El hombre del barrio del Raval de Barcelona acusado de liderar una red de pedofilia ha aceptado 83 años de cárcel por agredir sexualmente a una menor en varias ocasiones en 2020, cuando la adolescente estaba bajo custodia de la Generalitat de Catalunya, y grabar las violaciones en vídeo y distribuirlas.

Ante la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona se ha celebrado este lunes una vista de conformidad en la que el acusado, que afronta otros dos juicios por su papel en la red de pedofilia, ha aceptado, en buena medida, la acusación de la Fiscalía, que inicialmente pedía 107 años de cárcel para él.

El acusado, que tenía 40 años cuando conoció a la menor en 2020 a través de una aplicación, se aprovechó de la vulnerabilidad de la niña para agredirla sexualmente en varias ocasiones y grabar las violaciones. Lo hizo “guiado en todo momento por un ánimo lascivo”, según el escrito de acusación de la Fiscalía que este lunes el procesado ha admitido.

El hombre aprovechaba las fugas de la niña del centro de menores donde permanecía tutelada por la Generalitat para, con la excusa de darle un techo, obligarla a mantener relaciones sexuales y grabarla. Esto ocurrió entre mayo de 2020 y octubre de 2021. 

Pero el acusado no se quedó aquí. El hombre tomó y almacenó medio centenar de fotos en las que la menor aparecía desnuda para hacerse pasar por ella en otras redes sociales y ofrecer así sus servicios sexuales.

El pedófilo “aprovechó las estancias de la menor en su domicilio para convencerla de que se dejase fotografiar y grabar en ropa interior, desnuda o sometiéndose a las prácticas sexuales que le imponía” para poder “exhibir y enviar” las grabaciones en redes sociales y plataformas de mensajería, destaca la sentencia de conformidad.

El caso de este pedófilo generó una crisis en el Govern y en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) porque los hechos ocurrieron cuando la menor estaba tutelada por la Generalitat de Catalunya. Los grupos parlamentarios del PSC, ERC y la CUP registraron el pasado mayo una propuesta de resolución conjunta para la creación de una comisión de investigación sobre la actividad de la DGAIA desde 2011 y hasta la actualidad tras conocerse este caso, una reclamación que también habían hecho Junts y PP.

Desde la Generalitat también se anunció en ese momento que se había abierto un expediente informativo a la DGAIA para investigar qué actuaciones se llevaron a cabo cuando se detectó el caso. Asimismo, la consellera pidió también comparecer en el Parlament para comunicar las conclusiones del informe.

La Global Sumud Flotilla no zarpará este domingo hacia Gaza por el mal tiempo. La tormenta y los fuertes vientos que se esperan en el Mediterráneo este lunes y martes retrasarán unos días la salida de la misión humanitaria, una de las mayores de la historia que ha reunido en Barcelona a unas 40 embarcaciones y unos 300 de participantes de 70 países.

Según han explicado los integrantes de la Flotilla, los barcos saldrán este domingo del Moll de la Fusta de la capital catalana, pero no saldrán hacia Sicilia (la primera parada prevista de la misión), sino que acudirán a otro puerto de la costa de Barcelona a esperar a que las condiciones meteorológicas sean más favorable a la navegación, previsiblemente esta misma semana.

Pese a este obstáculo meteorológico, la misión mantiene su objetivo intacto. “Romper el bloqueo de Israel sobre Gaza, pero también ir más allá: romper el orden global y la complicidad de los países con Israel”, ha reivindicado Muhammad Nadir Al-Nuri, de Malasia.

En esta nueva ruta hacia Gaza, la Flotilla irá sumando barcos a lo largo de la travesía por el Mediterráneo hasta llegar a las 70 naves y más de 1.000 participantes. A las naves de particulares y activistas se han sumado esta vez el barco de la ONG Proactiva Open Armas, liderada por Òscar Camps, y el Arctic Sunrise de Greenpeace, para dar apoyo.

Además del acto en Barcelona, donde centenares de personas se han congregado en el Moll de la Fusta para despedir a los activistas, este domingo se han celebrado concentraciones de apoyo a la Flotilla y a Gaza en distintas ciudades españolas como Madrid, Sevilla o Santiago de Compostela.

En distintas intervenciones antes de subir a los barcos, los miembros de la Flotilla han reivindicado su actuación y han llamado a un cambio de actitud respecto a la invasión de Palestina tanto de las instituciones internacionales y europeas como de los países árabes.

La maestra palestina actualmente refugiada en Noruega, Susan Abdallah, ha contado los distintos exilios de su familia, natural de Gaza. “Cada vez que crees que puedes volver a casa en paz, empiezan a llover bombas”, ha lamentado, aunque ha destacado que incluso en plena guerra hay espacio para la solidaridad: “Los palestinos nos damos pan, hemos pasado por el infierno pero nos ayudamos los unos a los otros”.

“Los estados han fallado ante la muerte de palestinos, la única respuesta moral ante este nivel de impunidad es actuar”, ha reivindicado la activista palestina Sümeyra Akdeniz Ordu. La doctora Maimon Herawati, que ha venido de Indonesia, ha valorado que iniciativas como la Flotilla constatan “que la gente es la que hace algo cuando la diplomacia se paraliza”. 

“Zarpamos porque los gobiernos han fallado en proteger los derechos humanos”, ha insistido el activista Saif Abukeshek. Por su lado, el director de Open Arms, Òscar Camps, ha criticado “la semántica como salvavidas moral” que, a su juicio, utilizan las instituciones europeas y una parte de la población para “proteger su conciencia mientras los niños palestinos mueren bajo el polvo”.

La directora de Greenpeace en España y Portugal, Eva Saldaña, ha insistido en que la opresión de Palestina es parte de un desafío global: “No encontraremos soluciones si no hay cambios en un sistema que prioriza los beneficios de unos pocos al bienestar de la mayoría”,.

Es la segunda vez este curso que una misión humanitaria sale de los muelles barceloneses para intentar romper el bloqueo israelí: el pasado septiembre, la Flotilla en la que, entre otros activistas, estaban enroladas la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y la líder ecologista Greta Thunberg. Cuando se aproximaban a la costa gazatí, el Ejército de Israel detuvo a los activistas y los mandó de vuelta a sus países.

Otra diferencia respecto a la Flotilla que zarpó a finales de agosto de 2025 es que, en esta ocasión, habrá barcos y tripulación de Open Arms, que aportarán apoyo técnico, sanitario y logístico. Se busca solventar así los posibles problemas técnicos que llevaron a diferentes embarcaciones a abandonar la ruta en la última Flotilla.

“Me costará de digerir, toda la vida he sido acusada y ahora soy acusadora”. La frase la pronunció Blanca Serra tras convertirse en la primera víctima que relató a la Fiscalía de Memoria Democrática las torturas que sufrió de manos de policías franquistas. Menos de un mes después de que la Fiscalía concluyera la investigación, esta histórica activista de la izquierda independentista catalana murió este viernes a los 82 años.

La juventud de Serra es un ejemplo de la violencia sufrida por ser mujer e independentista durante la supuestamente modélica Transición: junto a su hermana Eva, fue detenida en cuatro ocasiones entre 1977 y 1982 (las tres últimas con la Constitución vigente). Los agentes las arrestaron siempre en su casa. Estaban vigiladas.

Los policías torturaron Serra ya muerto el dictador en la misma comisaría conocida por la oposición al franquismo como 'la casa de los horrores'. Via Laietana 43, sede de persecución a los disidentes antes y después de 1975. A día de hoy, sigue albergando la Jefatura de la Policía Nacional en Catalunya pese a las reiteradas demandas de las víctimas para convertirlo en un espacio de memoria. Todos los Gobiernos de PP o PSOE se han negado a sacar a la Policía del edificio. Otra muestra de modélica Transición.

El archivo de la investigación por torturas resultó agridulce para Serra: por primera vez se investigaron las torturas, pero al final la Fiscalía no pudo identificar a sus autores. “No se reconstruye la estructura jerárquica de la represión ni se abre la puerta a una reparación integral ni a depurar responsabilidades”, lamentó Serra en un vídeo, su última aparición pública el pasado marzo.

Blanca Serra nació en Barcelona en 1943. Licenciada en filología clásica por la Universidad de Barcelona, trabajó como profesora de lengua española. Era hija del arqueólogo Josep de Calassanç Serra, y hermana de la historiadora y activista independentista Eva y de Josep de Calassanç Serra, uno de los fundadores de Terra Lliure.

Durante el franquismo, Serra militó en el Front Nacional de Catalunya y a finales de los años sesenta fue una de las fundadoras del Partit Socialista d'Alliberament Nacional (PSAN), formación de visión marxista con bases de anarquismo. También fue miembro de la Assemblea de Catalunya.

En noviembre de 1975 tuvo que exiliarse en Francia y participó en el Congrés de Cultura Catalana en Perpiñán. Cuando regresó a España, fue detenida, acusada de haber colaborado con ETA y Terra Lliure y le aplicaron la ley antiterrorista, que amparaba detenciones largas e incomunicadas sin garantías legales.

Durante la Transición, tanto ella como su hermana Eva (fallecida en el 2018), fueron torturadas varias veces por la policía franquista, primero en la jefatura de Vía Laietana de Barcelona, y después en la Dirección General de Seguridad, en Madrid.

Toda su vida estuvo marcada por el activismo político en favor de la independencia de Catalunya y la lengua catalana: fue portavoz de la Plataforma pel Dret a Decidir que promovió las consultas independentistas en Catalunya desde 2006.

Posteriormente, formó parte de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y suscribió el polémico Manifest Koiné, documento firmado en 2016 por un grupo de filólogos, lingüistas y docentes que criticaban el bilingüismo en la sociedad catalana y abogaban porque el catalán fuera la única lengua oficial de una hipotética Catalunya independiente.

La investigación de la fiscal de Memoria Democrática de Barcelona, la primera del Ministerio Público que requirió documentos a la Policía y a los archivos, dio plena credibilidad a Serra, consideró demostradas las torturas, las calificó de crímenes contra la humanidad, pero pidió su archivo al no poder identificar a sus autores.

“Es un gran día para hacer memoria y recuperar un pasado que no se ha acabado”, declaró Serra el 19 de mayo de 2025 tras comparecer ante la fiscal delegada de Memoria Democrática en Barcelona, Sara Expósito. Pese a andar con la ayuda de un caminador, albergaba la certeza de que tenía que declarar ante la Fiscalía. “Los jóvenes tienen que conocer lo que pasó”, dijo, alertando del contexto global de ascenso de la extrema derecha. Conocer el pasado para que no se repita. Blanca Serra lo intentó toda su vida.

Enredo procesal previo al juicio que afronta el próximo martes el humorista Jair Domínguez, por una intervención radiofónica contra la extrema derecha. La Audiencia de Barcelona ha ordenado la detención del cómico para entregarle formalmente la citación para la vista oral que se celebra el próximo martes después de que todos los intentos para lograrlo hayan sido infructuosos.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la Audiencia de Barcelona ha ordenado la localización de Domínguez por parte de las fuerzas de seguridad después de constatar que el acusado se encuentra “en ignorado paradero” y que no ha sido posible entregarle la citación para la vista.

La resolución destaca que la oficina judicial y los Mossos d'Esquadra han realizado “diversos avisos telefónicos” al propio Domínguez y a su abogado, sin obtener respuesta. Tampoco se ha localizado al humorista en el domicilio que designó durante la fase de instrucción del caso.

De llegar a producirse, la eventual detención se limitaría tan solo a que los agentes llevasen a Domínguez de su domicilio al juzgado de guardia más próximo a su municipio para entregarle la citación para la vista del próximo martes. Esto es, los jueces no ordenan que Domínguez tenga que comparecer detenido al juicio, sino tan solo entregarle la comunicación oficial del mismo tras no lograrlo por las vías habituales.

En una entrevista a RAC-1 tras decir en X que se encontraba en su casa de Banyoles (Girona), Domínguez no ha mencionado los intentos fallidos para localizarle expresados por el tribunal y ha criticado el lenguaje del auto, pues, a su juicio, “está redactado como si estuviésemos en el siglo XIX”. Además, ha querido dejar claro que comparecerá en la vista del martes: “Iré porque soy una persona ordenada”.

Más allá de la polémica generada previa al juicio, lo que se verá en la sala de vistas el próximo martes es un ejemplo de manual del efecto desaliento a la libertad de expresión que comporta trasladar a la vía penal los desacuerdos con las opiniones hirientes o que molestan, en lo que se ha convertido en una estrategia habitual de partidos y entidades de extrema derecha.

El caso se remonta al año 2021. Domínguez fue denunciado por Vox por su discurso en el espacio de un minuto que tenía en 'El Matí de Catalunya Ràdio' antes de las 8:00h., en el que daba una opinión sobre la actualidad en clave de sátira y astracanada. Dos días después de las elecciones catalanas, el humorista se mostró “horrorizado” por los pueblos en los que más se había votado a Vox.

“Al final resulta que la Catalunya poligonera es neonazi, quien lo iba a decir. [...] Al fascismo, a los nazis se les combate con un puñetazo en la boca. No hay medias tintas. Vuestros abuelos fusilados, enterrados en cunetas y en el campo de concentración de Argelers no os dijeron que al fascismo se le combate en las urnas. Todo el mundo puede votar, hasta los que no están bien de la cabeza, y nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos”, aseveró Domínguez.

Hasta en dos ocasiones la jueza instructora archivó el caso, al constatar que no había delito en las palabras de Domínguez. Pero la Audiencia de Barcelona revocó ambos archivos al considerar que el discurso del humorista en la radio era una llamada real a la violencia. La Fiscalía no acusa al humorista, que se sienta en el banquillo para hacer frente a la acusación de Vox, que pide dos años de cárcel para él.

¿Qué llevó a siete futbolistas profesionales de distintos equipos y nacionalidades a comprar relojes de lujo a una empresa andorrana investigada por presunto contrabando? El juez del principado Joan Carles Moynat trata de responder a esta pregunta en la causa que mantiene abierta y en la que ha pedido la colaboración de España para que los jugadores declaren como imputados.

En su auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado pone cifras a lo que pagó cada futbolista por los relojes. Además, el instructor del principado quiere saber si los jugadores acudieron a Andorra a recoger el producto, o si se lo llevaron a España. De ser así, pide que los futbolistas identifiquen y den el teléfono de la persona que se lo entregó.

En concreto, el juez quiere que los futbolistas expliquen “si vinieron o hicieron venir a alguien a Andorra para recoger el reloj”, y en caso afirmativo que aporten los documentos de exportación del mismo a España. “En caso negativo -apostilla el juez en su auto- deberían indicar con detalles las personas con las que estuvieron en contacto para comprar el reloj, cómo le hicieron llegar el mismo y quién se los llevó indicando el teléfono y nombres de las personas y dónde recibieron el reloj”. También reclama a los jugadores que aporten los documentos que acrediten su eventual declaración.

El juez tiene una hipótesis sobre el caso que investiga. Según el magistrado, las compras de relojes que se realizaban a través de la empresa andorrana del investigado Diego G.C. y un socio serían, en realidad, un mecanismo para eludir el pago de impuestos, ya que hasta el principado los importaba una empresa española también vinculada con el principal encausado.

A falta de que los detalles que puedan aportar los futbolistas, el juez del principado ha hecho cálculos que permiten perfilar el negocio que se hizo con los jugadores: en el auto al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado cifra en un total de 1,3 millones de euros el precio de venta de los 16 los relojes que adquirieron en España los futbolistas, frente al millón de euros que consta como valor de importación cuando los modelos entraron en el principado.

Las diferencias entre el precio del reloj cuando fue importado a Andorra y lo que pagaron los futbolistas por ellos son dispares. El magistrado destaca que uno de los relojes que en 2021 adquirió por 110.000 euros el actual futbolista del Villarreal Thomas Teye Partey, por entonces en el Arsenal, correspondería a un modelo importado en el principado por un valor de 52.000 euros. Esto es, una diferencia de 58.000 euros.

El margen de beneficio es más modesto en otros casos. Por ejemplo, el Rolex Daytona Platinium que adquirió en 2021 el futbolista del Real Madrid Daniel Carvajal: el juez señala que el jugador lo compró por 64.800 cuando su valor de importación fue de 61.000 euros. 

Existen diferencias incluso entre los relojes que la sociedad andorrana vinculada a Diego G.C. vendió a un mismo futbolista. A David Silva le proporcionó a cambio de 18.990, según relata el juez en su resolución, un Patek Philippe importado a Andorra por 17.000 euros, casi 2.000 euros más. Pero el margen se eleva hasta los 9.000 euros en otro modelo de la misma marca que, apunta el instructor, el empresario vendió por 114.000 euros al exjugador del Valencia o el Manchester City tras haberlo importado por 103.000.

De la actividad empresarial de Best In, la firma andorrana en el foco de las pesquisas, destacan dos hechos: que una sociedad poco conocida del principado vendiera directamente los relojes a los futbolistas y el volumen de negocio con los jugadores, que asciende a 1,3 millones de euros. Las compraventas se efectuaron entre 2020 y 2025.

Además de las ventas de relojes que sí ha logrado documentar el magistrado, existe un pago de 58.000 euros del jugador del Oviedo Santi Cazorla a la firma andorrana sin que se haya podido encontrar una factura de la compraventa “en la contabilidad” de la empresa andorrana, indica el juez.

Tras estudiar la documentación que han recabado las autoridades aduaneras y tributarias de Andorra, el magistrado concluye que la empresa del investigado importó 38 relojes a Andorra desde España sin que luego conste una declaración aduanera de exportación. Algunos modelos, sin embargo, coinciden con los que finalmente fueron vendidos a los futbolistas en España, según el juez sin pagar impuestos.

El juez detalla que los relojes se pagaban por transferencia desde las cuentas corrientes de los jugadores a la cuenta de la sociedad andorrana, pero que luego no se pagaba el IVA de la importación a España del reloj desde Andorra. Así habría ocurrido en el caso de David Silva, a quien la Hacienda española reclamó 26.000 euros del impuesto. Según un acuerdo entre el futbolista y Diego G.C., el empresario andorrano terminó asumiendo el pago del impuesto que la Agencia Tributaria reclamaba al jugador.

El magistrado quiere preguntar a los futbolistas por “la compra, entrega y transporte” de los Rolex y Patek Philippe que adquirieron a una empresa del principado tras no considerar convincentes las explicaciones que dio el empresario Diego G.C. antes de su ingreso en prisión provisional en octubre de 2025.

En un auto, el magistrado destaca que Diego G.C. “no recuerda ni a quién, ni dónde ni cómo” entregaba los relojes a los compradores, pese a que el magistrado le preguntó por una venta que llevó a cabo días antes de su detención.

La falta de memoria del investigado en su declaración contrasta, destaca el juez del caso, con el acuerdo por el que Diego G.C. asumió el pago del IVA que Hacienda reclamaba a Silva en 2021, cuando el jugador militaba en la Real Sociedad. En ese documento, se describe que el reloj “fue transportado desde Andorra hasta San Sebastián” por un empleado de la compañía andorrana del empresario.

“El hecho de que [Diego G.C.] no recuerde absolutamente nada cuando se le pide detalles de las entregas de los relojes hace denotar que probablemente su operativa consistía mayoritariamente en importar los relojes a Andorra con el objetivo de ser bajados a España de contrabando”, concluye el instructor en su resolución.

Al jugador del Real Madrid Daniel Carvajal le gustan los relojes de lujo. “El primero que me compré fue un Rolex Daytona de acero”, explicó el futbolista a la revista Esquire. La adquisición de un reloj de ese mismo modelo en 2021 por 64.800 euros le ha traído una consecuencia inesperada: un juez de Andorra le ha imputado por comprar un producto proveniente presuntamente de contrabando.

No es el único futbolista implicado en la causa que comanda el juez andorrano Joan Carles Moynat. El magistrado ha requerido la ayuda de las autoridades españolas para interrogar “en calidad de investigados” por un delito de contrabando a otros cinco jugadores en activo residentes en España: Santi Cazorla (Oviedo), Giovani Lo Celso (Betis), Thomas Teye Partey (Villarreal), César Azpilicueta (Sevilla) y Juan Bernat (Eibar). También está imputado David Silva, ya retirado de los terrenos de juego.

El juez quiere preguntar a todos los futbolistas por “la compra, entrega y transporte” de los relojes que adquirieron, según consta en un auto de noviembre del año pasado al que ha tenido acceso elDiario.es. Fuentes cercanas al caso explican que la Guardia Civil ya ha contactado con algunos de los investigados en España.

El magistrado ha pedido la colaboración de España para interrogar a los investigados residentes en nuestro país: los siete futbolistas que compraron los relojes y siete particulares o empresas españolas que vendieron los relojes a la firma andorrana que luego los revendía a los jugadores. La 15ª investigada es una mujer que compró un reloj a la firma, aunque tres días después le devolvieron los 79.000 euros abonados.

Los futbolistas de renombre se han convertido en secundarios de relevancia en una causa que tiene como principal investigado a Diego G.C., a quien el juez envió a prisión provisional en Andorra en octubre de 2025. Se le atribuyen los delitos de contrabando y blanqueo de capitales, castigados en el principado con penas de hasta ocho años de cárcel.

Esta redacción también contactó con las empresas relojeras en España vinculadas a Diego G.C. Una de ellas, que en principio indicó que no se encontraba operativa, se ha desvinculado tras la publicación de esta información de la causa abierta por presunto contrabando y la ha desligado de su actividad en España.

Las compras de los futbolistas

Los futbolistas compraban los relojes a la firma andorrana de Diego G.C en vez de a los fabricantes originales. La mayoría de operaciones son por modelos de las relojeras suizas Rolex y Patek Philippe. Según la resolución judicial, el jugador que más dinero pagó a la empresa del principado fue el actual futbolista del Villarreal Thomas Teye Partey, quien entre 2020 y 2022 (cuando jugaba en el Arsenal), compró tres modelos Patek Philippe por un total de 415.000 euros.

El segundo jugador en gastar más dinero en la empresa andorrana de relojes fue Juan Bernat. Según el juez andorrano, compró cuatro relojes (tres Patek Philippe y un Rolex) por 367.000 euros entre 2023 y 2025, cuando jugaba en distintos equipos de Primera División.

A Bernat, según el auto del magistrado, le sigue el centrocampista David Silva, quien pagó 295.000 euros en 2020 y 2021 por cuatro modelos Patek Philippe. El defensa César Azpilicueta desembolsó 115.000 euros en 2022 por un reloj Audemars y otro Patek Philippe, mientras que Giovanni lo Celso también compró dos relojes en 2020 y 2021 por 83.000.

De lo aflorado en la causa, se desprende que Carvajal compró a la firma investigada únicamente un Rolex Daytona por 64.800 euros en 2021. Respecto a Santi Cazorla, el juez ha constatado que realizó una transferencia de 58.000 euros a la empresa andorrana de relojes, si bien en la contabilidad de la firma del principado no se ha hallado ninguna factura emitida al futbolista. 

Bajadas y subidas a Andorra

El método del contrabando fue clásico, aunque en vez de productos tradicionalmente asociados a esta práctica pirenaica ilegal como el tabaco, se efectuó con relojes de lujo: el juez describe en su auto que el objetivo de Diego G.C. era “eludir sus obligaciones aduaneras”, es decir, el pago del IVA. 

Es decir, en vez de vender los relojes directamente a los jugadores en España, la empresa española vinculada a Diego G.C importaba los relojes a la sociedad andorrana en la que participaba, y luego hacia la operación a desde el principado. El juez destaca que el único “motivo plausible” para esta operativa es la ganancia económica mediante la deducción del IVA por parte de las empresas andorranas y españolas del investigado.

Para llevar a la práctica el plan, agrega el magistrado, el reloj “se separaba” de la factura que se emitía. El juez explica que el reloj “se bajaba físicamente” a España, pero sin realizar su obligatoria declaración de exportación en la aduana. En otro viaje, añade el instructor, “se bajaba” (bajar y subir son verbos habituales en catalán, idioma oficial del principado, para referirse a los trayectos entre Andorra y España) su caja y la documentación, pero sin el producto dentro.

Al principal investigado y a su socio, resalta el instructor, les pillaron los agentes aduaneros de ambos lados de la frontera con sendos relojes en las muñecas por valor total de 104.000 euros el 5 de septiembre de 2025. La venta se había hecho desde la sociedad española vinculada a Diego G.C. a su empresa andorrana, pero sin declararlo como exportación.

El juez trata de corroborar si Diego G.C. cobró parte de la venta de los relojes de contrabando en metálico, pues al investigado se le han descubierto “numerosos y repetitivos” ingresos en su cuenta y 220.490 euros en efectivo en una caja fuerte bancaria. Según el juez, Diego G.C. usaba las ganancias no declaradas con los relojes para adquirir vehículos de lujo.

Al investigado, indica la resolución judicial, se le atribuye haber importado 38 relojes Andorra de los que luego no declaró su exportación por valor de 1,35 millones de euros. Alguno de los relojes superó los 100.000 euros, cantidad que agrava la pena por contrabando, según el Código Penal andorrano.

Silva, pillado por Hacienda

Los agentes aduaneros de ambos lados de la frontera pillaron al principal investigado con la mercancía en la muñeca. Pero no es el único puntal en el que se sustenta la investigación en Andorra: la Hacienda española intervino en una de las compraventas de relojes que hizo el futbolista retirado David Silva, según consta en un documento de la causa.

En diciembre de 2020, cuando jugaba en la Real Sociedad, Silva compró a la empresa andorrana de Diego G.C. un reloj Patek Philippe por 120.000 euros. Un año y tres meses después, el jugador recibió una notificación de la Agencia Tributaria en la que se le requería el pago del IVA no ingresado por el reloj. El importe no satisfecho del impuesto ascendía a 25.200 euros, a los que hubo que sumar 1.079,63 euros en intereses de demora.

Tras mantener negociaciones, el futbolista y el principal investigado del caso acordaron, en marzo de 2022, que la empresa andorrana de Diego G.C. se haría cargo del IVA no pagado en la compra del reloj. El empresario admitió su responsabilidad en no declarar ni ingresar el IVA de la importación en la aduana española.

En su pacto con el futbolista, Diego G.C. también se comprometió a abonar el pago del IVA que Hacienda reclamaba a Silva, así como “el importe equivalente a cualquier sanción de naturaleza tributaria” a la que se pudiera enfrentar el jugador por la compra del reloj.

El acuerdo da un detalle que no ha pasado por alto al juez andorrano: en el documento, ambas partes admiten que el Patek Philippe “fue transportado desde Andorra hasta San Sebastián” por un empleado de la compañía andorrana de Diego G.C. En su declaración ante el juez, sin embargo, el investigado manifestó que no recordaba a quién, dónde y cómo se entregaban los relojes. Ante la falta de respuestas del vendedor, el magistrado quiere preguntar por ello a los futbolistas compradores.

Posición intermedia de la Fiscalía en el debate sobre las impugnaciones de eutanasias ya avaladas por los médicos por parte de familiares. El Ministerio Público ha solicitado al Tribunal Supremo que no impida del todo el derecho de los familiares a impugnar muertes dignas ya concedidas por la administración, si bien ha pedido que esta posibilidad sea muy restrictiva y que se permita tan solo en los casos en que haya un “intenso vínculo afectivo” entre el solicitante y sus parientes que se oponen a su eutanasia.

El escrito de la Fiscalía se produce en un procedimiento relevante para la muerte digna en España. Los casos de Noelia y el de otro de hombre de Barcelona, Francesc A., cuyo padre también se opone a su derecho a morir, han mostrado un efecto insospechado de la ley de eutanasia aprobada en 2021: familiares que emplean los tribunales, en ocasiones de la mano de entidades ultras, para limitar un derecho e ir en contra del criterio científico y jurídico del comité evaluador de la muerte digna.

Si bien son solo dos casos en España, la cuestión jurídica que dirimirá el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo a partir del caso de Francesc A. sentará doctrina para nuevos casos. ¿Un familiar puede recurrir una eutanasia ya concedida? A esta pregunta tendrá que responder el Alto Tribunal a partir del recurso de la Generalitat, que defiende que el padre del paciente no puede recurrir la eutanasia porque supone interferir en el derecho a la muerte digna de Francesc A.

La postura de la Fiscalía es un poco más matizada. Según ha informado la Fiscalía en un comunicado, el Ministerio Público ha sostenido ante el Supremo que el derecho de terceras personas distintas al solicitante de la eutanasia para impugnarla “debe ser interpretada con carácter restrictivo”. Esto es, se quiere evitar un aluvión de recursos de familiares descontentos con la decisión personal de los solicitantes de eutanasia, pero no cerrar del todo la puerta a que puedan impugnarlas.

La Fiscalía considera que solo deben poder recurrir “los parientes ubicados en el más estricto ámbito familiar respecto de la persona solicitante”. No basta, a criterio del Ministerio Público, el mero hecho de ser parientes, sino que reclama al Supremo imponer un requisito añadido: la existencia de un “intenso vínculo afectivo” presente al tiempo de acudir al juzgado contra la eutanasia de su familiar.

Lo que sí quiere evitar a toda costa la Fiscalía es que esos recursos los realicen entidades ultras por su cuenta, y así se lo ha pedido al Supremo. Aunque no las menciona explícitamente, la Fiscalía considera que entidades como Abogados Cristianos “carecen de legitimación para impugnar resoluciones administrativas tanto de concesión como de denegación” de la eutanasia.

Cabe remarcar que la cuestión que resolverá el Supremo no versa sobre el derecho de Francesc A. de recibir la eutanasia, sino en exclusiva sobre si un familiar (en este caso su padre) puede recurrirla. La primera jueza que vio el caso lo rechazó de plano. El TSJ catalán dio un giro al caso y sí consideró que los familiares podían impugnar las concesiones de la muerte digna, aunque avaló igualmente la eutanasia de Francesc A.

La jurisprudencia europea, recordó la jueza de Barcelona que examinó en primer lugar el caso, requiere que, para recurrir la eutanasia, el familiar tenga un “vínculo real” con el paciente que quiere morir dignamente, algo que no se daba en el caso de Francesc A.

Los magistrados del TSJ catalán, en cambio, se adentraron en analizar la relación padre-hijo frente a la cuestión central, el derecho del solicitante de eutanasia a no ver impugnada su voluntad. “Incluso en situaciones de desencuentro o conflictos familiares prolongados podría permanecer la esencia de la preocupación paternofilial que justifica”, según los jueces, la “integridad” del derecho del padre a recurrir la eutanasia. El Supremo dictará sentencia en las próximas semanas.

La muerte del oso Cachou en la Val d'Aran ya tiene una serie de televisión, pero todavía no cuenta con fecha de juicio. La tardanza del juzgado de Lleida para señalar la vista oral de la que en su día fue la primera investigación secreta por la muerte de un oso en España desespera a los ecologistas que ejercen la acusación. “La Justicia es menos justa cuando va tan lenta”, lamenta Joan Vázquez, el portavoz de la entidad IPCENA.

El cuerpo del oso Cachou fue hallado sin vida el 9 de abril de 2020 en una zona boscosa del municipio aranés de Les, cerca de la frontera francesa. El cadáver se trasladó en helicóptero hasta el laboratorio de veterinaria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). En la primera necropsia ya se averiguó que el animal murió por intoxicación. Los análisis posteriores desvelaron que el veneno fue líquido anticongelante. No había sido un accidente, como había alegado en un primer momento el gobierno aranés.

La jueza instructora de Vielha se esmeró como pocas veces había ocurrido en una causa por la muerte de un oso. La investigación destapó una oposición inédita (y está por ver si delictiva) de los grupos de cazadores y ganaderos del Aran, vinculados muchos de ellos a familias poderosas y a la clase política del valle.

Más de un lustro después, Vázquez destaca que la tensión contra el oso “se ha rebajado mucho”. El portavoz ecologista lo atribuye al impulso investigador que la jueza dio al inicio del caso, que desveló un grupo organizado de más de 100 personas en contra de estos animales. “Nadie se pensaba que se llegaría tan lejos”, admite Vázquez, que recuerda que el resto de investigaciones sobre osos muertos en España terminaron en archivo.

Vázquez señala que la situación del oso ha mejorado. Así lo corroboran los datos oficiales: el grupo de seguimiento transfronterizo del oso pardo (GSTP) que integran Andorra, la Val d'Aran, Catalunya, Navarra y Aragón y las regiones pirenaicas francesas contabilizó en 2025 un total de 108 osos, catorce más que el año anterior.

El temor de las entidades ecologistas es que la tardanza del juicio por Cachou haga dar pasos atrás a la situación. “Es como si la Justicia pensara que juzgar los delitos medioambientales es menos importante”, agrega Vázquez. El retraso podría comportar que los acusados vieran rebajadas sus penas en caso de condena.

La lentitud se explica por diversos motivos: retrasos por el cambio de jueces en Vielha (una de las plazas con más rotación); el intento de los acusados de anular el caso porque la primera instructora escribió, un año después de dejar el juzgado, un artículo en el que mencionaba la causa (no lo consiguieron); y, a finales de 2025, un error formal (en el auto de apertura de juicio oral no se habían concretado todas las responsabilidades civiles) que ya ha sido enmendado.

En el banquillo del futuro juicio se sentarán A.M., agente de Medio Ambiente (y por entonces encargado del equipo de seguimiento y control del oso) del Conselh Generau d'Aran, el gobierno del valle; y José Antonio Boya Quintana, conseller de Territorio del Conselh entre 2015 y 2019 y ganadero y cazador. Ambos solicitan su absolución.

La Fiscalía les reclama dos años y tres meses, y dos años y cuatro meses de cárcel, respectivamente, mientras que la Generalitat les pide una indemnización de 35.000 euros para resarcir los daños causados. En la causa también están personadas como acusaciones populares IPCENA y el Fondo para la Protección de Animales Salvajes, la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (Depana) y Acción Legal Animalista.

En su escrito de acusación, el abogado de IPCENA, Eduardo Gil, destaca que la muerte de Cachou supuso “una pérdida muy importante” en términos de biodiversidad en el Pirineo, ya que buscaba mermar las poblaciones oseras.

Los mayores indicios contra los acusados se encontraron en los grupos de WhatsApp “Plataforma anti osos” y “Asociación del Caball Pirenaico” y en las charlas telefónicas que mantuvieron mientras no sabían que estaban siendo grabados por orden judicial.

La tesis acusatoria es que ambos acusados divulgaron datos reservados sobre la ubicación de Cachou que solo podían conocer por el empleo como agente de Medio Ambiente de uno de ellos. Por eso además de un delito contra la fauna también están acusados de revelación de secretos.

La investigación ha puesto de manifiesto que ambos acusados también se informaron sobre la ubicación de otro oso, Goliath, en julio de 2020. “¿Tú no sabes dónde está el oso ahora?”, preguntó Boya al otro acusado, que no dudó en indicarle la ubicación del animal. “A ver si los podemos matar a todos”, apostilló el acusado en otra charla intervenida por orden de la jueza.

Al agente de Medio Ambiente también se le atribuye el envenenamiento de Cachou porque, en algunos pinchazos, manifestó a sus interlocutores que los Mossos d'Esquadra estaban buscando anticongelante, tal y como ocurrió en el registro realizado en su domicilio. Y también porque en una conversación por WhatsApp manifestó que se le podía “caer el pelo” por la muerte del oso.

Un partido de fútbol amistoso e intrascendente ha dado la vuelta al mundo. Pero no por ninguna acción en el terreno de juego, sino por los cánticos islamófobos que una buena parte del público del RCDE Stadium de Cornellà (Barcelona) coreó este martes durante el España-Egipto. Tras la conmoción inicial, las críticas se han dirigido hacia la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por su falta de contundencia a la hora de atajar los gritos.

Fuentes de la RFEF se defienden de las críticas y aseguran que se activaron los protocolos antiviolencia, y que tanto integrantes del equipo de seguridad de la Federación como de mediación acudieron a la parte de la grada desde donde partían los cánticos islamófobos.

El incidente islamófobo en Cornellà supone un salto en la gravedad de los gritos racistas que, habitualmente, ocurren en los campos de fútbol en España, y que ya han motivado las primeras condenas por la vía penal. A diferencia de los casos que se han sucedido en los últimos años, donde se pudo identificar a los autores concretos de las vejaciones racistas a jugadores, este martes los gritos provinieron de centenares de aficionados de varias zonas del estadio.

El episodio se produce en un contexto de auge de la extrema derecha. En Europa, en España, y en los campos de fútbol. Además del “musulmán el que no bote” cantado durante la primera parte, la grada coreó insultos contra Pedro Sánchez habituales de los grupos ultraderechistas, y pitó el himno de Egipto antes de empezar el encuentro, un hecho inusual en partidos amistosos.

“Corremos el riesgo de volver a los años ochenta, cuando la ultraderecha irrumpió en las gradas para llegar a los más jóvenes y tener presencia mediática”, advierte Baptista Silanes, veterano aficionado del Espanyol y miembro de Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR), desde donde ha impulsado con varios clubes la iniciativa 'Deporte Sí, Fascismo No'.

La iniciativa antifascista de UCFR ha logrado adhesiones de entidades pequeñas, pero Silanes echa en falta más contundencia de los equipos de mayor categoría. “Los grandes clubes e instituciones del fútbol tienen un antifascismo de fachada, dicen lo que toca para quedar bien, pero después la realidad es que no se quieren mojar mucho porque alegan que sus aficiones son plurales y no quieren perder clientes. Es triste pero es así”, reflexiona el activista.

Silanes detecta, en los últimos años, una “mayor organización” de los grupos de ultraderecha para ganar visibilidad en los estadios y en los medios. “Hay que trabajar con los jóvenes para que no terminen en estos grupos ultras pensando que son lo que está de moda ahora”, asevera.

Uno de los ídolos de la juventud, la estrella del F.C. Barcelona Lamine Yamal, de religión musulmana, ha cargado en Instagram contra los cánticos: “Es una falta de respeto intolerable. Usar una religión como burla os deja como personas ignorantes y racistas”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado en X su apoyo “a los deportistas que lo sufrieron” y su “aplauso a quienes, con su respeto, nos ayudan a ser un país mejor”. “El episodio de ayer en Cornellà es inaceptable y no debe repetirse. No podemos permitir que una minoría incívica empañe la realidad de España, un país plural y tolerante. La selección de fútbol y su afición, también”.

El conseller de Deportes de la Generalitat, Bernat Álvarez, ha cargado contra la Federación por no haber parado el partido. Según ha relatado Álvarez, destacado exjugador de baloncesto profesional, durante el descanso incluso tuvo que advertir a los responsables de las federaciones española y catalana de fútbol que se iría del estadio si no se activaban los protocolos antirracistas. “Se fue tarde con todas las decisiones”, ha criticado.

Fuentes de la RFEF matizan que la decisión de esperar al descanso para lanzar la advertencia se tomó de acuerdo con el equipo arbitral. Los gritos islamófobos se produjeron tanto en la primera parte como en la segunda, esto es, antes y después de los avisos que se lanzaron por megafonía y las pantallas del RCDE Stadium en el descanso.

La retransmisión del partido en TVE permite constatar que, en especial en la segunda mitad, parte de la grada respondió con silbidos a los cánticos islamófobos. Después de que algunos aficionados reiteraran el “musulmán el que no bote” en el minuto 48 de juego, se envió otro aviso por megafonía, que fue recibido por amplios silbidos y otra tanda del mismo grito islamófobo. Sin más consecuencias.

“Se tendría que haber parado el partido”, ha zanjado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Tanto el Camp Nou de la capital catalana como el RCDE Stadium de Cornellà son dos de las sedes del mundial de 2030 que España organizará junto a Marruecos y Portugal.

A diferencia de los responsables de la Generalitat y el Ayuntamiento, el Gobierno ha evitado valorar si el partido se tendría que haber suspendido, aunque igualmente ha expresado su condena unánime: “Los insultos y cánticos racistas nos avergüenzan como sociedad”. También dirigentes del PP se han sumado al rechazo a los gritos islamófobos. El único que no los ha condenado ha sido Vox.

Los responsables de la Federación Española rechazaron los cánticos tras el partido, si bien mientras se producían la organización se limitó a avisar por las pantallas del estadio y por megafonía, durante el descanso, de la normativa que prohíbe este tipo de discriminaciones. El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, lamentó los gritos islamófobos, pero los tachó de “incidente aislado”. “Salvando eso, ha habido un gran ambiente”, agregó.

Silanes también pone el foco en la Federación. “Los avisos por las pantallas no son suficientes. El árbitro, que era búlgaro [Georgi Kabakov], es lógico que no entendiera los cánticos. Faltó más contundencia en el momento por parte del delegado de campo de la Federación o de sus responsables”, asevera el activista de Unitat contra el Feixisme.

“Lo que pasó es dar un paso atrás de muchos años”, ha ahondado Álvarez, que no ha dudado en apuntar hacia los ultras como responsables de los cánticos. “Estaba organizado por parte de la extrema derecha”, ha manifestado Álvarez en declaraciones a SER Catalunya. “Vinieron al partido para desplegar ese discurso de odio y había gente con la que la sensación que tenías es que todo estaba muy dirigido”, ha agregado.

El reglamento de la FIFA (aplicable al encuentro amistoso al tratarse de dos selecciones de federaciones de distintos continentes) permite que futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y miembros de cada delegación puedan señalar incidentes directamente a los árbitros.

En el protocolo juega un papel central el colegiado del encuentro, que es quien tiene la autoridad para interrumpir el partido y transmitir un mensaje de advertencia al público (en Cornellà se esperó al descanso), y suspenderlo de manera temporal o definitiva si los incidentes no cesan.

Una vez terminado el encuentro, y en función de lo que informe el colegiado, la FIFA puede imponer a la Federación Española un abanico de sanciones: multas, partidos a puerta cerrada, cierres parciales del estadio, pérdida de puntos o incluso exclusión de competiciones, en el caso del castigo más extremo.

Los precedentes de la FIFA de sanciones más graves se han producido cuando el público, a diferencia de lo ocurrido en Cornellà, ha lanzado objetos al campo o ha empleado bengalas en sus cánticos racistas. Así ocurrió en 2021, cuando Hungría fue sancionada con dos partidos a puerta cerrada en la fase de clasificación para el mundial de Catar por incidentes racistas en la visita de Inglaterra.

En paralelo a la actuación de la FIFA, en España los Mossos d'Esquadra han empezado a indagar en los incidentes. Fuentes jurídicas consultadas son escépticas sobre el resultado de cualquier investigación, ya sea en vía penal o administrativa contra los autores de los cánticos. El motivo: la gran cantidad de personas que corearon el grito islamófobo dificulta su concreta identificación, requisito necesario para que puedan asumir una multa o una sanción.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación sobre los cánticos islamófobos y xenófobos durante el partido amistoso España-Egipto celebrado en el RCDE Stadium de Cornellà (Barcelona). Así lo ha anunciado el cuerpo policial en un mensaje a X este miércoles después de que anoche una buena parte de la grada realizara cánticos como “musulmán el que no bote”.

Los responsables de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) condenaron los cánticos tras el partido, si bien mientras se producían la organización se limitó a avisar por las pantallas del estadio y por megafonía, durante el descanso, de la normativa que prohíbe este tipo de discriminaciones. El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, lamentó los gritos islamófobos, pero los tachó de “incidente aislado”. “Salvando eso, ha habido un gran ambiente”, agregó.

Más contundente fue la reacción de algunos futbolistas de la selección y de su entrenador, Luis de la Fuente. “A nadie del equipo le han gustado los cánticos y los queremos erradicar de los campos de fútbol”, señaló Pedri. El seleccionador expresó su “total y absoluta repulsa” ante los cánticos islamófobos. “Es intolerable. No he hablado con el presidente Louzán, pero supongo que se habrá expresado en la misma línea, y es lo que yo pienso: intolerable”, aseveró en rueda de prensa.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha valorado que el odio, el racismo y la xenofobia “no tienen cabida en los estadios ni en la sociedad”.

El conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, ha lamentado los “comportamientos inaceptables de una parte de la grada” y ha recalcado que Catalunya es un país “de acogida y convivencia”.

La Fiscalía ha pedido que se archive la investigación a dos miembros del Comité de Evaluación y Garantías de la eutanasia en Catalunya que autorizaron la eutanasia a Noelia, la joven de 25 años afectada de una paraplejia que tras más de un año y medio de trabas pudo recibir la muerte asistida el pasado jueves.

Tal y como ha adelantado la agencia EFE y ha confirmado elDiario.es, la Fiscalía ha pedido a la magistrada del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, que abrió la investigación a los dos expertos a raíz de una querella de la fundación ultracatólica Abogados Cristianos, que la archive, al no apreciar indicios de delito.

La causa forma parte de la ofensiva judicial que la asociación ultra ha levantado contra la eutanasia de la joven, autorizada en julio de 2024 pero que no se pudo materializar hasta el pasado jueves debido a la oposición de Abogados Cristianos.

Además de retrasar la eutanasia a la que Noelia tenía derecho, los ultracatólicos emprendieron la vía penal contra el médico y la jurista que la autorizaron. Ante un caso complejo como el de la joven (además de la paraplejia fruto de un intento de suicidio, sufría trastorno límite de personalidad), ambos quisieron dar más seguridad jurídica a la decisión y la trasladaron al pleno de la Comisión de Evaluación, formado por 19 profesionales. Todos ellos respaldaron la eutanasia.

La querella de Abogados Cristianos sostiene que ambos investigados fueron designados para que elaborasen un informe en relación a la petición de eutanasia que había planteado Noelia y que optaron por “simular” un desacuerdo que era “ficticio”, provocando que se elevase el expediente al pleno de la Comisión de Evaluación y Garantías. Ambos profesionales ya contaron en sede judicial que el desacuerdo era la única vía para que la Comisión en pleno pudiera evaluar el caso.

La jueza del contencioso-administrativo que avaló la eutanasia de Noelia -en una resolución confirmada por el TSJ catalán y el Supremo- rechazó los postulados de Abogados Cristianos y no vio irregularidad alguna en el hecho de que ambos funcionarios expresaran sus dudas sobre el caso con el fin de que este pudiera tratarse en el pleno de la Comisión.

Abogados Cristianos intentó sin éxito que se suspendiera la eutanasia a Noelia, avalada por el TSJC, planteando recursos con medidas cautelares ante el Tribunal Supremo y el Constitucional, que no los admitieron, así como ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que también lo desestimó.

A última hora, la fundación ultracatólica intentó que el juzgado de instrucción 20 de Barcelona, donde había interpuesto la querella contra los dos miembros del comité de la Generalitat que autorizaron la muerte digna de la joven, la paralizara cautelarmente, si bien la magistrada también lo rechazó al concluir que “carecía de potestad” para ello, ya que los tribunales competentes ya habían dictado “las decisiones oportunas”.

La titular del juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona acordó en noviembre pasado admitir a trámite la querella de Abogados Cristianos. Sin embargo, no citó a los expertos como imputados, como pretendían los ultracatólicos, sino que se limitó a solicitar al juzgado contencioso-administrativo de Barcelona que avaló la eutanasia de Noelia el expediente del caso.

Una vez recibida la documentación, la jueza acordó trasladarla a la Fiscalía, para que informase sobre si veía relevancia penal en los hechos. El Ministerio Público ha pedido ahora a la jueza que archive el caso, al considerar que los dos investigados no cometieron delito, y sin necesidad de que tengan que comparecer como investigados.

El conflicto institucional entre los jueces y el Parlament a cuenta del catalán en la escuela suma un nuevo episodio. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado ejecutar de forma provisional su sentencia que anulaba parcialmente el decreto de la Generalitat del 2024, que blindaba el idioma como lengua vehicular de la escuela catalana.

Todo ello pese a que el Tribunal Constitucional todavía tiene que decidir sobre si la normativa se ajusta a la Constitución, precisamente a raíz de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJC.

La decisión del TSJC, según la conselleria de Educación, no tiene efectos prácticos en el día a día escolar. Sin embargo, es un nuevo paso que da la Justicia para revertir todos los intentos que, con amplio consenso social y parlamentario, se intentan para blindar el catalán en las aulas desde hace una década.

La sección 5ª de Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC es la instancia que, a petición tanto de la Abogacía del Estado bajo gobiernos del PP como de varias entidades contrarias a la inmersión como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), ha desmontado todos los intentos para garantizar la inmersión lingüística que se han impulsado por parte de distintos ejecutivos catalanes de varios colores políticos.

Los jueces de esta instancia ya acusaron al Govern y al Parlament de pretender “bloquear” tanto la aplicación de la sentencia del 25% como “la garantía del uso docente del castellano en términos constitucionalmente aceptables”. Los togados mantuvieron que los otros dos poderes quieren “negar” el carácter vehicular del castellano en las aulas catalanas y convertir en “imposible” el 25% con la nueva normativa.

La sentencia del TSJC versa sobre el decreto del 2024, aprobado per PSC, Junts, ERC y Comuns. Los jueces anularon una decena de artículos de la normativa, entre ellos las disposiciones que fijaban el catalán como lengua vehicular y de aprendizaje, de idioma habitual en la actividad docente y administrativa, u otros relativos al uso de lenguas en comunicaciones con familias o materiales didácticos, así como el uso del catalán como lengua de acogida del alumnado recién llegado del extranjero.

De esta manera, según la AEB, quedarían sin efecto los preceptos que sitúan el catalán como única lengua vehicular y que estructuran los proyectos lingüísticos de centro sobre ese principio.

Por su lado, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmado el compromiso del Govern de la Generalitat con la lengua catalana y el modelo de la escuela catalana. La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmado que el president “pondrá a disposición todos los recursos políticos y jurídicos que sean necesarios para defender el catalán y el modelo de escuela catalana”.

Desde ERC han pedido “valentía” a Illa y una “respuesta de país” ante el nuevo fallo sobre el catalán, mientras que Junts ha pedido la comparecencia en el Parlament de Illa; el conseller de Presidencia y conseller de Educación en funciones, Albert Dalmau; y el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila para que expliquen “qué acciones piensan llevar a cabo frente a este ataque permanente al modelo de escuela catalana”.

La anécdota la recogió el penalista y dramaturgo alemán Ferdinand Von Schirach: un policía se quejó una vez a un magistrado de que los abogados defensores eran frenos en el coche de la Justicia. El juez respondió que un coche sin frenos no sirve para nada. Este freno necesario para el sistema es el abogado. Y, de entre todas las ramas del derecho, el penalista es el que se asoma a las situaciones más delicadas.

El abogado Manel Mir y el magistrado Víctor Correas escriben en Defender: el abogado penalista y su oficio (Atelier) un manual y una reivindicación. Un oficio, sí, con sus códigos que no se aprenden en la facultad y que solo buenos maestros, como Mir y Correas, pueden transmitir.

La obra ensalza al abogado penalista como artesano del derecho, que no debe olvidar los clásicos (si la moda son los letrados que se autopromocionan en Instagram o los platós de televisión, bienvenidos sean los clásicos), pero que por encima de todo debe tener en mente defender bien al cliente.

“Un abogado puede defender a un pederasta en serie o puede decidir que sus convicciones le impiden hacerlo. Lo que no puede hacer es defenderlo mal. Esta opción no puede existir”, asevera Mir en conversación con Correas en uno de los despachos de la Audiencia de Girona donde los magistrados debaten si imponen penas de cárcel que pueden trastocar una vida.

La esencia de la profesión no puede ser el dinero

El libro incluye reflexiones valiosas sobre esa parte del oficio que no se ve durante el juicio oral, pero que es vital para que salga bien: la relación con el cliente (y su familia, que puede llegar a ser complicada), la lucha contra los propios prejuicios o la formulación de una estrategia de defensa.

La obra es muy útil para todos los que empiezan a vestir la toga, pero también para cualquier lector, pues en algún momento de la vida (mejor que sean pocos), todos podemos necesitar a un abogado. 

Un consejo para empezar: el cliente no es tu amigo. “Siempre tiene que haber la mesa del despacho de por medio”, destaca Mir, que no entiende a los letrados que, en casos mediáticos, acompañan a un cliente que no es personaje público hasta el juzgado. “Si el abogado es conocido, como Manel Mir, y el cliente no, entrar a su lado en el juzgado con toda la prensa en la puerta es ponerlo en la diana”, apostilla Correas.

“Lo único que puedes prometer al cliente es que trabajarás al máximo, pero el resultado ya no depende de ti”, recuerda Mir. 

¿La Justicia es igual para todos? ¿O los ricos salen mejor parados que los pobres? “Ni la sanidad, ni la educación son iguales para los ricos que para los pobres”, afirma Correas, que destaca que hay defensas “con más recursos” que otras a la hora de contratar a peritos, por ejemplo. “No deja de ser una muestra de la desigualdad que hay en la sociedad”.

“Hay abogados que solo para recibir cobran un dineral y es espantoso. La esencia de la profesión no puede ser el dinero”, reivindica Mir. El letrado gerundense es lo contrario a los egos desbocados que también existen en su gremio (como en todos). En su dilatada carrera, también ha tenido que lidiar con los codazos de algunos compañeros. 

“Cuando una defensa va contra el otro acusado, terminan perdiendo los dos. Es muy delicado”, asevera Mir, que advierte de que lo peor que puede hacer un abogado es jugar con la ilusión (o la desesperación) de un cliente. “Si un abogado te promete que te sacará de prisión preventiva en 15 días, miente. Asegurar resultados no es posible”, valora.

En tiempos de inteligencia artificial y populismo punitivo, Mir lamenta que se esté perdiendo “la parte más humana de la profesión”. “Los grandes despachos a veces me dan miedo. Los penalistas hacemos trajes a medida, no somos El Corte Inglés”, afirma. Para Correas, el modelo clásico que representa Mir “sobrevivirá” en la jurisdicción penal. “El componente humano es irrenunciable y todavía no se ha inventado una IA que vaya a la cárcel a ver a su cliente ni entienda el problema en toda su dimensión”, reflexiona el magistrado.

Más allá de la necesaria cortesía en estrados, Mir echa la vista atrás (llegó a defender acusados por el delito de adulterio) y constata que la magistratura ha evolucionado. “Ahora hay más jueces garantistas, como el que está a mi lado”. Correas considera que existen dos modelos de juez: los autoritarios y los que no lo son. “Yo no me siento un poder del Estado, sino que controlo el poder del Estado”, indica.

Yo no me siento un poder del Estado, sino que controlo el poder del Estado

“Muchas veces he dictado sentencias absolutorias de gente de la que tengo el convencimiento íntimo de que ha cometido el hecho delictivo. Pero como no tengo pruebas, absuelvo, porque mi convencimiento es irrelevante, lo que tengo que construir son razonamientos racionales sobre las pruebas”, expone Correas sobre su trabajo.

¿Cómo se vive desde los bancos de la defensa una sentencia condenatoria cuando se tiene el convencimiento y se ha trabajado duramente para la absolución del cliente? “No queda otra que trabajar y poner el recurso, aunque salgas decepcionado”, responde Mir.

Lo que suscita más preocupación en ambos juristas es la “expansión” del derecho penal para castigar más conductas y endurecer el reproche a las ya existentes, como ocurre con la última ley de multirreincidencia. “Subir las penas no sirve de nada, mantener el orden se consigue ayudando a los jóvenes a estudiar y teniendo una vida digna”, dice Mir, que hace suya la frase de Concepción Arenal con la que se abre el libro: “Abrid las escuelas y cerrarán las cárceles”.

“Todos los sistemas penales del planeta tienden al terror punitivo, pero en las últimas décadas la izquierda ha considerado que el derecho penal también es una herramienta para proteger bienes jurídicos colectivos”, valora Correas. El magistrado recuerda que España es uno de los países de Europa con penas más altas. “No hay ningún estudio que vincule la subida de penas con el descenso de la delincuencia”, señala, además de lamentar que parte de la izquierda se haya visto “arrastrada” hacia las tesis punitivistas que defiende la extrema derecha por fines electoralistas.

Aunque daría para otro libro, Correas pide no olvidar el papel de los medios de comunicación a la hora de informar de las resoluciones judiciales y su impacto en la ciudadanía. “La prensa también forma parte del sistema penal de justicia, aunque no sea tan evidente como los jueces, porque de la prensa depende el traslado de nuestras actuaciones a la ciudadanía”, reflexiona el magistrado.

Correas constata un sesgo de los medios a la hora de informar de sentencias absolutorias, por ejemplo en casos de violencia sexual: “La condena se da en un breve, pero a la absolución se le dedica más tiempo y espacio”. Y añade una propuesta poco común entre togados: “Los propios jueces tendríamos que poder dar más explicaciones y resolver dudas a los periodistas porque así se trasladaría mejor a la gente”.

La primera noticia del caso Noelia se publicó en elDiario.es: el 1 agosto de 2024, una jueza de Barcelona suspendió la eutanasia de la joven a petición de su padre, representado por los ultracatólicos Abogados Cristianos. Tras 20 meses de agonía judicial, que ha incrementado el padecimiento físico y psicológico de la solicitante, Noelia ha podido materializar su derecho a morir este jueves.

En las últimas horas de vida de la joven, sin embargo, parte de los medios han virado su enfoque: de contextualizar e informar sobre las resoluciones judiciales del caso se ha pasado a priorizar la situación familiar y personal de Noelia.

La espectacularización de una causa de indudable interés informativo ha tenido como guinda la convocatoria, a la que la mayoría de medios han acudido, de Abogados Cristianos frente a las puertas del centro sanitario donde se ha practicado la eutanasia a la joven.

El abogado especialista en derecho sanitario Alejandro Gámez incluye esta última convocatoria de la entidad ultra en su “agenda performativa” y el “encarnizamiento jurídico y mediático” que ha sufrido la joven. “Nunca han aceptado el derecho a la eutanasia y, en vez de respetar la decisión y el derecho de Noelia, lo han convertido en un circo”, dice.

“Abogados Cristianos ha hecho un uso abusivo de la Justicia”, ahonda Gámez, que pone también el foco en los tribunales: “Los juzgados son los que tienen que poner la barrera a estos intentos de forma más contundente y rápida”. El Tribunal Supremo sentenciará en las próximas semanas sobre el derecho de un familiar a recurrir una eutanasia a raíz de otro caso en Catalunya.

El letrado destaca que la entidad ultra ha pretendido trasladar un debate moral a los tribunales “retorciendo las posibilidades que le da la ley cuando es evidente que el padre no está legitimado para recurrir la eutanasia” de Noelia.

La joven concedió una entrevista este miércoles a Y ahora Sonsoles de Antena 3. Según los responsables del programa, fue Noelia quien tomó la iniciativa de hablar. Los fragmentos de declaraciones de la solicitante de eutanasia y de su madre se combinaron con el debate en el plató con tertulianos. Se repasaron las vivencias de la infancia de Noelia, la ropa que quería ponerse el día de su muerte y los motivos que la llevaron a solicitar la muerte asistida, aunque apenas se mencionaron los razonamientos de la Comisión de Garantías de la Generalitat de Catalunya para avalar su eutanasia en julio de 2024.

La actuación de los profesionales médicos y jurídicos que han revisado el caso de Noelia ha sido especialmente cuidadosa: tras su primera petición de eutanasia, decidieron aplazarla un año para recabar la evolución de la paciente, que ya entonces había quedado parapléjica y tenía un trastorno límite de la personalidad.

El informe médico-forense constató los padecimientos graves, crónicos, constantes e imposibilitantes de Noelia, los requisitos que marca la ley para acogerse a la eutanasia. Los expertos que evaluaron el caso destacaron además que no existía “posibilidad de mejora”, otro de los aspectos de la norma.

El profesor de deontología periodística de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Marcel Mauri recuerda que los medios deberían “extremar las precauciones” a la hora de tratar “testimonios de vulnerabilidad extrema” como el de la joven. “Hay momentos en los que las cámaras tienen que irse”, agrega.

La entrevista a Noelia, lamenta el profesor, no ha servido para narrar un proceso judicial “excepcional”, sino que tan solo ha mediatizado “uno de los momentos más íntimos de una persona, como es su muerte”. Y echa de menos más reflexión en el gremio. “Por mucho que ella quiera hablar, cuando el caso ya se ha cerrado no hay una situación que responda a unos parámetros de interés informativo”, asevera.

“El periodismo y los medios tienen una responsabilidad editorial y también tienen que saber cuándo es el momento de dejar espacio y apartarse”, agrega Mauri.

“Las cuatro fotos que Noelia quiere tener en su eutanasia” o “la reacción de la 'yaya' de Noelia ante su eutanasia” fueron dos de los rótulos que acompañaron la entrevista. El tratamiento que el programa hizo del testimonio de la joven ha alarmado a periodistas especializados en televisión.

Mònica Planas, en el diario ARA, ha tildado de “despropósito” el programa porque “enfocó la historia desde el drama emocional”, a través de primeros planos y música triste de piano, sin “explicar el caso desde una perspectiva profesional y médica”. “La cocina televisiva arruinó la emisión de un relato excepcional”, ha valorado el crítico televisivo de El País, Tomàs Delclós. Ambos profesionales han contrastado el tratamiento televisivo del programa de Antena 3 con el testimonio “sin aditivos” emitido por TV3 de otro enfermo solicitante que ha recibido la eutanasia esta semana.

“No quiero ser ejemplo de nadie. Es mi vida y ya está”, dijo Noelia en su primera y última entrevista. También era solo suyo el derecho para ponerle fin, que este jueves ha conseguido pese a los obstáculos que han puesto su padre y Abogados Cristianos.

Noelia ha muerto, aunque difícilmente lo haya hecho en paz. Esta joven catalana ha podido materializar este jueves su eutanasia tras 20 meses de batalla legal contra su derecho a morir iniciada por su padre y los ultracatólicos Abogados Cristianos. Con su muerte, Noelia ha ganado.

El caso de esta joven de 25 años, junto al de otro hombre de 55, han sido las brechas que han hallado los familiares de pacientes y la entidad ultracatólica en la ley de eutanasia de 2021. La normativa estaba pensada para que fueran los solicitantes a los que la Comisión de Garantías negaba la eutanasia los que pudieran recurrir ante los juzgados; no para los familiares en desacuerdo con el derecho a morir de sus allegados.

El uso espurio de la Justicia por parte de Abogados Cristianos y familiares ante la decisión de morir, tomada por pacientes mayores de edad con graves padecimientos y avalada por los 19 miembros del comité de médicos y juristas de la Generalitat, ha comportado alargar el sufrimiento de la joven, que sufre una paraplejia y un trastorno límite de la personalidad.

Así lo expuso la propia Noelia en una misiva dirigida al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que desveló elDiario.es. Noelia ha estado muy sola varios años de su vida: parte de su minoría de edad la pasó en un centro de menores. Su padre volvió a su vida para impugnar su derecho a morir.

Hasta este mismo jueves Abogados Cristianos ha intentado usar los tribunales para frenar la muerte digna de Noelia. El resultado ha sido el mismo que en todas las instancias: la magistrada ha rechazado la petición de la entidad ultra para frenar in extremis la eutanasia y que la joven se sometiera a un tratamiento psiquiátrico.

Desde el juzgado de lo contencioso de Barcelona al Supremo, el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), todos los tribunales han rechazado todos los argumentos planteados por Abogados Cristianos contra la muerte digna.

Noelia, concluyeron tanto los profesionales médicos como los tribunales, pidió la eutanasia mediante un “consentimiento libre, sin injerencia o influencia determinante de su trastorno” y tiene conservadas sus capacidades para tomar todo tipo de decisiones, incluida la de someterse a la eutanasia.

Abogados Cristianos ha empleado argumentos de todo tipo, incluso extrajurídicos, para oponerse al derecho de Noelia. Sin presentar pruebas, los ultras alegaron supuestas deudas económicas de la joven como motivo para impedir su eutanasia. Como el resto de razones aducidas, los jueces la rechazaron, ya que recordaron que el procedimiento administrativo para evaluar su petición se ha ajustado a lo que contempla la ley.

Sin recursos para pagar a un abogado especializado, Noelia no ha tenido representante legal formal en la causa. Aunque no la defendía a ella sino al aval a su eutanasia decidido por la Comisión de Garantías de Catalunya, un abogado de la Generalitat, Josep Maria Torrent, ha sido, en la práctica, quien ha velado por los intereses de la paciente durante el procedimiento judicial.

La Fiscalía, en un primer momento, apoyó que su padre pudiera recurrir la eutanasia, aunque luego desistió. El Ministerio Público ha avalado siempre el derecho a morir de Noelia. Además de la batalla de Abogados Cristianos, la lentitud judicial ha marcado el caso de la joven: primero los tribunales se pasaron la pelota para decidir cuál tenía que resolver. Pese a tratarse de un procedimiento preferente, en el TSJ catalán el recurso de los ultras estuvo paralizado varios meses.

A nivel político, la Generalitat ha mantenido un tono bajo y no ha liderado públicamente ningún apoyo a la joven durante los meses de litigio. Solo 24 horas antes de su muerte, la consellera catalana de Salud, Olga Pané, lamentó en Catalunya Ràdio que, como consecuencia de un sistema judicial garantista, su padre y la entidad ultracatólica hayan “alargado el sufrimiento” de Noelia.

Una jueza de instrucción de Barcelona ha rechazado por tercera vez la petición de los ultracatólicos Abogados Cristianos para frenar la eutanasia de la joven Noelia, prevista para este jueves.

En un auto, la magistrada del juzgado de instrucción 20 de Barcelona deniega la petición del padre de la joven, defendido por los ultras, que solicitaba que Noelia se sometiera a un tratamiento psiquiátrico en vez de a la muerte digna a la que tiene derecho y que ha sido avalada por todas las instancias judiciales de España.

Se trata de un último intento del colectivo ultracatólico y del padre de la joven tras 20 meses de batalla legal contra la eutanasia. Lo ha formulado en la causa abierta en un juzgado de Barcelona contra el médico y la jurista que avalaron la eutanasia de Noelia tras otra querella de Abogados Cristianos.

“No cabe plantearse la necesidad del tratamiento psicológico y/o psiquiátrico”, resuelve la jueza, ya que la cuestión ya quedó resuelta en el procedimiento contencioso administrativo que corroboró el derecho de Noelia a recibir la eutanasia.

Este mismo martes, tal y como adelantó elDiario.es, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó las cautelares que Abogados Cristianos había incluido en su demanda. La entidad había emprendido la vía europea una vez el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional cerraron el paso a sus recursos.

Ninguna instancia judicial ha dado la razón a Abogados Cristianos y al padre de la joven en su intento de revocar la eutanasia autorizada en julio de 2024, la entidad ultracatólica sí ha logrado retrasar 20 meses (y subiendo) la muerte digna a la joven, cuyos padecimientos físicos y psicológicos no han dejado de aumentar.

Más allá de los sucesivos varapalos judiciales a sus planteamientos, la estrategia de Abogados Cristianos busca aumentar el miedo en profesionales y administración a la hora de autorizar las eutanasias, advierten fuentes médicas consultadas.

El caso Noelia se ha convertido en paradigma del uso indebido de los tribunales para intentar frenar un derecho, como es el de la muerte digna. Sin ninguna vinculación durante años (la joven estuvo parte de su minoría de edad tutelada por la Generalitat), el padre solo volvió a la vida de la joven, de la mano de Abogados Cristianos, para intentar impedir su eutanasia, pese a que el derecho a morir lo ostenta la persona que la solicita y no sus familiares.

Los protocolos se han convertido en el día a día de la relación de la administración con la ciudadanía. Pero el Ayuntamiento de Badalona no dispone de ninguno para las personas más vulnerables: las que no tienen un hogar. Así lo ha admitido el consistorio que encabeza Xavier García Albiol a la magistrada que autorizó el desalojo de centenares de migrantes que malvivían en un instituto abandonado del municipio, en un informe al que ha tenido acceso elDiario.es.

La abierta negativa de Badalona a dar un techo a los migrantes provocó una crisis social sin precedentes, con decenas de personas durmiendo en la calle hasta que la Generalitat y entidades sociales lograron realojarlas. Muchos no tuvieron otra que acampar bajo de un puente de la C-31, al que acudieron otras personas sin hogar de Badalona o Barcelona hasta que, de nuevo, fueron desalojadas este miércoles.

La magistrada de lo contencioso-administrativo autorizó el desalojo solicitado por Albiol. No lo condicionó, tal y como había pedido la Fiscalía, a que el Ayuntamiento ofreciera un techo de emergencia a los migrantes, sino que se limitó a obligar al consistorio a prestar “atención social” a los desalojados, sin más concreciones.

Una vez ejecutado el desalojo, la Fiscalía y las abogadas de los migrantes, Marta Llonch y Mireia Salazar, consideraron que el Ayuntamiento había incumplido igualmente la orden judicial, ya que no había personal de servicios sociales para atender a los migrantes. Sin embargo, la magistrada rechazó la petición del Ministerio Público para “verificar” si Albiol había actuado conforme le obligaba el auto.

De todas las peticiones planteadas por la defensa de los migrantes y la Fiscalía tras el desalojo, la magistrada solo aceptó una: requerir al Ayuntamiento de Badalona para que aportara el protocolo de atención a personas sin hogar. La sorpresa ha llegado con la respuesta del consistorio.

El informe ocupa tres páginas. La primera transcribe literalmente un artículo de la ley de Servicios Sociales de Catalunya. A renglón seguido, el jefe de los servicios sociales de Badalona reconoce que el consistorio no dispone del protocolo requerido por la jueza, si bien le adjunta medio folio de una “metodología de intervención” para las personas sin hogar.

Según el responsable municipal, “dentro del marco legal”, en referencia a la normativa autonómica, “no existe una obligación específica que el Ayuntamiento de Badalona ni otra administración competente tengan que disponer de un protocolo de atención a personas sin hogar por parte de los servicios sociales”.

La interpretación de la ley que hace Badalona consiste en que sus obligaciones legales pasan por “disponer de un modelo de abordaje integral que proporcione una respuesta a las necesidades sociales de las personas sin hogar”.

Todo ello pese a que la norma citada por el Ayuntamiento como marco legal dispone que los ayuntamientos son los encargados de detectar las situaciones de vulnerabilidad, ofrecer asesoramiento e intervenir. Cabe recordar que el propio Albiol, el día del desalojo, aseguró que los servicios sociales habían dado “hospedaje temporal” a 16 migrantes.

De lo que sí dispone el Ayuntamiento es de una “metodología de intervención”, en palabras del jefe de servicios sociales a la jueza, para personas sin hogar, que consiste en cuatro puntos: detección de personas que duermen en la calle e información; valoración de los servicios sociales “con especial atención a los indicadores de vulnerabilidad”; apoyo y derivación a recursos municipales de emergencia [Badalona cerró su albergue para personas sin hogar en 2024]; y seguimiento posterior.

La respuesta a la jueza de los servicios sociales de Badalona termina con otra confesión: el responsable municipal admite que ha solicitado apoyo a la Diputación de Barcelona para desarrollar un plan local de abordaje del sinhogarismo.

La colaboración con la Diputación, agrega el jefe de servicios sociales, “promoverá el diseño y la elaboración de un plan y, si cabe, un protocolo de atención” a personas sin hogar. En cualquier caso, tarde para los desalojados del B-9, que se han repartido en otros asentamientos informales, habitaciones de familiares o amigos o albergues proporcionados por la Generalitat y entidades sociales, aunque dentro de pocos días finalizará la estancia de varios de ellos.

La Fiscalía, indignada

La respuesta de los servicios sociales de Badalona ha provocado una reacción dura de la Fiscalía. En un escrito remitido a la jueza tras consultar la respuesta de Badalona, el Ministerio Público constata que el día del desalojo del B9 el consistorio no aplicó ni un protocolo de atención a personas sin hogar (porque no tiene) ni la “metodología de intervención” remitida al juzgado.

“En especial”, incide la fiscal, los puntos de la “metodología” que contemplan el apoyo y derivación a recursos municipales de emergencia y seguimiento posterior de los migrantes. “La gran mayoría de las personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad social y emergencia habitacional se quedaron en la calle”, zanja el Ministerio Público.

Es más, la Fiscalía destaca las condiciones meteorológicas adversas (lluvia y frío) de diciembre del año pasado cuando se ejecutó el desalojo. Los migrantes, concluye la fiscal, tuvieron que acampar primero en la plaza de al lado del B9 y luego bajo el puente de la C-31 “sin ningún tipo de actuación de soporte o ayuda efectiva por parte del consistorio”.

“No puede entenderse cumplido el auto” que autorizó el desalojo pero obligaba a Albiol a proporcionar atención social a los migrantes, apostilla la fiscal.

A la Generalitat de Catalunya se le acaban las razones legales para no aplicar ya la eutanasia a la joven N. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado las medidas cautelares para impedir la muerte digna planteadas por la entidad ultracatólica Abogados Cristianos, que representa al padre de la solicitante de muerte digna.

Según ha podido saber elDiario.es, la sección quinta del TEDH, el pasado 10 de marzo, rechazó las cautelares que Abogados Cristianos había incluido en su demanda. La entidad había emprendido la vía europea una vez el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional cerraron el paso a sus recursos.

Pese a que ninguna instancia judicial española o internacional ha dado la razón a Abogados Cristianos y al padre de la joven en su intento de revocar la eutanasia autorizada en julio de 2024, la entidad ultracatólica sí ha logrado retrasar 20 meses (y subiendo) la muerte digna a la joven N., cuyos padecimientos físicos y psicológicos no han dejado de aumentar.

Más allá de los sucesivos varapalos judiciales a sus planteamientos, la estrategia de Abogados Cristianos busca aumentar el miedo en profesionales y administración a la hora de autorizar las eutanasias, advierten fuentes médicas consultadas.

El caso de la joven N. se ha convertido en paradigma del uso indebido de los tribunales para intentar frenar un derecho, como es el de la muerte digna. Sin ninguna vinculación durante años (la joven estuvo parte de su minoría de edad tutelada por la Generalitat), el padre solo volvió a la vida de N., de la mano de Abogados Cristianos, para intentar impedir su eutanasia, pese a que el derecho a morir lo ostenta la persona que la solicita y no sus familiares.

A día de hoy, la Generalitat ya no tiene ningún impedimento de tipo legal para materializar el derecho a morir de N., una joven de 26 años con tetraplejia, trastorno límite de la personalidad y que desde agosto de 2024, cuando se suspendió su eutanasia, espera que se cumpla la decisión de los juristas y médicos de la Comisión de Garantía y Evaluación de la eutanasia en Catalunya.

Abogados Cristianos lo ha intentado todo, pero ningún juez le ha dado la razón: ni en las distintas instancias del procedimiento contencioso-administrativo, ni en el Tribunal Constitucional, ni en Estrasburgo. Tampoco la jueza de instrucción de Barcelona que admitió una querella de la entidad ultra contra el médico y la jurista que evaluaron el caso de N. ha aceptado la petición de suspender su eutanasia de forma cautelar.

En la resolución con la que terminó el recorrido legal en España, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, en enero de este año, rechazó todos los argumentos planteados por Abogados Cristianos. Consideraron los magistrados que la entidad ultra no fundamentó lo suficiente que concurriera alguno de los requisitos legales que permitirían al Alto Tribunal abordar el fondo del caso. Lo mismo apreció el Tribunal Constitucional para rechazar las cautelares solicitadas por la entidad ultra.

A lo largo de los últimos meses, N. ha puesto en conocimiento de los jueces las presiones para renunciar a su eutanasia que ha recibido de grupos vinculados al grupo católico cercano al centro de menores donde pasó parte de su infancia. Pero la voluntad de N. es firme aunque su padre y grupos ultras intenten impedirla.

“Me robaron mi día”, recordó ante la jueza la joven N. en marzo de 2025 durante la primera vista judicial de la historia de España por una eutanasia ya concedida (y en la que tuvo que comparecer como testigo, en silla de ruedas y trasladada desde el hospital donde vive). Sin impedimento de Estrasburgo, solo queda que la Generalitat fije día y hora para que N. pueda ver cumplida su última voluntad.

Una de las inspectoras de Hacienda que analizó la contabilidad de las empresas del primogénito del expresident de la Generalitat ha concluido que el año 2008, uno de los que forman parte de la acusación por fraude fiscal contra Jordi Pujol Ferrusola, ya está prescrito.

Así lo ha manifestado una inspectora de la Agencia Tributaria en el juicio que celebra la Audiencia Nacional al expresident Jordi Pujol, a siete hijos, a Mercè Gironés, exesposa del primogénito, y a ocho empresarios por supuestos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública.

La perito ha indicado que con los datos que entonces tenían establecieron que en 2008 Pujol Ferrusola, como persona física, eludió a Hacienda una cuota a pagar de 89.244 euros, Imisa 55.162 y Project Marketing 4.375, pero estimaron que a efectos penales las deudas de este año habían prescrito.

La inspectora de Hacienda analizó las obligaciones tributarias de las empresas de Jordi Pujol Ferrusola Iniciatives Marketing i Inversions S.A. (IMISA) y Project Marketing entre los años 2008 y 2011.

En la jornada de este lunes, han declarado cuatro inspectores de Hacienda de la Delegación de Catalunya de la Agencia Tributaria, pero no serán los únicos peritos del fisco en testificar: el tribunal también oirá peritos de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude), una unidad de la Agencia Tributaria (AEAT), que también participó de la investigación del caso Pujol.

Hacienda dudó de si facturas que emitieron empresas de Jordi Pujol Ferrusola correspondían a servicios reales de asesoramiento e intermediación con empresarios acusados de pagarle supuestamente para cooperar en el blanqueo de la fortuna oculta de su familia en Andorra.

En su declaración, los peritos han señalado que detectaron ingresos que figuraban en las cuentas de estas empresas que en realidad debían corresponder a Jordi Pujol Ferrusola, a efectos del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF), ya que eran servicios que prestaba con “carácter personalísimo”.

Ha hecho referencia a diversas facturas emitidas por las sociedades de Jordi Pujol Ferrusola pagadas por empresas investigadas como Copisa e Isolux por servicios de intermediación y asesoramiento en diferentes oportunidades de negocio.

En concreto, ha puesto como ejemplos su mediación en operaciones de compraventa de un club de golf en Ronda (Málaga), la ampliación de la refinería del puerto de Cartagena (Murcia), un proyecto de plantas solares en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y otros para introducir empresas en diversos países como el de una planta de residuos en México o de instalaciones eléctricas en Gabón.

La Fiscalía mantiene que los pagos de estos empresarios a la familia Pujol eran producto del favorecimiento a los mismos para que resultaran adjudicatarios de concursos de la administración pública catalana.

La inspectora ha dicho que requirieron documentación a las empresas de Pujol Ferrusola, como actas de reuniones, correos electrónicos o contratos, que acreditara que el concepto de servicios de asesoramiento e intermediación que se ponía en las facturas que emitían era real.

Ha añadido que sin embargo “no se aportó” nada y tan solo tuvieron algunos documentos, como contratos, que entregaron las empresas que pagaban, como las mencionadas Isolux o Copisa.

Esto unido a que las empresas de Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès solo tenían una persona empleada que compartían con una única oficina hicieron que sospechara de esos pagos.

Pero la inspectora ha aclarado que cuando realizó su informe en 2015 tenían la confirmación de las empresas pagadoras de que los mismos se llevaron a cabo y nada en concreto que lo desmintiera pues aún no había avanzado la investigación judicial y desconocían que representantes de sociedades que participaron en algunos de esos proyectos desmienten que Pujol Ferrusola intermediara en los mismos.

Ha reconocido que le pareció extraño que Pujol Ferrusola llegara a cobrar más de un millón de euros por intermediar y asesorar en algún proyecto, pero ha añadido: “Si nadie me aporta algo que demostrara que esa operación no era real, para mí era válida, y si alguien hubiera dicho otra cosa, habríamos adoptado otro criterio”.

Ha añadido que en los siguientes ejercicios en su propuesta de liquidación la cuota resultante a pagar para Pujol Ferrusola fue de 135.951 para 2009, 19.137 para 2010 y 16.232 para 2011; para IMISA 45.655, 113.824 y 70.092, respectivamente, mientras que para Project Marketing le salía a devolver 38.468 en 2009 y 887 en 2010, quedando 2011 en cero.

En su escrito de acusación el fiscal, teniendo en cuenta todos los informes periciales y la investigación policial, señala que Pujol Ferrusola dejó de ingresar a Hacienda 554.198 euros en el ejercicio de 2007, 1.358.428 en 2008, 1.727.183 en 2009, 2.122.454 en 2010 y 836.236 en 2012, para un total de 6.598.799 euros.

Un juez de Barcelona ha enviado a prisión provisional al padre y a la madre de un bebé de un mes acusados de maltrato grave, lesiones y agresión sexual a su hijo de un mes de vida. El bebé se encuentra bajo la tutela de la Generalitat.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el magistrado del juzgado de violencia contra la infancia y adolescencia de Barcelona acordó, el pasado viernes, la prisión provisional comunicada y sin fianza para dos personas, un hombre y una mujer, por los supuestos delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual sobre su hijo, de poco más de un mes de edad.

El bebé se encuentra bajo la tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) de la Generaltiat, la antigua DGAIA.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a ambos progenitores en Barcelona el pasado miércoles, 18 de marzo, en el marco de una investigación, que aún sigue abierta, a cargo de la Oficina de Atención al Menor de la policía catalana. Fue el centro hospitalario en el que ingresó el menor debido a sus lesiones el que dio la alerta de la posible existencia de malos tratos.

Tras su detención, los dos progenitores pasaron el pasado viernes a disposición del juzgado número 1 de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Barcelona, que acordó enviarles a prisión preventiva comunicada y sin fianza.

El padre y la madre, que no tienen antecedentes, están acusados de los delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual. Tras su comparecencia en el juzgado el pasado viernes, la Fiscalía pidió que se decretara prisión para ambos progenitores y que se suspendiera su patria potestad.

La Fiscalía argumentó, como motivos para que se enviara a los progenitores a prisión, que existía riesgo de fuga, debido a la elevadas penas por los delitos presuntamente cometidos, así como de reiteración delictiva y de atentar contra bienes jurídicos del menor.

La DGPPiA ha declarado el desamparo del bebé como medida de protección. Como regla general, y en especial en casos como éste en el que la víctima es un bebé, la administración prioriza que pueda ser acogido por una familia y, si es posible, que lo haga algún pariente.

En caso contrario, se opta por una familia ajena y se elige entre las voluntarias que se activan en casos de urgencia como éste y que pueden hacerse cargo del niño el tiempo que sea necesario. Normalmente, esa acogida dura hasta que los profesionales de atención a la infancia de la Generalitat determinan el estado del bebé y proponen la mejor solución para atenderlo. También existe la posibilidad de la acogida en un centro.