La defensa de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, ha cargado contra la “condena social anticipada” que, a su juicio, le han provocado el “cuidado goteo en la filtración de las líneas de la investigación policial” de los Mossos d'Esquadra y el “tsunami informativo” provocado por su “detención innecesaria”.

Tras más de un año de una investigación policial secreta, culminada con su fotografía esposado (que no se hubiera producido si la jueza, en vez de permitir a los Mossos la detención, lo hubiera citado como investigado), Andic ha empezado a desplegar su estrategia de defensa tras haber estudiado los 1.400 folios del sumario.

El recurso de apelación, directo a la Audiencia de Barcelona, se centra en desmontar la tesis de los Mossos de que Jonathan provocó la caída de su padre, fallecido el 14 de diciembre de 2024 al despeñarse de unos 100 metros de altura en una excursión en Collbató (Barcelona) a solas con su hijo.

Para ello, el escrito incluye transcripciones de varios informes policiales que obran en el sumario, así como de las declaraciones de las hermanas y el consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, ante los Mossos. En todas ellas, los testigos niegan la mala relación y la “obsesión por el dinero” que los Mossos y la jueza sitúan como móvil del presunto homicidio.

La defensa rebate uno a uno los siete indicios en que la jueza se basó para dictar prisión eludible bajo fianza de un millón de euros (pagada en 20 minutos por el hijo del fundador de Mango). La resolución de la jueza asumía en su totalidad las sospechas de los Mossos d'Esquadra contra el hijo, si bien no incluía ninguna prueba directa tras más de un año de investigación policial.

“El esfuerzo policial judicialmente asumido produce la impresión de enfilarse sí o sí a la afirmación de que ha existido homicidio. Sencillamente, no puede haber accidente”, asevera el escrito del abogado Cristóbal Martell, que recuerda que la imagen del investigado esposado vulnera la directiva europea sobre presunción de inocencia.

El “paseíllo” de Andic, que fue fotografiado esposado, ha desembocado en un “tsunami informativo” en torno al “auto interesadamente entregado a los medios” que ha comportado una “suerte de condena social anticipada insoportable en un Estado social y democrático de Derecho”, incide la defensa.

Las supuestas contradicciones

Hicieron hincapié la jueza y los Mossos en supuestas contradicciones entre la declaración ante los Mossos de Andic tras los hechos, su segunda comparecencia en febrero de 2025 y su declaración como investigado la semana pasada. En primer lugar, la defensa recuerda que las dos primeras declaraciones de Andic fueron prestadas como testigo, por lo apenas tienen “validez procesal de cargo”.

La magistrada destacaba como contradicción el hecho de que Andic vio a su padre hacer fotografías al inicio de la ruta y que el finado tenía el teléfono en el bolsillo. La defensa rebate que esta cuestión es relevante porque, en lo nuclear, el primógenito sí mantuvo la misma versión las dos veces que habló con la policía: esta es, que iba por delante de su padre en el momento en que cayó. Al ir delante, agrega la defensa, no pudo ver la caída, solo la oyó.

El recurso incluye transcripciones de las tres llamadas que el primogénito realizó al 112 tras el accidente. En todas ellas manifiesta que Andic se cayó por un barranco y que él iba un poco más adelantado que su padre en el momento de la caída.

La relación padre-hijo

Niega la defensa la mala relación entre el padre y el hijo y el supuesto móvil económico de la muerte de Andic apuntado por la jueza. Remarca que los mensajes en los que, según la magistrada, Andic muestra “odio” hacia su padre forman parte de la terapia con su psicoanalista, que buscó “cierta confrontación y reacción para encontrar el crecimiento”.

Además, todos los testigos del caso, tanto de Mango como de la familia, han desmentido la mala relación entre padre e hijo. Las hermanas corroboraron que su padre no tenía ninguna intención de desheredar a Jonathan, y aseguraron que los tres hijos estaban de acuerdo con el proyecto de Fundación para legar parte de su fortuna que el fundador de Mango planeaba en el momento de su muerte, y que la jueza cree que estaría detrás del presunto homicidio.

En concreto, una de las hermanas de Andic manifestó que padre e hijo habían tenido “algún rifi rafe, pero nada grave”. “El año 2015 tuvieron diferencias profesionales pero se resolvieron con cariño y respeto”, aseveró a los Mossos el consejero delegado de Mango, en referencia a la discrepancia entre padre e hijo que se solventó con la vuelta de Isak Andic tras haber dejado la firma en manos de su primogénito.

Dos visitas, no tres

Según la jueza, Andic hizo tres visitas previas a Montserrat antes de la muerte de su padre, los días 7, 8 y 10 de diciembre. La instructora las considera acreditadas a través de los sistemas de vigilancia de tráfico.

Sin embargo, la defensa mantienen que Andic solo acudió dos veces a Montserrat: el sábado 7 de diciembre, para una excursión, y el 10 de diciembre, cuando quiso volver a hacer una caminata que tuvo que abortar por el mal tiempo, lo que explica que aparcara su coche poco rato.

El móvil robado en Quito

Otro de los aspectos a los que más importancia da la jueza es el borrado del móvil que Jonathan Andic realizó “coincidiendo” con la reactivación de la investigación en marzo de 2025. Según la versión que el hijo trasladó a su secretaria, le robaron el teléfono durante un viaje “relámpago” a Ecuador, aunque para la jueza la desaparición del teléfono se produjo “en extrañas circunstancias”.

“No es una circunstancia extraña sufrir un hurto en Quito”, replica la defensa, que también desmiente que Andic borrara el contenido de su antiguo terminal. Lo hace, de nuevo, recurriendo a un informe de los Mossos del caso, que no menciona que el teléfono se borrara, sino que se limita a señalar que “no se recuperó la copia de seguridad de las conversaciones de Whatsapp”.

Además, la defensa también aporta el protocolo de seguridad de Mango, que obligaba a Jonathan y el resto de directivos a cambiar de terminal cada dos años.

Las pruebas técnicas

Rebate la defensa la afirmación de la jueza de que el camino donde se despeñó Andic “no presentaba ninguna dificultad”. Lo hace citando la minuta policial de los primeros mossos d'esquadra que acudieron al sendero tras el accidente, donde los agentes dejan escrito que se trata de “una zona peligrosa con mucha pendiente y camino estrecho”.

También replica el abogado la prueba pericial policial sobre la pisada del fallecido (que los Mossos atribuyen a una reconstrucción subrepticia realizada por su hijo). Para empezar, destaca la defensa, porque la toma de muestras en el camino se debería anular por haberse realizado en una zona sin acordonar ni aislar. “Una radical inobservancia a todo parámetro de vocación científica”, a criterio de la defensa.

El informe policial que, tras varios simulacros, rechazó la hipótesis del accidente en base a esa pisada, se rebate, según la defensa, con las propias conclusiones del instructor policial, quien en uno de los dictámenes del caso concluyó que “no se puede determinar si el resbalón ya estaba realizado con anterioridad a la caída”.

La defensa también acusa a la jueza de “ignorar” la “relevante” conclusión de la Unidad de Montaña de los Mossos que manifestó que no podía “determinar las causas que generaron la caída ni la participación de otras personas en los hechos”.

La caída precedente de Andic

Es más, la defensa aporta otro informe pericial que contradice la conclusión de los forenses del caso de que la ausencia de lesiones en las manos del finado y la “caída en tobogán” abrieran la puerta a que no fuera un accidente.

Además de ser posible, la defensa aporta otro dato médico del finado: sufría una lesión en ambas rodillas que “explica la reducción de tiempos de reacción en la cauda” y el hecho de que se produjera una caída “más vertical y menos controlada”. La defensa aporta además el vídeo de una cámara de seguridad que captó una caída de Andic durante un acto público unas semanas antes.

Nueva causa archivada para el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. La Audiencia de Barcelona ha confirmado que no ve delito en que el edil revelara durante un pleno municipal datos médicos de un hombre sin hogar que murió en la localidad en 2024.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la sección 8ª de la Audiencia de Barcelona confirma el archivo del caso decretado por el instructor. Los jueces no contestan en la resolución a la petición del letrado Andreu Van den Eynde, que representa a la acusación de Guanyem Badalona, para que se pronunciaran sobre la “singular analogía” que el caso de Albiol presentaba con la condena contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de datos reservados.

La sentencia del Supremo sobre el ex fiscal general, argumentaba Guanyem Badalona, “aborda un debate relevante sobre la imposibilidad de responder a una noticia con una revelación de secretos”. Van den Eynde agregó que el Supremo consideró punible este tipo de actuación “incluso con referencias específicas a supuestos de datos de salud”.

V., el vecino sin hogar de Badalona fallecido, acudió al Hospital Municipal de Badalona el 25 de mayo de 2024, donde fue atendido. Desde hacía varios días que los habitantes del barrio de Canyadó habían observado un deterioro de su salud. El hombre terminó falleciendo el pasado 9 de junio.

Un mes después, durante el pleno municipal Albiol respondió a las peticiones de explicaciones de las asociaciones de vecinas, que denunciaron que la muerte del hombre sin hogar, de origen lituano, se produjo tras el cierre del albergue municipal para personas sin techo. Este vínculo molestó a Albiol, que respondió a los vecinos con datos del paso del fallecido por el hospital.

“Como fue al Hospital de Badalona, tengo aquí, no el parte, porque eso es privado, pero sí el porqué murió esta persona, y se lo voy a leer textualmente. Me lo han enviado desde el Hospital, eh”, lanzó el político del PP al pleno tras la petición vecinal. A continuación, difundió parte de los síntomas, el diagnóstico, las pruebas y el tratamiento médico al que fue sometido el sintecho en el Hospital de Badalona.

En su auto, el tribunal aprecia una “ausencia de cualquier evidencia de haber incurrido en conductas infractoras en materia de protección de datos” por parte de García Albiol. El motivo, explica el tribunal, es que la Autoridad Catalana de Protección de Datos no constató “infracciones concretas en materia de protección de datos” en su investigación. Si el ente especializado no apreció infracciones, menos puede hacerlo el derecho penal, concluyen los jueces.

La Audiencia entiende que los familiares del finado podrían denunciar la vulneración de la intimidad personal del fallecido como un derecho propio, siempre que demostraran el grado de parentesco exigible y que señalen qué informaciones concretas reveladas les han podido ocasionar un perjuicio.

En este caso concreto, los jueces concluyen que no se ha aportado “ninguna evidencia” de los ámbitos de la esfera privada del hermano que han podido verse afectados por las declaraciones de Albiol, ni si tuvieron trascendencia, difusión o impacto en su país de origen.

El tribunal sostiene que no consta que el difunto tuviese familia, ni próxima ni lejana, en España, ni que la misma “hubiere mostrado interés personal en su estado de salud o en la evolución y el desenlace fatal de su enfermedad, tampoco en el tratamiento de sus restos mortales, que nadie reivindicó en su momento”.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluya (TSJC) ha abierto una causa por prevaricación al exconseller de Interior y actual diputado de ERC, Joan Ignasi Elena, y al exlíder de ICV Joan Herrera, por el uso “fraudulento” de contratos menores (a dedo) que el Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona) habría adjudicado al despacho que comparten los dos políticos.

Según ha informado el TSJC, la Sala Civil y Penal del alto tribunal catalán, competente para los aforados catalanes, ha aceptado la causa que le ha derivado el juzgado de El Vendrell (Tarragona) que inició las pesquisas. El mismo juzgado ya derivó al Tribunal Supremo el caso para el exalcalde de Altafulla, Félix Alonso, actual diputado de los Comuns en el Congreso.

La Fiscalía se mostró favorable a abrir una causa contra los políticos. En su auto, adelantado por El País, los magistrados exponen que una de las conductas investigadas consistiría “de forma provisional, presunta y meramente indiciaria” en un “concierto” entre los investigados para “aprovechar” la figura del contrato menor y prorrogar varios contratos adjudicacos al despacho de Elena y Herrera.

En vez de una licitación pública basada en la transparencia y los distintos candidatos, los investigados se concertaron “en su propio interés y violentando los principios y las reglas” de la contratació pública, apunta el auto.

Según el TSJC, Elena y Herrera, como administradores de la mercantil Sinergia E.D.M., se prestaron presuntamente a que el alcalde de Altafulla investigado les adjudicara “sin publicidad ni licitación alguna” y sin los informes preceptivos las prórrogas de un contrato de asesoramiento, “calificándolo de menor”.

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, deja temporalmente la vicepresidencia de la compañía para centrarse en defenderse de la acusación por homicidio de su padre, Isak Andic.

Así lo ha anunciado Andic en una carta abierta, en la que el primogénito comunica su decisión “desde el dolor, la impotencia y la frustración” de encontrarse en lo que, denuncia, es un “relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad” y una “injusta e infundada acusación” por la muerte de su padre.

En la misiva, adelantada por la agencia EFE y a la que ha tenido acceso elDiario.es, Jonathan Andic comunica que se aparta de la videpresidencia de Mango (en la que ya no ostentaba funciones ejecutivas), aunque conservará sus responsabilidades en los “proyectos familiares, empresariales y sociales”, entre ellos las sociedades patrimoniales de la familia.

El hasta ahora vicepresidente de Mango argumenta en la misiva que la “atención y el foco” que exige su defensa en el proceso judicial, tras su imputación por el presunto homicidio de su padre, le impide “mantener el alto compromiso” que exigen sus responsabilidades en la compañía.

A nivel comercial, y hasta la detención y puesta en libertad el pasado martes tras pagar Jonathan Andic un millón de euros de fianza, Mango no se había visto afectada por la muerte de su fundador. Todo lo contrario: la compañía batió récords de ventas en 2025, con 3.767 millones, y obtuvo un beneficio de 242 millones, un 11% más que el año anterior.

Sin embargo, el año anterior no se contaba con una resolución judicial que, aunque no es definitiva y se puede recurrir, apunte de forma tan clara contra Jonathan Andic. Tampoco se había producido una imagen contraria a la presunción de inocencia y con un potencial impacto en la reputación de la marca: la entrada esposado de Jonathan Andic en los juzgados.

Además de la deficiente infraestructura de los juzgados de Martorell (están en los bajos de un bloque de pisos y solo tienen una puerta por donde entra todo el mundo, lo que obliga a trasladar a todos los detenidos por la calle), fuentes jurídicas mostraron sus dudas a este diario de que fuera necesaria la detención de Andic. Se le podría haber citado como investigado y que acudiera al juzgado por su propio pie, agregaron estas fuentes.

En la misma carta, Andic ha denunciado que la acusación en su contra es “injusta e infundada” y que se ha construido un relato con una visión “descontextualizada y tergiversada”, aunque está convencido de que se demostrará su inocencia.

Lejos del relato de desencuentro familiar como móvil económico del homicidio que presenta la última resolución judicial del caso, Andic expresa en su carta lo que ya manifestó ante la jueza: “He querido y quiero profundamente a los míos, y de una manera muy especial, a mi padre”. Asegura además que con su progenitor vivió “muchos momentos felices, entrañables y llenos de cariño”.

Admite el primogénito que tuvo “momentos difíciles y complejos” con su padre “como sucede en tantas familias”, pero que los pudieron superar “con gran esfuerzo, generosidad y ayuda”. “El amor, el respeto y el vínculo que siempre hemos sentido forman parte del ADN de nuestra familia, como saben aquellos que nos conocen bien”, agrega.

Sin mencionar explicítamente a los Mossos d'Esquadra, la jueza de Martorell o los medios de comunicación, Andic sí critica que “se ha construido un relato público con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad”.

“Sé que desmontarlo exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa”, agrega el primogénito, que asegura que afronta esta situación convencido de que los hechos demostrarán “de forma clara” su inocencia y que “la verdad acabará imponiéndose”.

“Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano. A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona”, asegura Jonathan Andic en la carta.

Una jueza de Valladolid ha dado la razón a Abogados Cristianos y ha condenado a El Jueves por vulnerar el derecho al honor de la presidenta de la asociación ultracatólica, Polonia Castellanos, en relación con las viñetas que la publicación dedicó a la líder de la entidad para nombrarla “Gilipollas del año 2024”, una de las secciones de la revista satírica.

La sentencia, que la revista recurrirá ante la Audiencia de Valladolid, considera que la publicación satírica es una intromisión ilegítima en el derecho al honor de Abogados Cristianos y de su presidenta. El fallo impone a El Jueves una indemnización de 2.000 euros para la entidad y otros 4.000 para su presidenta.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, concluye que, de todo el reportaje, el texto de la última viñeta vulnera el honor de la entidad y de su presidenta. La frase condenada rezaba, a modo de conclusión: “Así que sí, gilipollas, pero no gilipollas de tontos, sino gilipollas de malvados, de mezquinos, de personas egoístas que solo buscan enfangar el bien común”.

Según la magistrada María Vanesa Díez, este texto supone “un insulto, absolutamente desproporcionado”. La frase final de la publicación, a criterio de la jueza, “sobrepasa el ámbito de la libertad de expresión constitucionalmente amparado” y está “desvinculada de la idea crítica que se transmitía al llamar 'gilipollas'”.

Llamar “gilipollas” en esa última viñeta, apostilla la magistrada, “no está justificada por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión o de crítica de la publicación”. La revista, insiste la jueza, “no goza de un derecho a insultar, incluso aunque el destinatario del insulto ostente un cargo relevante”.

El resto de contenido de las viñetas, en cambio, no atentan contra el honor de la entidad. Primero, expone la jueza, porque “no son vejatorias” frases como las atribuidas a Castellanos en otras viñetas: “Miradme, soy la más cristiana de todos”; “todo lo que me molesta debe ser incluido en el Código Penal”; o “que alguien me haga caso, por favor”.

Estas viñetas tan solo son “el reflejo de opiniones expresadas en un contexto de sátira, humor y crítica de la revista El Jueves y no tienen en sí mismas un contenido ofensivo”, argumenta la sentencia.

No hace referencia la sentencia a que, además del contenido satírico de todas las páginas de la revista, la sección es un recopilatorio anual del 'gilipollas de la semana', que realiza en cada número de El Jueves el humorista gráfico Pedro Vera.

El caso es un nuevo ejemplo de la judicialización, por parte de la entidad ultra, de comportamientos o expresiones artísticas contrarias a su ideario. En esta ocasión, Abogados Cristianos acudió a la vía civil, y no a la penal, donde sus anteriores querellas habían acabado en archivo. Según advierten varios expertos, este tipo de acciones legales solo buscan disuadir las críticas, ya que, en la vía penal, la primacía de la libertad de expresión las aboca al fracaso.

El artículo demandado es una sección satírica de la revista de enero de 2025 dedicada a los 'Gilipollas' del año anterior. Los protagonistas eran Castellanos y la entidad que preside. En cuatro páginas, El Jueves, con su estilo burlesco y satírico, se mofaba de Castellanos y de varias de sus actuaciones judiciales de los últimos años, como la querella contra la revista Mongolia por una sátira de un belén.

La “calificación directa” de Castellanos como “gilipollas del año”, se produjo no en un espacio satírico, según Abogados Cristianos, sino “en un contexto de menosprecio personal” que, a juicio de la entidad ultra, muestra “una clara intención de ofender y humillar”.

La expresión “gilipollas del año”, sostenía Abogados Cristianos, “carece de interés informativo y no puede ampararse en la libertad de expresión”. “Los juicios de valor (como calificar a Polonia Castellanos Flórez y la Fundación como egoístas, 'gilipollas', estafadores o afirmar que tiene un ego desmedido) utilizan un lenguaje claramente insultante e innecesario”, resaltaba la entidad.

Luigi Ferrajoli (Florencia, Italia, 1940) es una leyenda: jurista, antiguo magistrado y uno de los filósofos del Derecho más leídos del mundo. Además de ser el padre del garantismo penal moderno —proteger al máximo de los derechos fundamentales frente al poder punitivo del Estado—, en los últimos años impulsa una Constitución de la Tierra.

Se trata de un proyecto que sacude la actual gobernanza mundial en favor de la paz y de los derechos sociales y que tiene un punto clave: el desarme de los ejércitos. “La utopía es pensar que podemos seguir como ahora”, señala en una entrevista con elDiario.es en Girona, donde Ferrajoli ha sido premiado, junto al exmagistrado Perfecto Andrés Ibáñez, por la Cátedra de Cultura Jurídica de la UdG.

¿Son malos tiempos para el garantismo?

¡Malísimos! La humanidad está gobernada por un pequeño número de autócratas y multimillonarios que desprecian el derecho. Sufrimos dos absolutismos. Uno de tipo político, cuya expresión más clara es el presidente de los EE. UU., Donald Trump, y ha declarado que no tiene más límite que él mismo. El otro es económico, y todavía es más peligroso.

¿Por qué?

Porque financia y corrompe a los políticos y porque existe una asimetría entre el carácter global de la economía y el carácter local de la política. Los poderes económicos pueden transferir sus inversiones a Estados donde no pagan impuestos y deslocalizar el trabajo hacia países donde pueden explotar sin límites a los trabajadores y destruir el medio ambiente. Vivimos una evolución neofeudal del capitalismo y la utopía es pensar que podemos seguir como si nada en vez de cambiar las cosas.

Después de la Segunda Guerra Mundial entramos, al menos en Europa, en una etapa de libertades y derechos, que ahora parece, contra todo pronóstico, reversible. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

A nivel nacional, se ha producido una involución de la democracia en detrimento del dominio de los mercados. Los derechos de los trabajadores se han ido laminando para intentar mantener la producción de las empresas en territorios nacionales, y ni así se han evitado deslocalizaciones. La política fiscal impuesta por las grandes corporaciones y la disminución de los impuestos ha reducido la garantía de los derechos sociales. Y todo ello se ha mezclado con esta concesión populista al líder que dice representar la omnipotencia de la mayoría y ha desconstitucionalizado nuestros ordenamientos.

¿Las guerras que vive el mundo son un resultado de este absolutismo o un intento de consolidarlo?

La situación dramática y el riesgo de un holocausto nuclear debido a la carrera armamentística que todo el mundo, incluso Europa, ha emprendido es real. No solo es por la guerra de Rusia contra Ucrania. También me preocupa el calentamiento global. No hemos iniciado ninguna transición ecológica hacia modelos más sostenibles. Cada año producimos más emisiones contaminantes que el año precedente. Esto significa que en dos siglos, puede que menos, la Tierra será inhabitable.

En la academia existen voces que consideran que la idea de que el derecho internacional esté muerto y sea inútil ante los nuevos autoritarismos es absurda. ¿Qué opina usted?

La guerra de Putin en Ucrania, la guerra de Netanyahu en Gaza o las guerras producidas por Trump sin ninguna justificación han destruido el derecho internacional. Tampoco lo fomentan los grandes poderes económicos internacionales. Vivimos un golpe de Estado internacional que propugna la ley del más fuerte y el desprecio por el derecho. Frente a esta situación no hay otra alternativa que una constitucionalización de la ONU. Tomarse en serio el derecho internacional vigente significa introducirle garantías de cumplimiento.

Creo en una refundación de la Unión Europea y de la ONU sobre la base de la Constitución de la Tierra

¿El individualismo de esos líderes y corporaciones traspasa también al ciudadano corriente?

Creo que nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos, no podrán ya no perdonar, sino tan siquiera comprender, nuestra estupidez y nuestra irresponsabilidad que ha transformado este planeta en un infierno. Nuestra herencia está siendo dejar una Tierra con mucho sufrimiento y literalmente inhabitable, porque no se puede vivir en un sitio donde se alcanzan los 50 o 60 grados centígrados. Los países más ricos pueden intentar bajar sus termostatos, pero dejan un rastro de injusticia ecológica en los países pobres.

Y además, en los países ricos crecen las actitudes contra los migrantes. ¿Europa ya no es un continente de acogida?

Europa tiene una deuda enorme hacia los países de donde provienen migrantes y las políticas de algunos países, como Italia, contra ellos, son una vergüenza y un escándalo para Europa. El derecho a emigrar fue inventado por Francisco de Vitoria en 1539 para legitimar la conquista de América, donde los países europeos produjeron un genocidio. De los 100 millones de personas que habitaban en el continente americano, solo cinco millones sobrevivieron.

El derecho a emigrar ha sido la base del colonialismo y también ha formado parte de las ideas de pensadores liberales como John Locke, que defendía el derecho a emigrar a las“tierras incultas” de América. Hoy en día la transformación en delito de la migración de esta gente, que son los descendientes de los que han sido depredados y esclavizados, es una verdadera vergüenza.

¿Cómo se le ponen límites a estos millonarios y tiranos que no aceptan los límites?

Los límites se ponen introduciendo garantías. Ante todo, se tiene que transformar la Carta de la ONU en una Constitución rígida, que esté por encima las otras constituciones, también las estatales, y que sea capaz de anular las leyes o tratamientos liberticidas de los estados. Toda Constitución se basa en límites y vínculos desde la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789. No hay Constitución sin garantía de los derechos y separación de los poderes, que son las dos cosas que el fascismo y todos los populismos tienden a negar.

¿Cuál sería el primer objetivo de esta transformación de la ONU?

La paz y la garantía de los principios universales. La paz se debe garantizar a través de la prohibición y castigo como crimen contra la humanidad, severamente punido, de la producción y comercio de armas. No solamente las armas nucleares, sino todas las armas. Sin armas, la guerra sería imposible. No tener armas es una garantía de la seguridad.

En cada guerra, en cada asesinato y en cada acto de terrorismo está la corresponsabilidad moral de estos productores de muerte, porque las armas se producen para matar. Citando la teoría de Hobbes, tenemos que pasar del estado de naturaleza al estado civil, y esto se produce con el desarme y la desaparición de los ejércitos nacionales. La fuerza correspondería a la ONU y a las policías estatales y municipales. Esta es la norma fundamental de un nuevo ordenamiento jurídico y de una democracia constitucional. Un mundo pacificado podría resolver otros conflictos.

No tener armas es una garantía de seguridad

¿Cómo se puede forzar a los Estados a creer en esta constitucionalización de la ONU?

Creo que en este sentido España tiene un papel importante a jugar. España es el país más avanzado de Europa en la defensa del derecho internacional. Sería una contribución histórica a la salvación de la humanidad y un factor de prestigio que España propusiera una reforma en el sentido de la constitucionalización de la ONU, para tomarse así en serio el derecho positivo que ha sido violado por la falta de garantías.

La verdadera polis hoy es el mundo, la humanidad entera. Y sus verdaderos adversarios son los poderes salvajes y los que defienden las fronteras, expulsar a los inmigrantes. Por ello hay que constitucionalizar los derechos fundamentales una Constitución de la Tierra.

¿Cómo se garantizarían en su proyecto los derechos sociales como la Educación o la Salud?

Se puede articular con una Federación de la Tierra, que es un federalismo diferente al tradicional. No es un federalismo estatal, no tenemos necesidad de un Estado global, sino que lo que se debe universalizar son las garantías, los vínculos y los controles. La función del gobierno y el mercado es la esfera que debe ser confiada a los Estados, pero con la obligación de garantizar la alimentación básica, la educación o la salud. Una renta pública de ciudadanía universal, con un salario mínimo garantizado, sería una manera de emancipar el trabajo de la mera supervivencia.

¿En su propuesta, el Tribunal Internacional de Justicia tendría poder coercitivo para imponer sus decisiones?

Naturalmente, se prevé como garantía secundaria. Las garantías secundarias son las garantías jurisdiccionales, cuya jurisdicción debe ser obligatoria y debe decidir sobre medidas de protección de los derechos y de los bienes fundamentales. La Corte Penal Internacional también debe ser transformada en una jurisdicción obligatoria para algunos crímenes, como por ejemplo el apartheid de género: a las mujeres, que son media humanidad, se las oprime y discrimina por ser mujeres en países como Afganistán o Irán.

Nuestros nietos no nos podrán perdonar la irresponsabilidad que ha transformado este planeta en un infierno

Me gustaría terminar con unas preguntas sobre su país. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha sido derrotada en el referéndum sobre la reforma de la judicatura. ¿Cómo ha visto todo este proceso?

La derrota de la primera ministra, afortunadamente, ha sido un respaldo a la razón. Su reforma era un primer paso hacia la subordinación del poder judicial al ejecutivo y contra la separación de los poderes. Aunque el texto de la reforma era confuso, ella misma [Meloni] dejó claras sus intenciones al asegurar que después de la reforma no existirían “sentencias absurdas”, es decir, que ya no habría sentencias que desagradaran al Gobierno.

Su derrota y su alianza con Trump están desvelando el carácter autoritario de su Gobierno, cuyo partido es heredero del fascismo. El Ejecutivo de Meloni no ha hecho ninguna reforma en favor de los ciudadanos pobres, sino que está aplicando medidas de seguridad de forma compulsiva para limitar el pensamiento y el libre ejercicio de derechos. Su política hacia los migrantes es vergonzosa.

¿Tiene algo de esperanzador esa derrota de Meloni?

¡Sí! Creo que llega un momento donde la gente ve que la mistificación del gobierno sin límites y del autoritarismo solo conduce al colapso. La gente, al final y puede que no toda, pero ve que hay cosas que son inmorales. Y las acciones de muchos líderes autoritarios alimentan la inmoralidad. Además de tomar conciencia, hay que proponer: yo creo en un replanteamiento y una refundación de la Unión Europea y de la ONU sobre la base de la Constitución de la Tierra. Una Europa social, que abriera sus fronteras por la deuda que tiene con el resto de la humanidad, que fuera garantía de derechos y con una renta de ciudadanía por todos cambiaría las tornas del continente y contestaría a los nacionalismos y los populismos.

La Cátedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona (UdG) ha entregado su V Premio Internacional a los juristas y Luigi Ferrajoli y Perfecto Andrés Ibáñez, por ser “faros imprescindibles en la defensa de la democracia y los derechos humanos”.

Así los ha ensalzado el director de la Cátedra de Cultura Jurídica de la UdG, Jordi Ferrer Beltrán, durante el acto de entrega del premio de este viernes, que ha culminado unas jornadas en las que se ha repasado la obra de los dos juristas, de referencia internacional en todas las facultades de Derecho y para los jueces, juezas, abogados y abogadas. Ferrajoli, tras una primera etapa como magistrado, se ha convertido en una referencia académica de la filosofía del derecho y se le considera el padre del garantismo penal. Perfecto Andrés Ibáñez aplicó muchos de estos principios como magistrado del Tribunal Supremo, donde se convirtió en un referente para la judicatura.

Ferrer Beltrán ha recordado que la obra de Ferrajoli y Andrés Ibáñez, que fue clave en momentos de consolidación democrática en varios países a la hora de definir su sistema penal, se encuentra de plena actualidad ante el nuevo auge de los movimientos autoritarios. Por ello, ha agregado, ambos juristas no solo son “padres fundadores” de la defensa de los derechos fundamentales.

“La consolidación democrática se ha puesto desgraciadamente en crisis no solo en nuestros países, también a nivel global, y por eso hay que volver a bajar a las trincheras de defensa de los derechos humanos y la democracia”, ha aseverado Ferrer Beltrán.

En su laudatio que ha precedido a la entrega del premio, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, Daniel Pastor, ha recordado la formidable obra de Ferrajoli Derecho y Razón, que ha definido “un sistema explicativo completo acerca del funcionamiento legítimo del poder de castigar en una democracia constitucional, con una crítica a las experiencias judiciales desviadas”.

Sobre Perfecto Andrés Ibáñez, Pastor ha recordado su abundante obra académica en la que perfila “el modelo de juez garantista, con sus limitaciones y miserias que todos los seres humanos tenemos, no solo los delincuentes”, y que es todo lo contrario a la visión autoritaria que a veces se puede tener de la judicatura.

Las jornadas de la Cátedra de Cultura Jurídica de la UdG en la que se ha entregado el premio han reunido a expertos internacionales para debatir sobre los aspectos centrales de la obra de ambos juristas: constitucionalismo, garantismo, prueba y decisión judicial. Ferrajoli, considerado el padre del garantismo penal moderno, ha analizado las tres fases históricas del garantismo, mientras que Perfecto Andrés Ibáñez ha expuesto su conferencia sobre la convicción judicial y la teoría penal.

“La cultura jurídica hoy tiene la responsabilidad de analizar los procesos que conducen a este nuevo absolutismo y defender el papel de garantía del derecho”, ha dicho Ferrajoli en sus palabras de agradecimiento, mientras que Andrés Ibáñez ha incidido en que, más allá de técnica, la cultura jurídica “debe tener un contenido humano para hacer la vida de personas lo más grata posible”.

El acto de entrega del premio ha contado con las intervenciones del rector de la UdG, Josep Calbó; la decana de la facultad de Derecho, María Jesús Gutiérrez del Moral; la directora general de Derechos, Entidades Jurídicas y Gestión Adecuada de Conflictos, Immaculada Barral; y el presidente de la Diputación de Girona, Miquel Noguer.

Calbó ha elogiado a ambos juristas por situar “el derecho al servicio de la dignidad humana y la libertad”. Por su lado, Barral y Noguer han coincidido en destacar que actos de la UdG son “imprescindibles para acercar el derecho a la ciudadanía y reivindicarlo como herramienta de cohesión social”.

Jonathan Andic es el único que sabe qué pasó en el sendero de la montaña de Montserrat donde murió su padre. Y así seguirá siendo aunque el caso avance y pueda llegar a sentarse en el banquillo acusado de matar al fundador de Mango y primera fortuna de Catalunya, Isak Andic.

Tras investigar durante un año, interrogar a decenas de testigos y bucear en el teléfono del hijo del dueño de Mango, los Mossos d'Esquadra han presentado sus conclusiones sobre el caso, que han hecho suyas la fiscal y la jueza. Como suele ocurrir, la investigación policial se ha focalizado en los indicios más comprometedores contra Andic (que los hay) y ha dejado rezagados los posibles elementos de descargo.

La falta de una prueba directa sobre la autoría de la muerte ha llevado a los agentes a recopilar indicios que, sumados al supuesto móvil económico y a la mala relación padre-hijo, cristalizan en el contundente auto de la jueza de este martes. La defensa apenas ha empezado a estudiar el sumario (más de 1.400 páginas), pero no ha dudado en tildar la tesis del homicidio de “conjetura inconsistente”. Andic pedirá a la jueza volver a declarar una vez su equipo de abogados haya podido analizar toda la causa.

Ahora empieza el partido para el abogado de Andic, Cristóbal Martell, para contrarrestar lo sostenido por los agentes, la jueza y la fiscal. La tarea no es sencilla: además de la disputa técnica con pruebas periciales, la defensa se enfrenta al reto de no ahondar todavía más en la intimidad familiar destripada por la investigación y a los posibles efectos reputacionales que el avance de la causa tenga en la marca Mango.

El indicio más relevante: tres visitas al lugar de los hechos

Distintas fuentes jurídicas coinciden en que el indicio más claro contra Jonathan Andic son sus visitas previas al lugar de los hechos. En una de sus declaraciones policiales tras la muerte de su padre, explicó que unos quince días antes de los hechos, el 14 de diciembre de 2024, ya había estado en el sendero de Collbató al ser uno de sus paseos habituales.

Sin embargo, las imágenes de las cámaras de tráfico del municipio al pie de Montserrat han situado el coche de Jonathan Andic en el camino el 7, el 8 y el 10 de diciembre de 2024. El punto del sendero por el que cayó el dueño de Mango, resalta la jueza, es el único que “presenta una exposición de caída”.

Otro de los aspectos a los que más importancia da la jueza es el borrado del móvil que Jonathan Andic realizó “coincidiendo” con la reactivación de la investigación en marzo de 2025. Según la versión que el hijo trasladó a su secretaria, le robaron el teléfono durante un viaje “relámpago” a Ecuador.

Las contradicciones

Jonathan Andic no solo declaró ante los Mossos d'Esquadra, sino que lo hizo dos veces: el 14 de diciembre de 2024, inmediatamente después de la muerte de su padre, y quince días después. Por aquel entonces, no estaba formalmente investigado. Pero sus palabras se le han vuelto en contra, como a veces ocurre con las declaraciones policiales.

Aunque en otros casos mediáticos (como el caso Alves) los jueces han dado una “importancia menor” a las versiones distintas que dio el investigado ya estando detenido, la jueza del caso Andic sí le otorga importancia a las contradicciones.

Esas supuestas contradicciones afectan, en primer lugar, a lo qué ocurrió en el sendero de montaña donde Isak Andic perdió la vida. Destaca la jueza que, el mismo día de los hechos, Jonathan dijo a la policía que caminaba 4 o 5 metros por delante de su padre, pero que 15 días después afirmó que caminaban juntos.

“Es poco probable que si iban caminando juntos no lo viera caer”, concluye la instructora. También aprecia diferencias la magistrada en el lugar en el que el padre usó el teléfono, según lo manifestado por el hijo.

Además, tras contrastarlo con el contenido hallado en el teléfono de Jonathan Andic, que según la jueza incluye mensajes de “odio” y hasta “ideas de muerte” hacia su padre, la instructora discrepa de que la relación entre ambos en el momento de la muerte fuera buena, tal y como manifestó el investigado.

La batalla por la pisada

Una de las pruebas más relevantes para los Mossos d'Esquadra (y en las que más se han esmerado) es el análisis de una pisada en el punto del sendero en el que se despeñó. La unidad de montaña de la policía catalana ha realizado hasta 10 simulacros del “refregado de la suela” del modelo de zapato que llevaba el multimillonario.

El resultado del análisis por parte de los Mossos es incriminatorio contra el hijo del magnate: según la policía, un resbalón no puede producir la profundidad de la suela del zapato hallada en el camino.

Otros informes forenses también descartan, según la jueza, la caída accidental que fue la hipótesis inicial del caso porque Andic cayó “como si se hubiera lanzado por un tobogán, con los pies por delante”. Previsiblemente, estas pruebas serán replicadas por la defensa con otras periciales que contradigan la tesis de los investigadores.

El dinero y el caso Andic

La clave del caso es el móvil económico y la “obsesión por el dinero” que, según la jueza, llevó a Jonathan Andic a matar a su padre de forma “premeditada” ante el temor de que el fundador de Mango modificara el testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación de ayuda social.

El hijo conoció las intenciones del padre a mediados de 2024, aunque el cambio en el testamento nunca llegó a formalizarse en el medio año que pasó hasta su muerte. La resolución judicial no aporta más datos sobre qué consecuencias económicas habría tenido para Jonathan que su padre creara una fundación benéfica.

Según portavoces de la familia citados por la agencia EFE, el proyecto de crear una fundación destinada a fines sociales siguió adelante tras la muerte de Isak Andic, sin que sus hijos, incluido Jonathan, plantearan objeción alguna: si el plan se paralizó es por la coincidencia con la investigación sobre la muerte del empresario y será la familia la que decidirá cuándo se reanuda.

El propio auto sí incorpora, sin embargo, un hecho que muestra que el primogénito no tenía a priori que temer por su futuro financiero: Isak Andic aceptó la petición de su hijo para concederle la herencia en vida. La cesión se produjo, según la resolución, tras la mediación de una psicóloga en el contexto de las tensiones familiares por la gestión de Mango.

El impacto en la compañía

A nivel comercial, Mango no se ha visto afectada por la muerte de su fundador. Todo lo contrario: la compañía batió récords de ventas en 2025, con 3.767 millones, y obtuvo un beneficio de 242 millones, un 11% más que el año anterior. Pero el año anterior no se contaba con una resolución judicial que, aunque no es definitiva y se puede recurrir, apunte de forma tan clara contra Jonathan Andic.

Tampoco se había producido una imagen contraria a la presunción de inocencia y con un potencial impacto en la reputación de la marca: la entrada esposado de Jonathan Andic en los juzgados.

Además de la deficiente infraestructura de los juzgados de Martorell (están en los bajos de un bloque de pisos y solo tienen una puerta por donde entra todo el mundo, lo que obliga a trasladar a todos los detenidos por la calle), fuentes jurídicas dudan de que fuera necesaria la detención de Andic. Se le podría haber citado como investigado y que acudiera al juzgado por su propio pie, agregan estas fuentes.

Jonathan Andic mantiene su cargo como vicepresidente de Mango, sin responsabilidades ejecutivas, y sigue al frente de las sociedades familiares que comparte con sus dos hermanas, Sarah y Judith. La familia ha reafirmado que apoya la inocencia del primogénito.

Es una de las imágenes del año. Estigmatizante, pero histórica. El hijo del hombre más rico de Catalunya ha entrado esposado en el juzgado, custodiado por cinco mossos d'esquadra, e investigado por el homicidio de su padre, fundador de Mango. Jonathan Andic ha declarado una hora y ha salido en libertad tras abonar en apenas 20 minutos una fianza de un millón de euros.

La resolución judicial por la que se decreta la libertad de Andic tiene tintes de guion de Succession, aunque sigue sin contar con una prueba clara que determine la autoría del hijo del fundador de Mango. La jueza sí compra todos los indicios expuestos en los atestados de los Mossos d'Esquadra y señala la “obsesión por el dinero” de Jonathan Andic y la “mala relación” y el “odio” hacia su padre como claves del caso.

En un comunicado, la defensa y la familia de Andic han cargado contra la investigación policial que han asumido Fiscalía y jueza. “La conjetura del homicidio es inconsistente. Pero, sobre todo, es dolorosa. Estigmatiza a un hombre inocente. Ahora comienza auténticamente el proceso y brillará la verdad y la inocencia”, ha expresado Cristóbal Martell, abogado de Jonathan Andic.

El auto, junto a la imagen de Andic entrando esposado en el juzgado de Martorell, son demoledores para la imagen del hijo del dueño del imperio de la moda. En 14 páginas, la magistrada condensa año y medio de investigación policial y enumera siete indicios de lo que considera una “participación activa y premeditada” de Jonathan en la muerte de su padre al despeñarse en un sendero en Collbató (Barcelona) en diciembre de 2024.

Primero y principal: la “mala relación” del hijo con el padre, algo que el primogénito negó en sus declaraciones ante los Mossos, pero que según la jueza desmienten los mensajes hallados en el teléfono de Jonathan Andic.

La togada sitúa como motivo de las desavenencias “la obsesión por el dinero” de Jonathan, hasta el punto que, según el auto, le pidió a su padre una herencia en vida que el fundador de Mango aceptó “para continuar teniendo relación con su hijo” tras la intervención de una psicóloga.

A mediados del año 2024 (esto es, seis meses antes de la muerte de Andic al caer durante una excursión en el macizo de Montserrat), Jonathan “fue conocedor”, indica la jueza, de que su padre tenía intención de cambiar el testamento “creando una Fundación para ayudar a las personas necesitadas”. La magistrada sitúa esta decisión como detonante de un “cambio de actitud” de Jonathan con su padre, con el que pretende “reconciliarse y reconoce que su actitud con el dinero no es la correcta”.

El padre, agrega la jueza, aceptó la excursión de su hijo “para hablar los dos solos”. Este es el principal salto temporal del auto, toda vez que la caminata donde el fundador de Mango perdió la vida ocurrió medio año después de que estallaran las supuestas discrepancias entre padre e hijo.

La jueza incluso se adentra en consideraciones psicológicas sobre la relación entre los Andic. Mantiene la magistrada que Jonathan “manipuló emocionalmente” a su padre “para conseguir sus objetivos económicos”. También mantiene que en los mensajes analizados en su teléfono el hijo muestra “sentir odio, rencor, ideas de muerte, y culpabilizar de su situación a su padre”.

“Planificación y estudio”

La magistrada enmarca esta estrategia de supuesta reconciliación dentro de lo que, en realidad, sería “una planificación y estudio previo del lugar de los hechos y un intento de crear una situación y circunstancias concretas lo más discretas posibles previamente a los hechos, en el mismo momento y durante los minutos posteriores a la caída”.

Esta premeditación que la magistrada advierte sería más compatible con un delito de asesinato, pero de momento la causa permanece abierto por homicidio “sin perjuicio de ulterior calificación”, agrega la jueza.

Los días previos y el sendero donde se precipitó Andic, que no presenta grandes dificultades, son otros dos de los indicios que pesan contra Jonathan Andic. La jueza destaca que el hijo del fundador de Mango visitó “el lugar de los hechos” hasta tres veces en solo siete días antes de la caída de su padre.

El recodo de la montaña por donde se precipitó el empresario es otro de los principales indicios de criminalidad a los que se aferra la jueza: las investigaciones de los Mossos d'Esquadra, que incluyeron cuatro simulacros en el mismo punto por el que cayó Andic, han concluido que una pisada como la hallada en el lugar de los hechos “no es posible por un resbalón”.

Además, la jueza cita el informe forense, que no ve signos de resbalón sino que compara la caída con un lanzamiento “por un tobogán, con los pies por delante”, de forma que todas las lesiones fueron en el lado derecho y en forma ascendente, sin afectación en las manos, un dato clave para los investigadores.

A los indicios sobre el terreno, se le suma la “desaparición en extrañas circunstancias”, en palabras de la jueza, del móvil de Jonathan Andic. Según trasladó el hijo a su secretaria, le robaron el teléfono en un “viaje relámpago” a Ecuador entre el 24 y el 26 de marzo de 2026. Sin embargo, la jueza destaca que Andic borró el contenido de su anterior terminal tras cambiarse el móvil, y que las fechas de su desaparición “coinciden” con las noticias en presa sobre la reapertura del caso, inicialmente archivado.

Las gestiones de los Mossos para “determinar la pérdida o sustracción” del antiguo teléfono de Andic han resultado “negativas”, agrega la magistrada.

Llamadas y “contradicciones”

Tampoco le cuadran a la jueza las llamadas a los servicios de emergencia que Jonathan realizó tras la caída. En las dos primeras, indica la jueza, manifestó al teleoperador que su padre se había caído por un barranco, en el Montserrat. En la tercera, explicó a la enfermera lo que, según la jueza, es otra versión: que iba por delante de su padre “y de repente ha oído ruido de piedras y cuando se ha girado lo ha visto gritar y caerse”. Esta llamada difiere, siempre según la magistrada, de la declaración que Andic prestó ante los Mossos, pese a que la jueza recoge que Andic manifestó que también iba caminando por delante de su padre y vio su cuerpo rodando y escuchó un gemido de dolor.

En su auto, la jueza enumera las “contradicciones” de Jonathan Andic en sus diferentes declaraciones, las primeras a los Mossos tras la muerte de su padre, los días 14 y 31 de diciembre de 2024, y las de este martes en sede judicial, únicamente a preguntas de su defensa.

En la primera de las declaraciones, la del 14 de diciembre, afirmó que “se adelantó unos cuatro o cinco metros por delante de su padre”, que este se paró para tomar unas fotografías y sin tenerlo a la “vista”, se giró y vio “un cuerpo rodando entre los matorrales, y escucho un fuerte golpe y un gemido de dolor”. Sin embargo, el 31 de diciembre Jonathan declaró que su padre hizo uso del teléfono al principio del recorrido, y que ya “no lo volvió a ver que lo utilizara”.

La investigación de los Mossos del volcado del móvil del empresario fallecido determina que “solo” lo utilizó al inicio del camino, y que no hizo uso del mismo en el “lugar de los hechos”, es decir, desde donde se precipitó al vacío. La montaña es la otra única testigo de la muerte de Isak Andic.

Investigado por homicidio, pero en libertad. El hijo del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha abonado en poco más de 20 minutos el millón de euros de fianza que le había impuesto la jueza para eludir la prisión provisional en la causa en la que permanece investigado por la muerte de su padre, Isak Andic.

El caso está abierto por un delito de homicidio, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunnya (TSJC). Andic ha declarado durante alrededor de una hora ante la jueza de Martorell. Lo ha hecho tan solo a preguntas de su abogado, Cristóbal Martell.

El investigado ha salido del juzgado acompañado de sus abogados y en medio de una gran expectación mediática. Ha caminado por la rampa de los juzgados de Martorell y se ha subido a un coche.

Tras la comparecencia, la jueza ha seguido el criterio de la Fiscalía en las medidas cautelares: cárcel eludible bajo pago de un millón de euros, así como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias semanales en el juzgado.

Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes a Andic, al que consideran sospechoso de la muerte de su padre. La policía catalana no cree la hipótesis del accidente que en un primer momento sostuvo tras constatar lo que, a su juicio, son contradicciones en la versión del hijo.

Coincidiendo con un relevo al frente del juzgado de instrucción número 5 de Martorell en octubre de 2025, los Mossos, ya con la comisaría general de Investigación Criminal al cargo de las diligencias, pusieron el foco de las sospechas bajo Jonathan Andic, al que pidieron el teléfono móvil para analizarlo.

El contenido de este teléfono se sitúa como uno de los puntales de la investigación. Bajo secreto de sumario, los Mossos han indagado en el teléfono de Andic, tanto su registro de llamadas como sus mesajes. Los agentes tambié han intentado recuperar algunos mesajes borrados meses antes, en busca de indicios sobre la muerte del fundador de Mango.

La policía catalana basa sus sospechas en ciertas diferencias entre las dos declaraciones que prestó Jonathan Andic ante los agentes. Por ejemplo, sobre el lugar donde estaba cuando se precipitó su padre, dónde aparcó o si tomó fotos en la excursión.

Los agentes también dudan sobre las circunstancias de la caída del fundador de Mango, en un camino donde creen difícil que un cuerpo pueda despeñarse sin que se ejerza cierta fuerza sobre él.

También indagan si Jonathan Andic tenía mala relación con su padre, una hipótesis que han negado de forma casi unánime los allegados del fundador de Mango que han sido interrogados por los Mossos como testigos, entre los que se cuentan desde sus dos hijas, Judith y Sarah, o su tío, hasta directivos y trabajadores de Mango.

El fundador del imperio de moda Mango, uno de los hombres más ricos de España, murió el 14 de diciembre de 2024 al caer desde una altura de unos 150 metros en una excursión por un sendero de las cuevas de Collbató (Barcelona), una ruta que transcurre por el macizo de Montserrat.

Un portavoz autorizado de la familia ha recalcado a la agencia EFE que la colaboración de Jonathan Andic con las autoridades en la investigación por la muerte de su padre “ha sido y será máxima”.

El Tribunal Supremo ha avalado que un familiar con una “vinculación particularmente estrecha” con un solicitante de eutanasia pueda recurrir judicialmente una muerte digna ya avalada por los médicos. El Alto Tribunal consagra así la brecha que hallaron asociaciones ultras como Abogados Cristianos para impugnar eutanasias de familiares.

Los 34 magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo se han reunido pleno para fijar jurisprudencia sobre un asunto controvertido: si un familiar ajeno a las administraciones puede impugnar una eutanasia ya avalada por los informes médicos y juristas de la Comisión de Garantías. La decisión se ha tomado por 23 votos a 9, en una muestra de división en el seno del Alto Tribunal. La sentencia del caso se conocerá en los próximos días, según informa en una nota el Alto Tribunal.

Los jueces han examinado caso de un hombre de 55 años, Francesc A., que ha discurrido en paralelo al de Noelia, la joven parapléjica, cuyo padre frenó durante casi dos años en los tribunales su derecho a la muerte asistida.

Todos los tribunales que han examinado ambos casos no han dudado del derecho de los solicitantes a poder materializar su eutanasia.

La discusión jurídica no era el derecho a morir, sino la legitimación para recurrir de los familiares. Es decir, si el mero parentesco basta para impugnar o si es necesario algo más, como que el familiar demuestre un vínculo real con el solicitante o aporte informes médicos para contradecir el aval a la muerte digna.

La Generalitat, cuyo recurso ha rechazado el Supremo, solicitaba restringir al máximo la legitimación para recurrir y que no pueda acreditarse ante un juez con la “simple constatación” de una relación de familiaridad con el solicitante de eutanasia.

Los servicios jurídicos del Govern consideraban que debe corresponder al familiar presentar, desde el primer momento, prueba suficiente que contradiga al expediente administrativo avalador de la eutanasia (cabe recordar que, en el caso de Noelia, su padre alargó su sufrimiento sin entregar al juzgado un dictamen pericial que justificara que siguiera viviendo).

En cambio, la Fiscalía discrepaba de la Generalitat y argumentaba que debía reconocerse “por regla general” el interés de un padre o cónyuge en recurrir una eutanasia “siempre que el vínculo familiar esté acompañado por un vínculo afectivo vigente”.

Las dos instancias que han examinado el recurso del padre de Francesc A. habían dado respuestas contradictorias. La magistrada que vio el caso en primera instancia concluyó que su padre no estaba legitimado para impugnarla y que no bastaba con el mero vínculo familiar, ya que la relación entre padre e hijo era en la actualidad casi inexistente.

Por el contrario, la Sala de lo Contencioso del TSJ catalán no solo avaló el derecho del padre a impugnar la eutanasia de su hijo, sino que abrió la puerta a que las impugnaciones fueran generalizadas. “Incluso en situaciones de desencuentro o conflictos familiares prolongados podría permanecer la esencia de la preocupación paternofilial que justifica”, según el TSJC, la “integridad” del derecho de un familiar a recurrir la eutanasia.

Con su decisión, el Alto Tribunal avala esta última sentencia del TSJC y abre la puerta a consagrar el derecho de los familiares a recurrir una eutanasia legal y avalada por los médicos, esto es, que la negativa de un padre a un derecho de su hijo baste para retrasarlo, por encima del criterio de los médicos y juristas expertos en muerte digna.

Los Mossos d’Esquadra han detenido este martes a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, por la muerte de su padre, fallecido en una caída en la montaña durante una caminata en la que solo estaban el padre y su primogénito. El arrestado ha comparecido ante la jueza del caso, que ha decretado prisión eludible bajo fianza de un milló de euros. En apeas veinte minutos, Andic ha pagado la fianza y ha quedado libre e investigado por homicidio.

El detenido ha llegado a los juzgados de Martorell a las 12.45h., esposado, con las manos en la espalda y custodiado por cinco agentes de la policía catalana (dos de investigación y tres de custodia del juzgado). Un rato antes, habían llegado su abogado, Cristóbal Martell; la fiscal del caso, Teresa Yoldi; y los agentes de investigación de los Mossos con un voluminoso atestado.

La imagen del paseíllo que ha vivido este martes Jonathan Andic es inhabitual ya en los grandes juzgados, pues se considera que atenta contra la presunción de inocencia de un detenido que todavía no ha sido juzgado. Sin embargo, los juzgados de Martorell (una de las instalaciones judiciales catalanas más faltas de inversión, que están en los bajos de un bloque de pisos), solo tienen una puerta, que comparten arrestados, funcionarios y jueces, y no disponen de una entrada exclusiva de detenidos.

En un comunicado, portavoces de la familia Andic han defendido la inocencia de Jonathan y han reclamado que se respete su presunción de inocencia, al tiempo que han sido críticos con la investigación. “No existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra” Jonathan, han manifestado.

“El convencimiento sobre su inocencia es absoluto y el desarrollo de las diligencias así lo demostrarán”, han apostillado los portavoces de la familia.

Tal y como ha adelantado La Vanguardia y ha confirmado elDiario.es, la policía catalana ha arrestado a Andic a primera hora de la mañana de este martes. Lo ha hecho en su domicilio, y después lo ha trasladado a la comisaría de Martorell primero y después a los juzgados.

El fundador del imperio de moda Mango, uno de los hombres más ricos de España, murió el 14 de diciembre de 2024 al caer desde una altura de unos 150 metros en una excursión por un sendero de las cuevas de Collbató (Barcelona), una ruta que transcurre por el macizo de Montserrat.

La jueza archivó en un primer momento el caso, pero lo reabrió en marzo de 2025 para incorporar ampliaciones de atestados de los Mossos d’Esquadra. Bajo la dirección del comisario Eduard Sallent, exjefe de la policía catalana, los Mossos primero concluyeron que la caída de Andic fue accidental, tras inspeccionar el lugar y tomar declaración a su hijo Jonathan, el único testigo directo de lo ocurrido.

Coincidiendo con un relevo al frente del juzgado de instrucción número 5 de Martorell en octubre de 2025, los Mossos, ya con la comisaría general de Investigación Criminal al cargo de las diligencias, dieron un nuevo impulso y pusieron el foco de las sospechas bajo Jonathan Andic, al que pidieron el teléfono móvil para analizarlo. 

El hijo del fundador de Mango ha permanecido un año siendo sospechoso para la policía pero sin una petición formal de los Mossos al juzgado para imputarlo y que pudiera ejercer su derecho a la defensa en la causa.

Contracciones en el relato de Andic

Los Mossos basaron sus sospechas en lo que, a juicio de la policía, eran contradicciones en el relato de Andic tras la muerte de su padre —por ejemplo, sobre el lugar dónde estaba cuando cayó, dónde aparcó o si tomó fotos en la excursión— y en que el sendero es un camino en el que creen difícil que un cuerpo pueda despeñarse sin que se ejerza cierta fuerza sobre él.

Durante estos meses, los Mossos también han indagado si Jonathan Andic tenía mala relación con su padre en el momento de morir, una hipótesis policial que han negado de forma unánime los allegados del fundador de Mango. Entre las personas que han interrogado los agentes figuran la viuda del fundador de Mango, sus dos hijas, Judith y Sarah, su tío, directivos y trabajadores de la multinacional.

Las filtraciones sobre el caso cuando se encontraba bajo secreto de sumario hicieron reaccionar a los albaceas de Andic, que defendieron públicamente la “inocencia” y la “única condición de víctima” de su hijo Jonathan después de que los Mossos d'Esquadra situaran al primogénito como sospechoso. 

Pesos pesados del mundo empresarial, como el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, o el presidente de Planeta y albacea de Andic, José Crehueras, han respaldado públicamente a Jonathan Andic durante los meses que ha pasado bajo el foco de los Mossos d’Esquadra. 

La Audiencia Nacional enmienda la plana a Hacienda y al Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) y obliga a la Agencia Tributaria devolver a Shakira 55 millones de euros más intereses y costas (la defensa cifra la devolución en más de 60 millones) por el ejercicio fiscal de 2011. El tribunal ha estimado el recurso presentado por la representación legal de la cantante en el litigio por el IRPF y el Impuesto de Patrimonio de ese concreto año fiscal y ha acordado por sentencia anular las liquidaciones y sanciones impuestas. 

En la sentencia, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso considera que la Administración no ha acreditado que la cantante permaneciera ese año en España más de 183 días, tal y como exige el artículo 9.1 de la Ley del IRPF en relación el domicilio fiscal que se determina a la hora de tributar dicho impuesto. Al contrario, los magistrados entienden que la estancia de Shakira en España fue de 163 días y que la Administración no ha probado, por tanto, que la cantante tuviera el núcleo de intereses económicos y las relaciones familiares en nuestro país, en los términos establecidos en el mencionado artículo.

La Sala recuerda que la inspección de Hacienda arrancó en 2016 y para el periodo comprendido de 2011 a 2014. Y detalla que, únicamente respecto al ejercicio 2011 y para el IRPF, se dictó una liquidación para regularizar la situación tributaria de la cantante que ascendía a 24,7 millones de euros (19 ,9 de cuota y 4,7 de intereses de demora). El fisco señaló entonces que esa regularización venía motivada porque Shakira tenía la consideración de residente fiscal en España y, por tanto, debía tributar aquí “por la renta mundial obtenida” con independencia del lugar donde se hubiese producido y cualquiera que sea la residencia del pagador.

Pero iba más allá, y acusaba a la cantante de controlar “un entramado de sociedades” que le permitía obtener rentas en jurisdicciones con una baja tributación. Hacienda consideraba que esa maraña de sociedades le sirvió para “distraer las rentas” y ocultarlas de manera que fuera “imposible conectarlas con su verdadera generadora y preceptora última”. Una vez concluido el procedimiento abierto en el seno de la Agencia Tributaria se le impuso una sanción respecto a ese 2011 por infracción muy grave que ascendía al 125% del dinero reclamado. “Al concurrir ocultación y medios fraudulentos por la utilización de persona interpuesta, alcanzando un importe total de 24,9 millones euros.

En cuanto al impuesto de patrimonio de ese año, la Agencia Tributaria de Cataluña acordó que la cantante debía 2,6 millones de euros. Consideraba acreditada la existencia de simulación en contratos celebrados entre las sociedades Ace Entertainment, Tournesol, Geneurope, Light Tours, Light Production y Carpe Diem, y apuntaba que las mismas fueron usadas para “ocultar la obtención de rentas manteniendo su patrimonio en territorios de baja o nula tributación”. Sobre este punto, se le notificó a la cantante en junio de 2018 que se le imponía una sanción por infracción muy grave y se le informaba de que el montante era de 2,7 millones. Así, las cantidades presuntamente defraudadas en el IRPF y el impuesto de patrimonio sumadas a las dos sanciones muy graves elevaron la cantidad que tuvo que abonar a Hacienda a los 55 millones de euros.

La residencia de Bahamas

 En la sentencia se recoge que la Administración Pública había analizado extensamente si la recurrente residía en efecto en Bahamas en 2011 y determinó que debía negar la validez de ese documento, algo con lo que no está de acuerdo la Sala: “Lo cierto es que constituye un indicio probatorio”.

El tribunal, en su sentencia, señala que Hacienda lo que debía probar era si la recurrente era residente fiscal en España. “Por tanto, que Bahamas sea o no un paraíso fiscal en 2011 es irrelevante, porque la recurrente ha probado la permanencia de al menos 183 fuera de España (lo cual no es discutido)”, añade. Así, los magistrados concluyen que no cabe reputar ocasional o esporádica una ausencia prolongada por periodo superior a 183 días, “ya que de aceptar que ello fuera así el concepto de residencia habitual, sustentado a su vez en el de permanencia en España, quedaría completamente privado de sentido y razón”.

El tribunal niega también que tenga valor alguno que Hacienda sostenga que ya en 2011 se había producido el inicio de su residencia en España debido a la relación sentimental de la cantante con el ex futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, residente en España. “En 2011 no existía vínculo conyugal con un residente en España (la afirmación de la Administración es que existía una relación sentimental con un residente español, que no puede equipararse legalmente a un vínculo conyugal), ni existían en ese año hijos menores de la recurrente, residentes en España”, apunta.

Y concluye que al no tener domicilio fiscal en España “es obvio que las liquidaciones y las consiguientes sanciones son contrarias a Derecho, porque parten de la idea de que la recurrente tenía en el ejercicio 2011 su domicilio fiscal en España y ello no ha quedado acreditado”.

Cabe recordar que Shakira alcanzó en noviembre de 2023 un acuerdo con la Fiscalía en su causa por fraude fiscal. La cantante admitió entonces que no pagó cerca de 14,5 millones de euros en impuestos en España entre 2012 y 2014 pese a que estaba obligada al pasar más de la mitad del año en nuestro país. La artista se comprometió a abonar una multa millonaria a cambio de evitar los tres años de cárcel a los que había sido condenada.

Fuentes de Hacienda, consultadas por elDiario.es, señalan en este sentido que lo que se dilucidaba en la Audiencia Nacional era exclusivamente el ejercicio 2011 por la vía administrativa. Y adelantan que el fisco instará a la Abogacía del Estado a que recurra la sentencia en casación ante el Tribunal Supremo.

Por su parte, en un comunicado, el equipo legal de la cantante celebra la sentencia “tras ocho años de disputa y una persecución encarnizada contra Shakira”. Y recuerda que ese 2011 ella estaba de gira por todo el mundo y que llegó a ofrecer 120 conciertos en 37 países distintos: “No tenía en España casa, ni hijos, ni tuvo nunca su centro de negocios en este país”.

Además, denuncia la “presión” ejercida por Hacienda, y recuerda que “una institución creada para el servicio de los ciudadanos no debería utilizar todo su poder y recursos para criminalizar caprichosamente a quien le conviene”.

¿Basta con ser padre para poder recurrir la eutanasia de un hijo avalada por los médicos? El Tribunal Supremo empezará a responder esta semana a esa pregunta al estudiar el caso de Francesc A., un barcelonés de 56 años cuya muerte digna está en suspenso desde agosto de 2024 por un recurso de su progenitor.

La ley de de muerte digna española, una de las más avanzadas de Europa, se viene aplicando con normalidad en la gran mayoría de casos desde su aprobación en 2021. Pero colectivos ultracatólicos como Abogados Cristianos hallaron una grieta en la norma. Solo se han registrado dos recursos de familiares en casi un lustro. Pero la instrumentalización de los casos por parte de los grupos ultras, que incluso se han querellado contra los médicos y juristas que dieron su visto bueno a la eutanasia, ha generado preocupación.

El primer recurso de un padre contra la eutanasia ya concedida a su hija fue el caso de Noelia Castillo, la joven barcelonesa que pudo morir tras año y media de batalla judicial que ganó a su progenitor, defendido por Abogados Cristianos. El segundo, que el Supremo resolverá esta semana, afecta a Francesc A., un barcelonés de 56 años cuyo padre, a través de un abogado particular, recurrió la concesión de la muerte digna.

Todos los tribunales que han examinado ambos casos no han dudado del derecho de los solicitantes a poder materializar su eutanasia. La discusión jurídica no es el derecho a morir, sino la legitimación para recurrir de los familiares. Es decir, si el mero parentesco basta para impugnar o si es necesario algo más, como que el familiar demuestre un vínculo real con el solicitante o aporte informes médicos para contradecir el aval a la muerte digna.

“Es como si se quisiera abrir la puerta a que un padre recurra el derecho de su hija a abortar. El derecho es de la hija, aunque a su padre no le guste”, comparan fuentes jurídicas.

La ley de eutanasia ya plantea varios límites a la hora de acceder a este derecho. Para empezar, solo pueden ejercerlo los mayores de edad. Además, los sufrimientos graves e irreversibles de los solicitantes deben constatarse primero por un equipo médico, y después por una dupla de médico y jurista de la Comisión y Garantía de la Evaluación de la eutanasia que hay en cada una de las comunidades autónomas.

Además de este doble control, en cada procedimiento el paciente debe confirmar hasta tres veces que quiere ejercer su derecho a la eutanasia. Es en el segundo de estos consentimientos en los que el solicitante puede decidir o no comunicárselo a sus familiares (en el caso de Francesc A., decidió no hacerlo).

Lo que no aparece en ninguna disposición de la ley es que un familiar pueda impugnar un aval de la Comisión a la eutanasia. En cambio, la norma sí dispone expresamente que los solicitantes puedan recurrir la negativa de los expertos a concederles la muerte digna. Los familiares que recurren se han agarrado a la generalidad de que todo acto administrativo se puede impugnar ante los juzgados.

Las dos instancias que han examinado el recurso del padre de Francesc A. han dado respuestas contradictorias. La magistrada que vio el caso en primera instancia concluyó que su padre no estaba legitimado para impugnarla y que no bastaba con el mero vínculo familiar, ya que la relación entre padre e hijo era en la actualidad casi inexistente.

La jurisprudencia europea, recordó la jueza, requiere que, para recurrir la eutanasia, el familiar tenga un “vínculo real” con el paciente que quiere morir dignamente, algo que no se daba en este caso. 

Por el contrario, la Sala de lo Contencioso del TSJ catalán no solo avaló el derecho del padre a impugnar la eutanasia de su hijo, sino que abrió la puerta a que las impugnaciones fueran generalizadas. “Incluso en situaciones de desencuentro o conflictos familiares prolongados podría permanecer la esencia de la preocupación paternofilial que justifica”, según el TSJC, la “integridad” del derecho de un familiar a recurrir la eutanasia.

Con estos mimbres el caso llega al Supremo. La Abogacía de la Generalitat pide en su recurso que el Alto Tribunal corrija la sentencia del TSJC, que a su juicio “reconoce un derecho incondicionado vinculado a la condición familiar” y “prescinde” tanto de lo que recoge la ley de eutanasia como de la jurisprudencia del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

La Generalitat solicita al Supremo restringir al máximo la legitimación para recurrir y que no pueda acreditarse ante un juez con la “simple constatación” de una relación de familiaridad con el solicitante de eutanasia.

Los servicios jurídicos del Govern consideran que debe corresponder al familiar presentar, desde el primer momento, prueba suficiente que contradiga al expediente administrativo avalador de la eutanasia (cabe recordar que, en el caso de Noelia, su padre alargó su sufrimiento sin entregar al juzgado un dictamen pericial que justificara que siguiera viviendo).

En cambio, la Fiscalía discrepa de la Generalitat y pide mantener la sentencia del TSJC al avalar los planteamientos de los jueces catalanes. Según el fiscal, debe reconocerse “por regla general” el interés de un padre o cónyuge en recurrir una eutanasia “siempre que el vínculo familiar esté acompañado por un vínculo afectivo vigente”.

Sí reclama el fiscal que el Supremo declare que carecen de legitimación para recurrir las “asociaciones o grupos” favorables o contrarios a la eutanasia (algo que nunca ha ocurrido en el caso de las asociaciones partidarias de la muerte digna y solo ha pasado con Abogados Cristianos).

En la mejor película judicial de todos los tiempos, Henry Fonda admite no saber la verdad sobre si el acusado es culpable. Esa duda razonable es lo que conduce a la absolución, en lo que supone un triunfo de la presunción de inocencia, un pilar del Estado de derecho tan crucial como denostado.

No son 12 hombres sin piedad, sino dos magistradas y un magistrado con años de experiencia a sus espaldas los que decidirán la suerte procesal de la familia Pujol. La verdad judicial bascula entre dos tesis sobre el origen de la fortuna oculta en Andorra: corrupción o legado familiar. Es posible que la sentencia no pueda dar con la verdad porque ninguna de las dos hipótesis resulte ganadora.

Los motivos de esta paradoja son varios, pero es algo con lo que se encuentran a veces los tribunales. Si no se prueba la acusación sin ninguna duda razonable, procede absolver. También es un triunfo del Estado de derecho. Se apellide como se apellide el acusado y aunque lo que se haya visto en sala sea poco tolerable en el plano ético.

Sea cual sea la sentencia, el juicio sí ha permitido a la ciudadanía observar en audiencia pública cómo los hermanos Pujol Ferrusola exponían su versión de los hechos. No así la del expresident, exonerado por su deterioro cognitivo. La verdad de la familia ha dejado tocada su imagen ante la opinión pública que la haya querido escuchar.

Durante muchos años, una buena parte de Catalunya prefirió no mirar lo que Jordi Amat definió con maestría en El hijo del chófer (Tusquets en castellano, Grup 62 en catalán) como los ángulos muertos del pujolismo. El juicio no los ha desvelado todos, pero sí ha retratado una época, los 23 años en el poder de Pujol, en los que no se dudó en recurrir a las lecciones de moral y a la censura para acallar toda voz crítica. 

Sin demasiada contención y ni un ápice de arrepentimiento, acusados y testigos han dibujado el funcionamiento de una élite y una clase social entregada al dinero fácil gracias a los contactos. También se ha visto a una familia que no vio reparos en mantener durante décadas dinero sin declarar en el extranjero mientras su padre era la primera autoridad de Catalunya.

La estruendosa vida económica de Jordi Pujol Ferrusola ha sido la puntilla al pretendido legado ético de su padre. El primogénito alardeó ante el tribunal de sus contactos y de ganar dinero con “información privilegiada” (se le pasó añadir que sin su apellido no la habría obtenido).

El nombre del expresident apenas se nombró en la vista hasta que los jueces decretaron el archivo del caso para él por su deterioro cognitivo. Si tuvo o no una cuenta en Andorra es algo que queda por resolver. A favor de esta tesis juega la carta manuscrita en la que Pujol, en el año 2001 (mientras todavía era president) asume la titularidad de una cuenta en el principado sin declarar.

La alternativa de la defensa es que en realidad la cuenta sería de Jordi Pujol Ferrusola. La misiva del expresident, según la defensa, formó parte de una treta para que la exmujer del primogénito no cobrara la mitad de lo que había en la cuenta tras el divorcio. Puede aceptarse en términos legales, pero en el campo ético es bastante problemático.

Este Guatemala o Guatepeor se repite con la deixa. Cristóbal Martell, abogado de los Pujol, admitió la dificultad de probar que la fortuna oculta procede de un legado del abuelo Florenci (no hay documentos que lo corroboren) dado el “perfil” económico de Florenci Pujol, traficante de divisas y fundador de la fallida Banca Catalana.

En el juicio ha sobrevolado la hipótesis que no pocos conocedores del pujolismo manejan: parte del dinero oculto puede proceder de la quiebra de Banca Catalana. La defensa se ha limitado a aportar un libro sobre la crisis de la entidad, pero para trazar el perfil económico y empresarial de Florenci Pujol, no para explicar otro origen del dinero. La deixa se ha mantenido como única versión.

Martell jugó la carta de la duda razonable al plantear al tribunal que, aunque no dé por probado el legado como origen de la fortuna oculta, tampoco tiene que aceptar que los fondos proceden de la corrupción ante el “clamoroso vacío probatorio” de la Fiscalía. Esta tercera vía implica la absolución de la familia.

En el otro lado de los estrados, el juicio no ha sido un camino de rosas. Las dificultades de la Fiscalía para probar su tesis provienen del largo tiempo transcurrido (12 años de investigación de unos hechos que se remontan a los 80 y 90), el silencio empresarial que sigue envolviendo al pujolismo (a diferencia de muchas otras causas por corrupción, nadie ha tirado de la manta) y una instrucción mastodóntica pero ineficiente.

No se pudieron pinchar teléfonos en secreto ni pillar por sorpresa a los investigados porque el caso estalló de forma pública. Primero, con las revelaciones de la examante de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, animadas por el jefe de gabinete del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Después, por la intervención de la brigada política del PP para obtener el pantallazo de las cuentas en Andorra de la familia que terminó en la portada de El Mundo.

Tampoco ha ayudado la poca precisión fiscal en algunas de las adjudicaciones públicas bajo sospecha, que se concretaron bajo el tripartito de izquierdas y no bajo gobiernos de Convergència. Y hay que remarcar lo que ha parecido cierto desinterés institucional: el fiscal Fernando Bermejo ha estado solo, a diferencia de otros juicios de corrupción, donde actúan dos fiscales. En el caso Pujol, la Abogacía del Estado ha tenido a dos representantes para repartirse el trabajo, y eso que acusa por menos delitos que la Fiscalía.

Recordó Bermejo en su informe final una de las frases que define el juicio. “Tener una cuenta en Andorra era una tradición familiar en Catalunya”, declaró un testigo. “Esa tradición lo sería para las familias acomodadas, pero no para la mayoría”, replicó el fiscal. En la sala lo escuchaban varios acusados que pensaban que era lo normal.

Parecía imposible, pero el juicio a la familia Pujol ha quedado visto para sentencia este jueves. La Audiencia Nacional ha terminado la vista oral, que arrancó en noviembre, sin que los hijos del expresident y el resto de acusados hayan hecho uso de su última palabra (el derecho de todo acusado que más teme su abogado, pues en ocasiones echa por tierra toda una defensa).

Ahora empieza la labor de deliberación del tribunal, de tendencia progresista, que preside el magistrado José Ricardo de Prada y lo forman las magistradas Mercedes del Molino y María Fernanda García Pérez, que será la ponente de la sentencia.

Ante el tribunal han desfilado a lo largo de 38 sesiones más de 200 testigos, sin que las pruebas hayan movido un ápice a las partes de sus planteamientos iniciales: la Fiscalía mantiene que la fortuna familiar proviene de la corrupción vinculada a la “red clientelar” del pujolismo, mientras que las defensas insisten en que procede del legado oculto en Andorra del abuelo Florenci. ¿Legado o corrupción? Es posible que la sentencia no responda del todo a la pregunta.

El momento más destacado de la vista ha sido el que no se ha celebrado en audiencia pública: el reconocimiento privado que el 27 de abril el tribunal y el forense de la Audiencia Nacional realizaron al expresident de la Generalitat para determinar si podía declarar como acusado. La respuesta fue la que los forenses ya habían dado en noviembre: Pujol no estaba en condiciones de defenderse.

El expresident no tendrá ni condena ni absolución, sino un sobreseimiento libre por su deteriorado estado cognitivo. Por el contrario, sus hijos se siguen enfrentando a altas penas por parte de la Fiscalía: 29 años de cárcel le reclama el fiscal Fernando Bermejo al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola; 14 años a Josep y ocho años para los otros cinco de hermanos (estos últimos acusados únicamente de blanqueo y asociación ilícita).

En un contundente informe, el fiscal Bermejo, negó que el caso Pujol fuera un “ataque” a Catalunya y contrapuso el “saqueo” perpetrado por la familia con el discurso nacionalista de “Espanya ens roba” (España nos roba). Por su lado, el abogado del Estado Ignacio Ocio (que acusa tan solo al primogénito y a Josep por delitos fiscales y falsedad documental) adujo que los negocios de Jordi Pujol Ferrusola respondían a un “favor inconfesable”.

El letrado Cristóbal Martell, abogado de Jordi Pujol Ferrusola, cargó contra el “clamoroso vacío probatorio” de la acusación de corrupción, basada, en su opinión, en informes policiales sin ningún rigor e incluso informaciones periodísticas no fundamentadas en documentación alguna, impropias de un “Estado democrático”.

La única defensa con tintes políticos ha sido la del exsecretario general de Convergència, Oriol Pujol. Su letrado, Francesc Sànchez, denunció que el caso obedece a una “persecución” contra el expresidente catalán por ser “quien es”, “padre espiritual de Catalunya”, con una forma determinada de “entender el país”.

Este jueves, antes del visto para sentencia, las defensas de los empresarios acusados han expuesto suis informes finales, en los que han insistido en reclamar la absolución de sus clientes. La intervención más destacada ha sido la de la abogada Ana Bernaola, defensora del promotor Alejandro Guerrero, que ha señalado de la “malicia” de algunas acusaciones de la Abogacía del Estado.

En medio año de sesiones, no se ha acreditado “ninguna irregularidad” ni se ha probado ningún “acto mendaz” ni “nada por el estilo”, ha subrayado Carles Monguilod, que representa al empresario Gustavo Buesa. Por su lado, el abogado Óscar Morales, defensor del constructor Luis Delso, ha advertido que en la causa Pujol “el Estado trató de desencadenarse de las cadenas que le atan al Derecho”, en referencia al trabajo policial.

El letrado José María Fuster-Fabra, que defiende al empresario Josep Mayola, ha insistido en que “está por demostrar” que Jordi Pujol Ferrusola haya “cometido algún delito” y, en este contexto, ha denunciado que se ha pretendido “manchar absolutamente a todo el mundo que rodea” al hijo mayor del expresident, como si fuese un “virus contaminante”.

El abogado del constructor Carles Sumarroca, Diego Artacho, ha solicitado al tribunal “una reparación” ante el “atropello” de una causa abierta durante 14 años en la que, según ha argumentado, la acusación pretende atribuir acciones a su cliente de su padre, del mismo nombre y primer apellido.

Una jueza tendrá que investigar el uso del gas pimienta por parte de los Mossos d'Esquadra contra un grupo de manifestantes en la última huelga por Palestina del pasado octubre.

Así lo ha determinado la Audiencia de Barcelona, que ha revocado el archivo que, de primeras, acordó la instructora, y le ha ordenado indagar en la actuación policial ante los indicios de que fue “desproporcionada” al gasear una protesta “pacífica” y provocar varias lesiones a los manifestantes.

La jueza instructora archivó la querella de los manifestantes, a los que representan el centro Irídia y el colectivo Alerta Solidària, sin tomarles siquiera declaración. Avaló de pleno la jueza la actuación de los Mossos. Ahora la Audiencia de Barcelona le pone algunos reparos que deben ser investigados.

Los hechos se remontan al pasado 15 de octubre. Un grupo de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra dispersó con gas pimienta a un grupo de manifestantes propalestinos que se habían sentado en la rampa de un parking de al Estación de Sants para bloquear la salida de los autocares del equipo de baloncesto israelí que debía jugar en Manresa. En la causa constan varios vídeos de los hechos.

Los magistrados de la sección 10ª de la Audiencia de Barcelona, tras visionar las imágenes, no aprecian “especial embotellamiento” en la rampa del aparcamiento por parte de los manifestantes, ya que se observa en los vídeos que los autobuses pudieron salir. La protesta tampoco interrumpía la circulación de los coches o pasajeros que accedían a la estación, agrega el auto.

Los manifestantes, inciden los magistrados, no realizaron “actos de violencia” contra los agentes, sino que se limitaron a estar sentados en la rampa. “Solo unos pocos ofrecieron resistencia pasiva”, agregan los jueces, que concluyen que la protesta fue “esencialmente pacífica”.

El pacifismo de la protesta conduce a que deba investigarse la actuación policial, al no poderse basar en un ataque previo a los agentes que les hubiera puesto en peligro. Por el contrario, los manifestantes han aportado partes médicos que detallan erupciones cutáneas, vómitos y afectaciones oculares y respiratorias debido al gas.

“La fuerza empleada por los agentes para disolver a los manifestantes en su protesta pacífica pudo no ser tan proporcionada como lo aprecia la instructora”, remarca la Audiencia, que con su auto abre la puerta a que la jueza cite a los dos agentes de los Mossos que gasearon a los manifestantes como imputados y que aparecen identificados en las imágenes.

Turno para las defensas en el final del juicio a los Pujol. El abogado de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, ha reivindicado la tesis de que la fortuna familiar procede del legado oculto en Andorra del abuelo Florenci y ha arremetido contra el “clamoroso vacío probatorio” de la Fiscalía, de quien ha criticado que pretenda “ensuciar a brochazos” al expresident, en referencia a la contundencia del fiscal Fernando Bermejo de este martes.

Martell ha abierto el turno de las defensas con el informe más extenso, toda vez que su cliente es quien se enfrenta a la pena más alta (29 y 25 años de cárcel le piden Fiscalía y Abogacía del Estado respectivamente por asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental y alzamiento de bienes). “Perdón que sea tedioso, pero son muchas las tipicidades en este festín punitivo al que hemos sido invitados”, se ha excusado el letrado, tirando de ironía.

El letrado ha disparado contra la tesis fiscal de que el Gobierno de Pujol “se entregó a la corrupción y tejió una red clientelar de intereses”, que es el origen de la fortuna según Anticorrupción. “Este eje vertebrador transita por todo el escrito de acusación y es un frontispicio tan ambicioso que uno espera columnas que lo sustenten. Nada. A lo largo de todo el escrito, ni una sola mención que dé respuesta a esta grave afirmación”, ha señalado Martell.

El abogado ha mantenido la tesis defensiva que hace 12 años inició el expresident Jordi Pujol en su carta de confesión: la fortuna familiar oculta en Andorra procede de un legado del abuelo, cambista de bolsa y condenado por tráfico ilegal de divisas durante el franquismo, que en la convulsa Transición quiso dejar los fondos a sus nietos ante el desacuerdo con su hijo por haberse dedicado a la política. “Nuestra alternativa no es extravagante”, ha defendido Martell.

El letrado ha concedido al tribunal que puede no creer su hipótesis ante la falta de documentos que la justifican. Pero Martell ha planteado que la tesis de la Fiscalía de que los fondos proceden de la corrupción no es admisible por falta de pruebas. “Cuando digo la nada es la nada”, ha incidido el abogado.

En suma, no hace falta que los jueces se crean su tesis, sino que basta con que se rijan por el principio básico de todos los juicios: la presunción de inocencia. “Se puede contrastar la hipótesis acusatoria con la defensiva y no dar por vencedora a ninguna de las dos”, ha admitido Martell. Un resultado que igualmente conduciría a la absolución de su cliente.

Cristóbal Martell ha demostrado este miércoles por qué se le considera uno de los mejores penalistas de Barcelona: más allá de hilar ordenadamente una tesis alternativa a la del fiscal, la jurisprudencia que ha citado ante un tribunal de tendencia progresista como el que juzga a la familia Pujol ha consistido en pesos pesados de la magistratura izquierdista.

El letrado ha mencionado sentencias de jueces como Luciano Varela, Ana Ferrer, Ramón Sáez, Cándido Conde-Pumpido o Javier Hernández que analizan el blanqueo de capitales y la presunción de inocencia y que juegan a su favor. Incluso ha tenido palabras de elogio para un artículo de su “admirado” José María Mena, el mítico exfiscal superior de Catalunya y que fue uno de los autores de la querella de Banca Catalana contra el expresident.

Cuando ha tocado entrar al detalle de cada delito, Martell se ha empleado a fondo para desmentir los argumentos del fiscal. Sobre el blanqueo de capitales atribuido al primogénito, el abogado ha defendido que sus movimientos de dinero no son ilegales. “Un circuito de inversión de negro a negro no es blanqueo de capitales porque no se reviste de actos positivos dirigidos a otorgar al dinero un título jurídico legal”, ha aseverado.

Tampoco procede la condena, ha argumentado Martell, por asociación ilícita, ya que “casa mal” con lo visto en el juicio: no se ha probado, según la defensa, una “estructura definida” ni un “abuso de la forma asociativa”, ni tampoco el “reparto de roles” que requiere este delito. “La mayor parte de los hermanos, abren y cierran su cuenta, y ya. Esta es la hipótesis criminal”, ha apostillado Martell.

En su informe, Jaime Campaner, abogado de Josep Pujol Ferrusola, ha lamentado “el juego de sinónimos de las acusaciones”, que, a su juicio, “han dejado sobre la mesa un enriquicimiento atípico pero ninguna prueba sólida” del delito de blanqueo. Y ha replicado al fiscal Bermejo, que este martes se refirió al “Espanya ens roba” (expresión empleada por el independentismo) en contraste con el fraude fiscal de los Pujol. “La pela es la pela”, ha ironizado Campaner, en referencia que su cliente era considerado un buen cliente por la banca andorrana, que no le cobraba comisiones.

Por su lado, Pau Ferrer, abogado de los otros cuatro hermanos Pujol Ferrusola, ha afeado que la acusación “fuerce los hechos” para atribuir al conjunto de la familia un delito de blanqueo, pese a que sus defendidos se limitaron a tener dinero en Andorra sin declarar (esto es, un fraude fiscal ya prescrito para todos) y no a intentar aflorar de forma legal un dinero de procedencia ilícita.

Siguiendo el hilo desplegado por Martell sobre la actividad del abuelo Florenci, Ferrer ha dejado caer una pregunta al tribunal: “¿Puede alcanzarse certeza objetiva sobre origen del dinero en hechos tan antiguos?”. La “incertidumbre” debido al paso del tiempo debe conducir, según el abogado, a una absolución por falta de prueba suficiente.

Más político ha sido el informe del abogado de Oriol Pujol, Francesc Sànchez, quien ha concedido al fiscal que el caso Pujol “no es una persecución política”, aunque sí lo ha considerado “una persecución por ser vos quien sois”, en referencia al expresident, al que ha definido como “el padre espiritual de una forma de entender el país por parte tanto de catalanes de origen como de catalanes que acababan de llegar”.

Las críticas contra “la España sindicalizada” y la labor de tres inspectoras de Trabajo para investigar los abusos laborales en Glovo que el juez Álvaro Lobato efectuó en una sentencia han quedado sin castigo. Así lo confirmó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en diciembre, según ha podido saber ahora elDiario.es.

El juez Lobato, titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, trasladó su ideología antisindical que antes había expuesto en artículos de prensa y en actos de la fundación en la que participa en la sentencia por la que rechazó la demanda por competencia desleal de Just Eat contra Glovo.

En su resolución del pasado julio, el magistrado cuestionó la profesionalidad de las inspectoras de Trabajo que testificaron en la vista, a las que atribuyó “un indiscutible sesgo de grupo”, y consideró que su “proceso de toma de decisiones está inevitablemente contaminado por tendencias psicológicas que tienen profundos anclajes biológicos”.

“En todas las declaraciones [de las inspectoras] parecía resonar, con atronadora unanimidad, el eco nostálgico de la España sindicalizada, 'el mundo de ayer' administrado y burocrático”, apostilló el juez.

Además de desestimar la demanda de Just Eat, que consideraba que los falsos autónomos de Glovo implicaban una competencia desleal contra las compañías de reparto que sí tenían contratados a sus repartidores, el juez Lobato incluyó en su sentencia elogios al modelo laboral de la compañía fundada por Óscar Pierre. El Supremo declaró ilegal el modelo laboral de Glovo en 2020, pese a lo que la compañía lo mantuvo hasta que su fundador fue imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Las inusuales manifestaciones del juez en su resolución provocaron que varias instituciones, como el Ministerio de Trabajo, el sindicato CCOO o la Unión Progresista de Inspectoras e Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (UPIT), remitieran escritos de queja ante el CGPJ. La UPIT alertó del “grave precedente” de los ataques “misóginos” del magistrado, a quien afearon sus “flagrantes faltas de equidad y objetividad”.

Pese a la petición de la central que en Catalunya encabeza Belén López, el Govern rechazó sumarse a las quejas ante el CGPJ contra Lobato tras participar el año pasado en el acto de los 10 años de la compañía junto a representantes de UGT, CCOO y las patronales pocos días antes del juicio. El acto fue esgrimido por la defensa de Glovo en su juicio por la demanda de Just Eat.

Según han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces, tras las quejas presentadas por distintas instituciones, el CGPJ incoó una diligencia informativa (una investigación preliminar antes de decidir si se abre un expediente sancionador) que se archivó el pasado mes de noviembre al no considerar las consideraciones del juez Lobato pudieran suponer una infracción disciplinaria.

Un mes después, la comisión permanente del CGPJ tomó conocimiento por mayoría del carpetazo de las quejas. El vocal Carlos Hugo Preciado, elegido a iniciativa de Sumar, fue el único que votó en contra del archivo al considerar que el magistrado cometió una falta de desconsideración porque sus manifestaciones fueron impertinentes y despectivas.

Lobato llegó al juzgado mercantil 2 de Barcelona hace cuatro años. Se reincorporó así a la carrera judicial, de la que había cogido una excedencia en 1996 para pasar por grandes despachos privados como Gómez-Acebo y Pombo y DLA Piper. También fundó su propio bufete. En la actualidad, es secretario de la fundación Fide.

En un vídeo de hace once meses de la fundación, el juez había cuestionado abiertamente el papel de los sindicatos. “Se está produciendo un desplazamiento de lo colectivo a lo individual. En el seno de una empresa, las jerarquías rígidas y autoritarias pierden pertinencia. ¿Qué sentido tiene hoy la defensa colectiva de los intereses que ya no son homogéneos de los trabajadores de una empresa? Planteo el tema, que ya sé que es vidrioso, de los sindicatos...”, se preguntaba el juez Lobato.

La Audiencia de Barcelona ha absuelto al humorista Jair Domínguez, al que Vox reclamaba dos años de cárcel. Los jueces concluyen que la intervención radiofónica del cómico en la que llamó a dar “un puñetazo” al fascismo no es un delito de odio, como sostenía el partido de extrema derecha, sino que se enmarca en la libertad de expresión.

El caso de Domínguez es un ejemplo del efecto desaliento a la libertad de expresión que comporta trasladar a la vía penal (aunque el caso termine en absolución) los desacuerdos con las opiniones hirientes o que molestan, en lo que se ha convertido en una estrategia habitual de partidos y entidades de extrema derecha.

La Fiscalía pedía absolver al humorista al considerar sus palabras enmarcadas en la libertad de expresión. Vox era la única acusación del caso y reclamaba para el cómico dos años de cárcel por un delito de odio, pese a que es un tipo penal pensado para protegera a minorías tradicionalmente discriminadas y no al fascismo.

El caso se remonta al año 2021. Domínguez fue denunciado por Vox por su discurso en el espacio de un minuto que tenía en 'El Matí de Catalunya Ràdio' antes de las 8:00h., en el que daba una opinión sobre la actualidad en clave de sátira y astracanada. Dos días después de las elecciones catalanas, el humorista se mostró “horrorizado” por los pueblos en los que más se había votado a Vox.

“Al final resulta que la Catalunya poligonera es neonazi, quien lo iba a decir. [...] Al fascismo, a los nazis se les combate con un puñetazo en la boca. No hay medias tintas. Vuestros abuelos fusilados, enterrados en cunetas y en el campo de concentración de Argelers no os dijeron que al fascismo se le combate en las urnas. Todo el mundo puede votar, hasta los que no están bien de la cabeza, y nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos”, aseveró Domínguez.

En su sentencia, la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona concluye que las palabras de Domínguez no tienen “relevancia penal” y que con ellas no llamó a la violencia. “De ninguna manera sus expresiones tienen intención de incitar al odio”, concluyen los magistrados, que destacan que la intervención del cómico no generó ningún “riesgo real” de violencia.

Remarca el tribunal el contexto postelectoral en el que el humorista las pronunció y que no puede hacerse una “interpretación literal propia de un acto violento”, sino que las palabras de Domínguez hay que interpretarlas “en un sentido metafórico, con el que viene a decir que al no haber podido ser combatido el fascismo en las urnas, tendría que hacerse suprimiéndoles el uso de la palabra”.

En suma, para el tribunal hay que enmarcar la intervención del humorista “dentro de la notable ampliación de los límites a la libertad de expresión” consagrada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), y que Vox obvió en el procedimiento. “Una opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político, es un valor fundamental y requisito de funcionamiento del Estado democrático”, apostillan los jueces.