La Conferecia Sectorial de Inmigración ha quedado suspendida por falta de cuórum tras el desplante de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. La reunión, destinada a abordar cuestiones como el balance del proceso de regularización extraordinaria de migrantes, el nuevo plan de integración y la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, solo ha contado con la representación de seis autonomías: la Comunidad Foral de Navarra, Euskadi, Catalunya, Canarias, Asturias y Castilla-La Mancha.

Tras la frustrada convocatoria, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha confirmado ante los medios la cancelación del encuentro y ha agradecido “el ejercicio de lealtad institucional y proactividad” de las comunidades asistentes, con cuyos representantes mantendrá reuniones individuales a lo largo de la jornada.

En su intervención, Saiz ha recordado que a esta cita estaban convocados, por primera vez, consejeros autonómicos que asumieron las competencias de políticas migratorias tras los pactos entre el PP y Vox en diversos territorios. En este sentido, ha cuestionado si el plante masivo responde a directrices impuestas desde la sede nacional o a la presión de la extrema derecha: “No sé si esta actitud y este comportamiento se ha decidido en Génova o ha sido siguiendo la estela marcada por Vox en esta cuestión”, ha enfatizado.

La ministra.ha arremetido contra la postura del PP, acusándola de derivar hacia posiciones extremistas. “Esto es lo que el Partido Popular tiene para España: la nada, la ausencia y la espantada. El Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado para ser un partido antisistema”, ha afirmado la ministra.

La titular de Migraciones ha lamentado que el plantón del PP impida debatir asuntos que “afectan al mercado laboral y al bienestar social” de los territorios. Como ejemplo de los datos que se iban a exponer, Saiz ha señalado el impacto en la Comunidad de Madrid, donde “hay más de 50.000 personas que ya están cotizando y que vienen precisamente del importantísimo proceso de regularización extraordinaria”.La ministra ha confirmado que “casi el 70%” de los expedientes de regularización extraordinaria se encuentran ya en fase de tramitación.

Hace unas semanas, José (nombre ficticio) celebraba la firma de su primer contrato de trabajo en España. Después de casi un año en situación irregular, encadenando empleos inestables y abusivos en el sector de la construcción, el hombre había logrado un puesto con todos sus derechos reconocidos gracias al permiso provisional ligado a la regularización extraordinaria. Ahora, los retrasos en la tramitación de las solicitudes y la tardanza en el envío de instrucciones escritas por parte del Gobierno han hecho peligrar su empleo, así como el de otras personas en su situación, ante una interpretación sobre la validez de esta autorización de trabajo que varios abogados y el Ejecutivo consideran “errónea”.

“La empresa me ha avisado de que, si no recibo respuesta de mi solicitud, mi permiso de trabajo dejaría de estar activo y tendrían que interrumpir el contrato”, explica con preocupación. No es el único, ONG y abogados han alertado de los primeros despidos, la pérdida de oportunidades laborales o la imposibilidad de registrarse como demandante de empleo debido a esta misma interpretación y la falta de respuesta durante meses por parte del Ejecutivo.

“Este tema me tiene muy abatido, espero que se aclare, porque no es nuestra culpa que tarde en llegar tanto la respuesta”, decía el hombre, que buscó por distintos medios si había algún tipo de instrucción oficial por parte del Ejecutivo. No encontró nada al respecto, hasta este jueves. Para tratar de frenar este efecto, el Gobierno ha enviado a la comisión sectorial tripartita de inmigración, entidades colaboradoras, sindicatos, abogados y al SEPE un escrito oficial informativo donde aclara que el permiso provisional de residencia y trabajo ligado a la admisión a trámite de la regularización es válido hasta la resolución de la solicitud y que, en caso de no recibir respuesta en los tres meses de plazo establecidos, no se entenderá como desestimada de manera automática.

El origen del problema procede de la ambigüedad de la redacción de la normativa y del documento que confirma la autorización de residencia provisional a cada solicitante. El real decreto que regula la regularización garantiza un permiso de residencia y trabajo durante el tiempo en que se estudie la solicitud, que la norma sitúa en un plazo de tres meses desde el registro de la petición. Sin embargo, el Ejecutivo no está cumpliendo con sus propios plazos y, superados esos tres meses, cientos de miles de migrantes se topan con dudas acerca de la validez de dicha autorización entre empresas e instituciones.

José registró su petición de regularización extraordinaria el 29 de abril, pero hasta mediados de junio no recibió el permiso de trabajo provisional que conlleva la admisión a trámite de la petición. El próximo 29 de julio, por tanto, el Gobierno debería haber resuelto de forma definitiva su expediente, pero el retraso acumulado hace sospechar que no recibirá la resolución definitiva para entonces. Llegado este punto, sus empleadores, como los de otras personas en esta misma situación, le han preguntado sobre la respuesta de su solicitud y le han trasladado que, de no tenerla antes de la semana que viene, entienden que su autorización caduca y, por tanto, sería despedido.

Alessia es otra de las afectadas. Hace algo más de un mes, fue contratada para trabajar en un centro de mayores. “Desde el principio me dijeron que, cuando pasasen los tres meses, si no recibía una respuesta favorable no podría seguir trabajando”, explica la mujer latinoamericana, que hasta ahora había trabajado por horas en el sector de limpieza. Tras un mes cotizando, sus días de alta en la Seguridad Social se verán interrumpidos. “Al final, solo trabajaré hasta la próxima semana, porque dudo que salga la resolución estos días”, lamentaba este miércoles en conversación con elDiario.es.

Lo que dice la norma

La norma que regula la regularización extraordinaria no establece un plazo de vigencia de tres meses para el permiso provisional de trabajo, como están interpretando muchas empresas y gestorías. “Una vez admitida a trámite la solicitud presentada [...] y hasta que se resuelva el procedimiento, se autorizará, de forma provisional, a las personas solicitantes a residir y, en caso de que se encuentre en edad laboral, a trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia en todo el territorio nacional y en cualquier ocupación o sector de actividad”, recoge el Real Decreto. El plazo es, por tanto, hasta que se resuelva la solicitud.

El problema es que la normativa, así como el escrito que recoge la concesión del permiso de trabajo, destaca la posibilidad de que, ante la falta de respuesta durante ese plazo, se pueda entender por desestimada la solicitud de regularización.

Por un lado, el documento detalla que “la denegación de la solicitud [de regularización] supondrá la automática pérdida de vigencia de la autorización para trabajar”. Por otro, el escrito añade que “el plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de tres meses. Transcurrido el mencionado plazo, la solicitud podrá entenderse desestimada”. Y esta última frase es la que está generando dudas en muchas empresas, al dar por hecho que la falta de respuesta significa de manera automática una negativa, cuando no es así, según el Gobierno y los abogados especialistas consultados.

El escrito oficial enviado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a distintas entidades implicadas explica el criterio oficial de aplicación de la normativa en relación con los permisos provisionales ligados a la regularización. El Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, “disponen, expresamente, que desde la comunicación de inicio de la tramitación del procedimiento y hasta su resolución, la persona solicitante quedará habilitada provisionalmente para residir y trabajar en España”.

En caso de no ser resuelta, el Gobierno descarta que en estos casos aplique el silencio negativo como están interpretando muchos empleadores: “El silencio administrativo negativo opera exclusivamente como una ficción legal establecida en beneficio de la persona interesada para permitirle acceder a las vías de recurso procedentes frente a la falta de resolución administrativa, pero no equivale a una resolución denegatoria expresa ni produce por sí mismo todos los efectos materiales que la normativa anuda a la denegación de la solicitud. Por esta razón, la jurisprudencia ha venido señalando reiteradamente que el silencio negativo constituye una mera ficción procesal derivada del incumplimiento por la Administración de su obligación de resolver y que no exime a esta de dictar resolución expresa”.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, también ha afirmado en varias ocasiones ante la prensa que “todas las solicitudes serán respondidas, sea de forma negativa o positiva” y, por lo tanto, la Administración se ha comprometido a no aplicar el silencio negativo en la regularización.

Abogados confirman la validez del permiso

En esta línea, varios abogados expertos en Extranjería sostienen que la normativa garantiza la validez del permiso de residencia provisional hasta que el solicitante reciba la concesión o denegación de la petición. “Lo que dice el permiso es que ‘podrá entenderse desestimada’, lo que jurídicamente tiene una significación distinta ‘se entenderá’”, explica Felipe Garoña, letrado especializado, a elDiario.es. Ese ‘podrá entenderse’, añade, “quiere decir que es el interesado quien tiene la potestad de aplicar el efecto del silencio administrativo a efectos de interponer un recurso, pues la obligación de resolver de la Administración viene impuesta en la Ley de Procedimiento Administrativo ineludiblemente”.

Ante las preguntas recibidas por los trabajadores y sus empleadores, el despacho de Garoña está aconsejando “mantener los efectos de la admisión provisional hasta la resolución definitiva” porque “ las empresas están obligadas a cumplir el contrato no siendo esto causa de extinción de la relación laboral”.

En esta línea, el abogado Pau Ventura ha publicado un post en su conocida cuenta de Instagram sobre asuntos de extranjería. “El permiso provisional no caduca a los tres meses. Se está extendiendo entre muchas empresas una interpretación equivocada que está provocando problemas reales de contratación y despidos. Los tres meses no son la duración del permiso de trabajo, sino el plazo que tiene la Administración para intentar el expediente”, añadía.

“Miles de afectados”, según ONG

“Las empresas tienen miedo de las inspecciones de trabajo y que les multen por tener personas sin permiso activo, pero el permiso está activo hasta que la resolución de concesión o denegación llegue”, sostiene Edith Espínola, portavoz de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), una de las ONG colaboradoras del proceso de regularización y parte del movimiento impulsor de la medida.

Ante la confusión de las empresas, el Gobierno no ha emitido ninguna nota informativa oficial que disminuya los miedos de las empresas. “Han tardado mucho las instrucciones”, añade Espínola, quien asegura que son “miles” las personas afectadas. Mientras algunos ya estaban contratados, otros se encuentran con la negativa de sus empleadores a ser dados de alta en la seguridad social por esa incertidumbre ligada al permiso.

La activista destaca esos otros efectos más allá de los despidos de quienes ya estaban contratados. Muchos migrantes con su petición admitida a trámite han perdido oportunidades laborales o han tenido que retrasar su registro como demandantes de empleo por esta confusión ligada a la validez de los permisos provisionales. “Quienes presentaron los primeros días del proceso, para julio ya dejaría de estar válido según esa interpretación. Pero le acaba de salir la admisión a trámite, por lo cual no le quieren a muchos no les quieren dar el alta o apuntarles como solicitantes de empleo”, añade.

Un agente detiene a un joven en mitad de la calle. Cuando este le pregunta el motivo, el policía responde: “Pues porque eres negro, por qué te voy a parar”. La escena, recogida en el libro La frontera del azar (Editorial JANDE), condensa la realidad del perfilamiento racial en España: una práctica policial denunciada por organismos de derechos humanos que convierte los rasgos y el color de la piel en un motivo de sospecha. Su autor, el periodista y Youssef Ouled, analiza en primera persona cómo este tipo de controles policiales no son un hecho aislado, sino el reflejo del racismo estructural que, entre otros sesgos, asocia la blancura a la nacionalidad. Ese racismo que está detrás del polémico artículo de Mariano Rajoy sobre la selección francesa pero que, recuerda el autor, va mucho más allá de comentarios anecdóticos.

A través de las páginas del libro, Ouled recorre el impacto de estas paradas cotidianas, capaces de condicionar desde el gesto de correr para no perder un autobús, explica, hasta la renuncia a participar en una manifestación por miedo a ser identificado. La obra de denuncia aterriza en un momento de balance político, tras una regularización extraordinaria impulsada por la sociedad civil, para señalar las costuras de unas leyes de extranjería y una segregación residencial cuyas bases siguen intactas, reitera el también activista antirracista. Entre la crónica del activismo que hace una década reclamó su propio espacio y la reparación íntima de unas cartas finales a su padre y a su hija, la entrevista traza la radiografía de un país donde el DNI, para muchos de sus ciudadanos, sigue siendo “una pertenencia puramente nominal”, recalca entre sus páginas.

El libro gira sobre el perfilamiento racial en todas sus expresiones. Empecemos por explicar el concepto. ¿Qué es perfilamiento racial?

El perfilamiento racial es una forma de actuar que yo circunscribo mucho a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero es también una lógica que trasciende a la policía. Por un lado, se refiere a aquellas actuaciones policiales cuya motivación no tiene que ver con lo que tú has hecho como persona, sino con una sospecha que recae única y exclusivamente sobre tu condición racial. La policía interviene, te para en la calle, no para impedir que cometas un delito, sino que te identifica o te cachea por la lectura racial que hace el agente de turno sobre ti.

Dentro de esta lógica, cualquier persona que no sea blanca es sospechosa hasta que le demuestre lo contrario a un agente. Hablamos de unas actuaciones que está ampliamente documentado, investigado, denunciado y señalado ya no solo por las organizaciones antirracistas, sino por todos los organismos nacionales e internacionales, como el Defensor del Pueblo, las Naciones Unidas o el Consejo de Europa.

La perfilación racial que yo denuncio es la que está más vinculada por el impacto que tiene a nivel policial, pero se desarrolla más allá, incluso en las administraciones públicas, a nivel burocrático, en el hospital o en cualquier otro sitio.

Arranca el libro contando en primera persona hasta qué punto afectan las paradas policiales por perfil racial. ¿Qué impactos tienen?

Cuando formaba parte de colectivos antirracistas, teníamos casos de personas que eran paradas dos o tres veces al día. Puede parecer absurdo, pero impacta hasta el punto de que, si estás viendo que se va air el autobús, no corres para intentar llegar porque sabes que ver correr a una persona racializada puede ser problemático. Tenemos un familiar que salió corriendo y se le lanzó encima un policía porque le vieron y dijeron “si está corriendo será por algo”.

En cada parada se producen varias vulneraciones de derechos. Esos agentes ya parten de la vulneración de la presunción de inocencia, porque ya consideran que tú eres sospechoso de algo y que tienes que demostrar que no lo eres. Hay una vulneración de la libre circulación. También de tu dignidad e integridad, porque es muy humillante. Te paran delante de todo el mundo, solo te paran a ti, te cachean, te dicen que te quites los zapatos. Te criminalizan. Y eso tiene uno de los efectos más demoledores, pues la gente suele asociar a la policía con esa autoridad que interviene ante problemas de inseguridad. Entonces, si la policía siempre está actuando con las mismas personas (está documentado que hay una sobrerrepresentación de las personas racializadas en las actuaciones policiales de este tipo), al final la sociedad está aprendiendo que las personas no blancas están asociadas con la inseguridad. La policía está educando a la sociedad en que sus vecinos y sus vecinas que no son blancas son un riesgo y por eso hay que controlarlas.

También genera una especie de disciplinamiento en la sociedad en las personas racializadas. Es decir, como paran siempre a los que son como yo, cuando estamos participando en cualquier evento público, me pienso dos veces a la hora de reivindicar mis derechos en la vía pública o de protestar ante algo que ocurra, porque sé que soy más visible para determinados cuerpos de seguridad. Tiene un efecto de desmovilización social de las personas que no son blancas.

Hay una frase del libro que dice mucho. En un momento en que reconoce el privilegio que conlleva tener un DNI español, matiza: “Sin embargo, es una pertenencia nominal, porque a diario me recuerdan que tan español no soy”.

Sí, y ello conecta con el impacto que estas actuaciones policiales tienen en la identidad de las personas racializadas. Me acuerdo del caso de una madre que su hijo. Ella es española, su marido senegalés y su hijo es un chico negro. Ella cuenta cómo su hijo siempre se ha sentido español. Hasta que un día le paró un policía y, cuando él preguntó por qué le paraban, el policía respondió: “Porque eres negro, por qué te voy a parar”. Entonces, se produce un choque enorme: tú te sientes español, tu DNI dice que eres español, formas parte de este país, tienes integrada la cultura... Y, de repente, un agente te para porque tú no pareces español, entonces ahí tomas conciencia de tu negritud, de la racialidad.

Y nos damos cuenta de que nuestra pertenencia es nominal. Y esto conecta con el debate generado por el artículo de Rajoy [en el que habló de la selección de Francia “sin franceses”, asumiendo que quienes por tener ciertos rasgos no son franceses]. Los medios lo destacan como si fuese algo nuevo que a las personas no blancas no nos vean como españolas. No le quiero quitar peso, pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2001 que avala que el color de piel es un indicador de la pertenencia a este país. Rajoy tampoco va muy desencaminado sobre algo que para nosotros es una cotidianidad: en este país por no ser blanco sufres racismo porque no se te considera español.

Entonces ¿le sorprende que genere tanta reacción el comentario de Rajoy cuando, como dice, constantemente, se dan situaciones en las que se duda de la españolidad de las personas españolas racializadas y eso no genera tanta indignación?

Viniendo para aquí, por ejemplo, una señora en el tren se ha agarrado el bolso cuando me he sentado. Y he pensado: joder, otra vez. Es constante. Obviamente, llama la atención porque Rajoy es quien es, es un expresidente del Gobierno, pero lo que dice él no solo lo dice él. Forma parte de la conversación pública. Quizá de manera más exacerbada, porque la ultraderecha se está cargando algunos límites, pero lo que ha dicho Rajoy es algo que se escucha constantemente y las propias instituciones nos lo están recordando. El problema no es que lo diga Rajoy. El problema es que lo que dice Rajoy tiene sentido, porque estamos rodeados de dispositivos policiales que no son para españoles blancos, sino para personas que no parecen españolas porque no son blancas. Entonces, sí, nos llama mucho la atención y nos indigna mucho. Pero es la cotidianidad y es la realidad que vivimos cada día.

Me sorprende la excesiva importancia que le prestamos a determinados pronunciamientos racistas y a otros, no. Me parece grave lo que ha dicho Rajoy, pero cuando ese racismo es institucional, se omite. Y esto también tiene que ver con cómo se entiende el racismo en este país, como algo más moral y no estructural. Cuando hay una vinculación directa en la forma en la que el racismo conforma nuestro ideario y en la forma en cómo las leyes le dan sentido a ese pensamiento racial. Desde esa comprensión limitada del racismo que tenemos en los medios de comunicación, a nivel educativo, cultural, pues claro, nos llama más la atención que lo diga Rajoy.

En el libro se hace una pregunta: “¿En los últimos dos gobiernos progresistas ha mejorado la calidad de vida de las personas migrantes y racializadas?”. ¿Cuál es la respuesta?

La respuesta es que no. Más allá de la regularización, que es un logro de la sociedad civil y del movimiento antirracista. ¿realmente han mejorado las condiciones materiales de las personas racializadas? ¿Se han reducido las paradas por perfilación racial que se denuncian a diario? No. Ni siquiera se reconoce que exista la perfilación racial. No ha habido un debate serio acerca del racismo policial en España. Mientras eso no pase, no van a mejorar las condiciones de vida de las personas racializadas en este país.

Lo vemos en las actuaciones policiales, pero también en la segregación residencial o educativa. La OCDE lleva años señalando como en España hay una sobrerrepresentación de guetos educativos, es decir, coles a los que los padres y las madres no llevan a sus hijos porque hay muchos moros, porque hay muchos gitanos, porque hay muchos negros. ¿En qué ha mejorado la situación en ese sentido? En absolutamente nada. No se reconoce el racismo como un problema político. Se reconoce el racismo como un problema moral, como el que tiene Rajoy. Y de ahí deriva todo lo demás.

¿Qué papel juega la regularización extraordinaria en ese balance?

Hay que tener en cuenta que el proceso de regularización extraordinaria sale adelante a pesar de los partidos políticos, a pesar de todos ellos, porque es una demanda legítima que nace en el año 2020, y se aprueba en 2026, en un momento donde parecía que el Gobierno se iba a resquebrajar y se producen determinadas concesiones. Y la regularización extraordinaria acaba siendo una medida maravillosa.

En una rueda de prensa, Pedro Sánchez se preguntó que quién se puede oponer a que las personas tengan derechos. Entonces, el presidente del Gobierno reconoce que tenemos un sistema que deja a las personas absolutamente desprotegidas. Que tenemos una ley de extranjería que deja a personas sin derechos y que lo soluciona con un parche. Cuando ese parche pase, ¿va a seguir generando la misma situación de indefensión y desprotección? Lo limitamos a algo puntual, ha servido para regularizar a más de un millón de personas, pero después va a seguir produciendo irregularidad administrativa, explotación y abusos policiales.

Tampoco les fue del todo fácil a las personas racializadas liderar el movimiento antirracista hace unos diez años, cuando aún era mayoritariamente blanco en España, explica en el libro. ¿Qué ocurrió?

Yo militaba en un espacio mayoritariamente ocupado por personas blancas, especialmente en las capas de poder más altas. Entonces, se empieza a producir un cuestionamiento de la forma en la que se viene luchando contra el racismo. Muchas personas racializadas queríamos cambiar el enfoque desde esa lectura del racismo como una cuestión más moral y plantear que si el racismo es un problema estructural.

Por un lado, estaba el punto de vista de las personas que viven y padecen el racismo. Por otro lado estaba la forma en la que tradicionalmente se había luchando contra él. Las personas blancas podían permitirse hacer activismo, mientras que nuestra forma de hacer antirracismo es por necesidad porque nos va en la piel. Nuestra prioridad, por ejemplo, era que el sujeto político del antirracismo son las personas racializadas. Igual que en el feminismo lo son las mujeres. Pues algo así era difícil de entender en 2015 o 2016.

En un país que cada vez es más diverso, donde las poblaciones migrantes se van asentando y van ganando derechos y van luchando por el territorio en el que viven, acaban aportando una forma de entender y ver la lucha que no puede aportar quien no lo padece y quien no lo vive. Esto al principio generó división en muchos movimientos sociales, especialmente aquellos que tenían que ver con el racismo. Creo que se consiguió porque en ese momento, por ejemplo, hablar de racismo institucional y de personas racializadas estaba muy cuestionado y ahora está mucho más asumido.

El libro acaba con una serie de cartas personales a su padre y a su hija. Sobre su padre, traslada algo que comparten muchos españoles hijos de migrantes: le pide perdón por, algunas veces, sentir vergüenza, por rechazar esas raíces para intentar encajar. ¿De dónde cree que viene?

Tiene que ver con esa idea de la integración que trata de decirnos que, si queremos formar parte, tienes que asemejarse [a la sociedad donde vives]. Y eso implica dejar de hablar tu idioma de origen, dejar de tener una fe diferente a la que se tiene aquí, dejar de vestir de determinada forma…

Cuando eres un crío, vas a primaria, asocias todo eso diferente de lo que te dicen que debes despojarte con tus padres. Porque no hablan como el resto, no se comportan como el resto, no visten como el resto. A mí me generaba mucha vergüenza porque mi ideal era ser blanco. Es el ideal que se nos enseña: ser blancos y rechazar aquello que es nuestro. Para poder identificar eso, hay que tomar conciencia y es un proceso.

Y ahí entra también la carta con la que termina el ensayo, destinada a su hija. ¿Qué conversaciones o enseñanzas se intentan trasladar en una familia racializada, en las que no suelen ponerse el foco en una blanca al no sufrir el racismo?

La clave ahora, que tiene cinco años, consiste en normalizar la diversidad y desnormalizar el racismo. Normalizar que hay personas que vienen de diferentes lugares, que juega con chavales de otros orígenes, de otras condiciones raciales… Crear un apego a la diversidad y un reconocimiento a de donde viene, precisamente para luchar contra esa vergüenza histórica que llevamos internamente y hacerla sentirse orgullosa por lo que es. Y para que, poco a poco, entienda el mundo que se va a encontrar. Para que, cuando llegue ese momento en el que se tope con el racismo, sepa cómo confrontarlo.

El sistema de reubicación de menores migrantes que Isabel Díaz Ayuso ha llevado a los tribunales no ha provocado la saturación de la que tanto alertó la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lejos de generar el colapso de plazas argumentado por el Gobierno autonómico para justificar su rechazo al mecanismo de reparto, el número de adolescentes extranjeros albergados en la región se ha reducido en más de 670 menores desde el inicio de los traslados, lo que supone una caída de un 30%, según el registro oficial al que ha tenido acceso elDiario.es.

A inicios de 2025, antes de la aprobación del plan de reubicación de menores migrantes, el sistema de acogida de Madrid contaba con 2.184 menores extranjeros no acompañados. A 30 de junio de 2026, la Comunidad acoge a 1.514 niños, niñas y adolescentes, según los datos oficiales.

La ocupación del sistema de acogida madrileño, además, está lejos de colapsar la capacidad mínima que debería tener según la normativa vigente. Actualmente, el número de menores migrantes atendidos supone el 60% de las plazas ordinarias, según los datos oficiales. La Consejería de Asuntos Sociales no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre las cifras.

Hace solo dos semanas, el Gobierno autonómico advirtió de que ya estaban estudiando acudir a los tribunales para intentar frenar lo que ellos consideran un “atropello”: la actualización de la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de estos menores en las comunidades y ciudades autónomas, que eleva en 204 plazas las de la Comunidad de Madrid hasta los 2.471 menores que, según cálculos del Ejecutivo central, podría acoger.

El Gobierno de Ayuso se opone a ese decreto. “El cupo relacionado con los menores no acompañados es un asunto que no ha pasado por la conferencia sectorial y, por tanto, es manifiestamente ilegal”, criticó este miércoles el portavoz autonómico, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa.

Pero las declaraciones de García Martín son solo un ejemplo del choque de Ayuso con el Gobierno de Pedro Sánchez, en este caso en materia de migración y derechos de la infancia migrante. En abril de este mismo año, la Consejería de Asuntos Sociales lanzó un aviso al Ministerio de Política Territorial: no aceptará nuevos traslados de menores migrantes no acompañados. Lo hizo a través de una carta de la consejera madrileña, Ana Dávila, en la que de nuevo amenazó con acciones legales en caso de mantener el sistema de reparto.

En su misiva, la consejera hablaba de un supuesto “efecto llamada” a pesar de que las cifras oficiales desmienten esas acusaciones. Dávila acusaba al Gobierno de tomar “decisiones unilaterales” y de “separar a grupos de hermanos y trasladar a Madrid a menores que manifestaban tener familiares en otras comunidades”.

El centro de menores de La Cantueña, la última causa de disputa por los menores migrantes

Uno de los choques más recientes en cuanto a acogida de menores migrantes se ha producido esta misma semana, después de que la Justicia haya dado la razón a la Comunidad de Madrid sobre el centro de menores de La Cantueña, en Fuenlabrada. El fallo ha concedido al Gobierno autonómico la “única y exclusiva” titularidad de la finca después de meses de disputa, una resolución que todavía puede ser recurrida y que el alcalde socialista de la localidad, Javier Ayala, critica.

Para Ayala, la Comunidad “intentó castigar” a la ciudad con la ubicación del centro, “a más de tres kilómetros de cualquier síntoma de civilización” y con un centenar de menores concentrados en espacios donde, según criticaba, debían tener zonas más “personalizadas”. Este mismo miércoles el portavoz del gobierno regional le recomendó al alcalde socialista Javier Ayala que fuese a la “ventanilla” del Gobierno central al considerar que genera un “caos migratorio” con los menores migrantes que, según sus propias palabras, no han llegado al país “por generación espontánea”, sino que “los ha traído el Gobierno”.

Pero el rechazo de Ayuso por el reparto de menores migrantes viene de lejos y recopila durante meses diferentes choques, desde el protagonizado con Delegación de Gobierno al intentar que retornaran a 110 menores no acompañados, hasta las acusaciones de la Consejería de Dávila y Sol, que hablan de una supuesta estafa por casos de “falsos menores” y advierten que denunciarán a los inmigrantes adultos que se hayan hecho pasar por menores no acompañados. “Nos han colapsado y haremos responsable al Gobierno de España de lo que pueda ocurrir”, dijo Dávila a finales de 2025, además de afirmar que la región “no puede aceptar ni un menor más”.

Descenso generalizado en España

A nivel estatal, los datos del registro oficial de menores, publicados por elDiario.es, confirmaron un descenso continuado en las llegadas de estos chavales tras la aprobación de la medida y la tramitación de la reubicación de alrededor de 2.000 adolescentes.

En mayo de este año, la cifra de niños y adolescentes ha bajado a 13.964, recuperando los niveles de julio de 2024. La cifra marca un punto de inflexión respecto al pico registrado entre finales de 2024 y principios de 2025, cuando el sistema de acogida llegó a albergar a más de 16.000 menores extranjeros en pleno debate político por la reforma de la Ley de Extranjería, cuando Canarias y Ceuta acogían a más del triple de su capacidad.

En marzo de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permitía la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes de aquellos territorios declarados en “contingencia migratoria”, tras el acuerdo alcanzado con Junts que garantizó su tramitación parlamentaria. La medida pretendía reducir la presión de los sistemas de acogida cuya ocupación triplicase la capacidad ordinaria de acogida, a través de un mecanismo de reparto por comunidades autónomas basado en criterios como la población, la renta o el número de chavales extranjeros tutelados previamente. Canarias, Ceuta y Melilla cumplieron poco después los requisitos para solicitar los traslados de chavales a otros puntos del país, siempre que se cumpliesen una serie de garantías.

Tras su aprobación, los primeros traslados se llevaron a cabo en septiembre de 2025. Casi un año después, el Gobierno ha tramitado 2.000 expedientes de niños y niñas desde Canarias, Ceuta y Melilla, según los datos proporcionados el mes pasado por el Ministerio de Infancia.

Una ligera capa de polvo cubre la camiseta de Guillermo. Acaba de terminar su quinto día en la obra donde ha empezado a trabajar y sonríe al señalar la prenda azul marino: “Ya me han dado el uniforme”. Se sorprende porque, meses atrás, su anterior jefe le había descontado un día de sueldo a cambio de entregarle un lote de ropa de trabajo. Con toda la tarde por delante, camina en busca de una cafetería en pleno centro de Madrid. Hace muy poco, sin papeles y sin contrato, podía trabajar unas once horas al día por 800 euros al mes, sin seguro médico, en uno de los sectores con más accidentes laborales de España.

Entre una y otra vida, entre unas condiciones y otras, hay un trámite que ya ha empezado a transformar la vida de miles de ciudadanos extranjeros: la regularización extraordinaria. La admisión a trámite de la solicitud le otorgó lo que, desde su llegada, le pedía cada una de las empresas que le ofrecían un empleo como electricista de obra, dados sus 20 años de experiencia en El Salvador: un permiso de trabajo. Días después de obtenerlo y enviar su currículum por una plataforma online de búsqueda de empleo, empezó a sonar su teléfono. A la semana, Guillermo firmó su primer contrato de trabajo en España: “Hace unas semanas me arrastraba y me explotaban; ahora hasta puedo escoger”.

El salvadoreño es uno de los miles de solicitantes de la regularización que, tras meses de empleos inestables y clandestinos, ha conseguido su primer trabajo con contrato en España. En las últimas semanas también han dejado la economía sumergida Germán, hondureño, y Alessia, peruana, quienes engrosarán la listas de nuevos afiliados en el mes de julio. Según el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, la concesión de permisos de trabajo provisionales ligados a la regularización ya está empezando a tener un impacto positivo en el mercado laboral. Aunque todavía es pronto, y algunas empresas están mostrando reticencias a contratar a los solicitantes antes de la respuesta definitiva, ya se están dando de alta los primeros nuevos afiliados del proceso.

[Vídeo de Adrián Torrano]

Los datos oficiales aún no son concluyentes. Según el Ministerio de Inclusión, 159.097 personas con su petición tramitada están dadas de alta a fecha del 30 de junio en la Seguridad Social, pero matizan que la mayoría de ellas ya trabajaban de alta antes del proceso como demandantes de protección internacional. El Ejecutivo no ha dado aún la cifra de los trabajadores afiliados gracias al procedimiento extraordinario, pero el dato de nuevos cotizantes extranjeros en el mes de mayo puede dar una idea: cerca de 86.000 personas extranjeras se afiliaron por primera vez a la Seguridad Social.

“Ahora, gracias a Dios, nuestra vida está cambiando”, resume Guillermo, que llegó a España junto a su esposa Emma en noviembre del año pasado. “Quién nos iba a decir a nosotros que, cinco meses después de llegar, iba a salir una regularización extraordinaria”, reflexiona Guillermo. Sabe que, de no haber sido aprobada la medida, la familia no podría haber optado a un permiso de residencia hasta pasar como mínimo dos años sin papeles en el país, asumiendo cualquier empleo precario para sobrevivir.

Más que un trabajo: los cambios

El 18 de junio, recibió el justificante de admisión a trámite de su petición de regularización, lo que conlleva un permiso provisional de residencia y trabajo. El 19, tras preguntar en varias oficinas, él y su mujer consiguieron por sus propios medios sus números de la Seguridad Social, sin esperar a recibirlos por correo postal. Una semana después firmó su primer contrato en España. El 1 de julio ya estaba dado de alta en el trabajo. “Soy electricista profesional, pero antes tenía que quedarme con trabajos donde no tenía derechos y no podía escoger. Ahora, me han salido muchas ofertas de trabajo y hasta soy yo el que escoge la mejor. Ahora ya siento que tengo los mismos derechos que otra persona gracias a la regularización”, resume el salvadoreño.

El electricista relata algunas de las condiciones que han mejorado. “Ahora la admisión me ha dado el permiso de trabajo. Me ha ayudado porque me han dado un contrato indefinido de 40 horas”, explica Guillermo, quien recalca los beneficios de abandonar la economía sumergida. “Eso me ayuda porque ahora tengo Seguridad Social, antes no la tenía. Si me pasaba un accidente, lo primero que hacía el jefe era: ¡sáquenlo de la obra!”, cuenta el profesional, especialista en instalación de electricidad de alta tensión, lo que aumenta el riesgo de su empleo.

Ahora lo dice entre risas, pero Guillermo escuchó a su jefe exigir entre gritos que se llevasen a un compañero que, también en situación irregular, acababa de sufrir un impacto en la cabeza tras precipitarse desde una escalera de obra. “Sacadlo. Sacadlo de aquí y, si os preguntan, decid que se cayó en la calle”, recuerda el salvadoreño las palabras de uno de sus anteriores patrones. El electricista escuchó el berrido cuando trataba de darle los primeros auxilios al empleado accidentado. Ambos trabajaban desde hacía meses en la empresa, dedicada al sector de la construcción, pero no tenían los mismos derechos que el resto. Sin papeles, sin contrato, sin seguro sanitario por accidente laboral, obedecieron.

No les dejó pedir una ambulancia, cuenta. “Me dijo que pidiese un Uber y luego nos lo pagaba. Hasta ahora estoy esperando que me lo pague. Le envié varias veces el recibo. Nunca me dio el dinero”, dice moviendo la cabeza con indignación. “Cuántas cosas he aguantado…”.

También tiene más tiempo. “Antes trabajaba de ocho de la mañana a seis y media o siete de la noche. De lunes a sábado. Ahora no, hasta eso cambió. En horario de verano, de siete a tres de la tarde. Y, en horario normal, de ocho a cuatro, trabajando ocho horas normales”, describe. “Me da más tiempo para estar con la familia, hacer mis vueltas, estudiar…”.

Del total de solicitantes de la regularización afiliados, la mayoría cuenta con un contrato indefinido como el que ha firmado el salvadoreño. Este tipo de contrato es el que también ha confirmado la nueva vinculación laboral de Germán, otro migrante en trámite que se ha dado de alta por primera vez en la Seguridad Social gracias al permiso provisional de la regularización extraordinaria. “Me han contratado en una empresa de cocina, como técnico en mantenimiento e instalaciones”, anuncia el hondureño a elDiario.es. “Desde que me salió el documento, dos días después me contrataron. Me tuve que mover muy rápido para conseguir el número de la Seguridad Social. Fue un gran esfuerzo, pero todo salió de maravilla”, celebra el joven, que empezó a trabajar hace tres semanas.

Alessia (nombre fictio), peruana, trabajaba de forma esporádica en el sector de la limpieza. Hace unas semanas también firmó su primer contrato de trabajo, en este caso temporal, para ocupar un puesto como recepcionista en una residencia de mayores. “Me da más tranquilidad, tanto económica como emocionalmente. Es un gran avance para mí”, resume la mujer, de 26 años

Varias sombras parecen chapotear en alta mar. En el oscuro horizonte de la noche ceutí se distinguen algunas cabezas que se desplazan desde la costa marroquí hacia la ciudad española, rodeando uno de los espigones que separan Marruecos de Ceuta. En la orilla, un dispositivo policial los espera, mientras varias lanchas rastrean las aguas. Cuando los migrantes se acercan, los agentes los detienen y los trasladan hasta la frontera, donde se les pierde el rastro.

Esta escena se repite con frecuencia en la frontera del Tarajal durante muchas madrugadas en Ceuta. La Guardia Civil y la Policía realizaban estas devoluciones sin ocultarlas, tanto de día como de noche. Según reconocían los agentes y la Delegación del Gobierno local, la orden consistía en expulsar a todas las personas interceptadas, salvo aquellas que aparentaban ser menores. Era una práctica sistemática. Hasta esta semana, cuando una sentencia del Tribunal Supremo ha confirmado su ilegalidad y ha empujado a las fuerzas de seguridad a dejar de aplicarla.

La resolución del Tribunal Supremo interpreta que la Ley de Extranjería no permite las “devoluciones en caliente” a los migrantes interceptados en alta mar cuando intentan acceder a nado a Ceuta y Melilla. En el fallo, los jueces de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han dado la razón a un ciudadano argelino que fue devuelto a Marruecos en noviembre de 2024, junto a otras dos personas, cuando intentaban alcanzar la costa de Ceuta. El denunciante fue apoyado jurídicamente por las organizaciones Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).

Un juzgado de Ceuta y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ya habían fallado a favor del demandante aunque no accedieron a indemnizarlo. Las dos instancias entendían que quien entra por mar a nado “no supera un elemento de contención fronterizo” por lo que no se le podía aplicar la vía excepcional recogida en la Ley de Extranjería (a través de la normativa de Seguridad Ciudadana). El Supremo ha rechazado el recurso de la Abogacía del Estado y da la razón a las dos instancias inferiores.

Fuentes oficiales del Instituto Armado en Ceuta aseguran que, tras la sentencia del Supremo, los agentes de la frontera han dejado de realizar estas devoluciones a la espera de recibir órdenes por parte del Ministerio del Interior. “Siempre se ha aplicado el convenio [bilateral con Marruecos]. Ahora mismo, tal como está, no se puede devolver; el Supremo ha dicho claramente que no podemos hacerlo. Hasta que no haya una modificación de la ley orgánica tendremos que aceptarlo, darles sus derechos y aplicar la ley”, apostilla la misma fuente.

Las ONG alertaban desde hace años del carácter ilegal de las devoluciones en caliente. En 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy intentó regular los retornos automáticos en Ceuta y Melilla, a través de una disposición adicional incluida en la Ley de Seguridad Ciudadana. Dicha norma, también muy cuestionada por juristas y organizaciones sociales, decía permitir la entrega inmediata a Marruecos de migrantes que entrasen irregularmente en las ciudades autónomas a través del salto de las vallas fronterizas, es decir, por vía terrestre.

La medida fue tachada de ilegal en un primer momento por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, una segunda sentencia aceptó el recurso con el que el Gobierno de Pedro Sánchez defendió estas prácticas y Estrasburgo acabó avalando este tipo de retornos por tierra en Ceuta y Melilla.

Aunque la disposición adicional de la Seguridad Ciudadana no mencionaba que las devoluciones en caliente (llamadas 'rechazos en frontera' en la normativa) pudiesen ejecutarse sobre los migrantes que llegan vía marítima, la Delegación del Gobierno en Ceuta y la Guardia Civil defendían otro tipo de interpretación. La orden era clara: los agentes fronterizos no solo debían retornar a quienes saltaban las alambradas, también a las personas que las rodeaban a nado. En distintos picos de llegadas a la ciudad, elDiario.es preguntó por la base legal de estas prácticas sistemáticas y la Delegación del Ejecutivo se amparaba en la figura del “rechazo en frontera”.

Bajo esa interpretación que rechaza la Justicia, las patrulleras del Instituto Armado recogían del agua a nadadores procedentes de las costas marroquíes -tanto en zona entre vallas como en aguas claramente ceutíes- y, subidos en el barco con bandera española, les trasladaban a la playa donde eran conducidos a la frontera para ser entregados a Marruecos. La decisión del Supremo acaba con esta forma de proceder o, al menos, con los intentos de disfrazarla de legalidad.

La Delegación del Gobierno también defendía las devoluciones marítimas a través de un acuerdo de retorno de Marruecos que, sin embargo, exige la identificación previa y solo afecta a personas marroquíes. Se trata un pacto similar al utilizado por Ejecutivo central y el local para justificar la expulsión de menores practicada en agosto de 2021, defendida por Interior, por la que acabaron condenadas por prevaricación la entonces delegada del Gobierno en la ciudad y la exvicepresidenta de Ceuta.

Desde entonces, los agentes de Ceuta dejaron de devolver en caliente a menores a plena luz del día. A su vez, las autoridades dejaron de justificarlas: solo aplicarían estas prácticas, decían, para retornar a los adultos. En la práctica, sin embargo, la falta de procedimiento complica conocer la edad o los riesgos que supone la devolución de los jóvenes cuya minoría de edad no es evidente. Sin un procedimiento, si no hay una identificación personalizada, no se puede garantizar que no haya adolescentes de menos de 18 años entre los retornados más jóvenes.

Supuestamente, la Delegación del Gobierno solía asegurar que solo se devolvían a los marroquíes, pero el caso resuelto por el Supremo (de un argelino) evidencia que no siempre es así.

Ahora qué

La resolución del Alto Tribunal obliga ahora a tramitar estas entradas mediante el procedimiento ordinario de devolución previsto en la Ley de Extranjería, con todas las garantías administrativas asociadas. Eso supone que las personas interceptadas en el mar ya no pueden ser entregadas directamente a Marruecos sin expediente, asistencia letrada y posibilidad de solicitar protección internacional.

La decisión ha despertado la inquietud entre algunos agentes encargados del control fronterizo marítimo en Ceuta , contactados por elDiario.es. Fuentes oficiales de la Guardia Civil explican que, por el momento, han frenado estas actuaciones y se encuentran a la espera de las indicaciones que lleguen desde la Dirección General. “Ahora mismo están los superiores hablando con Madrid, no sabemos cómo nos va a afectar, estamos a la espera de que nos digan qué tenemos que hacer”, traslada una fuente oficial consultada por elDiario.es.

Omar (nombre ficticio) es una de las decenas de miles de personas devueltas en caliente tras llegar a nado a Ceuta. En julio de 2024, el marroquí se lanzó al mar desde la costa marroquí de Castillejos, pero una patrullera de la Guardia Civil lo interceptó mientras nadaba y, tras dejarlo en la frontera, los agentes lo devolvieron a Marruecos, según explicó el hombre a elDiario.es. Un año antes, la Guardia Civil le frenó a su llegada a tierra y, una vez en el otro lado de la frontera, las autoridades marroquíes le subieron en un autobús con más jóvenes que, como él, lo habían intentado y habían fracasado. Lo mandaron a Casablanca cuando él llevaba años viviendo en el norte de Marruecos.

En agosto de 2024, Omar logró nadar de nuevo hasta la ciudad española. Se lanzó al mar a las seis de la mañana y salió del agua en torno a las 13 horas. El recorrido fue mayor y el riesgo también. El marroquí trató de adentrarse todo lo posible en alta mar para evitar la detección por parte de los agentes españoles. “Nadé hacia alta mar, lejos, muy para arriba porque ahí no hay radares y es más difícil que nos detecten. Desde ahí nadé en dirección a Ceuta. Y, cuando parecía que había menos control, fui bajando hacia la costa”, dijo entonces. Cuando salió del mar, la playa ya estaba llena de bañistas. Omar se hizo pasar por un ceutí más pasando la mañana en la playa y, gracias a la ayuda de un taxista que se apiadó de él, logró alejarse de la zona fronteriza para evitar el tipo de devolusciones que ahora el Supremo ha prohibido.

Las ONG Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) han celebrado la sentencia. En una nota, recogida por Efe, las tres entidades sociales sostienen que la postura del Alto Tribunal coincide con la interpretación jurídica que han defendido durante todo el proceso respecto a que a los migrantes que tratan de alcanzar la costa española a nado no pueden ser objeto del rechazo en frontera, sino que “su situación debe tramitarse mediante un procedimiento de devolución con todas las garantías legales”.

“Solo podemos hacer de taxistas”

Entre los agentes consultados creen que el cese de las devoluciones en caliente puede generar un aumento de los intentos de entrada a nado por Ceuta, que suelen aumentar cada verano. “En cuanto se enteren en Marruecos tenemos barcas llenas aquí. El único freno que hay es que la Marina marroquí los pare allí. Solo podemos hacer de taxistas, cogerlos en el mar y llevarlos a la orilla”, se queja un guardia civil consultado por elDiario.es bajo condición de anonimato.

Algunos agentes fronterizos consultados por este medio defienden la modificación de la normativa para extender el rechazo en frontera también a las entradas por mar. “La línea de contención habría que hacerla extensiva al mar. Habrá que modificar la disposición adicional décima de la ley y hacerla aplicable a entradas por tierra, mar y aire”, opina un miembro del Instituto Armado en la ciudad autónoma.

La regularización extraordinaria se ha adentrado en una nueva fase esta semana. De los casi 1,2 millones de peticiones, la Administración ha admitido más de 609.000 y ha respondido de manera favorable a cerca de 11.000. A medida que el Ejecutivo acelere el envío de resoluciones, como se ha comprometido, y cada vez más personas reciban el sí definitivo, todas ellas tendrán que acudir a una ventanilla que es clave para finiquitar su regularización: las comisarías de extranjería, con el objetivo de obtener su tarjeta física identificativa (TIE). Un paso que, de no cambiar el actual funcionamiento del sistema, no será fácil.

El trámite de la toma de huellas en comisaría, imprescindible para que la Policía Nacional emita el documento de identidad de los extranjeros regularizados, ya está empezando a dar problemas y corre el riesgo de convertirse en el próximo cuello de botella del proceso, según han denunciado ONG y sindicatos a elDiario.es. La causa no es nueva, el problema lleva años diagnosticado y sus efectos angustian a cientos de miles de ciudadanos en cada gestión mucho antes de la regularización extraordinaria: la falta de citas para los trámites de extranjería. Desde hace más de una década, pero especialmente tras la pandemia, conseguir una cita en comisaría para realizar gestiones específicas de la población inmigrante se ha convertido en un proceso exasperante, marcado por horas de intentos fallidos para lograr un turno. Una situación de la que se aprovechan grupos organizados que tratan de hacer negocio del fallo del sistema, a través de la venta de citas, lo que a su vez agrava aún más el problema.

“El Gobierno anunció que iban a tardar 15 días en responder sobre la admisión a trámite de las solicitudes y no ha sido así. Tenemos muchos expedientes que llevan esperando respuesta desde el inicio del plazo. Cuando contesten todo ese stock, no va a haber citas suficientes en extranjería para la toma de huellas. Si nunca las hay, si ahora mismo no hay para los trámites habituales, qué pasará cuando cientos de miles de personas lo necesiten casi de golpe”, dice con preocupación Victoria Columba, una de las portavoces del movimiento Regularización YA. El Gobierno defiende que trabajan de manera coordinada para solucionar los previsibles atascos.

Maira acaba de recibir las resoluciones favorables del proceso sus dos hijas, de 7 y 14 años. Las niñas son parte de las cerca de 11.000 personas a las que el Gobierno ha dado la luz verde definitiva para la regularización, lo que se traduce en la concesión de un permiso de residencia de cinco años, más largo que el permiso otorgado a los adultos. Pero su proceso no acaba aquí. Para consolidar ese derecho, la colombiana debe acompañar a sus niñas a comisaría con el objetivo de registrar sus huellas y solicitar sus tarjetas identificativas. Y para eso necesita una cita.

“Tengo alivio porque sé que mis hijas ya están. Tienen una residencia, están completamente regulares... Pero ahora tengo otro dolor de cabeza: pensar en sacar la cita”, explica la mujer, que llegó a Madrid con su familia en febrero de 2023. “Recibí la resolución y de una vez empecé a mirar si podía sacar citas. Y no. Es que no hay citas por ningún lado”, lamenta la colombiana.

La arbitrariedad del sistema para acceder a una cita de manera electrónica, la falta de recursos suficientes en las comisarías y la venta ilegal de turnos obliga a miles de inmigrantes a pasar días delante del ordenador en su intento de encontrar un hueco disponible. Muchos dedican horas durante la madrugada, porque el boca a boca dice que es uno de los momentos donde la Policía vuelca nuevos turnos en la plataforma. Se trata de un problema que, pese a las constantes denuncias y la publicación de numerosas informaciones al respecto, ni el Ministerio del Interior y ni las Delegaciones del Gobierno han atendido lo suficiente.

A su vez, la situación ha generado un nicho de mercado entre particulares, locutorios, abogados y gestorías que ofrecen citas a través de plataformas como Wallapop, Mil Anuncios o Facebook. Los precios oscilan entre los 30 y los 200 euros, dependiendo del servicio y del tipo de anunciante. Los grupos organizados suelen utilizar bots para comprar los turnos de manera masiva, que luego venden de manera ilegal por Internet, lo que obstaculiza aún más el acceso a una cita sin pagar a cambio.

Y este es el panorama que se encontrarán, de no tomar medidas suficientes, los cientos de miles de personas que se prevé que recibirán una resolución favorable de la regularización en los próximos meses o incluso semanas, en función del ritmo de respuesta, que el Gobierno defiende que se incrementará tras el cierre del plazo. El movimiento impulsor del proceso, Regularización YA, advierte de que el avance del proceso aumentará la demanda de estos “servicios” irregulares de venta de citas.

La maratón de pedir una cita

La inquietud de Maira viene de su propia experiencia: ella ya atravesó la carrera de obstáculos necesaria hasta plasmar sus huellas en comisaría. La colombiana obtuvo un permiso por arraigo por la vía habitual el pasado mes de marzo y, después de sentarse frente al ordenador cada día durante distintas horas para tratar de encontrar un hueco disponible en toda la Comunidad de Madrid, logró un turno disponible. Describe con detalle el momento en que lo logró: era un lunes a las siete de la mañana. Hizo la gestión casi automática, como cada día, pero esa vez aparecía un hueco disponible. “Ingresé y había una cita para el 14 de julio, meses después. Me tocó lejísimos, en Coslada, pero hay que agarrar lo que sea. Normalmente, solo tenemos 5 o 7 minutos para rellenar todos los datos que pide y tomar la cita porque, si no, se la asignan a otro”, detalla la colombiana para describir el complejo proceso. “Y todo esto fue entrando a todas horas, todos los días. Revisar y encontrar siempre el mismo mensaje de 'No hay citas disponibles'.

A diez días para finiquitar su propio proceso, Maira arranca una nueva maratón para conseguir culminar el de sus hijas. “Tenemos miedo de que ahora nos pase lo mismo. Deseamos que las resoluciones que lleguen de ahora en adelante, ojalá lo puedan aprobar, lleguen de una vez, directamente con una cita para huellas, porque es muy complicado”, añade.

Ante la previsible escasez de citas y las trabas denunciadas por las ONG, la secretaria de Estado Migraciones, Pilar Cancela, ha defendido que el Ministerio de Inclusión —responsable del procedimiento de regularización— está trabajando en coordinación con el de Interior —competente en la emisión de las tarjetas identificativas— para “garantizar que las personas accedan a la siguiente fase del procedimiento”. Desde los equipos de la cartera dirigida por Elma Saiz reconocen el problema histórico en relación con las citas de extranjería y confían en que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska tome las medidas necesarias para acelerar la emisión de documentos que exige el pico de demanda ligado a la regularización.

Primeras medidas de Interior

El día posterior al cierre del plazo para acogerse a la regularización, Interior dio un primer paso para flexibilizar los requisitos exigidos para la obtención de la tarjeta identificativa del extranjero en el caso de los beneficiarios de la regularización. Además de la falta de citas, otro de los asuntos que inquietaban a los solicitantes y las ONG que les acompañan era la obligación de presentar el certificado de empadronamiento y un pasaporte en vigor. Estas condiciones de la Policía Nacional chocaban con uno de los aspectos que caracterizaron al procedimiento extraordinario: la relajación de los trámites que normalmente se piden en estos procesos y que suelen ser un obstáculo para muchas personas migrantes irregulares. Algunas de estas era, precisamente, el empadronamiento, debido a las trabas con las que se chocan para registrarse en el padrón; o la exigencia de presentar un documento en vigor, ante la dificultad para renovar sus pasaportes para los nacionales de determinados países.

Tras meses de peticiones por parte del Movimiento Regularización Ya y otras organizaciones, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior dictó este miércoles una instrucción que fija los criterios necesarios para la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) a los beneficiarios de la regularización. En teoría, la orden interna flexibiliza los requisitos más problemáticos.

Según fuentes de Interior, las personas acogidas a la regularización “deberán acreditar su identidad mediante la presentación del pasaporte en vigor”, pero en caso de carecer de él “también se podrá aportar un pasaporte caducado, siempre que se acompañe de documentación acreditativa de la solicitud de renovación, como justificantes de cita consular, correos del consulado o resguardos de solicitud”. Este medio ha pedido al Ministerio el texto literal de la instrucción, para confirmar el margen de interpretación de la directriz -pues es habitual que cada comisaría de extranjería funcione de forma distinta en función de la provincia o en función de cada agente de turno-, pero la respuesta ha sido negativa al tratarse de un documento interno.

Para quienes obtengan la respuesta favorable en el procedimiento extraordinario, la Policía Nacional tampoco exigirá el empadronamiento en todos los casos, aunque sí en algunos. “El domicilio que figurará en la TIE será el aportado por la persona extranjera en el momento de la solicitud de regularización, el mismo que consta en la autorización de residencia”, explican las mismas fuentes. “Solo en el caso de que en el impreso de solicitud de la TIE se consigne un domicilio diferente, este será recabado electrónicamente por la Administración o se corroborará mediante la aportación del certificado o volante de empadronamiento del ayuntamiento, expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha de la tramitación de la TIE”, añaden desde Interior sobre el contenido de la instrucción interna.

El “plan de choque” de Policía Nacional

La Dirección General de la Policía Nacional activó lo que describen como un “plan de choque” para responder al incremento a la demanda de trámites ligados a la regularización. Sin embargo, ese incremento de la necesidad de citas de extranjería en los próximos meses se produce en un momento en que los problemas para conseguir un turno ya son habituales y exasperan a los inmigrantes que gestionan sus papeles por la vía ordinaria.

El plan consiste en pagar más cada hora extra a los agentes que se ofrezcan voluntarios para atender los trámites ligados a la regularización, según un documento de la Policía de la Subdirección General de Logística e Innovación de la Policía Nacional al que ha accedido Europa Press. “El objetivo del plan es dar respuesta al incremento de la demanda asumida en las Unidades de Documentación como consecuencia del proceso extraordinario de regularización”, indica el escrito. En este sentido, los policías obtendrán 25 euros por cada hora extra “que se vean afectadas por la sobrecarga administrativa derivable del proceso en cualquiera de sus puestos de expedición, tanto de Tarjetas de Identidad de Extranjero, como DNI o Pasaporte”.

El sindicato policial CEP ha criticado que no se hayan reforzado las plantillas, que únicamente se haya optado por pagar horas extra. “Empieza la fase que más tiempo va a prolongarse y la que mayor esfuerzo va a exigir a la Policía Nacional”, indica un comunicado.

Maira obtuvo su permiso de residencia por arraigo en marzo de este año, pero aún no ha logrado tener en sus manos la tarjeta identificativa ante el bloqueo de citas en comisarías de extranjería. Aunque su permiso es válido sin este documento, la falta de un documento válido obstaculiza la inclusión de los inmigrantes. Por ejemplo, aunque es posible, algunas empresas rechazan a quienes no cuentan con él. La falta de esta tarjeta complica la apertura de una cuenta bancaria, la petición de becas de estudios o la emisión de certificados oficiales de formaciones profesionales, etc. “No tiene sentido que nos aprueben una residencia y lograr una cita para huellas casi cuando vamos a tener que renovar el permiso”, resume.

Acababa de anochecer en Madrid, apenas habían pasado cinco días de la puesta en marcha de la regularización extraordinaria, cuando Brayan preguntó quién era el último de la fila. Una larga hilera de un centenar de personas rodeaba uno de los edificios de servicios sociales municipales de la capital, en una imagen que se repetía en distintos puntos de la ciudad y del resto de España. Como muchos entonces, el joven pasó la noche a la intemperie para conseguir, ya al mediodía del día siguiente, uno de los documentos necesarios para presentar su petición.

Más de dos meses después, Brayan ha recibido lo que tanto esperaba: “Ya tengo número de NIE. Me llegó el permiso de trabajo. Y ya tengo el número de la Seguridad Social”. El joven paisa, de 25 años, había recabado por fin los documentos necesarios para despegar y salir de la clandestinidad. Su caso representa el perfil mayoritario que está detrás de los casi 1,2 millones de expedientes, según el balance anunciado por el Ministerio de Migraciones este jueves.

Hombre, colombiano, de entre 25 y 34 años, que vivía en España de manera irregular desde la expiración de su visado de turista. Un joven, en edad de trabajar, pero que no ha podido hacerlo dado de alta en la Seguridad Social por su situación irregular. Y que ha pedido la regularización en la provincia de Madrid a través de un abogado privado, pero que se ha apoyado en las organizaciones colaboradoras para reunir la documentación necesaria para montar el expediente.

Los datos oficiales concluyen que la mayoría de solicitudes de la regularización extraordinaria provienen de hombres, un 57%. Las mujeres, por su parte, representan el 43% del total de las peticiones. La diferencia por género, sin embargo, es menor entre las peticiones realizadas por demandantes de protección internacional que en las de las personas que se encuentran en situación irregular y debían justificar vínculos laborales, familiares o una situación de vulnerabilidad, según el balance de Inclusión. En el caso de los menores de edad y en la franja de 45 a 54 años “la distribución es paritaria, sin diferencias por tipo de autorización”, añade el documento.

Por edad, el 81% de los demandantes tienen menos de 45 años. Y seis de cada diez tienen, como Brayan, menos de 34 años. El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Álvarez, ha resaltado la importancia de la concentración de las personas regularizadas en esa franja de edad debido al efecto positivo que puede tener la concesión de sus permisos de residencia en el mercado laboral, en un momento en que la extrema derecha y el PP ponen el acento en el supuesto impacto del proceso extraordinario en los servicios públicos.

Más de un 11% son menores de 15 años

Una vez tramitadas todas las solicitudes, puede sacar de la irregularidad a más de 130.000 menores de 15 años, pues ese tramo de edad (de 0 a 14) representa un 11,1% de las peticiones, según el balance provisional presentado este jueves. Uno de esos niños regularizados será la bebé de Valeria. La mujer, de origen ecuatoriano, vivía de manera irregular desde hace dos años. Su pequeña, que no llega al año, nació en España pero tampoco tiene papeles. “Llevaba soñando varios días con esta cita. He tenido pesadillas pensando que no llegaba, que la perdía”, decía entre risas a las puertas de Correos el día que registró su expediente, que incluía la petición automática de su hija.

También podrá beneficiar a la niña de Nora, una mujer peruana que hasta ahora trabaja como empleada doméstica por horas en una casa a las afueras de Madrid. Su precariedad ligada a la irregularidad, cuenta, la llevó a vivir en albergues para personas sin hogar, por lo que los servicios sociales la empujaron a ceder parte de la tutela de su hija mientras no encontraba un lugar digno donde vivir. Tiempo después, con un empleo temporal, pudo empezar a pagar una habitación para ambas. La posible concesión de la regularización, cuenta, le podría dar la estabilidad que necesita para cuidar a la pequeña y a sí misma.

¿De dónde vienen?

La mayoría de las solicitudes, un 67%, corresponde a ciudadanos latinoamericanos. Una nacionalidad destaca sobre todas las demás: la colombiana, con casi el 26% de peticiones. A continuación, la marroquí se coloca como la única nacionalidad norteafricana cuyas solicitudes superan el 10% (con un 13,4%). De Venezuela procede un 11,7% de las peticiones; y de Perú, el 8,8%, según los datos oficiales.

Les sigue Honduras (4,8%), Paraguay (3,8%) y Argelia (3,4%). Senegal, con solo un 2,9% de los expedientes, es el único país subsahariano que aparece en el listado de las diez nacionalidades más presentes en el proceso extraordinario. Por último, destacan Pakistán (2,5%) y Argentina (2,3), entre otras procedencias que conforman el 20% restante de las demandas de regularización.

¿Dónde trabajan los que ya tienen permiso?

Algunas cifras empiezan a dar cuenta del previsible efecto positivo de la regularización en las cotizaciones a la Seguridad Social. Según los datos oficiales, de las 608.000 personas cuya petición ha sido admitida a trámite, 159.097 ya se encuentran dadas de alta en la Seguridad Social. Ese dato, sin embargo, no significa per se que esos ciudadanos se han afiliado debido al procedimiento extraordinario, porque entre ellos se encuentran solicitantes de protección internacional que podrían estar ya cotizando con anterioridad (pero con otro tipo de autorización). El Ministerio no ha aclarado por el momento el número de nuevas altas que han sido posibles exclusivamente por el procedimiento extraordinario, pues sus equipos matizan que se trata de un balance preliminar y aún se encuentran cruzando los datos para hacer una fotografía más detallada de su impacto en el mercado laboral.

El 83,4% de las personas regularizadas que están dadas de alta se encuadran en el Régimen General, en el que el contrato indefinido es la modalidad que predomina entre las afiliaciones de quienes han recibido el permiso de residencia provisional por la regularización. Por tipo de actividad, los sectores que concentran el mayor número de altas son: Hostelería (38.776), Comercio (20.195), Actividades Administrativas (19.327) y Construcción (18.310).

Estos datos no hablan de dónde trabajaban las personas en situación irregular o los solicitantes de asilo antes de ser admitida su petición, sino de dónde se han dando de alta tras recibir el permiso provisional ligado a la regularización.

La distribución territorial de las solicitudes refleja una fuerte concentración en las grandes ciudades, que suelen generar la mayor atracción migratoria. Cataluña encabeza el proceso con 257.602 peticiones registradas, seguida por la Comunidad de Madrid, con 202.424, y la Comunitat Valenciana, con 167.286. Muy cerca se sitúa Andalucía, que acumula 161.557 solicitudes. Estas cuatro comunidades concentran por sí solas más de la mitad de todas las demandas de regularización, en línea con su peso demográfico y su papel como principales destinos laborales.

En Andalucía, más allá del volumen global, sobresalen provincias como Huelva y Cádiz, donde el proceso ha recaído en mayor medida en las organizaciones sociales, que han canalizado una parte significativa de las solicitudes, según matizó la secretaría de Estado de Migraciones. Ese peso destacado de las entidades colaboradoras desliza la existencia de situaciones de mayor vulnerabilidad y menor acceso a otras vías de tramitación, en lugares con una fuerte presencia de temporeros agrícolas sin papeles.

A cierta distancia aparecen otros territorios con cifras también significativas, aunque más moderadas. Castilla-La Mancha supera las 52.000 solicitudes, mientras que Euskadi roza las 50.000 y la Región de Murcia se sitúa en torno a las 45.000. Castilla y León (casi 40.000) y Galicia (38.747) completan el siguiente bloque, seguidas de Canarias y Baleares, ambas por encima de las 30.000 peticiones.

En el extremo inferior se encuentran comunidades como Navarra, Asturias o Extremadura, con volúmenes mucho menores, y los casos de Ceuta y Melilla, donde el proceso ha tenido un alcance muy limitado. En conjunto, el mapa dibuja una regularización claramente urbana y ligada a los grandes mercados de trabajo, pero con presencia en todo el territorio.

Cómo y por qué la han solicitado

Del total de solicitudes recibidas, el 79,6% corresponde a migrantes en situación irregular que llevan más de cinco meses de residencia continuada en España, que podían justificar su arraigo a través de vínculos laborales, familiares o a través de la demostración de su situación de vulnerabilidad. Por su parte, el 20,4% restante representa a solicitantes de protección internacional, que se han acogido a la vía creada específicamente para ellos, que permite el paso del régimen de estancia por asilo a la obtención de un permiso temporal de residencia y trabajo en caso de haber llegado antes del 1 de enero de 2026 y carecer de antecedentes penales.

Según sus datos, el 58% de las solicitudes telemáticas fueron presentadas por abogados, seguidas por funcionarios habilitados (16,8%), gestores administrativos (8,4%), las propias personas interesadas mediante certificado digital (7,3%), las entidades colaboradoras (5,1%) y graduados sociales (3,6%).

Aunque no destaque su representación en el balance oficial, que por ahora solo incluye la labor de subir el expediente a la plataforma habitual para los trámites de extranjería, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela incidió durante la presentación de los datos en el peso que han tenido las organizaciones colaboradoras en la preparación de los expedientes, el acompañamiento de muchos demandantes en cada trámite, especialmente en la emisión de los certificados de vulnerabilidad, el informe que generó un cuello de botella durante las primeras semanas de la entrada en vigor de la medida. Un total de 495 entidades del Tercer Sector y organizaciones sindicales han apoyado durante todo el proceso en labores de asesoramiento, acompañamiento y orientación a quienes se han acogido a la medida extraordinaria.

El camino de Brayan hacia la regularización también está marcado por esa aportación menos visible de las organizaciones sociales colaboradoras, que se han deslomado para sacar adelante el procedimiento sin contraprestación económica específica para este fin. El colombiano, tras guardar fila toda la madrugada en aquellos primeros días de plazo, había salido de la oficina municipal con el alivio de haber cumplido su objetivo. Pero los días pasaban y el Ayuntamiento no daba noticias sobre su informe de vulnerabilidad por el que había pasado la noche en vela.

La impotencia llevó al joven a probar suerte en Altius, una de las ONG registradas para apoyar a los solicitantes. “Ese mismo día ya tenía una cita y el certificado”, contó entonces a elDiario.es. Sin esperas, colas ni madrugadas a la intemperie. La organización no subió su expediente, pero su rápida intervención hizo posible que hoy Brayan haya empezado a buscar trabajo como un ciudadano más.

Ya hay cifras de la regularización extraordinaria de migrantes. El plazo del procedimiento ha cerrado con más de 1.174.978 solicitudes presentadas, un alcance que desborda las previsiones iniciales del Gobierno y marca un máximo histórico en comparación con procesos similares impulsados anteriormente en España, según ha confirmado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De las más de un millón de peticiones, el Ejecutivo ha admitido a trámite por ahora 609.737 expedientes, lo que supone que al menos ese número de personas cuenta con un permiso de residencia provisional hasta obtener la resolución definitiva. De ellas, 11.000 ciudadanos han recibido ya una respuesta favorable de manera definitiva.

La cifra total de solicitudes ayuda a dimensionar una realidad invisible y difícil de cuantificar: la de cientos de miles de personas que ya vivían y trabajaban en el país de forma irregular, muchas de ellas incluso sin acceso al padrón. Una población que, ahora, podrá salir de la clandestinidad, acceder a sus derechos y aportar como cualquier ciudadano, tras la puesta en marcha de una medida impulsada durante más de seis años desde la calle, a través del movimiento Regularización Ya, liderado por personas migrantes y racializadas. El balance definitivo de expedientes, que no alcanza los 1,2 millones, no coincide con las cifras publicadas por varios medios en la última semana, que aseguraban que el procedimiento había superado los 1,3 millones de demandas.

La mayoría de las solicitudes, un 67%, corresponde a ciudadanos latinoamericanos, como adelantó elDiario.es hace dos semanas y confirman ahora el balance oficial aportado por el Ministerio tras el cierre de las ventanillas. El dato ratifica que la mayor parte de quienes han solicitado la regularización no han tenido que atravesar una frontera de manera irregular, sino que han entrado en España en avión. La nacionalidad colombiana destaca entre todas las demás, acercándose con un 27% de las peticiones registradas. Lejos en porcentaje, le sigue la marroquí, con un 13,4%; la venezolana, que representa el 11,7% de las solicitudes; y la peruana, con el 8,8%, según los datos oficiales a los que ha accedido elDiario.es. El Ministerio de Inclusión ha programado una convocatoria de prensa esta mañana para detallar el balance oficial del procedimiento.

“La cifra pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo, porque va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestros país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza”, ha declarado la ministra Elma Saiz, en un vídeo difundido este jueves. “Estamos ante un verdadero hito de nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos orgullosos”, ha añadido la titular de Inclusión.

¿Quiénes la han pedido?

La medida ha tenido un peso especial para los niños y adolescentes. Según el balance inicial del Ministerio, las peticiones ligadas a quienes tienen entre 0 y 15 años suponen un 11% del total, lo que puede explicarse con las facilidades que este proceso ha dado específicamente a los menores de edad, a través de la concesión automática en la mismo expediente de sus progenitores.

Sobre el perfil de los solicitantes, los hombres han presentado más solicitudes que las mujeres, aunque en porcentajes próximos. Ellos representan un 57% de las peticiones mientras que ellas, el 43%. Por edad, el 81% de los demandantes tienen menos de 45 años. Y seis de cada diez solicitantes tienen menos de 34 años, unos datos que han sido enfatizados por el Secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Álvarez, para explicar cómo puede impactar la regularización en el mercado laboral y en la aportación de los empleados extranjeros a las arcas públicas.

Algunas cifras empiezan a dar cuenta del previsible efecto positivo de la regularización en las contizaciones a la Seguridad Social. Según los datos oficiales, de las 608.000 personas cuya petición ha sido admitida a trámite, 159.097 ya se encuentran dadas de alta en la Seguridad Social. Ese dato, sin embargo, no significa per sé que esos ciudadnos se han afiliado debido al procedimiento extraordinario, porque entre ellos se encuentran solicitantes de protección internacional que podrían estar ya cotizando con anterioridad. El Ministerio no ha aclarado por el momento el número de nuevas altas que han sido posibles exclusivamente por el procedimiento extraordinario, pues matizan que se trata de un balance preliminar y aún se encuentran cruzando los datos para hacer una fotografía más detallada de su impacto en el mercado laboral.

El secretario de Estado de Seguridad Social ha recalcado 83,4% de las personas regularizadas que están dadas de alta se enmarcan en el Régimen General, en el que el contrato indefinido es la modalidad que predomina entre las afiliaciones de quines han recibido el permiso de residencia provisional por la regularización. Por tipo de actividad, los setores que concentran el mayor número de altas son: Hostelería (38.776), Comercio (20.195), Actividades Administrativas (19.327) y Construcción (18.310).

En el primer semestre de 2026, la afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social se ha convertido en “uno de los principales motores del crecimiento del empleo en España”, recuerdan desde el Ministerio. Según Álvarez, el ritmo de aumento “se ha ido acelerando” desde finales del mes de abril, cuando comenzó el proceso de regularización extraordinaria de migrantes.

Del total de solicitudes recibidas, el 79,6% corresponde a migrantes en situación irregular que llevan más de cinco meses de residencia continuada en España, que podían justificar su arraigo a través de vínculos laborales, familiares o a través de la demostración de su situación de vulnerabilidad. Por su parte, el 20,4% restante representa a solicitantes de protección internacional, que se han acogido a la vía creada específicamente para ellos, que permite el paso del régimen de estancia por asilo a la obtención de un permiso temporal de residencia y trabajo en caso de haber llegado antes del 1 de enero de 2026 y carecer de antecedentes penales.

Catalunya y Madrid concentran más solicitudes

En función del lugar donde han sido recibidas, las autonomías que han recogido un mayor número de expedientes son Catalunya, donde se han presentado más de 257.000 peticiones; y la Comunidad de Madrid, con 202.000. También destacan las cifras de los tramites presentados en las ventanillas de la Comunidad Valenciana y Andalucía, lo que encaja con las regiones con más población nacida en el extranjera.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha destacado el papel que ha tenido en todo el proceso todos los actores del proceso. “Las cifras evidencian el esfuerzo histórico realizado por las instituciones y sociedad civil, que han empujado para que nadie se quede fuera de este proceso y conseguir una sociedad de acogida efectiva, con derechos y obligaciones para todos”, ha señalado. Según sus datos, el 58% de las solicitudes telemáticas fueron presentadas por abogados, seguidos por funcionarios habilitados (16,8%), gestores administrativos (8,4%), las propias personas interesadas mediante certificado digital (7,3%), entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería (5,1%) y graduados sociales (3,6%).

Cancela ha hecho hincapie en el peso que han tenido las organizaciones colaboradoras en la preparación de los expedientes, el acompañamiento de muchos demandantes en cada trámite, especialmente en la emisión de los certificados de vulnerabilidad, el informe que generó un cuello de botella durante las primeras semanas de la entrada en vigor de la medida. Un total de 495 entidades del Tercer Sector y organizaciones sindicales colaboran durante todo el proceso en labores de asesoramiento, acompañamiento y orientación a las personas solicitantes.

El número de solicitudes registradas no suele coincidir con el de las personas que finalmente serán regularizadas. Las proyecciones iniciales del Ejecutivo, ya superadas, estimaban la recepción de 750.000 peticiones, de las que calculaban aceptar unas 500.000, teniendo en cuenta las duplicidades de expedientes que pueden producirse en este tipo de procedimientos, así como el descarte de casos que no cumplen los requisitos. Fuentes gubernamentales han asegurado a elDiario.es que todas las personas que han registrado una solicitud recibirán una respuesta, negativa o positiva, por lo que descartan que el silencio administrativo se interprete como una denegación.

Por ahora, casi el 52% de las solicitudes han sido admitidas a trámite, aunque el Gobierno continúa estudiando los expedientes a un ritmo que todavía no ha cumplido con el plazo de 15 días anunciado. Con la causa abierta por PP y Vox en el Tribunal Supremo, y ante una mínima —aunque poco probable— posibilidad de paralización cautelar del procedimiento, el Ejecutivo ha asegurado que tratará de agilizar la tramitación en los próximos días para aumentar la seguridad jurídica de quienes han solicitado la regularización.

Las principales nacionalidades se ajustan a las recogidas por el Instituto Nacional de Estadística en los últimos años, cuyos estudios incluyen los países de procedencia de los residentes en España a través de los registros del padrón. En 2022, Colombia se convirtió en el principal país de origen de los nuevos inmigrantes, por delante de Marruecos. Las llegadas de ciudadanos colombianos continuaron en aumento en 2023 y 2024, hasta cristalizar en un histórico “sorpasso” migratorio, por el que los residentes en España nacidos en el país latinoamericano superaron a los nacidos en Marruecos.

Entre las más de 608.000 personas cuya solicitud ha sido admitida a trámite está Missael. Tras abandonar Perú, el joven viajó a España con visado de turista, como suele ocurrir con la mayoría de migrantes latinoamericanos asentados en el país. Una vez expirado su permiso, se quedó sin papeles hasta que consiguió solicitar asilo, lo que le permitió contar con una autorización temporal mientras se estudiaba su caso. Hace casi más de medio año, la denegación de su petición de protección internacional le empujó de nuevo a la clandestinidad.

“Después de ocho meses sin papeles, he vuelto a cotizar. Sin papeles todo es más duro. Es como si te quedas en una pausa. Cotizas, vas a un ritmo, te deniegan el asilo y te quedas sin nada. A esperar otra vez un permiso para trabajar. Pero ahora estoy otra vez dado de alta”, explicó a elDiario.es hace un mes.

Desde entonces, trabaja por las noches en una pizzería de Huelva, donde intercala turnos de repartidor y atención al público, mientras continúa con sus estudios de Formación Profesional. Cuatro días después de recibir la autorización provisional ligada a la admisión a trámite, consiguió un empleo en el que cotizar. Durante el tiempo en que no tenía papeles, reconoce, no dejó de trabajar, aunque lo hacía de forma irregular, en empleos más precarios y menos estables. Ahora está dado de alta en la Seguridad Social y ha recuperado sus derechos como ciudadano. Antes no existía; ahora ha salido de la invisibilidad.

Dos providencias del Tribunal Supremo han puesto en alerta a cientos de miles de personas pendientes de la regularización extraordinaria de inmigrantes cuyo plazo de presentación de solicitudes ha terminado este martes. Tres magistrados de la sección quinta de lo contencioso han decidido preguntar si deben llevar este proceso de regularización ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante el riesgo de que choque con la normativa comunitaria en materia de migraciones. Una providencia firmada por tres magistrados de corte conservador que ya intentaron sin éxito paralizar este procedimiento y que ahora, aunque abran la vía europea para cuestionar la medida, no implica un alto riesgo de que todo el proceso de regularización, al que se han presentado más de un millón de personas, vaya a quedar suspendido. El ejecutivo lanza un mensaje de tranquilidad, pero trabaja con varios escenarios, preparado por si unas posibles medidas cautelares afectasen a las solicitudes pendientes de admisión.

Más de un millón de personas han presentado su solicitud para acogerse a este Real Decreto y regularizar su situación, inicialmente, con una autorización de residencia legal de un año en vigor y poder vivir y trabajar en España. Una medida que ha recurrido ante el Tribunal Supremo por diversos colectivos ultracatólicos y de extrema derecha, el partido Vox y varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Entre ellas Madrid, Aragón y la Comunidad Valenciana.

El proceso judicial arrancó con una vista en la que los recurrentes pidieron que la regularización extraordinaria quedase paralizada de forma cautelar y la sección quinta de lo contencioso del Supremo contestó: no había motivos para frenar en seco el procedimiento. Ni se aceptó la alarma planteada por la Comunidad de Madrid sobre el hipotético colapso de la sanidad y la educación para atender a miles de nuevos beneficiarios ni tampoco cualquier otro argumento. Paralizar de forma cautelar el proceso, además, afectaría de lleno a las vidas de los cientos de miles de personas que lo han solicitado. Pero esa decisión no fue unánime. Dos jueces, Wenceslao Olea y Fernando Román, afirmaron en un voto particular que sí había motivos para suspender la regularización, aunque se quedaron en minoría y las cautelares se rechazaron.

Los dos insistieron durante esas primeras deliberaciones que existía un riesgo de que la regularización chocara con la normativa europea de migración, pero se encontraron con un muro cuando sus compañeros les recordaron que ningún recurso de los que estudiaban había planteado esa posibilidad. Una situación que cambió cuando llegaron a la mesa de los jueces los recursos de Aragón y la Comunidad Valenciana. En esas vistas, los abogados de estas comunidades gobernadas por el PP sí plantearon la posibilidad de llevar el caso hasta el TJUE, aunque no fueron capaces de desarrollar su petición ante la sala. Una puerta abierta a las dos providencias con las que el Tribunal Supremo avanza ese posible choque y pide su opinión a las partes.

Estas providencias solo reflejan tres firmas del total de siete magistrados que llevan el caso en esa sección. Dos de ellas son de Wenceslao Olea y Fernando Román, los que hace unas semanas apostaron ya por elevar el caso a Europa y paralizar la regularización de forma urgente. El primero fue vocal del anterior mandato del Consejo General del Poder Judicial y formó parte del bloque que, entre otras maniobras, frenó la renovación parcial del Tribunal Constitucional. El segundo fue secretario de Estado de Justicia en la primera legislatura de Mariano Rajoy, a la diestra de Alberto Ruiz Gallardón. La tercera firma es de Carlos Lesmes, expresidente conservador del CGPJ y que hace semanas se opuso a las cautelares. La amistad de Lesmes y Román fue reconocida por el primero cuando se apartó de las votaciones para hacer magistrado del Supremo al segundo en 2018.

Las dos providencias plantean la posibilidad de que la reforma de la Ley española choque con varios puntos de la normativa europea, desde directivas y reglamentos hasta los Acuerdos de Schengen de 1994. Hablan de una “regularización masiva” que podría infringir el principio de cooperación leal con la Unión Europea e incluso citan normas que no han sido traspuestas al ordenamiento jurídico español o un reglamento que no era aplicable cuando se puso en marcha la regularización.

Fuentes del Supremo muestran su extrañeza por la ausencia de nombres del resto de integrantes de la sección de lo contencioso que lleva estos recursos, pero también explican que a veces se elige este formato aunque la providencia sí refleje el criterio de todos los magistrados. También destacan que preguntar a las partes no equivale a que el criterio mayoritario sea enviar el caso a Europa y, sobre todo, señalan que una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión, en caso de que se termine llevando el asunto hasta Luxemburgo, no implica la suspensión de la regularización.

Esa medida, de hecho, estaría alejada del criterio mostrado por los propios jueces que tienen que tomar la decisión. Cinco de los siete jueces ya dijeron hace varias semanas que no había razones para frenar la regularización o sus efectos. No había pruebas del colapso de los servicios públicos que vaticinó la Comunidad de Madrid, pero sí existía un peligro de afectar tanto a los intereses públicos como a los derechos de los migrantes si se estimaban esas cautelares. Distintas fuentes apuntan a la dificultad de cambiar ese criterio por el hecho de que se eleve, a petición de Aragón o la Comunidad Valenciana, una cuestión prejudicial.

No se paraliza automáticamente

Elevar una cuestión al TJUE no implica la paralización automática ni del proceso judicial concreto ni tampoco de la normativa que se ha recurrido. Existen varios antecedentes de la sala tercera del Supremo que apuntan en esa dirección: cuando se cuestionó el canon de aguas continentales en 2017 o ya en 2022 cuando se preguntó a Europa por la normativa española de VTC. Esos recursos concretos quedaron paralizados pero las normativas llevadas a Luxemburgo siguieron en funcionamiento hasta que hubo un pronunciamiento europeo. El debate, en cualquier caso, tendrá que ser abordado por el Supremo en los próximos días.

La Generalitat Valenciana informó este martes de que ha reiterado su petición de suspensión cautelar y de llevar el debate hasta el TJUE. En Aragón todavía se valoran las alegaciones que se presentarán en los próximos días. Los propios jueces Olea y Román plantearon esta posibilidad pero reconociendo que si una norma española choca con una europea “los principios que informan dicho ordenamiento aconsejan especialmente la adopción de la medida cautelar”, sin aludir a una suspensión automática.

El Gobierno ha insistido en lanzar un mensaje de tranquilidad a los solicitantes de la regularización al reiterar su confianza en el texto de la normativa que la regula. “La norma se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho comunitario”, han afirmado este martes fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ya desde la aprobación del real decreto, con el objetivo de explicar las razones del endurecimiento parcial del texto definitivo en comparación con los borradores anteriores, el Ejecutivo incidía en una necesidad que marcó todo el proceso: no dejar cabos sueltos que pudieran generar una grieta jurídica, conscientes de la intención de PP y Vox de llevar la iniciativa a los tribunales. 

Con esa finalidad, el real decreto recogió todas las “recomendaciones esenciales” del Consejo de Estado. “Este es un texto sólido, riguroso, que ha pasado todos los trámites preceptivos con el aval del Consejo de Estado. Afrontamos con total tranquilidad este procedimiento. Era muy importante que este texto estuviera muy armado jurídicamente”, respondió la ministra Elma Saiz para explicar algunos de los cambios realizados a última hora, como la incorporación de un informe para probar la situación de vulnerabilidad de los solicitantes. 

El Gobierno trabaja en varios escenarios

Pese a su confianza en su norma, el Gobierno reconoce que trabaja en varios escenarios de cara a los posibles avances del procedimiento abierto en el Tribunal Supremo contra la medida. Una de las distintas coyunturas analizadas es la posibilidad de que los magistrados, una vez reciban las alegaciones de las partes, puedan llegar a decidir elevar la cuestión prejudicial al TJUE y, en paralelo, estimar la paralización temporal del procedimiento mientras la Justicia comunitaria estudia el fondo del asunto. Para el Ejecutivo, la concesión de las medidas cautelares para suspender el estudio de las solicitudes de regularización sería contradictoria en comparación con la contundencia con la que los magistrados rechazaron aplicar esta misma medida en mayo.

No obstante, el Ejecutivo reconoce que la mera posibilidad de que el procedimiento pudiese llegar a ser suspendido temporalmente -sin revocar las peticiones admitidas- les empuja a correr. Según afirman varias fuentes gubernamentales, su intención es agilizar el estudio de las solicitudes para que, en el hipotético caso de que la Justicia estimase las cautelares, ya hubiese sido respondida la admisión de trámite del más de un millón de peticiones, con el objetivo de aumentar la seguridad jurídica. La mera admisión a trámite de las peticiones que cumplan los requisitos incluye un permiso provisional de residencia y trabajo, lo que en la práctica supone el reconocimiento efectivo de un derecho que, según defiende el Gobierno, no podrá ser revocado retroactivamente en una decisión cautelar. 

No obstante, al menos hasta ahora, el ritmo de la tramitación de las solicitudes no ha cumplido con los tiempos previstos inicialmente. Migraciones se comprometió a dar una respuesta sobre la admisión a trámite en un máximo de 15 días, pero ese plazo se ha visto rebasado con creces en la mayoría de casos, según los balances oficiales anunciados hasta el momento y los testimonio de decenas de solicitantes, abogados y ONG recogidos por elDiario.es. Por ejemplo, muchas de las personas que han presentado su expediente en mayo, a las que está dando seguimiento este medio, aún no han recibido una respuesta. 

“No hay riesgo de paralización inmediata”

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), una de las organizaciones personadas en la causa que estudió los recursos de la Comunidad de Madrid y Vox, se une al mensaje tranquilizador del Gobierno. “No hay riesgo de paralización inmediata porque, en primer lugar, las medidas cautelares ya están resueltas. Lo que ahora mismo está tramitándose es la opinión de los actores sobre esa petición que hace uno de los demandantes de preguntar al TJUE en una cuestión prejudicial, pero tendrá que decidir y tramitar el Supremo, lo que llevará un tiempo”, explica Mauricio Valiente, director general de la ONG. 

Valiente defiende que la norma de la regularización no contraviene el derecho comunitario. Pero, como abogado, considera que “en base a derecho” podría haber margen a la interpretación y no ve imposible una hipotética paralización temporal del procedimiento por parte del Supremo en caso de decidir elevar la cuestión prejudicial al TJUE. “En la práctica, conllevaría que no se continuarían resolviendo expedientes. Quienes ya tuviesen resuelta la admisión a trámite, verían prorrogada su autorización provisional durante el tiempo en que el Tribunal europeo lo estudie y, en su caso, el Supremo”, detalla el director de CEAR. 

La clave, de nuevo, son los plazos. El tiempo que tardará la Justicia en tomar, si lo hace, una decisión. Y el tiempo empleado por la Administración en responder las peticiones. “Primero están los plazos de contestación a la providencia, que son cinco días. Luego, la valoración de las cautelares por parte del Supremo es compleja y puede requerir su tiempo: tendrían que dar traslado otra vez y, finalmente, la decisión de la nueva cautelar”, añade. 

Diego Boza, abogado especializado Derecho Internacional Público y Extranjería, tampoco ve probable la posibilidad de una suspensión del procedimiento de extranjería. “Me ha sorprendido bastante. Los argumentos para de la providencia del Supremo son bastante pobres”, opina el letrado, que destaca el argumento centrado en que la regularización de estas personas permite que puedan viajar a la UE y, por ello, el Gobierno debería haberlo avisado. “Como si cualquier concesión de residencia tendrían que comunicarlo al resto”, cuestiona. 

El razonamiento que ve más elaborado tiene que ver con los solicitantes de asilo. “Hace referencia a una sentencia que apunta a que el tiempo de estancia de los solicitantes de asilo no puede generar derecho de residencia. Muchos abogados no estamos de acuerdo con esa interpretación, pero se trata de una interpretación que incluso ha utilizado el Gobierno para justificar los cambios normativos que afectaron a este colectivo y, ahora, se le podría venir encima”, indica el letrado. “En todo caso, son argumentos muy vagos. Está todo muy pillado por los dedos. Veo muy difícil que salga adelante esta cuestión prejudicial”, concluye Boza.

El mismo día que Pedro Sánchez ha hecho gala de su política migratoria acompañado de ocho ministros, con la regularización como bandera y el anuncio del nuevo plan de integración, se ha conocido un nuevo paso del Tribunal Supremo sobre los recursos en contra del procedimiento extraordinario del que ya depende más de un millón de personas. Los magistrados han preguntado a las partes si consideran procedente elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que valore si la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno colisiona con las directivas europeas. El Ejecutivo, sin embargo, ha lanzado un mensaje “de tranquilidad” a todos los solicitantes, confiando en que la medida cumple con la normativa europea.

“La norma se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho comunitario”, responden fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, responsable de la medida de la que dependen ya más de un millón de peticiones.

Según explican las mismas fuentes, el plazo para que el Ministerio se pronuncie sobre la pertinencia de la cuestión prejudicial está abierto hasta el viernes 3 de julio. En este sentido, el departamento dirigido por Elma Saiz está trabajando con la Abogacía del Estado “para aclarar las cuestiones planteadas”. Una vez concluya este plazo, el Tribunal Supremo escuchará estas alegaciones y deberá decidir si eleva esta cuestión al TJUE para que opine sobre si la regularización puede ir en contra de las directivas comunitarias, especialmente de aquellas ligadas al nuevo pacto migratorio europeo. Desde el Gobierno aseguran que la normativa que rige la regularización está en consonancia con la legislación comunitaria.

En caso de que los magistrados decidan elevar la cuestión al tribunal comunitario, el Ministerio considera que la actuación “serviría para resolver dudas concretas antes de resolver el fondo de la cuestión”. “Recordamos que la regularización otorga un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente en el territorio español”, añaden.

Más allá de mostrar su confianza en la seguridad jurídica del real decreto de la regularización, fuentes del Gobierno recuerdan los prolongados plazos que suele conllevar este tipo de cuestiones prejudiciales, que precederían a la decisión de los jueces encargados del asunto, todos conservadores. El Ejecutivo confía en que, decida lo que decida sobre el fondo del asunto, la resolución llegará cuando todas las solicitudes hayan sido admitidas a trámite y, por tanto, el derecho efectivo a la residencia, aunque sea temporal, ya esté reconocido en los casos que cumplan los requisitos. Las fuentes gubernamentales sostienen que revocar ese derecho sería prácticamente imposible.

En dos providencias que responden a recursos de Aragón y Comunidad Valenciana sobre determinados aspectos del Real Decreto 316/2026, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha dado cinco días a las partes para que puedan expresar su parecer acerca de la procedencia de que el TJUE interprete si puede haber conflicto con el Derecho de la Unión Europea. Y da este paso antes de resolver sobre las cautelares que ambas comunidades solicitaban en sendos recursos.

El procedimiento

El Tribunal Supremo ha acordado preguntar tanto al Gobierno como a varias comunidades autónomas gobernadas por el PP y a distintas asociaciones si es procedente elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que valore si la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Ejecutivo socialista colisiona con las directivas europeas.

A finales de mayo, esa misma Sala del Supremo rechazó la petición cautelar de la Comunidad de Madrid de suspender la regularización. Los magistrados entendían que no existen pruebas de que los servicios públicos de Madrid pudieran colapsar por la regularización extraordinaria de migrantes. Acordaban así no aceptar las medidas urgentes de paralizar el proceso, ya que no había peligro de que la sanidad, la educación o la vivienda pública fueran a entrar en crisis por tener que atender a cientos de miles de personas más. “No puede afirmarse, en este momento, que haya quedado acreditado”, decía el Supremo sobre el principal argumento de la Comunidad de Madrid.

Además, recalcaba ya entonces que la regularización será reversible si es declarada nula en los tribunales. Una respuesta similar recibieron las alegaciones presentadas por Vox, pero añadiendo una frase final sobre las consecuencias que tendría para todas esas personas suspender el proceso: “Con todo lo que ello entraña, humana, social y económicamente”.

La decisión de este martes de valorar si se eleva el asunto al TJUE la adopta una sección conformada por solo tres magistrados: Carlos Lesmes, Wenceslao Olea y Fernando Román. Se da la circunstancia de que todos son del ala conservadora y que el último, Román, fue secretario de Estado de Justicia de 2011 a 2014, siendo ministro el 'popular' Alberto Ruiz-Gallardón.

En cambio, la resolución previa del Supremo de no aceptar la paralización cautelar que solicitaba, entre otros, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, fue adoptada por esa misma sección, pero conformada por hasta siete magistrados. Ya entonces, Román y Olea emitieron un voto particular en el que señalaban la conveniencia de que se elevara una cuestión prejudicial, para lo que se debía suspender, de facto, la regularización extraordinaria. Pero fueron minoría y no tuvieron el apoyo de Lesmes en esa ocasión. Fuentes del Supremo consultadas por elDiario.es indican que, ahora, solo han participado tres porque se trataba de una providencia y no de una resolución, informan Javier Lillo y Alberto Pozas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes una dotación anual de 500 millones de euros para un plan de integración que busca “garantizar el cumplimiento de los derechos y los deberes” de las personas migrantes en España, mientras la Administración continúa analizando más de un millón de solicitudes de regularización. “La regularización es un éxito de gestión migratoria, un paso clave para sacar de la invisibilidad a cientos de miles de personas. Y el plan de integración convierte ese primer paso en un proyecto de vida”, ha resumido el jefe del Ejecutivo en un discurso en el que ha defendido el proceso extraordinario “por moralidad e inteligencia”.

El plan de integración, anunciado por Pedro Sánchez hace más de un año, ha visto la luz el mismo día en que finaliza el plazo para la presentación de solicitudes de la regularización extraordinaria. Se trata de un gesto que pretende subrayar la importancia de acompañar el proceso con medidas concretas destinadas a asegurar la inclusión de los recién llegados, a través de pilares como la formación, el refuerzo de los servicios públicos o la inversión en programas formativos en los sectores con mayor demanda de mano de obra, según ha explicado el jefe del Ejecutivo.

Para detallar el alcance del plan, fuentes del Gobierno inciden en que la regularización extraordinaria debe entenderse como un paso previo dentro de un proceso más amplio de inclusión social y laboral. Sostienen que el objetivo del Ejecutivo es que las personas que ya residen en España puedan desarrollar un “proyecto de vida” en condiciones de estabilidad jurídica, acceso al empleo y plenos derechos, evitando situaciones de invisibilidad o vulnerabilidad.

Desde el Ejecutivo insisten en que el plan no está dirigido exclusivamente a la población migrante, sino al conjunto de la sociedad. Explican que muchas de las medidas previstas afectan directamente a los servicios públicos y a las administraciones territoriales, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta en ámbitos como la educación, la sanidad o el acceso a la vivienda, donde identifican tensiones vinculadas a la exclusión social más que al volumen de llegadas.

El plan aborda los posibles desafíos ligados a los procesos migratorios a través, principalmente, de la lucha contra la exclusión, el apoyo en el aprendizaje de idiomas y los programas de inclusión comunitaria, según fuentes del Gobierno. “El proceso de regularización, con más de un millón de solicitudes presentadas, demuestra que detrás de cada petición hay una persona que quiere formar parte [de la sociedad] con todos los derechos y deberes. Los retos vienen de la exclusión. La exclusión no favorece a nadie, no da prioridad nacional a nadie; hace la vida más difícil tanto a quien llega como a quien acoge”, ha afirmado Sánchez en la inauguración del acto.

La hoja de ruta contará con “cuatro grandes ejes, 16 medidas y 10 objetivos”. El Gobierno aclara que el diseño del plan incluye una coordinación interministerial y una planificación progresiva hasta 2030, con medidas presupuestadas y evaluables. La ejecución se realizará de forma escalonada, priorizando aquellas actuaciones vinculadas al empleo y a los servicios públicos durante los primeros años de despliegue.

El primer eje se centra en la “integración” y en la activación de más vías de migración ordenada y regular. Según Sánchez, “esto exige pensar en dos cuestiones: cómo llega la gente a nuestro país y cómo vive con nosotros”. En este sentido, el Gobierno plantea abrir más vías legales y ordenadas para facilitar la integración desde el primer día.

“Es importante empezar antes de cruzar la frontera”, ha añadido el presidente. Con este objetivo, el Gobierno se compromete a poner en marcha una agencia estatal de movilidad humana, que reunirá funciones y recursos hoy dispersos para ofrecer una gestión más eficaz, manteniendo los procedimientos actuales y las medidas ligadas al control fronterizo. No obstante, fuentes gubernamentales matizan que la creación de dicha agencia requerirá la aprobación de una norma con respaldo parlamentario, por lo que su impulso en esta legislatura no parece probable.

El segundo eje sitúa el empleo como la principal herramienta de inclusión. “No hay integración plena sin autonomía”, ha señalado. Con este objetivo, el Gobierno activará una oferta extraordinaria de Formación Profesional, especialmente en los sectores con mayor necesidad de mano de obra, con una dotación superior a 150 millones de euros.

El tercer eje aborda la integración como un “compromiso recíproco”. En este ámbito, Sánchez ha subrayado que la sociedad española tiene la responsabilidad de garantizar los valores y el marco legislativo, así como de asegurar la igualdad de trato y combatir la discriminación. Al mismo tiempo, ha añadido, quienes llegan deben respetar las leyes, aprender las lenguas cooficiales y compartir los valores comunes. “Deben formar parte de esa comunidad”, ha insistido.

“En España esas reglas son claras: valores democráticos, derechos LGTBI, aconfesionalidad del Estado, respeto al diferente. No son condiciones para unos ni privilegios para otros; son las reglas de todos”, ha añadido. Para ello, el Gobierno reforzará los recursos de las administraciones implicadas en la inclusión, como los ayuntamientos. El plan incluye una dotación de 30 millones de euros destinada a reforzar el aprendizaje de los idiomas oficiales y los programas de integración comunitaria para mejorar la convivencia en barrios y ciudades. El objetivo, según Sánchez, es avanzar en la inclusión trabajando tanto con las personas migrantes como con la sociedad de acogida.

“Vamos a reforzar la lucha contra lo que cada vez es más común: los discursos de odio, mejorando el apoyo a las víctimas”, ha señalado el presidente.

Por último, el cuarto eje se orienta a garantizar el cumplimiento de los derechos y libertades. El plan contempla eliminar las barreras culturales, sociales y económicas para asegurar el acceso en igualdad de condiciones a los servicios públicos. El Ejecutivo destinará 200 millones de euros a reforzar estos servicios, impulsar el éxito educativo y combatir la segregación escolar.

“Sabemos que persisten desafíos importantes”, ha asegurado la ministra de Inclusión, Elma Saiz, en el cierre del evento. “Necesitamos respuestas serenas, políticas públicas basadas en la evidencia y la convicción de que una sociedad cohesionada nunca se construye levantando muros entre vecinos, sino tendiendo puentes entre personas”, ha concluido.

Empresas, sindicatos y solicitantes

Al discurso de Sánchez le ha seguido la celebración de varias mesas redondas en las que los agentes sociales, ONG y solicitantes de la regularización extraordinaria han aportado su visión sobre el procedimiento y los retos surgidos a partir de ahora, tras el cierre del registro de peticiones. En la primera conversación, centrada en el ámbito laboral, han compartido el diagnóstico de la necesidad de mano de obra en distintos sectores, aunque con matices en el enfoque. Desde CEOE, Antonio Garamendi ha puesto el acento en la regularización administrativa y en la existencia de vacantes en la economía española, mientras que CEPYME ha advertido de que la falta de personal afecta especialmente a las pequeñas y microempresas. Desde el ámbito sindical, CCOO y UGT han defendido la aportación de la población migrante, reclamando “políticas de gestión ordenada” que eviten la explotación laboral, garanticen derechos y refuercen los servicios públicos.

Desde el ámbito social, Diego Fernández Maldonado, responsable de Incidencias sobre Migraciones de Cáritas, ha definido el procedimiento como un “hito histórico”. Ha subrayado que la regularización supone el inicio de un recorrido más largo en el que aún quedan retos por resolver, y en el que será clave el acompañamiento a quienes acaban de obtener la documentación. “Tiene que haber una respuesta comunitaria en el acompañamiento de estas personas, no se trata solo de conseguir la regularidad, hay que acompañar a estas personas”, ha apuntado.

La mirada personal la ha aportado la propia voz de los solicitantes. Jenny Carlota Garay, peruana, ha relatado en primera persona el esfuerzo de dejar atrás a la familia y sostener trabajos durante años en situación irregular. “Ser migrante no es fácil, significa alejarse de la familia, aceptar trabajos duros y demostrar cada día que hemos venido a aportar”, ha explicado, reivindicando la migración como una historia de esfuerzo y contribución a la sociedad de acogida.

Después de dos meses y medio de colas, dudas, trabas burocráticas inesperadas y celebraciones por cada petición registrada, este martes a medianoche finaliza el plazo de presentación de solicitudes de la regularización extraordinaria de migrantes. La primera etapa del procedimiento concluirá con las previsiones iniciales superadas, pues la cifra supera ya el millón de solicitudes presentadas, frente a las 750.000 que el Gobierno calculaba recibir -de las que estimaba aceptar 500.000-, un desfase que se explica con la habitual dificultad de calcular la cantidad de personas que viven en España de manera irregular. 

Las imágenes de grandes filas de personas para realizar los trámites necesarios para pedir la regularización fueron disipándose tras las dos primeras semanas de plazo. Eran muchos los que no querían esperar para ponerse en marcha ante la posibilidad de que cualquier imprevisto pudiese dejarles fuera de un procedimiento que supone el reconocimiento de sus derechos como ciudadanos. Transcurridos dos meses y medio del inicio del plazo, sin embargo, las peticiones no han dejado de presentarse y algunos de los colectivos que integran el movimiento Regularización YA han montado un dispositivo hasta este martes a las 23:59 horas, conscientes de que aún hay personas que no han podido registrar su petición por diversos obstáculos con los que se han topado por el camino. 

“Vamos a utilizar cada minuto porque dos meses y medio no ha sido suficiente”, dice Victoria Columba, portavoz del Colectivo Regularización YA, presente en Catalunya. “A eso se suma que la exigencia del informe de vulnerabilidad nos ha hecho perder un mes de los dos meses y medio de plazo, porque mucha gente tardó mucho tiempo en cumplir este trámite, y los problemas con la legalización de los antecedentes penales o las directrices confusas por parte de la Administración.. ”, describe. La plataforma registró en el Congreso de los Diputados hace un mes una Proposición No de Ley (PNL) para pedir la ampliación del plazo de registro de peticiones, ante las trabas detectadas hasta entonces. También exigían la paralización de los vuelos de deportación, y la posibilidad de faciliatar la regularización a los extranjeros encerrados en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). Sin embargo, sus demandas no fueron atendidas, la maquinaria de retorno nunca se paralizó y el plazo finalizará este martes a medianoche, como estaba previsto.

La exigencia del informe de vulnerabilidad y la dificultad para conseguirlo en algunas comunidades autónomas, los problemas con la legalización de los antecedentes penales u otros certificados necesarios por la escasez de recursos de algunos consulados españoles, la falta de respuesta de las autoridades de determinados países de origen y los intentos de boicoteo por parte de las administraciones lideradas por el PP y la extrema derecha -con un intento de paralización frustrada en los tribunales- han marcado el procedimiento, pero no han podido con él. “Celebramos que miles de personas que podrían haberse regularizad de otro modo, van a poder hacerlo”, dice ^la portavoz del colectivo. “Pero nos da rabia quien va a quedar excluido”.

El bloqueo de algunos consulados españoles

Muchos de los casos que han acabado presentando su solicitud a última hora (si es que lo logran) reflejan las principales complicaciones del proceso y los grupos de personas más afectadas por ellos. Juanjo Castillo, abogado en Valencia, cuenta que tiene pendiente de subir a la plataforma Mercurio nueve expedientes. “Todos son de argelinos”, comenta el letrado. La explicación esconde una de las trabas: los ciudadanos procedentes de los países que no han firmado el Convenio de la Haya necesitan realizar un trámite extra para que los certificados emitidos por las autoridades de su lugar de origen sean válidos. Dicha gestión depende de los consulados españoles, que no están dando respuestas con la agilidad que exigen los plazos de la regularización extraordinaria. 

En el caso de Argelia, el acuerdo de la apostilla entrará en vigor el 9 de julio. Por eso abogados y ONG han esperado a presentar estos casos hasta el último momento, con la intención de que, una vez que el pacto sea activado, dé tiempo a solicitar otra vez el certificado de antecedentes a las autoridades argelinas sin necesidad de ser apostillado, pues confían que esa estrategia sea más eficaz que aguardar a la respuesta del consulado español o el Ministerio de Exteriores, que aún no han aportado ninguna solución. “Los de los argelinos los he dejado para el último momento. Incluímos una declaración responsable de haber solicitado los antecedentes y la legalización en el consulado. Y esperemos que podamos añadir el trámite posteriormente”, explica el letrado. 

Además de Argelia, Cuba, Sudán, Libia, Haití o China son algunos de los Estados cuyos nacionales están encontrando problemas para lograr la legalización del certificado de penales. La falta de recursos suficientes por parte del Ministerio de Exteriores ha generado un tapón que está afectando especialmente a los ciudadanos argelinos y cubanos, al ser las nacionalidades más numerosas entre las afectadas por esta situación. 

Quienes han podido permitirse el pago de un abogado privado o están siendo acompañadas por una ONG implicada han encontrado algunas estrategias, como la explicada por Castillo, para esquivar este obstáculo. Pero el movimiento de Regularización YA advierte de que “mucha gente” ha podido quedarse en el camino, pues sospechan que algunos han desistido al no lograr cumplir con el trámite y desconocer cómo hacerlo. “Muchas personas de Argelia han intentado de todas las maneras legalizar sus antecedentes y ya lo dan por perdido. Nosotras vamos a presentarlas igual, con una declaración responsable. Pero tememos que las vayan a rechazar”, lamenta Victoria Columba, portavoz del movimiento impulsor de la medida. 

Internas sin permiso para hacer los trámites

Miriam es una de las personas que tampoco pudo presentar su petición hasta este fin de semana. Este viernes acudió a la sede de la organización Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), en Madrid, para conseguir el certificado de vulnerabilidad exigido para las personas sin papeles que no pueden probar una vinculación laboral. Al día siguiente, el sábado, tenía cita en el mismo lugar para subir su expediente. Si apuró el plazo, cuenta, no fue por dejadez ni despiste. Fue por un horario laboral que impide la implicación que exige tantas gestiones burocráticas y la negativa de sus empleadores a concederle un permiso, explica. Miriam, como muchas mujeres migrantes en situación irregular, trabaja como interna cuidando a una pareja de ancianos en una vivienda de Madrid. “Ha coincidido que uno de ellos se puso muy enfermo, y no podía dejarles. No podía ni tomar los descansos que me correspondían en el fin de semana”, explicaba la mujer latinoamericana mientras esperaba a ser atendida. 

Llegó a España hace tres años y no ha podido solicitar una tarjeta de residencia hasta ahora. Para conseguirlo antes de la regularización extraordinaria, necesitaba un precontrato de trabajo que los distintos empleadores para los que ha trabajado irregularmente no le han querido facilitar, asegura. Su petición, de ser aceptada, incluye también a su pequeña. “Menos mal que puedo presentarla aquí en fin de semana. Ojalá pueda encontrar un trabajo con condiciones dignas si consigo los papeles”, dijo la mujer. 

Ahora qué

Pese a las distintas trabas, el colectivo impulsor de la medida celebra los logros conseguidos. “Hemos conseguido un hito histórico en democracia española. Forzamos a hacer una regularización en medio del desequilibrio que tiene para gobernar el PSOE, entre acusaciones, corrupción, falta de presupuesto etc. Muchos colectivos pequeños hemos estado a la altura, emitiendo los certificados de vulenerabilidad que no emitían los servicios sociales, nos hemos personado en contra de la medida cautelar por la que PP y Vox pedían tumbar el procedimiento... Pero no han podido hacerlo y cientos de miles de personas van a regularizarse”, defiende la portavoz de Regularización YA.

Una vez que finalice el plazo de registro de solicitudes, la Administración tiene tres meses desde la admisión a trámite de cada petición para estudiarlas a fondo. Cuando los beneficiarios reciban la respuesta positiva definitiva, estos deberán pedir la Tarjeta de identificación de Extranjero (TIE), un trámite que corre el riesgo de convertirse en un nuevo cuello de botella del procedimiento. La gestión, que depende de la Policía Nacional, requiere de una cita en comisaría para realizar la toma de huellas necesaria para emitir el documento acreditativo. Sin embargo, conseguir una cita de extranjería se convirtió desde hace años en una tarea casi imposible, debido entre otras razones a las redes que se lucran de la venta de citas en el mercado clandestino.

Este lunes, el sindicato Comisiones Obreras ha reclamado al Gobierno que refuerce los recursos de la Policía Nacional para afrontar el siguiente paso del proceso extraordinario de regularización. Según afirmó, este trámite ya está generando “problemas”. Este paso, que depende del Ministerio del Interior, es clave para culminar con el procedimiento cuando el solicitante recibe la resolución favorable definitiva, pero el colapso en la petición de citas ya está empezando a ser un obstáculo. Algunos colectivos del movimiento Regularización YA asumen que va a ser la siguiente batalla: “Después de subir expedientes, vendrá la odisea para conseguir citas de huellas. Se les va a juntar muchísima gente, porque además hay un retraso enorme en las admisiones a trámite de las peticiones”, advierte Columba.

Pero ese será la batalla de mañana. Este martes, el colectivo Regularización YA en Catalunya y otras tantas ONG colaboradoras y abogados de extranjería estarán centrados en subir cada expediente que sea necesario hasta las 23:59 horas. “Nuestro temor es toda la gente que se ha quedado fuera. Por todas las trabas que ha habido, entendemos que todavía queda gente que no ha podido presentar su petición. Mañana estaremos pendientes, intentando hacer todo lo posible, pero sabemos que no será suficiente”, concluye la portavoz del movimiento impulsor.

Yunez Chaib no busca ser el portavoz de nadie, aunque sus chistes se rían del racismo en prime time. El cómico, colaborador en el programa La Revuelta, ahora debuta en la literatura con Corderito (Penguin Random House), una novela de autoficción que nació de historias que tenía guardadas en un cajón, inspiradas parcialmente en su propia experiencia. En sus páginas se cruzan los cortes de luz, los contrastes culturales de un hijo de migrantes, la discriminación, el desarraigo y las complejidades invisibles de crecer en una familia de origen extranjero. Podría parecer un drama social, pero se lee como una novela ligera, donde la risa se funde con la ternura de la mirada de un niño.

Corderito narra la historia de Abde, hijo de inmigrantes marroquíes, que se adentra en la adolescencia en la España de los años 2000 y descubre desde la inocencia los choques culturales entre su vida en casa, donde sus padres hablan entre ellos un idioma que no entiende, y el instituto, donde no llega a sentirse uno más. En ocasiones, algunas de sus frases parecen dardos contra el racismo y los prejuicios sobre la inmigración, lanzados desde la naturalidad e irreverencia de los pensamientos de un niño, pero el cómico rechaza colocar a su obra la etiqueta de “obra reivindicativa”. La denuncia social, dice, está en el ojo de quien lee, no de quien escribe.

En tiempos donde el discurso del odio gana fuerza, la sola presencia de Chaib en televisión puede interpretarse como un gesto político. Él reconoce el efecto positivo que puede conllevar que “una persona distinta cuente chistes” en prime time, pero defiende que su comedia no guarda un objetivo combativo. Es, dice, una reacción colateral de su verdadera y única finalidad: hacer reír.

El mallorquín reivindica el derecho a la ligereza, a la risa y a contar momentos racistas desde el absurdo. No intenta convertirse en referente de nadie, sólo quiere entretener: “Y si luego alguien se lleva algún aprendizaje o hay alguna reacción positiva, bienvenido sea”.

¿Por qué decidió escribir este libro, sobre la historia de un niño hijo de una familia de inmigrantes marroquíes en España?

Tenía varias historias largas que no me apetecía contar en el teatro porque se me hacían muy extensas y no buscaba en ellas la risa como principal objetivo. Y las tenía guardadas en un cajón. En un momento dado, me ofrecen escribir un libro de lo que fuera y les propuse una novela partiendo de esas historias. Desde el principio, no lo escribí pensando que fuera la historia de un hijo de migrantes, sino una historia que va sobre los vínculos familiares. Y, obviamente, el tema de la migración atraviesa mucho la novela porque tiene que hacerlo. Pero para mí, el tema es la familia. 

Es una novela de autoficción. Usted también es hijo de una familia marroquí y ha crecido en Mallorca, como el protagonista de la novela. ¿En qué se identifica con él?

Hay obviamente partes inspiradas en experiencias mías, pero desde el principio lo escribí como si fuera una ficción 100%. El personaje no se llama como yo ni tiene mi estructura familiar tampoco. Sí hay mucha inspiración en mi propia vida, pero para mí lo importante es que el que haya quedado como una obra de ficción o de entretenimiento. No se tiene que leer pensando en que soy yo. Es verdad que hay gente que lo lee con mi voz, y me parece supertierno. Más allá de eso, no soy el personaje. Por ejemplo, en mi familia somos cuatro hermanos. Ya eso cambia muchísimo las dinámicas familiares.

A través del personaje de Abdel, la novela aborda los esos contrastes culturales que puede vivir un hijo de migrantes entre, por ejemplo, las tradiciones que se viven en casa o en el colegio, que es algo que cuentan muchos jóvenes españoles de familia extranjera. ¿Cómo esa situación puede afectar a un chaval durante su etapa de crecimiento?

Depende de cada uno. Al final hay tantas experiencias como personas. Y la que he expuesto yo no se puede decir que es la mía al 100%, es la del personaje. Obviamente, hay unas diferencias que pueden afectar, pero depende de cada uno. Me da mucho pudor hablar en nombre de todo el mundo, porque al final yo he tenido una vida que es mucho peor que la de muchos y mucho mejor que la de otros y no sabría cómo sintetizarlo. 

Llama la atención, por ejemplo, el hecho de que el protagonista no sabe hablar el idioma que hablan sus padres, por lo que ellos tienen que hablar con él en otro idioma y, cuando hablan entre ellos, no les entienden. Tampoco cuando van a Marruecos a visitar a la familia… Es un detalle que evidencia mucho ese choque a la hora de estar entre dos mundos. 

En mi caso concreto no hablo el idioma de mi familia, que es el amazigh y hay muchas familias, sobre todo en Marruecos, que solo hablan ese idioma y nunca vamos a tener un vínculo sólido. Obviamente con mi abuela sí, porque es mi abuela y nos comunicamos de otra manera, pero con primos y así, es imposible. Además, es un idioma que no se enseña en ningún lado. No están en las escuelas de idiomas. No está en ningún sitio. La única manera es hacer una inmersión familiar. Y, sí, eso es triste. 

Creo que la etiqueta de la reivindicación está en el ojo del que lee, no del que escribe. Obviamente, cada uno se puede llevar ciertos aprendizajes, pero mi intención no es trasladar un discurso, simplemente, es contar algo entretenido y exponer unas realidades distintas a las que estamos acostumbrados

Aunque sea una novela, por lo que cuenta, ¿cree que libro que puede ser considerado reivindicativo, al presentar una narrativa que, por sí misma, puede contrarrestar el discurso del odio?

Yo no diría que es reivindicativa, no diría que es una etiqueta de la novela. Yo creo que es entretenida. Creo que la etiqueta de la reivindicación está en el ojo del que lee, no del que escribe. Obviamente, cada uno se puede llevar ciertos aprendizajes, pero mi intención no es trasladar un discurso, simplemente, es contar algo entretenido y exponer unas realidades distintas a las que estamos acostumbrados.  

[Vídeo: Alex Corral]

Entre sus páginas hay frases muy potentes que algunos podrían leer como una crítica al racismo estructural. En un momento de la novela, el padre del protagonista está hablando con un policía con el que se lleva bien. Y el agente habla de un chaval argelino menor que, según dice, merodea. El padre le contesta: “Los españoles pasean, los extranjeros merodean”.  

Es una frase que en el libro se dice de una manera divertida. Me daría mucho apuro extrapolarla y ponerle un tono duro o potente. Es una frase divertida y ya está.

Dice que depende de quién lo lea y, en mi caso, sí lo recibí como una broma con un mensaje político que puede reflejar la discriminación que sufren algunas personas en España. Me acuerdo, por ejemplo, de un comunicado del Ayuntamiento de Pozuelo en contra de la acogida de migrantes de origen africano en el centro que hasta ese momento alojaba a ucranianos. La nota decía que los vecinos habían visto a personas subsaharianas “deambular”, cuando solo paseaban por la calle como cualquiera. O cuando la Policía detuvo al político Serigne Mbaye y le hicieron un control porque habían visto a dos personas negras 'merodear'.

Por eso, para mí en el libro la reivindicación está en el ojo del que lee. Y para mí es una reacción supervaliosa también, pero habrá gente que lo lea como si fuera un chiste, otra gente que lo lea como si fuera un comentario ligero. Y yo valoro mucho que se pueda leer de mil maneras diferentes.

Decía que, sobre todas los asuntos, el libro va sobre los vínculos familiares. En relación con ello, la novela también reflexiona sobre el desarraigo desde muchos puntos de vista. El que puede vivir cualquier persona cuando se va de la casa familiar a otra ciudad a estudiar; como el que sufre quizá con más fuerza quien tiene que emigrar y deja su familia atrás, en este caso, los padres del niño. ¿Qué papel tiene para usted el desarraigo en la novela?

Tiene un papel secundario, pero existe. No recuerdo en ningún momento, mientras escribía, tener la intención de plasmar la idea del desarraigo, pero surgió. Hasta ahora no lo había hablado con nadie, pero está ahí en el fondo. Al final es una experiencia humana, natural, que siente cualquiera que se va a otra ciudad, o a otro pueblo, o a otro país, o a otra empresa, o a otro núcleo familiar. Es algo con lo que cualquiera puede conectar. 

Abde sufre algunas situaciones complicadas, como los habituales cortes de luz. A veces, tiene que hacer los deberes con la luz de las velas, pero lo narra con ese punto cómico constante, o con la inocencia de un niño, sin drama.

Para mí es un libro superligero y, aunque haya temas que en la vida real pueden ser duros, en la novela está expuesto de manera superaséptica. En el libro no hay nadie sufriendo trágicamente porque le cortan la luz. Es algo que ocurre y la vida sigue. No es un drama, no pasa nada. Para mí, lo interesante es descubrir qué ocurre cuando esto pasa y ya está. 

 A veces hago chistes con intención de trasladar unas opiniones políticas fuertes, pero sirven para que la gente se ría. Y, al fin y al cabo, la gente se ríe y va a otro vídeo. Ese chiste no va a hacer que la gente se salga a manifestar. No va a hacer que un pensamiento político se disuelva. Es una herramienta que no es tan poderosa

Como humorista, hijo de inmigrantes, que se ríe del racismo en un programa en prime time, que a veces hace chistes de sus propias anécdotas familiares, ¿le afecta el odio en redes sociales? ¿Cómo lleva esa exposición?

El odio va a venir de cualquier lado. Para mí tiene cero importancia la persona que me escribe un comentario racista. Antes ha escrito diez más y, después, va a escribir diez más sobre otros temas. En mi vida no tiene un peso real porque es que no lo tiene. ¿Esos mensajes están ahí? Sí, pero casi nunca los leo y, cuando los leo, ni los comentarios negativos me duelen, ni los positivos me ponen feliz. Porque no es ni una opinión, es un pensamiento. La gente no te lo dice por la calle o en un ascensor; la gente escribe algo que va de la cabeza al móvil. Nunca se verbaliza. Es un pensamiento y pensamientos a veces hay 60.000 cada hora. No tiene ningún peso para mí.

¿Cree que, por otro lado, puede ser un referente para algunas personas hijos de migrantes en España? ¿Le genera presión?

Mi trabajo no es ser un referente, es ser cómico. A partir de ahí, si a alguien le sirve de motivación, es superpositivo.

Aunque no sea la finalidad de sus monólogos, ¿cree que el humor puede ser una herramienta en contra del racismo o la extrema derecha?

Para mí la comedia es para entretener y, a partir de ahí, hay unas reacciones colaterales positivas, como puede ser la reflexión o llegar a leer una segunda capa donde aparentemente hay solo una. Luego, combatir la ultraderecha es una tarea política. Porque la ultraderecha también tiene sus memes, sus chistes y sus risas. Al final el humor es una herramienta libre que usa todo el mundo. No sé si tiene mucho sentido usarla como herramienta contra la ultraderecha, porque la ultraderecha tiene su humor también. 

El humor es tan variado… A veces hago chistes con intención de trasladar unas opiniones políticas fuertes, pero sirven para que la gente se ría. Y, al fin y al cabo, la gente se ríe y va a otro vídeo. Ese chiste no va a hacer que la gente se salga a manifestar. No va a hacer que un pensamiento político se disuelva. Es una herramienta que no es tan poderosa. A lo mejor Ignatius diría lo contrario, porque es un genio de la comedia. Es un genio del humor y puede hacer unos malabares con comedia política que hacen reflexionar. Él está muy arriba, muy lejos de todos los demás, y de él sí que me creería ese discurso. Yo me veo más lejos, creo que me queda mucho camino. 

Quizá no llega a generar movilizaciones ni cambiar algo de una forma tangible, pero en un momento como este, en el que el discurso del odio ha cogido fuerza y la extrema derecha tiene la inmigración como uno de sus focos, el hecho de que usted, hijo de una familia de migrantes amazigh, haga chistes sobre racismo o extrema derecha, en un programa como La Revuelta, de máxima audiencia, lanza un mensaje.

Sí, pero pienso que yo no hago nada para que eso ocurra. Simplemente, al estar ahí y hacer comedia de cualquier cosa ya tendría que ser suficiente. O sea, al ver a una persona distinta, contarte cosas de risa ya tendría que ser suficiente. Obviamente, el otro día hice la sección que hago todos los años de los momentos racistas más divertidos para mí y eso conecta mucho con la gente, pero si no hiciera risa yo no lo contaría. Si yo tengo un drama racista horroroso aquí en la calle, voy a la policía y denuncio; o voy a mi psicóloga y se lo cuento. Pero, luego, en la tele mi objetivo es hacer reír y ya está. ¿Que mi presencia allí es positiva? Pues bienvenido sea. A tope con eso. 

Soy consciente del efecto, porque estoy hablando muchas veces de un gran tema de la sociedad. Si hablara de los oculistas no pasaría y no tendría esa repercusión, pero no contaría algo si no es divertido. Hay momentos en el espectáculo más críticos o más reivindicativos, pero es un efecto positivo colateral. Lo que yo quiero es entretener y que la gente se ría. Si algo no es divertido, no lo cuento. Me da igual lo combativo que sea, no es mi objetivo. 

Como cómico, ¿cuál crees que es su punto fuerte? ¿En qué se fija más a la hora de tratar de hacer comedia?

Creo que mi punto fuerte es que trabajo. La mayoría de cómicos no trabajan, son unos vagos que no trabajan y no cambian el repertorio. Hay muchos que sí, pero hay otros que llevan diez años contando lo mismo. Mi punto fuerte es que trabajo y ya está. Me siento y escribo chistes. Voy al teatro y los cuento.

Los datos del padrón apuntaban a esa dirección, pero ahora se confirma. La mayoría de migrantes que ya han pedido la regularización extraordinaria no han tenido que cruzar una frontera de manera irregular, sino que han entrado a España en avión. Según el primer balance provisional del origen de los solicitantes, al que ha accedido elDiario.es, un 65% de las más de 900.000 peticiones registradas procede de Latinoamérica. Y entre ellas destaca una nacionalidad sobre todas las demás: la colombiana, con un 30% de las solicitudes.

Detrás de Colombia, aunque lejos en proporción, se encuentra Marruecos, de donde proceden el 14% de los expedientes registrados hasta el momento. La marroquí es la única nacionalidad africana que sobrepasa el 10% de las solicitudes. Le siguen, en porcentajes similares, los ciudadanos de Venezuela, que superan el 10%, y Perú, que se sitúa en torno a un 9% del total de peticiones, según los datos provisionales. Más allá de las nacionalidades específicas, el 65% de los expedientes recibidos por el Gobierno provienen de personas latinoamericanas.

Los datos coinciden en su mayoría con las principales nacionalidades recogidas en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística de los últimos años, que incluyen los países de procedencia de los residentes en España a través de los registros en el padrón. En 2022, Colombia se convirtió en el principal país de origen de los nuevos inmigrantes, quedando Marruecos en segundo lugar. Las llegadas de ciudadanos colombianos continuaron en aumento en 2023 y 2024, hasta cristalizar en un histórico “sorpasso” migratorio, por el que los residentes en España nacidos en el país latinoamericano superaron a los nacidos en Marruecos.

Pese a que la colombiana lleva años siendo el principal origen de las llegadas a España, la diferencia en las cifras de entradas con respecto a los venezolanos y marroquíes no era tan abultada como sí se refleja en el balance provisional de la regularización.

Los porcentajes iniciales sí muestran un salto importante entre la principal nacionalidad y el resto, que puede entenderse por varios factores. El hecho de que los venezolanos representen un 10% de las peticiones de regularización, 20 puntos menos que sus vecinos, se explica a través de la política migratoria aplicada en España en los últimos años con respecto a Venezuela: para los venezolanos, hasta esta semana, era más fácil lograr un permiso de residencia por la vía habitual

Desde 2018, el Gobierno activó una vía exprés para los ciudadanos venezolanos que pedían asilo, a los que se les concedía un permiso de residencia por razones humanitarias. Mientras los venezolanos, en cuestión de meses, solían lograr una autorización para vivir y trabajar en España; el resto de demandantes de protección, entre los que se encontraban muchos colombianos, tenían que esperar una respuesta durante años, generalmente negativa. Decenas de miles de venezolanos que llegaron en los últimos años no necesitaban acogerse a un procedimiento extraordinario, pues ya tenían sus permisos.

Muchos solicitantes de asilo: “Nos da estabilidad”

A Diego Castro no le sorprende que su nacionalidad sea la más numerosa entre los solicitantes de la regularización. “El otro día fui a votar por correo en las elecciones de Colombia y muchos de ellos me contaron que también estaban en trámite. Cualquiera que me encuentro por la calle que sea colombiano, si no lleva muchos años, lo ha pedido”, comenta el veinteañero, qué migró a España por la discriminación y amenazas que asegura que sufrió en su región por ser homosexual. Es uno de los cientos de miles de colombianos que ha registrado su petición de regularización. Lo hizo el pasado 27 de abril y aún espera la respuesta.

Muchos de los colombianos que se han acogido al procedimiento extraordinario habían pedido anteriormente protección internacional a su llegada a España al ser una vía rápida para lograr la residencia mientras se estudia la petición, sin embargo, la reforma del reglamento de extranjería añadió trabas a la regularización de quienes ven denegada su petición de refugio. Castro lleva más de dos años esperando la respuesta. “El asilo nos daba la posibilidad de trabajar y estar aquí, pero siempre teniendo la incertidumbre de recibir una denegación. Si me llegase a pasar y me tengo que ir, yo ya he creado aquí una vida”, explica Castro, que vive y trabaja en Santander en el ámbito sanitario, dado de alta en la seguridad social. Pero, si recibiese el rechazo del asilo, perdería los papeles y, con ello, su empleo. Por eso, dice, decidió acogerse a la regularización.

“En cuanto tuve el permiso de empleo empecé a trabajar. Estás aportando al país y quieres salir adelante. Y también quieres contar con todas las garantías como ciudadano, porque la tarjeta roja te limita para muchas cosas”, continúa el colombiano, que ha trabajado en diversas clínicas como auxiliar de enfermería.

Colombia era una de las nacionalidades que más solicitaban protección internacional en España, según el último informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Sin embargo, en 2026, las solicitudes se han desplomado drásticamente, con caídas de más del 60%, debido a la reforma del reglamento y el elevado número de rechazos. La tasa de denegación para solicitantes colombianos ronda el 85%, convirtiéndose en uno de los colectivos más afectados por el rechazo de expedientes, recoge la ONG.

Récord de peticiones registradas

A menos de dos semanas de la finalización del plazo de la regularización extraordinaria, el Gobierno ha recibido 908.288 solicitudes, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión. El número supera ya las proyecciones iniciales del Ejecutivo, situadas en las 750.000 peticiones registradas, de las que calculaban que lograrían una respuesta positiva unas 500.000 personas. También alcanza un récord en el número de peticiones ligadas a los anteriores procesos de regularización de migrantes impulsados en España.

Una de las razones que pueden explicar el número de solicitudes es la mayor flexibilidad de los requisitos en el actual programa de regularización, dado que los anteriores procedimientos exigían contar con un precontrato de trabajo para obtener los papeles, mientras que en este procedimiento existían otras vías, como el informe de vulnerabilidad o la justificación que se trata de una unidad familiar, con hijos o padres a cargo.

Del total de solicitudes presentadas, por el momento la Administración ha admitido a trámite 359.255, según el Ministerio de Inclusión. Cientos de solicitantes de la regularización extraordinaria han denunciado sufrir retrasos en la admisión a trámite de la solicitud. Los retrasos en el envío de la comunicación de la admisión a trámite, un documento que en la práctica supone la confirmación de la concesión del permiso de residencia y trabajo provisional mientras se estudia la petición, están marcando el procedimiento, según una decena de migrantes afectados, varios abogados y ONG colaboradoras consultadas por elDiario.es.

El juzgado de instrucción número 19 de Madrid ha ordenado a la dirección policial del Centro de Internamiento para Extranjeros de Madrid, donde migrantes sin papeles son encerrados para proceder a su expulsión, que facilite el acceso de los internos al procedimiento de regularización extraordinaria, tal y como habían solicitado las ONG. El magistrado, en sus labores de vigilancia CIE de Aluche, ha exigido a la Policía habilitar un espacio en las propias dependencias de este centro “para su uso como despacho desde el que se realicen tales gestiones”, para evitar su exclusión del procedimiento extraordinario -cuyo plazo finaliza el próximo 30 de junio-. Hasta ahora, los internos solo podían pedir la regularización a través del pago de un abogado privado, lo que a juicio de las organizaciones incurría en discrimnación de trato.

Varias ONG habían denunciado ante los juzgados de control la falta de una vía para que las personas internas en el CIE de Aluche pudiesen informar sobre el proceso de regularización y realizar las gestiones oportunas para presentarlo, un trámite que a su vez podría librarles del retorno, dado que el procedimiento extraordinario no ha frenado la maquinaria de expulsión y estos centros siguen encerrando a personas que pueden cumplir los requisitos. Las organizaciones que han registrado la queja son Pueblos Unidos/SJM, Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, el Centro para la Documentación de la Tortura, Asociación Mundo en Movimiento y la Coordinadora de Barrios.

Aceptada su queja, los magistrados de contol del CIE han exigido a la dirección del centro la creación de un espacio en las propias dependencias del centro, “para su uso como despacho desde el que se realicen tales gestiones” y al que puedan acceder “ordenadamente y con la seguridad precisa” aquellos internos que pudieran estar interesados en la regularización “y, en principio, cumplan los presupuestos exigidos por la norma habilitante”, según el auto al que ha accedido elDiario.es.

Según los jueces, el espacio deberá contar con el material ofimático preciso para realizar el trámite que la regularización necesita, lo que incluye un escáner, ordenador, impresora y fotocopiadora, añade el escrito. La petición de las organizaciones que atienden a los internos en el CIE fue registrada el pasado 27 de abril, pero ha sido respondida este jueves 18 de junio, cuando solo quedan 13 días para la finalización del plazo.

En su escrito, las ONG habían alertado al juzgado de la exclusión al procedimiento sufrida por las personas internadas en el CIE de Aluche, una situación que se está repitiendo en todos los centros de internamiento para extranjeros de España. El escrito presentado al juzgado recordaba que el acceso al procedimiento se lleva a cabo, o bien de manera presencial, o bien por vía telemática, pero los internos no tenían una vía para poder presentarlo por ninguna de las dos vías -solo si tenían contacto con un abogado-. “La mayor parte de los internos no cuentan con un certificado digital que les permita acceder al proceso y, por otra parte, no existe un procedimiento para que puedan acceder de manera presencial”, explicaban las organizaciones. “El hecho de que la única vía de acceso para las personas internas sea pagar por unos servicios constituye no sólo un agravio comparativo respecto al resto de personas extranjeras, sino también y de facto, una exclusión del acceso al procedimiento respecto a quienes no pueden costear un servicio privado”, añadían.

La queja recalcaba en la discriminación resultante de dicha sutuación: “Esta diferencia de trato resulta especialmente problemática desde la perspectiva del artículo 14 de la Constitución Española, que consagra el principio de igualdad y la prohibición de discriminación, en tanto que no existe una justificación objetiva y razonable que legitime la exclusión o dificultad de acceso al procedimiento por el mero hecho de encontrarse en situación de internamiento administrativo”. Las ONG recordaron que “el internamiento tiene como única finalidad asegurar la expulsión de la persona extranjera, pero no puede implicar una restricción adicional de derechos administrativos que no guarden relación directa con dicha finalidad”.

Desde Pueblos Unidos, una de las organizaciones que denunciaron la falta de acceso de los internos al procedimiento, sospechan que en este tiempo han podido ser expulsados migrantes que podían haber optado a la regularización. “No tenemos acceso a todas las personas internas en estos tres meses, pero nos consta que muchas tenían un perfil de regularización y que han tenido que recurrir a otros apoyos, incluso pagando por algo que debería ser gratuito”, cuestiona Iván Lendrino Tejerina, coordinador equipos de los CIE de Pueblos Unidos y el Servicio Jesuta de Migrantes. “Y muchas otras personas habrán sido deportadas durante estos dos meses sin sin acceder a la posibilidad de solicitar esta esta regularización”, apunta.

“Esta providencia muestra el abandono de los internos del CIE en su acceso a la regularización. Desde el principio se les tenía que haber tenido más en cuenta. Incluso se debería haber repensado durante este trimestre el internamiento de personas, especialmente aquellas con un perfil de arraigo clarísimo”, se queja el letrado. “Pero se ha seguido internando gente. Y lgunas han sido liberadas porque han recurrido, porque estaban intentando regularizarse. Pero entonces ha sido un sufrimiento inútil. Tenía que haberse evitado el internamiento en general”.

Lendrino Tejerina llama la atención sobre el hecho de que los juzgados dejan en las ONG, que no son parte de estos centros siino que apoyan a los internos desde el exterior, la labor de la orientación en el procedimiento de regularización. “La pelota se la trasla a las ONG de fuera, que por supuesto estamos encantadas de ir a tramitar, pero pensamos que quien se tiene que hacer cargo es el Ministerio del Interior, que tutela a las personas internas y debería haber hecho una circular interna -como sí hizo en las prisiones- y no lo ha hecho. Esto que se ha hecho para un CIE, y a través de los juzgados, tenía que haberlo hecho la Comisaría General de Fronteras para todos los CIE e instando a que cada CIE responsable de informar de este procedimiento, de identificar a quien sea susceptible del mismo y de facilitar el acceso al mismo en coordinación con Cruz Roja -la única organización que recibe una subvención para prestar servicio en el interior de estos centros-. Y no se ha hecho”, concluye.

Desde el inicio de las negociaciones sobre el impulso de sistema estatal de reubicación de menores migrantes entre comunidades autónomas, el Partido Popular y Vox tiraron de un argumento habitual: los traslados generarían un “efecto llamada” que provocaría un aumento de las llegadas irregulares de niños y adolescentes extranjeros no acompañados ante la mejora de sus condiciones de acogida. Los datos del registro oficial de menores, a los que ha accedido elDiario.es después de más de dos años sin ser difundidos, confirman un descenso continuado en las llegadas de estos chavales tras la aprobación de la medida y la tramitación de la reubicación de alrededor de 2.000 adolescentes.

En mayo de este año, la cifra de niños y adolescentes ha bajado a 13.964, recuperando los niveles de julio de 2024, según los últimos datos a los que ha accedido elDiario.es. La cifra marca un punto de inflexión respecto al pico registrado entre finales de 2024 y principios de 2025, cuando el sistema de acogida llegó a albergar a más de 16.000 menores extranjeros en pleno debate político por la reforma de la Ley de Extranjería, cuando Canarias y Ceuta acogían a más del triple de su capacidad.

[Gráfico: Raúl Sánchez]

Aplicación de los traslados

En marzo de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permitía la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes de aquellos territorios declarados en “contingencia migratoria”, tras el acuerdo alcanzado con Junts que garantizó su tramitación parlamentaria. La medida pretendía reducir la presión de los sistemas de acogida cuya ocupación triplicase la capacidad ordinaria de acogida, a través de un mecanismo de reparto por comunidades autónomas basado en criterios como la población, la renta o el número de chavales extranjeros tutelados previamente. Canarias, Ceuta y Melilla cumplieron poco después los requisitos para solicitar los traslados de chavales a otros puntos del país, siempre que se cumpliesen una serie de garantías.

Tras su aprobación, los primeros traslados se llevaron a cabo en septiembre de 2025. Casi un año después, el Gobierno ha tramitado 2.000 expedientes de niños y niñas desde Canarias, Ceuta y Melilla, según los datos proporcionados la semana pasada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, detalló en marzo de este año que un total de 1.143 menores migrantes no acompañados ya habían sido reubicados en otras comunidades autónomas, mientras que “muchos de ellos” solicitaron quedarse en esas comunidades por razones de arraigo. Otros, afirmó, habían cumplido la mayoría de edad antes de haberse producido el traslado.

Causas del descenso

La reducción del número menores migrantes acogidos en los últimos meses tiene varias causas. Uno de ellos es el ciclo vital de los menores: en el último año, más de mil adolescentes han salido del sistema de tutela pública tras haber alcanzado la mayoría de edad. Por otro lado, el descenso generalizado de las llegadas irregulares en 2025, especialmente a través de la ruta canaria, es clave para enter la reducción en el número de niños y adolescentes extranjeros. Mientras unos cumplen los 18 años, no entran al sistema de acogida tantos chavales como lo hacían antes.

No obstante, los flujos migratorios dependen de otros muchos factores, entre los que también se incluye las circunstancias del origen, las políticas migratorias con terceros países; por lo que un hipotético ascenso de las entradas no confirmaría per se el 'efecto llamada' defendido por la derecha. Sin embargo, el descenso sí descarta que el sistema de distribución de niños y adolescentes por comunidades autónomas haya generado el incremento augurado por PP y Vox.

Las llegadas clandestinas a suelo español disminuyeron un 42,6% en 2025 con respecto al año anterior, alcanzando su cifra más baja desde 2019, según los datos del Ministerio del Interior. En el conjunto de la UE la tendencia también ha sido a la baja, con una caída del 26% en comparación con 2024, según apuntan los datos de Frontex. 

La realidad de estos jóvenes desmonta otro de los estigmas habituales que vinculan la migración juvenil con la exclusión social. La reforma del Reglamento de Extranjería que facilitó los permisos de trabajo y residencia para este colectivo facilitó su inclusión y tiene un impacto en el mercado laboral. Según las cifras del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) correspondientes a junio de 2025, el porcentaje de afiliación a la Seguridad Social de los jóvenes extutelados se situaba en un 62%. Casi dos de cada tres jóvenes que salen del sistema de protección consiguen un empleo formal y cotizan, atendiendo a estos datos.

El goteo a la baja de las cifras desarma los argumentos que PP y Vox sostuvieron durante los meses de la crisis de acogida en Canarias y Ceuta (ambos gobernados total o parcialmente por el PP), los territorios que recibieron la declaración de “contingencia migratoria”, que permite la activación de los traslados a otras comunidades para asegurar condiciones de acogida con garantías. Ambas formaciones llegaron a condicionar pactos de gobierno y presupuestos autonómicos bajo la premisa de que la distribución de estos niños por la península actuaría como un imán para las redes de tráfico de personas.

Según anunció el ministro Ángel Víctor Torres, el Gobierno de España aprobará un Real Decreto antes de agosto de 2026 con el que “se podrá prorrogar” la normativa con la que se regula el sistema de traslados de niños y adolescentes migrantes en caso de que otras comunidades autónomas vuelvan a necesitarlo, aunque su reactivación dependerá de un nuevo respaldo parlamentario.

Un registro cuestionado

Desde mediados de 2024, el Gobierno dejó de facilitar a la prensa los números de sus registros estatales alegando las deficiencias que caracterizan al sistema con el que España contabiliza los niños y adolescentes extranjeros no acompañados que acoge. Anteriormente, se trataba de unos datos que el Ministerio de Interior solía proporcionar a los medios con cierta frecuencia, cuando la prensa preguntaba directamente por ellos. No obstante, en 2024, durante las negociaciones sobre la reubicación de menores, el Ejecutivo central dejó de proporcionarlos.

El Gobierno reconocía entonces que no era fiable el único sistema utilizado para contabilizar los menores extranjeros no acompañados que acogía. No es ninguna novedad, se trata de un problema histórico ligado al mecanismo de registro de estos niños y adolescentes, reconocido por la Fiscalía, por el Ministerio del Interior, y denunciado año tras año por el Defensor del Pueblo.

El único mecanismo estatal para contabilizar el número de menores migrantes albergados en cada comunidad es el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA), coordinado por la Fiscalía y gestionado por el Ministerio del Interior con los datos trasladados desde las comunidades autónomas.

El Defensor del Pueblo lleva años señalando las deficiencias detectadas en este registro. Su informe anual de 2019 profundizó en “la escasa fiabilidad de los datos” del registro de menores extranjeros no acompañados. “Las constantes quejas recibidas y las significativas carencias, reiteradamente comprobadas por esta institución en las actuaciones que realiza, deberían llevar a una revisión urgente del funcionamiento del citado registro”, señaló el documento de la institución dirigida entonces por Francisco Fernandez Marugán.

A dos semanas de la finalización del plazo de la regularización extraordinaria de migrantes, el Gobierno ha recibido 908.288 solicitudes, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión. El número supera las proyecciones iniciales del Ejecutivo, situadas en las 750.000 peticiones registradas, de las que calculaban que lograrían una respuesta positiva unas 500.000 personas.

Se trata de una cifra récord de solicitudes al superar las peticiones registradas en procesos de regularización anteriores, según ha adelantado 'El País' y ha confirmado elDiario.es. Una de las razones que pueden explicar el número de solicitudes es la mayor flexibilidad de los requisitos en el actual programa de regularización, dado que los anteriores procedimientos exigían contar con un precontrato de trabajo para obtener los papeles, mientras que en este procedimiento existían otras vías, como el informe de vulnerabilidad o la justificación de ser una unidad familiar.

Del total de solicitudes presentadas, por el momento la Administración ha admitido a trámite 359.255, según el Ministerio del Inclusión. Cientos de solicitantes de la regularización extraordinaria han denunciado sufrir retrasos en la admisión a trámite de la solicitud. Los retrasos en el envío de la comunicación de la admisión a trámite, un documento que en la práctica supone la confirmación de la concesión del permiso de residencia y trabajo provisional mientras se estudia la petición, están marcando el procedimiento, según una decena de migrantes afectados, varios abogados y ONG colaboradoras consultadas por elDiario.es.

No obstante, en dos semanas, la cifra oficial de peticiones admitidas a trámite ha dado un salto, pues ha pasado de cerca de 90.000 a más de 350.000 solicitudes admitidas.

Según ha aclarado el Ministerio de Migraciones sobre el número total de solicitudes recepcionadas, “se trata de una cifra todavía pendiente de filtrado”. Según detallan fuentes de la cartera dirigida por Elma Saiz, tal y como ocurrió en la regularización tras la DANA de Valencia, pueden existir duplicidades y factores que influyan provisionalmente en los datos iniciales.

Las calles del pueblo estaban ya casi guardadas en su memoria corporal. Su discapacidad visual le obligaba a memorizar el camino habitual de vuelta a casa, pero Jenny llevaba solo unos meses en Dosbarrios, el pueblo toledano donde vivía sin papeles, y una tarde se desorientó. Agobiada y nerviosa, la peruana trató de preguntar a su alrededor. Cuando supo dónde se encontraba, se calmó y sonrió: su cuerpo la había guiado y, sin saber cómo, había aparecido en la puerta de la señora Carmen.

No estaba cerca de su vivienda, pero había llegado a la que se ha convertido en su segunda casa en España. Ese nuevo hogar es una persona y se llama Carmen, una mujer española de 76 años que mira a Jenny con ternura y admiración. Una señora que extrañaba desde hacía demasiado tiempo ese tipo de amistad que acompaña cada día y se convierte en familia. Hasta que conoció a Jenny, que dejó su Perú natal para encontrar las oportunidades laborales que no tenía en su país debido a su discapacidad visual.

“Es como si nos conociéramos de siempre. Incluso una vez que me perdí, llegué exactamente a la puerta de su casa, pero yo no lo sabía, no identificaba dónde estaba. Había un coche afuera, pregunté al señor para que me orientase. Y, antes de hacerlo, él me había reconocido porque me había visto una vez y me preguntó: '¿Buscas a mi mamá?'”, detalla la joven sorprendida. Carmen interviene con una sonrisa: “¿Tú no crees que ahí hay algo mágico? De repente me la encontré tan apurada en la puerta de la calle hablando con mi hijo”.

Jenny llegó a España en agosto del año pasado. Un familiar suyo vivía en el municipio toledano de Dosbarrios. Con un techo garantizado, decidió migrar para conseguir la vida independiente que anhelaba a sus 30 años. No era fácil; sabía que tras llegar a Madrid como turista y expirar su visado, debía pasar un tiempo sin papeles hasta conseguir un permiso de trabajo, la fórmula utilizada por la mayoría de migrantes latinoamericanos.“Yo tengo discapacidad visual, tengo la visión muy baja y allá la inclusión más que todo es nombre, no se ve tanto en la práctica. Me decían que en España hay más políticas de inclusión, y podría encontrar mejores oportunidades laborales de las que tenía en Perú”, explica la treintañera, mientras Carmen escucha sus palabras.

Aún no ha conseguido su objetivo final, pero sí pasos importantes. El último, un permiso provisional de residencia que permite trabajar mientras se estudia su solicitud de regularización extraordinaria. La de Jenny es una de las 549.596 solicitudes registradas desde el inicio del procedimiento de la regularización, según los últimos datos del Ministerio de Migraciones. De ellas, al menos 91.905 personas han obtenido la autorización temporal con la que cuenta la peruana. En el proceso de regularización siempre ha estado una mujer mayor, bajita y risueña, que agarraba su brazo: la jubilada española, empeñada en acompañarla y animarla en cada una de sus gestiones administrativas.

"Ella me da el calor que yo necesitaba desde que vine, porque extraño mucho a mi mamá, y lo he encontrado en ella. Cuando estoy con Carmen me hace sentir protegida, mimada. Puede sonar infantil, pero todos necesitamos alguien que se interese por nosotros y nos cuide"

“Yo me sentía sola, y también la veía sola a ella. Ahora nos acompañamos”, dice la septuagenaria. “Ella me da el calor que yo necesitaba desde que vine, porque extraño mucho a mi mamá, y lo he encontrado en ella. Cuando estoy con Carmen me hace sentir protegida, me mima a veces... Puede sonar tal vez infantil, pero tengamos la edad que tengamos siempre es bonito sentir cariño, sentir que le interesas a alguien, sobre todo estando tan lejos de tu madre”, explica la peruana.

Su amistad surgió gracias a la costura, el oficio al que se dedicó Carmen y por el que aún hace algunos arreglos en el pueblo. “Necesitaba que me arreglasen una prenda de ropa. Me hablaron de ella y fui. Después, un día me vi en un aprieto en la calle y la persona a la que se me ocurrió llamar, no sé por qué, fue a ella. Ni corta ni perezosa vino, me dio la mano y nos pusimos a conversar”, describe Jenny. “Desde ahí se ha fortalecido nuestro vínculo”.

Carmen encontró en Jenny la compañía que anhelaba para paliar el aislamiento habitual de tantas personas mayores en la España vaciada. “En el pueblo me preguntan si es mi hija”, dice Carmen entre risas. “Yo digo que no me importaría, pero no; para mí es una amiga, aunque va más allá. Yo tengo a mis hijos, me quieren y los quiero. Pero ella ha venido en una etapa de mi vida en que me da lo que necesito: mucho cariño, conversación, me anima”. Mientras habla, rompe en lágrimas al recordar la falta que le hacía ese apoyo. Jenny, aunque no ve sus lágrimas, percibe el quiebro en su voz y le agarra la mano con fuerza.

“Mi marido me dice: 'Es que chica, te vas con esta muchacha y no te duele nada'”, sonríe la jubilada. La presencia de Jenny ha roto una rutina estanca. “En mi casa a veces no hablo más que con los gatos”, confiesa Carmen. Ahora, la treinteañera pasa horas en su casa y la ayuda en las tareas domésticas en las que pueden acompañarse, desde fregar hasta empaquetar la ropa de invierno en cajas. “Ver que tengo a alguien activo en casa me da un empuje. Es como si me hubieran metido una inyección de 'venga, Carmen, espabila'”.

El laberinto administrativo de la discapacidad

Sin embargo, el permiso provisional que Jenny lleva en el bolsillo es solo la primera llave de un laberinto complejo. Para una persona con discapacidad visual severa, los muros burocráticos no caen fácilmente. “Para los cursos de movilidad me pedían el permiso de residencia”, relata la joven. Ahora que tiene el NIE, el obstáculo ha cambiado de forma: al contactar con la ONCE, la respuesta fue que requería la nacionalidad española o, en su defecto, una acreditación oficial de discapacidad que aún no posee en España. Su único respaldo actual es un informe oftalmológico emitido hace apenas unas semanas en Toledo, cuenta la peruana.

Las trabas con las que se ha chocado Jenny reflejan una situación estructural. Las organizaciones especializadas llevan años señalando el limbo en el que se encuentran las personas sin papeles con discapacidad, ya que la normativa exige la tarjeta de residencia como requisito previo obligatorio para evaluar y reconocer oficialmente el grado de discapacidad. Al carecer de este documento, estas personas quedan desprotegidos ante el sistema e imposibilitados para acceder a los circuitos oficiales de empleo protegido o muchos programas de autonomía personal.

A Carmen le duele la desprotección que sufre su amiga por el hecho de ser extranjera. Su hijo fue el primero en sugerir que llamaran a la ONCE para buscar apoyo. “¿No estáis viendo lo difícil que es salir adelante?”, se pregunta Carmen, aludiendo a las grandes organizaciones. “¿Porque sea de otro país y estar en situación irregular no se le puede echar una mano? Una persona que tiene todas sus capacidades se mueve más fácil, pero con estas discapacidades tendría que haber un organismo que acelerara las cosas, porque ya bastante mal lo pasan”.

Una amistad que desmonta el odio

Carmen frunce el ceño cuando habla de quienes azuzan los discursos que criminalizan la migración. En Canarias, donde vivió una época junto a su familia, conoció de cerca a algunos jóvenes marroquíes que tardaban años en conseguir papeles. “Los españoles también hemos emigrado cuando acabó la guerra, a Argentina, a Rusia... ¿Qué hubiera sido de ellos si los hubieran puesto en alta mar?”, cuestiona. “Si tú eres una persona honrada y tus hijos tienen hambre, buscas el pan donde esté. Yo también lo haría”.

En las calles de Dosbarrios, cuentan, no sienten el odio que vomitan algunos políticos en televisión. El pueblo observa sus paseos como una estampa cotidiana. Cuando Jenny no acompaña a Carmen, las vecinas la buscan con la mirada. “Me preguntan: '¿Y la niña dónde está hoy?'”, relata Carmen con una sonrisa cómplice. Encontrarse cada día en la esquina, con una broma, se ha convertido en una motivación para ambas. No verlas juntas despierta extrañeza.

Su objetivo inmediato es conseguir un empleo en el que sienta que aporta todo lo que puede dar de sí misma. “Quizá necesito un poco más de tiempo para aprender y conocer el espacio, pero después puedo hacer muchos empleos como cualquier persona”, defiende la peruana, que actualmente subsiste dando clases online particulares de inglés, un idioma que domina.

Jenny presentó su regularización hace algo más de un mes con el apoyo de la ONG Servicio Doméstico Activo. Ese día, Carmen agarraba del brazo a Jenny, que portaba un bastón guía entre sus manos. Aunque vive en un pueblo de Toledo de la 'España vaciada', esperaban la apertura de una de las organizaciones que apoyan a los migrantes en el procedimiento extraordinario en Madrid. Era mediodía, pero se habían levantado a las seis de la mañana para tomar la combinación de transporte necesaria para llegar hasta aquí. Cuando Jenny le dijo a Carmen que conocía un lugar en la capital donde podrían ayudarla, no le importó la distancia ni la posible reacción de extrañeza de su marido, que la acabaría esperando en casa hasta el anochecer debido a las escasas conexiones de transporte público con Dosbarrios. “Yo voy contigo”, le dijo la septuagenaria a la peruana.

Ya en el interior del espacio de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), caminaban despacio y con precaución. La anciana, por su edad. La treinteañera, por su discapacidad visual. Ambas se acompañaban y ayudaban en el camino. Se hablaban con la dulzura y complicidad de dos amigas. La diferencia de edad es evidente pero de sus palabras no se percibía una relación asistencialista ni laboral: transmitía un apoyo mutuo. Una hora más tarde, ambas se sientan frente a Edith Espínola, que revisó su caso con detenimiento. “Expediente subido”, anunció la portavoz del colectivo. Otros migrantes de la sala, que entonces aún estaban recopilando trámites previos, aplaudieron y animaron a Jenny. Carmen la miraba con ilusión. No soltaba su mano.

El horizonte administrativo aún no está resuelto, pero la cocina de Carmen guarda un festejo pendiente. “Yo vivo cada paso suyo intensamente. Tengo una botella de champán en el frigorífico para el día en que consiga su primer contrato de trabajo”, lanza Carmen con desparpajo, despertando las carcajadas de Jenny. Saben que ese día, mientras su marido duerme, las amigas brindarán por el día en que Dosbarrios se convirtió en el lugar donde perderse significó la creación de un nuevo hogar.

Tras años de negociaciones, presión política y el avance de la extrema derecha, el pacto europeo que endurece la política migratoria comunitaria entra en vigor este viernes, pero los Estados miembros aún no han hecho todos los deberes. Finalizado el plazo concedido por Bruselas a los Gobiernos europeos para trasladar a su legislación el acuerdo y crear la infraestructura necesaria, varios Ejecutivos comunitarios, entre ellos España, aún no han sacado adelante los cambios normativos necesarios para su aplicación ni han anunciado cómo llevarán a la práctica las nuevas medidas.

El nuevo pacto introduce un endurecimiento de la política migratoria europea con más controles desde la llegada a frontera y una aceleración de los procedimientos de asilo y retorno. El acuerdo europeo da margen para fomentar más la detención, denegar las solicitudes de asilo rápidamente, retornar o expulsar a las personas migrantes más rápido. El sistema busca agilizar las decisiones sobre quién puede quedarse en la UE y quién debe ser retornado. Mientras el Ministerio del Interior asegura que empezará a aplicar el pacto este viernes, no ha desarrollado todavía el sistema ni la normativa exigida con ese fin y no da detalles de cómo se va a traducir la entrada en vigor del acuerdo en la actual política migratoria española. Por esta razón, varias ONG han exigido al Gobierno “mayor transparencia” en el proceso de implementación.

“A pesar de los esfuerzos de la sociedad civil organizada y de las poblaciones afectadas, los espacios de interlocución pública no se han materializado en una información precisa sobre las medidas concretas que se van a llevar a cabo para adaptar el Pacto al contexto nacional”, ha criticado el Grupo de trabajo de las entidades sociales sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que incluyen ONG como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Amnistía Internacional, Red Acoge o Cáritas.

Según el último el balance de la Comisión Europea sobre la implementación del acuerdo migratorio, España ha logrado “avances significativos” en varias áreas, aunque también cuenta con varias tareas pendientes, como los retrasos en la resolución de las solicitudes de asilo o aumentar su infraestructura en los procedimientos fronterizos, además de la aprobación de la normativa pendiente, entre la que se incluye las reformas de la Ley de asilo y la que regula el sistema de acogida.

Uno de los cambios centrales que Interior asegura que empezará a aplicar este viernes es el nuevo sistema de triaje tras las llegadas irregulares en frontera. Según Interior, este procedimiento incluye controles de identidad, biométricos, sanitarios y de vulnerabilidad antes de decidir si la persona entra en el territorio o es derivada a otro procedimiento. El acuerdo europeo establece que, durante este proceso, las personas permanecen bajo “control administrativo”, sin autorización de entrada, mientras se determina si su caso se tramita como asilo o como retorno. Es decir, las personas se quedan en una especie de limbo, por la que podrían ser devueltas de manera más sencilla, pues el pacto europeo establece que aún no habrían entrado en España -aunque según la actual normativa española sí lo habrían hecho-, y las autoridades estudiarían cada caso, en función si sin solicitantes de asilo o no. Mientras se estudia cada caso, deben encontrarse localizables para proceder a su rápida expulsión si fuese necesario.

Hasta el momento, cuando una persona llega a España irregularmente es detenida durante un máximo de 72 horas para ser identificada y, posteriormente, queda en libertad. Generalmente, pueden ser acogidos en la red estatal de atención humanitaria durante un tiempo específico, pero pueden abandonar su plaza e irse por su cuenta con libertad. “No se ha planteado el internamiento”, aseguran fuentes del Ministerio. El Gobierno español defiende que por el momento descarta utilizar la privación de libertad durante ese tiempo posterior a la llegada irregular -tampoco su normativa se lo permite actualmente-, pero dice que se asegurará que estas personas se encuentren “localizables” tras el periodo máximo legal de detención de 72 horas. Este medio ha preguntado a Interior sobre el sistema que utilizarán para ello, pero no ha obtenido respuesta.

Las grietas del nuevo sistema

La Comisión Europea ha afirmado en sus informes que los Estados miembros deben establecer sistemas que eviten las “fugas” de los migrantes durante los controles iniciales. “Los programas pilotos de evaluación han puesto de manifiesto las dificultades para prevenir la fuga, lo que puede generar una situación en la que no es posible derivar al migrante al siguiente paso”, sostiene la institución comunitaria. “Debe ser una prioridad para los Estados miembros establecer medidas efectivas para prevenir las fugas”, indica. Según el documento, los países deben aprovechar el momento inicial en que la persona es interceptada por las fuerzas de seguridad para realizar los controles (identidad, seguridad y registro en Eurodac) y aplicar, de forma proporcional y respetando los derechos fundamentales, “las restricciones de movimiento o alternativas de detención” que permiten las nuevas leyes del Pacto.

Las personas que hayan pedido asilo también se encontrarán en libertad mientras se estudia su petición, según Interior. “A partir de ahora, las solicitudes podrán resolverse en frontera mediante procedimientos acelerados en determinados supuestos, como los casos de personas procedentes de países con tasas de reconocimiento iguales o inferiores al 20% en la UE. Si se deniega la protección, la decisión de retorno se activa dentro del mismo procedimiento, con el objetivo de agilizar las expulsiones”.

Para ello, al menos por el momento, el Gobierno pretende utilizar su red estatal de acogida habitual. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones describe un escenario de continuidad con el actual dispositivo. Según este departamento, España mantendrá “su actual red de acogida para migrantes con un número similar de centros, ubicaciones, entidades colaboradoras y prestaciones” tras la entrada en vigor del pacto. Para ello, la cartera dirigida por Elma Saiz ha puesto a disposición centros ya existentes para la aplicación del procedimiento fronterizo de protección internacional, con alrededor de 10.000 plazas.

El 12 de junio marca una fecha clave en este camino común, pero no es el punto final“, ha afirmado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Fuentes de su departamento explican que el Ejecutivo empezará a aplicar ”parte“ del acuerdo este viernes, pero sigue trabajando en ”ajustes y mejoras“ del sistema.

En España, el Ministerio del Interior defiende que la aplicación del pacto se hará “con un enfoque garantista y respetuoso” con los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, aunque aún no detalle la manera en que lo hará. El ministro Grande-Marlaska ha reiterado su rechazo a la creación de centros de internamiento de migrantes en terceros países previstos en el próximo reglamento de retorno, al considerar que plantean “serias dudas” sobre su “legalidad y proporcionalidad”. También asegura que se mantendrán las prestaciones y el modelo de gestión a través de entidades autorizadas “como se ha venido haciendo hasta este momento”.

Además de los nuevos sistemas de identificación y la búsqueda de un sistema de retorno más rápido, el pacto europeo también pretende reforzar la conexión entre sistemas de información nacionales y europeos, con la ampliación del sistema Eurodac para registrar también a personas que entren de forma irregular en la UE. También se activa un mecanismo de solidaridad obligatoria entre Estados miembros, que prevé reubicaciones o contribuciones económicas cuando se considera que un país tiene baja presión migratoria.

Las organizaciones sociales agrupadas en el seguimiento del pacto advierten de que su entrada en vigor supone el inicio de “una nueva política migratoria común que amenaza los derechos de la población migrante y refugiada”. Denuncian la “falta de transparencia” sobre su aplicación en los distintos Estados. Según alertan, medidas como la ampliación de la detención o la externalización del control migratorio “debilitan gravemente derechos y garantías consolidados”. Para garantizar el respeto a los derechos humanos, reclaman al Gobierno español transparencia sobre los protocolos de aplicación, así como la participación de la sociedad civil en el seguimiento del sistema y el refuerzo del papel del Defensor del Pueblo “como mecanismo independiente de supervisión” con capacidad de investigación ante posibles vulneraciones.