El Gobierno de Ada Colau, en solitario tras la expulsión del PSC –aprobada por las bases de BComú el pasado fin de semana–, ya trabaja para rellenar los huecos dejados por los concejales socialistas. A la espera de que se presente este jueves el organigrama definitivo, el plan de Barcelona en Comú es claro: no habrá revolución en las áreas.

La reorganización respetará grosso modo el reparto de tareas hecho tras la victoria en 2015, con la posible incorporación de algún comisionado. En cuanto a la gestión de políticas, se optará por los pactos puntuales, con un primer objetivo en mente: los presupuestos municipales. El Gobierno quiere priorizar la aprobación de las cuentas mediante la negociación para evitar de nuevo verse abocado a una moción de confianza, una herramienta que ya usó el año pasado.

Si bien el volumen de trabajo fruto de la ruptura con el PSC preocupa a parte de los concejales de BComú, la idea es un cartapacio –según apunta un portavoz del Gobierno– “de continuidad”. Según explica la misma fuente, los gerentes y cargos que llegaron al consistorio con el PSC servirán ahora para “repartir las cargas” asumidas por los once regidores de Colau.

Según ha podido confirmar este medio, el primer teniente de alcaldía, Gerardo Pisarello, asumirá el grueso de Empresa y Promoción económica. “Ya estamos trabajando en estos ámbitos”, destaca un portavoz de dicha tenencia de alcaldía, la de Economía. El Gobierno estudia aún cómo asumir la gestión de la Fira de Barcelona y el Consorcio de la Zona Franca –áreas hasta ahora coordinadas por el líder del PSC, Jaume Collboni– sin sobrecargar a la mano derecha de Colau.

En el resto de parcelas gana enteros la opción de que las áreas gestionadas hasta ahora por concejales del PSC pasen directamente a los tenientes de alcaldía nombrados antes del acuerdo con los socialistas. El reparto lógico apuntaría a que Janet Sanz se quedara así con Arquitectura y Patrimonio, hasta ahora en manos de Daniel Mòdol; y que Laia Ortiz –Derechos Sociales– recuperara Infancia, Juventud y Personas Mayores, en manos de la socialista Carmen Andrés. De la misma forma, Agustí Colom podría sumar Turismo a la concejalía de Comercio.

Si bien Gerardo Pisarello aseguró que la previsión es que “no aumenten los comisionados”, aún se baraja la opción de que Cultura –otra de las áreas que manejaba Collboni– pase a tener más entidad con la designación de un delegado bajo la dirección de la tenencia de Jaume Asens. BComú quiere dar importancia al área, que antes de la llegada de Collboni ya tuvo una comisionada, Berta Sureda.

El Gobierno también tendrá que cubrir la representación en los distritos que dirigía el PSC. Por el momento sólo Sarrià-Sant Gervasi, el distrito con más poder adquisitivo, tiene nuevo dueño: Jaume Asens sustituirá al socialista Daniel Mòdol. Los encargos en los distritos –según apuntan fuentes cercanas a las negociaciones– están supeditados a cambios de última hora, y se mantiene la incógnita sobre el Eixample, de gran actividad comercial, y Sant Andreu. 

El gran volumen de trabajo fue uno de los motivos que llevó a BComú hace un año y medio a buscar un acuerdo con el PSC. Ada Colau ha confirmado que trabajará en solitario, buscando acuerdos puntuales con la oposición en función de cada política. Sin demasiadas incorporaciones, tal y como prevé la alcaldesa, está por ver cuán preparado está ahora el Gobierno, dos años y medio después de su victoria, para ejercer con sólo once regidores.

Unos presupuestos “dialogados”

La salida de los socialistas del Gobierno de Barcelona era condición sine quan non para que las formaciones independentistas del pleno tendieran la mano a Ada Colau. Y así ha sido tras la expulsión del PSC: ERC y el PDeCAT han vuelto a recordar este martes que ofrecerán estabilidad a la alcaldesa si se sienta a hablar con ellos. También la CUP ha aplaudido la salida de los socialistas del Gobierno, aunque la regidora anticapitalista recién incorporada, Eulàlia Reguant, se ha mostrado más reticente a facilitar acuerdos. Para ello, Reguant pide “políticas rupturistas”. 

La mano tendida de momento ha sido respondida con tibieza por el Gobierno municipal, que no quiere dejarse caer así como así en el espacio soberanista y que ha insistido en buscar pactos con todo el pleno. Pisarello ha matizado que la prioridad en las alianzas sigue pasando –pese a la herida abierta– por el PSC, pero también preferiblemente por ERC y la CUP. De la capacidad de negociación de Colau dependerán en los próximos 18 meses políticas de ciudad tan relevantes como el tranvía, la ordenación de terrazas o la ordenanza del civismo.

Pero entre los acuerdos necesarios, uno de ellos se antoja como el principal problema: las cuentas de ciudad. Y si bien –apunta un portavoz de la primera tenencia de alcaldía– “los presupuestos dialogados” es la opción preferente para el Gobierno, la carta de la moción de confianza podría asomar por segunda vez en esta legislatura si no prosperan las negociaciones en el pleno. El mecanismo está disponible, y supondría la aprobación automática de las cuentas si en un mes la oposición no conforma una alternativa de Gobierno.

Los grupos de la oposición niegan haber tenido “conversaciones políticas” sobre los presupuestos por el momento, más allá de limitados contactos “técnicos”. Aún así, PDeCAT, ERC, PSC y el regidor no adscrito de Demòcrates, con sendas abstenciones, han permitido la tramitación inicial de las cuentas, que encaran un mes vital de enmiendas hasta su votación definitiva en el pleno de diciembre.

Final de trayecto al acuerdo de los 'comuns' de Colau con el PSC de Jaume Collboni. Así lo han decidido en una consulta interna las bases de Barcelona en Comú, la formación de Ada Colau que lidera el gobierno municipal des del mayo de 2015. La consulta promovida por BComú ha dejado clara la decisión de las bases ante el apoyo del PSC al 155 y deja en minoría la formación de Colau. 

“El acuerdo estaba con muchos elementos positivos para la ciudad, pero ni la dirección del PSOE o el PSC han dado una respuesta a la aplicación del 155 que nosotros esperábamos”, ha asegurado el primer teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello. Ha comparecido junto al portavoz de Barcelona en Comú, Enrique Bárcena, para informar de los resultados de la consulta hecha a las personas registradas en la formación. 

De los inscritos 2.059 (54,18%) lo han hecho en contra de mantener el acuerdo con los socialistas, mientras que 1.736 lo han hecho a favor, un 45,68%. La votación de las bases del partido de Colau ha contado con una mayor participación respecto a la que se realizó en el abril de 2015 para ratificar el acuerdo con el PSC. 

Tras esta decisión, Colau afronta una dificultad más para asegurar un gobierno estable en Barcelona. El acuerdo conseguido el mes de mayo de 205 con el PSC, BComú cedió al PSC la segunda tenencia de alcaldía, las carteras de Cultura y Promoción Económica, además de tres distritos. Por el momento, BComú asumirá estas carteras y explorará posibles acuerdos con los grupos municipales en el ayuntamiento. 

El apoyo al 155 por parte del PSC despertó en el seno de BComú un debate que la dirección traspasó a sus bases para que fueran ellas las que decidieran cómo afrontar la situación provocada por la suspensión de las instituciones por parte del ejecutivo español con el apoyo del PSOE. 

La alcaldesa Ada Colau ha mantenido una posición muy crítica contra la aplicación del artículo 155 que considera como “ilegítimo”. Un ataque a las instituciones catalanas que ha hecho que la alcaldesa hablase del Ayuntamiento de Barcelona  como la “principal institución del país” sin intervenir y con sus legítimos representantes en activo. 

Por su parte, Jaume Collboni (PSC) alertó este miércoles que las formaciones independentistas pretendían forzar la rotura del acuerdo con el PSC. Collboni consideraba un error “sacrificar” la alianza municipal por cuestiones que van más allá del ámbito local y recomendaba no correr el riesgo si Colau no tenía claro con qué socio podría seguir en el gobierno. 

Fruto del acuerdo con el PSC, Collboni asumía la segunda tenencia de alcaldía y se hacía con la concejalía de Empresa, Cultura e Innovación. Por ello, asumía la promoción de la ciudad con la Fira de Barcelona, la Fundación Mobile y el Consorcio de la Zona Franca.

También se incorporaban al gobierno Daniel Mòdol que asumió el Instituto Municipal de Paisaje Urbano y el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, Montse Ballarín en el distrito del Eixample y las áreas de Comercio y Mercados y Carmen Andrés a la concejalía de Infancia, Juventud y Tercera Edad, y de Sant Andreu. 

La situación política en Catalunya ha puesto en aprietos numerosos acuerdos, pactos y alcaldías en las que el PSC participaba. Uno de los primeros efectos fue la decisión del alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, que advirtió que un apoyo al 155 por parte del PSC le obligaría a abandonar el partido. 

El caso de Barcelona no es aislado. También los efectos del 1-O y la aplicación del 155 han pasado factura en los ayuntamientos de Mataró, Blanes, Sant Cugat, Molins de Rei, Tàrrega, Altafulla, Arenys de Munt, Sant Carles de la Ràpita y Olot, entre otros. 

Un acuerdo avalado sin entusiasmo 

El acuerdo entre Barcelona en comú y el PSC para gobernar juntos en Barcelona tuvo en su consulta interna el apoyo de las bases, pero con un rechazo considerable por parte de las bases. 2.559 votantes, el 62,5% (1.625 votos) lo hicieron a favor del acuerdo con los socialistas y el 32,82% (853 votos), en contra.

La participación que alcanzó 27,59% del censo, de las 9.422 personas con derecho a voto inscritas entonces superaba “con creces”, según la organización, otros procesos participativos impulsados por los 'comuns' hasta este domingo. 

“Si me hubiesen dicho que estaría en una manifestación así, nunca lo hubiese creído”, exclamaba Lluís, uno de los miles de manifestantes que se encontraba este sábado en la multitudinaria manifestación que ha llenado la calle Marina de Barcelona. Lluís no es independentista. Tampoco había acudido hasta hoy a ninguna de las manifestaciones que la ANC y Òmnium Cultural ha convocado en todas las Diades del 'procés'. Pero esta es especial: es “la Diada Nacional por la libertad”. 

El tono festivo de la manifestación con castellers, 'gegants', grallas y música en las últimas horas de luz a la tarde ha cambiado mientras oscurecía la noche con la lectura de los mensajes de los miembros del Govern encarcelados. Se respiraba entonces la indignación y la tristeza por una realidad a la que a los catalanes les cuesta asumir: la existencia de “presos políticos”, y el president y el Govern fuera de Catalunya.

La convocatoria ha reunido 750.000 personas, según los datos de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Algunos de estos manifestantes han llegado esta mañana a Barcelona mediante los 947 autocares fletados.

La disposición de la manifestación ha situado a los familiares de los encarcelados en la cabecera “de honor” a modo de homenaje, sosteniendo la pancarta con el lema “Libertad presos políticos. Somos República”. En la convocatoria, se han conjurado para pedir la liberación de los exconsellers encarcelados las entidades y partidos independentistas, junto a representantes que no forman parte del arco soberanista. 

Entre ellos, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se ha dirigido a la manifestación con el cuarto teniente de alcaldía de Derechos y Ciudadanía Jaume Asens. Precisamente Asens visitó a Bruselas este viernes al president de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, para transmitirle el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona al “Govern” legítimo. 

Precisamente, la legitimidad de Puigdemont como president -contra lo que dice la aplicación del 155- o el restablecimiento de las instituciones flotaban en las reclamaciones. Entre los gritos más escuchados, “és Puigdemont, el nostre president”, “no esteu sols”, “presos polítics, llibertat” o un sonoro “fuera las fuerzas de ocupación” cada vez que el helicóptero de la Policía Nacional se acercaba a la manifestación.

Sin ninguna coreografía prevista para la ocasión, una vez ha anochecido sobre la marcha, los manifestantes han encendido espontáneamente las linternas de sus teléfonos para dibujar el recorrido. Una opción sin los efectos secundarios de la manifestación celebrada el pasado 17 de octubre en el Paseo de Gracia para protestar contra los encarcelamientos de Sànchez y Cuixart dónde la cera de las velas que cayó en el asfalto obligó a cortar la Diagonal durante 24 horas.  

Una imagen visual de la que ha dado buena cuenta TV3 que ha mantenido la cobertura de la manifestación pese al recurso del PP a la Junta Electoral Central, que en los minutos finales de la protesta se ha conocido que ha sido desestimado.  

Ha abierto la parte final de la manifestación el discurso que el músico y compositor  Pau Casals hizo en las Naciones Unidas. “Cataluña tuvo el primer Parlamento democrático mucho antes que Inglaterra” decía Casals en la ONU tal y como se ha recordado desde el escenario situado en la Avenida Icària. Tras la intervención “enlatada” de Casals, se ha levantado un clamor: “Puigdemont, president”. 

Una llamada a la unidad

En el final de las intervenciones, las palabras que han dirigido los consellers encarcelados y los mensajes de apoyo de los que se encuentran en Bruselas han sido ovacionadas. Entre los asistentes, una ausencia por recomendación de su abogado: la de Carme Forcadell para quien el portavoz “accidental” de Òmnium Cultural ha tenido palabras de apoyo. 

Durante dichas intervenciones, han sido muchos los que han transmitido mensajes relativos a los comicios de diciembre, como la exconsellera de Agricultura, Meritxell Serret quien, desde Bruselas afirmó que “el 21D vamos a ganar la libertad de nuestro país y de nuestros presos políticos”. También el exconseller preso Josep Rull ha recordado que “no se puede encarcelar la voluntad de todo un pueblo” y ha reivindicado que “somos el gobierno legítimo de Catalunya porque lo decidieron los catalanes”.

El exconseller de Justicia, Carles Mundó, ha recordad en su mensaje que “los problemas políticos nunca se han solucionado en los tribunales”, mientras que las exconselleras presas en Alcalá-Meco, Dolors Bassa y Meritxell Borràs han recordado que tras ser compañeras de Govern, ahora lo son de celda por “un país donde quepa todo el mundo y valga la pena vivir”. 

En referencia al Estado español, el ex vicepresidente, Oriol Junqueras, ha afirmado que “nuestros sueños son sus pesadillas” y el exconseller de Sanidad, Toni Comín, ha recordado desde Bruselas a sus compañeros de Govern el trato de la justicia, “ver la diferencia de cómo nos está tratando a nosotros la justicia belga y a vosotros la española”. Así, y en referencia a la Unión Europea, el expresident Carles Puigdemont, ha pedido que “deje de mirar hacia otro lado”.

Tras las intervenciones por vídeo de los consellers en Bruselas, el portavoz “accidental” de Òmnium, Marcel Mauri, ha mandado un mensaje contundente al gobierno español: “Somos los nietos de los que combatieron el miedo dejándose la vida en una dictadura y no, no pasaran”. 

La manifestación ha triplicado la distancia inicialmente prevista para la protesta, llegando hasta la Diagonal y llenando 3,3 kilómetros de la marcha. Queda claro que la reclamación para la libertad de los consellers encarcelados y los dirigentes de la ANC y Òmnium marcará no sólo la fuerza del independentismo, sinó también la campaña del 21D. 

ERC afronta las elecciones del 21D con el objetivo de recuperar las instituciones suspendidas por la aplicación del artículo 155, “consolidar” la República y amnistiar a los presos. Para conseguir estos objetivos, no cuenta con el PDeCAT ni con el president Puigdemont. Así, ERC desvincula su futuro del PDeCAT y se abre a alianzas postelectorales.

La secretaria general del partido, Marta Rovira, ha propuesto la lista electoral en el Consell Nacional de este sábado para unas elecciones que servirán para “la gente vuelva a legitimar” los consellers que se encuentran en prisión o en Bruselas tras la aplicación del artículo 155 y el proceso en la Audiencia Nacional.

Con estas candidaturas, toma fuerza la propuesta de una lista que mantenga puntos del programa en común con candidaturas diferentes, sin vincularse al PDeCAT. Una propuesta que topa de lleno con la planteada por Puigdemont desde Bruselas en la que ha insistido en configurar una lista unitaria que abarque “desde el PDeCAT hasta sectores de la CUP y cercanos a Podem”, y que incluya también a los exconsellers.

El día 17 se termina el plazo para cerrar las listas definitivas, pero los congresos territoriales de ERC ya han hecho sus propuestas que los republicanos avisan que “podrían sufrir modificaciones”.

Por Barcelona encabeza la lista el ex vicepresident Oriol Junqueras, le sigue Marta Rovira y el conseller de Afers exteriors cesado Raül Romeva de número tres. Junqueras y Romeva se encuentran actualmente encarcelados en Estremera junto al conseller de Justicia cesado Carles Mundó, que ira en quinta posición. En séptima posición en la candidatura por Barcelona irá el conseller de Salut Toni Comín, que se encuentra en Bruselas.

El politólogo Ramon Cotarelo cerrará la lista en Barcelona, mientras que no se proponen como candidatas ni la actual presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ni la secretaria primera Anna Simó. Éstas fueron juzgadas este miércoles en el Tribunal Supremo por un supuesto delito de rebelión. Precisamente, Simó ha enviado un mensaje de agradecimiento al partido por respetar su decisión personal de no ir a las listas.

Por Girona, la consejera de Trabajo Dolors Bassa será la cabeza de cartel mientras que Roger Torrent, actual portavoz de JxSí, irá de número dos. Por Lleida, la candidata es la consellera de Agricultura Meritxell Serret, que se encuentra en Bruselas. Siguen en la lista de ERC por Lleida, Bernat Solé como número 2 y Gemma Espigares en tercera posición.

En la província de Tarragona será el delegado de la Generalitat en Tarragona cesado en aplicación del artículo 155, Òscar Peris, quien liderará la lista republicana. Le seguirá de número 2 la concejal de Reus Noemí Llauradó. Con esta lista en Tarragona se descarta que Lluís Salvadó, el secretario de Hacienda de la Generalitat detenido el 20 de septiembre y mano derecha de Junqueras, concurra en als elecciones del 21D en posiciones de salida.

La huelga general de este miércoles que a última hora ha permitido el Tribunal Superior de Justicia en Catalunya (TSJC) será atípica: no es un paro secundado por los sindicatos mayoritarios, por lo que su seguimiento en la industria se prevé nulo. No obstante, desde buena parte de filas independentistas –empezando por ERC y la CUP– tienen la intención de convertir la jornada del 8-N en un día para visibilizar el rechazo social en Catalunya contra el encarcelamientos de los exconsellers.

Para ello tendrán un papel destacado los Comités de Defensa de la República (CDR), asambleas de barrios y pueblos que ya articularon la resistencia de la población frente a los colegios electorales el 1-O. De cara a este miércoles preparan cortes de carreteras y de vías de tren desde primera hora de la mañana, con el objetivo de parar las comunicaciones catalanas como los piquetes sindicales en una convocatoria de huelga al uso.

Pese a que habrá movimiento en la calle, la huelga general, a diferencia del “paro de país” del pasado 3 de octubre, no cuenta con el apoyo de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, que suman más del 80% de la representatividad sindical de Catalunya. Este hecho permite prever un nulo seguimiento en los grandes centros de trabajo. La SEAT por ejemplo, principal industria catalana, no se sumará al paro.

La huelga, convocada por el sindicato independentista Intersindical–CSC, cuenta con el apoyo de otros sindicatos minoritarios como la IAC o la COS. La CGT ha dado libertad a sus federaciones para que decidan apoyarlo, y la del transporte, mayoritaria en el metro y autobús de Barcelona, secundará el paro. Los servicios mínimos en el transporte están marcados en un 50% en horas punta, por lo que se prevé otra jornada de andenes llenos y colas en las paradas.

Está por ver la incidencia de la huelga en la administración de la Generalitat, que se sumó de forma masiva al “paro de país” porque la Generalitat les permitió parar sin descontarles el sueldo. El sindicato USTEC, mayoritario en los centros educativos, llama a participar activamente en la huelga del 8-N. No así los sindicatos del sector sanitario, que con todo dan libertad a sus miembros para secundar la huelga. Sí pararán TV3 y Catalunya Radio. 

Huelga visible en la calle

Los CDR aseguran que el seguimiento de la huelga servirá para denunciar la “involución democrática” del Estado español tras la aplicación del artículo 155 y los “procesos judiciales de carácter político” que afecta a los líderes independentistas. Más allá de los centros de trabajo, promoverán protestas con el objetivo de romper “la normalidad y reclamar la liberación de los presos políticos”. 

Las movilizaciones consistirán principalmente en cortes en las principales carreteras de acceso a Barcelona y de las grandes ciudades, los accesos fronterizos a Francia y Andorra, así como diferentes puntos kilométricos de las carreteras de acceso a las provincias de Castelló y Zaragoza. 

También el principal sindicato agrario de Catalunya, Unió de Pagesos, ha anunciado que mantiene las tractoradas para “parar el país”. Se prevé que se repitan los atascos vividos la semana pasada tras el encarcelamiento de los miembros del Govern. Los estudiantes también volverán a sumarse a la huelga.

Concentraciones a las 12h y las 18h.

Si bien no convocan la huelga, CCOO y UGT, se suman a la convocatoria de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural para hacer concentraciones a las 12h ante las delegaciones del Govern de la Generalitat de Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Tortosa y Tremp; así como a una concentración ante los ayuntamientos a las 18h. En Barcelona esta última convocatoria será en la plaza de la Catedral. 

A diferencia del “paro cívico” del pasado 3-O, convocado contra las agresiones policiales vividas durante la jornada del referéndum, a esta huelga no se ha adherido la Taula per la Democràcia, la plataforma integrada por 40 entidades sociales y sindicales, entre ellas, los sindicatos mayoritarios, que sí ha llamado a las concentraciones del mediodía y de la tarde.

Por segundo día consecutivo, miles de personas se han concentrado ante los ayuntamientos de numerosas localidades catalanas para protestar y exigir la puesta en libertad de Oriol Junqueras y siete consellers de la Generalitat cesados, que este viernes pasarán su segunda noche en prisión.

La plaza de Sant Jaume de Barcelona ha concentrado el reclamo de una exigencia ha tenido como promotores a la ANC y Òmnium Cultural. La plaza estaba abarrotada bajo los sonoros gritos de “Llibertat!”, “No esteu sols!” y “independencia”.

A la noticia del encarcelamiento decretado por la Audiencia Nacional contra los dirigentes de la ANC y Òmnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart el pasado 16 de octubre, este jueves se le sumó el de ocho exconsellers del Govern. Además, este viernes la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos de las defensas para poner en libertad a los 'Jordis'.

Las protestas se suceden mientras los partidos independentistas piensan en cómo y con quien van a concurrir en las próximas elecciones del 21D. Este viernes la ANC ha anunciado una manifestación para el próximo sábado para exigir la puesta en libertad del Govern, mientras que sindicatos minoritarios han convocado una huelga general para el próximo miércoles.

En Vic, la concentración en la plaza Major ha reunido a centenares de personas, repitiendo la imagen que ayer se produjo en otras localidades en el momento que se conoció la notícia del encarcelamiento.

En un día dónde se han sucedido los cortes espontáneos de carretera y de vías de tren por parte de los Comitès de Defensa de la República (CDR) y los estudiantes es evidente la demanda de una respuesta contundente a los encarcelamientos. Al menos en Reus, Sant Cugat del Vallès, Valls y Girona se han hecho interrupciones del paso de trenes. Mientras, se han cortado algunas de las principales carreteras.

En Tarragona, la plaza de la Font ha protagonizado de nuevo una nueva imagen de protestas, ante uno de los principales ayuntamientos gobernados por el PSC.

También en Lleida, se han concentrado centenares de personas para pedir la liberación de los miembros del Govern y los líderes soberanistas. Este jueves, el alcalde Àngel Ros mostró su tristeza por el encarcelamiento de los miembros del Govern.

En Granollers (Barcelona) se ha vivido otra concentración de grandes dimensiones.

Este jueves al mediodía, la Intersindical-Confederación Sindical de Catalunya (I-CSC) ha anunciado la convocatoria de una jornada de huelga general para el próximo miércoles 8 de noviembre. A la tarde, acudía la ANC y Òmnium a convocar a una “gran manifestación” en lo que han bautizado como colofón de la “Setmana de la Llibertat”. Los promotores pretenden dar a la manifestación la magnitud de las últimas manifestaciones de la Diada.

En la convocatoria, los promotores organizarán autobuses para recoger la movilización independentista de las poblaciones catalanas, un hecho que se sucede en cada Diada dónde la ANC y Òmnium ha asumido la organización.

Una persona ha muerto y otra ha resultado herida muy grave con quemaduras de tercer grado en el 50% en un incendio que afecta esta mañana a un bloque de pisos cerca de la Ronda General Mitre de Barcelona.

Otras catorce personas han tenido que ser atendidas por intoxicación de humo y crisis de ansiedad, tres de ellas han sido trasladadas a la Clínica Platón, según comunica el Servicio de Emergencias Médicas (SEM).

Según fuentes municipales, el fuego que está en fase de extinción, se ha originado poco antes de las diez de la mañana en la sexta planta de un edificio junto a la Ronda General Mitre, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Por el momento, se desconocen las causas del incendio.

El incendio ha afectado a tres pisos del bloque. Los bomberos han localizado la víctima mortal dentro de uno de los pisos incendiados. Por su parte, el herido muy grave fue evacuado a la unidad de quemados del Vall d'Hebron.

Los barcos donde duermen centenares de policías, popularmente conocidos como Piolines, se mantienen atracados en el puerto de Barcelona. Y así será hasta el 31 de diciembre, pues Hacienda dotó la semana pasada de más fondos al despliegue policial en Catalunya. Durante este mes de operativo extraordinario en territorio catalán, agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional se han visto envueltos en algunos incidentes que han originado denuncias presentadas por ayuntamientos.

Las cuerpos de policía –consultados por este medio– han reconocido rechazo en situaciones puntuales, sobre todo después del 1-O, y han delegado en el Ministerio del Interior la comunicación de posibles actuaciones disciplinarias contra los agentes involucrados en las denuncias presentadas. Interior no ha emitido reacción alguna ante las preguntas de Catalunya Plural.

A un mes exacto del envío de refuerzos a Catalunya para impedir la votación del 1 de octubre, tal y como había ordenado el TSJC, las actuaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Catalunya siguen, más allá de las cargas policiales que dejaron violentas imágenes durante la votación.

La mayoría de miembros del cuerpo de la Policía Nacional se concentran en el amarradero de Barcelona pero las controversias relacionadas con agentes del cuerpo desde finales de septiembre se han sucedido en varios puntos de Catalunya.

Calella, símbolo del rechazo

La noche del 1 de octubre no fue tranquila, con miles de personas defendiendo las urnas ante el cierre de colegios electorales. En Calella, tampoco lo fue la del 2. Sobre las 23 horas, una cincuentena de personas se concentró frente al Hotel Vila, uno de los establecimientos del pueblo donde se alojaban agentes de la Guardia Civil, para protestar contra las cargas policiales del 1-O y pedir su expulsión de la localidad.

Según explicaron a este diario los testigos, agentes de la Guardia Civil de paisano y fuera de servicio salieron del hotel y cargaron, algunos de ellos armados con el bastón policial extensible. Los Mossos d'Esquadra protegieron a algunos de los concentrados.

Los incidentes llevaron a la alcaldesa, Montserrat Candini (PDeCAT), a mostrar su rechazo a la presencia policial en el municipio. “No queremos que nuestros hoteles sean cuarteles”, afirmó Candini. Por su parte, la Policía denunció que varios hoteles de Calella habían instado a los agentes de la Policía y Guardia Civil a que abandonaran sus instalaciones.

La polémica no cesó en los días posteriores en la ciudad costera: la Guardia Civil citó a declarar al propietario del restaurante El Galliner de Calella, que –según recogió La Vanguàrdia– se había negado a servir a policías del cuerpo nacional. El hostelero colocó un rótulo en el exterior de su local donde se podía leer que no serviría comidas a las fuerzas de orden público no autonómicas. La Guardia Civil no ha querido hacer aclaraciones a Catalunya Plural respecto a este episodio.

Trifulca en el Born y acusaciones de vandalismo

A mediados de octubre, siete agentes de la Policía Nacional protagonizaron una bronca en un bar del Born de Barcelona. Ante la bajada de persiana de dicho bar, los camareros invitaron a los agentes a marcharse, a lo que –según testimonios recogidos por El Periódico– éstos respondieron: “¡Somos la puta ley aquí en Barcelona! ¡Cerráis y abrís cuando decimos nosotros!”.

Los mismos testigos aseguraron que los policías rompieron botellas, el tirador de cerveza y agredieron a uno de los camareros. Según la Policía Nacional, los agentes –fuera de servicio– se encontraban simplemente en el bar con sus teléfonos encima de la mesa y en el momento de marcharse se pusieron nerviosos al no encontrar dichos teléfonos. Entonces intercedió uno de los camareros con el que dos agentes empezaron a darse empujones.

A continuación, según la versión policial, el camarero llamó a los Mossos d'Esquadra, que acudieron al lugar. Antes de que llegara la patrulla de la policía autonómica, los policías que se encontraban allí decidieron llamarse a sí mismos y encontraron el móvil en la barra del bar. El camarero presentó una denuncia por agresión al día siguiente. A su vez, los agentes denunciaron el intento de hurto.

Lejos de Barcelona también se han producido polémicas. En dos pequeños municipios del Alt Empordà, en Espolla y Masarac, la madrugada del 19 de octubre fue más movida de lo habitual. Hacia la 1.00 un vecino vio a cuatro individuos trepar un balcón para hacerse con una estelada. El hombre anotó la matrícula, llamó a los Mossos y éstos dieron con el vehículo a las afueras del pueblo. Pertenecía a la Guardia Civil.

El coche, sin logotipo, y sus cuatro agentes de paisano fueron localizados al poco tiempo. A la mañana siguiente, el alcalde de Espolla, Carles Lagresa, y tres vecinos –finalmente fueron varios los balcones afectados– presentaron una denuncia por hurto; uno de los ciudadanos también lo hizo por daños, pues alegó que en la operación los agentes habían roto una tubería de agua para bajar la bandera.

Asimismo, la Policía Local de Alcarràs atribuyó a agentes de la Guardia Civil una pintada hecha en el asfalto de la carretera donde se leía “Puigdemont nunca mais” junto al dibujo de una bandera española. Agentes municipales –destaca un informe de la policía local– hacían su ruta habitual el 19 de octubre cuando se percataron de la presencia de un coche de la Guardia Civil. Cuando se acercaron al vehículo, encendieron las luces azules. Los policías se fueron del lugar. Fue en ese momento cuando detectaron la pintada.

Los hechos fueron criticados por el alcalde del municipio, Miquel Serra (ERC), que trasladó el informe policial al departamento de Territorio de la Generalitat por ser el organismo titular de la vía. Días antes, otro edil, en este caso de la CUP, acusó a policías y guardias civiles de ser los responsable del pinchazo de las ruedas de cerca de 120 coches en Verges y diferentes municipios de Girona. Los afectados, que pidieron la marcha de los agentes del territorio, anunciaron una denuncia conjunta para que se investigaran los hechos.

“Ante los hechos protagonizados por los agentes que no se encontraban de servicio, la Guardia Civil asegura que es el Ministerio del Interior quien está analizando la información”, ha destacado un portavoz del cuerpo policial a este medio.

Carles Puigdemont y cinco exconsellers del Govern de la Generalitat se han ido a Bruselas después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Han realizado el viaje sin explicar públicamente los motivos y sin que la Fiscalía haya pedido prisión provisional contra ellos por los delitos de sedición, rebelión y malversación. Los dirigentes de la Generalitat del siglo XXI imitan así a otros políticos catalanes, independentistas y anarquistas, que se marcharon a Bruselas durante el siglo XX por los tiempos convulsos de la política española.

A diferencia de Puigdemont, la mayoría de ellos o bien sí habían pasado por prisión o bien arrastraban una condena en firme, además del peligro que suponía la dictadura franquista para cualquier republicano una vez terminada la Guerra Civil.

El primero a emprender el camino belga fue el pedagogo anarquista Francesc Ferrer i Guàrdia en 1906. Tras estar varios meses en prisión acusado de cómplice intelectual por un intento de atentado contra Alfonso XIII, se marchó primero a Francia y después viajó a Bélgica. Allí siguió pregonando las teorías de la Escuela Moderna. De vuelta a España, sería juzgado y fusilado como cabeza de turco de las revueltas de la Semana Trágica de 1909.

Veinte años más tarde, los políticos independentistas Francesc Macià y Ventura Gassol se dirigieron a Bruselas tras ser condenados en Francia por la insurrección de Prats de Molló de 1926. Macià protagonizó junto a sus hombres un intento de invasión militar desde el norte de Catalunya con dos columnas armadas y el objetivo de derrocar la dictadura de Primo de Rivera y proclamar la república.

La operación pretendía asaltar las casernas de la Guardia Civil y carabineros en su camino hacia Barcelona, e ir sumando voluntarios a su paso por los municipios. La idea fue un absoluto fracaso, pero la repercusión del juicio celebrado en París agrandó la figura de Macià.

Precisamente, a Macià y Ventura Gassol se les atribuye la fundación del Casal Català de Bruselas, una entidad que hoy día cuenta con una variada actividad cultural: cursos de catalán, presentaciones de libros, charlas y excursiones forman parte importante de su programa de actividades, tras 87 años de historia. El Casal es una más de las asociaciones repartidas por todo el mundo, en su mayoría, nacidas de la inquietud de los refugiados.

El intento de sublevación armada de Macià fue considerada por la Corte de París como un mero delito de tenencia ilícita de armas. Se castigó a Macià con 200 francos de multa, dos meses de cárcel (que no cumplió) y la expulsión de Francia de todo el grupo. Este lunes la Fiscalía no ha pedido prisión provisional para Puigdemont ni ninguno de los consellers. Las querellas por rebelión contra Puigdemont, Forcadell, y una veintena de políticos soberanistas incluyen la petición al juez de una fianza de 6,2 millones.

Bélgica, referencia en derechos civiles

Bélgica cuenta con una importante tradición en la protección de los derechos civiles. Una de las razones es su variada y abierta composición política que a principios del siglo pasado contaba con ministros liberales y socialistas, muy críticos con la represión por motivos ideológicos. Su parlamento, por ejemplo, criticó al gobierno español en 1911 por el fusilamiento de Francesc Ferrer y Guàrdia. El pedagogo tiene dedicado en la capital belga un busto y 70 calles en su memoria.

Otras de las figuras que se exilió al país de Tintín fue el militar Frederic Escofet, quien comandó la defensa de la Generalitat con los Mossos d'Esquadra tras la proclamación de Companys del estado catalán dentro de la república federal española. Una vez terminada la Guerra Civil, Escofet se trasladó a Bruselas, siendo ministro de la república en el exilio. En los años 60 regentó una tienda en el centro de la ciudad.

También se exilió en Bruselas después de la guerra el diplomático de la Generalitat y poeta emblema del noucentismo Josep Carner. Tras aprobar unas oposiciones al cuerpo consular vivió en varias ciudades y se casó con una eminente escritora y profesora universitaria belga. La Guerra Civil sorprendió a Carner en un exilio voluntario, que se volvió forzoso tras ser uno de los pocos diplomáticos fieles a la república. En 1945 abandonó México y se trasladó a Bruselas dónde vivió hasta su muerte.

Del paso de estas personalidades catalanas en Bruselas queda el propio Casal català, la pedagogía ácrata de Ferrer i Guàrdia con una prestigiosa Universidad Libre y el poema Bélgica de Carner. El poema del libro 'Llunyania' (lejanía) retrata una sociedad cívica e ideal que ansiaba para él: “dónde los militares no lo son muy en serio, donde todos se enternecieran con música y pinturas”.

Al terminar la manifestación con el lema “Tots som Catalunya, per la convivència, seny” se han producido varios incidentes en la ciudad de Barcelona. Hasta el momento, ha contabilizado dos personas heridas y varios incidentes. Entre los heridos, se encuentran una trabajadora de Ferrocarrils de la Generalitat y un taxista.

Tal y como ha denunciado en las redes sociales la sección sindical de CCOO en FGC, una trabajadora ha sido increpada por diferentes individuos cuando ha intentado evitar que entraran por un acceso no permitido. Ante la negativa, le han dado un empujón provocando un esguince en la muñeca de la trabajadora. A FGC le consta el suceso pero asegura que desconoce más detalles.

Un taxista resultó herido de poca gravedad este domingo al mediodía en la calle Casp, a la altura de paseo de Gracia, cuando una lata ha impactado contra el vidrio de su vehículo durante la manifestación. Según fuentes municipales, la Guardia Urbana ha abierto diligencias y ha hecho un informe de lesiones. Por su parte, los Mossos abrirán una investigación en caso de que el taxista denuncie los hechos.  

El episodio más llamativo de la jornada de movilización por la unidad de España en Barcelona ha sido el enfrentamiento de varios individuos contra los Mossos d'Esquadra en la plaza de Sant Jaume, ante el Palau de la Generalitat. En una de las calles que dan acceso a la plaza, varios ultraderechistas han intentado sobrepasar el cordón policial y se han enfrentado a los agentes de policía que han desplegado las porras. 

En la plaza de Sant Jaume se han vivido momentos de gran tensión, con persecuciones en la plaza e intentos de agresión que los Mossos han intentado detener. Tras ello, una decena de individuos se han dirigido a la puerta del Palau de la Generalitat para increpar a los Mossos, y han arrojado al suelo varias vallas que estos días protegen el perímetro de la institución. 

Los medios de comunicación no sólo han sido objeto de insultos como los que se han escuchado al mediodía en la manifestación por la unidad de España. También se han lanzado objetos a los trabajadores de TV3 y se ha producido una agresión contra un periodista de El Nacional que se encontraba cubriendo el recorrido de la manifestación. 

También, en diferentes calles de la ciudad se han hecho visibles los grupos de ultras cantando himnos fascistas y gritando vivas a Franco. Las agresiones se repiten después que este viernes los ultras por la unidad de España agrediesen a varias personas en un centro escolar y un bar después de atacar la sede de Catalunya Ràdio. 

Agentes de la Brigada de información acompañados de furgonetas de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional han detenido este jueves un transporte de los Mossos d'Esquadra en la incineradora de Sant Adrià del Besòs (Barcelona). La Policía Nacional ha requerido a los Mossos la documentación al sospechar que podría contener material relacionado con el referéndum del 1-O.

La documentación que custodiaban los Mossos iba a ser incinerada en la planta de valorización energética de Sant Adrià del Besòs. La destrucción de documentación es una operación habitual en la planta de tratamiento de residuos. Ante el requerimiento de la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra han aludido que se trata de información policial que requiere una orden de registro para ser entregada.

Ante la negativa de los Mossos, la Policía Nacional ha solicitado a la Audiencia Nacional una orden para hacerse con la documentación. La actuación, según la Policía Nacional, se ha hecho en el marco de la investigación judicial que la Audiencia Nacional ha emprendido contra la celebración del referéndum del 1-O.

Según la empresa, el transporte ha sido bloqueado por la Policía Nacional cuando iba a acceder a la incineradora. Los Mossos d'Esquadra al menos, una vez al semestre proceden a la incineración de todo tipo de documentación.

Los comités de empresa, los consejos profesionales y directores de TV3, Catalunya Ràdio y la Agencia Catalana de Noticias han comparecido en rueda de prensa para denunciar la amenaza de intervención de los medios públicos mediante el artículo 155. Los tres directores han advertido de que los comités de trabajadores ya han celebrado asambleas para anunciar de que se opondrán a la “injerencia en los medios”. 

Los directores han recordado que el comité de empresa emitió este sábado un comunicado “dónde los trabajadores dicen que no obedecerían a los nuevos gestores impuestos por el gobierno español”. Los profesionales consideran falsa la argumentación de falta de neutralidad y pluralidad de los medios. 

Así mismo, el director de la ACN, Marc Colomer, el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, y el de TV3, Vicent Sanchis, han advertido de que “no vamos a tomar ninguna medida en el sentido que nos indiquen” los gestores que se puedan nombrar para dirigir los medios públicos catalanes.

Marc Colomer, de la ACN, ha avisado que no habrá instrucciones por parte de la dirección de los medios para que los trabajadores se opongan a los criterios de los nuevos gestores. Según Colomer, “la simple justificación” del acuerdo del Consejo de Ministros para intervenir los medios de comunicación “ha sido recibido como una ofensa al rigor y al compromiso de los trabajadores”.

Representantes de los medios han leído en diferentes idiomas un manifiesto conjunto para recordar de que los medios nacieron en 1983 “por unanimidad de todas las fuerzas políticas del Parlamento”, en una de las primera iniciativas legislativas. 

“Todo control governamental secuestra la libertad de prensa” han denunciado ante la amenaza de intervención. Denuncian también que se pone en riesgo el derecho de la ciudadanía a una información “veraz, objetiva, plural y equilibrada”. Los directivos han recordado que los medios públicos catalanes no dependen del Govern, sinó del Parlament. 

La CUP no avalará la convocatoria unas elecciones anticipadas, si el Govern decide optar por ellas. Así lo ha advertido el partido anticapitalista este martes en rueda de prensa. “Nos podemos encontrar con unas elecciones autonómicas impuestas por el Estado”, ha afirmado el diputado de la CUP, Carles Riera, que también ha denunciado que hay formaciones políticas para las que la convocatoria de elecciones supondría “una aplicación más moderada del 155”.

El pleno del Parlament para valorar la aplicación del artículo 155 en Catalunya planteará, según los anticapitalistas, sólo dos posibles escenarios: la proclamación de los resultados del 1-O o unas elecciones anticipadas. El segundo sería, según la CUP, “el peor escenario”. 

Las únicas elecciones con las que estaría de acuerdo la CUP serían –ha asegurado Riera– “unas elecciones republicanas”. El diputado ha asegurado que, por el momento, no se han planteado la votación de la declaración de independencia en el Parlament. Aún así, dicha votación, “no seria la única manera de hacer efectiva la independencia”.

Sobre la posibilidad de participar en un gobierno de concentración, el diputado de la CUP ha negado este extremo: “No hemos hecho ningún ofrecimiento explícito a Junts pel Sí para entrar en el Govern”. Para la CUP la conformación de un gobierno de concentración es una realidad binaria, “de todo o nada”, después de una declaración suspendida a la espera “de un proceso de diálogo que no se va a producir”. 

Los anticapitalistas han denunciado que desde el Ejecutivo central se hace una lectura del artículo 155 “extrema, ilegal e inconstitucional”. Con dicha lectura, dice la CUP, el Estado “quiere legitimar un golpe de estado en toda regla”.

¿Tendría apoyos internacionales la posible declaración de independencia de Catalunya? En el caso que la Generalitat dé este paso contra la aplicación del 155 anunciada por Rajoy, ¿qué estados europeos darían apoyo a la secesión catalana? Según el presidente del Parlamento Europeo, “nadie”.

La no intromisión en “asuntos internos de los estados” es una de las reglas básicas de las relaciones internacionales. El Ejecutivo español ha intentado que el debate sobre la crisis constitucional se mantenga como una cuestión “doméstica”. Francia, Alemania y los principales dirigentes europeos han manifestado de manera reiterada el apoyo a Rajoy, el orden constitucional y la unidad de España.

Inmediatamente después del 1 de octubre, ese mantra europeo pudo resquebrajarse. Durante la jornada del 1-O que abrió las portadas de los medios europeos, numerosas autoridades se salieron del guión por las imágenes de las cargas policiales. Días después, diferentes mandatarios internacionales se pronunciaron sobre las detenciones de cargos de la Generalitat, supuestamente implicados en la organización del referéndum.

Ante las detenciones del 20 de septiembre, 56 diputados de 19 estados miembros de la UE pidieron a Rajoy detener la persecución del referéndum, o defendieron la “voluntad popular” que se expresaba en las urnas. Desde el parlamento suizo al expresidente de Eslovenia, Milan Kučan, que exigió el “cese del uso de la fuerza y las amenazas de intervención militar”. El expresidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, rechazó las medidas judiciales que, dijo, “no pueden resolver un conflicto político”.

En otro nivel y con más contundencia se produjeron las condenas a la actuación policial del 1-O que dejó más de 1000 heridos. Una actuación que Rajoy felicitó y que el rey eludió en su discurso el 3 de octubre. El portavoz del gobierno checo, Martin Ayrer, señaló: “Imágenes terribles. ¿Es realmente 2017, en un Estado miembro de la UE?”. El primer ministro de Eslovenia, Miroslav Cerar, pidió “soluciones pacíficas”.

En los países nórdicos, la presidenta de Finlandia, Sauli Niinistö, exigió el inicio de conversaciones ante “la grave situación”. La ministra de Asuntos Exteriores de Noruega, Marit Berger Røsland, expresó su preocupación por las agresiones policiales. Su homóloga lituana habló en términos parecidos: “El diálogo que es propio de las personas es una necesidad para España”. Denunció que “la violencia no ayudará”.

“Todos debemos condenar las escenas que se han presenciado” señalaba la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon. El primer ministro de Bélgica, Charles Michel, que dirige un Gobierno de coalición con presencia de nacionalistas flamencos, condenó “todas las formas de violencia” e hizo “una llamada al diálogo político”. Precisamente, Michel insistió días después, en una entrevista concedida en el diario 'Le Soir', en la crítica por el uso de la fuerza para evitar la celebración del referéndum. Añadía que el problema “no era legal sino político” y que era un reto europeo resolver la cuestión.

Esta primera ola de reacciones no fue suficiente para romper la tendencia general: más allá de las críticas por la represión y los errores en la gestión del conflicto, Puigdemont y sus colaboradores no han conseguido arrastrar a la comunidad internacional hacia sus planes de independencia.

Diálogo “dentro de la Constitución”

Las llamadas al diálogo y las peticiones para encauzar la crisis por la vía política fueron matizadas al mismo tiempo que la diplomacia española dirigió el argumentario a las cancillerías. Así, las llamadas al “diálogo” fueron repetidas después, pero con un matiz: dentro de la constitución.

Según señala un embajador consultado por este medio, comunicar la posición española sobre el conflicto forma parte de la actividad diplomática. “Somos músicos que interpretamos una partitura que nos viene dada”, asegura.

Según los periódicos belgas 'De Morgen' y 'Het Laatste Nieuws', el primer ministro fue reprendido a través de una comunicación enviada al embajador belga en España. Álvaro Renedo, director para Europa y G20 en Presidencia del Gobierno le señalaba en un correo: “No hemos visto declaración alguna del Gobierno belga instando a la Generalitat a cumplir la ley, sólo ataques contra el Gobierno de España. Tomamos nota”.

Desde la Generalitat se consideran significativas las reacciones. Albert Royo, secretario general del Consejo de la Diplomacia Pública de Catalunya, recuerda que algunos estados habrían manifestado su predisposición a reconocer “una Cataluña independiente”. Para este responsable del Govern, si se han producido estas declaraciones públicamente “quiere decir que en privado y a puerta cerrada España tendrá que escuchar comentarios y críticas mucho más fuertes”, asegura.

Pese a la posición española, conocida por todos los mandatarios europeos, siguen pronunciándose declaraciones que de manera más o menos contundente plantean un escenario de diálogo para resolver la crisis. Por ejemplo, este viernes, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, mostró su apoyo a la ley tras recoger este viernes el galardón del Premio Princesa de Asturias de la Concordia a la Unión Europea.

En su discurso, Tusk no dudó en recordar ante Felipe VI y el auditorio su pasado como líder opositor en Polonia dentro del movimiento Solidarność: “Fuimos golpeados, arrojados a la cárcel, forzados a ir al exilio. Pero nunca nos olvidamos de algunos principios simples: que la violencia no resuelve nada”. Tusk advirtió que “el diálogo es siempre mejor que el conflicto, y que todos los actores de la vida pública deben respetar esta ley”.

El apoyo de los socialistas a la aplicación del artículo 155 hace tambalear el acuerdo de Barcelona en Comú con el PSC en el Gobierno de Barcelona. Próximamente, se planteará a las bases un debate que preocupa -y mucho- a la dirección de BComú: ¿Es posible mantener un acuerdo de gobierno con quienes apoyan la suspensión de la autonomía mediante el 155?

Según fuentes del Gobierno de BComú, la voluntad es que haya debate sobre el “pacte de ciutat”, suscrito con el PSC. Y en este debate ya avisan que “el 155 va a condicionar, y mucho”. Pero aclaran las mismas fuentes que no hay voluntad de romper con el PSC porque –según dicen– “el acuerdo funciona bien”. Los problemas, no obstante, vienen “con el posicionamiento del PSOE” ante la situación en Catalunya.

La cuestión está candente y puede activar muchas reacciones. Desde fuentes socialistas, y ante la discutida continuidad del pacto de Gobierno, señalan que “el PSC no está por romper el pacto”. Recuerdan que ésta es “una posición compartida desde Collboni a Iceta y Pedro Sánchez”, y defienden la validez de la propuesta municipal. “El pacto es de Barcelona y para Barcelona”, destacan. El acuerdo, según las mismas fuentes del PSC, dejaba otras cuestiones al margen.

Romper la equidistancia

Fuentes socialistas recuerdan que en caso de que Colau rompiera con el PSC “rompería la equidistancia que quería preservar”. Una de las cuestiones que apuntan desde el PSC es que el acuerdo pone en valor “uno de los últimos puentes que hay en Catalunya” en medio de la crisis del estado.

BComú y sus planteamientos discurren por diversas tradiciones políticas, desde los independentistas a ICV, los más reacios a romper el acuerdo. Los sectores próximos a Podem insisten que “el 155 es inaceptable”.

Siete agentes de la Guardia Civil han acudido este jueves a la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Lleida acompañados de la comitiva judicial para recabar información sobre las comunicaciones de la policía catalana el 1-O. La diligencia responde, según fuentes judiciales, a una instrucción secreta del juzgado número 4 de Lleida que investiga la actuación policial de los Mossos durante el referéndum.

Los agentes de la Guardia Civil han solicitado las grabaciones de las comunicaciones de la policía catalana durante la jornada de votación. En concreto, han reclamado el volcado de los teléfonos de dos mandos de los Mossos y de un tercer agente que participó en la coordinación del dispositivo del 1-O, según han informado fuentes jurídicas a este medio.

La comitiva está encabeza por un letrado de la Administración de Justicia, cumpliendo con la orden de acceder a las grabaciones de la centralita de comunicaciones de la policía catalana.

Por el momento, son una veintena los juzgados que investigan a los Mossos por no cerrar colegios electorales en el 1-O. Las investigaciones judiciales pretenden determinar si los Mossos tuvieron una actitud pasiva a la hora de hacer cumplir la resolución judicial que les obligaba a impedir la votación.

La instrucción pretende determinar también si los agentes de la policía catalana hicieron seguimiento de las intervenciones que efectuaron la Guardia Civil y la Policía Nacional durante el 1-O. En la província de Lleida, son los juzgados de instrucción 4 de la capital y el de instrucción 2 de La Seu D'Urgell los que abrieron diligencias por posible desobediencia de los Mossos.

Precisamente, los juzgados de Lleida requirieron al jefe de comisaría de Lleida el mismo domingo 1 de octubre para que “en el plazo más breve posible” informara de los motivos que impedían a la policía catalana “cumplir” con la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para impedir el referéndum.

En el marco de estas investigaciones, la Guardia Civil acudió esta semana a la sede central del servicio de emergencias 112 de la Generalitat, en Reus (Tarragona) para recoger las cintas de las comunicaciones internas de los Mossos d'Esquadra el 1-O. Esta actuación se practicó en el marco de la investigación emprendida por un juzgado de Gandesa (Tarragona).

El edificio central del 112 en Reus concentra los ficheros de los servicios policiales relativos a las áreas policiales de las Terres del Ebre y Tarragona. Entre la documentación solicitada por la Guardia Civil se encontraban también las instrucciones que se transmitieron por el servicio interno de comunicaciones por radio.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha recibido este miércoles la petición del Consell Nacional de su partido, el PDeCAT, de “levantar la suspensión” sobre de la declaración de independencia si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aplica el artículo 155 para suspender la autonomía de Catalunya.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont ha asegurado que ante la posibilidad de la activación del artículo 155 podría levantar la suspensión de la declaración de independencia.

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha añadido que “no está encima de la mesa” la posibilidad de que el presidente catalán convoque unas elecciones anticipadas y renuncie a la declaración de independencia como le sugiere el Gobierno central.

Pascal también ha anunciado que el partido celebrará una conferencia política el sábado 11 de noviembre en la que abordará, entre otras cuestiones, cómo afrontar la elaboración de una constitución catalana como ley fundamental de una república independiente.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha recibido este miércoles la petición del Consell Nacional de su partido, el PDeCAT, de “levantar la suspensión” sobre de la declaración de independencia si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aplica el artículo 155 para suspender la autonomía de Catalunya.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont ha asegurado que ante la posibilidad de la activación del artículo 155 podría levantar la suspensión de la declaración de independencia.

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha añadido que “no está encima de la mesa” la posibilidad de que el presidente catalán convoque unas elecciones anticipadas y renuncie a la declaración de independencia como le sugiere el Gobierno central.

Pascal también ha anunciado que el partido celebrará una conferencia política el sábado 11 de noviembre en la que abordará, entre otras cuestiones, cómo afrontar la elaboración de una constitución catalana como ley fundamental de una república independiente.

El nuevo día D del independentismo ha terminado con un otro paso del Gobierno hacia la aplicación del temido artículo 155 de la Constitución y con los líderes civiles del soberanismo durmiendo en la cárcel. Los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, pasarán la noche en la prisión de Soto del Real por orden de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

La decisión judicial ha provocado un alud de reacciones contraria a la entrada en prisión de los líderes soberanistas, que ha abarcado desde políticos independentistas a dirigentes de los 'comuns', el PSC, el PNV y sindicatos como CCOO. Solo el PP ha aplaudido la orden de la jueza. ANC y Òmnium, además, han llamado a una protesta este martes frente a los ayuntamientos a las 20 h.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont ha considerado “una muy mala noticia” el encarcelamiento de Cuixart y Sànchez. “Pretenden encarcelar ideas pero no harán más fuerte la necesidad de libertad”, ha zanjado.

El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha sostenido: “Pedimos hablar, sentarnos y dialogar y el PP, vía Fiscalía, responde con prisión incondicional”.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha mostrado su disconformidad con el encarcelamiento de los dos líderes del independentismo civil y ha considerado “desproporcionada” la decisión de la juez de la Audiencia Nacional.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha clamado también en Twitter: “¡Basta de judicialización!”.

Varios alcaldes socialistas, como los primeros ediles de L'Hospitalet, Núria Marín; Santa Coloma, Núria Parlón; Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros; y también el teniente de alcaldía de Barcelona Jaume Collboni, se han sumado a las críticas por la orden judicial.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado que “enviar a prisión preventiva a Sànchez y Cuixart ni es propio de una democracia europea ni contribuye al diálogo y la solución”.

Desde Òmnium Cultural se ha considerado “intolerable” la cárcel y han llamado a la “movilización”. “No podrán encarcelar a todo un pueblo”, han agregado.

Los diputados de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela (ICV) y Joan Giner (Podem), se han mostrado conmocionados por la decisión judicial. “Vamos a mover cielo y tierra, os queremos en casa” ha dicho el diputado anticapitalista.

Desde el sindicato CCOO, su secretario general en Catalunya, Javier Pacheco, también ha criticado el encarcelamiento.

Entre los pocos que han aplaudido la decisión judicial figura el líder del PP catalán, Xavier García Albiol.

La magistrada hace hincapié en que la llamada que hicieron Cuixart y Sànchez para manifestarse frente a la conselleria de Economía el día 20 de septiembre no fue, a su juicio, pacífica. Todo lo contrario. Lamela sostiene que la concentración solo buscaba “proteger” a los miembros del Govern investigados mientras la Guardia Civil practicaba los registros.

Lamela sustenta su tesis en un whatsapp que atribuye a Òmnium Cultural del día 20 a las 8:50h. de la mañana en el que la entidad llama a “parar a la Guardia Civil”. Destaca además que Cuixart y Sànchez, en sus conversaciones con los responsables de seguridad, “nunca aceptaron” las peticiones que los especialistas proponían para evitar los riesgos de disturbios, sino que solo buscaban “las opciones que les convenían exclusivamente para sus fines políticos”, esto es, obstaculizar la labor de la Guardia Civil. Finalmente, ambos líderes desconvocaron la concentración al filo de la medianoche.

Asimismo, la magistrada recuerda que durante la protesta alentada por Òmnium y la ANC los concentrados destrozaron tres coches de la Guardia Civil. La reparación de cada vehículo asciende a 33.729,90, 34.708,51 y 67.193,51 euros, respectivamente.

A diferencia de los líderes soberanistas, la magistrada ha considerado que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la intendente. Con todo, ha dejado abierta la puerta a seguirles investigando por su supuesta contravigilancia de los cargos de la Generalitat investigados por el referéndum y su inacción el 1-O. Se avecino otro día D.

El fuego amigo se está convirtiendo en la peor pesadilla de Carles Puigdemont. El independentismo había logrado hasta ahora capear las diferencias internas gracias al objetivo compartido de celebrar un referéndum. La falta de respuesta, cuando no el intento de humillación por parte del Gobierno central, también había ayudado a preservar esa cohesión. Pero tras el 1-O han cambiado muchas cosas. La desconfianza se abre paso en el flanco que configuran el PDeCAT, ERC, CUP y las entidades soberanistas ANC y Òmnium. Unos tienen más prisa que otros. Unos reciben más llamadas que otros y eso comporta que unos tengan dudas y otros, no.

Puigdemont y su partido quieren ganar tiempo, pero sus socios se lo deniegan. La intención del president es esperar al lunes para contestar al requerimiento de Mariano Rajoy para que aclare si ha declarado o no la independencia. Su intención inicial era enviar una copia del discurso que pronunció en el pleno y dudaba de si adjuntar una copia de la declaración de independencia que firmaron los diputados independentistas al acabar la sesión. Fuentes próximas al Govern explican que el jefe del Ejecutivo es consciente de que la inestabilidad social y el riesgo de conflicto social pueden ir a más en función de la decisión que adopte.

Este viernes, el presidente de la Generalitat ha mantenido reuniones tanto con representantes del Govern como de Junts pel Sí y de la CUP para intentar aclarar las posiciones. Los cupaires han evidenciado que su malestar se traducirá en más presión y de ahí que hayan enviado una carta al president en la que le exigen la “proclamación de la república”. Sus dirigentes reconocen que existe una desmovilización independentista y aspiran a frenarla con decisiones como la oficialización de una fecha para proclamar la república catalana.

¿Tacticismo o farol?

Mientras la CUP actúa con una estrategia clara, en Esquerra todo es más alambicado. En la última reunión del Govern, Puigdemont pidió a sus consellers que dieran su opinión. Como avanzó el diario.es, la mayoría avaló la suspensión de la DUI, pese a que no habían visto cuál era la literalidad de la propuesta. Todos optaron por esta menos la titular d'Ensenyament, Clara Ponsatí, que votó en contra, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, que decidió abstenerse con el argumento de que todo el mundo conoce su opinión y no hacía falta repetirla.

El origen del problema está en que PDeCAT, ERC y la CUP tenían acordado que habría una suspensión de la declaración, según aseguran fuentes de Junts pel Sí. Pero a última hora, Puigdemont decidió que en su discurso no fijaría un plazo y que tampoco leería el texto de la misma. Republicanos y cupaires se enervaron y culparon de la reculada del president al ascendente de Artur Mas y a los temores de la coordinadora de su partido, Marta Pascal.

“Si la suspensión responde a una cuestión táctica, estamos a favor. Pero si todo es un farol, estamos en contra”, resumen los republicanos. En ERC insisten en que si no se envía un mensaje de firmeza, Rajoy les arrasará: “Para que no te aplasten, tienes que demostrar que no vas de farol”.

Pero, sea de farol o por tacticismo, en el PDeCAT defienden que no es momento de precipitarse. Artur Mas, que ha vuelto (si es que alguna vez se fue), les ha contestado a todos a la vez al recordarles que las decisiones las toma el Govern. Ha sido en una entrevista en TV3, en la que ha admitido que una de las opciones que se han barajado es la de convocar elecciones, aunque el expresident insiste en que deben ser constituyentes. En este sentido, en la ronda con los consellers que Puigdemont ha hecho este viernes, uno de ellos, el titular de Empresa, Santi Vila, le ha insistido también en que la mejor salida es ir a elecciones.

Divergencias en la ANC

Tampoco en una de las entidades soberanistas, la ANC, están tranquilos. Este viernes, la cúpula pidió en una reunión extraordinaria y urgente convocada el mismo día que se levantara la suspensión a la DUI. Pese a la premura de la cita, la reunión de su principal órgano de dirección contó con unas sesenta personas de las 75 que forman este órgano.

Había inquietud y desorientación por la falta de explicaciones y de información. Pero uno de los máximos conocedores de cómo se produjo la declaración de Puigdemont estaba ausente: Jordi Sànchez, el presidente de la entidad no asistió a la reunión. El comunicado “Levantemos la suspensión” difiere en mucho del que proponía el mismo presidente de la ANC. Al final, el secretariado decidió que se mandaban las dos comunicaciones.

La primera, una carta de Sánchez, titulada “La hora de la verdad” se dirige a los socios y simpatizantes para señalar que la decisión de suspender la declaración fue “una apuesta arriesgada pero honesta” y que en ningún caso representa “una renuncia a la proclamación de la República”. La segunda es un comunicado en el que instan al presidente de la Generalitat a levantar la suspensión de la declaración. Fuentes presentes en la reunión señalan que no querían que se entendiera “como una enmienda a la totalidad a Puigdemont”. Aunque visto desde fuera, puede parecerlo.