El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho a voto de las personas que viven en el extranjero y han obtenido la nacionalidad española gracias a la Ley de Nietos, aprobada en 2022 en el marco de la Ley de Memoria Democrática. PP y Vox llevan meses agitando el miedo ante un posible fraude electoral, ante un presunto amaño del censo por la inclusión de estas personas. Esta decisión, valorada ahora por la justicia como una opción posible, deja en el limbo a 400.000 personas, hijos y nietos de republicanos exiliados españoles… Que son españoles… pero que no tienen derecho a voto. 

Lo analizamos con la periodista de elDiario.es, Elena Herrera y con el catedrático de derecho constitucional, Joaquín Urías.

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“La historia de nuestra familia es como la de muchas otras de nuestro país”, ha comenzado su intervención Fernando Zamora, sobrino nieto de Jesús Esteban, fusilado y enterrado en una fosa común tras intentar fugarse del Fuerte de San Cristóbal en mayo de 1938, al igual que Gerardo Gómez Lorenzo, preso fugado y capturado en la misma huida. Ambos han estado perdidos 88 años, 3 meses y 23 días. En total 32.257 jornadas que han estado sepultados sin nombre, “historia” y “dignidad”. Zamora asegura que encontrar los restos de los fusilados no solo alivia a la familia, sino que “es más bien que los huesos, que cada resto, tengan su nombre”. “Es importante también para ellos mismos y por la dignidad humana [de quién fue asesinado]”, expresa.

En un acto celebrado este lunes en el recién inaugurado ‘Rozalejo, Espacio de Memoria y Convivencia’ del casco antiguo de la capital navarra, la vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha entregado a sus familiares los restos de Jesús Esteban Muñoz y de Gerardo Gómez Lorenzo, identificados por el banco de ADN del Ejecutivo foral, tras las exhumaciones llevadas a cabo en 2017 y 2018 en las fosas de Urtasun y de Leranotz respectivamente. Un nutrido grupo de familiares de ambos represaliados, desplazado a Pamplona desde Galicia y Bizkaia, representantes institucionales, asociaciones memorialistas, parte del equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y Nasertic y del Instituto Navarro de la Memoria han participado en el acto.

“Esperamos y deseamos que este hecho [la entrega de los restos a sus familiares], contribuya a cerrar ese círculo que nunca se tuvo que abrir. Ese círculo que de forma terrible ocurrió hace 80 años”, ha declarado en su intervención la consejera Ana Ollo, que a su vez ha querido trasmitir a los asistentes la contribución de esta entrega “a la esperanza de cientos de familias que todavía no han encontrado a sus familiares asesinados”.

“Mi madre siempre hablaba de Gerardo porque era de su edad. Se le venían las lágrimas a los ojos porque eran como hermanos. Vivían en la misma finca de sus abuelos a 50 metros el uno del otro”, cuenta Julio Suárez, hijo de la prima de Gerardo Gómez Lorenzo. Frente a los asistentes, ha recordado que “era un niño” de tan solo unos cuatro o cinco años cuando los militares aparecieron en la casa familiar y preguntaron por el primo de su madre. “Su casa ya tenía cocina” y en ella había “una manilla dorada”. “Y yo me acuerdo de estar agarrado ahí mientras se marchaban los agentes”, narra Suárez. Años después, supo que su tío Gerardo intentó escapar “cuando fueron a buscarlo” y finalmente “fue apresado”. A partir de entonces “no supieron nada más de él”. “Ni mi madre, ni mi abuela, ni las primas de Buenos Aires. No supieron ni si estaba muerto o ni si estaba vivo”, describe.

La madre de Suárez murió sin saber qué le ocurrió a su primo, apresado con 18 años. El joven carpintero, natural y vecino de Bergondo (A Coruña) ingresó en el Fuerte el 14 de junio de 1937, donde permaneció hasta la fecha de la fuga, 22 de mayo de 1938. Su cuerpo fue exhumado 80 años después de este intento de huida. “Lo enterraron con su pipa y el anillo, que llevaba sus iniciales”, describe Suárez.

Jesús Esteban Muñoz, nació el 22 de junio de 1906 en Villaverde de Íscar (Segovia) y era vecino de Portillo (Valladolid). Para Maite Méndez, hija de la sobrina de este, la entrega de sus restos supone “recobrar la historia” de su familia. “Nuestro tío abuelo estaba en el limbo, no sabíamos nada de él. Sabíamos que había participado en la fuga, pero nunca supimos más”, afirma. Su madre, que ahora tiene 99 años y hubiera querido haber asistido, porque a pesar de la edad “la cabeza la tiene muy lúcida” y, sobre todo, “para esta memoria, siempre se acordó de su tío Jesús”. Fue ella, de hecho, quien aportó la mayoría de información sobre el segoviano al saber que había participado en la huida, hecho que conocía por “otros presos que no participaron en la fuga” y que vivían cerca de los abuelos de Méndez, explica ella misma.

“Para mi madre ha sido muy emocionante”, explica Méndez. Tras las investigaciones, se supo que Jesús Esteban formaba parte de un grupo de fugados del que tres fueron detenidos en Eugi y otros dos, en el paraje de Bardegi, entre Usetxi y el alto de Egozkue. Después de ser asesinados fueron llevados al cementerio de Urtasun (Esteribar), donde fueron enterrados en una fosa común. En mayo de 2017, se llevó a cabo la exhumación de los cinco cuerpos inhumados en esa fosa del cementerio.

“Esas familias que durante muchos años han visto su círculo maldito abierto y hace décadas que no se les ha cerrado, es el momento de darles protagonismo”, ha reivindicado la consejera Ollo. “Reconoceros esa trasmisión de la memoria que ha conseguido que muchos años después estéis aquí, con la intención de reivindicar a vuestros familiares. Porque no eran personas que murieron por nada, por no haber hecho nada. Habían luchado por una sociedad más justa, más libre, más social y con más derechos para todas y todos. Y los mataron por eso”.

Con los de Jesús Esteban y Gerardo Gómez son ya 53 los cuerpos devueltos por el Gobierno de Navarra a sus familiares tras su exhumación e identificación. Según el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, hasta la fecha se han abierto 444 expedientes de personas represaliadas. Desde el Instituto Navarro de la Memoria recuerdan que las familias de personas desaparecidas tras el golpe de estado militar de 1936 pueden contactar con el banco público de ADN a través del correo “para que se pueda continuar con nuevas identificaciones y restitución de cuerpos a sus familias, así como con la localización de emplazamientos donde puedan encontrarse nuevas fosas”.

El 27 de octubre, a las 10.45 horas, un juzgado de lo civil del Tribunal de Instancia de Donostia acogerá un juicio histórico, en todos los sentidos de la palabra. Nadie se sentará en el banquillo de los acusados, porque los responsables de los hechos llevan largo tiempo fallecidos, pero la familia de Txomin Letamendi, militante del PNV y espía que colaboró con la CIA (entonces conocida como OSS) en el contexto de la II Guerra Mundial, torturado por el franquismo y que falleció en 1950, podrá obtener una “declaración de hechos pasados” que acredite cómo vivió y, sobre todo, cómo murió el agente conocido como 'Turuta', por ser también músico.

Aunque inicialmente la vista se había fijado para comienzos de octubre, fuentes judiciales indican que, por cuestiones de agenda, será a finales de ese mes cuando se celebre un acto con muy pocos precedentes y que es una posibilidad abierta por la normativa estatal de memoria democrática de 2022, que reformó la ley española de jurisdicción voluntaria de 2015. Las condiciones establecidas para que alguien pueda lograr de un juzgado esta “declaración de hechos pasados” pasan por que el asunto sea “posible y lícito”, por que haya un “principio de prueba” de que lo que se pretende certificar es cierto y por que no haya ningún otro proceso judicial paralelo en marcha.

En 2025, coincidiendo con el septuagésimo quinto aniversario de la muerte de 'Turuta', además de estrenarse una película en el Zinemaldia donostiarra, la familia intentó abrir una causa penal contra los responsables de las torturas a Letamendi. Según consta en la memoria de la Fiscalía, la instructora Silvia Villanueva abrió unas diligencias, con código 53/2025, por un presunto delito de “lesa humanidad y torturas”, pero se acordó el archivo por imposibilidad de procesar a los presuntos responsables de los hechos. Sin embargo, la Fiscalía abrió otra actuación, en este caso la 74/2025, para derivar el asunto a la vía civil y buscar el resarcimiento con la fórmula habilitada en 2022. Hizo lo mismo la familia. La magistrada de lo civil responsable ahora del expediente se llama Beatriz Hilinger.

Sobre su mesa está, en esencia, la misma documentación ya conocida sobre 'Turuta'. Se habla del contexto histórico, de una Guerra Civil ganada por los franquistas con apoyo de la Alemania nazi y de la Italia fascista, de la creación del Servicio Vasco de Información (SVI, la agencia de espionaje e inteligencia del primer Gobierno de Euzkadi) y de que 'Turuta' fue uno de los hombres que se puso al servicio del lehendakari, José Antonio de Aguirre, como agente. Vivió un primer exilio en París y, tras la ocupación, pasó a América, a Venezuela.

En América, en este caso en Estados Unidos, Aguirre puso el SVI al servicio de la recién creada CIA, entonces denominada Office of Strategic Services, y de la rama de inteligencia del FBI. Colaboraban también con otras agencias extranjeras, particularmente británicas. Su tesis (luego desmontada por la vía de los hechos) era que una caída de Adolf Hitler y de Benito Mussolini haría también hundirse a Francisco Franco y puso todo su empeño en colaborar con los aliados para que ganaran la II Guerra Mundial.

Un informe de la CIA titulado “Mission Letamendi” explica el regreso a España del espía. Fue a finales de 1942. Aparentemente, Aguirre le invitó a volver al interior. Necesitaba agentes sobre el terreno ante lo que intuía (equivocadamente) como la caída del franquismo. El propio viaje, en el buque Buena Esperanza, fue una misión confidencial para la CIA ya que en él iba también el getxotarra José Antonio de Sangróniz, embajador español en Venezuela. La tapadera de músico permitía al espía hacerse pasar como un inocente vasco apolítico que recorría el mundo y que era amigo de las hijas del diplomático.

En 1945 acabó la II Guerra Mundial y, con ello, la luna de miel del SVI con Estados Unidos. Este país reinició sus relaciones diplomáticas con una España que ya no se estaba mostrando al mundo como amiga de las derrotadas Alemania e Italia. Letamendi fue arrestado en agosto de 1946 “con motivo de haber descubierto la Policía gubernativa de San Sebastián una valija con documentación clandestina con destino a Francia que puso de relieve la existencia de una amplia conspiración”. Según el franquismo, “todos los partidos políticos de izquierdas” —si bien el PNV era una formación católica y conservadora siempre operó del lado de los republicanos— estaban actuando subrepticiamente en el territorio nacional bajo instrucciones de autoridades en el exilio “para el derrocamiento del régimen establecido en España después de su guerra de liberación”. En comisaría, sufrió “graves torturas”, según recalca la familia.

Fue enviado a prisión preventiva, pero quedó en libertad con cargos en 1947. 'Turuta' retomó sus labores en la clandestinidad, en este caso en Catalunya y con identidades como 'Damián Landa' o 'Darío Landa'. Pero en solamente cuatro meses volvió a ser arrestado por ser “agente informador”. Y “nuevamente se le aplicaron métodos de tortura” en Barcelona. Quedo “marcado física y psicológicamente”.

En 1948, fue procesado. En 1950 llegó la condena de cinco años de un Consejo de Guerra, la mitad de los que pedía la Fiscalía, el organismo que ahora busca su resarcimiento. Estuvo internado en Barcelona, en Madrid y en Guadalajara. Su estado de salud fue claramente a peor. “Los muertos no comen”, se decía de él. Fue excarcelado por su delicada situación en octubre de 1950 y entregado a la familia, pero falleció esa Navidad.

En 2025, el Instituto de la Memoria (Gogora) reconoció como víctima a 'Turuta', quien también recibió un homenaje de su partido, el PNV. Además de la película, titulada 'Karmele', el nombre de su esposa, Kirmen Uribe escribió en su día un libro sobre la vida de 'Turuta', 'Elkarrekin esnatzeko ordua'. El organismo GEB, observatorio de derechos humanos, sostiene que es la primera ocasión en que se celebrará un juicio de este tipo en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa o Navarra y destaca su relevancia histórica. “Frente a este 'búnker negacionista' que cierra casi sistemáticamente la puerta al derecho a la justicia a las víctimas del Estado, el juicio por jurisdicción voluntaria [sobre Letamendi] puede ser un instrumento, insuficiente sí, pero adecuado, para obtener la verdad judicial”, se congratulan.

Se ha imaginado decenas de veces la escena. Cómo de intenso sería el frío de aquella tarde de enero o de qué hablarían aquellos dos guardias civiles que se dirigían a Peraltilla (Huesca). ¿Decidirían en ese trayecto cuál de los dos iba a disparar el gatillo? Arnau Fernández Pasalodos (Barcelona, 1995) ha fabulado con el asesinato de su bisabuelo, Manuel Sesé Mur, durante buena parte de su vida. Fue ejecutado en plena dictadura, en 1948, por su actividad política antifranquista. El sargento Agustín Serrano Arroyo y el guardia segundo Marcelino García Gracia le dispararon en la cabeza y por la espada a escasa distancia de su domicilio, en el que estaban su mujer y sus hijos, que lo escucharon.

Hoy, Arnau puede decir que conoce los nombres de quienes lo mataron y el lugar en el que fue enterrado. Pero ya no puede contárselo a su abuela Rosita, que creció sin padre, soportó el estigma de la posguerra y murió en 2016 sin saber dónde estaban sus huesos. “Me duele no haberlo sabido antes y no habérselo dicho a pesar de que tenía derecho a conocerlo”, afirma. Un dolor a destiempo que demuestra cómo el trauma familiar no resuelto, el silencio y la falta de reparación han sido heredados por los bisnietos de la Guerra Civil y el franquismo.

A partir de varios testimonios, Arnau, historiador e investigador en el Centre d'histoire de Sciences Po de París, explora en ¿Mató tu bisabuelo al mío? (Crítica) cómo esta realidad ha marcado la vida de una parte de quienes nacieron más de medio siglo después del golpe de Estado de 1936. El libro, cuyo título está inspirado en una columna de Sergio del Molino en El País, da espacio a esta cuarta generación, que pese a no haber vivido los hechos, ha crecido sintiendo de cerca sus consecuencias. “Es un dolor muy real, que nos atraviesa y condiciona”, explica Arnau, que tras entrevistar a medio centenar de bisnietos reconoce que ha dejado de sentirse “extraño” por “vivir tan ligado” a Manuel.

Los relatos describen experiencias atravesadas por el dolor emocional, y muchas veces físico, que resume Arnau: “Nos duelen los asesinatos injustos, las vidas interrumpidas por la violencia ejercida por su ideología política. Nos duelen nuestros abuelos, que se quedaron sin padre y tuvieron que aprender a callar sin saber ni siquiera donde estaban sus cuerpos. Y nos duelen la falta de reconocimiento público y las fosas, el hecho de que todavía hoy en 2026 haya mucha gente que no puede recuperarlos”.

La memoria de la cuarta generación ha empezado a tejerse en el silencio y la falta de relato, ante lo que ha surgido una necesidad de rellenar esos vacíos familiares. Los bisnietos no conocieron a sus antepasados ejecutados, por lo que ese vínculo se articula generalmente a través de sus abuelos o abuelas, figuras clave en todos los relatos. Son ellos los que conectaron a esta generación con la guerra y la dictadura, no de forma explícita en muchos casos, pero sí a través de un duelo suspendido, el dolor no sanado y los vacíos que sus nietos no comprendían.

Por eso, en todos los casos, la empatía por el dolor de sus abuelos es la que ha activado el proceso de querer saber más. “Yo todo el amor que tengo por mi bisabuelo me vino por mi abuelo”, explica Helios Fernández Garcés, que guarda congelado en la memoria el recuerdo de cuando, a sus once años, su abuela se le acercó y en un susurro le dijo: “Al padre de tu abuelo lo mataron en la guerra”. Aún recuerda el rostro de “profundo dolor” de su abuelo. “Tenía una relación muy intensa con él y creo que algo se me quedó ahí en ese momento, una herida en algún lugar de mi ser que sigue abierta”, cuenta.

La edad que tenía él cuando oyó esta frase impactante era la misma que su abuelo Diego tenía cuando a finales de 1936 un grupo de falangistas asaltó su vivienda de La Sauceda (Málaga), sacó a su padre, Jacinto Garcés Lozano, y lo fusiló. Su abuelo siempre le contaba que había “sentido” los tiros, que era la forma de decir que los había escuchado. Los falangistas incendiaron después la casa y la familia fue obligada a marcharse de la localidad con lo puesto. “Fue en 1936, pero ese dolor me alcanza todavía porque fue ejercido a través de una extraordinaria violencia y porque nunca se hizo justicia”, explica Helios.

La metralleta convertida en escopeta

Buena parte de los bisnietos comparten experiencias atravesadas por las estrategias familiares para camuflar lo sucedido y protegerse ante la represión de la posguerra. La familia de Francisco Javier González inventó que a su bisabuelo Martín lo habían matado por “hacer un chiste” sobre una figura religiosa, cuando en realidad había sido fundador y tesorero del PSOE en El Cerro de Andévalo (Huelva) y fue fusilado en 1937.

Su inquietud emanó desde muy pequeño, cuando Francisco Javier se quedaba fascinado por las fotografías familiares que descansaban bajo el cristal de la mesa del salón en casa de sus abuelos. De una de ellas, la que retrataba a un hombre joven, nadie hablaba. Todavía hoy Francisco Javier recuerda cómo no paraba de preguntar con perplejidad por qué aquel hombre, si era su bisabuelo, no tenía arrugas. “Ese dolor es difícil que salga de mí. Creo que conviviré con él hasta que me muera. Llevo un duelo propio y ajeno”, dice en el libro sobre la injusticia que vivió su antepasado y el impacto que tuvo en quienes vinieron después.

En el caso de Arnau, su abuela nunca habló de la militancia de su padre Manuel, que perteneció a la CNT y fue enlace de la guerrilla antifranquista en Aragón, acudiendo a la frontera con Francia para obtener metralletas y munición. Pero la versión que siempre escuchó en casa es que a Manuel lo habían asesinado por un problema con un pariente que le había denunciado y que, al presentarse unos policías en casa, encontraron una escopeta no declarada.

Arnau es consciente de que su abuela “convirtió la metralleta en escopeta” como una “estrategia de supervivencia cotidiana”. “Era algo muy común. Esta generación, con un profundísimo estrés postraumático, aprendió durante 40 años a callar y despolitizar los asesinatos de sus padres. Lo político se ocultó bajo lo doméstico”, sostiene el historiador.

En esta cuarta generación, las fotografías adquieren un peso clave: no solo como revulsivo para despertar la curiosidad, sino también como anclaje al pasado o incluso al cuerpo desaparecido. Un ejemplo es María Rosa Aránega, cuya familia había guardado en un sobre la única foto de su bisabuelo Silvestre, militante de la UGT que se suicidó antes de ser detenido. Gracias a su investigación artística, la familia rompió el silencio: su madre integró la fotografía en el álbum familiar e hizo copias. “Ahora sí que forma parte de la familia, lo tenemos en el salón de mi casa”, cuenta en el libro al tiempo que revela su dolor por las dificultades que rodean a su exhumación en el cementerio de Cúllar (Granada).

Las experiencias demuestran que los bisnietos son, en muchos casos, aquellos que han abierto la puerta a la memoria en sus familias. La Ley de Memoria Democrática, de hecho, les sitúa como la última generación con derechos de reclamación y reconocimiento como víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. “Estas personas son, dentro de sus familias, las que se han encargado de custodiar la herencia material. No son otros bisnietos ni nietos. Ellos han conservado las cartas, los retratos, los objetos... Son quienes se han encargado incluso de impulsar procesos de investigación o exhumación. Ahí se percibe la continuidad del trauma”, explica Arnau.

Cuadro 16, sepultura 240

Si muchos de los bisnietos conocen hoy parte de la verdad es porque han rastreado las huellas de sus antepasados. La investigación en archivos judiciales y militares ha sido un canal clave para romper el silencio. En el caso de Arnau, encontrar la causa 2441-9 del Juzgado Togado Militar nº 32 de Zaragoza desveló las verdaderas razones de la ejecución de Manuel. Y también desmontó la versión oficial de los guardias civiles que le mataron, que en el atestado atribuyeron la muerte a una huida. Sin embargo, la autopsia —Manuel falleció a los dos días en el hospital— reveló que el deceso se había producido por un único disparo en la cabeza, por detrás, y a muy corta distancia.

A la información que puede hallarse en los archivos se suma la posibilidad de conectar emocionalmente con el antepasado, por ejemplo a través de su firma. Es lo que le ocurrió a Carolina Nebot, para la que hallar la de Blas Castelló López en su consejo de guerra hizo que este dejara de ser “el padre de su abuelo” para convertirse en su bisabuelo. Francisco Javier, por su parte, encontró en el expediente la huella de su bisabuelo, que digitalizó y mantiene guardada en su móvil. Ahora, cada vez que logra un éxito que cree que le haría sentirse orgulloso, abre el teléfono y hace coincidir su dedo con su huella.

Los descubrimientos, sin embargo, se entremezclan con la rabia que les produce haber llegado tarde a esta información todavía parcial, en la mayoría de sus casos cuando sus abuelos y abuelas ya no están vivos. “Es una humillación y otra forma de perder la guerra. Es una vergüenza y una indignidad histórica que tantas personas mayores no supieran ni siquiera que existía un documento con la firma de su padre. Y es así porque en España ha habido una carencia absoluta de políticas públicas para ello”, denuncia Arnau.

Dolor es también lo que les provoca el cuestionamiento que sienten a veces por parte de quienes piensan que su herida es desproporcionada o no les corresponde, exigiéndoles el tan manido “pasar página” o señalándoles por hablar de algo que no vivieron. Arnau suele responder a esta crítica de la misma forma cada vez: contando la búsqueda que ha hecho de su bisabuelo durante los últimos diez años de su vida y relatando lo que ocurrió en la primavera de 2025.

Entonces, tras descubrir lo que su abuela nunca supo, que Manuel había sido enterrado en una fosa común, en el cuadro 16, sepultura 240 del cementerio de Huesca, decidió acudir para homenajearle. Se imaginaba ya solicitando la exhumación de sus restos, para que algún día volvieran a la familia a la que perteneció. Sin embargo, aquel día descubrió junto a un trabajador del camposanto que le dirigió a la zona exacta que lo que había justo encima era un bloque gigantesco de nichos. “Eso solo significa dos cosas: o bien los cuerpos están destruidos o bien los llevaron al osario y están perdidos. En ese momento viví la Guerra Civil. Entendí que nunca iba a recuperar el cuerpo de mi bisabuelo y que no iba a cumplir lo que mi abuela quería, que lo enterraran con ella”.

A la profunda tristeza que el descubrimiento ha provocado en Arnau –“fue como recibir una herencia de dolor, de rabia, de injusticia y de humillación en pleno 2025 por algo que había ocurrido en 1948”, asegura— le acompaña otra emoción que ha empezado a abrirse camino desde que, también en 2025, pudo declarar ante la Fiscalía todo lo que sabía sobre el asesinato de su antepasado. Es una esperanza en el horizonte, la de que a pesar de que ya no se pueda condenar a los culpables por haber fallecido, haya un documento que establezca una verdad judicial que repare, en parte, el dolor y afirme oficialmente que su bisabuelo Manuel Sesé Mur fue asesinado injustamente por sus ideas políticas.

Catalunya era un problema para las élites de la transición. Y no solo por la cuestión nacional. Era el territorio del Estado donde más fuerza tenían los partidos de izquierda y donde más crudo se mostraba el conflicto social amordazado por la dictadura. ¿Cómo es posible que el primer president de la Generalitat salido de las urnas tras el franquismo fuera un banquero conservador como Jordi Pujol? Eloi Gummà contesta a esta pregunta en De l'antifranquisme al pujolisme (Akal).

Como buen historiador, Gummà anticipa una respuesta de varios factores, empezando por los errores de la propia izquierda (esa variable constante de la historia). En la obra, sin embargo, emerge uno de los aspectos menos destacados en las biografías oficiales sobre el ascenso al poder de Pujol: el apoyo decisivo que recibió de la patronal Foment del Treball y de los sectores económicos que tenían miedo a una Generalitat con consellers del PSC y el PSUC.

“El pujolismo fue una reacción empresarial que reagrupó a todas las fuerzas conservadoras, los poderes económicos y la patronal para evitar que las izquierdas ganaran la Generalitat. Pujol fue su voto útil”, explica Gummà en conversación con elDiario.es.

Pujol fue el dirigente más hábil, estratégicamente, del tardofranquismo y la transición

La obra de Gummà, muy documentada y abundante en citas de los personajes que marcaron la transición en Catalunya, desmonta el mito de Pujol (que sus 23 años de hegemonía contribuyeron a edificar) como personaje nacido para ser president. Gummà aporta una nueva mirada y sitúa al expresident en la dinámica española y en el contexto internacional de la época: el fin de la paz social de posguerra y el inicio del neoliberalismo.

“Pujol fue el dirigente más hábil, estratégicamente, del tardofranquismo y la transición”, destaca Gummà, para quien la mirada crítica al pujolismo no es incompatible con constatar que el expresident fue un animal político.

El historiador cuenta que, Pujol, que fue un preso político de la dictadura, sabe que la hegemonía en el antifranquismo es de las izquierdas y que no tiene la suficiente fuerza para contrarrestarlas. Y acepta muchos de los consensos de socialistas y comunistas, para irritación de Josep Tarradellas o Adolfo Suárez. Los resultados electorales de las generales y las municipales de 1977 y 1979 lo confirmarían: la izquierda arrasó en Catalunya y Convergència obtuvo resultados modestos.

Gummà rescata los documentos fundacionales de Convergència, que incluso hablan de socializar partes de la economía y abogan por una transformación social. “Son un síntoma de hasta qué punto la sociedad catalana de la época estaba escorada a la izquierda”.

Todo cambió antes de las elecciones al Parlament de 1980, cuando el fundador de Convergència se sube al carro del anticomunismo. “Pujol cogió a la izquierda con el pie cambiado”, remarca Gummà. El futuro president leyó bien la decepción con los resultados de la transición que llevó a la primera de varias desafecciones de la izquierda.

Además de romper la, hasta entonces, alianza del antifranquismo catalán, Pujol empieza a ser autocrítico con los opositores a la dictadura y culpa a sindicatos y partidos progresistas de haber lanzado expectativas inalcanzables.

“A Pujol no le gustaba el compromesso storico [la alianza entre comunistas y democracia cristiana impulsada por el PCI en Italia] y mantuvo que era un riesgo muy grande que la fuerza más importante de la izquierda en Catalunya fuera el PSUC”, recuerda Gummà.

Pujol no era el primer nombre que manejaron las élites. “Desconfiaban de él por su anterior relación con los comunistas, pero termina siendo el único hombre posible para derrotar a la izquierda. La patronal apuesta por Pujol porque no puede apostar por nadie más”, relata el historiador.

La “Operación Foment”, explica Gummà, consistió en que la patronal financió directamente a Convergència y Esquerra y el resto de fuerzas conservadoras a cambio de la moderación de sus programas electorales. Además, en una acción inédita, Foment hizo una campaña propia antes de los comicios con publicidad en los periódicos, folletos y revistas.

“En total, Foment del Treball se gastó 700 millones de pesetas en la campaña de las catalanas de 1980”, resalta Gummà. Al otro lado, los esfuerzos fueron más modestos: socialistas y comunistas apenas pudieron destinar 100 millones a la campaña. No fueron unas elecciones en igualdad de condiciones.

“Fue una campaña del miedo, dirigida a instalar el mensaje de que si ganaba la izquierda, Catalunya iba a caer en la ruina y los empresarios se marcharían. Hasta el propio presidente de Foment dijo que había sido la mayor intervención de una patronal europea en unas elecciones democráticas”, asevera el historiador.

Hay dos nombres a recordar en esta historia: Carlos Ferrer Salat y Ramon Trias Fargas. El primero, empresario farmacéutico y gran reorganizador de la élite económica en España tras el franquismo, presidió Foment, fundó la CEOE y contactó con Pujol en los 60 “para formar una nueva clase de dirigentes catalanes burgueses, pero alejados del servilismo de muchos de ellos con el régimen”, cuenta Gummà.

Trias Fargas fue un intelectual y el principal importador a España de las tesis neoliberales de la escuela de Chicago. Estuvo alineado con Ferrer Salat en la necesidad de crear una nueva clase dirigente afín. “En su artículo 'Empresarios de España, uníos', Trias Fargas resalta la importancia de que los empresarios se reagrupen alrededor de líderes sin vinculación con la dictadura porque si no la izquierda arrasaría en la transición”, detalla Gummà.

Para muestra de la hegemonía de la izquierda y su posterior derrota, el partido que fundó alguien tan de derechas como Trias Fargas en la transición: Esquerra Democràtica de Catalunya. “Si no decías que eras de izquierda, no pintabas nada”, remacha Gummà. Trias Fargas fue el primer conseller de Economía de la Generalitat de Pujol.

Pujol dejó escrito su alejamiento de los comunistas en su histórico artículo en La Vanguardia de diciembre de 1979 'Sant Pancraç, doneu-nos feina i salut' [San Pancracio, dadnos trabajo y salud]. Al tiempo que admitía haber sido “el más importante de los banqueros catalanes”, se presentaba heredero de “la pequeña burguesía catalana adicta al trabajo” y empezaba a dibujar la línea roja de quién era o no catalán, una de las señas de sus 23 años en la Generalitat: “El catalanismo político es el que no supedita el país a la lucha de clases”.

El antifranquismo en Catalunya no solo quería conseguir la autonomía, sino terminar con las élites económicas del franquismo

Para Gummà, el paso de Pujol por el poder fue la implantación del neoliberalismo en Catalunya. Es una tesis provocadora, que enfadará a los convergentes de todos los partidos a los que dedica el libro, pero interesante.

No es que Pujol desmantelara un Estado del Bienestar (inexistente, por otro lado, en la España posfranquista) como hizo Margaret Thatcher en el Reino Unido, sino que su presidencia enterró la hegemonía progresista del catalanismo y logró que calara en buena parte de la ciudadanía el mensaje de que los valores de la izquierda eran incompatibles con Catalunya.

Gummà cuenta cómo el expresident “redefinió desde el poder que la esencia de la catalanidad son los valores de orden, sentido común y propiedad privada, es decir, valores conservadores, y que, en cambio, los valores de la izquierda eran sucursalistas”. En otras palabras, con Pujol se crea el mito de la Catalunya armónica donde todo el mundo acepta su clase social sin rechistar.

“Se ha acabado imponiendo un relato que consiste en que Pujol era una persona predestinada a presidir Catalunya, que tenía una visión de reconstruir el país y que solo siguió este camino, pero la historia no es así”, lamenta Gummà. La construcción del mito pujolista, agrega el historiador, ha marginado el “componente social del antifranquismo” en Catalunya, en especial la Assemblea de Catalunya, así como la tensión social y la lucha de clases de la época.

“El antifranquismo en Catalunya no solo quería conseguir la autonomía, sino terminar con las élites económicas del franquismo e instaurar una democracia real y participativa”, apostilla Gummà. El libro del historiador permite conocer la Catalunya que pudo ser, pero no fue, y los poderosos movimientos que lo impidieron.

La corporación municipal de A Coruña ha acordado, en la sesión plenaria de este jueves y con el apoyo de todos los grupos —PSOE, BNG y PP— anular los acuerdos de 1962 que permitieron que el inmueble Casa Cornide acabase siendo propiedad de los Franco.

En concreto, según informa Europa Press, ha dado luz verde al procedimiento de revisión de oficio de los acuerdos plenarios de 3 de julio y 2 de agosto de 1962, que facilitaron en ese momento que la Casa Cornide pasase a los Franco.

Este es un paso más dentro de las actuaciones iniciadas por el consistorio para anular los procedimientos por los que el entonces conde de Fenosa, Pedro Barrié de la Maza, adquirió el inmueble que acabó pasando a la mujer del dictador, Carmen Polo.

En concreto, el pleno ha anulado el acuerdo del 3 de julio de 1962 que aprobó la transferencia de la propiedad municipal mediante puja y el acuerdo del 2 de agosto de ese año que aprobó la adjudicación definitiva a su comprador, Pedro Barrié de la Maza, que cuatro días después lo vendía a la mujer del dictador, en lo que la alcaldesa, Inés Rey, calificó, en declaraciones recientes a los medios de comunicación, como “el regalo de un bien público”.

Propiedad BIC

En estos momentos, se trata de una propiedad que fue declarada Bien de Interés Cultural en el 2023 con la obligación, por parte de los Franco, de abrirla a la ciudadanía en determinados días al año para visitas.

Las actuaciones promovidas tienen como objetivo recuperar para el patrimonio público, por la vía judicial, el inmueble, ubicado en la Ciudad Vieja, siguiendo los pasos que se llevaron a cabo para lograr que el Pazo de Meirás pasase a ser propiedad del Estado.

“Justicia histórica”

De “justicia histórica y defensa del interés público” ha calificado el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, el expediente administrativo impulsado para la recuperación del edificio. Al respecto, ha apelado a la existencia de informes “que constatan múltiples irregularidades, la omisión deliberada de autorizaciones exigidas y deficiencias en las convocatorias de los órganos municipales”.

“Una operativa diseñada para posibilitar que el inmueble acabase en manos de la familia Franco”, ha sentenciado en su intervención. A su vez, el concejal nacionalista Francisco Jorquera ha recordado que fue una moción del BNG, presentada en 2019 y que contó con el apoyo de todos los grupos, la que planteó la recuperación de la Casa Cornide.

“De robo” por parte de los Franco ha calificado el hecho de que esta propiedad acabase siendo de ellos. Con todo, ha lamentado la “exasperante lentitud del proceso”, con críticas a este respecto a la gestión del gobierno municipal socialista. A este, le ha pedido también el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y la retirada de símbolos franquistas en la ciudad y en el Palacio Municipal.

También el portavoz del grupo municipal del PP Miguel Lorenzo ha cuestionado que, después de siete años, se esté todavía en este punto en relación a las actuaciones para recuperar el inmueble. “Aún no se ha iniciado el procedimiento”, ha señalado sobre las acciones legales, a la espera de acuerdos como el abordado en esta sesión plenaria. Mientras, ha insistido en la importancia de “defender los intereses de la ciudad” en este asunto.

Els treballs d'excavació i exhumació al cementiri municipal de Son Servera (Mallorca) han permès localitzar les restes d'almenys dos homes que haurien estat víctimes de les forces revoltades el 1936. Els investigadors apunten que aquestes dues persones van perdre la vida en algun dels enfrontaments registrats als voltants del municipi durant la Batalla de Mallorca, la gran ofensiva que, entre agost i setembre de 1936, va dur a terme la República amb l'objectiu de recuperar l'illa de mans dels colpistes. L'operació va acabar amb la retirada de les tropes republicanes després de diverses setmanes de combats.

Les bales i les insígnies militars han estat les principals pistes per reconstruir la seva història: juntament amb les restes òssies han aparegut munició d'arma llarga ja disparada, un projectil de set mil·límetres, dues insígnies del cos de Sanitat i altres restes de vestimenta militar, un conjunt que, segons fonts memorialistes consultades per elDiario.es, apuntarien que els dos homes van pertànyer a l'Exèrcit republicà. La Batalla de Mallorca va ser l'última operació amfíbia de la història d'Espanya i en ella van participar totes les armes de l'Exèrcit i les milícies antifeixistes. També va ser la primera que va comptar amb un batalló format íntegrament per dones.

La intervenció arqueològica s'emmarca en el V Pla de Fosses del Govern balear i dona continuïtat als treballs de localització realitzats entre mitjans d'abril i finals de maig. L'objectiu, tal com assenyala l'Executiu en un comunicat difós aquest dilluns, és recuperar i estudiar restes humanes que puguin correspondre a milicians morts durant els combats i avançar, quan sigui possible, en la seva identificació.

Les pistes han aparegut gairebé 90 anys després d'aquells enfrontaments i estan precisament on els investigadors esperaven trobar respostes: a la part més antiga del cementiri. Allà, sota les actuals zones enjardinades i part de les voreres, els arqueòlegs han anat separant enterraments ordinaris d'aquells que presenten senyals que podrien revelar una mort vinculada a la Guerra Civil.

La primera fase de la intervenció, desenvolupada entre mitjans d'abril i finals de maig, va treure a la llum un gran nombre d'enterraments de diferents èpoques. En una de les zones enjardinades situada al costat de l'entrada, per exemple, van aparèixer 40 sepultures individuals perfectament alineades, amb els cossos dipositats en caixes funeràries.

La majoria d'aquestes persones eren d'edat avançada i els enterraments corresponien principalment a dates posteriors a la Guerra Civil, a partir de la dècada de 1940. Per això, els investigadors van descartar que fossin víctimes de la Batalla de Mallorca.

El gir va arribar en estudiar els antics plànols del cementiri conservats a l'Arxiu Municipal de Son Servera. Els documents van permetre comprovar que la terrassa superior, la zona més antiga del recinte, havia estat utilitzada durant la primera meitat del segle XX per realitzar enterraments directament a terra.

L'excavació va permetre documentar almenys 65 inhumacions al sector est, 63 a l'oest i altres 13 a la zona enjardinada central. Entre elles van aparèixer enterraments que trencaven amb el patró habitual. Alguns cossos havien estat col·locats en posicions inusuals i d'altres mancaven de taüt o de qualsevol altre receptacle funerari. Són precisament aquestes anomalies les que han permès als arqueòlegs concentrar la investigació en determinades sepultures.

Una intervenció que obliga a aixecar part del cementiri

Els treballs s'han reprès aquesta setmana i es troben ara en una fase més delicada: l'excavació i exhumació de les restes que poden estar relacionades amb la Guerra Civil. El problema rau en el fet que algunes d'aquestes inhumacions es troben parcialment sota la vorera actual que envolta les zones enjardinades. Per accedir-hi, els arqueòlegs han de desmuntar part del paviment i continuar l'excavació sota la infraestructura construïda posteriorment.

L'objectiu no és únicament recuperar les restes. La investigació pretén estudiar els esquelets i els objectes associats a ells per obtenir tota la informació possible i, si les proves ho permeten, arribar a identificar les persones enterrades.

La intervenció compta amb la participació de l'equip d'Aranzadi i s'integra en el V Pla de Fosses del Govern. La directora general de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament, Xesca Ramis, ha visitat aquest dilluns el cementiri juntament amb el tinent de batle de Son Servera, Jaume Servera, i el tècnic d'Aranzadi Cesc Busquets.

La investigació obre ara la possibilitat que les restes recuperades permetin reconstruir part de la història d'uns homes que van morir durant un dels episodis més importants de la Guerra Civil a Mallorca i que van ser enterrats sense que, fins ara, s'hagués pogut establir amb certesa la seva identitat. El propòsit últim de la intervenció és, subratlla el Govern, retornar-los un nom i, quan sigui possible, fer arribar les seves restes a les seves famílies, a més de garantir-los una sepultura digna.

En la Batalla de Mallorca va morir, a més, una de les primeres dones lluitant al front, Amalia Lobato Rosique, tal com documenten els historiadors Manuel Aguilera i Gonzalo Berger en un estudi sobre l'ofensiva republicana. Juntament amb ella, cinc milicianes del bàndol republicà van perdre la vida a mans dels feixistes en la Batalla de Mallorca. Són conegudes com 'les milicianes de Bayo': Teresa Bellera, María García, les germanes Daría i Mercè Buixadé i una cinquena el nom de la qual es desconeix, encara que va ser autora del Diari d’una miliciana, en el qual narrava aquells dies de caos i lluita. Va ser publicat al setmanari Arriba, però mai s'ha trobat el manuscrit original. El relat va servir de base per al documental Milicianas dirigit per Tània Balló i el manacorí Jaume Miró.

El mateix dia que va entrar en combat, el 20 d'agost, va rebre un tret de bala al ventre i va ser traslladada a l'hospital de sang de Ciutadella, on va morir tres dies després, convertint-se en la primera dona caiguda en defensa de la Segona República.

Los trabajos de excavación y exhumación en el cementerio municipal de Son Servera (Mallorca) han permitido localizar los restos de al menos dos hombres que habrían sido víctimas de las fuerzas sublevadas en 1936. Los investigadores apuntan a que estas dos personas perdieron la vida en alguno de los enfrentamientos registrados en los alrededores del municipio durante la Batalla de Mallorca, la gran ofensiva que, entre agosto y septiembre de 1936, llevó a cabo la República con el objetivo de recuperar la isla de manos de los golpistas. La operación terminó con la retirada de las tropas republicanas tras varias semanas de combates.

Las balas y las insignias militares han sido las principales pistas para reconstruir su historia: junto a los restos óseos han aparecido munición de arma larga ya disparada, un proyectil de siete milímetros, dos insignias del cuerpo de Sanidad y otros restos de vestimenta militar, un conjunto que, según fuentes memorialistas consultadas por elDiario.es, apuntaría a que los dos hombres pertenecieron al Ejército republicano. La Batalla de Mallorca fue la última operación anfibia de la historia de España y en ella participaron todas las armas del Ejército y las milicias antifascistas. También fue la primera que contó con un batallón formado íntegramente por mujeres.

La intervención arqueológica se enmarca en el V Plan de Fosas del Govern balear y da continuidad a los trabajos de localización realizados entre mediados de abril y finales de mayo. El objetivo, tal como señala el Ejecutivo en un comunicado difundido este lunes, es recuperar y estudiar restos humanos que puedan corresponder a milicianos fallecidos durante los combates y avanzar, cuando sea posible, en su identificación.

Las pistas han aparecido casi 90 años después de aquellos enfrentamientos y están precisamente donde los investigadores esperaban encontrar respuestas: en la parte más antigua del cementerio. Allí, bajo las actuales zonas ajardinadas y parte de las aceras, los arqueólogos han ido separando enterramientos ordinarios de aquellos que presentan señales que podrían revelar una muerte vinculada a la Guerra Civil.

La primera fase de la intervención, desarrollada entre mediados de abril y finales de mayo, sacó a la luz un gran número de enterramientos de diferentes épocas. En una de las zonas ajardinadas situada junto a la entrada, por ejemplo, aparecieron 40 sepulturas individuales perfectamente alineadas, con los cuerpos depositados en cajas funerarias.

La mayoría de estas personas eran de edad avanzada y los enterramientos correspondían principalmente a fechas posteriores a la Guerra Civil, a partir de la década de 1940. Por ello, los investigadores descartaron que fueran víctimas de la Batalla de Mallorca.

El giro llegó al estudiar los antiguos planos del cementerio conservados en el Archivo Municipal de Son Servera. Los documentos permitieron comprobar que la terraza superior, la zona más antigua del recinto, había sido utilizada durante la primera mitad del siglo XX para realizar enterramientos directamente en tierra.

La excavación permitió documentar al menos 65 inhumaciones en el sector este, 63 en el oeste y otras 13 en la zona ajardinada central. Entre ellas aparecieron enterramientos que rompían con el patrón habitual. Algunos cuerpos habían sido colocados en posiciones inusuales y otros carecían de ataúd o de cualquier otro receptáculo funerario. Son precisamente estas anomalías las que han permitido a los arqueólogos concentrar la investigación en determinadas sepulturas.

Una intervención que obliga a levantar parte del cementerio

Los trabajos se han retomado esta semana y se encuentran ahora en una fase más delicada: la excavación y exhumación de los restos que pueden estar relacionados con la Guerra Civil. El problema radica en que algunas de estas inhumaciones se encuentran parcialmente bajo la acera actual que rodea las zonas ajardinadas. Para acceder a ellas, los arqueólogos tienen que desmontar parte del pavimento y continuar la excavación bajo la infraestructura construida posteriormente.

El objetivo no es únicamente recuperar los restos. La investigación pretende estudiar los esqueletos y los objetos asociados a ellos para obtener toda la información posible y, si las pruebas lo permiten, llegar a identificar a las personas enterradas.

La intervención cuenta con la participación del equipo de Aranzadi y se integra en el V Plan de Fosas del Govern balear. La directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlament, Xesca Ramis, ha visitado este lunes el cementerio junto al teniente de alcalde de Son Servera, Jaume Servera, y el técnico de Aranzadi Cesc Busquets.

La investigación abre ahora la posibilidad de que los restos recuperados permitan reconstruir parte de la historia de unos hombres que murieron durante uno de los episodios más importantes de la Guerra Civil en Mallorca y que fueron enterrados sin que, hasta ahora, se hubiera podido establecer con certeza su identidad. El propósito último de la intervención es, subraya el Govern, devolverles un nombre y, cuando sea posible, hacer llegar sus restos a sus familias, además de garantizarles una sepultura digna.

En la Batalla de Mallorca falleció, además, una de las primeras mujeres luchando en el frente, Amalia Lobato Rosique, tal como documentan los historiadores Manuel Aguilera y Gonzalo Berger en un estudio sobre la ofensiva republicana. Junto a ella, cinco milicianas del bando republicano perdieron la vida de manos de los fascistas en la Batalla de Mallorca. Son conocidas como 'las milicianas de Bayo': Teresa Bellera, María García, las hermanas Daría y Mercè Buixadé y una quinta cuyo nombre se desconoce, aunque fue autora del Diari d’una miliciana, en el que narraba aquellos días de caos y lucha. Fue publicado en el semanario Arriba, pero nunca se ha encontrado el manuscrito original. El relato sirvió de base para el documental Milicianas dirigido por Tània Balló y el manacorí Jaume Miró.

El mismo día que entró en combate, el 20 de agosto, recibió un disparo de bala en el vientre y fue trasladada al hospital de sangre de Ciutadella, donde murió tres días después, convirtiéndose en la primera mujer caída en defensa de la Segunda República.

Volví a ver este verano en TVE, los dos últimos capítulos de la serie de Juan Antonio Bardem, 'Lorca. La muerte de un poeta': los que abordan su apresamiento y posterior asesinato, en el contexto de la sublevación militar contra la República en Granada. Los vi, una vez más, conmovido y con el corazón en un puño. No era plato de gusto contemplar las masacres y fusilamientos en masa de obreros y gentes del pueblo que, desde el Albaicín, trataron inútilmente de defenderse de un golpe de Estado implantado en toda España por el terror.

Y el malestar se acrecentaba al pensar que el caldo ideológico propiciador de tales monstruosidades vuelve a hallarse en pleno auge. Uno escuchaba, en la serie televisiva, la alocución de Queipo de Llano desde Radio Sevilla, incitando a la población a apresar y matar a rojos en la calle y me resonaba en la cabeza la “caza al moro” de Torre Pacheco y, más recientemente, la voz aflautada del diputado de Vox José María Figaredo invitando a “cazar a todos los inmigrantes, uno a uno, pam, pam, pam”.

Porque vuelven los que reivindican el franquismo, y lo exhiben sin pudor, al calor de una extrema derecha que se está preparando a fondo y sin complejos para llegar al poder. O, al menos, para recuperarlo. Que ya le toca, porque parece palparse en el ambiente que está llegando el momento de que España vuelva a ser para los españoles; pero los de verdad, no sucedáneos como los que nos gobiernan para disolvernos como país, según el patrioterismo que nos adoctrina a diario.

Españoles que no sienten vergüenza ajena de serlo, hasta el punto de reivindicarse por triplicado; que llevan a España en sus pulseritas rojigualdas, en sus bolsillos acaudalados, en sus ganancias inmobiliarias, en sus negocios turbios. Españoles con clase, que, además de patrimonio, se han hecho con la patente del negocio español, el más rentable; el que, en tiempos pasados, les hizo ganar una guerra contra la “anti-España” desarrapada.

Españoles que son los herederos de aquellos que fueron del “bando nacional”, una denominación de origen que las derechas han conservado con esmero hasta el presente. Tienen, por tanto, la ventaja de haber ganado, desde su victoria por las armas, una batalla cultural que nadie se ha atrevido a disputarle seriamente. Aun hoy, plumas progresistas se permiten hablar de la insurrección militar del 36 como de un “alzamiento nacional”. Y aun hoy, los historiadores siguen hablando de “los nacionales” para referirse a los sublevados contra la República.

Que España es, pues, de la derecha que lo amadrina parece algo incontestable y de puro sentido común entre una buena parte de nuestra sociedad; que también está comprando la idea de que España tiene que defenderse de sus enemigos. Antes eran los “rojos”. Ahora son los inmigrantes “que vienen a España a delinquir” y a quitarnos nuestra identidad; y están, además, respaldados por un Gobierno de izquierdas, que los regulariza, al precio de provocar un “efecto llamada” claramente perturbador.

Y en el pecado lleva la penitencia. Y ahí tenemos como prueba lo ocurrido en Ceuta, que, para el PP y Vox, puede ser el golpe de gracia a la etapa de gobierno de Pedro Sánchez. Y no están solos en este empeño. Porque tienen a su lado a toda la Internacional Reaccionaria, comandada por autócratas y señores de la guerra, como Donald Trump, Netanyahu y Putin, plenamente interesados en acabar con la “excepción española” en un panorama general de rapiña, desigualdad e involución democrática, al servicio de los oligarcas tecnológicos del planeta.

Donald Trump ya ha asegurado que utilizará Ceuta como argumento de campaña contra los demócratas en las elecciones de medio mandato en los Estados Unidos. No sería, por tanto, de extrañar que se implicara, igualmente, apoyando a los de Feijóo y Abascal, en las cada vez más cercanas elecciones generales españolas. Ya lo está haciendo, y con éxito, en las que se celebran por países latinoamericanos. Es lo que tiene la geopolítica envenenada que nos rodea: que no permite excepciones nacionales, por razonables que parezcan. Y no está el horno para defender el Estado de bienestar, los servicios públicos y los derechos políticos y sociales de la gente, poniendo así en peligro el omnímodo poder de los mercados.

Y todo eso forma parte de nuestra vida política. Hace ya mucho tiempo que la situación internacional ha dejado de ser algo exótico para nosotros. Forma parte integrante de nuestra realidad, de nuestro debate interno como país. De hecho, las próximas elecciones generales definirán el futuro de nuestra soberanía nacional; porque tendremos que decidir qué España queremos: la que se suma al medallero de Trump y se somete a los dictados y políticas que nos llegan de los amos del planeta; o la que aspira a mantener sus propias políticas de progreso económico y social. La España que dice “amén” a la involución general ultraconservadora que acecha al conjunto de Europa o la que aún sirve de referencia para recuperar los derechos humanos que la Unión Europea tiene que mantener si no quiere perder su alma. La España del patrioterismo cerril o la España real que avanza y que Europa no debe perder. Lo mejor de esa España que aún nos queda.

El Ayuntamiento de Santoña ha intentado salvar de la Ley de Memoria Democrática la estatua del que fuera vicepresidente del Gobierno de Franco, Carrero Blanco, argumentando que también fue víctima del terrorismo, ya que perdió la vida como consecuencia de un atentado de ETA. La estrategia no ha funcionado.

La Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática ha emitido una resolución el 2 de septiembre que ordena su derribo en el plazo máximo de seis meses al ser contrario a la ley.

En paralelo, el Ayuntamiento santoñés recurrió a la reciente normativa autonómica y, amparándose en una Ley de Víctimas del Terrorismo de Cantabria, solicitó sin éxito a la Consejería de Presidencia que reconociese que Carrero Blanco es una víctima. El Gobierno de Buruaga respondió que no tiene competencia para el reconocimiento de víctima de terrorismo en su normativa. Por esta razón, le indicó que debía dirigirse a la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, como órgano encargado de certificar la condición de víctima del terrorismo, donde tampoco han accedido a su petición.

Las autoridades locales pretendían que se autorizase la 'resignificación' del monumento para que permanezca en el paseo marítimo de la localidad. Una obra de 40 metros de altura del escultor Juan de Ávalos con un ángel en la cúspide y una rosa de los vientos, que hace alusión a la condición de marino de Carrero Blanco.

No fueron los únicos en solicitar el indulto, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) de Miguel Ángel Revilla apoyó en el Parlamento autonómico declararlo Bien de Interés Cultural para protegerlo de la Ley de Memoria y evitar su retirada. Además de “antidemócrata” también “fue un benefactor del pueblo de Santoña”, justificó el portavoz regionalista Pedro Hernando.

Reacción

La Asociación Héroes de la República y la Libertad considera que tanto el Ayuntamiento de Santoña como el Gobierno de Cantabria (PP) “han hecho verdaderos malabares para intentar colar por Bien de Interés Cultural la nostalgia que aún destilan de franquismo”.

En un comunicado, su presidente Jorge Suárez, reivindica esta resolución como “un paso importante de higiene democrática”.

La resolución ministerial puede ser recurrida.

El monumento a los 'Héroes del Simancas' que se encuentra adosado en la fachada del colegio de La Inmaculada Concepción en Gijón/Xixón ha sido incluido en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y tendrá que ser retirado en el plazo de seis meses, según ha acordado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

La resolución ministerial ha sido acogida con gran satisfacción por Rafael Velasco, presidente de la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR), que lleva años intentando que desde el Ayuntamiento de Gijón/Xixón y el Principado de Asturias se realice una política activa para suprimirla de su emplazamiento como símbolo de exaltación franquista y ha denunciado reiteradamente la inacción de la administración en el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

La conservación

La resolución consta de 21 páginas, a las que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, donde va detallando las características del monumento y la valoración de la Comisión Técnica que, en un informe definitivo y vinculante, destaca que “no existen razones artísticas o arquitectónicas” suficientes que justifiquen su conservación y concede a la Compañía de Jesús, propietaria del inmueble, un plazo máximo de seis meses para proceder voluntariamente a su retirada.

“No se considera conveniente la conservación del elemento, una vez efectuada su retirada. No obstante, en caso de que el titular decida conservar total o parcialmente los elementos retirados, su depósito y custodia se realizarán en una dependencia determinada por el titular del elemento, sin que ello implique en ningún caso su exposición pública”, explica.

El plazo se considera “adecuado”

Este plazo se considera “adecuado, suficiente y plenamente respetuoso con el principio de proporcionalidad”, atendiendo a la naturaleza de las actuaciones materiales que pudieran resultar necesarias, así como a la eventual complejidad “técnica, administrativa o patrimonial inherente a la ejecución de la retirada, garantizando de este modo una oportunidad razonable para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente resolución”.

La resolución incide en que en el caso de que se incumpla esta obligación en el plazo de seis meses dará lugar a la incoación de un procedimiento previsto en el artículo 37 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

La paralización judicial

La resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que contra la misma cabe recurrir en alzada ante el Secretario de Estado de Memoria Democrática en el plazo de un mes.

Esta decisión abre un nuevo capítulo en este polémico caso, ya que el pasado mes de julio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acordó estimar la petición de la Compañía de Jesús Provincia Canónica de España, propietaria del edificio, para que se suspendiera una resolución dictada por el Gobierno asturiano, el pasado 5 de mayo, para que se ordenara su retirada.

A continuación reproducimos íntegra la resolución dictada por la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del pasado mes de mayo.

La memoria del franquismo

La resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática supone, a juicio de Famyr, un importante avance para quienes durante años han reclamado la eliminación de este vestigio de la dictadura franquista.

“Es importante -señala Rafael Velasco- que la propia resolución reconoce que el significado del monumento no puede separarse del contexto en el que fue promovido e inaugurado, de su finalidad conmemorativa, su iconografía y sus inscripciones, todos ellos vinculados a la política de memoria del franquismo”.

Evitar “nuevas maniobras”

Famyr considera que ha llegado el momento de dejar atrás las excusas y las propuestas de resignificación: “El monumento fue construido para glorificar un episodio de la sublevación franquista y debe ser retirado del espacio público, tal y como establece la legislación de memoria democrática”, asevera.

La Federación reclama ahora a la Compañía de Jesús, al Principado de Asturias y al Ayuntamiento de Gijón/Xixón que faciliten el cumplimiento de la resolución y no se produzcan “nuevas maniobras destinadas a retrasar o impedir su ejecución”, señala.

La exaltación del fascismo

El presidente de la federación opina que la impunidad del franquismo, la permanencia durante décadas de sus símbolos y la ausencia de una verdadera política de memoria democrática han contribuido a que hoy siga vigente la exaltación del fascismo en las calles.

“Retirar el monumento de Simancas no es solamente reparar una injusticia del pasado; es también combatir la normalización del fascismo en el presente porque donde se conserva la simbología de una dictadura, se alimenta su legitimación. Y donde se permite su impunidad, el fascismo vuelve a sentirse impune”, subraya.

El Ayuntamiento de A Coruña incluirá la próxima semana, en el pleno que celebrará el jueves, la anulación de los acuerdos plenarios de 1962 que permitieron entonces que el inmueble de la Casa Cornide pasase a manos de la familia Franco.

Se trata de un trámite necesario en el proceso iniciado por el consistorio herculino para que la Casa Cornide, ubicada en la Ciudad Vieja, pase de nuevo al patrimonio municipal, en línea con lo conseguido con el Pazo de Meirás, en la actualidad propiedad ya del Estado.

A preguntas de los periodistas sobre esta iniciativa –recogidas por Europa Press–, la alcaldesa, la socialista Inés Rey, ha remarcado que el inmueble pasó a ser propiedad del dictador en base a una subasta que calificó de “ficticia” e “ilegítima”.

Con este asunto que se llevará al pleno y otras actuaciones, ha remarcado que se están “dando pasos para anular ese regalo”. “Hay un recorrido administrativo para anular esos acuerdos”, ha recalcado en relación a las actuaciones que incluyen también un procedimiento judicial.

Y es que, en concreto, el pleno anulará sendos acuerdos, uno de julio de 1962 y otro de agosto de ese mismo año, por el que el inmueble pasó a ser propiedad del conde de Fenosa Pedro Barrié de la Maza, que, cuatro días después, lo vendía a Carmen Polo, mujer del dictador.

El Govern balear ha alegado ante el Tribunal Constitucional que derogar la ley de memoria es legítimo y que las víctimas no quedan desamparadas porque otras leyes las protegen. Y además con esta declaración el Govern demuestra varias cosas: ignorancia, sectarismo, inutilidad, crueldad y que no va a trabajar por la cohesión social en las Illes Balears.

Cuando se habla de la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Illes Balears, el debate suele centrarse en la política, en las víctimas del franquismo o en el enfrentamiento ideológico entre partidos. Sin embargo, existe una dimensión mucho menos visible y extraordinariamente importante: el impacto que esta decisión puede tener sobre los niños, las niñas y las personas adolescentes.

La memoria democrática no es únicamente una política de reparación hacia quienes sufrieron la Guerra Civil o la dictadura franquista. También es una herramienta educativa y social que ayuda a las nuevas generaciones a comprender quiénes son, de dónde vienen y cuáles son los valores sobre los que se construye una sociedad democrática.

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a conocer la historia de su comunidad y de sus familias. Para muchos de ellos, las consecuencias de la represión franquista no son una realidad lejana. Existen familias que todavía buscan respuestas sobre familiares desaparecidos, exiliados o perseguidos y que siguen esperando reconocimiento institucional.

La memoria democrática cumple además una función fundamental en la construcción de la identidad personal. El conocimiento de los propios orígenes y de la historia familiar favorece el bienestar emocional, el sentido de pertenencia y la autoestima.

La derogación de las leyes de memoria democrática tiene también consecuencias directas en el ámbito educativo. Sin una protección legislativa clara, los contenidos relacionados con la represión franquista, los derechos humanos o la transición democrática corren el riesgo de depender de la voluntad individual del profesorado.

Esto significa que miles de alumnos podrían finalizar su escolarización sin comprender cómo se perdió la democracia en España, cuáles fueron las consecuencias de la dictadura o por qué los derechos y libertades actuales son conquistas que deben protegerse.

La memoria democrática actúa además como una vacuna frente a la desinformación. En una época marcada por las redes sociales y la circulación de discursos extremistas, la educación histórica proporciona herramientas para identificar la manipulación, los mensajes de odio y las posiciones antidemocráticas.

Desde Esquerra Unida de las Illes Balears se defiende que educar en memoria democrática no busca imponer una ideología, sino formar ciudadanos capaces de reconocer las vulneraciones de derechos humanos y comprender los riesgos del autoritarismo.

Los testimonios de las víctimas y las visitas a espacios de memoria poseen un enorme potencial educativo. Permiten desarrollar empatía, sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno y compromiso con los valores democráticos.

Por todo ello, la derogación de la Ley de Memoria Democrática no afecta únicamente a quienes vivieron la dictadura o a sus descendientes directos. También afecta a quienes están creciendo hoy, a la calidad de la educación que reciben y a la fortaleza de los valores democráticos con los que construirán el futuro.

La memoria democrática no es una cuestión del pasado. Es una inversión en la infancia, en la juventud y en la salud democrática de las generaciones que algún día tendrán la responsabilidad de defender las libertades de todos.

La noche del 2 de septiembre de 1936, Sadí de Buen y nueve personas más fueron fusiladas en Córdoba, frente a las tapias del cementerio de San Rafael. Junto al epidemiólogo, había dos albañiles, un pintor, dos jornaleros... Eran, según el término del periodista Manuel Chaves Nogales, “la España fusilable”. Cuando fue detenido, el 22 de julio, el entonces inspector general de Sanidad del Gobierno de la República se encontraba en la provincia en viaje oficial. No hubo juicio ni proceso, pero se sabía bien quién era, qué familia tenía y sus antecedentes republicanos e izquierdistas.

Sadí de Buen Lozano fue uno de los artífices de la campaña sanitaria más importante que se llevó a cabo en España en la primera mitad del siglo XX: la lucha contra la malaria. Un reducido grupo de personas, con la idea clara de la medicina científica y social, fueron capaces, entre 1920 y 1936, de llegar casi hasta la erradicación de la plaga, que el tajo brutal de la Guerra Civil revitalizó durante 30 años más.

Las campañas se llevaron a cabo con ayuda internacional porque “antes de la Guerra Civil, la lucha antipalúdica fue la única iniciativa de la Sanidad central bien vista por la Fundación Rockefeller, interpretando esta opinión como una evaluación externa del sistema sanitario español”, escribe el historiador de la medicina Esteban Rodríguez Ocaña.

Sadí (Barcelona, 1893) fue el tercero de los seis hijos del catedrático Odón de Buen, quien en 1914 fundó el Instituto Español de Oceanografía. Se crio en un ambiente liberal, en la Escuela Moderna de Ferrer i Guardia, bajo la tutela de su madre, Rafaela Lozano Rey. Sus padres se habían casado civilmente en 1889 y no bautizaron a ninguno de sus hijos.

Cuatro de sus hermanos —el mayor, jurista; los dos oceanógrafos y el quinto, también epidemiólogo que pasó una temporada en la cárcel y no pudo salir de España hasta 1951— y su padre murieron en el exilio mexicano. Odón de Buen da actualmente nombre al mayor barco oceanográfico de la flota española.

Sadí de Buen estudió medicina y pronto se especializó, junto al catedrático y médico italoespañol Gustavo Pittaluga, en paludismo. Pittaluga, que también tuvo que exiliarse y murió en La Habana en 1956, fue el gran agitador de la sanidad pública española y el inspirador de las campañas antipalúdicas, ejecutadas por De Buen y otros.

En 1920, ―recién casado, también por lo civil― Sadí de Buen comenzó a trabajar contra la malaria —probablemente la enfermedad que más personas ha matado en la historia de la humanidad— en Talayuela, Cáceres, la zona más azotada por la infección. No en vano se dice que la trompa del mosquito es responsable de más muertes que todos los ejércitos de la historia. Las campañas estaban basadas en el control epidemiológico estricto, la administración gratuita de quinina y la información a los afectados, además de una red de dispensarios instalados en todas las zonas palúdicas.

El paludismo era, históricamente, una plaga con un coste tremendo en vidas humanas y con un impacto terrible en las economías locales, porque hacía perder muchas jornadas laborales debilitando la salud de los afectados. Transmitida por mosquitos del género Anopheles, el parásito entra en la sangre tras la picadura y, de acuerdo a su ciclo reproductivo, produce fiebres cada tres o cuatro días, según la especie de parásito. Además, provoca gran malestar, dolores de cabeza e hinchazón del bazo.

A principios del siglo XX, la tasa nacional de mortalidad estaba en unos 10 fallecidos por cada 100.000 habitantes, pero comenzó a bajar de manera sostenida a partir de 1920. En 1936, se situaba ya en 0,67 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Para 1943, la contienda bélica había vuelto a disparar este indicador hasta 6,77 casos por cada 100.000 personas. Ese año, el número absoluto de fallecidos registrados por causa palúdica fue diez veces superior al de 1926 y solo a partir de 1949 se estableció por debajo de la cifra de 1936.

Las gentes del campo observan más que leen; por eso la mejor propaganda son los hechos, especialmente las campañas en pleno campo

El éxito de la campaña fue posible gracias a una organización liderada por Sadí de Buen, que priorizaba conocimiento y confianza, ciencia y conversación. Se dieron las circunstancias para aunar el apoyo público con la dedicación inteligente de un grupo de personas comprometidas que trabajaban directamente junto a los enfermos. Obtuvieron primero respaldo legal y después fueron capaces de convencer a los afectados, en su mayor parte jornaleros muy pobres del campo extremeño, de la bondad de los tratamientos si se hacían de manera rigurosa y constante.

“Las gentes del campo observan más que leen; por eso la mejor propaganda son los hechos, especialmente las campañas en pleno campo”, dejó escrito el epidemiólogo. Los hechos convencieron a los enfermos y Sadí de Buen se convirtió en una figura muy popular a la que hacían hijo adoptivo de los pueblos “salvados del paludismo” y a la que dedicaban calles. Ese grupo de profesionales fue capaz de convertir cada centro antipalúdico en un centro de profilaxis rural, donde, además de hacer los análisis de sangre y administrarles la quinina, la enseñanza de las medidas de control de mosquitos contribuían a consolidar y ampliar los buenos resultados.

Pero, además de los trabajos en el campo, este grupo supo tener una gran presencia internacional gracias a la cual no solo estaban al tanto de las últimas novedades internacionales, sino que participaban de las corrientes decisorias. En aquellos años de la que fue bautizada por 'la Edad de Plata de la Ciencia', esos trabajos de la sanidad española formaban parte de la corriente europea más moderna en la que estaban insertos. Tanto Pittaluga como Sadí de Buen participaban en las reuniones que en Ginebra, bajo el paraguas del Comité de Higiene de la Liga de las Naciones, decidían qué hacer y cómo experimentar con los nuevos medicamentos, con procedimientos y regulaciones sobre esta plaga internacional.

Además de las medidas terapéuticas, dedicaron muchos esfuerzos a combatir a los mosquitos con todos los medios disponibles de la época: echar petróleo u otros aceites pesados en las charcas o el hoy prohibido insecticida verde París. Y con los que ellos trajeron como novedad, como la aclimatación de unos pececillos de Estados Unidos, las gambusias, feroces comedoras de larvas de mosquito que fueron entonces una solución sencilla y barata, y son hoy un grave problema ecológico.

En aquella lucha sin cuartel por salvar vidas, esos peces, aclimatados en Talayuela por los De Buen por recomendación de la Cruz Roja internacional, fueron después exportados a todos los países de Europa que sufrían paludismo y hacia el este, hasta Australia.

Tras la guerra civil la organización antipalúdica se deshizo, con muchos de sus miembros encarcelados o depurados. La familia De Buen es una de las que la que más miembros aporta a las depuraciones del CSIC, recientemente publicadas en línea. Su fusilamiento, que ha llegado hasta nuestros días gracias al relato del médico Carlos Zurita González-Vidarte, testigo presencial, es un ejemplo de entereza estremecedora, el de la dignidad del fusilado y de la indignidad de los fusiladores. En noviembre de 2024, sus restos fueron traslados de Córdoba a Zuera, el pueblo de su padre.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática firman un convenio para la creación de la Cátedra de Memoria Democrática, a través de la cual definirán líneas de investigación en diferentes temáticas del ámbito de actuación de la misma. Así lo ha publicado este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE), cuyo convenio tendrá vigencia hasta la finalización de las actividades programadas, y en todo caso, el 30 de noviembre de 2027.

El objetivo de esta institución es desarrollar la cooperación entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, promoviendo la difusión de todos los aspectos de interés común entre ambas. Por otro lado, proyectar actividades dentro y fuera de los campus universitarios para enlazar con un amplio conjunto de demandas sociales y políticas en torno al reconocimiento de la memoria democrática; así como favorecer la difusión y el avance del conocimiento histórico sobre unos temas y problemas que, además de su indudable interés académico e historiográfico, afectan a la cultura cívica e histórica del conjunto de la sociedad española.

La financiación de esta Cátedra se hará con una aportación máxima de 100.000 euros por parte del Gobierno de España, así como otros 100.000 euros desde la UCLM, para los dos años de vigencia del convenio (2026 y 2027).

Investigación y actividades

En primer lugar se aprobará la dirección de la Cátedra a propuesta de la Universidad de Castilla-La Mancha, que procurará la participación del estudiantado de la Cátedra en actividades organizadas por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, en calidad de oyentes y ponentes.

Se organizarán foros y encuentros entre el estudiantado de esta y otras cátedras de Memoria Democrática establecidas en las universidades públicas y se facilitará y asesorará al estudiantado de la Cátedra el acceso a la documentación pública que se refiera al periodo de la dictadura franquista.

De igual forma, se promoverá la celebración de congresos científicos, seminarios y jornadas de difusión, se promoverán actividades formativas, de reconocimiento y vínculos con proyectos de investigación I+D, se presentarán libros y guías didácticas relacionadas con la memoria democrática, se proyectarán materiales visuales y documentales relacionados con la memoria democrática.

La Cátedra también estudiará el tratamiento de los años de la II República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la Transición en el sistema educativo procurando establecer colaboraciones con institutos y grupos escolares, se presentarán unidades didácticas en colaboración con institutos y grupos escolares y se fomentarán la creación de redes de memoria con grupos de investigación de otras universidades.

Se estudiará y difundirá la persecución que sufrió el pueblo gitano, así como el Patronato de la Mujer durante la época de estudio de la Cátedra. Cualesquiera otras que quepan dentro del objeto de este convenio.

Se creará una página web específica para la Cátedra a la que podrá accederse desde la web de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la que se incluirán los datos esenciales respecto a la finalidad, actividades y órganos responsables de la Cátedra, así como las Memorias anuales de actividades.

La Dirección de la Cátedra elaborará un registro de dedicación mensual que sirva de soporte documental a la Memoria Económica anual.

Aquel aliento sofocante de agosto de 1938 no solo traía a Don Benito la calima propia del verano extremeño, sino también el hedor denso del miedo. Apenas dos semanas antes, la ciudad había dejado de respirar bajo el amparo republicano para desplomarse en la garra de las tropas sublevadas. En mitad de esa zozobra, una joven de apenas 17 años caminaba a paso apresurado con una fardela de tela entre las manos. Llevaba comida caliente para su madre, encarcelada tras las primeras batidas de la represión.

Al cruzar el umbral del presidio improvisado —ubicado en un antiguo caserón de la entonces calle La Cilla, hoy rebautizada como calle Madre Matilde y ligada históricamente a los edificios del Colegio Sagrado Corazón y las Azules—, la respuesta oficial no adoptó la forma de una notificación firmada ni de un trámite judicial. Fue un portazo verbal, seco y definitivo: “Dese la vuelta. A su madre la han fusilado esta misma mañana”. Sin despedidas. Sin cuerpo al que velar. Sin una sola explicación.

Isabel Rodríguez Sánchez-Collado había sido ejecutada al amanecer de aquel 8 de agosto de 1938. Su hija, Francisca Aparicio Rodríguez, tuvo que desandar el camino a casa con la comida intacta, el pecho destrozado y una inmensa responsabilidad sobre los hombros: con solo 17 años, tuvo que hacerse cargo inmediatamente de todos sus hermanos menores. Aquella frase atroz y aquel golpe brutal resonarían en el seno familiar durante casi noventa años.

En el Don Benito republicano, donde las estructuras sociales asignaban a las mujeres un papel abnegado y doméstico, Isabel rompió moldes con la contundencia de un relámpago. Mientras los registros burocráticos apenas conservaron de ella trazos esquemáticos que la encasillaban simplemente como 'ama de casa' o vecina del municipio, la memoria viva de la comarca de La Serena guarda un retrato inconfundible. La llamaban ‘La Roja’, pero sobre todo era conocida por ‘La Truena’. El apodo no era fruto del azar: hacía referencia a su carácter indomable y a una voz potente, capaz de proyectarse en arengas con apasionada firmeza por encima de las muchedumbres.

Isabel no se limitaba a simpatizar con la causa de los trabajadores; subía a los estrados, tomaba las tribunas públicas y pronunciaba mítines en una época en la que el simple hecho de que una mujer hablara de política en la plaza representaba un acto de audacia revolucionaria. Aunque la documentación no ha conservado aún las siglas concretas de su militancia, el recuerdo de sus intervenciones públicas permaneció grabado a fuego. Un objeto encontrado en su casa, que podría pertenecer a uno de sus hermanos, y ahora de su nieto, Francisco Lozano Rodríguez, deja todo mucho más claro. Se trata de un sello de las Juventudes Socialistas Unificadas del entorno del partido comunista. Lo que es más que evidente es que en aquel verano sangriento de 1938, tomar la palabra en público equivalía a firmar tu propia condena.

Para comprender el contexto de su detención hay que mirar al colapso militar de la comarca. Don Benito pertenecía a la denominada Bolsa de La Serena, uno de los últimos reductos leales a la República en suelo extremeño. Entre el 20 y el 24 de julio de 1938, una encarnizada ofensiva franquista logró cerrar el cerco sobre la zona, iniciando de inmediato una cruenta labor de depuración social y política en Don Benito y Villanueva de la Serena. Quienes ostentaron cargos, militaron en sindicatos o destacaron por su beligerancia verbal quedaron expuestos a las detenciones sumarísimas y a los paseos en la madrugada que acababan con la respiración y, por lo tanto, con la misma vida.

Isabel fue recluida en la cárcel habilitada en la calle La Cilla. Gracias a la investigación histórica del profesor Julio Carmona Cerrato sobre la figura de Juan Aparicio Quintana, publicada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Don Benito, hoy se sabe que Isabel compartió celda durante varios días con Inocencia, la madre de Juan Aparicio. Ambas mujeres permanecieron juntas en aquel caserón hasta que a finales de julio Inocencia fue puesta en libertad. Su marido, Joaquín Aparicio, había intercedido durante el periodo republicano por una influyente familia comerciante de la ciudad, salvando a varios de sus miembros, lo que sirvió para librar a su esposa de la muerte. Isabel, en cambio, no contó con esa salvaguarda ni con intercesores del otro bando. Fue fusilada pocos días después.

El destino de Isabel quedó sepultado también bajo una maraña de opacidad administrativa. Mientras las investigaciones de la historiadora Jacinta Gallardo Moreno sobre la represión en Badajoz situaron su fallecimiento el 8 de agosto de 1938, el certificado oficial de defunción no se estampó en el Registro Civil hasta el 22 de octubre de 1948. Diez largos años separaron su ejecución de su reconocimiento legal, un patrón habitual del régimen franquista para sumir a las familias de los represaliados en un limbo burocrático y amortiguar las cifras de la represión.

Silencio y exilio

Tras la muerte de Isabel sobrevino el miedo y un prolongado silencio. Aquella joven de 17 años que regresó con la fardela de comida se convirtió con el paso del tiempo en una auténtica matriarca. Durante décadas, Francisca guardó en el dolor y en la privacidad los detalles de lo sucedido para proteger a los suyos, transmitiendo la historia en susurros contados por los abuelos y los padres: los mítines, el apodo de ‘La Truena’, el encierro en La Cilla, la comida devuelta y el paredón.

La losa de la dictadura llevó a la familia a tomar una decisión tajante en la década de 1960: la hija de Isabel cogió a toda la familia y emigró a Francia. Allí rehicieron sus vidas, tuvieron hijos, hijas y nietos, y no regresaron a España hasta 1978, cuando la democracia parecía al fin asentada. La matriarca trajo de vuelta a toda la estirpe para reencontrarse con sus raíces sin el peso del pánico que la había acompañado desde la adolescencia.

Hoy, la investigación familiar —tanto la de Francisco como la de otro de sus bisnietos, Alain Rodríguez Quirós,— y el rastreo documental han permitido despejar una duda que durante años se interpretó como un misterio genealógico. Había una segunda mujer registrada como fusilada el 8 de agosto de 1938, María Teresa Rodríguez Sánchez‑Collado, no era una hermana ni una posible gemela de Isabel. Era la misma persona. Primero fue inscrita como Teresa y, tras ser adoptada por otra familia en su infancia, recibió el nombre de Isabel. El cruce de padrones, actas de nacimiento y testimonios orales ha permitido reconstruir ese tránsito identitario y confirmar que bajo ambas denominaciones se escondía una sola biografía: la de la mujer que acabaría siendo conocida en la comarca como La Truena.

Durante mucho tiempo quedaron preguntas cruciales sobre la mesa: saber con precisión en qué fosa común descansaban sus restos, rescatar la documentación judicial o penitenciaria que detalle las acusaciones formales y reconstruir cada paso de aquella mujer que desafió a su tiempo. Casi noventa años después, al encajar los papeles oficiales con los recuerdos que sobrevivieron al exilio francés, la historia de Isabel Rodríguez Sánchez-Collado emerge definitiva. Su nombre vuelve a pronunciarse en voz alta en Extremadura devolviendo la dignidad a la mujer a la que pretendieron callar y cuyo eco vuelve a resonar en la memoria democrática de su pueblo. Que jamás se olvide su nombre.

El franquismo no solo encerró a mujeres. Consiguió algo mucho más duradero: que durante décadas nadie preguntara por ellas.

Entre 1941 y 1985, el Patronato de Protección a la Mujer vigiló, clasificó e internó a miles de adolescentes y jóvenes consideradas en «riesgo moral». Su misión oficial era “protegerlas”; en realidad, fue una institución destinada a controlar la conducta femenina y a preservar el modelo moral que la dictadura consideraba aceptable. Sin embargo, durante mucho tiempo apenas se habló de ellas. No hubo homenajes, ni reconocimiento ni una memoria compartida.

Mientras otras víctimas del franquismo comenzaban lentamente a ocupar un lugar en la historia, ellas siguieron siendo las grandes olvidadas. Como si nunca hubieran existido. Como si el silencio impuesto entre los muros de aquellos centros hubiera continuado acompañándolas mucho después de recuperar la libertad.

Quizá ese fue el mayor triunfo de aquel sistema: convertir el silencio en una segunda condena. Y el silencio, como las cicatrices, también se hereda.

Podría haber ocurrido en cualquier pueblo de Castilla-La Mancha. Una mañana cualquiera de finales de los años sesenta. Una adolescente cruza la plaza con una pequeña maleta entre las manos. Su madre llora y su padre apenas habla. Las campanas de la iglesia marcan la hora mientras dos mujeres la acompañan hasta un coche que espera a la salida del pueblo. Nadie pregunta. Algunos vecinos bajan la mirada mientras otros murmuran que «es por su bien». El párroco ya ha hablado con la familia y todo parece estar decidido.

La muchacha ni ha robado, ni ha matado, ni ha cometido ningún delito. Quizás se enamoró antes de tiempo o se quedó embarazada o quizá simplemente quiso vivir una vida distinta de la que otros habían imaginado para ella. Cuando el coche se aleja, no solo abandona el pueblo. Deja atrás sus amigos, su casa y su infancia. Y, durante un tiempo, también deja de pertenecerse a sí misma.

Descubrí que las Adoratrices habían dirigido numerosos centros vinculados al Patronato de Protección a la Mujer. Entonces comprendí que había convivido con uno de esos silencios sin reconocerlo

Durante muchos años pensé que esta era una historia lejana. Una de esas páginas oscuras que siempre ocurrían en otros lugares. Hasta que un recuerdo regresó.

Cuando estudiaba Magisterio viví en la residencia Jorbalán, en Ávila, dirigida por las religiosas Adoratrices. Desde una galería podía verse un amplio patio interior y, al fondo, otro edificio., en el que, alguna vez, veíamos alguna joven. Nunca pregunté qué había allí. Nadie nos habló de aquel lugar. Formaba parte del paisaje cotidiano y jamás imaginé que, tras aquellos muros, podían esconderse historias que durante décadas permanecerían silenciadas.

Mucho tiempo después descubrí que las Adoratrices habían dirigido numerosos centros vinculados al Patronato de Protección a la Mujer. Entonces comprendí que había convivido con uno de esos silencios sin reconocerlo. Y una pregunta comenzó a acompañarme.

¿Qué ocurrió en Castilla-La Mancha? ¿Qué pasó con las muchachas de nuestros pueblos?

Las respuestas no aparecieron de golpe. Fueron llegando poco a poco gracias al trabajo de quienes llevaban años investigando una institución prácticamente desconocida para la mayoría de la sociedad. Las encontré en documentales y reportajes que comenzaron a rescatar esta historia del olvido. Pero, sobre todo, en la investigación de la historiadora Carmen Guillén Lorente, cuya obra “Redimir y adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985)” constituye, hoy por hoy, una referencia imprescindible para comprender el funcionamiento y el alcance de esta institución. Su trabajo desmonta una de las grandes ficciones del franquismo.

El Patronato no fue una simple obra de beneficencia. Fue un sistema de vigilancia y control que reunió a autoridades civiles, religiosas y judiciales con un mismo objetivo: corregir a aquellas mujeres que no respondían al ideal femenino impuesto por la dictadura.

Mientras leía aquellas investigaciones me di cuenta de que seguía existiendo una pregunta que, al menos para mí, permanecía abierta.

¿Cómo se vivió todo aquello en Castilla-La Mancha? No encontré una respuesta completa. Y esa ausencia también me pareció significativa. Porque el silencio no solo afectó a las mujeres que pasaron por el Patronato. También alcanzó a la memoria de los lugares donde vivieron. Hay documentos cuya lectura resulta difícil. No por el lenguaje que utilizan, sino por la normalidad con la que describen decisiones capaces de cambiar una vida.

Los expedientes que han salido a la luz gracias al trabajo de historiadoras como Carmen Guillén Lorente muestran una burocracia minuciosa: informes, solicitudes, autorizaciones, valoraciones morales y resoluciones administrativas. Todo aparece escrito con una frialdad que impresiona.

Tras ese lenguaje burocrático no había delincuentes. Había adolescentes, jóvenes cuya conducta era juzgada porque mantenían una relación sentimental, porque habían quedado embarazadas, porque escapaban del control familiar o, sencillamente, porque alguien consideraba que se encontraban en «peligro moral».

Castilla-La Mancha no permaneció al margen de aquella realidad. Las investigaciones disponibles permiten afirmar que el Patronato también desplegó aquí su estructura de control

La violencia del Patronato no se ejercía únicamente entre los muros de los centros. También residía en esa aparente normalidad administrativa que convertía la vida de una muchacha en un expediente.

Castilla-La Mancha no permaneció al margen de aquella realidad. Las investigaciones disponibles permiten afirmar que el Patronato también desplegó aquí su estructura de control, como ocurrió en el resto del país. Sin embargo, la historia concreta de su funcionamiento en nuestra región todavía necesita ser reconstruida con mayor profundidad. Quedan archivos por estudiar. Edificios cuya historia apenas conocemos. Y, quizá lo más importante, testimonios de mujeres que durante décadas nunca encontraron un espacio donde ser escuchadas.

Resulta difícil no preguntarse cuántas adolescentes desaparecieron durante un tiempo de la vida cotidiana de nuestros pueblos sin que nadie volviera a preguntar por ellas. Cuántas regresaron años después sin explicar nunca dónde habían estado. Y cuántas aprendieron que el silencio era la única forma posible de seguir adelante.

El Patronato no desapareció con la muerte de Franco. Continuó existiendo hasta 1985. Es un dato que todavía sorprende porque obliga a revisar la imagen simplificada que a veces tenemos de la Transición.

Mientras España aprendía a convivir con la democracia, muchas de aquellas mujeres seguían viviendo con una culpa que nunca les perteneció. No fueron consideradas presas políticas, ni recibieron reconocimiento público. Su historia apenas ocupó espacio en los libros de texto. Y muchas nunca contaron lo ocurrido ni siquiera dentro de sus propias familias.

La historia del Patronato en Castilla-La Mancha dista mucho de estar completamente reconstruida. Cada documento recuperado y cada testimonio que sale a la luz ayudan a comprender una realidad que durante demasiado tiempo permaneció oculta.

Necesitamos seguir investigando, leyendo, escuchando. Y, sobre todo, seguir preguntando. No para juzgar el pasado desde el presente, sino para comprenderlo. Porque la memoria no consiste únicamente en recordar los grandes acontecimientos. También exige devolver un lugar a quienes fueron apartadas de la historia.

Posiblemente, mañana volvamos a pasar delante de un antiguo convento, una residencia o un edificio que un día formó parte de aquella red de control. Lo haremos sin que nada haya cambiado en sus muros.

Pero habrá cambiado nuestra mirada. Y eso también es memoria. Porque detrás de cada expediente hubo una vida. Detrás de cada decisión hubo una adolescente. Y detrás de cada silencio hubo una mujer que nunca eligió callar. No eran mujeres caídas ni descarriadas. No eran un problema moral. Eran hijas, hermanas, vecinas... Eran jóvenes de Castilla-La Mancha o de otros lugares. Y durante demasiado tiempo fueron, sencillamente, las hijas del silencio.

La Comisión pola Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña (CRMH) ha denunciado que continúan la “opacidad, los incumplimientos legales y el compromiso real con la memoria en el Pazo de Meirás”, ubicado en el municipio coruñés de Sada, por parte de la Xunta y del Estado.

En un comunicado, la entidad expone que no ha tenido acceso al expediente administrativo de la declaración como lugar de memoria, pese a que lo pidió tras publicarse la resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 14 de agosto. Lamenta que ha pasado ya la mitad del plazo para poder presentar recurso de reposición ante la resolución y no ha podido consultar el documento, lo que considera “un nuevo episodio de opacidad y vulneración de derechos”.

Pide explicaciones también por la retirada de bienes muebles del Pazo de Meirás por parte de los Franco que asegura que están vinculados a la etapa de Emilia Pardo Bazán y la dictadura y reclama a la Xunta que intervenga “sin demora” para que se garanticen las visitas al lugar, declarado bien de interés cultural (BIC) y sujeto, por lo tanto, a una obligación de permitir el acceso del público.

Además, la CRMH pide “transparencia y compromiso en la defensa del interés público” en el proceso que se está desarrollando sobre la liquidación de posesión de la finca y la “actualización y puesta en marcha” de las comisiones previstas en el Protocolo de actuaciones que el Estado promovió y firmó en el Pazo de Meirás hace más de seis años.

La Diputació de València, a través de la delegació de Memòria Democràtica, ha fet una crida a la ciutadania per a localitzar familiars d’11 represaliats de la Guerra Civil que van ser inhumats a Bétera i Barcelona. La vicepresidenta Natàlia Enguix, responsable de l’àrea, atén així la petició d’ajuda de l’associació Per la Nova República i de l’Ajuntament barceloní de Sant Pere de Ribes. La primera entitat comunica que les restes de 10 valencians que van morir al camp de concentració de Portacoeli, a Serra, estan inhumades al cementeri de Bétera. El consistori català, per la seua banda, adverteix que les restes del soldat valencià Alfredo Lloret es troben al seu cementeri municipal.

La vicepresidenta Enguix destaca la importància de localitzar els familiars d’aquestes persones represaliades per a posar en marxa el procés de recuperació i identificació de les restes. En cas d’èxit en les proves, el procediment culminarà amb el lliurament d’aquestes als seus familiars. “Sense l’aparició de parents que puguen participar en la identificació genètica és impossible que el procés fructifique”, explica Enguix, qui remarca el valor d’aquestes campanyes reparadores impulsades per ajuntaments i associacions. “Nosaltres tenim molt clara la nostra intenció de participar i ajudar els familiars de les víctimes sempre que siga possible, com demostra la inversió que fem en memòria històrica, amb més d’un milió d’euros anuals”, apunta.

En aquest cas, la sol·licitud enviada per l’associació Per la Nova República i l’ajuntament català busca difondre la identitat dels represaliats les restes dels quals ja s’han localitzat o estan en procés de recerca, perquè apareguen familiars que contribuïsquen a les proves genètiques. “La memòria no són només les campanyes d’exhumació. És l’esforç de tota una societat per rescatar la veritat històrica i reconéixer els drets humans, i ací entra el treball de documentació i localització, les campanyes d’exhumació i identificació i la part divulgativa que estem reforçant des de la Diputació”, assenyala la vicepresidenta.

Víctimes de Portacoeli

La presidenta de l’associació Per la Nova República, María José Meseguer, s’ha dirigit a la Diputació de València per a informar del procés de localització de 62 republicans que van morir al camp de concentració de Portacoeli, a Serra, i que van ser soterrats a la fossa comuna del cementeri de Bétera. Entre ells hi ha 10 valencians d’entre 24 i 51 anys, les restes dels quals podran recuperar-se i identificar-se si apareixen els seus descendents o parents.

El llistat de represaliats valencians inhumats a Bétera el componen Juan Bautista Ibáñez Santamaría, veí del Cabanyal, a València; José Martínez Montell, de la Llosa de Ranes; Salvador Castellblanch Badia, d’Estivella; José Fort Tortajada, de Massamagrell; Remigio Soler Juliá, de Bèlgida; Evaristo Chafes González, de Bolbaite; José María Moreno García, de Museros; Juan José Sancho Badía, de Quartell; i els alacantins Tomás Albert Sort i Vicente Fornés Ribes, de Xàbia i Pedreguer, respectivament. Tots ells van morir entre abril de 1940 i abril de 1941.

Front de Llevant

L’onzena víctima és el soldat valencià Alfredo Lloret Soler, les restes del qual descansen juntament amb les d’altres 18 soldats al cementeri barceloní de Sant Pere de Ribes. Alfredo va morir a causa d’una infecció al cap de 19 anys a l’Hospital de Carabiners de Mas Solers, igual que les altres víctimes identificades pel consistori català i l’Associació de Familiars de Víctimes del Front de Llevant. L’objectiu de la recerca és trobar familiars que desitgen recuperar les seues restes i retre-li homenatge. Els impulsors de la iniciativa en terres catalanes desconeixen la localitat natal del soldat valencià, qui va servir en el 3 BM —secció de Transmissions— i va morir el 19 d’agost de 1938.

El punt de partida del projecte es deu a la investigació de l’arqueòloga Irene Estévez. L’especialista va observar un grafit amb la inscripció “1937” a l’edifici de l’antic hospital de Sant Pere de Ribes, cosa que la va motivar a consultar historiadors locals fins a esbrinar que l’immoble va prestar servei sanitari durant la contesa. L’examen posterior de l’arxiu municipal va confirmar l’existència de les actes de defunció de 19 soldats en dates coincidents amb les batalles de l’Ebre i del Segre.

La Diputación de Valencia, a través de la delegación de Memoria Democrática, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para localizar a familiares de 11 represaliados de la Guerra Civil que fueron inhumados en Bétera y Barcelona. La vicepresidenta Natàlia Enguix, responsable del área, atiende así la petición de ayuda de la asociación Per la Nova República y del Ayuntamiento barcelonés de Sant Pere de Ribes. La primera entidad comunica que los restos de 10 valencianos que murieron en el campo de concentración de Portacoeli (Serra) están inhumados en el cementerio de Bétera. El consistorio catalán, por su parte, advierte que los restos del soldado valenciano Alfredo Lloret se hallan en su cementerio municipal.

La vicepresidenta Enguix destaca la importancia de localizar a los familiares de estas personas represaliadas para poner en marcha el proceso de recuperación e identificación de los restos. En caso de éxito en las pruebas, el procedimiento culminará con la entrega de los mismos a sus allegados. “Sin la aparición de parientes que puedan participar en la identificación genética es imposible que el proceso fructifique”, explica Enguix, quien remarca el valor de estas campañas reparadoras impulsadas por ayuntamientos y asociaciones. “Nosotros tenemos muy clara nuestra intención de participar y ayudar a los familiares de las víctimas siempre que sea posible, como demuestra la inversión que hacemos en memoria histórica, con más de un millón de euros anuales”, apunta.

En este caso, la solicitud enviada por la asociación Per la Nova República y el ayuntamiento catalán busca difundir la identidad de los represaliados cuyos restos ya se han localizado o están en proceso de búsqueda, para que aparezcan familiares que contribuyan a las pruebas genéticas. “La memoria no son solo las campañas de exhumación. Es el esfuerzo de toda una sociedad por rescatar la verdad histórica y reconocer los derechos humanos, y ahí entra el trabajo de documentación y localización, las campañas de exhumación e identificación y la parte divulgativa que estamos reforzando desde la Diputación”, señala la vicepresidenta.

Víctimas de Portacoeli

La presidenta de la asociación Per la Nova República, María José Meseguer, se ha dirigido a la Diputación de Valencia para informar del proceso de localización de 62 republicanos que murieron en el Campo de Concentración de Portacoeli, en Serra, y que sufrieron sepultura en la fosa común del cementerio de Bétera. Entre ellos se encuentran 10 valencianos de entre 24 y 51 años, cuyos restos podrán recuperarse e identificarse si aparecen sus descendientes o parientes.

El listado de represaliados valencianos inhumados en Bétera lo componen Juan Bautista Ibáñez Santamaría, vecino del Cabanyal, en València; José Martínez Montell, de La Llosa de Ranes; Salvador Castellblanch Badia, de Estivella; José Fort Tortajada, de Massamagrell; Remigio Soler Juliá, de Bèlgida; Evaristo Chafes González, de Bolbaite; José María Moreno García, de Museros; Juan José Sancho Badía, de Quartell; y los alicantinos Tomás Albert Sort y Vicente Fornés Ribes, de Xàbia y Pedreguer respectivamente. Todos ellos fallecieron entre abril de 1940 y abril de 1941.

Frente de Levante

La undécima víctima es el soldado valenciano Alfredo Lloret Soler, cuyos restos descansan junto a los de otros 18 soldados en el cementerio barcelonés de Sant Pere de Ribes. Alfredo murió a causa de una infección a los 19 años de edad en el Hospital de Carabineros de Mas Solers, al igual que las demás víctimas identificadas por el consistorio catalán y la Asociación de Familiares de Víctimas del Frente de Levante. El objetivo de la búsqueda es encontrar a familiares que deseen recuperar sus restos y rendirle homenaje. Los impulsores de la iniciativa en tierras catalanas desconocen la localidad natal del soldado valenciano, quien sirvió en el 3 BM (sección de Transmisiones) y falleció el 19 de agosto de 1938.

El punto de partida del proyecto se debe a la investigación de la arqueóloga Irene Estévez. La especialista observó un grafiti con la inscripción “1937” en el edificio del antiguo hospital de Sant Pere de Ribes, lo que la motivó a consultar con historiadores locales hasta averiguar que el inmueble prestó servicio sanitario durante la contienda. El examen posterior del archivo municipal confirmó la existencia de las actas de defunción de 19 soldados en fechas coincidentes con las batallas del Ebro y del Segre.