Bajo tierra no se escuchan los gritos. O sí. Excavar para volver a escuchar esas voces que nunca callaron es lo que hace Bajo tu piel, una creación teatral dirigida y guionizada por Raúl San Julián. Cuatro fusilados por el franquismo, con nombres y apellidos reales, se encuentran en una fosa. Ahí se preguntan si hay alguien que les espera, si hay alguien que volverá a por ellos. Pasaron 80 años para que sucediera. Tres de ellos fueron exhumados en julio de 2023.

Todo el proceso quedó recogido en una cinta documental que pronto verá la luz, cuando se inserte la grabación de la obra en la película. En el medio, tan solo una bombilla que marca el pasar y pesar de los días, de los meses y de los años. Los bisnietos, nietos y familiares de todos ellos podrán escuchar el eco de las voces de sus antepasados durante los tres días que se representará la obra

Aunque esta historia comenzó el 7 de agosto de 1939, cuando las balas de un pelotón de fusilamiento segaron una vez terminada la guerra civil las vidas de José Sahuquillo, José Tendero, Dídimo Martínez y Antonio Belaña en Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete), su producción audiovisual no tomó forma hasta hace algunos años. “Todo parte de un relato que escribí hace una década con tintes de realismo mágico y que un viejo amigo me propuso producir”, comenta el también dramaturgo, documentalista e historiador.

Este especialista en desapariciones en Latinoamérica volvió a su viejo profesor de arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel Fuentes. Le dijo que en apenas unos días empezaría la búsqueda de cuatro cuerpos en el mencionado pueblo de Albacete. Era la primavera de 2022, se comenzaba a fraguar el rastreo de los desaparecidos y San Julián ya sabía que los cuatro personajes de su relato serían rebautizados con el nombre de los cuatro desaparecidos.

El esmero de un grupo de amigos y gente cercana hizo posible lo que parecía inalcanzable. El equipo del cineasta logró el material indispensable para grabar la búsqueda de los cuerpos de la mano de los arqueólogos y sus familias. La hazaña tuvo lugar en julio de 2023. “Estaba planificada para hacerla en tres días. Lo primero que encontramos fue una fosa vaciada. Un vecino nonagenario dijo que los cuerpos estarían unos metros más allá, y ahí que estaban. Los encontramos dos días después”, completa San Julián.

Los huesos de José Sahuquillo, José Tendero y Dídimo Martínez aparecieron debajo de los restos de tres bebés no bautizados. Las cámaras de Esperanza Films —nombre de la productora— grabaron todo el proceso, también las lágrimas, incluso sonrisas, que se derramaban por el rostro de los familiares al conocer el hallazgo. En total, 60 horas de grabación en las que se llegó a ver una imagen almodovariana: “Mientras los arqueólogos trabajaban en la exhumación, las señoras estaban sentadas como en un corro manchego, hablando de sus cosas, vestida cada una de un color”, describe el director.

La ficción de una realidad cruda

En marzo de 2024 se cerró la herida, al menos para estas tres familias. Un entierro con orquesta republicana y puños en alto puso el punto y final a una larga lucha contra el olvido. Los seres queridos de Antonio Beleña todavía sobreviven al día a día sin saber dónde reposa su cuerpo. Sin embargo, para el equipo de San Julián se abría otro proceso: hacer realidad lo planteado al principio, llevar a escena y producir su relato original, titulado 80 años. 

Reconvertida en Bajo tu piel, que llega a las tablas por primera vez acogida por el Teatro del Barrio, en Lavapiés (Madrid), la historia nos obliga a mirar hacia abajo, desenterrar el pasado. “Si alguno puede soñar, que sueñe. Ese mundo que todos hemos perseguido, ese mundo aún no ha llegado”, tal y como dice uno de los personajes durante la función. A lo largo de la trama, varios momentos levantan la esperanza de los enterrados, muertos sin saberlo, al escuchar pasos, lloros y movimiento sobre sus cabezas. Abajo, cigarrillos y un libro se convierten en el mayor pasatiempo. El agua filtrada por las rocas y la arena, su alimento. 

Como si de un mantra se tratara, un pequeño diálogo se repite entre los cuatro: “Eso es lo que quieren, que nos volvamos locos y nos matemos entre nosotros”, comienza. “Eso que se ahorran”, responden. “Munición segura”, terminan. Mientras tanto, la bombilla siempre se enciende después de apagarse, hasta que unos 60 minutos después de su primer fogonazo, la luz decae. “Son meses que parecen años. La vida entera”, dicen.

Décadas de silencio

María Dolores Tendero Ramírez es la nieta de José Tendero Martínez, labrador y último alcalde de Madrigueras (Albacete) antes de estallar la guerra en julio de 1936. La voz de esta ordenanza de instituto se quiebra al hablar del silencio que vertebró la no conversación fraguada en torno a lo sucedido: “Mi padre, Andrés Tendero Carretero, jamás habló de esto, nunca. Mis hermanos a lo mejor sabían algo porque eran mayores, y mi madre a veces decía algo, pero mi padre nunca. Él sentía un dolor tan grande por mi abuelo que no quería transmitirlo”.

José Tendero militaba en Sol Naciente, un sindicato adscrito a la UGT. Primero como concejal por el grupo socialista en los primeros años de la década de 1920, en 1936 volvió a la corporación municipal. Más tarde, una enfermedad le obligó a dimitir como regidor, y permaneció como edil hasta el final de la contienda. Quedaba poco para su final. Según la sentencia, la detención tuvo lugar el 4 de abril de 1939, aunque la denuncia llegó cinco días más tarde. “Es un caso muy raro, pero los condenaron rápidamente. El 25 de abril ya estaban sentenciados a muerte por un tribunal de La Roda”, añade María Dolores a sus 61 años.

Nunca se les olvidará. El 7 de agosto de 1939 los mataron en Chinchilla de Monte-Aragón, donde aparecieron sus restos hace unos tres años. “Lo que más me pesa es que hayan pasado tantos años. Yo estoy muy orgullosa de mi abuelo. Mi padre siempre decía que era muy buena persona”, dice la nieta de José Tendero.

La misma fecha persigue desde que lo supo a María del Pilar Orozco Sahuquillo, bisnieta de José Sahuquillo, teniente de alcalde de Madriguera, labrador y bodeguero. Siempre que ella, llevada por una curiosidad que nació a edad temprana, preguntaba a su abuelo, Andrés Sahuquillo, por lo sucedido, recibía la misma respuesta: “Que te calles”. Como tantos otros miles, el delito de José Sahuquillo fue mantenerse leal a la legalidad republicana, lo que años después sería castigado como un delito de auxilio a la rebelión. 

Este militante socialista, cuñado de José Tendero, llegó a ser alcalde de Madrigueras durante un tiempo. De hecho, la familia todavía conserva el bastón de mando. “No sabemos por qué, porque aquí nadie ha hablado en mucho tiempo, pero él terminó como alcalde”, destaca la bisnieta. Por otro lado, María del Pilar critica la “desconsideración” que el PSOE albaceteño ha mostrado por la exhumación de uno de sus militantes asesinados por los franquistas. 

“Yo no sabía por qué tenía tanto interés en conocer más a este hombre de mi familia, pero que nunca conocí. Me dijeron que había heredado el dolor, algo que normalmente nos ocurre a las mujeres. El día que abrieron la fosa y supe que ahí estaba mi bisabuelo, ese día se me quitó ese dolor”, relata la misma María del Pilar. Era como si siempre hubiera estado esperándoles, añade. “Encontrarles y poderles enterrar significa haber hecho justicia, por fin, tras tantos años de silencio e invisibilidad”, admite.

Un médium contra el dolor enquistado

En ‘Bajo tu piel’, el actor Aníbal Soto da vida a José Sahuquillo. Al igual que sus compañeros de elenco Iván Villanueva, Javier Lera y Antonio Chamizo, su cuerpo intenta convertirse en una suerte de médium mediante el que comunicarse con el público, con los vivos. “Sabemos que bajo estos nombres encarnamos a muchísimas personas que aún necesitan justicia. Siguen siendo seres humanos que, aunque fallecidos, representan una vida que continúa en el recuerdo de las personas que les esperan”, comenta.

Soto resume la obra como una forma de habitar la duda de si alguien volverá a por esos cuerpos inertes, asesinados, que también se entrelaza con la de sus familiares: “La voz de los que estamos ahí dentro es la de sus allegados pidiendo que por favor nos saquen”, concede el actor. Él mismo finaliza: “Solo queremos que este dolor enquistado en muchísimas familias, transformado en traumas, en formas de ver el mundo, en un maltrato para buena parte de la población, que de una vez por todas esta deuda quede satisfecha”.

“Es aquí”. Pero aquí no hay nada. Solo una valla a un lado de la carretera y el tupido bosque de Collserola al otro. Valentín, un hombre de 59 años, ha aparcado el coche justo donde estaba la entrada de la Ciudad de los Muchachos, el orfanato en el que pasó buena parte de su infancia. “Si, ya verás como sí”, dice, mientras se encarama al vehículo y muestra, casi de puntillas, la parte alta de un edificio. “Allí estaban las aulas”, dice, señalando una casa con un dintel en el que se puede leer: Ayuntamiento de Barcelona. Beneficencia Casa Puig. Ciudad de los Muchachos.

Esa valla es relativamente nueva, cuenta. La instaló el consistorio hace menos de un año, coincidiendo con el momento en que los exalumnos de este orfanato franquista se empezaron a organizar para regresar a las instalaciones. Esas visitas nunca fueron promovidas por la nostalgia, sino por la sed de justicia y reparación: en este centro, miles de niños desde 1951 hasta 1977 pasaron hambre y fueron maltratados física y emocionalmente. Algunos incluso habrían sufrido abusos sexuales por parte de educadores y de los Hermanos de la Salle, encargados del centro en su etapa final.

El Ayuntamiento de Barcelona, que es titular del edificio aunque este se encuentre, técnicamente, en el término municipal de Sant Cugat del Vallès, es también la Administración que ha colocado las vallas que impiden el paso a lo que fue la Ciudad de los Muchachos. El consistorio asegura que es por seguridad, pero los exalumnos consideran que es otra manera de enterrar lo que les pasó. Otra excusa para “no castigar a los responsables de arruinar la infancia a tantos niños”, dice Valentín. “Éramos muy pequeños; sólo necesitábamos que nos protegieran y nos destrozaron”, remacha.

Esta escuela, que hoy se encuentra en ruinas, está engullida en su totalidad por el bosque. Las paredes de lo que fue el edificio que albergaba las aulas y el salón de actos están o bien derrumbadas, o bien llenas de grafitis pintados por chavales que suben hasta el lugar para pasar el rato o para beber, tal como atestiguan las latas tiradas por el suelo.

Hay pocas pistas de lo que sucedió entre esas ruinas. Sólo se puede intuir que allí hubo niños si se presta atención a la piscina que hay en lo alto de la loma –y que construyeron los mismos alumnos, obligados y bajo coacción– o a la portería, ya sin red y descolorida por el sol. La escena lúgubre y el pasado convulso del lugar ha atraído incluso a influencers de lo paranormal, quienes han dedicado diversas producciones a la Ciudad de los Muchachos, llegando a afirmar que allí se pueden encontrar “espíritus de niños atormentados”.

“Los espiritistas se preocupan más por lo que pasó en este orfanato que el Ayuntamiento de Barcelona, que es el propietario del recinto”, se lamenta Joan Moya, un vecino de la zona, activista de la plataforma Som Collserola y responsable de una queja emitida ante el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) en la que se apuntaba a la decadencia de las ruinas y reclamaba que se recuperara la memoria del lugar.

Esta “casa de los horrores” –como la definen algunos exalumnos– alojó a miles de niños durante más de tres décadas. Y, aunque fue el proyecto personal del teniente de alcaldía de la época, Alfredo Casanova, el Ayuntamiento de Barcelona se desentiende de ese patrimonio. De hecho, durante años negó tener nada que ver con el mismo, argumentando que se encuentra en territorio del municipio vecino de Sant Cugat.

Ahí fue donde entró el Síndic de Greuges, que pidió diversos informes e investigó si la titularidad de los terrenos era del consistorio de la capital catalana, como así lo insinúa el nombre del Ayuntamiento en el dintel de la entrada y un escudo de Barcelona grabado en el suelo. El organismo consultó a diversas áreas municipales, que llegaron incluso a constatar que “no se puede determinar si este edificio pertenece al Ayuntamiento”. “Sea como sea, no se trata de un edificio en nuestro distrito”, apuntaron en 2024, según consta en el informe de la Sindicatura, al que ha tenido acceso este medio.

Pero resultó que el edificio sí es propiedad del consistorio. De hecho, posee todo el complejo, que comprende no solo lo que fueron las aulas de La Ciudad de los Muchachos –ahora también en ruinas–, sino también la capilla –todavía en pie– y la masía de Can Puig, actualmente protegida y que funciona como un centro de atención a las drogodependencias.

Así se constató en un informe solicitado en 2021 por Barcelona Infraestructures Municipals SA (BIMSA) para decretar el estado de ruina de los edificios abandonados. En el texto se apunta que la titularidad del conjunto corresponde al Ayuntamiento, con gestión compartida con el Consorcio de Servicios Sociales y el del Parque de Collserola. El informe asegura que las edificaciones no pueden ser rehabilitadas a corto plazo y se insta a su derribo.

Resulta que el consistorio compró los terrenos a un particular en 1923 y durante la República los usó para crear unas ‘colonias permanentes’ para que niños con problemas respiratorios estuvieran en contacto con la naturaleza en el bosque. Luego, durante la Guerra, se convirtió en un refugio para huérfanos para luego ser confiscado por el régimen. Durante los primeros años del franquismo, fue un internado y luego un lugar de encuentro para los campamentos de la Sección Femenina.

No fue hasta 1951 que se convirtió en la Ciudad de los Muchachos. La institución estuvo en funcionamiento hasta 1977, cuando los Hermanos de la Salle, que tuvieron la gestión durante su última etapa, abandonaron abruptamente a los niños, de un día para otro, cuando el centro dejó de reportarles beneficios económicos tras la muerte del dictador. Con su marcha, los niños fueron reubicados y el espacio empezó a quedar a merced del bosque.

Acabar con toda evidencia

Exalumnos como Valentín, que sufrió “palizas diarias” y maltrato emocional, se horrorizan cuando ven que lo que les hicieron pasar, simplemente por ser hijos de rojos o de familias pobres, va a quedar en el olvido. “No hay ni una placa, ni un memorial ni nada. No pedimos que nos compensen, sino simplemente que reconozcan lo que nos pasó”, sostiene. “Esto parece una ciudad fantasma”, dice Lale, otro de los exalumnos durante una visita a las ruinas. “No reconozco casi nada”, lamenta.

Estos hombres que fueron niños maltratados sienten no solo que sus agravios están siendo olvidados, sino que están siendo “tapados”. Este sentir empezó cuando el Ayuntamiento instaló la valla y culminó cuando, de un día para otro, desapareció el marcador de Google Maps que indicaba la ubicación de la Ciudad y cómo llegar a ella.

Los exalumnos y las asociaciones vecinales acusan al Ayuntamiento de haber pedido a la plataforma que elimine la ubicación –igual que pidió, en su momento, que eliminara algunas líneas de autobús masificadas por el turismo–. Pero el consistorio niega cualquier acción en este sentido. No se conoce el responsable, pero sí las consecuencias. Este gesto no sólo dificulta el acceso al centro, sino que además ha borrado todas las reseñas en las que los exalumnos escribían sus experiencias.

“Todo eso es un patrimonio perdido de un gran valor”, considera Teresa Roig, autora del libro La Ciudad de los Muchachos (Navona Editorial), una de las pocas obras que explica la historia de este orfanato. La publicación de su obra atrajo a exalumnos y les animó a explicar historias que jamás habían contado, ni siquiera a sus familias. Tanto, que se celebraron diversas presentaciones del libro en lo que fue la Ciudad de los Muchachos, antes de que estuviera restringido el acceso.

“Fue poco después de esas presentaciones que se puso la valla y se eliminó la ubicación de Google”, relata Roig, que también denuncia la “inacción” del Ayuntamiento y la falta de voluntad de “reconocer y reparar la vida truncada de estos niños”.

La Sindicatura de Greuges dio la razón a la queja que se interpuso e instó al consistorio a hacer precisamente eso: dignificar el espacio y crear un memorial que explicara qué pasó allí. “La ONU reconoce la memoria como parte de la justicia transicional, juntamente con la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición”, recuerda el Síndic al Ayuntamiento. Esta resolución tiene más valor si cabe habiéndose publicado en el año en que se celebra el medio siglo de la muerte de Franco, durante el cual tanto el gobierno municipal, como el catalán y el central están inmersos en una serie de actividades de memoria histórica.

A preguntas de este medio, desde el Ayuntamiento aseguran que, en el marco de esta efeméride, se “estudia algún formato de actividad o acción por el reconocimiento de las personas que han denunciado este espacio como centro de internamiento de menores”. Ahora bien, añaden que “no hay previsión de hacer ninguna otra intervención” debido a que “su estado actual hace muy costosa su rehabilitación”.

“Si te castigaron es porque lo mereces”

Este medio ha podido entrevistar a cuatro personas que vivieron en La Ciudad de los Muchachos en épocas diferentes. Todos ellos coinciden en las “torturas” y el “sufrimiento”, en el aislamiento al que les sometían y cómo les apartaban de sus familias, a las que el régimen consideraba una “mala influencia”. Hambre, palizas y un adoctrinamiento que llegaba al punto de que el papel higiénico era canjeable por puntos conseguidos por “buena conducta”.

El único de los testimonios que cuenta una historia diferente es Pere, que estudió en este orfanato durante sus primeros tres años de existencia, cuando sí fue realmente un centro pedagógico innovador, una “anomalía dentro del régimen” que consiguió llevar a la gran mayoría de los chavales, provenientes de familias obreras, a la universidad. “Por eso me duele tanto en lo que se convirtió después”, apunta este exalumno a elDiario.es.

Aquella escuela fue un pozo de traumas que muchos niños se callaron para siempre. “Hay cosas que nunca contaré a mi familia, para no hacerles sufrir”, dice uno de ellos. Ahora bien: hay un lugar en el que podían compartir sus historias. Aparte de las reseñas de Google, que funcionaba como una especie de confesionario, también existe un grupo de Facebook.

En este se conservan fotografías de archivo y actuales. Imágenes que suelen ir acompañadas de comentarios de diversos usuarios que comparten nombres de maestros y de los religiosos que les marcaron, literal o figuradamente. Como en casi cualquier grupo de exalumnos, se buscan antiguos compañeros de promoción o recuerdos de infancia. Pero, de vez en cuando, el espejismo de la nostalgia se rompe con mensajes publicados casi de madrugada. “No puedo olvidar la Ciudad de los Muchachos. Me robó mi infancia y tenía sólo 6 años”, dice uno de los post.

El grupo tiene como frase de cabecera “Si te castigan es porque lo mereces”, la misma cita que, según cuentan exalumnos, se repetía durante su día a día en el orfanato. “Yo pensaba de verdad que lo merecía”, cuenta Valentín. Muchos de los niños asumieron el mantra de que se les pegaba “lo normal”, pero con el paso de los años se han ido asumiendo a ellos mismos como víctimas de maltrato. “No entendíamos por qué nos hacían eso. Y sigo sin entenderlo. Si nadie hace nada, se olvidará lo que pasó. Todos nos olvidarán a nosotros”, se lamenta Valentín.

La intervención desarrollada en el cementerio municipal de Berlanga (Badajoz) ha evidenciado, por primera vez, la existencia de una fosa común de la Guerra Civil con, al menos, dos individuos represaliados inhumados en la misma. El hallazgo se ha producido en el marco de una intervención arqueológica promovida por el ayuntamiento, financiada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con la colaboración de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica Campiña Sur, entidad que canalizó la solicitud de la familia de Rafael Sanabria Barragán, asesinado el 28 de septiembre de 1936 en la localidad pacense. 

Esta primera fase del proyecto ha permitido desarrollar labores de investigación histórica y localización de fosas dentro del camposanto. El equipo técnico multidisciplinar se encuentra integrado por Félix Bizarro, arqueólogo y director del proyecto, Adriana Martín, arqueóloga y antropóloga forense y Juan Manuel Lima, historiador.

La intervención arqueológica, desarrollada durante este mes de abril, ha consistido en la ejecución de diferentes sondeos en aquellos espacios donde los testimonios familiares y la memoria oral situaban la ubicación de posibles fosas comunes, tanto en el interior como en el exterior del recinto cementerial, obteniendo finalmente resultados positivos en un patio dentro del recinto.

En la fosa documentada, en forma de zanja, se han identificado, por el momento, los restos óseos de, al menos, dos individuos compatibles con víctimas de la represión. Además, en el relleno de la propia fosa se han recuperado materiales represivos asociados a hechos violentos, entre ellos dos vainas de 7 mm de fusil Mauser y un fragmento de proyectil. 

Este hallazgo supone especial relevancia histórica puesto que el cementerio de Berlanga no figuraba en el Mapa de Fosas de Extremadura, abriendo con ello nuevas líneas de investigación sobre la represión en la comarca. Además, las investigaciones iniciales estimaban en 32 personas el número de víctimas de la represión asesinadas en Berlanga, sin embargo, los nuevos datos obtenidos durante la fase de investigación histórica y arqueológica apuntan a que esta cifra podría verse ampliamente superada, llegando incluso a duplicarse.

Desde la organización del proyecto se subraya que este hallazgo supone “un primer paso fundamental para recuperar la memoria histórica de Berlanga, arrojar luz sobre los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y la posguerra, y ofrecer respuestas a las familias que llevan décadas buscando a sus desaparecidos”.

El debate sobre la Cruz ocupa estos días cada rincón de Cáceres. Hay quien la defiende como símbolo de memoria; hay quien la señala como vestigio de una dictadura. Entre unas posturas y otras, la ciudad parece partida en dos mitades que discuten, argumentan y se atrincheran.

Ayer, sin embargo, alguien me habló de otra frontera. Me habló de una niña. De su miedo. De los años en los que su cuerpo dejó de ser suyo porque un hombre adulto decidió cruzar todos los límites. Y me dijo algo más: ese hombre, hoy, es uno de los rostros que enarbola una pancarta que reza que “la cruz no se toca”.

Hay frases que, cuando cambian de contexto, se vuelven insoportables.

Porque entonces una no puede evitar pensarlo: la cruz no se toca, pero a una niña sí se le puede tocar. Durante años. En silencio. Sin que nadie levantara una pancarta por su derecho a no ser invadida porque ella, con su corta edad, ni siquiera era consciente de lo que estaba ocurriendo.

No escribo esto para simplificar el debate público ni para convertir una discusión compleja en un titular fácil. Lo escribo porque hay una verdad que siempre sale a la luz, incómoda: seguimos protegiendo con más firmeza algunos símbolos que los cuerpos femeninos.

Y desde el feminismo eso duele especialmente. Porque llevamos décadas diciendo que lo personal es político, que las violencias íntimas no son asuntos privados, que lo que ocurre dentro de las casas también define quiénes somos como sociedad. Y que la impunidad histórica hace que un hombre que durante años abusó físicamente de una menor se atreva a llevar un cartel conminando a no tocar algo.

Ahora sé qué hombre, uno más, encarna todas las condenas que han cumplido las mujeres por el hecho de serlo.

Es la sacralización de lo inerte frente a la profanación de lo vivo. Que alguien que ha violado el templo más sagrado que existe —la integridad y la infancia de una niña— se atreva a visibilizar un cartel bajo el lema “no se toca”, convierte la frase en pura obscenidad.

Aquella niña, ahora mujer, sigue sin poder verbalizar en un juzgado todo aquello que vivió, paralizó y la ha aterrorizado de por vida. Ahora, solo tengo ganas de preguntarle a ese hombre cuando le vea con el cartel en la mano que reza: ‘La cruz no se toca’ que qué es, de verdad, lo que no se debe tocar. Qué rabia, qué impotencia, qué asco.

Cinco Villas orientales (Zaragoza), 28 de agosto de 1936. Pasadas las 5 de la mañana, un camión se detiene a un kilómetro de Valpalmas. Bajan varias personas, algunas de ellas armadas. Suenan disparos de fusil. Después, el silencio, que solo rompe el sonido del motor del vehículo al arrancar. El ruido se entremezcla con las voces de los hombres que se marchan en el camión, tarareando. En un rato volverán a por los cuerpos de las once personas a las que acaban de arrebatar la vida. Pero solo encontrarán diez.

Noventa años después, Camille Castro cruza los Pirineos, desde Pau, para averiguar qué fue de sus antepasados. Su bisabuela tenía 14 años cuando estalló la Guerra Civil española y sus padres decidieron mandarla a Francia. Victoria Marco Samitier, de Casas de Esper (Ardisa), no volvió nunca a vivir en su país natal, aunque sí vino a visitar a sus hermanos alguna vez. Uno de ellos, Julián, fue fusilado con 17 años pero sobrevivió. El empeño de Camille por conocer la historia de su familia —y la suerte de contar con fuentes escritas de la época— nos ha llevado a descubrir cómo fusilaron al hermano de su bisabuela, y cómo un cúmulo de circunstancias provocaron que salvara la vida.

Julián Marco Samitier se encuentra el 19 de julio de 1936 en la localidad de Piedratajada trabajando de jornalero. Los primeros días de sublevación fascista apenas se notan en este municipio de la comarca de Cinco Villas, donde lo único extraordinario que parece que va a suceder son las fiestas grandes que se van a celebrar unos días después. Por esta razón, se une a 25 compañeros y en una camioneta se trasladan a los pueblos cercanos con el fin de evitar lo que muchos y muchas llevaban días temiendo que ocurriera. Van a Gurrea de Gállego, donde los fascistas han fusilado a varias personas de izquierdas. Una vez allí, desarman a la Guardia Civil y montan guardia junto a varios vecinos. Los sublevados no se dan por vencidos y el 23 de julio la guerra llega a esta localidad altoaragonesa. Se desplazan siete camiones de fascistas con ametralladoras, morteros y cañones para tomar el pueblo. Los milicianos nada pueden hacer contra un despliegue de tal envergadura y, tras aguantar el fuego media hora, evacuan la localidad. Julián logra escapar, no sin antes ver cómo un compañero suyo cae, a su lado, inerte por una bala en la cabeza.

De vuelta en Piedratajada, los patronos aprovechan las jornadas de trabajo de Julián y sus compañeros para hacerse con el Ayuntamiento. Al cabo de un mes, la Falange del pueblo vecino de Luna llama a la puerta de Julián. El nuevo alcalde de Piedratajada lo ha denunciado y proceden a su detención. Tras tomarle declaración, le trasladan, junto a diez detenidos más, a los calabozos de Luna. Es 27 de agosto. Los once milicianos reciben la “escalofriante” noticia de que van a ser fusilados. Julián tiene 17 años y lleva unos meses afiliado a la UGT, motivo de peso para que quieran quitárselo de en medio. Haber ido a Gurrea de Gállego y enfrentarse allí a los sublevados tampoco favorece mucho a los once milicianos detenidos en Luna.

A las cinco de la mañana los meten en un camión y los llevan hasta el término municipal de Valpalmas. El vehículo se detiene a un kilómetro del pueblo. Los falangistas les hacen bajar mientras llega otro coche con el teniente de la Guardia Civil.

—“Todos abajo”, ordenó, haciéndonos caminar fuera de la carretera unos 10 metros o poco más. Entonces oímos la voz de “alto”. Volví la cabeza para mirar, pero en aquel instante nos estaban apuntando con los fusiles, y uno con voz de trueno gritó: “Fuego”—

Pero el destino tenía otros planes para Julián Marco Samitier. Unos meses después, de permiso en Barcelona, se cruzará con el periodista Gerardo Monge, a quien concederá una entrevista para Mi Revista que servirá para inmortalizar su historia y para que hoy descubramos cómo es posible salir vivo de un fusilamiento con tiro de gracia incluido. El joven se lanza al suelo antes de que le rocen las balas pero no las logra evitar en la segunda descarga: “Un tiro me atravesó el hombro izquierdo, quedando la bala de rebote incrustada en la cabeza”. Al acercarse para terminar de matar a sus compañeros, descubren que seguía vivo. “Me dieron un tiro estando en el suelo y boca abajo, habiendo percibido perfectamente el correr del cerrojo, entró por el cuello y salió por la oreja. Me quitaron un portamonedas con quince pesetas y se marcharon en el mismo camión, tarareando una canción”, recuerda Julián. Cuando el motor del auto apenas se distingue, tambaleándose y lleno de sangre, se incorpora. “Miré, lleno de pena, a mis compañeros. Los llamé; pero todo en balde. Ninguno se movía”, explica el joven, y decide adentrarse en el monte. Al cabo de un rato caminando, escondido entre los pinos ve a un hombre al que hace señas.

La suerte sigue del lado de Julián, pues se trata de su hermano mayor, Joaquín, que lleva medio mes huido en el monte junto a otro compañero al ser llamada su quinta para combatir en el bando sublevado. Joaquín le hace una primera cura en la que le extrae, a punta de cuchillo, la bala de la cabeza. Permanecen 15 días más escondidos, uniéndose a otros que, igual que ellos, trataban de evitar una muerte segura no sin antes luchar. Mientras avanzan hacia territorio republicano, esquivando las patrullas que los buscan, Julián va sanando de sus balazos gracias al practicante de Casas de Esper y Puendeluna, don Vicente Marión —padre del que años más tarde será alcalde de Benasque, José Marión—, quien a escondidas subía al monte a hacerle curas: así nos lo confirma Lorenzo Buen, testigo de más de un siglo de la historia de Casas de Esper.

Una noche, a la altura de ‘La Carbonera’ (en el monte de Luna), se les unen tres compañeros más: “Se habían enterado de que los fascistas habían fusilado a once de los nuestros, pero que al recoger los cadáveres encontraron diez solamente, faltando yo, a quien sañudamente buscaban”, indica Julián. A mediados de septiembre llegan a Santa Eulalia de Gallego y cruzan el puente, en poder de los republicanos, que los trasladan al cuartel general de Tardienta en el Frente de los Monegros. Esa misma noche se alistan en las milicias, en concreto en la Columna Del Barrio, centuria 12. En esos primeros meses de contienda, Julián se encontrará con otro periodista que ha cruzado el charco para contar de primera mano lo que sucede en España. “No está muerto quien pelea”, explicará al uruguayo Alberto Ethcepare, quien años más tarde publicará en su diario de la Guerra Civil: 'Don Quijote fusilado'.

Julián y Joaquín, tras ingresar en enero de 1937 en el Cuerpo de Carabineros, recorren España de frente en frente. Pozoblanco, Madrid, Teruel, Levante… Los Marco Samitier sobreviven a la guerra pero el 1 de abril de 1939 su batallón, el número 14 de Carabineros, se encuentra en Valencia. Los detienen a ambos; a Julián lo llevan a Barcelona, de ahí a Huesca, a ‘Las Capuchinas’ de Barbastro y a la Prisión Provincial de Zaragoza. Lo condenan a 6 años y un día de prisión mayor y a finales de 1941 le conceden la libertad condicional. Su hermano mayor Joaquín, sin embargo, no volverá a ser libre nunca más. A él le caen 12 años y un día de prisión menor que cumple en San Juan de Mozarrifar, donde morirá en 1942 de tuberculosis pulmonar.

Camille Castro recorre junto a nosotros hoy los lugares que una vez atravesaron sus antepasados. Casas de Esper, en Ardisa, donde pasaron sus primeros años, Valpalmas, donde su tío Julián sobrevivió al fusilamiento… Noventa años después, los y las familiares de las víctimas de la sublevación franquista en España siguen tras la pista de sus abuelos, bisabuelos y tíos, para descubrir, conocer, saber, y sobre todo, recordar a aquellos y aquellas que arriesgaron su vida por la democracia y la libertad.

Stella Maldonado sigue desde hace años cualquier pista que encuentra sobre su abuela, una de las miles de víctimas represaliadas por el franquismo. Como si de un puzzle se tratara, va intentando unir las piezas de aquí y de allá para intentar recomponer una historia silenciada cuyo rastro documental, como ocurre en todos los casos, está desperdigado por diferentes archivos. Uno de ellos es el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI), del que ha recibido el expediente penitenciario del paso por la cárcel de su abuela con muchos de los nombres propios y firmas del documento borrados.

No es un caso excepcional, sino la práctica habitual de un archivo que custodia miles de fondos sobre la represión franquista al que acuden regularmente investigadores y familiares de víctimas. Un grupo de ellos llevan unas semanas impulsando una petición al Gobierno para reclamar la “apertura” del archivo, sobre el que denuncian “censuras y malas prácticas” aplicadas sobre la documentación cuando intentan consultarla. A Stella, el expediente de su abuela le llegó más de un año después de hacer la solicitud oficial, algo que no le ha pasado en ninguno de los otros archivos a los que ha pedido información.

El expediente carcelario de su abuela, Matilde Sánchez Álvarez, que fue detenida en abril de 1939 en Madrid junto a otros familiares, detalla las entradas y salidas de la prisión de El Escorial en días puntuales, por ejemplo para asistir al Consejo de Guerra que la condenó por sus “ideas izquierdistas”. Cada una de las anotaciones aparece como un breve registro fechado y firmado por la autoridad correspondiente, pero son algunas de estas firmas (por ejemplo, la de “El oficial”), las que aparecen cubiertas con un borrón blanco, impidiendo su lectura. También el archivo ha ocultado las palabras que siguen a las expresiones “se une al expediente de”, en lo que parecen los nombres de otros represaliados.

“No tengo ningún interés en ir a conocer a los descendientes del oficial que firmó su entrada en la cárcel ni nada parecido, pero no es comprensible que hagan esto. Investigar la historia familiar es buscar una aguja en un pajar y esto dificulta tirar del hilo”, traslada Stella, cuya única finalidad es “conocer” la vida de su abuela, que falleció con 95 años sin apenas hablar sobre su historia. Es también el objetivo de José Lázaro, que está indagando en la represión sufrida por su abuelo y su tío abuelo. Ambos pasaron por la cárcel de Porlier, siendo el primero fusilado en la tapia del cementerio del Este y el segundo, depurado de su profesión como policía leal a la República.

José pidió al AGMI la documentación en junio de 2023 y la recibió casi dos años más tarde, en marzo de 2025, también con varios nombres borrados. En el caso del expediente de depuración de su tío abuelo, están ocultos otros policías represaliados y algunos afines al régimen, como los de los funcionarios del Cuerpo de Investigación y Vigilancia o el del Jefe del Negociado de Orden Público de Salamanca, del que asegura el documento que fue, junto a su grupo, el “único” que dio “sensación de trabajo” en 1936 frente a aquellos de “significación marxista comunista”. En el caso de su abuelo, el expediente carcelario ha suprimido la firma de “El director”, que autoriza su última salida de prisión el 24 de junio de 1939 para ser fusilado.

Es un modus operandi que también afecta a los historiadores, que denuncian “dificultades persistentes en el acceso” a los fondos y han iniciado una recogida de firmas para reclamar a Interior que les ponga fin. La situación con este archivo es conocida y comentada en círculos de investigadores desde hace tiempo y en las últimas semanas ha tomado fuerza tras ser hecha pública en una tribuna en este medio y en un reportaje de la Cadena Ser. Y es que la problemática trasciende la ocultación de nombres: se suma también que las solicitudes son atendidas “con grandes retrasos”, no se pueden hacer consultas presenciales y no se ponen a disposición de los investigadores los llamados instrumentos de consulta, que en la práctica son catálogos que permiten saber qué hay y qué se puede pedir en cada archivo.

“Todo ello obstaculiza y bloquea investigaciones y frena el conocimiento de víctimas y victimarios. La identificación de personas son muy importantes para avanzar en estudios históricos”, esgrime Mario Lozano, de la Universitat de Barcelona, que hace referencia a la importancia de los fondos del archivo, todos los relativos a algunos órganos importantes del aparato represivo de la dictadura. El investigador trabaja sobre política local durante el franquismo y sabe que la dirección general de política interior realizaba un seguimiento muy estrecho sobre sus alcaldes. Sin embargo desconoce qué documentación se conserva sobre esto porque “no deja acceder a los instrumentos de descripción”, denuncia. “Es un principio básico de transparencia y es necesario porque lo contrario es ir a ciegas”.

Una regulación “hiperrestrictiva”

A la recogida de firmas impulsada por los investigadores se ha adherido esta semana la Asociación de Historia Contemporánea, la más importante del sector, y el asunto ya ha llegado al Congreso a través de una proposición no de ley presentada por ERC que ha sido aprobada este martes en la Comisión de Interior con los votos en contra del PP y Vox. La iniciativa traslada algunas de las reclamaciones de los investigadores, entre ellas, que se transfiera la documentación histórica que posee el AGMI a los archivos históricos competentes “en cumplimiento de la normativa archivística vigente”.

Según la propia instrucción del Ministerio que regula las normas de sus archivos, el AGMI no debería custodiar documentación que supere los 30 años de antigüedad, sino que esta debería estar en posesión de archivos históricos como el Archivo General de la Administración (AGA), situado en Alcalá de Henares. Archivos en los que no se aplican este tipo de restricciones, según apuntan varios investigadores. De hecho, tanto José Lazaro como Stella tienen en su mano los sumarios que condenaron a sus respectivos abuelos, procedentes del Archivo General e Histórico de Defensa, con todos los nombres visibles.

Preguntado al respecto, Interior rechaza que tapar algunos nombres sea “censura”, sino que “se aplica con rigor y objetividad la normativa, que contempla restricciones de acceso en garantía de otros derechos e intereses legalmente protegidos”, apuntan fuentes del Ministerio haciendo referencia a varias legislaciones como la Ley del Patrimonio Histórico Español o su instrucción de 2006. Esta apunta a la “despersonalización de datos” en caso de que se vea afectada “la intimidad” de las personas. En todo caso, Interior asegura que las solicitudes recibidas por familiares al amparo de la Ley de Memoria Democrática “se están resolviendo con el más amplio criterio de acceso”.

Este martes, el ministro Fernando Grande Marlaska ha respondido una pregunta de EH Bildu en el Senado sobre esta situación y ha negado “opacidad” o “voluntad restrictiva” en el acceso al archivo. Además, ha anunciado que el Ministerio ha iniciado la tramitación para la digitalización de un millón de documentos de fondos penitenciarios y policiales hasta 2028.

Por regla general, el acceso a documentos que contengan datos personales debe ser libre una vez pasados 25 años del fallecimiento de la persona o 50 desde la fecha del documento, un supuesto que sí afectaría a los expedientes relativos al régimen de Franco, de cuya muerte se ha cumplido medio siglo este pasado noviembre. Además, la Ley de Memoria Democrática reforzó la prevalencia del interés científico e histórico, sobre todo en el caso de que quienes consulten sean víctimas o familiares de represaliados, para los que ni siquiera debería contar el plazo de 25 y 50 años.

“Es sangrante porque en muchos casos hablamos de documentos de los años de la guerra o inicios de la dictadura”, apunta Lozano. Sin embargo, la instrucción de 2006 detalla que algunos fondos están sujetos a un “régimen específico de acceso” más allá de la regla general, es decir, en los que Interior “despersonaliza” referencias sin importar su antigüedad, entre ellos los que contengan datos personales “de carácter policial” o “procesal”.

Ante ello, los investigadores hacen referencia a una “regulación interna obsoleta” que aplica un enfoque “extremadamente restrictivo” y que “choca con el marco legal actual que ha reforzado el derecho de acceso a la información pública”, señalaba un grupo de historiadores capitaneado por Ángel Viñas en la tribuna publicada en elDiario.es. Henar Alonso, archivera del Archivo General Militar de Ávila, apunta también a una “interpretación hiperrestrictiva” de una ya de por sí “compleja legislación sobre acceso a la información pública” que, a su juicio, el archivo de Interior podría aplicar de forma “más aperturista y flexible”, como hacen otros archivos.

Al igual que Stella y José Lázaro, Carlos Mañes también recibió del Archivo de Defensa las cinco causas que los franquistas abrieron a su abuelo Santos, que fue ejecutado en octubre de 1940, sin ningún tachón. Pero los documentos que le envió Interior tienen muchos nombres tachados: desde los de otros represaliados a los de secretarios judiciales, jueces o funcionarios que firman los oficios. “Me parece una vergüenza, estamos hablando de hechos que ocurrieron hace casi 90 años”, señala Carlos, que también denuncia el “retraso” con el que recibió el expediente, más de un año después de pedirlo.

Lozano describe cómo la suma de “obstáculos” provoca que, en muchos casos, haya investigadores que “están meses y meses esperando” a que les respondan para que después “les digan que no tienen lo que han pedido”, dice en referencia a la falta de un catálogo. Eso a pesar de que el Real Decreto de 2011 que regula los archivos establece el plazo de un mes para resolver y adoptar la consulta. A este respecto, fuentes del Ministerio del Interior apuntan al “elevado número de solicitudes y su complejidad” como circunstancias que “pueden demorar en ocasiones las resoluciones”.

El traslado de cajas

La recogida de firmas que están impulsando los historiadores reclama al AGMI que “simplifique el procedimiento de solicitud” de los fondos y “vele” porque se resuelvan en plazo. Además, solicita que se “normalice” la consulta presencial en el archivo, algo que no ocurre a pesar de que es una práctica habitual para los investigadores. La petición principal es, sin embargo, que se produzca la transferencia de la documentación al Archivo General de la Administración (AGA), dependiente del Ministerio de Cultura, que en los últimos 25 años solo ha recibido dos traslados de fondos –529 cajas en 2001 y 1.300 en 2011–.

Según explican fuentes de Interior, su archivo traspasa documentos “a medida que son requeridos y de acuerdo a la reserva de espacio que se le comunica” y señalan que en 2025 se acordó con el AGA una transferencia de 6.300 nuevas cajas que aún está pendiente “a la espera de la fecha definitiva que le comunicaría” el archivo dependiente de Cultura. Estas mismas fuentes recalcan que no fue hasta el pasado 27 de marzo cuando el AGA “informó” de que se podía proceder a la transferencia a partir de este 20 de abril.

Fuentes de Cultura dan otra versión diferente y afirman que todos los ministerios “están informados de que pueden enviar fondos” y de que “hay espacio para ello”. En el caso de Interior, aseguran que en 2024 “se le comunicó oficialmente” que podían mandar las cajas, pero “no contestaron, a diferencia de otros ministerios”. En 2026, prosiguen, “se les ha recordado y ahora sí han dicho que van a mandar”. Las mismas fuentes remarcan que “hay un acuerdo firmado en 2021” con el ministerio para que envíe los documentos relativos a la cárcel de Carabanchel, símbolo de la dictadura. “Hay un kilómetro lineal disponible para esto, pero no lo han hecho”, añaden. A esto también responde Interior con un planteamiento opuesto y señala que fue “el AGA el que estableció la transferencia de estos fondos para 2031”.

De momento, las cajas ya trasladadas o que lo van a ser próximamente no llegan a ser ni el 10% del total de los fondos pendientes de traspasar.

El Parlament balear ha aprovat aquest dimarts una moció sobre memòria democràtica impulsada pel grup Mixt-Unides Podem, si bé el bloc format per PP i Vox ha rebutjat algunes de les seves mesures més contundents, com la retirada de símbols franquistes, la revisió dels honors atorgats als responsables de la dictadura franquista i el reforç de les polítiques públiques de memòria. Conservadors i extrema dreta també s'han oposat a impedir qualsevol manifestació que impliqui la glorificació de l'alçament militar, de la dictadura o del mateix Franco.

Durant el debat, la diputada del PP Cristina Gil ha defensat el rebuig del seu grup a diverses d'aquestes mesures, emmarcant-lo en una crítica de fons a les polítiques de memòria desplegades a Balears. “Un Parlament que deroga una llei no està destruint la democràcia, l'està exercint”, ha asseverat, en al·lusió a la recent supressió de la llei autonòmica de memòria democràtica.

Gil ha qüestionat, a més, el fet que la memòria depengui d'un text legislatiu, ironitzant que, segons l'esquerra, sense aquesta norma els ciutadans “es despertarien sense recordar res”. En contraposició, ha reivindicat una memòria que “viu en arxius, en famílies i en llibres”. La diputada popular ha justificat el seu rebuig a mesures com impedir actes d'exaltació franquista en considerar que prohibir-los suposaria una limitació de drets fonamentals com la llibertat d'expressió.

Cal assenyalar que a Espanya no existeix un delicte específic que prohibeixi l’exaltació del franquisme: el Codi Penal inclou els delictes d'incitació a l'odi per raó de gènere, raça, religió o altres circumstàncies, així com el de “negació o justificació” del genocidi, però no fa esment a l'apologia del franquisme o del feixisme. Amb tot, el Congrés va donar llum verda l'any passat a la reforma de la llei d'associacions per introduir com a causa de dissolució la realització d'activitats que constitueixin apologia de la dictadura o dels seus dirigents. La norma no implica una il·legalització automàtica, sinó que han de ser els tribunals els que avaluïn cada cas i decideixin si procedeix dissoldre una entitat.

En un dels moments de la seva intervenció, Gil ha ampliat el debat més enllà del context espanyol i ha apel·lat als “més de 100 milions d'assassinats” que algunes fonts atribueixen al comunisme per qüestionar la legitimitat de l'esquerra a l'hora de donar “lliçons” sobre drets humans.

Per la seva banda, el diputat de Vox Sergio Rodríguez ha acusat directament l'esquerra de “no tenir memòria ni ser demòcrata” i de voler imposar “una veritat falsa” sota amenaça de sanció: “Tot aquell que dissenteixi, multa o presó”, ha insinuat. El parlamentari ha articulat la seva intervenció entorn d'una comparació sistemàtica entre l'Espanya actual i el franquisme, enumerant dades econòmiques i socials per reivindicar aquest període —major pes industrial, més accés a l'habitatge, millors taxes d'emancipació juvenil, menor criminalitat o reducció de l'analfabetisme—, malgrat que la majoria d'aquests indicadors són objecte de controvèrsia entre historiadors.

Rodríguez ha arribat a atribuir al franquisme el desenvolupament de la xarxa sanitària pública i de la Seguretat Social, citant hospitals i mesures implantades durant la dictadura, obviant que, tot i que el règim va impulsar estructures inicials de protecció social, el sistema sanitari universal i l'Estat del benestar actuals s'han desenvolupat principalment en democràcia.

Reconeixement de les associacions de víctimes

Malgrat el rebuig d'aquestes mesures, sí que han tirat endavant altres punts de caràcter general, com el compromís de reconèixer el paper social de les associacions de víctimes de la guerra civil i de la dictadura franquista inscrites en el registre autonòmic; el compliment de les resolucions de Nacions Unides sobre els drets de les víctimes de violacions de drets humans; la garantia de l'exercici efectiu dels drets a la reparació, la veritat, la memòria democràtica, el reconeixement i la justícia de totes les víctimes del conflicte bèl·lic, i el desenvolupament de “totes les mesures legals” per aconseguir aquest objectiu, entre les quals l'organització d'activitats extraescolars per als alumnes d'educació secundària.

La moció insta el Govern, a més, a vetllar per la comprensió i la difusió de la història de Balears durant la Segona República, la guerra civil, la dictadura franquista, la Transició i l'Estatut d'Autonomia, així com a continuar amb els homenatges institucionals a les víctimes.

Al text s'han introduït diverses esmenes del PSIB i de MÉS per Mallorca que aborden qüestions com la continuïtat de les polítiques de memòria democràtica; la col·laboració interinstitucional en l'organització d'accions de reparació; l'organització d'un acte civil de sepultura al ‘Memorial de la Dignitat’ del cementiri de Palma; l'ampliació del Pla de Fosses; i la instal·lació de pedres de la memòria, també conegudes com a Stolpersteine, als municipis de Balears.

El Parlament balear ha aprobado este martes una moción sobre memoria democrática impulsada por el grupo Mixto-Unides Podem, si bien el bloque formado por PP y Vox ha rechazado algunas de sus medidas más contundentes, como la retirada de símbolos franquistas, la revisión de los honores otorgados a los responsables de la dictadura franquista y el refuerzo de las políticas públicas de memoria. Conservadores y extrema derecha también se han opuesto a impedir cualquier manifestación que implique la glorificación del alzamiento militar, de la dictadura o del propio Franco.

Durante el debate, la diputada del PP Cristina Gil ha defendido el rechazo de su grupo a varias de estas medidas enmarcándolo en una crítica de fondo a las políticas de memoria desplegadas en Balears. “Un Parlament que deroga una ley no está destruyendo la democracia, la está ejerciendo”, ha aseverado, en alusión a la reciente supresión de la ley autonómica de memoria democrática.

Gil ha cuestionado, además, el hecho de que la memoria dependa de un texto legislativo, ironizando con que, según la izquierda, sin esta norma los ciudadanos “se despertarían sin recordar nada”. Frente a ello, ha reivindicado la memoria que “vive en archivos, en familias y en libros”. La diputada popular ha justificado su rechazo a medidas como impedir actos de exaltación franquista al considerar que prohibirlos supondría una limitación de derechos fundamentales como la libertad de expresión.

Cabe señalar que en España no existe un delito específico que prohíba la exaltación del franquismo: el Código Penal incluye los delitos de incitación al odio por razón de género, raza, religión u otra circunstancia y también el de “negación o justificación” del genocidio, pero no hace mención a la apología del franquismo o el fascismo. Con todo, el Congreso dio luz verde el año pasado a la reforma de la ley de asociaciones para introducir como causa de disolución la realización de actividades que constituyan apología de la dictadura o de sus dirigentes. La norma no implica una ilegalización automática, sino que deben ser los tribunales los que evalúen cada caso y decidan si procede disolver una entidad.

En uno de los momentos de su intervención, Gil ha ampliado el debate más allá del contexto español y ha apelado a los “más de 100 millones de asesinatos” que algunas fuentes atribuyen al comunismo para cuestionar la legitimidad de la izquierda a la hora de dar “lecciones” sobre derechos humanos.

Por su parte, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha acusado directamente a la izquierda de “no tener memoria ni ser demócrata” y de querer imponer “una verdad falsa” bajo amenaza de sanción: “Todo aquel que disienta, multa o cárcel”, ha insinuado. El parlamentario ha articulado su intervención en torno a una comparación sistemática entre la España actual y el franquismo, enumerando datos económicos y sociales para reivindicar ese periodo -mayor peso industrial, más acceso a la vivienda, mejores tasas de emancipación juvenil, menor criminalidad o reducción del analfabetismo-, a pesar de que la mayoría de estos indicadores son objeto de controversia entre historiadores.

Rodríguez ha llegado a atribuir al franquismo el desarrollo de la red sanitaria pública y de la Seguridad Social, citando hospitales y medidas implantadas durante la dictadura, obviando que, aunque el régimen impulsó estructuras iniciales de protección social, el sistema sanitario universal y el Estado del bienestar actuales se han desarrollado principalmente en democracia.

Reconocimiento de las asociaciones de víctimas

Pese al rechazo de estas medidas, sí han salido adelante otros puntos de carácter general, como el compromiso de reconocer el papel social de las asociaciones de víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista inscritas en el registro autonómico; el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas sobre los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos; la garantización del ejercicio efectivo de los derechos a la reparación, la verdad, la memoria democrática, el reconocimiento y la justicia de todas las víctimas del conflicto bélico y el desarrollo de “todas las medidas legales” para lograr este objetivo, entre ellas la organización de actividades extracurriculares para los alumnos de educación secundaria.

La moción insta al Govern, además, a velar por la comprensión y la difusión de la historia de Balears durante la Segunda República, la guerra civil, la dictadura franquista, la Transición y el Estatut d'Autonomia, y a continuar con los homenajes institucionales a las víctimas.

Al texto se han introducido diversas enmiendas del PSIB y de Més per Mallorca que hablan sobre cuestiones como la continuidad de las políticas de memoria democrática; la colaboración interinstitucional en la organización de acciones de reparación; la organización de un acto civil de sepultura en el 'Memorial de la Dignidad' del cementerio de Palma; la ampliación del Plan de Fosas; y la instalación de piedras de la memoria, también conocidas como Stolpersteine, en los municipios de Balears.

El Fuerte franquista de San Cristóbal por el que pasaron más de 7.000 presos republicanos ha sido declarado Lugar de Memoria por el Estado este miércoles tras su publicación en el BOE. En enero, los Gobiernos navarro y central firmaron un protocolo por el cual, además de la declaración, se convertirá el fuerte en un Centro de Interpretación Histórica (que incorpore los espacios emblemáticos) al que se podrán hacer visitas guiadas.

“Hoy es un día importante para su recuerdo. Y también para mirar al futuro desde el ejemplo de su compromiso. Y para ello los símbolos son importantes. Y el hecho de que hoy este enclave se haya declarado formalmente Lugar de Memoria es un hito importante en un camino que arranca muchos años atrás”, ha señalado la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria, Ana Ollo. “Los lugares de Memoria Democrática tienen una finalidad pedagógica y de divulgación. La placa que se ha descubierto pretende fundamentalmente que las nuevas generaciones de la juventud navarra conozcan la historia del Fuerte de San Cristóbal, especialmente su vinculación con la represión franquista, y la fuga que se produjo en mayo de 1938 con las consecuencias tan atroces para quienes lo intentaron”, ha añadido el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.

El fuerte de San Cristóbal fue uno de los principales penales de la dictadura por el que pasaron más de 7.000 presos políticos republicanos, de los que 795 protagonizaron en mayo de 1938 la mayor fuga carcelaria de Europa hasta la fecha, si bien solo tres lograron el objetivo de recorrer los 53 kilómetros que los separaban de Francia. La gran mayoría de ellos fueron ejecutados en los montes de alrededor o capturados y devueltos al penal.

En el acto celebrado este martes en el que se ha inaugurado la placa que lo define como Lugar de Memoria ha participado Ana Fernández Gurrutxaga, hija de Jovino Fernández, uno de los únicos tres presos que lograron alcanzar la frontera francesa. Además de recordar la historia de su padre quien, tras huir a Francia del fuerte volvió al frente republicano de Barcelona donde conoció a su madre, Luisa Gurrutxaga, con quien acabó en el exilio- ha puesto la mirada en dos cuestiones. Por un lado, ha elogiado el “gran trabajo que se hace en Navarra para que la historia de las víctimas del franquismo no quede sepultada en el olvido: sin memoria no se hace camino”, ha dicho.

Por otro lado, desde una perspectiva más actual y amplia (Ana, de 82 años, vive en Breziers, el sur de Francia) ha resaltado previamente durante la visita a Navarra la importancia de que, sobre todo “los y las jóvenes conozcan lo que pasó”. “No solo en la Guerra Civil y la dictadura franquista, sino también por ejemplo en Francia con el régimen de Petain en la II Guerra Mundial. Es increíble, para alguien que pertenece a la generación del 44 como yo, que esto sea así y más en el contexto actual”, ha reflexionado.

Antes del acto, en el Palacio de Navarra se ha constituido la Comisión de Seguimiento contemplada en el protocolo firmado recientemente entre el Estado y Navarra. Para su adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación de lo establecido en él, se han creado dos instrumentos: por un lado, una comisión de Asesoramiento Científico y Técnico integrada por personas expertas; y, por otro lado, en un ámbito más político e institucional, una comisión de seguimiento paritaria integrada por dos representantes designados por cada una de las tres partes firmantes del mismo. Así, esta última está copresidida por el titular de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y la vicepresidenta del Gobierno de Navarra, Ana Ollo. 

En la reunión se ha acordado la puesta en marcha de un grupo de trabajo técnico para avanzar en temas como la elaboración de un diagnóstico del estado de conservación del Fuerte de San Cristóbal y una propuesta de calendario de las medidas urgentes de intervención (a cargo del Estado) para garantizar la seguridad; el régimen de visitas públicas y educativas del monumento o compartir información sobre el futuro proyecto memorialista que está preparando el Gobierno de Navarra. La Comisión ha trabajado un calendario para seguir avanzando en los respectivos temas en los próximos meses. 

El objetivo principal de este Protocolo General es fijar el marco general de colaboración entre los dos gobiernos. Además de esa declaración como lugar, el Gobierno de España se compromete a “colaborar en la custodia, vigilancia y conservación del inmueble en tanto la propiedad y/o posesión del inmueble residan en la Administración General del Estado. 

A estos efectos, al margen de las visitas públicas, “el acceso al Fuerte de San Cristóbal se deberá autorizar por la Delegación del Ministerio de Defensa en Navarra”, se especifica en el protocolo vigente. Aunque también se apuesta por “favorecer el mantenimiento del régimen de visitas exigido por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, así como facilitar al Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra el acceso y la organización de un régimen de visitas guiadas, complementarias al régimen previsto por la mencionada Ley 16/1985, estableciendo las condiciones adecuadas para ello”. Para garantizar la seguridad de estas actividades el Estado realizará “un diagnóstico del estado de conservación del bien y de las medidas urgentes de intervención”. 

Por parte del Gobierno de Navarra –que también contempla la importancia del trabajo con entidades locales y sociales-, se impulsará un proyecto memorialista diseñado por el Instituto Navarro de la Memoria, con la participación de las asociaciones memorialistas, así como la puesta en marcha de “un Centro de Interpretación Histórica del Fuerte y de sus usos carcelarios. Un proyecto que incorpore espacios emblemáticos como el cuerpo de guardia, el primer patio, las celdas de castigo, el patio central, las galerías, las brigadas y los aljibes, así como el cementerio de las Botellas”. También corresponderá a la Administración Foral “implementar un régimen de visitas públicas del monumento, tanto para la ciudadanía, en general, como para el alumnado de los centros escolares de Navarra, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Defensa como titular del bien, y contando con la participación de la administración local” según indica en el documento legal.

'Rambalín' era un alma libre. Lavandero de día, icono transformista de noche y figura disidente durante el franquismo. Derrochaba alegría en Gijón/Xixón, en su barrio de Cimavilla, donde su homosexualidad -jamás escondida- no supuso para él un tabú. Querido y respetado por sus vecinos y vecinas, su asesinato el 19 de abril de 1976 pasó a los anales de los crímenes sin resolver. Ayer, domingo, se cumplió el 50 aniversario de una fecha que tiñó de gris un barrio que, lejos de olvidarle, le reivindica año tras año y el homenaje a su figura unió a los representantes de 34 asociaciones y entidades con un objetivo común: escribir en un tendal sus mensajes de amor para el 'fíu de Concha, la guapa'.

“Era maricón de nacimiento, una cosa mítica en Xixón. Fíu de Concha la guapa y era un ídolo, una juerga y era la madre que lo parió. Por los cabaretes de Cimadevilla, cantaba feliz por Marifé, como reina de los playos si tal cosa se paseara por barrio tan popular alguna vez”, así arranca la canción que el artista asturiano Rodrigo Cuevas dedicó en su disco 'Manual de cortejo' a Alberto Alonso Blanco, más conocido como 'Rambal' o 'Rambalín', que reproducimos a continuación.

Un homenaje popular

Y con la canción de Rodrigo Cuevas de fondo, que se escuchaba a través de la megafonía, arrancaba una jornada dominical que se convirtió en una fiesta de homenaje a 'Rambalín' de sus 'paisanos' y 'paisanas' de Gijón/Xixón, al que se unían los integrantes de las asociaciones y entidades.

La organización del acto corría a cargo de la asociación de vecinos Gigia Cimavilla que preside Sergio Álvarez quien, debido a su juventud, los referentes que tiene de este icono del barrio son a través de todo lo que ha escuchado, leído y visto sobre él que le ha acercado a su figura y ha reconocido la importancia que tuvo entre el vecindario.

Un gran tendal con mensajes de amor

El homenaje de un barrio que quería “dar amor para Rambal” consistió en la colocación de un gran tendal donde cada una de las asociaciones o entidades podía dejar constancia de sus mensajes contra el odio y la homofobia en camisetas, sábanas y bolsas de tela.

La familia de 'Rambalín' no podía faltar a la cita en este acto reivindicativo y lúdico a la vez, representada a través de su hermana Rosa, quien recibió de manos de Sergio Álvarez una foto enmarcada de la escultura de bronce dedicada a su hermano que se inauguró en la Plaza del Lavaderu en 2023.

La representación

Entre otros amigos incondicionales asistieron Violeta Gómez 'La Monrolla', Jacinto Pidal, hijo de 'La Mona' y Charo García 'La Piguacha' porque si algo también caracteriza al barrio es la profusión de motes a sus vecinos y vecinas.

Si la familia y los amigos y amigas del homenajeado no faltaron en tan señalada fecha al acto, menos aún podían fallar los representantes políticos. Por parte del Ayuntamiento de Gijón/Xixón acudieron la concejala delegada de Cultura, Museos e Industrias Creativas, Ana Montserrat López Moro, y el concejal delegado de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás Molina.

En el acto también participó el concejal de IU Javier Suárez Llana, quien difundió imágenes del homenaje en la red social X, como se reproduce a continuación.

Mensajes contra la homofobia

Nuria Rodríguez, directora general de Diversidad Sexual y LGTBI del Principado de Asturias, dejó escrito el mensaje: “Con el amor que nos diste, hicimos una ley. Va por ti, Rambal”.

Sergio Álvarez reconocía que si en abril de 1976 Cimavilla pedía justicia y ponía coronas de flores, 50 años después de su asesinato reclamaba amor y reconocimiento social para Rambal: “hoy damos amor para Rambal, amor para el mundo, feliz día y feliz vida, puxa Cimavilla y puxa Gijón”.

Valentín circula por la carretera de la Rabassada lentamente. Curva tras curva, a medida que los árboles van engullendo la carretera, este hombre de 59 años se va sumergiendo en su infancia. “Hay cosas que no he hablado con mi familia y ya no creo que vaya a hacerlo”, dice tras tomar un desvío. “No te puedes imaginar el miedo. Solo éramos niños, necesitábamos que nos protegieran”, añade.

Son las últimas palabras que pronuncia antes de aparcar el coche en medio de un camino por el que sabe que no pasará nadie. A un lado, el bosque. Al otro, una valla que impide el paso y la vista. Pero Valentín sabe lo que hay detrás. Se encarama al coche y señala hacia el dintel de una casa en ruinas. Allí se puede leer: “Ayuntamiento de Barcelona. Beneficencia Casa Puig. Ciudad de los Muchachos”.

Es el nombre del orfanato en el que pasó buena parte de su infancia, una institución franquista inaugurada en 1951 para huérfanos de la guerra y niños pobres. Fue el proyecto personal del teniente de alcaldía de la época, Alfredo Casanova. Se inspiró en la idea del padre Flanagan, un cura irlandés que ideó un modelo educativo que se caracterizaba por dotar a los internos de mucha autonomía.

El orfanato funcionaba, en efecto, como una ciudad, con alcaldes, jueces, fiscales y delegados de diversas áreas. También constructores o limpiadores. Enmarcado en corrientes pedagógicas modernas, el padre Flanagan llegó a replicar su idea en diversos países. En España hubo diversas Ciudades de los Muchachos, siendo la más famosa la de Ourense, que se convirtió en una escuela de circo.

La de Barcelona ha caído en el olvido, enterrada por el bosque de Collserola. Si bien al principio Casanova creó un colegio que consiguió llevar a la universidad a casi todos los chavales, pronto se convirtió en una “casa de los horrores” en la que las palizas, el maltrato psicológico, la hambruna, los castigos severos e, incluso, la sombra de las agresiones sexuales se convirtieron en el día a día de centenares de niños.

Uno de ellos fue Valentín, que llegó a la Ciudad en 1971, cuando ya no quedaba ni una sombra de lo que había sido aquella utopía pedagógica. Tenía 4 años cuando su madre le dejó en casa con sus tres hermanos; el mayor tenía 7 años, y los pequeños 2 años y 7 meses. Ella tenía que ir a comprar y no tenía con quién dejar a los críos; no era la primera vez que lo hacía y nunca había pasado nada, pero aquel día fue diferente.

Sin querer, Valentín provocó un incendio que se originó en la bombona que alimentaba la calefacción. Los mayores consiguieron sacar a los más pequeños y, aunque ninguno de ellos resultó herido de gravedad, los padres perdieron su custodia. Los de más edad fueron a parar a la Ciudad de los Muchachos y los menores fueron a la Casa del Port, para la etapa de preescolar.

“Allí empezó el infierno”, recuerda Valentín. Relata “palizas increíbles” de los adultos que tenían el encargo de educarles. “Crecí con miedo, sin entender por qué me pasaba todo aquello”, explica. A medida que sigue caminando por un sendero del bosque, recuerda las largas hileras de camas en la habitación que compartía con cerca de 150 niños. El hambre y una escolarización que brilló por su ausencia. El “adoctrinamiento” religioso y la disciplina.

Tras una cuesta, al fin la ve: la entrada a la Ciudad de los Muchachos, en esa plaza en la que jugaba de pequeño, con la capilla a un flanco y el edificio en el que dormían al otro. Son los dos únicos espacios de la escuela que se mantienen en pie, mientras que la casa en la que se hacían las clases está en ruinas, casi al borde del colapso y comida por la maleza. Hoy, la finca que albergaba las habitaciones es Can Puig, un centro de atención a las drogodependencias.

En la plaza espera Lale. Él también vivió en la escuela, pero 10 años antes que Valentín. Aunque no se conocen, comparten historias de sus infancias. Cotejan nombres, para saber si les pegaba el mismo cura o si el enfermero que les maltrataba las noches de fiebre era el mismo.

Aunque Valentín pudo gozar, gracias a las donaciones de la burguesía, de un cine y de una piscina —que, de hecho, construyeron los mismos niños— esas pequeñas mejoras no hicieron que su infancia fuera mucho mejor que la de Lale. “¿Lo que más recuerdo de este sitio? Las hostias. Y las chinches. Te levantabas rojo de las picadas de bicho”, rememora el más veterano.

Ambos cuentan condiciones “durísimas”: Iban vestidos todo el año con ropa de verano, que no podían cambiarse más que una vez por semana. La única manera de conseguir jabón, papel higiénico o bastoncillos era ganar puntos por buena conducta que canjeaban en un economato.

“A mí esos no me los daban nunca, era un pillo”, dice con una sonrisa socarrona Lale, quien presume de haber sido amigo del Vaquilla mientras sujeta una fotografía de ambos juntos y de haber sido una de las 45 personas que participaron de la gran fuga de La Modelo, en 1978. “La rebeldía me la enseñó La Ciudad. Entendí que, si no me defendía, no dejarían de pegarme ni de matarme de hambre”, insiste este hombre que está sordo de un oído debido a los golpes de uno de los curas, que siempre le atinaba sobre la oreja izquierda.

Entró en el orfanato con solo 5 años porque su madre no tenía recursos para hacerse cargo de él. “Nos decían que éramos pobres porque nuestros padres eran unos rojos de mierda y que, si nosotros no cambiábamos, acabaríamos igual. Y, cuando mencionabas a tu madre, te la dejaban de puta para arriba”, rememora.

Cuando la Iglesia abandonó a los niños

Lale era reticente a volver a La Ciudad de los Muchachos y a recordar su infancia. La etapa que le tocó vivir a él, la de 1961, fue de las más duras, justo cuando el Ayuntamiento dejó la gestión del orfanato en manos de los Hermanos de la Salle y los educadores pasaron a ser curas. La disciplina se endureció y el adoctrinamiento religioso se intensificó.

“Entonces se vino abajo el proyecto”, explica la escritora Teresa Roig, autora del libro La Ciudad de los Muchachos (Navona Editorial), una de las pocas obras que explica la historia de este orfanato. Aunque es de ficción, los hechos que relata beben de las experiencias confesadas por decenas de testimonios como los de Valentín y Lale. “A partir de la llegada de los Hermanos se empiezan a reportar casos de maltrato”, sigue.

Los religiosos estuvieron al frente de la institución hasta finales de los 70, en el periodo cuando tuvo más fama. El régimen sacaba pecho con esa escuela que se enorgullecía de “reconducir a niños descarriados”. Salía en la prensa y recibía a familias acomodadas de Barcelona que hacían donativos e iban a pasar la tarde con los pequeños, a quienes traían merienda y juguetes a cambio de que les hicieran alguna exhibición de gimnasia o recitaran algunos salmos.

“Pero nunca nos dejaban jugar con los regalos. Así como los traían, nos los quitaban y nunca supimos qué hacían con ellos”, cuenta Elías, otro de los antiguos alumnos de La Ciudad. Entró con 3 años y salió con 14, cuando clausuraron el centro. El final de ese orfanato llegó en 1977 y fue de sopetón. “Un buen día, los Hermanos de la Salle se fueron. Sin más”, relata este hombre que ahora tiene 62 años.

No dieron explicaciones, pero la teoría de quienes han estudiado la historia de la institución es que con el fin del franquismo, las donaciones se fueron acabando y, con ello, el negocio ya no era rentable para la congregación religiosa que mantenía a los niños. Así que se marcharon. Lo hicieron de un día para otro, sin avisar ni buscar relevo.

“Aquello se convirtió en una batalla campal”, relata Elías, que vivió aquellos primeros días de caos. Él pudo salir de La Ciudad poco después de que se fueran los Hermanos, pero sus antiguos compañeros le explicaron lo sucedido en el centro. “En esas semanas se hizo de todo. Se prendió fuego a la sala de actos, se recuperaron los juguetes con los que no habíamos podido jugar... Y, también tiraban piedras a quien se intentara acercar”, recuerda este hombre.

Él acabó en el orfanato porque, después de separarse, su madre no tenía más remedio que dejar a los niños con el abuelo para irse a trabajar, pero una de esas veces, el anciano enfermó y acabó en el hospital. Los pequeños pasaron días solos hasta que alguien “se chivó” y la madre perdió la custodia.

Los niños perdieron relación con ella porque, por trabajo, no podía ir a recogerles ni pasar las fiestas con ellos. Además, las cartas que le escribían desde el orfanato eran confiscadas por los curas. Así, ambas partes se sintieron olvidadas por la otra y acabaron perdiendo el contacto. Fueron los tíos de Elías quienes le sacaron de la Ciudad cuando se instaló el caos.

El resto de niños, los que no tenían la suerte de tener familia, fueron repartidos por otros centros. Los que tenían edad para estudiar un oficio, acabaron en pisos tutelados, unos ocho por casa, junto a educadores que se esforzaban —con más o menos éxito— en conseguir que esos adolescentes que, por fin, podían moverse a sus anchas, fueran a clase y se sacaran una FP.

“Nos pegaban lo normal”

Elías, que se intentó escapar, relata palizas y maltrato. Miedo por las noches. También asegura que hay cosas que ha vivido y que no explicará jamás porque no quiere hacer sufrir a los suyos. Pero, por otro lado, relativiza la violencia y asegura que “era lo normal para la época”. Ese, según Teresa Roig es un argumento que se repite entre las decenas de exalumnos a los que entrevistó.

Al menos, entre los que estudiaron allí a partir de la llegada de los Hermanos. Si se pregunta a quienes tuvieron la suerte de vivir las etapas anteriores, la historia cambia mucho. Así lo cuenta Pere, un hombre de 85 años que fue de los que inauguraron La Ciudad de los Muchachos. Entró al centro no porque fuera huérfano ni porque sus padres perdieran la custodia, sino porque los médicos le recomendaron alejarse del centro de aviación del Prat, donde su familia regentaba un bar y se detectaban muchos casos de tuberculosis.

Fue a parar al colegio de Collserola, que en sus inicios seguía los mismos preceptos naturalistas que L'escola del mar. “Gané un concurso literario, era el que más goles marcaba y hasta me hicieron delegado de cultura”, cuenta, visiblemente orgulloso de su infancia. “Fue fantástica”, remacha.

Asegura, además, que la formación era “excelente”. Tanto que, a los chavales que tenían potencial, el centro les llegaba a pagar estudios superiores, como fue su caso. “Muchos fuimos a la universidad. A los que no tenían posibles, hasta les pagaban pisos para quedarse”, relata Pere, que se hizo periodista y acabó dedicándose a la política. Cuenta, de hecho, que su vocación de servicio público nació en La Ciudad de los Muchachos.

“No nos librábamos de cantar el Cara al Sol por las mañanas ni de rezar por las tardes, pero eso era lo único que había del régimen en la escuela. Era insólito ese centro formado por demócratas en plena dictadura. No podía ser más que un defensor de la democracia habiendo estudiado allí”, cuenta.

Pere es consciente de que su relato difiere muchísimo del de niños que vinieron después y, aunque le duela reconocer que el colegio que le dio esa infancia tan feliz se corrompiera, no duda en denunciar los abusos que sufrieron quienes le sucedieron. “Los niños son las personas más vulnerables de la sociedad y, quien juegue con eso, no tiene perdón”, apunta Teresa Roig quien, después de publicar su libro se ha enfrascado en otra lucha: conseguir que el Ayuntamiento dignifique y rehabilite el espacio.

El impulsor de esta iniciativa es Joan Moya, vecino y activista de la zona que interpuso una queja ante el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) para que el Ayuntamiento oyera sus peticiones. “Al fin y al cabo, el edificio es de titularidad municipal”, añade. Por ahora, el consistorio no tiene previsto “ninguna intervención” en el espacio, más allá de la idea de “algún formato o actividad” en el marco del 50 aniversario de la muerte de Franco, según han apuntado a preguntas de este medio.

Para Moya y para los exalumnos esto no es suficiente y reivindican un compromiso mayor con los niños maltratados. “Por mucho que lo quieran ocultar, pasó. Y fue muy grave” sostiene Moya. Algunos, como Valentín, ven este gesto como una “falta de respeto”. “Si no nos ayuda a resolver este olvido un gobierno socialista, ¿quién lo hará?”, se pregunta.

¿Las provincias de Extremadura? En realidad son tres: “Cáceres, Badajoz y Leganés”. 

El dicho popular, muy extendido hace décadas, respondía a una realidad. Entre 1950 y 1975, Extremadura expulsó a casi la mitad de su población. Se fueron a las fábricas de Alemania, a las obras de Barcelona, a los suburbios de Madrid. Barrios enteros nacieron así: sin plan urbanístico, sin escuadra o cartabón. Casas bajas, construidas con las manos desnudas por los emigrantes que buscaban un techo para dormir. Es una herencia que aún es visible en parte del mapa de las grandes urbes españolas. Trazados caóticos, de calles estrechas y retorcidas más propias de la Edad Media, pero que se edificaron mientras el hombre llegaba a la Luna. Un siglo después del ensanche Cerdà o del Barrio de Salamanca de Madrid.

Aquellas ciudades no les esperaban, aquellos emigrantes tampoco eran bienvenidos. Las autoridades franquistas apostaban vigilantes en los trenes con destino a las zonas industriales. Identificaban a quienes viajaban sin contrato de trabajo. Los interrogaban y los mandaban de vuelta a sus pueblos. La respuesta de muchos extremeños era bajarse en la estación anterior y hacer el resto del camino a pie, campo a través, hasta llegar a casa de algún amigo o familiar en la ciudad. 

Esa gran ola migratoria afectó a toda la España rural. Pero se cebó especialmente con Extremadura.

Eran los “sin papeles” de entonces. Tampoco les trataron demasiado bien. 

Solo en Barcelona, el historiador Miguel Díaz Sánchez ha documentado más de 30.000 devoluciones desde el fin de la guerra hasta 1966. Antes de devolverles a su pueblo, primero se les encerraba con el pretexto de ser indigentes: en el Pabellón de Misiones, en Barcelona, o en el Matadero de Madrid. La orden de expulsión era clara: si les cazaban de vuelta, entrarían en prisión.

La represión del franquismo contra la emigración interior duró hasta los años 60. Acabó por dos motivos: la necesidad de más mano de obra en las ciudades y la incapacidad para evitar la emigración, por mucho esfuerzo que pusiera la Guardia Civil. Ni siquiera una dictadura pudo poner puertas al campo. Lo mismo ocurre hoy. A pesar de quienes creen que perseguir a los inmigrantes los hará desaparecer.

María Guardiola, presidenta de Extremadura: “Yo no puedo dejar entrar en Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes”.

Es justo lo que acaba de firmar. 

El nuevo acuerdo extremeño entre el Partido Popular y Vox es una versión ampliada y extendida del mismo discurso ultra que ya pactaron en 2023. 

La extrema derecha no solo vuelve al Gobierno extremeño: ahora tendrá una vicepresidencia. Vox sigue negando la violencia machista y empleando el trazo gordo en sus discursos negacionistas contra las energías renovables o la agenda verde. En cuanto a la “deshumanización” de los inmigrantes, también subimos un nuevo escalón.

Vox lo llama “prioridad nacional”. El PP de Guardiola lo ha firmado sin rechistar. En la práctica, consiste en una política de racismo institucional: que los inmigrantes tengan menos derechos que los españoles pata negra en el acceso a las “ayudas, subvenciones y prestaciones públicas”.

Todo esto en una región donde los extranjeros son apenas el 4,7% de la población: un tercio de la media nacional (14,1%). No hay ninguna emergencia migratoria en Cáceres ni en Badajoz, es más bien al revés. Sin la llegada de los pocos inmigrantes extranjeros que se mudan allí, Extremadura seguiría perdiendo población. Son muy pocos, pero aunque no lo fueran: recortar derechos a personas por su origen es pura discriminación. 

“No se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido”. Y esto no lo digo yo, lo dice Isabel Díaz Ayuso. Cómo será este acuerdo para que le haya parecido mal incluso a la dirigente más trumpista del PP.

Hay otro problema: la “prioridad nacional” que plantean es profundamente ilegal. No se podrá aplicar. Con las leyes vigentes, a estas personas migrantes no se las puede discriminar. Otra cosa es que el PP y Vox, en el futuro, cambien la ley orgánica de Extranjería, como pretenden. Pero con este Congreso de los Diputados, por ahora, no ocurrirá. 

Tampoco podrán discriminar a los inmigrantes en el acceso a la Sanidad, como plantea Vox. Es una competencia cuya gestión está transferida, pero todas las autonomías deben dar acceso a todas las personas, según las leyes y derechos estatales. Hace unas semanas, un nuevo decreto amplió la sanidad pública incluso a los extranjeros sin residencia legal.

Que todas las personas que viven en España mantengan el acceso gratuito a la sanidad no solo es una buena noticia por una cuestión de humanidad: es también salud pública. ¿O acaso creen los votantes de Vox que los virus y bacterias respetarán su “prioridad nacional”?

Sí hay en el acuerdo extremeño otras trampas xenófobas que buscan este mismo objetivo racista, pero que recurren a métodos más sibilinos. PP y Vox han firmado ampliar el plazo mínimo de empadronamiento en Extremadura para poder optar a viviendas de protección oficial. Serán al menos diez años para la compraventa, cinco años para el alquiler social. No hace falta poner “los españoles primero” en este nuevo requisito legal, pero el objetivo es el que es: dejar fuera a los inmigrantes de las políticas públicas de vivienda. Son ellos, mayoritariamente, los que tienen pocos años de antigüedad en el padrón.

Esta idea, sin embargo, no es original. Es la misma medida que ha aplicado en Madrid Isabel Díaz Ayuso. Fue por voluntad propia: sin necesidad de que le presionaran desde Vox. 

El acuerdo extremeño es solo un aperitivo de lo que está por llegar. La “prioridad nacional” es el nuevo “pin parental”: la medida estrella que Vox quiere colar en todos los acuerdos con el PP, empezando por Aragón y Castilla y León. 

Tiene una parte de propaganda: varios de sus efectos prácticos en las autonomías serán muy limitados mientras no logren cambiar las leyes orgánicas. Pero también de amenaza: está claro cuál es el plan. Si de Vox dependiera, en España también tendríamos, a la caza de inmigrantes, a las milicias trumpistas del ICE.

Tanto Vox como el Partido Popular creen haber encontrado en el rechazo a la inmigración un caballo electoral ganador. Lamentablemente, es posible que tengan razón. Es una vieja historia. Cambian los nombres, el acento, el color de la piel, pero el mecanismo es siempre el mismo: culpar al último en llegar. Convertir al más débil en el problema. Señalar hacia abajo para no mirar hacia arriba.

El periodista alemán Ernst Klee publicó en 1971 un libro sobre las pésimas condiciones de vida de los inmigrantes españoles, italianos o griegos en la Europa rica. El título era esclarecedor: “Die Nigger Europas”. Los negros de Europa.

La mitad de los españoles que emigraron en esos años hacia Europa para trabajar lo hacía sin papeles ni permisos. Como siempre ha pasado en la historia, este tipo de barreras administrativas son inútiles cuando existe una necesidad material. Discriminar a los emigrantes no les hará desaparecer, solo hará su vida aún peor. 

Ojalá los abuelos extremeños expliquen a sus nietos en qué consiste la empatía, el respeto y la humanidad. Aquellos que se bajaban del tren una estación antes para no ser devueltos a su pueblo. Aquellos que mandaban pesetas a casa desde las fábricas del Ruhr. Aquellos que construyeron Leganés. 

No hace tanto tiempo, esos otros éramos nosotros.

La orden era esperar a que a un hombre se le cayera un periódico al suelo. Dentro estaban los pasaportes que alguien había preparado para Enriqueta Millán y sus dos hijos, de 9 y 13 años. Unos días después, coincidiendo con el Corpus Christi de 1946 –el 20 de junio–, cogieron el tren desde Barcelona, donde vivían, hasta Puigcerdá. Allí un enlace les esperaba para ayudarles a cruzar el kilómetro y medio que les separaba de la localidad de Bourg-Madame. Habían atravesado la frontera y estaban en Francia, donde se reunirían con Luis Robles Francisco, su marido y padre, al que llevaban siete años sin ver.

“Mi madre, que era una niña, dejó escrito con todo lujo de detalles cómo fue. En su carta cuenta, por ejemplo, que si sus corazones se hubieran escuchado cuando subieron al tren, les habrían delatado ante la Guardia Civil de lo fuerte que latían. También habla de su padre, un hombre de rasgos 'duros' que era para ella prácticamente un desconocido por todo el tiempo que había estado sin él”, explica Sonia Isabel Garófalo Robles, la nieta de Luis, que falleció en abril de 1984.

Es una de las dos hermanas argentinas que acaban de interponer una querella por el caso de su abuelo, que en febrero de 1939 huyó a Francia para escapar de la represión franquista. Se trata de la primera acción judicial por exilio forzado iniciada en España, un fenómeno al que fueron empujadas miles de personas durante la Guerra Civil y la dictadura. Las nietas de Luis han viajado desde Argentina, donde viven y a donde se trasladó la familia desde Francia, para ello. Si decenas de españoles han acudido a la Justicia argentina para intentar que se juzguen los crímenes del franquismo, ellas han decidido hacer el camino de vuelta.

Luis fue una de las miles de personas que salieron de Barcelona tras la toma de Catalunya por los sublevados, una de las mayores oleadas de exiliados que se registraron. De profesión yesero y natural de Berga (Barcelona), ya antes de la guerra era activo políticamente y en 1923 se afilió a la CNT-FAI. Con el golpe de Estado franquista y el estallido del conflicto, ingresó en el ejército republicano, donde llegó ser comisario y a combatir en Aragón y Mallorca. Con 36 años, huyó del país. “Lo hizo para conservar su vida, pero también sus ideas y seguir con su actividad antifascista”, remarca Sonia, que lleva dos décadas recopilando información sobre su historia familiar hasta construir un pequeño archivo personal en el que casi cada paso dado por su abuelo está escrito.

Entre los documentos que conserva está la correspondencia que mantuvo como enlace político entre Francia y España, cartas, fotografías y la documentación relativa a su militancia y su exilio. Como muchos otros españoles, ya en territorio francés fue encerrado en los campos de Argelès-sur-Mer, Saint Cyprien y Le Vernet, donde sufrió duras condiciones de vida. Durante la Segunda Guerra Mundial fue reclutado por la Organización Todt, creada por la Alemania nazi para usar mano de obra forzada en diferentes construcciones. Luis fue obligado a trabajar para erigir caminos en la Francia ocupada, pero según cuentan sus nietas logró escapar y pasó a integrar el llamado “Batallón del Río”, una unidad de la guerrilla formada por libertarios españoles que se sumaron a la Resistencia Francesa contra los nazis.

El periplo que atravesó Luis ha llevado a las hermanas a viajar desde Buenos Aires esta semana para interponer la querella. “Sentimos que es una obligación moral, por nuestro abuelo y nuestra madre, por toda la familia. Ella fue una testigo viviente de todo lo que ocurrió, de todas las aberraciones que tuvieron que vivir. Pero también es una cuestión de justicia con el pueblo español que sufrió unos crímenes que aún no se han juzgado. En Argentina pudimos sentar a los responsables de la dictadura en el banquillo, pero España tiene una deuda muy grande con su sociedad que aún no ha saldado”, explica Silvia.

El exilio de su abuelo rompió a la familia durante siete años y la marcó para siempre, apuntan ambas. La pareja tenía tres hijos, su madre, su tío Luis y una tercera hermana que falleció con 16 años por una brucelosis “no atendida”. La represión franquista se dirigió también contra ellas, quienes se quedaron en Barcelona: cuenta Sonia que su abuela Enriqueta y su madre tenían una tapicería en el centro de la ciudad de la que los golpistas les “despojaron” y que hoy es un bar “enorme y precioso”. También recuerda cómo les contaban los “allanamientos” que sufrían en casa y de madrugada por miembros de Falange. “Daban la vuelta a la vivienda y abusaban de ellas. Como no podían encontrar a mi abuelo, lo pagaron con las mujeres”.

A Luis le buscaron las autoridades franquistas durante varios años. De hecho, abrieron contra él un proceso sumarísimo en el que le acusaban del delito de “auxilio a la rebelión” por militar en la CNT, portar armas en los primeros días del “Movimiento Nacional” y combatir en el frente. Fue declarado en rebeldía al encontrarse en Francia, pero entre los documentos que guardan sus nietas se ve cómo su mujer Enriqueta fue interrogada en el proceso. La mujer declaró que le vio por última vez el 23 de enero de 1939 y que, al cabo de un mes y medio, recibió una carta suya en la que afirmaba que “no sintieran pena por él porque estaba en Francia trabajando”, según consta en la declaración.

Consecuencias que se heredan

La querella presentada de forma telemática por las hermanas en Barcelona, que ha contado con el apoyo jurídico de CEAQUA, se dirige contra la totalidad de miembros del Ejército que el 18 de julio de 1936 se sublevaron contra la República, contra todos los hombres que formaron parte de los sucesivos gobiernos de la dictadura y contra los cuatro jueces instructores del Juzgado Militar que procesó a Luis en 1940, todos ellos fallecidos. Jacinto Laura, abogado de CEAQUA, explica que los hechos se califican como crímenes de lesa humanidad, como es la deportación o traslado forzoso de personas mediante “actos de coacción”, como reconoce el artículo 607 bis del Código Penal.

Todo ello formando parte de un “ataque generalizado y sistemático contra amplios sectores de la población del Estado español”, añade el letrado, que sostiene que aunque la responsabilidad criminal de los señalados en la querella “esté extinta” porque han muerto, la Justicia “tiene la obligación de investigar y, en su caso, establecer una verdad judicial”. Eso es lo que buscan Sonia y Silvia, que han renunciado a reclamar algún tipo de medida o compensación económica: “Queremos forzar al Estado español a que investigue, a que se ponga sobre la mesa y se visibilice”, apunta Sonia.

Los efectos del exilio no solo impactaron en quienes lo vivieron. Ambas hermanas hablan de consecuencias “heredadas” que han visto y experimentado en la familia desde que nacieron en Avellaneda, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, a donde sus abuelos y su madre se trasladaron desde Francia. Silvia recuerda “un montón de situaciones personales” que vincula al “daño emocional y físico” que padecieron, sobre todo su madre y su abuela, víctimas de agresiones sexuales por parte de las milicias que entraban en su casa. “Cada una lo sobrellevó como pudo, pero a nosotras también se nos transmitieron algunas fobias y estados de alerta que hemos trabajado”, dice.

La familia decidió salir hacia Argentina en 1952, después de que Luis intentara sin éxito lograr la nacionalidad francesa y después de que la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial no supusiera, como él y muchos otros pensaban, la liberación de la España fascista. Ya nunca abandonaron Argentina, donde vivieron varios años después la dictadura militar de Jorge Videla en la que un tío de Silvia y Sonia fue asesinado y hecho desaparecer. Recuerda una de ellas que su abuelo “mantuvo un silencio” durante aquellos años, al igual que su abuela: “Decían 'pasamos dos guerras, sufrimos, perdimos hijos, lo perdimos todo... No vamos a seguir perdiendo'”, parafrasean.

Pero las nietas siguieron con la militancia política y aún hoy defienden con determinación sus ideas, heredadas en casa, frente a un contexto global “marcado por la vuelta del fascismo”, diagnostica Silvia. Su forma de pensar es, dicen, lo más valioso que les transmitieron sus padres y sus abuelos. Su madre murió en 2021. “Estarían orgullosos de nosotras. Dirían 'tan mal no lo hemos hecho'”, dicen sobre qué pensarían ellos sobre su viaje de más de 10.000 kilómetros para buscar justicia. “Nuestro abuelo decía mucho que no olvidáramos que somos españoles, que no vinimos a Argentina porque quisimos o lo decidimos. Fue una expulsión. Es algo que mantuvo vivo hasta el último día de su vida y nosotras lo tomamos y seguimos adelante”.

El Gobierno ha homenajeado este jueves a los 307 españoles desaparecidos durante la dictadura militar argentina (1976-1983) en un acto celebrado en el Instituto Cervantes de Madrid bajo el mensaje “nunca más impunidad”. Presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el de Exteriores, José Manuel Albares, el encuentro ha servido también para reconocer oficialmente a las víctimas con la entrega de una Declaración de Reconocimiento y Reparación a la Comisión de Familiares de Españoles Desaparecidos en Argentina.

Durante el homenaje, Torres, ha mostrado su gratitud hacia todas las víctimas de dictaduras, fallecidas y hechas desaparecer, y ha subrayado la importancia de defender la memoria como sinónimo de democracia. “Que nunca mas la impunidad del olvido se instaure”, ha reclamado. El titular de Memoria Democrática ha explicado que el Gobierno de España publicó en el BOE el pasado 24 de marzo, cuando se cumplían 50 años del golpe militar, los “nombres y apellidos” de los 307 españoles desaparecidos durante la dictadura de Jorge Videla y cuyo único delito era, según ha denunciado, “ser fieles a la democracia”, algo que también ocurrió en España con el franquismo. “La maquinaria del terror de Estado se puso en funcionamiento. Fue una absoluta cobardía”.

Torres ha recalcado que recordar el dolor de las víctimas es necesario para saber “qué pasó y reparar el daño”, a la vez ha hecho hincapié en la defensa de las políticas de memoria democráticas frente a otros gobiernos, como el de Mariano Rajoy en España o el de Javier Milei en Argentina, que metieron dichas leyes “en un cajón”, lo que considera “un error absoluto”. Ante ello, el ministro ha abogado por “desterrar para siempre esa amnesia voluntaria” que “debería avergonzar a cualquier autodenominado demócrata”.

Torres también ha defendido que la memoria es el mejor “antídoto” para “contrarrestar la oleada de nostálgicos” actual: “Fueron muchas las personas que dieron la vida por la democracia como para permitirnos que a aspirantes autócratas nos pongan en solfa. Hay que ser firmes, sin rodeos”, ha indicado el ministro, que también ha criticado al actual presidente argentino por negar la “realidad histórica” y tratar de minimizar la cifra de 30.000 desaparecidos de la dictadura militar.

En el acto, presentado por el periodista Xabier Fortes y que también ha contado con actuaciones de Ana Belén, Pedro Pastor y Miguel Ríos, también ha intervenido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha reclamado el “deber de recordar y acompañar” a las víctimas. Además, ha conectado ambos regímenes, tanto el de Jorge Videla como el de Francisco Franco, aseverando que fueron incapaces de “acallar las voces” de “generaciones comprometidas” tanto con la libertad como con la democracia, pese a haberlo intentado.

El acto ha contado con una mesa redonda con la fiscal de sala de Derechos Humanos, Dolores Delgado, la representante de Red por la Identidad en Madrid, Lila Parrondo, el fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense, Luis Fondebrider, quien ha detallado que ya se han identificado 32 cuerpos de los 307 españoles desaparecidos en la dictadura argentina. Ante esto, ha instado al Gobierno a que busque a sus familiares y les pida muestra de sangre para contrastar con los cuerpos ya analizados.

Finalmente, el actor Juan Diego Botto, que también ha intervenido y que es hijo de un desaparecido argentino, ha reprochado que la falta de concienciación o de “dar la batalla” frente a lo que significó una dictadura ha llevado a la impunidad y que en Argentina tengan un presidente “negacionista” o en España “se cante el Cara al Sol”. También ha invitado a echar la mirada atrás frente a aquellos que pelearon ante los regímenes autoritarios, ganaron y consiguieron después “juzgar a los genocidas”, como en el caso de Videla, para poder repetirlo ahora frente al “genocidio” en la Franja de Gaza.

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un Plan estratégico de memoria que plantea la creación de diversos espacios memoriales y actividades para “contrarrestar una cierta falta de transmisión pública y educativa de la historia del siglo XX”. Entre las principales propuestas destaca la inauguración de un espacio memorial en el Castillo de Montjuïc sobre el terrorismo.

Este museo, que también funcionará como archivo y centro de investigación, zanja una larga negociación con las víctimas del terrorismo, que hace años que piden a diversas instituciones -entre ellas el Ayuntamiento- más reconocimiento y acompañamiento. El consistorio se comprometió a crear este espacio ya en 2024 y ahora queda financiado bajo el paraguas de este Plan estratégico.

Se espera que las obras finalicen durante el primer semestre de este 2026, aunque el espacio de memoria y museo no se estrenará hasta 2027. La idea es que este castillo, históricamente vinculado a la represión militar y en el que se llevaron a cabo diversas ejecuciones durante el franquismo, tenga 200 metros cuadrados dedicados a la divulgación sobre estos episodios.

El consistorio apunta que combinará una exposición permanente con actividades de investigación y educativas. “Barcelona ha estado marcada por episodios de alto impacto, como los atentados multitudinarios de Hipercor, en 1987, y de la Rambla, en 2017, que han dejado una profunda huella humana, social y emocional en la ciudad”, apuntan desde el Ayuntamiento. Por ello, el memorial pretende ser un espacio que explique “con rigor y sensibilidad” el terrorismo “en toda su complejidad, situando a las víctimas en el centro y contribuyendo a su reconocimiento”.

La teniente de Alcaldía del área de Derechos Sociales y Memoria Democrática, Raquel Gil, considera que “se debe preservar el pasado para fortalecer el futuro” y destaca que el Plan de memoria es “fruto de un proceso colectivo”. A él han contribuido diversas entidades como el Observatorio Europeo de Memorias (EUROM), la Asociación Pro-Memoria de los Inmolados por la Libertad en Catalunya, el Ateneu de Memoria Popular, el Amical de Mauthausen, el de las Brigadas Internacionales, el espacio feminista Ca la Dona o la Fundación Cipriano García.

Y es que, además del memorial de terrorismo, el Plan -financiado con 6.151.280 euros- contempla otros proyectos, como el Centro Model de la Memoria, que transformará la antigua galería 4 de la cárcel en un espacio museístico. También se revisará la normativa del nomenclátor de la ciudad para “garantizar la coherencia y la precisión historiográfica”, así como para impulsar nombres que, hasta ahora, han sido “poco visibles”, con especial atención a la “necesaria feminización” de las calles.

Por último, también se reactivará la Junta de Valoración del Tardofranquismo, que revisará los protocolos e incorporará perfiles no contemplados hasta la fecha, como el de las mujeres internadas en el Patronato de Protección a la Mujer, las represaliadas por motivos políticos o morales o las perseguidas por su orientación sexual y de género.

Además, se prevé realizar un ciclo de actividades, con diversas propuestas educativas, así como la creación de una web interactiva sobre el pasado esclavista de Barcelona. En él, se identificarán los espacios de la ciudad vinculados al tráfico de esclavos. “Son memorias que han estado largamente silenciadas y la ciudad conserva numerosas trazas de esta participación, desde los domicilios de armadores de indianos hasta aquellos financiados con capitales procedentes de la explotación”, apuntan desde el Ayuntamiento.

Francesc Marc-Álvaro (Vilanova i La Geltrú, 1967) se ha estrenado esta legislatura como diputado en el Congreso. Era un rostro y una voz conocidos para muchos catalanes por ser un analista habitual en distintos medios. Su fichaje por ERC sorprendió. La columna de despedida en La Vanguardia, donde llevaba dos décadas colaborando, la tituló De espectador a actor y en ella se reivindicaba como periodista pese a ser consciente del salto que estaba dando.

Reconoce que a menudo cuando está en su escaño piensa en crónicas que no escribirá. A lo que no ha renunciado es a seguir publicando libros. El último se titula El franquismo en tiempos de Trump (Galaxia Gutenberg y Pòrtic, en catalán), un ensayo en el que describe cómo funciona el neofranquismo, cuyo principal heredero es Vox. 

Empiezo con una pregunta que usted, como tanta otra gente, también se hace. ¿Por qué crecen los partidos de ultraderecha? 

Por muchos factores, pero el principal es la existencia previa de lo que llamamos antipolítica. Es decir, desafección hacia las instituciones, los partidos y los políticos. Esa desafección tiene una base tangible, real. Se basa, por un lado, en los fallos y averías del sistema. Y también en los huecos que han dejado los partidos tradicionales, tanto izquierda como derecha, en temas que a la ciudadanía le preocupan. En el caso concreto del espacio de la izquierda, creo que ese cráter se debe al olvido en el abordaje de cuestiones muy urgentes para el ciudadano. 

Léase la vivienda, en algunos territorios también temas relacionados con la salud o la educación, y léase también la seguridad en los barrios. Estas y otras cuestiones que tal vez no formaban parte de la agenda tradicional de la socialdemocracia, o parecía que no se podían tratar. Todo eso junto, más un malestar difuso, genera el hueco por donde la ultraderecha entra. Ahí estamos.

El riesgo es que para frenar a la ultraderecha se acaben comprando algunos de sus argumentos.

Cierto, ahí hay que hilar muy fino para abordar cuestiones que preocupan al ciudadano desde los valores de la izquierda sin caer en la narrativa de la derecha. Esa alquimia, que es compleja, debe hacerse.

Por ejemplo, hay que hablar de seguridad, pero no con los apriorismos de la derecha, sino desde una visión integradora y cohesionante que es la de la izquierda. Pero hay que hablar de seguridad. 

En el libro se pregunta también cómo puede ser que hayamos olvidado todo lo que hicieron los partidos fascistas e imitadores del siglo XX. Igual, una parte de su éxito es que muchos de los votantes no habían ni nacido. 

Claro, pero existe eso que llamamos la transmisión de la experiencia y la memoria en la sociedad, la memoria colectiva. Mira, yo te hablo desde mi experiencia personal.

Mi tío, uno de mis tíos, fue asesinado en Mauthausen, como tantos republicanos. Ese tema fue un silencio muy espeso en mi familia, pero yo pude romperlo y me llegó esa transmisión. Por tanto, aunque hago hincapié en el papel público de las instituciones en la pedagogía de la memoria, también quiero poner el foco en la labor de las familias y en las relaciones intergeneracionales.

Ahora bien, cuando falla todo, cuando fallan las instituciones, la escuela y las familias, se crea un vacío de memoria por el que es fácil colocar esa semilla de discurso destructivo, que claro, como no puede comparar con el pasado, parece incluso nuevo y puede estar de moda. Es lo que ocurre hoy en día en muchos jóvenes que en España y en Europa se sienten fascinados por la otra derecha. 

Lo resume con una frase que es llamativa. Dice que son jóvenes seducidos por el abismo.

Sí, porque realmente el mundo ultra es un mundo atractivo cuando no hay nada más, pero eso no es nuevo. Realmente ya los fascistas en la Italia de los años 20 y los nazis en la Alemania de los años 30 fueron una contracultura, también fueron algo relevante desde el punto de vista de la juventud. ¿Qué hacen ahora los Orbán, Abascal, Meloni y Trump? Vuelven a encapsular con discursos atractivos viejos mensajes y con un añadido nuevo, eso sí, las redes.

La gran diferencia entre la propaganda fascista del siglo XX y la del siglo XXI es que la actual llega como una aguja hipodérmica en el cerebro de los individuos a través de los smartphones. Si Goebbels los hubiese tenido, no sé si hubiéramos ganado, la verdad.

Hablaba de Orbán, ¿cree que su derrota es síntoma de algo más? 

Sí, creo que es interesante porque nos dice dos cosas. Una, que no es inevitable el precipicio ni tampoco caer en manos del lado oscuro, que hay una posibilidad de salir de eso. Y también que el propio sistema democrático, a pesar del fatalismo, puede generar la respuesta.

Es decir, una derecha menos ultra ha ganado a Orbán. En los Países Bajos, un partido liberal de izquierdas frenó a la ultraderecha hace unos meses. Nada está escrito. A raíz de lo que ocurre con la guerra en Irán creo que la respuesta contra Trump va a salir finalmente del propio sistema.

Es decir, hagámonos la pregunta. ¿Pueden las estructuras profundas de Estados Unidos, del poder estadounidense, soportar esta disrupción constante? Bueno, tal vez aquellos que le dieron cuerda a Trump en su momento, pronto o más pronto que tarde se la van a quitar. Veremos.

Hay que hilar muy fino para abordar cuestiones que preocupan al ciudadano desde los valores de la izquierda sin caer en la narrativa de la derecha. Y esa alquimia, que es compleja, debe hacerse

Hay un momento en que cita al historiador Luciano Canfora porque él afirmó que el fascismo no murió después de Mussolini. ¿Con el franquismo y Franco se puede decir lo mismo? 

Se puede decir algo análogo. El franquismo desapareció en su forma institucional, pero en su forma social se instaló en la realidad. Es eso que llamamos franquismo sociológico. Se normalizó y en la democracia quedó como unas brasas que ahora Vox ha vuelto a convertir en llama, en fuego.

¿Y por qué quedó un franquismo sociológico en la realidad española? Muy sencillo. Porque la dictadura terminó con el dictador muerto en la cama, muerto en el hospital o en ese hospital que le montaron. Por tanto, ser franquista, y ahí hay un matiz, no se ha percibido históricamente tan extremo como ser nazi o ser fascista.

Esto lo he vivido yo en el Congreso: cuando le llamas a un diputado de Vox neofranquista, no se ofende. Si le llamaras neonazi, tal vez. No suena igual. Aunque nuestra dictadura y nuestra tiranía fue el franquismo, no fue el nazismo. Hay una cuestión de aparente grado que opera a favor del franquismo sociológico.

Vox no hace nada más que unir el franquismo sociológico con el material que le aporta el trumpismo. Y de ahí nace un nuevo producto, que es lo que está vendiendo actualmente Santiago Abascal. 

Comentaba que los ve en el Congreso, comparten hemiciclo, se los encuentra en comisiones, en la cafetería, ¿Cómo describiría a los diputados de Vox? 

Es una amalgama de gente que tiene procedencias diversas. Todos han acabado bajo el estandarte ultra, pero no todos provienen del mismo sitio. Están desde los espabilados del PP, que vieron una oportunidad, hasta los dogmáticos y fanáticos que estuvieron en Falange o en otros proyectos claramente fascistas. Y luego una gama intermedia de gente vinculada al movimiento antiabortista, el de víctimas del terrorismo, etc.

Todos bajo el mismo ideario, que consiste en pensar que sólo hay una forma de operar desde la derecha, que es cambiar las reglas de juego. Porque eso es lo sustancial de Vox. Quieren cambiar las reglas de juego. En teoría el PP no las quiere cambiar. Esa es la distinción y eso es lo que hace problemática la relación entre Feijóo y Abascal.

Esta misma semana hemos presenciado un incidente tras una intervención suya y es la de un diputado de Vox encarándose físicamente con el vicepresidente del Congreso que en ese momento presidía la sesión. ¿Cómo lo vivió?

No me sorprendió pues este diputado acostumbra a romper las más elementales reglas de convivencia en la Cámara. Hay personajes cuya actitud expresa a diario una pulsión autoritaria y agresiva que descubre la ideología destructiva que mueve a ciertos sectores.

En todo caso en el libro apunta que pueden ser muchas cosas, pero que no son estúpidos, nunca traspasan la línea roja.

Sí, ellos miden bien ese asedio a la democracia. Porque no proponen, por ejemplo, volver a la dictadura de Franco. Eso es absurdo. Ellos encaminan todo su programa político a vaciar la democracia. Su proyecto, que en eso son equivalentes a lo que busca Trump en Estados Unidos y otros, es que la democracia pase a ser una democracia mucho más frágil sin las garantías, los contrapesos y el equilibrio de libertades, derechos y deberes que tenemos hoy. Por tanto, el proyecto de Vox es muy sencillo. Pretenden que la democracia, que tiene ahora un perímetro de 100, pase a tener uno de 20. 

Un ejemplo. Ellos proponen la supresión del Estado autonómico, la expulsión de personas migrantes, acabar con políticas de apoyo a la mujer o de apoyo a los trabajadores o a la juventud. Estas políticas, en caso de aplicarse, lo que van a hacer es realmente una ‘democracia fake’. Se trata de lo que se ha venido a llamar el autoritarismo posdemocrático. 

¿Considera que el procés fue decisivo en el ascenso de Vox? 

Sí y no, porque nadie recuerda que cuando se convocaron las primeras elecciones en Catalunya, bajo el 155, ellos no concurrieron. Y ese beneficio se lo llevó Ciudadanos. Pero es verdad que luego en la campaña andaluza sí utilizaron al fantasma catalán para obtener un buen resultado. En ese sentido, sí. Pero tan incierto es decir que el procés no influyó en el crecimiento de Vox como darle un valor de 100. Influyó, y actualmente mucho más, la islamofobia.

En el libro también habla del ‘no viaje’ de Feijóo al centro. ¿Le ha sorprendido? 

Bueno, ojalá pudiera decir que sí, pero no. No me ha sorprendido, aunque creo que es suicida. Porque hay una batalla muy importante en las derechas democráticas europeas que es abrazar o no la ultraderecha. Pongo el ejemplo de Merkel como una democristiana que marcó una raya entre los ultras y democristianos, conservadores, todos ellos. Feijóo ha hecho lo contrario de Merkel. Se ha puesto a rueda de Abascal y le compra todos los marcos y le compra los debates, con el problema de que cada vez que Feijóo entra en esa lógica, Abascal sube la apuesta. Y por tanto es inalcanzable.

Siempre le va a romper la cabeza, siempre le va a romper el cuello. ¿Por qué? Porque domina el discurso duro. Y porque al final la ciudadanía que vota eso prefiere el original y no la copia.

Pero hay quien defiende que es la única manera que tiene el PP de poder acceder a gobiernos.

Bueno, ahí hay el debate es por qué Feijóo se ha quedado solo con un socio. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ya lo sabemos. ¿Por qué Feijóo no puede tener una interlocución productiva con el PNV o con Junts? ¿O por qué no puede establecer pactos en algunos lugares con los socialistas? Eso se ha construido a conciencia. El ejemplo es lo que ha ocurrido en Valencia. El precio que ha pagado Feijóo por cambiar a Mazón por un nuevo presidente es muy alto. Y ese ejemplo valenciano es el que da la brújula a Abascal. Es un laboratorio que a Vox le ha salido bien. 

El ‘no viaje’ de Feijóo al centro es suicida

En un capítulo aparece un acto, el de ‘España en libertad’, y aprovecha el discurso que allí hizo Pedro Sánchez para destacar que es un político “táctico y tacticista”. Si es un elogio no lo parece.

Bueno, puede ser un elogio, es una descripción. Táctico, tacticista y añadamos que con mucha suerte. Porque la tiene. Además, es un superviviente. Porque él logró ser líder del PSOE teniendo en contra medios muy importantes de este país, el IBEX 35, la vieja guardia del PSOE y en aquel momento a los que manejaban la dirección. Contra todo eso consiguió imponerse. 

Merece un cierto respeto la habilidad de Sánchez para superar lo que serían susto y muerte. Lo superó y por eso yo digo que es táctico y tacticista. Se ha acostumbrado a sortear los peligros sin pensar mucho en lo que vendrá. O sea, él vive al día porque es lo que le ha funcionado.

Sánchez se ha acostumbrado a sortear los peligros sin pensar mucho en lo que vendrá

No sé si es una provocación, pero en todo caso argumenta que el término antifascista es una palabra desgastada. ¿De quién es culpa? 

Pues de muchos que la hemos usado, y me pongo yo en primera persona. Cuando hemos usado el término fascista para describir lo que no nos gustaba de una forma un poco frívola también hemos desgastado nuestro antifascismo. Un ejemplo. Yo me ubico dentro del campo socialdemócrata. Por tanto, si veo a alguien que propone bajar impuestos, esa persona es mi adversario político pero de entrada no es un fascista. Será ultraliberal o lo que sea, pero no será necesariamente un fascista.

Ahora que han venido los fascistas, los de verdad, los que quieren expulsar inmigrantes, cerrar fundaciones culturales, quitar derechos a la mujer, en fin, clausurar autonomías, prohibir partidos, cuando han venido los que realmente practican el fascismo esa palabra nos ha quedado inservible. Pero hay que reconstruirla. La única forma de rearmar el antifascismo es redefinir muy bien el campo de los demócratas y los antidemócratas. Ahí, en ese campo de los demócratas, debe estar la izquierda y también la derecha democrática si quiere meterse. En el caso español, el PP no está ahí. Por desgracia, porque debería estar. 

Afirma que luchamos contra la desesperanza en el libro. No sé si eso es muy esperanzador.

Bueno, es que, aunque tenemos la noticia positiva de la caída de Orbán, es difícil mantener la esperanza en un mundo donde la ley del más fuerte, la arbitrariedad, la mentira y la destrucción de la verdad han construido una agenda nueva. Porque eso, más bien, tiende al fatalismo. Pero hay datos para rearmar esa esperanza.

En todo caso, estoy con LA idea de Havel de que la esperanza, más que creer que las cosas van a salir muy bien, es pensar que estás enfocado en el camino correcto. 

Como diputado de ERC en el Congreso me gustaría saber su opinión sobre los movimientos de Gabriel Rufián. ¿En qué se acabará concretando esta apelación a la unidad de las izquierdas?

 A ver, de entrada, el debate de ideas a mí me parece bueno. Estoy en política porque me interesa el debate de las ideas y los proyectos. Que se debata dentro y fuera del partido sobre qué hacer, me parece perfecto. Otra cosa es aterrizar ese debate en el hecho estratégico y táctico. Es más complejo. En lo que vaya a terminar, no lo sé, deberán definirlo los que han lanzado esa idea. Pero el debate en sí es bueno.

Otra forma es cómo lo deberíamos hacer, si a puerta cerrada o más abierta. Ahí hay mucha disparidad de criterios. 

Esquerra, Bildu, BNG y otras formaciones pueden tener algunos puntos en común, pero no necesariamente deben renunciar a la marca

Y para los que son diputados en el Congreso, ¿es complicado o incómodo que el portavoz del partido proponga una cosa que la dirección del partido no quiere?

Bueno, constatamos que hay criterios distintos. Eso sí, nosotros estamos ahí intentando hacer nuestro trabajo. Pero es verdad que la dirección tiene una visión distinta a la del portavoz. No tanto en los fines, sino en los métodos del debate. 

¿Y usted con quién está de acuerdo? 

Yo comparto bastante la visión de la dirección del partido. Pienso que hay muchas formas de crear una dinámica antiultra o antifascista y no necesariamente pasa por sumar todo bajo un paraguas. Esquerra, Bildu, BNG y otras formaciones pueden tener algunos puntos en común, pero no necesariamente deben renunciar a la marca. 

En el caso concreto de ERC, lo que nos da nuestra razón de ser son dos ejes. Por un lado el eje social, políticas de izquierdas, pero también el eje nacional. Somos un partido con centro de gravedad en Catalunya, nos votan en Catalunya y nos debemos a esos intereses que están conectados con la población española y europea. Pero no podemos perder el foco nunca.

Hace cuatro días ejercía de periodista. ¿Cuántas veces estando en el escaño has pensado que te gustaría escribir un artículo sobre eso que ha visto en ese momento en el hemiciclo? 

Muchas, muchas. La verdad es que, como llevo poco tiempo en política, todavía no pienso como un político, lo hago como un periodista. Veo un debate y veo un tema, un titular y digo ¡Ostras! Sí, me ocurre. 

¿Y qué es lo mejor y lo peor de estar en el Congreso? 

Mira, lo mejor, lo tengo claro, es la sensación de que estás dentro del flujo de la historia. No lo digo solemnemente sino de una forma operativa. Estás en un lugar donde, para bien y para mal, se deciden cosas que afectan a la vida de las personas. Eso te da un punto de responsabilidad muy alto, pero también es atractivo. Es el vértigo de estar donde sucede lo que debe suceder. 

La parte negativa es que participas, quieras o no, de eso que muchos llaman el descrédito de la política. Es imposible que yo me desenganche de las sesiones en las que los compañeros del PP y PSOE se insultan. Estoy dentro de eso, formo parte de ese retablo.

Dos hermanas han presentado en Barcelona la primera querella que se interpone en España por exilio forzado tras el golpe de Estado franquista de 1936. Las nietas de Luis Robles Francisco, militante de CNT-FAI convertido en comisario político del Ejército del Ebro republicano, han impulsado la querella para reclamar una investigación por la huida de su abuelo, que se exilió a Francia en febrero de 1939 para escapar de la represión tras la entrada de los franquistas en Catalunya.

“Fue una situación tremenda para la familia y queremos que el Estado español se vea obligado a investigar de una vez por todas hasta las últimas consecuencias”, ha señalado Silvia Garófalo Robles. Al igual que otros muchos exiliados, tras salir de España, su abuelo, que vivía en Barcelona, fue encerrado en los campos de concentración de Argelès-sur-Mer, Saint Cyprien y Le Vernet, donde sufrió duras condiciones de vida. Posteriormente sería reclutado por una empresa vinculada al régimen nazi para hacer trabajos forzados. Logró escapar y se integró en el llamado “Batallón del Río”, formado por anarquistas y libertarios que ejercieron acciones durante la Segunda Guerra Mundial.

Tiempo después, establecido en Niza y ya habiendo logrado reunirse con su familia –su mujer y sus hijos, que lograron pasar a Francia en 1946–, Luis intentó lograr la ciudadanía francesa, pero no lo consiguió. Entonces la familia se trasladó a Buenos Aires, donde nacieron sus nietas y de donde se han trasladado esta semana para interponer la querella en los tribunales españoles. “Nuestro abuelo tuvo un exilio forzado, pero fue un doble exilio, en Francia y Argentina, porque era imposible para él regresar a España”, ha apuntado Silvia ante los medios de comunicación.

Una verdad judicial

La querella ha sido presentada ante los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Barcelona y califica los hechos como crímenes contra la humanidad, según ha explicado Jacinto Lara, abogado de CEAQUA, que presta el apoyo jurídico. Se dirige contra “la totalidad de los miembros” del Ejército que dieron el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, contra quienes formaron parte de todos los gobiernos durante la dictadura y contra los cuatro integrantes del Juzgado Militar que procesó a Luis Robles por un delito de auxilio a la rebelión, todos fallecidos.

“Somos muy conscientes de que la responsabilidad criminal de los investigados ha quedado extinguida como consecuencia de su fallecimiento, pero desde CEAQUA entendemos que se debe desplegar una investigación en el orden judicial penal”, señala Lara, que recuerda que el objetivo es el establecimiento “de la verdad judicial y de las responsabilidades de los hechos que son objeto de denuncia”. “Es una obligación en base al Derecho Internacional y así debe ser interpretado por nuestros tribunales”, ha señalado el abogado, que apunta a que, de esta forma, “se revertería parcialmente el modelo de impunidad” que la organización denuncia en España.

Más allá de la querella presentada por las nietas de Luis, el objetivo es también “rendir homenaje a todas las personas que fueron obligadas a abandonar su país como consecuencia del golpe de Estado fascista”, ha añadido Lara. “Buscamos justicia por nuestra historia y nuestra familia y también poner en agenda el por qué del exilio, que es eterno. Fue nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestra madre y nosotras. Somos hijas y hemos vivido también las consecuencias”, ha continuado Sonia Garófalo Robles, que lleva dos décadas investigando en archivos la historia de su abuelo y que ha resaltado cómo su abuela y sus hijas se quedaron en Barcelona tras la huída de Luis.

La violencia ejercida por los sublevados desde 1936 provocó el exilio de cientos de miles de personas como el abuelo de Silvia y Sonia. En diferentes momentos y desde diferentes zonas de España, numerosas oleadas de personas salieron del país. Tras la invasión de Catalunya por parte del Ejército franquista, se suele cifrar en cerca del medio millón de personas las que se exiliaron. Alrededor de 9.000 fueron deportados a campos de concentración nazis, de los cuales más de la mitad murieron. A finales de 1938, cuando aún ni siquiera había acabado la Guerra Civil, las autoridades francesas contabilizaron 400.000 españoles en el país.

Con esta, son más de 150 las querellas presentadas por CEAQUA por crímenes del franquismo, 25 de ellas después de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en 2022, pero la mayoría de ellas han sido archivadas, según ha cifrado Rosa García Alcón, portavoz de la organización. CEAQUA lleva años reclamando la investigación judicial de estos hechos y denuncia que “a día de hoy siguen manteniéndose de forma inequívoca las políticas de impunidad implementadas por el conjunto del Estado desde la época de la Transición”.

El 30 de agosto de 2017, un grupo de activistas del ámbito del nacionalismo –entre los que se encontraba el actual diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego– ocuparon de forma simbólica el Pazo de Meirás para reclamar su devolución al pueblo gallego. La Fundación Francisco Franco, que en aquel momento gestionaba las visitas al recinto, y los herederos del dictador pidieron un total de 250 años de cárcel para los 19 de Meirás, como pasaron a ser conocidos. Al día siguiente de la movilización, la única hija del general, Carmen Franco, dirigió una carta a la Xunta para exigir mejoras en la seguridad ante el riesgo de “asalto” y “terrorismo”. Un documento que muestra cómo percibía la historia de un inmueble cuya propiedad legítima estaba a punto de empezar a disputarse en los tribunales.

La misiva –a la que ha tenido acceso elDiario.es– tenía como destinatario al secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, y arrancaba así: “Ante el allanamiento de morada y ocupación del Pazo de Meirás del 30 de Agosto del presente año, quiero manifestar que considero a la Xunta responsable subsidiaria de esta acción y de otras que pudieran acontecer en un futuro”.

“En el acuerdo inicial suscrito entre las partes”, continuaba, “se pactó que PROSEGUR organizase las visitas y se ampliase la cobertura del seguro del Pazo con los posibles daños que pudieran derivarse de las mismas”. Aquel acuerdo, firmado en febrero de 2011 y renovado un año después, supuso que la Xunta pagase un total de 44.200 euros (más IVA) para costear la vigilancia y el servicio de guía durante los cuatro días al mes en los que los Franco estaban obligados a abrir el pazo a las visitas por su condición de Bien de Interés Cultural (BIC). El gobierno bipartito PSdeG-BNG había declarado BIC el recinto en diciembre de 2008, pero la familia recurrió y no fue hasta 2010 cuando el Tribunal Supremo archivó sus demandas.

“He de recordarle que en su momento me opuse a la declaración BIC de la que fue la residencia de verano de mi padre mientras fue Jefe del Estado, dado que el interés cultural de las iniciales torres de Meirás dadas su antigüedad (finales del siglo XIX) y tamaño, era ridícula en comparación con otros pazos en Galicia, no declarados BIC, y muchos de ellos en un completo abandono”. El argumento de la hijísima coincidía casi punto por punto con el utilizado una década antes por Alberto Núñez Feijóo, quien debutaba como líder de la oposición tras suceder a Manuel Fraga al frente del PP gallego.

Feijóo se había puesto del lado de los Franco cuando impidieron la entrada de los técnicos de la Xunta en su residencia de verano, paso previo para su declaración como bien protegido, ya que, para él, Meirás no era un pazo, sino “una torre”. La entonces conselleira, la nacionalista Ánxela Bugallo, no ahorró el sarcasmo al saberlo y propuso contratar a Feijóo como técnico de patrimonio. El mismo Feijóo que, cuatro años después –y ya como presidente– pagaría los gastos derivados de la primera apertura del recinto seis meses después de que fuese considerado BIC.

El misterioso incendio de 1978

Pero volvamos a 2017 y a la carta, porque llega la parte en la que su autora dulcifica el expolio: “Mi madre compró terrenos adyacentes y muchos de los elementos que, tanto en el interior como en el exterior del pazo, conforman dicho conjunto. Y tras amueblarlo y decorarlo, una gran parte se perdió en el incendio que se produjo en el 1978, del que tenemos más que sospechas fue un acto de terrorismo”.

Como cualquier joyero de la época sabía, el concepto de “compra” de La Collares, como se conocía a la esposa de Franco, era realmente laxo. El portal España en Libertad del Ministerio de Memoria Democrática relata lo sucedido de una forma muy diferente. “Mediante técnicas represivas y coactivas se desposeyó a los legítimos propietarios de las fincas colindantes, de los derechos de explotación de estas y se efectuaron apropiaciones de recursos públicos y privados, desde estatuas románicas a pilas bautismales, tapices, etc”. Algunas de esas piezas –como las esculturas de los profetas del Pórtico de la Gloria– han vuelto a su lugar de origen tras una larga lucha judicial. Otras, continúan esperando.

El incendio del 78 merece un capítulo aparte que, todavía hoy, invita a la fabulación. Los Franco insisten en la tesis del atentado, la explicación oficial habló de cortocircuito y los colectivos memorialistas creen que fue una operación diseñada para llevarse objetos de valor del Pazo antes de que la naciente democracia pusiese los pies en su interior, una urgencia que el tiempo demostraría injustificada.

Dos meses después del fuego –que estuvo precedido por el ir y venir de camiones militares–, Carmencita fue interceptada en Barajas, rumbo a Suiza, con dos kilos de oro y diamantes en monedas, broches y joyas en el bolso. Y poco después, un comprador anónimo adquiría en una subasta en Los Ángeles una versión de La marquesa de Santa Cruz, el cuadro de Goya que Franco quiso regalar a Hitler en su famoso encuentro en Hendaya, pero que trajo de vuelta. El comprador resultó ser el dictador filipino Ferdinand Marcos. Su esposa Imelda, asociada para la posteridad con la acumulación de zapatos, era una gran amiga de Carmen. Que La marquesa estuviese en Meirás y que se la llevasen aprovechando la confusión provocada por las llamas sigue siendo algo imposible de comprobar.

Teléfono estropeado

Sucediese lo que sucediese en aquel incendio, la reparación de sus daños sigue siendo uno de los motivos que los Franco esgrimen para reclamar una indemnización por renunciar a su residencia de verano. La duquesa lo reivindicaba así en 2017: “Dado el cariño que profeso al Pazo y a esta tierra, llevé a cabo su rehabilitación completa y nuevo acondicionamiento, labor que nunca se me ha reconocido, muy al contrario, ya que la Xunta ha venido dificultando, con cancelación unilateral del convenio, ampliaciones de visitas, recortes y multas, el disfrute del mismo”.

La cancelación del convenio remite a 2013, cuando el gobierno gallego dejó de pagar la gestión de las visitas. La ampliación, a que la enorme demanda llevase a ampliar en unas cuantas fechas los días de apertura; eso sí, respetando siempre el mes de agosto para no alterar “el disfrute del mismo”.

Con la multa, Carmen Franco se refiere a la sanción impuesta por la Consellería de Cultura tras el enésimo obstáculo de los herederos al acceso de público: el teléfono de reservas había dejado de funcionar desde febrero. En marzo, la hijísima culpó a la compañía por dar la línea de baja y facilitó un nuevo número. Pero el expediente ya estaba en marcha y concluyó con una multa de 4.500 euros sobre un máximo posible de 6.000.

Justo a continuación, la carta confirma algo que se había conocido semanas antes y que, de alguna manera, había detonado la ocupación simbólica y la indignación en buena parte de la sociedad gallega: “No dispongo de una infraestructura que me permita organizar aquello a lo que la declaración de BIC me obliga, por lo que he encomendado dichas tareas a la Fundación que lleva y defiende el legado de mi padre, que sí puede organizar y gestionar dichas visitas eficientemente”.

En febrero, el presidente de la Fundación Francisco Franco, Gonzalo Fernández de la Mora, había enviado una solicitud de entrevista personal a Núñez Feijóo. “La Fundación Nacional Francisco Franco, de común acuerdo con la Duquesa de Franco, está evaluando la posibilidad de dar al Pazo de Meirás un destino cultural. Por ello le proponemos mantener una reunión con Ud., en la fecha que mejor pudiera convenirle, para presentarle las líneas generales del proyecto, y recabar el posible apoyo de la Junta que Ud. preside para el mismo”.

No hay constancia de que existiese ese encuentro entre el presidente gallego y el hijo del que fue ministro franquista y uno de los fundadores de Alianza Popular, pero sí de que, unos meses despues, la fundación pasase a gestionar las visitas a Meirás. Lo hizo dándole esa pátina que ellos consideraban “cultural” pero que en realidad era una exaltación del “ideario fascista” –como denunció por unanimidad el pleno de la Deputación de A Coruña–, en la que no faltaban alusiones a un supuesto “genocidio de católicos” por parte de la República. Ante ese hecho “tan desafortunado”, Benito Portela, el alcalde de Sada –la localidad en la que se levanta el Pazo– solicitaba que se cediese al ayuntamiento la gestión de las visitas. Un mes después de su propuesta, los 19 de Meirás llevaban a cabo su acción.

“Revanchismo al amparo del dinero público”

“Al amparo de una interpretación obviamente falsa de la Ley de Memoria Histórica han proliferado una multitud de grupos revanchistas de izquierda al amparo del dinero público, ansiosos de titulares y protagonismos, que llevan meses anunciando a todos los vientos acciones ilegales contra mi propiedad del Pazo de Meirás”. Se acabaron los preámbulos y Carmen Franco, por fin, se soltaba el pelo. “Ante estos anuncios de violencia, la Xunta, que es responsable de la declaración de BIC, y por tanto, de las medidas de protección del valor histórico-cultural de dicho bien, no ha tomado medida alguna para prevenir la acción violenta de asalto y allanamiento de morada citada”. Mirando al futuro, se ponía catastrófica: “Esta acción, que obviamente no será la última ante la lenidad demostrada por la Xunta, hubiera podido ser evitada con facilidad si la Xunta hubiera cumplido con sus deberes legales, además de los más elementales criterios de prudencia, para la prevención de los delitos anunciados”.

Los últimos párrafos de la carta cumplen a la perfección el esquema clásico expongo/solicito, así que se cierra con las demandas: “Por la presente exijo que la Xunta tome las medidas pertinentes para que las exigencias unilaterales a las que me obliga en tanto que propietaria de un BIC no tengan las repercusiones de extrema gravedad que acaban de producirse, y que a todas luces se repetirán salvo que la Xunta tome las medidas mínimas de prevención”.

(Breve inciso, de nuevo para resaltar coincidencias: horas después de la protesta de los activistas, Fernández de la Mora volvió a solicitar una reunión personal a Feijóo, en los mismos términos que la anterior, para “transmitirle nuestra preocupación y estudiar las medidas a tomar para evitar futuros asaltos, que pudieran tener consecuencias irreparables”).

“El mínimo absoluto exigible, dados los antecedentes de asalto y terrorismo, es que la Xunta, en tanto que responsable de la declaración de bien de interés cultural del Pazo, que ha sufrido daños en el patrimonio histórico que lo integra, realice las gestiones conducentes a la identificación y depuración de responsabilidades de los asaltantes, y en su caso, se persone ejercitando las acciones penales y civiles derivadas de los hechos ocurridos el pasado 30 de agosto. Adicionalmente, exijo que la Xunta asegure los potenciales daños que pudieran generarse como consecuencia de las visitas a las que estoy obligada, y provea de forma inmediata un servicio de seguridad adecuado a la amenaza. Atentamente, Carmen Franco Polo. Duquesa de Franco”. Al pie, su firma y, también manuscríto, el número de su DNI.

Post-scriptum

Carmen Franco: la hija del dictador y autora de la carta falleció cuatro meses después de escribirla, el 29 de diciembre. Su muerte dejó sin efecto la multa de 4.500 euros que le impuso la Xunta por incumplir la apertura del Pazo.

Los 19 de Meirás: En diciembre de 2022, la Audiencia de A Coruña archivó la causa contra los activistas. Consideró que ni hubo allanamiento –pues la protesta fue en horario de visitas– ni tampoco delito de odio. Los encausados lo celebraron como “una victoria del pueblo gallego”.

Alberto Núñez Feijóo: En 2020 celebró como “un triunfo” la sentencia del juzgado de A Coruña que ordenaba a los Franco devolver el Pazo. Posteriormente, defendió un plan de usos para el recinto que evitase centrarse en los años de la dictadura, una idea que ha recogido su sucesor, Alfonso Rueda. Tras la sentencia del Supremo, Feijóo ha guardado un silencio absoluto sobre Meirás.

Benito Portela: desde la devolución inicial del Pazo a dominio público, es el Concello de Sada el que gestiona las visitas a Meirás, tal y como había solicitado a la Xunta cuando lo hacía la Fundación Francisco Franco. Portela, militante de Anova, continúa como alcalde al frente de la formación municipalista SadaMaioría.

Pazo de Meirás: El Tribunal Supremo confirmó en marzo que el recinto pertenece al Estado tras rechazar el último recurso de los Franco contra la sentencia inicial de 2020. Basándose en un informe encargado por la Xunta de Feijóo, el fallo recoge que la familia ejerció la posesión de “buena fe”. Los herederos del dictador se apoyan en ese razonamiento para reclamar una indemnización que puede rondar el millón de euros y a la que se oponen tanto el Gobierno como la Xunta de Galicia. El coste de las obras de reforma tras el incendio de 1978 es, precisamente, uno de sus principales argumentos para exigir compensación económica.

Fundación Francisco Franco: Este martes, 14 de abril, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, firmó la resolución que pone fin al procedimiento administrativo para extinguirla y trasladó el expediente a la Justicia para que un juez o una jueza tomen la decisión final.

Muchas de las víctimas de la represión franquista siguen enterradas en cunetas y fosas comunes cuando están a punto de cumplirse noventa años después del golpe de Estado que provocó la Guerra Civil, pero su memoria no está solo en los camposantos, está también dispersa en numerosos archivos oficiales que restringen, cuando no prohíben, el libre acceso a la documentación que custodian. 

Las investigaciones policiales, las denuncias y delaciones, las torturas para conseguir declaraciones auto inculpatorias y los procesos judiciales sin garantías que permitieron al aparato represivo del franquismo condenar a largos años de prisión y a la muerte a quienes defendieron la legalidad republicana ganada en las urnas. Una verdad incómoda que desde hace años se escamotea del conocimiento público con una patulea de disposiciones legales que impiden su consulta. 

Hace poco más de un mes el Gobierno procedió a la desclasificación de una serie de documentos sobre el frustrado golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981 al cumplirse su cuarenta y cinco aniversario. Es el plazo que establece la permanentemente pospuesta Ley de Información Clasificada para el acceso a la documentación catalogada como “alto secreto”; treinta y cinco en el caso de la “secreta”. Un proyecto de ley llamado a sustituir la Ley de Secretos Oficiales franquista de 1968. Se trata de una buena noticia, aunque el resultado de dicha desclasificación haya sido decepcionante al limitarse a este acontecimiento concreto. 

Las trabas para acceder a la documentación oficial sobre nuestro pasado más trágico no son achacables solo a la Ley de Secretos Oficiales. La Ley de Patrimonio Histórico de 1985 es otro de los obstáculos a los que se enfrentan quienes intentan acceder a la verdad de los archivos. Esta ley establece plazos de hasta cincuenta años para acceder a cualquier documento que contenga datos personales que la autoridad competente considere que afectan al honor de los aludidos, como es el caso de los procesos judiciales, pero ¿qué honor se mancilla al dar a conocer procesos judiciales instruidos sin las mínimas garantías que sirvieron para justificar la condena o el asesinato de los encausados? El de las víctimas, no.  

La verdad tiene enemigos, y frente al derecho al olvido que reclaman los verdugos y sus familias debe prevalecer el derecho a la información y a la investigación histórica. Cincuenta años para acceder a esta documentación es un plazo desproporcionado si lo comparamos con los que se aplican en otros países de nuestro entorno, que oscilan entre los veinte y los treinta años. Una realidad que hace necesaria una nueva Ley de Patrimonio Histórico si de verdad queremos conocer y divulgar nuestra historia más reciente.

Produce desasosiego ver el desconocimiento y desinterés hacia nuestro pasado más dramático de muchos jóvenes nacidos en una democracia ya asentada. Democracia que se ve ahora amenazada por los herederos de aquel tiempo sombrío que, envalentonados, se enseñorean brazo en alto y cara al sol por nuestras calles y se atreven incluso a ensalzarlo desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

A las interpretaciones restrictivas de las leyes se suma la ausencia de voluntad política para poner fin a esta realidad. El ejemplo paradigmático de ello es el Archivo General del Ministerio del Interior, un archivo de nivel ministerial que, por su propia normativa, no debería albergar ni un documento de su etapa de “Ministerio de la Gobernación”. Hace décadas que debería haber transferido esta documentación a los Archivos Históricos e Intermedios para su adecuada catalogación y el libre acceso de los investigadores.. El despropósito es tal que atesora documentación que se remonta a 1840. Una irregularidad palmaria porque no atesorar documentos con más de treinta años de antigüedad. Intentar acceder a sus fondos es una misión condenada al fracaso, como vienen denunciando desde hace años historiadores y estudiosos de nuestra historia.

De poco vale que la Ley de Memoria Democrática diga en su preámbulo que “la ciudadanía tiene el derecho inalienable al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el régimen franquista, así como sobre los valores y los actos de resistencia democrática que llevaron a cabo quienes cayeron víctimas de su represión” si se impide el acceso a la documentación que custodian los archivos oficiales.

Su artículo 15, relativo al derecho de las víctimas a la verdad, recoge el compromiso de la Administración General del Estado con el impulso a la investigación de todos los aspectos concernientes a la guerra civil y la dictadura, y en el artículo 27 garantiza “el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados sobre la guerra, la dictadura (…) y la transición hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978, con independencia del tipo de archivo en que se custodien”.

Una parte de nuestra memoria democrática sigue enterrada en cunetas y fosas comunes, pero también en los archivos oficiales, que necesitamos abrir para acercarnos a la verdad, primer paso para la justicia y la reparación de las víctimas y sus familias.

Casi siete meses después de que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) reclamara a la presidenta del Congreso, Francina Armengol (PSOE), para que retirara los retratos de los presidentes de las Cortes franquistas de la Galería de Presidentes, ha anunciado que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra ella por “incumplimiento” de la Ley de Memoria Democrática. “Le exigimos retirar los honores a quienes llegaron al cargo nombrados por un sanguinario dictador”, ha dicho la asociación en un mensaje en X.

Según confirma el presidente de la ARMH, Emilio Silva, la denuncia será interpuesta el próximo 21 de abril tras los dos intentos en los que ha pedido por escrito a Armengol a través del registro de la Cámara Baja que tome la decisión de quitar estos cuadros. “Nunca nos han respondido. Es un insulto a las víctimas de la dictadura dar reconocimiento en los pasillos del Congreso a personas que accedieron al cargo después de un golpe de Estado y el uso de una terrible violencia cuyas consecuencias en muchos casos no están resueltas”, señala Silva.

Los retratos comparten espacio con el resto de quienes han presidido la institución en la Galería de Presidentes. Los de las Cortes franquistas que aparecen retratados son Esteban de Bilbao Eguía, líder de Comunión Tradicionalista durante la Segunda República y ministro de Justicia nada más terminada la Guerra Civil hasta 1943, Antonio Iturmendi Bañales, político carlista que también fue antes que presidente de las Cortes ministro de Justicia y Alejandro Rodríguez de Valcárcel, miembro de Falange en 1936, cuando se produjo el golpe de Estado franquista.

Durante la dictadura, Rodríguez de Valcárcel llegó a ser vicesecretario general de FET y de las JONS. La ARMH reclama también la retirada del cuadro de Torcuato Fernández-Miranda, que llegó a ser presidente del Gobierno en funciones del 20 al 31 de diciembre de 1973 y de las Cortes durante la Transición, entre diciembre de 1975 y junio de 1977.

Según apunta Silva, la asociación considera que mantener estos cuadros es una vulneración del artículo 40 de la Ley de Memoria Democrática, que reconoce que las administraciones deberán “revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones anteriores a la entrada en vigor de esta ley” cuando constituyan “exaltación o enaltecimiento” de la sublevación franquista o la dictadura o bien “hubieran sido concedidas” por haber formado parte del régimen represivo.

El escrito presentado el pasado septiembre recordaba que “todos ellos fueron golpistas en 1936 y beneficiarios de la destrucción de la Segunda República”. “No es posible aceptar que quienes fueron dirigentes de la destrucción de la pluralidad y la libertad, que son principios básicos de un parlamento democrático, permanezcan retratados en esa galería”, reza la carta, en la que recuerda que las Cortes franquistas no fueron democráticas, fueron “monolíticas” y “cerraron sus puertas a quienes tenían otras ideas” al tiempo que “legislaron para la maquinaria que asesinó, torturó y aterrorizó a todas las disidencias políticas y morales”.