Los Mossos d'Esquadra han detenido en la tarde de este jueves en Bellmunt d'Urgell (Lleida) a un menor de 16 años por presuntamente haber creado y promovido el canal de Blocus en distintas redes sociales para provocar disturbios en la ciudad este sábado.

Según ha informado la policía catalana en un comunicado, el menor “incitaba, dirigía y daba indicaciones al resto de integrantes del grupo” para realizar actos vandálicos, saqueos a comercios y ataques a la policía en la concentración convocada en Lleida, al igual que otras ciudades catalanas, este sábado.

La policía catalana atribuye al menor los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos e incitación a cometer daños y saqueos.

La investigación de la comisaría de información de los Mossos sobre los canales de comunicación en aplicaciones de mensajería instantánea centra los esfuerzos de los agentes. A principios de semana, se recabó la ayuda del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado del Ministerio del Interior para cerrar los canales de Telegram que incitaban a nuevos disturbios en Barcelona.

Las autoridades han constatado que las llamadas de Blocus están vacías de contenido político, y que pese al lema inspirado en las protestas estudiantiles en Francia en realidad se llama únicamente a saquear tiendas y vandalizar el centro de las ciudades.

El objetivo principal del Govern y los Mossos es evitar que este sábado se repita una jornada de caos como la de hace una semana en el centro de Barcelona, donde se detuvieron a 130 personas, más de la mitad menores, por los altercados.

Tras rastrear los grupos que animaban a las protestas del sábado en varias ciudades catalanas, los Mossos han identificado y detenido al menor que gestionaría el grupo de “Blocus Lleida”. La Policía ha detenido este mismo jueves a otro menor al que atribuyen la llamada digital a los saqueos en València.

El detenido en Lleida había creado grupos en diferentes redes sociales y mensajería, por los que difundía contenido que, según la policía, “incitaba a cometer actos vandálicos, saqueos a comercios y ataques a las fuerzas de orden público”.

En estos grupos, agregan los Mossos, se planeaba emplear violencia y artefactos lesivos contra la policía; qué tiendas destrozar; y se proponía a los otros integrantes del grupo cómo ir vestido para evitar ser identificados. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.

“Maricón, además de árabe, lo tienes todo”, “repite, maricón de mierda, di que eres una mierda, di que eres una mierda seca, di que eres una diarrea con moscas”.

Son las palabras que, según la Fiscalía, dos agentes de los Mossos d'Esquadra, dijeron a un joven mientras lo torturaban tras detenerle ilegalmente en Barcelona en 2021. El Ministerio Público pide para los agentes siete años y once meses de cárcel, además de una indemnización de 20.000 euros para la víctima. 

El escrito de acusación de la fiscal delegada contra los delitos de odio de Barcelona, Marta Gloria López, relata un ataque furibundo de dos agentes contra la víctima debido a su rechazo a su orientación sexual.

Los hechos se remontan a noviembre de 2021. La patrulla de agentes acudió de madrugada a un bar del Eixample donde el denunciante había discutido con una cliente. Pese a que la detención “no tenía amparo legal”, destaca la fiscal, los agentes pusieron los grilletes al joven.

Empezó entonces el segundo capítulo de las torturas denunciadas. En vez de trasladar a comisaría (aunque no había cometido delito alguno) al detenido, los agentes decidieron llevarle “a Mordor”, una referencia al Señor de los Anillos pero que en el argot de la patrulla significaba la Rambla del Raval.

Durante el trayecto en el coche, ahonda la fiscal, uno de los agentes acusados “ ”humilló“ al joven por su orientación sexual y ”menoscabó“ su integridad psicológica, física y moral.

El otro acusado “mantuvo una actitud pasiva y con risas” a los insultos y vejaciones de su compañero uniformado, agrega la fiscal, que le reprocha “haber faltado a los deberes inherentes a su cargo” por no haber parado a su colega.

Además de llamarle “maricón”, “árabe”, “mierda seca”, y obligarle a repetirlo, la fiscal destaca que el agente cogió la cabeza al joven, que vomitó, “y se la presionó contra lo que acababa de arrojar”.

En el coche también viajaba una agente en prácticas, que fue quien, nueve meses después, denunció los hechos ante la División de Asuntos Internos.

Una vez en la Rambla del Raval, los agentes quitaron los grilletes al joven y le bajaron del coche. El denunciante abandonó la zona a pie, sin que la patrulla que iba en otro coche detrás del de los acusados bajara a preguntar qué había suciedido al joven.

Los casos de torturas en los Mossos d'Esquadra son excepcionales, aunque existen precedentes: en 2012 tres agentes fueron condenados por este delito en la detención ilegal de un ciudadano rumano, mientras que hace tres años otros seis agentes fueron condenanos por torturas a dos jóvenes en un control de alcoholemia, un caso pendiente de resolución definitiva en el Supremo.

Además, los Mossos d'Esquadra expulsaron en 2023 a los seis agentes condenados por agredir a un joven al grito de “negro de mierda”.

El exprofesor de karate de Barcelona que este martes aceptó 26 años y medio de cárcel por abusar y agredir sexualmente a cinco alumnos menores se ha suicidado este jueves por la mañana en la cárcel Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), donde estaba interno.

Según han informado fuentes cercanas al caso, el recluso, que fue condenado por la Audiencia de Barcelona por tres delitos de abuso y dos de agresión sexual continuada a menores de 16 años, no estaba siendo objeto de seguimiento en el programa de prevención de suicidios en prisión.

En la mañana de este jueves, cuando se hace el recuento de presos en la cárcel, los funcionarios han encontrado al interno en su celda sin signos de vida. Los servicios de emergencias solo han podido confirmar el fallecimiento.

El exprofesor de karate, que ejercía en el Centro Deportivo Claret de Barcelona, es el noveno preso que se quita la vida en lo que va de año en Catalunya. El octavo interno que se suicidó lo hizo este mismo sábado, y tampoco tenía activado ningún protocolo.

El exprofesor de karate, de 67 años, aceptó este miércoles, tras llegar a un pacto con la Fiscalía, una condena de 26 años y medio de prisión y 140.000 euros de indemnización por abusar y agredir sexualmente a cinco alumnos menores de edad aprovechando su ascendencia sobre ellos. Las agresiones, que también grabó en vídeo, ocurrieron entre 2015 y 2023.

El hombre resultó condenado por tres delitos de abuso y dos de agresión sexual continuada a menores de 16 años, un delito de elaboración y otro de tenencia de pornografía infantil. Tenía que cumplir casi 18 de los 26 años y medio de cárcel, a los que había que restar los tres y medio que llevaba en prisión preventiva.

También aceptó nueve años de libertad vigilada tras su salida de la cárcel y las inhabilitaciones especiales para ejercer oficios o actividades que comporten contacto regular con menores durante 36 años y para el ejercicio de tutela durante 5 años. La sentencia estableció indemnizaciones de 48.800 euros para una de las víctimas y de 22.800 para las cuatro restantes.

La comisaria jefa de los Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha admitido la “preocupación” del cuerpo ante la convocatoria de Blocus este sábado en Barcelona tras los altercados y saqueos inéditos de hace una semana, por lo que el cuerpo ha anunciado que intensificará la presencia policial en el espacio público.

Catà ha comparecido este miércoles ante la comisión de Interior en el Parlament, acompañada del director general de los Mossos d'Esquadra, Ferran López y la consellera de Interior, Núria Parlon. Los tres han tenido que escuchar las vinculaciones xenófobas con los disturbios que han hecho Vox y Aliança Catalana, ante lo que Parlon ha sido contundente: “No hay que sentar a nadie en el banquillo por su color de piel”.

Parlon ha recordado que “los hijos de cualquiera, sean pobres o ricos”, pueden llegar a cometer algún delito, por lo que ha redoblado su petición a las familias para que controlen los contenidos que sus hijos reciben en las redes, como por ejemplo las llamadas de Blocus a los saqueos. “La respuesta es más social que policial”, ha ahondado López.

Los responsables policiales catalanes, de forma inédita, han dado datos sobre la nacionalidad de los 130 detenidos, más de la mitad de ellos menores, para desmentir el relato de la extrema derecha: la mayoría de los arrestados, el 65%, son de nacionalidad española. Los jueces, que solo han internado a seis menores, ya han constatado el arraigo social de los arrestados.

Parlon ha asegurado que el episodio del sábado se debe a un “fenómeno nuevo” de violencia juvenil, que bajo el falso pretexto de unas supuestas movilizaciones estudiantiles y sociales para reivindicar mejoras en la educación, salieron a la calle para delinquir y robar en diversos comercios.

Catà ha recordado que la investigación policial está en curso y todavía se está trabajando para averiguar quién o qué está detrás de estas movilizaciones de jóvenes que se realizan principalmente por plataformas de mensajería masiva, sobre las que la comisaria jefa ha apuntado que ya se han cerrado dos canales de Telegram que alentaban a nuevos altercados el día 31.

Este martes los Mossos d'Esquadra recurrieron al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que depende del Ministerio del Interior, para bloquear posibles nuevos grupos en plataformas de mensajería que inciten a más convocatorias de jóvenes para generar altercados y disturbios.

La comisaria jefa ha explicado que esta es una de las tres líneas de trabajo, que se suman a la investigación penal en curso y al análisis de las 300 identificaciones que se llevaron a cabo el sábado, “información clave”, según Parlon, que ayudarán a arrojar nuevos datos sobre los participantes en los disturbios y así poder esclarecer la investigación.

Por otro lado, Catà ha querido trasladar un mensaje de confianza a la ciudadanía ante posibles nuevas convocatorias: “No nos encontramos frente a una amenaza generalizada para la seguridad pública ni un fenómeno extenso en la juventud”, ha zanjado.

Una de las juezas de guardia de Barcelona ante las que comparecieron los mayores de edad detenidos por los altercados y saqueos del sábado constató el “arraigo social y familiar” de dos de los arrestados, lo que diluye su riesgo de fuga, y tan solo les prohibió acudir a nuevas protestas. Así lo expuso este lunes la magistrada este lunes en un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es.

La jornada de disturbios se saldó con 130 detenidos, 54 mayores y 76 menores de edad. La medida cautelar más dura, para seis de los menores, ha sido el internamiento provisional en un centro de justicia juvenil. Lo más habitual, sin embargo, ha sido que los jueces dejen en libertad a los arrestados. Eso sí, con la prohibición de asistir a más concentraciones.

La libertad provisional por el arraigo en Catalunya constatado por los jueces desmiente el relato que el PP, Vox y Aliança Catalana han lanzado sobre los disturbios, al vincular sin pruebas los participantes en los saqueos con las políticas de inmigración.

En el caso de los dos jóvenes de mayores de edad que ha conocido este diario, los Mossos les arrestaron en La Rambla. Vestían prendas de ropa deportiva que presuntamente habían saqueado antes durante los disturbios, y además, según el atestado del caso, lanzaron piedras y adoquines a los agentes.

Ambos detenidos se enfrentan a los delitos de robos con fuerza y desórdenes públicos. Otros arrestados suman además el delito de atentado contra agentes de la autoridad por haber atacado a agentes de los Mossos d'Esquadra.

La Fiscalía pidió para ambos jóvenes dos medidas cautelares: la prohibición de acudir a protestas en Barcelona mientras se instruye el caso para evitar el riesgo de reiteración delictiva y la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado para diluir su posible riesgo de fuga. La magistrada acordó la primera, pero no la segunda. Así ocurrió también en otros tres detenidos.

Según la argumentación de la jueza, obligar a los jóvenes a ir a firmar al juzgado resultaba innecesario, ya que el riesgo de fuga resultaba inexistente al tener los dos jóvenes un domicilio donde poder entregar las notificaciones. “Disponer de domicilio estable, conocido y localizado acredita el arraigo familiar y social”, concluyó la magistrada.

Como la inmensa mayoría de arrestados (solo dos los tenían), estos jóvenes carecen de antecedentes penales, lo que “disminuye potencialmente la probabilidad de eludir el proceso judicial”, agregó la jueza.

Lo que sí acordó la jueza es prohibir a los dos arrestados asistir a protestas en Barcelona. La medida argumentó la magistrada, resulta “necesaria” para “evitar el evidente y manifiesto riesgo de reiteración delictiva” de que los investigados vuelvan a participar en saqueos y disturbios.

Según la jueza, la medida está justificada por la violencia ejercida el sábado con la “excusa” de una protesta que “en realidad estaba vacía de contenido con el único fin de saquear los establecimientos de la zona de conflicto”.

“El sacrificio que sufren a su derecho de manifestación es inferior al beneficio que obtiene la seguridad ciudadana y la paz pública”, agregó la jueza, que remarcó que el veto a acudir a manifestaciones no afecta al “normal desarrollo” de la vida cotidiana de los jóvenes.

Además, la jueza advirtió a los dos jóvenes que saltarse la prohibición y acudir a nuevas protestas (hay otra convocatoria para este sábado) implicará que se revisen las medidas adoptadas, y podría acordar otras “que impliquen mayor limitación de su libertad personal”. En otras palabras, que aumentará el riesgo de prisión provisional.

Al margen de los atestados que individualicen las conductas de los 130 arrestados, los Mossos d'Esquadra han anunciado que pedirán autorización judicial para rastrear la red a fin de identificar a los autores de la convocatoria de la protesta en Barcelona. Una solicitud que, según fuentes jurídicas, todavía no se había formalizado este martes.

“Si beneficia a la extrema derecha, es probable que detrás esté la extrema derecha”. El candidato de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha vinculado a los ultras o un Estado extranjero con los disturbios de la noche de este sábado en Barcelona, al tiempo que ha abogado por la contundencia contra los detenidos: “Si robas, eres un ladrón, no un activista”.

Los altercados, que han dejado 128 detenidos, entre ellos 72 menores, y una veintena de tiendas saqueadas en el centro de la capital catalana, han marcado la jornada preelectoral de este domingo. También la presentación del libro de Rufián, Cómo ganar a los fachas (Leer antes de votar), editado por Ara Llibres, y que ha consistido en un diálogo del político con la periodista Àngels Barceló.

Rufián ha hilado su valoración de los disturbios con una reivindicación que hace en el libro para que la izquierda recupere un discurso propio en materia de seguridad y admita que la migración o el orden “son un reto importante”.

“En seguridad, quien la hace la paga”, ha zanjado Rufián, que ha remarcado no sentirse representado por los alborotadores. “Benefician a la derecha, blanco y en botella”, ha insistido, para añadir que “no hay idea política en la vida que valga ser defendida con la violencia”.

Sin concretar cuáles, Rufián ha recordado que hay estados extranjeros que han desestabilizado procesos electorales en todo el mundo. “Hay gente desde fuera que quiere cargarse cualquier posibilidad de un Gobierno progresista”, ha agregado.

Feijóo vincula los disturbios con el Gobierno

Paradójicamente, el candidato del PP a la presidencia española el 29-N, Alberto Núñez Feijóo, ha venido a dar la razón a Rufián y ha vinculado sin pruebas los disturbios con el Gobierno durante su acto de precampaña de este domingo en Salamanca.

“Como han perdido la calle, quieren incendiarla”, ha dicho Feijóo, que ha considerado que la izquierda está “sembrando el odio” porque, a su juicio, sabe que perderá los comicios del próximo mes.

Feijóo ha hecho bandera de mano dura y ha avanzado que el PP será “implacable” contra quien pretende destruir la convivencia “para evitar la alternancia democrática”. “La izquierda se está resistiendo con violencia a abandonar el poder”, ha apostillado.

Bustinduy apunta a una injerencia israelí

Sin aportar tampoco pruebas, el portavoz de campaña de Frente Amplio y ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha planteado la posibilidad de que los disturbios provengan de una injerencia israelí.

Illa se compromete a identificar a todos los alborotadores

El president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha comprometido a identificar y detener a todos los organizadores y participantes en la “violencia gratuita” de este sábado. “Sabremos quiénes son”, ha dicho, desde un mitin del PSC en Tarragona.

El president ha recomendado a las familias con menores que averiguen “qué hacen sus hijos y se hagan responsables” porque “no se permitirán impunidades”. “Pagarán un precio. Catalunya no es la que destruye, es la que construye”, ha sentenciado.

Junts pide la comparecencia de Parlon

Junts ha pedido la comparecencia “urgente” de la consellera de Interior, Núria Parlon, tras los saqueos. La presidenta del grupo parlamentario de la formación, Mònica Sales, ha exigido al Govern “explicar qué medidas preventivas adoptó y que dispositivo policial desplegó para evitar los altercados”.

Los jóvenes que en la noche de este sábado vandalizaron Barcelona y saquearon 23 comercios se “reclutaron” a través de “grupos organizados” en TikTok. Así lo ha apuntado la comisaria jefa de los Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, en declaraciones a RAC-1.

“No fue una manifestación como las que estamos acostumbrados”, ha destacado Catà, que ha admitido que la policía está sorprendida por la “beligerancia” de los jóvenes. A diferencia de las protestas habituales, que marchan pacíficamente y al final un grupo realiza disturbios, en los altercados de este sábado nada más reunirse los 500 jóvenes empezaron a atacar a los agentes y a quemar contenedores.

Los datos de los arrestos proporcionados por los Mossos d'Esquadra constatan la juventud de los alborotadores: la policía ha detenido a 128 personas, 72 de ellas menores de edad. La mayoría de los menores tienen entre 16 y 17 años, aunque hay alguno de 14.

De todos los arrestados, solo dos tenían antecedentes y solo hay seis mujeres. Además de las detenciones, los Mossos han levantado 68 actas administrativas tras decomisar armas blancas, espráis o pirotecnia.

La convocatoria provenía de Blocus, un grupo anónimo que llamaba a manifestarse no solo en Barcelona, sino también en otras grandes ciudades de España, incluido Madrid, por la “calidad del instituto”, un lema inspirado en el movimiento “Lycées Indignés” que desde hace semanas ha capitaneado las protestas de estudiantes en Francia, que también han derivado en algunos casos en incidentes violentos.

Catà ha detallado que la comisaría de información de la policía catalana estaba monitorizando un grupo de cuentas “organizadas” en TikTok llamada Blocus Barcelona, que tuvieron como objetivo “reclutar” a los jóvenes no para manifestarse sino para cometer actos delictivos.

“Más recursos, mejores instalaciones, profesorado suficiente, una educación de calidad”, rezaba la convocatoria, que animaba a salir a la calle “como en Francia”, informa EFE.

La plataforma incluía un código QR para unirse a grupos de Telegram o Whatsapp en los que se daban indicaciones sobre cómo participar en la protesta: de negro, con el rostro tapado y, a ser posible, con material pirotécnico.

La principal difusión de la convocatoria se hizo, desde mediados de la semana pasada, a través de perfiles anónimos de Tiktok, que la policía catalana ya está analizando, aunque también se investigan otras redes sociales en las que el llamamiento se fue multiplicando, hasta que llegó a saltar a grupos de Whatsapp abiertos.

Tras los últimos acontecimientos en Barcelona, Blocus ya ha borrado la cuenta que tenía en la red social TikTok, junto con todo el contenido expuesto.

Los Bomberos han apagado 33 incendios generados en el mobiliario urbano y contenedores, y 14 mossos han resultado heridos, cuatro de ellos en estado grave.

“No se manifestaron para reclamar derechos, bajaron a plaza Catalunya para lesionar a policías, romper el mobiliario urbano y causar desperfectos en establecimientos”, ha aseverado Catà.

La comisaria jefa ha explicado que, al margen de la puesta a disposición judicial de los detenidos, ahora los Mossos proseguirán un trabajo de investigación “ingente” para descubrir cómo funcionaron los “grupos organizados” que, a través de TikTok, primero “reclutaron” a los jóvenes. La llamada a los disturbios, ha ahondado Català, saltó después a grupos cerrados de Telegram y Whatsapp.

La jefa de los Mossos ha descartado que los detenidos provengan de Francia. Preguntada por la xenofobia que ya ha mostrado Sílvia Orriol sobre los detenidos al señalarles como extranjeros, Catà ha replicado: “No sé de dónde ha sacado esta información porque los detenidos son gente que vive en Catalunya”.

La comisaria jefa ha defendido el dispositivo de los Mossos ante las críticas del gremio de restauración, que lo ha tildado de “insuficiente”, y ha explicado que la propia falta de organización de los jóvenes, que rápidamente se dividieron en grupos aleatorios, dificultó la labor policial para acabar con los altercados.

El centro de Barcelona ha vivido altercados, saqueos de 23 tiendas y cargas policiales en la noche de este sábado en una protesta juvenil “contra el sistema” convocada a través de redes sociales. El lema de la marcha era “Instituts Indignats”, traducción del movimiento “Lyceés Indignés”, que está detrás de las movilizaciones estudiantiles de las últimas semanas en Francia.

Los datos de los arrestos proporcionados por los Mossos d'Esquadra constatan la juventud de los alborotadores: la policía ha detenido a 128 personas, 72 de ellas menores de edad. De todos los arrestados, solo dos tenían antecedentes y solo hay seis mujeres.

Además de las detenciones, los Mossos han levantado 68 actas administrativas tras decomisar armas blancas, espráis o pirotecnia. Los Bomberos han apagado 33 incendios generados en el mobiliario urbano y contenedores, y 14 mossos han resultado heridos, cuatro de ellos en estado grave.

“No permitiremos que vandalizar comercios e intimidar a las personas que pasean por Barcelona quede impune”, ha advertido el alcalde, Jaume Collboni, que ha anunciado que el Ayuntamiento se personará como acusación particular en las causas judiciales que se abran contra los arrestados.

El alcalde ha lanzado un mensaje de contundencia. “Iremos hasta el final. Esto tendrá consecuencia para los mayores de edad y para los progenitores de los menores”, ha afirmado Collboni. En España, los padres no pueden ser castigados penalmente por los delitos que cometan sus hijos, ya que la responsabilidad penal es individual. Sin embargo, en ocasiones sí pueden asumir las indemnizaciones por los daños causados por los menores, si así lo decide un juez.

Según ha explicado la consellera de Interior, Núria Parlon, los disturbios los han protagonizado unas 500 personas “desordenadas, sin organización” y al margen de cualquier protesta amparada por el derecho a manifestación o en defensa de una causa social.

“Uno puede tener rabia o estar en contra de las injusticias, pero nada de lo que ha pasado esta noche en Barcelona tiene que ver con esto”, ha enfatizado Parlon, que ha situado los altercados en un “efecto espejo” con las protestas estudiantiles en Francia. “Tolerancia cero ante conductas violentas”, ha agregado.

La protesta, que ha congregado a unas decenas de jóvenes, la mayoría vestidos de negro y algunos de ellos alumnos de instituto, ha empezado en la plaza de Catalunya. Los manifestantes se han enfrentado a los Mossos d'Esquadra y han quemado algunos contenedores y el parasol de una terraza.

Todo ello, entre una gran afluencia de ciudadanos y turistas que se encontraban en el centro de la ciudad esta tarde de sábado y a metros de la acampada por el derecho a una vivienda que desde hace semanas está instalada en la plaza Catalunya de Barcelona.

La manifestación no había sido comunicada al departamento de Interior, según fuentes policiales. Varios grupos de manifestantes han empezado a romper escaparates (la Agència Catalana de Notícies ha captado cómo saqueaban una tienda de la Ronda Universitat) y han tirado motocicletas por el suelo.

Los Mossos han perseguido a los manifestantes por la zona para contener la situación. Por su parte, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha cortado el tráfico en torno a plaza Catalunya y Universitat, donde se han concetrado los altercados. Los comercios de la zona, entre ellos El Corte Inglés, han bajado las persianas para evitar daños.

Según la policía catalana, “grupos violentos de personas con la cara tapada” han quemando contenedores, vandalizano mobiliario urbano y lanzando piedras contra la policía, por lo que han recomendado no acercarse a la zona.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agradecido la labor de los Mossos “para proteger a la ciudadanía y al comercio”. “Protestar es un derecho democrático. Agredir, intimidar o causar destrozos no lo es”, ha agregado.

Los candidatos de ERC y Podemos a las elecciones generales, Gabriel Rufián e Irene Montero, han abierto su campaña conjunta este sábado. Ambos han marcado su perfil izquierdista con críticas directas al PP “que quiere un país de mujeres esclavizadas”; a los socialistas y al Frente Amplio, al que no han mencionado por su nombre pero han tildado de “la misma papeleta que el PSOE”. “El frente somos nosotros”, ha zanjado Rufián.

La plaza mayor del distrito barcelonés de Nou Barris, un feudo tradicional del PSC, se ha llenado para la puesta de largo de la alianza entre ERC y Podemos. Con dos estelades y una bandera de Podemos ondeando entre el público, Rufián y Montero han entrado entre gritos de “sí se puede”, mientras en el escenario, sin logos de los partidos, les esperaban Oriol Junqueras y varios dirigentes de ERC.

Montero y Rufián se han repartido los papeles: la candidata de Podemos ha centrado su intervención en clave estatal, mientras que el del ERC se ha focalizado en la contienda catalana. Ha rechazado que el PSC sea el “voto útil”, y ha lanzado duras críticas hacia Junts. “¿De qué sirve hablar catalán muy bien y sacar la estelada si luego votas con PP y Vox en contra de la clase trabajadora?”, ha enfatizado, en la que ha sido la proclama más aplaudida del acto.

Emocionado y contundente, Rufián, citando a Lluís Companys y Francesc Macià, ha apelado a los militantes de ERC que le han criticado por abogar por una alianza con las izquierdas estatales. “¿Qué magia y qué irresponsabilidad vendéis?”, ha lanzado, para apostillar: “No hay una manera correcta de ser catalán. Si compartes los valores de libertad y justicia social, eres de los nuestros, te digas como te digas, porque el frente somos nosotros”.

La entrevista de este viernes del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la que anunció un programa regresivo para los derechos de las mujeres, ha sido el acicate de la intervención de Montero. “Feijóo quiere un país de mujeres esclavizadas sin derechos, votar al PP es votar machismo y violencia”, ha sentenciado la extitular de Igualdad, ministerio que Feijóo anunció que suprimirá si es presidente. 

Montero ha instado al presidente del PP a preguntarse “por qué ha crecido rodeado de mujeres”. “Porque son las mujeres las que siguen soportando en sus cuerpos y sus tristezas las tareas de cuidados que soportan la vida”, ha remachado la candidata de Podemos.

Ada Colau, entonces aliada de los morados, cimentó en Nou Barris su victoria en las municipales de 2015, pero desde entonces Nou Barris ha vuelto al socialismo: en las generales de 2023, el PSC arrasó con el 43% de los votos, Sumar logró un 16%, el PP un 15% y ERC se quedó en el 8%.

Rufián y Montero han querido dejar atrás el reguero de críticas que provocó su alianza, en la enésima muestra de división de la izquierda. Frente Amplio y Podemos se presentarán por separado en toda España salvo en la Comunitat Valenciana y Canarias. En Catalunya, los de Montero irán con ERC pese a no ser independentistas, y competirán contra los de Ada Colau.

El candidato republicano y la de los morados harán campaña en Catalunya y en algunas ciudades españolas, pero Rufián pedirá el voto para EH Bildu y BNG en el País Vasco y Galicia para no romper el compromiso histórico de ERC con sus formaciones hermanas.

Rufián ha ensalzado la acción común de ERC con el resto de soberanistas periféricos y Podemos en el Congreso, que, a su juicio, han arrastrado al PSOE hacia políticas de izquierdas: “Si aquí Podemos, Bildu, ERC, Compromís y el BNG no nos cuadramos semana a semana, el vicepresidente del Gobierno sería un tal Albert Rivera”.

“Esto no iba de someterse al PSOE entrando en el PSOE sino de someter al PSOE desde su izquierda”, ha rematado Rufián. Las hostilidades entre ERC, Podemos y Frente Amplio no solo no cesan, sino que se intensifican.

La Audiencia Nacional ha amnistiado de los 12 activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo. Tres meses después de que la Justicia europea avalara el olvido penal del procés, el tribunal especial cumple con lo dispuesto por Luxemburgo y archiva la causa, una de las más sensibles para el independentismo.

En un breve auto de tres páginas, al que ha tenido acceso elDiario.es, el tribunal archiva el caso y concluye que los hechos por los que estaban acusados los CDR están incluidos en la ley “a la vista de la fundamentación jurídica” de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Los magistrados también constatan que los actos por los que los activistas estaban acusados no supusieron “graves violaciones de derechos humanos”.

En un mensaje en X, Alerta Solidària, la organización antirrepresiva que representaba a varios de los CDR, ha celebrado la “victoria” de la amnistía. “No nos van a quitar la alegría de este momento”, han expresado.

Al margen de la causa del Supremo que afecta a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, la amnistía al caso de terrorismo de los CDR fue uno de los quebraderos de cabeza durante la tramitación de la norma en el Congreso (e incluso provocó que Junts votara en contra de la primera versión de la norma). Cabe recordar que la Audiencia Nacional envió a juicio a los acusados en plena negociación de la ley.

Aprobada la norma en junio de 2024, su aplicación en la Audiencia Nacional tampoco ha estado exenta de problemas. El tribunal mostró sin ambages sus dudas a materializar la norma al considerar que amnistiar a los acusados de terrorismo podía contravenir “gravemente” el derecho comunitario y podría suponer “una infracción patente” de las normas europeas.

Al igual que hizo el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional envió al TJUE la acusación por terrorismo contra CDR con el objetivo de que Luxemburgo respaldara excluirlos de la amnistía. A ellos se sumaron el TSJ catalán y un juzgado penal de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

La respuesta de los jueces europeus fue, en cambio, un aval total a la amnistía, lo contrario de lo que planeaban las altas instancias judiciales. La alta magistratura, empezando por el Supremo, es la que más se ha opuesto a la norma, en contraste por su normal aplicación ya en 2024 por parte de la mayoría de jueces y tribunales catalanes.

En el caso del terrorismo, los jueces europeos destacaron que ley de amnistía “no menoscaba” la directiva europea, ya que el olvido penal del procés excluye expresamente aquellos delitos de terrorismo que causaran graves violaciones de derechos humanos y daños físicos (algo que no ocurrió en el caso de los CDR, pues no llegaron a materializar ninguna acción).

Los 12 activistas de los CDR acusados de pertenencia a organización terrorista, delito de estragos y tenencia de explosivos se enfrentaban a penas de hasta 27 de cárcel por parte de la Fiscalía. Algunos de ellos pasaron semanas en prisión provisional. Con su amnistía, no serán juzgados. La causa se archiva para siempre.

Distinto es el caso de los dos protagonistas del procés. El Supremo optó directamente por negar la amnistía a los dos principales candidatos de la misma, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y al exvicepresident y líder de ERC, Oriol Junqueras. El Tribunal Constitucional corrigió al Supremo y le ordenó aplicar la amnistía, algo que el Alto Tribunal ya ha hecho en el caso de Junqueras pero tiene pendiente de materializar con Puigdemont.

Casi 40 años después de su primera edición, el V Congreso de Gentes del Derecho ha reunido a decenas de juristas progresistas en Barcelona para debatir y proponer la ampliación de los derechos de la ciudadanía y poner fin a la “escandalosa dilación de la Justicia”, en palabras de la magistrada jubilada y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

El debate que ha abierto el congreso lo han protagonizado dos de los protagonistas de su primera edición en Madrid en 1987, Carmena y el exfiscal superior de Catalunya, José María Mena, junto a la catedrática de Derecho del Trabajo de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Consuelo Chacartegui.

Mena ha pedido a todos los asistentes “no mirarse el ombligo”, en referencia a las discrepancias entre progresistas, y remar en la misma dirección para “volver a pensar que el derecho es un instrumento para el progreso social y el bien de la sociedad”. “Tenemos que hacerlo por obligación ética, convicción histórica y optimismo táctico”, ha apostillado.

El exfiscal superior catalán ha recordado que, frente a los juristas progresistas que abogan por el progreso social, hay otro sector de la profesión que está a favor “de un derecho de contención y conservación de derechos y privilegios”.

En la misma línea, Carmena ha destacado que la derecha “está en contra de la igualdad, entre otras cosas porque piensa que la desigualdad es buena porque crea estímulos”. “Pero nosotros sabemos que eso va en contra de los derechos humanos”, ha señalado.

“Muchos de los problemas que la sociedad está constatando con la Justicia vienen porque está escondida”, ha sostenido Carmena, que ha lamentado que las instituciones “no hicieran caso” de reivindicaciones del primer Congreso de Gentes del Derecho que hubieran contribuido a desatascar los juzgados, como facilitar que los antiguos secretarios judiciales pudieran pasar a resolver casos.

“Tenemos que volver a plantearnos en serio que la administración de justicia esté bien organizada”, ha insistido Carmena, que ha abogado por “una forma de actuar y una dinámica distinta”. “No puede haber justicia con esta dilación”, ha agregado.

En uno de los debates que han seguido a la apertura del Congreso se ha analizado la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para el exvocal Álvaro Cuesta “no ha habido un pensamiento estratégico” en todos los años de la democracia sobre la organización y gobierno de la justicia en comparación con otros organismos del Estado.

A juicio del abogado de José Mariano Benítez de Lugo, la situación del Consejo “es insostenible” y habría que buscar una fórmula “para impedir el mercadeo de candidatos” a los altos puestos judiciales.

Para la actual vocal del CGPJ, Argelia Queralt, los nuevos vocales han devuelto “la normalidad formal” al Consejo. “Hemos avanzado, pero seguimos sin consolidar un proyecto común de gobierno del Poder Judicial”, ha añadido, al tiempo que ha admitido cierta falta de unidad entre los vocales progresitas: “Los conservdores son una banda militar, nosotros una banda de jazz con tendencia a los solos y a la improvisación”.

El magistrado jubilado y exdirector de la Escuela Judicial, Pascual Ortuño, ha destacado la “entente” de los primers CGPJ, pero ha lamentado el “ariete” contra los progresistas que empezó en la etapa del Consejo en los Gobiernos de José Luís Rodríduez Zapatero de la mano del vocal Enrique López, posteriormente consejero de la Comunidad de Madrid. “Hay que cambiar el modelo”, ha concluido.

El resto de debates del Congreso abordarán la situación actual de la abogacía, la mutualidad y la jubilación, las novedades legislativas en relación con la pasarela al RETA, el turno de oficio, la asistencia jurídica gratuita y la retribución del turno; el derecho a la información veraz y las fake news; el derecho internacional y la forma en que deben respetarse las decisiones del Tribunal Penal Internacional.

Los Mossos d'Esquadra han empezado a investigar el bulo xenófobo contra dos jóvenes catalanes acusados en falso de matar a una anciana de Burgos. La mentira se originó en cuentas de redes sociales de ultraderecha y se viralizó el pasado fin de semana.

Tal y como ha adelantado la agencia EFE y ha confirmado elDiario.es, los Mossos d'Esquadra ya han recibido la primera denuncia de uno de los dos jóvenes, y se espera que el otro la formalice en las próximas horas o días, según han indicado fuentes policiales.

El bulo del que fueron víctima estos dos jóvenes siguió el manual incendiario de la extrema derecha en redes: a partir de un suceso real, desde distintos perfiles se acusa a personas de origen migrante de un delito sin prueba alguna, para alimentar la falsa vinculación de los ultras entre migración e inseguridad.

En el caso de estos dos catalanes, cuentas de extrema derecha les vincularon con el crimen de una anciana de 83 años en Burgos, algo imposible dado que en el momento del crimen se encontraban en sus lugares de residencia, Barcelona y Manresa. Los perfiles incluso colgaron sus fotos.

Entre los comentarios que ha tenido que leer desde el domingo están amenazas como “si los veo les voy a tener que meter un tiro en la cabeza”, “se merecen morir” o “hay que quemarles”. Pese a que los comentarios originales fueron borrados, siguieron difundiéndose capturas con sus fotografías.

Uno de los primeros en esparcir el bulo pertenecía a un pseudomedio digital llamado El Imperial, que un día más tarde —con la mentira ya amplificada por cuentas neonazis como Núcleo Nacional o por Revuelta, que fue marca juvenil de Vox— reconocía un “error” en la identidad de “dos chicos completamente ajenos al caso”. “El incompetente ya está expulsado”, señaló el pseudomedió.

Uno de los dos afectados por el bulo fue el barcelonés Ahmed Benyahia, de 20 años. Cuando se enteró, eran las seis de la tarde y estaba en el hospital, visitando a la madre de una amiga suya. “Me empezó a dar un ataque de ansiedad”, relató en una conversación telefónica con elDiario.es.

La investigación del bulo, que fuentes jurídicas enmarcan en un posible delito de odio, además de la revelación de secretos por difundir la imagen de los jóvenes sin su consentimiento, se enfrenta a las dificultades para localizar las personas reales detrás de los perfiles ultras de las redes.

En el caso real, la Policía Nacional ha detenido a seis personas, dos de ellas menores de edad, por el robo en el que murió una mujer de 83 años el pasado día 13 en Burgos, que apareció maniatada y amordazada en su vivienda.

Lluís Puig regresó este miércoles, y Toni Comín ha vuelto a España este jueves. El exconseller de Salud ha escogido una vía de retorno más práctica que simbólica: tras nueve años en Bélgica, su vuelta ha consistido en acudir a la Junta Electoral Central (JEC), con sede en Madrid, para acatar la Constitución y poder recoger así su acta como eurodiputado electo de Junts.

Comín no había podido tomar posesión de su cargo porque, pese a haber sido escogido en las urnas en 2024, la JEC le exigía que acudiera personalmente a Madrid para prometer la Constitución. Pero el eurodiputado no podía hacerlo, porque hasta la semana pasada el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no le retiró la orden de detención en España, vigente desde 2017.

El eurodiputado ha empleado el catalán para cumplimentar el trámite y ha remarcado que acataba la Carta Magna “por el mandato del 1 de octubre y por imperativo legal”.

Una vez completado el trámite con la JEC, Comín prevé volver a Francia y regresar a Catalunya, a pie por la frontera, este domingo, en un acto en el que le acompañarán familiares y allegados.

En declaraciones este jueves a RAC-1, Comín ha explicado que cruzó la frontera este miércoles en coche. “Fue impresionante. Tuve la sensación física de haber ganado”, ha manifestado. “Cuando conducía por la autopista pensé que era precisamente el momento que había impedido el Estado durante nueve años. Han fracasado en el intento de que pudiera entrar en plena libertad”, ha aseverado.

Desde Bruselas, este martes el exconseller avanzó sus planes para volver a España y comparecer a la citación que le había enviado la JEC para prometer la Constitución. “Pero voy a dejar muy clara una idea: ir a Madrid no es regresar del exilio. Volver del exilio es volver a casa... a Catalunya, y eso será el día 25”, matizó, al tiempo que reiteró que la visita a la capital de España se limitaría a “hacer un trámite necesario”.

El exconseller tiene abierto un proceso interno en el Parlamento Europeo a raíz de una denuncia de acoso sexual contra él por parte de un exasesor suyo en la Eurocámara, que Comín siempre ha calificado de “falsedad absoluta”.

Con la vuelta de Comín y Puig a España, Carles Puigdemont es el único de los dirigentes que permanecían en Bélgica desde 2017 que no ha regresado. A la espera de que el Tribunal Supremo le aplique de forma definitiva la amnistía, Puigdemont ya puede volver sin riesgo a ser detenido porque sobre él ya no pesa una orden de arresto, pero el expresident quiere alejar todo lo posible su retorno de la precampaña y no prevé emprender la vuelta a casa hasta pasadas las generales del 29 de noviembre.

Vox ha elegido de cabeza de lista por Tarragona para las elecciones generales del 29 de noviembre a Jordi de la Fuente, un histórico del movimiento neonazi en Catalunya y que el año que viene tiene que sentarse en el banquillo acusado de un ataque racista a un centro de menores.

Nacido en la capital catalana en 1986, De la Fuente es concejal en Sant Adrià del Besòs (Barcelona) y diputado provincial. Sin embargo, según destaca el partido en un comunicado, el candidato “mantiene desde su infancia un fuerte arraigo familiar y personal” con la localidad tarraconense de Segur de Calafell. El flamante cabeza de lista, continúa la formación, consiguió en esa población su primer empleo “siendo todavía menor de edad” y conserva allí vínculos familiares y amistades.

De la Fuente es un histórico del movimiento neonazi en Catalunya. Fue dirigente del Movimiento Social Republicano (MSR), formación negacionista del Holocausto y que mantenía vínculos con otros partidos ultras europeos y grupos nacionales, como Hogar Social Madrid. En su hemeroteca figura haber compartido mesa y conferencia con Pedro Varela, el librero de extrema derecha de Barcelona que fue discípulo de León Degrelle, oficial belga de las SS al que Franco dio asilo en España.

En Vox, De la Fuente encontró su sitio después que el partido diera entrada a parte de la militancia más ultra de la xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC), de la que fue secretario de organización. Su entrada en Vox provocó diferencias interna en 2019, cuando un sector crítico denunció que personas como De la Fuente y otros exmiembros de PxC se estaban haciendo con el control de la formación en Barcelona.

Desde su entrada en el partido de Santiago Abascal, De la Fuente se convirtió en una de las personas de más confianza de su líder autonómico y secretario general a nivel nacional, Ignacio Garriga; así como del portavoz de la formación, el barcelonés Jorge Buxadé. En 2025, Abascal aupó a De la Fuente, también conocido por sus posiciones prorrusas de apoyo al régimen de Vladímir Putin en la guerra contra Ucrania, al frente de su sindicato Solidaridad.

El ahora candidato al Congreso siempre había estado entre bambalinas debido a su pasado neonazi hasta estas pasadas elecciones municipales, cuando fue de número dos en las listas de Sant Adrià del Besòs, municipio del cinturón metropolitano de Barcelona.

De la Fuente aspira a lograr el escaño por Tarragona que se le resistió a Vox en 2023. De los seis escaños que reparte la provincia, los últimos dos se los disputaron Sumar, Junts y Vox. El partido de ultraderecha se quedó a apenas 3.000 y 2.000 votos de la formación de izquierdas y de la de Carles Puigdemont.

La obtención del escaño podría hacer que se retrasará todavía más el juicio contra De la Fuente. Fijado (Barcelona) por el asalto racista a un centro de menores de El Masnou en 2019. Tras años en los que los tribunales se pasaron la pelota sobre cuál era el competente para juzgar el caso, finalmente la vista quedó señalada para julio del año que viene en un juzgado de lo penal de Mataró (Barcelona).

Sin embargo, si De la Fuente resulta elegido, su caso podría saltar al Tribunal Supremo, la instancia que juzga a los aforados. Reciente jurisprudencia del Alto Tribunal señala que el Supremo arrastra la competencia para juzgar casos en casos de aforamiento “sobrevenido”, es decir, cuando un acusado ha obtenido el escaño entre su procesamiento y la celebración del juicio.

Según la Fiscalía, De la Fuente acudió al ataque con un megáfono y coreó junto a más manifestantes gritos de “vamos a por ellos”, “moros de mierda”, “vamos a quemar el albergue” y “os vamos a matar”.

El Ministerio Público pide a De la Fuente dos años y dos meses de cárcel por un delito de odio, 2.700 euros de multa, cinco años de inhabilitación para ejercer cualquier oficio educativo así como la prohibición de acercarse a menos de 300 metros del centro de menores de El Masnou durante dos años.

El desbloqueo de la amnistía empieza a permitir el retorno de los tres dirigentes del procés que permanecían en el extranjero. El exconseller de Cultura y diputado de Junts en el Parlament, Lluís Puig, ha cruzado la frontera a primera hora de este miércoles y ya se encuentra en Catalunya tras nueve años, ha confirmado la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Puig, que solo estuvo tres meses en el cargo pero se ha enfrentado durante nueve años la causa penal que el Supremo abrió por rebelión y mantuvo después por malversación, se convierte en el primer conseller del Govern de Puigdemont en regresar tras la amnistía, a la espera que este jueves lo haga Toni Comín.

Durante estos años, Puig ha permanecido primero en Bélgica y después en Perpignan (Francia), en la Catalunya Nord y cerca de la frontera. “Ha llegado el momento. Hoy voy a los Cants de la Llibertat de Terrassa, la 'terreta' donde nací y viví hasta hace 9 años. Y mañana hacia el Parlament, de donde me fui el 27 de octubre de 2017”, ha dicho el exconseller en X.

Pese a que el Supremo todavía no ha aplicado formalmente la ley a Puig, Comín y Puigdemont, los exconsellers de Cultura y Salud pueden volver ya sin riesgo de ser detenidos porque el juez Llarena les retiró la orden de detención en vigor en España desde hacía nueve años, una antesala de su amnistía.

Después de Puig, este jueves volverá el extitular de Salud Toni Comín, que recogerá en Madrid su acta como eurodiputado de Junts. Por su lado, Puigdemont prepara su regreso para después de las elecciones generales.

Puig pasará el día con su familia, y a partir de las 19.30h. acudirá a unos coros populares, los Cants per la Llibertat, ante el Ayuntamiento de Terrassa, en la que será su reaparición pública. Este jueves, además, acudirá al pleno del Parlament y podrá sentarse en su escaño nueve años después.

La plana mayor de Junts acompañará al exconseller al evento en Terrassa. Asistirán el presidente del Parlament, Josep Rull; el secretario general del partido, Jordi Turull; los vicepresidentes Míriam Nogueras, Antoni Castellà, Mònica Sales y Josep Rius; y el portavoz en el Parlament, Salvador Vergés.

En declaraciones a RAC1, Rull ha explicado que recibirá a Puig este jueves sobre las 15:00 horas en la puerta de la cámara, y luego la Mesa le hará una recepción. También se retirará el lazo amarillo que desde el inicio de la legislatura ha recordado la ausencia de Puig en el hemiciclo, junto a la del también diputado de Junts Carles Puigdemont.

Tal y como ha hecho con anterioridad cuando un diputado ha estado ausente por una baja, el presidente prevé darle la palabra antes del inicio de la sesión plenaria. “Su ausencia no ha sido por casualidad sino por una situación de represión política y judicial clarísima”, ha manifestado Rull.

La ofensiva ultracatólica contra Mongolia sigue coleando en los juzgados, pero la revista vuelve a contraatacar: la publicación ha reclamado 30.000 euros a Abogados Cristianos por acusarla sin pruebas de blanqueo de capitales en una de sus querellas por la portada satírica de un belén.

Contra la sátira del belén, publicada en diciembre de 2022, se querellaron no solo Abogados Cristianos, sino también otros habituales de la persecución penal de la libertad de expresión: el pseudosindicato Manos Limpias, una entidad carlista y los ultras de HazteOir.

Salvo la querella de HazteOir, todas las causas han quedado archivadas al recordar los jueces que la portada estaba amparada por la libertad de expresión y no atentaba contra los sentimientos religiosos. Se trata de un delito decimonónico que muchos juristas consideran desfasado, pero que el adelanto electoral ha impedido derogar en el Congreso pese al compromiso del Gobierno.

A diferencia del resto de entidades ultras, Abogados Cristianos fue más allá y, además de delito contra los sentimientos religiosos, acusó a la revista de blanqueo de capitales. Una imputación “temeraria”, según destaca la demanda que Mongolia ha presentado ahora contra el colectivo ultracatólico por vulneración de su derecho al honor.

Mongolia ha acudido ahora a la vía civil tras no prosperar la querella por la vía penal por denuncia falsa contra Abogados Cristianos. La sección 2ª de la Audiencia de Barcelona (la misma que consideró que sí se tenía que reabrir el caso de la portada denunciado por HazteOir) confirmó el archivo de la acción legal el año pasado.

Los jueces destacaron que no existían indicios de que Mongolia hubiera perpetrado un delito de blanqueo de capitales “más allá de una apreciación subjetiva no avalada con indicios objetivos de criminalidad”. Las alegaciones de Abogados Cristianos contra la revista, resolvieron los magistrados, eran “genéricas” y suponían “sospechas que no van más allá de afirmaciones no avaladas por indicios”.

Sin embargo, los jueces rechazaron seguir adelante con la causa al asegurar que no podían descartar que Abogados Cristianos supiera que los hechos que imputaba sin pruebas a Mongolia fueran “conocidamente falsos”.

En su demanda por la vía civil contra Abogados Cristianos y su presidenta, Polonia Castellanos, la revista tilda la acusación de blanqueo de capitales de “aberración notoria” que la entidad ultra “pensaba que no tendría consecuencias”.

La indemnización de 30.000 euros solicitada por Mongolia, indica la demanda, responde a los “daños morales y reputacionales” que esta acusación falta de indicios (divulgada ampliamente en varios medios de comunicación) comportó en la revista.

Abogados Cristianos construyó sin pruebas una imputación de blanqueo de capitales “con notorio desprecio a la verdad”, resalta Mongolia, ya que vinculaba a la publicación con la acusación por este delito en otra causa (de la que resultó absuelto) del abogado Gonzalo Boye, sin relación con la revista desde 2017.

Además, la fundación ultracatólica acusó en su querella “de forma sesgada” a la revista de recibir subvenciones públicas, cuando la mayor parte de este dinero correspondía a avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para empresas tras la crisis del COVID-19.

“La imputación pública de un delito de blanqueo de capitales carente de toda base, unida a la presentación sesgada de los datos sobre subvenciones y financiación ICO para sugerir irregularidad o ilicitud, constituye una lesión objetiva de la reputación profesional y empresarial” de la revista Mongolia, concluye su abogado, José Luis Mazón.

El alcalde de Badalona y candidato del PP por Barcelona el 29N, Xavier García Albiol, vuelve a salir airoso de una investigación penal. La Fiscalía ha archivado las últimas diligencias abiertas a raíz del desalojo del instituto B9 del pasado diciembre y ha descartado que Albiol discriminara a los centenares de migrantes que dejó en la calle.

Según informan a elDiario.es fuentes jurídicas, la Fiscalía ha archivado la denuncia que interpuso contra Albiol el eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, “por no ser los hechos constitutivos de delito”.

En su denuncia, Asens acusaba a Albiol de denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y delito de prevaricación administrativa.

La investigación la pilotaban representantes de la Fiscalía de Barcelona y de su sección contra los delitos de odio por los mensajes contra los migrantes que el alcalde realizó tras el desalojo, ejecutado en diciembre de 2025, a las puertas de Navidad y en plena ola de frío.

Albiol había fijado el B9 como uno de sus objetivos políticos para trasladar una imagen de dureza y aparecer ante los vecinos como la antítesis de las decenas de inmigrantes que malvivían en el local de titularidad municipal. También vinculó a los migrantes con la delincuencia sin pruebas.

Aunque la jueza ordenaba al Ayuntamiento de Badalona a atender a los migrantes, Albiol dejó bien claro que no atenderían a los desalojados, lo que derivó en una crisis social de primera magnitud. Decenas de personas durmieron debajo de un puente durante días, hasta que la Generalitat y entidades sociales como Cáritas intervinieron.

El posible delito de odio ahora descartado era la última investigación abierta a Albiol a raíz del caso del B-9. La jueza que avaló el que fue el mayor desalojo de España avaló que Albiol dejara en la calle a los migrantes que desalojó y consideró que les había prestado “la atención debida”.

Tal y como adelantó este diario, la jueza también había salvado a Albiol de explicar por qué no abrió para los migrantes desalojados el albergue municipal para personas sin hogar clausurado en 2024.

El procedimiento ha servido para descubrir que, tal y como admitió el propio consistorio, el Ayuntamiento de Badalona carece de protocolos para personas sin hogar. El consistorio alegó que la ley no le obliga, y agregó que sí disponía de una “metodología de intervención” para las personas sin hogar (que ocupaba medio folio).

Los informes municipales que relataban la actuación de servicios sociales durante el desalojo mostraba, a criterio de la Fiscalía, que el Ayuntamiento de Albiol incumplió sus obligaciones legales con los desalojados al no prestar “ningún tipo de actuación de soporte o ayuda efectiva”. Sin embargo, el Ministerio Público no interpondrá denuncia alguna contra Albiol.

Todas las causas penales que ha afrontado Albiol han terminado con el alcalde exculpado. Hace unos años, fue absuelto de un delito de incitación al odio por repartir unos panfletos que relacionaban a los inmigrantes de origen rumano con la delincuencia, en la precampaña electoral de las municipales de 2011. También resultó exculpado de prevaricación por la instalación de unas antenas.

El único procedimiento abierto que le queda al alcalde es la investigación de la Fiscalía por un tuit de este verano en el que llamó sin pruebas “escoria” a un detenido.

Tirón de orejas, pero archivo. El Tribunal Supremo ha confirmado el archivo de la denuncia de un letrado de la administración de justicia (LAJ) contra una magistrada de Barcelona que ordenó arrestarle por no haber pagado una multa de 150 euros, si bien ha afeado a la jueza su “incontestable desatención” al haber acordado su detención.

La sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo, a la que ha tenido acceso elDiario.es, pone fin a un caso que vuelve a mostrar que, como en tantos otros tribunales, en la Ciudad de la Justicia de Barcelona la realidad a veces supera la ficción.

Los protagonistas de la causa eran la titular del juzgado de instrucción 26 de Barcelona, María del Carmen Suárez, y el LAJ (el antiguo secretario judicial) de un juzgado de lo mercantil de la capital catalana. Ambos trabajan en edificios distintos, pero a unas decenas de metros en el mismo complejo judicial, algo que el funcionario nunca comunicó al juzgado.

En febrero de 2021, Suárez impuso al LAJ una condena de 150 euros de multa por un delito leve de coacciones fruto de un conflicto vecinal. A partir de ahí, el juzgado intentó notificarle la sentencia, pero no obtuvo respuesta ni en el correo electrónico ni en el teléfono facilitado por el funcionario. Cuando acudieron a entregarle la resolución en el domicilio que él había dado, el portero les comunicó que ya no vivía allí, algo que el LAJ admitió como “un error” en su declaración.

El recurso del funcionario contra la sentencia de Suárez se desestimó, y llegó la hora de cobrar la sanción impuesta. En mayo de 2021, el juzgado requirió al LAJ para que pagara la multa en 30 días, sin encontrarle en ningún domicilio. A continuación, se averiguaron sus bienes y se descubrió que tenía capacidad para abonar la sanción. Pese a ello, la jueza terminó dictando un auto en el que acordó la “insolvencia” del hombre y sustituyó la multa por el ingreso en prisión.

Este recorrido procesal terminó con la visita de la Guardia Civil al hotel de Santa Cruz de la Palma donde el condenado estaba de vacaciones en agosto de 2021. Los agentes pidieron al funcionario que se dirigiera al cuartel y al juzgado, y así lo hizo el LAJ, que abonó los 150 euros el mismo día. La gestión le impidió acudir a una excursión que tenía contratada.

Al regresar a Barcelona, el LAJ recurrió el auto de la jueza y pidió al TSJ catalán elevar una queja contra la magistrada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero el órgano de gobierno de los jueces descartó imponerle sanción alguna.

El funcionario activó luego la vía penal con una querella por prevaricación contra la magistrada. Suárez fue investigada, declaró ante el TSJ catalán, pero su caso fue sobreseído en 2023. Más de tres años después, en septiembre de 2026, el Supremo ha desestimado el recurso del LAJ y ha ratificado el archivo.

La resolución del Supremo censura tanto el comportamiento del LAJ como el de la jueza, y deja la puerta abierta a que el CGPJ reactive la vía disciplinaria contra ella. No sería la primera vez: en 2003 el Consejo la suspendió de funciones por tres años por una falta muy grave de retraso injustificado en la tramitación de las causas.

Para el Alto Tribunal, el LAJ “contribuyó de forma decisiva a dificultar lo que tenía que haber sido un acto ordinario de notificación de la sentencia” al no proporcionar su verdadero domicilio ni contestar al correo electrónico. El “contumaz desinterés” del funcionario, apostilla la Sala, resulta “impropio en la conducta de quien sabe que el desenlace del juicio es el pago de 150 euros”.

Al mismo tiempo, a juicio del Supremo resulta “incuestionable” que la jueza Suárez “quebrantó de forma palmaria y más que evidente el régimen de cumplimiento de la pena de multa”, pero no cometió un delito de prevaricación dadas las “singularidades del caso”.

“Los hechos no admiten un análisis aséptico y distanciado de la gravedad que encierran”, agrega el Supremo, que destaca que posiblemente el LAJ no pasó tiempo detenido “por la profesionalidad esgrimida por los agentes de la Guardia Civil”.

“Declaro terminado este procedimiento”. Con esta rutinaria frase el letrado (antiguo secretario) del juzgado de lo contencioso-administrativo 5 de Barcelona ha archivado la causa que impedía la eutanasia de Francesc Augé, después de que su padre renunciara formalmente a seguir litigando en los tribunales contra la muerte asistida de su hijo.

Se empieza así a poner fin así a más de dos años y medio de sufrimiento en el paciente, que ha visto incrementado su dolor al ver que la Justicia mantenía en suspenso su derecho a morir avalado por los médicos y juristas de la Generalitat debido al recurso de su padre.

Según ha avanzado la Cadena SER y ha confirmado elDiario.es, el juzgado ha archivado la causa una vez constatado que su padre no quiere seguir con el pleito, por lo que da vía libre a la eutanasia de Augé, aunque por ley ahora abre un plazo de cinco días para que la Fiscalía y el resto de partes pueda presentar un recurso, algo poco probable.

La Generalitat autorizó en agosto de 2024 la muerte digna de Augé, que en la actualidad tiene 56 años, al estar aquejado de importantes secuelas en el movimiento y el habla derivadas de tres ictus y dos infartos. Sin embargo, su padre paralizó la eutanasia con un recurso en el que se oponía a la muerte asistida de su hijo.

El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que concedió al padre habilitación legal para recurrir la eutanasia de su hijo tras dos años de batalla en los juzgados. El progenitor había hecho caso omiso a las distintas solicitudes de Augé para que se dejara de alargar su sufrimiento y permitiera su muerte digna.

El pasado agosto, tal y como adelantó este diario, el padre de Augé desistió en su objetivo de impedirle la muerte digna. A mediados de septiembre, Francesc Augé intentó suicidarse, por lo que tuvo que ser ingresado en un centro hospitalario.

La decisión del Supremo obligaba al caso a Augé a volver a la casilla de salida de un juzgado de Barcelona, en un pleito que se alargaba ya dos años. De haber continuado hasta la última instancia, el caso podría haber durado, por lo menos, otro año más, ya que los recursos a la eventual demanda podrían reiterarse hasta el Tribunal Supremo. No será así.

La aprobación de la ley de eutanasia en 2021 ha permitido morir dignamente a 1.668 personas, según los datos disponibles hasta final de 2025. La mayoría de solicitudes se han tramitado con normalidad, con solo dos excepciones, los casos de Francesc y Noelia.

En agosto de 2024, dos juezas de Barcelona paralizaron sus eutanasias ya avaladas por el comité catalán de médicos y juristas que estudia todas las peticiones. Lo hicieron a raíz de sendos recursos de sus padres. El de Noelia, representado por los ultracatólicos Abogados Cristianos. El de Francesc, por un letrado particular.

El Parlament de Catalunya se ha convertido este lunes en la primera institución del Estado en la que arranca una comisión de investigación dedicada al Patronato de Protección de la Mujer, la cárcel franquista para adolescentes que les imponía la moral patriarcal nacionalcatólica.

Seis supervivientes han detallado a los diputados que han querido asistir a la sesión (los representantes de PP, Vox y Aliança Catalana no han aparecido) su traumática experiencia, al tiempo que han reclamado su reparación.

Supervivientes (que no víctimas) y reparación. Ha sido el hilo conductor de la sesión a través de los testimonios de Pilar Dasí Crespo, Isabel de la Cruz Gallego Soler, Mariona Roca Tort, Maria Forns Roca, Lucía Vicioso Vitoria y Montserrat Alegret Fenoll. Todas estuvieron encerradas en hogares o centros de religiosas Adoratrices, Oblatas o Cruzadas Evangélicas en Madrid, Barcelona, Badalona, València o Logroño.

“Mi providencia y tu fe mantendrán la casa en pie”, era la inscripción que presidía uno de los internados en los que permaneció Montserrat Alegret. Tanto ella como las otras comparecientes, de origen social y familiar diverso, han relatado su paso por los centros, marcado por el trabajo forzoso, la oración, el aislamiento entre internas, la falta de libertad y, en algunas supervivientes, los tratamientos psiquiátricos sin consentimiento. La alianza entre Estado franquista, Iglesia y psiquiatría para imponer la moral nacionalcatólica a las mujeres.

“Las monjas rompían las cartas y no nos dejaban hablar entre nosotras”, ha recordado Lucía Vicioso. “Decían que trabajábamos para El Corte Inglés”, ha dicho Mariona Roca. “Yo en talleres cosí para Pronovias”, ha rememorado Alegret, que ha concluido con una reivindicación: “No tengo nada que esconder, y quiero verbalizarlo par que no se vuelva a repetir”.

“Yo era la progre, la roja del Patronato, y el padre de mi hija era hijo de un militar conservador y lo primero que me dijo era que me deshiciera de mi hija, y yo le dije que 'no'”, ha resaltado Isabel de la Cruz. Su hija nació con graves lesiones tras ser asistida en el parto por monjas y cocineras del Patronato.

La falta de colaboración de las órdenes religiosas se ha vuelto a poner de manifiesto con los testimonios de las supervivientes, que han detallado la parca información sobre sus expedientes y su paso por los centros del Patronato que han recibido cuando la han reclamado a las Adoratrices o las Oblatas. “La impunidad es dura de digerir”, ha admitido Mariona Roca.

“Hace un año pedí el expediente, me enviaron una copia de mi ficha ingreso y como motivo ponía que mis padres eran ciegos y que yo como hija burlaba su vigilancia al ir con 'malas compañías'”, ha aseverado Montserrat Alegret. Maria Forns ha indicado que, tras su petición, solo recibió de las Adoratrices “una foto de mala calidad pese al compromiso de la congregación a facilitar mi expediente”.

“Lo que nos hicieron está pendiente de reparación”, ha zanjado Pilar Dasí. Mariona Roca ha incidido en la necesidad de una reparación efectiva para las supervivientes, más allá de incluirlas como víctimas del franquismo en la nueva ley de memoria democrática que aprobará el Parlament: “No se trata de que nos pidan un perdón simbólico, se trata de admitir de que el Estado y las monjas admitan que nos hicieron daño, que abran sus archivos y que lo expliquen todo”.

Después de que algunas mujeres lograran romper el silencio y organizarse, las instituciones han empezado a dar pasos simbólicos para reconocer a las supervivientes del Patronato, las grandes olvidadas entre el colectivo de víctimas del franquismo. El Gobierno les entregó un reconocimiento simbólico el pasado marzo, mientras que el acto organizado por las congregaciones religiosas terminó con una sonora protesta de las supervivientes por la falta de una reparación efectiva. 

Tal y como desveló elDiario.es, entre 2021 y 2025 una de las congregaciones que gestionó el Patronato, las Adoratrices, recibieron subvenciones de distintas administraciones que ascienden a 18 millones de euros por programas de ayuda a mujeres víctimas de trata o de violencia de género. Si el Parlament insta al Govern a acabar con estas subvenciones será uno de los trabajos de la comisión de investigación.