El Gobierno ha vuelto a desoír a las víctimas del franquismo y ha mantenido a la Policía Nacional en la comisaría de Via Laietana 43 de Barcelona, a pesar de que fue uno de los epicentros de la represión contra la disidencia política en la dictadura y los primeros años de democracia.

En un comunicado, las entidades de represaliados han tildado de “intolerable” el mantenimiento del uso policial del edificio porque “representa una forma de continuidad institucional del silencio, el olvido y la impunidad”.

La decisión también ha levantado críticas en el seno del Ejecutivo. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), ha exigido al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el traslado de la Policía de Via Laietana “por respeto a las víctimas”. “No podemos compartir y rechazamos absolutamente que en la resolución se diga que la Policía pueda seguir operando en el edificio”, ha agregado Urtasun.

A un día del 90 aniversario del golpe de estado que dio inicio a la Guerra Civil, el Gobierno ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la declaración de Via Laietana 43 como “lugar de memoria democrática”. En la misma disposición se recoge que esta denominación “no altera el uso actual” del edificio como sede de la Jefatura Superior de Policía de Catalunya.

El Ejecutivo culmina así el procedimiento iniciado hace un año y marcado por las críticas de las entidades de represaliados y de derechos humanos, que consideran que el Gobierno no las ha tenido en cuenta durante el proceso administrativo.

La resolución, firmada por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martín, no menciona las alegaciones presentadas por varios colectivos de represaliados, que reclamaron que el edificio dejara de tener usos policiales para ser únicamente un espacio para que no se olvidara la represión política de la dictadura y la Transición. Las entidades también aportaron informes académicos favorables a que la comisaría fuera tan solo un lugar de memoria.

El Ejecutivo vuelve a dejar en un cajón la histórica petición de las entidades de represaliados, que desde décadas piden que la conocida como 'casa de los horrores' franquista abandone sus usos policiales, tal y como ocurre en Buenos Aires con la antigua sede de la ESMA o en Berlín con el centro de tortura y represión a la oposición de la Stasi, la policía política de la RDA.

En la resolución del BOE, el Gobierno da pocas muestras de querer avanzar en esta dirección y ensalza la labor de la Policía. “Tras la recuperación de la democracia, el inmueble pasó a desempeñar funciones propias de la actual Policía Nacional, integrada en el marco constitucional y plenamente comprometida con la protección de los derechos y libertades de la ciudadanía”, reza la publicación oficial.

Las palabras del Gobierno chocan con el hecho de que la represión policial en el edificio contra la disidencia política siguió en el edificio también durante el periodo democrático, tal y como ha constatado la primera investigación de la Fiscalía de Memoria de Barcelona con la histórica activista Blanca Serra, fallecida este año.

Pese a ello, el Ejecutivo mantiene que, desde la recuperación de la democracia, “la actividad desarrollada en el edificio responde a los principios del Estado de Derecho y carece de cualquier vinculación con las prácticas represivas propias del periodo dictatorial”.

Esta “circunstancia”, a juicio del Ejecutivo, “refuerza la necesidad de diferenciar con claridad ambas etapas históricas en el marco de la presente declaración”. En suma, que la Policía se queda en Via Laietana.

Por su lado, las entidades de represaliados han criticado el “gesto memorialista” que supone “colocar una sola placa o un reconocimiento simbólico”. “La sede histórica de la Brigada Político Social debe convertirse en un espacio dedicado íntegramente a la memoria en el que las personas torturadas puedan volver a entrar con dignidad”, reclaman.

La declaración del edificio como lugar de memoria no comportará medidas de protección específicas de espacios de Via Laietana 43 más allá de que se deberán evitar “la desaparición de vestigios erigidos en recuerdo de la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades”.

El Estado también impulsará la realización de recursos audiovisuales y digitales explicativos y “promoverá la instalación de placas, paneles o distintivo memorial interpretativo” en el edificio, algo que instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona llevan años haciendo. Algunas placas instaladas frente al edificio han sufrido daños a las pocas horas de instalarse.

Las últimas temporadas del procés están lejos de congregar las multitudes de sus inicios. Pero como todo, su final se acerca: en otoño el Tribunal Constitucional decidirá si corrige al Tribunal Supremo y le obliga a amnistiar al expresident Carles Puigdemont. La sentencia de este jueves del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es un espaldarazo al tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido de cara a este último y decisivo episodio.

El fallo de los jueces de Luxemburgo refrenda la interpretación que ha realizado hasta ahora el Constitucional de la norma. La resolución cita textualmente la primera sentencia del tribunal de garantías que rechazó el recurso del PP y avaló la constitucionalidad de la ley en 2025.

Lejos de la dureza y las consideraciones políticas del Supremo, el PP o la Comisión Europea para criticar la amnistía, el TJUE y el Constitucional comparten un lenguaje sosegado. Ambas instancias sitúan la norma en el objetivo de “reducir las tensiones institucionales y políticas generadas por el proceso de independencia de Catalunya y facilitar un escenario de reconciliación”, en línea con el preámbulo de la ley aprobada en 2024.

La vuelta sin riesgo de detención de Puigdemont y la rehabilitación de Oriol Junqueras para presentarse como candidato a las elecciones son el cierre esperado a casi una década de conflicto político y judicial. La materialización de la amnistía se producirá con el independentismo en mínimos en el Parlament, con un problema en forma de auge de su extrema derecha, y sin visos de intentar echar un pulso al Estado próximamente.

Pese a la claridad de la norma (aspecto destacado por Luxemburgo), el Supremo encabezó las maniobras judiciales para que la crisis no se cerrara: mientras la mayoría de jueces amnistiaba sin ruido a policías y manifestantes, el Alto Tribunal fabricó una interpretación sobre la malversación para excluir de la ley a Puigdemont y Junqueras, sus dos primeros potenciales beneficiarios.

Los casos concretos que debe examinar a la vuelta del verano el Constitucional corresponden a las peticiones de amparo de Puigdemont, Junqueras y el resto de exconsellers no amnistiados contra la decisión del Supremo.

El tribunal de garantías ya ha respaldado la amnistía en líneas generales al rechazar los recursos de las autonomías del PP, Castilla La Mancha (PSOE) y las cuestiones de inconstitucionalidad del Supremo o el TSJ catalán. Ahora se adentra en los recursos más conflictivos.

Tradicionalmente, el Supremo no se ha tomado bien que el Constitucional le enmendara la plana. Los partidarios de la norma han trasladado este jueves la presión al Alto Tribunal. “El horizonte para la plena aplicación de la ley queda despejado”, ha declarado el ministro de Justicia, Félix Bolaños. El president de la Generalitat, Salvador Illa, y Puigdemont y Junqueras también han apremiado a los tribunales nacionales a no dilatar más la materialización de la norma.

En círculos independentistas prefieren no apostar, vistos los antecedentes del Alto Tribunal con el procés, aunque el sentimiento general es de confianza. La rotundidad de la sentencia del TJUE, argumentan, desactiva cualquier eventual maniobra del Supremo para mantener excluidos de la ley a los líderes de Junts y ERC.

En los centros de mando independentistas se ha subrayado en rojo un apartado de la sentencia del TJUE, que expertos independientes también han destacado. Se trata del punto 119, que insta a los tribunales nacionales que plantearon sus dudas (la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas) a archivar los casos, sin más dilaciones.

“La obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de dictar una resolución de extinción de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias es consustancial al principio mismo de la amnistía”, reza la resolución del TJUE. En otras palabras: Luxemburgo no deja margen de maniobra a los tribunales españoles para no aplicar la norma.

En el optimismo independentista también pesa la valoración del final de la legislatura y de los numerosos casos judiciales que cercan al Gobierno, que han dejado en un segundo plano la crisis soberanista. Puigdemont ha sido el objetivo fallido del Supremo durante casi diez años. La amnistía provocó manifestaciones inéditas de togados. Ahora el foco judicial ha virado y mira a La Moncloa.

La ley de amnistía dio un trato “ostensiblemente privilegiado” a los independentistas catalanes y no era “idónea” para alcanzar la convivencia y dejar atrás el procés. Así se expresó el Tribunal Supremo en un durísimo auto de 2024 contra una norma recién aprobada y que provocó manifestaciones inéditas de magistrados vestidos con toga ante las sedes judiciales.

Durante toda su tramitación, la propuesta sufrió una ofensiva parlamentaria y en la calle por parte del PP, que ahora llama a “pasar página” del procés en vista a eventuales acuerdos con Junts, pero impugnó la ley ante el Tribunal Constitucional.

Dos años después, el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al olvido penal del procés no se limita a un visto bueno jurídico. También se desmarca del relato contrario a la ley que alcanzó hasta al abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca, quien llegó a tildar la ley de “autoamnistía”, en referencia al apoyo de los independentistas a la investidura de Pedro Sánchez. Estas son las claves de la sentencia:

La amnistía, una vía correcta

Sin trufar el texto de adjetivos ni frases subordinadas, el TJUE respalda la ley y sus objetivos. Remarcan los jueces europeos que la norma fue aprobada “para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación”, algo que, recuerdan, está dentro de la competencia de cualquier Estado Miembro de la UE.

Durante la vista del caso, el abogado la Comisión Europea negó que la ley respondiera al “interés general” al formar parte del acuerdo político para la investidura de Sánchez. En otra de sus resoluciones, la Sala de lo Penal del Supremo también consideró que había un “vínculo inseparable” entre la aprobación de la ley de amnistía y la investidura.

El TJUE se aparta de estas argumentaciones. El “objetivo de reconciliación nacional o la búsqueda de un compromiso político” detrás de la amnistía, dice la sentencia de este jueves, pasa por “no enjuiciar ciertos hechos determinados, incluso constitutivos de delitos graves”.

En suma, los jueces de Luxemburgo no respaldan que la amnistía sea un cambio de cromos para la investidura, sino que la conciben como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social mayor”.

Sin margen para postergar la amnistía a los CDR y los gastos del 1-O

Uno de los puntos de la sentencia que el independentismo aguardaba era el margen de maniobra que los jueces de Luxemburgo podrían dejar a los tribunales españoles para aplicar la amnistía. La respuesta es diáfana: ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal de Cuentas (las dos instancias que enviaron cuestiones prejudiciales) pueden demorar la aplicación de la amnistía a los casos de los CDR acusados de terrorismo y a los exaltos cargos encausdos por los gastos del 1-O.

Ahí la Comisión Europea obtiene otra derrota, pues había abogado por que la última palabra para determinar si la ley es demasiado “amplia o vaga” correspondía a los tribunales nacionales.

En cambio, el TJUE destaca que “la obligación” de los tribunales de archivar los casos que entran en la ley “es consustancial al principio mismo de la amnistía”. “Cuando se determina que las conductas en cuestión están comprendidas en el ámbito de aplicación de la amnistía, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto debe concluirlo con una resolución de extinción de la responsabilidad”, asevera la sentencia.

La norma acota tiempo y conductas

La resolución del TJUE recuerda que una ley como la de amnistía “se aparta de las normas jurídicas ordinarias”. Sus objetivos son excepcionales: detener los procedimientos judiciales y no ejecutar las penas ya impuestas.

Otra de las tachas que ponían los contrarios a la norma era su excesiva ambigüedad para permitir mayores beneficiarios de la misma. El TJUE descarta esta crítica, y remarca que la ley no presenta deficiencias técnicas. La norma, inciden los magistrados de Luxemburgo, “determina de manera objetiva y abstracta, conforme a los propios términos usados en su preámbulo, el ámbito de aplicación” y los beneficiarios y excluidos de la norma, limitada a los hechos que ocurrieron durante el proceso soberanista catalán entre 2011 y 2023

No hay peligro para el sistema judicial

La ley “circunscribe” su ámbito de aplicación a “la resolución del conflicto político en torno al proceso independentista catalán”. Al estar bien acotada en tiempo y conductas, los jueces europeos niegan que la amnistía “pueda generar problemas de tal envergadura que presenten carácter sistémico capaces de comprometer el buen funcionamiento del sistema judicial nacional”.

No se quiebra la igualdad ni la seguridad jurídica

Que la ley no fije “con detalle” el umbral de gravedad de los actos excluidos de la norma (como las violaciones graves de derechos humanos en actos de terrorismo) “no quebranta las exigencias del principio de seguridad jurídica”, señala la sentencia del TJUE sobre el caso de los CDR de la Audiencia Nacional, los principales beneficiarios del fallo de este jueves.

La ley de amnistía tampoco vulnera el principio de igualdad de trato ante la ley debido al “exclusivo contexto” en el que se aprueba, lo que hace que no sea “comparable” con otras situaciones, argumentan los magistrados de Luxemburgo. La norma tampoco “menoscaba” la Directiva Europea contra el terrorismo.

Sin afectar al presupuesto de la Unión

La negativa del Supremo a amnistiar la malversación y la duda enviada a Luxemburgo por el Tribunal de Cuentas versaba sobre la afectación de los gastos del procés en los intereses financieros de la Unión Europea.

El TJUE también es rotundo en negar esta tesis: “No puede apreciarse que los intereses financieros de la Unión se vean afectados por el mero hecho de la disminución de la Renta Nacional Bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la ley de amnistía y ha eliminado los últimos obstáculos para que todos los políticos y activistas encausados en el marco del procés puedan acogerse a la norma, como ya lo han hecho unas 300 personas. Sin embargo, la sentencia de este jueves no tendrá unos efectos inmediatos para Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers aún no amnistiados, que deberán esperar a la resolución de los tribunales españoles.

Los de Puigdemont y Junqueras son los casos icónicos de la amnistía, por su gran trascendencia política. El Supremo negó a ambos representantes políticos la posibilidad de acogerse a la amnistía con una argumentación novedosa en siete años de procedimiento judicial y que rechazaron dos magistradas del propio tribunal.

El instructor del procés, Pablo Llarena, y la mayoría de la Sala del magistrado Manuel Marchena determinaron que el expresident y los exconsellers debían quedar excluidos de la norma porque se habían enriquecido personalmente al no afrontar de su bolsillo los gastos del procés. Los políticos recurrieron esta interpretación ante el Tribunal Constitucional, que se pronunciará, según se espera, en otoño.

Será entonces, y a la espera de si el Supremo da una última vuelta de tuerca e intenta un nuevo movimiento para sortear al Constitucional e impedir la amnistía a Puigdemont y frustrar su retorno, cuando la amnistía se habrá aplicado por completo.

Las prejudiciales enviadas por el Tribunal de Cuentas y otros tribunales al TJUE no versaban exactamente sobre la argumentación del Supremo, pero sí suponen un respaldo casi total al conjunto de la ley y refuerza al TC para dar amparo a los independentistas.

Por esta razón, después de escuchar al Tribunal europeo, Puigdemont, Junqueras y otra decena de exmiembros del Govern, deberán esperar a dos tribunales más: el Constitucional, que puede dejar muy determinada la aplicación de la amnistía, y de nuevo el propio tribunal sentenciador, es decir, el Supremo, que sería en todo caso el responsable de aplicar la medida del olvido penal, si así lo determinara el Constitucional.

Los beneficiados inmediatos: CDR y exaltos cargos

Los beneficiarios directos y más inmediatos de la decisión del TJUE son los 35 exaltos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidents de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, encausados en el Tribunal de Cuentas por los gastos, y los 13 activistas de los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) en la causa por terrorismo de la Audiencia Nacional.

El aval rotundo de Luxemburgo a la norma no deja margen de maniobra al Tribunal de Cuentas y a la Audiencia Nacional para amnistiar a los encausados, pese a las dudas que mostraron ambos tribunales al enviar sus cuestiones prejudiciales. Las defensas de los activistas de los CDR ya han reclamado a la Audiencia Nacional que aplique el olvido penal “de inmediato”.

Luxemburgo rechaza, tal y como sí mantenía el Tribunal de Cuentas, que los intereses financieros de la Unión “se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional”.

En el caso del terrorismo, los jueces europeos destacan que ley de amnistía “no menoscaba” la directiva europea, ya que el olvido penal del procés excluye expresamente aquellos delitos de terrorismo que causaran graves violaciones de derechos humanos y daños físicos (algo que no ocurrió en el caso de los CDR).

Aval europeo a la ley de amnistía. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha respaldado la norma y ha descartado que contravenga la normativa comunitaria antiterrorista o que atente contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles.

El presidente del TJUE, el belga Koen Lenaerts, ha leído en castellano el fallo de la sentencia. El texto de la resolución remarca que un Estado Miembro de la UE puede aprobar una ley de amnistía “en aras de un objetivo de reconciliación nacional”, y la define como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social”.

La sentencia supone un respaldo a la amnistía como forma de resolver el problema político y judicial que supuso el procés, y tan solo cuestiona dos aspectos menores y ya superados de la norma: la obligación a los jueces de resolver en dos meses su aplicación (la norma se publicó en el BOE en 2024) y retirar toda medida cautelar mientras el TJUE resuelva una eventual cuestión prejudicial.

La resolución va en la línea de las conclusiones del abogado general del TJUE, una figura jurídica que orienta al tribunal, y que apoyó la legalidad de la amnistía al enmarcarla en “una respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación”.

El fallo del TJUE desbarata una de las vías que encontraron algunos togados para oponerse a la norma. La mayoría de juzgados aplicó la amnistía (hay más de 300 beneficiados por la norma), pero una minoría se resistió a hacerlo en los casos más sensibles para los independentistas.

El Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional optaron por enviar al TJUE en 2024 los casos de los gastos del 1-O y la acusación por terrorismo contra los Comités de Defensa de la República (CDR) con el objetivo de que Luxemburgo respaldara excluirlos de la amnistía. A ellos se sumaron el TSJ catalán y un juzgado penal de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Luxemburgo rechaza, tal y como sí mantenía el Tribunal de Cuentas, que los intereses financieros de la Unión “se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional”.

En el caso del terrorismo, los jueces europeos destacan que ley de amnistía “no menoscaba” la directiva europea, ya que el olvido penal del procés excluye expresamente aquellos delitos de terrorismo que causaran graves violaciones de derechos humanos y daños físicos (algo que no ocurrió en el caso de los CDR).

Ahora los jueces nacionales están obligados a amnistiar a los encausados, una treintena de exaltos cargos de la Generalitat por los gastos del procés y 13 activistas de los CDR acusados de terrorismo. Son los principales beneficiaros de la sentencia de este jueves.

Distinto es el caso de los dos protagonistas del procés. El Supremo optó directamente por negar la amnistía a los dos principales candidatos de la misma, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y al exvicepresident y líder de ERC, Oriol Junqueras.

Su caso depende de que el Constitucional corrija al Supremo. Esto ocurrirá a la vuelta del verano, si bien el fallo de Luxemburgo es un espaldarazo al tribunal de garantías ante una de sus resoluciones más decisivas.

En suma, para el retorno definitivo de Puigdemont (y la rehabilitación de Junqueras para presentarse a las elecciones) habrá que esperar por lo menos hasta otoño.

El Supremo tomó la delantera contra la amnistía mediante una argumentación particular que fue criticada por dos magistradas. El Alto Tribunal dejó la malversación fuera de la aplicación de la ley porque, a su juicio, supuso un beneficio personal para sus impulsores al no financiar de su bolsillo el referéndum y porque ponía en riesgo la aportación de España a la Unión Europea. El TJUE desmiente este último extremo y descarta que el procés pusiera en riesgo los intereses financieros de la Unión.

La causa abierta al fundador de Glovo, Oscar Pierre, por los falsos autónomos encara una fase decisiva. El juez instructor tiene que decidir si envía el caso a juicio, tal y como ha pedido la acusación que ejerce el sindicato CGT, o si accede a la solicitud de la defensa del empresario y lo archiva.

El escrito del abogado de Pierre, al que ha tenido acceso elDiario.es, admite que Glovo trató de “desvirtuar” la Ley Rider al intentar mantener como autónomos a los repartidores, pero niega que ello suponga un delito contra los derechos de los trabajadores y pide dar carpetazo a la causa.

La petición de la defensa se ha encontrado con el rechazo de la CGT, que ejerce la acusación popular. El abogado del sindicato, Raúl Maíllo, ha solicitado en un escrito que el juez siente el banquillo a Pierre para que pueda ser acusado por un delito contra los derechos de los trabajadores por mantener su modelo de falsos autónomos.

La central sindical argumenta que hay suficientes indicios de que Pierre impuso “condiciones ilegales” a sus trabajadores mediante su contratación “con fórmulas ajenas al contrato de trabajo”, y que después los mantuvo como falsos autónomos “en contra de requerimiento” de la Inspección de Trabajo.

La causa abierta a Pierre en Barcelona es la única que investiga penalmente si Glovo cometió un delito al mantener como falsos autónomos a sus repartidores tras la histórica sentencia del Tribunal Supremo de 2020 y a la denominada Ley Rider de 2021, que obligaban a la compañía a contratarles como empleados.

El caso nació a partir de una denuncia de la Fiscalía de Barcelona, que en los próximos días tendrá que pronunciarse sobre si apoya llevar a juicio a Pierre o si, por contra, considera que no hay suficientes indicios y se debe archivar.

La denuncia fiscal fue la puntilla a una serie de actuaciones de la Inspección de Trabajo para lograr que, de una vez por todas, Glovo se atendiera a la legalidad tras su batalla con el Ministerio que encabeza Yolanda Díaz por los falsos autónomos. Después de más de un lustro de pleitos, la compañía anunció en 2025 que contrataría a sus repartidores.

El ahorro en los costes laborales que esta figura suponía se ha constatado con el ERE que Glovo ha presentado este año, que se ha cerrado con el despido de 436 repartidores, 300 menos de lo previsto inicialmente. Pierre vendió la mayoría de la empresa que había fundado a la multinacional alemana Delivery Hero a finales de 2021, si bien se mantuvo como consejero delegado.

La empresa intentó solventar su crisis de imagen producida por la causa judicial a través del fichaje de expolíticos de PSC, PP, ERC y Junts para su consejo asesor y con una foto con el president de la Generalitat, Salvador Illa, y dirigentes sindicales en el acto por los 10 años que Glovo cumplió el año pasado.

La instrucción ha contado con testigos de varios repartidores, abogados y responsables de Glovo así como diversos inspectores de Trabajo que indagaron en el funcionamiento de la compañía. Los funcionarios ratificaron que Glovo no contrató como empleados a repartidores que estaban reconocidos por los tribunales como falsos autónomos.

La defensa de Pierre, que ejercen los penalistas Cristóbal Martell y Pau Ferrer, argumenta en su petición de archivo que Glovo “implementó cambios para tratar de desvirtuar la presunción de laboralidad” que le imponía la Ley Rider, pero que de toda la instrucción de la causa “no se ha evidenciado la conducta desobediente” que determina el delito contra los derechos de los trabajadores investigado.

La defensa resalta que la causa está construida a partir de resoluciones judiciales y requerimientos de Inspección de Trabajo desfasadas, porque son anteriores al nuevo modelo que rigió las relaciones laborales con los repartidores desde agosto de 2021. Mantener como autónomos a los repartidores, alega la petición de archivo, era “perfectamente válido” y legal en España.

El escrito aprovecha para poner en duda la actuación de la Inspección de Trabajo. Menciona la defensa resoluciones de la Audiencia Nacional favorables a la empresa en su conflicto con los riders que han criticado el “sesgo y afán recaudatorio” de la Inspección, lo que, a juicio del abogado de Pierre, “apunta a la existencia de posibles motivaciones secundarias ajenas a una aproximación imparcial y neutras hacia las relaciones entre Glovo y sus repartidores”.

Los tribunales vuelven a impulsar una polémica lingüística. El Tribunal Supremo ha anulado un apartado del reglamento de organización de las escuelas catalanas porque, a juicio de Alto Tribunal, “excluye el uso del castellano en la rotulación”, lo que abre la puerta a tener que modificar la cartelería de más de 5.000 centros públicos y concertados de la comunidad.

Se da la circunstancia que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la instancia que ha desmontado el sistema de inmersión lingüística en las aulas catalanas, había avalado que la rotulación de los centros fuera en catalán y occitano en la Val d'Aran y lengua de signos catalana al considerar que los carteles no formaban parte de la actividad educativa.

Sin embargo, el Supremo admite un recurso de la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB), entidad que ha combatido la inmersión en los tribunales, y anula este apartado del reglamento, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía.

Según los jueces, los carteles de un centro sí forman parte de la actividad educativa. “La enseñanza no puede circunscribirse a lo que se transmite en las aulas, ni a los libros de texto y otros materiales docentes”, reza la sentencia, que considera los carteles son “escenario” o “paisaje” de la actividad educativa.

“La lengua empleada en la rotulación de los centros docentes no es irrelevante para la enseñanza”, ahondan los magistrados, que consideran que la “exclusión” del castellano en la rotulación “incide negativamente sobre la lengua vehicular de la enseñanza”

La sentencia ahonda en argumentos anteriores de los tribunales, que desde la sentencia del Estatut del Tribunal Constitucional de 2010 han desmontado el sistema de inmersión lingüística vigente en Catalunya desde los años 1980 y que había gozado de un amplio consenso parlamentario y social.

El Supremo concluye que la lengua castellana “no puede ser excluida en las comunicaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos”, lo que incluye el rótulo de un colegio.

Los carteles de las escuelas “constituyen un modo de comunicarse con los particulares que acceden a ellos”, razona el Supremo, por lo que “no son ajenos al régimen de cooficialidad lingüística”. “Excluir el uso del castellano no resulta respetuoso [con la] Constitución, por no mencionar que puede introducir una diferencia de trato injustificada en materia lingüística”, apostilla la sentencia.

Se intuyó el viernes y se ha confirmado este lunes. La Fiscalía ha retirado la acusación contra la exconsellera catalana de Salud Alba Vergés y a la cúpula de su departamento, para quienes inicialmente pedía hasta 12 años de inhabilitación, por el retraso en la vacunación de policías nacionales y guardias civiles en la pandemia del coronavirus.

Ante la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona finaliza esta semana el juicio a los responsables de Salud durante la pandemia. La vista oral ha desinflado las tesis acusatorias y ha confirmado que el retraso en la vacunación de policías se debió a razones técnicas como el parón en la inmunización con AstraZeneca debido al peligro de trombos y no a que se quisiera discriminar a los agentes de los cuerpos estatales.

Cuando el tribunal ha pedido a las partes que elevaran sus conclusiones a definitivas, la fiscal del caso ha retirado la acusación a todos los acusados (además de Vergès, el entonces secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon; el exnúmero dos del departamento Marc Ramentol, el exdirector del Servei Català de la Salut (SCS) Adrià Comella, y el exresponsable de Servicios Francesc Xavier Rodríguez).

Solo las acusaciones populares que ejercen sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil han pedido mantener hasta15 años de inhabilitación para los acusados, mientras que las defensas se han reafirmado en su petición de absolución y han solicitado la condena en costas de las centrales.

No es habitual que la Fiscalía rebaje sus pretensiones al final de un juicio, aunque existen precedentes de retirada de acusaciones por parte del Ministerio Público tras vistas orales muy favorables a las defensas. La del caso de las vacunas ha sido una de ellas.

El respaldo más relevante a las defensas provino de los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que coordinaron la vacunación de sus agentes en Catalunya, quienes destacado que su relación con la Generalitat fue correcta. Tampoco desde Delegación del Gobierno pusieron tacha alguna a la actuación de la conselleria.

Los acusados insistieron en su declaración que la vacunación se paró por criterios técnicos decididos por el Consejo Interterritorial de Salud (donde participan el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas) después de que se detectaran casos de trombosis con un lote de vacunas de Astrazeneca. Entre este lunes y este martes, las partes expondrán sus informes finales y el juicio quedará visto para sentencia.

Pese a los retrasos y a las trabas que acumulan, las investigaciones por el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a los independentistas deparan sorpresas. La inteligencia española ha admitido cuatro años después de estallar el escándalo Pegasus que espió al periodista y exparlamentario de la CUP David Fernàndez, algo que no había ocurrido hasta ahora.

El nombre de Fernàndez aparece en el acuerdo del Consejo de Ministros por el que el Gobierno, a petición del juez, autoriza la desclasificación de una pequeña parte del espionaje al periodista y al exparlamentario de la CUP Carles Riera. Como ya ha ocurrido en anteriores casos, la información que el Ejecutivo facilita a requerimiento de los jueces que investigan el espionaje es parcial y limitada.

A diferencia de Fernàndez, Riera sí formaba parte de los 18 independentistas a los que la exdirectora del CNI Paz Esteban admitió haber espiado en el Congreso en 2022. En el documento, el Consejo de Ministros niega que el CNI espiara al exdiputado Albert Botran, querellante del caso junto a los otros dos exdiputados.

Los únicos documentos que el Gobierno facilita al juez son los autos del Tribunal Supremo por los que se avaló el espionaje solicitado por el CNI. Como ya ha ocurrido en otros espiados, como el expresident Aragonès o el exviceconseller Sergi Sabrià, el Ejecutivo los envía al juez con numerosos tachones para no desvelar, según el Ejecutivo, “actividades, medios y procedimientos” del centro.

El Ejecutivo expone en el acuerdo de desclasificación que el espionaje sobre Fernàndez fue autorizado por el Supremo en diciembre de 2019 y que se prorrogó hasta el 2 de junio de 2020. Por entonces el procés digería las protestas que en otoño de 2019 convocó Tsunami Democràtic contra la sentencia del procés del Supremo, si bien la pandemia cortó toda actividad en la calle.

Fernàndez había dejado de ser diputado en 2015 y por entonces era militante de la CUP, periodista y activista en varias organizaciones soberanistas como Òmnium Cultural.

En el caso de Riera, el espionaje coincide con su periodo como diputado del Parlament. El Supremo avaló la infiltración en su teléfono casi dos años, entre el 23 de junio de 2020 y el 24 de mayo de 2022. El Ejecutivo alega, en base a los informes del CNI, que se trató de una “actividad legal y autorizada judicialmente”, tal y como ha defendido Esteban en la media docena de causas en las que está imputada por el espionaje a los independentistas.

El rastro técnico del espionaje en los teléfonos móviles de varios espiados por Pegasus ha permitido constatar un patrón común en el uso del programa espía Pegasus contra los independentistas, tanto en aquellas infiltraciones avaladas por el Supremo como en las que no lo estuvieron.

En el documento de desclasificación, el Gobierno vuelve a omitir si usó el programa espía Pegasus contra Riera y Fernàndez, y se limita a indicar que ambos “fueron efectivamente objeto de unas medidas de interceptación legal de las comunicciones”, sin más concreciones.

La amnistía fue el pegamento que en 2023 permitió a Pedro Sánchez armar la mayoría para conservar la presidencia del Gobierno. Tres años después, la norma de olvido penal del procés conocerá el resultado de su examen más decisivo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emite este jueves su fallo sobre la norma.

El independentismo espera que la sentencia del TJUE sea el primer movimiento para deshacer el nudo en el que se ha convertido la materialización de la amnistía a los líderes del procés, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, a causa de la negativa del Tribunal Supremo a aplicarla. El líder de Junts cumplirá nueve años en Bélgica en octubre, con el único paréntesis de su aparición y fuga en Barcelona de agosto de 2024.

Aunque formalmente el TJUE no ha examinado el caso de Puigdemont y Junqueras del Alto Tribunal, un aval de los jueces de Luxemburgo a la norma pondría en bandeja al Tribunal Constitucional español, que ya ha respaldado la ley en líneas generales, anular la negativa del Supremo a amnistiar a los líderes soberanistas.

Como en casi todo el mapa judicial del procés, hay que tener en cuenta varios planos:

Qué resolverá el TJUE este jueves

Los jueces de Luxemburgo responderán a las cuestiones prejudiciales que le enviaron cuatro juzgados españoles. Las más destacadas fueron las remitidas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional en los casos sobre los gastos del 1-O y los CDR acusados de terrorismo. Las dos instancias consideran que la amnistía pone en riesgo los intereses financieros de la UE y vulnera la directiva europea de lucha contra el terrorismo.

El abogado general, una figura del TJUE que da a los magistrados opiniones jurídicas sobre los casos tras estudiarlos a fondo, avaló el grueso de la ley y rechazó los principales argumentos de la Comisión Europea, que se alineó con el PP, contra la norma. Sus conclusiones no son vinculantes, pero guían al TJUE en la redacción de la sentencia.

Lejos de tildarla de “autoamnistía”, como hizo el abogado de la Comisión en referencia al apoyo de los independentistas a la investidura de Sánchez, el abogado general concluyó que la medida de gracia encajaba en la normativa europea.

Al entrar al detalle de la ley, el abogado general la consideró “una respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación” y rechazó que buscara “proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles actuaciones judiciales”.

Qué pasará en España... y en el Supremo

Los efectos prácticos más evidentes en España recaerán en los tribunales que enviaron las cuestiones prejudiciales: si el TJUE avala la norma en línea con el abogado general, el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional tendrán que absolver a la treintena de expolíticos y altos cargos del Govern por los gastos del 1-O y a los 12 CDR acusados de terrorismo, pues las resoluciones de Luxemburgo son de obligado cumplimiento para los juzgados nacionales.

Lo mismo ocurre con los otros dos tribunales que plantearon sus dudas al TJUE: el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) con los exaltos cargos de Economía Lluís Salvadó y Josep Maria Jové por los preparativos del 1-O y un juzgado de Vilanova de un ciudadano acusado de desobediencia.

Lo del Supremo con Puigdemont y Junqueras es distinto. El Alto Tribunal encabezó la negativa judicial a aplicar la amnistía. Mientras la gran mayoría de juzgados catalanes archivaban sin ruido las causas (afectaran a policías o a independentistas), tanto el juez Llarena como el tribunal presidido por Manuel Marchena rechazaron perdonar a Puigdemont, Junqueras y el resto de consellers.

Los dirigentes independentistas recurrieron la negativa del Supremo al Tribunal Constitucional. Su caso todavía no se ha estudiado, pues el tribunal de garantías ha priorizado resolver los recursos de las comunidades del PP y varias cuestiones de inconstitucionalidad planteadas desde varios tribunales. El aval a la norma ha sido casi total.

El espaldarazo del TJUE a la amnistía daría al Constitucional impulso para tomar una de las decisiones más delicadas de su historia reciente: deshacer la negativa del Supremo a amnistiar a Puigdemont, obligarle a aplicar la norma sobre el líder de Junts y retirar la orden de detención contra él vigente desde hace casi nueve años. El juez Llarena no la ha dejado sin efecto pese a los sucesivos reveses que ha recibido de tribunales europeos en sus intentos fallidos para extraditar al expresident.

La clave: el margen de maniobra de los jueces nacionales

Uno de los puntos a tener en cuenta de la sentencia será el margen de maniobra que los jueces de Luxemburgo pueden dejar a los tribunales españoles para aplicar la amnistía. Si la sentencia se sitúa en los planteamientos del abogado general, los jueces españoles no podrán ignorar la norma. En cambio, si el fallo del TJUE apoya parte de la tesis de la Comisión, la última palabra para determinar si la ley es demasiado “amplia o vaga” en el caso de los CDR correspondería a la Audiencia Nacional, que ya anticipó su rechazo a amnistiarles.

Para saber qué ocurre con Puigdemont habrá que esperar a lo que diga el Constitucional y una eventual maniobra del Supremo para desoír al tribunal de garantías y mantener sin amnistía a los líderes del procés. En círculos independentistas no descartan una nueva pirueta del Alto Tribunal similar el argumento de que Puigdemont y sus consellers no pagaron el procés de su bolsillo, que sirvió para dejarles fuera del olvido penal.

La dinámica política ha cambiado respecto a 2024, cuando el Supremo se negó a amnistiar a Puigdemont: aunque con contestación interna en su partido, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abogó hace dos semanas por pasar página del procés después de encabezar en la calle y los tribunales la oposición a la amnistía, en vistas a posibles acuerdos con Junts tras las elecciones generales del año que viene.

En suma, con la sentencia de este jueves empieza el último capítulo para cerrar, de una vez por todas, una década de procés, rehabilitar por completo a sus líderes y permitir el regreso de Puigdemont a España sin riesgo de ser detenido. Siempre que el Supremo no quiera añadir un epílogo.

El juicio a la excúpula de la conselleria de Salud por retrasar la vacunación contra el COVID-19 a policías nacionales y guardias civiles encara su recta final con la acusación desinflada. Ningún testigo ha señalado en el juicio que la exconsellera Alba Vergés o el resto de procesados pretendiera, a sabiendas, perjudicar la inmunización de los agentes. Los exaltos cargos han cerrado filas y han mantenido sus tesis exculpatorias en sus declaraciones de este viernes.

El presidente del tribunal, José Manuel del Amo, ha anunciado que el próximo lunes la Fiscalía y los sindicatos policiales que ejercen la acusación popular tendrán que concretar si mantienen sus conclusiones provisionales (el Ministerio Público pide hasta doce años de inhabilitación para Vergés y su sucesor, Josep Maria Argimon) o las modifican.

No es habitual que la Fiscalía rebaje sus pretensiones al final de un juicio, aunque existen precedentes de retirada de acusaciones por parte del Ministerio Público tras vistas orales muy favorables a las defensas. La del caso de las vacunas ha sido una de ellas.

El respaldo más relevante a las defensas provino de los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que coordinaron la vacunación de sus agentes en Catalunya, quienes destacado que su relación con la Generalitat fue correcta. Tampoco desde Delegación del Gobierno pusieron tacha alguna a la actuación de la conselleria.

Lo que se dirime en el juicio es si la pausa en el proceso de paralización de la vacunación a guardias civiles y policías (que también afectó a otros colectivos de funcionarios que no se han querellado contra el Govern) ocurrida en marzo de 2021 es un delito de prevaricación.

Los acusados lo han negado este viernes y han insistido en una misma tesis: la vacunación se paró por criterios técnicos decididos por el Consejo Interterritorial de Salud (donde participan el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas) después de que se detectaran casos de trombosis con un lote de vacunas de Astrazeneca.

Alba Vergés, consellera de Salut del Govern de la Generalitat durante la pandemia, ha explicado que, tras el parón, el Consejo decidió priorizar el criterio de edad al de los colectivos esenciales de funcionarios, aunque se buscó que fuera “compatible” con la inmunización de policías, bomberos o profesores.

Eso llevó a priorizar, según la exconsellera, el grupo de 55 a 65 años de edad. En una declaración de una hora, Vergés ha repasado todos los detalles del proceso de vacunación, que se organizó mediante un “documento vivo” que se iba actualizando a medida que se producían más vacunas.

La llegada de la vacuna producida por AstraZeneca en febrero del 2021 hizo actualizar, otra vez, los criterios de vacunación. Es ahí donde se diseñaron diversos grupos esenciales, como los profesores y maestros, los policías o los trabajadores del servicio de emergencias. Pero con una particularidad; en ese momento y debido a las órdenes del Ministerio, Astrazeneca solo se aplicaba a personas de entre 18 y 55 años, aunque la Agencia Europea del Medicamento no impuso ninguna restricción de edad.

“El ritmo de vacunación depenía de las dosis que teníamos. En ese momento, teníamos 100.000 para un grupo de 1 millón de personas”, ha explicado Vergés, que se ha llegado a emocionar en un momento de la declaración al recordar la pandemia. “Siempre quisimos vacunar a todo el mundo y los más rápido posible. No me olvidaré nunca”, ha apostillado.

El exsecretario general de Salud Marc Ramentol ha seguido la misma línea y ha incidido en que la Generalitat seguía las directrices del Ministerio. “Nuestro criterio no era de innovar”, ha zanjado.

Ambos acusados han quitado hierro a los mensajes que sirvieron para incriminar a Vergés y que mostraron algunas discrepancias con su entonces número dos, Josep Maria Argimon. Los acusados han llegado al juicio con las versiones acordados y han evitado el enfrentamiento al valorar que Argimon quiso continuar con la vacunación de policías que se paró porque toda la logística ya estaba preparada, pero no por divergencias políticas con Vergés.

Por su parte Adrià Comella, el que fuera el director del Servei Català de Salut, ha defendido la normalidad del proceso de vacunación. Y el exdirector de servicios de la conselleria, Xavier Rodríguez, ha contado que incluso uno de los sindicatos policiales pidió parar la vacunación debido a las dudas con AstraZeneca, tal y como también decidió el Ministerio.

Paz Esteban no varía su línea de defensa. La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha vuelto a escudarse en el secreto oficial para no dar detalles a la jueza del espionaje al exalto cargo de ERC Sergi Sabrià, además de alegar que una de las infiltraciones que sufrió el independentista con el programa Pegasus fue legal porque estaba avalada por el Tribunal Supremo.

Según han informado fuentes jurídicas, Paz Esteban ha declarado como investigada ante la jueza este viernes en la causa por el espionaje a Sabrià, una de la decena de casos abiertos en los juzgados de Barcelona por la infiltración del CNI en teléfonos de dirigentes independentistas mediante el programa Pegasus.

Además de la causa por el espionaje a Sabrià, Esteban está imputada en otros cinco juzgados de Barcelona que investigan las denuncias del expresident Pere Aragonès; los dirigentes de ERC Diana Riba y Josep Maria Jové; el abogado de ERC Andreu Van den Eynde y el exeurodiputado Jordi Solé; los exlíderes de la ANC Jordi Sànchez y Elisenda Paluzie; y un grupo de empresarios tecnológicos.

Esteban ha declarado por videoconferencia desde Madrid, acompañada de un abogado del Estado. En el juzgado de Barcelona, eran dos abogadas del Estado las que la representaban. La exjefa de los espías ha seguido el guion que ya avanzó en su declaración por el espionaje a Aragonès: admitir las infiltraciones avaladas por el Supremo y desentenderse de los espionajes constatados por los forenses, pero en los que no consta que el CNI pidiera permiso al Alto Tribunal.

En el caso de Sabrià, el Supremo concedió permiso al CNI para entrar en su teléfono en 2020. Pero su teléfono también sufrió infiltraciones con Pegasus en 2018 y 2019, sin que Esteban haya dado explicaciones sobre ambas.

El rastro técnico del espionaje en los teléfonos móviles de varios espiados por Pegasus ha permitido constatar un patrón común en el uso del programa espía Pegasus contra los independentistas , tanto en aquellas infiltraciones avaladas por el Supremo como en las que no lo estuvieron.

El Gobierno ha echado una mano a Esteban: el acuerdo de desclasificación por el que Ejecutivo autorizaba a Esteban a declarar ante la jueza limitaba los datos que podía dar al recordar el deber de reserva y secreto que, por norma general, rige las actividades del CNI. En la práctica ello ha implicado que la exjefa de los espías solo admitiera el espionaje autorizado por el Supremo. Y nada más.

La exjefa de los espías fue cesada en 2022 para evitar que los partidos soberanistas dejaran de apoyar a Pedro Sánchez en el Congreso. Es la única autoridad que asumió responsabilidades políticas por el caso, y sus comparecencias como investigada ya han sido tres, sin reconocer en ninguna de ellas cualquier ilegalidad en la infiltración.

Ninguna de las causas que investigan al CNI por espiar a los independentistas ha llegado a juicio. Entre otras razones, por los límites a desclasificar documentos sobre el coste y uso del programa Pegasus que ha impuesto el Gobierno a las peticiones de los jueces, además de la falta de colaboración de Israel e Irlanda.

En un duro informe presentado este jueves, Amnistía Internacional cargó contra “el rol defensor del Estado y de la empresa israelí NSO”, creadora de Pegasus, que, a juicio de la entidad, ha jugado la Fiscalía, a quien acusó de “obstaculizar” las causas por Pegasus.

La investigación sobre el grupo neonazi 'Deport Them Now', responsable de promover los ataques racistas de Torre Pacheco (Murcia) está en punto muerto un año después. No se ha imputado a más miembros de la organización que su líder, cuyos dispositivos electrónicos incautados en julio de 2025 también están pendientes de analizar.

El joven C.L., el líder en España de 'Deport Them Now', es el único investigado, pese a que la causa está abierta por asociación ilícita, entre otros delitos. Del resto de miembros del grupo ultra, que aparecen en las grabaciones de manifestaciones que los neonazis realizaron en la primavera de 2025 en varias poblaciones catalanes, nada se sabe.

Un informe de los Mossos d'Esquadra, al que ha tenido acceso elDiario.es, dio el primer paso para identificar a más miembros del grupo, pero no se ha traducido en imputaciones en la causa que investiga una jueza de Mataró (Barcelona).

En ese documento, la unidad contra los delitos de odio de la policía catalana apuntó que, de acuerdo con la información disponible en Internet y otras fuentes abiertas, los otros miembros de 'Deport Them Now' “serían personas ya conocidas por su ideología de ultraderecha o neonazi”.

Es más, los Mossos también avanzaron que los otros integrantes del grupo ultra residirían en Sabadell (Barcelona). Todo ello forma parte del informe, enviado a la Fiscalía contra los delitos de Odio en agosto de 2025, sobre una manifestación en Terrassa (Barcelona) cinco meses antes contra la “islamización” del municipio, y en la que también participaron los miembros de 'Deport Them Now'.

En esa concentración en Terrassa, convocada por Vox, C.L. ya lanzó mensajes violentos contra los migrantes. “No os imagináis de lo que son capaces estos bárbaros, debemos combatirlos con hierro, con fuerza”, proclamó el líder neonazi, según recoge el atestado policial.

La coincidencia en una marcha racista de Vox y 'Deport Them Now' se repitió en Mataró (Barcelona). El líder de los neonazis se manifestó en mayo de 2025 junto al concejal de Vox en Mataró y consejero en el Consell Comarcal del Maresme, Jose Casado, tal y como desveló elDiario.es.

Las distintas concentraciones promovidas por el grupo neonazi en primavera en Catalunya se saldaron sin incidentes, a diferencia de los altercados racistas promovidos por 'Deport Them Now' en Torre Pacheco. C.L. reconoció ser el autor de algunos mensajes del grupo de Telegram en el que llamaban a la “caza del magrebí”.

Los Comuns, que ejercen la acusación popular, pidieron investigar los “nexos” entre Vox y 'Deport Them Now'. En febrero, también solicitaron a la magistrada dar un impulso al caso con una batería de diligencias para descubrir las conexiones internacionales de 'Deport Them Now' y cómo se relacionaban los integrantes del grupo en Catalunya. La causa tampoco ha avanzado desde entonces.

El parlamentario de los Comuns Andrés García Berrio ha reclamado este jueves en el Parlament mayor contundencia en la investigación de la extrema derecha violenta. “¿Cómo puede ser que solo una persona de 'Deport Them Now' esté investigada? No se está haciendo lo suficiente”, ha enfatizado el diputado.

García Berrio también ha instado a los Mossos a “actualizar” su estrategia contra grupos de extrema derecha organizada “para aumentar su eficacia”. La moción de los Comuns, que pedía rechazar las “estrategias políticas que instrumentalizan” delitos atribuidos a migrantes para fomentar el odio contra ellos, tal y como ocurrió en Torre Pacheco, ha recibido el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo PP, Vox y Aliança Catalana.

El paso del tiempo y la falta de avances sustanciales en la causa fueron los motivos en los que se apoyó la Audiencia para dejar libre a C.L. el pasado noviembre. Entendió el tribunal que, desde el ingreso en prisión del neonazi en julio, “había mediado tiempo suficiente” para haber realizado el análisis de sus comunicaciones tanto en redes sociales como con el resto de miembros de 'Deport Them Now'.

Entre una decisión judicial y otra, el neonazi cambió de defensa: de un letrado del turno de oficio de Mataró pasó a ser asistido por el abogado Juan Cremades, conocido en Catalunya por ser el abogado de Vox en varias causas judiciales.

El Colegio Oficial de Psicología de Catalunya (COPC) ha rectificado y ha abierto una investigación interna por posible intrusismo profesional y “mala praxis” de la terapeuta sin colegiar de la familia Andic, Julia L, según ha informado la entidad en un comunicado este jueves.

La posición del Colegio supone un cambio respecto a la semana pasada, cuando la institución informó de forma oficial a elDiario.es que no pensaba actuar contra la terapeuta ya que no disponía de “elementos suficientes” para determinar “si existen datos bastantes para valorar la interposición de una denuncia”.

Otros colectivos de psicólogos como la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP) y la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF) fueron más allá del COPC y advirtieron de la “presunta conducta irregular” de la terapeuta de los Andic.

El propio Colegio admite en su comunicado que ha recibido una “avalancha de preguntas” sobre la terapeuta de los Andic por parte de profesionales colegiados.

En su comunicado, el COPC ha anunciado que impulsará “todas las actuaciones a su alcance para recoger la información necesaria” sobre la terapeuta (por ejemplo, su falta de titulación y sus métodos terapéuticos). Una vez disponga de los datos, el Colegio quiere “analizar los hechos para determinar si existen indicios de intrusismo profesional o de mala praxis”.

“Si se constata cualquier actuación que pueda vulnerar la normativa vigente o los principios deontológicos de la profesión, el COPC ejercerá todas las acciones que estén a su alcance, en uso de todos los instrumentos jurídicos e institucionales de los que dispone”, agrega la entidad.

Los aspectos terapéuticos fueron, en parte, adelantados por la defensa de Andic en su recurso de apelación contra la fianza de un millón de euros abonada por el hijo del fundador de Mango para evitar la cárcel.

En primer lugar, la defensa explicó que la terapeuta trataba tanto a padre como al hijo “y al conjunto de la familia”, esto es, las otras dos hijas del fundador de Mango (que testificarán el viernes). A algunos miembros de la familia los visitaba la hermana de la terapeuta, una práctica que expertos consultados por este diario consideran irregular.

Los abogados de Andic también alegaron que los Whatsapps entre la terapeuta y padre e hijo se enmarcaba en un “contexto clínico de una terapia psicoanalítica [una de las corrientes de la psicología] fuertemente directiva en que se potencia por el terapeuta cierta confrontación de acción y reacción para encontrar el crecimiento”. Uno de los elementos a determinar de la investigación será si Julia L. dispone titulación universitaria o de formación psicoanalítica-

La jueza que investiga la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, en diciembre de 2024, y mantiene imputado a su hijo Jonathan mantiene la tesis de que el móvil económico del presunto homicidio nace de la “mala relación” entre el padre y el hijo, y que la terapeuta tenía un papel relevante en las relaciones entre ambos.

La Fiscalía “obstaculiza” y “dificulta” las investigaciones abiertas por el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a dirigentes, abogados y familiares de independentistas catalanes con el programa Pegasus.

Así lo ha concluido Amnistía Internacional tras estudiar diez de las causas que instruyen distintos juzgados de Barcelona sobre el espionaje. El documento, muy crítico con el Ministerio Público, carga contra “el rol defensor del Estado y de la empresa israelí NSO”, creadora de Pegasus, que, a juicio de la entidad, ha jugado la Fiscalía.

El escándalo de espionaje a los independentistas catalanes, producido tanto bajo el Gobierno del PP como del PSOE se destapó en 2022. Cuatro años después, las investigaciones judiciales han corrido suerte dispar, pero ninguna de ellas ha conseguido llegar a juicio.

“La conclusión es triste y clara: las víctimas de este escándalo siguen esperando saber la verdad, quién les espió y para qué fueron espiadas”, ha denunciado Virginia Álvarez, responsable del área de investigación en derechos humanos de Amnistía Internacional en España durante una rueda de prensa en Barcelona.

La exdirectora del CNI Paz Esteban, imputada en cinco causas, fue cesada para evitar que los partidos soberanistas dejaran de apoyar a Pedro Sánchez en el Congreso. Es la única autoridad que asumió responsabilidades políticas por el caso.

La investigación judicial más avanzada es la que tiene como víctima al expresident de la Generalitat Pere Aragonès, una de las 18 personalidades independentistas que el CNI admitió haber espiado. El juez Santiago García es el juez de Barcelona que más ha investigado el caso, y ahora solo tiene que decidir si envía a Paz Esteban a juicio o archiva un caso en el que la Fiscalía ha exculpado a la exjefa de los servicios secretos.

La abogada Blanca Domínguez, una de las autoras del informe, ha criticado incluso las preguntas del fiscal en los interrogatorios del caso por “ir dirigidas a minimizar los hechos” e “invitar” a Esteban a acogerse a la ley de secretos oficiales o al deber de reserva en las actividades del CNI. Álvarez ha detallado que, tras trasladar Amnistía su preocupación a la Fiscalía, el Ministerio Público respondió que su actuación estaba guiada por el principio de legalidad.

El resto de procedimientos, repartidos en distintos juzgados de instrucción porque la Audiencia de Barcelona rechazó crear una única macrocausa, han avanzado lentamente y a trompicones. La instancia superior ha tenido que corregir a varios de los instructores, que archivaron o declinaron investigar a fondo el caso, y ha ordenado imputar a Esteban en otros tres casos.

Pese a varias peticiones de los jueces, el Gobierno tan solo ha desclasificado una mínima parte (y con tachones) de los autos con los que el Supremo habilitó el espionaje, y se ha negado a proporcionar, aduciendo el secreto de las actividades del CNI, documentos sobre contratos y pagos del centro a NSO.

Además, la falta de colaboración de Israel, Luxemburgo (país europeo en el que NSO tiene una filial) e Irlanda (donde están residenciadas las multinacionales de telecomunicaciones como Whatsapp) ha lastrado las investigaciones.

“A la violación de derechos que supuso el espionaje se suma la impunidad de que no se esté investigando”, ha denunciado la periodista Txell Bonet, pareja del expresidente de Òmnium Jordi Cuixart y una de las víctimas. “Queremos saber quién ordenó el espionanje, cómo se ejecutó, con qué dinero público se pagó y dónde se almacenó toda la información”, ha agregado. 

En su informe, Amnistía Internacional denuncia la “revictimización” que todos estos obstáculos provocan a los afectados por el espionaje, e insta a la Fiscalía a “cambiar radicalmente su papel en los procedimientos y ponerse al lado de las víctimas”.

El informe también propone cambios legislativos para impedir que se repita el espionaje “indebido” a personajes de la sociedad civil. Amnistía Internacional reclama que se prohíban los programas de espionaje masivo como Pegasus.

“No existe un verdadero control judicial de las actividades del CNI”, denuncia Amnistía, que ve “urgente” la modificación de la ley reguladora de la actividad del centro para acabar con los permisos que, de forma general, concedió el Supremo al espionaje.

En este sentido, Álvarez ha destacado que el control judicial es “imposible” ante un programa “tan invasivo y que obtiene tantos datos de manera tan desproporcionada como Pegasus”. “Este 'software' no se puede usar sin una interferencia total a la privacidad, no hay posibilidad de usarlo de forma proporcionada”, ha apostillado.

La entidad reclama asimismo una reforma de la ley de secretos oficiales (que no se ha tocado en todos los años de democracia) para “alinearla con los estándares internacionales” de derechos humanos.

Los tres mossos acusados de ayudar a huir al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont durante su regreso y fuga del 8 de agosto de 2024 tendrán que ir a juicio. Así lo ha determinado la Audiencia de Barcelona, que ha corregido el archivo decretado por la jueza instructora y le ha ordenado sentar en el banquillo a los uniformados.

En un auto, adelantado por Vilaweb y al que ha tenido acceso elDiario.es, los magistrados de la Audiencia de Barcelona atienden los recursos de la Fiscalía y las acusaciones populares del caso, los ultraderechistas Vox y HazteOir, y aprecian, al contrario que la instructora, que hay suficientes indicios para que los agentes vayan a juicio.

La presencia de los tres mossos, de paisano y durante sus vacaciones, en el Arc del Triomf de Barcelona durante la reaparición de Puigdemont y su fuga “no era meramente casual”, concluyen los jueces.

Se apoya el tribunal para su conclusión, en especial, en la investigación llevada a cabo por la Unidad de Asuntos Internos de la policía catalana, que reseñó minuto a minuto gracias a las imágenes (la reaparición y huida de Puigdemont fue en directo y retransmitida por todas las televisiones) los movimientos de los agentes.

Los fotogramas de los vídeos, ahonda la Audiencia, permiten observar a los tres investigados “rodeando” al expresident, e incluso cogiéndole del brazo “para ayudarle a avanzar en la aglomeración de personas” desde antes de su discurso en el Arc de Triomf, cuando Puigdemont reapareció en la calle Trafalgar de Barcelona.

El coche en el que Puigdemont se fugó tras su discurso es propiedad de uno de los investigados, había sido estacionado en un parking próximo el día anterior. El expresident se subió al vehículo, que iba conducido por la esposa de uno de los tres mossos, tras su discurso, perdiéndose por las calles de Barcelona.

Los “relevantes indicios” que aportan las imágenes de los hechos “se ven reforzados de forma periférica” por detalles como la utilización por parte de los tres investigados de gorras de tipo béisbol de color azul, similares a las empleadas por otras personas que formar parte de un equipo de seguridad o protección del expresident, agregan los jueces.

También ve “llamativo” el tribunal que los tres investigados se hallaran de vacaciones o permiso el día del retorno y fuga de Puigdemont. La ausencia de contacto telefónico entre los mossos y el expresident y otros cargos de Junts es “irrelevante”, a criterio de los jueces, pues se trata de “una medida de seguridad elemental”.

“Con independencia del auxilio prestado, los agentes no adoptaron las medidas a su alcance para promover la persecución del posible responsable de varios delitos en fase de investigación”, agrega el tribunal, que considera que los hechos no encajan en un delito de desobediencia, pero sí pueden suponer una omisión del deber de perseguir delitos por parte de cualquier policía.

Hay veces en que la hemeroteca juega en contra. Así le ha ocurrido al productor Josep Maria Mainat en su pleito fallido (que inició en 2024 junto a su socio Toni Cruz, fallecido un año después) contra uno de los programas estrella de TV3, el concurso musical Eufòria, al que acusaba de plagio de su histórico formato 'Operación Triunfo'.

La Audiencia de Barcelona ha rechazado, en una sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, el recurso de Mainat y Cruz. Los jueces han confirmado la resolución inicial del caso que desestimó su demanda por plagio contra la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), de la que depende TV3, y la productora Veranda Media, creadora de Eufòria.

Entre los elementos que han llevado a los jueces a tumbar las pretensiones de Mainat figura el historial de polémicas sobre derechos de autor y plagios habituales entre programas parecidos, y que forman parte de la trastienda de la televisión.

En uno de estos casos, sin embargo, Mainat y Cruz tenían un papel opuesto a su demanda contra 'Eufòria' y era su formato 'Tú sí que vales' el que fue acusado de plagio por parte del productor Tony Stern, responsable de 'Got Talent'.

La respuesta de Cruz en forma de carta pública en 2008 contra Stern ha servido a los jueces de Barcelona en 2026 para desestimar su demanda contra 'Eufòria'.

“Si pensáramos que tenemos la exclusiva mundial de todos los programas con castings de selección de cantantes, eliminaciones semanales, seguimiento televisivo de los ensayos y elección del ganador mediante votos telefónicos del público, estaríamos enfrascados en un sinfín de querellas a cadenas y productoras contra docenas de formatos de este género”, escribió Cruz.

Unas manifestaciones “realmente clarificadoras”, a juicio del tribunal de la Audiencia de Barcelona. En suma, si 'Tú sí que vales' y 'Got Talent' eran dos formatos distintos, también lo son 'Eufòria' y 'Operación Triunfo'.

Además, los jueces señalan que existen “diferencias sustanciales” entre ambos formatos que impiden considerar 'Eufòria' un plagio de 'OT'. Los magistrados han analizado al detalle (incluso el número de pruebas, platós y galas) ambos formatos para llegar a sus conclusiones.

En esencia, los jueces consideran que en 'OT' se combina el concurso musical con el reality que muestra el día a día en la academia, y esto último no ocurre en 'Eufòria'. “Es un programa blanco, sin convivencia ni participación de familiares ni elementos 'morbosos' de telerrealidad”, señala el tribunal sobre el concurso de TV3.

Lo que sí reconoce la Audiencia de Barcelona a Mainat y Cruz es la autoría del formato 'OT', al contrario de lo que había indicado la jueza de primera instancia. Según la primera resolución del caso, no había “ninguna prueba o indicio que permita considerar” que 'OT' fuera una obra “ideada o creada” por ambos productores.

La Audiencia de Barcelona corrige la sentencia inicial y señala los contratos con Gestmusic que iniciaron el formato y varias noticias de prensa como “indicios sólidos” de que Mainat y Cruz son los “autores originarios” de 'OT'. Al menos en este extremo, el conocimiento popular concuerda con las conclusiones de una sentencia. No siempre ocurre.

La mayor preocupación de los Bomberos se ha cumplido este lunes en Catalunya, con tres incendios que queman de forma simultánea en Sentmenat y Carme (Barcelona) y Artesa de Segre (Lleida), este último ya estabilizado. A ellos hay que sumar las labores de extinción del fuego de la Costa Brava, en Girona, que todavía no se da por extinguido. Se ha pedido el confinamiento de varias urbanizaciones y municipios para proteger a la población.

Aunque los Bomberos tienen especial preocupación en el fuego de Sentmenat, en la comarca barcelonesa del Vallès Occidental, con un potencial de 2.000 hectáreas, el fuego que ha obligado a confinar a más personas, unas 33.000, es el que quema en Carme, en la comarca de l'Anoia.

“El incendio nos hará trabajar toda la noche”, ha declarado la consellera de Interior, Núria Parlon, que ha explicado que preocupa que el fuego pueda saltar a la zona del parque natural de Montserrat.

Once camiones y dos helicópteros de los Bomberos trabajan para extinguir las llamas. Los servicios de Emergencias han solicitado que no salgan de casa los vecinos de la Pobla y la Torre de Claramunt (Barcelona), Vilanova del Camí y de la urbanización de Les Garrigues, además de la zona oeste del núcleo de Capellades. El confinamiento se ha ampliado después al sur de la capital de la comarca de la Anoia, Igualada, Santa Margarida de Montbui y Castellolí.

El primer fuego se ha declarado a primera hora de la tarde en Sentmenat. Se trata de una zona boscosa pero cercana a varias urbanizaciones. Dos centenares de efectivos de los Bomberos, con 54 vehículos terrestres y 12 aéreos, luchan contra el incendio, que avanza sin control lanzando focos secundarios y que en un primer balance provisional ya ha afectado a unas 60 hectáreas.

Los servicios de Emergencias han pedido el confinamiento de urbanizaciones de Sentmenat y Castellar de Vallès como el Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montmajor, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, el Nord y Can Vinya.

El incendio se ha iniciado hacia las 14:20h en un campo de cultivos en el norte de un polígono industrial, y rápidamente ha saltado a una zona forestal. Los Bomberos dan prioridad al flanco izquierdo del incendio, que está actuando como motor y ha lanzado varios focos secundarios.

El jefe de los Bomberos de la Generalitat, David Borrell, ha explicado que el fuego de Sentmenat preocupa porque afecta a urbanizaciones muy diseminadas en zonas boscosas y porque está cerca de una carretera. Las causas de los incendios todavía se desconocen.

El tercer fuego que ha quemado en Cataluinya y que a última hora de la tarde los Bomberos han logrado estabilizar ha sido en Artesa de Segre (Lleida), en la zona alta del puerto de Comiols. Contra las llamas han trabajado 23 vehículos terrestres de los Bomberos y cuatro helicópteros.

A los fuegos declarados este lunes hay que sumar las labores de extinción todavía no finalizadas del incendio de la Costa Brava, que ya está estabilizado tras quemar el fin de semana más de 2.000 hectáreas en la zona natural de Les Gavarres (Girona).

La simultáneidad de fuegos obliga a los Bomberos a redoblar esfuerzos y a tener que afinar los planes de actuación, al no poder concentrar los efectivos en un solo incendio. “Ha habido hasta 65 incendios hoy en Catalunya entre agrícolas, forestales y urbanos”, ha desvelado Parlon, que ha recordado que hacer frente a tantos fuegos a la vez “tensiona la operativa” de los cuerpos de extinción.

Además de Catalunya, el riesgo de incendios forestales es extremo este lunes en Galicia, Asturias y todo el arco mediterráneo, con especial preocupación por el fuego que quema en la provincia de Castelló.

El caso Andic suma una derivada política (y, tal vez, fiscal) a la investigación judicial y al juicio mediático paralelo. El grupo parlamentario de los Comuns ha registrado ante el Parlament tres preguntas para que la Hacienda catalana responda sobre uno de los elementos más controvertidos de la causa sobre la muerte del fundador de Mango: la herencia en vida que Isak Andic habría legado a su hijo Jonathan.

“Es un caso de relevancia pública y es necesario que las grandes transmisiones patrimoniales tributen de acuerdo con la normativa vigente”, argumenta el portavoz parlamentario de los Comuns, David Cid.

En concreto, los Comuns quieren saber si la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) tiene constancia de alguna donación o transmisión patrimonial efectuada en vida por Isak Andic en favor de su hijo Jonathan. De ser así, el grupo parlamentario también solicita si se presentó la autoliquidación correspondiente al impuesto de sucesiones y cuál fue el importe declarado y liquidado por el tributo.

La jueza de Martorell (Barcelona) que investiga por homicidio a Jonathan Andic ha puesto la cuestión del dinero en el centro de las pesquisas, al atribuir al primogénito un móvil económico para acabar con la vida de su padre.

La magistrada ha solicitado las conversaciones de WhatsApp de la víctima entre el 1 de mayo de 2024 y el día de su muerte para comprobar los “aspectos económicos de la herencia” del fundador de Mango.

La investigación ha desvelado que las cuestiones económicas fueron motivo de controversia entre padre e hijo, hasta el punto de formar parte de las sesiones que ambos mantuvieron con una autodenominada terapeuta. La defensa mantiene que los Andic superaron sus diferencias.

Según la jueza, a iniciativa de la autodenominada terapeuta, el fundador de Mango cedió a su hijo una herencia en vida que, sin embargo, la defensa mantiene que el investigado nunca llegó a cobrar.

En su recurso contra el millón de euros que la jueza le impuso como fianza, la defensa de Jonathan Andic manifestó que el “adelanto de herencia” no era fruto de la “obsesión por el dinero” que la magistrada atribuye al investigado, sino “una herramienta de inicial independencia que pronto fue renunciada por el propio Jonathan Andic”.

Además, la defensa negó que la fundación benéfica a la que el fundador de Mango planeaba dejar parte de su fortuna fuera motivo de discordia con sus hijos, tal y como corroboraron las declaraciones judiciales tanto de Jonathan como de sus hermanas Sarah y Judith. A los tres Isak Andic planteó un testamento equilibrado, indicó la defensa.

A la espera de confirmar si ese “adelanto” tributó, a los 40 millones que Isak Andic habría legado en vida a su hijo les correspondería una tributación por impuesto de donaciones de entre 3,6 y 3,9 millones, apuntan fuentes conocedoras del caso.

A diferencia de lo que ocurre en el resto de España, el Código Civil de Catalunya regula lo que popularmente se conoce como herencia en vida a través de la figura del pacto sucesorio.

Causante y herederos se ponen de acuerdo en el reparto de bienes antes del fallecimiento, y para modificarlo es necesario otro acuerdo de todas las partes. Luego se declara a la ATC y tributa por el impuesto de sucesiones, que ofrece mayores reducciones y beneficios fiscales que el de donaciones.

Espaldarazo judicial de Sarah y Judith Andic, la dos hijas del fundador de Mango, a su hermano Jonathan. Las dos hermanas han negado este viernes ante la jueza de Martorell (Barcelona) que investiga al primogénito por el presunto homicidio de su padre que hubiera conflictos familiares por el reparto de la herencia, que anualmente se consensuaba entre los hijos y su progenitor.

Tras la declaración como testigos el pasado martes de la viuda del empresario, Estefania Knuth; la terapeuta de la familia, Julia L.; y los dos excursionistas que asistieron al primogénito minutos después de la caída de su padre en un sendero de la montaña de Montserrat el 14 de diciembre de 2024, la jueza Raquel Nieto ha tomado declaración este viernes a las dos hermanas de Jonathan, así como a un psiquiatra que le trató.

Según fuentes jurídicas, ambas hermanas han testificado que estaban involucradas y al corriente del reparto del patrimonio del hijo del fundador de Mango. Una vez al año, han relatado, se actualizaba el testamento, que servía para compensar las eventuales donaciones a alguno de los tres hijos.

La declaración de las hermanas sirve a la defensa para rebatir la tesis de la jueza, que sitúa la mala relación entre padre e hijo, la “obsesión” del primogénito por el dinero y el temor de que su padre cambiara el testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación de ayuda social como móviles del eventual homicidio.

La viuda del empresario dio un balón de oxígeno a la acusación al afirmar que el empresario fallecido había anunciado su intención de modificar su testamento para dejar parte de su patrimonio a una fundación con fines sociales. Las hijas de Andic han deshinchado este globo y han defendido que la intención de los tres hijos es seguir adelante con esos planes con finalidades sociales de su padre.

Sarah y Judith tampoco han apuntalado las sospechas de los investigadores sobre que la mala relación entre padre e hijo se debía a que Isak pretendía apartarlo del mando de Mango. Según las hermanas, Jonathan había acordado con su padre su salida como ejecutivo de la compañía, manteniendo eso sí su puesto en el consejo, para poder dedicarse a sus proyectos personales fuera de Mango.

Además de las hermanas Andic, ante la jueza de instrucción ha declarado un psiquiatra que trató los conflictos económicos entre Jonathan y su padre. Lo hizo, según ha contado, en una única sesión de terapia en la que se vio con ambos y también por separado. A sus pacientes les vio dispuestos a superar sus roces, ha indicado a la jueza.

El psiquiatra, que ha obtenido la dispensa del Colegio de Médicos para eximirle del secreto profesional y declarar, se ha mostrado en desacuerdo con la propuesta de la terapeuta que trató a la familia, quien instó al fundador de Mango a ceder en vida parte de su herencia al primogénito. Una vez finalizada su testifical de una hora, el psiquiatra ha entregado documentos y dispositivos al juzgado para su copia.

Tras las declaraciones, portavoces de la familia han emitido un comunicado en el que reiteran que, tras 18 meses y “sin haber tenido aún el necesario espacio de sosiego para procesar el duelo por la dolorosa muerte de su padre”, las hermanas mantienen su “absoluta convicción” en la inocencia de Jonathan y en que “la verdad acabará prevaleciendo”.