en el padrón; o la exigencia de presentar un documento en vigor, ante la dificultad para renovar sus pasaportes para los nacionales de determinados países.

Tras meses de peticiones por parte del Movimiento Regularización Ya y otras organizaciones, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior dictó este miércoles una instrucción que fija los criterios necesarios para la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) a los beneficiarios de la regularización. En teoría, la orden interna flexibiliza los requisitos más problemáticos.

Según fuentes de Interior, las personas acogidas a la regularización “deberán acreditar su identidad mediante la presentación del pasaporte en vigor”, pero en caso de carecer de él “también se podrá aportar un pasaporte caducado, siempre que se acompañe de documentación acreditativa de la solicitud de renovación, como justificantes de cita consular, correos del consulado o resguardos de solicitud”. Este medio ha pedido al Ministerio el texto literal de la instrucción, para confirmar el margen de interpretación de la directriz -pues es habitual que cada comisaría de extranjería funcione de forma distinta en función de la provincia o en función de cada agente de turno-, pero la respuesta ha sido negativa al tratarse de un documento interno.

Para quienes obtengan la respuesta favorable en el procedimiento extraordinario, la Policía Nacional tampoco exigirá el empadronamiento en todos los casos, aunque sí en algunos. “El domicilio que figurará en la TIE será el aportado por la persona extranjera en el momento de la solicitud de regularización, el mismo que consta en la autorización de residencia”, explican las mismas fuentes. “Solo en el caso de que en el impreso de solicitud de la TIE se consigne un domicilio diferente, este será recabado electrónicamente por la Administración o se corroborará mediante la aportación del certificado o volante de empadronamiento del ayuntamiento, expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha de la tramitación de la TIE”, añaden desde Interior sobre el contenido de la instrucción interna.

El “plan de choque” de Policía Nacional

La Dirección General de la Policía Nacional activó lo que describen como un “plan de choque” para responder al incremento a la demanda de trámites ligados a la regularización. Sin embargo, ese incremento de la necesidad de citas de extranjería en los próximos meses se produce en un momento en que los problemas para conseguir un turno ya son habituales y exasperan a los inmigrantes que gestionan sus papeles por la vía ordinaria.

El plan consiste en pagar más cada hora extra a los agentes que se ofrezcan voluntarios para atender los trámites ligados a la regularización, según un documento de la Policía de la Subdirección General de Logística e Innovación de la Policía Nacional al que ha accedido Europa Press. “El objetivo del plan es dar respuesta al incremento de la demanda asumida en las Unidades de Documentación como consecuencia del proceso extraordinario de regularización”, indica el escrito. En este sentido, los policías obtendrán 25 euros por cada hora extra “que se vean afectadas por la sobrecarga administrativa derivable del proceso en cualquiera de sus puestos de expedición, tanto de Tarjetas de Identidad de Extranjero, como DNI o Pasaporte”.

El sindicato policial CEP ha criticado que no se hayan reforzado las plantillas, que únicamente se haya optado por pagar horas extra. “Empieza la fase que más tiempo va a prolongarse y la que mayor esfuerzo va a exigir a la Policía Nacional”, indica un comunicado.

Maira obtuvo su permiso de residencia por arraigo en marzo de este año, pero aún no ha logrado tener en sus manos la tarjeta identificativa ante el bloqueo de citas en comisarías de extranjería. Aunque su permiso es válido sin este documento, la falta de un documento válido obstaculiza la inclusión de los inmigrantes. Por ejemplo, aunque es posible, algunas empresas rechazan a quienes no cuentan con él. La falta de esta tarjeta complica la apertura de una cuenta bancaria, la petición de becas de estudios o la emisión de certificados oficiales de formaciones profesionales, etc. “No tiene sentido que nos aprueben una residencia y lograr una cita para huellas casi cuando vamos a tener que renovar el permiso”, resume.

Acababa de anochecer en Madrid, apenas habían pasado cinco días de la puesta en marcha de la regularización extraordinaria, cuando Brayan preguntó quién era el último de la fila. Una larga hilera de un centenar de personas rodeaba uno de los edificios de servicios sociales municipales de la capital, en una imagen que se repetía en distintos puntos de la ciudad y del resto de España. Como muchos entonces, el joven pasó la noche a la intemperie para conseguir, ya al mediodía del día siguiente, uno de los documentos necesarios para presentar su petición.

Más de dos meses después, Brayan ha recibido lo que tanto esperaba: “Ya tengo número de NIE. Me llegó el permiso de trabajo. Y ya tengo el número de la Seguridad Social”. El joven paisa, de 25 años, había recabado por fin los documentos necesarios para despegar y salir de la clandestinidad. Su caso representa el perfil mayoritario que está detrás de los casi 1,2 millones de expedientes, según el balance anunciado por el Ministerio de Migraciones este jueves.

Hombre, colombiano, de entre 25 y 34 años, que vivía en España de manera irregular desde la expiración de su visado de turista. Un joven, en edad de trabajar, pero que no ha podido hacerlo dado de alta en la Seguridad Social por su situación irregular. Y que ha pedido la regularización en la provincia de Madrid a través de un abogado privado, pero que se ha apoyado en las organizaciones colaboradoras para reunir la documentación necesaria para montar el expediente.

Los datos oficiales concluyen que la mayoría de solicitudes de la regularización extraordinaria provienen de hombres, un 57%. Las mujeres, por su parte, representan el 43% del total de las peticiones. La diferencia por género, sin embargo, es menor entre las peticiones realizadas por demandantes de protección internacional que en las de las personas que se encuentran en situación irregular y debían justificar vínculos laborales, familiares o una situación de vulnerabilidad, según el balance de Inclusión. En el caso de los menores de edad y en la franja de 45 a 54 años “la distribución es paritaria, sin diferencias por tipo de autorización”, añade el documento.

Por edad, el 81% de los demandantes tienen menos de 45 años. Y seis de cada diez tienen, como Brayan, menos de 34 años. El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Álvarez, ha resaltado la importancia de la concentración de las personas regularizadas en esa franja de edad debido al efecto positivo que puede tener la concesión de sus permisos de residencia en el mercado laboral, en un momento en que la extrema derecha y el PP ponen el acento en el supuesto impacto del proceso extraordinario en los servicios públicos.

Más de un 11% son menores de 15 años

Una vez tramitadas todas las solicitudes, puede sacar de la irregularidad a más de 130.000 menores de 15 años, pues ese tramo de edad (de 0 a 14) representa un 11,1% de las peticiones, según el balance provisional presentado este jueves. Uno de esos niños regularizados será la bebé de Valeria. La mujer, de origen ecuatoriano, vivía de manera irregular desde hace dos años. Su pequeña, que no llega al año, nació en España pero tampoco tiene papeles. “Llevaba soñando varios días con esta cita. He tenido pesadillas pensando que no llegaba, que la perdía”, decía entre risas a las puertas de Correos el día que registró su expediente, que incluía la petición automática de su hija.

También podrá beneficiar a la niña de Nora, una mujer peruana que hasta ahora trabaja como empleada doméstica por horas en una casa a las afueras de Madrid. Su precariedad ligada a la irregularidad, cuenta, la llevó a vivir en albergues para personas sin hogar, por lo que los servicios sociales la empujaron a ceder parte de la tutela de su hija mientras no encontraba un lugar digno donde vivir. Tiempo después, con un empleo temporal, pudo empezar a pagar una habitación para ambas. La posible concesión de la regularización, cuenta, le podría dar la estabilidad que necesita para cuidar a la pequeña y a sí misma.

¿De dónde vienen?

La mayoría de las solicitudes, un 67%, corresponde a ciudadanos latinoamericanos. Una nacionalidad destaca sobre todas las demás: la colombiana, con casi el 26% de peticiones. A continuación, la marroquí se coloca como la única nacionalidad norteafricana cuyas solicitudes superan el 10% (con un 13,4%). De Venezuela procede un 11,7% de las peticiones; y de Perú, el 8,8%, según los datos oficiales.

Les sigue Honduras (4,8%), Paraguay (3,8%) y Argelia (3,4%). Senegal, con solo un 2,9% de los expedientes, es el único país subsahariano que aparece en el listado de las diez nacionalidades más presentes en el proceso extraordinario. Por último, destacan Pakistán (2,5%) y Argentina (2,3), entre otras procedencias que conforman el 20% restante de las demandas de regularización.

¿Dónde trabajan los que ya tienen permiso?

Algunas cifras empiezan a dar cuenta del previsible efecto positivo de la regularización en las cotizaciones a la Seguridad Social. Según los datos oficiales, de las 608.000 personas cuya petición ha sido admitida a trámite, 159.097 ya se encuentran dadas de alta en la Seguridad Social. Ese dato, sin embargo, no significa per se que esos ciudadanos se han afiliado debido al procedimiento extraordinario, porque entre ellos se encuentran solicitantes de protección internacional que podrían estar ya cotizando con anterioridad (pero con otro tipo de autorización). El Ministerio no ha aclarado por el momento el número de nuevas altas que han sido posibles exclusivamente por el procedimiento extraordinario, pues sus equipos matizan que se trata de un balance preliminar y aún se encuentran cruzando los datos para hacer una fotografía más detallada de su impacto en el mercado laboral.

El 83,4% de las personas regularizadas que están dadas de alta se encuadran en el Régimen General, en el que el contrato indefinido es la modalidad que predomina entre las afiliaciones de quienes han recibido el permiso de residencia provisional por la regularización. Por tipo de actividad, los sectores que concentran el mayor número de altas son: Hostelería (38.776), Comercio (20.195), Actividades Administrativas (19.327) y Construcción (18.310).

Estos datos no hablan de dónde trabajaban las personas en situación irregular o los solicitantes de asilo antes de ser admitida su petición, sino de dónde se han dando de alta tras recibir el permiso provisional ligado a la regularización.

La distribución territorial de las solicitudes refleja una fuerte concentración en las grandes ciudades, que suelen generar la mayor atracción migratoria. Cataluña encabeza el proceso con 257.602 peticiones registradas, seguida por la Comunidad de Madrid, con 202.424, y la Comunitat Valenciana, con 167.286. Muy cerca se sitúa Andalucía, que acumula 161.557 solicitudes. Estas cuatro comunidades concentran por sí solas más de la mitad de todas las demandas de regularización, en línea con su peso demográfico y su papel como principales destinos laborales.

En Andalucía, más allá del volumen global, sobresalen provincias como Huelva y Cádiz, donde el proceso ha recaído en mayor medida en las organizaciones sociales, que han canalizado una parte significativa de las solicitudes, según matizó la secretaría de Estado de Migraciones. Ese peso destacado de las entidades colaboradoras desliza la existencia de situaciones de mayor vulnerabilidad y menor acceso a otras vías de tramitación, en lugares con una fuerte presencia de temporeros agrícolas sin papeles.

A cierta distancia aparecen otros territorios con cifras también significativas, aunque más moderadas. Castilla-La Mancha supera las 52.000 solicitudes, mientras que Euskadi roza las 50.000 y la Región de Murcia se sitúa en torno a las 45.000. Castilla y León (casi 40.000) y Galicia (38.747) completan el siguiente bloque, seguidas de Canarias y Baleares, ambas por encima de las 30.000 peticiones.

En el extremo inferior se encuentran comunidades como Navarra, Asturias o Extremadura, con volúmenes mucho menores, y los casos de Ceuta y Melilla, donde el proceso ha tenido un alcance muy limitado. En conjunto, el mapa dibuja una regularización claramente urbana y ligada a los grandes mercados de trabajo, pero con presencia en todo el territorio.

Cómo y por qué la han solicitado

Del total de solicitudes recibidas, el 79,6% corresponde a migrantes en situación irregular que llevan más de cinco meses de residencia continuada en España, que podían justificar su arraigo a través de vínculos laborales, familiares o a través de la demostración de su situación de vulnerabilidad. Por su parte, el 20,4% restante representa a solicitantes de protección internacional, que se han acogido a la vía creada específicamente para ellos, que permite el paso del régimen de estancia por asilo a la obtención de un permiso temporal de residencia y trabajo en caso de haber llegado antes del 1 de enero de 2026 y carecer de antecedentes penales.

Según sus datos, el 58% de las solicitudes telemáticas fueron presentadas por abogados, seguidas por funcionarios habilitados (16,8%), gestores administrativos (8,4%), las propias personas interesadas mediante certificado digital (7,3%), las entidades colaboradoras (5,1%) y graduados sociales (3,6%).

Aunque no destaque su representación en el balance oficial, que por ahora solo incluye la labor de subir el expediente a la plataforma habitual para los trámites de extranjería, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela incidió durante la presentación de los datos en el peso que han tenido las organizaciones colaboradoras en la preparación de los expedientes, el acompañamiento de muchos demandantes en cada trámite, especialmente en la emisión de los certificados de vulnerabilidad, el informe que generó un cuello de botella durante las primeras semanas de la entrada en vigor de la medida. Un total de 495 entidades del Tercer Sector y organizaciones sindicales han apoyado durante todo el proceso en labores de asesoramiento, acompañamiento y orientación a quienes se han acogido a la medida extraordinaria.

El camino de Brayan hacia la regularización también está marcado por esa aportación menos visible de las organizaciones sociales colaboradoras, que se han deslomado para sacar adelante el procedimiento sin contraprestación económica específica para este fin. El colombiano, tras guardar fila toda la madrugada en aquellos primeros días de plazo, había salido de la oficina municipal con el alivio de haber cumplido su objetivo. Pero los días pasaban y el Ayuntamiento no daba noticias sobre su informe de vulnerabilidad por el que había pasado la noche en vela.

La impotencia llevó al joven a probar suerte en Altius, una de las ONG registradas para apoyar a los solicitantes. “Ese mismo día ya tenía una cita y el certificado”, contó entonces a elDiario.es. Sin esperas, colas ni madrugadas a la intemperie. La organización no subió su expediente, pero su rápida intervención hizo posible que hoy Brayan haya empezado a buscar trabajo como un ciudadano más.

Ya hay cifras de la regularización extraordinaria de migrantes. El plazo del procedimiento ha cerrado con más de 1.174.978 solicitudes presentadas, un alcance que desborda las previsiones iniciales del Gobierno y marca un máximo histórico en comparación con procesos similares impulsados anteriormente en España, según ha confirmado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De las más de un millón de peticiones, el Ejecutivo ha admitido a trámite por ahora 609.737 expedientes, lo que supone que al menos ese número de personas cuenta con un permiso de residencia provisional hasta obtener la resolución definitiva. De ellas, 11.000 ciudadanos han recibido ya una respuesta favorable de manera definitiva.

La cifra total de solicitudes ayuda a dimensionar una realidad invisible y difícil de cuantificar: la de cientos de miles de personas que ya vivían y trabajaban en el país de forma irregular, muchas de ellas incluso sin acceso al padrón. Una población que, ahora, podrá salir de la clandestinidad, acceder a sus derechos y aportar como cualquier ciudadano, tras la puesta en marcha de una medida impulsada durante más de seis años desde la calle, a través del movimiento Regularización Ya, liderado por personas migrantes y racializadas. El balance definitivo de expedientes, que no alcanza los 1,2 millones, no coincide con las cifras publicadas por varios medios en la última semana, que aseguraban que el procedimiento había superado los 1,3 millones de demandas.

La mayoría de las solicitudes, un 67%, corresponde a ciudadanos latinoamericanos, como adelantó elDiario.es hace dos semanas y confirman ahora el balance oficial aportado por el Ministerio tras el cierre de las ventanillas. El dato ratifica que la mayor parte de quienes han solicitado la regularización no han tenido que atravesar una frontera de manera irregular, sino que han entrado en España en avión. La nacionalidad colombiana destaca entre todas las demás, acercándose con un 27% de las peticiones registradas. Lejos en porcentaje, le sigue la marroquí, con un 13,4%; la venezolana, que representa el 11,7% de las solicitudes; y la peruana, con el 8,8%, según los datos oficiales a los que ha accedido elDiario.es. El Ministerio de Inclusión ha programado una convocatoria de prensa esta mañana para detallar el balance oficial del procedimiento.

“La cifra pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo, porque va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestros país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza”, ha declarado la ministra Elma Saiz, en un vídeo difundido este jueves. “Estamos ante un verdadero hito de nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos orgullosos”, ha añadido la titular de Inclusión.

¿Quiénes la han pedido?

La medida ha tenido un peso especial para los niños y adolescentes. Según el balance inicial del Ministerio, las peticiones ligadas a quienes tienen entre 0 y 15 años suponen un 11% del total, lo que puede explicarse con las facilidades que este proceso ha dado específicamente a los menores de edad, a través de la concesión automática en la mismo expediente de sus progenitores.

Sobre el perfil de los solicitantes, los hombres han presentado más solicitudes que las mujeres, aunque en porcentajes próximos. Ellos representan un 57% de las peticiones mientras que ellas, el 43%. Por edad, el 81% de los demandantes tienen menos de 45 años. Y seis de cada diez solicitantes tienen menos de 34 años, unos datos que han sido enfatizados por el Secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Álvarez, para explicar cómo puede impactar la regularización en el mercado laboral y en la aportación de los empleados extranjeros a las arcas públicas.

Algunas cifras empiezan a dar cuenta del previsible efecto positivo de la regularización en las contizaciones a la Seguridad Social. Según los datos oficiales, de las 608.000 personas cuya petición ha sido admitida a trámite, 159.097 ya se encuentran dadas de alta en la Seguridad Social. Ese dato, sin embargo, no significa per sé que esos ciudadnos se han afiliado debido al procedimiento extraordinario, porque entre ellos se encuentran solicitantes de protección internacional que podrían estar ya cotizando con anterioridad. El Ministerio no ha aclarado por el momento el número de nuevas altas que han sido posibles exclusivamente por el procedimiento extraordinario, pues matizan que se trata de un balance preliminar y aún se encuentran cruzando los datos para hacer una fotografía más detallada de su impacto en el mercado laboral.

El secretario de Estado de Seguridad Social ha recalcado 83,4% de las personas regularizadas que están dadas de alta se enmarcan en el Régimen General, en el que el contrato indefinido es la modalidad que predomina entre las afiliaciones de quines han recibido el permiso de residencia provisional por la regularización. Por tipo de actividad, los setores que concentran el mayor número de altas son: Hostelería (38.776), Comercio (20.195), Actividades Administrativas (19.327) y Construcción (18.310).

En el primer semestre de 2026, la afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social se ha convertido en “uno de los principales motores del crecimiento del empleo en España”, recuerdan desde el Ministerio. Según Álvarez, el ritmo de aumento “se ha ido acelerando” desde finales del mes de abril, cuando comenzó el proceso de regularización extraordinaria de migrantes.

Del total de solicitudes recibidas, el 79,6% corresponde a migrantes en situación irregular que llevan más de cinco meses de residencia continuada en España, que podían justificar su arraigo a través de vínculos laborales, familiares o a través de la demostración de su situación de vulnerabilidad. Por su parte, el 20,4% restante representa a solicitantes de protección internacional, que se han acogido a la vía creada específicamente para ellos, que permite el paso del régimen de estancia por asilo a la obtención de un permiso temporal de residencia y trabajo en caso de haber llegado antes del 1 de enero de 2026 y carecer de antecedentes penales.

Catalunya y Madrid concentran más solicitudes

En función del lugar donde han sido recibidas, las autonomías que han recogido un mayor número de expedientes son Catalunya, donde se han presentado más de 257.000 peticiones; y la Comunidad de Madrid, con 202.000. También destacan las cifras de los tramites presentados en las ventanillas de la Comunidad Valenciana y Andalucía, lo que encaja con las regiones con más población nacida en el extranjera.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha destacado el papel que ha tenido en todo el proceso todos los actores del proceso. “Las cifras evidencian el esfuerzo histórico realizado por las instituciones y sociedad civil, que han empujado para que nadie se quede fuera de este proceso y conseguir una sociedad de acogida efectiva, con derechos y obligaciones para todos”, ha señalado. Según sus datos, el 58% de las solicitudes telemáticas fueron presentadas por abogados, seguidos por funcionarios habilitados (16,8%), gestores administrativos (8,4%), las propias personas interesadas mediante certificado digital (7,3%), entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería (5,1%) y graduados sociales (3,6%).

Cancela ha hecho hincapie en el peso que han tenido las organizaciones colaboradoras en la preparación de los expedientes, el acompañamiento de muchos demandantes en cada trámite, especialmente en la emisión de los certificados de vulnerabilidad, el informe que generó un cuello de botella durante las primeras semanas de la entrada en vigor de la medida. Un total de 495 entidades del Tercer Sector y organizaciones sindicales colaboran durante todo el proceso en labores de asesoramiento, acompañamiento y orientación a las personas solicitantes.

El número de solicitudes registradas no suele coincidir con el de las personas que finalmente serán regularizadas. Las proyecciones iniciales del Ejecutivo, ya superadas, estimaban la recepción de 750.000 peticiones, de las que calculaban aceptar unas 500.000, teniendo en cuenta las duplicidades de expedientes que pueden producirse en este tipo de procedimientos, así como el descarte de casos que no cumplen los requisitos. Fuentes gubernamentales han asegurado a elDiario.es que todas las personas que han registrado una solicitud recibirán una respuesta, negativa o positiva, por lo que descartan que el silencio administrativo se interprete como una denegación.

Por ahora, casi el 52% de las solicitudes han sido admitidas a trámite, aunque el Gobierno continúa estudiando los expedientes a un ritmo que todavía no ha cumplido con el plazo de 15 días anunciado. Con la causa abierta por PP y Vox en el Tribunal Supremo, y ante una mínima —aunque poco probable— posibilidad de paralización cautelar del procedimiento, el Ejecutivo ha asegurado que tratará de agilizar la tramitación en los próximos días para aumentar la seguridad jurídica de quienes han solicitado la regularización.

Las principales nacionalidades se ajustan a las recogidas por el Instituto Nacional de Estadística en los últimos años, cuyos estudios incluyen los países de procedencia de los residentes en España a través de los registros del padrón. En 2022, Colombia se convirtió en el principal país de origen de los nuevos inmigrantes, por delante de Marruecos. Las llegadas de ciudadanos colombianos continuaron en aumento en 2023 y 2024, hasta cristalizar en un histórico “sorpasso” migratorio, por el que los residentes en España nacidos en el país latinoamericano superaron a los nacidos en Marruecos.

Entre las más de 608.000 personas cuya solicitud ha sido admitida a trámite está Missael. Tras abandonar Perú, el joven viajó a España con visado de turista, como suele ocurrir con la mayoría de migrantes latinoamericanos asentados en el país. Una vez expirado su permiso, se quedó sin papeles hasta que consiguió solicitar asilo, lo que le permitió contar con una autorización temporal mientras se estudiaba su caso. Hace casi más de medio año, la denegación de su petición de protección internacional le empujó de nuevo a la clandestinidad.

“Después de ocho meses sin papeles, he vuelto a cotizar. Sin papeles todo es más duro. Es como si te quedas en una pausa. Cotizas, vas a un ritmo, te deniegan el asilo y te quedas sin nada. A esperar otra vez un permiso para trabajar. Pero ahora estoy otra vez dado de alta”, explicó a elDiario.es hace un mes.

Desde entonces, trabaja por las noches en una pizzería de Huelva, donde intercala turnos de repartidor y atención al público, mientras continúa con sus estudios de Formación Profesional. Cuatro días después de recibir la autorización provisional ligada a la admisión a trámite, consiguió un empleo en el que cotizar. Durante el tiempo en que no tenía papeles, reconoce, no dejó de trabajar, aunque lo hacía de forma irregular, en empleos más precarios y menos estables. Ahora está dado de alta en la Seguridad Social y ha recuperado sus derechos como ciudadano. Antes no existía; ahora ha salido de la invisibilidad.