La Generalitat ha suspendido las clases este miércoles (segundo día de curso escolar) en cinco comarcas por el fuerte episodio de tormentas que se prevé que cruce Catalunya. La consellera de Interior, Núria Parlon, ha anunciado que no habrá clase en las escuelas, institutos ni universidades del Baix Llobregat, el Alt Penedès, el Baix Penedès, el Vallès Occidental y el Garraf.

En estas cinco comarcas de la conurbación de Barcelona, donde viven y trabajan casi dos millones de personas, la Generalitat ha pedido a la ciudadanía no salir de casa salvo si es imprescindible este miércoles entre las 7.00h y las 17.00 horas por la posibilidad de que descarguen fuertes lluvias.

Las restricciones se comunicarán esta tarde a través de un mensaje ES-Alert en los móviles de los habitantes de estas comarcas. Las afectaciones también incluyen la actividad de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), una de las mayores del país, así como a todos los centros de día de personas mayores y con discapacidad.

Parlon también ha pedido a todos los ciudadanos de estas comarcas que teletrabajen si es posible y ha anunciado que en los hospitales y centros de salud se suspende la actividad sanitaria no urgente para minimizar los desplazamientos.

El nuevo episodio de lluvias intensas empieza apenas 24 horas después de que las altas temperaturas se mantengan en buena parte del litoral y prelitoral catalán, en especial las noches tórridas que han complicado dormir a miles de ciudadanos, y llega a las comarcas de Barcelona tras las tormentas de final de verano que cruzaron Tarragona y provocaron dos muertes.

El Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) ha informado de que, a partir de este martes por la noche, se puede superar el umbral de intensidad de lluvia de 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos en las comarcas del norte de la Catalunya central.

A partir de la madrugada, el episodio de lluvias intensas se amplía a casi todo el territorio todo el día. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana del miércoles se esperan chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta en el litoral y prelitoral central y sur.

En la mañana de este miércoles se pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos en las comarcas del Alt Penedès, Baix Penedès y Garraf. Por otro lado, durante el episodio también se podrá superar el umbral de intensidad de lluvia de 60 litros por metro cuadrado en tres horas en las comarcas del Pirineo y Prepirineo oriental y la Catalunya central

Un juez de Barcelona ha admitido a trámite la querella del colectivo independentista Acció Cassandra y ha ordenado a la Policía Nacional y a los Mossos d'Esquadra “identificar” a los respectivos jefes de operativo que comandaron la expulsión de cantantes de la Sagrada Familia en la visita del Papa León XIV por llevar simbología independentista.

La Policía Nacional expulsó el 10 de junio a unos 600 cantantes que iban a protagonizar el cierre musical de la misa del papa en la Sagrada Família ante el temor de que algunos de sus miembros cantaran el himno de Catalunya, Els Segadors, y mostraran símbolos independentistas, algo que no estaba previsto en el programa acordado con el templo y los organizadores de la visita papal.

Según explicaron algunos cantantes del coro, diversos integrantes introdujeron dobladas entre sus partituras esteladas para exhibir en algún momento del acto. Junto a las enseñas que escondían algunos de estos cantantes, tenían un texto que proponía desplegarlas durante la interpretación del canto del Virolai y cantar a continuación Els Segadors.

En su auto, el juez Santiago García ordena tomar declaración a cuatro de los cantantes del coro como testigos e indagar en el operativo policial antes de investigar a cualquier mando.

El magistrado ha requerido a los Mossos y la Policía que identifiquen a los respectivos jefes de operativo (al ser un acto con presencia del rey Felipe, la seguridad en el interior de la Sagrada Família correspondía a la Policía, mientras que en el exterior recaía en los Mossos) así como la “cadena de mando que ordenó el encapsulamiento exterior y confinamiento de la cantoria” tras su expulsión de la basílica.

El presidente de Acció Cassandra y abogado, Lluís Gibert, ha destacado la importancia de la admisión a trámite de su querella porque confirma que los hechos denunciados “no son una exageración política, ni una simple polémica organizativa, sino unos hechos lo suficientemente graves para merecer una investigación penal con todas las garantías”.

A diferencia del deteriorado circuito de València, el de Montmeló (Barcelona) luce en perfecto estado. La instalación catalana que acoge el gran premio de Fórmula 1 tampoco tiene los problemas de ruido que han soliviantado a los vecinos de Madrid. Los tres certámenes sí tienen en común, como tantos macroeventos deportivos, la inyección de dinero público como parte esencial para su celebración y funcionamiento.

El circuito catalán ha sumado este verano un nuevo capítulo en el reverso del glamour atribuido a las carreras automovilísticas: la Fiscalía ha abierto una investigación al que fuera secretario general de la conselleria de Empresa en el Govern de ERC entre 2021 y 2024, Oriol Sagrera, por su puerta giratoria en el circuito.

En virtud de su cargo público, Sagrera era consejero delegado de Circuits de Catalunya S.L., la empresa pública propietaria de la infraestructura. Apenas tres semanas después de dejar la conselleria, fue nombrado consejero delegado de Fira Circuit, la sociedad privada a la que la Generalitat, cuando Sagrera era el número dos del departamento de Empresa, concedió la gestión del circuito.

Tal y como adelantó El Periódico y ha confirmado elDiario.es, la Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias de investigación sobre la puerta giratoria de Sagrera tras recibir el expediente incoado en la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC).

El caso que investiga la Fiscalía suma un nuevo capítulo a las polémicas que arrastra la celebración de grandes premios de motociclismo y Fórmula 1 en Catalunya. Históricamente, la actividad del circuito de Montmeló ha dependido de las ayudas públicas para subsistir, pese a que los responsables políticos de distintos colores alegan que las competiciones producen un retorno positivo en la economía catalana.

Tras varias peticiones, el grupo parlamentario de la CUP logró en la anterior legislatura que el Govern de Aragonès le entregara el contrato que firmó en 2022 con la empresa que organiza la Fórmula 1 para garantizar las carreras en Montmeló hasta 2026. A partir de este año y hasta 2032, los grandes premios serán bianuales.

En virtud del contrato, entre 2022 y 2026, la empresa pública Circuits de Catalunya se comprometió a pagar un total de 127 millones de dólares (casi 110 millones de euros) para celebrar y promocionar la carrera. El acuerdo establecía que esas cantidades “no están sujetas a impuestos en España”.

No fue el único desembolso de dinero a la empresa privada estadounidense que organiza las carreras de Fórmula que se formalizó en el contrato. El circuito catalán tuvo que afrontar obras en para renovar el paddock (la zona interior de la instalación, donde conviven trabajan los equipos cuando no hay actividad en pista) y las instalaciones por 24,7 millones y pagar 2,5 millones de euros en concepto de propiedad intelectual.

Además, la Generalitat se comprometió a avalar el 100% de los pagos en caso de que Circuits no pudiera asumirlos.

El caso de Sagrera

Sagrera fue secretario general de la conselleria de Empresa y Trabajo entre 2021 y 2024, que encabezó Roger Torrent. Durante su mandato, el departamento del que era 'número dos' transformó la gestión del circuito y aprobó sucesivas inyecciones de dinero público para celebrar los grandes premios de coches y motos.

A propuesta de su conselleria, la Generalitat concedió 7,7 millones al año entre 2022 y 2026 para la promoción de la Fórmula 1, más otros 24,7 millones para financiar las obras previstas para la celebración de la prueba. Para las pruebas de motociclismo, las ayudas económicas en el mismo periodo ascendieron a 45 millones.

En los coletazos de la legislatura de Aragonès, en abril de 2024, la conselleria de Empresa adjudicó de forma directa a Fira de Barcelona un contrato de 20 años para la explotación y gestión de la actividad del circuito, que sigue siendo propiedad de una empresa pública donde la Generalitat tiene mayoría. La sociedad gestora es Fira Circuit.

Sagrera cesó como secretario general del departamento el 27 de agosto de 2024. Menos de un mes después, el 16 de septiembre, Fira de Barcelona lo nombró consejero delegado de Fira Circuit. Desde inicios de 2025, el ex alto cargo ya no ocupa la máxima responsabilidad de la sociedad, si bien se mantiene como consejero responsable de las carreras de Formula 1 y MotoGP.

La ley de incompatibilidades de la Generalitat fija un periodo de dos años durante el que cualquier ex alto cargo no puede desempeñar actividades privadas relacionadas con los expedientes y asuntos en los que ha intervenido desde la administración pública.

La puerta giratoria de Sagrera ha terminado en la mesa de la Fiscalía de Barcelona después de que Junts intentara a finales de 2024, sin éxito, recabar los informes jurídicos que justificaron su designación y que el ex alto cargo diera explicaciones en el Parlament por su nombramiento como consejero delegado de Fira Circuit.

El partido de Carles Puigdemont solo obtuvo el apoyo de Vox para que comparecieran ante la Cámara el propio Sagrera, su sucesor en el Govern de Salvador Illa como secretario general del departamento de Empresa, Pol Gibert; y exaltos cargos del Govern de Pere Aragonès como el que fuera su secretario del Govern, Xavier Bernadí; la exsecretaria de administración y función pública Alicia Corral y el exsecretario de Empresa y Competitividad Albert Castellanos.

El sindicato CGT ha solicitado a la Justicia que declare que la infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea docente el pasado mayo vulneró los derechos fundamentales de los docentes y que prohíba a la policía catalana volver a espiar una reunión de profesores que prepare una huelga.

La CGT ha formalizado su demanda, a la que ha tenido acceso elDiario.es, por vulneración de derechos fundamentales ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), después de que los Mossos aseguraran que no realizaron ningún expediente ni documento por escrito sobre la actuación policial.

La central argumenta que la falta de documentación admitida por los Mossos “agrava” el menoscabo en los derechos de los docentes que sufrieron la infiltración policial en una asamblea que preparaba las últimas huelgas de profesores del pasado curso en Catalunya.

“La inexistencia de orden formal, de valoración del riesgo o de ponderación no es una simple irregularidad administrativa”, remarca el escrito de la abogada de la federación de enseñanza de la CGT, Mireia Salazar, sino que supone “una circunstancia especialmente grave” ante una infiltración sin el consentimiento de los huelguistas.

El escrito del sindicato carga contra la policía catalana por haber reconocido que no hay rastro escrito de qué mando ordenó a las dos agentes infiltrarse en la asamblea; bajo qué riesgo se justificó la operación o por qué motivo no eran suficientes las múltiples fuentes abiertas en redes sociales que anunciaban movilizaciones de docentes.

Tampoco encuentra explicación lógica el sindicato al hecho de que la policía catalana no haya detallado a los jueces por qué era necesario que las agentes se hicieran pasar falsamente por profesores; qué información se obtuvo de la asamblea y si fue destruida o conservada; y si se valoró cómo afectaba la infiltración a la libertad sindical.

La CGT cree que, con sus evasivas, los Mossos “impiden el control jurisdiccional” del espionaje y “refuerzan la conclusión de que la infiltración se desplegó sin ninguna de las mínimas garantías exigibles cuando se ven afectados derechos fundamentales de primer orden”, como son el de huelga y el de reunión.

En suma, para el sindicato la falta de explicaciones de la policía autonómica “constituye, por sí sola, un elemento relevante de la ilicitud” del espionaje, y reclama una indemnización de 4.000 euros por daños morales.

Recuerda la central que la administración catalana, como parte del conflicto laboral con los docentes, tenía un “deber reforzado de neutralidad y cautela” y que, en cambio, se convirtió en “juez y parte” del conflicto al infiltrarse dos funcionarios policiales en una asamblea.

No se puede justificar, como de forma genérica hizo el jefe de la Comisaría de Información de los Mossos, la infiltración en conocer eventuales riesgos para la movilidad o cortes de carreteras, agrega la CGT.

El sindicato también emplea las palabras de la consellera de Interior, Núria Parlon, y el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, como argumentos a favor de sus tesis.

Según la CGT, el hecho de que Parlon tildara ante el Parlament la actuación policial de “infiltración torpe” y prometiera que no se repetiría “corrobora, por boca de la propia Administración, la ausencia de justificación que amparase la injerencia en los derechos fundamentales” de los docentes.

Por su lado, Trapero afirmó ante la Cámara catalana que “no se daba un principio de oportunidad en la asistencia policial desplegada”, pero matizó que, a su juicio, la actuación no supuso una injerencia en los derechos y libertades de los docentes. Más allá de que la valoración policial de Trapero, a criterio de la CGT, “no se ajusta a los estándares constitucionales”, para el sindicato muestra que la propia dirección general de la policía catalana conocía que el espionaje “no cumplió con los requisitos de oportunidad e idoneidad”.

La infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de profesores no está documentada. Así lo ha trasladado la policía catalana al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que argumenta que no puede presentar la orden operativa que precedió al espionaje porque no se puso por escrito.

Seguir la cadena de mando es una de las mayores dificultades con la que habitualmente se encuentran los denunciantes de actuaciones policiales que vulneran derechos fundamentales. El caso del espionaje a una asamblea de profesores que preparaba una de las huelgas docentes en Catalunya del pasado curso no está siendo una excepción.

El espionaje encendió todavía más los ánimos ya caldeados entre los docentes por su conflicto laboral con el Govern, que sigue sin cerrarse (hay una huelga convocada para este martes, primer día de curso).

Hasta tres sindicatos han interpuesto demandas, por la vía administrativa, para reclamar que se condene a la policía catalana por vulnerar los derechos de los docentes. Antes de dictar sentencia, los jueces deben recabar la documentación del caso y, si lo creen conveniente, escuchar a testigos.

A petición de la CGT, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC requirió a los Mossos d'Esquadra que aportaran el expediente completo administrativo del espionaje.

La documentación reclamada por los jueces era muy concreta y debía incluir la orden de servicio u operativa en la que se basó la infiltración policial en una asamblea docente de Barcelona del 6 de mayo; las instrucciones impartidas a las agentes que acudieron a la reunión; la valoración del riesgo y la ponderación policial de la actuación en relación con su afectación en los derechos fundamentales de reunión y de huelga; y el parte policial de la actuación.

La respuesta de los Mossos a los jueces ha sido parca en palabras y documentos y genérica, sin referirse al caso concreto del espionaje a la asamblea docente. En síntesis, el expediente no existe.

En un escrito de cinco párrafos, el jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra, Carles Hernàndez, informa a los jueces que el “carácter confidencial y reservado” de las funciones de sus agentes hace que sus actividades policiales “no se materialicen en protocolos escritos de actuación ni en documentación que refleje formalmente todas y cada una de las actuaciones de obtención y tratamiento de la información”.

Según Hernàndez, el “único destino” de los datos obtenidos por los agentes de Información es “ser tenidos en cuenta por los mandos policiales a los efectos de dimensionar el dispositivo necesario y adoptar las medidas operativas pertinentes en cada caso”.

El mando indica a los jueces que las funciones de su comisaría son “estrictamente preventivas” y están orientadas a “la obtención, tratamiento, análisis e integración de información relacionada con conflictos sociales y laborales en tanto que fenómenos susceptibles de generar escenarios de tensión u alteración del orden público”.

Las vías para obtener la información, agrega el mando, responden a una “metodología predefinida” y son de dos tipos: las “fuentes abiertas” que no implican afectación en derechos fundamentales y “la toma en consideración de antecedentes”.

El comisario Hernàndez evita concretar a los jueces en cuál de los dos “ejes” para obtener información que tienen los Mossos se enmarca el acudir a una asamblea de docentes sin identificarse como agentes de policía.

“No se puede aportar ninguna documentación relativa a órdenes de servicio o de planificación y valoración, ni de partes de intervención ni, en definitiva, ningún expediente, porque no se elaboró”, concluye el escrito de Hernàndez.

En un escrito posterior, la jefa de servicio de protección de la seguridad ciudadana de la conselleria de Interior, María Paz Martí, agrega que la infiltración policial “vino motivada” por las “numerosas movilizaciones” de docentes a lo largo del curso, que en algunos casos habían provocado “alteraciones”.

“Esta situación —agrega el escrito de Martí— justificaba la necesidad de recoger y disponer de información, vía fuentes abiertas, para poder dimensionar y planificar los dispositivos policiales pertinentes”.

En ninguno de sus informes a los jueces la policía catalana da respuesta a si policialmente se evaluó la afectación en los derechos de reunión o de huelga de los docentes que suponía enviar a dos agentes a una asamblea.

A nivel político, el Govern pidió perdón por la infiltración “mal planteada” de los Mossos, aunque también la tildó de “democrática”, al tiempo que descartó cesar al director general, el major Josep Lluís Trapero, como le exigió la oposición.

Los socios parlamentarios del Ejecutivo, ERC y los Comuns, también reclamaron en un principio la dimisión de Trapero, aunque evitaron ponerla como línea roja y terminaron aprobando los presupuestos en plena crisis educativa.

Lo único que concedió el Ejecutivo es que revisaría el operativo para analizar dos parámetros: si el espionaje fue oportuno y si respondió a criterios de proporcionalidad. Insuficientes explicaciones para los docentes. El conflicto educativo en Catalunya sigue abierto y la infiltración policial espera sentencia.

La Fiscalía de Barcelona ha pedido al juez sentar en el banquillo al fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, por mantener a sus repartidores como falsos autónomos pese a las sentencias judiciales que le obligaban a contratarles como empleados.

Según informan fuentes jurídicas a elDiario.es, el Ministerio Público ha concluido que de la instrucción del caso existen “indicios suficientes” para continuar la causa y llevar a juicio a Pierre por un delito contra los derechos de los trabajadores.

El pasado mes de julio, Pierre admitió que trató de “desvirtuar” la Ley Rider al intentar mantener como autónomos a los repartidores, pero negó que ello supusiera un delito contra los derechos de los trabajadores, por lo que pidió dar carpetazo a la causa.

Antes de tomar una decisión, el juez preguntó a la Fiscalía y al resto de partes si procedía archivar la causa, a lo que se han opuesto tanto el Ministerio Público como el sindicato CGT, que ejerce la acusación popular.

La causa contra Pierre se inició en verano de 2024, cuando la Fiscalía presentó su denuncia contra el ejecutivo por “suprimir” los derechos de los trabajadores. A lo largo de más de un año de instrucción, tanto los repartidores como los inspectores de Trabajo que han comparecido han ratificado que Glovo no regularizó a los falsos autónomos pese a las sentencias judiciales que le obligaban a contratarles como empleados, extremo que desmiente la defensa de Pierre, quien asegura que la empresa siempre operó legalmente.

Pierre continúa con un frente judicial abierto en Barcelona tras una importante victoria de la Seguridad Social frente a la compañía en su pelea judicial millonaria por las cotizaciones sociales de sus repartidores. La Audiencia Nacional tumbó una de las sentencias de lo contencioso-administrativo favorables a la multinacional, que avalaron su sistema de 'riders' autónomos pese a la condena del Supremo de 2020, y que Glovo había utilizado como tesis defensiva en la causa de Barcelona.

En plena crisis judicial, Glovo, además del anuncio del cambio en su modelo laboral, ha llevado a cabo una campaña de imagen en la que ha conseguido que el president de la Generalitat, Salvador Illa, y los sindicatos se hicieran una foto con Pierre por los diez años de la empresa el pasado mes de julio, además de fichar a expolíticos de varios partidos para su consejo asesor.

La defensa del consejero delegado de Glovo alega que las inspecciones no versaban sobre requerimientos concretos para que fueran contratados como empleados, tal y como exige el delito contra los derechos de los trabajadores por el que irá a juicio el fundador de la empresa.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado por conmutada la pena de cuatro años y medio de cárcel por falsedad documental y prevaricación impuesta a la expresidenta de Junts y del Parlament, Laura Borràs, tras ser indultada por el Gobierno a propuesta de los propios jueces.

Así consta en un auto, emitido por el TSJC, en el que se cierra el trámite del indulto iniciado por los mismos jueces al condenar a Borràs hace tres años por haber fraccionado contratos públicos para beneficiar a un amigo.

Los magistrados plantearon al Gobierno la concesión de la medida de gracia al considerar que la pena impuesta a Borràs, la mínima permitida por la ley, era “notablemente excesiva” en comparación con el mal causado por su conducta delictiva.

A juicio de los magistrados, la entrada en prisión de Borràs no era necesaria “para evitar la comisión futura de nuevos delitos”. En otra palabras: estar inhabilitada para gestionar dinero público durante 13 años y pagar una multa de 36.000 euros es suficiente reproche penal para la exlíder de Junts.

El Consejo de Ministros siguió la petición de los jueces y, el pasado mes de julio, conmutó la pena de prisión de Borràs pero mantuvo el resto de la condena, lo que impedirá a la expresidenta del Parlament volver a la primera línea política o a un cargo público en la próxima década.

Como reacción a su indulto parcial, Borràs destacó que, así, se disipa la posibilidad de entrar en prisión, aunque advirtió de que “la pesadilla no finalizará hasta que un tribunal determine” que el proceso judicial seguido en su causa ha sido, en su opinión, “una gran injusticia”.

El TSJC, en su auto, señala que queda un último trámite por cumplir sobre las condiciones para la suspensión de una pena de dos años de prisión, por lo que pide la valoración de la Fiscalía y de su defensa para que la exlíder de Junts participe en “programas formativos en contenidos relacionados con los fines que deben guiar las actuaciones de las Administraciones Públicas”.

Resolución relevante en el frente judicial de la amnistía. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha mantenido sus “reservas” sobre que el delito de malversación en el procés se pueda amnistiar y ha rechazado aplicar, por ahora, la ley de olvido penal a los excargos de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.

Así lo defiende la Sala Civil y Penal del TSJC en un auto en el que rechaza la petición de la defensa de Jové de retirar la cuestión prejudicial que los magistrados también habían elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y que está pendiente de resolución.

El TSJ catalán se mantiene así, junto al Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas, como un tribunal renuente, cuando no contrario, a aplicar la amnistía, pese a la rotundidad de la sentencia del TJUE.

En julio, el tribunal de Luxemburgo avaló amnistiar a los exaltos cargos catalanes porque los fondos públicos destinados al procés no afectaron a los intereses financieros de la Unión. Lo hizo a partir de una cuestión prejudicial enviada por el Tribunal de Cuentas.

Con la respuesta clara y favorable a la amnistía del TJUE, la defensa de Jové pidió al TSJC retirar su cuestión prejudicial, toda vez que la duda del alto tribunal catalán sobre la malversación ya había quedado resuelta con la contestación al Tribunal de Cuentas y se trataba de casos análogos.

El tribunal del TSJC formado por su expresidente, Jesús María Barrientos, y los magistrados Carlos Ramos y Fernando Lacaba, ha rechazado la petición del dirigente independentista.

Según el tribunal, aunque la sentencia del TJUE de julio “ofreció respuesta” a algunas de sus dudas, no las contestó en su totalidad, ya que se trataba de una resolución sobre la responsabilidad contable investigada por el Tribunal de Cuentas y no por el delito de malversación del Código Penal.

Pese a versar sobre los mismos gastos del procés, la sentencia del TJUE “no alcanza a responder a todas las reservas” del TSJC sobre la aplicación de la amnistía, indican los jueces catalanes, por lo que procede mantener sus cuestiones prejudiciales.

La principal duda que, a juicio del TSJC, se mantiene, es el delito de malversación “como una modalidad de corrupción”, un tipo penal que el Supremo directamente se ha negado a amnistiar en el caso de Carles Puigdemont, cuyo caso está pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional este otoño.

Los dos tribunales que sí estaban plenamente vinculados por las sentencias del TJUE sobre la amnistía, el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, tampoco han aplicado la norma desde el pasado mes de julio pese a la petición de los altos cargos del procés y de los CDR acusados de terrorismo para hacerlo sin demora. Los jueces renuentes a la amnistía no han dicho la última palabra.

El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha quedado retratado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha censurado, con elegancia, pero con contundencia, la interpretación contraria al derecho de reunión y a la libertad de expresión que impuso el juez al condenar a los manifestantes de ‘Aturem el Parlament’.

Han pasado 15 años de los hechos. El movimiento 15-M rodeó la Cámara catalana para protestar contra los recortes que Artur Mas aprobó de la mano del PP. Fue una jornada caótica y una muestra de la conflictividad social que provocan las políticas de austeridad (algo a tener en cuenta para próximas crisis económicas y sus consecuencias penales contra los manifestantes).

En el recorrido judicial del caso hay dos togados a recordar. El primero es Marchena, seguramente el juez más famoso del país. El segundo es menos conocido para el público, pero es uno de los mejores penalistas de España: Ramón Sáez, hoy en el Tribunal Constitucional tras pasar buena parte de su carrera en la Audiencia Nacional, donde se juzgó la causa ‘Aturem el Parlament’.

Sáez absolvió a los acusados al considerar que debía primar su derecho de reunión. Marchena, en cambio, los condenó a tres años de cárcel. Las dos sentencias de las que fueron ponentes sendos togados ejemplifican dos visiones opuestas del ejercicio de la magistratura.

La de Sáez fue una resolución profundamente garantista, propia de jueces que aspiran a que el respeto a los derechos fundamentales de los acusados presida el proceso y que las penas sean el último recurso, y que saben que el castigo no soluciona los problemas sociales. La de Marchena, en cambio, resultó punitivista y fue un aviso a manifestantes del poder del Estado: el que proteste, puede acabar en la cárcel.

El lenguaje de ambas sentencias da cuenta de esas dos maneras de entender y ejercer el tercer poder.

Sáez basó la absolución en que la libertad de expresión y el derecho de reunión y manifestación están “íntimamente vinculados como cauces de la democracia participativa” y gozan de “especial protección”. Una de sus argumentaciones es larga, pero merece leerse en su totalidad:

“Cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica, como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta sobre el pluralismo, valor esencial, y que promueve la libre igualdad de personas y grupos para que los derechos sean reales y efectivos, como enuncia la Constitución en su título preliminar”.

En consecuencia, la sentencia de la que Sáez fue ponente absolvió a los 19 acusados que gritaron o se encararon con los diputados, y condenó tan solo al activista que pintó con spray la chaqueta de la diputada Montserrat Tura, extremo violento que sí rebasó los límites del derecho de reunión.

Solo uno de los tres jueces del tribunal de la Audiencia Nacional discrepó de las tesis de Sáez y abogó por una condena a parte de los acusados (aunque, al mismo tiempo, propuso su indulto). El nombre también sonará: Fernando Grande-Marlaska, hoy ministro del Interior.

Al llegar al Supremo, el caso dio un giro. La sentencia condenatoria por un delito contra las instituciones del Estado a ocho acusados de la que fue ponente Marchena censuró con contundencia el “patente error” en el que, a su juicio, había incurrido Sáez al no priorizar el derecho constitucional de participación política –la asistencia de los diputados al Parlament– sobre el derecho a la protesta de los manifestantes.

Señaló Marchena en su sentencia que los manifestantes de ‘Aturem el Parlament’ crearon una “atmósfera intimidatoria” y un “clima hostil” que contribuyó a su “propósito colectivo” de impedir la labor de la Cámara.

El TEDH concluye que, en realidad, el que estaba equivocado era Marchena y que Sáez tenía razón.

Los jueces europeos censuran en especial la argumentación de Marchena de que los insultos y gritos y la presencia física en la manifestación eran suficientes como para fundamentar una condena por un delito contra las instituciones del Estado, aunque los acusados no ejercieran actos de violencia concreta contra los diputados.

En la sentencia del TEDH se oyen los ecos del voto particular del magistrado Perfecto Andrés, el padre del garantismo penal en España, y único miembro del tribunal que discrepó de Marchena: “El objeto de esta causa tiene connotaciones políticas tan intensas, que difícilmente podría darse una aproximación de derecho que no comporte o traduzca también una previa toma de posición del intérprete en ese otro plano”.

El TEDH destaca que el Supremo consideró que los manifestantes “contribuyeron a crear un ambiente intimidatorio, pero no les atribuyó ninguna acción violenta concreta”. Este fue el principal error de Marchena.

“Una persona no deja de gozar del derecho a la libertad de reunión pacífica a consecuencia de actos de violencia esporádicos u otros actos punibles cometidos por terceros durante la manifestación”, recuerda el tribunal con sede en Estrasburgo.

La mala labor del Supremo no terminó aquí, según el TEDH, pues su fallo contra ‘Aturem el Parlament’ desalentó el derecho a la protesta de toda la población al castigar con penas “severas” de cárcel el ejercicio de derechos fundamentales.

Es el denominado chilling effect (efecto desaliento), un clásico de las condenas de Estrasburgo a España. El TEDH impone muy pocos reveses a los tribunales españoles, pero son casi siempre tropiezos con la misma piedra: la restricción desproporcionada de los derechos de reunión o la libertad de expresión. Ya sea por quemar fotos del rey o acudir a una manifestación.

El TEDH lo tenía fácil para quitarse de encima el caso 'Aturem el Parlament' sin dar un tirón de orejas a España: los activistas no llegaron a entrar en prisión y las penas de tres años de cárcel que les impuso el Supremo están prescritas. Además, en los últimos tiempos los jueces europeos restringen sus condenas y confían más en los tribunales nacionales.

Asimismo, Estrasburgo ha ahorrado una humillación total al Supremo al no entrar a valorar el hecho de que el Alto Tribunal revocó la absolución de los activistas sin un nuevo juicio, algo que ya había motivado condenas a España como en el caso Atutxa.

La sentencia del TEDH debe presidir desde ahora todas las interpretaciones de los tribunales españoles sobre la protesta social.

Aunque sectores independentistas, en un nuevo ejercicio de voluntarismo, confían en que el fallo de ‘Aturem el Parlament’ sea la antesala de otra condena del TEDH a España en el caso del procés, la realidad es que son causas distintas. Y no solo porque algunos presos del procés como el actual secretario general de Junts, Jordi Turull, quisieran meter en la cárcel a los activistas del 15-M. Igual que Marchena.

‘Aturem el Parlament’ fue el grito de rabia de miles de ciudadanos contra los recortes, mientras que las manifestaciones del procés se concertaron desde el poder político (aunque su reproche penal pueda ser igualmente desproporcionado tan solo en el caso de los exlíderes de Òmnium y la ANC; no en el de los exconsellers). La victoria de este jueves es la del derecho a la protesta de los de abajo.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por vulnerar el derecho de reunión y a la libertad de expresión al castigar con tres años de cárcel a los manifestantes de 'Aturem el Parlament', la protesta que el movimiento 15-M que en 2011 rodeó la Cámara catalana en contra de los recortes que aprobó el Govern de Artur Mas.

La sentencia, muy esperada por los activistas, defendidos por el abogado Eduardo Cáliz, y sus familias, supone un revolcón a la tesis que arguyó el Tribunal Supremo para revocar sus absoluciones dictadas por la Audiencia Nacional.

El Alto Tribunal minusvaloró el derecho de reunión de los manifestantes, que había sido la llave de su absolución en primera instancia, y les condenó a tres años de cárcel por haber acudido a la protesta, aunque no realizaran actos concretos de violencia contra los diputados.

Esta condena, a juicio del TEDH, fue “desproporcionada” y, además, fue perjudicial para el conjunto de toda la sociedad (no solo a los activistas), al suponer una “disuasión” para acudir a manifestaciones y “participar en un debate político abierto”.

Las penas de prisión impuestas a los activistas “no eran proporcionales a los objetivos legítimos de proteger la seguridad pública y los derechos y libertades de los demás, o de prevenir el desorden”, remarca el tribunal europeo.

Los jueces europeos remarcan que la protesta de 'Aturem el Parlament' “perturbó” la normal actividad de la Cámara catalana, pero que a la hora de imponer penas de cárcel a los manifestantes se debe exigir un “rigor especial”.

Y eso es lo que no tuvo el Supremo, según se desprende de las conclusiones del TEDH. A los jueces europeos les llama la atención que el Alto Tribunal condenara a los manifestantes por su “contribución” a crear una “atmósfera intimidatoria”, pero que no atribuyera actos específicos de violencia a cada uno de ellos.

Un manifestante mantiene su derecho de reunión aunque un tercero haya cometido actos de “violencia esporádica”, argumenta el TEDH.

Gritar a los diputados mientras entraban en el Parlament, advierten los jueces europeos, no es un acto de violencia suficiente para fundamentar una condena penal.

En estas circunstancias, concluye el TEDH, la argumentación del Supremo para justificar una condena “severa” a tres años de cárcel “resulta insuficiente”.

En declaraciones a este diario, el abogado de los demandantes, Eduardo Cáliz, ha celebrado la sentencia del TEDH porque “protege el derecho de manifestación” y “pone un límite muy claro a los supuestos contextos de intimidación para justificar penas de prisión que ejercen su derecho a la protesta”.

El Tribunal Supremo anuló en 2015 la sentencia de la Audiencia Nacional que había absuelto a los acusados de la protesta alrededor del Parlament y condenó a ocho de ellos a tres años de cárcel por un delito contra las altas instituciones del Estado.

Los magistrados no contradijeron los hechos probados de la primera sentencia, pero consideraron que la Audiencia Nacional incurrió en un “patente error” al priorizar el derecho de protesta de los manifestantes al derecho de participación política de los diputados para asistir a la Cámara.

En su sentencia, el entonces presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, atendió los recursos de la Fiscalía y del Parlament de Catalunya y de la Generalitat, comandada entonces por Convergència bajo el Govern de Artur Mas.

Como ponente del fallo, el magistrado Marchena dio un revolcón a la fundamentación jurídica de la absolución, en la que la Audiencia Nacional, en una sentencia de la que fue ponente el magistrado Ramón Sáez (hoy en el Constitucional) había primado el derecho de reunión de los manifestantes.

Un juez de Reus (Tarragona) ha procesado por un delito de lesiones graves a dos agentes del cuerpo de élite de los Mossos d'Esquadra por abatir “indiscriminadamente” y “acribillar la integridad física” del vigilante de seguridad Marin E.S., que les había disparado previamente y que antes había tiroteado a sus antiguos compañeros de trabajo.

El caso se remonta a diciembre de 2021. Los Mossos abatieron y detuvieron a Marin E.S., que se atrincheró en una masía de Riudoms y disparó a los mossos del Grup Especial d'Intervenció (GEI) después de tirotear a sus antiguos compañeros en una oficina de Tarragona.

El vigilante sufrió lesiones medulares graves a consecuencia de la intervención policial y fue el primer preso de la historia de España en recibir la eutanasia. La hermana de Marin E.S., representada por el abogado Gerard Amigó, se querelló contra los agentes.

En un auto, adelantado por el Diari de Tarragona y al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado Adriano Muñoz sabe que su resolución puede ser polémica y mide cada palabra.

Para empezar, el juez se muestra consciente de que la intervención policial que abatió a Marin E.S. “es receptora del acogimiento y aprobación de la inmensa mayoría del sentimiento social, siempre demandante de una contundente respuesta frente a hechos delictivos de intensa gravedad”.

El juez diferencia dos momentos de la operación de neutralización del vigilante: el despliegue operativa en torno a la masía de Riudoms, que el juez ve correcto para “evitar la fuga del objetivo y garantizar la seguridad” de los agentes encargados de interceptar a Marin E.S., y la “culminación de la misión”, que es donde aparecen los indicios de delito.

El instructor resalta un aspecto clave, menos percibido por la sociedad, pero que es la vara de medir de la Justicia a la hora de examinar cualquier actuación policial: la proporcionalidad. Este baremo no desaparece pese a la “conducta indudablemente hostil” de Marin E.S. y su “predisposición a hacer uso de la fuerza armada” contra los agentes que intentaron detenerle.

A juicio del magistrado, la proporcionalidad brilló por su ausencia en la intervención de los GEI sobre Marin E.S., pues solo uno de los dos agentes procesados disparó 17 veces al vigilante, un número que el instructor considera excesivo. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el otro GEI procesado disparó solo una vez contra el vigilante.

“Hay indicios suficientes para considerar que la actuación de los agentes fue descontrolada, desproporcionada, y con una finalidad que pudo ir allá de la de neutralizar [a Marin E.S.], que fue la de acribillar su integridad física, originándole graves lesiones medulares que derivaron en pérdida de prácticamente toda la movilidad de su cuerpo”, concluye el auto.

Tampoco han jugado a favor de los dos procesados las contradicciones entre las declaraciones de los agentes del operativo en sede judicial y lo que escribieron en los atestados del caso, así como la “opacidad” que el juez ha apreciado en la inclusión de determinados datos en la causa.

Las declaraciones de los agentes, que aseguraron que Marin E.S. disparó de forma indiscriminada contra su posición, son “incongruentes” con el hallazgo de solo 5 casquetes de bala del vigilante, destaca el juez.

Tampoco han aparecido ninguno de los 16 casquillos que dijo haber disparado otro agente, que no ha sido procesado. El juez también advierte que el informe de balística de los Mossos “no recoge” este dato ni fotografías de los cargadores de los subfusiles de dos agentes, como sí hace con el resto de armas.

El instructor también destaca que mientras en los informes iniciales los mossos explicaron que dirigieron los disparos y apuntaron a “zonas bajas” del cuerpo del vigilante, en su declaración judicial no supieron decir hacia dónde dispararon debido al “estrés de combate”.

Además, uno de los dos mossos procesados escribió en la minuta policial que disparó una sola vez contra el vigilante en sus piernas, mientras que en sede judicial no pudo precisar si fue su bala la que impactó en Marin E.S.

Reacción del Govern a los bulos que ha esparcido la extrema derecha para sacar partido políticamente del crimen de un hombre en Manresa (Barcelona).

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha asegurado que los dos menores detenidos por matar a un hombre con arma blanca en la localidad son catalanes que viven con sus familias, y ha cargado contra Aliança y Vox por “manipular” y “generar odio” al difundir el bulo que eran menores no acompañados de origen magrebí.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes por la tarde a dos menores, de 15 y 16 años, que este miércoles pasarán a disposición de la Fiscalía de Menores por su presunta vinculación con la muerte de un hombre de 45 años y vecino de Castellnou del Bages (Barcelona), que fue apuñalado en la calle la madrugada del martes en Manresa, en plena fiesta mayor de la localidad.

Las extremas derechas catalana y española, Aliança Catalana y Vox, han empleado el manual de todos los partidos ultra de Europa para intentar aprovechar electoralmente un suceso, vinculando de forma falsa delincuencia e inmigración.

Según ha detallado Parlon en una entrevista a Catalunya Ràdio, los hechos, que investigan los Mossos para determinar si podría haber más implicados, ocurrieron hacia las 5.10 horas, a raíz de una pelea entre dos grupos de cuatro o cinco personas.

Los dos detenidos habían tenido con anterioridad una actitud “reprobable” y ya llevaban tiempo con comportamientos “no adecuados” para unos menores, según la consellera.

Parlon ha denunciado que Aliança Catalana y Vox han “aprovechado” este crimen para “hacer asociaciones oportunistas y xenófobas” y practicar la “política del odio”, al tiempo que ha remarcado que los dos detenidos no son menores no acompañados ni están en un centro de menores.

Los arrestados son dos chicos nacidos en Catalunya, uno de padres catalanes y otro de padres de origen inmigrante, que viven con sus familias.

Según la consellera, los dirigentes de Vox y Aliança que difundieron que los detenidos eran menores no acompañados y afirmaron que eran de origen magrebí “aprovecharon” unos “hechos gravísimos” para “generar odio, discordia y confundir a la gente”.

Parlon ha insistido en que este tipo de conductas se tendrán que denunciar: “La manipulación de la sociedad para generar odio y generar enfrentamientos sociales tiene una gravedad extrema”.

Según Parlon, no se puede “jugar” con “el dolor de la población” ni culpar a un colectivo de personas por hechos “gravísimos” cometidos por algunas personas ni “manipular ni dar informaciones orientadas a fomentar el enfrentamiento y el odio a menores no acompañados”.

“Es una auténtica vergüenza aprovechar el dolor por unos hechos graves para lanzar informaciones contra un colectivo de personas vulnerables. Si esta es la política que ellos practican, es la política del odio. Debe tener una respuesta social y política”, ha insistido, informa EFE.

La consellera ha reconocido que en Catalunya existe una percepción de inseguridad debido a los tiroteosvinculados al crimen organizado por el narcotráfico y a la proliferación de disputas con armas blancas.

“Tenemos un problema con la normalización de llevar una navaja encima”, ha admitido Parlon, que ha insistido en que es una cuestión que se debe abordar desde diversas perspectivas, como la educacional, familiar y social, y no solo desde el ámbito policial.

La Justicia es lenta (sobre todo si se tienen recursos para demorarla), pero termina llegando. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha desestimado el último intento de la multinacional israelí Iberpotash para impedir su obligación de desmantelar la montaña de sal contaminante que tiene en Sallent (Barcelona) fruto de su actividad minera.

A la espera de que la empresa cumpla con la sentencia y retire los 45 millones de toneladas de sal contaminante que acumula en la montaña de El Cogulló, convertida en uno de los principales peligros ecológicos de Catalunya, se empieza a poner punto y final a un litigio que dura dos décadas.

En una providencia, adelantada por La Vanguardia y que ha confirmado elDiario.es, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC inadmite el último recurso de Iberpotash, y vuelve a dar la razón a la asociación de vecinos del barrio de la Rampinya de Sallent, representados por el abogado Climent Fernández.

La contaminación provocada por la actividad minera de Iberpotash, que afecta en especial la salinización de las aguas del Llobregat, lleva décadas siendo denunciada por vecinos, ecologistas y Fiscalía de Medio Ambiente, sin que las autoridades políticas hayan querido abrir un conflicto con la empresa por el relevante peso económico que tiene en la comarca.

Tras años de inacción del consistorio y de la empresa, los vecinos lograron en 2014 la sentencia que acordaba un expediente de protección de la zona y obligaba a Iberpotash a cesar los vertidos salinos en El Cogulló, al tiempo que le instaba a retirarlos. Los vertidos se siguieron produciendo hasta 2019.

La empresa recurrió ante todas las instancias posibles, sin éxito, y tampoco cumplió con la sentencia de forma voluntaria. Los vecinos pidieron entonces la ejecución forzosa de la resolución, y la Justicia les volvió a dar la razón. Iberpotash volvió a recurrir hasta encontrarse con el último portazo judicial de este mes de julio.

En suma, ahora llega el turno de la empresa para cumplir con “el restablecimiento de la realidad física alterada” que le imponía la primera sentencia. Todas las instancias judiciales han rechazado las alegaciones de Iberpotash, que consideraba que los usos del vertedero de sal ya estaban legalizados.

“No consta que se haya retirado ni un solo metro cúbico de residuo salino desde que cesó ese vertido”, recordó el TSJC en su sentencia de 2024.

Las consecuencias medioambientales de la minería en la comarca de El Bages han comportado procedimientos tanto por la vía contenciosa como por la penal. Una sentencia de 2016 condenó a tres exdirectivos y a la compañía a sufragar el coste de la recuperación ambiental de la zona hasta que se eliminara la elevada salinidad de las aguas.

Debido a la contaminación salina, estos acuíferos de la comarca del Bages no se pueden destinar al consumo humano o del ganado. Además de afectar a una docena de pozos y fuentes, los escombros salinos también causaron filtraciones de agua contaminada a los ríos Cardener y Llobregat.

Advertencia de Oriol Junqueras a Pedro Sánchez. El presidente de ERC ha defendido que la Generalitat “debe ayudar en todo lo que pueda” a resolver la crisis migratoria de Ceuta, en especial la situación de los menores, aunque ha matizado que Catalunya “no puede acoger infinitamente”.

La crisis de Ceuta ha virado el inicio del curso previsto para los partidos catalanes, centrado en la preparación de la Diada y en el nuevo modelo de financiación pactado entre PSC y ERC que sigue sin aprobarse. Los partidos se mueven con cautela en este escenario, toda vez que son las aguas que más conviene remover a la extrema derecha de Aliança Catalana.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Junqueras ha abogado por acoger a parte de los menores, aunque ha insistido en que esta ayuda no puede ser “ilimitada”, al tiempo que ha urgido al Gobierno a “asumir responsabilidades” y vigilar la frontera.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego ha cifrado en 1.478 los menores migrantes que están en centros de protección en la ciudad autónoma, y ha informado de que 500 niñas migrantes “están a la espera de que el presidente de Ceuta dé su consentimiento” para su traslado a pequeños centros de la Península distribuidos en distintas partes del país.

Con una respuesta humanitaria todavía sin concretar para los miles de migrantes que permanecen en Ceuta, el presidente de ERC ha instado al Gobierno a ser “rápido y eficaz” para resolver la situación en la ciudad autónoma. “De la misma manera que entraron miles de personas y no debería haber pasado, hay miles de personas en la playa y no deberían estar”, ha apostillado Junqueras.

Los Comuns, que están en el Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, se han sumado a las críticas a Pedro Sánchez por la gestión de la crisis migratoria. La coordinadora del partido y diputada en el Congreso, Candela López, ha criticado a Sánchez por “ir tarde” en la gestión de la situación en Ceuta.

En contra de lo defendido por el presidente, López ha sostenido que “es evidente que existe una responsabilidad de Marruecos” en esta crisis, al tiempo que ha considerado que Sánchez “se equivoca” en la estrategia que está siguiendo.

“Es malo para la población migrante, cómo se está viendo, también es malo para la población ceutí, cómo se está viendo, porque lo que está haciendo es centrar la gestión en la seguridad y en la concentración de recursos en Ceuta”, ha aseverado López sobre la posición del presidente.

La líder del partido ha discrepado también frontalmente respecto de las causas de la entrada masiva de personas migrantes. “No fue debido a las mafias, tampoco fue únicamente esa alimentación en las redes sociales. Es evidente que existe una responsabilidad de Marruecos para desestabilizar al Gobierno”, ha insistido.

Para los Comuns, la prioridad debe ser la seguridad y los derechos de la población en Ceuta y de las personas migrantes y recuperar la convivencia. A diferencia de lo que defiende Sánchez, los Comuns son partidarios de que haya traslados de migrantes a la península de forma inmediata y que los procesos de identificación y eventual retorno se hagan con todas las garantías para los menores y los que puedan ser considerados refugiados.

Respuesta del Camp Nou a la agresión de la Policía a un socio menor de edad en Elche tras quitarle una bandera 'estelada'. Miles de aficionados han seguido la llamada del presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, y han lucido la seña independentista en el estadio para condenar la actuación policial contra el joven.

Antes de que empezara el partido contra el Athletic Club de Bilbao en el Camp Nou, las 'esteladas' se han lucido antes del inicio del partido, durante el canto del himno del Barça, que ha ido seguido del cántico “visca el Barça i visca Catalunya”.

Lo que tenía que ser un homenaje a los jugadores del Barça que ganaron el mundial con la selección española ha terminado en una reivindicación independentista catalana. La agresión policial al menor ha provocado el giro de guion. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha agotado las 10.000 banderas 'estelades' que ha repartido a las puertas del Camp Nou, todavía en obras y con capacidad para unas 60.000 personas.

Laporta había llamado a convertir la previa del partido en un “acto de exaltación de la 'estelada'” y a defender los “valores” que representa esta bandera. “Expresa los anhelos de libertad de muchos culés y catalanes. Debe respetarse. Esa voluntad forma parte de la libertad de expresión y es una forma de expresarnos de forma pacífica que no genera violencia ni odio”, apuntó Laporta.

Además, el club ha asumido la defensa del joven agredido, que se enfrenta a una causa ante el juzgado de menores por atentado a los agentes de la autoridad por haberse encarado con el grupo de agentes que le quitó la 'estelada' y después lo agredió, incluso cuando ya estaba reducido en el suelo.

La presencia de banderas y cánticos independentistas en el Camp Nou había descendido notablemente en los últimos años en comparación con los momentos álgidos del proceso soberanista, cuando era habitual que el estadio coreara mayoritariamente gritos de “independència” en el minuto 17:14 de partido.

La protesta de la afición azulgrana ha conectado con la identidad catalanista que el F.C. Barcelona tiene desde su fundación y que ha mostrado en varios momentos de su historia, incluso bajo periodos dictatoriales, y que le han valido el lema de 'Més que un club' (Más que un club).

Además, el episodio se produce en un contexto en el que cada vez más turistas acuden a las gradas del Camp Nou como una parada más de su viaje a Barcelona, sin saber nada de la historia del club y en detrimento del socio tradicional.

El revuelo de los hechos ocurridos en el campo del Elche ha llegado también al Congreso, donde ERC ha registrado una proposición no de ley para garantizar que no se requisen 'estelades' en eventos deportivos, tal y como les ocurre a muchos aficionados del Barça que llevan esta bandera en estadios de España. Los republicanos exigen que “ninguna instrucción política, policial o particular” impida la exhibición de este símbolo.

Los partidos independentistas y los Comuns censuraron la actuación de los agentes, mientras que la Policía Nacional ha abierto una investigación interna (una información reservada) sobre los hechos.

Giro inesperado. El padre de Francesc Augé, que desde hace dos años mantiene paralizada la eutanasia de su hijo mediante un recurso en los tribunales, ha desistido en su objetivo de impedirle la muerte digna. El cambio de opinión del padre abre la puerta a que Francesc A. pueda materializar por fin su derecho a morir.

Según ha explicado a elDiario.es el abogado del padre, Valentín Gómez, el hombre, que tiene 96 años y varios problemas de salud, ha rechazado seguir con la batalla judicial contra la eutanasia de su hijo que ya habían avalado los médicos y juristas encargados de evaluar su solicitud.

La decisión llega después de que el Tribunal Supremo concediera al padre habilitación legal para recurrir la eutanasia de su hijo tras dos años de batalla en los juzgados. El progenitor había hecho caso omiso a las distintas solicitudes de Augé para que se dejara de alargar su sufrimiento y permitiera su muerte digna.

A la espera de que el juzgado conozca formalmente la decisión del padre, el desistimiento de continuar con el pleito permite que, tras dos años en suspenso, se pueda proceder a la eutanasia de este vecino de Barcelona de 55 años, que sufrió dos ictus y dos infartos y tiene reconocida una discapacidad del 75% y un grave sufrimiento psicológico.

El intento de frenar la eutanasia a Augé impulsado por su padre había llegado hasta el Tribunal Supremo, que el pasado junio le dio la razón y le permitió impugnar la eutanasia de su hijo. Los magistrados lo acordaron tras un intenso debate que no se saldó con unanimidad.

La mayoría del Supremo consideró que el padre sí podía recurrir, pero una minoría de jueces advirtió a sus compañeros que su decisión menoscaba la eutanasia y la convertía en un “derecho a una mala muerte o una muerte sin dignidad” en la medida que se permitía a un familiar recurrirla y alargar el sufrimiento del paciente.

Permitir a un padre, una madre o una pareja impugnar una eutanasia, razonó el voto particular, resultaba contradictorio, pues se trata de un recurso que no busca “restaurar un derecho vulnerado”, sino “impedir al titular del derecho a la muerte digna la prestación de la ayuda para morir”. En lo que sí estuvieron de acuerdo todos los magistrados es en reclamar al Congreso cambios legales para acortar al máximo los trámites de resolución de los casos.

La decisión del Supremo obligaba al caso a Augé a volver a la casilla de salida de un juzgado de Barcelona, en un pleito que se alargaba ya dos años. De haber continuado hasta la última instancia, el caso podría haber durado, por lo menos, otro año más, ya que los recursos a la eventual demanda podrían reiterarse hasta el Tribunal Supremo. No será así.

La aprobación de la ley de eutanasia en 2021 ha permitido morir dignamente a 1.668 personas, según los datos disponibles hasta final de 2025. La mayoría de solicitudes se han tramitado con normalidad, con solo dos excepciones, los casos de Francesc y Noelia.

En agosto de 2024, dos juezas de Barcelona paralizaron sus eutanasias ya avaladas por el comité catalán de médicos y juristas que estudia todas las peticiones. Lo hicieron a raíz de sendos recursos de sus padres. El de Noelia, representado por los ultracatólicos Abogados Cristianos. El de Francesc, por un letrado particular.

Las distintas respuestas judiciales iniciales sobre si los familiares podían recurrir explican por qué Noelia pudo morir tras un largo procedimiento el pasado marzo, mientras que Augé todavía debe esperar. Se trata de una cuestión técnica, pero que ha incidido de forma relevante en la resolución de las causas (y en alargar el sufrimiento del hombre).

La jueza del caso Noelia admitió, en un primer momento, la posibilidad de que el padre recurriera. Pero al tratarse de una cuestión controvertida, decidió celebrar la primera vista de la historia de España sobre el recurso de un familiar contra una eutanasia. En su sentencia concluyó, tras estudiar todos los argumentos, que el padre de la joven no tenía habilitación legal para impugnar la eutanasia.

Por el contrario, la magistrada que estudió el recurso del padre de Augé rechazó, de entrada y sin celebrar un juicio, que su progenitor pudiera impugnar su eutanasia. El Supremo consideró “prematura” la decisión de la jueza, ya que, según el Alto Tribunal, “no se puede negar de manera genérica e indiscriminada la legitimación del padre”.

El planteamiento del Alto Tribunal obligaba al juzgado del caso de Augé a seguir el camino del caso Noelia: vista judicial en la que el padre pudiera argumentar por qué debía frenarse la muerte digna y decisión (recurrible primero ante el TSJ catalán y después ante el Supremo) sobre el fondo. El cambio de opinión del padre le ahorra a su hijo más meses de sufrimiento.

“A nivel personal, como represaliado, no iré a un espacio declarado como lugar de memoria que sea una comisaría, porque todavía supone un lugar de dolor”. Así se expresa Carles Vallejo, histórico integrante del PSUC y CCOO que en 1970 sufrió 20 días de torturas por su militancia política y sindical en la comisaría de Via Laietana de Barcelona, conocida como 'la casa de los horrores'.

El Gobierno oficializó el pasado 17 de julio la declaración de Via Laietana 43 como “lugar de memoria democrática”. En la misma disposición se recogió que esta denominación “no altera el uso actual” del edificio como sede de la Jefatura Superior de Policía de Catalunya.

El Ejecutivo ha desoído una de las reivindicaciones históricas de los represaliados por el franquismo y ha mantenido a la Policía Nacional en el edificio. Los planes para cesar el uso policial de Via Laietana se remontan al año 2006, con un pacto entre el entonces president, Pasqual Maragall, y el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, pero nunca se han materializado. Ni con Gobiernos del PP ni del PSOE.

Los distintos colectivos de represaliados no se dan por vencidos y han presentado un recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que sostienen que la decisión del Ejecutivo supone “mantener la impunidad”.

La impugnación tiene pocos visos de prosperar, pues se presenta ante la misma secretaría de Estado de Memoria Democrática que justificó mantener la comisaría en el edificio y ensalzó a la Policía “plenamente comprometida con la protección de los derechos y libertades de la ciudadanía”.

“El argumento de que los policías que hay ahora no son los mismos que durante el franquismo no me vale. La Policía tendría que ser la primera en ser consciente de que una comisaría es incompatible con un lugar de memoria”, reflexiona Vallejo.

Las entidades adjuntaron varios informes psicológicos y de especialistas de la Universitat de Barcelona (UB) y la Autònoma de Barcelona (UAB) que justificaban el traslado policial, pero el Gobierno no los mencionó en su resolución. “Es bastante evidente que mientras la Policía siga en Via Laietana la sombra del franquismo seguirá proyectándose sobre ellos. El traslado forma parte de nuestra reparación como represaliados”, expone Vallejo.

La resolución del Ejecutivo ha generado malestar y decepción entre los represaliados y los colectivos de memoria. Las víctimas son conscientes de que el traslado de la comisaría sería casi imposible con un eventual Gobierno de PP y Vox, pero confiaban en una mayor sensibilidad del PSOE y más presión de sus socios parlamentarios para lograrlo.

“El Gobierno tiene un discurso favorable al traslado, pero cuando el balón llega al Ministerio del Interior todo se encalla. Creo que el Gobierno teme a los sindicatos policiales que han hecho de Via Laietana un caballo de batalla en sus negociaciones laborales”, asevera Vallejo en conversación telefónica con este diario.

De todos los espacios de represión franquista de Barcelona, la comisaría de Via Laietana de Barcelona es el que más se le atraganta al PSOE. En cambio, la antigua prisión Modelo, el Camp de la Bota o el castillo de Montjuic se han reconvertido en lugares de memoria.

A día de hoy, la comisaría tiene casi siempre usos institucionales y de oficinas, pues la mayoría de trámites policiales se realizan en la sede de la Policía Nacional de La Verneda. El edificio, además, presenta déficits de climatización. “No pasaría una inspección de Trabajo, querer seguir allí es un 'sostenella y no enmendalla'”, resume Vallejo.

El recurso de los represaliados, que firma el abogado Josep Cruanyes, se ha presentado en nombre de distintas entidades de memoria catalanas: la Comissió de la Dignitat, la Amical Mauthausen, la Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, el Ateneu de Memòria Popular, la Comissió de la Memòria Històrica, la Fundació Cipriano García-CCOO, Irídia y Òmnium Cultural.

El escrito recoge hasta nueve ejemplos internacionales de centros de represión durante dictaduras en países europeos y latinoamericanos que, tras la llegada de la democracia, se reconvirtieron en museos para recordar las torturas. Por ejemplo, la antigua sede de la Stasi en Berlín, la prisión de Pitesti de Rumanía o la ESMA de Buenos Aires.

“No encontramos ningún caso en el mundo de centros de represión política declarados lugares de memoria que sigan prestando servicios de policía o prisión en los mismos términos”, enfatiza el escrito de las entidades. Esta excepcionalidad, agregan, “pone en evidencia” la “incompatibilidad” de mantener a la Policía en Via Laietana y que el edificio sea declarado, al mismo tiempo, lugar de memoria.

Los represaliados recuerdan al Gobierno que, a nivel internacional, la conversión de las celdas de tortura en museos “busca romper y tomar distancia de las instituciones represoras” y “abrir a la ciudadanía” los espacios, algo “materialmente imposible” de conseguir en el caso de Via Laietana con la Policía en el edificio.

El recurso también considera incompleta la declaración de Via Laietana como lugar de memoria, pues la resolución del Gobierno no identifica como espacios a preservar las celdas de detención, las dependencias de los grupos de la Brigada Político Social y las habitaciones donde se practicaban los interrogatorios y las torturas. Los represaliados no se dan por vencidos. “Mientras haya energía, insistiremos”, concluye Vallejo.

Las nucleares de Almaraz, Ascó y Vandellós están separadas por casi 600 kilómetros, pero unidas por un mismo debate: la prórroga de su funcionamiento. La ampliación hasta 2030 de la vida de la central extremeña ha generado expectativas en las instalaciones catalanas, cuyos partidarios confían en alargar su fecha de cierre, mientras que ecologistas y grupos de izquierda reclaman mantener el calendario previsto.

El melón nuclear se ha reabierto en Catalunya, la comunidad que concentra tres de los siete reactores que hay en España, todos ellos en una única provincia: Tarragona. A falta de las próximas explicaciones parlamentarias que deberá dar sobre el asunto, el Govern ha evitado sumarse a las voces que piden que la prórroga de Almaraz sea la antesala de cambios en el calendario de desmantelamiento de las centrales catalanas.

Los planes actuales contemplan el cierre en 2030 de Ascó I, en 2032 de Ascó II; y en 2035 de Vandellós II. El año 2030 también es la nueva fecha prevista de cierre de Almaraz I y II y de la central de Cofrentes (Valencia), mientras que en el caso de Trillo (Guadalajara) su apagón se contempla para 2035.

En el debate sobre las nucleares se cruzan vectores clave del futuro modelo energético y económico español, pero también locales: Ascó y Vandellós dan trabajo a unas 3.000 personas (en buena medida, empleos de alta cualificación), a los que hay que sumar los empleos indirectos. Todos los municipios con centrales pueden disponer de los fondos de transición nuclear para ayudar a la transición energética y la reorientación de la actividad económica.

El alcalde Ascó, Miquel Àngel Ribes, se declara “totalmente a favor” de prorrogar la vida de la central del municipio. Su posición no se explica por la defensa exclusiva de los intereses de Ascó, recalca, sino por los del conjunto del país. “La nuclear es necesaria si queremos mantener los niveles de industrialización y de reducción de gases contaminantes”, defiende.

Para la alcaldesa de Vandellós, Assumpció Castellví, la seguridad debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. “Si el Consejo de Seguridad Nuclear dice que la prórroga es segura es porque se ha hecho un estudio riguroso”, remarca. “El debate tiene que ser técnico y no político”, agrega.

Por el contrario, el investigador en energía del Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Alfons Pérez López, cree que el debate sobre las nucleares es indisociable al del modelo económico. “La industria consume mucha energía, pretender un cambio hacia la instalación de centros de datos que todavía consumen más nos lleva a una espiral de demanda infinita de energía totalmente irracional”, valora.

El debate, admite Pérez, es complejo, que tiene claro que los empleos no pueden ser una excusa para no abordarlo: “No se puede situar al trabajador de la nuclear como escudo humano de un problema que es de modelo económico”.

Los alcaldes de Ascó y Vandellós rechazan enmarcar el debate en un dilema entre nucleares y renovables y se muestran partidarios de ambos tipos de energía. “Lo importante es dar estabilidad a la red eléctrica, especialmente para la industria, pero esto a día de hoy solo con las renovables no es posible”, sostiene Ribes, mientras que Castellví recuerda que su consistorio impulsa un centro de investigación en renovables en su municipio.

El apoyo a las renovables no es unánime en todos los municipios catalanes. Catalunya lleva años de retraso en el impulso de energías limpias. Las razones pasan por los complejos trámites burocráticos, pero también por el malestar de colectivos y municipios de Lleida y Tarragona, que ven un agravio territorial en los planes para instalar grandes parques energéticos en sus campos en contraste con otras zonas del país.

El resultado es que en 2025 Catalunya cubrió solo un 15% de su demanda eléctrica con renovables, muy lejos del objetivo del Govern del 50% para 2030. Un retraso que da más alas a los partidarios de alargar la vida de las nucleares. Ante el malestar territorial y ecologista y el alud de 12.000 alegaciones, el Ejecutivo catalán ha aplazado la aprobación del Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya (PLATER) hasta el verano de 2027, cuando inicialmente quería hacerlo este año.

A nivel político, los socios del Govern, ERC y Comuns, han exigido a Illa que se cumpla con las fechas de cierre previstas de las centrales catalanas. En cambio, la diputada en el Congreso de Junts, Pilar Calvo, en declaraciones a TV3, consideró “absolutamente irresponsable mantener el calendario porque pondría en riesgo la garantía de suministro”.

“Gusten más o menos, las nucleares son necesarias porque no tenemos suficiente potencia eléctrica: para construir una urbanización hace falta potencia eléctrica, y para levantar un polígono industrial también”, asevera Castellví (Junts).

Prorrogar la vida de las nucleares catalanas, añade Ribes (del partido municipalista Per Tu), permitiría “dar más tiempo” a los municipios para afrontar la transición y diversificación económica que supondría el desmantelamiento de las instalaciones.

Ribes y Castellví también admiten un contexto internacional más favorable a la prórroga: el accidente de la central japonesa de Fukushima de hace quince años impulsó en buena parte de Europa un programa para cerrar las nucleares al que se empieza a dar marcha atrás por la inestabilidad energética que han generado la invasión rusa de Ucrania y la reciente crisis del estrecho de Ormuz.

“El error del Gobierno ha sido argumentar la prórroga de Almaraz en base a una cuestión coyuntural como la crisis energética derivada de las guerras en Ucrania e Irán, y obviar por completo que el programa para cerrar las nucleares es una política estructural del país”, reflexiona Pérez.

El experto del ODG alerta de que la prórroga de Almaraz “es un error de envergadura que el país pagará muy caro” y que “allana el camino para que PP y Vox hagan lo que quieran con el calendario de cierre” en caso de que obtengan una mayoría tras las próximas elecciones generales.

Junts y ERC han marcado distancias con la extrema derecha independentista de Aliança Catalana. Durante sus intervenciones en la Universitat Catalana d'Estiu en Prada de Conflent (Francia), secretario general de Junts, Jordi Turull, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, han coincidido en identificar al partido de Sílvia Orriols con el “odio”.

En la familia mal avenida que es el independentismo catalán ha irrumpido una formación de extrema derecha, Aliança Catalana, que pese a tener solo dos diputados en el Parlament ha logrado que Junts vire hacia posiciones más duras en materia de migración y seguridad, tal y como ha ocurrido en España con el PP y Vox.

A todos los partidos catalanes, no solo a los soberanistas, preocupa el crecimiento que todas las encuestas otorgan a la formación ultra, tanto en los comicios a la Cámara catalana previstos para 2028 como, en especial, en las municipales del año que viene. Aliança crece especialmente a costa de Junts, que teme el auge de los de Orriols en sus feudos locales tradicionales.

En la antesala del nuevo curso político catalán que tradicionalmente abre la conmemoración de la Diada, Turull, llamó este miércoles a combatir a la extrema derecha para “salvar la nación” catalana sin tacticismo partidista. “Aunque algunos lo querrían así, la batalla contra la ultraderecha no es una batalla ideológica para lograr una supremacía o una hegemonía electoral”, subrayó.

Turull abogó por un “combate de valores” contra la extrema derecha, más allá de una batalla “electoral” con los partidos que la representan. “Estamos concentrados en soluciones y esperanzas, no en fomentar aún más la desesperación de la gente por cuatro votos. Nunca lo haremos”, se comprometió.

“Es en términos de ética política que deben combatirse los mensajes de odio, de señalamiento a lo diferente, de división de la sociedad y eso es lo que Junts, mayoritariamente, está hablando y decidiendo”, aseveró. “Si el odio va inoculándose en la sociedad catalana, acabará dividida”, pronosticó.

El número dos de Junts sostuvo que a la extrema derecha se la combate “con valores” como la libertad, la democracia, la tolerancia, la fraternidad, la cohesión social, el esfuerzo personal y el progreso. El mensaje de Turull llega después de que el empresario David Madí, expeso pesado convergente ahora sin cargo orgánico alguno pero que pretende influenciar en Junts, avalara los pactos de Junts con Aliança.

Turull criticó a los representantes políticos que intentan “distraer” a Junts para que miren “hacia una determinada formación política”, en alusión a Aliança Catalana, y subrayó que en su partido están concentrados en ser la alternativa al Govern de Salvador Illa, tras lo que ha acusado a ERC de ser muleta del Ejecutivo catalán.

Por su lado, Junqueras ha aseverado que “no se puede hacer nada bueno ni serio con cualquier grupo político o social o de cualquier tipo que predica el odio contra su propio país y contra su propia sociedad”.

Para el líder de ERC, que ha confirmado su asistencia a la manifestación independentista de la Diada en Barcelona tras su ausiencia del año pasado, “el odio es incompatible, sobre todo el odio dirigido a tu propio país y tu propia sociedad, con la construcción de un futuro compartido”.

Instituciones y familiares han rendido este lunes homenaje a las víctimas de los atentados del 17 de agosto de 2017 en la Rambla de Barcelona y Cambrils (Tarragona). En un acto sobrio, sin discursos políticos, se ha recordado a los 16 fallecidos en los ataques de la célula terrorista.

Tras finalizar el homenaje, el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga se ha encarado con un grupo de manifestantes independentistas que había acudido al acto con pancartas en las que se podía leer 'Estado asesino', 'Basta de verdugos' y 'Estado español cómplice'.

El encontronazo se ha producido cuando Garriga se ha dirigido hacia los manifestantes que le habían increpado con gritos mientras atendía a los medios de comunicación. Garriga se ha acercado y les ha reprochado una actitud “irrespetuosa” mientras estos le han acusado de “provocador”. Los Mossos d'Esquadra han intervenido para separar ambas partes y Garriga ha acabado marchándose.

En un mensaje posterior difundido por Vox, Garriga ha indicado que se ha dirigido a los independentistas para reprocharles una actitud que considera “profundamente irrespetuosa” con las víctimas y con el carácter que debería acompañar un homenaje.

El homenaje no se ha podido celebrar en la Rambla porque está en obras y se ha trasladado a la plaza Sant Jaume. El acto ha expresado el apoyo a las víctimas y sus familiares, en “un recuerdo triste y doloroso que forma parte de nuestra memoria colectiva”, según ha expresado, la poetisa Fatima Saheb,

Las autoridades han querido acompañar físicamente, pero en silencio, a las familias de las víctimas. Al acto han asistido el presidente del Parlament, Josep Rull; la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; además de representantes municipales y policiales.

“La memoria no es solo recordar lo que pasó, sino decidir cómo cuidarnos, acompañarnos y seguir caminando juntos”, ha aseverado Saheb, que ha enfatizado la importancia de “la vida, la convivencia y el respeto”.

Antes del minuto de silencio con el que se ha cerrado el homenaje, la actriz Marta Bayarri ha leído el poema de Miquel Martí i Pol Parlem de tu mientras que los cantantes Jofre Bardagí y Ana Fernández han interpretado Compta amb mi, del grupo musical Txarango.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, que no ha acudido al acto de homenaje, ha expresado a través de X su apoyo a las víctimas y a sus familiares. “No olvidamos. Ante el odio y la barbarie, más convivencia, más democracia y más paz”, ha agregado.

El homenaje a las víctimas de los atentados llega a las puertas de un nuevo curso político marcado por los comicios municipales de mayo del año que viene. En Catalunya, el ciclo electoral estará marcado por el auge que todas las encuestas pronostican a la extrema derecha independentista de Aliança Catalunya, formación nacida en Ripoll y que aprovechó políticamente que la célula terrorista de los ataques se formara en esta ciudad.