Las extrabajadoras de Julio Iglesias que han presentado una querella contra el cantante por varios delitos sexuales y laborales han enviado una carta dirigida a la Audiencia Nacional en la que piden que invesiguen “los hechos denunciados y que hemos puesto en su conocimiento”. “No estamos pidiendo algo excepcional o un favor. Estamos pidiendo que se nos reconozcan y garanticen los derechos que los Estados, incluido el español, se han comprometido a cumplir: investigar, proteger y garantizar el derecho a la justicia de las personas. Prometer cumplirlos no es suficiente y actuar es necesario”, dicen en la misiva, publicada en la página web de Women's Link, la organización que las represena.

En esa carta, Laura y Rebeca se presentan como “dos mujeres latinoamericanas fuertes, con sueños, con valentía y con la esperanza de encontrar justicia en dignidad”. “El 3 de septiembre, con la representación legal de Women’s Link, presentamos una querella ante su entidad, solicitando algo simple pero tan importante a la vez: que se investiguen los hechos que hemos denunciado y puesto en su conocimiento”, dicen.

“Todas las personas tenemos derecho a ser escuchadas con garantías y en un tiempo razonable. Tenemos derecho a que un tribunal de justicia decida sobre lo que nos pertenece por derecho. Sabemos que no estamos solas en esto y que el marco normativo nacional e internacional nos respalda. Por ello, autoridades de esta entidad legal, les pedimos que lo reconozcan e investiguen todo lo que hemos denunciado. Nos despedimos con la esperanza de ser escuchadas, y con la convicción de que exigir justicia no es un privilegio: es un derecho que no vamos a dejar de reclamar”, prosiguen las mujeres.

A comienzo de septiembre, Laura y Rebeca, que trabajaron en 2021 en las mansiones que el cantante tiene en República Dominicana y Bahamas, presentaron una querella en la Audiencia Nacional en la que le acusan de varios delitos: trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones abusivas, lesiones y trato vejatorio. El relato de hechos es el mismo que contenía la denuncia que las mujeres presentaron ante la Fiscalía enero. Aunque en ese momento el Ministerio Público archivó la investigación al entender que España no es competente para investigar estos hechos ocurridos en el extranjero. Su opinión no es vinculante ni se extiende automáticamente a un procedimiento judicial, puesto que el caso nunca ha llegado ante un juzgado, por lo que será el juez a que le ha correspondido el expediente, Antonio Piña, el que decida. 

Amnistía Internacional ha enviado una carta a la Fiscalía General del Estado en la que pide que reconsidere su postura sobre el caso Julio Iglesias para hacer posible que las víctimas de violencia sexual “accedan a la justicia”. “El objetivo es que reconsidere la decisión de no investigar los hechos denunciados por las extrabajadoras de Julio Iglesias. Consideramos que la decisión que tomó el Ministerio Público sobre la no competencia de la justicia española implica una interpretación muy restrictiva de la norma y de lo que dice el Convenio de Estambul en cuanto a la persecución de delitos de violencia de género”, explica la responsable de campañas de derechos de las mujeres de la organización, Beatriz Martos.

La Ley Orgánica del Poder Judicial, argumenta Amnistía Internacional en su misiva dirigida a la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, contempla en su artículo 23 la posibilidad de que la jurisdicción española conozca los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los acusados sean españoles, que los hechos sean punibles en el lugar en el que sucedieron y que no haya habido condena, absolución o indulto al respecto. La organización internacional tambiñen invoca el Convenio Estambul, “que da la potestad a los estados firmantes de perseguir delitos de violencia de género extraterritorialmente cuando son cometidos por ciudadanos de esos estados”, añadía Beatriz Martos.

La semana pasada, Women's Link elevaba el caso de Rebeca y Laura a la ONU tras los “incidentes que han comprometido la intimidad, seguridad y datos personales de Rebeca y Laura”. Ese compromiso alude a la publicación de varios vídeos en Okdiario de de las denunciantes durante su declaración ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en enero, en el cual se habían pixelado su rostro pero no se había modificado su voz.

En esta comunicación a diferentes instancias de la ONU, las abogadas de Rebeca y Laura expresaban “su preocupación de que el Estado español no cumpla con sus obligaciones de investigar los hechos denunciados”. La organización pide que la ONU solicite a España información sobre “cómo garantizará una investigación efectiva e independiente, independiente, imparcial, diligente y exhaustiva” de los hechos que han puesto en conocimiento de la justicia.

La ley del solo sí es sí no fue “la meta” sino “el punto de partida” para conseguir un cambio de paradigma en cómo se previene, se atiende y se investiga la violencia sexual. En Aspacia lo saben bien: la organización feminista lleva años trabajando en incidencia, atención e investigación. Su directora, Virginia Gil, sabe bien que los casos que involucran a personajes muy conocidos, como el de Julio Iglesias, o que, por algún motivo, tienen especial repercusión lanzan mensajes sociales que pueden servir para animar a la denuncia o para desincentivarla.

En enero, la Fiscalía archivó la denuncia de dos extrabajadoras contra Julio Iglesias por falta de competencia, una decisión cuestionada por juristas y por organizaciones como Amnistía Internacional, que le pide ahora que reconsidere su postura ante la querella interpuesta por las mismas mujeres. ¿Qué mensaje cree que envió ese archivo?

De alguna manera, mandó un mensaje desesperanzador para las víctimas, que depositan su confianza en que alguien las escuche. Sabemos efectivamente que, cuando las víctimas buscan justicia, normalmente ponen una gran confianza en que se las escuche y cuando ni siquiera se está dando cauce a una denuncia hay una decepción, porque en esa decisión no se entró ni siquiera a valorar los hechos. Cuando una mujer da el paso de dar a conocer un caso y denunciarlo, pone mucha esperanza en que va a obtener justicia y reparación.

¿Hay problemas para que las víctimas de violencia sexual en España acudan a la justicia o para que encuentren justicia?

Sí, y lo dice la Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer: tan solo el 8% de las mujeres denuncian y eso tiene que ver en gran parte con su falta de confianza para acudir a la justicia y sentir que las van a creer y no se van a sentir juzgadas. Desde 2017 prácticamente se ha duplicado el número de delitos conocidos por violencia sexual y eso no nos habla de que haya más delitos. Lo que ha sucedido es que ha habido más mujeres que han sentido que la sociedad las iba a creer y que la justicia estaba preparada para atenderlas adecuadamente.

Dar el paso a la denuncia es proceso muy complejo. Los casos tardan de media unos tres años en llegar a juicio y en ese proceso no todos los operadores jurídicos están formados como deberían. No está pensado el proceso judicial para poner en el centro los intereses de las víctimas y sus necesidades. El procedimiento tiene que ser muy garantista, pero también tiene que ser una justicia humanizada, consciente de que esas víctimas están contando algo muy complejo, traumático y doloroso.

¿Sigue habiendo prejuicios de género en la justicia, desconocimiento sobre cómo opera la violencia sexual y el trauma?

En nuestra opinión, sí, sigue habiendo mucho desconocimiento. Si bien es cierto que quizá hay planteamientos que se hacían hace años que ahora no se hacen de esa forma, sí son planteamientos que están pero transformados. A lo mejor no se hacen preguntas tan directas de si llevabas minifalda, pero sigue habiendo esa sospecha instalada sobre la víctima en que está contando algo porque tiene algún fin escondido. Y luego también mucho desconocimiento en cuanto cuáles son efectivamente las reacciones dentro de esa teoría del trauma y de cómo impacta la violencia sexual, a pesar de que ya bastante investigación a nivel de neurología y psicología en cuanto cuáles son las respuestas ante una situación que se define por sí misma como estresante. Nadie está esperando ser agredido sexualmente, muchas respuestas operan de manera inconsciente porque son también mecanismos de autodefensa.

Al final, todas las personas, independientemente del puesto en el que estemos, estamos influenciadas por creencias, mitos, estereotipos... y por eso hay que hacer un esfuerzo importante de revisarse y de ser consciente de qué creencias tengo yo sobre la violencia sexual. Sigue operando mucho esa idea de que la violencia sexual es solo la que ocurre en un callejón por la noche a manos de un desconocido y con uso de fuerza física. Y es sorprendente tener que seguir desmontando ese mito de la 'violación auténtica' cuando la evidencia y los datos te siguen diciendo que el grueso de los agresores son personas conocidas por la víctima y muchas veces de su entorno más íntimo.

Algunos comportamientos de víctimas pueden parecer paradójicos cuando no se tiene la sensibilización y el conocimiento sobre cómo opera la violencia sexual y el hecho de que venga de alguien conocido

A Laura y Rebeca se las ha señalado por enviar mensajes al cantante después de marcharse de sus casas, por ejemplo, o por no irse antes de allí. ¿Sigue habiendo un estereotipo sobre cómo debe comportarse una mujer que ha sufrido violencia sexual?, ¿hay comportamientos que pueden resultar paradójicos?

Pueden parecer paradójicos cuando no se tiene la sensibilización y el conocimiento sobre cómo opera esa violencia y sobre el hecho de que venga de alguien conocido. Cuando alguien te agrede por la noche en un callejón oscuro y es un desconocido, la persona identifica inmediatamente esa situación como una agresión sexual. El problema es cuando hay elementos que separan lo que tú vives de esa idea, cuando no hay uso de fuerza y en su lugar hay manipulación, incluso muy sutil, engaños, coacciones, miedo a perder un empleo que es necesario... Hay toda una serie de factores externos que operan de alguna forma como elementos de coacción, de presión para no contar algo.

También algo muy normal es buscar justificaciones. Muchas mujeres te dicen que no se daban cuenta o que no querían creer que esto les estaba sucediendo, porque no entra dentro de tus repertorios de ideas el que alguien que conoces te vaya a agredir sexualmente. Eso dificulta la identificación cuando la violencia se produce en una relación de amistad, de trabajo, sentimental... Cuanto más íntima es esa relación, más entra también el miedo a no querer perjudicar tampoco a la otra persona.

¿Las mujeres tienden a dudar de sí mismas, de lo que han vivido?

Eso también tiene que ver con que las mujeres hemos sido socializadas para no identificar esa violencia sexual, para creer que nosotras somos las que debemos protegernos y esto te lo comparten muchas mujeres. Dicen 'no debí subir con él a este sitio', 'no debí quedar con él', ' no debí hacer esto'. La falta de denuncia o la tardanza en denunciar tiene mucho que ver también con esto, porque primero tienes que poder identificar lo que has vivido, también con que contarlo sigue conllevando una vergüenza y un estigma para las mujeres. Muchas siente que va a cambiar la visión que tengan de ellas su familia, sus compañeros de trabajo, sus amistades...

Las mujeres hemos sido socializadas para no identificar esa violencia sexual, para creer que nosotras somos las que debemos protegernos y esto te lo comparten muchas mujeres. Dicen 'no debí subir con él a este sitio', 'no debí quedar con él', ' no debí hacer esto'...

¿En ese acceso a la justicia hay sesgos también de clase, procedencia, raza...?

Igual que operan los mitos o los estereotipos de género, si el racismo impregna la sociedad, también se traslada a la justicia. Hemos realizado distintas investigaciones precisamente para intentar documentar cuáles eran las dificultades de las mujeres migrantes para acceder a la justicia particularmente, pero también a otros servicios. Y efectivamente se constata que hay esos sesgos. Es muy habitual que las mujeres migrantes, cuando van directamente a la comisaría a interponer la denuncia, lo primero que les preguntan es por su situación migratoria y si de alguna forma eso que cuentan no es porque estén buscando quedarse o con poder conseguir una indemnización, cuando hasta la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, no existía la posibilidad de solicitar un permiso de residencia por una agresión sexual. A pesar de eso, había una creencia importante entre operadores en que esa era una de las causas de las denuncias. Con la nueva ley, la posibilidad del permiso es muy limitada porque precisas de una sentencia condenatoria y ya vemos las dificultades que hay simplemente en interponer denuncia.

Igual que hay ideas sobre cómo debe ser y comportarse una víctima de violencia sexual, ¿hay también estereotipos sobre los agresores? Cuando el hombre acusado es famoso o rico suele decirse eso de que por qué iba a hacerlo si 'no tiene necesidad'.

Hay que reformular esa idea. Cuando eres rico, famoso o popular, eso se torna de alguna forma en normalizar pensar que cualquier mujer está interesada en tener relaciones con esa persona y en que ellos den por hecho que eso va a ser así. También hay otros mitos que operan ahí, como que cuando las chicas dicen que no, en realidad quieren decir que sí o que para ligar simplemente hay que insistir.

No tiene nada que ver con acceso al sexo, sino con concebir que los hombres tienen derecho a tener sexo cuando ellos quieren, como ellos quieren y donde ellos quieren. Con ese mito de que los hombres tienen una sexualidad y un deseo mucho más activo, que no son capaces de controlar. Por eso se tiende también a culpabilizar a las mujeres y a exonerar a los hombres

¿Hay un intento en los últimos años de silenciar la violencia sexual?

Sí, ante el avance de la legislación, de las políticas y de las reivindicaciones de las mujeres y del movimiento feminista en posicionar la violencia sexual en el centro de la agenda hay un intento de cuestionamiento. Por ejemplo, con esas campañas que surgen muy rápidamente y que son muy agresivas para cuestionar a cualquier víctima de violencia sexual que se atreve a dar la cara. Al final no solo es silenciar a esa persona que decide dar el paso, sino que también busca asustar a otras mujeres que estuvieran pensando en salir públicamente. Por eso, los casos que implican a gente famosa tienen un efecto muy paradigmático. El hecho de que se saliera tan masivamente a denunciar la violencia sexual, su carácter estructural y sistémico, tan arraigado, y se ha vivido por parte de algunos sectores como una amenaza. Al final, implica un cuestionamiento personal, la revisión interna de muchos hombres. Y eso cuesta.

Hola,

La de la foto es la actriz Sydney Sweeney, que quizá te suena de la serie Euphoria o The White Lotus o de alguna peli. Últimamente había dado que hablar por algunas de sus escenas en la última temporada de Euphoria y los comentarios sobre su hipersexualización. Que es un poco lo mismo que ha sucedido ahora: hace unos días, una casa de apuestas estadounidense lanzó una campaña publicitaria con Sweeney como protagonista. Una campaña que consiste en ella desnuda o vestida con muy poca ropa, en poses algo forzadas y tópicamente sexys, tapándose y jugueteando con balones y con otro material deportivo.

Inmediatamente mucha gente señaló la tremenda cosificación de la campaña: el cuerpo, por supuesto, muy normativo, de una actriz atractiva expuesto para anunciar una empresa que gana dinero con las apuestas deportivas de la gente. Muchas deportistas han lanzado sus quejas. Ariarne Titmus, nadadora australiana, ha dicho que el anuncio es una "patada en la cara" para las mujeres que han dedicado su vida al deporte, pero también para las que disfrutan del deporte: “No puedo describir lo enfadada que me siento cuando veo esto”.

Lo cierto es que el anuncio se las trae. Es evidente que utiliza el cuerpo de Sweeney como reclamo, en una especie de asociación burda entre deportes y tetas: esa casa de apuestas parece estar reduciendo a su público a ese 'pack básico' del hombre hetero. Pero también está usurpando la imagen real de las mujeres en el deporte. No vemos a atletas fuertes y fibrosas; no vemos su técnica, su destreza, su velocidad. El cuerpo está al servicio de la mirada, no del deporte. Como siempre, nos lanzan, lo importante es lo que (nos) parecéis, no lo que hacéis, no quiénes sois.

Una parte de las críticas se están centrando en la propia Sydney Sweeney por participar en algo así, por su complicidad o su despreocupación en las consecuencias de protagonizar una campaña como esta. Aquí hay que decir que la actriz es socia de la empresa, es decir, tiene intereses económicos y decide situarse en ese lugar. Pero vamos a mirar la película completa: no es una sola persona quien ha decidido que esa era la 'mejor' campaña, nunca lo es. La realidad es que la compañía ha optado por lo más fácil: utiliza el cuerpo de una mujer como reclamo.

Sweeney puede estar participando de buen grado, puede gustarle haberse convertido en una sex symbol de estética tradwife y jugar al juego de cosificarse en un anuncio (o no). Pero el asunto es mucho más grande que ella y sus sentires, y tiene que ver con esa mirada cosificadora hacia las mujeres que sigue instalada en nuestro imaginario. Esa mirada es la que hace que, cuando se retransmiten deportes, lo planos que les hacen a las atletas realcen determinadas partes de su cuerpo o destaquen algunas posturas, de manera muy distinta a cómo se muestra a los deportistas hombres. Es esa mirada instalada la que hace que a una empresa le parezca una gran idea hacer una campaña publicitaria como esta. Nosotras no parecemos nunca ni las receptoras ni las sujetos, estamos al servicio de esa mirada para complacer y agradar a otros.

Tampoco nos engañemos: hablamos de una casa de apuestas que quizá, nunca mejor dicho, ha apostado al ruido y la polémica como mejor campaña. 

El caso

Quiero seguir poniéndote al día sobre el caso Julio Iglesias, para que la cantidad de actualidad que tenemos ahora mismo no nos haga perder el foco de algo tan importante. La semana pasada, las abogadas de las mujeres que se han querellado, Laura y Rebeca, presentaron un escrito ante seis relatores de la ONU después de que se haya comprometido su seguridad e intimidad. Lo creas o no, y a pesar de que en enero la Fiscalía les concedió el estatus de testigos protegidas, un medio de derechas ha publicado el vídeo de la declaración de las dos mujeres sin proteger sus voces. Aquí te cuento lo que ha ido pasando y cómo lo que sufren Laura y Rebeca es un mensaje para todas. Además, Amnistía Internacional ha enviado una carta a la Fiscalía para pedirle que reconsidere su criterio sobre el caso y reivindicar que España tiene la competencia para investigar y así debe hacerlo.

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Una reflexión y un plan

Estamos estos días con la conmoción del asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte en México, que se investiga como feminicidio. Es terrible porque ninguna mujer debería encontrar muerte y violencia cuando hace su vida. Estaría bien plantearnos, eso sí, por qué este caso parece merecer más atención que la mayoría de asesinatos machistas que sufrimos en España.

Sobre el plan, vuelvo a la carga con mi libro 'Provida. Un manifiesto a favor del aborto': el próximo martes lo presentaré en Bilbao, en La Sinsorga, a las 19:30 de la tarde. Por si te pilla cerca.

Un abrazo.

Ana

Amnistía Internacional ha enviado una carta a la Fiscalía General del Estado en la que pide que reconsidere su postura sobre el caso Julio Iglesias para hacer posible que las víctimas de violencia sexual “accedan a la justicia”. “El objetivo es que reconsidere la decisión de no investigar los hechos denunciados por las extrabajadoras de Julio Iglesias. Consideramos que la decisión que tomó el Ministerio Público sobre la no competencia de la justicia española implica una interpretación muy restrictiva de la norma y de lo que dice el Convenio de Estambul en cuanto a la persecución de delitos de violencia de género”, explica la responsable de campañas de derechos de las mujeres de la organización, Beatriz Martos.

El pasado jueves, Laura y Rebeca, que trabajaron en 2021 en las mansiones que el cantante tiene en República Dominicana y Bahamas, presentaron una querella en la Audiencia Nacional en la que le acusan de varios delitos: trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones abusivas, lesiones y trato vejatorio. El relato de hechos es el mismo que contenía la denuncia que las mujeres presentaron ante la Fiscalía enero. Aunque en ese momento el Ministerio Público archivó la investigación al entender que España no es competente para investigar estos hechos ocurridos en el extranjero. Su opinión no es vinculante ni se extiende automáticamente a un procedimiento judicial, puesto que el caso nunca ha llegado ante un juzgado, por lo que será el juez a que le ha correspondido el expediente, Antonio Piña, el que decida.

Piña ya ha emitido una resolución en la que solicita a la Fiscalía que se pronuncie sobre si su juzgado es competente para investigar. Será la misma Fiscalía que archivó la investigación al entender que se daba una falta de competencia de los tribunales españoles, quien deberá emitir nuevo informe al respecto. Es en ese contexto que Amnistía pide al Ministerio Público que reconsidere su posición. Lo hace basándose en tres ideas fundamentales: el caso cumple con los requisitos que la norma española exige para juzgar hechos cometidos fuera de nuestras fronteras, el convenio de Estambul -el texto internacional de referencia en violencias machistas, ratificado por España- permite a los estados firmantes extender su capacidad de investigación para ese tipo de delitos cuando son cometidos por ciudadanos españoles, y la justicia de República Dominicana “no ofrece garantías” a las víctimas de violencia sexual, por lo que “el riesgo de impunidad” es muy elevado.

La Ley Orgánica del Poder Judicial, argumenta Amnistía Internacional en su misiva dirigida a la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, contempla en su artículo 23 la posibilidad de que la jurisdicción española conozca los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los acusados sean españoles, que los hechos sean punibles en el lugar en el que sucedieron y que no haya habido condena, absolución o indulto al respecto.

“El convenio de Estambul también da la potestad a los estados firmantes de perseguir delitos de violencia de género extraterritorialmente cuando son cometidos por ciudadanos de esos estados. En este caso, el presunto autor es ciudadano español, y la violencia sexual es un tipo de violencia de género así que España tiene la potestad de perseguir estos delitos”, añade Beatriz Martos. El artículo 44 del convenio dice que los estados firmantes adoptaran las medidas necesarias para ser competentes respecto a los delitos previstos en el texto “cuando el delito sea cometido por uno de sus nacionales”.

La carta incluye también una argumentación sobre por qué el sistema judicial dominicano “no ofrece garantías” a las denunciantes que, además, señalan, no residen actualmente en República Dominicana. “Muchas víctimas cuentan que se han enfrentado a múltiples obstáculos para acceder a la justicia ya sea debido a la falta de recursos económicos, a la discriminación, a la limitación en la aplicación de sanciones... Hay una alta probabilidad de que este caso quedara en total impunidad en República Dominicana y España tiene la facultad de investigarlo. Confiamos en que aquí es más probable que no haya impunidad”, asegura la responsable de Amnistía Internacional. En la misiva mencionan la última reforma del Código Penal de República Dominicana, criticada por distintas organizaciones feministas y de derechos humanos por “no garantizar adecuadamente los derechos de las mujeres y las niñas” y reducir el plazo de prescripción de los delitos sexuales.

“Señalamos lo que menciona la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que manifiesta su preocupación por la discriminación interseccional contra grupos de mujeres desfavoreces y discriminadas y los obstáculos en el acceso a la justicia en República Dominicana”, subraya Martos. La carta también hace referencia a un informe del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación de las Mujeres y las Niñas que criticaba que la falta de datos desagregados por sexo sobre discriminación, violencia de género y feminicidios en el país “contribuye a exacerbar la falta de conciencia sobre la violencia de género a nivel político, legislativo y judicial”.

Women’s Link, la organización que representa a Rebeca y Laura, ha puesto su caso en conocimiento de seis mecanismos especiales de las Naciones Unidas después de los “incidentes que han comprometido la intimidad, seguridad y datos personales” de las mujeres. El pasado miércoles, Okdiario hacía público el vídeo de una de las denunciantes durante su declaración ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en enero, en el cual se había pixelado su rostro, pero no se había modificado su voz, a pesar de la condición de testigos protegidos que les fue otorgada. La organización pide que la ONU solicite a España información sobre “cómo garantizará una investigación efectiva e independiente, independiente, imparcial, diligente y exhaustiva” de los hechos que han puesto en conocimiento de la justicia y requiera medidas urgentes de protección para las dos mujeres.

“Denuncia” es el mensaje que más escuchan las víctimas de violencia de género y sexual. Ese lema, que busca que las mujeres confíen en la Justicia, obvia, sin embargo, todo lo que sucede después y que quita brillo a ese eslogan fácil. Lo saben Laura y Rebeca, las extrabajadoras que denunciaron a Julio Iglesias por trata y varios delitos sexuales y laborales y que acaban de presentar una querella en la Audiencia Nacional.

Días después de esta nueva acción para reclamar que España investigue los hechos, un medio de comunicación ha publicado el vídeo de la declaración que una de ellas hizo ante la Fiscalía, a pesar de que el Ministerio Público les concedió un estatus de especial protección y de que la ley prohíbe difundir datos que permitan reconocer a víctimas de violencia sexual. Mientras la justicia española decide, otra vez, si investiga los graves hechos que denuncian las dos extrabajadoras, estas mujeres soportan una revictimización sin que nadie parezca hacer nada al respecto.

Hagamos una secuencia de hechos. En enero, dos extrabajadoras de las mansiones del cantante en República Dominicana y Bahamas le denuncian ante la Fiscalía por trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores y lesiones. El Ministerio Público les concede el estatus de testigos protegidas y comienza sus indagaciones. Días después, Julio Iglesias, desde su cuenta de Instagram, revela la identidad de dos mujeres que, asegura, corresponde a las denunciantes.

Hasta la fecha, nadie ha investigado esa acción del cantante, a pesar del estatus del que gozaban las mujeres en ese momento. Lo que sí hace la Fiscalía es archivar el caso: no entra al fondo del asunto pero asegura que España no es competente para investigar esos hechos, una decisión discutida por distintos expertos y expertas. El abogado de Iglesias inicia un procedimiento contencioso-administrativo para conseguir acceso a la denuncia y a todo el expediente de la Fiscalía. Lo gana y toda la información, también las indagaciones preprocesales del Ministerio Fiscal, pasa a estar disponible para la representación legal del cantante.

La semana pasada, Laura y Rebeca, representadas por la organización Women's Link, vuelven a buscar justicia: presentan una querella en la Audiencia Nacional por los mismos delitos. Días después de esa presentación, en la que las mujeres también piden protección, este miércoles la página web Okdiario publicaba el vídeo de la declaración que una de ellas hizo ante la Fiscalía en enero, cuando era testigo protegida. Aunque la imagen de la mujer aparece pixelada, en el vídeo puede escucharse su voz. La investigación publicada por elDiario.es y Univision protegió la imagen de las dos mujeres pero también la voz para evitar su identificación: se sustituyó por doblajes literales.

A la espera de lo que haga el juez, Rebeca y Laura atraviesan esa contradicción del sistema de la que nadie se hace cargo: denunciaron, pero, de momento, nadie investiga; denunciaron, pero se han revelado datos personales e información que permite identificarlas, sin que parezca haber consecuencias. Denunciaron, y aunque esa denuncia se archivó y no llegó a abrirse una investigación propiamente dicha, el denunciado ha tenido acceso a todo el expediente, mientras ellas siguen esperando a que la justicia española las escuche.

Pronunciar un lema es fácil, sostenerlo es mucho más complicado. Para hacerlo, la justicia y la protección deben ser efectivas. Si no, instar a las mujeres a que denuncien es pedirles que sostengan una acusación en un mundo que dudará de ellas, que las atacará, las volverá a victimizar y les hará pagar un precio por hablar. Cuando un caso tiene una gran relevancia mediática, como sucede con el de Julio Iglesias, el proceso, para bien o para mal, se convierte en una lección para todas. Asistir a la desprotección de unas mujeres que rompieron su silencio a pesar de tenerlo todo en contra es el mejor estímulo para permanecer en silencio. Y es lo que buscan quienes instigan los ataques.

“Los jueces pueden admitir la querella porque son competentes para conocer de este asunto. En Derecho muchas veces las cosas son discutibles, pero en este caso concreto hay una base clara para que los tribunales españoles sean competentes para iniciar un procedimiento”, asegura la catedrática de Derecho Penal de la Universitat de València Lucía Martínez Garay. La experta subraya que el caso cumple con los requisitos que marca la ley para ser investigado en España: los hechos se atribuyen a un ciudadano español, son considerados delito tanto en los países donde se produjeron como aquí, y no han sido investigados en ningún otro lugar.

Mercedes García Arán, profesora de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, Juan Antonio Lascuraín de la Universidad Autónoma de Madrid, o Victoria Rosell, magistrada y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, también piensan que la Fiscalía se equivocó al archivar el caso y consideran que España es competente.

El juez en el que ha recaído el caso, Antonio Piña, ya ha emitido una resolución en la que pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre si su juzgado es competente para investigar los hechos, un procedimiento habitual. Será la misma Fiscalía que archivó en enero la que elabore ese informe, que no es vinculante para el juez, quien tiene la última palabra.

Hola,

¿Cómo ha ido tu verano? Volvemos al cole, que es una manera de decir que volvemos a las rutinas, al trabajo, a las citas más o menos programadas, y que dejamos atrás la espontaneidad del verano y de las vacaciones y de los fines de semana en los que que te escapas o de los días entre semana que te acuestas más tarde porque todo se alarga.

Pero volver al cole es también, literalmente, volver al cole y empezar las clases. Las crías y críos anhelan las vacaciones de verano, las madres y padres, las temen. Y, así, cuando empieza septiembre y vuelve la escuela, los papeles se invierten: las familias anhelan el regreso de la 'normalidad' de las clases, niñas y niños, no tanto o no siempre. Pensaba yo estaba semana en el alivio de muchos adultos ante esta semana de inicio de curso, y entonces me descubrí sintiendo, sobre todo, rabia, y nada de alivio.

¿Por qué sentimos alivio? Porque el equilibrio entre trabajar y cuidar es imposible. Porque una época como el verano se convierte en una montaña rusa en la que buscas la manera de cuidar y entretener a tus hijos mientras tú tienes que seguir produciendo. Porque en este mundo los cuidados siempre tienen que adaptarse al empleo y el empleo nunca a los cuidados. Y entonces vivimos asfixiadas una época en la que podríamos tener más tiempo para estar con las y los peques.

Así que además de alivio podríamos sentir rabia: rabia porque nuestras vacaciones no tengan nada que ver con las suyas, porque no haya más campamentos públicos, porque no tengamos en marcha una reducción general de la jornada sin reducir sueldos, porque las empresas no tengan programas ambiciosos de corresponsabilidad.

Luego, viene la preocupación por la crisis de natalidad, por el retraso de la edad de maternidad y los problemas de fertilidad. Y surge la congelación de óvulos como medida estrella. Ha sido una de las conversaciones del final del verano, a raíz del acuerdo que la Federación de Fútbol está a punto de cerrar con una clínica privada. El problema vino, más bien, de extrapolar una medida que han pedido las futbolistas al resto de la población.

Porque la congelación puede aliviar a algunas mujeres, ayudarlas en un momento vital. Pero no resuelve ninguno de los factores de fondo que están detrás de que se esté posponiendo la maternidad: la falta de estabilidad laboral, que llega (si llega) muy tarde, la precariedad, la penalización económica que aún supone la maternidad para las mujeres, la certeza de que conciliar es tremendamente difícil y se hace a costa del tiempo y la vida de las mujeres, o la falta de compañeros corresponsables.

Puede que el alivio que mucha gente siente esta semana tenga que ver precisamente con todo esto. Ahí es donde deberíamos mirar.

Querella contra Julio Iglesias

En los últimos días ha pasado algo importante en el caso Julio Iglesias. Las extrabajadoras que le denunciaron en enero ante la Fiscalía acaban de presentar una querella contra él en la Audiencia Nacional por los mismos delitos: trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones abusivas, lesiones y trato vejatorio.

En enero, la Fiscalía archivó el caso sin entrar al fondo del asunto porque entendió que España no tenía competencia para juzgar esos hechos cometidos en el extranjero, una decisión que fue muy discutida por algunas voces expertas. Pero el caso nunca llegó ante un juzgado, que es lo que sucederá ahora: será el juez el que decida si España puede investigar.

Te dejo por aquí una entrevista a la catedrática Lucía Martínez Garay: “Los jueces pueden admitir la querella contra Julio Iglesias porque sí son competentes”. Y otra a una de las abogadas y a la directora de Women's Link, que representan a Laura y Rebeca, y que explican por qué la justicia española debe investigar y en qué consiste esta acción judicial.

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Hasta siempre, Gloria

Se nos ha ido Gloria Steinem, un icono feminista, una voz que impulsó el movimiento en los años 60 y 70 y que se convirtió en una referente por derecho propio. Steinem fue una de las primeras periodistas feministas contemporáneas que se reivindicó como tal y que combinó su reporterismo y su escritura con un activismo que enriqueció sus textos con nuevos enfoques y aportaciones. Esos textos e ideas fueron, a su vez, combustible para el feminismo que emergió en esas décadas.

Hasta el final siguió organizando encuentros en su casa para que las mujeres hablaran y se escucharan. Deja un montón de frases memorables pero, sobre todo, un trabajo, una escucha y un legado que merece la pena seguir compartiendo.

Ana

El pasado jueves, la organización internacional Women's Link, en representación de las extrabajadoras de Julio Iglesias Laura y Rebeca, presentó una querella contra el cantante en la Audiencia Nacional por delitos laborales y sexuales. Tras el archivo de la Fiscalía en enero, que no entró al fondo del asunto y consideró que España no es competente para investigar estos hechos, las extrabajadoras inician ahora una nueva vía para buscar justicia.

La directora ejectiva de Women's Link, Jovana Ríos, y la abogada Clara Serra Baiget, explican en qué consiste esta nueva acción judicial.

¿Por qué Women's Link, en representación de Laura y Rebeca, presenta ahora esta querella?

Rebeca y Laura solicitan a la justicia española y concretamente a la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional que investigue y enjuicie hechos que describen en su querella y que habrían ocurrido en 2021 en residencias del cantante español Julio Iglesias, ubicadas en las Bahamas y en la República Dominicana. Ellas están presentando esta querella ahora porque el decreto de la Fiscalía que archivó su denuncia inicial solo estableció que la investigación no procedería. Sin embargo, ese mismo decreto también establece que esa decisión no tiene efectos de cosa juzgada, que en términos legales significa que no se han juzgado los hechos por un tribunal o tomado una decisión final, ni se ha resuelto sobre el fondo del asunto. Además, el decreto también menciona que Rebeca y Laura podrán reproducir su denuncia ante los órganos judiciales que correspondan. Eso es lo que ellas han elegido hacer ahora.

¿Hay alguna diferencia entre la querella que presentan ahora y la denuncia de enero ante la Fiscalía?

Esta acción legal es distinta a la presentada el 5 de enero de 2026 ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En esa ocasión, Rebeca y Laura solicitaban que fuera el Ministerio Fiscal español el que iniciara una investigación de los hechos denunciados. Lo que se presentó el jueves es una acción legal liderada por ellas, donde participarán activamente del procedimiento (podrán pedir diligencias, intervenir) pero también les permitirá acceder a medidas de protección específicas mientras son acompañadas en su búsqueda de justicia.

¿Cuál es el contenido de esta querella?

La querella sostiene que el querellado habría aprovechado la situación de vulnerabilidad de ambas mujeres para captarlas, trasladarlas y alojarlas bajo un clima de intimidación constante, con el propósito de imponerles condiciones laborales forzadas y degradantes, así como someterlas a acoso y agresiones sexuales continuas. Los hechos descritos por las querellantes podrían constituir delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre; delitos contra la libertad y la indemnidad sexual; lesiones; trato degradante; y delitos contra los derechos de las trabajadoras por la imposición de condiciones laborales abusivas.

Esta acción legal es distinta a la presentada el 5 de enero de 2026 ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. en la que Rebeca y Laura solicitaban que el Ministerio Fiscal español iniciara una investigación. Esta es una acción legal liderada por ellas, donde participarán activamente del procedimiento

Los hechos denunciados también podrían constituir vulneraciones de derechos humanos recogidas en tratados internacionales ratificados por España tales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Convenio para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Protocolo de Palermo, el Convenio de Varsovia de lucha contra la trata de personas, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y su Resolución 201.

¿Por qué incluyen ahora el delito de trato degradante que no estaba presente en la denuncia de enero?

Sin perjuicio de cualquier otra calificación jurídica que pudiera corresponder a juicio del órgano de instrucción, los testimonios de Rebeca y Laura incluidos en la querella describen humillaciones reiteradas y actuaciones vejatorias, abusando de una situación de superioridad y menoscabando la integridad moral, que podrían ser encuadrables en el delito de trato degradante previsto en el artículo 173.1 del Código Penal.

¿Por qué se optó entonces por esa vía, la de acudir a la Fiscalía, y no por esta que toman ustedes ahora, presentar directamente la querella?

Son vías legales distintas. En un inicio se esperaba que fuese el Ministerio Fiscal español quien iniciara la investigación por los hechos denunciados por Rebeca y Laura. Rebeca y Laura son quienes tienen la autonomía para decidir cómo y en qué términos avanzar en su búsqueda de justicia, y esta nueva vía responde a esa decisión. Al principio, Rebeca y Laura vieron en el Ministerio Fiscal español la posibilidad de que actuaran como intermediarios en su búsqueda de justicia. Con la nueva querella, ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Rebeca y Laura liderarán el proceso y participarán activamente en él.

¿Cuál es la diferencia entre una vía y otra?

A nivel técnico, la querella requiere una mayor precisión técnico-jurídica, con una exposición de los hechos mucho más concreta y detallada. Además, exige representación legal y, por regla general, la intervención de abogado/a y procurador/a. Sin embargo, la diferencia fundamental entre denuncia y querella radica en quién ejercita la acción y qué posición ocupa dentro del procedimiento: mientras que la denuncia consiste principalmente en poner unos hechos presuntamente delictivos en conocimiento de la autoridad, la querella supone el ejercicio formal de la acción penal y permite al querellante intervenir como parte en el procedimiento.

Piden medidas de protección para Laura y Rebeca, ¿por qué y cuáles podrían ser esas medidas?

Rebeca y Laura nos han expresado que temen por represalias. Por tanto, hemos solicitado de forma urgente medidas de protección para salvaguardar su identidad e integridad, especialmente porque las desigualdades de poder entre el querellado y las querellantes son un factor que debe ser tenido en cuenta por las instituciones. Cuando existen diferencias significativas de influencia, recursos o exposición pública, los mecanismos de protección adquieren una importancia aún mayor para garantizar un acceso efectivo a la justicia.

Hemos solicitado de forma urgente medidas de protección para salvaguardar su identidad e integridad, especialmente porque las desigualdades de poder entre el querellado y las querellantes son un factor que debe ser tenido en cuenta por las instituciones

Concretamente, hemos solicitado la anonimización de datos personales que permitan su identificación directa o indirecta, tanto de ellas como de sus familiares y de los testigos; así como que se prohíba al querellado aproximarse a las querellantes en el lugar donde residan, trabajen o frecuenten. También la prohibición de comunicarse con ellas por cualquier medio, ya sea telefónico, correo electrónico, redes sociales, etc.; todo ello tanto de manera directa como a través de terceras personas.

La Fiscalía archivó el caso porque entendía que España no tiene competencia para investigarlo, ¿están convencidas de que España puede juzgar este caso? ¿Por qué? ¿Por qué España debe investigar?

Women's Link y personas juristas y académicas de gran prestigio en España sostenemos que los tribunales españoles sí tienen jurisdicción y competencia para actuar en este caso, por tres razones principalmente: en virtud de la nacionalidad del querellado (principio de personalidad activa), por la naturaleza de los delitos (principio de jurisdicción universal) y por estar incluidos ellos en tratados internacionales ratificados por España.

La legislación española plantea el principio de territorialidad –previsto en el artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)– como criterio para determinar la jurisdicción, pero coexiste con otros principios que permiten investigar y perseguir presuntos delitos cometidos fuera del territorio nacional siempre que se den una serie de circunstancias que entendemos concurren, todas ellas, en el presente caso.

Ni en República Dominicana ni en Bahamas existen las condiciones mínimas para garantizar a las denunciantes seguridad, protección efectiva e investigación diligente conforme a los estándares internacionales de derechos humanos

En primer lugar, España puede ejercer jurisdicción por la nacionalidad española del presunto autor, siempre que se cumplan requisitos como que la víctima presente querella, que no haya sido investigado o juzgado el mismo hecho en otro país y que exista la doble incriminación, es decir, que los mismos hechos estén también tipificados en los países donde ocurrieron.

En segundo lugar, España puede conocer de determinados delitos que, por su gravedad y naturaleza, están previstos en convenios internacionales, como los relativos a la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica o la trata. Finalmente, en virtud del derecho internacional vinculante para España (art. 23.4.p de la LOPJ) también existe jurisdicción española cuando los hechos pueden constituir vulneraciones de derechos humanos previstas en tratados internacionales ratificados por el Estado español.

¿Por qué no han acudido a República Dominicana o Bahamas, lugares donde ocurrieron los hechos?

Principalmente, sostenemos que esta acción puede y debe investigarse y enjuiciarse en España. En segundo lugar, tras nuestros análisis y experiencia y teniendo en cuenta las voluntades de Rebeca y Laura, hemos concluido que en ninguno de los dos países existen las condiciones mínimas para garantizar a las denunciantes seguridad, protección efectiva e investigación diligente conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Por eso no se presentó la denuncia en esos foros.

¿Es posible judicialmente que, aunque la Fiscalía ya sentara su criterio, un juez de la Audiencia Nacional considere que sí puede juzgarse?

Por supuesto, legalmente un tribunal puede determinar que el caso sí puede juzgarse en España. Es justo el órgano judicial el competente para decidir sobre la jurisdicción y competencia, no el Ministerio Fiscal. La potestad jurisdiccional corresponde en exclusiva a los Tribunales en virtud del artículo 117.3 de la Constitución española.

¿Con qué apoyos cuentan?

Rebeca y Laura cuentan con el apoyo de una gran cantidad de personas juristas y académicas de gran prestigio, así como de muchas organizaciones de derechos humanos tanto en España como en América Latina y el Caribe, que han expresado su solidaridad con su proceso legal y de búsqueda de justicia. Ellas también han recibido muchísimo apoyo social para que los hechos que alegan sean investigados.

¿Por qué es importante este caso?

La querella interpuesta por Rebeca y Laura podría mirarse dentro de un panorama más amplio en cuanto a lo que podrían estar enfrentando miles de trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe y en Europa: un sector profundamente feminizado, racializado y precarizado, donde las relaciones de poder pueden facilitar distintas formas de violencia y explotación.

La querella interpuesta por Rebeca y Laura podría mirarse dentro de lo que podrían estar enfrentando miles de trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe y Europa: un sector profundamente feminizado, racializado y precarizado, donde las relaciones de poder pueden facilitar distintas formas de violencia y explotación

Lo que Rebeca y Laura denuncian importa tanto por ellas como por todas las trabajadoras que podrían enfrentar violencias. Su querella invita a reflexionar sobre cuáles son las condiciones necesarias para que todas las trabajadoras remuneradas del hogar puedan realizar su trabajo con dignidad, libres de violencias, y con la garantía plena de sus derechos.

Julio Iglesias ha amenazado con denunciar a Rebeca y Laura y a Women’s LInk por denuncia falsa, ¿han recibido alguna notificación?

Women’s Link no ha recibido ninguna notificación legal con acusaciones sobre una denuncia falsa. El acompañamiento legal que estamos dando a las querellantes responde al legítimo derecho de toda persona a ser representada legalmente y acceder a la justicia. Entendemos que las demandas contra el interés público (los llamandos SLAPPs) representan un riesgo que se monitorea constantemente.

Más allá de las distintas posiciones sobre el caso, creemos que el punto central es que la querella de Rebeca y Laura, que alega hechos tan graves, merece una investigación por parte de las autoridades competentes, y que quienes denuncian deben poder hacerlo con garantías de protección y seguridad.

Las dos extrabajadoras de Julio Iglesias que el pasado enero denunciaron al cantante ante la Fiscalía por delitos laborales y sexuales han presentado este jueves una querella contra él en un juzgado de la Audiencia Nacional, según ha anunciado en un comunicado Women’s Link, la organización que las representa. La querella de Rebeca y Laura (nombres ficticios para proteger su identidad), que trabajaron en las mansiones de Iglesias en República Dominicana y Bahamas en 2021, le acusa de varios delitos: trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones abusivas, lesiones y trato vejatorio.

“Según sus testimonios, el querellado habría aprovechado su posición de poder y su situación de vulnerabilidad para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades, en un clima de intimidación constante. De acuerdo con la querella interpuesta, Rebeca y Laura describieron que Iglesias las habría sometido a situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas y les habría impuesto condiciones laborales forzadas y degradantes”, dice la organización en el comunicado.

Rebeca y Laura han solicitado acceder a medidas de protección específicas “mientras son acompañadas en su búsqueda de justicia”. “Ahora, un tribunal especializado será el encargado de revisar la información puesta en su conocimiento para determinar si inicia una investigación, respetando todas las garantías legales para acceder a la justicia, a la reparación y a la no repetición, según corresponda”, prosigue Women's Link.

En enero de 2026, Laura y Rebeca interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la cual fue archivada diez días después de anunciar la apertura de diligencias y sin entrar al fondo del asunto. El Ministerio Público concluyó que no podía seguir adelante con el proceso por la “falta de competencia” de los tribunales españoles para juzgar los hechos, una decisión que fue discutida por expertos juristas. Sin embargo, esa decisión no se extiende automáticamente a un procedimiento judicial, puesto que el caso nunca llegó a estar en un juzgado: ahora será el juez al que se le asigne la querella el que decida si España tiene competencia para investigarlo o no.

La querella que ha presentado Women's Link ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) incluye el mismo relato de hechos y la misma calificación de delitos que ya se presentaba en la denuncia ante la Fiscalía, aunque con un añadido: un delito de trato degradante. El texto recoge también una amplia recopilación de jurisprudencia para reforzar la tesis de que la justicia española sí es competente para indagar estos hechos.

“Rebeca y Laura esperan que se adopte una interpretación amplia, comprometida con la protección de sus derechos, en línea con la opinión de personas juristas y académicas de reconocido prestigio que confirman la jurisdicción de los tribunales españoles”, asegura la organización en su comunicado.

Como parte de una investigación periodística publicada en enero por elDiario.es y Univision Noticias, estas dos mujeres aseguraron que Iglesias las agredió sexualmente en un ambiente de control e intimidación continuo mientras trabajaron para el cantante en 2021 en régimen interno en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. Las extrabajadoras contaban que el cantante las presionaba para mantener encuentros sexuales y describen penetraciones, tocamientos, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Según sus relatos, recibían insultos y humillaciones durante su jornada laboral.

La decisión de la Fiscalía

La Fiscalía decidió no investigar los hechos denunciados al entender que los tribunales españoles carecen de jurisdicción porque ocurrieron exclusivamente en el extranjero y no se daban los “vínculos” que exige la ley para que la Justicia española pueda intervenir, a pesar de que Julio Iglesias tiene nacionalidad española. La decisión fue discutida por juristas y catedráticos, que entendían que España sí tiene competencia para investigarlo.

Women’s Link sostiene que los tribunales españoles tienen jurisdicción y competencia para actuar en este caso bajo el amparo del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual permite investigar y perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España.

Las abogadas se apoyan, además, en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España. Estos serían el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención contra la Esclavitud, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, la Convención contra la Tortura, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Social Europea, el Convenio 169 de la OIT y su Resolución 201.

La decisión de la Fiscalía se produjo sin atender tres diligencias clave solicitadas por Women's Link Worldwide, la organización que asesora legalmente a las denunciantes. Según fuentes del caso, las abogadas habían hecho llegar a la Fiscalía tres escritos. En uno pedían medidas contra la difusión de información por parte del cantante de quien él identificaba como las denunciantes. En el segundo aportaban más evidencia para reforzar la idea de que podía aplicarse la jurisdicción española. En un tercero pedían que se tuvieran en cuenta nuevas informaciones que vinculaban la causa con España. Ninguno de los tres obtuvo respuesta.

En un primer momento, las abogadas de Laura y Rebeca optaron por denunciar ante la Fiscalía para no asumir en solitario la presentación de una querella. Después del archivo de la Fiscalía, presentan ahora personalmente esa querella ante la Audiencia Nacional.

El asunto de la jurisdicción

La catedrática de Derecho Penal en la Universitat de Valencia Lucía Martínez Garay aseguraba tras conocer la decisión de la Fiscalía que los tribunales españoles “sí son competentes”. Así lo establece, dice Garay, el principio de personalidad activo recogido en el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este precepto dispone que “conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminales responsables fueren españoles” (…) y que concurran ciertos requisitos: que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los tribunales españoles y que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero.

Garay señalaba que Iglesias es español, que los hechos son también punibles en República Dominicana y Bahamas –donde se produjeron– y que el cantante no ha sido juzgado ni, por tanto, condenado, absuelto o indultado.

El catedrático de Derecho Penal de la Univesidad Autónoma de Madrid Juan Antonio Lascuraín también defendía en un artículo en El País que España tiene jurisdicción para investigar las acusaciones contra el cantante. Si bien los jueces penales, explica, no se ocupan de instruir todos los casos con independencia de dónde se hayan cometido y quién sea el autor, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sí se compromete a juzgar los delitos cometidos por españoles en el extranjero “si la conducta es también delictiva allí donde se produjo y no ha sido aún juzgada”.

Desde el año 2014, prosigue, el principio de justicia internacional exige “una determinada conexión con España” para que nuestro país pueda conocer esos hechos. “¿No es acaso español –‘el más universal’, dice el tópico– y no son acaso la agresión sexual y la trata de personas que se le atribuyen delitos en la República Dominicana, sin que el imputado haya sido ya ‘absuelto, indultado o penado en el extranjero?”, se pregunta Lascuraín, que asegura que la Fiscalía llamó “interpretación restrictiva de la ley a lo que no es sino su desobediencia” y se apoyó en precedentes en los que sí era evidente que faltaban requisitos para poder juzgar los hechos en España.

La investigación periodística

Durante tres años de investigación periodística, elDiario.es y Univision Noticias contactaron con 15 extrabajadores de Julio Iglesias, incluyendo personal doméstico y otros profesionales especializados que trabajaron en distintos periodos, entre finales de los años 90 y 2023, en las casas del cantante en República Dominicana, Bahamas y España. En estas entrevistas se describieron las condiciones laborales en las residencias, y hablaron de aislamiento, conflictos, trato degradante, salarios insuficientes y un clima de tensión ambiental generado por el carácter irascible de Iglesias.

Al menos en dos de estas entrevistas afloraron otros relatos en los que las extrabajadoras describían situaciones de acoso y agresiones sexuales. Los testimonios de estas dos mujeres fueron consistentes y estables a lo largo del tiempo, y la investigación periodística los contrastó con abundantes pruebas documentales, como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos.

Los hechos que relatan Rebeca y Laura tuvieron lugar en las residencias de Julio Iglesias con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal, según afirman estas dos extrabajadoras. Una encargada gestionó también la realización de reconocimientos médicos a las trabajadoras del servicio doméstico, que incluían exámenes ginecológicos y pruebas de enfermedades de transmisión sexual y embarazos. Esta encargada no contestó a las preguntas que le realizó este medio.

Periodistas de elDiario.es y Univision Noticias se pusieron en contacto en repetidas ocasiones y por diferentes vías con Julio Iglesias y con su abogado, sin obtener respuesta a las preguntas que estos medios le hicieron llegar por email, mensajes telefónicos y cartas entregadas en sus residencias. En un comunicado público posterior a la publicación de la primera de las informaciones, el cantante ha negado “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

En el mes de febrero, Rebeca denunció a la policía del país en el que reside que ha estado vigilada por un detective español tras la presentación de su denuncia ante la Fiscalía y la publicación de los reportajes.

Gloria Steinem, una de las voces feministas más relevantes de las últimas décadas, ha muerto a los 92 años en su casa de Nueva York, tal y como ha anunciado su fundación este jueves. Steinem fue una de las primeras periodistas feministas contemporáneas que se reivindicó como tal y que combinó su reporterismo y su escritura con un activismo que enriqueció sus textos con nuevos enfoques y aportaciones. Esos textos e ideas fueron, a su vez, combustible para el feminismo que emergió con fuerza en los años 60 y 70 para reivindicar nuevos derechos civiles. En 2021 recibió el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por su contribución a la defensa de los derechos de las mujeres.

Su fundación destaca que los casi cien años de Glora Steinem fueron “bien vividos” y que “continuó trabajando por la igualdad hasta el final”. En los últimos años, Steinem siguió escribiendo y también manteniendo encuentros y reuniones con personas invitadas en su propia sala de estar para intercambiar ideas y debatir. Su fundación ha anunciado que la voluntad de la escritora es que esos encuentros continúen y que su casa se convierta “en un centro para los movimientos de justicia social”.

Steinem (Ohio, 1934) escribió desde Nueva York para distintas publicaciones como Esquire o Cosmopolitan y cofundó New York Magazine. Su perspectiva de género la llevó, al comienzo de su carrera, a trabajar en el Club Playboy de la ciudad para escribir sobre las condiciones laborales de las mujeres que allí trabajaban. Fue en el New York Magazine donde publicó en 1969 uno de sus artículos más emblemáticos, que contribuyó a impulsar su figura: “Después del poder negro, la liberación de las mujeres”. En 1972 fundó, junto a otras periodistas, la publicación Ms, la primera revista feminista, creada y dirigida por mujeres. Su primera tirada se agotó en apenas una semana, un reflejo de esa inquietud feminista que latía fuerte en la sociedad norteamericana de entonces.

La defensa del aborto

Con 22 años, y cuando iba de camino a India para pasar una temporada allí, Steinem descubrió que estaba embarazada y decidó interrumpir voluntariamente su embarazo. Lo tuvo que hacer en la clandestinidad, pero no lo hizo en silencio. El derecho al aborto fue una de sus banderas: “Es nuestro Vietnam”.

Steinem convirtió su experiencia en material periodístico para denunciar, precisamente, las restricciones al aborto y las consecuencias sobre la vida de las mujeres. Su testimonio fue uno de los primeros que sirvió para quebrar el silencio y la doble moral al respecto y obtuvo mucha repercusión. Más tarde, Steinem dedicó su libro 'Mi vida en la carretera' (publicado en España por Alpha Decay) al médico que le practicó aquel aborto.

La dedicatoria reza así: “Este libro está dedicado al doctor John Sharpe, médico londinense que en 1957, una década antes de que en Inglaterra fuese legal practicar abortos salvo en el supuesto de que la mujer corriera peligro, asumió el considerable riesgo de ayudar a una estadounidense de 22 años que iba camino de la India. Sin saber nada aparte de que la chica había roto un compromiso en su tierra para salir en busca de un destino incierto, le dijo: 'Tienes que prometerme dos cosas. Primero, que no le darás mi nombre a nadie. Segundo, que harás con tu vida lo que te apetezca'. Mi querido doctor Sharpe (...): lo he hecho lo mejor que he podido”.

La llegada de Donald Trump al poder fue duramente criticada por Steinem. Le calificó de “accidente de la Historia” y pidió perdón por “haberlo impuesto al mundo”. “Lo que más temía Hitler es que se riesen de él, Trump también”, dijo en su discurso de recogida del Premio Princesa de Asturias.

Un feminismo inclusivo

Steinem abogó por un feminismo inclusivo e interseccional. El movimiento no estaba entonces exento de polémicas y disputas: desde la relación con el movimiento antirracista a la polémica sobre los derechos de las mujeres lesbianas y su inclusión en el feminismo. Las ideas de Steinem chocaron en ocasiones con las de otra referente del feminismo del momento, Betty Friedan, la autora de la 'La mística de la feminidad'. La altura de su pensamiento y su activismo constante fue colocando a Gloria Steinemen entre lo más granado de la intelectualidad estadounidese.

No se libró, eso sí, de los ataques machistas, del paternalismo o de la condescendencia de sus propios compañeros de oficio, periodistas y escritores. El muy venerado Gay Talese trató de desmerecerla refiriéndose a ella como “la chica guapa de la temporada”. Desde luego, su pelo largo y sus gafas de sol gruesas se convirtieron en un look icónico para el feminismo.

En los últimos tiempos, Steinem decía que había tenido que esperar muchos años a que nacieran sus mejores amigas. Era la frase con la que mostraba su entusiasmo por el rejuvenecimiento y la efervescencia del feminismo contemporáneo.

A Gloria Steinem le gustaba la tradición de encender fuegos en las laderas para iluminar el camino de los demás. Por eso, su fundación ha animado a enceder velas por ella y a evitar las flores: Steinem dejó dicho que cualquiera que quisiera honrarla con algún regalo lo hiciera en forma de donación a su fundación.

¿Cuándo ser madre? La pregunta sobrevuela a muchas mujeres que piensan en tener hijos y para las que el contexto juega en contra: la precariedad, el acceso a la vivienda, las expectativas laborales y sentimentales, una conciliación muy difícil, el miedo a la penalización que todavía hoy implica la maternidad... La Federación Española de Fútbol está ultimando un acuerdo con una clínica privada de fertilidad para que las jugadoras puedan congelar sus óvulos, tal y como contó la futbolista Alexia Putellas en una entrevista en El País. “Para mí es un avance enorme porque la federación entiende que estás sirviendo a tu país en contra de tu tiempo biológico, que no puedes parar y no puedes ser madre porque necesitas tu cuerpo para trabajar”, decía.

Pero, más allá de las deportistas de élite, con una vida profesional muy corta, y de cuáles sean sus decisiones vitales, la congelación de óvulos aparece a veces como una solución casi mágica para la crisis de fertilidad que vive España y buena parte del mundo. Aunque la vitrificación es una opción que puede permitir a algunas mujeres 'comprar tiempo', pensar en ella como algo que extender a todas como manera de 'mejorar' la situación de la maternidad y la fertilidad olvida el contexto, relega el cambio colectivo y pone el foco en el cuerpo y en la vida de cada una.

“No creo que la solución pase por normalizar congelar óvulos como medida estrella para que una mujer pueda desarrollar un trabajo en un supuesto 'mejor' momento, sino poner el foco en por qué estamos retrasando ese cambio vital. ¿Es porque no tenemos una estabilidad?, ¿es porque laboralmente nos exigen una serie de cosas que son incompatibles con la crianza?, ¿es la precariedad de los empleos y el acceso a la vivienda? Y lo más importante: ¿deseamos realmente retrasar el momento o nos lo están imponiendo?”, se pregunta la periodista Diana Oliver, autora de Maternidades precarias.

Lo que aparece como una facilidad puede ser un caramelo envenenado por muchos motivos. El avance de la reproducción asistida da, de cierta forma, más margen de decisión a las mujeres, pero entra también de lleno en una lógica —la de que tener hijos y criar parece estorbar o debe quedar siempre relegado a lo productivo— y en un contexto: sabemos que las condiciones materiales, las dificultades para conciliar, el miedo a la penalización de la maternidad o la falta de parejas corresponsables son algunos factores clave que están influyendo en las decisiones reproductivas de las mujeres. Congelar óvulos puede aliviar a algunas, pero no da respuesta a ninguno de los asuntos de fondo.

Una solución individual

Las primeras en ofrecer estos tratamientos fueron grandes empresas tecnológicas como Facebook o Apple, que allá por 2014 comenzaron a incluir la congelación de óvulos en los servicios que ofrecían a sus empleadas. Más recientemente, en 2018, cinco grandes empresas valencianas representadas en el Club de Primeras Marcas, anunciaron un acuerdo con el Instituto Valenciano de Infertilidad para ofrecer descuentos a sus trabajadoras en este tipo de tratamientos.

“Una cosa es que exista una herramienta que amplíe las posibilidades reproductivas y otra que se convierta en una especie de solución individual a un problema que en realidad es social. Si congelar óvulos se presenta como una forma de ganar libertad, deberíamos asegurarnos de que esa libertad sea real y no la respuesta a un contexto que dificulta o penaliza la maternidad”, prosigue Oliver.

El plan que la Federación Española de Fútbol presentará en las próximas semanas no es una excepción en el mundo del deporte: en los últimos años, clubes, federaciones y sindicatos de varios deportes y países han comenzado a poner en marcha medidas similares para facilitar a las deportistas el acceso a estas técnicas, cuyo coste puede estar entre 2.000 y 6.000 euros. La premisa es que los años de mayor rendimiento deportivo son, también, los años de mayor calidad de los óvulos.

La investigadora Sara Lafuente, especializada en reproducción asistida y bioeconomía, considera que la problemática de las deportistas profesionales, que alcanzan un pico profesional temprano, no es muy generalizable al resto de la sociedad. “Para el resto de profesiones el problema es aún mayor porque para optar a buenas opciones laborales a veces se espera que se dediquen en cuerpo y alma no hasta los 30 o los 35 sino hasta los 40 o los 45, quedando muy relegada la posibilidad de combinar trabajo y maternidad. Por eso, en esos casos es aún más importante no ver la congelación como una solución y ahondar en la importancia de las medidas de conciliación”, analiza.

Una técnica en auge

En la última década, las mujeres que han congelado sus óvulos en España se han multiplicado casi por 30. La técnica que lo permite, la vitrificación, se consolidó en 2010. Sin embargo, congelar ovocitos no equivale en ningún caso a un embarazo garantizado. Sara Lafuente explica que, más que garantía, es una “ayuda” para poder quedarte embarazada en unos años con unas posibilidades teóricamente similares a cuando congelas los ovocitos.

“Pero si no estás probando a quedarte embarazada ahora, no sabes si te sería fácil o no. No existen métodos de evaluación de la calidad de los óvulos, se congelan sin saber de qué calidad son ni si en ese momento están afectados por algún factor externo más allá de la edad”, dice Lafuente, que recuerda que el procedimiento exige semanas de hormonación, una intervención quirúrgica y, en el caso de acudir a ellos posteriormente, someterse a tratamientos con más hormonación y técnicas algo más intervencionistas.

“A veces funciona muy bien y otras veces no funciona en absoluto, se pierden los óvulos al descongelarse o se logran pocos embriones y estos no se implantan. En estos casos, hay personas que creen que tenían una especie de 'garantía' de poder retrasar su maternidad que de pronto se ven sin opciones más allá de optar a óvulos o embriones donados”, explica la investigadora, que señala que no es lo mismo congelar en la veintena para intentar ser madre por tus propios medios a los 30 o 35, con tus ovocitos congelados por si los necesitas, a vitrificar a los 35 para cuando tengas 42 y el resto de opciones para quedarte embarazada ya estén muy limitadas.

“Pensando en el deporte de élite, tiene sentido si se utiliza con toda la información y la cautela debida. A nivel social y en relación al resto de profesionales y la tendencia general de retraso en la edad de búsqueda del embarazo, la congelación es un parche que no resuelve, en absoluto, el problema de base, pero que puede generar alivios, si bien a veces pueden ser falsos”, concluye.

Sucedió a las afueras de Boston el 24 de enero de 2023: Lindsay Clancy, una enfermera de 35 años, mató a sus tres hijos; Cora, de 5 años, Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses, y después intentó suicidarse. El juicio, que se ha celebrado en las últimas semanas y que ha quedado ya visto para sentencia, ha tenido una enorme repercusión dentro y fuera de Estados Unidos, no solo por lo dramático del caso sino por el trasfondo que el tribunal está dirimiendo: si, como aseguran sus abogados, Clancy actuó presa de una psicosis posparto, una grave emergencia psiquiátrica de la que la mujer había dado síntomas y para la que había pedido ayuda repetidamente, sin resultado satisfactorio, o si era plenamente consciente de sus actos.

En todo el mundo, miles de activistas por la salud mental de las madres, expertas en psiquiatría y psicología perinatal y de mujeres que han sobrevivido a la psicosis puerperal señalan que este caso muestra hasta qué punto el sistema de salud mental está fallando a las mujeres que se convierten en madres y a sus criaturas.

“De repente, un caso así genera una enorme alarma, pero estos trastornos existen desde que el mundo es mundo y la realidad es que aún no los consideramos enfermedades específicas con una clasificación específica con una detección específica, a pesar de que nos jugamos la salud y la vida de madre y bebé”, asegura la psiquiatra Lluïsa García-Esteve, ex jefa de la Unidad de Salud Mental Perinatal del Hospital Clínic de Barcelona. “Si evaluáramos, diagnosticáramos, tratáramos e hiciéramos el seguimiento correcto, estos casos extremos serían totalmente evitables”.

Algo similar expresa la psiquiatra infantil y perinatal Ibone Olza, que ha actuado como perito en casos similares y que es parte del Instituto Europeo de Salud Perinatal: “El plan de tratamiento falló por completo, hay un fracaso del sistema en estos casos”.

Estos trastornos existen desde que el mundo es mundo y aún no los consideramos enfermedades específicas, a pesar de que nos jugamos la salud y la vida de madre y bebé

Lluïsa García-Esteve — Psiquiatra

Y es que Lindsay Clancy pidió ayuda en varias ocasiones. Si después de su segundo parto ya experimentó un deterioro de su salud mental, su estado empeoró después del tercero. La mujer fue a ver a una psiquiatra, que le recetó y modificó la medicación en varias ocasiones, porque Clancy no se encontraba mejor: sufría ansiedad, agitación, intensos episodios de miedo, pensamientos intrusivos e ideaciones suicidas.

Acudió también a grupos de Facebook sobre depresión y ansiedad postparto, a dos enfermeras psiquiátricas, a un programa de día en otra ciudad para atender a madres con depresión puerperal, en el que la despacharon rápidamente porque pensaron que sus síntomas tenían que ver con una sobremedicación, y hasta llamó a líneas telefónicas de prevención del suicidio. Nadie consideró que Clancy pudiera estar desarrollando una psicosis posparto.

Qué es la psicosis posparto

La psicosis puerperal es una emergencia psiquiátrica que normalmente aparece en los primeros días o semanas tras dar a luz, aunque puede desarrollarse hasta el primer año después del parto. “Estas mujeres presentan un estado alterado, con muchísima ansiedad, insomnio, sensación de desorganización conductual, con un discurso a veces incoherente, con ideas sobrevaloradas, y luego está la aparición de alucinaciones e ideas delirantes. Hay una ruptura con la realidad, empiezan a tener pensamientos o ideas mesiánicas que normalmente están relacionadas con sus bebés”, explica García-Esteve.

Su aparición aguda puede ser repentina, es decir, las alucinaciones y delirios pueden presentarse de repente, aunque esa mujer habrá padecido antes esos otros síntomas. Estos episodios traen consigo a veces riesgo de suicidio e infanticidio aunque, con una intervención a tiempo, el desenlace puede ser muy diferente.

Las expertas reclaman con urgencia la especialización oficial de profesionales en salud perinatal para que haya diagnósticos y tratamientos certeros, y para que sea posible el seguimiento estrecho de estos casos

Las mujeres que la sufren pueden ser funcionales durante buena parte del tiempo. “Puede ser una madre que aparentemente está bien y de repente está muy rara o bloqueada, puede que no hablen, son madres que pueden pensar que les quieren robar o hacer daño a su bebé, que empiezan a tener ideas que están fuera de la realidad, o que oyen voces que le hablan de sus hijos, pero a veces la madre ni llega a verbalizar que esto le está pasando”, cuenta Ibone Olza. Las estimaciones muestran que esta emergencia psiquiátrica tiene lugar en de uno a dos casos por mil nacimientos. El Instituto Europeo de Salud Perinatal puso en marcha la iniciativa psicosisposparto.org para difundir información y testimonios.

Las expertas reclaman con urgencia la especialización oficial de profesionales en salud perinatal, desde psiquiatría y psicología hasta ginecología, enfermería o pediatría, para que haya diagnósticos y tratamientos certeros, y para que sea posible el seguimiento estrecho de estos casos, que suelen requerir ingreso y medicación, pero también un acompañamiento en el tiempo. “Hay cero formación especializada reglada, si la hubiera, podríamos crear equipos, unidades... Eso es lo que necesitamos, pero parece seguir habiendo una sordera al respecto”, resume Lluïsa García-Esteve. Tampoco hay, ni en España ni en EEUU, unidades que permitan ingresar a madre y bebé, algo que las expertas ven clave para que ese ingreso sea positivo para las mujeres y no una piedra más en el camino.

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“Le contó a un psiquiatra forense que una voz le ordenó hacerlo. Su abogado ha argumentado que sufría una psicosis posparto, una condición derivada en parte de los cambios hormonales después de dar a la luz que puede dar lugar a alucinaciones, delirios, paranoia y que incluye un riesgo más elevado de suicidio e infanticidio. Me parece claro, con la evidencia presentada, que Clancy debería ser absuelta por motivos psiquiátricos. Merece clemencia porque hizo algo que no hubiera hecho de no haber estado terriblemente enferma. Aunque sabemos que los síntomas de la psicosis posparto pueden varias mucho de hora a hora, nuestro marco legal le exige al jurado determinar el estado exacto de su mente en el momento del asesinato”, escribe Michelle Oberman, una experta reconocida internacionalmente por su estudio de la maternidad, el embarazo y la criminalidad que ha indagado ampliamente en casos de mujeres condenadas por asesinar a sus hijos. Por contra, durante el juicio, la Fiscalía ha defendido que Clancy era plenamente consciente de sus actos y que el asesinato fue premeditado.

El único aspecto positivo que podemos sacar de esta tragedia es que se vuelva a poner el foco en la salud mental materna. La atención podría traducirse por fin en avances como el reconocimiento de la psicosis posparto

Meghan Clifflel — Superviviente de psicosis posparto

El caso ha hecho que muchas mujeres se lancen a compartir sus propias experiencias con la psicosis posparto. Como Meghan Cliffel, escritora y activista por la salud mental materna, que publicó su relato en el medio Slate. “Podría haber sido yo”, dice sobre Clancy. Cliffel relata que su episodio agudo de psicosis posparto sucedió cuando su segundo hijo tenía ocho meses, pero que las señales empezaron tiempo antes. “Yo solo era capaz de decir que no me sentía yo misma”, cuenta. Los prejuicios, la falta de apoyo familiar para sostener crianza y trabajo, y el desconocimiento de la pareja acerca de los trastornos mentales que pueden sufrir las mujeres en ese periodo vital hicieron que Cliffel siguiera adelante sin más con su vida.

Hasta que un viernes de diciembre, en el metro, después de su jornada laboral, esta mujer empezó a sentir que todo el mundo la miraba y a tener la convicción de que estaba siendo vigilada. Cliffel se dirigía a un encuentro con conocidos durante el que empezó a creer que se trataba, en realidad, de una secta y que la vida de sus hijas estaba en peligro. Corrió hasta su casa, donde durante horas se comportó de manera extraña: sospechaba de su marido, que no entendía su conducta.

Más tarde, se enfrentó físicamente a él para intentar llegar a sus hijas y salvarlas de lo que, en ese momento, estaba convencida de que ponía en riesgo sus vidas, hasta el punto de subir al tejado de su casa con la intención de saltar. La ayuda llegó, Meghan Cliffel fue tratada y su experiencia la convirtió en activista de la salud mental materna.

“El único aspecto positivo que podemos sacar de esta tragedia es que se vuelva a poner el foco en la salud mental materna. Si aprovechamos este momento, la atención podría traducirse por fin en avances como el reconocimiento de la psicosis posparto como trastorno —una enfermedad documentada desde la época de Hipócrates, pero que aún no figura en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales—, junto con un mayor conocimiento y una mejor atención de esta afección”, escribe Cliffel, que critica el sensacionalismo y la falta de contexto con la que este caso ha aparecido en los medios en muchas ocasiones.

Más atención

En casi todos los casos dramáticos que hemos tenido en España hubo señales antes y hubo una omisión de la atención, deberíamos tener más formación y más medios

Ibone Olza — Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal

La falta de formación especializada hace que mujeres con esta dolencia no sean correctamente diagnosticadas y que sus síntomas se confundan con depresión o ansiedad. “Si no hay un especialista que sepa cómo buscar, dónde indagar, se quedarán en otro tipo de trastornos. Es muy importante que tengamos en cuenta que el posparto es la etapa de la vida de las mujeres en la que con más frecuencia se pueden presentar la psicosis, es una etapa de alta vulnerabilidad psiquiátrica”, destaca Lluïsa García-Esteve.

Ibone Olza subraya que es importante detectar las señales para que, si aparecen, esa mujer sea atendida de manera inmediata “y nunca dejarla sola ni juzgarla”. “En casi todos los casos dramáticos que hemos tenido en España hubo señales antes y hubo una omisión de la atención, deberíamos tener más formación y más medios”, indica. La experta menciona la importancia de los “recursos intermedios”, como espacios o centros a los que las madres recientes puedan acudir si se sienten sobrepasadas, se encuentran mal o necesitan ayuda.

“La psicosis posparto remite bien si se interviene adecuadamente, aunque requiere de una intervención posterior que puede ser muy dura para las mujeres. Aunque aquí también hemos tenido casos, seguimos sin avanzar socialmente todo lo necesario en cuanto a salud mental de las mujeres, a pesar de que cada vez tengamos más evidencia sobre cómo evitar llegar a estas consecuencias”, concluye Lluïsa García-Esteve.

Aruberuto Makoto es el streamer español que hace unos días difundía en redes sociales, desde Tokio, un vídeo junto a una mujer que parecía haber bebido demasiado. Junto a ella, Makoto se dirigía al hombre que sostenía el móvil que le grababa: “Bueno, ¿te la quieres follar?, ¿le digo de ir a un hotel? Esta es gratis”. Su compañero le respondía: “Valora, rápido, es el momento. Yo la estampaba contra la pared y le daba todo lo duro del mundo”. La oleada de críticas llevaba al streamer a justificar su vídeo con una excusa: entendía que podía parecerle bestia a alguna gente, pero no se trataba de humor para todo el mundo, aseguraba, sino de “humor para hombres”.

Lo de Makoto, que en realidad se llama Alberto Alonso, es el último episodio de algo que conocemos bien, pero que sigue costando entender: existe una cultura de la violación que normaliza y justifica la violencia sexual contra las mujeres y que se sostiene, entre otras cosas, sobre tópicos repetidos, también, a base de humor y costumbrismo.

Conscientemente o no, Makoto apela en el vídeo a algunas de las ideas centrales que aún sostienen esa cultura de la violación: la deshumanización de las mujeres, la falta de empatía hacia nosotras o la concepción de que somos, no tanto sujetos, sino objetos de los que valerse y a los que manipular para conseguir un fin. Los tambaleos de la mujer que aparece en el vídeo, la falta de control sobre su cuerpo y sus palabras no son síntomas que Makoto y su acompañante interpreten como una señal de que estaría bien ayudarla, sino como el pitido que les permite iniciar una 'caza'.

El vídeo parte de una suposición que sigue hoy ampliamente aceptada: hombres y mujeres somos naturalmente diferentes. Ellos poseen un deseo voraz e incontrolable; nosotras deseamos menos y nuestro valor depende, fundamentalmente, de dos cosas: de nuestra belleza y de nuestra resistencia a la voracidad masculina, de lo 'difíciles' que seamos. Para los hombres de este vídeo, la mujer a la que tienen delante es, precisamente, una presa fácil: puede que fuera descartada para otros objetivos, pero su estado la hace ideal para que ellos puedan cumplir con ese estereotipo masculino de hombre que debe tener sexo por encima de todo, incluso por encima de la conciencia, la voluntad y el bienestar de las otras.

Así, ese humor “para hombres” del que habla Aruberuto Makoto apelaría a esa identidad masculina que encontraría en esa 'gracia' la complicidad necesaria para seguir reproduciendo esas conductas y sentirse a salvo. Ellos no son acosadores ni violadores, no son ni siquiera machistas, solo son hombres con un humor no apto para todos los públicos. Si no te ríes y, contrariamente, les señalas, el problema es tuyo y no suyo: no lo entiendes, eres aburrida, una censora, una Charo, una exagerada. Su mensaje nunca es el problema.

Este no es ni mucho menos el primer ejemplo sonado. Allá por 2017 el humorista Jorge Cremades utilizaba la misma idea: “¿Vas borracha y estás sola? Me la pido”. En una entrevista posterior llena de declaraciones machistas, Cremades se defendía: “En ningún momento se me pasa por la cabeza una violación. Ni del palo”. Más recientemente, otro streamer, El Xokas, contó que sus amigos se mantenían sobrios y se acercaban a chicas bebidas para ligar y “llevarse a pibas que estaban colocadas”. “Una tía que generalmente te vería como un cuatro te ve como un siete porque está colocada. Entonces es mucho más fácil. Tú encima estás sereno, mides perfectamente tus palabras... A río revuelto, ganancia de pescadores. Cada uno que utilice la técnica que le salga de los cojones, me parece de puta madre”.

A ninguno de ellos se le pasa por la cabeza una violación y ese ha sido y sigue siendo precisamente el problema: no entender como agresión sexual lo que sí lo es. En la última década, la violencia sexual ha salido del armario y una de las tareas principales ha sido dejar de estereotipar tanto las violaciones como a los violadores. La mayoría de las agresiones no las cometen desconocidos en un callejón oscuro, sino que suceden en casas y son perpetradas por parte de conocidos, muchas veces durante encuentros que, al comienzo, son consentidos.

Lo que en los últimos años hemos llamado sumisión química se parece mucho más al 'humor' de Aruberuto Makoto, de Jorge Cremadres o El Xokas que a lo que le sucedió a Gisèle Pelicot. Y no porque el caso de Pelicot no se repita, sino porque en muchísimos casos, lejos también del estereotipo del hombre que droga secretamente para violar, hay mujeres que consumen voluntariamente alcohol o sustancias y que se encuentran con varones que se aprovechan de esa circunstancia para agredirlas. Varones que no se sienten violadores, solo hombres en posesión de ese deseo desmedido que ven legítimo satisfacer con mujeres que no están en plenas facultades para decidir lo que quieren hacer.

Lejos de algunas campañas institucionales, que señalan el consumo de las mujeres como el problema y que nos invitan a vigilar nuestras copas y a tener cuidado con lo que hacemos, el problema es que haya una parte de la población a la que le parezca normal y deseable abordar a personas que no saben bien lo que hacen. Retransmitir cómo dos hombres abordan a una mujer borracha por la calle sin importarles nada más que ellos mismos no es humor, ni para hombres ni para nadie, es apuntalar las ideas que hacen que agredirnos sea tan fácil.

Reglas que se retrasan o que se adelantan. Menstruaciones que desaparecen por completo o que se repiten en un mes. En las últimas semanas, cientos de mujeres han compartido en redes sociales alteraciones en su ciclo menstrual. Más allá del efecto viral —que hace que más mujeres se lancen a contar algo que también ha podido sucederles en otros momentos—, de las teorías de la conspiración o de quienes lo asocian a movimientos cósmicos, la respuesta a esa alteración puede estar en el calor extremo que estamos viviendo.

La evidencia es limitada pero existe: las altas temperaturas impactan en el ciclo menstrual. “Hay pocos estudios, pero vemos que el aumento de temperatura influye en el ciclo menstrual porque hay un aumento del estrés en el cuerpo y eso eleva el cortisol y afecta al eje de síntesis de hormonas. Eso puede favorecer esa activación del ciclo menstrual y modificarlo, alargarlo, acercarlo, hacer la regla más dolorosa...”, explica la directora del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital San Pau de Barcelona, Elisa Llurba. Cualquier factor estresante puede afectar, por tanto, al ciclo menstrual y eso incluye épocas complicadas, periodos de exámenes o altas temperaturas.

“Todo lo que activa el estrés del cuerpo aumenta la inflamación. El eje hipotálamo-hipófisis-ovarios controla el ciclo menstrual y es sensible a cualquier cambio, el estrés se percibe a nivel cerebral y se traslada a la secreción hormonal”, prosigue. Cuando las temperaturas son extremas, el mecanismo corporal de disipación del calor condiciona que haya más aporte de sangre a los tejidos “y eso en caso de la menstruación incrementa la cantidad de regla y el dolor”.

Un estudio sobre el impacto del cambio climático en la salud menstrual asegura que los fenómenos climáticos como las sequías o el calor extremo afectan al ciclo y a los patrones de sangrado. “El calor extremo puede provocar desequilibrios hormonales e intensificar los trastornos endocrinos y las infecciones del tracto urinario. Aunque la evidencia sobre las conexiones directas entre el calor extremo y el ciclo menstrual es limitada, los desequilibrios hormonales sí afectan al ciclo menstrual, provocando irregularidades, sangrados atípicos e intensificando el dolor menstrual. Además, los trastornos endocrinos (como el síndrome de ovario poliquístico y la endometriosis) y los síntomas de la menopausia pueden verse afectados por fenómenos climáticos de aparición gradual (como el aumento de la temperatura) de formas que aún no se han estudiado suficientemente”, asevera la investigación.

Estrés y ciclo menstrual

La ginecóloga Miriam Al Adib subraya que las experiencias compartidas estas semanas por tantísimas mujeres en redes tienen un “sesgo de selección”, pero destaca la existencia de estudios que ofrecen algunas respuestas a lo que está pasando.

“Si ves algo publicado y te ha pasado a ti, tiendes a compartirlo y a considerar que es verdad. Si no hay un estudio específico que haga un análisis estadísticamente bien diseñado no podemos afirmar ni negar nada. Sí podemos movernos en el terreno de la plausibilidad biológica, es decir, que haya una explicación posible: pensar que ha habido un calor extremo que podría estar relacionado con alteraciones del sueño, aumento del cortisol, deshidratación... todo eso produce estrés al organismo y el estrés influye en el eje hipotálamo-hipófisis-ovarios que regula el ciclo hormonal femenino”, afirma.

Todo lo que implica estrés físico o mental puede, por tanto, influir sobre este eje. “La regla no deja de ser la expresión de un equilibrio neuro-inmu-endocrino, todo eso está interconectado: una alteración que pueda afectar al sistema nervioso, como el estrés, puede desregular la regla, lo mismo sucede con un problema endocrino como un hipotiroidismo, o con una alteración inmunológica, como sucedió con la vacuna de la COVID”, apunta Al Adib, que fue precisamente una de las expertas que investigó las alteraciones menstruales que muchas mujeres reportaron después de haberse vacunado en la pandemia.

Lo que encontró cuando empezó a indagar fue el vacío: “Las variables de salud femenina, como la menstruación, no se pueden obviar en el mundo científico, pero es lo que ha sucedido. Con la vacunación de la COVID y las alteraciones menstruales se dijo que la evidencia científica no decía nada sobre eso... no decía nada porque no se había estudiado porque se ha impuesto una medicina androcentrista”. Finalmente, diferentes estudios mostraron que la vacuna del COVID conllevó alteraciones menstruales para un gran número de mujeres.

Al Adib reclama más investigación sobre el ciclo menstrual relacionado con diferentes variables, desde medicamentos a vacunas o factores ambientales: “Los y las profesionales bebemos de estudios y si esos estudios ya tienen esos sesgos cómo vamos a aprender y aplicar una medicina que integre realmente la salud femenina”.

No solo la regla

La evidencia que existe muestra que la exposición a altas temperaturas afecta a otros momentos clave de la vida reproductiva y hormonal de las mujeres, como el embarazo o la menopausia. “Estudiamos la evolución del embarazo en relación al ambiente tanto a nivel de contaminación, ruido o calor, y vimos que los periodos de calor elevado condicionan el desarrollo del cerebro del bebé. Hay diferencias en una zona del cerebro que se llama tálamo, que procesa la información: hay diferencias entre los fetos de las mujeres que no tuvieron tanta exposición a épocas de calor y las que sí”, explica la ginecóloga Elisa Llurba. La falta de estudios a largo plazo sobre esos niños impide saber si esa diferencia de estructura cerebral les ha afectado en su desarrollo.

“El estrés materno aumenta el cortisol de manera clara, el cortisol afecta el desarrollo fetal y el calor es un factor muy estresante, como lo puede ser el ruido o la tensión psicológica”, añade.

Llurba destaca que también afecta en menopausia: “Las mujeres que viven en zonas de altas temperaturas tienen más síntomas, cansancio, sofocos, labilidad, alteraciones en el sangrado... La menopausia afecta al centro termorregulador del organismo y cuanto más difícil es para el organismo regular la temperatura por los factores externos, más aumentan los síntomas. Las mujeres son vulnerables al calor en varias situaciones de su vida”.

La experta destaca la necesidad de conocer esta realidad para atender mejor a las pacientes y reclama seguir produciendo evidencia “para generar recomendaciones y poder tomar decisiones que mejoren la calidad de vida” de las mujeres.

“A veces, cuando te haces activista de tu propia historia y te salvas a ti misma, tienes que contar una y otra y otra y otra vez lo que te pasó. Pero quiero hacerlo para intentar que las hijas y los hijos de quienes nos van a leer no tengan que vivir lo mismo”. Habla Olimpia Coral Melo, una mujer mexicana de 36 años que, con solo 18, vio como su exnovio difundió sin su consentimiento un vídeo sexual suyo. “Se hizo público en diferentes redes sociales, en lo que mal llamamos páginas porno y que nosotras como apuesta política de defensoras digitales renombramos como mercados de explotación sexual digital. Y trascendió fronteras”, recuerda.

El daño fue enorme. Cuando quiso denunciarlo, esos hechos ni siquiera estaban tipificados como delito. Olimpia llegó, incluso, a intentar suicidarse. Con el apoyo de su madre, que lejos de juzgarla la animó a seguir adelante, esbozó el esquema de una norma que, años después, fue una realidad en México y que ha servido de inspiración para muchos otros países. Coral Melo forma parte también de la red internacional Defensoras Digitales y, en 2021, fue elegida por la revista Time una de las cien personas más influyentes del mundo.

Cuando Olimpia indagó, descubrió que no había delito que perseguir. La policía, con desprecio, la envió a su casa. Desde su encierro, buscó a otras mujeres que estaban pasando por lo mismo. Descubrió el término 'pornovenganza', un concepto ampliamente cuestionado por el feminismo: si son vídeos personales grabados para la intimidad y, además, se difunden sin consentimiento, en ningún caso puede llamarse porno.

“Recuerdo mucho que en México había una fiscalía especializada en robo de neumáticos y que no había un delito que reconociera la violencia digital. Fui híper pública, violaron mi cuerpo en Internet”, apunta Olimpia Coral, que era estudiante de Derecho. Aquellos apuntes del principio se convirtieron en la Ley Olimpia, un conjunto de reformas legales que se aprobaron primero en Puebla, su estado, y en 2021 a nivel federal. Ecuador, Argentina o Panamá han aprobado normas similares.

La Ley Olimpia es una norma integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia digital. Incluye el reconocimiento de ese concepto —el de violencia digital— e introduce dos delitos: el de ciberacoso y el delito de violación a la intimidad sexual, “que son la difusión, la producción y el almacenamiento de contenidos íntimos, sexuales reales o alterados, sin consentimiento de las personas”. En España, varias normas reconocen ya la existencia de este tipo de violencia y hay varios delitos tipificados. A comienzos de julio, el Gobierno aprobaba la ley de los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen con la que busca combatir la difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la inteligencia artificial, los conocidos como deepfakes.

Una violencia que es real

“La violencia digital es una violencia que no puedes tocar. Por ser virtual, se cree que no es real, pero también te quita la vida. Y la violencia sexual digital es como si violaran tu cuerpo sin ni siquiera tocarlo. Lo violan con cada like, con cada compartir... Los daños no solamente son psicológicos o emocionales, hay daños físicos reales. Y tiene consecuencias económicas: inviertes en esos procesos de denuncia, puedes llegar a quedarte sin empleo por la masificación de la violencia o sus consecuencias. Tiene efectos sociales porque te sientes señalada, discriminada, puedes dejar tu quehacer público o político, tiene consecuencias de censura. Viola tu derecho a la movilidad. No quieres salir, no quieres existir, no quieres caminar. Viola tu derecho a la libertad”, resume Olimpia Coral, que estos días ha estado en Madrid para participar en el curso de verano 'Resistir la reacción: política, feminismo y cooperación iberoamericana', organizado por la Fundación Carolina y la Universidad Complutense.

Y ahora mismo se sustenta, subraya, “en una economía global digital que gana dinero a través de esto”. “Es más fácil que esta entrevista no tenga tantas visualizaciones porque va a tener censura algorítmica de un monopolio de Internet al que no le gusta que hablemos de estos tema”, apunta. Frente a los términos 'ciberdelincuencia' o 'violencia online', las defensoras de las que forma parte Melo apuestan claramente por violencia digital para entender lo digital, no solo como un medio comisivo, sino como un espacio en el que las plataformas tecnológicas están ejerciendo un poder muy concreto con intereses concretos.

“Las plataformas no solo ponen el terreno para facilitar la violencia que hacen los seres humanos, programan un algoritmo patriarcal, discriminatorio... Hoy es un monopolio en donde se encuentran nuestros datos y es un problema no solamente social y político, sino económico. Esta violencia tiene un elemento muy importante de territorialización, porque trasciende fronteras, y tiene otro elemento de daño que es la perpetuación y la masificación. ¿Quién tiene en sus manos esos elementos? Las plataformas privadas. Ante esta violencia que tiene efectos extraterritoriales, debe haber acciones globales de parte de todos nuestros países”, reflexiona. Las defensoras proponen un tratado de vinculación internacional “que responsabilice a las plataformas digitales”.

Antes de la Ley Olimpia, explica Coral Melo, la violencia digital era vista “como ciberdelincuencia centrada en cuestiones económicas, financieras, en robos, problemas de identidad, fraudes bancarios o phishing”. “La propuesta que hacemos nosotras es entender la violencia digital desde la perspectiva de derechos humanos para todas las personas, pero también desde la perspectiva de género, porque aunque todos la podamos vivir no impacta de la misma manera a los hombres y a las mujeres”, explica Coral Melo, que pide entender la especificidad de ciertas violencias contra las mujeres y, sobre todo, su repercusión en un mundo patriarcal en el que las mujeres vivimos discriminaciones y violencias de manera constante a lo largo de nuestras vidas.

“Se trata de entender que no iniciamos la carrera en la misma meta. Hay que pensar en todos los derechos que nosotras hemos tenido que arrebatar, en todas las independencias a las que hemos llegado. Es entender que, por ejemplo, un legislador tiene cuestionamientos sobre su quehacer público y que una diputada, además, tiene cuestionamientos sobre su vida privada, su sexualidad o cómo se viste. O que una mujer, al iniciar su día, pensará en cómo se viste para evitar esto o lo otro. Además, dentro de esas violencias digitales existe una violencia que repercute muchísimo más a las mujeres y a las niñas, que es esa violencia sexual digital, que tiene que ver con la difusión, la producción, la tenencia, el almacenamiento de contenidos íntimos, sexuales reales o alterados con IA”, argumenta la experta, que alerta de la tendencia general a la “deshumanización” que existe en las redes sociales y en otros espacios digitales, algo perjudicial, defiende, para toda la sociedad.

Y concluye: “Violaron mi cuerpo en Internet, conozco la masificación de esos contenidos. Yo vivo todos los días con ciertas ansiedades sobre mi teléfono celular. Camino todos los días por las calles donde fui violada: Internet. Es importante entender los contextos. Como dice Rita Segato, que estamos cultivando sociedades bajo la pedagogía de la crueldad y eso está haciendo que normalicemos esa crueldad”.

“Olvídate del pisotón, has estado fantástico”. Imaginemos una entrega de las medallas a los campeones del Mundial masculino de fútbol en la que el hoy presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, se dirigiera así a Mikel Merino. ¿Su objetivo? Consolarlo por la falta involuntaria que hizo sobre el argentino Otamendi y que causó la anulación del gol de Nico Williams, un tanto que habría sido clave en ese momento. Pero España ha ganado el Mundial y Louzán quieren aliviar el peso que pueda llevar Merino sobre la espalda. Así que, por el cariño que le tiene y la euforia del momento, le planta un beso en la boca ahí, en pleno escenario, justo cuando el jugador acaba de recibir su medalla y España está a punto de levantar la copa.

Esta escena no sucedió este domingo, después que la selección masculina ganara su segundo Mundial, pero sí sucedió hace tres años, cuando la selección femenina logró su primer título mundial. Los protagonistas no fueron Louzán ni Merino sino quien ocupaba entonces el puesto del primero, Luis Rubiales, y quien falló un penalti que podía haber sido decisivo, Jenni Hermoso. Esas fueron, de hecho, las palabras que Rubiales aseguró haber dicho entonces a las jugadoras. Después, el beso. “Un piquito, ¿no?”, aseguró Rubiales que le preguntó a Hermoso en una versión de los hechos radicalmente distinta a la de la jugadora y a lo que las propias cámaras mostraron.

El beso de Louzán no sucedió porque nadie lo hubiera considerado razonable. Porque un hombre como él o como Rubiales no se hubiera sentido con la potestad, con el poder al fin y al cabo, de besar sorpresivamente a otro hombre heterosexual y, por si fuera poco, en un momento cumbre de su carrera. Pero Rubiales lo hizo y lo justificó: por la cercanía con Jenni Hermoso, por el cariño, porque ella necesitaba ese consuelo tras el penalti, por la euforia del triunfo. Ninguna de estas ‘razones’ hubiera sido entendida si el beso hubiera sucedido este domingo y no aquel agosto de 2023.

A veces basta con dar la vuelta a una situación para ver con claridad el machismo. Aunque la regla de la inversión puede no ser suficiente: besar sin consentimiento siempre está mal; cuando la situación coincide, además, con las normas de género, con la cultura dominante, el acto se convierte en una agresión a quien lo sufre y en un episodio aleccionador para todo el que lo ve. Rubiales agredió a Jenni Hermoso porque vulneró su libertad sexual, esa que se quiebra cuando alguien entra en tu espacio íntimo y corporal sin que tú quieras, pero, con o sin intención, mandaba un mensaje: a las mujeres se las puede tocar, se las puede besar o manosear, porque no es para tanto, porque es un juego o una broma, porque en realidad ellas quieren o lo buscan. Los hombres no viven desde pequeños inmersos en ese ambiente en el que son mirados, interpelados y tocados sin que nada suceda.

Quizá por eso, no hubo beso de ningún superior a ningún futbolista este domingo en Nueva York. La euforia y el cariño no sirvieron para que un hombre se sintiera con el derecho de imponerle un beso a otro. Porque ninguna de esas razones puede justificar, efectivamente, hacerlo sobre nadie.

Ni Merino ni Williams o Cucurella tuvieron que ver cómo el gran momento de sus carreras deportivas era empañado por un señor besándoles a la fuerza. Ni tienen que asistir a cómo su celebración posterior queda ensombrecida por la discusión sobre lo que ese señor les hizo o no, ni tienen que soportar que nadie cuestione la manera en la que están celebrando. No ven cómo su fútbol, sacado adelante con recursos mínimos en comparación con los de las categorías masculinas, queda reducido por un hombre que les trata con condescendencia.

La desigualdad también es esto: la posibilidad de habitar espacios y éxitos como protagonistas, sin interrupciones, sin alteraciones, sin que la atención se desvíe a otro lugar. La desigualdad son los medios distintos con los que las selecciones masculina y femenina, respectivamente, han llegado a lograr lo mismo: un Mundial. La desigualdad es vivir pendientes (o no) de que en una calle o un estadio de fútbol, un hombre se crea con el derecho de hacerte algo que tú no quieres.

Hola,

El domingo España juega la final del Mundial masculino de fútbol y esa es una de las conversaciones de hoy. No te voy a ocultar que le tengo cierto resquemor a nuestro seleccionador Luis de la Fuente. ¿Te acuerdas de ese tremendo discurso de Luis Rubiales en el que se negaba a dimitir, hablaba de “la plaga del falso feminismo” y aseguraba que ese beso (por el que ha sido condenado) fue “consentido y mutuo”? Pues Luis de la Fuente fue uno de esos hombres que aplaudió. Hay que decir que días después rectificó y pidió perdón por haberse comportado así. Le hubiera honrado más reaccionar en el momento, cuando Rubiales merecía rechazo y no respeto y las jugadoras, apoyo. Antes de que la reacción social fuera tan fuerte que finalmente Rubiales dimitiera y quedarse en el cargo de seleccionador sin pedir perdón resultara, digamos, prácticamente imposible.

Pero vayamos con Haaland. Porque Noruega no juega la final, pero Erling Haaland ha ganado mucha simpatía este Mundial. Varias voces han hablado de él como un modelo diferente de masculinidad. He estado dándole vueltas al tema porque pienso, ¿qué sabemos en realidad de este hombre? Diría que bastante poco. Y ese suele ser uno de los problemas: nos acabamos fijando más en cómo algunos hombres 'performan' esa masculinidad que en cómo la ejercen cotidianamente en espacios a los que probablemente nuestra mirada no pueda llegar.

Pero ciertamente Haaland parece tener algo diferente. Menos chulería, más amabilidad, algo de gracia, más ternura. Hay quien ha recordado cuando, ante un triunfo de su equipo, las parejas de los jugadores saltaron al campo a celebrarlo con ellos y solo él se preocupó de buscar una silla para su novia. O cuando habló de que lo normal es repartir el trabajo doméstico. Tengo que decir que eso me llevó a pensar ¡¿con qué poco nos conformamos?! Pero entiendo también el punto.

Porque estamos más acostumbradas a que los jugadores de fútbol sean referentes que, sin embargo, se ponen de lado cuando se trata de asuntos importantes. A que sean señores que se enfadan y que se enredan en tanganas. A que muestren dureza y agresividad. A que digan barbaridades contra el feminismo o participen en congresos sobre masculinidad que reivindican a los hombres de siempre.

Estamos más acostumbradas a que les imputen por delitos de violencia sexual que a que uno de ellos, uno de los que está en la cumbre, diga: “Me parece que es ridículo que en pleno 2026 los hombres sigamos creyendo que eso es una ayuda y no parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer como corresponsables de nuestra casa, de nuestra comunidad, de nuestras familias. Todos los hombres tenemos la obligación de contribuir a redistribuir ese trabajo de cuidados que históricamente ha sido depositado sobre las mujeres”.

Si Haaland ha ganado popularidad estos días es porque estamos necesitadas de más compromiso pero también de más ternura.

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Nos leemos en unas semanas

Este es el último boletín en unas semanas. Llegan vacaciones y, aunque alguna semana sí estaré por aquí, la newsletter ya volverá, seguramente, cuando llegue septiembre. Espero que para entonces sigas aquí, que puedas descansar, disfrutar o hacer lo que te dé la gana dentro de tus posibilidades.

Tengo en la mesita algunas lecturas, como el nuevo ensayo de June Fernández, 'Contenido explícito. Placer y censura en la cultura popular', o la novela de Laia Jufresa 'Wishbone'. Pero si me das tus sugerencias, me encantará, porque quiero explorar cositas nuevas que quizá se salgan de la zona de lo que suelo leer. Me apetece, además, disfrutar de lecturas porque sí, no solo de eso que parece que 'hay que' leer.

Con mis mejores deseos para tus helados, tus siestas, tus paseos y tus baños, nos 'vemos' pronto.

Ana

Quince años después de que José Bretón asesinara a sus hijos de 8 y 6 años tras el anuncio de la que era su pareja, Ruth Ortiz, de que quería separarse, el Congreso debatirá una Ley de Violencia Vicaria, un tipo de violencia machista que consiste en instrumenalizar a los hijos e hijas de las víctimas para hacerles daño, también a ellas. El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley para “visiblizar, reconocer, prevenir, sancionar y erradicar” la violencia vicaria, que implica la modificación de diez normas. No existirá un delito específico sino que la violencia vicaria será “una circunstancia agravante por razón de género” que se añadirá al Código Penal. Esta circunstancia aplicará cuando un hombre dañe a los hijos de su pareja o expareja, pero también a menores, hermanos o ascendientes estrechamente ligados a ella, así como a su actual pareja.

La Ley Integral de Violencia de Género incluirá la definición de violencia vicaria, “aquella que, con el objetivo de causar dolor o sufrimiento a las mujeres, se ejerza por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, incluso sin convivencia, sobre sus hijos e hijas o descendientes, así como sobre personas menores de edad o mayores con discapacidad sujetas a su tutela, curatela, acogimiento o guarda y custodia o a otras medidas de apoyo; sobre otros familiares o allegados menores de edad; sobre los ascendientes o hermanos y hermanas de ésta; o sobre su cónyuge o persona a la que esté ligada por análoga relación de afectividad aun sin convivencia”.

La existencia de un agravante y no de un delito específico es un cambio respecto al primer texto que llegó al Consejo de Ministros. Entonces, el anteproyecto de ley incorporaba un delito propio de violencia vicaria, aunque no solo circunscrito a la violencia machista. Se concebía como un delito contra la integridad moral que castigaba a quien “para causar daño o sufrimiento” a su pareja o expareja “cometa sobre sus hijos o personas bajo su tutela” cualquier delito violento o contra la intimidad, el honor, los derechos y deberes familiares o la intimidad. Numerosas asociaciones y expertas alertaron entonces de que esa redacción desplazaba el foco de la raíz de la violencia vicaria y podría aplicarse para otros casos que nada tuvieran que ver.

Tampoco el ministerio de Infancia y Juventud, uno de los coproponentes de la norma junto con Igualdad y Justicia, estaba de acuerdo con los planteamientos del anteproyecto. El texto, que iba a aprobarse hace meses, ha sido objeto de negociaciones entre departamentos y finalmente incorpora la violencia vicaria como agravante de género. Al ser agravamente de otros delitos, solo podrá ser aplicado en los casos en los que al condenado se le apliquen las penas de la parte alta de la horquilla.

Retirada de la patria potestad

Además de ese agravante, el proyecto contempla una nueva pena accesoria sobre quienes publiquen o difundan “mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que tengan relación directa” con el delito cometido. Se trata de una pena creada a raíz de la polémica generada el año pasado cuando la editorial Anagrama anunció la publicación del libro 'El odio' en el que José Bretón confesaba los hechos por primera vez. Entonces, la Fiscalía llegó a pedir la suspensión del lanzamiento del libro y, finalmente, la editorial renunció a publicarlo.

El proyecto incluye la retirada automática de la patria potestad cuando haya sentencia firme por un delito grave de violencia de género o algún delito grave contra los hijos. La única posibilidad de recuperarla llegará, no solo tras el cumplimiento de la condena, sino después de que se cancelen los antecedentes penales, es decir, cuando no haya reincidencia. “Un maltratador nunca puede ser un buen padre y eso tiene que tener consecuencias en el orden civil”, ha dicho la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La guardia y custodia y los regímenes de visitas también podrán suspenderse, aunque no de manera automática. La Ley de Infancia ya contemplaba este tipo de medidas, que esta norma pretende reforzar. Podrán suspenderse cuando el progenitor esté incurso en un procedimiento judicial, cuando existan indicios razonables de violencia o cuando pueda “resultar perjudicial” para la salud física, psíquica o emocional de las hijas e hijos. Los jueces tendrán margen de maniobra para razonar excepciones, algo que en la práctica está haciendo que padres incursos en este tipo de procesos obtengan custodias. Eso sí, la escucha a los menores se convierte en una obligación legal de los jueces en todos los procesos, y solo cuando sea imposible esa escucha, serán otras personas allegadas o especializadas quienes hablen en nombre de los menores.

El anteproyecto contempla la puesta en marcha de juicios rápidos para los procesos civiles (que dirimen precisamente asuntos como la guarda y custodia) cuando haya abiertos procedimientos de violencia de género. La madre superviviente podrá solicitar la restitución de los apellidos del hijo o hija fallecido y del resto de hijos, si los hubiera, para eliminar todo vínculo con el otro progenitor.

La estadística de víctimas mortales por violencia por razón de género se ampliará para incluir de manera diferenciada a hijos e hijas, a familiares o allegados, ascendientes, hermanos y hermanas de la mujer, así como a su pareja.

Hay casos que marcan un antes y un después. Han pasado diez años desde que una mujer tuvo la determinación de denunciar la agresión sexual que había sufrido por parte de cinco hombres. Ella había ido a Sanfermines a divertirse. Lo que podía haber sido un expediente más se convirtió en el caso que avivó la ruptura del silencio sobre la violencia sexual y que generó una movilización social con muchas repercusiones.

Hemos reconstruido lo que sucedió esos primeros momentos y también lo que ha pasado en esta última década. He preguntado estos días a varias personas qué supuso para ellas este caso. Porque más allá de los cambios materiales, de los grandes avances, del debate, lo que sucedió con 'la manada' impactó en lo cotidiano. En las conversaciones, en la manera en la que entendíamos algunas cosas. En el caso de muchas mujeres, fue el momento de revisar la propia historia, de poner palabras, incluso, a lo que habían vivido o de atreverse a hablar de sus experiencias de violencia sexual. En el caso de los hombres, muchos comprendieron por primera vez la envergadura de lo que intentábamos contarles, muchos reflexionaron sobre sus comportamientos o sobre lo que habían naturalizado.

Hablaba con la socióloga Beatriz Ranea sobre ese "elemento de identificación muy grande”: muchas sintieron que esa mujer podían ser ellas o sus amigas, o que lo habían sido. Esa capacidad de identificación fue clave para la movilización y el hartazgo. También es duro este ejercicio de ser conscientes de la violencia que vivimos.

Algunas mujeres me contaron que 'la manada' las ayudó, efectivamente, a compartir sus historias de violencia sexual. “Fue un cambio para todas en la manera en la que se trataba la violencia. Antes parecía que estábamos solas”, me decía Cristina (todos los nombres son ficticios). “Fue un ejercicio enorme de toma de conciencia de situaciones pasadas y de estar alerta”, añadía María. A Irene le sirvió para detectar una situación de acoso que sufría. A Elisa, “a tener empatía con quienes sufren este infierno”. También hombres me respondieron. Por ejemplo, Ignacio tomó conciencia “del nivel machismo” que había en la sociedad. Pablo relata cómo supuso un cambio en su grupo de amigos, les hizo estar todavía más alerta sobre sus propios comportamientos.

Mari Carmen me contó algo muy interesante: cómo el caso sirvió para hablar con sus hijos, de entonces 9 y 6 años, sobre consentimiento. “Salimos a la calle y yo fui a todas las concentraciones que se hicieron en mi ciudad y como siempre iba con mis hijos, al llegar a casa uno de esos días, en la cena, mi hijo mayor me preguntó: '¿qué es una violación, mamá?' Llevábamos días gritando 'no es abuso, es violación', y teníamos un cartel que decía eso. Ahí tuve claro que había que explicar esto ya, a su nivel pero de manera que entendieran qué era la violencia sexual y cómo la ejercían los hombres. Hablamos de no tocar el cuerpo de las demás sin permiso, de no hacer nada que no quieras, tampoco si lo hacen tus amigos, de cómo distinguir situaciones en las que no estamos siendo respetuosos, de empatía...”, escribe Mari Carmen.

Como dice ella misma, no fue una conversación, sino abrir una vía de conversación y diálogo que ha seguido con los años. Qué importante lo que hizo Mari Carmen y lo que seguramente han hecho muchas más en sus casas. Ir a la raíz de una manera sencilla pero que a veces parece tan complicada: hablar, también de lo que nos incomoda, también de sexo, de poder, de violencia, con los pequeños. Esa es también la manera de cambiar las cosas.

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Ana

Ana Orantes. Nevenka Fernández. Ángela González Carreño. Ruth Ortiz. Nagore Laffage. La superviviente de 'la manada'. Hay casos que marcan puntos de inflexión en la lucha contra las violencias machistas, historias que funcionan como un revulsivo social y que propician cambios de conciencia, de sentido común, de leyes y de recursos. El precio que pagan las protagonistas es muy alto, a veces la propia vida o la vida de sus hijos; su libertad sexual, el descrédito, el escrutinio público, la pérdida de intimidad o el exilio. El coste no siempre va acompañado de un cambio rápido ni, mucho menos, de la reparación de quienes sufrieron el daño o tuvieron la determinación de contarlo o de denunciar. Pero sus historias sirven para que la pelea feminista cristalice en transformaciones concretas.

“Hay casos muy significativos que han marcado nuestra lucha contra las violencias. Por desgracia, los grandes cambios en la sociedad y los legislativos vienen marcados por esos casos paradigmáticos. El gran punto de inflexión fue Ana Orantes, que abrió el camino en todos los sentidos hasta llegar a la Ley Integral contra la Violencia de Género. Es el caso que podemos comparar con el de 'la manada', porque en las dos situaciones terminó habiendo aprobación de normas y recursos especializados y un gran debate público”, reflexiona la periodista y feminista Nuria Varela, que fue directora de gabinete de la ministra de Igualdad Bibiana Aído.

El 17 de diciembre de 1997, Ana Orantes era asesinada por José Parejo, su marido. Quince días antes, Orantes había aparecido en un programa de televisión para hablar del maltrato que había sufrido por parte de Parejo durante 40 años de matrimonio. Su asesinato, tan inmediato después de su testimonio público, fue la gota que colmó el vaso: prendió la movilización social contra la violencia de género que acabó en la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género en 2004, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente y Bibiana Aído como ministra de Igualdad.

Veinte años después, el 7 de julio de 2016, una mujer de 18 años acude a Pamplona para celebrar Sanfermines. La primera noche, cinco hombres que acaba de conocer —Antonio Manuel Guerrero Escudero, Jesús Escudero, José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo y Ángel Boza— la violan en el hueco de un portal y se marchan. Dos personas que pasan por la calle ven a la mujer en malas condiciones y se acercan a ella. A partir de ahí la joven es atendida, los hombres, detenidos, y se desata una reacción social de repulsa que crecerá con los meses, conforme avanza la investigación y el proceso judicial. Esa violación marca un punto de inflexión como lo hizo el caso de Ana Orantes, pero esta vez en lo que respecta a la violencia sexual.

El contexto

“Para que un caso tome esta importancia y se convierta en un punto de inflexión tienen que ocurrir otras cosas antes”, apunta Varela. En ambos casos, existía un malestar social previo y un trabajo feminista de años para ponerle nombre, conceptualizarlo, y pedir leyes y recursos. En el caso de la violencia de género, los primeros recursos asitenciales o los primeros recuentos de víctimas llegaron del activismo feminista, mucho antes de que existiera una norma. Desde los ochenta, las feministas peleaban para sacar la violencia de género del ámbito privado.

Algo parecido sucedía con la violencia sexual, que carecía de una estrategia estatal o de recursos públicos asegurados cuando sucedió la agresión de 2016. Ocho años antes, también en Sanfermines, un 7 de julio pero de 2008, José Diego Yllanes asesinó a Nagore Laffage después de que se negara a mantener sexo con él, un caso que conmocionó a Navarra: la conciencia social creció, la conversación sobre la libertad sexual se instaló y la comunidad tomó medidas. Pocos meses antes de lo sucedido con 'la manada', el 7 de noviembre de 2015, el feminismo había salido a la calle en la llamada Marcha Estatal contra las Violencias Machistas, que movilizó a miles de personas.

La socióloga Beatriz Ranea también cree que hay momentos en los que el contexto “es propicio para el impacto y el debate” y hay casos que funcionan “como un catalizador para la transformación”. En esos contextos, algunas historias generan una identificación masiva de las mujeres, apunta: “Hay a veces un elemento de identificación muy grande con la víctima, muchas mujeres sienten que ellas mismas o que cualquiera de sus amigas podrían ser ellas”. Ana Orantes puso palabras y rostro a las historias de violencia que muchas mujeres vivían en sus casas y sobre las que pesaba un gran silencio social. La superviviente de 'la manada' hizo que muchas mujeres jóvenes se vieran reflejadas en la historia de una mujer joven que solo quería pasarlo bien y que, no solo acabó agredida, sino también culpabilizada.

Ese “impacto personal” que sintieron muchas mujeres tuvo mucho que ver en la reacción social del 'yo sí te creo'. La investigación reveló datos que soliviantaron a muchas: el chat que compartían los agresores, la manera en la que hablaban de las mujeres y de la agresión que cometieron, las grabaciones que hicieron... El juicio y la manera en la que las defensas atacaron a la mujer alimentaron todavía más la reacción social. Las mujeres que salieron a la calle clamaban contra el estereotipo de la mentirosa y la manipuladora, contra la idea de víctima perfecta, y reclamaban, por contra, el derecho a la libertad sexual, a ocupar el espacio público en cualquier circunstancia sin miedo y con seguridad.

“A veces es muy difícil identificarse como víctima y, sin embargo, lo que sucede en casos como estos es que muchas encuentran palabras para situaciones que nos atraviesan y se produce, de repente, una toma de conciencia muy fuerte”, asegura Beatriz Ranea. El discurso responsabilizador y de culpa que trató de generarse alrededor de la superviviente de 'la manada' hizo que muchas mujeres reaccionaran.

Abrir la puerta, pero no del todo

Pero no todos los casos cuyos nombres reconocemos ahora tuvieron una reacción social y política a la altura. En 2002, Nevenka Fernández consiguió que un tribunal condenara por acoso sexual al alcalde de Ponferrada Ismael Álvarez. “En ese y en otros casos importantes para la genealogía feminista lo que ocurre es que no hubo un efecto tan inmediato. Abrieron la puerta a hablar de algunos temas, pero esa puerta tardó más en abrirse de par en par, tanto en la reacción social como en la legislación”, afirma Nuria Varela.

La experta recuerda también a Ángela González Carreño: en 2003, su expareja mató a su hija durante un régimen de visitas a pesar de las 51 denuncias que ella había interpuesto por la violencia que sufrían ella y la menor. “Abrió la puerta a hablar de violencia vicaria, pero, una vez más, la puerta tardó mucho en abrirse de par en par”, apunta Varela, que menciona también el caso de Ruth Ortiz, cuyos hijos, Ruth y José, fueron asesinados por su padre, José Bretón, en 2011, después de que ella manifestara su intención de separarse.

Ellas pusieron el cuerpo, las palabras y hasta la vida para intentar hacer justicia para ellas y para las demás. La otra cara de la moneda es, siempre, el coste personal. “Los avances colectivos han tenido siempre un precio individual altísimo, en algunos casos con la propia vida. Se convierten en hitos porque primero fueron heridas y consiguieron hablar o denunciar. Pero son lecciones paradigmáticas que no deberíamos olvidar. A Nevenka le costó perder la intimidad, ser el centro del escrutinio y hasta el exilio. Frente al discurso de la denuncia, desde Ana Orantes deberíamos tener clara una cosa: cuando una mujer habla antes de que exista una estructura capaz de protegerla puede abrir camino para las demás pero no necesariamente salvarla a ella”.

“Es de esos casos que entran en tu vida personal. No puedes salir del trabajo y dejarlo encima de la mesa”. Izaskun Gartzaron es la responsable de la Oficina de Víctimas del Delito del Gobierno de Navarra. Lo es ahora y lo era el 7 de julio de 2016, el día, el primero de los Sanfermines, que cinco hombres —Antonio Manuel Guerrero Escudero, Jesús Escudero, José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo y Ángel Boza— violaron a una mujer de 18 años en el hueco de un portal de Pamplona. El caso podría haber pasado inadvertido, convertirse en un expediente más. Lejos de eso, la violación de 'la manada' funcionó como un catalizador para el feminismo y la transformación social.

La inmediata respuesta institucional, fruto de un trabajo previo de organizaciones de mujeres y de la administración, la determinación de la superviviente durante todo el proceso, el cuestionamiento y la persecución que sufrió, la manera en la que los entonces acusados y sus defensas se comportaron y las decisiones judiciales abrieron la espita del 'yo sí te creo'. En la última década, la violencia sexual ha salido del armario.

“Todas las víctimas de violencia sexual grave pasan por momentos muy críticos en los que piensan en tirar la toalla. La víctima de 'la manada' también pensó a veces en que no podía seguir adelante. Es muy habitual, por los tiempos del proceso, porque es muy victimizante, todo depende mucho de ti... Jugaron a eso, a que ella se hundiese”, recuerda Izaskun Gartzaron. Pero no lo hizo. Conforme avanzó la investigación y después el juicio, mientras arreciaban los intentos por revelar su identidad, que fue protegida desde el inicio, y las defensas trataban de culpabilizarla, con el seguimiento de detectives incluido, las calles se llenaban de mujeres, la conversación pública iba cambiando, la conciencia iba creciendo.

“El cambio ha sido radical, como pasó en su día con la violencia de género”, afirma Bárbara Tardón, una de las especialistas que más años lleva estudiando la violencia sexual y trabajando con víctimas. Tardón ofrece un dato: hace diez años, en 2016, no había políticas públicas de alcance estatal que nombraran como tal la violencia sexual ni el consentimiento estaba en el centro del debate. “Esto no estaba en la agenda política ni social, yo creo que tampoco en la feminista. A partir de 2016 empezó a virar todo”, dice.

Está de acuerdo la jurista y coordinadora de desarrollo estratégico de la organización Aspacia, Priscila Cabrera, que califica lo sucedido con 'la manada' como un “antes y un después”. “Ha habido un cambio real en la sociedad, que estaba dormida respecto a la violencia sexual. Se produjo una concienciación no solo de las mujeres sino de toda una sociedad que se indignó. Empezamos a hablar de violencias sexuales que habían estado naturalizadas y hasta socialmente aceptadas. Todo eso supuso un punto de inflexión respecto a hacer visible la violencia sexual, y las instituciones se vieron obligadas a responder a toda esa movilización”, apunta. Las dos expertas coinciden en que el foco, social y político, se había concentrado hasta ese momento en la violencia de género en la pareja y expareja, que en la última década se ha ampliado para reconocer y abordar la violencia sexual.

En otro lugar, en otro momento

Iratxe Álvarez, que aquellos años dio a menudo la cara como portavoz de la Plataforma contra la violencia sexista de Pamplona, en la que sigue militando, transmite algo de lo que el movimiento feminista navarro siempre ha estado convencido: “Siempre hemos pensado que esto no hubiera podido pasar así en otro lugar, en otro momento”. Álvarez se refiere a la rápida respuesta y coordinación policial, institucional y social que se dio y que tenía mucho que ver con un trabajo previo. Las organizaciones feministas, por ejemplo, ya tenían allí protocolos para atender casos de violencia sexual y acoso sexista en las fiestas.

“Desde el principio todo funcionó: dos personas se dieron cuenta de que a una mujer le pasaba algo y necesitaba ayuda, eso con los cuadros que vemos en Sanfermines”, relata. Esa intervención ciudadana puso en marcha todo un dispositivo que hizo que la mujer fuera atendida de inmediato y que, solo unas horas después, los cinco hombres fueran detenidos, a pesar de la afluencia masiva de personas en la ciudad vestidas de la misma manera.

Navarra contaba con recursos asistenciales y con acompañamiento especializado, “recursos por los que tanto había luchado el movimiento feminista”. La reacción social fue desbordante, cree Álvarez, porque la sociedad pudo ver lo que el feminismo llevaba años denunciando: “No era la primera agresión ni iba a ser la última, pero la gente vio casi en directo cómo sucedía todo, cómo era un proceso judicial por violencia sexual, por lo que tenían que pasar las mujeres, cómo se ponía el foco en ella... y claro, mucha gente alucinó”. La feminista no tiene duda de que ha habido “un antes y un después”, aunque ese después esté marcado por una reacción conservadora que tiene puesto el foco, precisamente, en el feminismo.

“Las calles las llenó el movimiento feminista. Conseguimos que se renombraran las cosas, que se dijera agresión sexual, que era como nosotras lo llamábamos desde hacía mucho tiempo. Ahora se entiende que un tocamiento es una agresión. Y hubo una legislación nueva”, resume Iratxe Álvarez, que no tiene dudas de que la concienciación ha aumentado enormemente. “Hemos ganado conciencia colectiva”, cree también Priscila Cabrera.

Prueba de ello son los datos. En 2015, el Ministerio del Interior registró 9.600 denuncias por delitos contra la libertad sexual. Diez años después, en 2025, el número de denuncias fue de 21.659. Es decir, en una década España ha duplicado la cantidad de denuncias por delitos sexuales, un fenómeno que las expertas atribuyen a una ruptura histórica del silencio y a la efervescencia social propiciada por las movilizaciones feministas a partir del caso de 'la manada', pero también a un aumento de los recursos para atender la violencia sexual.

Nagore y los prejuicios

La fundadora de la organización feminista navarra Lunes lilas, Tere Sáez, subraya el antecedente que permitió a Pamplona llegar a 2016 con esa capacidad de movilizar recursos y personas: el asesinato de Nagore Laffage, el 7 de julio de 2008, por parte de José Diego Yllanes, que le propinó una brutal paliza en su domicilio después de que la joven se negara a tener sexo con él. “Fue un punto de inflexión, hizo que la sociedad empezara a hablar más de este tipo de violencia y ahí comenzó un trabajo con las peñas, con la ciudadanía, con las instituciones. El discurso hasta entonces era muy paternalista y ahí empezamos a hablar de libertad sexual de las mujeres”, reflexiona Sáez, que cree que el 'yo sí te creo' se alimentó de la rabia de miles de mujeres cansadas de ser tratadas como mentirosas.

La responsable de la Oficina de Víctimas del Delito del Gobierno de Navarra, Itziar Gartzaron, conoció a la superviviente y a su familia poco después de la violación. “Cada víctima tiene su historia y sus necesidades”, dice la experta, que recuerda los esfuerzos que se hicieron para proteger a esta mujer, sobre la que la presión social y mediática llegó ser desbordante. “En lo que pudimos controlar las cosas salieron muy bien pero estábamos en un campo minado, todo el rato estallaban cosas que no podíamos controlar”, reconoce.

En ese campo minado, los prejuicios, avivados por las defensas y por el voto particular de la primera sentencia, que calificó los hechos como un “jolgorio”, se extendieron. La manera en la que la superviviente se había comportado con los cinco hombres al conocerse, los motivos que la habían llevado a denunciar, la vida que había llevado las semanas después de la agresión, o hasta la manera en la que se sentó durante su declaración en el juicio, sirvió para reproducir tópicos y estereotipos que aún existen sobre las víctimas de violencia sexual.

“La no credibilidad de las mujeres es el corazón de la cultura de la violación, que se alimenta también de ideas preconcebidas sobre lo que es la violencia sexual que llevamos arrastrando durante siglos. Está siendo más fácil conquistar algunos derechos materiales, a pesar incluso del contexto, que cambiar las representaciones culturales sobre qué es una agresión sexual, quiénes son los agresores y quiénes son las víctimas”, asevera la experta Bárbara Tardón.

En 2018, Amnistía Internacional publicaba un informe sobre violencia sexual en el estado español del que Tardón fue coautora. Concluía que la atención que recibían las víctimas dependía de su lugar de residencia: en ocho comunidades autónomas no existía un solo espacio de atención especializado y ninguna contaba con los llamados centros de crisis para atender emergencias y abiertos 24 horas. Amnistía concluía que España estaba incumpliendo “su deber de diligencia debida en el marco de la asistencia y prestación de servicios” a las víctimas.

La ley de libertad sexual, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez con Irene Montero como ministra de Igualdad, obligó a las comunidades a tener centros de crisis, equiparó los derechos de las víctimas de violencia sexual a los de las víctimas de violencia de género, eliminó la distinción entre delitos y calificó como agresión sexual todo acto sin consentimiento.

“No es abuso, es agresión”, fue uno de los lemas que el movimiento feminista sacó a las calles desde que la primera sentencia calificara los hechos como abuso con prevalimiento y no como agresión sexual. Hasta la ley de 'solo sí es sí', un delito sexual solo era considerado agresión sexual si existía violencia o intimidación, algo que quedaba a la interpretación del tribunal de turno. En el caso de 'la manada', los mismos hechos fueron calificados como violación por el Tribunal Supremo que, por unanimidad, aseguró que se trató de un “auténtico escenario intimidatorio”. La presión social consiguió que España cambiara su norma en línea con el Convenio de Estambul, el texto internacional de referencia en la materia: la ausencia de consentimiento es lo que determina que un hecho sea considerado agresión sexual.

Más allá de eso, la nueva norma consagró un nuevo entramado para prevenir y abordar la violencia sexual. “La ley consigue el derecho a la atención especializada, que hasta ese momento dependía, sobre todo, de asociaciones feministas”, constata Tardón, que recuerda otros logros, como la obligatoriedad de tomar y conservar muestras biológicas sin que las mujeres tengan que denunciar en el momento, para que puedan hacerlo más adelante si lo desean.

El derecho a volver sola y borracha

En 2016, Zaloa Basabe entró a trabajar como técnica de igualdad del ayuntamiento de Pamplona, consistorio del que hoy es la concejala de Igualdad. Formó entonces parte de un equipo que gestionó la respuesta institucional a lo que estaba sucediendo. “Para nosotras era imprescindible que el movimiento feminista estuviese integrado en el proceso de cómo recolocarnos, hubo tensiones, hubo problemas, pero también es ahí donde se genera el movimiento. Debatimos sobre cómo nombrar y señalar las violencias sexistas. Y entendimos que el ayuntamiento tenía que asumir inversión en recursos” explica Basabe, que recuerda, por ejemplo, que el consistorio empezó a hacerse cargo de los llamados puntos violetas en las fiestas, hasta ese momento gestionado en solitario por organizaciones feministas, un cambio que ha sucedido en muchas otras localidades en los últimos años.

Era más que un asunto presupuestario, era entender el derecho de las mujeres a permanecer seguras en el espacio público y a ejercer su libertad sexual y, por tanto, la obligación de las administraciones a hacerse cargo de ella. Como tantas veces gritó entones el movimiento feminista, se trataba del derecho a volver a casa solas, borrachas y seguras. Dos años después de 'la manada', la primera huelga feminista marcó un hito: la movilización había ido creciendo e incorporando reivindicaciones, también mujeres y hombres interpelados por un feminismo que quería mejorar las vidas cotidianas.

“El feminismo se transversalizó y se incorporó a la vida de chicas y mujeres, también de mujeres mayores, que han sido capaces de releer en otros términos hechos que les han sucedido, vivencias propias, también actitudes con las que convivieron y que parecían normales. La desnormalización de la violencia sexual ha sido muy importante, tanto que ha generado mucha respuesta antifeminista”, reflexiona Zaloa Basabe.

El cambio se vive en lo cotidiano y Basabe lo ha comprobado en su propia casa con sus hijas de 19, 15 y 12 años: “Han perdido mucha vergüenza a hablar, antes había más miedo a que te cuestionaran si contabas algo que te había pasado, lo pensábamos mucho más, nos costaba más identificarlo también. Ellas están perdiendo la vergüenza y esa es una conquista muy poderosa”.