El mundo asiste a unas conversaciones de paz sobre Oriente Próximo tan frágiles como determinantes para la seguridad global. La guerra en Irán emprendida el 28 de febrero de manera unilateral por Estados Unidos e Israel ha vuelto a poner al planeta patas arriba. Miles de muertos, cientos de miles de desplazados y consecuencias económicas planetarias por la deriva belicista de las administraciones israelí y norteamericana. Un contexto en el que España abandera el 'no a la guerra' como línea maestra de la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, acompaña estos días al presidente de viaje oficial a China, país al que asegura que hay que acercarse como socio comercial y como actor global ante los posicionamientos de Donald Trump. Frente a los cuales también demanda “la independencia” militar europea para actuar “sin coerciones”, mientras el secretario general de la OTAN toma parte por Estados Unidos.

Albares concedió esta entrevista a elDiario.es este pasado jueves, a las puertas de las conversaciones de paz y tras la masacre de Israel en Líbano en pleno alto el fuego. Horas después, Benjamín Netanyahu amenazó a España con pagar “un precio inmediato” por lo que considera una “guerra diplomática” del Ejecutivo de Sánchez. Y el ministerio de Exteriores israelí convocó a la representante española en el país para recibir una reprimenda por la elección de Netanyahu en la localidad malagueña de El Burgo para su 'Quema de Judas' de este año, una fiesta popular con un siglo de historia que ha valido a Israel para acusar a España de antisemitismo. Cuestionados tras la entrevista, en Exteriores se limitan, por el momento, a calificar de “acusación infundada” la respuesta de Israel, pero evitan más comentarios sobre el Gobierno de Netanyahu. A última hora de este sábado, los representantes de Irán y Estados Unidos aseguraron concluir con “optimismo” la primera ronda de negociaciones en Islamabad. Por la mañana, Israel mató a otras diez personas tras un nuevo ataque en Líbano.

¿Se puede considerar real un alto el fuego durante el cual se masacra un país como Líbano?

No, no es la mejor forma de empezar una tregua. Exigimos que en este alto el fuego se incluya al Líbano. No tiene sentido lo que vimos el miércoles. El día que se anunciaba el alto el fuego Israel lanzó el mayor ataque contra un estado soberano de manera indiscriminada. Cientos de bombas, más de 300 muertos, mil heridos. No puede ser. Esta no es una guerra del Líbano ni del pueblo libanés. El Gobierno de Líbano llevaba ya muchos meses trabajando activamente para poder desarmar a Hezbolá y para garantizar también la seguridad del pueblo de Israel evitando esos lanzamientos de cohetes que nosotros condenamos. Israel tiene derecho a su existencia en paz y en seguridad, pero exactamente el mismo derecho que tiene el pueblo libanés a un Estado en paz y seguridad.

Tras el genocidio en Gaza y la masacre en Líbano, Israel parece llevar al mundo al borde del precipicio. ¿Qué tiene que pasar para que la Unión Europea rompa el acuerdo de asociación con Israel?

Estamos ante la crisis mundial más importante de este siglo. La Unión Europea e Israel tienen un consejo de asociación que establece el respeto de los derechos humanos. Ni en Gaza, ni en estos momentos en Líbano, las acciones de Israel respetan los derechos humanos. Son violaciones flagrantes del derecho internacional. Por eso España planteó que ese consejo de asociación se suspendiera íntegramente. Y por eso lo volvemos a reclamar en estos momentos.

¿Le defrauda la connivencia o la condescendencia de las instituciones europeas con respecto a Israel?

En Europa siempre tiene que haber uno que enarbole la bandera, que avance más rápido, que lidere a los demás. En este caso está siendo claramente España. Como me dicen mis homólogos del mundo árabe y de Oriente Medio, España está salvando la dignidad de Europa con el reconocimiento del Estado palestino, con la situación en Gaza y, ahora, con Líbano o con la postura en la guerra en Irán. España fue el primero, pero rápidamente se han ido sumando todos. Lo que esperan de Europa es que defendamos el derecho internacional. La disyuntiva es: el orden mundial de paz, o el caos y el desorden. Europa tiene que estar del lado del orden de paz.

Israel tiene derecho a su existencia en paz y en seguridad, pero exactamente el mismo derecho que tiene el pueblo libanés a un Estado en paz y seguridad

En menos de 24 horas Trump pasó de amenazar con aniquilar a toda una civilización a decir que ahora estamos a las puertas de una oportunidad histórica para la paz. ¿Usted cree que estamos realmente más cerca que hace unos días de una paz mínimamente estable y duradera, o que todo sigue siendo muy frágil y peligroso?

Hemos evitado una escalada de consecuencias inasumibles para toda la humanidad, pero todavía estamos muy lejos de la paz. Hay que decir las cosas muy claras a los españoles y españolas: este es un alto el fuego muy frágil, abiertamente amenazado. Lo estamos viendo con los ataques de Israel al Líbano. He estado en muchas negociaciones diplomáticas de todo tipo. Dos semanas es muy poco tiempo, pero hay que apostarlo todo a la paz. Es la mejor oportunidad que tenemos, pero estamos todavía muy lejos de esa paz.

Dijo en su comparecencia en el Congreso que hay muchos actores interesados en que esa paz ni siquiera se empiece a negociar.

Por supuesto. Hay muchas personas interesadas, no ya en que esas negociaciones en Islamabad no lleguen a ningún puerto, sino que ni siquiera llegaran a sentarse.

Se refiere a Israel.

Cuando toda la humanidad respiraba aliviada por el alto el fuego, claramente el Gobierno de Israel seguía empecinado en una guerra que no es buena para nadie. Tampoco para las legítimas demandas de seguridad de Israel. Yo condeno todas las acciones de Hezbolá cuando se producen, pero la fuerza militar por sí sola no garantiza la seguridad de nadie. Por eso reabrimos nuestra embajada en Teherán y regresa nuestro embajador a Teherán, para que desde todos los sitios, desde todas las capitales, la política exterior de España apoye esa mediación y esa esperanza.

¿No es un poco precipitada la reapertura de la Embajada de Teherán teniendo en cuenta la inestabilidad o la fragilidad de la paz?

No, al contrario. El tiempo es muy poco, por eso lo hemos hecho. Hemos tomado la decisión sabiendo que hay dos semanas de alto el fuego y que, por lo tanto, podemos volver allí con garantías de seguridad para el embajador y el personal, que era una de las cosas que nos hizo tener que cerrar la embajada.

España está salvando la dignidad de Europa con el reconocimiento del Estado palestino, con la situación en Gaza y, ahora, con el Líbano

Se va a negociar una paz en la que no terminamos de tener claro qué es a lo que aspira una de las partes. ¿Podría explicarle a la ciudadanía a qué ha ido Donald Trump, a qué han ido los Estados Unidos de América, a Irán?

No ha habido una explicación al respecto, solo el presidente de los Estados Unidos podría responder a esa pregunta. Lo que sí es evidente es que esta guerra, igual que lo fue la guerra de Irak, son guerras en violación del derecho internacional, completamente ilegales. Si trazamos ese paralelismo entre la guerra de Irak y esta guerra, todos los españoles son muy conscientes. ¿Dónde se habría situado España si en estos momentos hubiera un gobierno distinto al de Pedro Sánchez al frente de nuestro país? Ahí están las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo diciendo sí a la guerra de Irán, o las declaraciones del primer día del señor Feijóo diciendo que España tenía que estar con sus aliados en esta guerra. Hubiéramos estado en el rincón de la historia y de la legalidad internacional en vez de estar donde estamos, que es en el de la paz. Todo está en estos momentos conectado, absolutamente todo. Irán, Gaza, Líbano, Ucrania, Groenlandia, Cuba. Todo responde a lo mismo, a intentar imponer la ley del más fuerte frente al orden internacional de paz.

¿Comparte el diagnóstico de que Estados Unidos está perdiendo la guerra?

Las guerras las pierden todos. Las pierden los ciudadanos. Lo estamos viendo con los ciudadanos iraníes. No es con bombas como va a llegar la igualdad de las mujeres iraníes, la democracia, los anhelos de libertad que nosotros respaldamos. Y sus consecuencias son mundiales.

¿El régimen iraní es ahora más fuerte que cuando empezó la guerra?

En cualquier caso, el régimen sigue ahí y nosotros hemos condenado todas las violaciones de derechos humanos del régimen. Yo voté a favor de la inclusión de la Guardia Revolucionaria dentro de los grupos terroristas de la Unión Europea y he condenado cada una de las ejecuciones de opositores y de ciudadanos en Irán. Insisto, no es con bombas desde el cielo como van a llegar la igualdad y la democracia. Con las guerras llega la espiral de violencia y llega el caos.

¿Este presidente de los Estados Unidos de América es un peligro para la paz mundial?

La paz mundial la construimos entre todos, pero Estados Unidos es un país especialmente importante. Estamos hablando de la primera potencia militar del mundo, la primera economía del planeta y un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene como misión fundamental velar por la paz y la seguridad mundiales. Por supuesto que necesitamos a Estados Unidos para garantizar la paz y la seguridad mundiales. Es un actor fundamental.

Asistimos día tras día a declaraciones del secretario general de la OTAN en las que prácticamente se pone al servicio de los intereses de solo uno de sus socios, Estados Unidos. En las últimas horas ha asegurado que la guerra es una buena idea y que hay que seguir adelante con ella. ¿Puede explicar a la ciudadanía española qué utilidad sigue teniendo una institución como la OTAN en este contexto?

La relación transatlántica ha sido mutuamente beneficiosa para europeos y norteamericanos a lo largo de todas estas décadas, tanto en materia comercial como de seguridad. Pero es evidente que, para que eso siga siendo así, necesitamos a ambas partes. Europa y la nueva administración norteamericana tienen postulados distintos. Este es un momento en el que Europa tiene que avanzar hacia su soberanía y su independencia en materia económica y también tener la disuasión en nuestras manos con un ejército europeo y con una integración de nuestras industrias de defensa. Porque Europa tiene que ser libre para poder decidir libremente sin coerción, sea arancelaria o sea militar.

¿Al margen de la OTAN?

No es lo que nosotros queremos. Pero si uno de los socios fundamentales tiene otros postulados y nos anima a ello, desde luego que nosotros tenemos que seguir garantizando la seguridad, que no se garantiza solo con tanques. Nunca ha habido una contradicción entre un pilar europeo sólido de la OTAN con una seguridad común europea. Al contrario, lo que hace es reforzarla.

Ha publicado en las últimas horas el Wall Street Journal que Estados Unidos amenaza con retirar tropas de suelo español y dejar vacías las bases de Rota y Morón. No parece, según lo que estamos hablando, que Estados Unidos sea en estos momentos el aliado más fiable para Europa y para España. ¿Tiene sentido, aun en este contexto, mantener las bases americanas?

Las bases se rigen por un convenio hispano-norteamericano y hay unos canales de comunicación que están plenamente operativos. No ha habido ninguna indicación.

¿No le han comunicado que se vayan a retirar?

En absoluto. Y la comunicación es totalmente fluida y natural.

Las amenazas del presidente de los Estados Unidos a España durante varias semanas, que sepamos, también han quedado en nada.

Hace comentarios sobre distintos países, distintos presidentes, distintos líderes. Pero no hay nada ni hay ninguna comunicación en ningún sentido. La relación es fluida.

El presidente y usted mismo viajan ahora a China, con quien se han intensificado las relaciones diplomáticas y comerciales en los últimos tiempos. ¿China es un aliado fiable para España?

Lo que nosotros buscamos es hablar con esa otra gran potencia militar y económica, porque nuestra política exterior es global. China es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, por lo tanto, fundamental para la estabilidad, la paz y el desarrollo económico mundiales. En segundo lugar, buscamos equilibrar un déficit comercial muy pronunciado para España con un gran mercado como es el chino y mantener relaciones diplomáticas y políticas de primer nivel como mantenemos con todos los grandes países del planeta.

¿Es un socio más fiable que Estados Unidos en estos momentos?

Son socios distintos, Estados Unidos es un aliado. Lo que sí es cierto es que las posiciones de la Administración norteamericana llevan a que los europeos tengamos que buscar nuevos socios comerciales. Lo hemos hecho con Mercosur, por cierto, liderados por España. Lo hemos hecho con India, con Australia. Y también hay que mirar hacia China.

No sé si sabe cuál es la situación del soldado español, miembro de las misiones de las Naciones Unidas en Líbano, que estuvo retenido por Israel.

Sé que se encuentra bien. Lo que sí le confirmo es que, al tener conocimiento de esta situación inaceptable que rechazo y condeno con rotundidad, convocamos inmediatamente a la encargada de negocios de la Embajada de Israel al Ministerio de Asuntos Exteriores y le entregamos una nota verbal de protesta. Es inadmisible que un soldado de una fuerza de Naciones Unidas, que es inviolable en todo momento, sea retenido de esta manera.

Las posiciones de la administración norteamericana llevan a que los europeos tengamos que buscar nuevos socios comerciales

La portavoz del Partido Popular hizo un chiste con esa retención del soldado español.

Me parece una auténtica vergüenza. Como ministro de Asuntos Exteriores me avergüenzo de que haya representantes políticos que hagan esas declaraciones. En primer lugar, por un mínimo patriotismo. Estamos hablando de un soldado español. En segundo lugar, por una defensa del derecho internacional y de las Naciones Unidas. Es un soldado español con casco azul bajo bandera de las Naciones Unidas, que tiene un estatuto de especial protección. Y en tercer lugar, porque la misión que están realizando es una misión de paz. Sinceramente, esas declaraciones demuestran una vez más que el Partido Popular está absolutamente incapacitado para gobernar España.

¿Qué le parece el intento de viraje del PP respecto a Irán? Estuvieron semanas ridiculizando el ‘no a la guerra’ del Gobierno y ahora lo hacen suyo.

El 'no a la guerra' del Partido Popular sí que es para ellos un eslogan. Siguen sin comprender que es un sentimiento abrumadoramente mayoritario entre los españoles. Pero cuando hubo que tomar la decisión de cómo se iba a posicionar España en su política exterior y qué se iba a hacer con las bases de Estados Unidos de soberanía española, el presidente del Gobierno y el Gobierno de España no tuvimos al Partido Popular de nuestro lado. Ese era el momento de haber dicho 'no a la guerra'. Y en ese momento, no lo olvidemos, el señor Feijóo dijo que teníamos que estar al lado de Estados Unidos.

¿Cree realmente que el riesgo que afronta el mundo es tan elevado como para que estén en juego la paz y la seguridad de una época y que, en ese caso, la opinión pública es plenamente consciente de ello?

Sí, es totalmente consciente. Lo constato cuando los ciudadanos se me acercan en la calle y me preguntan por la guerra. Son conscientes de la gravedad, de que esta es una crisis mundial, de que no es una crisis como cualquier otra y que aquí las cosas se pueden realmente ir de las manos para toda la humanidad. Son conscientes del impacto que tiene para su vida cotidiana y para su economía familiar y personal. Y son conscientes de que aquí nos estamos jugando cosas absolutamente básicas, impensables hasta hace muy poco.

¿La propia seguridad de nuestro país?

La seguridad no es solamente una seguridad militar, también lo es de flujos energéticos. España los tiene garantizados con países como Argelia, un gran socio. O la soberanía energética que tenemos con las energías renovables. Pero la ciudadanía es consciente de que el incremento de precios de la gasolina o de los alimentos es también su bienestar y, por lo tanto, su seguridad.

Vox y PP 'borran' la intervención de la consellera que dijo en las Corts Valencianes que el Gobierno está “lleno de prostitutas”. La Mesa de las Corts, presidida por la ultraderecha, impide que se debata la reprobación a la vicepresidenta del Consell y titular de Igualdad, Susana Camarero, planteada por el PSPV en el órgano de la Cámara, suspendiendo el proceso de tramitación.

La alianza de la derecha y la ultraderecha protegen a la titular de Igualdad, que emitió una corrección de inmediato y apuntó que se debía a un “lapsus”, de tener que volver a debatir sobre el contenido de una intervención que generó un gran malestar, una batería de críticas y una oleada de peticiones de dimisión.

Según el acuerdo de la Mesa, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la presidencia considera que como se acordó retirar las palabras del diario de sesiones, a petición de la vicepresidenta, no tiene sentido hacer una reprobación sobre las mismas. “Dado que la frase literal en la cual se fundamenta la proposición no de ley ha sido retirada del Diario de Sesiones, la Mesa entiende que la iniciativa ha perdido su objeto”, apunta el Parlamento autonómico. No suele ser habitual que el órgano de gobierno entre a valorar el contenido de las iniciativas que se debaten y que vete su tramitación, salvo que sean “evidentemente” inconstitucionales, según ha dictaminado el Tribunal Constitucional. Además, la retirada del diario de sesiones no implica un borrado de la intervención, sino añadir una aclaración en la que se explica la solicitud, y se incorporan unos corchetes a la frase.

La dirigente popular tuvo un “lapsus” en un pleno de las Corts, en el que dijo: “Métanse con lo que hace el presidente, no con la pareja del presidente. Son unos machistas de libro. Ustedes que consienten abusadores, que consienten que el Gobierno esté lleno de prostitutas, que consienten el uso público que ha hecho el Gobierno pagando a prostitutas”, unas palabras que enseguida le afearon desde el hemiciclo y sobre las que se disculpó.

En la misma mañana, Camarero lo enmarcó como un error el fervor del debate y remitió un comunicado en el que aclaraba lo que realmente quería decir: “Venía a explicar lo que es obvio, que ha existido corrupción, abusos en el seno del PSOE y que el Gobierno del Partido Socialista ha pagado prostitución con dinero público, algo que sabe toda España y que, además, está judicializado”, en referencia al 'caso Ábalos', y denunció que la intervención se había descontextualizado. Precisamente la actual vicepresidenta fue impulsora del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2016 desde el Gobierno central, y recalcó en el comunicado: “Yo nunca insultaré a ninguna ministra ni a ninguna mujer por el hecho de ser mujer, sea del partido que sea. Yo defiendo la igualdad con todas sus consecuencias, yo defiendo a las mujeres y defiendo esa igualdad de oportunidades por encima de todo”.

Telefónica e Indra exploran emprender una alianza estratégica en ciberseguridad e Inteligencia Artificial, abierta a nuevos socios, con el fin de poder pujar por los próximos contratos relacionados en Defensa, según publica Expansión este jueves y ha confirmado EFE. El objetivo principal de esta eventual alianza, de materializarse, serán los nuevos Programas Especial de Modernización (PEM) del Ministerio de Defensa valorados en miles de millones. La colaboración aún no se ha materializado en una sociedad conjunta ni en proyectos concretos.

Indra y Telefónica son dos empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con más de un 28% y un 10%, respectivamente. Según Expansión, esta iniciativa tiene el visto bueno del Ejecutivo en su objetivo de contar con una plataforma digital soberana, autónoma y segura en materia de datos, ciberseguridad, ciberdefensa e IA en España.

La idea pasa por poner en marcha una suerte de consorcio estatal nacional, al estilo Tess Defence, el consorcio español de empresas de defensa creado para desarrollar y fabricar el vehículo blindado 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra. Su objetivo sería desarrollar iniciativas nacionales en materia de ciberseguridad, ciberdefensa e IA y que garantice la protección de activos, datos y comunicaciones estratégicas, pero también le permita anticipar y mejorar la toma de decisiones críticas sobre la base de una IA soberana.

Tess Defence contaba con cuatro socios (Indra, Santa Bárbara, Escribano Mechanical & Engineering y Sapa) con una participación equivalente, hasta que el año pasado Indra se hizo con la mayoría.

En caso de que siga adelante el proyecto, se prevé que Indra aporte las capacidades de su recién estrenada plataforma IndraMind, a través de la que concentra su experiencia en IA, ciberdefensa y ciberseguridad. Del lado de Telefónica, se pretende que la aportación llegue de la mano de infraestructuras de comunicaciones y tecnología propia.

Telefónica e Indra no han querido hacer comentarios al respecto, tras ser preguntados por EFE.

La negociación para conseguir convalidar en el Congreso el decreto de medidas de vivienda aprobado hace unas semanas por el Consejo de Ministros no carbura. El ala minoritaria del Gobierno, la de Sumar, es la que ha tomado el timón de las conversaciones con los grupos parlamentarios para intentar convencerles de votar a favor de un texto que, hoy por hoy, tiene muy pocas opciones de obtener los votos para seguir en vigor. Pero los de Yolanda Díaz, que son conscientes de la dificultad de sacar el paquete adelante, no han logrado mover ni un milímetro la negativa de PP y Junts, de quienes depende que el decreto se convalide. Y el PSOE no está haciendo muchos esfuerzos para intentar revertir ese rechazo y ha decidido no involucrarse en una negociación que, consideran, está abocada al fracaso.

Buena muestra de la soledad con la que Sumar está viviendo esta negociación es que se ha visto obligado a vehicular las conversaciones a través de su grupo parlamentario y no de sus ministerios. El lunes, de hecho, los cuatro principales partidos de esa coalición —IU, Más Madrid, los Comuns y Movimiento Sumar— presentaron la campaña 'Pide la prórroga, defiende la prórroga' y anunciaron que su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez, convocaría reuniones con todos los socios habituales del Gobierno y también con el PP. No obstante, 24 horas después los populares respondieron con un portazo y anunciaron que se niegan a mantener un encuentro con el grupo parlamentario de Sumar porque su posición en relación con el decreto y con medidas como la prórroga de los alquileres que venzan en 2026 y 2027 es “de sobra conocida”.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy —que está pilotando la negociación de este decreto por parte de Sumar— reaccionó rápidamente a esa negativa criticando que “la respuesta del PP frente a la crisis de vivienda siempre es la misma: no hacer nada”. “Esta vez se equivocan”, dijo, porque “si votan contra la prórroga de alquileres pagarán un precio político altísimo”. “Entre los 2,6 millones de inquilinos a los que quieren echar a la calle también están sus votantes”, recordó Bustinduy. Y fuentes de Sumar señalan que “el 70% de los del PSOE están de acuerdo con la medida” y que “alrededor de un cuarto de los votantes de derechas también la apoya”.

Sumar asegura que ha cerrado reuniones con otros grupos parlamentarios, pero no concreta con cuáles ni si Junts está entre ellos. Y, tras la negativa del PP a sentarse a negociar, solo los independentistas catalanes podrían salvar la convalidación del decreto. Pero las perspectivas con ellos tampoco son buenas para Sumar, puesto que Junts ha endurecido su posición en materia de vivienda y, en los últimos meses, ha tumbado en dos ocasiones sendos decretos del Gobierno con medidas de vivienda mucho más tibias que la prórroga de los alquileres. Los de Carles Puigdemont se han negado a mantener la suspensión de los desahucios para inquilinos vulnerables que no podían pagar su alquiler, y esa iniciativa afectaba a muchos menos caseros que la extensión al mismo precio de los contratos que vencen en 2026 y 2027.

Desde el inicio de la legislatura, Sumar ha hecho bandera de sus diferencias con el PSOE en materia de vivienda. Esa distancia volvió a evidenciarse, precisamente, en la reunión del Consejo de Ministros en la que se aprobó este decreto, cuyo inicio se tuvo que retrasar por la negativa de Díaz y los suyos a participar si los socialistas no se comprometían a aprobar la prórroga de los alquileres que el PSOE llevaba rechazando de plano muchos meses. Estos movimientos de Sumar, no obstante, no pueden aislarse del contexto político en el que están teniendo lugar: en plena precampaña para las elecciones autonómicas en Andalucía del 17 de mayo y también en mitad del proceso de reconfiguración de la izquierda alternativa, por cuya primacía los partidos que componen Sumar mantienen un pulso con Podemos.

Una negociación imposible

Lo que defienden en las filas socialistas es que toda esa puesta de largo en torno a una negociación que califican de imposible tiene más que ver con la necesidad de Sumar de recuperar algo de foco político que con una creencia real de que se pueda sacar adelante el texto. Explican en el PSOE que, por el momento, ni siquiera tienen constancia de que hayan arrancado las conversaciones de su socio de coalición con los grupos respecto al contenido de un decreto que aún no tiene fecha de convalidación en el Congreso. Y que, en cualquier caso, el recorrido de esas conversaciones es, en su opinión, nulo.

“Nosotros estamos a favor de esas medidas, nos parecen necesarias y por eso el Gobierno las ha vuelto a aprobar, después de aplicarlas anteriormente. Pero las habas están contadas y tenemos la certeza de que el PP, Vox y Junts las van a tumbar, porque nos lo han dicho claramente”, sostienen en las filas socialistas, donde apostillan que, si la negociación con la derecha es imposible, con la izquierda ni siquiera hace falta. “No hace falta negociar con ERC, Bildu o Compromís ese decreto porque ya sabemos que lo apoyan. La clave, como tantas veces, es Junts. Y no pueden ser más claros en su rechazo”.

Ese convencimiento del PSOE respecto a la postura de los independentistas catalanes, que en la práctica ya ejercen de fuerza de oposición en el Congreso desde hace meses salvo contadas excepciones, está de hecho en el origen del choque en el Consejo de Ministros extraordinario que protagonizaron los socios de coalición. El presidente del Gobierno y su equipo se cerraron en banda a incluir en el decreto de medidas económicas por la guerra de Irán el paquete de vivienda exigido por Sumar. Porque de hacerlo, defendieron entonces y sostienen aún hoy, todo el plan hubiera sido rechazado por el Congreso, que hubiera tumbado la rebaja fiscal a los combustibles o la prórroga al bono social eléctrico y térmico.

Los socialistas aseguran que “respetan” las estrategias políticas de sus socios y que no pondrán ningún tipo de trabas al intento de Sumar de apropiarse de la defensa de un decreto cuyas medidas están en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Entre otras cosas, el texto permite una prórroga legal de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2027, de los contratos de alquiler que finalicen a partir del 21 de marzo. Algo de lo que pueden beneficiarse hasta 2,6 millones de inquilinos y un millón de hogares a los que les aplicaría la limitación de la actualización de la renta.

El Gobierno avanza en su proyecto para blindar constitucionalmente el aborto. Después de haber aprobado el pasado octubre el anteproyecto para reformar la Constitución, el Consejo de Ministros de este martes ha dado luz verde a la ley en segunda vuelta con una redacción diferente tras los cambios sugeridos por el Consejo de Estado. El Ejecutivo envía así el texto al Congreso, donde tendrá un difícil recorrido para salir adelante por la dificultad de lograr las mayorías necesarias para reformar la Carta Magna con este objetivo.

En términos generales el Consejo de Estado avaló el proyecto, pero planteó una redacción distinta a la que propuso el Gobierno, que ha sido incorporada en el nuevo texto. Así, el redactado inicial era: “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”.

Finalmente, el proyecto aprobado por los ministros elimina la primera parte del texto, es decir, el reconocimiento expreso del derecho al aborto y deja la segunda parte casi igual: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio”.

Según ha explicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de esta forma se incluye en la Constitución “la vertiente prestacional del derecho” al aborto, que “queda reforzado” con la “obligación indisponible para los poderes públicos, incluido el legislador, de garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias apropiadas”. “La dimensión prestacional del derecho en la sanidad pública, en la cartera basica de servicios, es lo que está en riesgo”, ha apuntado la titular de Igualdad haciendo referencia a los datos que señalan que casi el 80% de los abortos se realizan en clínicas privadas y en comunidades como Andalucía, Madrid o Castilla-La Mancha, las intervenciones en la pública no alcanzan ni el 1%.

La situación “genera una diferencia sustancial entre mujeres de primera y de segunda en torno a sus derechos dependiendo donde residan”, ha lamentado Redondo, que ha señalado que “no hay una diferencia sustancial de contenido” entre la primera versión y la actual: “Lo que se pretende es el blindaje del aborto en su dimensión prestacional porque no está garantizado en la sanidad pública”.

La ministra ha explicado que el Consejo de Estado “ha validado” la reforma y ha estipulado que el blindaje “cabe” en la dimensión prestacional del derecho al aborto, es decir, en su dimensión “objetiva” porque “la subjetiva”, la que tiene que ver con el derecho individual de las mujeres, “ya está conectada con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres” que reconoce la Constitución, según estableció el propio Tribunal Constitucional en la sentencia de 2023 que avaló la ley de plazos de 2010 ante el recurso del PP.

Entre las razones para aprobar el proyecto se encuentra el auge reaccionario que “ha puesto en la diana” los derechos sexuales y reproductivos “a nivel global y también en nuestro país”. De hecho, la idea de incluir el aborto en la Constitución surgió el pasado octubre y fue anunciada por Pedro Sánchez en medio de la ofensiva antiabortista enarbolada por PP y Vox, especialmente en Madrid, donde el alcalde José Luis Martínez Almeida votó a favor de obligar a las mujeres a ser informadas del falso síndrome posaborto y la presidenta Isabel Díaz Ayuso se negaba a poner en marcha el registro de objetores de conciencia que finalmente la Justicia le ha obligado a crear.

El Gobierno marca así perfil político con un tema que goza de respaldo social y que tensiona y divide a las derechas. Y así lo ha reconocido Redondo, que ha esgrimido como motivo el hecho de que “la inmensa mayoría de la sociedad, en torno al 70 u 80%, es favorable a este derecho”.

Un añadido en el artículo 43

La fórmula escogida para incorporar el aborto a la Constitución es la de incluir un añadido en el artículo 43 de la Carta Magna, el referido a la protección de la salud. En concreto, un punto cuarto entre los “principios rectores de la política social y económica” de la Constitución. De esta forma, el Gobierno renuncia a que figure entre las materias especialmente protegidas, entre las que están los derechos fundamentales y que requerirían un procedimiento reforzado de reforma, con disolución de Cortes y convocatoria de referéndum incluida.

Esta vía elegida, sin embargo, es la de la reforma ordinaria, que es más simple y ágil pero aún así requiere mayorías amplias que serán difíciles de lograr sin el apoyo del PP, que anunció hace meses su oposición a la medida, al tiempo que también entre los socios habituales del Gobierno hubo voces que mostraron sus dudas. La reforma requerirá un mayoría de tres quintos en ambas cámaras y, en caso de desacuerdo, debería crearse una comisión mixta entre el Congreso y el Senado que propondría un nuevo texto para ser sometido a nueva votación. Si no se logran los apoyos, se podría aprobar por mayoría de dos tercios del Congreso y mayoría absoluta del Senado, que está actualmente controlada por los populares.

Consciente de que será una tramitación parlamentaria “compleja”, Redondo ha llamado “al diálogo” para lograr los apoyos necesarios. “Hablaremos con el PP y con las distintas comunidades para buscar el mayor consenso posible porque la ciudadanía así lo requiere”, ha dicho apelando al acuerdo –con la única excepción de Vox– que sirvió para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. “El PP no es ajeno a la mayoría de este país, tienen en sus filas mujeres que habrán pasado por la interrupción voluntaria del embarazo. El PP tiene que valorar si se debe a una idea o a sus propias mujeres y votantes”.

¿Cómo han ido las vacaciones? Espero que hayas aprovechado para descansar. Vamos al lío, que con una semana sin boletín se nos acumula la faena.

Aprovechando la convocatoria de las becas para estudiar el próximo curso, proceso que ya está abierto y puedes ir mirando aquí, decidimos mirar un asunto que siempre me ha hecho ruido del programa de ayudas al estudio: hay una bolsa de gente que pese a que son oficialmente pobres, ganan demasiado como para optar a una beca completa, la que incluye una partida económica en mano que compense el coste de oportunidad de ir a la universidad y no ingresar un salario.

Resulta que esa bolsa de gente es bastante más grande de lo que me había imaginado. Los compañeros de Datos cruzaron información y son casi 400.000 personas en la edad típica universitaria (18-24) y más de tres millones en total. Es mucha gente y decidimos titular “El Gobierno deja fuera de las becas completas a 380.000 jóvenes...” y la fórmula, señalando al Gobierno, os molestó a algunos. “Si tan mal os parece, probad con el PP”, venía a ser la queja. La protesta tiene cierto argumento (la época del PP fue terrible también para esto). Es un tema difícil de gestionar para el Ejecutivo, que además ha hecho un buen esfuerzo desde que está Pedro Sánchez. Pero la realidad es que todavía es un esfuerzo insuficiente. Vamos a explicarlo todo bien, que es algo complejo, técnica y políticamente.

El Gobierno reparte tres tipos de becas en función de la renta. Todas incluyen el pago de la matrícula universitaria. Hasta el primer límite (umbral 1), se obtiene la beca completa, que incluye también varias ayudas económicas para gastos. Si se supera ese límite, y hasta el segundo (umbral 2), se pierde la principal ayuda económica, de 1.700 euros anuales, y se mantienen otras menores. Si se supera ese segundo límite y hasta un tercero (umbral 3), que marca el fin de las ayudas, no hay dinero en mano y el estudiante simplemente no paga la matrícula.

El problema es que los límites los fija el Gobierno a su voluntad, pero el primero, el umbral 1, está tan bajo que queda por debajo de la línea que marca el riesgo de pobreza. Eso provoca que haya familias que ganan más de lo que marca como límite este umbral 1, pero menos de lo que el propio estado, INE mediante, considera el mínimo para no ser pobre. En ese pequeño intervalo están esos 380.000 jóvenes.

Decía que es complicado para el Gobierno porque es verdad que la situación ha mejorado mucho, pero aún falta. Cuando Sánchez llegó al Ejecutivo el programa de becas estaba en la lona. El umbral 1 no es que estuviera por debajo del límite de la pobreza, es que había que ser indigente para tener derecho a la ayuda completa. Y el dinero en mano era una broma. El PSOE ha casi duplicado la partida que se destina a becas, subido las cuantías notablemente y elevado los umbrales para que mucha más gente pueda recibir la ayuda completa.

Pero sigue existiendo no poca gente que no puede permitirse ir a la universidad, quizá no tanto porque no puedan pagar la matrícula, sino porque no pueden permitirse el lujo de no ingresar dinero en las economías familiares durante tantos años, una situación que las ayudas en mano palían. Y, como dicen los estudiantes, un Gobierno progresista, “el más progresista de la historia”, no debería permitir que pase esto.

Esto –y más, como el problema con los plazos– os contamos en este artículo, que viene aderezado con gráficos, con los datos concretos de los umbrales o la línea de pobreza, que he preferido dejar fuera de este boletín por no hacerlo más engorroso, o con la historia de Laura, que se quedó sin beca completa porque a su padre le subieron mínimamente el sueldo y eso les costó salir del umbral 1 por una cantidad inferior a la que dejó de ingresar por sobrepasar ese límite.

Antes de seguir, os recuerdo, por si se quedó perdido entre tanto texto, que ya se pueden pedir las becas. Aquí está el portal web del ministerio, válido para toda España, excepto Catalunya, que ahora tiene las competencias y gestiona sus propias ayudas.

Esta semana hemos hablado de...

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Una vez consumado el cierre tecnocrático con el ascenso del teco Carlos Cuerpo a la vicepresidencia primera, el gobierno continúa moviendo ficha en la batalla accionarial para el control de empresas del Ibex-35. De algunas de estas partió, por una parte, un mensaje en 2015 que muchos interpretamos como un cordón sanitario contra el presidente Pedro Sánchez; y, por otra, fondos que financian a los medios que han pintado una caricatura autocrática del jefe del ejecutivo. 

Indra no es una batalla menor: es una de las grandes empresas españolas de tecnología relacionada con el armamento y la seguridad. Privatizada en los años 90, el Estado volvió a su capital cuando el gobierno de Mariano Rajoy nacionalizó Bankia. Con Sánchez, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha ampliado su presencia a una cifra en torno al 28%.  

La noticia más reciente es la dimisión de Ángel Escribano, empresario que había ascendido a presidente de la compañía una vez marchado su directivo Marc Murtra para Telefónica. Concesionario de numerosos contratos estatales, Escribano es propietario de una empresa familiar también accionista de Indra, lo que, en vista del conflicto de intereses latente, ha terminado con su proyección al frente de este gigante. 

Su sucesor es Ángel Simón, afín en el pasado al partido socialista catalán, como también lo es Maurici Lucena, presidente de Aena, Murtra, de Telefónica, o Joan Clos, antiguo mentor de Murtra, que ocupa en la actualidad la presidencia de la patronal inmobiliaria Asval. Simón viene del holding financiero CriteriaCaixa, que gestiona participaciones relevantes en empresas como Naturgy, Telefónica o CaixaBank, donde el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca (FROB), estaba presente en un 18% a finales de 2025. Allí Simón chocó con el factótum de la Fundación La Caixa, Isidre Fainé.  

La llegada de Ángel Simón a Indra se produce en un momento en el que el ambiente bélico internacional y la extorsión verbal del presidente norteamericano hacen previsibles inversiones millonarias armamentísticas que colocan a Indra en el centro de la economía pública y privada. Este papel estatal comienza a recordar a los consensos socialdemócratas que juzgaban desaconsejable dejar en manos de corporaciones privadas los sectores estratégicos. 

Pero subyace, además, la continua pugna de un gobierno en minoría que no ha querido entregar la cuchara en ese otro ámbito del poder que es el de la gran corporación. Con su presencia relevante en Telefónica, el ejecutivo cuenta con resortes mediáticos que estuvieron en manos del Partido Popular durante treinta años; su influencia en Movistar y en RTVE es sobresaliente; el rechazo del principal accionista de PRISA, el armenio francés Joseph Oughourlian, al plan gubernamental de lanzar una televisión privada con su apoyo corre paralelo al refrendo de este, también presidente del fondo Amber, a las pasadas decisiones de Escribano en Indra. Con la caída de este último no solo llega, por tanto, una presidencia mejor vista por el Gobierno, sino, además, una respuesta contundente al levantisco gestor de uno de los principales grupos editoriales en España. 

La batalla continúa y, por fin, podemos verla en su dimensión más amplia: la que abarca también al mundo de la gran empresa. Será clave conocer los próximos planes de Indra y las decisiones corporativas del nuevo presidente. El Gobierno español continúa haciendo de la necesidad virtud y entendiendo, con razón, que la política en un mundo de corporaciones hegemónicas y con una visión privada del país ha de extenderse más allá de esa difusa separación entre público y privado. Una línea divisoria que, a juzgar por el flujo de puertas giratorias y relaciones clientelares, nadie se ha tomado nunca demasiado en serio. Va siendo hora de hablar de ello en una voz algo más alta.

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Andrés Villena acaba de publicar 'Las élites que dominan España. Una historia alternativa desde 1939' (Libros del KO)

Lo primero que le dijeron a la familia es que había muerto de un accidente de tráfico. Pero cuando su padre acudió al hospital y le dieron la vuelta al cuerpo inerte de su hijo, descubrió el orificio de un disparo. La bala nunca apareció. El joven malagueño Manuel García Caparrós se convirtió el 4 de diciembre de 1977 en una de las víctimas de la violencia policial que durante aquellos años acabó con la vida de decenas de ciudadanos en huelgas y protestas, tanto en los últimos años de la dictadura como en el momento en que la muerte de Franco no había acabado con la represión a pesar del relato idílico de una Transición pacífica que todavía tiene ecos hoy.

“Son víctimas que tenían una familia, padres, hermanos... Eran muy jóvenes y les quitaron la vida de una manera cruel por pensar diferente. Llevamos luchando 50 años para que no haya víctimas de primera y de segunda”, sostiene Dolores, una de las dos hermanas de Manuel. Ambas recibirán pronto la indemnización de 250.000 euros que les corresponde por ser familiares de quienes fallecieron “en defensa de las libertades y derechos democráticos” entre 1968 y 1978, tal y como reconoce el decreto recién convalidado por el Congreso que reactiva y amplía las ayudas puestas en marcha en su momento por la Ley de Memoria Histórica de 2007.

La familia Caparrós, que se quedó entonces sin indemnización, es una de las que ahora sí encaja en el supuesto del nuevo decreto, que se tramitará como proyecto de ley para incluir una extensión temporal todavía mayor, hasta 1983, como ha exigido ERC. La norma nace con vocación de solventar las lagunas de la ley anterior, que dejó fuera a quienes hubieran sido asesinados o heridos más allá de 1977, y amplía las cantidades a percibir. “Es un orgullo haber podido lograr este reconocimiento”, apunta Dolores sobre su hermano, al que el Gobierno denegó el pasado febrero la condición de víctima del terrorismo.

Manuel murió de un disparo policial durante la manifestación por la autonomía andaluza en Málaga, pero nadie fue nunca juzgado por ello y el caso se cerró en 1986. Desde entonces, sus hermanas han peleado por mantener viva su memoria y acceder a la Justicia y por eso para ellas la indemnización es importante, pero no suficiente: “Nuestra familia se hundió, no hay dinero en el mundo que pueda pagar ese destrozo”. La mujer reconoce que, más allá de la ayuda, seguirá insistiendo en saber qué ocurrió realmente aquel día. “Mientras nosotras tengamos un soplo de vida, lucharemos por saber la verdad. Él acudió a la manifestación como uno más y fue el único que no volvió a casa”, apunta.

Aunque al decreto del Gobierno le queda aún por delante el trámite en el Congreso, ya son más de una decena las indemnizaciones que se han reconocido desde su entrada en vigor, según adelantó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Además de por fallecimiento, el nuevo texto estipula ayudas de 500.000 y 180.000 euros para quienes tienen gran incapacidad o incapacidad permanente absoluta derivadas de heridas sufridas en ese contexto. El decreto permite que quienes cobraron en su momento por la Ley de Memoria Histórica puedan solicitar ahora una compensación por la diferencia, aunque para calcularlo, la cantidad abonada anteriormente debe ser “actualizada de acuerdo con el interés legal del dinero”, que es hoy superior que entonces.

Es lo que ha hecho Francisco Javier Almazán, hermano de Ángel, que murió en el hospital en diciembre de 1976 a causa de “los culatazos recibidos por agentes policiales al término de una manifestación” celebrada en Madrid contra la Ley para la Reforma Política, según destacó el ministro el otro día en el pleno. “Ha sido la primera vez que se ha dicho oficialmente que los autores fueron policías. Si lo hubieran reconocido en 1976 quizá no hubiera empezado esta pelea”, señala Francisco Javier, que en 1999 intentó que el Estado otorgara a Ángel el estatus de víctima del terrorismo sin éxito.

Sí fue reconocido como víctima del franquismo en una declaración de reparación que admitía que la protesta a la que acudió había sido “reprimida violentamente por la policía”, pero para Francisco Javier era importante que se afirmara oficialmente la responsabilidad en su muerte. Es algo que no se ha llegado a reconocer en sede judicial: en su momento, el caso lo juzgó la Jurisdicción Militar porque había integrantes de la Policía Armada implicados, lo que conllevó que la familia no pudiera tener un abogado en el proceso. Se interrogó a tres policías, pero a los días el caso se cerró apuntando a que no se podía demostrar la autoría de los hechos.

Mismos hilos, distintos casos

Las distintas caras de la historia comparten los mismos hilos que se entrelazan en otras, como si todas formaran parte de un mismo relato: las víctimas de esta violencia eran muy jóvenes, murieron en el transcurso de movilizaciones políticas en los últimos años de la dictadura o la Transición y sus familias tuvieron que enfrentarse a versiones oficiales alejadas de la realidad y a una Justicia que no les dio ni les da todavía respuesta. También a un olvido y a un silencio que aún hoy permanece. En todos los casos, las familias quedaron rotas y arrastraron un dolor y una falta de reconocimiento que ha empezado ahora a romperse, pero que llega tarde para muchos.

Cuando a Ángel el Estado le reconoció como víctima del franquismo, sus padres ya tenían Alzheimer y no llegaron a enterarse. “Bendito Alzheimer”, dice paradójicamente Francisco Javier. Porque “les borró la memoria y les hizo olvidar lo que había pasado. No he visto a mi madre tan feliz nunca”. Mientras Ángel estaba aún en el hospital después de la manifestación tras la que perdió la vida, a su familia le dijeron que estaba grave porque se había golpeado con una farola. “Mis padres fueron a verle a La Paz y cuando volvieron, mi madre dijo: nos lo han matao. Y qué razón tenía”, recuerda su hermano. Aguantó cinco días más.

Como tantos otros, Francisco Javier ha intentado en los últimos años reabrir la vía judicial y que se reconozca que fue un homicidio “enmarcado en los crímenes de lesa humanidad” del franquismo y años posteriores, pero se ha topado con el archivo de la querella. Por eso, más allá del decreto que otorga ayudas económicas a las víctimas, pelea por “el reconocimiento como verdad judicial” de lo sucedido, aunque no se condene a nadie. Un muro es también con lo que se ha encontrado judicialmente la familia de Víctor Pérez Elexpe, el joven comunista asesinado por un guardia civil en Portugalete en enero de 1975 mientras repartía folletos en solidaridad con una huelga.

“Exigimos dejar de ser víctimas de segunda, queremos los mismos derechos y consideración que las oficialmente llamadas víctimas del terrorismo. Nosotros también lo somos, de un terrorismo no reconocido pero no por ello menos grave y menos condenable: el terrorismo de Estado”, apuntan María Rosario, María José y Fermín Pérez Elexpe, hermanos de Víctor, en una respuesta conjunta por escrito en la que, a pesar de todo, agradecen el apoyo de los amigos, los compañeros de partido, los abogados y los sacerdotes que “acompañaron” a sus padres en “los momentos de dolor”.

En su caso, también han sido reconocidos ya por el Gobierno para recibir la diferencia de indemnización entre lo que cobraron en 2010 –actualizado a fecha de hoy– y lo aprobado ahora, pero coinciden con el resto en que “lo más importante” son “las indemnizaciones morales y judiciales” que aún están pendientes. “El dinero lo hemos usado, en parte, en tribunales, psicólogos y tratar de aprender a llevar una vida rota”, señalan al tiempo que recuerdan como, su otro hermano Ignacio falleció en 1996 tras “buscar refugió en la droga al no llegar a comprender nunca por qué no se podía hacer justicia”. “Destrozaron a la familia”, apuntan.

Los tres reclaman ahora una declaración institucional en las Cortes “que deslegitime el franquismo” y este tipo de crímenes: “Cada vez que nos niegan, vuelven a asesinar a nuestro hermano”, subrayan. Como en el resto de casos, hubo una primera versión que señaló “que había muerto en un enfrentamiento con el guardia civil Narciso San Juan del Rey, que era vecino y conocido del barrio –sostiene la familia–, pero hubo muchos testigos que acreditaron que Víctor no portaba ningún arma y no hubo ningún enfrentamiento, sino que le disparó por la espalda”. La vía judicial acabó con un sobreseimiento del caso.

La “responsabilidad” del Estado

La aprobación del decreto es celebrada por las familias y las asociaciones que las agrupan, sobre todo porque corrige la ausencia de indemnizaciones económicas en la Ley de Memoria Democrática, que nació en 2022 sin ellas. Sin embargo, la reflexión más compartida es la de que no es suficiente y apuntan a que estarán “vigilantes” ante su aplicación práctica. Además, reclaman que en el trámite como proyecto de ley se alargue el periodo de aplicación, tal y como ya ha acordado el PSOE con los partidos de izquierdas. Por su parte, PP y Vox votaron en contra de la reforma usando argumentos como que a partir de las elecciones de 1977 “nadie puede decir que no había libertad ni democracia”.

En la práctica, las cantidades que reconoce el decreto son algunas de las que se reconocen ya para las víctimas del terrorismo, pero estas reciben también una ayuda si tienen una incapacidad total o parcial, que son dos supuestos no reconocidos en esta norma. Algo que lleva a Andoni Txasko, una de las víctimas de las actuaciones de la Policía Armada el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, donde murieron cinco obreros, a señalar “las carencias” de las que a su juicio “peca” la normativa. “Hay otra mucha gente que fue herida y que tiene secuelas, pero no se las reconoce”, afirma Txasko, que fue indemnizado en 2010 porque, debido a la brutal paliza que le propino la policía horas después de la masacre, se ha quedado con un 2% de visión.

Txasko reconoce que las indemnizaciones “son un derecho”, pero recalca que “lo principal” para las víctimas es “el reconocimiento integral”. “No se puede vender que nos equiparan a las víctimas del terrorismo porque no es verdad”, dice el miembro de la Asociación 3 de marzo, que pone el foco en la “paradoja” que supone ser reconocidos como víctimas por la defensa de la democracia y por sufrir “una violencia que nunca debió producirse”, como figura en la declaración de reparación personal que él mismo ha recibido, pero “no reconocer la responsabilidad por parte del Estado en lo sucedido”. “Pedimos que se haga una declaración al más alto nivel admitiendo esto”, clama.

Esta y la reclamación del acceso a la justicia son también los ámbitos en los que está poniendo todos sus esfuerzos la familia de Juan Gabriel Rodrigo Knafo, que sigue buscando respuestas medio siglo después de su muerte. Sus hermanas han pedido la reparación económica a la que tienen derecho a la luz del nuevo decreto, pero sobre todo exigen saber la verdad. El joven murió el 5 de marzo de 1976 en Tarragona en una manifestación convocada en protesta precisamente por lo ocurrido en Vitoria dos días antes y, según la versión policial, falleció al caer al vacío desde una azotea cuando le perseguía la Policía Armada.

Su cuñado, José Antonio Giménez Giménez, estaba con él aquel día y vio como Juan Gabriel entraba en un portal seguido por dos agentes. Lo que pasó dentro no se sabe, pero recela del atestado policial, que es “un auténtico disparate” que incluye el supuesto recorrido que hizo el joven antes de caer, como “si hubiera saltado de ventana en ventana, incluso a otros edificios distantes a unos tres o cuatro metros”. El sumario judicial concluyó que había sido una muerte por accidente, pero ahora la familia ha pedido la exhumación del cadáver y un nuevo análisis forense, además de que confían en que la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática revise el caso y pueda arrojar algo de luz. “Las indemnizaciones son importantes, pero después de 50 años resulta un poco secundario”, concluye José Antonio.

Una comisión de investigación por trimestre. Es el récord que ha establecido el PP en su estrategia de uso del Senado contra el Gobierno. Desde abril de 2024, cuando se abrió la del llamado ‘caso Koldo’ (y que ha diluido su justificación inicial) el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado su mayoría absoluta para promover hasta siete pesquisas parlamentarias con el objetivo, a menudo malogrado, de hacer oposición al Gobierno.

La última la anunció este mismo Lunes Santo su portavoz en la Cámara Alta, Alicia García. El objeto de la investigación esta vez es RTVE. El PP ha puesto la proa al ente público que gestiona la radio y la televisión española, a la que tildan de “Tele Pedro”. 

Los de Feijóo arremeten tanto contra la gestión económica como profesional del ente, desprecian sus informativos y la calidad de sus programas. Y eso que la televisión pública estatal vive su mejor momento en lustros. La semana pasada, el Consejo de Administración aprobó las cuentas de 2025, ejercicio que se cerró con 55 millones de euros de superávit gracias a los ingresos comerciales, una reducción del coste por programa y los mejores datos de audiencia en 14 años, según datos públicos. La 1 cerró 2025 con una cuota de pantalla del 11%, su mejor ‘share’ en 13 años. La tendencia ascendente se mantiene en el comienzo de este año: un 12,2% en enero y un 12,3% en febrero.

Para el PP, “mientras los bolsillos de los españoles se vacían, RTVE aumenta su presupuesto para comprar obediencia editorial” y hacer “propaganda ‘sanchista”. Según dijo Alicia García, el ente público está “al borde de la quiebra” y el Consejo de Administración hace “ingeniería contable”, una forma sutil de acusar al presidente de la Corporación, José Pablo López, de manipular las cuentas.

“Quien haya dilapidado fondos, falseado cuentas y manipulado oposiciones tendrá que comparecer en la comisión de investigación y asumir responsabilidades”, zanjó García, quien no aportó nombres, datos ni fechas sobre estas futuras citaciones.

La comisión se establecerá formalmente a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, salvo que RTVE logre impedir legalmente su constitución, tal y como ha anunciado que intentará. Y sustituirá en la agenda de oposición del PP a otras que ya se han agotado o están dando sus últimos coletazos.

La más provechosa de las comisiones es la del llamado ‘caso Koldo’. Fue la primera en constituirse, en abril de 2024. Originalmente, se centró en “los contratos públicos realizados durante la pandemia de covid-19”. Es decir, por la presunta intermediación a cambio de comisiones en la compra de mascarillas y otro material sanitario durante la pandemia, y que la semana que viene llega a los tribunales.

Después pasó a investigar “los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre”. También a “las demás personas vinculadas a la trama investigada en la Operación Delorme”. Y a “los presuntos delitos relativos a la corrupción que tengan una relación, directa o indirecta, o conexión con las mismas”. 

Esta última redacción ha permitido al PP, por ejemplo, citar en dicha comisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o tener en reserva la comparecencia de su esposa, Begoña Gómez, a quien amagan con llamar a declarar sin decidirse a hacerlo. También ha sido interrogado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo. El PP amenazó incluso con llamar al expresidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales. A quien sí convocó fue a Paco Salazar, despedido de Moncloa y del PSOE por supuesto acoso sexual. Lo citó justo antes de las elecciones en Aragón. 

El momento álgido de la comisión fue la comparecencia de Sánchez, quien logró salir del trance políticamente indemne. Tras la citación de Zapatero, interrogado por su supuesta intermediación con el Gobierno de Venezuela, la comisión se ha descafeinado. Aun así, dos años después de constituirse no tiene fecha de cierre. El PP usa su mayoría para ampliar calendario y objeto de la investigación, aprobar las citaciones, señalar cuándo deben producirse y evitar aquellas que no sirven a sus objetivos políticos. 

CIS y apagón, visto y no visto

Otras comisiones han sido despachadas con mucha más celeridad, y han sido cerradas sin pena ni gloria. Uno de los ejemplos más palmarios es la comisión sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que incluyó las comparecencias del presidente de la institución, José Félix Tezanos, y del ministro de Presidencia, Félix Bolaños. 

Como conclusión, el Senado como institución se limita a pedir la dimisión o la destitución de Tezanos y hace algunas propuestas como limitar el mandato del presidente del CIS a ocho años —Tezanos los cumplirá el próximo mes de junio— y exigir “dedicación exclusiva”.

Al margen del Senado, el PP ha anunciado una querella contra el presidente del CIS por delito electoral por usar sus encuestas para “inflar sistemáticamente” y “beneficiar” al PSOE para “alterar” la voluntad de los ciudadanos. Le podría acarrear de tres meses a un año de cárcel. De momento, la denuncia no se ha formalizado.

También se ha clausurado ya la investigación sobre el apagón de abril de 2025, en la que han comparecido la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y la presidenta del grupo Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor, entre otras personas. En menos de un año, los senadores han ventilado la causa, pese a que los informes oficiales definitivos europeos y españoles sobre qué lo provocó todavía no se han hecho públicos. El PP no ha comunicado sus conclusiones.

El Senado tiene en marcha otras dos comisiones, una para analizar lo ocurrido en la dana de Valencia de 2024 y otra para evaluar el estado de la red ferroviaria tras el accidente de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas. El PP citó en la primera a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, futura candidata del PSOE al Ayuntamiento de Valencia. También a otros cargos estatales, especialmente adscritos a la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuyo presidente, Miguel Polo, ha acudido ya dos veces. Pese a su carácter constitucional de “Cámara de representación territorial”, aquí no se ha sentado el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

En cuanto a la comisión por el accidente del AVE del pasado mes de enero, todavía no ha realizado un solo trabajo. El PP ha citado al ministro de Transportes, Óscar Puente, pero no aquí, sino en la del ‘caso Koldo’. Puente sí ha dado explicaciones ante el Pleno del Senado.

SEPI y RTVE, siguientes en la lista

Y como si del juego de la oca se tratara, de comisión a comisión, el PP ha activado o va a activar dos nuevas investigaciones parlamentarias. La destinada a analizar “las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)” apenas ha echado a andar. Todavía no se han aprobado el plan de trabajo ni, por tanto, las comparecencias previstas. El PP ya apunta a que citará a la ya exvicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de quien ha dependido precisamente la SEPI durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez. 

En ocho años, los de Feijóo no han constituido esta comisión ni han citado a Montero. Lo harán ahora, cuando ya no ejerce el cargo, y lo harán ante las elecciones andaluzas en las que Montero será la candidata del PSOE.

Cierra la lista la comisión de RTVE, que ya ha recibido el reproche del ente público, que la considera “un intento de tutela hacia los profesionales de la Corporación” que “puede generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo”. Este martes, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, respondió: “Entiendo que hay mucha gente de la izquierda que considera que las comisiones de investigación sirven para juzgar políticamente. Pero la realidad es que las comisiones de investigación no juzgan a nadie penalmente ni civilmente”.

Ángel Simón asume la presidencia de Indra en un momento de transición delicada, marcado por la salida de Ángel Escribano y por la necesidad de estabilizar una compañía sometida a insostenibles tensiones internas y a una fuerte exposición política. El de Simón era uno de los nombres que sonaban con más fuerza en los mentideros financieros del poder. Próximo al socialismo –ha sido propuesto por el Gobierno a través de la La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que es el principal accionista con el 28% del capital–, su elección apunta a un perfil con capacidad ejecutiva y experiencia en grandes estructuras corporativas, pero también introduce un elemento de incertidumbre sobre el estilo de liderazgo que imprimirá en una empresa donde el equilibrio entre lo industrial y lo institucional es especialmente frágil.

Con una trayectoria consolidada en la gestión de grandes grupos, como CriteriaCaixa y Veolia (antes en Grupo Agbar y en Suez), Simón no responde al arquetipo del directivo de bajo perfil. Su paso más reciente por CriteriaCaixa, el brazo inversor de Fundación La Caixa, terminó de forma abrupta tras un conflicto con Isidro Fainé que evidenció diferencias tanto estratégicas como de gobernanza. Ese episodio, aunque no define por completo su carrera, sí ofrece una pista sobre su manera de entender el poder empresarial: mayor autonomía en la toma de decisiones y una clara vocación de imprimir dirección propia a las organizaciones que lidera.

Este enfoque puede ser tanto una fortaleza como un riesgo en Indra, tal y como hemos visto con Escribano. La compañía necesita liderazgo para ordenar su estrategia en sectores clave como defensa, tecnología y digitalización, en un contexto europeo de rearme industrial y creciente competencia. Pero al mismo tiempo, su estructura accionarial —con presencia del Estado y otros actores relevantes— exige una gestión especialmente cuidadosa de los equilibrios internos. La capacidad de Simón para moverse en ese terreno será determinante.

También lo será la relación con el –por el momento– consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, también con un marcado estilo de liderazgo. El mandato de De los Mozos, que llegó a Indra en 2023 tras una trayectoria de cuatro décadas en Renault,  vence este mes de junio, cuando se celebre la próxima junta de accionistas, aún sin fecha. Algunas fuentes apuntan que había trasladado al consejo su voluntad de no continuar por la tensión con Escribano.

Pero ahora la fotografía es otra. Y sus condiciones salariales también. En el último consejo de administración ordinario, celebrado el 25 de marzo, Indra elevó un 55% el sueldo de De los Mozos, hasta los 4,9 millones de euros, con el objetivo de asegurar su continuidad hasta 2029. Resuelto el lío en la presidencia, el foco apunta ahora a la posición de CEO. Por el desgaste del actual y porque a Simón le gusta rodearse de directivos de su máxima confianza, como hizo en Criteria. Que el nuevo presidente no tenga funciones ejecutivas –a diferencia de su predecesor– facilitará la cohabitación.

Otra incógnita, mucho más relevante, es ver si, ya sin Ángel Escribano en la cúspide de la compañía, Indra recupera el proyecto de adquirir –y por cuánto, ¿formará parte del pacto entre Escribano y Moncloa para que haya acabado dimitiendo?– su empresa familiar, EM&E, que es lo que ha generado el conflicto de interés que ha desencadenado la convulsa crisis de gobernanza en la compañía semipública.

En términos económicos y de proyecto industrial, el reto de Simón es claro: acelerar la estrategia llevada a cabo hasta la fecha para convertirse en el “campeón nacional” de defensa en España y recuperar credibilidad ante los inversores. El ejecutivo catalán (Manresa, 1957) llega con el mandato implícito de convertir esa expectativa en resultados medibles, algo que no siempre ha sido sencillo en etapas anteriores.

El nombramiento de Simón abre una etapa en la que se espera menos ruido y más dirección, pero no necesariamente menos tensión. El mercado le concederá un margen inicial, aunque condicionado por su historial reciente y por la complejidad del entorno en el que aterriza. En Indra, como en CriteriaCaixa, la cuestión no será solo qué decisiones toma, sino cómo y con quién las toma.

El indulto que el Consejo de Ministros concedió este martes a las sindicalistas conocidas como 'Las seis de La Suiza' ha sido acogida por el grupo Sofitu que, desde el inicio del conflicto laboral ha sido el punto de apoyo y de movilización contra su ingreso en prisión, con un doble sentimiento: por un lado, “con alegría por las compañeras” que no tendrán que regresar a dormir al Centro Penitenciario de Asturias, pero también con la sensación de que “la lucha no acaba aquí”.

La noticia, adelantada ayer por Infolibre y confirmada por elDiario.es en fuentes del Gobierno, era ratificada esta mañana por la ministra Elma Saiz quien, al término del Consejo de Ministros corroboró que se había concedido el indulto para las seis personas condenadas por haber participado en acciones sindicales contra la política laboral de la pastelería La Suiza de Gijón.

La portavoz del Gobierno explicó, en rueda de prensa, que el indulto se ha aceptado porque “recoge una demanda del Gobierno de Asturias” y cuenta con el apoyo de “fuerzas sindicales y políticas”, según informó Íñigo Aduriz.

La satisfacción de Yolanda Díaz

La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ya se había comprometido en el verano de 2025 con las seis sindicalistas de la CNT en trasladar la propuesta de indulto al Consejo de Ministros durante la visita que realizó a Asturias el año pasado, aludía a esta concesión a través de las redes sociales.

Yolanda Díaz mantiene su convicción de que “hacer sindicalismo no es delito”, como ha venido reivindicando desde que tuvo conocimiento de la condena de las seis sindicalistas que apoyaron a una compañera que denunció haber sido víctima en un caso de acoso laboral y sexual.

A continuación, reproducimos el post publicado en X donde se muestra especialmente orgullosa de formar parte del Gobierno.

Desde que se inició el proceso judicial y se  conoció la sentencia  condenatoria el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha defendido la legitimidad de la acción sindical, así como el derecho a la huelga, la movilización y la organización de las personas trabajadoras, ante una condena que califica como “inapropiada en una democracia”.

La defensa de sus derechos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, sostuvo ya en su visita a Asturias su compromiso por lograr que la libertad de las sindicalistas condenadas fuera una realidad: “Defender los derechos de las y los trabajadores no es delito”, incidió la ministra.

La titular de Trabajo insistió en que “nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales. El sindicalismo es esto, la fuerza colectiva. Hoy 'Las Seis de la Suiza' dejan de tener una carga injusta que nunca merecieron. Hoy el Gobierno se pone del lado de los derechos laborales, del derecho a la protesta y de las reivindicaciones más básicas. Hoy es un día de orgullo”, ha reivindicado Yolanda Díaz.

Movilizaciones

Por otro lado, varios colectivos sociales, sindicales y políticos participarán mañana, día 1 de abril, en una rueda de prensa que ha convocado la Intersindical Asturiana, integrada por los sindicatos SUATEA, Sindicato Ferroviario e ISA, a las 12:00 horas, en el Conseyu de la Mocedá de Gijón/Xixón donde sus representantes valorarán de forma más detallada todo el proceso desde sus inicios hasta la actualidad.

Esta convocatoria ha sido organizada por el grupo de apoyo junto con los sindicatos que han venido impulsando movilizaciones y acciones de apoyo en defensa de las seis sindicalistas condenadas en Asturias. No obstante, las concentraciones en varios puntos del país han sido constantes convocadas por los sindicatos, especialmente CNT.

Evitar la criminalización

Desde la Intersindical Asturiana se valora este indulto como “un paso importante, pero también como una muestra de la necesidad de seguir defendiendo los derechos sindicales y evitar la criminalización de la protesta laboral”.

Integrantes del grupo de Sofitu aseguran que se sienten “muy contentas de que nuestras compañeras hayan recuperado su plena libertad, un hecho que celebramos”.

“La acción sindical está en entredicho”

Sin embargo, consideran que este procedimiento y su posterior ingreso en prisión no debieron haber ocurrido nunca y explican las razones que les lleva a reiterar esta afirmación: “A nuestras compañeras se las ha condenado y criminalizado por haber ejercido sus derechos. A día de hoy, con la jurisprudencia sentada por este caso, la acción sindical está en entredicho y el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación también”.

El indulto es, en su opinión, el resultado de la solidaridad, el apoyo mutuo, la lucha y la unidad de clase.

Otros casos

“Será solamente desde lo colectivo y la lucha como podremos dejar un mundo nuevo a las generaciones venideras. No podemos olvidarnos -añaden- de los diferentes casos de represión que aún siguen activos en el Estado español, persiguiendo y encarcelando a quienes osan enfrentarse a la explotación, la injusticia o el fascismo”.

El grupo de apoyo a 'Las seis de la Suiza' va a realizar una asamblea abierta el próximo día 8 de abril, en la que informará con más detalle sobre el proceso.

“Hoy es un día alegre, pero la lucha no acaba aquí. Las consecuencias de este caso hay que seguir afrontándolas”, reconoce.

Las reacciones

Las reacciones ante el indulto han sido numerosas y las redes sociales se han hecho eco de la noticia como suele ser habitual con comentarios contrapuestos en función de las ideologías de los usuarios: con satisfacción por parte de aquellos que están convencidos de que la medida de gracia se ha concedido por la injusticia que representaba su ingreso en prisión por “hacer sindicalismo en Asturias” o con mensajes de odio de personas -en la mayoría de los casos amparados en el anonimato- que sostienen que se trata de solo una campaña de la izquierda y se dedican a insultar a los periodistas y a sus medios.

La condena

Las seis personas vinculadas al sindicato CNT fueron condenadas a una pena de tres años y medio de prisión por un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la Administración de Justicia cometidos en el año 2016.

El Tribunal Supremo (TS) desestimó, en junio de 2024, las alegaciones de las defensas y ratificaron la condena en una sentencia donde sostuvieron que las seis sindicalistas cometieron actos de hostigamiento y presión hacia el propietario de la pastelería 'La Suiza' y contra su familia que fueron el detonante para que echara el cierre al negocio ubicado en Gijón.

El caso, conocido como 'Las seis de La Suiza', movilizó a los sindicatos y a los partidos de izquierdas que se sumaron a una manifestación en Gijón, apenas un par de días antes de la deliberación de la Sala, donde se exigió la libre absolución de los condenados.

La ratificación del Supremo

Representantes y militantes de CCOO, UGT, CSI, CGT, SUATEA, Intersindical Asturiana y LCT, así como de Podemos, IU, Sumar, Verdes-Equo, Andecha Astur, Aína, PCTE y Anticapitalistas, participaron en la manifestación. “Hacer sindicalismo no es delito” fue no solo un eslogan para la marcha de apoyo, sino que se convirtió en un lema de su lucha.

Sin embargo, la sentencia condenatoria, que previamente había sido confirmada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, el 31 de marzo de 2022, fue ratificada por el alto tribunal.

Embarazada

Según los hechos declarados probados, el 15 de junio de 2016 la acusada O.P.R. avisó a su pareja sentimental F.S.D. para que acudiera a buscarla a su trabajo para llevarla al hospital ya que se encontraba embarazada y tenía una amenaza de aborto.

F.S.D. se presentó en la pastelería “muy alterado” y llamó a voces al propietario. Según la sentencia, seguidamente propinó un puñetazo a un armario congelador del local, lo que motivó la denuncia del empresario por daños y amenazas en su local.

La presión

A raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja, la empleada dejó su trabajo y contactó con el sindicato CNT, donde denunció su situación. Según el fallo a continuación se concertó con las acusadas “para iniciar una campaña de presión sobre el empleador y su familia para que cediera a sus pretensiones económicas”.

Entre otros actos, la sentencia confirmada detallaba la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que le denunciaban por acoso laboral y sexual.

Los recursos

La CNT anunció la interposición de recursos en todas las instancias posibles, “a nivel español y europeo”, para que se haga justicia con este caso que supone un ataque al trabajo sindical que ha calificado como “terrible”.

“Somos incómodos para el sistema. Nuestro ámbito es la calle y lo que no podemos hacer es renunciar a ella. Forma parte de nuestro ADN y es lo que vamos a seguir haciendo. Las compañeras no van a estar solas en ningún momento, y aunque creemos que esta sentencia es un bombazo al sindicalismo, seguiremos estando del lado de las trabajadoras”, aseguró a elDiario.es Asturias Erika Conrado, secretaria general de CNT, en una primera valoración nada más conocer la sentencia del Supremo.

Prisión e indulto

Las seis sindicalistas ingresaron en el Centro Penitenciario de Asturias el 10 de julio de 2025. El magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón/Xixón, Lino Mayo, que las había condenado en primera instancia, había dictado auto de prisión sin esperar a la resolución de la petición de indulto o el pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el recurso de revisión de su caso.

Ocho meses después de su encarcelamiento, el Consejo de Ministros ha aprobado su indulto.

El Gobierno ha presentado recurso de inconstitucionalidad contra un apartado del decreto ley “de medidas urgentes en materias de puertos de la Generalitat y de minimización del impacto generado por la DANA al Parque Natural de L'Albufera” aprobado en julio del pasado año. La normativa queda así suspendida hasta que se resuelva el litigio.

Según el recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, se ha recurrido el artículo 2 del Decreto-ley 10/2025, de 8 de julio, del Consell. La normativa, elaborado por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, amplía la limitación temporal de las concesiones, fijada hasta la fecha en un máximo de 30 años, una cuestión que chocaría con la normativa estatal.

El texto modifica este artículo para que puedan llegar a prorrogarse durante 50 años, si la empresa que lo gestiona lleva a cabo una “inversión relevante no prevista en la concesión”. Entre los supuestos, la inversión debe “mejorar la integración entre el puerto, la ciudad y la costa, o la seguridad y la operatividad de las instalaciones u obras realizadas en virtud del título concesional, su productividad, la eficiencia energética o la calidad ambiental de las operaciones portuarias, o que supongo la introducción de nuevas tecnologías o procesos que incrementan la competitividad”. En todo caso, indica la redacción, “que sea superior al 20 por ciento del valor actualizado de la inversión prevista en el título concesional”. La norma afecta a las empresas que gestionen instalaciones portuarias autonómicas: restaurantes, chiringuitos, o puertos deportivos, entre otros.

En su recurso, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática considera que “la norma pretende introducir modificaciones en el régimen de las prórrogas concesionales de los puertos de competencia de la Generalitat, es decir, aquellos que no tengan la calificación de interés general por el Estado”. Concretamente, las modificaciones afectan a la prórroga no contemplada en el título de otorgamiento, concedida en atención a la realización de inversiones relevantes no previstas en la concesión.

Sin embargo, “la legislación estatal en materia de concesiones portuarias marca el límite de las potestades legislativas de la Comunidad Autónoma tanto en cuanto las concesiones portuarias de su competencia sólo podrán prorrogarse en los mismos términos y condiciones que los previstos en la legislación estatal de puertos de interés general”.

Por este motivo, se solicitó el preceptivo dictamen urgente al Consejo de Estado que concluyó en su Dictamen nº 186/2026, del Consejo de Estado, de 12 de marzo de 2026, “que existen fundamentos jurídicos suficientes para la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la norma, por el que se modifica la letra b) del apartado 3 del artículo 32 de la Ley 2/2014, de 13 de junio, de Puertos de la Generalitat, con el alcance señalado en la propuesta”.

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha elevado un escrito a la mesa de las Corts Valencianes por el que solicita que se retire del Diario de Sesiones la desafortunada frase que pronunció durante una intervención en el pleno de la semana pasada, cuando afirmó en relación al caso del fichaje de la pareja del presidente Pérez Llorca por la Diputación de Valencia, dijo que “el Gobierno esté lleno de prostitutas”, aunque inmediatamente después matizó al aclarar que “consienten el uso público que ha hecho el Gobierno pagando a prostitutas”.

En su escrito, Camarero expone que en la sesión plenaria del pasado 26 de marzo se recogió en el Diario de Sesiones la frase “ustedes que consienten abusadores, que consienten que el Gobierno esté lleno de prostitutas,  que consienten el uso público que ha hecho el Gobierno pagando a prostitutas”.

A continuación, alega que es evidente que la parte “que consienten el uso público que ha hecho el Gobierno pagando a prostitutas” está “mal formulada”, por ello se corrige inmediatamente después: “Dichas manifestaciones fueron objeto de aclaración en ese mismo día mediante comunicado público en el que se precisó de manera expresa el alcance y significado de las palabras empleadas, evitando cualquier posible malentendido”, motivo el cual solicita su retirada “para evitar ”interpretaciones erróneas o descontextualizadas“.

Diversas fuentes consultadas por elDiario.es afirman que la petición se tendrá en cuenta puesto que ya hay precedentes de otras expresiones retiradas. En estos casos se suele añadir en la parte inferior del diario una salvedad como que se ha pedido que se elimine.

La portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro, ha pedido la dimisión de Camarero como responsable de Igualdad: “El escrito se Susana Camarero solicitando que se eliminen esas palabras, las más machistas escuchadas nunca en las Corts dichas por la consellera de Igualdad evidencian que no puede continuar ni un día más al frente de Igualdad porque ni siquiera pide perdón, dice que están descontextualizadas. Es una afirmación que ella hizo que y que ahora pide que se eliminen. La realidad es que lo dijo, no pide perdón y no puede continuar ni un día más al frente de Igualdad”.

Más allá del celofán político o de las malas interpretaciones, el acuerdo de este viernes entre los Gobiernos central y vasco en materia aeroportuaria no supone cambios jurídicos radicales en el modelo actual. Aena seguirá siendo el titular y el gestor de Loiu, Foronda y Hondarribia, solo que ahora un “órgano bilateral” de nuevo cuño coparticipará en la toma de decisiones en algunas materias, por ejemplo en lo relativo a inversiones, como los cerca de 470 millones contemplados en el DORA, la gran guía de actuaciones para el período 2027-2031, en los planes directores y en las servidumbres.

El lehendakari, Imanol Pradales, tras salir de su reunión bilateral con Pedro Sánchez, dijo a los periodistas en La Moncloa que habían acordado siete transferencias y que una de ellas eran los aeropuertos. “Euskadi podrá participar en la gestión de los tres aeropuertos [...]. Hasta hoy Euskadi no tenía ni voz ni voto en materia aeroportuaria. Con este acuerdo, Euskadi podrá empezar a participar en la toma de decisiones que afectan a los aeropuertos vascos”, expuso. Horas después, Aena lanzó un comunicado anunciando que estudiaría las consecuencias políticas pactadas por su propio Gobierno, ya que en ningún caso es posible ceder la “gestión” aeroportuaria a Euskadi, cosa que no se ha producido.

El acuerdo está medido al milímetro para que no exceda el marco constitucional y estatutario por decisión expresa del equipo negociador, en el que han tomado parte tanto el secretario de Estado de Óscar Puente, el socialista irunés José Antonio Santano, como el ahora ministro y hasta hace días secretario de Estado de Ángel Víctor Torres, Arcadi España. Se alude a que el nuevo órgano coparticipará la “gestión”, pero siempre “en los términos” tasados del acuerdo. elDiario.es/Euskadi recoge las claves de un proceso en el que, en un momento u otro, han llegado a intervenir desde el presidente del Gobierno hasta la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero.

El marco legal

El artículo 149.1 de la Constitución, promulgada en 1978, marca que “el Estado tiene competencia exclusiva” sobre una batería de materias que incluyen “marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves”. El Estatuto de 1979 otorga la competencia portuaria y aeroportuaria a la comunidad autónoma “sin perjuicio” de lo marcado por la norma de rango superior. Esto implica que Euskadi puede asumir “puertos y aeropuertos con calificación de interés general” pero solamente “cuando el Estado no se reserve su gestión directa” y también los que no tengan la etiqueta de “interés general”. Hasta ahí.

La transferencia de puertos se hizo en 1982, aunque aún en algunos foros se incluye en el listado de competencias estatutarias “pendientes”, como la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, por ejemplo. La de aeropuertos no se ha hecho porque Loiu, Foronda y Hondarribia son instalaciones de “interés general” y parte de la red del operador estatal Aena. Podría haberse optado por el modelo catalán, con dos redes, una dentro de Aena con las principales terminales, encabezadas por el Josep Tarradellas en El Prat, Barcelona, y otra autonómica, Aeroports de Catalunya, consistente en los aeródromos más pequeños y helipuertos. Acumularon unos 75.000 viajeros en 2025. Solamente el de Barcelona tiene el doble en un solo día.

Pero ese modelo ni se ha planteado. En el caso vasco, Loiu es una referencia de viajeros en el norte peninsular, sobre todo para vuelos de corta y media distancia, aunque en 2025 estrenó su primera conexión intercontinental, con destino en Newark, en Nueva Jersey pero al lado de Manhattan. Foronda, en Vitoria, está acumulando vuelos de operadores 'low cost' pero destaca, sobre todo, por ser el cuarto en España en tráfico de mercancías. Hondarribia es la instalación más pequeña, está pegada al mar y necesita hacer uso de espacio aéreo francés para las maniobras, pero plantear su degradación para un traspaso abriría la misma caja de Pandora que ha ocurrido con el puerto de Pasaia, la del agravio territorial.

La negociación

El PNV apoyó la investidura de Sánchez en 2023 a cambio de varios acuerdos. Uno de ellos era completar en 2025 la lista de transferencias “pendientes” del Estatuto de 1979. El Gobierno vasco ha arañado en este tiempo avances como la gestión de Cercanías o de los permisos de trabajo, pero ha aprovechado para demandar otros acuerdos políticos extraestatutarios para ganar en capacidad de gestión. Y uno de ellos han sido los aeropuertos.

Así, de un encuentro en La Moncloa entre Sánchez y Pradales de julio de 2025 salió el acuerdo de hallar una fórmula “negocial” para canalizar el deseo del Gobierno vasco de coparticipar en la “gestión” de Loiu, Foronda y Hondarribia. Para ello, se configuró una subcomisión paralela a las mesas que han ido negociando más transferencias. Nunca se habló de una “transferencia”, porque no era posible. Aunque el PNV inició el proceso demandando una “filial” de Aena, en febrero, como adelantó este periódico, ya se acordó constituir un “órgano bilateral” con representación paritaria, cuatro personas del Gobierno central y cuatro del vasco, para canalizar esa coparticipación en la gestión. Es lo que se ha terminado aprobando más allá de algunos dimes y diretes en los días previos a la bilateral.

La “gestión” vasca

El acuerdo no es una transferencia de la gestión, ni una alteración del marco constitucional y estatutario. Los aeropuertos vascos seguirán en manos de Aena, que además es dueño de las instalaciones, y no se cede su “gestión” al Gobierno vasco. El órgano nuevo tampoco es una filial de una entidad con un 49% de capital privado. Y eso que Aena tiene otras filiales para negocios en el extranjero e incluso para el particular caso del aeropuerto de Murcia, rescatado por el operador estatal. Durante todo el proceso, Aena ha operado de manera autónoma al Gobierno y ha realizado un marcaje estrecho de los avances para preservar sus intereses, sobre todo mirando a los accionistas extranjeros.

En realidad, el “órgano bilateral” actualiza el vigente marco configurado por un Gobierno del PP, el de Mariano Rajoy. En 2014, por ley, el Estado se reservó la gestión aeroportuaria, pero contempló un punto que no levantó ninguna polvareda: “Las comunidades autónomas podrán participar en la gestión de los aeropuertos de interés general en la forma que establezca la legislación del Estado y, en particular a través de los Comités de Coordinación Aeroportuaria”. El comité vasco se creó en 2014, sin que nunca haya proporcionado titulares ni generado controversias.

Es más, las instituciones locales ya participan de manera muy directa en la vida de sus aeropuertos. El caso más paradigmático es el de Vitoria. Todos los vuelos de pasajeros, sin excepción, van subvencionados con dinero público, y no precisamente de Aena. Existe una sociedad de “promoción” llamada VIA que sienta a la Cámara de Comercio, al Ayuntamiento, a la Diputación de Álava y al Gobierno vasco. Estos últimos días los cargos locales, y no precisamente Aena, han venido anunciado sus nuevas apuestas de rutas a Canarias y Baleares. Y existen gemelas a VIA para Hondarribia, Ortzibia, y para Loiu, Bilbao Air. Aena se limitará a gestionar las solicitudes de las aerolíneas previamente decididas por otros organismos.

El acuerdo

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el acuerdo consiste en la “creación del órgano bilateral aeroportuario Euskadi-Estado como instrumento de concurrencia, participación y cooperación entre ambas administraciones”. Se trata de la “articulación de un espacio estable que permite a Euskadi participar en la definición y orientación de las decisiones estratégicas en materia aeroportuaria” y el “establecimiento de un marco de cogestión sobre las infraestructuras aeroportuarias ubicadas en Euskadi”.

Esta “participación” del Gobierno vasco se traduce en “propuestas”, “informes”, definición de la estrategia“ o ”planificación económica“. Por ejemplo, trabajando el DORA, es decir, las inversiones, y haciendo ”seguimiento de tarifas aeroportuarias“. Euskadi quiere debatir sobre ”conectividad“, ”promoción de nuevas rutas“ e ”impulso“ tanto de los pasajeros como de la carga. Le da mucha relevancia a la movilidad aérea siendo un territorio sin AVE y sin fecha realista para su puesta en marcha después de veinte años de obras.

El acuerdo alude también a “coordinación” para políticas que sí son de competencia autonómica, como el desarrollo económico o de redes de transporte asociadas a los aeropuertos o incluso entre los aeropuertos, para facilitar conexiones. Igualmente, se quiere que Foronda sea un “sandbox”, un banco de pruebas de un nuevo modelo que pueda impulsar una infraestructura de grandes capacidades por la dimensión de su pista y su emplazamiento pero que ha vivido grandes momentos de crisis.

En puridad, el acuerdo permitirá a Euskadi emitir informes sobre tres materias, las inversiones, los planes directores y las servidumbres aeroportuarias. El nuevo órgano tendrá una presidencia rotatoria. Cada año, la dirigirá un miembro de cada parte. Se ha tasado que habrá un mínimo de tres reuniones anuales de coordinación, aunque las puede haber extraordinarias.

Las dudas de Aena

Aena, tras la cumbre entre Sánchez y Pradales, envió una nota. En ella, admitía que se había subrayado que los acuerdos aeroportuarios “se encuadran en el marco de la Constitución Española y el Estatuto de Gernika, y el respeto a la ley y la normativa estatal y autonómica aplicables”, pero insistía en que las interpretaciones que habían rodeado al asunto “suscitaban dudas”. “Sin perjuicio de un examen pormenorizado de los acuerdos anunciados y de su desarrollo ulterior, cuando sean conocidos, [el pacto] no puede suponer una modificación de la red de aeropuertos de interés general ni del modelo empresarial de Aena. La nota oficial publicada por el Gobierno vasco contiene algunas manifestaciones sobre el acuerdo relativas a la intervención del órgano bilateral en procedimientos que afectan el funcionamiento de las infraestructuras aeroportuarias que podrían vulnerar las normas”, abundaban.

Fuentes del Estado, en privado, han trasladado en los últimos meses su preocupación por el relato articulado por parte del PNV en su deseo de sumar un nuevo hito en el desarrollo del autogobierno cuando se trata de un acuerdo perfectamente asumible. Esto es lo que ha molestado a Aena, que asegura que “continuará vigilando las actuaciones y novedades que se produzcan en esta materia y, en su caso, si fuera preciso, adoptará las decisiones necesarias en defensa de la aplicación de la legalidad vigente, del interés societario de Aena y de los derechos de la Sociedad y de todos sus accionistas (públicos y privados)”.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado este lunes que el martes se elevará al Consejo de Ministros la propuesta de conceder la nacionalidad española por vía exprés al opositor venezolano Leopoldo López y lo ha justificado por la imposibilidad de éste de tener documentación. Así lo ha explicado durante una entrevista en 'El món', de 'RAC1, recogida por Europa Press, en la que ha confirmado la petición de Leopoldo López y la decisión de elevarlo mañana al Consejo de Ministros, aunque no ha querido precisar que se aprobará: “Vamos a esperar a la deliberación del Consejo de Ministros para la decisión final”.

No obstante, Albares ha explicado que se ha utilizado esta vía de concederle la carta de naturaleza dado que por la “situación tan especial” en la que se encuentra el opositor venezolano “era imposible producir” los documentos que necesita. En referencia, aunque sin citarlo, a que carece de pasaporte y se abrió un proceso en Venezuela para retirarle la nacionalidad.

“Por lo tanto, hemos decidido utilizar esa norma que está en el Código Civil español y se puede utilizar con total normalidad”, ha recalcado el ministro de Asuntos Exteriores, quien también ha aprovechado para recordar que el Gobierno admitió que Leopoldo López estuviera año y medio “refugiado y protegido” en la embajada española.

Además, ha apuntado que hay 200.000 venezolanos que han llegado a España con un “estatuto único” para darles protección y que también Edmundo González está “hoy libre en Madrid y no preso en Caracas gracias a este Gobierno” a pesar de las “calumnias sobre presiones” que se vertieron en aquel momento. El ministro ha recordado estos casos frente a la “desinformación” y las “injurias” que hay en ocasiones hacia el Gobierno de España en relación con Venezuela.

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha enviado este domingo una carta a la militancia en la que recoge las consecuencias de la guerra de EEUU e Israel en Irán así como el posicionamiento de su gobierno con el 'No a la guerra', unas palabras que, según ha indicado, aprendió “lo que ocurre cuando un Gobierno decide ignorarlas. Cuando da la espalda a su gente y se pliega ante los intereses de una potencia extranjera”.

Sánchez lleva desde que comenzó la guerra plantando cara al gobierno de Estados Unidos y a su presidente, Donald Trump, que ha respondido por su parte con amenazas explícitas de bloqueo comercial como reprimenda. “No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo simplemente por el miedo a las represalias de algunos”, dijo este mismo miércoles desde Moncloa, un mensaje que lleva repitiendo estas últimas semanas.

“Desde el primer momento España tuvo clara su posición”, recoge el texto del presidente. “Cuatro palabras que no son solo una postura política, sino una forma de entender y de estar en el mundo: NO A LA GUERRA”. Cuatro palabras sencillas que encierran todo: la memoria, la dignidad y el compromiso de un país. Hoy quiero compartirlas con vosotros y vosotras porque tengo claro que nacen de una conciencia colectiva que aprendí hace ya 23 años“.

“Aprendí lo que ocurre cuando un Gobierno decide ignorarlas. Cuando da la espalda a su gente y se pliega ante los intereses de una potencia extranjera. Cuando se desprecia la verdad y se coloca a un país en el lado incorrecto de la historia”, ha seguido.

“Por eso, cuando los socialistas estamos en el Gobierno, actuamos en consecuencia. Nos movilizamos con Ucrania ante la agresión rusa. Demandamos que parase el genocidio palestino en Gaza. Y ahora gritamos, alto y claro, que esta guerra ilegal tiene que acabar ya. Y conviene decirlo también con toda claridad: no todos están en ese lugar. Porque hay quienes, ayer como hoy, dudan cuando hay que ser firmes. Quienes se esconden en la ambigüedad cuando hay que tomar partido. Quienes hablan de paz, pero nunca molestan a quienes hacen la guerra. Nosotros no. Nosotros sabemos de qué lado estamos”.

Sánchez también ha recordado a la militancia socialista que el Congreso aprobó el paquete de medidas para responder a los efectos de la crisis en Oriente Medio.

“Hay momentos en los que uno recuerda por qué está en polítiac. Este es uno de ellos. Estamos aquí para esto. Para defender la paz. Para proteger a la gente. Para estar del lado correcto cuando más importa”.

Casi un mes después de empezar los bombardeos, Alberto Núñez Feijóo ha descubierto al fin que está en contra de la guerra. Ha tardado en llegar a este punto. Pero aún le queda una tarea importante: decirnos lo que piensa de ese líder internacional que ha provocado esta catástrofe. 

O al menos decir su nombre. 

Hay una larga tradición cultural para este tipo de tabú. La referencia más popular probablemente está en los libros de Harry Potter. Se trata de Voldemort: ese mago tan poderoso y temido que casi nadie se atreve a nombrarlo. Apenas se le menciona, salvo que sea imprescindible. Y cuando no queda otro remedio, se refieren a él con un circunloquio: “El que no debe ser nombrado”. 

La idea no es original. Ni falta que hace: la excepcional saga de J. K. Rowling es una de las mejores vías para iniciar a los niños en el maravilloso hábito de la lectura. Ese tabú de no nombrar a alguien temido y poderoso viene de la mitología. De los griegos, que llamaban “euménides” (benévolas) a las Erinias: las diosas de la venganza, que castigaban en el Tártaro a los criminales. Decir su verdadero nombre en voz alta era algo que la mayoría de los griegos evitaba, por el miedo a invocarlas y provocar una represalia.

Ese miedo está también en el judaísmo. En el tetragrámaton de cuatro letras hebreas con el que se nombra a Dios, una palabra tan sagrada que la tradición prohíbe pronunciarla en voz alta. Y si se escribe, tampoco se debe destruir después el texto. Por eso se le llama “Adonai” (señor) o “HaShem”, que se traduce literalmente como “el nombre”. El eufemismo no oculta nada: todos saben perfectamente de quién se habla.

En las novelas de Harry Potter, no era solo miedo o superstición. Había también una razón técnica, o más bien mágica: era tanto el poder de Voldemort que podía rastrear la ubicación de cualquiera que lo nombrara. No es muy distinto a lo que ocurre con la dictadura china y los sistemas de vigilancia masiva en los programas de mensajería en el móvil, sus equivalentes a WhatsApp. Pocos escriben el nombre de Xi Jinping cuando se trata de una crítica. Por motivos obvios. 

El caso español tiene su propio Voldemort. Es Donald Trump. Y el miedo del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se nota en las vueltas que da para evitar nombrarlo.

Durante las últimas semanas, el líder del PP ha pronunciado docenas de discursos sobre la guerra contra Irán. Ha hablado de “nuestros aliados”, de “la administración norteamericana”, de “Estados Unidos”, de “Occidente”. Ha dicho también que Pedro Sánchez se ha “enfrentado a un aliado” y que eso “perjudica los intereses de España”. Ha pedido que España “vuelva a estar del lado de la libertad”. Y ha hecho todo tipo de malabarismos para intentar defender dos posiciones imposibles. 

La primera fue apoyar la guerra de Trump y Netanyahu contra Irán. Es lo que hizo en las primeras semanas y basta repasar sus tuits, declaraciones y comunicados de entonces para comprobarlo. Y cuando vio que hasta sus propios votantes estaban en contra, empezó un nuevo giro: un “no a la guerra” en abstracto, donde al principal responsable de este enorme desastre ni siquiera se le nombra. 

En privado, Feijóo asegura compartir todas las críticas a Trump que sí se atreve a hacer hasta la FAES. Pero también dice no querer manifestarlas por “responsabilidad”. Es una curiosa excusa.

En público, hay que buscar con lupa las ocasiones en las que Feijóo menciona siquiera a Donald Trump por su nombre. En su cuenta de X no hay una sola desde que empezó esta guerra. En entrevistas, solo lo hace si le preguntan específicamente por el presidente estadounidense, y para ponerse de perfil. En su discurso en el Congreso de esta semana, solo lo nombró una vez. La frase literal fue esta:

“Lo que pasa en el mundo es algo más complejo que estar cerca o lejos de Trump. Ojalá fuese tan simple”.

¿Ojalá fuera tan simple? ¿Es que acaso cree el presidente del PP que hay alguna otra persona, algún otro motivo, que permita explicar la crisis económica mundial que se nos viene encima? ¿O es que esta guerra fue un infortunio meteorológico que nos cayó del cielo? 

¿Hay algún otro líder internacional en los últimos 80 años que haya puesto en riesgo de forma más grave el bienestar y la seguridad de todos los habitantes del planeta? ¿Algún otro asunto sobre el que cualquier líder político deba al menos explicarnos lo que piensa?

La posición de Feijóo con este tema no solo es estrambótica en España. También en Europa, donde el resto de los líderes conservadores ni fueron tan serviles en su defensa del ataque contra Irán ni han tardado tanto tiempo en oponerse a esta guerra ilegal. Hasta Giorgia Meloni ha sido más rápida que Feijóo en este viaje. Y ni siquiera así evitó su primera gran derrota, en el reciente referéndum italiano sobre su reforma de la Justicia.

El problema de Feijóo es siempre el mismo. Toda su política, también la internacional, se define por llevar la contraria al Gobierno, sea cual sea el asunto a debate. 

Se opuso a la excepción ibérica con el tope al gas –“timo ibérico”, lo llamaba– que permitió a los españoles pagar una de las facturas eléctricas más baratas de toda Europa durante la crisis de Ucrania. Fue el único partido de la oposición en toda la UE que cuestionó la gestión de los fondos europeos en su propio país, sembrando dudas sobre España. Votó en contra de la misma reforma de la ley del suelo que pedían sus propios ayuntamientos. Se opuso frontalmente a una reforma del sistema de financiación que beneficiaba especialmente a las autonomías donde su partido gobierna. Ordenó a sus presidentes autonómicos que rechazaran la quita de la deuda que les ofrecía Sánchez (como en el chiste: “que se joda el sargento, que no como”). Y esta misma semana se ha abstenido en el decreto con la rebaja de impuestos a los combustibles que él mismo pedía. 

Cualquier día Feijóo nos dirá que la Tierra es plana, si es que a Sánchez le da por insistir en que es redonda. Con suerte, lo mismo se abstiene: “Ni redondismo ni terraplanismo”. 

Feijóo también olvida que no es él, sino “Santiago Obescal”, el elegido por Trump como virrey de Estados Unidos para España. O tal vez lo recuerda mucho, y está intentando postularse para el cargo.

Al mismo tiempo, su cobardía frente al matón de la Casa Blanca permite profetizar cuál será su política si llega a La Moncloa. ¿Qué piensa hacer Feijóo con la subida del gasto militar del 2% al 5% del PIB que exige esa persona naranja de la que nunca nos habla? ¿De dónde piensa sacar el dinero, o la valentía para negarse?

P.D. El próximo sábado no te escribiré. Me tomo unos días de descanso con mi familia. Nos vemos a la vuelta.

Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, ha negado este viernes que la polémica actuación policial que el jueves acabó con la detención del exdiputado de Podemos Serigne Mbaye fuera racista. “No, y ninguna actuación policial puede tener una base racista ni discriminatoria”, ha explicado Martín en conversación con este diario. “Existen protocolos y mecanismos internos para velar porque así sea y para adoptar las medidas pertinentes en el caso de que se detecte algún incumplimiento”, ha añadido.

Mbaye fue arrestado en su barrio este jueves por la tarde durante una operación policial en la que también fueron detenidas otras seis personas. Mbaye salió de madrugada de la comisaría y denunció una actuación de “racismo puro y duro” y una persecución “en contra de las personas racializadas”. El vídeo del momento, publicado por El Salto, muestra un despliegue violento y cómo las vecinas ruegan a los agentes que “paren”, que son “vecinos” y recuerdan que “hay niños”. “No puede respirar”, insisten varias veces sobre un hombre al que retienen contra el suelo.

Martín, cuyo departamento ha abierto una investigación sobre lo ocurrido, asegura que, a su juicio, “hay dos máximas indiscutibles: colaborar con la policía es un deber ciudadano y la acción policial siempre ha de ser garantista y proporcionada”. “Si se apreciara que alguna actuación puntual pudiera haberse apartado de los protocolos establecidos, por supuesto, serán los mecanismos internos y los cauces legalmente previstos los que permitan esclarecer exactamente qué ocurrió y, en su caso, actuar en consecuencia”, ha añadido.

“Desde esta Delegación del Gobierno y desde la Policía Nacional seguiremos trabajando para garantizar la plena adecuación y proporcionalidad de las actuaciones policiales, siempre con respeto escrupuloso a los derechos y deberes de la ciudadanía propios de un Estado social y democrático de derecho”, ha remachado.

Horas antes, Mbaye consideraba “obvio” que la detención que le realizó el jueves la Policía en una polémica actuación de fuerza fue por su “color de piel”. “Y lo hacen a diario. Paran a la gente de forma discriminada en el metro o en la calle por su color de piel”, ha remarcado, en una entrevista en TVE. “La Policía siempre tiene una excusa para detenerme”, ha lamentado Mbayé, que ha vinculado esta actuación policial con el hecho de que él vaya a ser uno de los candidatos de Podemos a las próximas elecciones europeas.

“Están intentando a toda costa que me condenen pero no van a tener ninguna prueba”, ha remarcado. El exparlamentario ha asegurado no estar bien por lo ocurrido y ha hecho un llamamiento para que la ciudadanía se sitúe “del lado del antirracismo”.

“Si algo funciona no lo toques” y “No me traigas problemas, tráeme soluciones”; fueron siempre los dos consejos maestros que Mariano Rajoy daba a sus ministros y ministras para encaminar su gestión. Para cubrir la marcha de -Montero dixit- “la mujer con más poder de la historia de la democracia”, el presidente Sánchez ha optado por aplicarlos con rigor casi marianista. 

En un momento cuando el Gobierno vuelve a conectar con el sentir mayoritario de la sociedad española sobre algo -la ilegal y brutal guerra de Irán-, mientras Feijóo y Vox parecen unir su destino al de Donald Trump, cuantas menos interferencias y menos ruido, mejor, habrán pensado con razón en la Moncloa. La primera regla siempre debe ser no distraer al adversario cuando se está equivocando.

Si algo le ha funcionado en estos años al “presidente con más potra” -Rufián dixit- de la historia de la democracia ha sido la economía. No era hora de andarse con experimentos y gaseosas. Confirmar y promocionar a uno de los responsables, reforzado además por una buena capacidad de comunicación y sentido político acreditados desde una más que encomiable discreción, parece la jugada más segura. Decir a estas alturas que Cuerpo es un perfil técnico no puede producir más que ternura. La promoción de Arcadi España responde al mismo patrón: nada de sustos; todo amarrado. Que iba a correr el escalafón en las vicepresidencias estaba descontado. Si algo importa en los gobiernos de coalición en mantener la jerarquía. 

Con las turbulencias de la guerra, vienen tiempos difíciles para el cuadro macroeconómico. Mejor mantener al mando con plenos poderes a alguien que claramente se ha ganado la percepción mayoritaria de saber qué está haciendo y cómo manejarlo. Ya lo dijo san Ignacio de Loyola: en tiempos de desolación, nunca hacer mudanza.

La economía funciona y el ministro de Economía acostumbra a traer más soluciones que problemas. Carlos Cuerpo ha demostrado que sabe batirse con la oposición de la derecha y la ultraderecha después de haber reclamado en vano durante meses que se atreviesen a preguntarle algo para así poder disertar sobre la buena marcha de la economía nacional. De hecho, resulta muy reveladora la estrategia popular de hacer como si el ministro de Economía no existiese; algo que ya no podrá hacer. Parece haber algo en el tono pausado y tranquilo de Cuerpo que actúa como la kriptonita para los animosos portavoces de la oposición. Que hable japonés con tanta fluidez tiene que resultar desconcertante incluso para Miguel Tellado.

También ha demostrado que sabe hacer de stoper de las necesidades cada vez más acuciantes de marcar perfil propio por parte de los socios de Sumar. Pocos compañeros de gabinete parecen tener la capacidad de provocar en la vicepresidenta Yolanda Díaz un nivel de animosidad que va más allá de las fronteras del “sentidiño”. María Jesús Montero era “riquiña”. Carlos Cuerpo, decididamente no. 

Se vienen consejos de ministros con intriga, suspense y emoción. Más vale tener a alguien que no pierda los nervios y la calma con facilidad. Con Carlos Cuerpo, el presidente se agencia dos Bolaños por el precio de uno. Chollo total.

El modelo minimalista de gestión de crisis funciona y ha acreditado su efectividad. a Rajoy le funcionaba de maravilla. A los demás, no tan bien. Es el único problema.