La experiencia argentina en materia de Memoria, Verdad y Justicia frente a los crímenes de la última dictadura cívico-militar ha transitado un proceso complejo de debates jurídicos que permitieron, finalmente, el juzgamiento de crímenes aberrantes. En contraste, en España persisten interpretaciones judiciales que operan como un muro ante la apertura de procesos por los crímenes del franquismo y tardofranquismo. El objetivo de este análisis es poner en diálogo ambas transiciones para evidenciar que, aunque los caminos a la justicia parezcan cerrados, es posible abrirlos.

Recientemente, el Pleno del Tribunal Constitucional español, en sus Autos 80/2021 y 57/2024, ha sostenido que los hechos cometidos entre 1967 y 1974 no pueden juzgarse como delitos de lesa humanidad. La mayoría del tribunal argumenta que este tipo penal no existía en el ordenamiento interno en aquel momento y que su aplicación supondría una retroactividad “contra reo” prohibida. Para el TC, se trata de delitos comunes ya prescritos.

Esta postura ignora que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las normas de ius cogens deben preponderar sobre el formalismo interno. Ya en 1968 y 1973, resoluciones de la ONU clarificaron que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, independientemente de la fecha en que se cometieron. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en casos como 'Kononov contra Letonia,' ha validado condenas por hechos donde la conducta ya era criminal según el derecho internacional consuetudinario, sin importar su tipificación interna.

Argentina logró derribar sus propios muros de impunidad mediante un cambio de paradigma jurídico. Se abandonó la tesis dualista para adoptar una concepción monista, donde los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional y operatividad directa. Bajo este modelo, el Estado no puede invocar su derecho interno para incumplir obligaciones internacionales.

El histórico fallo “Arancibia Clavel” (2004) fue clave al reformular el principio de legalidad: no se trata de “no hay delito sin ley previa”, sino de “no hay delito sin derecho previo” ('nullum crimen sine iure previo'). Esto significa que el análisis no se limita a la ley formal interna, sino que incluye el derecho de gentes preexistente. Por ello, la CSJN argentina determinó que la imprescriptibilidad de la lesa humanidad es una norma de ius cogens anterior a cualquier convención, cuya función es proteger valores esenciales de la comunidad internacional.

La Ley de Amnistía de 1977 es el principal cerrojo en España. Argentina enfrentó obstáculos similares con la “Ley de Pacificación Nacional” de 1983 y, más tarde, con las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida”. Estas últimas limitaron la justicia por casi dos décadas, pero fueron finalmente declaradas inconstitucionales y nulas en el fallo “Simón” (2005).

El argumento argentino, aplicable a España, es que una ley del Congreso no puede contradecir tratados internacionales que prohíben amnistías para crímenes de lesa humanidad. En este sentido, relatores de la ONU han señalado que la ley de 1977 es incompatible con los compromisos internacionales de España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.

Un avance significativo en España es el art. 2.3 de la Ley de Memoria Democrática, que obliga a interpretar la Ley de Amnistía conforme al Derecho Internacional, según el cual estos crímenes son imprescriptibles. En Argentina, una situación análoga ocurrió con la “ley interpretativa del 2x1” (Ley 27.362). La Corte argentina, en el fallo “Batalla” (2018), validó que el legislador tiene la prerrogativa de dictar leyes aclaratorias para fijar el sentido de normas anteriores y evitar interpretaciones judiciales contradictorias.

Si aplicamos esta lógica, el art. 2.3 de la ley española debería ser obligatorio para los tribunales, quienes deben admitir las querellas por crímenes franquistas al ser estos inamnistiables por mandato legislativo.

El genocidio y los crímenes de Estado no terminan con la aniquilación física; continúan en la etapa de la negación y el olvido. Los operadores del derecho tienen la responsabilidad de activar el carácter reparador de la justicia. El derecho tiene una doble faz: no es solo castigo, sino un constructor de verdad histórica y social. Es imperativo abandonar el formalismo extremo y comprender que las sentencias judiciales son el discurso que edifica el relato de lo que nos sucedió como sociedad, construyendo memorias justas y dignas.

La subasta de los objetos que la familia Franco sacó del Pazo de Meirás (Sada, A Coruña) ha finalizado este miércoles dejando a los herederos del dictador más de medio millón de euros. Los más de 600 artículos que los Martínez-Bordiú Franco encargaron subastar a Magna Art Auctions, situada en el barrio Salamanca de Madrid, han sido adjudicados por 524.925 euros, aumentando con creces la recaudación respecto al precio de salida de los lotes, situado en 188.000 euros. Al montante total hay que restar el porcentaje que se quedará la casa de subastas, que suele situarse entre el 5 y el 15%.

Entre los bienes más disputados ha estado el maletín “personal” en piel marrón del dictador, que tenía un precio de salida de 350 euros y ha sido vendido finalmente por 19.000. La cartera tiene una inscripción que reza “al Generalísimo Franco Caudillo de España y Jefe Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las JONS”.

Además de algunas antiguedades y porcelanas decorativas, parte de los bienes más cotizados y que más subieron su precio en la subasta han sido los que cuentan con simbología franquista o relacionada con la familia: entre ellos, un joyero de plata con la inscripción “CARMENCITA” (en referencia a la hija de Franco y Carmen Polo), que es el tercer objeto con un precio de puja más alto (precio de salida 120 euros, vendido finalmente por 14.000).

La venta más cara ha sido un conjunto de ocho espingardas —arma de fuego de cañón largo— procedente de Marruecos, que ha alcanzado los 20.000 euros. Un tapiz con el escudo franquista, que la casa de subastas presenta en su catálogo como escudo de la Monarquía Hispánica, fue vendido por 9.000 euros tras arrancar con un precio inicial de 850. Otro de los artículos que más atención despertó fue la fotografía del Rey Juan Carlos con una bandera del régimen detrás y una dedicatoria al dictador: “Al Excelentísimo Franco, con mucho cariño y mucho respeto. Juan Carlos”. Tras salir a subasta por 200 euros, alguien pagó 8.000 por llevársela a casa.

Había también retratos del dictador: uno militar por 1.400 euros, tras un precio de salida de 300 euros, y otro que ha conseguido 1.100 euros tras arrancar en los 100 euros. Durante los dos días que ha durado la subasta, que se vio desbordada por momentos en su modalidad online, los precios de la inmensa mayoría de productos no dejaron de ascender. Por segundos se iban acumulando las pujas tanto en la sala como vía Internet o teléfono, con ofertas procedentes de España y del extranjero.

El director de la casa de subastas, José Miguel Carrillo de Albornoz, vizconde de Torre Hidalgo, ha calificado el resultado de “rotundo” y de magnífico éxito“. Poco antes de que empezara la subasta, afirmaba que se trataba de una puja ”como otra cualquiera“, pese a que el fetichismo franquista ha disparado los precios. Solo 12 lotes han quedado sin vender.

Entre las ventas más destacadas está la de la fotografía “coloreada” de 53x45 cm de la familia del dictador, que partía de los 80 euros y fue ascendiendo hasta los 2.250 definitivos. Había quienes minutos antes del inicio de la subasta, reconocían ante los medios de comunicación que iban a por algún objeto del Pazo de Meirás por su admiración a Franco. Un cuadro de la residencia de verano del dictador dedicado a su hija acabó vendiéndose por 6.000 euros, 120 veces más que su precio de salida (solo 50 euros).

Bastante 'peleados' fueron también los lotes de menaje grabados con el escudo del dictador o su familia. Unas copas de vidrio se vendieron por 2.750 mientras que un lote para consomé que salía en 150 euros fue comprado por 1.500 entre decenas de pujas que prácticamente no le daba a tiempo a enunciar en voz alta a la directora de la subasta antes de que subieran.

Los bienes subastados son los que la familia sacó del Pazo de Meirás después de que la Justicia dictaminara que es de propiedad pública y no de los herederos. La Abogacía del Estado reclamó como propios una parte de las propiedades, pero no todas. Las asociaciones memorialistas denuncian el “enriquecimiento ilícito” de la familia y sospechan que parte de los bienes podrían ser públicos.

Gráficos elaborados por Yuly Jara.

El nuevo frenazo del PP a la exhumación de Monumento, la mayor fosa con víctimas del franquismo en Sevilla, supone no sólo el enésimo retraso del proyecto, sino que también apunta a que volverán a quedarse sin gastar partidas presupuestarias que ya estaban reservadas. El Gobierno central verá así cómo el Ayuntamiento de Sevilla (PP) le rechaza por segunda vez una ayuda de 200.000 euros, a lo que hay que unir otros 125.000 que había reservado la Diputación en sus cuentas de este ejercicio. En total, 325.000 euros. El Ayuntamiento, por su parte, asegura que quiere que se haga la exhumación, pero con una fórmula jurídica y administrativa que permita hacerla realidad cuanto antes, según fuentes municipales.

Todo está ahora a expensas de qué nueva fórmula plantea la Junta de Andalucía (PP), que ha propuesto que la Universidad Pablo de Olavide (UPO) se haga cargo de estos trabajos tras alegar el Consistorio hispalense que tenía problemas para la contratación del personal necesario. Pero en principio puede dejar en papel mojado el protocolo firmado en junio de 2025, ya que se trata de un documento rubricado entre las cuatro administraciones que preveía transferir directamente las subvenciones al Ayuntamiento, que debe dirigir la exhumación al ser el propietario del suelo en el cementerio de San Fernando.

La renuncia a fondos públicos no es precisamente nueva para el gobierno local de José Luis Sanz (PP), que ya el pasado mes de diciembre dijo 'no' a la subvención de 200.000 euros que le envió la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. La Diputación de Sevilla, por su parte, reservó 331.000 euros para este fin en sus cuentas de 2025 con el cálculo de que se utilizarían 125.000, la misma cuantía que había apartado para este 2026.

2.613 represaliados

Pero el primer dinero para este fin al que dio de lado Sanz fue nada más llegar a la Alcaldía en 2023, ya que el presupuesto municipal de ese año (aprobado por el PSOE) incluía 350.000 euros para este fin, una cantidad que el PP destinó a otros fines alegando un “no hace falta” y que lo necesitaba para obras urgentes. En todas las cuentas locales que han llevado la firma del PP, las dos últimas de la mano de Vox, no ha vuelto reservarse cuantía alguna, siempre con el mensaje oficial de que cuando llegue el momento “el gobierno municipal estará a la altura y pondrá su parte”.

En la fosa Monumento se calcula que pueden estar sepultadas 7.440 personas, de las que 2.613 serían víctimas del franquismo. Esto la convierte en el enterramiento común con más represaliados de la capital y el segundo más grande de Andalucía tras el del cementerio de San Rafael, en Málaga, considerado el más importante de España hasta la fecha.

Ubicada en el cementerio de Sevilla, está Monumento se ubica muy cerca de Pico Reja, sellada en febrero de 2023 tras varios años de trabajos. En este enterramiento común se rescataron 1.786 cuerpos de represaliados de los que hasta la fecha sólo se ha podido identificar uno genéticamente, José León Trejo.

“Maniatadas por Vox”

El giro del proyecto aboca ahora a un nuevo retraso, de eso al menos están más que convencidos en el movimiento memorialista sevillano. La Federación Andaluza de Memoria Democrática lo interpreta como una “patada para adelante” de Junta y Ayuntamiento, porque “plantear ahora que lo haga la UPO es empezar de cero”.

Así lo señala Juan Cruz, secretario de esta entidad, que lamenta que “todo lo que se ha hecho no sirve para nada” con este planteamiento. Y aunque “no cuestionamos ni la idoneidad ni la profesionalidad” de los expertos de la UPO, algunas de las cuales trabajaron en una intervención prospectiva, están convencidos de que el verdadero problema es que “no hay voluntad política”.

A su juicio, las dos administraciones gobernadas por el PP están “maniatadas por Vox”, que en su agenda ideológica incluye la desaparición de las políticas de memoria democrática. En ambos casos, los consejos de participación de esta materia llevan meses sin celebrarse, un panorama que la federación ve con desesperanza porque en el Ayuntamiento Vox es aliado presupuestario del PP, pero en la Junta la ultraderecha ya ha entrado a lo grande en un gobierno que está “incumpliendo sus compromisos”.

El Ayuntamiento se defiende

Fuentes del Ayuntamiento de Sevilla argumentan que no han dejado de estudiar “alternativas jurídicas y administrativas para encontrar la vía más rápida y viable para ejecutar los trabajos”. “Después de analizar distintas posibilidades, hemos identificado una fórmula que consideramos especialmente adecuada: la utilización de un convenio con la Universidad Pública, una vía que ya se está utilizando en otros lugares de España para desarrollar este tipo de actuaciones y que está ofreciendo buenos resultados”.

Esa alternativa, insisten, fue “una de las cuestiones que permitió que la última reunión terminara con una valoración positiva, al haber encontrado una posible vía para avanzar en la exhumación”. “No es cierto que el Ayuntamiento haya rechazado la financiación del Ministerio ni que haya dejado de trabajar para hacer posible la exhumación. Lo que hemos hecho es exigir que los recursos públicos se puedan utilizar para aquello que realmente necesita la exhumación y dentro de unos plazos que permitan ejecutarla correctamente”

“Nuestra posición ha sido siempre constructiva: queremos la exhumación, queremos que se haga bien y queremos encontrar la fórmula jurídica y administrativa que permita hacerla realidad cuanto antes”, insisten las fuentes municipales.

El president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), serà jutjat del 25 al 29 d'octubre de 2027 per haver romput, el 18 de juny de 2024, una fotografia de tres víctimes del franquisme, exposada a la tapa de l'ordinador de la vicepresidenta segona de la Mesa, mentre es debatia la proposta del PP i de la formació d'extrema dreta de derogar la llei autonòmica de memòria democràtica. Els fets varen provocar una onada d'indignació dins i fora de les Balears, amb peticions de dimissió que Le Senne mai no ha atès. El Govern de Marga Prohens (PP) tampoc no l'ha forçat a abandonar el càrrec.

L'acusat ha comparegut aquest dimecres davant l'Audiència Provincial de les Balears en una vista preliminar en què la seva defensa ha negat que hagués comès cap delicte -se l'acusa d'un delicte d'odi-, cosa que ha frustrat la possibilitat d'arribar a un acord amb les acusacions per evitar el judici. Els tribunals hauran de determinar durant el judici si el també president de Vox a les Balears va actuar deliberadament o si, com sosté, la ruptura de la fotografia va ser accidental. Diversos familiars de víctimes de la repressió franquista s'han congregat a les portes de l'òrgan judicial per protestar pels fets.

Fins ara, Le Senne ha defensat que es va limitar a aplicar el reglament parlamentari, mentre que les acusacions sostenen que l'episodi va constituir un atac a la dignitat de les dones assassinades pel franquisme. La Fiscalia, per la seva banda, manté que no hi ha elements suficients per acreditar un delicte d'odi.

Entre altres qüestions, la Sala ha rebutjat citar com a pèrit testimoni l'historiador David Ginard, autor de la biografia d'Aurora Picornell, coneguda popularment com la Pasionaria de Mallorca, en considerar que la importància de la seva figura no és un fet controvertit. Sobre aquesta qüestió, l'advocat del col·lectiu Estimada Aurora, Sebastià Frau, ha explicat que l'objectiu era contraposar la ideologia de Picornell i de la resta de víctimes amb “la ideologia de l'acusat”.

Fins a quatre anys de presó i onze d'inhabilitació

En concret, Memòria de Mallorca, juntament amb els descendents d'Aurora Picornell i de les activistes Maria i Antònia Pascual, que apareixien a la fotografia, sol·licita per a Le Senne una pena de vint mesos de presó. El Col·lectiu Aurora reclama un any i quatre mesos de presó, onze anys d'inhabilitació per a càrrec públic i una multa de 30.000 euros, mentre que el Partit Comunista dels Pobles d'Espanya (PCPE) demana fins a quatre anys de presó, quatre anys més d'inhabilitació i una multa de 13.000 euros. Aquest darrer partit també havia sol·licitat que Vox fos jutjat com a responsable civil subsidiari, una petició que el jutge instructor va rebutjar.

Le Senne, en canvi, en demana l'absolució perquè considera que no ha quedat acreditada la intenció d'humiliar les víctimes ni cap motivació discriminatòria. Durant la declaració que va prestar com a investigat el setembre de 2024, Le Senne es va aferrar als mateixos arguments que fins aleshores havia esgrimit públicament: que l'episodi va ser “accidental” i que es va produir després que Garrido es negàs a retirar el retrat, fet que, segons el president, contradeia la neutralitat exigida a la Mesa del Parlament.

Quan la Fiscalia li va demanar si hauria fet el mateix amb una fotografia de Franco, el màxim representant de la cambra autonòmica va respondre afirmativament. El parlamentari es va negar a respondre a les acusacions particulars, però sí que va contestar les preguntes del Ministeri Fiscal, del seu advocat i del jutge.

Per la seva banda, el Ministeri Fiscal, que s'ha pronunciat en diverses ocasions a favor de l'arxivament de la causa, sosté que, tot i que la conducta de Le Senne va constituir un acte que qualifica de “colèric” -i n'ha censurat les formes-, no ha quedat acreditat, amb les exigències pròpies del dret penal, el dol necessari per considerar que s'ha comès un delicte d'odi. En aquest cas, aquest delicte s'hauria concretat en la voluntat de lesionar la dignitat i la memòria de les dones víctimes de la repressió franquista. La Fiscalia tampoc no aprecia cap motivació discriminatòria en els fets.

El jutge va apreciar indicis d'una actuació intencionada

En la interlocutòria que va posar fi a la instrucció del cas i va deixar el dirigent d'extrema dreta a les portes del judici, el jutge va considerar que el seu gest havia lesionat “la dignitat d'aquestes persones i dels seus familiars i dels partits polítics dels quals eren militants, i acredita la clara intenció d'humiliar-los”. La resolució es basava en les diligències practicades fins aleshores, entre les quals hi havia les imatges aportades al procediment. En aquestes, segons el magistrat, “es pot apreciar com el senyor Le Senne, després d'arrabassar la fotografia, no la tira immediatament a terra, sinó que la manté a la mà esquerra, la deixa un moment a la zona situada damunt les cames, on podria semblar que l'estigui manipulant d'alguna manera, i després la tira amb la mà dreta”.

La Sala de l'Audiència Provincial que va confirmar l'obertura del judici oral també va considerar que les imatges aportaven indicis compatibles amb la possible existència de dol, és a dir, d'una actuació conscient i intencionada. Els magistrats varen assenyalar que corresponia al judici determinar si la ruptura havia estat deliberada o accidental, una qüestió central per esclarir la responsabilitat penal de l'acusat. Tant la defensa com la Fiscalia rebutgen aquesta interpretació.

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidit mantenir suspesa la derogació de la Llei de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears, una supressió a la qual el Govern de Marga Prohens (PP) va donar llum verda amb el suport de Vox el març passat. D'aquesta manera, la norma continuarà vigent cautelarment mentre es resol el recurs d'inconstitucionalitat que va interposar el Govern espanyol contra la derogació, en considerar que vulnera els drets de les víctimes del franquisme i dificulta el compliment de la legislació estatal en matèria de memòria democràtica.

Mitjançant una interlocutòria datada el 20 d'octubre, a la qual ha tingut accés elDiario.es, la Sala manté suspesa la part essencial del text que va derogar la llei de memòria: l'article que deixa expressament sense efecte la norma i la disposició transitòria que l'acompanya, que estableix el règim aplicable als procediments de memòria democràtica que estaven en curs quan es va derogar la llei.

El tribunal justifica la decisió per la necessitat d'evitar perjudicis que podrien ser difícils o impossibles de reparar si la derogació entràs en vigor abans que es resolgués el recurs d'inconstitucionalitat. En aquest sentit, sosté que “el caràcter irreversible del pas del temps” en l'exercici d'aquests drets, juntament amb la importància de disposar d'estructures administratives per garantir-los, fa que els perjudicis derivats de l'aixecament de la suspensió s'hagin de qualificar d'“irreparables o de molt difícil reparació”.

En la seva anàlisi, la majoria dels magistrats considera que la desaparició del marc autonòmic de memòria democràtica pot afectar el reconeixement i la protecció dels drets de les víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura franquista. També assenyala les conseqüències que tindria la derogació per a les actuacions públiques d'investigació, localització i exhumació de persones desaparegudes, així com per a les polítiques de reconeixement i reparació. Per això, considera que mantenir la mesura cautelar no resulta “excessiu o desproporcionat”. La decisió encara no suposa un pronunciament definitiu sobre la constitucionalitat de la derogació, però n'impedeix l'aplicació plena mentre es resol el recurs.

La interlocutòria també té en compte les obligacions de col·laboració entre les administracions públiques en matèria de memòria democràtica. En el seu recurs, el Govern central al·legava que l'aixecament de la suspensió podia perjudicar l'efectivitat de les mesures de reconeixement i reparació, així com el desenvolupament de les actuacions previstes en la legislació autonòmica.

L'Executiu balear, per la seva banda, va defensar que no hi havia motius suficients per mantenir la mesura cautelar i va sostenir que la derogació no deixava les víctimes desprotegides, ja que existien altres instruments legals i administratius per garantir-ne els drets. El Constitucional no accepta aquests arguments pel que fa a la derogació de la llei i al seu règim transitori, i considera que, en aquesta fase del procediment, la protecció cautelar dels drets en joc justifica mantenir suspesos tots dos preceptes.

El tribunal permet recuperar la llibertat d'expressió i de càtedra

A diferència del que ha decidit respecte de la part essencial del text derogatori, el tribunal aixeca la suspensió de l'article 2, que recull el dret a expressar i difondre pensaments, idees i opinions, així com la llibertat de producció i creació científica, tècnica, cultural i artística. També empara la llibertat de càtedra i la investigació històrica. En aquest sentit, l'exposició de motius de la norma acusa la llei de memòria de perseguir el dret a dissentir i de penalitzar els historiadors les conclusions dels quals no coincidissin amb la interpretació històrica de determinats partits.

El Constitucional assenyala que no s'han acreditat prou els perjudicis irreparables que justificarien mantenir suspès aquest article. Així mateix, aixeca la suspensió de la disposició final única del text derogatori, relativa a la seva entrada en vigor.

La interlocutòria incorpora vots particulars de magistrats que discrepen de la decisió majoritària i consideren que s'hauria d'haver aixecat la suspensió de tota la llei derogatòria. Els magistrats discrepants qüestionen que s'hagin acreditat prou els danys irreparables que justificarien mantenir la mesura cautelar. També sostenen que l'incident s'hauria d'haver resolt d'acord amb els criteris constitucionals sobre el caràcter excepcional d'aquestes suspensions i amb la necessitat de ponderar els interessos en conflicte.

La llei balear de memòria, aprovada el 2018, va establir un marc institucional per investigar els crims del franquisme i reconèixer públicament les persones represaliades després del cop militar de 1936. Entre altres fites, la llei de memòria democràtica va permetre ampliar la consideració de les víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura: no només va fer possible reconèixer les persones represaliades directament, sinó també organitzacions socials, professionals i culturals, partits polítics i sindicats, entre d'altres, a més de les víctimes dels bombardejos, els nadons robats i les persones perseguides per motius ideològics.

A l'empara d'aquesta normativa, també es va declarar la nul·litat de ple dret de totes les sentències i resolucions dictades per motius polítics en causes penals, civils o administratives durant la dictadura a les Illes Balears. Es tractava d'una mesura simbòlica destinada a reparar jurídicament les persones condemnades pels tribunals franquistes. La llei també va introduir mesures en l'àmbit educatiu per garantir la transmissió d'aquest període històric a les noves generacions. Entre altres disposicions, establia la incorporació de la memòria democràtica als currículums escolars, l'impuls de programes pedagògics sobre el conflicte bèl·lic i el règim franquista, així com activitats d'investigació i divulgació en col·laboració amb centres educatius i universitats.

El pols del Govern espanyol contra la derogació de les lleis de memòria

La impugnació de la decisió adoptada pel PP i Vox s'emmarca en l'estratègia judicial iniciada pel Govern de Pedro Sánchez en altres comunitats autònomes, com la Comunitat Valenciana, Aragó i Cantàbria, on les normatives de memòria històrica han estat substituïdes per lleis de concòrdia que, sota el pretext de “reconciliar” els espanyols en lloc de “reobrir ferides”, equiparen el franquisme amb la democràcia.

El Govern central considera que aquests textos “blanquegen la dictadura franquista, neguen l'existència del cop d'Estat com a causant de la Guerra d'Espanya de 1936 a 1939, pretenen que no es conegui la veritat del que va ocórrer i, el que és pitjor, condemnen les víctimes de nou a l'oblit”. Així mateix, sosté que aquestes reformes mantenen alguns aspectes vinculats a les exhumacions, però eliminen elements essencials relacionats amb el dret a la veritat, la reparació i les garanties de no-repetició.

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido mantener suspendida la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Balears, supresión a la que dio luz verde el Govern de Marga Prohens (PP) con el apoyo de Vox el pasado mes de marzo. De este modo, la norma continuará cautelarmente vigente mientras se resuelve el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Gobierno central contra la eliminación de la ley al considerar que su anulación constituye una vulneración de los derechos de las víctimas del franquismo y dificulta el cumplimiento de la legislación estatal en materia de memoria democrática.

Mediante un auto fechado el pasado 20 de octubre, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Sala mantiene paralizado el núcleo del texto con el que fue revocada la ley de memoria, es decir, el artículo que deroga expresamente la norma y la disposición transitoria que la acompaña, que establece el régimen aplicable a los procedimientos de memoria democrática que estaban en marcha cuando se derogó la ley.

El tribunal justifica la decisión por la necesidad de evitar perjuicios que podrían resultar difíciles o imposibles de reparar si la derogación entrara en vigor antes de que se resolviera el recurso de inconstitucionalidad. Al respecto, el tribunal sostiene que “el carácter irreversible del paso del tiempo” en el ejercicio de estos derechos, unido a la importancia de contar con estructuras administrativas para garantizarlos, hace que los perjuicios derivados de levantar la suspensión deban calificarse como “irreparables o de muy difícil reparación”.

En su análisis, la mayoría de los magistrados considera que la desaparición del marco autonómico de memoria democrática puede afectar al reconocimiento y a la protección de los derechos de las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista y aluden, asimismo, a las consecuencias que tendría la derogación para las actuaciones públicas de investigación, localización y exhumación de personas desaparecidas, así como para las políticas de reconocimiento y reparación. Por ello, consideran que mantener la medida cautelar no resulta “excesivo o desproporcionado”. La decisión no supone todavía un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de la eliminación, pero impide que ésta despliegue plenamente sus efectos mientras se resuelve la impugnación.

El auto toma en consideración, además, las obligaciones relacionadas con la colaboración entre las administraciones públicas en materia de memoria democrática. En su recurso, el Gobierno central alegaba que el levantamiento de la suspensión podía perjudicar la efectividad de las medidas de reconocimiento y reparación, así como el desarrollo de las actuaciones previstas en la legislación autonómica.

El Ejecutivo balear, por su parte, defendió que no existían razones suficientes para mantener la medida cautelar y aseveraba que la derogación no suponía una desprotección de las víctimas al existir otros instrumentos legales y administrativos para atender sus derechos. El Constitucional no acepta estos argumentos en lo relativo a la derogación de la ley y su régimen transitorio y considera que, en este momento del procedimiento, la protección cautelar de los derechos en juego justifica mantener suspendidos ambos preceptos.

El tribunal permite recuperar la libertad de expresión y cátedra

Al contrario que con la parte esencial del texto derogatorio, el tribunal sí levanta la suspensión del artículo 2, que recoge el derecho a expresar y difundir pensamientos, ideas y opiniones, así como a producir y crear en los ámbitos científico, técnico, cultural y artístico. También ampara la libertad de cátedra y la investigación histórica. En este sentido, la exposición de motivos del texto acusa a la ley de memoria de perseguir el derecho a disentir y penalizar a los historiadores cuyas conclusiones no coincidieran con la interpretación histórica de determinados partidos.

El Constitucional señala, al respecto, que no se han acreditado suficientemente los perjuicios irreparables que justificarían mantener suspendido este artículo. Asimismo, levanta la suspensión de la disposición final única del texto derogatorio, relativa a su entrada en vigor.

El auto incorpora votos particulares de magistrados que discrepan de la decisión mayoritaria y consideran que debía levantarse la suspensión de la ley derogatoria en su conjunto. Los magistrados discrepantes cuestionan que se hayan acreditado de manera suficiente los daños irreparables que justificarían mantener la medida cautelar. También sostienen que el incidente debía resolverse atendiendo a los criterios constitucionales sobre la excepcionalidad de estas suspensiones y a la necesidad de ponderar los intereses en conflicto.

La ley balear de memoria, aprobada en 2018, articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936. Entre otros hitos, la ley balear de memoria democrática ha permitido delimitar y ampliar la consideración de víctimas de la guerra civil y la dictadura: no solo ha posibilitado reconocer a personas represaliadas directamente, sino también a organizaciones sociales, profesionales o culturales, partidos políticos y sindicatos, entre otros, además de víctimas de bombardeos, bebés robados o personas perseguidas por motivos ideológicos.

Bajo el amparo de esta normativa también se declaró la nulidad de pleno derecho de todas las sentencias y resoluciones dictadas por razones políticas en causas penales, civiles o administrativas durante la dictadura en las islas, una medida simbólica destinada a reparar jurídicamente a quienes fueron condenados por tribunales franquistas. La ley también introdujo medidas en el ámbito educativo para garantizar la transmisión de este periodo histórico a las nuevas generaciones. Entre otras disposiciones, establecía la incorporación de la memoria democrática en los currículos escolares, el impulso de programas pedagógicos sobre el conflicto bélico y el régimen franquista, así como actividades de investigación y divulgación en colaboración con centros educativos y universidades.

El pulso del Gobierno contra la derogación de las leyes de memoria

La impugnación de la decisión adoptada por PP y Vox se enmarca en la senda ya iniciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con autonomías como Comunitat Valenciana, Aragón y Cantabria, cuyas normativas de memoria histórica han sido sustituidas por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia.

El Gobierno considera que estos textos “blanquean la dictadura franquista, niegan la existencia del golpe de Estado como causante de la Guerra de España de 1936 a 1939, pretenden que no se conozca la verdad de lo que ocurrió y, lo que es peor, condenan a las víctimas de nuevo al olvido”. Asimismo, sostiene que estas reformas mantienen aspectos vinculados a las exhumaciones pero eliminan elementos esenciales relacionados con el derecho a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), será juzgado del 25 al 29 de octubre de 2027 por romper, el 18 de junio de 2024, una fotografía de tres víctimas del franquismo, expuesta en la tapa del ordenador de la vicepresidenta segunda de la Mesa, mientras se debatía la propuesta de PP y la formación de extrema derecha de derogar la ley autonómica de memoria democrática. Los hechos provocaron una oleada de indignación dentro y fuera de Balears, con peticiones de dimisión que Le Senne nunca ha atendido. El Govern de Marga Prohens (PP) tampoco le ha forzado a abandonar el cargo. 

El acusado se ha sentado este miércoles en el banquillo de la Audiencia Provincial de Balears en una vista preliminar en la que su defensa ha negado que incurriese en irregularidad alguna -se le acusa de un delito de odio-, lo que ha frustrado la posibilidad de alcanzar un acuerdo con las acusaciones para evitar el juicio. Los tribunales deberán determinar durante el juicio si el también presidente de Vox en Balears actuó de forma deliberada o si, como sostiene, la ruptura de la imagen fue accidental. Varios familiares de víctimas de la represión franquista se han congregado a las puertas del órgano judicial en protesta por los hechos.

Hasta el momento, Le Senne ha defendido que se limitó a aplicar el reglamento parlamentario, mientras que las acusaciones sostienen que el episodio constituyó un ataque a la dignidad de las mujeres asesinadas por el franquismo. La Fiscalía, por su parte, mantiene su criterio de que no existen elementos suficientes para acreditar un delito de odio.

Entre otras cuestiones, la Sala ha rechazado que se cite como testigo perito al historiador David Ginar, autor de la biografía sobre Aurora Picornell, conocida popularmente como 'la Pasionaria de Mallorca', al entender que el peso de su figura no es un hecho controvertido. Sobre este asunto, el letrado del colectivo Estimada Aurora, Sebastià Frau, ha explicado que el objetivo era contraponer la ideología de Picornell y el resto de víctimas con “la ideología del acusado”.

Hasta cuatro años de prisión y once de inhabilitación

En concreto, la entidad Memòria de Mallorca -en unión con los descendientes de Aurora Picornell y de las activistas Maria y Antònia Pascual, quienes figuraban en la fotografía- solicita para Le Senne 20 meses de prisión; Colectivo Aurora reclama un año y cuatro meses de cárcel, 11 años de inhabilitación para cargo público y 30.000 euros de multa, mientras que el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) pide hasta cuatro años de cárcel, otros cuatro de inhabilitación y 13.000 euros de multa. Éste último también pedía que Vox fuese llamado a juicio como responsable civil subsidiario, un extremo que, sin embargo, el juez instructor rechazó.

Le Senne, en cambio, solicita su absolución al aseverar que no ha quedado acreditada la intención de humillar a las víctimas ni una motivación discriminatoria. Durante la declaración que prestó como investigado en septiembre de 2024, Le Senne se aferró a los mismos alegatos que hasta ese momento había esgrimido públicamente: que el episodio fue “accidental” y que éste tuvo lugar después de que Garrido se negara a retirar el retrato, lo que, en opinión del presidente, contradice la neutralidad requerida en la Mesa del Parlament.

Al ser preguntado por la Fiscalía sobre si con una fotografía de Franco habría hecho lo mismo, el máximo representante de la Cámara autonómica respondió que sí. El parlamentario se negó a responder a las acusaciones particulares, pero sí lo hizo a preguntas del Ministerio Público, de su abogado y del juez.

Por su parte, el Ministerio Público, que se ha pronunciado en varias ocasiones para apoyar el archivo de la causa, sostiene que, aunque la conducta de Le Senne de fue un acto de califica de “colérico” -motivo por el que censuró sus formas-, considera que no ha quedado acreditado, con las exigencias propias del derecho penal, el dolo que llevaría a hablar de un delito de odio, concretado, en este caso, en la voluntad de lesionar la dignidad y la memoria de las mujeres víctimas de la represión franquista. Tampoco aprecia en los hechos motivación discriminatoria.

El juez apreció indicios de una actuación intencionada

En el auto que puso fin a la instrucción del caso y dejó al dirigente de extrema derecha a las puertas del juicio, el juez consideró que su gesto lesionó “la dignidad de esas personas y sus familiares y de los partidos políticos de que eran militantes, y acredita la clara intención de humillarlos”. La resolución se apoyaba en las diligencias practicadas hasta entonces, entre ellas las imágenes aportadas al procedimiento, en las que “se puede apreciar cómo el señor Le Senne, después de arrebatar la fotografía, no la tira inmediatamente al suelo sino que la mantiene en la mano izquierda, la deja un momento en la zona situada sobre de sus piernas, donde podría parecer que la esté manipulando de alguna manera, y después la tira con la mano derecha”.

La Sala de la Audiencia Provincial que confirmó la apertura de juicio oral también consideró que las imágenes aportan indicios compatibles con la posible existencia de dolo, es decir, de una actuación consciente e intencionada. Los magistrados señalaron que corresponde al juicio determinar si la ruptura fue deliberada o accidental, una cuestión central para esclarecer la responsabilidad penal del acusado. La defensa y la Fiscalía rechazan esa interpretación.

La subasta de bienes sacados del Pazo de Meirás es “un espectáculo lamentable e inmoral”, según la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña, que carga contra el Estado y la Xunta porque considera que esto es una evidencia de que “no defendieron adecuadamente” estos objetos, muchos de los cuales sostiene que deberían formar parte del patrimonio público. Lamenta esta “especie de feria de oportunidades del franquismo” que tiene como beneficiarios a los herederos del dictador Francisco Franco: “Una asquerosa apología muy lucrativa del régimen”.

El colectivo memorialista protesta porque las administraciones no atendieron sus peticiones de hacer inspecciones de los bienes y, en caso de que se encontrase alguno del dominio público, se impidiese la venta. Con independencia de que figuren o no en inventarios, “los bienes de dominio público son imprescriptibles e inalienables”, recalca. La CRMH hace referencia a los inventarios e informes encargados sobre los bienes que estaban en el interior del pazo una vez que la Justicia falló que el inmueble debía pasar a manos del Estado. Esos documentos fueron los que determinaron qué piezas debían permanecer en Meirás y cuáles se consideraban propiedad de los Franco.

La CRMH asegura que, entre los bienes sacados a subasta, hay objetos que estaban en Meirás antes de que muriese el dictador e incluso antes de la llegada de los Franco en 1938, por lo que están ligados a la escritora Emilia Pardo Bazán o al periodo de la dictadura. Cuestiona que estas piezas no se hayan reclamado como patrimonio público. En el catálogo de la puja, insiste, se evidencia que muchos de los objetos tienen, “como mínimo, una aparente vinculación” con esas etapas históricas y que, en varios casos, es fácil identificarlos con fotografías antiguas. “Exigimos, pues, que se den las explicaciones oportunas de por qué bienes del pazo, que tienen la consideración anteriormente descrita, no fueron incorporados a los inventarios que defendió la Abogacía del Estado en los diferentes procesos de reclamación judicial”.

Esta falta de diligencia de la que acusan a Xunta y Estado en la defensa de los bienes de Meirás “atenta contra la integridad patrimonial del pazo”, pero también “contra la memoria y el respeto que una sociedad democrática debe ofrecer a las víctimas del franquismo”. “Es inaceptable que, a más de 50 años de la muerte del dictador Franco, sus herederos continúen apropiándose de bienes que tienen su origen en la dictadura franquista”, recalcan. Y consideran que esto contradice algunas de las afirmaciones que se hacen en la reciente declaración del pazo como Lugar de Memoria, como la de que el inmueble deja de ser un símbolo de la apropiación y el poder franquista para ser un referente de la defensa de los valores democráticos y de la construcción de una memoria colectiva basada en la verdad, la justicia, la reparación y la preservación del patrimonio común. Con la subasta “ocurrió justo lo contrario”, agregan.

La CRMH recuerda que está pendiente la ejecución de la liquidación del estado posesorio de Meirás, lo que va a implicar que el Estado abone una compensación a los Franco por abandonar el pazo, dado que la sentencia considera que los herederos del dictador actuaron de buena fe. De nuevo, protesta el colectivo, los beneficiarios son los descendientes de Francisco Franco. Estos ingresos que van a tener, tanto por la indemnización como por la subasta, se derivan de procesos en los que las administraciones “reconocieron derechos a los herederos del dictador que resultan insoportables en términos morales y democráticos”, concluyen.

La cola llega hasta la puerta y ya debería haber comenzado la subasta hace más de diez minutos. Público clásicamente vestido entra en un goteo constante a la casa de subastas Magna Art, situada en el exclusivo barrio Salamanca de Madrid, para intentar hacerse con alguno de los objetos que Franco atesoró en el Pazo de Meirás de Sada (A Coruña) desde 1938. Sus herederos los han empezado a vender este martes en una subasta inédita en la que la carrera por llevarse a casa una reliquia del franquismo ha inflado los precios y ha saturado los sistemas informáticos al inicio de la jornada.

Porcelanas, lámparas, alfombras, pinturas, relojes, muebles y otros artículos de decoración y menaje que poblaron la residencia de verano ocupada por Franco desde la Guerra Civil han ido vendiéndose uno a uno mientras el precio de salida se quedaba atrás en cuestión de segundos. La subasta se ha prolongado durante más de seis horas, con pujas hasta bien entrada la noche, sin que aún así haya dado tiempo a sacar a la venta todos los lotes. La puja seguirá este miércoles, pero hasta ahora se han adjudicado 250 lotes con los que la familia Franco ya ha recaudado 247.500 euros, a los que hay que restar lo que perciba la casa de subastas. En total, el catálogo está compuesto por 689 bienes.

Todos los objetos han superado su valor inicial y algunos lo han hecho con creces: ha sido el caso de la fotografía “coloreada” de 53x45 cm de la familia del dictador en la que aparecen él, su mujer, Carmen Polo, y su hija Carmen. Las pujas han ido subiendo como la espuma desde que se ha ofertado el lote partiendo de los 80 euros de precio inicial hasta los 2.250 definitivos. Lo mismo ha ocurrido con el cuadro de Isabel de Cubas y Gerdtzen, condesa de Morata de Jalón, que precisamente retrata el Pazo de Meirás con una dedicatoria en la parte trasera: “Para mi querida Carmen Franco con todo mi cariño”. Su precio de salida era de solo 50 euros, pero ha acabado adjudicado por 6.000, 120 veces más.

Junto a las ofertas presenciales, ha sido posible comprar por teléfono y vía online, tanto en España como desde el extranjero. Al tiempo que el personal de la casa de subastas atendía las llamadas en directo y gestionaba las pujas por la web, la directora se ocupaba de quienes con la paleta en alto ofrecían más dinero desde la sala.

Algunas cosas han concentrado decenas de pujas y se han disputado durante varios minutos. Por ejemplo, un tapiz con el escudo franquista ha desatado una 'pelea' entre un comprador telefónico y otro que intervenía desde fuera de España a través de plataformas internacionales. Finalmente, se lo ha llevado este último por diez veces más de su precio de salida: 9.000 euros frente a los 850 de la tasación.

Medio siglo después de la muerte del dictador todavía hay quienes pagan grandes sumas de dinero por objetos que supuestamente podría haber usado el responsable de implantar en España un régimen de muerte y represión durante cuatro décadas. El personal de la casa de subastas reconoce que ha habido franquistas declarados pujando por estos bienes, pero aseguran que también coleccionistas o “interesados” en la Historia de España. El Pazo de Meirás es de titularidad pública desde 2020, cuando la Justicia condenó a los Franco a devolvérselo al Estado.

“Todos los españoles deberían tenerlo”

Pocos minutos antes de arrancar, a las puertas de la sala algunos de los asistentes agachaban la cabeza para evitar a los periodistas mientras otros no dudaban en erigirse en admiradores de Franco: “Vengo a por un recuerdo del Pazo de Meirás, que es algo que todos los españoles deberíamos tener”, decía una mujer ataviada en joyas y abrigo de piel que afirmaba tener “cariño y respeto” por el dictador.

Otra mujer acudió para llevarse a Galicia, donde “también” tiene un pazo, algo de Meirás. Y “no porque pertenezca a Franco”, sino porque le gustan “las cosas”, asegura. Entre ellas, le interesaba especialmente un juego de platos para consomé que están decorados con el escudo de la familia Franco. Eso sí, tendrá que esperar a este miércoles para hacerse con ellos porque aún no han salido a subasta.

Entre los que sí han sido vendidos, hay varios objetos que han disparado su precio ampliamente: una jarra de pico en cerámica esmaltada de Talavera de la Reina ha sido adquirida por 10.000 euros partiendo de un precio inicial de 350. Un par de pequeños leones decorativos de porcelana azul ha multiplicado por diez su valor de partida y han sido adjudicados finalmente por 3.500 euros. El interés se ha desatado también por una pareja de figuras decorativas de madera que representan a dos “niños mártires” cuyo valor inicial era de 120 euros y se ha vendido por 5.000 euros.

Imágenes, cuadros y artículos religiosos han despertado la atención de los compradores. Entre ellos, los varios lotes de vestimentas litúrgicas que estaban en la capilla del pazo gallego, vendidos por entre 600 y 800 euros. La lámpara de hierro forjado que colgaba del techo de la biblioteca partió de un valor inicial de 450 euros y alguien ha dado por ella 2.000 euros. Alguno de los objetos que han alcanzado precios más altos son un óleo de San Francisco que se atribuye al círculo de Luis Tristán (6.000 euros) o los 4.000 por los que se ha vendido un cuadro de Santa Teresa del siglo XVII.

La subasta ha disparado la indignación de las asociaciones memorialistas, que denuncian que la familia Franco pueda “hacer caja” y enriquecerse con estas propiedades. La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña (CRMH) llevaba semanas denunciando la “pasividad” de la Xunta de Galicia y el Gobierno central, a los que reclama una intervención en la puja para “verificar” si estos artículos pueden tener la condición de “bienes de dominio público”.

En total, el catálogo incluye más de 600 objetos que la familia Franco sacó del Pazo de Meirás el pasado verano, cuya titularidad pública confirmó el Tribunal Supremo este año. La Abogacía del Estado reclamo una parte de los bienes que estaban dentro del palacio y que consideraba públicos y, el resto se quedó en manos de los herederos del dictador. Entonces, los Martínez-Bordiú Franco encargaron a Magna Art Auctions que subastara los bienes. Es una puja “normal, como otra cualquiera”, decía ante los medios de comunicación al comienzo de la tarde su director, José Miguel Carrillo de Albornoz, que ostenta el título de vizconde de Torre Hidalgo.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santander están valorando recurrir la declaración de Lugar de Memoria Democrática el antiguo campo de concentración de La Magadalena.

Así lo ha informado la alcaldesa, Gema Igual, este martes a preguntas a la prensa, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Igual ha señalado que a los afectados no se les ha notificado hasta el momento y tampoco han llegado al Consistorio los informes que, según les dijeron, habían pedido a las universidades para llevar a cabo dicha declaración.

“Es un edificio en el que volver al pasado o a las divisiones no genera ningún beneficio, sino todo lo contrario, muchos perjuicios”, ha opinado la alcaldesa, que ha indicado que al Palacio o a Caballerizas van personas “de todas las ideologías políticas” y así quieren que siga siendo.

“Nos parece absurdo lo que están proponiendo, pero en este Ayuntamiento cumplimos con las leyes y estamos analizando esa resolución”, ha trasladado.

Ley de Memoria Democrática “divide a los españoles”

La regidora ha valorado que la Ley de Memoria Democrática es “como poco, cuestionada” y “divide a los españoles”, por lo que cree que es “una muy mala forma de avanzar como sociedad”.

Asimismo, se ha referido “la premura” y “la oportunidad” del Gobierno central, al que ha criticado que “resucite” temas de memoria histórica “para querer tapar otras cosas”.

“Es volver sobre el pasado, con el presente y el futuro tan oscuro que tenemos en estos momentos”, ha opinado Igual, que ha avanzado que de lo que se van ocupar es “que el futuro sea mucho mejor” y, además, hay unas elecciones de por medio.

La declaración se refiere al edificio en el que se ubicó el campo, las antiguas Caballerizas del Palacio de La Magdalena, que tiene actualmente uso de residencia de estudiantes.

Tiene efectos a partir de este lunes 26, cuando se ha publicado la resolución en el BOE y contra la misma -a la que se opuso el Ayuntamiento de Santander-, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante el órgano que lo dicta en el plazo de un mes desde su publicación, o impugnarlo directamente, mediante recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

El Gobierno ha reconocido formalmente como Lugar de Memoria Democrática el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, un inmueble de principios del siglo XX considerado como el principal testimonio de la represión que sufrió la Masonería en la España franquista desde 1936.

De hecho, la resolución del Boletín Oficial del Estado (BOE) que proclama su nueva condición legal, subraya que el Templo Masónico de Tenerife fue “un lugar donde se cometieron graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, al haber sido objeto de persecución sistemática por parte del régimen franquista desde los primeros días del golpe de Estado de julio de 1936”.

Este edificio del centro de la capital tinerfeña es el principal legado de la logia Añaza, cuyos “archivos y documentación fueron incautados, sus miembros detenidos, torturados y, en muchos casos, ejecutados o desaparecidos, mientras que el propio edificio fue utilizado como centro de represión, interrogatorios y almacenamiento militar”, añade la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Propiedad en la actualidad del Ayuntamiento de la ciudad y reconocido desde 2024 como Monumento de Memoria Histórica de Canarias, el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife sufrió la consecuencias durante la Guerra Civil y la dictadura de “un plan de persecución contra la masonería, representando el terror, la represión y la criminalización de la libertad de pensamiento”.

Todo ello, subraya la Secretaría de Estado, lo convierte “en un símbolo de la violencia política y de la vulneración de los derechos fundamentales durante la dictadura franquista”.

De este modo, el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife pasa a ser el segundo Lugar de Memoria Democrática que se declara en Canarias, donde ya ostenta esa condición la Colonia Penitenciaria de Tefía (Fuerteventura), un campo de concentración utilizado por el franquismo para reprimir y someter a trabajos forzados a personas detenidas bajo el único cargo de ser homosexuales.

Un templo único

El simbolismo del Templo Masónico está unido de manera singular a la represión del franquismo, pero su valor va más allá, ya que constituye uno de los principales legados de la Masonería en España.

Fue, de hecho, el “mayor centro de la Masonería en España hasta la ocupación militar de 1936”, destaca como uno de los ejemplos más relevantes de la arquitectura masónica en el país y, a principios del siglo XX, albergó una escuela laica que impartía clases gratuitas a adultos, “aplicando un programa de estudios que respondía a las corrientes pedagógicas progresistas de la época”.

El inmueble presenta una fachada de inspiración egipcia que exterioriza diversos elementos de simbología masónica y que, pese al deterioro sufrido con el paso del tiempo, ha conservado esencialmente su configuración desde la conclusión de las obras de ornamentación en 1923.

“Cabe destacar que ha convivido de forma pacífica con el resto de la ciudad, constituyendo un admirable ejemplo de tolerancia e integración de la masonería en la sociedad santacrucera y canaria”, resalta la resolución del BOE.

Durante los años en los que fue incautado por el franquismo, sirvió inicialmente como sede de Falange, que lo utilizó para organizar visitas guiadas en las que se “tergiversaba” su significado y se alimentaba el miedo de la población “sobre los supuestos fines oscuros de la Masonería”.

“Esta circunstancia contribuyó a la desnaturalización de la identidad masónica, que empezó a percibirse en la ciudad con pánico y miedo, al extenderse la creencia de que en el templo se llevaban a cabo sacrificios de niños y rituales de brujería”, añade la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Luego, fue convertido en almacén de víveres y, más adelante, lo transformaron en farmacia militar.

“En 2009, en el transcurso de unas reparaciones en el templo, aparecieron restos humanos que corroboran los testimonios de quienes allí fueron cruelmente represaliados”, añade el BOE.

Su declaración como Lugar de Memoria Democrática es el colofón al acuerdo suscrito hace un año entre el ministerio del área y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, gobernado por CC y PP, para divulgar la historia de la Masonería en Canarias y España, sensibilizar a la ciudadanía sobre la persecución que sufrió y desarrollar actividades que contribuyan al conocimiento de su papel histórico y contemporáneo. 

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha confirmado la retirada de los retratos de tres presidentes de las Cortes franquistas de la galería de la Cámara Baja y ha defendido la decisión como una medida de reconocimiento a las víctimas de la dictadura y reparación histórica. “Demostramos el compromiso del Congreso de los Diputados con la memoria democrática, reconociendo a las víctimas de la dictadura y contribuyendo a reparar una injusticia que ha durado demasiado tiempo”, ha señalado en una publicación en la red social X. 

Armengol ha explicado que la retirada cumple el acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso para eliminar de la galería los retratos de quienes, según sus palabras, “participaron en la represión y las estructuras que sostuvieron la dictadura”. En este sentido, la presidenta también ha vinculado expresamente la medida al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. 

La propuesta, presentada por la diputada de Sumar, Esther Gil de Reboleño, y aprobada el pasado 13 de octubre por la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso, ha contado con el apoyo del PSOE y la abstención del PP y se ha llevado a cabo antes del homenaje institucional a las víctimas del golpe Militar, la Guerra Civil y la dictadura franquista previsto para el próximo 31 de octubre. 

Los cuadros retirados corresponden a Esteban Bilbao y Eguía, Antonio Iturmendi Bañales y Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda, todos ellos presidentes de la institución durante la dictadura franquista. Sin embargo, el acuerdo actual excluye el retrato de Torcuato Fernández-Miranda, presidente de las Cortes entre 1975 y 1977, durante la transición política. 

La decisión llega tras años de reclamaciones de organizaciones memorialistas, entre ellas la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que había solicitado en varias ocasiones la retirada de los retratos de los presidentes de las Cortes franquistas al considerar que su exposición en una institución suponía un reconocimiento público a dirigentes del franquismo. La asociación apeló al artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática, relativo a la retirada de elementos contrarios a la memoria democrática en edificios públicos. 

Los presidentes de las Cortes franquistas compartían la galería de políticos ilustres con Clara Campoamor, a quien, en palabras de la asociación, Emilio Silva, “obligaron a morir en el exilio”. “No posible aceptar que quienes fueron dirigentes de la destrucción e la pluralidad y la libertad, que son principios básicos de un parlamento democrático, permanezcan retratados en esa galería”, afirmó.

El acuerdo se cumple así después de que otras iniciativas anteriores para retirar estos retratos y reclamadas por formaciones de izquierda no prosperasen. En 2023, fue rechazada una propuesta de EH Bildu para retirar también estos retratos y el del exministro franquista, Manuel Fraga.

El Ayuntamiento de Vitoria ha ejecutado el anunciado cambio de nombre de dos calles del barrio de San Martín cuyas denominaciones estaban vinculadas al franquismo. Así, la ronda de Sáez de Tejada pasa a llamarse por el nombre de la pintora Paz Díaz de Espada, mientras que Vicente Abréu cambia su denominación por el de la artista mexicana feminista Frida Kahlo. Se trata de una zona conocida como Los Pintores por estar todas las arterias consagradas a esos artistas.

En julio la alcaldesa, Maider Etxebarria, del PSE-EE, acordó seguir dando pasos para eliminar denominaciones del callejero “vinculadas a la dictadura”. Los cambios cuentan con el visto bueno de expertos consultados por el Ayuntamiento. Etxebarria ha asegurado que “la ciudad debe apoyarse en la memoria democrática para seguir avanzando y, al mismo tiempo, incorporar más nombres de mujeres al callejero”.

En el mismo plan está previsto, igualmente, que el Ayuntamiento también sustituya el nombre de la calle de Juan de la Cierva, en el parque tecnológico de Miñano, por el de la bioquímica Margarita Salas. Sin embargo, no se actuará, por ejemplo, en la calle de José Lejarreta, falangista y segundo alcalde en la dictadura, o en la de Carmelo Ballester, obispo también en ese período y que llegó a participar en actos de homenaje a la Alemania nazi. El caso de otro regidor, Pedro Orbea, ni siquiera ha sido considerado por los expertos.

Quiénes eran los “pintores”

Carlos Sáez de Tejada fue un ilustrador y muralista de familia diplomática con orígenes en Laguardia, en la Rioja Alavesa. En la Guerra Civil, trabajó para la propaganda franquista, con sede en Salamanca, con dibujos y publicaciones alegóricas. La Fundación Francisco Franco pone en valor su labor en defensa de la “cruzada”. Ilustró incluso publicaciones del propio dictador o el 'Cara al sol', el himno falangista. Pero también 'Platero y yo' de Juan Ramón Jiménez, Nobel de literatura y exiliado tras el golpe de Estado. Un hotel de Vitoria luce uno de sus murales más conocidos, el que hizo para la antigua fábrica de naipes Heraclio Fournier. El Ateneo Republicano, promotor de estos cambios de nombres, entendió que retirarle la calle “no impide” su “reconocimiento” artístico.

De su lado, Vicente Abréu, aunque aparecía como “pintor y recibió su calle en la transición entre la dictadura y la democracia con una corporación encabezada por Alfredo Marco Tabar, de UCD, era un militar nacido en Vitoria. Fue miembro de la Unión Militar Española (UME, sin nada que ver con la actual unidad del Ejército de Tierra) en la II República. Este grupo ”conspirativo“ -en definición del historiador Antonio Rivera- quería derrocar el régimen constitucional. Abréu colaboró con Camilo Alonso Vega en la sublevación. Alonso Vega, amigo personal de Franco, era el máximo mando militar en Vitoria en julio de 1936 e hizo que Vitoria fuera la primera capital conquistada por los golpistas. A finales de 1936, Abréu ya era gobernador militar de Álava y presidió Consejos de Guerra que acabaron en fusilamientos y detenciones. En un período breve, en 1943, presidió la Diputación. Fue designado como ”hijo predilecto“ de Vitoria por el alcalde José Lejarreta. Una entidad social apoyada Ayuntamiento, Diputación y Fundación Vital, la Fundación Vicente Abréu, lleva el nombre de este personaje por estar ubicada su sede en esa calle.

Una obra “reveladora y renovadora”. Así ha definido el jurado del Premio Nacional de Historia La hambruna española: victoria y muerte en la posguerra (Crítica), la obra que ha hecho al historiador Miguel Ángel del Arco llevarse el galardón este año. El libro cuestiona una de las imágenes más arraigadas de la posguerra: la de un país que pasó hambre como consecuencia inevitable de la Guerra Civil. Y detalla su verdadera dimensión: lo que hubo, sostiene este profesor de Historia de la Universidad de Granada, fue más bien una auténtica hambruna provocada y después “borrada” por el franquismo tras “llevarse miles de vidas por delante”.

El historiador destierra los mitos que han sobrevivido al propio Franco en un libro que acaba también de ganar el premio Almudena Grandes de La Rinconada y que nació con vocación de ser una obra “de hombres y mujeres comunes” cuya memoria del hambre llega hasta nuestros días. “Asistimos a un desprecio al conocimiento y a la ciencia y una primacía de la subjetividad. Y ya sabemos a dónde nos lleva eso”, dice sobre el auge del revisionismo histórico el experto, que ha acusado a PP y Vox de utilizar su firma “torticeramente” para intentar blindar la cruz franquista de Cáceres.

¿Por qué ha tardado tanto en reconocerse la verdadera dimensión del hambre durante el franquismo?

Es difícil que España se acuerde porque fue borrada de la historia por el franquismo, que siempre negó su existencia. Sobre todo quiso ocultar la magnitud de la tragedia y su propia responsabilidad en la misma. Que se muera la gente de hambre es el peor aval que puede tener cualquier gobierno. Hubo una propaganda brutal, pero lo curioso es que la gente, especialmente las mujeres, transmitieron una memoria de todo aquello aunque no le pusieran el nombre de hambruna.

Esa memoria pervive en la imagen del pan negro, el estraperlo, las cartillas de racionamiento, una abuela que besa el pan cuando se cae al suelo... Está presente en la literatura y el cine, pero no ha pasado a la historia como una violencia propia del franquismo.

No, porque categorizarlo así implica preguntarnos por qué pasó y eso lleva directamente a las responsabilidades del régimen. Además, hablamos de unas dimensiones inmanejables: más de 200.000 personas fallecieron por el hambre o enfermedades derivadas entre 1939 y 1942, a las que hay que sumar 20.000 más en 1946. Solemos hablar de 150.000 víctimas de la violencia franquista represiva y nos horroriza. Ahora que estamos hablando de la 'ley de nietos', hay que mencionar que el exilio se produjo también por el hambre.

Todo se explica por la actitud imperialista y fascista del régimen. Franco tuvo que elegir entre pan e imperio y escogió lo segundo.

Decía que la dictadura ocultó esta situación. ¿Con qué estrategias?

Hubo varias fases, pero cuando ya era imposible eludir del todo lo que pasaba se recurrió a una propaganda brutal que relacionaba el hambre con tres elementos: la Guerra Civil, el aislamiento internacional y lo que llamaban la 'pertinaz sequía'. Son los mitos construidos por el régimen, que se han demostrado falsos. Sin embargo, las destrucciones de la guerra no fueron tan grandes como para ello y, de hecho, durante la contienda no hubo hambre en el bando franquista.

Sabemos también que solo el año 45 fue negativo en lluvias y no en toda España y el aislamiento internacional es una verdad a medias. No es que España no pudiera comerciar, es que durante la Segunda Guerra Mundial exportaba alimentos a la Alemania nazi y la Italia fascista como pago por su ayuda militar en la Guerra Civil mientras la gente aquí se moría de hambre. Por otro lado, los aliados impusieron un bloqueo económico porque estábamos colaborando con el Eje. En el fondo, todo se explica por la actitud imperialista y fascista del régimen. Franco tuvo que elegir entre pan e imperio y escogió lo segundo.

¿Han sobrevivido estos mitos al dictador?

Plenamente. Los historiadores siempre luchamos contra los mitos del poder. Hoy el más sólido es el de la imagen de éxito que el régimen vendió sobre sí mismo, sobre todo durante los años 60 y 70. Con una España rebosante de pantanos, turistas dispuestos a disfrutarla y un desarrollo económico supuestamente envidiable. Todo ese discurso sepulta la tragedia de la hambruna de la que el mismo régimen fue responsable.

¿Cuáles fueron las verdaderas causas de la hambruna?

La Guerra Civil es un antecedente, pero si hubiera sido determinante, la hambruna hubiera empezado durante la contienda. No fue accidental, estuvo motivada por decisiones políticas y económicas. La principal causa es la política económica autárquica del franquismo. Fue un modelo que aspiraba a la autosuficiencia de la nación, un cuento de la lechera sin fundamento económico que provocó un auténtico desastre y un grandísimo mercado negro, precios disparados y bajísimos salarios. En 1940, un jornalero andaluz cobraba seis pesetas al día y una barra de pan costaba diez.

Es un mito que Franco fuera un político honrado y no hubiera corrupción, pero está demostrado que el régimen se llenó los bolsillos a costa del sufrimiento y las vidas de muchas personas.

La corrupción también contribuyó. Otro de los mitos es que Franco era un político honrado y no había corrupción, pero está demostrado que el régimen, la Iglesia, Falange y el Ejército se llenaron los bolsillos a costa del sufrimiento y las vidas de muchas personas. La autarquía suprimió el libre mercado y el Estado controlaba todo el alimento, lo que le daba un poder enorme para enriquecerse. Disfrutaban del botín de guerra mientras otros se morían de hambre. Fue como una España de pan blanco y pan negro, de abundancia y de escasez y muerte vinculada a la Victoria franquista.

En algunos momentos del libro lo llama la “hambruna de la Victoria”...

Hay un elemento político clave. Los que hicieron la guerra y la ganaron no pasaron hambre. Se ve claro cuando miras dentro de las cárceles, donde el hambre fue un elemento de castigo contra los republicanos. Si Lorca es el prototipo de las víctimas de la violencia franquista, Miguel Hernández lo es de las víctimas de la hambruna. Impactó a las clases bajas y trabajadoras y especialmente en el sur del país y en las zonas rurales. Dentro de las ciudades también hubo diferencias: sabemos que en los barrios obreros de Madrid, como Vallecas, la talla de los jóvenes cayó por la malnutrición. Eso no pasó en Chamberí.

El franquismo quiso ocultar lo que estaba ocurriendo en el país, pero ¿le beneficiaba políticamente en algo esta situación?

Fue rentable. En primer lugar, porque a través del enriquecimiento de militares y miembros del Consejo de Ministros, Franco se aseguraba su apoyo y cimentaba su régimen. Y después porque el hambre es un elemento desmovilizador brutal. Cuando tienes hambre, los sueños políticos y la idea de subvertir el régimen desaparecen, te convierte en un ser obligadamente individualista. Además, Franco utilizó el hambre como arma de reeducación a través de la Iglesia u el Auxilio Social de Falange, donde a cambio de un pan, se exigían lealtades.

Una creencia muy extendida en su momento entre la población es que Franco no se enteraba de los problemas de los españoles, que si no lo solucionaba, era porque no lo sabía.

Es completamente falso. Franco fue responsable directo de la adopción de la política autárquica que provocó la hambruna y sabemos que estuvo implicado en negocios de corrupción, como el del café regalado por Getúlio Vargas. Muchos de los documentos que he utilizado son de la Fundación Nacional Francisco Franco, que son los que él tenía en su despacho y en ellos es claro que el dictador conocía que la gente se estaba muriendo de hambre. Tenía estudios en los que se concluía que las clases bajas gastaban el 90% de su sueldo en vivienda y alimentación. También informes de economistas que eran franquistas pero no tontos y que le decían que su política era equivocada.

Vivimos un auge del revisionismo histórico, hemos visto a líderes de Vox hacer declaraciones cuestionables sobre el franquismo e impulsar junto al PP leyes autonómicas que obvian el golpe de Estado de 1936. ¿Cómo ve este escenario?

Preocupante. No solo respecto a la historia. Lo que hay detrás es un desprecio al conocimiento y a la ciencia y eso es pegarnos un tiro en el pie. Si hemos llegado hasta aquí y por fin conocemos nuestra historia es precisamente porque ha habido democracia y educación pública. Hoy vivimos una primacía de lo subjetivo y la emoción por encima de la preparación y la racionalidad. Pero ya sabemos a dónde nos lleva eso, dónde nos llevan los ultranacionalismos. Tenemos el siglo XX para verlo.

Antes de escribir este libro no sabía si había habido una hambruna en España, he tenido que investigar y visitar más de una veintena de archivos para demostrar que las piezas encajan.

En el libro asegura que “los historiadores no emitimos opiniones sobre el pasado”. Está siendo cada vez más habitual la acusación desde la extrema derecha de que sus conclusiones son producto de su posicionamiento ideológico.

Yo antes de escribir este libro no sabía si había habido una hambruna en España, he tenido que investigar para demostrar que las piezas encajan, visitar más de una veintena de archivos, entrevistar a diferentes personas y tomar las consideraciones previas de otros historiadores para llegar al convencimiento. No es una opinión, es un trabajo y una labor común de los que me han precedido. Estos discursos lo que persiguen a través de mi desprestigio profesional es deslegitimar el mensaje y evitar que la gente se informe.

El pasado 12 de octubre vimos en la Puerta del Sol jóvenes con el brazo en alto, banderas franquistas y entonando el 'cara al sol'. ¿Se han cometido errores en la manera en que se ha transmitido la historia para que estos símbolos se hayan resignificado?

Se ha llegado tarde, pero se ha llegado. Quiero romper una lanza porque lo que pasa en los institutos, al menos los públicos, es que se transmiten bien los conocimientos, pero hay dos cuestiones que se nos están escapando: el universo digital y las familias. Percibo una relación muy directa entre la posición política de muchos jóvenes y lo que escuchan en casa y en el entorno digital.

Andalucía da los primeros pasos para atender a las personas con poliomielitis cuatro años después de que la Ley de Memoria Democrática las reconociera como víctimas del franquismo. Una adaptación del circuito asistencial que conllevará la creación de un grupo de trabajo multidisciplinar en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que tiene como fin dar respuesta a las más de 10.000 personas afectadas en la comunidad, el mayor número del país. Sin embargo, los llamados 'niños de la polio' piden más rapidez y una respuesta integral acompañada por los servicios sociales para apoyar con todos los recursos posibles a una población ya altamente envejecida.

“El reconocimiento está hecho, pero en la práctica no hay nada”, cuestiona Pedro Varo, presidente de la Alianza por la Polio y la Postpolio en Andalucía (APPA). “El colectivo, ahora ya mayor, está sufriendo los síntomas de la postpolio, que es como si te pegara por segunda vez, por lo que pedimos investigación y que nos favorezcan para entrar en la Ley de Dependencia”. Para conmemorar el Día Mundial de la Poliomielitis, la APPA, perteneciente a la federación española, vuelve a pedir este 24 de octubre una ley de Apoyo, Asistencia y Atención Integral a las víctimas de Polio en Andalucía.

En este sentido, el pasado 8 de octubre, la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del SAS emitió una instrucción específica para abordar el tratamiento de los pacientes de polio, aunque aún hay lagunas en la forma en la que está planteada para la asociación.

“La persona con secuelas de polio o síndrome pospolio no tiene un interlocutor único y debe peregrinar por siete ventanillas distintas para cubrir necesidades que son simultáneas y relacionadas entre sí”, como ocurre con la rehabilitación y cronificación, la dependencia, la investigación que piden que haya sobre la enfermedad, o el censo estatal que aún no está confeccionado. “Es especialmente grave, porque hablamos de una población envejecida, con multimorbilidad y un síndrome que trae nuevas deficiencias décadas después de sufrir la polio aguda”, sostiene.

La Consejería de Sanidad indica, en respuesta a este medio, que el objetivo será “unificar criterios de derivación, definir competencias, identificar necesidades formativas e implantar un circuito asistencial homogéneo en todo el SAS”. Así, se analizará caso por caso las secuelas de la enfermedad y el impacto en su actividad diaria y, para quien lo requiera, se organizará un plan personalizado. “Se establecerán circuitos de derivación y seguimiento para evitar duplicidades y demoras innecesarias”, detallan, potenciando la cooperación entre la atención primaria y las especialidades hospitalarias como medicina física y rehabilitación, neurología, fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia.

“Se considera comprensible la preocupación expresada”

Una serie de actuaciones que ya ponía sobre la mesa la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que recogía la ley para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades de alta complejidad. Un avance que aún carece de una perspectiva holística, tal y como se desprende de un informe al que ha tenido acceso este medio.

Fechado en octubre de 2025 pero entregado a los afectados el pasado 15 de octubre como respuesta a una reclamación, el SAS especifica que hay 8.783 personas con diagnóstico de poliomielitis aguda, secuelas y síndrome pospolio registradas en la sanidad andaluza. A tenor de la cifra, y “mientras se diseña e implanta el circuito”, los centros atenderán a los pacientes conforme a las recomendaciones de la Guía elaborada por el Ministerio de Sanidad.

El SAS asume la asistencia sanitaria, la rehabilitación, la fisioterapia y la planificación de sus recursos humanos. Por contra, responde que el registro estatal de personas afectadas excede a sus competencias, aunque admite que podría colaborar con la información disponible aún “con la limitación conocida de la infranotificación en historia clínica”, apuntan. En este sentido, se admite que “se considera comprensible la preocupación expresada por las personas afectadas respecto a los plazos, dado que se trata de una población de edad avanzada”.

En esta línea, el informe descarta dar atención relativa al programa de termalismo social (prestación que lleva el Imserso), la regulación de la situación de dependencia y su valoración, para lo que se ajusta a la emisión del informe de salud que se incorpora a la valoración final; así como la investigación, cuestiones que, recalcan, “corresponden a otras administraciones u órganos”. En el documento, no se menciona la posibilidad de crear un aparato integral para dar una respuesta única en vez de dejar a la suerte del paciente los trámites de forma disgregada cuando se trata de individuos con graves problemas de movilidad y dolor crónico.

“Déficit absoluto y relativo” de médicos rehabilitadores

El análisis pone de relieve que la plantilla de facultativos especialistas de área en Medicina Física y Rehabilitación (MFR) tiene “una presión asistencial elevada”, con 1 millón de entradas en consultas durante 2025 y más de 86.000 pacientes pendientes de primera consulta en mayo de 2026, frente a una plantilla de 310 plazas y una ratio media de 3,60 FEA por 100.000 habitantes. Para ello, los presupuestos históricos de 2027 contemplan la creación de 144 nuevas plazas entre 2027 y 2032 dado “el déficit absoluto y relativo” en los hospitales. Así, “esta incorporación amplía la capacidad de atención para las personas con discapacidad funcional crónica, entre ellas las afectadas por secuelas de polio y síndrome postpolio, y facilita el tratamiento rehabilitador pueda continuar en su centro de salud”.

En cuanto los servicios de fisioterapia, el SAS añade que dentro de los planes de contratación se incluirán 29 nuevas plazas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de Andalucía. “Aunque su destino es el paciente crítico, constituye el punto de partida autonómico para el refuerzo de esta categoría en el ámbito hospitalario”, excusan. Aún así, reiteran: “La incorporación de estas plazas está sujeta a la aprobación definitiva del Presupuesto de 2027, y los incrementos posteriores se concretarán en la programación de los ejercicios siguientes”.

Por otra parte, la podología se dirige a la diabetes y al pie diabético, observando que en el caso de la polio se remitirá a la ortoprotésica, así que no se contempla un seguimiento clínico.

“Deja al colectivo sin respuesta operativa”

Una vez conocida esta información, la Asociación Alianza por la Polio y Postpolio en Andalucía cuestiona la capacidad de la administración: “El informe reconoce el problema, pero no lo aborda”. Varo recalca que “no hay ni un solo compromiso concreto, cuantificado y específico para las secuelas de polio y el síndrome pospolio”, aparte de que tampoco hay calendarios ni indicadores para evaluar el plan. Asimismo, apunta a que el reconocimiento de la falta estructural de profesionales “no se traduce en una respuesta proporcionada” siendo el horizonte 2030, ¿cuántas personas mayores podrán entonces disfrutar de ello?

“Se diagnostica la enfermedad y se prescribe un tratamiento a seis años vista, sin garantía de que se dispense”, ya que este incremento de plantilla viene condicionada por los presupuestos autonómicos y el desarrollo de los recursos asistenciales. A ello, añade que “el informe se limita a señalar lo que es suyo sin tender puentes, por lo que deja al colectivo sin respuesta operativa”, para lo que pide mecanismos de coordinación entre las administraciones.

Andalucía, a la cabeza con más afectados

La polio fue negada por la dictadura franquista entre 1950 y 1960 pese a que ya campaba por toda Europa, lo que impidió que se administrara en el país la primera vacuna a la población. Una década perdida con más de 2.000 casos y unas 200 muertes al año que afectó especialmente a la infancia, pero no sería hasta 1963 cuando se produjo la primera campaña de vacunación. Sin registros oficiales de la época, el Ministerio de Memoria Democrática publicó en mayo de 2025 el Informe de comisión de personas expertas en las personas afectadas por la poliomielitis, efectos tardíos de la polio y el síndrome postpolio, donde se recoge que hay 43.782 españoles afectados.

Andalucía cuenta con 10.259 pacientes con polio, seguida por Cataluña (6.538), Madrid (6.162) y Comunidad Valenciana (4.843), según los datos que se extraen del Imserso de 2023. Del total nacional, se estima que hay un 64% de esta población con un grado de discapacidad de entre el 33% y el 65%, detalla el informe. Seguidamente, hay un 27% con más del 65%; y el 8% se sitúa en el grado del 33%. A pesar de estas cifras, el informe recoge que a un 67% de este grupo no se le encuentra el certificado de dependencia, pese a las secuelas.

Una batalla en la que el tiempo corre en contra debido a que la mayor parte de estas personas son de avanzada edad: 20.172 personas tienen entre 60 y 70 años; y otras 17.377 ya cumplen más de 80 años. “Esta espera se hace insufrible para los pacientes, que tienen una media de 70 años, ¿cuánto más van a esperar”, cuestiona Antonio David Sánchez, médico traumatólogo e investigador de la Universidad de Sevilla, además de autor del libro La poliomielitis: una negligencia del franquismo.

“La dictadura negó la epidemia en un momento en el que había mucho miedo. Los síntomas se manifestaban a los tres o siete días y aparecía como fiebre y una debilidad extrema, no podían levantarse de la cama o se caían al suelo”, cuyas secuelas físicas principales son la atrofia muscular, las deformidades esqueléticas o la dificultad para respirar, entre otras. Sánchez ha recibido a pacientes de toda Andalucía y contempla el daño que produce el síndrome pospolio: “Muchos de ellos se refieren a él como si volvieran a coger la polio por segunda vez”.

“Años después”

A día de hoy, no existe un tratamiento farmacológico para las personas con polio y, para las nuevas generaciones, la vacunación en lactantes es superior al 98% en Andalucía, según los datos trasladados por la Consejería de Sanidad, mientras que la dosis de vacuna a los 6 años, implantada desde el 2023 por indicación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene una cobertura consolidada superior al 93%.

“Lo que sí se ha demostrado es que los pacientes con polio tendrían que ser llevados en consultas multidisciplinares, con estudios rehabilitadores y tratamientos fisioterapéuticas”, indica el especialista, medidas acompañadas por los aparatos ortopédicos necesarios para su movilidad. No obstante, hasta sustituir un aparato por otro puede ser un obstáculo: “Tienes que convencerles para que lo utilicen, porque hay ocasiones en las que cambiar de ortesis les provoca muchos dolores, y prefieren la suya, aunque esté en peores condiciones”.

El especialista recibió la orden del SAS, pero subraya que viene “años después”. Años de esfuerzos y trabajo conjunto de las asociaciones que persisten frente al sistema. El pasado 23 de septiembre, la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley (PNL) relativa a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la poliomielitis. Cuatro años después de la ley de Memoria Democrática y casi 50 años después de que sus afectados la contrajeran. Un largo camino por recorrer si la administración continúa dilatando los tiempos.

“Lo peor no fue la guerra, lo peor vino después”. La frase se le quedó grabada a Miguel Ángel del Arco Blanco (Granada, 1978) durante su infancia, cuando una mujer humilde que lo cuidaba le hablaba de la posguerra. Aquella mujer, madre soltera y marcada por la Guerra Civil, le transmitió una memoria que acabaría convirtiéndose en el origen de su investigación histórica. Décadas después, el historiador granadino ha recibido el Premio Nacional de Historia de España 2026 por La hambruna española: victoria y muerte en la posguerra, un libro que reconstruye la catástrofe alimentaria de los primeros años del franquismo y cuestiona los argumentos con los que la dictadura justificó la miseria.

“Yo no iba buscando una hambruna, pero empezaba a levantar papeles en los archivos y es que estaba el hambre por todos los lados”, explica Del Arco, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada. En aquellos documentos encontró un fenómeno que, a su juicio, había recibido menos atención de la que merecía. “Se había prestado atención al falangismo, los camisas azules, quiénes estaban en los ayuntamientos, los gobernadores civiles, todo lo que tú quieras, Falange, pero es que el hambre se lo comía todo”.

La investigación, por la que también ha sido galardonado con el Premio Almudena Grandes del Ayuntamiento de La Rinconada, le llevó a identificar años especialmente duros, en los que aumentaba la mortalidad, se multiplicaban las preocupaciones por el racionamiento y las autoridades locales dejaban constancia de las consecuencias de la falta de alimentos. La hambruna, sostiene, no fue una simple prolongación de las penurias provocadas por la guerra, sino una catástrofe vinculada al modelo económico y a las decisiones políticas de la dictadura.

Del Arco estima en más de 200.000 las muertes en exceso durante los años estudiados, a partir de la comparación de los registros de mortalidad con los niveles habituales. La cifra incluye fallecimientos asociados a las consecuencias de la desnutrición y a enfermedades que afectaron especialmente a una población debilitada. “Una hambruna es una crisis de mortalidad, un aumento espectacular de la mortalidad, motivado por la falta de alimentos o porque la población no puede acceder al alimento”.

Una hambruna invisibilizada

El historiador insiste en que la cuestión no consiste únicamente en determinar si había comida disponible. “A veces puede haber alimento, pero o no lo puedes comprar o alguien lo acapara”. Esa distinción resulta fundamental para entender el funcionamiento de la economía de posguerra, marcada por el racionamiento, los salarios congelados y un mercado negro en el que los precios podían quedar fuera del alcance de buena parte de la población. Para reconstruir aquella realidad, Del Arco recurrió a distintas fuentes. Los registros de mortalidad permitieron identificar los años en los que murió más gente de la habitual. A ellos sumó documentación interna de las autoridades franquistas, con alcaldes y falangistas preocupados por las consecuencias del hambre, e informes diplomáticos extranjeros que describían la situación económica española.

Los documentos mostraban, además, que las penurias no podían explicarse exclusivamente por las consecuencias materiales de la Guerra Civil. El investigador recuerda los informes de diplomáticos británicos y franceses que advertían de la gravedad de la situación y cuestionaban las decisiones económicas del régimen. La autarquía, el modelo de autosuficiencia económica impuesto por Franco, aparece así como una pieza central de su explicación histórica.

El hambre no dependía únicamente de la cantidad de alimentos disponibles, sino también de cómo se distribuían y de quién tenía capacidad para conseguirlos. “El régimen controla el alimento y reparte el hambre”, resume el historiador. De ahí que haya bautizado el fenómeno como la “hambruna de la victoria”: una crisis que afectó a toda la sociedad, pero cuyas consecuencias fueron especialmente graves para quienes habían perdido la guerra. Los vencidos, las familias represaliadas y las personas encarceladas sufrieron de manera particular las consecuencias de aquel sistema. En las prisiones y los campos de concentración, recuerda Del Arco, el hambre también causó víctimas. Fuera de ellos, la pobreza alcanzaba igualmente a personas sin recursos que no podían comprar alimentos, incluso cuando no estaban vinculadas al republicanismo.

La diferencia estaba en las posibilidades de supervivencia. Quienes tenían acceso a las redes del régimen o podían beneficiarse de sus mecanismos de distribución estaban en mejor posición que quienes habían quedado al margen. “Los que colaboran con el régimen o están en sus instituciones, pues les va mucho mejor”, explica. Aun así, advierte de que la desigualdad económica también castigaba a sectores de las clases populares que no podían permitirse los precios del mercado negro.

La hambruna tuvo, además, una dimensión territorial. Aunque afectó a toda España, Del Arco identifica Andalucía, Murcia y Extremadura entre las zonas más castigadas, junto a Ciudad Real y Albacete. En el sur, la desigualdad social, la presencia de grandes propiedades agrarias y las limitaciones de las zonas de secano agravaron las consecuencias de la falta de alimentos. El historiador destaca especialmente Almería, donde ha encontrado algunos de los testimonios más duros de su investigación, en particular en la comarca de Níjar y otros municipios de secano. “Si tuviese que haber un monumento a la hambruna, que no lo hay, en España, yo creo que tendría que estar en Almería”, afirma.

El papel de la mujer como salvadora social

La memoria de aquella experiencia sobrevivió pese a los intentos de la dictadura por justificar los llamados “años del hambre” mediante los efectos de la guerra, el aislamiento internacional y la sequía. La transmisión familiar conservó una parte de lo ocurrido a través de recuerdos y comportamientos cotidianos. “¿Cómo en Andalucía no se toleraba que dejásemos nada en el plato?”, se pregunta Del Arco al recordar cómo las consecuencias del hambre pasaron de una generación a otra. En esa memoria, las mujeres ocuparon un lugar fundamental. Fueron quienes, en muchos hogares, sostuvieron la supervivencia de las familias mediante trabajos precarios, intercambios, pequeños hurtos y redes de ayuda mutua. Algunas recurrieron incluso a la prostitución para conseguir alimentos o dinero con el que mantener a sus hijos. “Para mí, las más importantes fueron las mujeres”, subraya el historiador, que también las identifica como las principales transmisoras de la memoria del hambre.

La experiencia de la posguerra dejó una huella que, según Del Arco, también condicionó la forma en que una parte de la sociedad interpretó la posterior recuperación económica. Cuando las condiciones comenzaron a mejorar, el alivio se convirtió en un argumento favorable al régimen. “Es curioso cómo algo que provoca el franquismo acaba convirtiéndose como en un gran valor porque al final parece que el franquismo ha traído el desarrollo económico”, explica. Es ahí donde el historiador sitúa uno de los mitos que considera más persistentes en la memoria colectiva: la idea de que la dictadura fue responsable de la modernización económica de España y de que la ausencia de libertades políticas pudo compensarse con el crecimiento. “El mito del desarrollo económico es el que mejor pervive del franquismo”, sostiene.

Su crítica no se limita a la política económica. Del Arco apunta también a la corrupción como un elemento estructural del régimen, ligado al enriquecimiento de quienes podían aprovecharse de las instituciones y del mercado negro. “Si tuviese que destacar algo de Franco y de su régimen, es sin duda la corrupción”, afirma. Y añade: “Un país entero durante diez años viviendo al margen de la legalidad, eso tiene consecuencias”. El historiador considera que revisar esa historia resulta especialmente importante cuando todavía persiste una imagen de Franco como una figura paternalista que habría garantizado la estabilidad y el progreso. “Nos hemos quedado, sobre todo la extrema derecha, con la imagen de ese buen dictador, pero señor mayor, abuelo, que miraba por los destinos de España”, señala.

Del Arco no establece una equivalencia entre aquella hambruna y los problemas económicos actuales. Sí considera, sin embargo, que la historia permite formular preguntas sobre la desigualdad, el precio de los alimentos y la capacidad de las familias para acceder a una alimentación adecuada. “La inflación y los precios son claves para explicar la desigualdad”, afirma, al señalar también el peso de la vivienda en la economía doméstica. El historiador introduce así el concepto de pobreza alimentaria, una realidad de la que, a su juicio, se habla poco porque comer también está rodeado de vergüenza cuando no se dispone de recursos suficientes. “El hambre da vergüenza”, dice. Durante la entrevista, plantea la necesidad de investigar cómo se alimentan realmente las familias cuando los gastos básicos absorben una parte creciente de sus ingresos.

La cuestión de fondo, para Del Arco, es qué papel debe desempeñar el Estado frente a la pobreza y la desigualdad. La experiencia histórica de la posguerra muestra, a su juicio, las consecuencias de unas decisiones económicas que dejaron a amplios sectores de la población sin acceso suficiente a los alimentos. El Premio Nacional de Historia le ha devuelto, finalmente, a las personas que dieron origen a su investigación. Más allá del reconocimiento académico, el historiador asegura que se acordó de quienes murieron durante la hambruna y de quienes lograron sobrevivir en condiciones extremas. “Me salió un sentimiento de acordarme de toda esa gente que se quedó por el camino”, recuerda. “Este libro puede servir también para eso”.

Les entitats memorialistes de les Balears han abandonat en bloc les comissions tècniques del Govern de Marga Prohens (PP) després de denunciar que l'Executiu margina les associacions i els familiars de les víctimes del franquisme, ignora les seves propostes i pren decisions al marge del marc legal, és a dir, d'esquena als òrgans competents en matèria de memòria democràtica. Memòria de Mallorca, el Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera i Memòries de Menorca han presentat aquest dijous la seva renúncia en considerar que aquests òrgans han quedat buidats de les seves funcions i que la presència de les tres organitzacions s'ha convertit en una presència merament testimonial i sense capacitat real per influir en les decisions que afecten les víctimes del cop militar de 1936, la guerra civil i la dictadura franquista.

Així ho han donat a conèixer en un comunicat conjunt, en el qual denuncien l'incompliment dels compromisos institucionals per part del Govern en relació amb l'organització de memorials i homenatges i alerten del desmantellament d'instruments essencials per garantir els seus drets.

La decisió es produeix després de mesos de controvèrsia per les polítiques memorialistes de l'Executiu de Prohens, que, de la mà de Vox, va derogar el passat mes de març la Llei de memòria democràtica de les Balears. El Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el recurs presentat pel Govern central contra la mesura i va suspendre cautelarment l'eliminació de la norma mentre es resol el procediment.

En un escrit presentat durant la reunió de la Comissió de la Llei de Fosses, Memòria de Mallorca relata els detalla els episodis que, assevera, il·lustren aquesta pèrdua de capacitat d'intervenció. L'associació precisa que la ruptura “no és fruit d'un desacord puntual”, sinó “de la constatació” que el funcionament d'aquest òrgan i la gestió de les polítiques de memòria democràtica del Govern “s'han allunyat de les finalitats per les quals van ser creats”.

L'entitat critica que les actuacions de l'Executiu es decideixen i, en ocasions, s'executen abans que les comissions puguin valorar-les. També denuncia que les seves propostes i preguntes són ignorades de forma reiterada, que no s'incorporen assumptes a l'ordre del dia i que les entitats no reben informació adequada sobre decisions que les afecten directament. “La participació no pot limitar-se a assistir a reunions i expressar opinions que després no tenen cap incidència real”, adverteix l'entitat en el document. La seva renúncia afecta tant la comissió vinculada a la llei per a la recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme -més coneguda com a 'llei de fosses'- com a la de la Llei de Memòria i Reconeixements Democràtics de les Illes Balears.

L'associació també qüestiona el funcionament intern d'aquests òrgans. Assegura que el Govern no aplica un reglament aprovat per majoria absoluta perquè sosté que no s'ha localitzat l'acta de la seva aprovació, però tampoc ha procedit a aprovar-lo de nou pel procediment legalment exigit. Així mateix, denuncia que no s'incorporen a l'ordre del dia assumptes que les entitats sol·liciten tractar i que s'impulsen actuacions sense recaptar prèviament el parer de les comissions corresponents.

Un dels exemples que aporta és la informació sobre la derogació de la llei autonòmica. Memòria de Mallorca assegura que va haver de conèixer pels mitjans de comunicació tant la decisió de suprimir-la com la seva posterior suspensió cautelar malgrat formar part de les comissions i ser una de les organitzacions directament afectades. L'entitat també critica que el Govern hagi promogut actuacions relatives als bombardejos de l'aviació republicana sense consultar prèviament a la comissió de memòria democràtica malgrat el paper que la legislació atribueix a aquest òrgan.

El xoc pel Columbari de la Dignitat

Entre els incompliments que han contribuït a la ruptura, Memòria de Mallorca assenyala el cas del Columbari de la Dignitat, inaugurat el passat 28 de setembre al cementiri de Palma. L'associació afirma que va presentar una proposta per al text del memorial i va fixar dues condicions irrenunciables: que s'inclogués una referència expressa al cop d'Estat de 1936 i que la comissió assumís el text com a propi, de manera que així constés a la placa. Segons al·lega, el Govern els va assegurar verbalment que ambdues condicions s'havien incorporat. No obstant això, el memorial es va inaugurar i la placa es va descobrir sense respectar cap d'aquests dos requisits.

Per a l'entitat, la discrepància va més enllà d'una qüestió de redacció. La referència al cop d'Estat és, sosté, fonamental per contextualitzar la repressió franquista i reconèixer les seves víctimes. La participació de la comissió havia de garantir, a més, que el text fos resultat d'un procés col·lectiu i d'un acord institucional, i no d'una decisió unilateral. “No podem acceptar que se'ns asseguri que uns compromisos es compliran i que, finalment, s'incompleixin”, argüeix l'associació.

Un altre dels episodis que denuncia es remunta al passat 2 de setembre, quan va registrar una proposta per instal·lar memorials a les vies públiques de Palma. La iniciativa pretenia recordar les més de 2.000 víctimes de desaparició forçada a Mallorca i les més de 6.000 víctimes mortals dels bombardejos de l'aviació feixista procedent de l'illa contra altres territoris. Segons Memòria de Mallorca, la proposta ni tan sols es va incloure en l'ordre del dia de la reunió d'aquest dijous. L'entitat també assegura que s'elaboren plans de fosses sense la gestió ni la participació de les comissions corresponents.

El desmantellament dels instruments de memòria

La renúncia no respon únicament als problemes de funcionament de les comissions. Memòria de Mallorca la vincula també a la política general del Govern, que, segons denuncia, ha debilitat els instruments públics destinats a garantir els drets de les víctimes del franquisme i les seves famílies. L'associació assenyala expressament l'eliminació de la Direcció General de Memòria Democràtica i de l'oficina d'informació i atenció a les víctimes i els seus familiars. Considera que tots dos instruments van ser possibles després d'anys de reivindicació i que resulten essencials per mantenir una política pública de memòria continuada.

A això suma la derogació de la llei autonòmica, una decisió que les entitats consideren incompatible amb el reconeixement i la defensa dels drets de les víctimes. La suspensió cautelar acordada pel TC manté la norma vigent mentre s'estudia el recurs del Govern central, però no ha resolt l'enfrontament polític sobre el model de memòria democràtica que ha d'aplicar la comunitat.

La sortida de les tres organitzacions suposa un nou revés per als mecanismes de participació vinculats a aquestes polítiques. Les associacions, que treballen en la localització de desapareguts, la investigació i la reparació de les víctimes consideren que no poden continuar formant part d'uns òrgans en els quals, segons denuncien, no se'ls permet intervenir de manera efectiva.

Més de vint anys de treball per la memòria

D'altra banda, Memòria de Mallorca reivindica una trajectòria de més de dues dècades en la defensa dels drets a la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició. En el seu escrit recorda que ha participat en més de seixanta reunions relacionades amb les dues lleis autonòmiques i que ha aportat testimonis, documentació, contactes d'especialistes i familiars de víctimes. L'associació destaca la seva contribució a projectes d'investigació i exhumació com els de les fosses de Porreres i Son Coletes. També assenyala que va aconseguir incorporar per primera vegada vint estudis a l'últim Pla de Fosses i Memòria Democràtica des d'una perspectiva transversal.

Entre les seves propostes figuren l'elaboració d'un cens de víctimes, la incorporació de la perspectiva del dret internacional dels drets humans i l'estudi del trauma transgeneracional. L'entitat reivindica aquestes aportacions per subratllar que la seva participació en les comissions mai va ser testimonial i que ha contribuït activament a construir les polítiques autonòmiques de memòria. Per això, l'entitat considera que mantenir la seva presència sense capacitat de decisió podria acabar legitimant una forma d'actuar amb la qual discrepa profundament.

La renúncia, tanmateix, no suposa un tancament definitiu a la participació institucional. Memòria de Mallorca no descarta tornar si es produeix un canvi efectiu en el funcionament de les comissions, es respecten les normes vigents i es garanteix a les entitats memorialistes i a les víctimes una capacitat real d'intervenció. “El diàleg exigeix voluntat d'escoltar, la participació exigeix capacitat d'incidència i la confiança exigeix que els compromisos es compleixin”, resumeix l'associació, que assegura que continuarà treballant de forma independent i fiscalitzant l'actuació de les administracions públiques.

“Per respecte a les víctimes del franquisme, a les seves famílies i als més de vint anys de treball de Memòria de Mallorca, no podem continuar legitimant amb la nostra presència una situació que s'ha allunyat dels objectius i de l'esperit de les lleis autonòmiques de memòria democràtica”, conclou el document.

Las entidades memorialistas de Balears han abandonado en bloque las comisiones técnicas del Govern de Marga Prohens (PP) tras denunciar que el Ejecutivo margina a las asociaciones y a los familiares de las víctimas del franquismo, ignora sus propuestas y toma decisiones al margen del marco legal, es decir, de espaldas a los órganos competentes en materia de memoria democrática. Memòria de Mallorca, el Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera y Memòries de Menorca han presentado este jueves su renuncia al considerar que estos órganos han quedado vaciadas de sus funciones y que la presencia de las tres organizaciones se ha convertido en una presencia meramente testimonial y sin capacidad real para influir en las decisiones que afectan a las víctimas del golpe militar de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista.

Así lo han dado a conocer en un comunicado conjunto, en el que denuncian el incumplimiento de los compromisos institucionales por parte del Govern en relación a la organización de memoriales y homenajes y alertan del desmantelamiento de instrumentos esenciales para garantizar sus derechos.

La decisión se produce tras meses de controversia por las políticas memorialistas del Ejecutivo de Prohens, que, de la mano de Vox, derogó el pasado mes de marzo la Ley de memoria democrática de Balears. El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra la medida y suspendió cautelarmente la eliminación de la norma mientras se resuelve el procedimiento.

En un escrito presentado durante la reunión de la Comisión de la Ley de Fosas, Memòria de Mallorca relata los detalla los episodios que, asevera, ilustran esa pérdida de capacidad de intervención. La asociación precisa que la ruptura “no es fruto de un desacuerdo puntual”, sino “de la constatación” de que el funcionamiento de este órgano y la gestión de las políticas de memoria democrática del Govern “se han alejado de las finalidades por las cuales fueron creados”.

La entidad critica que las actuaciones del Ejecutivo se deciden y, en ocasiones, se ejecutan antes de que las comisiones puedan valorarlas. También denuncia que sus propuestas y preguntas son ignoradas de forma reiterada, que no se incorporan asuntos al orden del día y que las entidades no reciben información adecuada sobre decisiones que las afectan directamente. “La participación no puede limitarse a asistir a reuniones y expresar opiniones que después no tienen ninguna incidencia real”, advierte la entidad en el documento. Su renuncia afecta tanto a la comisión vinculada a la ley para la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo -más conocida como 'ley de fosas' como a la de la Ley de Memoria y Reconocimientos Democráticos de las Illes Balears.

La asociación también cuestiona el funcionamiento interno de estos órganos. Asegura que el Govern no aplica un reglamento aprobado por mayoría absoluta porque sostiene que no se ha localizado el acta de su aprobación, pero tampoco ha procedido a aprobarlo de nuevo por el procedimiento legalmente exigido. Asimismo, denuncia que no se incorporan al orden del día asuntos que las entidades solicitan tratar y que se impulsan actuaciones sin recabar previamente el parecer de las comisiones correspondientes.

Uno de los ejemplos que aporta es la información sobre la derogación de la ley autonómica. Memòria de Mallorca asegura que tuvo que conocer por los medios de comunicación tanto la decisión de suprimirla como su posterior suspensión cautelar pese a formar parte de las comisiones y ser una de las organizaciones directamente afectadas. La entidad también critica que el Govern haya promovido actuaciones relativas a los bombardeos de la aviación republicana sin consultar previamente a la comisión de memoria democrática pese al papel que la legislación atribuye a este órgano.

El choque por el Columbari de la Dignitat

Entre los incumplimientos que han contribuido a la ruptura, Memòria de Mallorca señala el caso del Columbari de la Dignitat, inaugurado el pasado 28 de septiembre en el cementerio de Palma. La asociación afirma que presentó una propuesta para el texto del memorial y fijó dos condiciones irrenunciables: que se incluyera una referencia expresa al golpe de Estado de 1936 y que la comisión asumiera el texto como propio, de modo que así constara en la placa. Según alega, el Govern les aseguró verbalmente que ambas condiciones se habían incorporado. Sin embargo, el memorial se inauguró y la placa se descubrió sin respetar ninguno de esos dos requisitos.

Para la entidad, la discrepancia va más allá de una cuestión de redacción. La referencia al golpe de Estado es, sostiene, fundamental para contextualizar la represión franquista y reconocer a sus víctimas. La participación de la comisión debía garantizar, además, que el texto fuese resultado de un proceso colectivo y de un acuerdo institucional, y no de una decisión unilateral. “No podemos aceptar que se nos asegure que unos compromisos se cumplirán y que, finalmente, se incumplan”, arguye la asociación.

Otro de los episodios que denuncia se remonta al pasado 2 de septiembre, cuando registró una propuesta para instalar memoriales en las vías públicas de Palma. La iniciativa pretendía recordar a las más de 2.000 víctimas de desaparición forzada en Mallorca y a las más de 6.000 víctimas mortales de los bombardeos de la aviación fascista procedente de la isla contra otros territorios. Según Memòria de Mallorca, la propuesta ni siquiera se incluyó en el orden del día de la reunión de este jueves. La entidad también asegura que se elaboran planes de fosas sin la gestión ni la participación de las comisiones correspondientes.

El desmantelamiento de los instrumentos de memoria

La renuncia no responde únicamente a los problemas de funcionamiento de las comisiones. Memòria de Mallorca la vincula también a la política general del Govern, que, según denuncia, ha debilitado los instrumentos públicos destinados a garantizar los derechos de las víctimas del franquismo y sus familias. La asociación señala expresamente la eliminación de la Dirección General de Memoria Democrática y de la oficina de información y atención a las víctimas y sus familiares. Considera que ambos instrumentos fueron posibles tras años de reivindicación y que resultan esenciales para mantener una política pública de memoria continuada.

A ello suma la derogación de la ley autonómica, una decisión que las entidades consideran incompatible con el reconocimiento y la defensa de los derechos de las víctimas. La suspensión cautelar acordada por el TC mantiene la norma vigente mientras se estudia el recurso del Gobierno central, pero no ha resuelto el enfrentamiento político sobre el modelo de memoria democrática que debe aplicar la comunidad.

La salida de las tres organizaciones supone un nuevo revés para los mecanismos de participación vinculados a estas políticas. Las asociaciones, que trabajan en la localización de desaparecidos, la investigación y la reparación de las víctimas consideran que no pueden seguir formando parte de unos órganos en los que, según denuncian, no se les permite intervenir de manera efectiva.

Más de veinte años de trabajo por la memoria

Por otro lado, Memòria de Mallorca reivindica una trayectoria de más de dos décadas en la defensa de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En su escrito recuerda que ha participado en más de sesenta reuniones relacionadas con las dos leyes autonómicas y que ha aportado testimonios, documentación, contactos de especialistas y familiares de víctimas. La asociación destaca su contribución a proyectos de investigación y exhumación como los de las fosas de Porreres y Son Coletes. También señala que consiguió incorporar por primera vez veinte estudios al último Plan de Fosas y Memoria Democrática desde una perspectiva transversal.

Entre sus propuestas figuran la elaboración de un censo de víctimas, la incorporación de la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y el estudio del trauma transgeneracional. La entidad reivindica estas aportaciones para subrayar que su participación en las comisiones nunca fue testimonial y que ha contribuido activamente a construir las políticas autonómicas de memoria. Por ello, la entidad considera que mantener su presencia sin capacidad de decisión podría terminar legitimando una forma de actuar con la que discrepa profundamente.

La renuncia, sin embargo, no supone un cierre definitivo a la participación institucional. Memòria de Mallorca no descarta regresar si se produce un cambio efectivo en el funcionamiento de las comisiones, se respetan las normas vigentes y se garantiza a las entidades memorialistas y a las víctimas una capacidad real de intervención. “El diálogo exige voluntad de escuchar, la participación exige capacidad de incidencia y la confianza exige que los compromisos se cumplan”, resume la asociación, que asegura que continuará trabajando de forma independiente y fiscalizando la actuación de las administraciones públicas.

“Por respecto a las víctimas del franquismo, a sus familias y a los más de veinte años de trabajo de Memoria de Mallorca, no podemos continuar legitimando con nuestra presencia una situación que se ha alejado de los objetivos y del espíritu de las leyes autonómicas de memoria democrática”, concluye el documento.

En octubre del año pasado, el alcalde de Baños de Ebro (Araba), Francisco Javier García, del PP, recibió varias peticiones para retirar la leyenda franquista “Caídos por Dios y por España” labrada en piedra en el dintel de una ventana de un edificio municipal que acoge el consultorio médico de la localidad. La respuesta del regidor fue la siguiente: “Es una piedra que no molesta a nadie (...) lleva en el pueblo toda la vida” y añadió que no consideraba adecuado “borrar la memoria” de los vecinos ahí nombrados.

La semana pasada, el ayuntamiento ha anunciado que acatará el requerimiento del Gobierno central para retirar el lema franquista. Sin embargo, no procederá a su retirada y el alcalde del PP buscará una salida “intermedia”: en lugar de picar o retirar físicamente la placa de piedra, ha optado por cubrir la inscripción. La justificación es que, según informes técnicos, la extracción completa de la placa podría comprometer la estructura del inmueble y provocar grietas. 

Se ha marcado un plazo de tres meses para ejecutar la colocación de la cubierta sobre el vestigio franquista. Tal vez, el regidor del PP aspira a que Feijóo gane las elecciones del 29N para una vez compuesto un gobierno de derecha y ultraderecha retirar la tabla con la que pretende cubrir la inscripción.

La delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, ha tachado de “solución burda” y no le falta razón. En realidad, es una salida al incumplimiento legal buscando una estratagema para no terminar de retirar por completo los restos del franquismo. No ha sido la única, varios colectivos de memoria histórica se han sumado a las críticas y han exigido la retirada íntegra del dintel grabado.

Parece que el PP, que es un partido que está todo el día con las palabras Constitución, democracia y cumplir la ley en la boca, cree que hay leyes que son de libre cumplimiento. Lo cierto es que llegaron tarde a la democracia y de los 16 diputados que tenía Alianza Popular en 1978, 5 votaron en contra de la Constitución y 3 se abstuvieron.

La Ley de Memoria Democrática busca garantizar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esta especie de búsqueda de apaños que pretende el alcalde del PP transmite el peligroso mensaje de que los símbolos de la dictadura son negociables. Para aquellos que trabajamos en la enseñanza sabemos de lo peligroso de estos mensajes entre los jóvenes.

Deberían tener claro que el espacio público es de todos los ciudadanos y las ciudadanas, por lo que mantener o disimular enseñas y consignas que ensalzan un régimen totalitario responsable de la represión y el asesinato de miles de personas supone una afrenta directa a las víctimas y a la convivencia democrática. Hoy en día aún siguen sin desenterrarse miles de cadáveres de fosas comunes.

Consolidar una sociedad libre y democrática requiere de un esfuerzo colectivo. Para ello se exige pedagogía y contundencia frente al pasado totalitario, al igual que ocurre en el resto de las democracias europeas de nuestro entorno. A diferencia de lo que sostiene el PP, borrar o retirar los vestigios del franquismo no es “borrar la historia”, sino dejar de honrar el franquismo en las instituciones públicas. La memoria de las víctimas se honra con justicia y dignidad, no perpetuando los monumentos y consignas levantados por sus victimarios. 

Buscar atajos cronifica socialmente las reminiscencias del régimen franquista. No se trata de un capricho político, como pretende vender el PP. Se trata de la condición indispensable para apuntalar una sociedad plenamente democrática, consciente de su pasado y comprometida con los derechos humanos. Por eso, la respuesta de las instituciones públicas debe ser firme.

“La guerra civil de 1936 empezó porque había sectores que no querían una España plural y porque había una oposición muy fuerte a las reformas”. Lo afirma el historiador Martín Molina (Toledo, 1952), licenciado en Filosofía y Letras, especializado en Historia y doctor en Derecho. “Me preocupa poder explicar por qué llegamos al episodio más dramático de la historia de España”, asegura, en alusión a la guerra entre españoles.

Este martes ofrece una charla sobre la contienda civil que tuvo lugar entre 1936 y 1939, en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, con sede en el Alcázar de Toledo, a las 19 horas. “Partiré de las elecciones generales de febrero de 1936, unas elecciones democráticas celebradas bajo la Presidencia de Gobierno de un conservador, católico, como era Niceto Alcalá-Zamora, que era presidente por un acuerdo entre las fuerzas de la Segunda República, desde 1931”.

En 1936, explica, “el clima político estaba muy polarizado: había sectores de la Segunda República que querían avanzar en reformas y otras estaban en contra”. Se refiere en concreto a cambios que pasaban por la reconversión del ejército español, más moderno y más dependiente del poder civil, teniendo en cuenta, recuerda el historiador, que “la Constitución de 1931 recogía la idea de que España fuera un país más pacifista”. En concreto, el artículo 6 decía entonces que España renunciaba a la guerra “como instrumento de política nacional”.

A eso se sumaba el deseo de reformas en el sector agrario o en el ámbito educativo, “tendiendo hacia la secularización”, dice, de un sistema controlado hasta entonces por la iglesia católica y en el que la mujer apenas tenía participación.

Incluso, abunda Martín Molina, “había deseos de avanzar en los estatutos de autonomía” en los territorios. De hecho, la Constitución de la época en su artículo 1 definía a España como un “Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones” y en realidad fue el germen del actual Estado de las Autonomías, como Castilla-La Mancha.

“Había sectores que no querían una España plural”, insiste. “Se miraba con mucho recelo y eso llevó a que se configurase un frente popular y un frente nacional, y a que el ejército mostrase una vez más su intención de intervenir y vaya que lo hizo”.

A la postre, una parte del ejército provocaría un golpe de Estado para impedir los cambios, al frente del cual terminó situándose Francisco Franco. Con él vendría una dictadura durante 36 años en la que, según recuerda el historiador, “se limitaron las libertades”.

Martín Molina ya ofreció el pasado día 13 de octubre una primera conferencia sobre el periodo histórico comprendido entre el reinado de Alfonso XIII y la llegada de la Segunda República.

Las “carencias del sistema educativo y el falso argumento de que ”con Franco se vivía mejor“

“La idea de este ciclo surgió porque, entre el público en general, hay bastante déficit sobre el conocimiento de nuestra historia más reciente”, asegura. Una “carencia”, dice, que hoy se mantiene en el ámbito educativo. “Se aprenden la lista de los reyes godos, se habla de Isabel y de Fernando, de la España imperial... pero cuando se llega a la guerra de la independencia el curso se acaba por los programas tan apretados”.

Martín Molina cree que “no se ha prestado suficiente atención a los años más recientes de nuestra historia que tanto nos han afectado”. Cree que es importante que los más jóvenes - también los mayores- conozcan todos los aspectos de la historia más reciente. “Sería importante”, defiente, al menos para los estudiantes de Secundaria y en la propia universidad.

“He dado charlas en universidades de mayores a los que acuden personas que han sido economistas o ingenieros y que después han estudiado historia porque tienen esa carencia”, relata. Reconoce que a partir de 1975 “había que mejorar las calles en los pueblos, los hospitales o los colegios, pero desgraciadamente no se ha trabajando lo suficiente en la democracia española el hecho de reflexionar sobre nuestra historia más reciente”.

Por eso, no le resulta extraño que las generaciones más jóvenes afirmen ahora que con Franco se vivía mejor. “No me cabe duda de que esto se origina por la ignorancia y la ignorancia es muy peligrosa”.

Él apuesta por conocer la historia porque “eso permite que las personas sean más prudentes, más reflexivas y que se lo piensen antes de tomar decisiones. Creo que la polarización de la España de hoy no tendría sentido si hubiéramos hecho el esfuerzo de conocer la historia de los hechos. Es lo que pretendo trasladar y que la gente reflexione”, dice, con argumentos objetivos.

Próximas citas el 27 de octubre y el 10 de noviembre

La iniciativa coincide con los 90 años del inicio de la guerra civil y forma parte del ciclo 'Nuestra historia más reciente 1925-2025', con conferencias que se celebrarán a lo largo de las próximas semanas, en este y en futuros ciclos, analizando sucesivos periodos históricos que llegarán hasta la actualidad.

El martes 27 de octubre la charla se centrará en la 'Política, sociedad y economía en la dictadura de Franco'. En esta charla distinguirá entre las distintas fases del franquismo. “Desde la fase más fascista, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, la fase del aislamiento internacional entre 1945 y 1959 y la fase del desarrollismo, hasta 1975, de la mano de los tecnócratas del Opus Dei”.

Se trata, dice de que “cada uno saque sus conclusiones”. En cada charla.

Ya el martes 10 de noviembre se cerrará este ciclo inicial con la conferencia 'La democracia española: cambios sociales y políticos', que se centrará en los años entre 1975 y la primera parte de la década de los años 80 del siglo XX.

La entrada es libre hasta completar el aforo. Todas las conferencias se celebran en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, a las 19 horas.