A primera hora de la mañana, una decena de furgones de la Guardia Civil ha rodeado el edificio donde viven los miembro de la organización No Name Kitchen en Ceuta y la nave donde tienen su base los activistas del colectivo Brigadas de Apoyo Mutuo. Los agentes desplegados han entrado a la fuerza con orden judicial a ambas residencias para registrarlas y los voluntarios han sido “tumbados en el suelo y maniatados” mientras revisaban la vivienda, según una de las organizaciones. Aunque en el registro no se ha producido ninguna detención, horas después han sido detenidos a dos activistas, un hombre y una mujer, en Ceuta y Valencia respectivamente, según confirman fuentes del Instituto Armado en la Ciudad Autónoma. Se les acusa de incitación a la violencia y desórdenes públicos.

“De las actuaciones practicadas hasta el momento resultan indicios que permiten inferir, con el grado de probabilidad exigible en esta fase inicial de la investigación, que en las naves objeto de la solicitud se puden estar desarrollando actividades relacionadas con la tenencia y distribución de instrumentos peligrosos y, eventualmente, sustancias estupefacientes”, sostiene la orden del juzgado, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Fuentes del Instituto Armado confirman el operativo iniciado esta mañana contra estos dos colectivos que, además de repartir comida y realizar curas a migrantes heridos en la ciudad, realizan una función de vigilancia de posibles abusos de las fuerzas de seguridad contra las personas marroquíes que malviven en la ciudad tras la entrada masiva de finales de julio. La operación ha consistido en el registro de las sedes de ambos colectivos, ubicados en la zona de la Almadraba y las naves del Tarajal. Los miembros desplegados de la Policía Judicial buscaban a unos activistas concretos que finalmente no han sido localizados. Supuestamente se les atribuye haber “incitado” a migrantes a actuar de manera “violenta” contra miembros de las fuerzas de seguridad, algo que las ONG niegan.

La ONG No Name Kitchen ha denunciado supuestas “irregularidades” en el procedimiento de registro y considera que el operativo es un “paso más” en una “campaña de criminalización” contra la organización, una de las que más denuncia de manera pública abusos cometidos contra los migrantes por parte de las fuerzas de seguridad. “Agentes de la Guardia Civil han entrado en el espacio de No Name Kitchen en Ceuta derribando la puerta, sin llamar, y sin ninguna comunicación previa. Los miembros del equipo han sido tumbados en el suelo y maniatados. Son personas voluntarias y defensoras de derechos humanos que realizan labores humanitarias básicas: distribuir comida, curar heridas y ofrecer acompañamiento legal a personas en situación de vulnerabilidad”, han explicado en un comunicado.

“Este registro no es un hecho aislado. Durante los últimos dos meses, la organización ha sufrido difamaciones y bulos sobre un supuesto reparto de sprays de gas pimienta y explosivos. Son acusaciones sin ningún fundamento que ya han quedado sobradamente desmentidas. Hace aproximadamente un mes, además, una patrulla del Ejército bloqueó el acceso a nuestro edificio”, recuerda la organización.

En el auto, el juez señala que un testigo asegura que una persona le entregó supuestamente un cuchillo y otros que alegan que les dieron “aerosoles de pimienta y armas blancas”, lo cual niega la organización.

Los supuestos sprays de gas pimienta que no encuentran

La investigación está en parte relacionada con la supuesta entrega de sprays de gas pimienta a migrantes, algo que no ha sido confirmado y que desde No Name Kitchen califican de “bulo”. Lo que sí quedó grabado es el reparto de este producto por parte del colectivo de corte ultraderechista Revuelta entre mujeres ceutíes el pasado 2 de septiembre.

En el operativo de desalojo de los asentamientos de distintos barrios de la ciudad autónoma desarrollado el domingo pasado, un migrante utilizó un spray de gas pimienta en el autobús custodiado por la Policía Nacional que trasladaba a decenas de marroquíes a la frontera para su supuesto “retorno voluntario”. Aunque la investigación sobre la supuesta incitación a la violencia por parte de las ONG se inició en agosto, fuentes de la Guardia Civil confirman que este último hecho ha acelerado el operativo desarrollado este jueves.

Fuentes policiales dijeron entonces que investigarían a “quienes” habían entregado supuestamente el spray pimienta al migrante, dando por hecho que esa persona no lo había podido conseguir por sus propios medios, como lo hacen muchos vecinos ceutíes que han comprado este tipo de material en una tienda de productos de pesca de la ciudad autónoma. Es habitual encontrar a ciudadanos de Ceuta que portan sprays pimienta en su día a día debido a su percepción de inseguridad tras la crisis migratoria. Los muestran con naturalidad e incluso, algunas de estas personas se los han entregado a sus hijas menores durante sus primeros días de instituto. Este producto, por tanto, se puede conseguir en la ciudad autónoma.

Según No Name Kitchen, “el registro ha presentado graves fallos de procedimiento. No se han explicado los motivos ni los indicios que lo justificaban. No se designaron testigos reconocidos por la organización. Tampoco se entregó un acta del registro ni un inventario firmado de los objetos, incluyendo teléfonos y ordenadores, confiscados. ”No se ha encontrado ningún arma, explosivo ni spray de gas pimienta, porque la organización nunca ha tenido ninguno de estos objetos. En ningún caso se ha dado alojamiento a personas en situación administrativa irregular. Hacerlo no sería ilegal, pero nuestro espacio no tiene capacidad para acoger a nadie sin discriminar a otras personas que también lo necesitan“, resume la organización.

Varios migrantes, algunos aparentemente menores, dormían en las calles de la barriada ceutí del Mixto, junto a las Murallas Meriníes, cuando cinco militares se acercan y les exigen que se vayan de allí. En un momento en que han sido desalojados todos los asentamientos improvisados y los migrantes que continúan en situación de calle sin plaza de acogida ya no saben dónde pasar la noche, la mayoría de migrantes, somnolientos, empiezan a recoger las mantas. Uno de ellos no reacciona con la agilidad exigida y es abofeteado en tres ocasiones por dos de los efectivos de las Fuerzas Armadas.

La escena ha quedado reflejada en un vídeo difundido por vecinos ceutíes, que recoge una nueva agresión de militares a un migrante. En concreto, las imágenes muestran varias bofetadas propinadas con fuerza por parte de dos soldados a un chaval marroquí aparentemente menor que dormía junto a otros compañeros cerca de las Murallas Meriníes, en la barriada ceutí del Mixto.

Los tortazos captados por la grabación se producen en el marco de una intervención de una patrulla perteneciente al Grupo de Regulares de Ceuta número 54. Según uno de los vecinos que ha difundido el vídeo, los hechos se produjeron durante la noche del lunes al martes. En la actuación, cinco soldados despertaron a varios migrantes, a los que exigen que recojan sus cosas y abandonen la zona. Uno de los uniformados empieza a elevar el tono contra uno de los migrantes que permanece en el suelo, en el lugar donde dormía, se desconoce si por rebeldía o porque aún estaba dormido.

“¡Te voy a destrozar la cara! ¡No me mires así!”

“Háblame, háblame. ¿No me oyes? ¿No me oyes?”, dice uno de los militares hacia el suelo, donde se encuentra el chaval. Le habla en dariya, el dialecto marroquí. “¿Me está hablando a mí?”, reacciona el chico. “¡Te está hablando! ¿No entiendes lo que te está diciendo? ¡Te está hablando! ¿No entiendes lo que te está diciendo?”, responde uno de los soldados.

Uno de los militares que habla dariya se dirige a él con cada vez más agresividad debido, según las palabras del uniformado, la supuesta pasividad del chaval. “¿Qué te pasa, que resoplas así? ¿Te crees muy listo o qué? Mueve el culo, amigo”, le dice el soldado. El chico se empieza a levantar, pero el uniformado acaba agrediendo al joven por la supuesta manera en la que le miraba: “Mira, no me mires así, con esa mirada. ¡Te voy a destrozar la cara! ¡No me mires así! ¡No me mires!”, le grita antes de soltar la primera bofetada. “Me voy a cagar en tu madre”, añade en dariya.

Después del primer tortazo, el militar vuelve a exigir al chaval que “no le mire” antes de pegarle de nuevo. “No te he hecho nada”, dice el chaval marroquí. “¡Venga, sígueme! ¡Venga, sígueme! ¡Sígueme! No tenéis sangre en las venas, sois unos desganados”, espeta el efectivo de los Regulares. Mientras insisten al migrante en que “si no sabe el árabe” o si “no entiende” al militar que acaba de abofetearle, el agredido insiste: “No he hecho nada, no he hecho nada. No me toques”.

“¡Venga, toma por culo de aquí!”, grita el uniformado, que vuelve a abofetearle. “¡Venga, toma por culo ¡Levántate! ¡Venga, sal de aquí! ¡No me mires! ¡No me mires!”.

Mientras el migrante golpeado ya se aleja del lugar donde se encuentran los solados, el militar continúa: “¡No me mires! ¡Y todavía sigues haciéndote el chulo, ¡Venga, sal de aquí!”, añade al tiempo que el migrante salta un vallado para alejarse de efectivo de las Fuerzas Armadas. “¡No entiendes la libertad, solo entiendes el hogra [humillación, represión]”.

Desde hace un mes, elDiario.es ha publicado distintas investigaciones sobre las denuncias de palizas de militares a migrantes en Ceuta. Como parte de este trabajo, este medio también ha verificado y publicados varios vídeos que confirman parte de la violencia que describen las personas entrevistadas.

Previamente, elDiario.es publicó los testimonios de más de una veintena de migrantes, acompañadas de fotos e informes médicos, así como varios casos de menores rociados con gas pimienta por efectivos de las Fuerzas Armadas, mientras los chavales realizaban actividades cotidianas, como volver de comprar comida o dirigirse a su campamento.

La semana pasada, este medio también reveló una serie de audios en los que puede se escuchar cómo un grupo de militares españoles en servicio en la ciudad autónoma confirma y describe entre risas detalles de algunas de estas prácticas abusivas en una conversación durante una de sus misiones. El Ministerio de Defensa ha remitido al juzgado de guardia de Ceuta y a la Fiscalía esta investigación.

Después de conocerse que el juzgado de Ceuta ha admitido a trámite varias denuncias de migrantes que aseguran haber sido víctimas de agresiones por parte de militares, el Gobierno, a través de su delegado en Ceuta, ha publicado un vídeo para apoyar a los soldados desplegados en la ciudad autónoma. El representante ceutí del Ejecutivo, David de la Encina, ha visitado este martes la sede de la Comandancia General para transmitir “el reconocimiento del valor, entrega y dedicación” de los efectivos de las Fuerzas Armadas de la guarnición ceutí. “Gracias especialmente a la labor que están desarrollando diariamente en Ceuta en la situación de interés para la seguridad nacional”, ha recalcado.

El delegado del Gobierno en Ceuta ha mantenido un encuentro con el Comandante General en Ceuta, Luis Jesús Fernández Herrer Frente, en el que afirma haber transmitido “el apoyo del Gobierno” a las Fuerzas Armadas. Tras su visita, David de la Encina ha difundido un vídeo para enviar un mensaje de reconocimiento a todos los militares con base en la ciudad. “En este lugar tan emblemático de Ceuta y para mí tan importante, he venido a testimoniar el apoyo del Gobierno de España y mío humano hacia las Fuerzas Armadas”, ha expresado.

“Gracias por los siglos de dedicación a la seguridad de España y gracias especialmente a la labor que están desarrollando diariamente en Ceuta en la situación de interés para la seguridad nacional nuestras fuerzas armadas”, ha indicado. “Estamos muy tranquilos y muy seguros por contar con unos profesionales de la vocación, de la profesionalidad y de la entrega de los miembros de la guarnición de la Comandancia General de Ceuta”, ha añadido de la Encina, tras las múltiples denuncias registradas en los juzgados por migrantes que aseguran ser víctimas de palizas por parte de militares en la ciudad autónoma. https://www.eldiario.es/desalambre/juzgados-ceuta-investigan-denuncias-agresiones-militares_1_13598445.html

Su mensaje de apoyo también llega días después de la publicación en elDiario.es de varios audios en los que militares comentan entre risas supuestas agresiones y posibles torturas a las personas que permanecen en las calles ceutíes tras la entrada masiva de finales de julio. En el vídeo, el delegado no ha realizado mención alguna a las denuncias, únicamente se limita a mostrar su apoyo a los uniformados con base en el enclave español.

Varias denuncias en los juzgados

La Justicia de Ceuta está investigando casos de palizas de militares a migrantes a través de distintas vías. Diferentes juzgados ceutíes “están investigando” por separado varias denuncias de migrantes que aseguran haber sido víctimas de estas agresiones, según ha confimado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a elDiario.es. Por otro lado, la Fiscalía indica que se han incoado las primeras diligencias por parte del juzgado encargado de la investigación abierta tras la remisión del informe de Amnistía Internacional sobre posibles torturas a personas marroquíes por parte de soldados españoles, a lo que ahora se añadirán los audios publicados por elDiario.es.

Ahora el TSJA confirma a este medio que “existen varias denuncias en varios juzgados” de la localidad y que los hechos “se están investigando” por separado en cada uno de los casos. Esto implica que los procesos se encuentran abiertos, habiendo otorgado la autoridad judicial credibilidad a las reivindicaciones de las personas migrantes. Las fuentes del Tribunal ven complicado precisar por el momento el número de querellas, en una respuesta que desliza que no se trata de pocos casos.

“Sin guantes mola más”

En los audios, al menos tres miembros de las Fuerzas Armadas comentan algunas de sus actuaciones en Ceuta, describiendo supuestas agresiones propinadas a los migrantes: “Lo que pasa es que [pegar] sin guantes mola más. Sin guantes se escucha el 'plas'”, dice uno de los militares, imitando con énfasis el sonido de un tortazo.

Los soldados admiten en las grabaciones haber participado de manera directa o indirecta en agresiones contra personas migrantes que, según trasladan, no suponían una amenaza para la patrulla.  “El man no se ha dado cuenta, porque le hemos dicho ‘póngase detrás del vehículo’ y se ha puesto así…”, dice uno de los uniformados, cuyo relato de los hechos es completado por uno de sus compañeros: “Y se la he dado sin que se la espere. Porque lo he mirado a él… Y ¡pam!”, añade, enfatizando el golpe que había pillado desprevenido a uno de los migrantes, según sus propias palabras recogidas en la grabación. 

Decenas de migrantes llevan meses denunciando agresiones, palizas y tratos vejatorios por parte de uniformados en Ceuta. Además de sus testimonios, varios vídeos confirman parte de estos abusos. Este domingo, elDiario.es publicó una reconstrucción de una de las grabaciones difundidas en redes sociales, a través de entrevistas con los migrantes que aseguran haber resultado heridos en la intervención militar.

La Comandancia de Ceuta a la que el Gobierno ha expresado su apoyo está formada por el Grupo de Regulares de Ceuta número 54, el Tercio Duque de Alba º de La Legión, el Regimiento de Caballería Montesa número 3, el Regimiento Mixto de Artillería número 30, el Regimiento de Ingenieros número 7, la Unidad Logística número 23 y el Batallón de Cuartel General General.

Además de la guarnición de Ceuta, varios regimientos con base en otros puntos del país han sido movilizados a la ciudad autónoma tras la situación de interés de seguridad nacional declarada tras la llegada irregular de cerca de 80.000 personas por la frontera del Tarajal.

La Justicia de Ceuta ya investiga, a través de distintas vías, casos de palizas de militares a migrantes. Diferentes juzgados ceutíes “están investigando” por separado varias denuncias de migrantes que aseguran haber sido víctimas de estas agresiones, según confirma el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por otro lado, la Fiscalía indica que se han incoado las primeras diligencias por parte del juzgado encargado de la investigación abierta tras la remisión del informe de Amnistía Internacional sobre posibles torturas a personas marroquíes por parte de soldados españoles, a lo que ahora se añadirán los audios publicados por elDiario.es.

Los hechos denunciados se remontan a los últimos dos meses y medio, desde la entrada de decenas de miles de personas migrantes a la localidad procedentes de Marruecos. elDiario.es a través de varias informaciones y diversas ONG, incluyendo a Amnistía Internacional a través de un amplio informe, habían alertado de agresiones a las personas que sobreviven en las calles de la localidad desde finales de julio.

Ahora el TSJA confirma a este medio que “existen varias denuncias en varios juzgados” de la localidad y que los hechos “se están investigando” por separado en cada uno de los casos. Esto implica que los procesos se encuentran abiertos, habiendo otorgado la autoridad judicial credibilidad a las reivindicaciones de las personas migrantes. Las fuentes del Tribunal ven complicado precisar por el momento el número de querellas, en una respuesta que desliza que no se trata de pocos casos.

Por su parte, la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación ante la denuncia presentada por Amnistía Internacional a raíz de un informe en el que desvela numerosos casos de presuntas torturas a personas que llegaron a la localidad hace dos meses y medio. “La Fiscalía ha incoado diligencias de investigación a raíz de esa denuncia. No me consta que se hayan remitido vídeos ni otros informes relacionados con estos hechos. Todo ello, sin perjuicio de que algún juzgado haya podido incoar diligencias o actuaciones” por otro lado, revela el Ministerio Fiscal.

Dos vías y más denuncias pendientes de admisión

Se trata de dos frentes separados en el esclarecimiento de los hechos. Por uno, la acción individual de los titulares de cada uno de los juzgados en los que hay denuncias relacionadas con situaciones de esta índole, que, a no ser que finalmente unifiquen la investigación como una causa conjunta, resolverán individualmente cada uno de los sucesos. Por otro lado, quedan las pesquisas de la Fiscalía, a las que deberá aportar información el Ministerio de Defensa y en la que también se incluirán los audios revelados por elDiario.es en los que varios militares aparecen jactándose de agresiones a personas migrantes.

Más allá de las denuncias que ya investigan los juzgados, aún está pendiente la decisión sobre la admisión a trámite de varias denuncias a las que ha tenido acceso elDiario.es, por lo que la cifra de causas abiertas puede aumentar en las próximas semanas.

Una de ellas es la de Mohamed, publicada por elDiario.es el pasado 1 de octubre. Aunque aún no ha sido admitida a trámite, la Policía Nacional sí ha dado traslado del caso al juzgado, según confirma su abogada a elDiario.es.  El pasado 12 de septiembre, de madrugada, el hombre marroquí relata que estaba dormido en una de las chabolas de un asentamiento en la zona de las naves del Tarajal cuando fue despertado por “cinco militares” que, después de registrarle, lo trasladaron a una zona montañosa de la ciudad. Allí asegura haber sido maniatado, amordazado y haber sufrido una paliza por parte de un grupo de soldados españoles, todo según su denuncia, presentada el pasado 26 de septiembre en la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, a la que ha accedido elDiario.es.

Según la denuncia, el hombre marroquí dormía en una chabola de la zona de las naves del Tarajal junto a otro chico marroquí cuando le despertaron varios soldados. Cuando se asomó desde su habitáculo encontró a “unos cinco militares” que “le registraron y le pidieron que lo acompañaran”. Según cuenta tanto en la denuncia como en conversación con elDiario.es, los soldados les pidieron que fuesen con ellos. “Mi superior solo os va a registrar y no os va a pasar nada”, recuerda que le dijeron. 

En un principio siguió las indicaciones de los uniformados, hasta que “desconfió e intentó huir” del lugar donde lo tenían retenido, después de semanas en las que había escuchado a otros compañeros hablar de supuestas agresiones sufridas por parte de soldados españoles en plena madrugada. En ese momento, “los militares se abalanzaron sobre él, reteniéndole, al igual que a la persona que lo acompañaba” que, según su relato, era menor de edad.

Agarrados por los militares, empezaron a caminar por la carretera próxima a una de las entradas de las naves y, “a los pocos metros”, aparecieron otros soldados con otra persona migrante. Junto a ellos, los dirigieron hasta el lugar donde se encontraban “otros militares junto a dos vehículos”. El denunciante ha reconocido en fotografías estos coches como “todoterrenos pickup de la marca Iturri Landtrek” de color oscuro, lo que coincide con los vehículos tácticos utilizados por el Ministerio de Defensa. 

Allí, “los militares le tapan la boca y las manos tanto a él como a su acompañante con cinta aislante gruesa de color gris y les indican que suban en la parte posterior que se encuentra cubierta por completo de uno de los vehículos”, detalla el testimonio recogido por la Policía Nacional. El vehículo arrancó y tras unos 15 minutos de camino “sin ver nada del exterior”, los militares le bajaron y “le taparon los ojos con la misma cinta aislante” mientras “le propinaban sendos golpes por todo el cuerpo”. 

A los pocos metros, continúa su relato, “sintió que su cabeza se apoyaba sobre una superficie dura y rugosa donde fue atado a ella”. Mohamed piensa que era un árbol, pero seguía sin poder ver nada. Mientras estaba atado fue “golpeado durante unos cinco minutos” hasta que los militares le retiraron la cinta de los ojos y les ordenaron a gritos que “saliesen corriendo”. Mohamed cuenta que obedeció hasta que, mareado, con varias heridas en su cabeza y sin apenas fuerzas, se tumbó en otra zona del bosque hasta quedarse dormido.

Al amanecer empezó a caminar en busca de ayuda. Fue entonces cuando llamó a su hermano desesperado, cuenta, y envió los audios y fotografías que lo pusieron alerta. Desde Sevilla, donde Ossama vive desde hace tiempo, envió los mensajes a un amigo que también había llegado a la ciudad autónoma en la entrada masiva de finales de julio, como lo hizo su hermano. “La gran sorpresa fue cuando mi amigo fue a verlo y me contó cómo estaba. Me enseñó fotos de las heridas que tenía en la cara. Me quedé en shock y no sabía ni por dónde empezar. No pude seguir viendo las fotos”, recuerda.

Mientras su hermano respondía, Mohamed se encontró en una media glorieta de la zona de Benzú a otros militares, que “lo auxiliaron” y llamaron a una ambulancia, según el atestado policial. El parte médico del Hospital Universitario de Ceuta, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge que el paciente acudió a Urgencias tras sufrir “varias heridas” en el cuero cabelludo “tras agresión”. “También refería dolor en ambos brazos con predominio en el codo”, señala el parte.

Cerca de una veintena de partes de lesiones de migrantes que aseguraron haber sido agredidos por efectivos de las Fuerzas Armadas han llegado al juzgado ceutí que investiga el caso de posibles torturas por parte de militares, según ha adelantado El País y ha confirmado a elDiario.es del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad. Las mismas fuentes oficiales recuerdan que el envío de los informes médicos a las autoridades judiciales es obligatorio por ley cuando un paciente asegura haber sido agredido, por lo que ya habían sido remitidos a la Justicia en el momento en que ocurrieron los hechos.

Aunque por el momento el Ingesa no ha especificado el número exacto de pacientes sobre los que ha remitido información, sí confirma que existen alrededor de una veintena de comunicaciones sobre casos en los que las personas migrantes llegadas a Ceuta durante los últimos días de julio han denunciado ser víctimas de agresiones por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas. El Ingesa habla de “cerca de una veintena”, pero los testimonios recopilados por elDiario.es apuntan a que son más los migrantes que han acudido al servicio de Ugerncias del Hospital de Ceuta tras alegar sufrir una paliza por parte de militares españoles.

Estas fuentes también hacen hincapié en que no es el Hospital de Ceuta, a través del Ingesa, quién asocia las lesiones con torturas por parte de militares, sino que el parte recoge lo que el afectado le dice al médico. “Los médicos refieren el parte y envían copia según lo que le haya dicho el paciente”, insiste el representante del organismo consultado por este medio. Posteriormente, “es la justicia quién debe dictaminar”, agrega la fuente.

Sin embargo, varios testimonios de pacientes que denuncian haber sido víctimas de palizas por parte de soldados en Ceuta han asegurado a elDiario.es que, pese a que hayan trasladado al personal sanitario haber sido agredidos específicamente por militares, el certificado médico no siempre lo recogía. Este medio ha accedido a varios partes médicos de migrantes que no incluyen que la víctima refiera haber sido golpeado por militares, sino que únicamente incluye que se trata de una “agresión”, pese a que afirman haber insistido en ello al personal médico, lo que puede deberse a una falta de voluntad o a razones ligada a la barrera idiomática.

Una denuncia presentada ante la Policía por un migrante víctima de una supuesta agresión por parte de militares españoles recoge que un sanitario del Hospital de Ceuta le exigió no incluir esa información en el certificado médico: “Si reflejas en el parte médico que te han agredido los militares, no podremos atenderte”, le dijeron en Urgencias, según el documento registrado en comisaría, publicada por elDiario.es el 1 de octubre.

Otros migrantes que han acudido a Urgencias tras sufrir este tipo de prácticas reconocen haber tenido miedo por la presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas en la puerta del centro médico o por recibir cualquier tipo de represalias a su salida.

La información facilitada por el Ingesa viene a confirmar que el juzgado que investiga las presuntas torturas ya cuenta no solo con el informe de Amnistía Internacional, sino con documentos médicos que evidencian lesiones sufridas por las personas migrantes que permanecen en Ceuta y que aseguran haber sido víctimas de ataques por parte de soldados.

El vídeo corre por redes sociales desde el 17 de agosto. Una decena de militares irrumpe en un descampado donde hay dos vehículos aparcados. Una parte de los uniformados se abalanza sobre uno de ellos, desde donde varios migrantes salen a toda velocidad mientras intentan esquivar los porrazos. En su huida, un chico cae por un empinado terraplén cuando los soldados continúan ensañándose a golpes con dos marroquíes agachados en el suelo ya fuera del coche. Se escuchan chillidos. La escena obliga a reaccionar a algunos vecinos y los efectivos empiezan a dispersarse. Tras ellos, un joven queda tirado en el suelo. 

Más de un mes de los hechos, Aiman (nombre ficticio) observa el vídeo y señala al chico delgado que huye despavorido del vehículo hasta desplomarse terraplén abajo. “Soy yo”, dice con timidez y cierto miedo. Enseña la zona posterior de su oreja y su codo, donde dos cicatrices le recuerdan cada día lo ocurrido aquella mañana de agosto en la que varios militares le despertaron a palos tras abrir la puerta del coche donde dormía junto a otros cuatro jóvenes marroquíes. Es menor de edad. Su acta de nacimiento recoge que tiene 17 años. 

A través de su testimonio, el de otros dos migrantes heridos durante la actuación militar y varios vecinos que asistieron a los heridos, elDiario.es reconstruye lo ocurrido en el vídeo difundido inicialmente por el colectivo Border Resistance y publicado por este medio el 27 de septiembre.  Los hechos ocurrieron a las 8 de la mañana en un descampado de la barriada ceutí de Los Rosales —aunque en un inicio las primeras informaciones los ubicaban en El Príncipe—, ubicado cerca de edificios de viviendas. Aiman estaba acostado en el asiento trasero; Ibrahim descansaba en el maletero, encajonado junto a otro chaval. En los asientos delanteros reposaban otros dos compañeros. 

“Estábamos durmiendo dentro del coche. [Los militares] abrieron la puerta y empezaron a golpearnos dentro del coche. Algunos huyeron y otros se quedaron”, explica el menor. Él no escuchó la puerta abrirse, cuenta; se despertó con los golpes de las defensas y entre gritos de los militares. “Estaba dormido y no entendía qué pasaba. Imagínate que susto despertarte así”, continúa Aiman, con la ayuda de un traductor. “Algunos huyeron y otros se quedaron”. Recibió el primer porrazo en el interior del vehículo y, justo después, logró escapar, relata.

Es el chico alto y delgado que sale en primer lugar, por la puerta trasera del lado derecho del coche, y corre hacia la cuesta del descampado. Tan adormecido y aterrado estaba, dice, que no sabía por donde pisaba. No vio el terraplén, y se precipitó desde una distancia considerable. Aiman fue a parar sobre una maraña de residuos, maderas y cristales rotos.

“Ahí fue donde me corté”, añade antes de colocarse de perfil y doblar una de sus orejas, detrás de la que se esconde la primera cicatriz. También levanta y enseña el codo, donde se encuentra el segundo tajo. “Me tuvieron que dar muchos puntos”. 

“Me golpearon en el maletero”

Mientras Aiman se precipitaba por el terraplén, Ibrahim aparece por primera vez en el vídeo. Es el chico que, sin camiseta, sale disparado desde la puerta trasera del vehículo. “Primero, me pegaron dos veces en la cabeza dentro del coche, cuando estaba en el maletero [desde los asientos traseros]. Luego, me sacaron”, dice el joven, de 19 años. “Los gritos que se oyen en el vídeo son míos”.

Las imágenes muestran a Ibrahim saliendo en una especie de propulsión de la parte trasera del coche, desde donde cae del suelo. La manera en la que lo hace apunta a que fue empujado desde el interior del vehículo. El chico se desploma, de rodillas, junto al muro granate. A su alrededor se arremolinan unos cuatro soldados y comienzan a golpear hacia donde se encuentra él y otro chaval, de camiseta negra, al que también sacaron del vehículo.

No les golpean una sola vez: les apalean de manera reiterada. Cuando Ibrahim sale del coche, permanece en el suelo hasta que logra escabullirse de los uniformados que le rodean. Durante esos segundos, se producen al menos nueve porrazos, repartidos por varios efectivos. Solo uno de los militares les golpea hasta seis ocasiones.

“Después de golpearnos en el coche, nos sacaron. En ese momento aparezco en el vídeo, mientras seguían pegándonos…”, confirma Ibrahim, que ya se había visto en las imágenes, difundidas un mes antes por redes sociales, antes del encuentro con elDiario.es. El vídeo muestra el momento en que logra zafarse de los militares, apoyándose en el muro antes de descender la misma ladera por la que se cayó Aiman.

Su compañero, al que sacaron del maletero justo después, trata de seguirle, como aparece en las imágenes. Pero varios militares se ceban con él y le propinan más golpes. Tras el último porrazo, cae al suelo, junto al muro granate. Increpados por varios vecinos, impactados por la intensidad de la paliza, los soldados comienzan a retirarse. El chico de camiseta negra sigue tirado, casi inmóvil, pero los militares abandonan el lugar sin prestarle asistencia y sin llamar a una ambulancia, según los testimonios recabados.

Los migrantes agredidos destacan que uno de los uniformados que les golpeó “llevaba barba”, “no hablaba dariya” (el dialecto marroquí, que suelen hablar los ceutíes musulmanes) y “tenía un tatuaje en el cuello”.

Doloridos por los golpes y aún impactados por lo ocurrido, Ibrahim y Aiman fueron al hospital por su cuenta, junto a otros de los heridos. “Fui al hospital, pero allí no nos hicieron nada”, dice el chico que estaba en el maletero. Según su relato, tenía contusiones en distintas partes de su cuerpo, que permaneció días amoratado e inflamado. “Después no pude hacer nada. Estaba muy dolorido, pero no podía hacer nada. Me quedé en la calle y algunos vecinos me ayudaron”, señala resignado. Los moratones ya han desaparecido. “El brazo me sigue doliendo, sobre todo cuando hace mal tiempo”, lamenta.

Ensangrentado por los cortes de su oreja y su brazo, Aiman cuenta que sí recibió varios puntos en las heridas. No cuenta con parte médico porque, asegura, el personal se negó a entregárselo, se queja.

Aunque Mohamed no aparece en el vídeo, asegura que también estuvo presente durante los hechos. A él, dice, los militares le agredieron antes de empezar con quienes descansaban en el vehículo. “Dormía fuera, en el descampado, y me pegaron mucho en la cabeza”, afirma el joven. Todos son amigos y, desde entonces, tratan de ayudarse. Aún viven en la calle y temen ser retornados a Marruecos en uno de los operativos que el Gobierno prepara en los barrios de Ceuta, después de finalizar la fase de desalojos de los asentamientos de las playas. Amnistía Internacional alerta del riesgo de que sean retornados víctimas de las palizas de militares, cuando este tipo de actuaciones han sido judicializadas tras el envío de su informe a la Justicia. Muchos de los migrantes que aseguran haber sido víctimas de agresiones o tratos vejatorios en Ceuta, como Aiman, Ibrahim y Mohamed, no se atreven a denunciar por miedo, por lo que la organización pide la aplicación de mayores garantías.

Desde hace un mes, elDiario.es ha publicado distintas investigaciones sobre las denuncias de palizas de militares a migrantes en Ceuta. Este medio no ha recibido respuesta alguna por parte del Ministerio de Defensa, pese a las insistentes preguntas trasladadas a su departamento de prensa. La primera información se publicó el pasado 15 de septiembre, recogiendo dos decenas de testimonios de personas marroquíes que aseguraban haber sufrido agresiones o vejaciones por parte de soldados desplegados en Ceuta. Posteriormente, este medio publicó varios casos de menores migrantes rociados con gas pimienta por efectivos de las Fuerzas Armadas, mientras los chavales realizaban actividades cotidianas, como volver de comprar comida o dirigirse a su campamento. El 25 de septiembre, llegaron los vídeos que confirmaban este tipo de actuaciones.

Este jueves, elDiario.es publicó audios en los que al menos tres militares resumían entre risas de sus palizas a migrantes en Ceuta. “Sin guantes mola más, porque suena. Pero con guantes duele”, decían en una conversación en la que comentaban prácticas que, según Amnistía Internacional, podrían constituir un delito de torturas o tratos degradantes.

No obstante, pese a contar con la información, Defensa no la trasladó las denuncias a la Justicia hasta el pasado 30 de septiembre, después de que Amnistía Internacional publicase un informe que recogía parte de las denuncias publicadas por elDiario.es. En este tiempo, este medio sí recibió respuesta de fuentes de La Moncloa que mostraron su “preocupación” por los hechos denunciados y se comprometieron a abrir una investigación interna sobre la que de momento no han aportado información al respecto. Durante ese tiempo, ha continuado aumentando el número de testimonios que denuncian haber sufrido este tipo de prácticas por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas en la ciudad autónoma.

“Sin guantes mola más, porque suena. Pero con guantes duele”, dice entre carcajadas un soldado que conversa con otros compañeros durante uno de sus turnos de vigilancia en Ceuta. Decenas de migrantes llevan meses denunciando palizas y tratos vejatorios por parte de patrullas de militares en la ciudad. Primero llegaron sus testimonios, acompañadas de fotos e informes médicos. Luego, varios vídeos publicados y verificados por elDiario.es confirmaron parte de la violencia que describen. Después, las primeras denuncias de palizas fueron presentadas en comisaría y el informe de Amnistía Internacional que hablaba de “torturas” por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas fue enviado al juzgado. Ahora, un grupo de militares españoles en servicio en la ciudad autónoma confirma y describe entre risas detalles de algunas de estas prácticas abusivas en una conversación durante una de sus misiones, la cual quedó parcialmente recogida en varios audios y vídeos a los que ha accedido elDiario.es.

La conversación se produjo la noche del 21 al 22 de septiembre. Un grupo de militares de servicio en Ceuta cumplía uno de sus turnos de vigilancia en un punto fijo de la ciudad. En concreto, se encontraba en la carretera que colinda con el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI), próximo a uno de los bosques de la ciudad autónoma. Alrededor de la medianoche, junto a su vehículo oficial, el batallón permaneció posicionado durante al menos 50 minutos en este punto y, sin apenas movimiento en la zona, los soldados se relajaron y empezaron a describir algunas de las actuaciones que realizan en el marco de la crisis migratoria en la ciudad autónoma. En su charla, presumen entre risas de las palizas y prácticas vejatorias que, según había adelantado este medio y ha denunciado Amnistía Internacional en un informe, han cometido miembros de las Fuerzas Armadas españolas contra migrantes llegados al enclave durante la entrada masiva de finales de julio.

Entre las actuaciones comentadas, los al menos tres militares participantes en la conversación relatan palizas aparentemente injustificadas, posibles técnicas de engaño para atrapar a personas marroquíes antes de golpearlos o “pruebas” realizadas a los migrantes que podrían ser constitutivas de un delito de torturas. En general, el tono de los soldados traslada una normalización de estas prácticas, aunque a su vez los efectivos reconocen evitar “escuchar” o hablar con los agredidos porque, dicen, les puede llegar a “dar pena”. 

En los audios, al menos tres militares en servicio admiten haber participado de manera directa o indirecta en agresiones contra personas migrantes que, según trasladan, no suponían una amenaza para la patrulla. “A los dos que hemos llevado detrás del vehículo le hemos dicho: ¿tenéis carta? ¿necesitáis tarjeta?” [los marroquíes suelen llamar ‘carta’ a su documento de identidad marroquí, especialmente importante en el caso de los menores que quieren probar su edad], dice uno de los soldados mientras otro reacciona con varias carcajadas. Según sus palabras, en realidad no buscaban entregarles ninguna “tarjeta”, sino que se trataba de un engaño y el objetivo de su traslado al lugar donde se encontraba su coche era otro. “El man no se ha dado cuenta, porque le hemos dicho ‘póngase detrás del vehículo’ y se ha puesto así…”, dice uno de los uniformados, cuyo relato de los hechos es completado por uno de sus compañeros: “Y se la he dado sin que se la espere. Porque lo he mirado a él… Y ¡pam!”, añade, enfatizando el golpe que había pillado desprevenido a uno de los migrantes, según sus propias palabras recogidas en la grabación. 

En los mismos audios, los miembros de las Fuerzas Armadas continúan su charla describiendo las sensaciones que les provocan este tipo de agresiones. “Lo que pasa es que [pegar] sin guantes mola más. Sin guantes se escucha el 'plas'”, dice uno de los militares, imitando con énfasis el sonido de un tortazo. Sus compañeros rompen a reír: “Sin guantes suena; con guantes, duele”, matiza otro de ellos, mientras las risas continúan en los audios a los que ha accedido este medio. “Con guantes suena también”, apunta un tercero antes de que otra voz remate en medio del jolgorio: “Hay que ser buenas personas; hay que usar guantes”.

En otro de los extractos de las grabaciones, uno de los uniformados cuenta otra supuesta agresión. “Me acerqué. Y, digo, está lejos. Voy a intentar pegarle un guantazo y se va a ir para atrás. Y, digo, ¿qué hago para acercarme?”, indica, explicando a sus compañeros las dificultades para acceder al lugar donde se encontraba la persona a la que pretendía abofetear. Tras unos segundos de grabación en que el sonido ambiente impide comprender sus palabras, el mismo hombre concluye entre risas que, aparentemente, logró rematar su objetivo: “Y le digo, ¡toma! Y, voy, y le digo ¡toma!”, celebra en medio de las carcajadas de quienes le escuchan. 

Tras ello, otros dos militares intervienen para añadir que “las lágrimas se le saltaron” al agredido tras el “guantazo” descrito por el miembro de su unidad. “Las lágrimas se le han saltado y le digo. Eh, ¿ahora estás llorando”, comenta uno de ellos con ironía. “Es que parece que se las buscan, parece que les gusta cobrar”, apunta un tercero. En este punto, mencionan una de las razones que, supuestamente, les empuja a responder con violencia: conseguir respeto. “¿Sabes lo que pasa? Es que ya nos toman de cachondeo si no hacemos nada. Verás como ya al siguiente día ya no nos...”, continúa sin que la calidad del audio permita entender el final de la frase. “Parece que se las buscan. Parece que les gusta cobrar”, dicen.

En repetidas intervenciones, los efectivos de Ceuta hablan en los audios de “meter” a algunos migrantes en un vehículo, algo que conecta con varios testimonios recogidos por este medio en los que jóvenes marroquíes denuncian haber sido metidos en coches militares donde, o son golpeados en su interior o son trasladados a los bosques de la ciudad donde aseguran haber sufrido una paliza. Un ejemplo es el caso de Mohamed, publicado por elDiario.es, quien ha denunciado ante la Policía haber sido llevado por “militares españoles” a Benzú, donde afirma haber sido apaleado, mientras estaba “amordazado” y “atado” de pies y manos.

“Si les escuchas, te van a dar pena”

En las grabaciones, los uniformados reconocen haber llegado a sentir pena por algunos migrantes cuando han hablado con ellos en dariya [dialecto del árabe más común en Marruecos]. Por eso, dicen, ya optan por “no escucharles” durante este tipo de operaciones en Ceuta. “Él le ha dicho en dariya: ‘¿te ha pasado algo?”, sostiene uno de los efectivos, a lo que el compañero al que se refiere matiza que el migrante “no le ha contado” nada y, según señala, prefiere que sea así: “Yo tampoco quiero escuchar, porque nunca dicen la verdad”, opina. “Y te va a dar pena”, continúa otra voz.

“Los primeros dos días los escuchaba, pero como les escuches, te pones malo. Porque te cuentan cada historia... Te enseñan los cortes, te cuentan su vida, y mucho es mentira”, incide el militar que más presume de agredir a migrantes. “Ese es del talego, 100%”, comentan sobre uno de los marroquíes, del que presuponen que ha pasado por la cárcel.

La “prueba” que parecía de “la película 'Saw'”

La conversación a la que ha accedido este medio también revela posibles prácticas vejatorias que, según sus palabras, provocan la diversión de los soldados que participan en ellas. En concreto, uno de los militares cuenta una intervención de compañeros que forman parte de otra unidad, el Grupo de los Regulares, de cuya actuación habría sido testigo: “Los Regulares han disfrutado de verdad”, comienza. “Han metido a uno [...]. Le han dicho: ‘Si no les das fuerte y no chillan. Cobras tú”, recoge el audio, en lo que apunta a ser una especie de “prueba” en la que podrían estar exigiendo a “uno” [que por el contexto se entiende que es un migrante] que golpee a otros. “Al que le pegue y chille, va a cobrar fuerte. Y al que chilló, le inflaron a hostias. Ese se llevó la guantá de hostias”, continúa.

Pero si el migrante no grita y aguanta los golpes ¿qué pasa en esa supuesta “prueba”? Según uno de los participantes de la conversación, el castigo cae sobre quien le ha pegado por no haberle dado lo suficientemente fuerte: “Y si se la aguanta [y no chilla quien sufre la agresión], al que tenía que azotarle ”va a pegarle todo el mundo“, apunta otro militar que parece conocer la dinámica. ”Exacto. Ese también cobra“, responde con risotadas el soldado que había empezado a describir la supuesta actuación de los Regulares. Se muestra entusiasmado de lo que describe porque, añade, le ”recordó“ a las ”pruebas“ de la saga de películas de terror Saw. 

“Me quería quedar... Hacen cosas muy guapas. Me recordó a las pruebas de Saw. ¿Habéis visto la película Saw?”, pregunta a sus compañeros. Se refiere a una saga de cine de terror, cuyas tramas suelen poner a prueba a los protagonistas, obligándoles a elegir entre sufrir un dolor físico extremo o morir. En algunas escenas, también fuerzan a competir a las víctimas entre sí para evitar llevarse la peor parte de las torturas. En concreto, una de las trampas o pruebas consiste en que la persona agredida debe evitar gritar pese a la violencia ejercida sobre ella. 

Más allá de la supuesta “prueba” mencionada por este soldado, este medio ha accedido a testimonios de marroquíes que afirman haber sido amenazados por militares con golpearles más fuerte en caso de gritasen durante una supuesta paliza. Uno de los vídeos publicados por elDiario.es hace semanas muestra a varios uniformados aporreando a un hombre. Tirado en el suelo, el migrantes chillaba desconsolado mientras se escucha al uniformado decirle “cállate”.

“Hechos para matar”

En la charla, al menos dos militares parecen deslizar cierta crítica ante el tipo de intervenciones que deben realizar desde la crisis migratoria en la ciudad: “Los militares están hechos para matar, no están hechos para otra cosa”, comenta uno de ellos que también había añadido, unos segundos antes, que “la Policía siempre llega tarde”. En un fragmento de las grabaciones, un soldado opina que “lo que están haciendo” en Ceuta “es una mentira”, sin embargo, varios segundos de esa parte de su intervención son incomprensibles, por lo que no se llega a escuchar la razón que motiva su enfado ni a qué se refiere exactamente con aquello que dice “estar haciendo” en sus últimas misiones en la ciudad autónoma. “En la próxima maniobra, cambiamos los tiros por las porras”, se le oye decir con claridad. 

El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite recientemente una queja de las asociaciones de militares ASFASPRO, AUME Y UMT por la situación que aseguran estar viviendo los soldados desplegados en Ceuta a raíz de la entrada de finales de julio. Los colectivos registraron el pasado 22 de septiembre quejas sobre la “falta de seguridad física, jurídica y medios” para el personal desplegado en la ciudad autónoma que, entre otros asuntos, denuncian la inexistencia de “órdenes” para cumplir con sus “cometidos” en la ciudad autónoma. “No es admisible que los militares sigan encadenando misiones y servicios de máxima exigencia sin que el Ministerio de Defensa proporcione seguridad jurídica e instrucciones claras con reglas operativas que otorguen plena cobertura legal y funcional a los soldados en el ejercicio de sus cometidos en la vía pública y perímetro fronterizo”, apunta el documento presentado ante la institución liderada por Ángel Gabilondo.

Además de los extractos seleccionados por elDiario.es, los audios también incluyen otros momentos de la conversación que este medio ha preferido no incluir para proteger el anonimato y la intimidad de los soldados, dado que el objetivo de la publicación es informar sobre las prácticas cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas en Ceuta, que ya se encuentran judicializadas. Según denuncian decenas de testimonios de los migrantes recogidos por este medio y el informe de Amnistía Internacional trasladado por Defensa a la Justicia, este tipo de agresiones -como las que se describen en los audios- pueden formar parte de un “patrón común”. Las grabaciones en las que se basan este artículo fueron recogidas a través de varios móviles de distintas personas que se encontraban en la zona. Alertadas por la posible gravedad de los hechos narrados por varios uniformados de servicio, grabaron la conversación a unos cuantos metros de distancia. Con la misma finalidad de preservar su identidad, elDiario.es ha distorsionado las voces incluidas en los audios.

Este medio no ha podido confirmar la unidad de la que forman parte los uniformados que escuchamos en el audio. Su uniforme, en concreto su gorro, sí permite descartar que pertenezcan a batallones de los Regulares, Legionarios y Caballería, pero las imágenes a las que ha accedido este medio no permiten identificar sus insignias. Además de estos, tienen base en Ceuta el Regimiento Mixto de Artillería nº 30, el Regimiento de Ingenieros nº 7, la Unidad Logística nº 23 y el Batallón de Cuartel General de la Comandancia General. A ello se añaden los grupos que estaban de servicio en la ciudad autónoma durante la fecha en los que se produce la conversación: la Comandancia General de Baleares, el Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión de Melilla y el Regimiento de Infantería “Tenerife” nº 49, de la Brigada Canarias.

La charla de los militares se produjo en voz “alta” y en un lugar de acceso público, según detallan a elDiario.es dos testigos de la conversación, además de lo evidenciado en los audios a los que ha tenido acceso este medio. Estas personas reconocen haberse “sorprendido” al percatarse del detalle de lo que los soldados comentaban. “Lo que más me impactó fue cuando dijeron que les gustaba más pegar sin guantes. El hecho de que entre ellos comentasen cómo solían pegarles”, explica una de las personas que escuchó en directo a los uniformados. Los dos testigos también destacan otro momento que no aparece recogido en los audios ni en los vídeos a los que ha accedido este medio, por lo que no ha podido ser verificado de manera independiente: “Dijeron que la clave era meterlos en el maletero antes de pegarles. Porque, si gritan, no se les oye ni se les ve”. 

Desde hace un mes, elDiario.es ha publicado distintas investigaciones sobre las denuncias de palizas de militares a migrantes en Ceuta. Sin embargo, este medio no ha recibido respuesta alguna por parte del Ministerio de Defensa, pese a las insistentes preguntas trasladadas a su departamento de prensa. La primera información se publicó el pasado 15 de septiembre, recogiendo dos decenas de testimonios de personas marroquíes que aseguraban haber sufrido agresiones o vejaciones por parte de soldados desplegados en Ceuta. Posteriormente, este medio público varios casos de menores migrantes rociados con gas pimienta por efectivos de las Fuerzas Armadas, mientras los chavales realizaban actividades cotidianas, como volver de comprar comida o dirigirse a su campamento. El 25 de septiembre, llegaron los vídeos que confirmaban este tipo de actuaciones.

No obstante, pese a contar con la información, Defensa no la trasladó las denuncias a la Justicia hasta el pasado 30 de septiembre, después de que Amnistía Internacional publicase un informe que recogía parte de las denuncias publicadas por elDiario.es. En este tiempo, este medio sí recibió respuesta de fuentes de La Moncloa que mostraron su “preocupación” por los hechos denunciados y se comprometieron a abrir una investigación interna sobre la que de momento no han aportado información al respecto. Durante ese tiempo, ha continuado aumentando el número de testimonios que denuncian haber sufrido este tipo de prácticas por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas en la ciudad autónoma.

Este domingo, la víspera del 12 de octubre, Margarita Robles defendió el trabajo de los soldados destinados en Ceuta y calificó de “críticas injustas” las denuncias de agresiones a migrantes, muchas ya contrastadas, pese a que su propio departamento ha enviado al juzgado a través de la investigación de Amnistía Internacional. “Me siento profundamente orgullosa de la labor que realizan, una labor callada que ha sufrido alguna crítica injusta fruto del desconocimiento”, dijo la titular de Defensa a los soldados destinados en la ciudad autónoma. Tres días después de sus declaraciones, se ha confirmado quién será el número dos de Pedro Sánchez en las listas del PSOE por circunscripción de Madrid para las próximas elecciones generales: la actual responsable de las Fuerzas Armadas, Margarita Robles.

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Vídeos: Lluna Bartual Sambartolomé y Salva Fenoll.

Edición de audio: Pedro Nogales.

Les había despertado un despliegue policial sin precedentes. Decenas de furgones policiales, incluso un tanque blindado de la Policía Nacional, irrumpieron en la playa donde dormían desde su llegada a Ceuta a nado a finales de julio. Tras sacarles de sus tiendas y colocarles en grupos rodeados de agentes, tres intérpretes con chalecos de la ONG Engloba comenzaron a tranquilizarles. “Decían que eran de una asociación. Nos juraban que, si nos subíamos en los autobuses, nos iban a llevar a un campamento del Gobierno”, explica Taha, un joven marroquí conocido como uno de los peluqueros del ya simbólico asentamiento del Trampolín. “Es el mayor engaño de mi vida”, añade el chico, que nunca llegó al lugar prometido, sino a Marruecos. 

Taha tiene 21 años y llevaba 65 días en Ceuta. Antes de dormir en una cabaña en la playa del Trampolín, malvivió en distintos puntos de la ciudad, hasta en las rocas próximas al faro. Ha pasado hambre, sed y denuncia haber sido agredido por militares españoles. Si aguantó tanto era, cuenta, porque no quería volver a Marruecos. Por eso se enfada, alza la voz incrédulo y se lleva las manos a la cabeza cuando escucha la versión del Gobierno sobre su regreso a su país: “Están diciendo en todas partes que fue voluntario. Lo he visto en El Faro de Ceuta. Lo está diciendo la Policía. No es verdad. Nos echaron. Nos dijeron que no había otra opción”, dice por videollamada, con un tono de indignación notable, desde la ciudad próxima a Tánger donde vive. 

Tras el rápido desalojo de la playa del Trampolín, justo una semana antes de la visita de los reyes de España a Ceuta, el Ministerio del Interior ha asegurado que buena parte de las personas que allí malvivían desde hace dos meses decidieron volver voluntariamente. Según detallan, después de trasladarles en autobuses a una puerta que conecta la aduana con las naves del Tarajal, donde se encuentra el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (una especie de comisaría donde identifican y hacen el triaje a los migrantes), se les daba a elegir entre filiarse o irse a Marruecos. El Gobierno asegura que la mayoría optó por regresar a su país para evitar poner sus huellas en la base de datos de España y acabar igualmente expulsados con una supuesta sanción que conlleva su prohibición de entrada a la UE en cinco años (una sanción que no siempre se produce ni es tan automática como trasladan). 

Si bien los migrantes desalojados de la playa de Benítez sí confirmaban que se había llevado este procedimiento, denunciaban presiones y haber recibido información falsa por parte de policía que les hizo decantarse “bajo presión” por regresar a Marruecos. Pero, los migrantes desalojados del Trampolín van más allá. Una decena de marroquíes retornados con los que ha hablado elDiario.es no hablan de “presión” en la toma de una decisión como los de Benítez, sino que asegura que fueron engañados y que la Policía los devolvió de manera forzosa. 

“Nos traicionaron. Mienten. No nos preguntaron, lo juro. Qué vergüenza. Son unos monstruos mentirosos”, dice Jacob con indignación, otro de los chicos marroquíes retornados el pasado domingo tras su desalojo de la playa del Trampolín. “No nos permitieron hablar. Nos dijeron que había una nueva ley y que solo los niños podrían quedarse”, afirma el joven. La afirmación de que una nueva ley (inexistente) que dice que solo se pueden quedar los menores es repetida en varios de los testimonios recabados por este medio. 

“Había tres personas con chalecos blancos que nos decían, nos juraban, que nos iban a llevar a un campamento”, cuenta Teha. “Hasta que nos metieron en el autobús no nos dimos cuenta de que eso no iba a ningún campamento, que íbamos a aduanas”. Al igual que otra decena de personas contactadas por elDiario.es afirma que no conocieron el destino del autobús hasta que llegaron a la frontera y que, una vez allí, no tuvieron posibilidad de decidir si querían regresar a Marruecos.

El autobús se detuvo en la entrada a las naves del Tarajal, cuentan los migrantes consultados. Allí, según Teha, dos agentes de la Policía Nacional que hablaban dariya les comunicaron que “ninguno” se quedaría en Ceuta. “Nos dijeron que lo sentían mucho, pero que no se iba a quedar ninguno, que nos teníamos que ir”, explica el marroquí. 

Taha quería pedir asilo y asegura que así se lo trasladó a los agentes. Según defiende, ha tenido problemas en Marruecos y quería solicitar protección. “Les dije que tenía pruebas de que lo estaba pasando mal en Marruecos, que quería asilo. Pero dijeron que no había asilo. Decían que Ceuta se tenía que quedar limpia porque venían los Reyes y que iban a echarnos a todos. Que daba igual, que no se podía quedar nadie”. 

Después de esos minutos en los que los migrantes bajan del autobús en grupos de cinco, otros policías los acompañan a la valla con Marruecos. Atraviesan la aduana y son dirigidos al área comprendida en la zona de seguridad de la playa del Tarajal. Allí caminaron hasta la puerta ubicada en la misma alambrada. Este medio ha preguntado que, por qué en ese momento no trataron de resistirse o huir. “Había muchísimos militares alrededor, había policías. Habíamos visto a un hombre que, cuando nos avisó de que estaban echando a todos por la frontera, le agarraron, se lo llevaron y le pegaron muy fuerte. Con eso en la cabeza, ¿cómo íbamos a escapar?”, detalla. 

Taha se refiere a un momento del desalojo que quedó grabado por distintos medios de comunicación. Durante las 21 horas de operativo, los mensajes trasladados por los intérpretes de Engloba habían logrado mantener calmados a los migrantes que, sentados, esperaban su supuesta acogida en los campamentos oficiales. Pero, de repente, uno de los marroquíes que aguardaba en la playa recibió una llamada, cuenta el marroquí.

“Un amigo que había estado con nosotros en el Trampolín, al que ya se lo habían llevado a la frontera en el autobús le llamó y le dijo: ‘Es mentira, nos han tirado, nos han echado’”, recuerda el marroquí. Quien recibió la llamada empezó a avisar al resto del grupo. El mensaje comenzó a extenderse entre los demás. Según el relato de Taha, los traductores se dieron cuenta y avisaron a la Policía. El joven que había dado el aviso fue apartado del grupo.

“Entraron, lo cogieron, lo arrastraron y se lo llevaron detrás de un bloque. Le estaban dando golpes. Solo escuchábamos sus gritos. Solo por avisarnos de que no íbamos a ningún campamento, de que les habían echado”, continúa. Este medio, y otros tantos, grabó un momento que coincide con lo descrito por Taha. Aunque los periodistas presentes no podían escuchar lo que se decían, dado que el cordón policial estaba muy alejado, las imágenes captan un momento en que decenas de migrantes que hasta el momento se habían mantenido tranquilos comienzan a rebelarse, a levantarse. Algunos incluso logran escaparse del cordón policial. Posteriormente, uno de ellos es retenido por dos antidisturbios, y lo colocan detrás de uno de los furgones. 

“Teniendo eso en la cabeza, ¿cómo íbamos a huir? Sabíamos que podían hacernos eso o algo peor”, se pregunta Teha, ya en su casa de Marruecos. Allí llegó más de 24 horas después de cruzar la frontera. Los gendarmes marroquíes, asegura, le mandaron al sur del país, a Beni Melal, pese a que vive cerca de Tánger. “Al menos yo tenía algo de dinero y pude pagarme el transporte de vuelta”, explica mientras muestra el billete de autobús a la cámara. “Otros amigos aún siguen allí tirados pidiendo dinero para volver a sus ciudades”.

Además de Taha, elDiario.es ha hablado con una decena más de migrantes cuyo relato coincide. Muchos no se conocen entre sí y, sin embargo, describen el mismo modus operandi. Este medio ha decidido destacar el de Taha al ser el testimonio recogido con más detalle, tras una hora y media de entrevista. A continuación, añadimos lo trasladado por otros de los jóvenes que denuncian haber sido devueltos tras su desalojo del Trampolín:

Hassan

Hassan, natural de Casablanca, estuvo dos meses y una semana en el asentamiento de El Trampolín antes de ser desalojado el primer día de la operación policial. Recuerda que la intervención de la Policía Nacional se produjo de madrugada, mientras dormían. “Pensábamos que era como a los otros que los habían juntado y se los llevaron a las carpas”, explica, en referencia al traslado de otras personas a las tiendas instaladas en el Puerto. Antes del traslado, varias personas, identificadas con el chaleco de Engloba, se acercaron a ellos para tranquilizarlos. “Nos dijeron: ‘mirad, estad tranquilos. Os van a llevar a poner huellas y os van a traer a las carpas. Ya os tienen preparadas las tiendas’. Nosotros ahí nos tranquilizamos”. Sin embargo, la situación cambió cuando llegaron los agentes. “Vinieron con esas furgonetas, entraron a las tiendas y empezaron a pegar a la gente. Al que no quería salir, le pegaban. La verdad es que nos maltrataron mucho”.

Hassan asegura que fueron trasladados con la promesa de que les tomarían las huellas. “Cuando llegamos a la frontera, un traductor nos dijo: ‘Perdonadnos mucho por estos meses que habéis pasado aquí de sufrimiento, de hambre’. Luego nos dijo que nos iban a sacar a Marruecos”. Afirma que ni él ni otros compañeros tuvieron la oportunidad de explicar su situación personal. “Nosotros queríamos hablar de lo que tenemos, de las solicitudes de asilo, porque hay gente que tiene motivos para tramitar el asilo, pero no nos escucharon”. También sostiene que el intérprete no trasladaba fielmente lo que ellos intentaban comunicar: “La persona que traducía no estaba diciendo a la policía lo que nosotros le estábamos diciendo, le decía otra cosa diferente”.

Tras la devolución, relata que al llegar a la aduana marroquí les retiraron sus pertenencias. “Nos quitaron nuestro dinero, todo lo que habíamos sacado con nosotros de Ceuta nos lo quitaron. A algunos les quitaron el teléfono, no a todos”. Hassan explica que había salido de Marruecos con la esperanza de construir una vida mejor. “Teníamos la intención de trabajar allí y buscar una vida nueva, una vida digna, para ayudar a nuestros padres”. Y concluye: “Esperamos, ojalá, que podamos volver. Nosotros queríamos trabajar para España y ser una esperanza en su prosperidad”.

Karim (nombre ficticio)

Karim (nombre ficticio para proteger su identidad) natural de El Jadida, fue otra de las personas desalojadas de El Trampolín durante el primer día del operativo. Relata que la intervención policial fue un momento de gran tensión. Según explica, los agentes rodearon completamente la playa mientras varias personas identificadas con chalecos de una asociación, les aseguraban que serían trasladados para verificar su identidad y posteriormente llevados a las tiendas de campaña habilitadas por las autoridades. “Pensamos que era una buena noticia”, recuerda. Sin embargo, afirma que una vez subidos a los autobuses y trasladados hasta las inmediaciones de la frontera, les comunicaron que “hay un acuerdo entre España y Marruecos. Los mayores os vais todos fuera, solo se quedan los menores”, asegura. “No había huellas ni ningún otro trámite. Directo a Marruecos”, insiste.

El joven sostiene que nunca tuvo la oportunidad de solicitar protección internacional ni de exponer su situación personal. “No, nunca. No nos dieron ninguna oportunidad”, afirma al ser preguntado por este medio por la posibilidad de pedir asilo. También rechaza la idea de que el retorno se produjera de forma voluntaria. “Nosotros no volvimos por nuestra propia voluntad”, insiste, señalando que durante toda la operación se sintieron obligados a obedecer las órdenes policiales porque estaban rodeados y no tenían posibilidad de marcharse. Según su relato, hasta el momento de llegar a la frontera apenas recibieron información sobre lo que iba a ocurrir.

Antes de instalarse en El Trampolín, Karim había pasado semanas durmiendo en la montaña y, posteriormente, en distintos puntos de Ceuta, tras no conseguir plaza en el campamento del Puerto pese a intentarlo. Explica que su objetivo al salir de Marruecos era encontrar trabajo y ayudar económicamente a su familia. “Solo quería vivir dignamente y pensar en el futuro”, señala. También lamenta que, a su juicio, el comportamiento de una minoría de personas terminara condicionando la percepción sobre el conjunto de los migrantes. “Que expulsen al que causa problemas, pero no a todos”, afirma. “Yo solo quería trabajar, ayudar a mi familia y construir una vida mejor”.

Rafik

Rafik, natural de Tetuán relata que tras ser trasladados en autobús fueron conducidos hasta las instalaciones situadas junto a la aduana, donde los iban bajando en grupos de cinco. Allí, asegura, varias traductoras les comunicaron que Ceuta estaba “llena” y que no tenían ninguna posibilidad de permanecer en la ciudad. “Nos dijeron que no había asilo ni nada, que nos fuéramos”, explica. En varios vídeos grabados durante el trayecto y publicados en sus redes sociales mostró el traslado en autobús hasta la frontera y su posterior llegada a Marruecos, insistiendo en que la devolución se produjo sin ningún trámite previo: “Ni huella ni nada”.

Rafik sostiene que él y otros compañeros intentaron manifestar su voluntad de solicitar asilo, pero que no fueron escuchados. “Les dijimos que queríamos pedir asilo y nos echaron directamente por la puerta de la aduana”, afirma. También asegura que uno de sus amigos expresó la misma intención y que, según su versión, fue golpeado por los agentes antes de ser expulsado junto al resto. “Te juro que no nos dejaron hablar”, lamenta. La experiencia le dejó una profunda sensación de desamparo. “Nos ahuyentaron como perros salvajes”, resume.

Bilal

Según el relato de Bilal, de Kenitra cuando intentó plantear la posibilidad de solicitar asilo no recibió ninguna respuesta ni oportunidad de formalizar la petición. “No me dieron la opción de quedarme cuando les pregunté por el asilo. Ni firmé nada”, asegura. Explica que, una vez trasladados hasta las inmediaciones de la frontera, les comunicaron que serían entregados a las autoridades marroquíes. “No hubo opción de tramitar el asilo, no me dieron la opción de hablar”, afirma. 

También recuerda que les advirtieron de que quienes estuvieran o quisieran ir al campamento serían devueltos a Marruecos y no podrían volver a entrar en Europa durante cinco años. Tras la expulsión, fue trasladado hasta Beni Mellal. Según su testimonio, el procedimiento en el lado español de la frontera fue muy rápido: “Tardamos cinco minutos en hacer todos los trámites”.

Mohammed

Mohammed, originario de Tetuán, compartía tienda de campaña con Bilal y ofrece un relato similar. Asegura que, mientras permanecían en El Trampolín, varias personas que se identificaron como responsables de los campamentos informales de acogida actuaron como traductores y les garantizaron que serían trasladados a esas instalaciones. “Nos dijeron que iríamos al campamento y nos lo confirmaron jurándolo, pero fue un engaño”, sostiene. 

Según explica, una vez en la zona fronteriza les comunicaron que debían regresar a Marruecos y les recomendaron intentar acceder a España por vías legales en el futuro. “Solo nos dijeron que lo sentían y que teníamos que buscar una manera legal para entrar en España, como una visa o similares”, recuerda. Afirma que trató de explicar su situación y mencionar la posibilidad de solicitar asilo, pero que no fue escuchado. “Me sacaron directamente a Marruecos”, concluye.

Caso 1. La idea resonaba en la cabeza de Ayoub desde hacía días: “Y si vuelvo a Marruecos. Y si ya me rindo”, rumiaba el adolescente, de 17 años, en las ya frías madrugadas de sus últimos días en Ceuta. El 19 de septiembre, tras una noche de intensos controles policiales en su asentamiento de las naves del Tarajal, el chico se despertó con la decisión tomada. Pidió a sus compañeros barberos que retocasen su corte de pelo, en especial el mechón que suele caer de forma milimetrada sobre uno de sus ojos. Vestido con la ropa que había logrado lavar el día anterior, caminaba aliviado hacia la frontera. Olía a colonia y sonreía. Volvía a Casablanca, y quería que su madre le viese guapo al llegar a casa.  Esto sí es un regreso voluntario. 

Caso 2. La Policía Nacional irrumpe en el asentamiento de la playa ceutí de Benítez durante la mañana del 27 de septiembre. Los agentes golpean sus tiendas con las porras para despertar a los migrantes que aún duermen. Malik, uno de ellos, se despierta sobresaltado y, cuando trata de entender qué pasa, ve a la policía golpear en la cabeza a algunos compañeros. El joven es retenido junto a decenas de migrantes y, posteriormente, subido a un autobús que aparca justo en un punto situado entre el paso fronterizo del Tarajal y un gran portón que da acceso a las naves, el lugar donde la Policía realiza las labores de triaje e identificación a los migrantes. 

Allí, los policías les hicieron descender en grupos de unas seis personas, donde agentes con chalecos amarillos les hablaban durante unos tres minutos para tratar de convencerles de no ser identificados, como marca la ley y el pacto europeo, sino animarles a que se vayan a Marruecos por la puerta de atrás. “Nos explicaron algunas cosas que hemos visto que no eran del todo verdad. Nos presionaron, dijeron hasta que podríamos llegar a ir a la cárcel. Teníamos que decidir muy rápido, había antidisturbios alrededor, me dio miedo y nos fuimos a la frontera”, dice Malik a elDiario.es ya desde Tánger. 

Este retorno, decidido supuestamente de manera voluntaria tras una intervención policial opaca y sin asistencia letrada, no es tan voluntario como el de Ayoub. Desde el Ministerio del Interior reconocen diferencias entre traslados “voluntarios sin intermediación policial” y aquellos en los que sí existe una “intermediación policial” justo antes de la decisión de los migrantes e inmediatamente después de un operativo de desalojo forzado de los últimos asentamientos en las playas ceutíes. ONG como Novact, Coordinadora de Barrios, Elin, No Name Kitchen han mostrado su preocupación ante este tipo de retornos supuestamente “voluntarios” en los que, mientras sí se produce una intervención policial, no entran en juego las garantías establecidas en la normativa, como la asistencia letrada. También Amnistía Internacional tacha de “poco transparentes” estos dispositivos y asegura estar investigándolos.

Esta es la vía impulsada en las últimas semanas por el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska para trasladar a Marruecos a cientos de personas directamente desde los asentamientos que están siendo desalojados en las playas de la ciudad autónoma, según los datos trasladados por el Ministerio de Política Territorial, que hace las veces de mando único en inmigración. Un operativo similar, pero más numeroso, se repitió los días 29 de septiembre desde Benítez. Ese día, 400 personas regresaron a Marruecos “voluntariamente” en un solo día a través del mismo procedimiento. Lo mismo ha ocurrido el 4 y 5 de octubre desde la playa de Trampolín, aunque el Gobierno aún no ha proporcionado datos oficiales de las salidas registradas.

elDiario.es ha hablado con cinco personas que estuvieron presentes en estos operativos, en los que la Policía Nacional, tras el desalojo de las playas de Benítez y Trampolín, tratan de convencerles, en cuestión de minutos y en la misma frontera, de que vuelvan a su país antes de pasar por el triaje y plasmar sus huellas en comisaría. Mientras uno de ellos sí confirma que su intención era volver a su país y acabó de tomar la decisión tras el desalojo de su choza, independientemente del mensaje trasladado por los agentes; los otros cuatro marroquíes contactados admiten haber recibido presiones o haberlas presenciado por parte de la Policía.

Menos de 24 horas después de su retorno “voluntario”, Malik atiende a este medio desde una habitación donde ha pasado la noche tras su regreso. Está tumbado en la cama junto a otro de los migrantes que ha regresado “voluntariamente”. Están en Tánger, pero no es su ciudad. Allí les dejó el autobús que aguardaba al otro lado de la frontera de Ceuta para enviar a sus ciudadanos retornados a los lugares que la policía alauí considere. “Querían llevarnos al desierto, pero pagamos algo a la policía marroquí y nos dejaron aquí”, dice el hombre. El joven asegura que, después de dos meses aguantando en un asentamiento en Ceuta, no quería irse a Marruecos, pero se sintió “presionado” por la Policía en un momento de gran agotamiento físico y psicológico.

“Al principio pensábamos que iban a llevarnos a un campamento, y de repente me encontré que estábamos en la frontera”, dice el hombre, que fue uno de los primeros a los que la Policía Nacional aplicó este sistema directamente tras un desalojo. Tras aplicar este operativo el pasado 27 de septiembre con el desalojo parcial de la playa Benítez con unas 40 personas, el dispositivo se replicó a gran escala el 29 de septiembre y el 4 de octubre, en el resto de desalojo de Benítez y el Trampolín. 

“Teníamos que elegir muy rápido”

Malik acababa de bajar de un furgón y unos agentes le dieron “a elegir” entre dos supuestas posibilidades: “Fue tan deprisa. Nos dieron dos opciones y teníamos que elegir muy rápido. Me dijeron que, si pasábamos a comisaría y nos ponían las huellas, nos darían una expulsión directamente, con una prohibición de entrada a la Unión Europea de cinco años. Nos dijeron que esa era la única opción. Que no había asilo. Nos presionaron”, explica el marroquí. El policía que hablaba árabe, añade, les animaba a irse a Marruecos por su propio pie e “intentar entrar a Ceuta en otro momento” en el que no hubiese tanto control, según su relato.  

“Yo estaba bloqueado. Nos acababan de sacar a palos de las chabolas, estaba desconcertado y asustado. Dijeron que, si nos quedábamos, hasta podíamos ir a la cárcel. Me dio miedo y me fui a Marruecos para intentarlo en otro momento”, explica por videollamada. A su lado, Mohamed confirma las palabras de su compañero. “Era todo rápido. El policía que hablaba en árabe nos decía que nos fuésemos porque sino nos iban a expulsar y no podíamos volver a intentarlo en cinco años. Y nos dijo que no había otra opción, solo esa”, indica tumbado en la cama de al lado. 

“No me dejaron explicarles sus derechos”

Faris (nombre ficticio) separa el pelo de su cabeza para mostrar la herida cubierta de sangre seca. Cuando los policías llegaron al espigón de la playa de Benítez, la zona justo al lado de la desalinizadora de Ceuta, denuncia haber sido golpeado por un agente en la cabeza. Desde ahí, fue trasladado junto a decenas de compañeros a la misma puerta de la frontera antes de entrar en el CATE. Desde que tenía solo 10 años hasta pasada la veintena, Faris vivió en España, por lo que maneja el idioma a la perfección y asegura conocer sus derechos. Por, eso, cuando empezó a escuchar a la policía tratar de convencerles para regresar a Marruecos, dice que intentó “explicar” a sus compañeros que el procedimiento no era tal y como lo estaba explicando el agente.

“Me cortó rápido. 'Tú ponte ahí, no hace falta que hables. Cierra la puta boca’”, me dijo. No me permitían ni intentar explicarle a los chavales“, lamenta el hombre, quien sí consiguió permanecer en Ceuta. ”Yo, como sé español, les expliqué que mi caso era distinto, que había tenido la residencia, y me pude quedar. Dije que sabía que podía pedir asilo“, añade Faris, quien ahora se encuentra en uno de los campamentos del Gobierno donde espera su cita para pedir protección internacional. 

Fuentes del Ministerio del Interior confirman que, tras los operativos de desalojo de las playas de Ceuta, antes de que entren al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (una comisaría específica para identificar a los migrantes en situación irregular), la Policía “les informa de cuál es el procedimiento de triaje, se les filia, y se les dice que es un procedimiento que continúa y que puede llegar a acabar en expulsión” es en ese momento cuando, dicen, la mayoría de los desalojados de las playas está tomando la decisión “voluntaria” de volver a su país.

Las mismas fuentes oficiales no confirman que se les asegura que, en caso de plasmar su huella en la base de datos, acabarán retornados con una prohibición de entrada de cinco años. Interior reconoce que esa sanción no siempre se produce, sino que depende de distintos factores. “Esa prohibición se da en el caso de expulsión, pero ahora la mayoría de migrantes desde Ceuta no pasan por ese procedimiento”, afirman desde el departamento dirigido por Grande-Marlaska.

Fuentes gubernamentales sí han reconocido anteriormente a este medio que la Policía trata de “convencer” a los migrantes de que no pidan asilo y se vayan de manera “voluntaria”.

La supuesta información trasladada por policías

Según los migrantes presentes en las breves reuniones en la frontera en las que la Policía Nacional trata de convencer a toda prisa a los migrantes de que se vayan a la frontera por su propio pie, hay cuatro argumentos que repiten los agentes de extranjería:

“Si llego a tener la información que luego me han contado otros compañeros, si no me hubiesen metido tanta prisa y miedo, me hubiese quedado”, reflexiona Malik desde Tánger.

Avanzada la noche en uno de los extremos de la playa del Trampolín, Omar (nombre ficticio) había salido unos minutos de las tiendas del asentamiento para hablar tranquilo por videollamada con su familia. En la acera de enfrente, justo en la ladera de la colina, se encontró con otro chico marroquí, que acababa de hacer sus necesidades en el bosque y trataba de hablar por teléfono cuando un vehículo militar frenó en seco. Omar corrió tanto que logró esquivar a los dos soldados que empezaron a correr tras ellos, pero al otro joven lo atraparon, lo tiraron al suelo y le propinaron varias patadas y golpes con la porra, como queda demostrado en un vídeo publicado por elDiario.es. 

Esta agresión, confirmada con imágenes, ocurrió el 23 de septiembre. Habían pasado ocho días desde que el Ministerio de Defensa tenía conocimiento de las decenas de denuncias de palizas y vejaciones como estas, publicadas en una investigación de elDiario.es. Este medio preguntó de manera insistente a su departamento de comunicación y confirmó la recepción de los mensajes —y su traslado a cargos superiores—, pero no hubo respuesta. Tampoco el departamento dirigido por Margarita Robles dio traslado de estas denuncias a la Fiscalía o el juzgado, como sí acabó haciendo este miércoles, cuando la presión sobre su cartera se incrementó tras la difusión de un informe de Amnistía Internacional que recogía parte de las denuncias incluidas en la investigación de este medio. 

Esta es solo una de las palizas que, según alertan varios agredidos, ocurrieron después del 15 de septiembre, cuando elDiario.es confirmó que el equipo de Margarita Robles tenía conocimiento de estas denuncias. Además de estos hechos, grabados el 23 de septiembre junto a la antigua fábrica del Guano, frente al Trampolín, son muchos los nuevos relatos que casi cada día hombres y menores marroquíes trasladaban a elDiario.es. Amoratados, vendados o ensangrentados, al menos tres personas aseguraron haber sido agredidas por soldados españoles después de la publicación de la primera investigación.

“Me arrastraron por las escaleras”

La que Ahmed (nombre ficticio aunque este medio tiene su nombre y apellidos originales) lleva días intentando denunciar ante los juzgados ocurrió el 27 de septiembre, 12 días después de la publicación de la investigación de elDiario.es. El marroquí caminaba por la carretera cerca de la playa, en la zona de la Almadraba, alrededor de las dos de la mañana. “Siete soldados me detuvieron. Me registraron y me ordenaron arrodillarme”, explica el hombre cabizbajo dos días después de los hechos. 

Ahmed cuenta que los soldados le registraron. “No dejaban de preguntarme si llevaba un cuchillo o un arma; les dije que no tenía nada, y no me encontraron nada encima. Luego me agarraron, me bajaron por unas escaleras a la playa y me llevaron abajo, a la orilla del mar”, continúa el marroquí. Allí es donde, según su relato, se produjo la paliza. “Empezaron a golpearme y a patearme. Continuaron haciéndolo durante cerca de media hora y, luego, me dejaron allí tirado”, denuncia. 

Magullado y ensangrentado, cuenta, durante cerca de media hora permaneció inmóvil, tumbado en la arena en la oscuridad de la madrugada, sin poder moverse ni pedir auxilio. “Me quedé allí así hasta que por fin logré levantarme y caminar lentamente hasta aquí”, explica Ahmed en el mismo asentamiento donde aquel día encontró el apoyo de sus compañeros. Dos días después de los hechos denunciados, las marcas amoratadas aún son visibles en varias partes de su cuerpo, especialmente en la espalda. Son alargadas, compatibles con las que suele dejar el impacto por porras reglamentarias. Desde aquel día tiene dificultades para caminar. 

Ahmed cuenta con dos partes médicos que pretende presentar en los juzgados. Uno, elaborado por la ONG Médicos del Mundo, tras detallar cada una de las contusiones y heridas con las que encontraron al marroquí la mañana posterior a los hechos, concluye que “todas las lesiones son compatibles con el relato del paciente”. “Refiere haber sufrido una agresión en la zona de la Almadraba por parte de militares (dos vehículos y siete militares con uniforme verde)”, recoge el documento de la organización que cada día atiende a los migrantes en el polígono del Tarajal. “Refiere bofetada en el lado derecho de la cara que le habría tirado al suelo. Posteriormente, fue arrastrado por el pavimento y las escaleras hasta llegar a la playa. En este momento, refiere recibir fuertes golpes con elementos contundentes”, incluye el certificado emitido por la organización el 27 de septiembre, al que ha accedido elDiario.es. 

El facultativo de la organización describe hematomas en los surcos de los ojos y lado derecho de la cara, “heridas erosivas” en pabellón auricular derecho, en un brazo, en el torso y en la región lumbar derecha. “Presenta contusiones que sugieren golpes con un elemento alargado contundente, compatible con la porra en región lumbar”, apunta el certificado de la ONG sanitaria. 

El segundo es un parte judicial emitido por el Hospital Universitario de Ceuta, que enumera las mismas lesiones incluidas en el certificado de Médicos del Mundo, pero sin apenas detalle. Solo incluye que los hechos ocurrieron en “la calle y la playa”. Sobre la causa de las agresiones sufridas indica “agresión sufrida por la policía”, algo a lo que Ahmed reacciona con enfado, porque asegura que él transmitió que fueron los militares quienes la golpearon.

Con toda esa documentación, Ahmed lleva días preguntando a compañeros, activistas e incluso periodistas qué tiene que hacer para denunciar de manera segura. Teme sufrir consecuencias por trasladar su caso a los juzgados, pero está decidido a hacerlo. “No nos pueden tratar así. Quiero denunciarlo y que paguen por ello porque hacer esto no es legal”, dice el hombre, aún dolorido. Este jueves llegó a la puerta de los juzgados acompañado de un voluntario, pero se dieron la vuelta al percatarse de que no contaba con un documento que acredite su identidad porque lo perdió en estos meses de vida en las calles de Ceuta. Ahora, espera a que su familia le envíe una fotografía de una copia de sus documentos para volver a intentar presentar su denuncia en los juzgados. 

Gas pimienta contra menores

Al menos tres menores fueron rociados con gas pimienta mientras caminaban por la calle, dormían o volvían de hacer la compra, como publicó elDiario.es. Nawfaly tiene 17 años y se chocó con elDiario.es justo después de ser rociado con gas pimienta desde un vehículo militar. El adolescente se retiró las gafas, que evitaron el contacto directo del producto químico con sus ojos y señaló sus cristales. En ellas se veían pequeñas gotas del aerosol esparcidas por los vidrios. Su boca y mejillas empezaban a enrojecerse como reacción al gas irritante que acababan de echarle mientras caminaba por la calle con un amigo en dirección al asentamiento donde duermen.

“Veníamos de comprar algo de comida en el Mercadona, solo estaba andando, miraba el móvil, me han lanzado el spray desde el coche. ¿Por qué nos hacen esto?”, decía el chico.

Un día después de que una patrulla de militares lanzase gas hacia Nawfaly mientras volvía de hacer la compra, Reda (nombre ficticio) regresaba este martes al campamento de la playa del Trampolín después de haber sido entrevistado por elDiario.es en los alrededores de la Jefatura Superior de Policía, donde intentaba registrarse como menor de edad. Cuando paseaba por las inmediaciones del Puerto de Ceuta, explica, un soldado le echó gas pimienta hacia los ojos.

Minutos después, el menor, de 17 años, escribió un mensaje a este medio: “Mientras caminaba hacia las tiendas de campaña donde duermo, unos soldados con boinas rojas me abordaron y me rociaron con gas lacrimógeno. Ahora estoy en las tiendas y siento un ardor intenso en los ojos”, alertó. Las “boinas rojas” que Reda describe coinciden con el tarbut utilizado por el Grupo de Regulares de Ceuta, una prenda de fieltro rojo de forma cilíndrica acompañada de una borla negra. En ese mismo momento, el chaval envió varias imágenes que muestran sus ojos enrojecidos, especialmente el derecho. “Eran cuatro. Cuando nos encontramos de frente con uno de ellos, me roció”, añadió. “Necesito ayuda. Me estoy muriendo por las quemaduras”. 

Era sábado y aún remoloneaba en su habitación de Sevilla, cuando Ossama abrió WhatsApp y se encontró varias llamadas perdidas y mensajes de audio enviados por su hermano Mohamed desde Ceuta. “Hermano... los soldados me agredieron. Estoy muy herido. No sé qué hacer: ¿Debería ir al bosque? Pero el bosque de Beni Younes está lejos... qué debo hacer?”, decía el primero de los audios recibidos a las 8 de la mañana, a los que ha accedido elDiario.es. “Ni siquiera siento la cabeza. Me está pasando algo en la cabeza. Podría morir en la carretera. Me sale mucha sangre. ¿Qué puedo hacer?”, añadía el hombre junto a una fotografía donde se observa su cara descompuesta, con varios golpes en el rostro y machas de sangre en la camiseta. 

Su hermano, Mohamed, acababa de recuperar el conocimiento desorientado, con la camiseta cubierta de sangre y un fuerte dolor de cabeza, en medio de un bosque en la zona de Benzú (Ceuta). El pasado 12 de septiembre, de madrugada, el hombre marroquí relata que estaba dormido en una de las chabolas de un asentamiento en la zona de las naves del Tarajal cuando fue despertado por “cinco militares” que, después de registrarle, lo trasladaron a una zona montañosa de la ciudad. Allí asegura haber sido maniatado, amordazado y haber sufrido una paliza por parte de un grupo de soldados españoles, todo según su denuncia, presentada el pasado 26 de septiembre en la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, a la que ha accedido elDiario.es.

Decenas de migrantes han denunciado con sus testimonios las supuestas agresiones sufridas por parte de patrullas de militares que recorren Ceuta cada noche, como publicó elDiario.es y ha documentado esta semana Amnistía Internacional en un informe que el Ministerio de Defensa ha acabado remitiendo a la Justicia, dos semanas después de haber tenido conocimiento de casos similares a través de las publicaciones de este medio. La de Mohamed es la primera denuncia de agresiones de militares presentada en comisaría por un migrante que se ha hecho pública hasta el momento. Los malos tratos que describe en ella podrían ser constitutivas de un delito de torturas, advierte el colectivo Border Resistance, que está acompañando al migrante desde los días posteriores a la paliza.

Según el escrito, Mohamed dormía en una chabola de la zona de las naves del Tarajal junto a otro chico marroquí cuando le despertaron varios soldados. Cuando se asomó desde su habitáculo encontró a “unos cinco militares” que “le registraron y le pidieron que lo acompañaran”. Según cuenta tanto en la denuncia como en conversación con elDiario.es, los soldados les pidieron que fuesen con ellos. “Mi superior solo os va a registrar y no os va a pasar nada”, recuerda que le dijeron. 

En un principio siguió las indicaciones de los uniformados, hasta que “desconfió e intentó huir” del lugar donde lo tenían retenido, después de semanas en las que había escuchado a otros compañeros hablar de supuestas agresiones sufridas por parte de soldados españoles en plena madrugada. En ese momento, “los militares se abalanzaron sobre él, reteniéndole, al igual que a la persona que lo acompañaba” que, según su relato, era menor de edad.

Denuncia traslado forzoso

Agarrados por los militares, empezaron a caminar por la carretera próxima a una de las entradas de las naves y, “a los pocos metros”, aparecieron otros soldados con otra persona migrante. Jjunto a ellos, los dirigieron hasta el lugar donde se encontraban “otros militares junto a dos vehículos”. El denunciante ha reconocido en fotografías estos coches como “todoterrenos pickup de la marca Iturri Landtrek” de color oscuro, lo que coincide con los vehículos tácticos utilizados por el Ministerio de Defensa. 

Allí, “los militares le tapan la boca y las manos tanto a él como a su acompañante con cinta aislante gruesa de color gris y les indican que suban en la parte posterior que se encuentra cubierta por completo de uno de los vehículos”, detalla el testimonio recogido por la Policía Nacional. El vehículo arrancó y tras unos 15 minutos de camino “sin ver nada del exterior”, los militares le bajaron y “le taparon los ojos con la misma cinta aislante” mientras “le propinaban sendos golpes por todo el cuerpo”. 

A los pocos metros, continúa su relato, “sintió que su cabeza se apoyaba sobre una superficie dura y rugosa donde fue atado a ella”. Mohamed piensa que era un árbol, pero seguía sin poder ver nada. Mientras estaba atado fue “golpeado durante unos cinco minutos” hasta que los militares le retiraron la cinta de los ojos y les ordenaron a gritos que “saliesen corriendo”. Mohamed cuenta que obedeció hasta que, mareado, con varias heridas en su cabeza y sin apenas fuerzas, se tumbó en otra zona del bosque hasta quedarse dormido.

Al amanecer empezó a caminar en busca de ayuda. Fue entonces cuando llamó a su hermano desesperado, cuenta, y envío los audios y fotografías que lo pusieron alerta. Desde Sevilla, donde Ossama vive desde hace tiempo, envió los mensajes a un amigo que también había llegado a la ciudad autónoma en la entrada masiva de finales de julio, como lo hizo su hermano. “La gran sorpresa fue cuando mi amigo fue a verlo y me contó cómo estaba. Me enseñó fotos de las heridas que tenía en la cara. Me quedé en shock y no sabía ni por dónde empezar. No pude seguir viendo las fotos”, recuerda.

Mientras su hermano respondía, Mohamed se encontró en una media glorieta de la zona de Benzú a otros militares, que “lo auxiliaron” y llamaron a una ambulancia, según el atestado policial. El parte médico del Hospital Universitario de Ceuta, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge que el paciente acudió a Urgencias tras sufrir “varias heridas” en el cuero cabelludo “tras agresión”. También refería dolor en ambos brazos con predominio en el codo.

Las lesiones incluyen “distintas heridas de 2-5 centímetros, locales, superficiales, dolorosas al tacto en el área occipital que requieren sutura local con grapas”. En el hospital, Mohamed explicó que había sido agredido por varios soldados españoles, con la intención de incluir esa información en el parte médico. Sin embargo, un sanitario le exigió no incluir esa información en el certificado médico: “Si reflejas en el parte médico que te han agredido los militares, no podremos atenderte”, le dijeron en Urgencias, según la denuncia presentada en Policía.

“No digas que fueron los militares”

Pese a que no incluye mención alguna a los militares, el parte médico coincide con las lesiones que Mohamed muestra a elDiario.es en varias fotografías realizadas el pasado 12 de septiembre, las mismas imágenes que mandó un amigo a su hermano Ossama tras salir del hospital. El pasado 29 de septiembre, el denunciante se encontró con elDiario.es en los alrededores del centro donde es acogido en Ceuta. El marroquí mostró su cabeza a este medio, ya sin grapas pero con varias cicatrices. Está mejor, dice, pero sigue teniendo fuertes dolores de cabeza.

No sale mucho del campamento porque teme un nuevo encuentro con una patrulla de militares. “Como he denunciado, me da miedo que me hagan algo o me echen por eso. Me han contado casos de otros chicos a los que, aunque estaban acogidos en un centro, les rompían la pulsera y los pegaban igualmente”, dice Mohamed. El miedo, sin embargo, no le ha impedido denunciar, pese a que es la razón que frena la visita a los juzgados de la mayoría de migrantes que, magullados, aseguran haber sufrido agresiones por parte de soldados españolas.

Ossama, el hermano de Mohamed, viajó a Ceuta en la misma noche de los hechos para tratar de ayudarle. Aunque le llevó al Hospital para solicitar un nuevo parte médico con más información, no lo consiguió: “Nos dijeron que la médica que lo había entendido no estaba y que tenía que volver al día siguiente”, lamenta el marroquí, que tuvo que regresar a Sevilla sin completar su misión.

Desde la ciudad española, Ossama muestra su indignación ante los hechos denunciados por su hermano mayor y las dificultades con las que se toparon al denunciar. “Estamos en un país donde se supone que se respetan los derechos de todas las personas. Él simplemente vino para tener una vida mejor, como tantas personas. No vino para hacer daño a nadie. ¿Por qué se permite que una persona sea tratada de esta manera?”, se pregunta el marroquí.

“Hay muchos casos parecidos, no es solo este. Imagina que finalmente le devuelven a su país y, después de todo lo que ha sufrido, queda con una lesión grave o no puede trabajar. ¿Qué futuro le queda?”, se queja desde Sevilla en conversación telefónica con elDiario.es.

Tenía 16 años, una autorización de residencia y trabajo en regla, y llevaba casi dos años viviendo bajo la tutela oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Ahmed (nombre ficticio) cuenta que estaba en el puerto de la ciudad, cuando varios militares lo “retuvieron y le agredieron” (pese a que carecen de autoridad legal para ello). Él, dice, comenzó a explicarles en castellano que era menor y que vivía en un centro ceutí desde diciembre de 2024. Nada de eso impidió que, de madrugada, el adolescente fuera entregado por las Fuerzas Armadas a la Guardia Civil, que lo expulsó sin expediente, sin abogado y sin la intervención de la Fiscalía ni de sus tutores, como exige la ley, según recoge el recurso contencioso-administrativo registrado por Fundación Raíces ante el Tribunal de Instancia de Ceuta contra la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma, adelantado por la Cadena Ser y al que ha accedido elDiario.es.

Según expone la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el chico fue retenido en un primer momento por miembros de las Fuerzas Armadas en el puerto de Ceuta para ser posteriormente “conducido por la Guardia Civil hasta el puesto fronterizo”, desde donde se ejecutó su expulsión sin expediente a Marruecos. “Durante todo el proceso se omitieron las garantías legales más básicas: no se incoó expediente ni se dictó resolución administrativa alguna, se privó al menor de asistencia letrada y no se notificó ni al Ministerio Fiscal ni al Área de Protección de Menores de Ceuta, entidad que ostenta su tutela legal”, sostiene la organización. Este medio ha tenido acceso a la documentación que acredita que el chaval retornado era menor, estaba acogido como tal por la Ciudad Autónoma. Esa madrugada, elDiario.es presenció en la frontera varias expulsiones realizadas por la Guardia Civil a través del mismo punto de la valla que Ahmed describe.

Desde la entrada masiva del 30 de julio, varios menores han denunciado a haber sido expulsados sin procedimiento desde Ceuta, tal y como publicó el 11 de septiembre elDiario.es, que documentó tres casos de adolescentes que habían sido retornados al país vecino. En ese momento, Interior aseguró que solo se producían “retornos voluntarios” y que la Guardia Civil no ejecutaba este tipo de retornos forzosos, sea de adultos o menores, algo que nuestra información desmentía. Pese a conocer los hechos trasladados por este medio, Interior finalmente no abrió ninguna investigación al respecto. Este es el primer caso judicializado en el que, además, se da la cirscuntancia de que ya estaba tutelado desde hace casi dos años, lo que evidencia la falta de garantías e identificación en este tipo de operativos de retorno.

Ahmed había entrado en Ceuta en diciembre de 2024, con 14 años, sin la protección de un adulto por lo que fue identificado como menor extranjero no acompañado y protegido por el Área de Protección de Menores de la Ciudad de Ceuta. Desde entonces, el adolescente fue tutelado por esta Entidad Pública, según recoge el recurso judicial.

El menor relata que en la madrugada del día 10 al día 11 de septiembre de 2026, sobre la una de la madrugada, se encontraba en la zona del puerto de Ceuta junto con otros tres chicos. En Ese momento, Ahmed cuenta que perdió de vista a dos de ellos por lo que fueron en su busca, cuando los encontraron “sentados en el suelo junto con una tercera persona adulta, retenidos por un grupo de alrededor de siete agentes de las Fuerzas Armadas españolas”. Las Fuerzas Armadas no tienen funciones policiales, por lo que no pueden detener ni identificar a ciudadanos, pese a las constantes denuncias de migrantes -muchos menores- que aseguran haber sido agredidos, retenidos e incluso trasladados a otros lugares.

En el recurso, Ahmed relata que, a su llegada, los militares “les obligaron a sentarse igualmente en el suelo y les pidieron que se identificaran”. El menor cuenta que “habló en castellano con los militares” y que “les dijo que no tenía su documentación ni su teléfono consigo porque es un menor tutelado en la Ciudad Autónoma de Ceuta y todas sus pertenencias están en el centro de menores Aljarfe”.

Los militares le hicieron algunas preguntas para confirmar esta circunstancia, según el testimonio del menor. Por ejemplo, añade, “si sabía cómo se llama la directora de su centro”, a lo que asegura que respondió con el nombre de la directora. También le preguntaron “si un barrio cuyo nombre desconoce se encontraba a la derecha o a la izquierda del lugar donde estaban retenidos”, a lo que el menor reconoce que no supo contestar. “En ese momento, como consecuencia de los nervios y de la tensión, elevó la voz y se levantó. Ante ello, uno de los militares le ordenó que se sentara y agachase la cabeza con la mirada al suelo, golpeándole con una patada al lado de sus pies para forzarle. Asimismo, recibió un golpe seco en la nuca, aunque no vio si fue el mismo agente u otro”, recoge la denuncia.

Ahmed llevaba una riñonera de color rosa que los agentes inspeccionaron, “pero al no encontrar nada sobre su identificación, la arrojaron al suelo, quedándose en el lugar”, añade el texto presentado ante el Juzgado. Según la Fundación Raíces, “hasta donde supo el menor no se realizó en ese momento ninguna gestión de averiguación o comprobación con la Administración para identificar al menor y comprobar su relato”.

Primero, un vehículo de la Guardia Civil se llevó al señor mayor y a dos de los chicos que estaban retenidos por los militares en primer lugar. Posteriormente, una media hora después, llegó una segunda patrulla del Institito Armado de la Guardia Civil para recoger a Ahmed y a otro chico a la frontera del Tarajal, todo según la denuncia. Ya en el paso, el vehículo entró por la zona donde se suelen realizar las devoluciones sin procedimiento, en el área de seguridad que colinda entre el puesto habilitado y el mar.

Cuando Ahmed se dio cuenta de que los agentes se dirigían a espulsarle a Marruecos, tras casi dos años viviendo en Ceuta, “entró en estado de pánico y comenzó a llorar reiterando una vez más que estaba tutelado por la Ciudad y que no podían expulsarle”. Los guardias civiles, recoge la denuncia, “no hicieron ninguna gestión realizaron los agentes para comprobar que el menor se encontraba bajo la protección de la administración ceutí desde hace más de un año y medio”.

Ante la oposición del menor y el ataque de pánico, uno de los agentes le agarró del brazo, le bajó del coche y le llevó a la fuerza hasta el punto de entrega donde se encontraban las autoridades marroquíes. En este punto, mientras entregaban a Ahmed a los gendarmes del país vecino, uno de los agentes de la Guardia Civil sacó de su bolsillo unos 'grilletes de lazo' y se los dio a un militar alauí, explica la denuncia. “Los soldados marroquíes le colocaron los grilletes delante de los Guardias Civiles, pero ya en territorio marroquí”, añade. La Fundación Raíces pide al Juzgado que se entreguen las grabaciones de cámaras de vigilancia en la frontera española que linda con Marruecos para probar dichos hechos.

Esa misma madrugada, elDiario.es documentó varias devoluciones realizadas en la frontera del Tarajal realizadas tal y como Ahmed describe: vehículos de la Guardia Civil -furgones y coches- se introducían en la playa de la zona de seguridad de la frontera y, colocados en paralelo a la puerta, retornaron a varias personas, tal y como este medio publicó entonces. También vio a varias personas que, ya en el lado marroquí, iban engrilletadas.

Vulneración de derechos y “vía de hecho”

Desde la Fundación Raíces señalan que la Administración actuó con una “inobservancia total” del procedimiento de repatriación previsto en la Ley de Extranjería y en su Reglamento. En la actuación tampoco se evaluó el interés superior del menor ni se tomó en consideración su testimonio antes de entregarlo al país vecino sin verificar su destino ni garantizar su seguridad.

El recurso argumenta que la intervención vulnera de forma flagrante derechos constitucionales como la integridad física y moral (artículo 15 CE), la libertad deambulatoria (artículo 17 CE) —al haber sufrido una detención ilegal arbitraria— y la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE), además de contravención expresa de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU y de la doctrina fijada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Frente a la posibilidad de que la Administración argumente que la retención inicial se debió a un error de los militares desplegados, la entidad recalca que la responsabilidad recae igualmente sobre la Guardia Civil. Al ser el cuerpo que lo trasladó e hizo efectiva la devolución en la frontera, sus agentes tenían la obligación de comprobar la identidad del joven, verificar que contaba con documentación en vigor y frenar de inmediato su expulsión.

Peticiones urgentes a la Justicia

A través de este recurso por la vía de derechos fundamentales, la Fundación Raíces solicita al juzgado que declare la nulidad radical de la actuación administrativa y reconozca la vulneración de las libertades del joven.

Asimismo, la organización pide que se condene a la Administración a adoptar de forma inmediata todas las medidas necesarias para lograr la repatriación del menor a territorio español con el fin de restituir su tutela. También “se ha requerido como medida cautelar el volcado y aseguramiento urgente de las imágenes de videovigilancia de esa madrugada en la zona portuaria y el paso fronterizo antes de que sean borradas automáticamente”.

El Ministerio de Defensa ha remitido a la Fiscalía y el Juzgado de Guardia de Ceuta las denuncias de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de militares a migrantes en Ceuta documentadas por Amnistía Internacional tras los hallazgos previos de las investigaciones publicadas por elDiario.es desde hace dos semanas. Asimismo, ha encargado una investigación interna para dilucidar “responsabilidades individuales”.

La organización internacional ha denunciado este miércoles en un informe “un patrón” de prácticas como “palizas, acoso, humillaciones y el robo de dinero y confiscación y rotura de teléfonos móviles a personas migrantes, sin importar su edad, condición o género” en particular por “unidades de Regulares y de la Legión” contra personas migrantes que permanecen en las calles de la ciudad o en asentamientos informales tras la entrada masiva desde Marruecos a finales de julio.

El departamento que dirige Margarita Robles ha informado de que ha remitido el informe a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta. Además, ha trasladado que ha instado al Mando de Operaciones (MOPS) a investigar y dilucidar responsabilidades individuales “para preservar el buen hacer y nombre de las Fuerzas Armadas”.

La organización asegura haber recogido 22 testimonios directos que atribuyen a militares que patrullan la ciudad “palizas, acoso, humillaciones y el robo de dinero y confiscación y rotura de teléfonos móviles de personas migrantes sin importar su edad, condición o género”. Según sus conclusiones, apoyadas por vídeos y testimonios de los migrantes, algunos militares “han llegado a actuar de noche y encapuchados contra las personas migrantes —para evitar ser reconocidos— propinándoles golpes y palizas, o rociando la cara y el cuerpo con un espray irritante y procediendo a su expulsión sumaria a través de la valla del Tarajal.

Según los testimonios recabados por la organización, y tal como relataron decenas de migrantes a elDiario.es, las actuaciones de los militares incluyen “insultos y amenazas constantes” para que abandonen Ceuta, “impedirles dormir por la noche y transitar de día, obligar a los jóvenes a raparse el pelo, arrodillarse para besar una cruz cristiana a personas que son musulmanas, golpearles fuertemente y con brutalidad en la cabeza y la espalda con porras y botas y retirarles la comida si se niegan a cumplir una orden”.

elDiario.es publicó por primera vez el caso de más cinco personas que, en distintos puntos de la ciudad, denunciaron haber sido obligados por militares a raparse la cabeza, o incluso fueron los soldados quienes les cortaron a trasquilones parte del pelo que tanto tratan de cuidarse muchos jóvenes marroquíes.

A lo largo de sus investigaciones, este medio ha preguntado al Ministerio de Defensa repetidamente sobre estas actuaciones, sin obtener respuesta. Desde Moncloa se han ceñido a reiterar su intención de abrir una investigación interna.

A través de vídeos y fotografías, Amnistía Internacional ha documentado cuerpos magullados de migrantes con lesiones que “parecen compatibles con golpes” de las porras reglamentarias. En su investigación, la ONG menciona algunos casos concretos. Dos chicos marroquíes entrevistados por la organización presentaban ese tipo de lesiones en la cabeza, “una zona muy sensible por el alto riesgo de conmociones cerebrales y otros traumatismos craneales”. Según el testimonio recabado por la ONG, uno de ellos fue “obligado a arrodillarse antes de ser golpeado”.

Un hombre marroquí contó a la organización que llevaba 25 días sin poder caminar “tras haber sido empujado por un militar desde una altura elevada tras ser despertados y acosados por un grupo de militares mientras dormía a las puertas de la Ermita de San Antonio”, al este del puerto ceutí.

La ONG también destaca el caso de un chico marroquí y otro argelino “golpeados reiteradamente con porras y puñetazos mientras estaban inmovilizados con bridas de sujeción, cuyas marcas en las muñecas pudo constatar la organización”, según contaron los migrantes al equipo de Amnistía que visitó la ciudad del 10 al 15 de septiembre. “Me pusieron bridas y me metieron en el maletero. Cuando me sacaron, me amordazaron la boca y me pegaron la cara contra un árbol, y así me pegaron porrazos y puñetazos. Cuando terminaron, me tiraron por un terraplén”, contó uno de los jóvenes entrevistados por Amnistía Internacional.

Una veintena de testimonios recopilados de manera directa por elDiario.es a mediados de septiembre, a los que se suma un centenar de casos detectados por organizaciones sobre el terreno, describieron un patrón común por parte de determinados grupos de soldados españoles (especialmente por parte de regulares y legionarios) que actúan con violencia contra los marroquíes llegados a finales de julio a Ceuta, incluidos menores de edad.

Estos relatos pusieron de relieve que patrullas de militares han recorrido Ceuta en busca de migrantes a los que agredir y robar dinero y teléfonos móviles, además de prácticas humillantes, como obligar a raparse el pelo ante la amenaza de devolverles a Marruecos o golpearles en caso de negarse a hacer cualquier cosa que se les ordenase con la finalidad de denigrarlos. Grupos de militares también han rociado con gas pimienta a menores mientras caminaban o volvían de comprar comida, como pudo comprobar elDiario.es en dos episodios en una semana.

Este medio también accedió y verificó varios vídeos de agresiones de militares uniformados contra personas migrantes en la ciudad autónoma ocurridos en las últimas semanas. En uno de esos sucesos, un joven que trataba de escapar por una vía próxima a uno de los campamentos de acogida del Gobierno es atrapado por un grupo de soldados que lo lanzan en la ladera de un pequeño cerro, junto a varios arbustos, y lo acaban apaleando. Las grabaciones muestran otros casos de estas palizas sistemáticas.

Una investigación de Amnistía Internacional ha documentado tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas migrantes y solicitantes de asilo en Ceuta por parte de Fuerzas Armadas españolas. En la línea de los hallazgos de las investigaciones publicadas por elDiario.es desde hace dos semanas, la organización internacional denuncia palizas, vejaciones, robo de dinero y teléfonos móviles por parte de militares que patrullan la ciudad, en particular por “unidades de Regulares y de la Legión” en lo que “parece ser un patrón” contra personas migrantes que permanecen en las calles de la ciudad o en asentamientos informales tras la entrada masiva desde Marruecos a finales de julio.

La organización asegura haber recogido 22 testimonios directos que atribuyen a militares que patrullan la ciudad “palizas, acoso, humillaciones y el robo de dinero y confiscación y rotura de teléfonos móviles de personas migrantes sin importar su edad, condición o género”. Según sus conclusiones, apoyadas por vídeos y testimonios de los migrantes, algunos militares “han llegado a actuar de noche y encapuchados contra las personas migrantes —para evitar ser reconocidos— propinándoles golpes y palizas, o rociando la cara y el cuerpo con un espray irritante y procediendo a su expulsión sumaria a través de la valla del Tarajal.

Según los testimonios recabados por la organización, y tal como relataron decenas de migrantes a elDiario.es, las actuaciones de los militares incluyen “insultos y amenazas constantes” para que abandonen Ceuta, “impedirles dormir por la noche y transitar de día, obligar a los jóvenes a raparse el pelo, arrodillarse para besar una cruz cristiana a personas que son musulmanas, golpearles fuertemente y con brutalidad en la cabeza y la espalda con porras y botas y retirarles la comida si se niegan a cumplir una orden”.

elDiario.es publicó por primera vez el caso de más cinco personas que, en distintos puntos de la ciudad, denunciaron haber sido obligados por militares a raparse la cabeza, o incluso fueron los soldados quienes les cortaron a trasquilones parte del pelo que tanto tratan de cuidarse muchos jóvenes marroquíes.

A través de vídeos y fotografías, Amnistía Internacional ha documentado cuerpos magullados de migrantes con lesiones que “parecen compatibles con golpes” de las porras reglamentarias. En su investigación, la ONG menciona algunos casos concretos. Dos chicos marroquíes entrevistados por la organización presentaban ese tipo de lesiones en la cabeza, “una zona muy sensible por el alto riesgo de conmociones cerebrales y otros traumatismos craneales”. Según el testimonio recabado por la ONG, uno de ellos fue “obligado a arrodillarse antes de ser golpeado”.

Un hombre marroquí contó a la organización que llevaba 25 días sin poder caminar “tras haber sido empujado por un militar desde una altura elevada tras ser despertados y acosados por un grupo de militares mientras dormía a las puertas de la Ermita de San Antonio”, al este del puerto ceutí.

La ONG también destaca el caso de un chico marroquí y otro argelino “golpeados reiteradamente con porras y puñetazos mientras estaban inmovilizados con bridas de sujeción, cuyas marcas en las muñecas pudo constatar la organización”, según contaron los migrantes al equipo de Amnistía que visitó la ciudad del 10 al 15 de septiembre. “Me pusieron bridas y me metieron en el maletero. Cuando me sacaron, me amordazaron la boca y me pegaron la cara contra un árbol, y así me pegaron porrazos y puñetazos. Cuando terminaron, me tiraron por un terraplén”, contó uno de los jóvenes entrevistados por Amnistía Internacional.

La organización también documenta violencia de los militares contra las mujeres marroquíes, entre las que incluyen “insultos, humillaciones y vejaciones de carácter sexual”. Una joven marroquí relató que un militar se mofó de ella diciéndole que “cómo había podido abrir las piernas” refiriéndose a su situación de embarazo.

La actitud chulesca de elementos militares afectó al propio personal de la organización desplegado en la ciudad autónoma, según denota el informe. La delegación de la ONG “fue identificada por miembros de la Policía Nacional durante su trabajo de investigación, tras ser avisados por militares y miembros de seguridad del hospital al cuestionar que estuvieran expulsando de la zona a personas a las que consideraban migrantes. También recibió hostigamiento, desprecio e insultos por parte de un grupo de militares que patrullaba junto a la puerta principal del Hospital Universitario de Ceuta el 11 de septiembre a las 17.30 de la tarde: 'Perroflautas. ¡A chuparla!', espetó uno de los militares”.

Madres y niños desprotegidos

La organización refiere asimismo que cientos de mujeres siguen sin recibir ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades, y que muchas de ellas se encuentran con sus hijos e hijas durmiendo en la calle. También constata “testimonios de niños no acompañados que acuden casi a diario a los cuerpos policiales a solicitar protección y son rechazados de manera constante”, mientras que las ONG locales “están al límite de su capacidad”.

Con el objetivo de compartir las conclusiones de su investigación sobre el terreno, Amnistía Internacional se ha dirigido por carta a los presidentes del Gobierno de España y del Gobierno de Ceuta para compartir las conclusiones de su investigación sobre el terreno y pedirles acciones urgentes que proporcionen ayuda humanitaria y una acogida digna, y atención especializada a mujeres, niñas y niños en riesgo, ya sea en Ceuta o mediante su traslado a la Península.

A primera hora de la mañana, agentes de la Policía Nacional han irrumpido en la playa de Benítez, despertando con golpes en las tiendas, a cientos de migrantes que aún dormían en el campamento colindante al del Trampolín, para rematar el desalojo del asentamiento iniciado el pasado domingo. De allí, decenas de marroquíes han sido introducidos en autobuses que se dirigían a la frontera del Tarajal. La mayoría de ellos, tras una reunión con la Policía sin asistencia letrada en la que les convencía de que su mejor opción sería volver a Marruecos antes de ser filiados, han retornado a su país “voluntariamente”.

Los chicos, algunos descalzos o con la manta de Cruz Roja aún sobre sus hombros, después de haber sido desalojados a la fuerza de sus chabolas, caminaron por su propio pie al interior de la frontera, donde eran acompañados por los agentes hasta la puerta que conecta la valla ceutí con el país vecino, tal y como ha presenciado elDiario.es. Fuentes de Interior aseguran que todos ello han retornado voluntariamente tras el desalojo.

Al menos dos autobuses cargados de migrantes desalojados esta mañana de la playa de Benítez han llegado al portón azul metalizado que conecta el paso fronterizo de El Tarajal con el polígono colingante. Allí, justo en las naves, rodeados de muchas de las chabolas donde aún pernoctan mujeres, menores e incluso un recién nacido, un equipo de tres agentes de extranjería recibían a los migrantes llegados directamente del asentamiento desmantelado. De seis en seis, los chicos permanecían durante unos minutos reunidos con ellos, custodiados por varios policías antidisturbios.

Un intérprete, perteneciente a la Policía Nacional (no independiente), hablaba durante unos minutos con ellos. Este medio pudo escuchar a la jefa del dispositivo de Extranjería en las naves del Tarajal reaccionar cuando uno de los migrantes del grupo dijo que era menor. “¿Eres menor? Tendrás que demostrarlo con documentación”, le dijo a las puertas de la frontera. Después de trasladar las explicaciones a través de un agente que habla dariyia, la policía al mando del dispositivo en las naves solicitaba a sus compañeros que bajasen a otro grupo del autobús. “Os podéis llevar ya a estos. Traed a otros seis”, ordenaba.

Según fuentes policiales, los agentes buscan en este tipo de reuniones previas a la filiación “informar” a los migrantes sobre su opción de regresar a Marruecos voluntariamente antes del momento de plasmar sus huellas en el CATE, una suerte de comisaría habilitada en las naves para realizar los triajes en las naves de Tarajal, donde tienen la opción de pedir protección internacional. Sin embargo, dos de los marroquíes que regresaron a su país este domingo en un dispositivo similar tras el primer desalojo de Benítez, han aseguradon a elDiario.es que la Policía les dijo en una reunión similar que “no había asilo para ellos” y que, en caso de permanecer en la ciudad y ser filiados, podrían “ir a la cárcel” [una afirmación que no sería cierta], además de ser castigados con una prohibición de entrada de cinco años [algo que es cierto si se les ejecuta una orden de retorno]. Interior, por su parte, insiste en que solo se les informa antes de pasar a ser identificados.

Este martes, durante la reunión con la policía, alguno de los migrantes preguntaban a los agentes y, la mayoría, cabizbajos, caminaban hacia el lugar que les indicaba uno de los agentes desplegados: la frontera con Marruecos, donde acabaron siendo entregados a las autoridades marroquíes. Las decenas de personas que regresaron al país vecino no eran retornados a través del paso oficial, sino que eran acompañados por las fuerzas de seguridad al otro lado de la aduana. Los chavales, de seis en seis, atravesaban las carreteras por donde los coches suelen pasar al país vecino y eran dirigidos a una caseta que conducía con la zona de seguridad de la playa del Tarajal. Allí eran conducidos a la valla ceutí del espigón, a la puerta que conecta con el lado marroquí, donde varios esperaban a recibir las indicaciones.

Al otro lado de la valla, eran recibidos por gendarmes marroquíes, que han quemado algunas de las pertenencias de los migrantes que decidieron marcharse tras la reunión con los agentes españoles.

No es la primera vez que realizan este tipo de operativo. Entre las cifras que el Gobierno aporta bajo el nombre de “retornos voluntarios”, hay varias tipologías de retornos. Entre ellos se encuentran aquellos en los que los migrantes, agotados tras semanas a la intemperie, persecuciones de patrullas de militares o desalojos, deciden marcharse por su propio pie. Ellos mismos, sin recibir indicación alguna, caminan a la frontera con sus pertenencias. Estas otras, las practicadas este domingo y este martes en la frontera, son diferentes. Son voluntarios, pero antes se producen una intervención polcial previa y algunos migrantes, ya en Marruecos, alegan a elDiario.es sentirse “engañados” por alguna de las informaciones transmitidas.

“Nos pilló justo después de que nos sacasen de la playa con golpes, estabamos dormidos y cansados, y nos dijeron que no podíamos pedir asilo. Había tres niños entre nosotros. Intentábamos hablar con un compañero que hablaba español, para que nos explicase bien nuestros derechos, y nos dejaban. A él le apartaron”, dice Mohamed, de 21 años, por videollamada desde Tánger. Este medio le había visto en Marruecos días antes del desalojo y posterior retorno desde Benítez.

Desde alrededor de las 9:30 horas han comenzado a llegar al Tarajal los autobuses en los que están siendo trasladados los migrantes procedentes de playa Benítez. El otro destino ha sido la frontera de El Tarajal, desde donde varios migrantes aún sin cuantificar han decidido volver a Marruecos. Desde primera hora de la mañana, un amplio dispositivo de la Policía Nacional se ha encargado de agrupar a las personas que permanecían en los asentamientos y organizar su traslado en autobús.

Quienes han declarado su decisión de pedir asilo tras la reunión con la Policía serán reubicados en el campamento de acogida de Loma Colmenar, según han confirmado desde la Jefatura Superior de Ceuta.

Desde el inicio de la crisis, el Gobierno ha señalado que las solicitudes de protección internacional deben responder a los supuestos previstos por la normativa y que los motivos exclusivamente económicos o laborales no constituyen, por sí mismos, causa para obtener el derecho de asilo. Esta circunstancia, según explican fuentes policiales, está llevando a algunos ciudadanos marroquíes a plantearse el retorno voluntario a su país.

El Gobierno ultima los detalles de un Real Decreto-Ley que pretende llevar este martes al Consejo de Ministros con el objetivo de acelerar la tramitación de solicitudes, denegaciones y devoluciones de migrantes en la ciudad de Ceuta. El borrador de la norma, adelantado por El País y al que ha accedido elDiario.es, plantea la aprobación de una suerte de suspensión temporal de garantías básicas del derecho al asilo, que se salta algunos de los límites legales establecidos por el ya duro Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). Varias fuentes jurídicas expertas en derecho de asilo alertan de que el decreto, tal y como está redactado el borrador inicial, vulnera el “principio de no devolución”, clave en el derecho internacional, y pone en riesgo el derecho a la tutela jurídica efectiva, amparado en la Constitución Española.

El texto plantea un marco de tramitación acelerada que afecta con carácter retroactivo a las peticiones de protección internacional presentadas desde el 30 de julio y que se encuentren pendientes de resolución. El texto que ultima el Ejecutivo diseña un circuito de tramitación exprés ideado para acelerar al máximo la resolución de expedientes y agilizar las expulsiones desde Ceuta. El Gobierno, consciente de que uno de los principales escollos para acelerar los retornos es el cuello de botella que pueden crear las peticiones de asilo, está intentando reducir a golpe de decreto garantías del derecho al asilo, que no solo estaban incluidas en la legislación española, sino que están contempladas en los reglamentos ligados al Pacto Europeo de Asilo y los convenios internacionales firmados por España.

En el terreno administrativo, la norma elimina intermediarios al capacitar directamente a la Dirección General de Protección Internacional para resolver peticiones sin pasar por el filtro de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, que incluye también la presencia de Acnur en el proceso. Al mismo tiempo, impone la inadmisión de entrada para quienes pidan asilo siete días después de haber recibido una orden de devolución y permite archivar solicitudes por “desistimiento implícito” —sin dar opción a subsanar— si el migrante abandona el centro de acogida o no responde a un trámite en un plazo de entre 5 y 10 días.

El texto impacta en las garantías procesales del solicitante. El decreto contempla que, cuando una persona resida en un centro de acogida masificado o no acredite una dirección concreta, la resolución no se le notificará en mano ni por correo, sino a través de un anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A esto se suma un tijeretazo drástico a los plazos para acudir a los tribunales: el margen para interponer un recurso contencioso-administrativo frente a una denegación en frontera se reduce a tan solo cinco días naturales.

El borrador restringe al mínimo el derecho de los migrantes a permanecer en territorio español mientras se resuelve su solicitud de asilo, lo que permitiría su devolución aunque aún no exista una respuesta definitiva a su petición. Según el texto, los solicitantes pueden perder “su derecho de permanencia, independientemente de su nacionalidad” de manera automática quienes consideren que suponen “un peligro para el orden público o la seguridad nacional”. La clave es el amplio margen que deja la norma para poder considerar que un migrante en Ceuta supone un peligro para el orden público: “Se entenderá que se da esta circunstancia en caso de las personas que se hayan comportado de manera violenta o amenazante en el centro o dispositivo de acogida; o que, fuera de los mismos, promuevan o participen en altercados, tumultos, o actos que supongan cualquier actividad sancionable administrativa o penalmente por poder afectar al orden público o seguridad ciudadana”.

En este sentido, el texto veta expresamente la aplicación de un principio hasta ahora incuestionable en el derecho internacional: el principio de no devolución, por el cual ninguna persona puede ser retornada a un país donde su integridad física, su vida o dignidad corra peligro, así como aquellos Estados donde no se garantice que el solicitante no acabe expulsado al lugar de donde huye.

Así, el proyecto establece que “el principio de no devolución no podrá ser invocado en caso de excepción o pérdida del derecho por peligro para el orden público o la seguridad nacional, o cuando la persona cuente con una sentencia desfavorable firme sobre la resolución de su solicitud o solicitudes anteriores o cuando, habiendo tenido la oportunidad de recurrir las resoluciones anteriores, no lo hubiera hecho”. Eso sí, para retirar el derecho de permanencia por riesgo al orden público o la seguridad requerirá un acto previo de privación acordado explícitamente por la persona titular del Ministerio del Interior.

El texto contradice así los límites establecidos en el Reglamento europeo que regula los procedimientos de asilo. Si bien el marco comunitario permite restringir o hacer excepciones al derecho de permanencia durante el procedimiento o los recursos en casos de seguridad u orden público, sí exige de manera explícita que cualquier medida se aplique “sin perjuicio del principio de no devolución”. La norma comunitaria prohíbe expresamente que la denegación de permanencia conduzca a una expulsión automática hacia un país donde la vida de la persona corra peligro o pueda sufrir tratos degradantes o tortura.

Interior no ha respondido a las preguntas de elDiario.es porque se trata de un texto que aún no es definitivo. Entretanto, desde Acnur España, un organismo que asesora a las autoridades en temas de asilo y refugio, remarcan que han conocido la preparación del decreto “a través de los medios de comunicación”. “Por el momento, no hemos recibido información oficial ni hemos sido consultados sobre su contenido, por lo que sería prematuro pronunciarnos sobre medidas concretas, que a priori, podrían ser preocupantes”, señalan fuentes de la agencia especializada.

Así, estas mismas fuentes hacen hincapié en que “agilizar los procedimientos y preservar las garantías no son objetivos incompatibles”. “Deben garantizarse en todo momento principios esenciales como el de no devolución y el acceso a un recurso efectivo, asegurando que las necesidades de protección se evalúen adecuadamente antes de proceder a un retorno ya sea directo o indirecto”, señalan. “Dicho esto, los retos de la gestión migratoria –incluida la actual crisis en Ceuta– no deberían traducirse en una reducción de las garantías del procedimiento de protección internacional”, agregan las fuentes de la agencia de la ONU en España, que muestran su disposición a las autoridades “para contribuir a medidas que permitan reforzar la eficacia del sistema preservando plenamente estas garantías”.

Según cuatro fuentes jurídicas especializadas en asilo y refugio, la propuesta del Ejecutivo, además de apurar los márgenes de restricción previstos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), entra en colisión con el reglamento sobre procedimientos de asilo, sobrepasando las propias directrices fijadas por Bruselas y contraviniendo salvaguardas de derechos humanos fundamentales.

La prohibición de la no devolución

Añadir excepciones al principio de no devolución choca con el marco legal europeo, según las fuentes jurídicas consultadas. “El principio de no devolución siempre se puede invocar. Es un principio de derecho internacional que está en vigor independientemente de la normativa concreta y que se proclama para cualquier persona que vaya a sufrir tratos degradantes o cuya vida esté en peligro. En las excepciones que pone el PEMA, cuando a una persona se le deniega por seguridad y orden público, siempre se conserva el principio de no devolución”, apunta Elena Muñoz, la responsable jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (una de las ONG que forma parte del sistema de acogida del Gobierno).

Diego Boza, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz y especialista en inmigración, considera que el texto no tiene encaje legal: “La propuesta me parece ilegal por resultar contraria a los Reglamentos europeos y las leyes nacionales”, sostiene el experto. “En cuanto a los Reglamentos europeos, la referencia a la no invocación del principio de non-refoulement resulta contraria al Reglamento 2024/1348, pero también a toda la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, añade.

“La no invocabilidad del principio de no devolución es la disposición más grave y no tiene encaje posible”, coincide Patricia Fernández Vicens, abogada experta en migraciones que ha estado detrás de denuncias como la que frenó la expulsión de menores desde Ceuta en 2021, un caso por la que acabaron condenadas por prevaricación la entonces delegada del Gobierno en la ciudad y la exvicepresidenta de Ceuta. “El artículo 10.4.c), el artículo 56 y el artículo 68.3 arrancan con 'sin perjuicio del principio de no devolución'; el artículo 68.7 exige que el tribunal pueda autorizar la permanencia cuando se invoque. Es una norma de ius congens. Quebranta directamente el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 33 de la Convencion de Ginebra”.

Recorte del recurso

Los expertos alertan de riesgo de incurrir en una vulneración de la tutela jurídica efectiva, amparada en la Constitución española y en la legislación internacional. “El recorte del plazo del recurso contencioso-administrativo no encuentra cobertura en la norma europea”, indica Boza. “Al reducir los plazos del recurso a cinco días naturales, la persona no se va a enterar y se le van a pasar los plazos”, coinciden desde la organización especializada en asilo. “En cinco días, con un sábado y un domingo de por medio, es imposible que el abogado pueda ver el caso, redactar el recurso y pedir medidas cautelares. La tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental, se ve bastante afectada”, continúa.

“El recurso en el plazo de cinco días es un absoluto invento. El plazo para ese tipo de decisiones es del artículo 46.1 de la LJCA: dos meses. El PEMA dispone plazo más reducidos para otras cosas, pero no para eso”, señala Fernández Vicens.

En la práctica, este acortamiento de plazos dificulta de forma extrema la interposición de recursos con plenas garantías. El plazo legal estándar en el sistema español es de diez días o un mes según la vía. Al reducir el margen a cinco días naturales —con fines de semana de por medio—, el solicitante dispone de un lapso mínimo para localizar asistencia jurídica, solicitar turno de oficio, estudiar el expediente y articular la demanda ante los tribunales.

A este obstáculo se suma la generalización de las notificaciones a través del Boletín Oficial del Estado (BOE). Según el artículo 6 del borrador, si el solicitante indica direcciones en zonas geográficas o en centros de acogida sobreocupados, la notificación se realizará de forma exclusiva por anuncio en el BOE, asumiéndose legalmente como efectuada a la primera publicación.

“La notificación por BOE es solo un último recurso, cuando la persona está ilocalizable”, explica Muñoz, de CEAR. “Si esas personas están en un dispositivo de acogida público, están localizables, por lo que no te puedes acoger al BOE. Esa notificación no es válida si no se ha intentado la notificación personal dos veces, mañana y tarde. Notifican por el BOE para que no te enteres”. Ante este patrón de indefensión, Boza sostiene que “el ministro Marlaska con esta propuesta pretende ir más allá, saltándose el ordenamiento jurídico y los procedimientos existentes”.

La normativa comunitaria para crisis

Desde las organizaciones sociales recuerdan que la propia legislación comunitaria ofrece alternativas que no pasan por el recorte de derechos: “No se entiende por qué hacen esto cuando tienen un instrumento como el Reglamento de Crisis que habla de que, cuando hay una situación de gran llegada o tensión en la capacidad de acogida o gestión, se puede pedir ayuda a la Comisión Europea para que te flexibilicen los plazos por los cauces previstos”.

En la misma línea, Boza cuestiona que el Gobierno no aplique los cauces legales habilitados en la normativa comunitaria para crisis migratorias, ya de por sí duros y cuestionados por organizaciones de derechos humanos. “Para situaciones de este tipo el Pacto habilitó el Reglamento de Crisis, pero España no lo ha querido activar. Ese Reglamento de Crisis establece el máximo de recorte de derechos que la UE contempla y el Ministerio del Interior con esta propuesta pretende ir más allá de lo legalmente permitido”, remata.

“El reglamento (UE) 2024/1348 no admite regímenes procedimentales territoriales distintos dentro de un Estado; el único cauce para apartarse de sus reglas ante una llegada masiva es el reglamento 2024/1359 (crisis y fuerza mayor), que exige solicitud del Estado, propuesta de la Comisión y decisión de ejecución del Consejo, y tasa las excepciones (registro hasta cuatro semanas, fronterizo ampliado, etc.)”, recalca también Fernández Vicens.

“Ha venido la Policía y nos han sacado a porrazos”, alertaba Mohamed una hora después de su desalojo del espigón de la playa de Benítez (Ceuta). Es uno de los migrantes que, durante la primera hora de la mañana de este domingo, ha sido desalojado de las inmediaciones de la playa Benítez. Un operativo policial, formado por más de 300 efectivos, ha trasladado a más de medio centenar de personas migrantes que se me encontraban en esta zona, especialmente en la zona del espigón y en la parte más alejada de la costa.

El operativo ha dejado también numerosas pertenencias que han tenido que abandonar tras ellos los migrantes desalojados esta mañana de manera repentina, sin tiempo para recoger las pocas cosas que han ido acumulando en los casi dos meses que llevan en Ceuta. Tiendas de campaña, enseres, algunos móviles, mantas y ropa han quedado tirados por el suelo y, en algunos casos, han sido aplastados durante la intervención.

“Están trasladando a migrantes al Guano, a un espacio más adecuado. La zona actual es muy insegura de cara a temporales y lluvias que puedan llegar en el futuro”, confirma Interior. Sin embargo, más allá del traslado a la zona del Guano, algunos migrantes han sido introducidos, en pequeños grupos, en furgones policiales. Por el momento, este medio no ha podido confirmar el lugar donde han sido enviados.

Los migrantes asentados hasta ahora en el espigón de la playa de Benítez denuncian haber sido golpeados con porras y rociados con gas lacrimógeno por parte de la Policía Nacional, en la primera parte del operativo que aseguran que ocurrió alrededor de las 7 de la mañana. Mohamed dormía cuando los agentes, cuentan, irrumpieron en el espigón y en la zona de la Desalinizadora. “Vinieron directamente a sacarnos a porrazos y con gas”, dice el hombre

Según el relato de varios migrantes asentados en Benítez, los policías han utilizado el material antidisturbios especialmente en la primera parte del dispositivo, concentrado en la zona de la desalinizadora y el espigón. “Entraron y empezaron a pegar a los chicos, los sacaron a todos de sus chabolas. Nuestras mantas se quedaron allí, la ropa, la comida, el dinero. Hay a quien le pegaron y le quitaron el teléfono”, dice Hassan (nombre fictico), uno de los migrantes afectados por el desalojo.

Algunos aseguran que varios agentes les dijeron que serían trasladados a los campamentos del Gobierno, pero les acabaron dejando en otra zona de El Trampolín, donde apenas queda espacio donde levantar cabañas. Hacerlo, además, suele generar peleas entre las personas que ya llevan tiempo en un determinado lugar. “¿Ahora a dónde vamos a ir? ¿De dónde vamos a sacar comida? Nos mintieron, nos sacaron de allí a la fuerza con porras, riéndose. Nos dijeron que nos iban a llevar a las tiendas, que iban a recoger las tiendas y llevarlas. Fuimos y nos dijeron 'sentaos'. Al rato nos dijeron 'hasta mañana'. Nos dijeron ”ahora buscáos la vida“. Ni siquiera nos dejan ir a la tienda a comprar agua ni nada”, denuncia.

“Lo importante es que nos atacaron de golpe, se pusieron a pegar a los chicos, los chicos tuvieron miedo y nos sacaron. Nos sentaron en esa primera casa, nos sentamos como si nada y nos dividieron, se llevaron a unos para un lado y a otros para otro lado, nos tiraron todo”, dice otro hombre marroquí.

La operación se produce tras el requerimiento emitido por la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma, el pasado 11 de septiembre, a la Delegación de Gobierno en el que argumentaba cuestiones de seguridad y riesgo grave para la planta desaladora de la ciudad , solicitando el levantamiento de los asentamientos.

Tras su desalojo, el cordón policial ha continuado durante horas, mientras los servicios de limpieza retiraban los restros de lo que fue un asentamiento improvisado desde hace casi dos meses. Mientras un centenar de personas esperaba junto a la línea de seguridad el momento para tratar de buscar algunas de las pertenencias que tuvieron que abandonar a la carrera, los operarios retiraban todo en camiones de la basura. Mientras Aiman aguardaba el momento para ir a buscar la manta que dejó atrás y Ali preguntaba preocupado por la bolda de comida que dejó en la tienda, las tiendas en las que dormían ya estaban arrasadas. Los operarios lanzaban a la basura colchones, mantas, sillas, cartones de leche, mochilas con ropa y todo lo que encontraron en el área desalojada.

“Yo dejé mi tienda allí, dejé mi ropa, dejé mi cartera, ¿entiendes? Me quedé con lo puesto, mi ropa se quedó allí”, lamenta Aiman. A su lado, otro compañero pregunta por su teléfono. Con el susto y la carrera, su teléfono se quedó en la tienda.

Tras el estudio de la zona y de las necesidades operativas y materiales para garantizar la viabilidad del operativo, la Policía Nacional, tras celebrar esta semana una reunión de coordinación en la propia Delegación de Gobierno, determinó la mañana de este domingo para el desarrollo de esta operación. Durante los próximos días por parte de los servicios de la ciudad se procederá a la limpieza y vallado perimetral de la zona, estableciéndose vigilancia policial durante su realización.

En el operativo de esta mañana intervienen seis grupos de la unidad de intervención policial (UIP) con unos 300 policías y efectivos de la Unidad de Medios Aéreos de la Jefatura Superior así como, entre otras unidades, del área de Extranjería de la Policía Nacional, alcanzando una cifra total de unos 350 funcionarios. 

Horas después de su desalojo, Aiman empezó asumir que no recuperaría sus pertenencias y empezaba a pensar en el nuevo lugar donde poder asentarse. “Ahora vamos a quedarnos aquí aguantando a ver si nos dan una solución, ¿entiendes? Nosotros hemos subido para trabajar y ganarnos la vida. Sí que hay algunos sinvergüenzas por aquí, pero nosotros, no. Lo importante es que esta noche vamos a aguantar y la vamos a pasar como sea”.

Sentados, tranquilos y muy atentos a cada orden que daban los agentes de la Policía Nacional que los custodiaban en la playa del Trampolín. Decenas de menores han acudido al asentamiento de migrantes al correrse la voz de un nuevo operativo para identificar a parte de los menores migrantes que llevan casi dos meses desamparados en las calles de Ceuta para filiarlos y llevarlos a un centro de acogida. De todos los que esperaban, solo un grupo de ellos han sido finalmente trasladados a la Jefatura de Policía en un autobús. Tras sus ventanas, los niños saludaban, aplaudían y celebran que, por fin, iban a dormir bajo un techo, protegidos por el Estado como exige la Ley.

Mientras esperaban sentados, obedientes y hasta aplaudiendo las indicaciones de los agentes, un autobús se acercó al primer grupo de chavales. Algunos de los niños hablaban entre sí y, por si acaso, preguntaban a los periodistas que estaban a su alrededor: “¿Marruecos?”. La respuesta negativa los tranquilizaba. “¿Centro?”, añadían antes de celebrar la confirmación. Han escuchado tantas veces historias de menores que, dicen, han sido engañados que temían estar cayendo en una trampa. “¡Centro!”, se decían entre ellos, sonrientes e intercambiando miradas de complicidad entre ellos.

El autobús, uno de línea local, arrancó repleto de menores sonrientes y no volvió ningún otro vehículo para recoger a los chavales que mantenían esperanzas de lograrlo este sábado. Quienes lo vieron irse desde la playa, esperaron unos 20 minutos en la misma posición, hasta que los agentes deshicieron la línea que los rodeaba y los furgones policiales desaparecieron. Nadie les explicó nada, solo asumieron que hoy tampoco sería el día en que dormirían bajo un techo, después de casi dos meses de abandono institucional en situación de calle.

“Estoy muy cansado de estar en la calle. Es muy difícil y a veces hay problemas con los mayores”, dice Hasim, mientras regresaba cabizbajo por el mismo paseo por el que había llegado en su intento de ser identificado por la Policía. Es la tercera a vez que acude a uno de estos operativos de identificación, que cada día se realizan en un sitio distinto. Es la tercera vez que corre al lugar desde el que le avisan otros adolescentes marroquíes y corre para intentar entrar en el grupo de los seleccionados. Es también la tercera vez que no lo consigue.

“Mañana estaré aquí otra vez a las 7 de la mañana”, dice el menor, de 17 años. Sin embargo, no se suelen repetir estos operativos en el mismo lugar dos días seguidos, sino que los van cambiando sin avisar. La Policía busca evitar que se concentren miles de menores que, desesperados, acuden cada día allí donde alguien les dice que están filiando a menores. Sin embargo, el sistema utilizado agota y genera un clima de constante alerta entre cientos de niños y adolescentes, algunos de ellos de menos de 15 años.

No solo se quedaron fuera del centro quienes no lograron entrar en el autobús. Algunos de los chavales que se despedían entre aplausos en la playa del Trampolín no fueron aceptados a su llegada a la Jefatura Superior de Ceuta. Los mayores de 16 años no fueron finalmente filiados, pues la Policía en coordinación con la Ciudad Autónoma de Ceuta aún se está centrando en los más pequeños.

“¿Qué pasa con nosotros? Yo tengo 16, tengo los pies llenos de heridas, se me están infectando, estoy solo y estoy muy cansado”, dice Adam. “¿Nosotros no tenemos derecho? También somos menores”, se queja.

Según los últimos dados facilitados por el Gobierno este miércoles, en las calles de Ceuta aún quedan entre 500 y 700 menores sin proteger frente a los 2.300 filiados ya. Sobre la situación de los menores no acompañados, el ministro Ángel Víctor Torres insistió en que la ciudad de Ceuta “no es un convidado de piedra”, ya que tiene la tutela del menor y es precisa su voluntad expresa para que éstos vayan al resto del territorio español: “El Gobierno de España lo ha dicho con claridad: 2.000 menores que hay en Ceuta en estos momentos, más los que quedan por las calles, hacinan a la ciudad de Ceuta y hacen que esos menores no estén en las mejores condiciones”.

Pensaban que solo iban a comisaría para filiarse y acabaron en Casablanca (Marruecos) con la misma ropa que les había proporcionado la ONG del campamento donde estaban acogidos desde su entrada a Ceuta a finales de julio. Iban tranquilos, porque son sudaneses, proceden de un país en guerra y hasta ahora España no retornaba a personas de su nacionalidad por la frontera ceutí. Pero en las últimas horas, el Gobierno ha devuelto de manera forzada a Marruecos, un país que no es el suyo, a 23 personas procedentes de Sudán, pese a que la situación de conflicto en su país permite que el 90% de sus nacionales consigan asilo en España.

El Ministerio del Interior confirma a elDiario.es que los 23 sudaneses han sido retornados por la valla ceutí tras la ejecución de sus expedientes de devolución, justo después de haber sido trasladados de su centro de acogida a comisaría para proceder a su triaje casi dos meses después de su llegada a España. Desde la cartera de Fernando Grande-Marlaska aseguran que todos ellos han sido devueltos después de “haber rechazado pedir protección internacional”, algo que despierta extrañeza entre abogadas y ONG especializadas, que denuncian “falta de garantías” en estos retornos.

La devolución, pese a realizarse con un expediente previo según el Gobierno, no se ha practicado por el paso habilitado, sino que los 23 sudaneses han sido entregados a Marruecos en distintos grupos por la puerta de la valla ceutí, la misma donde suelen realizarse las devoluciones en caliente.

Interior asegura que la devolución se ha realizado con “todas las garantías”, incluida la asistencia jurídica y de intérprete exigida por ley, pero los testimonios de migrantes llegados a abogadas y ONG contradicen su versión.

Varios de los sudaneses devueltos han llegado a Casablanca y, a través de abogadas y otros compatriotas, denuncian haber sido “engañados” por las autoridades españolas. “Mirad estos chicos. Han pasado más de un mes en Ceuta y ahora los han devuelto a Casablanca con las mismas ropas que lo llevan en el 'Ceti' en Ceuta”, dice un joven sudanés a través de su cuenta de TikTok. Tras él, otros dos chicos miran a la cámara con los mismos chándales azul marino que suele entregar la ONG Accem a los migrantes acogidos en el campamento gubernamental de Loma Margarita, las carpas que albergan a los migrantes procedentes de África Occidental y Oriental.

Hasta ahora, Marruecos no aceptaba la devolución o expulsión con procedimiento de personas que no sean marroquíes a través de las fronteras de Ceuta y Melilla. En las últimas semanas, ha empezado a hacerlo, pero no a través de un paso fronterizo habilitado, sino por la puerta de atrás, pues no reconoce la soberanía española delimitada por la aduana en las ciudades autónomas. La normativa española permite la devolución de personas a un país distinto al suyo siempre que exista un tratado bilateral de readmisión, advierten fuentes jurídicas.

España cuenta con un acuerdo de readmisión firmado con Marruecos en 1992, sin embargo, el pacto incluye una serie de exigencias. Entre ellas, establece un plazo máximo de 10 días para que el país receptor solicite la devolución, un periodo que ha sido sobrepasado en esta ocasión. También incluye como requisito el retorno por parte de las autoridades marroquíes al país de origen de los retornados. Sin embargo, los sudaneses no pueden ser deportados a su país. De hacerlo, se estaría incumpliendo el principio de no devolución garantizada en la legislación nacional e internacional.

Muchos de los sudaneses que han entrado en Ceuta durante la llegada masiva llevan años malviviendo en Marruecos, un país que no respeta los derechos humanos de los migrantes procedentes de África Occidental y Oriental y no garantiza su acceso al asilo, según distintos informes de organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Lo que defiende Interior es que estas personas, después de lograr llegar a España, donde tienen un 90% de posibilidades de conseguir protección si la piden, han rechazado solicitar asilo de manera voluntaria con toda la información sobre las consecuencias que tendría su elección. Y a las organizaciones y abogados que los apoyan les cuesta creerlo. Apuntan a las posibles deficiencias de la asistencia jurídica o la falta de un servicio de intérprete de calidad durante los triajes.

La abogada Patricia Vicens, especializada en derecho penal, infancia y migraciones, está preparando un requerimiento en contra de la devolución de los sudaneses que ya se han puesto en contacto con ella para protestar en contra de su retorno forzado a Marruecos. Además, asegura que las órdenes de devolución no incluyen que son llevados a su “país de origen”, como suele ser habitual, sino “punto de origen” algo que “no está contemplado en la normativa española”.

Según explica, los triajes realizados por la Policía Nacional no están cumpliendo con las garantías. La redacción de los documentos de filiación, recalca, puede estar llevando a “engaño” a los migrantes filiados, especialmente a aquellos con necesidades de protección como los sudaneses. “En el triaje la Policía les da dos opciones: Asilo o cruce. No dice se dice que se les va a devolver a Marruecos habla de ”cruce“, por lo que ellos han podido interpretar que eligen cruzar a la península”, detalla la letrada.

“A ellos les hablan de cruce, se utiliza una palabra que no es devolución. Esto lo repiten todos los sudaneses devueltos con los que hemos hablado. Y tiene sentido que los sudaneses hubiesen elegido el ”cruce“ pues encaja con la práctica habitual hasta el momento, dado que a los migrantes procedentes de Sudán hasta ahora se les solía incoar la devolución, pero no se ejecutaba y se les mandaba a la península”, sostiene.

“La persona devuelta no saben que están pidiendo el retorno. Los han engañado”, zanja la abogada.

Un migrante argelino de 57 años ha muerto después de desplomarse en la zona de las duchas en un asentamiento de la playa del Trampolín, en Ceuta. Ocurrió alrededor de las 14:30 horas en un área cercana a la fábrica de Guando. Personal sanitario hizo un infructuoso intento de reanimación, tal y como ha presenciado elDiario.es. De momento, no ha sido establecida la causa del fallecimiento y sólo se conoce el nombre de la víctima: Amaar.

El hombre estaba en los alrededores de las duchas instaladas en el asentamiento y se ha desplomado. Los migrantes que estaban en el lugar han empezado a gritar y llamar para que alguien viniera a prestarle auxilios. Los activistas de una ONG han empezado a hacerle la reanimación y, posteriormente, ha llegado una ambulancia: los sanitarios han estado una hora aproximadamente intentando reanimarle, pero finalmente han declarado su fallecimiento.

El día 22 de septiembre, Amaar fue al hospital por “cólicos y diarrea”, según el justificante medico al que ha accedido elDiario.es.

Cerca de un centenar de migrantes estaban alrededor del cuerpo de Amaar, observando cómo trataban de salvarle, y la policía controlaba a la muchedumbre. Cuando los médicos han procedido a tapar el cuerpo y lo han dado por fallecido, todos los que lo rodeaban han empezado a orar por él. Durante unos cinco minutos, han repetido los rezos musulmanes para despedirse de su compañero. Los agentes de Policía que estaban desplegados en el lugar no han intervenido y han permitido que tuviera lugar la espontánea ceremonia religiosa.

Uno de sus compañeros ha dicho a este medio que el fallecido tenía algunos problemas de salud, aunque no ha especificado cuáles. Ha relatado que hoy mismo ha empezado a encontrarse mal y que estaba casi llorando por la mañana; después se ha dirigido a la zona de las duchas, pero no estaba duchándose, y se ha desplomado, según el testigo.

La semana pasada, las autoridades españolas trasladaron a unos 1.700 migrantes que estaban en los asentamientos de Benítez y el Trampolín al campamento temporal más grande de los habilitados por el Gobierno en Ceuta, instalado en el puerto de la ciudad autónoma. Se calcula que había más de 3.000 personas en esos dos asentamientos, por lo que muchos migrantes siguen en una situación precaria en las calles y playas de Ceuta.

En la playa del Trampolín, levantaron un campamento informal un gran número de los migrantes que entraron a Ceuta desde Marruecos a finales del pasado mes de julio. El asentamiento surgió después de que las fuerzas de seguridad españolas condujeron y acordonaron en el lugar a los migrantes el 31 de julio y estos construyeron cabañas y se organizaron para poder permanecer en el lugar el tiempo que hiciera falta.