Vox está siendo un socio de gobierno dócil para el PP en Extremadura. Sin embargo, el líder de la formación de extrema derecha, Ángel Pelayo Gordillo, ha recordado a la presidenta, María Guardiola, que aún quedan por cumplir numerosos aspectos de su pacto, entre los que ha mencionado el veto parental en las aulas, la eliminación de las subvenciones “a los mal llamados sindicatos mayoritarios” y a la cooperación al desarrollo, o la ampliación en la rebaja de impuesto y precios públicos.

Después de que Guardiola no mencionara a Vox en ningún momento durante su discurso de 90 minutos del lunes en el debate del estado de la región, Gordillo ha subrayado al inicio de su intervención que es presidenta gracias a un gobierno de coalición entre PP y Vox, que firmaron un pacto hace un año “que debe ser la guía de la legislatura”. En este sentido, el portavoz de extrema derecha se ha mostrado partidario de la devolución de las competencias en Sanidad y Educación para que las asuma el Estado en todo el país, pero ha avisado a la presidenta que el acuerdo incluye la “neutralidad ideológica de la enseñanza” y la “libre elección” de centros en todas las etapas.

Gordillo ha afirmado que el “criterio” de los padres “debe prevalecer siempre en la educación” y ha avisado de que su formación “insistirá” en el derecho constitucional que asiste a los padres “para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones”.

Este asunto, el de la censura de los padres en los contenido educativos, ya abrió una grieta entre los socios de gobierno el pasado otoño. Vox siempre ha defendido que se trata de un compromiso recogido en el pacto, concretamente se trata de la medida 32, pero el PP ha negado que hablar de “neutralidad ideológica” suponga la implantación del conocido como 'pin parental'.

La extrema derecha también ha focalizado parte de su intervención en las subvenciones que reciben los sindicatos y la cooperación al desarrollo. María Guardiola se comprometió en el pacto a una “reducción considerable” del dinero público que reciben la patronal y las organizaciones de trabajadores y el recorte incluido en los presupuestos de 2024 ha sido insuficiente a juicio de Vox. Como lo es el tijeretazo de un 800% en las cuentas de cooperación.

Gordillo también ha mencionado la profundización en la reforma fiscal puesta en macha el pasado otoño con la rebaja del IRPF, la eliminación del impuesto de Patrimonio y el dirigido a los grandes tenedores por las viviendas vacías. Según ha dicho, todas eran “medidas urgentes y reclamadas por los extremeños” y ha exigido ahora la bajada del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y el de matriculación, eliminar para más contribuyentes el impuesto sobre sucesiones y donaciones, seguir reduciendo el IRPF, degravaciones para las familias y revisar las tasas de precios públicos, especialmente en materia de instalaciones en viviendas, industrias agroalimentarias y actividades agropecuarias. 

El diputado de VOX en las Cortes de Aragón, Fermín Civiac, ha propuesto este lunes que sea preceptiva la autorización de los padres para que los escolares participen en actividades extracurriculares en los centros, lo que defenderá este martes como proposición no de ley en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades.

En rueda de prensa, Civiac ha señalado que esta es una iniciativa registrada junto con el PP para instar al Ejecutivo regional a “tomar medidas para asegurar la libertad de educación y desideologizar las aulas y los contenidos de las asignaturas que se imparten en la enseñanza no universitaria”.

PP y VOX abogarán, en la Comisión de Educación, por revisar el curriculum escolar “conforme a la legislación” y reforzar la inspección educativa para “garantizar que ninguna ideología forme parte de los contenidos curriculares o didácticos”, ha continuado el diputado de VOX.

“La libertad de educación no es una novedad, pero sí es preciso que se garantice su ejercicio, actualmente amenazado”, ha aseverado Civiac, quien ha apelado a la Constitución de 1978 y la Declaración de Derechos Humanos de la ONU para reivindicar este derecho.

Ha añadido que “el Gobierno de turno no puede violentar ese derecho que tienen los padres”, de forma que “la enseñanza debe tener un carácter ideológicamente neutro”, lo que “diferencia un régimen democrático de uno totalitario de partido único, tan del gusto del PSOE y sus socios”.

Asignatura de religión

Además, Fermín Civiac ha anunciado otra iniciativa, que VOX quiere que se tramite en la sesión plenaria del 9 de mayo, para modificar el curriculum de bachillerato de forma que “no se discrimine a los alumnos que eligen matricularse en educación católica”.

“Pretendemos que se cumpla la legalidad, a la que en muchas ocasiones es ajena la práctica política del PSOE, y normalizar la asignatura de religión, que tiene que ser como las demás”.

Civiac se ha remitido a una sentencia dictada por el TSJA en 2017 para exigir que tanto en primero como en segundo de bachiller se imparta una hora semanal a los que elijan esta asignatura y los que no lo hagan cursen una asignatura optativa, indicando que los que sí la cursan reciben 32 horas de clase semanales, dos horas menos los que no lo hacen, “lo cual provoca innumerables problemas de organización en los centros”. También ha pedido que la calificación en la asignatura de religión forme parte de la nota media de bachillerato.

El diputado de VOX ha manifestado que “hay serias dudas, refrendadas por el TSJA, de que en Aragón no se están respetando los derechos de los alumnos que deciden matricularse en religión y no se están respetando los acuerdos Iglesia-Estado, además de que el curso pasado el Gobierno de Lambán y Faci decidió vulnerar esta sentencia con la excusa de la implantación de la ley educativa”.

El instituto público de Vitoria que estableció un veto parental para tres sesiones formativas sobre educación sexual y prevención del consumo de pornografía ha acatado la orden del Departamento de Educación y ha comunicado ya a las familias que ese contenido será “obligatorio” ya que forma parte del currículo educativo. En una comunicación a la comunidad escolar atribuye a un “malentendido” esta posibilidad anunciada días atrás por un cargo directivo y que contraviene claramente el marco normativo vasco sobre coeducación.

La nueva nota a las familias, ahora firmada por la propia directora y no por el cargo que envió el mensaje anterior, recalca que en enero el máximo órgano de representación del colegio acordó realizar unas actividades sobre sexualidad y pornografía. La directora sostiene que esta formación es “muy importante” para que el alumnado disponga de datos “reales” sobre la materia. Es una actividad complementaria, sí, pero obligatoria, sin posibilidad de que los padres, madres o tutores puedan sacar a los menores del aula durante esas horas, como se les había prometido, apelando a una supuesta libertad ideológica o religiosa.

El veto parental no fue un “malentendido”. Quedó reflejado en un mensaje oficial a las familias e incluso en comunicaciones posteriores surgidas por la sorpresa que generó la implantación de esta política. Como los talleres -que son tres sesiones- vienen acompañados de una investigación de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) que sí precisa de autorización por ser menores los participantes, se decidió unilateralmente conceder también un supuesto derecho a quienes no compartían la necesidad de formación en educación sexual. Ni siquiera los organizadores de las charlas, Konexio Ona, eran conscientes de ello. Es una situación que no se había dado en otros colegios públicos de Vitoria donde han sido invitados.

Educación, a preguntas de este periódico, consideró un “error” esta decisión del instituto de Vitoria, uno de los más relevantes y con un millar de alumnos. Inmediatamente se tuvo conocimiento, dio la orden de rectificar y de recalcar que este tipo de módulos son preceptivos. De hecho, hace solamente unas semanas el Parlamento Vasco aprobó una resolución en este sentido, dejando claro que son los estudiantes los que tienen el “derecho” a recibir una formación integral en esta materia lo mismo que en Ciencias, Matemáticas o Historia, donde no hay vetos posibles a determinados temas.

Un instituto público de Vitoria con un millar de alumnos ha concedido un veto parental a las familias de cara a la próxima celebración, en marzo, de un módulo de tres sesiones de educación afectivo-sexual y de prevención del consumo de pornografía en algunos niveles, según ha podido saber este periódico. El Departamento de Educación, que ha confirmado los hechos, ha explicado que se trata de un “error” cometido por un cargo del colegio y confirma que se ha procedido a dar la orden de comunicar a las familias que esa formación pasará a ser obligatoria como parte de las actividades de sensibilización que se están impulsando desde diferentes niveles y que forman parte del currículo educativo.

El módulo está impartido por la entidad Konexio-Ona y recibe financiación del Ayuntamiento de Vitoria y de la Fundación Vital. Los talleres llevan años impartiéndose en colegios e institutos ante la creciente preocupación por el consumo de pornografía, según sus promotores. Consta de una primera sesión sobre los “mitos” de la pornografía en la que se pretende que los jóvenes no tengan “vergüenza” de admitir que consumen estos contenidos pero que, a cambio, tengan claro que no responden a la realidad. En la segunda se hace hincapié en conductas de riesgo. Y, en la tercera, se ofrecen “alternativas y recursos” para una “sexualidad sana”. Todos los talleres se hacen en horario lectivo, en concreto dentro de la asignatura de Tutoría.

La formación está complementada con la realización de un estudio sobre la sexualidad en adolescentes coordinado por investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) que sí requiere de autorización de los progenitores o de los tutores legales. Pero un responsable del centro, deliberadamente, fue más allá y comunicó a las familias que concedía a quienes no compartían los objetivos del módulo por motivos ideológicos o religiosos la posibilidad de sacar a los menores del aula durante esas horas y que realicen una actividad alternativa no precisada. Esta excepción no se había ofrecido hasta ahora con ningún otro contenido complementario a las asignaturas.

El denominado veto parental fue una de las medidas estrella de Vox en materia de Educación cuando negoció acuerdos con el PP en comunidades como Murcia, Andalucía o Madrid. Según lo definió la ultraderecha, es “un mecanismo para garantizar que los padres puedan evitar el adoctrinamiento sectario de sus hijos”. En Euskadi, la anterior consejera, Cristina Uriarte, rechazó de plano implantar este tipo de fórmulas para eludir contenidos incluidos en el currículo educativo cuando surgieron estos debates en otros lugares. El actual titular de Educación, Jokin Bildarratz, mantiene un criterio similar. De hecho, la apuesta por la educación afectivo-sexual forma parte de la normativa estatal (Lomloe), de la nueva ley autonómica (aprobada por el Parlamento en diciembre y ya en vigor) y de acuerdos tan recientes como el adoptado en la Cámara hace apenas dos semanas, a principios de febrero, donde se recalcaba que “todo el alumnado” tiene el “derecho” a recibir formación en materia de “coeducación”. De hecho, en fechas muy recientes se han hecho sesiones con profesores para que incorporen una visión transversal de la educación afectivo-sexual en las aulas. Decayó, eso sí, un intento más expreso de vetar estas prácticas dentro de la Ley de Familias, que no pudo ser aprobada en la anterior legislatura estatal.

Cuando Vox alentó este debate, el dirigente del PNV José Antonio Suso fijó la posición de su partido, que es el que dirige Educación en el Gobierno vasco. “En Euskadi llevamos años construyendo un modelo educativo basado en la adquisición por el alumnado de las competencias básicas, las destrezas necesarias para afrontar la vida. Sin vetos. Al menos, sin vetos que impidan promover una educación en valores en la que prime el respeto a los derechos fundamentales. Los profesionales educativos, los padres y las madres y el alumnado, en determinadas edades, comparten, mediante herramientas propias del sistema, la posibilidad de establecer aquellos mecanismos que permitan transitar de manera responsable por esa experiencia que supone aprender a aprender, a pensar, a emprender, a ser, a convivir y a comunicarse durante la primera etapa vital de las personas. ¿Quién se atreve a poner vetos a este planteamiento? ¿Qué sentido tiene vaciar de contenidos cívicos/éticos a la educación? ¿O pretenden volver a 'la letra con sangre entra' como herramienta educativa?”, escribió.

En el caso de los talleres impartidos en colegios de Vitoria, cuyo título es 'La pornografía como educación sexual', sus contenidos están adaptados para Primaria o Secundaria. Los materiales están visados por el comité de ética de la UPV/EHU, que además solicita autorización para realizar una investigación sobre el consumo de pornografía entre los adolescentes para mejorar el “diseño de un plan de formación” para generalizar este tipo de módulos. Nunca se solicita para la charla en sí que, además, está “teniendo unas valoraciones muy altas” entre el alumnado destinatario y en los propios colegios.

Vox se ha vuelto a quedar solo en su intención de que se implante en Cantabria el conocido como 'veto parental'. Y lo ha hecho a través de una proposición no de ley (PNL) que ha sido rechazada frontalmente por los otros tres grupos que integran el Parlamento autonómico (PP, PSOE y PRC). La extrema derecha ha aprovechado una pequeña polémica suscitada la pasada semana en Torrelavega en torno al contenido de unos cómics repartidos en los centros educativos -y que posteriormente fueron retirados- para llevar a la Cámara su iniciativa estrella en materia educativa.

La portavoz del grupo de ultraderecha, Leticia Díaz (Vox), ha sacado a relucir el argumentario propio de esta medida que pretende que los padres puedan censurar contenidos que se imparten a sus hijos en las aulas, principalmente en materia de educación afectivo-sexual. Díaz ha hablado de “adoctrinamiento” en las aulas y ha pedido que se “saque la ideología” de las mismas, porque “va calando como una lluvia fina”. Ha cargado contra la Agenda 2030, que “lo impregna todo de la ideología dominante”, llegando incluso a afirmar que “la sexualización prematura lleva a varios problemas en el desarrollo de los jóvenes”. “Se está alienando a las nuevas generaciones en la ideología de género, en el cambio climático y en el laicismo”, ha dicho, reclamando que “se revisen los contenidos”.

Frente a ello, el resto de formaciones se ha mostrado radicalmente en contra, asegurando que su postulado está “alejado de la realidad social y educativa” de la Comunidad y subrayando que “no existe adoctrinamiento”. De esta forma, tan solo los cuatro representantes de Vox han votado a favor de la iniciativa, frente a los 31 votos contrarios que ha obtenido.

no hay un cambio de orden social, lo que pasa es que Vox no entiende la realidad social de este país y del siglo XXI

Jorge Gutiérrez — Diputado autonómico del PSOE de Cantabria

Jorge Gutiérrez (PSOE) se ha dirigido a la bancada de la formación ultra destacando “lo bien que vivían en la España de hace 50 años y lo difícil que se les está haciendo vivir en la de ahora”. “No se cansa de retrotraernos a la España en blanco y negro”, le ha dicho a Díaz; “no hay un cambio de orden social, lo que pasa es que Vox no entiende la realidad social de este país y del siglo XXI”, ha expresado tajante, remarcando que lo que pretende esta formación con esta iniciativa es “que los padres puedan vetar contenidos sin tener en cuenta que sus hijos tienen derecho a ellos”.

Resulta paradójico que las mismas personas que critican el contenido ideológico son quienes quieren imponer la religión católica; no están a favor de que se saque la ideología de las aulas, sino de que solo exista una, la suya

Teresa Noceda — Diputada autonómica del PRC

Teresa Noceda (PRC), por su parte, se ha dirigido a Vox como parlamentaria y como maestra alabando la calidad del sistema educativo cántabro respaldado por el último informe PISA. “Resulta paradójico que las mismas personas que critican el contenido ideológico son quienes quieren imponer la religión católica; no están a favor de que se saque la ideología de las aulas, sino de que solo exista una, la suya”, ha expresado, al tiempo que ha ironizado sobre las lecciones de ciencia de parte de quienes niegan el cambio climático y son antivacunas.

Finalmente, Álvaro Aguirre (PP) ha calificado de “bastante peligroso traer esta iniciativa que es una ensalada de ideas partiendo de que se ha producido un hecho reprobable”, en referencia a la polémica del cómic. “Su propuesta mezcla conceptos y parte de una radiografía que no se ajusta a la realidad del sistema educativo”, ha dicho. “No se corresponde con la realidad de las aulas ni con los planes del PP”, ha sentenciado el diputado popular.

No es la primera vez que Vox trata de imponer el 'veto parental' en Cantabria en lo que llevamos de legislatura. En octubre registró otra proposición no de ley (PNL) similar que motivó la reacción de la comunidad educativa y que fue rechazada en el Parlamento autonómico gracias a los votos en contra de PP, PSOE y PRC. Previamente, la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades que dirige Sergio Silva (PP) se mostró “manifiestamente en contra” de esta medida impulsada por la extrema derecha.

El veto parental reabre una antigua brecha entre el PP y Vox en Extremadura. El pleno de la Asamblea ha rechazado este jueves, con los votos de PP, PSOE y Unidas por Extremadura, la propuesta de impulso presentada por el partido de extrema derecha para implantar este veto, conocido como pin parental, en las aulas de la comunidad autónoma. No obstante, Vox ya había avanzado que no rompería su acuerdo de gobierno en Extremadura, aunque el PP votase en contra de la iniciativa, como ha sucedido.

La formación de Santiago Abascal ha defendido una propuesta para “revisar los currículos educativos y adoptar las medidas necesarias para la inmediata retirada de libros de texto y material educativo que contenga cualquier tipo de adoctrinamiento o contenido potencialmente dañino para la inocencia de los menores”. En esta iniciativa, que supone un veto o pin parental aunque Vox no utilice expresamente ese término, se plantea también “garantizar el conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula”.

La diputada del PP Sandra Valencia, encargada de defender la postura de su grupo en el debate, ha dejado claro que el Gobierno de María Guardiola solo estaría dispuesto a estudiar la modificación de decretos sobre currículos educativos siempre que hubiera “una demanda real”, que hasta el momento no existe, y solo se llevaría a cabo “contando con toda la comunidad educativa”.

Valencia ha defendido la libertad de cátedra y la profesionalidad de los docentes, así como la importante labor que llevan a cabo los inspectores de educación, además de recordar que las familias, a través de los consejos escolares, aprueban la Programación General Anual (PGA) de los centros.

La diputada popular ha manifestado que la Junta garantizará el derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones, así como la neutralidad ideológica de la enseñanza en Extremadura, que es lo que aparece en el punto 32 del pacto de gobierno suscrito entre PP y Vox.

El diputado defensor de la propuesta de impulso, Álvaro Sanchez-Ocaña, se había mostrado contrariado por no saber exactamente cual sería el voto del PP, pero ha dejado claro, no obstante, que “Extremadura está por delante y nosotros vamos a cumplir el pacto de gobierno y, sobre todo, la gobernabilidad de todos los extremeños”.

La diputada socialista Piedad Álvarez se ha preguntado si Vox no será “la derechita cobarde” en Extremadura, ya que ni siquiera se atreve a hablar de “pin parental” y ha dejado claro que esta medida no se puede aplicar porque va contra la libertad de cátedra y cuestiona a los consejos escolares y al claustro de profesores.

Tanto Álvarez como la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, han defendido que la educación en valores es más necesaria que nunca después de las movilizaciones protagonizadas estos días contra la amnistía, cargadas de “odio y violencia”, ha dicho la dirigente de Podemos, con “cantos fascistas e insultos homófobos y racistas”. 

El Partido Popular ha tumbado este lunes la proposición no de ley (PNL) presentada por Vox en el Parlamento de Cantabria para implantar el 'veto parental' en las aulas de Cantabria, una iniciativa que la extrema derecha había llevado a la Cámara justificándose en el supuesto “derecho de los padres de elegir el tipo de educación que reciben sus hijos en función de sus propias convicciones” y alertando de que los estudiantes cántabros “encuentran en sus libros de texto curriculares contenidos manifiestamente ideológicos que nada tienen que ver con el conocimiento científico y académico riguroso, camuflados como material académico, así como inexactitudes o directamente mentiras sobre nuestra historia o sobre la realidad social y política de España”.

“En parte como consecuencia del desarrollo del estado autonómico y la cesión de competencias en materia de educación a los distintos gobiernos autonómicos, en los últimos años se han producido situaciones en las que los poderes públicos, en los ámbitos nacional y regional, han diseñado políticas educativas que socavan el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos mediante la aprobación de contenidos educativos claramente ideológicos. En muchos casos los contenidos chocan abiertamente, no solo con las convicciones morales, políticas o religiosas de los padres, sino con la propia verdad científica o histórica”, defendía la formación de extrema derecha en su iniciativa parlamentaria como argumento para establecer este 'veto parental'.

La propuesta de Vox se ha encontrado con la oposición frontal de todas las formaciones políticas con representación en el hemiciclo y ha sido rechazada en el pleno del Parlamento de Cantabria con los votos en contra de PP, PRC y PSOE, que han defendido en la tribuna de oradores la calidad del sistema educativo en la comunidad autónoma y la autonomía de los docentes para establecer los contenidos pedagógicos más adecuados en cumplimiento con la legislación vigente.

Rechazo unánime

Ya hace unos días, cuando Vox hizo pública esta proposición parlamentaria, la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades que dirige Sergio Silva (PP) se mostró “manifiestamente en contra” de la implantación en Cantabria de este 'veto parental' que pretendía imponer la extrema derecha porque, a juicio del consejero, “socava la necesaria confianza de las familias en los centros educativos y los profesores” y “supone su fiscalización”.

La propuesta de Vox también desató una reacción inmediata entre la comunidad educativa, que levantó la voz de forma unánime contra los intentos de la formación de extrema derecha de influir en los contenidos educativos y su petición de censurar ciertas materias por considerar que se trata de un ejercicio de “adoctrinamiento”, con ejemplos que alcanzaban algunos cursos de formación para adolescentes en materias como la diversidad sexual y la igualdad o charlas sobre el colectivo LGBTI.

Ni veto ni censura. Eso es lo que dice la Junta de Extremadura sobre la propuesta de impulso que ha registrado Vox en la Asamblea de Extremadura para implantar el conocido como pin parental en las aulas y para que se eliminen de forma “inmediata” los libros y el material educativo que afecte a la “inocencia” de los menores.

La secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez, ha dicho este martes que Vox no habla de “veto parental” y que lo que plantea en la propuesta de impulso registrada ayer “está en consonancia con lo que dispone el artículo 27 de la Constitución Española”.

Ara Sánchez se ha pronunciado así al ser preguntada por los medios sobre la propuesta de impulso registrada por Vox en la que plantea “el conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula”.

La secretaria general con rango de consejera ha recordado que esta iniciativa parlamentaria es “una propuesta que tendrá que admitirse, que se tendrá que debatir y veremos en qué termina”.

Tras insistir en que Vox no utiliza “en ningún momento el término pin parental”, ha añadido que la formación de Santiago Abascal “ahora mismo lo que está haciendo es presentar una propuesta que está en consonancia con lo que dispone el artículo 27 de la Constitución Española”.

Sánchez ha reconocido que esta propuesta está en el acuerdo de gobierno de coalición suscrito entre María Guardiola y Ángel Pelayo Gordillo y ha señalado que en ese pacto tampoco se habla de “veto o pin parental”, ya que lo pactado, igualmente, “se circunscribe única y exclusivamente a lo que dice el artículo 27” de la Carta Magna.

En ese sentido, ha precisado que esto “no difiere de lo que ya se está haciendo por parte de la Consejería de Educación y de los planes de Educación que se están aplicando en todos los centros de Extremadura.

La secretaria general de Educación, Pilar Pérez, ha dicho sobre esta cuestión que la Consejería se va a mantener “en la línea de lo que tiene que hacer cualquier partido democrático, que es atenerse al respeto de lo contenido en la Constitución Española y en concreto en el artículo 27”.

“De ahí desde luego no nos vamos a mover”, ha dicho Pilar Pérez, quien ha destacado que en los centros educativos se mantiene la premisa de que “hay que trabajar con todos los alumnos unos principios, unos valores y que la educación debe de estar al margen de ideologías y de adoctrinamientos, lógicamente”

“Pero eso es algo que siempre se ha hecho, la educación es algo que tiene que ceñirse al ámbito educativo y que tiene que estar alejada de la política”, ha dicho la responsable de Educación del Gobierno de María Guardiola.

Ara Sánchez y Pilar Pérez, que han asistido en la Asamblea de Extremadura al VIII Pleno Escolar contra el Bullyng por LGTBTIfobia, han apostado por una educación en respeto a la diversidad y a la pluralidad.

Vox ha presentado una propuesta de impulso en la Asamblea de Extremadura para exigir a la Junta la censura en los colegios e institutos de la región y la implantación del veto parental en las aulas. De esta forma, el partido de extrema derecha, que gobierna en coalición con el PP, obligará a la presidenta, María Guardiola, a posicionarse sobre este asunto después de que negara que estaba incluido en el pacto de gobierno.

En su propuesta, Vox pide a la Junta que revise los currículos educativos y adopte las medidas necesarias para promover la “inmediata retirada” de libros de texto y material educativo “que contengan cualquier tipo de adoctrinamiento o contenido potencialmente dañino que pueda afectar a la inocencia de los menores”.

Además, el partido de Santiago Abascal quiere que se garantice el “conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula”, o, lo que es lo mismo, que la Consejería extremeña de Educación implante el veto parental.

Sin embargo, María Guardiola rechazó el pasado jueves llevar esta medida a las aulas de la región porque no formaba parte, según dijo, del pacto de gobierno del PP y Vox en Extremadura. Pero en el punto 32 de ese documento ambos partidos se comprometieron a garantizar la “neutralidad ideológica” de la enseñanza y fomentar la igualdad de oportunidades asegurando la libre elección de centro en todas las etapas educativas, así como el derecho constitucional que asiste a los padres “para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones”.

A pesar de ello, la presidenta aseguró que la Junta “garantizará una educación sexual adecuada, sana y respetuosa” después de que la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, reclamara una educación afectivo sexual en las aulas a partir de los tres años y recordara los casos de los falsos desnudos de niñas en Almendralejo y el de la menor agredida sexualmente por tres compañeros en un colegio de Montijo, ambas localidades en Badajoz.

“Nosotros queremos una Extremadura feminista y que combata palmo a palmo y sin descanso la violencia machista en cualquiera de sus formas”, resaltó Guardiola, además de criticar que la líder de la coalición de izquierdas utilice estos casos para “frivolizar” y “hacer regate corto en lugar de arrimar el hombro”. 

Será en el próximo pleno, previsto para el 19 de octubre al ser el 12 festivo, cuando la presidenta de Extremadura y los diputados del PP se tengan que posicionar sobre la censura en los colegios y la implantación del pin parental, como exigen sus socios en el Ejecutivo, o supondrá un nuevo enfrentamiento entre la derecha y Vox a escasos días de que se celebren los 100 días de gobierno.

“La situación es insostenible”, apunta Marisa Maldonado de la FAPA Juan González de la Región de Murcia. La Policía Antidisturbios y la Nacional disolvieron el pasado jueves por la tarde al más de millar de personas llegados de todas partes de la Región que se habían concentrado inicialmente frente al Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, y que, sobre las 20h, se desplazaron hasta la Gran Vía, donde cortaron el tráfico para “mostrar su cabreo ante un problema tan grave” como ha sido el caótico inicio de curso escolar.

El mes de septiembre ha concluido y en la comunidad murciana todavía hay “5.000 escolares sin transporte, otros 2.000 instalados en barracones sin habilitar, alumnado que lleva un mes sin profesor y hasta personal de los centros que ha tenido que salir a comprar comida porque no había para todos”.

En la Región, continúa Maldonado, “todo está encaminado a privatizar y concertar puesto que todos los problemas están en la educación pública. Y, encima, presumiendo de de igualdad y de libertad: no se está respetando ni la libertad ni la igualdad de las familias que queremos una educación pública de calidad”.

Entre 2010 y 2022 la inversión en la red pública regional ha crecido solo un 9,17%, 410 euros por alumno, mientras que en la privada subvencionada se ha incrementado en un 43,38%, 1.283 euros por cabeza. “Los de la pública son niños y niñas de segunda, vivimos en un apartheid; privatizar y segregar son dos caras de la misma moneda”, ejemplifica Vladimir Solá, maestro en la pública y coportavoz del sindicato STERM-i.

Tampoco pintan mejor las cosas en materia de infraestructuras. La tuitera murciana Maestra Enfurecida señala que desde 2010 -según datos de Transparencia- no se construye ningún centro. “Está registrado un centro en Jumilla, pero fue uno que tuvieron que reformar porque se caía a pedazos y consta en registro como nuevo; eso sí, es constante el cierre de líneas en la pública para reforzar la concertada hasta en bachillerato”. Según Susana Navarro, protavoz de Docentes Unidos en la Región, “asistimos al desmantelamiento de la educación pública por la concertada; es una seña de identidad de los gobiernos del PP”.

Como muestra, la Región es la comunidad con peores datos en educación pública, según el informe 'Socieducación 2023' elaborado por la Asociación Sociedad Civil por la Educación. Le sigue Madrid. Ambas, gobernadas por el PP. Según el informe, Murcia es la tercera comunidad que destina a educación más porcentaje de su PIB; pero también es la tercera (por la cola) que menos inversión destina a la pública.

Isabel Saturno y Olga Catasús presiden la Asociación de Directivos de Centros Públicos de Secundaria y Primaria de la Región de Murcia. Ambas insisten en la necesidad de planificar mejor para evitar problemas estructurales en el sector de la educación pública e inicios de curso “un poco caóticos en algunos aspectos” como el presente. “Son muchos problemas variados, en el servicio del comedor y transporte, la instalación de barracones... pero que no han afectado a todo el alumnado por igual; el problema fundamental es la falta de planificación y trabajar con antelación”, apunta Olga Catasús.

5.000 alumnos, sin transporte escolar

El conflicto del transporte escolar es el último que le ha estallado al consejero murciano de Educación, Víctor Marín, a quien las familias han pedido la dimisión. En junio de 2021 las empresas de los autocares escolares de la Región organizaron su primer parón ante el Acuerdo Marco que planteó la Administración regional para regular los precios. En este comienzo de curso hasta 10.000 alumnos se quedaron sin poder acudir al colegio, cifra que se ha reducido a la mitad en la actualidad, porque las empresas se negaron a arrancar sus autocares. “Nos plantean un acuerdo que es deficitario. Tras las protestas del año pasado cedimos, pero ahora tenemos las cuentas sobre la mesa y perdemos dinero; no somos una ONG”, explican desde las empresas de transporte.

“Llegó septiembre y la consejería decidió no moverse un ápice. Ya llevábamos avisando desde hacía tiempo que este año se jubilaba mucha flota de autobuses, lo cual implica inversiones muy potentes para las compañías; por no hablar del precio de la gasolina o la necesidad de tener plataformas en los vehículos para el alumnado con necesidades especiales”, añaden. El 28 de agosto la consejería murciana se puso en contacto con el sector para proponerles un contrato de emergencia al precio del Acuerdo Marco que las empresas no aceptaron. “Entendemos que en la consejería han jugado al póquer”, apuntan. De nuevo se han negado al aumento del 30% del precio ofrecido por Marín “porque se trata de un parche para tres meses”.  

Desde la consejería afirman que los “precios que han sido ratificados por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales” y que se ha ofrecido crear “de inmediato un grupo de trabajo de carácter técnico con los representantes del sector”, además de que “el incremento de precio por motivos contractuales y legales se puede producir a partir de 2024”.

El IES José Planes de la pedanía murciana de Espinardo es un centro que tiene 454 alumnos afectados por el transporte y “no es posible imaginar la que se lía todas las santas mañanas a la entrada y salida del centro”, señala Sergio, presidente del AMPA. “Yo tengo una empresa privada y si mi sector de ventas me dice que cuando tengo que vender el producto no está listo el transporte, está en la calle”. Maldonado subraya que “las familias tienen que perder horario laboral para llevar a recoger a su hijo y les está ocasionando enormes problemas, por no hablar de los económicos para quienes tienen que pagar un taxi para los niños con problemas de movilidad”.

Trabajadores de centros escolares, pagando la comida del comedor

Al Director General de Centros Educativos e Infraestructuras de la consejería murciana de Educación, Jesús Pellicer, le costó el cese el pasado 22 de septiembre los problemas generados tanto en el transporte como en el suministro de algunos comedores de colegios públicos. Desde CCOO habían informado dos días antes que Pellicer había ampliado la licitación de suministro para 75 colegios a la empresa Catering 45 sabiendo desde hacía cinco meses que la compañía tenía “irregularidades laborales” como el impago de las nóminas, e incluso el hecho de que trabajadores de dichos centros “habían tenido que poner aportaciones económicas para elaborar la comida y que este dinero no les había sido abonado por la empresa”.

“Hay niños becados a los que no se les está ofreciendo la comida porque no hay espacio en el centro, o también nos encontramos en algunos comedores escolares con menús racionados. O alumnado diciendo que se tienen que repartir la fruta porque no hay suficiente para todos o que no pueden repetir”, enumera Maldonado, visiblemente molesta.

Segregación del alumnado

El sistema regional tiene como “máxima” la segregación étnica y de clase, analiza Vladimir Solá, maestro en la pública y coportavoz del sindicato STERM-i. La planificación, continúa, es una “pesadilla social”. El 87% de alumnado extranjero está en la pública. Y concreta que los que nacen aquí, pero de origen migrante, no computan como extranjeros, “pero van al gueto igual”. Vienen en un 52% de Marruecos, un 12% de  Ecuador o un 5% de Bolivia, y “son sistemáticamente segregados como ganado al calor de la privatización educativa”. Nueve municipios tienen más de un 20% de alumnado extranjero, especialmente en la zonas del Guadalentín y Campo de Cartagena, las áreas de barracones por excelencia. 

Toda esta ingeniería social “aberrante”, critica Solá, tiene también objetivos electorales, “puesto que los centros privados tienen ideología; funciona con procesos de escolarización, des-zonificación, baremación, reserva de plazas, para que los centros privados subvencionados perpetúen la reproducción social”. A través de “cuotas ilegales y gastos por servicios”, señala, “se confina a las clases populares en la pública”. 

Con casi 23.000 seguidores en Twitter, Maestra Enfurecida coincide con Solá: “No hay integración; debería haber una regulación para la población migrante que no tiene el idioma, que se estableciesen cupos -también en los concertados-, porque hay clases y colegios con porcentajes muy elevados de niños que necesitan apoyo y es muy difícil sacar esos grupos adelante”. Maestra Enfurecida critica que muchos colegios se han convertido en auténticos guetos, como el CEIP Cuatro Santos, en Cartagena; conocido en el vecindario como el 'colegio moro', el centro cuenta con 193 alumnos, de los que un 70% son musulmanes.

“Sucede también con el alumnado de muy bajos recursos, con problemas de aprendizaje, absentismo... y por mucho que la Consejería mande más recursos, se lastra el funcionamiento del centro”. La tuitera echa la culpa al distrito único: “Antes la escolarización se hacía donde te tocaba, pero ahora al poder escoger nos vamos organizando en diferentes dimensiones y cada uno no ve la del otro”.

La solución pasa por “planificar mejor”. Maestra Enfurecida pone el acento en que los colegios concertados “hacen estudios para ver qué tipo de familias escolarizar; por ejemplo, cómo puede ser que en un área de urbanizaciones de 17.000 personas en Molina de Segura no haya ni un solo colegio público, pero sí que encuentres concertados o privados”, se pregunta.

Otra vía de segregar en la concertada, apunta, son las altas cuotas que a veces hay que afrontar para formar parte del AMPA. “En Murcia llegó a pasar que en el Antonio de Nebrija bajaron a un niño del escenario durante un festival porque su familia no había pagado el impuesto revolucionario”. Una sentencia fijó que el centro tenía que afrontar una indemnización de 300.000 euros, “pero la Consejería dejó que prescribiera la multa”.

Veto parental

Susana Navarro, portavoz en la Región de Murcia de Docentes Unidos, se muestra despreocupada en cuanto a la posible aplicación del veto parental en las aulas. “Poco pueden hacer, ya quedó claro con la intentona del curso 2018-2019, y hasta la exconsejera ultra de Educación, Mabel Campuzano, tuvo que reconocer que no era posible legalmente su aplicación” y buscar otras fórmulas para endurecer las condiciones de acceso a estas actividades. Lo “único” que se pudo implementar fue el informar previamente a los padres de las actividades del centro. “Pero estamos hablando de actividades obligatorias a las que tienen que asistir los alumnos y que son temas transversales muy importantes”, señala Navarro para quien dirigir la atención hacia el veto parental no es más que una escaramuza del Gobierno regional para no afrontar “la falta de inversión en la pública y que estamos a la cola de todos los indicadores, con unas ratios desorbitadas, muchísimos barracones, infraestructuras obsoletas, tasas elevadas de abandono escolar y muchos problemas detectados en materia de salud mental”.

Para Mar Tornero, presidenta del colectivo LGTBIQ+ Galactyco, “el veto parental es una reclamación del conservadurismo más rancio para tratar de evitar la educación en igualdad que exige nuestra legislación”. Y sigue: “Vulnera la Ley de Igualdad LGTBI regional, aprobada por unanimidad antes de la presencia de Vox en nuestras instituciones, la Ley de Educación y los diferentes decretos que la regulan, sobre lo que se consideran enseñanzas curriculares; y por supuesto vulnera la nueva Ley de Igualdad LGTBI estatal”. Es decir, que es “completamente ilegal, tal y como se demostró, y por lo que el PP tuvo que retractarse”. Para Tornero, “ciertamente, los progenitores tienen derecho a elegir la educación de sus hijos, pero no a costa de las libertades y derechos del resto de la ciudadanía, ni incumpliendo toda nuestra legislación en materia de educación e igualdad”.

En su opinión, “pretenden imponer un modelo educativo que perpetúa no ya solo la LGTBIfobia que aprenden en casa, también el machismo y la xenofobia; son muchos los jóvenes que aún hoy en día se encuentran en situación de vulnerabilidad por el rechazo de sus propias familias solo por ser gay, lesbiana, bisexual o persona trans; por lo que las administraciones públicas tiene el deber de proporcionar herramientas para luchar contra toda desigualdad y prejuicios por razón de sexo, origen, orientación sexual o de género, lacras que habitan en el seno de las familias”.

Barracones sin habilitar

Entre los colegios e institutos de la Región hay diseminados 75 barracones. “Es por el afán de la Consejería de no construir, que en realidad es mucho más económico que el alquiler que se paga mensualmente desde hace años a la empresa adjudicataria de los módulos”, explica la portavoz de Docentes Unidos, Susana Navarro. “Son construcciones portátiles que no protegen del frío o del calor, ni contra las lluvias, ni son dignas para un país europeo y moderno del siglo XXI”, afirma Navarro.

El caso más mediático en este arranque de curso ha sido el de los centros de Los Alcázares, que llevan desde 2015 dando clase en barracones. De las 75 aulas prefabricadas en la Región, un total de 17 se encuentran en este municipio costero. De estas, de nueve están en el IES Menárguez Costa, uno de los centros más afectados, donde entre 240 y 250 de sus alumnos han empezado las clases de forma online por el atraso en la instalación de las aulas modulares al expirar a final de curso el contrato con la antigua adjudicataria. El Menárguez Costa es un centro diseñado para atender a 450 alumnos y alberga a 1.144, por lo que además de instalar nueve barracones ha sido necesario convertir todas las zonas comunes en aulas.

“No han resuelto el problema todavía; sí que hemos ubicado a los estudiantes que tuvieron que empezar el curso online, pero los barracones no están equipados al cien por cien, no hay acceso a internet y el mobiliario es escaso”, se queja la concejala de Educación de Los Alcázares, José Lajara, quien adelanta que se está organizando una concentración de protesta a las puertas de la Consejería en Murcia el próximo viernes 6 de octubre. “En los Alcázares las aulas están instaladas y los alumnos, dando clase desde el martes”, apuntan desde la consejería murciana de Educación.

Vox no ha desaprovechado la primera oportunidad en la que ha obtenido cuota de poder en varias comunidades autónomas para aupar a sus perfiles más ultraconservadores. En Baleares y en Aragón han optado por situar a diputados con posicionamientos negacionistas y machistas al frente de los parlamentos autonómicos. El último ejemplo del ascenso de figuras ultracatólicas se ha producido este lunes en  les Corts Valencianes. La diputada antiabortista Llanos Massó ha sido elegida presidenta del parlamento autonómico gracias al apoyo de los diputados del PP. 

Antes de militar en Vox, la segunda autoridad de la comunidad autónoma formó parte de una sección antiabortista del lobby HazteOir, la plataforma liderada por Ignacio Arsuaga y que impulsa campañas en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y de los derechos LGTBI. Esta organización está detrás del autobús que recorrió Madrid con el mensaje tránsfobo “los niños tienen pene y las niñas tienen vulva”. Tras los enfrentamientos entre los de Arsuaga y los de Santiago Abascal, este lunes desde Vox han aclarado que su diputada ya no forma parte de HazteOir.

Crítica a la educación sexual en las aulas

Massó es diputada autonómica desde 2019. Durante la legislatura anterior, la dirigente autonómica de Vox centró sus comparecencias en cargar contra las políticas de igualdad de género y los derechos hacia el colectivo LGTBI, especialmente en materia de educación sexual. En esta línea, también abogó por la introducción del 'pin parental' en las aulas. Hace unos meses acudió a una sesión del parlamento valenciano con una fotocopia de varios dibujos de penes que, según denunció, figuraban en libros disponibles en las bibliotecas escolares. La consejera de Educación, Raquel Tamarit, abordó este asunto con cintura e ironía y le recordó a la diputada autonómica que “la diversidad también es hija de Dios”.

La presencia de antiguos miembros de colectivos ultracatólicos y antiabortistas en las candidaturas de Vox no es una novedad. Ya con la irrupción del partido de Santiago Abascal en 2019, esta formación contribuyó a la entrada de nombres vinculados a lobbies antifeministas en instituciones públicas. Por ejemplo, el diputado por Sevilla Francisco José Contreras fue miembro de la junta directiva de HazteOir. Por su parte, uno de los concejales que ha obtenido el partido de ultraderecha en el Ayuntamiento de Barcelona, Liberto Senderos, es fundador de la filial española de la secta secreta El Yunque, tal y como desveló El País. 

Apoyados por el PP

La actuación del PP en Valencia, se repitió días antes en Aragón. Los populares apoyaron la elección de la diputada de Vox Marta Fernández como presidenta de las Cortes de Aragón. En esta autonomía, el acuerdo que dio lugar a este nombramiento se limitó a la composición del parlamento y no incluye, por ahora, ningún pacto de Gobierno, aunque el secretario general del partido de ultraderecha, Ignacio Garriga, ha asegurado este lunes que esperan tener “pronto” noticias en esta comunidad y en Baleares. 

La designación de Fernández como presidenta de las Cortes aragonesas coincidió con la decisión de la diputada de Vox de borrar el contenido de sus redes sociales. El rastro de esos mensajes ha desvelado comentarios tránsfobos, negacionistas y antifeministas. En 2021 se dirigió de la siguiente manera a las “feminazis”: “Sois las nietas de los cristianos que echaron a los moros de la península para que pudierais pasear en tetas por la calle”. 

En otra de sus declaraciones recuperadas en estos últimos días, Fernández aseguró que la ministra de Igualdad, Irene Montero, no sabe “nada de la vida”, solo “arrodillarse para medrar”. Tras tomar posesión de su cargo institucional repetía consignas negacionistas. “La violencia de género no existe. ¿Qué es el género?”, aseguraba este sábado en una entrevista publicada en el Heraldo. Copiando la escenografía de partidos de extrema derecha y de lobbies antigénero internacionales, Fernández también desplegó la foto de un feto desde la tarima de las Cortes en la legislatura anterior para reivindicar sus posicionamientos antiabortistas, tal y como publicó La Sexta. 

Un torero, al frente de Cultura

A diferencia de la cuenta de Fernández, la de Gabriel Le Senne continúa activa. Se puede seguir leyendo en el perfil del presidente del Parlament balear, entre otros polémicos comentarios, que “las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene”. Este abogado es defensor de la teoría del “gran reemplazo”, una tesis supremacista que sostiene que existe un plan, avalado por los grandes partidos y las instituciones, para sustituir a la población blanca de los países occidentales por inmigrantes musulmanes y subsaharianos. 

Como ha sucedido en Aragón y en Valencia, el nombramiento de Le Senne ha sido votado por el PP. Además de comentarios machistas, los mensajes y artículos del nuevo presidente de la Cámara balear difunden tesis negacionistas del cambio climático, de la violencia de género o de la eficacia de las vacunas contra la Covid-19. Después de que se hayan hecho públicos estos mensajes, Le Senne aseguró que se habían “sacado de contexto”. Y lamentó que se esté “trasladando una imagen” de él que “la gente que le conoce sabe que no es real”.

Otro de los perfiles que ha aupado Vox en esta nueva etapa, en la que se ha convertido en una formación necesaria para que el PP llegue al poder en varias comunidades, es el del torero Vicente Barrera, que gestionará asimismo las competencias de Cultura. Será el segundo vicepresidente autonómico que logre la formación, tras obtener la primera en Castilla y León en 2022. Barrera se ha convertido en el hombre fuerte del partido en Valencia, tras la salida de Carlos Flores como cabeza de lista al Congreso debido a su condena a un año de prisión por violencia machista en 2002.

Asimismo, Vox ha conseguido representación en la Mesa de la Cámara de Cantabria. El diputado Armando Blanco es el nuevo secretario gracias a los votos del PP. En Andalucía también obtuvieron representación, tras las últimas elecciones autonómicas. La vicepresidenta tercera del Parlamento, María Mercedes Rodríguez Tamayo, pertenece al partido de Santiago Abascal

Con información de Esther Ballesteros, Lucas Marco, Laura Martínez y Candela Canales.

Hasta hace poco el tema era excesivo incluso para Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid rechazaba en la Asamblea la imposición del veto parental que le pidió Vox. “Dinamita” la relación profesor-alumno, adujo entonces la presidenta, que siempre ha ejercido de avanzadilla popular de un viaje de ida hacia la derecha en materia educativa. Una estrategia que el partido en su conjunto ha abrazado de lleno en las últimas semanas, 20 meses después de aquel episodio en la Asamblea.

Ahora es el PP el que le propone a Vox un pacto “por una Educación de calidad, libre y sin sesgo ideológico” en varias comunidades autónomas. Lo ha hecho para gobernar en Extremadura, donde necesita al partido de Abascal para desbancar al PSOE, que ganó las elecciones, y lo hace motu proprio después de asegurar que no quería a la ultraderecha en el Ejecutivo. También lo ofrece en Baleares con el mismo fin durante las negociaciones para formar Gobierno, en las que ya ha entregado la presidencia del Parlament. El acuerdo en la Comunitat Valenciana despejó el camino para controlar lo que se hace en las aulas. El Partido Popular compra el marco ultra. Vox ya ni necesita pedirlo. “Sin sesgo [o adoctrinamiento] ideológico” es la fórmula elegida, que se repite en los tres casos.

Los textos de Extremadura y Baleares son vagos porque aún son propuestas, pero en la Comunitat Valenciana ya hay un pacto de Gobierno consensuado que añade algún detalle más al acuerdo: “Los padres elegirán libremente y en su caso autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares”, dice el punto 28 del texto que firmaron los populares con la ultraderecha. “Reforzaremos la inspección educativa para preservar la calidad de la enseñanza sacando la ideología de las aulas y permitiendo que los padres elijan la educación de sus hijos”, añade el 29.

Ahora ya todo es ideología. ¿La memoria democrática? Ideología. ¿La diversidad sexual? Ideología. ¿Los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Los roles de género? Ideología pura, como le espetó Rocío Monasterio, portavoz de Vox, a la propia Ayuso en aquel debate, cuando sostuvo que fue precisamente “la ideología de género” lo que permitió que “entraran en los colegios a adoctrinar a los niños”.

El veto parental en el centro de todo

Los acuerdos firmados o propuestos hablan de “ideología”, pero Maribel Loranca, responsable de la sectorial de Educación de UGT, tiene claro que apuntan a otro lado aunque no lo hayan puesto negro sobre blanco. “Esto va de resucitar el llamado pin parental, que nadie se equivoque”, asegura.

Hoy algo orillado, el veto parental fue el centro de la conversación educativa en 2019. El momento en el que la batalla contra la ideología en las aulas comenzó a cristalizar fue tras las elecciones andaluzas de ese año, en las que Vox entró por primera vez en un parlamento español. Desde entonces, todo aquello que suene a educación sexual, feminismo, violencia de género, derechos LGTBI o memoria democrática es tildado automáticamente por la extrema derecha de “adoctrinamiento” en las aulas. El mismo marco en el que se mueve el PP ahora.

Y también desde entonces el veto parental, llamado por la formación de Santiago Abascal “pin parental”, es la medida estrella para intentar cumplir su objetivo de poner cortapisas a estos contenidos en los centros educativos. El veto parental fue una de las condiciones impuestas al PP tanto en Andalucía como en Murcia o Madrid en distintos momentos, o bien para amarrar presupuestos o como parte de las negociaciones para formar gobiernos. En la práctica, se trata de un papel que permite a los padres vetar en los colegios las actividades externas que cuestionan sus convicciones morales, ideológicas o religiosas. El modelo de veto parental que Vox defendió en su momento ya dejaba claras sus intenciones: pedía que el centro informara a los progenitores de cualquier actividad “que pueda resultar intrusiva para la conciencia e intimidad” de sus hijos, ante “la posibilidad de que pueda ser adoctrinado en ideología de género” contra la “voluntad” o los “principios y valores morales” de los padres. Este mecanismo no se aplica actualmente en ninguna comunidad autónoma.

Autorizar una actividad ya autorizada

Ahora los acuerdos de Gobierno en la Comunitat Valenciana anuncian con contundencia que los padres “autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares”. Pero esto es algo que ya ocurre de facto. Actualmente, los colegios tienen la obligación de aprobar a principio del curso las actividades de este tipo que se realizarán durante el año. Y para ello deben pasar por el Consejo Escolar, donde ya están presentes las familias. Eso sin entrar en que en la educación obligatoria las líneas entre curricular y extracurricular son difusas.

Ayuso anunció que iba a revisar los libros de texto porque 'el sanchismo' los usaba para adoctrinar. Después de poner a la inspección educativa a revisar nada menos que 180 manuales, tuvo que admitir que no había encontrado nada

Pero la denunciada “ideología” en las aulas no se acaba ahí, a tenor de las declaraciones que han venido haciendo unos y otros en los últimos meses. Volviendo sobre Ayuso, que parece haber pasado de verso libre a marcar la línea, la presidenta regional anunció a bombo y platillo hace un par de años que usaría sus competencias para sacar del currículum de Bachillerato “30 conceptos sanchistas” que iban a “adoctrinar” a los alumnos madrileños. Estos “conceptos sanchistas” incluían cuestiones como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la memoria democrática, las identidades sexuales, la ciudadanía global, mecanismos de dominación o estudiar de forma diacrónica el papel que han tenido las mujeres.

Alberto Corsín, investigador en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), replicaba en redes sociales tras el anuncio: “De los 30 conceptos educativos que el Gobierno de Ayuso ha decidido eliminar del currículo de Bachillerato por 'adoctrinadores e ideológicos' he contado al menos 27 que el CSIC identifica entre los 'desafíos científicos' del futuro en sus recientemente publicados libros blancos”, escribía en Twitter.

Que luego nada de aquello pasara del anuncio es otra cuestión; los titulares salieron igual. Exactamente lo mismo sucedió cuando anunció que iba a revisar los libros de texto porque “el sanchismo” los usaba para adoctrinar. Después de poner a la inspección educativa a revisar nada menos que 180 manuales, tuvo que admitir que no había encontrado nada.

Las matemáticas también son ideología

Otro elemento que introducía la “ideología en las aulas” fue el currículum de matemáticas “con perspectiva de género” en la Lomloe. Vox entendió este enfoque –que grosso modo venía a intentar mejorar la relación de las niñas con la materia y a señalar que las matemáticas sirven para arreglar problemas sociales– como un intento de “imponer una ideología que no aporta nada a la educación”, en palabras de José Manuel Marín, portavoz de Vox en la Comisión de Educación en el Senado en 2022. “Los profesores ya no hacen caso a planteamientos que exceden del sentido común”, aseguró el senador de la ultraderecha.

El ‘veto parental’ de Vox no surge de la formación de extrema derecha de forma aislada, sino que bebe del discurso que las organizaciones ultracatólicas como HazteOír llevan años intentando hacer calar

La alusión al profesorado hace revolverse a Maribel Loranca, que cree que decir que en la escuela se adoctrina “cuando menos es una muestra bastante grande de desconfianza hacia la profesionalidad del profesorado”, reflexiona, un cuerpo compuesto por cientos de miles de personas a las que no se pregunta qué votan cuando hacen la oposición. Y, recuerda la representante sindical, “que tiene libertad de cátedra”, un derecho consagrado en la Constitución. “A ver si van a estar atentando contra ella”, advierte Loranca.

La pelea por el veto

La comunidad en la que la propuesta del veto parental llegó más lejos fue Murcia, donde acabó implantándose en el curso 2019-2020, pero acabó en los tribunales tras el recurso interpuesto por el Ministerio de Educación, entonces dirigido por Isabel Celáa. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia lo paralizó cautelarmente y a finales de curso lo archivó. Un año más tarde, tras la fallida moción de censura a Fernando López Miras y con la exdirigente de Vox Mabel Campuzano en la Consejería de Educación de la Región, se puso en marcha un modelo de ‘veto parental’ rebajado, que implicaba avisar a los padres con siete días de antelación de la actividad que fuera a impartirse por personal ajeno al claustro.

Si algún tipo de contenido en las aulas es el blanco de la extrema derecha es lo referido a educación afectivo sexual y derechos LGTBI. Algo que resumen con el concepto “ideología de género”. Este no es un discurso nuevo ni inocente, el concepto se usa a nivel internacional por parte de los sectores ultraconservadores y católicos desde principios de los años 2000, pero arrecia con fuerza en los últimos años con el objetivo de imponer un pánico moral ante los avances de los derechos de las mujeres y las personas LGTBI. De hecho, el ‘veto parental’ inventado por Vox no emerge de la formación de extrema derecha de forma aislada, sino que bebe del discurso que las organizaciones ultracatólicas como HazteOír llevan años intentando hacer calar en España.

Con el objetivo de intentar avalar la supuesta necesidad de esta medida en los centros educativos, la estrategia de la extrema derecha se ha basado en lanzar bulos, exageraciones y desinformación usando talleres o intervenciones descontextualizadas y parapetándose en argumentos como la protección de los menores y la libertad de los padres “para elegir la educación de sus hijos”. Así, Santiago Abascal ha llegado a afirmar que el programa de educación sexual Skolae, premiado por la Unesco, enseñaba a los niños “juegos eróticos” mientras que Rocío Monasterio comparó en su momento las charlas LGTBI con la “pedofilia” y la “zoofilia”.

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En el caluroso mediodía del 26 de julio de 2019, Fernando López Miras era investido presidente de la Región de Murcia. Había llegado al poder, aun perdiendo las elecciones autonómicas, después de unas arduas negociaciones con Ciudadanos que obtuvieron el beneplácito todavía más arduo de Vox.

No fue hasta una segunda sesión de investidura cuando los miembros del partido ultraderechista votaron a favor del candidato popular.

Sonriente, visiblemente satisfecho, el reelegido presidente se levantaba de su escaño del hemiciclo de la Asamblea y dedicaba al resto de parlamentarios unas pocas palabras: “Pongamos a la Región de Murcia de una vez por todas en el lugar que merece”. “Tengan la seguridad de que este Gobierno será sólido”.

Con el inicio del curso, veto parental

Durante su campaña electoral, el PP había marcado la educación como uno de los pilares fundamentales en torno a los cuales dirigir sus políticas. En septiembre de 2019, tras las vacaciones de verano, la Consejería de Educación ordenaba a colegios e institutos de todo el territorio la obligatoriedad de presentar una autorización parental de cara a que el alumnado participara, o no, en diversas actividades escolares.

Aquel novedoso mandato tenía que ver con una de las pretensiones más vindicadas por Vox. La formación de extrema derecha se la había exigido a los populares en el devenir de las recientes negociaciones de investidura. Denominado mediáticamente pin parental, se trataba, en la práctica, de un papel que permitía a los padres vetar aquellas actividades complementarias que fueran en contra de sus convicciones.

Para sortear con éxito el primer obstáculo de la legislatura, la aprobación de los presupuestos, el PP tuvo que volver sentarse en la mesa de negociación con Ciudadanos y Vox. Fruto de aquel segundo acuerdo surgió el decreto -ya no una orden de rango menor- del veto parental, aunque con algunos matices que suavizaban la polémica iniciativa. Para entonces, casi mil personas se habían manifestado en Murcia, a principios de 2020, demostrando un rotundo rechazo. Incluso el Ministerio de Educación tachó el pin parental de “ilegal” y lo recurrió ante los tribunales, aunque finalmente fue archivado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

El Mar Menor, al límite

“Decenas de agentes del Seprona y voluntarios continúan las labores de recogida de los peces muertos que se acumulan en la orilla. Son restos de la masa pestilente y grisácea que evidenció este fin de semana el agónico estado en el que se encuentra el Mar Menor”. Con estas líneas comenzaba la crónica que elDiario.es de la Región de Murcia publicó el 12 de octubre de 2019, en San Pedro del Pinatar, tras el primer episodio de anoxia de la laguna salada, que arrastró a la arena de la playa de Villananitos más de tres toneladas de peces que agonizaban sin remedio.

El consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, defendió en un primer momento que aquel suceso había sido una consecuencia más de la gota fría que días antes había anegado gran parte del litoral de la albufera. Asociaciones naturalistas reivindicaron, tras las declaraciones del mandatario, que las lluvias torrenciales sólo multiplicaron los efectos de un desarrollo agrícola y urbanístico desmedido. El comité de científicos que desde el año 2016 se encargaba de orientar las medidas para revertir el colapso del Mar Menor se resquebrajaba con el transcurso de las semanas. Un total de doce miembros, cuatro tras el desastre de San Pedro del Pinatar, habían abandonado en 2019 el grupo, entre quejas de “falta de independencia” y “manipulación”.

En agosto de 2021, en otra anoxia que a nadie pilló por sorpresa, se recogieron aproximadamente 5 toneladas de peces y crustáceos muertos a lo largo de toda la laguna salada, esta vez sin lluvias torrenciales previas. Aun habiendo pasado dos años desde el primer caso, el Mar Menor seguía encontrándose en una situación límite. Durante su turno de palabra en la primera sesión parlamentaria de septiembre, María Marín, portavoz de Podemos y del Grupo Mixto, subió a la tribuna con un bote lleno de peces sin vida, protagonizando una de las imágenes más icónicas de la legislatura. En septiembre de 2022, el Mar Menor se convirtió en el primer ecosistema de Europa con personalidad jurídica propia, gracias a una Iniciativa de Legislación Popular que recogió más de 600.000 firmas de la ciudadanía.

Pandemia y ‘vacunagate’: un cambio en el rumbo de la legislatura

Con la expansión del Covid-19 y el consiguiente confinamiento del país, la mayoría de los preceptos impulsados por el Gobierno regional fueron destinados a lo más urgente. Cierres de establecimientos y comercios, mascarillas obligatorias, toques de queda y cifras asoladoras de contagiados y fallecidos fueron los protagonistas de la pandemia.

Los cambios suscitados por el coronavirus conllevaron también el traslado de la ubicación de los plenos, que dejaron de celebrarse en las dependencias neoclásicas del hemiciclo de la Asamblea para hacerlo en su diáfano Patio de las Comarcas. El 19 de enero de 2021, la tranquilidad nocturna e invernal del martes era perturbada por una noticia imprevista: el escándalo de la vacunación prematura de altos cargos -y casi 600 trabajadores- de la Consejería de Salud, entre ellos el propio consejero, Manuel Villegas. Al día siguiente, en la sesión parlamentaria, hubo un continuo ir y venir de declaraciones y peticiones de dimisión, incluida la de la propia portavoz y socia del Gobierno, Ana Martínez Vidal. El consejero, Villegas, abandonó su cargo el mismo 20 de enero por la tarde, en una rueda de prensa en la que alegó, al borde de las lágrimas, que no había “voluntad de ocultar nada ni de dar tratos de favor”. La fiscalía abrió diligencias para investigar si se había incurrido en delito, pero terminó, meses después, archivando el caso.

El consejero de Sanidad, Manuel Villegas, y el presidente de Murcia, Fernando López Miras, se presentan para anunciar la dimisión del consejero.

Del terremoto de la moción de censura al transfuguismo

Que la cúpula de Salud eludiera por completo el protocolo de vacunación desató, como un efecto dominó, la mayor crisis del Gobierno regional en la legislatura. El 9 de marzo de 2021 se conoció que Ciudadanos, junto con el PSOE, tenía la intención inmediata de presentar en la Asamblea una moción de censura con el fin de apartar al PP no sólo de los mandos de San Esteban, sino también del Ayuntamiento de Murcia.

En un ambiente de máxima tensión agravado por la “corrupción” y el “abuso de poder” de su socio, la formación naranja, con Martínez Vidal a la cabeza, había decidido acabar definitivamente con la coalición firmada tan sólo dos años atrás. Al principio parecía que los seis escaños ostentados por Ciudadanos estaban dispuestos a votar a favor de la propuesta, y que ésta saldría adelante. En menos de 48 horas, tres de ellos se habían pasado a las filas populares y habían encontrado, además, acomodo en el Ejecutivo: Isabel Franco continuaba como vicepresidenta, mientras Valle Miguélez y Francisco Álvarez entraban como consejeros de Empresa y Empleo, respectivamente. Se convertían, los tres, en tránsfugas.

El día de la votación de la moción, el 18 de marzo, el transfuguismo siguió ganando adeptos: el presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, también de Ciudadanos, se abstuvo. Los diputados díscolos de Vox, expulsados por el partido al inicio de la legislatura, votaron en contra tras unas conversaciones con el PP que se materializaron, semanas después, en el nombramiento de Mabel Campuzano como consejera de Educación. La moción de censura fracasó estrepitosamente y los populares se mantuvieron en el poder sin demasiadas consecuencias. Así lo han hecho hasta el final de esta décima legislatura, que ha sido más bien un círculo continuo de sucesos que serán recordados más por el ruido que provocaron que por haber colocado a la Región de Murcia, como prometió el primer día el presidente López Miras, “de una vez por todas en el lugar que merece”.

El asalto al Ayuntamiento de Lorca

Alejado del devenir cotidiano de la Asamblea, la mañana del 31 de enero de 2022 se tornó agitada e incierta en el Ayuntamiento de Lorca. Medio millar de ganaderos y empresarios locales, con el respaldo de PP y Vox, se manifestaban contra un pleno que se estaba celebrando simultáneamente y que tenía por objeto prohibir la construcción de macrogranjas porcinas junto a terrenos urbanizables. Una treintena de ellos consiguió rebasar el cerco policial que protegía el consistorio y se internó violentamente en él, profiriendo gritos contra el equipo de gobierno y amenazando con quemar el edificio. El incidente se saldó con siete detenidos y con una causa judicial que aún se mantiene abierta.

Tras un año durmiendo en los cajones de la Consejería de Educación, este departamento que dirige la ex de Vox Mabel Campuzano ha vuelto a aprobar una versión -rebajada- del veto parental. En las instrucciones que han remitido este viernes a los centros escolares recogen que los colegios e institutos harán llegar a los tutores legales del alumnado información detallada de todas las actividades complementarias programadas que vayan a ser impartidas por personal ajeno al claustro. Y lo harán, al menos, con 7 días de antelación.

Según las instrucciones, el centro establecerá los cauces de comunicación oportunos para confirmar la recepción de la información por parte de las familias. Y recoge también que el centro deberá adoptar las medidas organizativas necesarias para garantizar la presencia de un docente del centro durante el desarrollo de la actividad.

El veto parental ha sido uno de los principales caballos de batalla de la ultraderecha de Vox. La formación de extrema derecha quiere que los padres tengan la posibilidad de impedir que sus hijos acudan a las charlas sobre violencia de género y diversidad afectivo-sexual impartidas por asociaciones LGTBI. Sin embargo -y a pesar de que fue una de sus bazas para garantizar al PP su apoyo en la investidura del Gobierno regional y a los presupuestos- el Tribunal Superior de Justicia de Murcia lo suspendió cautelarmente en marzo de 2020.

Con el nuevo modelo planteado para el próximo curso, no se requerirá una autorización de los padres pero se les da un amplio margen para conocer las actividades programadas y se deja la puerta abierta a que en el caso de que los progenitores o tutores legales no estén de acuerdo con el contenido de las charlas, puedan mandar a los alumnos ese clase o no. La tuitera murciana Maestra Enfurecida lo señala en uno de sus tuits.

La fracasada moción de censura de Ciudadanos y PSOE al Ejecutivo regional tuvo como consecuencia la entrada de los díscolos de Vox en la Región de Murcia al gabinete de Fernando López Miras y la Consejería de Educación quedó en manos de una de las ex de la formación de Santiago Abascal, Mabel Campuzano, firme defensora del veto parental.

Más de un centenar de personas se han manifestado este sábado por la Gran Vía de Murcia en defensa de los servicios públicos, convocadas por 'Defiende! La Pública', una plataforma compuesta por las organizaciones Docentes Unidos, Sanitarios Necesarios y AMPAS Región de Murcia.

La manifestación, convocada coincidiendo con el Día Internacional de la Familia, ha arrancado pasado las 11horas y estaba encabezada por una gran pancarta en la que se podía leer: “Por los servicios públicos de la Región de Murcia”.

“Sin servicios públicos no hay familias en igualdad”, denunciaban en una protesta marcada por la lucha por la igualdad entre los distintos tipos de familias, en un Día de las Familias en el que también los manifestantes han exigido la derogación del veto parental. Los manifestantes portaban banderas de las Región y LGTB, colectivo que también se ha sumado a la protesta, así como pancartas con lemas como “Por una atención temprana, gratuita y de calidad”, o “sin servicios públicos no hay familias”, y coreaban consignas pidiendo el cese de los recortes en la sanidad y la educación pública.

A la protesta ha asistido la portavoz regional de Podemos, María Marín, junto a otros miembros del partido, quien ha demandado que la Región de Murcia “refuerce de una vez las plantillas y recursos en educación, sanidad y residencias, servicios que durante la pandemia se han revelado imprescindibles y que en la comunidad autónoma están al mismo tiempo infrafinanciados y con condiciones muy precarias”.

La diputada morada ha recordado que en la última década la Región de Murcia “es la que más docentes ha perdido, llegando a una cifra temeraria, el 13,6% menos de profesores en las aulas, mientras que cada año se amplían los conciertos con empresas del sector privado”.

“Este Gobierno regional es, con mucha diferencia, el que más persigue y se ensaña con los docentes”, ha afirmado Marín, quien ha agregado que “los graves problemas que afrontan los servicios públicos no son su prioridad como se demuestra en el proyecto de presupuestos de 2021, en el que no se aportan más recursos para la educación pública”.

Además, Marín ha afirmado que en las cuentas autonómicas de 2021 “se pretenden congelar, por ejemplo, los gastos de funcionamiento de los centros de infantil y primaria, mientras sigue creciendo la aportación a la concertada en más de 10 millones de euros”. 

El pasado miércoles 14 de abril, la suma de PP y de los tránsfugas de Cs y de Vox desestimó una propuesta del PSOE para evitar la implantación en los centros educativos murcianos del 'veto parental'. Sí, ya sabemos que la puesta en marcha de este mecanismo excluyente no se llevará a cabo porque la LOMLOE lo prohíbe y, en caso de que el gobierno regional lo aplique, el ejecutivo central lo detendrá. Pero lo significativo, en este caso, no es tanto el recorrido que pueda tener esta iniciativa cuanto los argumentos utilizados por quienes la promueven para justificar su activación. La Región de Murcia se halla presa de una forma de gobierno tan perversa como escasamente democrática: el 'transfuguismo iletrado' –una suerte de administración despótica y mediocre del poder, fundamentada en el principio de 'todo para mí, sin el pueblo'.

El secuestro de la acción de gobierno por parte de las exigencias de la ultraderecha ha conducido a que, de súbito, el Partido Popular y los tránsfugas de Cs no solo transijan con el impuesto inmovilista del 'veto parental', sino que, en una pirueta que traiciona sus supuestos fundamentos liberales, la defiendan con la exaltación del recién enamorado. Causa perplejidad, en este sentido, que Francisco Álvarez, portavoz de la franquicia tránsfuga de Cs, se mostrara a favor de esta medida coercitiva cuando su compañera de traición, Isabel Franco, luce las siglas LGTBI en la nomenclatura de la consejería que dirige. La hipotética defensora de la diversidad votando en contra de un modelo de educación que solo pide respeto por la diversidad. Y así todo.

El planteamiento del que parten los defensores del 'veto parental' es la defensa de 'la libertad frente al autoritarismo'. Y, a la hora de detallar aquello que entienden por 'autoritarismo', añaden otro concepto-fetiche: el del 'adoctrinamiento del Estado'. ¿Qué entiende el pensamiento ultra por 'adoctrinamiento del Estado'? Supongo que se referirán a esa práctica recogida en nuestra Constitución, por la que, cada mañana, nada más levantarse, el Presidente del Gobierno llama uno por uno a todos los directores de los centros educativos de España para informarles de las ideas lujuriosas e ideológicamente perversas que deben introducir en las blandas e indefensas mentes del alumnado.

El 'veto parental' afecta a aquellas actividades complementarias organizadas, en horario lectivo, por el centro, y que se adecúan a su proyecto curricular. Dichas actividades complementarias forman parte de la Programación docente, y se encuentran recogidas dentro de la Programación General Anual (P.G.A.). Además, han sido previamente aprobadas por el Consejo Escolar del centro, en el cual participa una representación de padres y madres elegidos por y entre ellos. Dicho de otro modo: cada actividad complementaria programada por un centro educativo se encuentra ampliamente consensuada y sometida a todo tipo de filtros. ¿Dónde está aquí el autoritarismo del Estado, su pulsión adoctrinadora? Como dicen los partidarios del 'veto parental', los docentes “deben limitarse a impartir los contenidos programados, y ya ésta”. Pues bien: eso es lo que hacen.

El problema –el auténtico problema- es que hay quienes se niegan a acatar los pactos de la mayoría, y pretenden individualizar la educación de sus hijos de acuerdo a sus más inveterados prejuicios. Enarbolan la bandera de la libertad cuando, en rigor, esa libertad en la que se escudan implica únicamente su derecho a abrir y perpetuar nichos de involución dentro de la estructura educativa. La escuela siempre ha sido la única oportunidad que los individuos han tenido para escapar del oscurantismo. Sin el conocimiento y su afán de evolución, las mujeres seguirían sin poder votar, viajar sin consentimiento o poder abrirse una cuenta corriente en el banco. En un momento de nuestra historia, eso fue lo 'natural'. Además, quienes participan del espíritu del 'veto parental' demuestran un manifiesto desprecio por sus hijos: los consideran ingenuas mentes corruptibles, sin un mínimo de estructura crítica, a los que se les puede cambiar la orientación sexual por escuchar una charla sobre el respeto a la diversidad. Sinceramente, si yo tuviera esa imagen de mi hijo y lo considerara capaz de tan mágica transmutación, entonces y solo entonces comenzaría a preocuparme por su capacidad intelectiva y la calidad de su educación. La superchería no puede introducirse en el sistema educativo –ni por los hechos ni por los discursos. Así que contestemos con intelecto y argumentos, y cuantas veces haga falta, a los representantes de la barbarie y del odio.   

La Asamblea Regional ha vuelto a vivir en su pleno de este miércoles un “acalorado” debate a costa del veto parental. Frente “a la imposición del pin parental”, la portavoz de Podemos en la cámara autonómica, María Marín, ha lamentado que ésta sea la prioridad del Gobierno regional en este momento, “un problema artificial generado para azuzar el odio y tapar otros problemas que sí que necesitan respuestas urgentes”, ha considerado. Marín ha recordado que, con la cuarta ola llamando a la puerta, “urge reforzar nuestro sistema sanitario”, y se ha quejado de que mientras tantos sectores económicos necesitan ayuda, y cuando la comunidad educativa viene reclamando desde hace meses el fin de la semipresencialidad, “lo urgente para el Gobierno de López Miras y su consejera ultra es la censura en las aulas”.

La portavoz de Podemos ha reprochado a López Miras que, “a pesar de lo mucho que habla de hostelería, de turismo y de las víctimas de la COVID, a la hora de la verdad las prioridades del PP y Vox son seguir alimentando el discurso del odio contra el colectivo LGTBI, seguir recortando derechos, censurar la educación para la igualdad y enquistar los prejuicios y el odio de los que se alimentan la derecha y la ultraderecha”. “Sin odio, la derecha se queda en nada”, ha resumido Marín.

En cuanto al veto parental, la diputada morada ha recordado que existen muchos datos que inciden en la necesidad de reforzar la formación en el respeto a la igualdad y la diversidad en las aulas y de abordar la educación sexual sin censuras. Así, Marín ha señalado que en 2018 y 2019 “el número de condenados por delitos sexuales en la Región aumentó en un 27,2%, una subida 18 puntos superior a la media estatal”. Lo más preocupante para la portavoz de Podemos es que la cifra de menores culpables de cometer delitos sexuales creciese un 155% en ese periodo. Por otro lado se han multiplicado las conductas y agresiones LGTBIfóbicas, como la paliza sufrida por un menor de 11 años en Cartagena hace apenas 6 meses, recuerda la formación morada en un comunicado. La diputada ha apuntado que “no existe el derecho de educar en el odio, en la discriminación y en los prejucios” y ha apostado por “una educación integral en valores democráticos y de respeto a los derechos humanos” como “único camino para acabar con la LGTBIfobia, el machismo y el racismo en las aulas”.

Además, Marín ha incidido en que “los contenidos que se exponen en las aulas no son extracurriculares, ni están decididos arbitrariamente por cada profesor, sino que se trata de actividades recogidas en la Programación General Anual, de la que se informa a los padres al inicio de curso y que es pública”. Estas actividades desarrollan además contenidos que aparecen en la ley de educación, por lo que “no es cierto que cualquiera pueda organizar una charla sobre cualquier tema, sino que las actividades se refieren a un temario que es obligatorio y evaluable”, ha explicado Marín.

Frente a esta realidad mediante la que algunos “quieren dejar a la escuela sin herramientas para enfrentarse al odio, imponiendo la censura”, Marín ha acusado a los diputados de Vox de ejercer “como la nueva inquisición” y a López Miras de “ser su patrocinador”. “Hoy se lanza desde aquí un mensaje de odio hacia todas las personas LGTBI que están en etapa escolar. Hoy les dicen que respetarlos es algo opcional, que no es obligatorio, y que reconocer su existencia es algo que corresponde al ámbito de la moral. No es así. No están solos, igual que no lo están los hijos de maltratadores, las víctimas del machismo o quienes padecen el racismo en las aulas. No permitiremos que se vulnere su derecho a recibir una educación en libertad, que les respete y que fomente la igualdad, por mucho que se empeñe la ultraderecha”, ha concluido Marín.

En Murcia estamos acostumbrados a que nos asolen desastres naturales y humanos que dejan tras de sí terribles consecuencias. Lo vimos en mayo de 2011, cuando el suelo se desmoronó en Lorca; lo vimos en septiembre de 2019, con la DANA, que arrasó pueblos y ciudades enteras y lo revivimos en octubre de ese mismo año, cuando tras años y años de acoso y derribo a nuestro Mar Menor, este dijo 'hasta aquí hemos llegado' y empezó a morirse.

Ahora la tormenta ha sido política y la fallida moción de censura nos ha dejado como secuela un Gobierno regional formado por tránsfugas y apátridas políticos: tres personas que, en apenas veinticuatro horas pasaron de estampar su firma en un documento en el que se comprometían a reprobar a quienes hasta entonces detentaban el poder, a formar parte del mismo gobierno al que censuraban y otra, a la que los Reyes Magos han venido a visitar en plena Semana Santa.

No entraré a valorar las causas de estos vaivenes políticos porque con sinceridad he de reconocer que debo ser de las pocas españolas que no tiene un máster en Ciencias Políticas, como tampoco lo tengo en virología, ni en vacunología, ni en sabelotodismo, por eso me abstengo de opinar. Pero de lo que sí voy a hablar es del dichoso veto parental, porque como diría aquel de otra cosa no, pero de esto, sé.

El veto parental se plantea como una suerte de autorización que persigue que los padres estén informados de las actividades que sus hijos llevan a cabo en la escuela. Y me parece bien. Sí, ha leído bien, me parece correcto, coherente y muy beneficioso que los padres estén enterados de lo que sus hijos hacen en el colegio. Lo que pasa es que ya lo están. Lo están a través de la Programación General Anual (PGA), que es un documento público que los centros escolares suelen tener colgado en su página web; lo están a través del Consejo Escolar, que evalúa dicha PGA; lo están a través de las Programaciones Docentes, que también son documentos públicos y lo están a través de las reuniones trimestrales, en las cuales se informa de los contenidos, estándares y actividades complementarias que se van a realizar a lo largo de ese trimestre. 

Entonces, ¿cuál es el problema? Pues hasta que Vox empezó a plantear la necesidad de que los padres autorizasen determinadas actividades, ninguno. No es una manera de hablar, es que no consta en la Región de Murcia una sola denuncia por adoctrinamiento ideológico, ni por la realización de actividades inapropiadas, ni por mala praxis en los centros escolares. Es más, el propio presidente de la Región reconocía en enero de 2020 que “la neutralidad ideológica de los docentes murcianos era incuestionable”. Pese a eso, el veto se implantó en septiembre de 2019, por medio de una instrucción que obligaba a los docentes a pedir la autorización expresa de los padres para que sus hijos pudieran participar en aquellas actividades complementarias en las que interviniese personal ajeno al centro. No obstante, el TSJ de Murcia ya suspendió de manera cautelar la aplicación de esta instrucción, pues lo consideró un perjuicio para el alumnado.

Sin embargo, la recién estrenada consejera de Educación sigue insistiendo en que el pin parental supone la libertad de los padres para decidir si sus hijos acuden o no charlas extracurriculares o complementarias impartidas por personal que no es funcionario del estado, siendo necesaria aquí la primera aclaración.

Las actividades extracurriculares, como tales, no forman parte de nuestro sistema educativo formal. Son actividades ajenas al plan de estudios y, por tanto, la asistencia a las mismas es voluntaria, por lo que un pin parental es completamente innecesario en este ámbito. Ahondando más en la cuestión, las actividades extracurriculares, como pudieran ser clases de ballet, talleres de pintura o cursos de tauromaquia suelen ser buscadas y elegidas por los padres, no propuestas por el centro escolar.

El quid de la cuestión son las actividades complementarias. El artículo 25.3 del Decreto 198/2014, que es el que regula el currículo de Educación primaria de nuestra Región – permítanme que me centre en Primaria, pues es mi ámbito de trabajo – establece en su apartado f) que las actividades complementarias, las planificadas por los maestros que utilicen espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área (…). Serán evaluables a efectos académicos y obligatorias, tanto para los maestros, como para los alumnos. Es decir, es el maestro –en realidad, maestros de un mismo curso– quien decide y planifica las actividades complementarias que se van a realizar.

Analizando esta definición, encontramos que una charla sería considerada como una actividad complementaria ya que utilizamos un recurso (personal) distinto al habitual, esto es, la participación de un ponente o conferenciante. ¿Y sobre qué pueden versar estas charlas? El propio artículo 25.3 nos da la respuesta, ya que las actividades complementarias son uno de los elementos que forman las programaciones docentes, que serán elaboradas por los maestros del mismo curso de la etapa teniendo en cuenta el currículo fijado en el presente decreto. Es decir, las actividades complementarias desarrollan contenidos incluidos en el currículo de educación primaria, entre los que no se encuentra la tauromaquia, por lo que la coartada de que un padre antitaurino podría utilizar el pin para que su hijo no acuda a una charla sobre esta temática no es más que una excusa para querer justificar lo que verdaderamente hay detrás de todo esto, que no es más que ideología, sí, pero la suya propia.

Las charlas que verdaderamente preocupan y están en la base de la defensa a ultranza de la pretendida libertad de los padres para decidir son, ni más ni menos, las que están relacionadas con la diversidad afectivo-sexual, la prevención de la violencia de género, del racismo y la xenofobia y, en definitiva, todas aquellas que abarquen contenidos relacionados con la diversidad, los derechos humanos y el pluralismo inherente a una sociedad democrática. Pero hete aquí que nos encontramos de nuevo con un texto legal, concretamente el Real Decreto 126/2014, que regula el currículo básico de la Educación primaria, que en su artículo 7 establece como primer objetivo de esta etapa “conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática”. Si proseguimos en la lectura de este artículo, rápidamente llegamos al apartado m) que establece también como objetivo de la etapa de educación primaria “desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas”. Interesante, ¿no creen?

Podría seguir aburriéndoles con el articulado del Real Decreto, como cuando en el artículo 10 nos dice que la programación docente, esa que tiene como elemento obligatorio y evaluable las actividades complementarias, debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico, pero creo que ya ha quedado bastante claro por dónde van los tiros.

Un docente no se levanta una mañana y decide llamar a un amigo que está en una asociación LGTBI+ para que les dé una charla a sus alumnos, mientras él se va a tomar un café. Esa actividad conlleva un proceso de planificación que comienza por programar los contenidos que se van a trabajar en cada trimestre, entre los que se encuentran, para estupor de algunos, la diversidad afectivo-sexual, prevención de la violencia de género, del racismo y de la xenofobia. Y no, no lo busquen, la tauromaquia no es un contenido curricular que se trabaje en la etapa de Educación Primaria, por lo que no es necesario un pin que faculte a los padres impedir que sus hijos acudan a esas charlas.  

Los que enarbolan la bandera de la libertad de los padres para tratar de sesgar la información que sus hijos reciben en la escuela a través de charlas o talleres, mañana pueden exigir su derecho a decidir si su hijo estudia la Guerra Civil Española, el movimiento sufragista o la Revolución Francesa y pasado, reclamar su potestad para vetar la lectura de determinadas obras literarias o pictóricas por considerarlas “ideológicas”, pero mejor lo voy a dejar aquí, no vaya a ser que demos ideas.

Esto, señores, ya se intentó hace ochenta años y les aviso, salió mal. 

La ministra de Educación, Isabel Celaá, recurrirá ante los tribunales el veto parental que planea implantar el Gobierno de Murcia porque vulnera la libertad de cátedra, la autonomía de los centros educativos y “el derecho fundamental a ser educado” del propio alumno. “Lo recurriremos (el permiso parental) como lo recurrimos el año pasado. Es curioso que el Gobierno del PP de Murcia haya usado la educación como herramienta de cambio para procurarse un gobierno de mayoría, incorporando a la ultraderecha”, ha afirmado Celaá en una entrevista en la Ser.

La implantación del veto parental -que los padres puedan decidir la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en las aulas, como clases de educación afectivo-sexual, las más polémicas- supone “un recorte del derecho fundamental a una educación integral, que no solo incorpora destrezas cognitivas” sino cuestiones como “proteger su salud mental y física y el respeto al diferente, por tanto la educación afectivo sexual está incorporada al currículum”, ha razonado.

La consejera de Educación de Murcia, Mabel Campuzano, defiende la implantación del permiso parental y no es partidaria de vacunarse contra la COVID-19, cuestión última que la ministra de Educación ha tachado de “acientífico” y de “poco adecuado” porque es un “referente público”. “Yo me pondré cualquiera de las vacunas que me digan y en el sitio donde corresponda, creo en las vacunas y quiero vacunarme cuanto antes”, ha añadido Celaá.

Por otro lado, ha negado que se haya abierto la mano para que los alumnos pasaran de curso el año pasado y ha recordado que España es uno de los países donde más se suspende: La media de la OCDE en número de repetidores es de un 12 % frente a casi un 29% de nuestro país. En 2020, ha añadido, “todos los alumnos hicieron sus pruebas, la EBAU se hizo presencial, por tanto no hubo aprobados generales, pero sí hubo una evaluación colectiva; no es que cada profesor de manera aislada fuera poniendo su nota sino el elenco de profesores, que esto es lo ideal y habría de mantenerse esta evaluación colegiada”.

El pasado jueves se confirmó la incorporación a la cartera de Educación y Cultura de la Región de Murcia de una de los diputados expulsados de Vox, Mabel Campuzano. Así, los díscolos del partido de extrema derecha reciben su recompensa tras apoyar al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, para tumbar la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos.

Con Campuzano al frente de la Consejería de Educación del Gobierno de Murcia, a nadie se le escapa que una de las principales pretensiones de los díscolos es la imposición del veto parental en las aulas murcianas. Sin embargo, aún está en el aire cómo se aplicará: “Dicen que hemos aceptado los postulados del PP, pero lo cierto es que todo esto lo hacemos para asegurarnos que nuestro programa se cumple”, subrayan fuentes cercanas a los díscolos de Vox.

A sus 61 años, Campuzano es licenciada en Historia del Arte. Originaria del Campo de Cartagena, se ha dedicado al sector de la hostelería (regentando dos hoteles) y ha sido profesora de adultos. Como sus compañeros, ha sido una de las principales valedoras del veto parental, una de sus prioridades –en la línea del programa que defiende Vox– aunque tendrán que estudiar cómo lo plantean para sortear a la Justicia y conseguir implantarlo. El Ministerio de Educación recurrió en febrero ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia la implantación del veto parental en los centros educativos del territorio. Su titular, Isabel Celaá, declaró que esta medida suponía una “ilegalidad” que vulneraba “los derechos de los alumnos y alumnas”, además de exceder las competencias que tienen los centros educativos. El recurso salió adelante un mes después y el TSJ suspendió cautelarmente su aplicación en las aulas. Ya en julio de 2020, con el fin del curso académico, el órgano judicial archivó la causa por “pérdida sobrevenida de objeto”.

Pero también apoyan sin tapujos la expansión de la educación concertada o la puesta en marcha de nuevos centros privados con fondos públicos. En una región donde en 2009 se destinaron 106 millones de euros para conciertos y en 2015 la cifra fue de 210 millones, la mayor subida de toda España. En cambio, en ese mismo periodo 2009-2015, la inversión en la educación pública cayó un 12,4%. Entre sus iniciativas se encuentran también la libre elección de centro o el cheque escolar para las familias con el gasto medio por alumno, de forma que puedan invertirlo en la matrícula del centro que elijan. Con ese cheque, los padres o tutores recibirían un bono con el coste medio por puesto escolar en la pública.

Nacho Tornel, secretario general de Enseñanza de Comisiones Obreras, apunta que tanto el veto parental como el cheque escolar son ideas “absurdas para vestir de gala al muñeco diabólico”. En su opinión, “vienen a por el dinero, a manejarlo y desviarlo a los colegios de elite, a los excluyentes, los de sus amigos, porque tienen que formar y promocionar a los suyos”. Y reflexiona que a nadie le puede sonar mal que se repartan cheques, “pero es una trampa porque es una forma de seguir beneficiando a las personas más pudientes; el cheque del hijo de un jornalero no debería ser igual que el del hijo de un magnate”. Las necesidades “son mayores para uno que para otro, pero el cheque será igual”.

Y respecto al presidente López Miras, recuerda que ya en diciembre de 2019 “decía que no se podía consentir el adoctrinamiento en la escuela pública, lo decía para agradar a Vox, y ahora continúa con ese discurso”.

Los colectivos que se han manifestado en los últimos días contra la entrada de Vox en el Gobierno regional, y más concretamente en el área de Educación y Cultura, han criticado duramente la “fobia” contra el colectivo LGTBI del partido de ultraderecha y han mostrado su preocupación ante la merma en sus derechos que podría suponer que gobernase esta formación en la Región. En la última aparición de Santiago Abascal en la capital, el pasado 11 de marzo, se vivieron momentos tensos entre un grupo de jóvenes que quiso reivindicar sus derechos con una bandera arcoíris y asistentes al mitin, que increparon a los activistas con el saludo fascista, levantando el brazo, y profirieron insultos y gritos como “perroflautas”, “id a trabajar, cabrones”, “viva el Caudillo” o “viva España”.

Desde algunos sectores también se ha criticado que Campuzano haya expresado en la Asamblea Regional tener “serias dudas” con la vacuna: “No voy a ser yo quien le recrimine por haberse vacunado, al contrario, creo que es muy valiente y que lo ha hecho para dar ejemplo a quienes como yo albergamos serias dudas respecto a la vacuna”. Se refería la diputada al exconsejero de Salud Manuel Villegas, poco antes de que dimitiese tras haberse puesto la primera dosis contra la COVID-19 junto a otros altos cargos del Servicio Murciano de Salud el pasado enero, uno de los motivos que más han argumentado desde Ciudadanos y PSOE para presentar las dos mociones de censura en el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Murcia.

Un Gobierno de “centroderecha” con Vox

Pese a que el nombramiento no había sido corroborado de forma oficial por ninguno de los dos partidos hasta este momento, lo cierto es que era prácticamente un hecho consumado. Minutos después de fracasar la moción el pasado jueves en la Asamblea Regional, se filtraba un documento en el que el PP cedía el área de Educación y Cultura a la diputada del grupo parlamentario de Vox –y una de las tres expulsadas del partido de extrema derecha– Mabel Campuzano a cambio del apoyo de los tres díscolos. Un escrito en el que se recogería también el compromiso de López Miras de no convocar elecciones anticipadas antes de 2023. Campuzano, Juan José Liarte y Francisco Carrera, por su parte, apoyarían la Ley del Presidente para establecer en ocho años el límite de tiempo para estar al frente del Gobierno y no dos mandatos, además de secundar los presupuestos de 2021.

Echando balones fuera, el presidente del Gobierno ha evitado pronunciarse estos días en sus apariciones públicas al respecto de la polémica. “Lo importante no son las personas, sino el proyecto”, aseguró al tiempo que indicó que su Ejecutivo será “moderado y liberal”, un Gobierno “de centroderecha”, propuesto por los líderes nacionales del PP Teodoro García Egea y Pablo Casado para ensayar en Murcia y exportar al resto de España.