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El PP de Feijóo asume el marco ideológico de la extrema derecha

Feijóo y Abascal, en una imagen de archivo.

Aitor Riveiro

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El PP recuperará el control de uno de los principales gobiernos autonómicos, el de la Comunitat Valenciana. Ocho años después de perder uno de sus feudos, el popular Carlos Mazón presidirá el Consell. Su vicepresidente será un torero al que sus seguidores, y sus nuevos socios, defienden como un “licenciado en Derecho” aunque nunca haya ejercido como tal. Vicente Barrera, que pasó de defender al muchas veces imputado Francisco Camps a dirigente de Vox, estará también al frente del área de Cultura de la Generalitat, mientras el PP se da por satisfecho tras lograr apartar de la negociación a Carlos Flores, condenado por violencia machista. Eso sí, para cambiar en su acuerdo de gobierno ese concepto por el vetusto “violencia intrafamiliar”. Pese a todo, en la dirección nacional del PP no se inmutan: “Respeto absoluto a nuestros compañeros”.

No es la primera vez que el PP asume esta denominación. De hecho, el propio Alberto Núñez Feijóo la utilizó cuando ya se había destapado como sucesor de Pablo Casado. Después rectificó, pero lo relevante no son solo los discursos. Aunque el lenguaje sea performativo, la realidad es que el PP ha asimilado en diferentes gobiernos este concepto dirigido a negar la existencia de una violencia concreta y explícita contra las mujeres.

Y no solo en el País Valencià. De norte a sur, de Andalucía a Castilla y León, la “violencia intrafamiliar” ha pasado de ser un elemento discursivo de Vox a formar parte de las gestión diaria de los gobiernos del PP. En el feudo de Juan Manuel Moreno, por ejemplo, se puso en marcha un “teléfono de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar” por exigencia de la ultraderecha.

En Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que tiene de vicepresidente al ultra Juan García-Gallardo, aceptó una Ley de Violencia Intrafamiliar como parte del acuerdo con Vox que le permitió retener el poder tras adelantar las elecciones en 2022. El PP dijo no estar de acuerdo, pero lo aceptó, con el gasto correspondiente. “No es incompatible que no haya un registro con que haya un problema”, explicaron ante la ausencia de datos que justificaran su existencia.

El partido ultra logró con Mañueco lo que nadie le había dado: formar parte de un gobierno. Era la primera experiencia y desde el PP siempre se sostuvo que Vox tenía carteras sin competencias. Incluso cuando Gallardo lideró una polémica sobre el aborto que sacudió al Gobierno autonómico y que empujó a Feijóo a decir que su partido aceptaba la actual ley de plazos, un giro que su partido no había debatido y que habrá que ver en qué queda si llega a la Moncloa.

El clásico antiabortismo de la derecha había bajado de nivel desde la dimisión del que fuera ministro de Justicia con Mariano Rajoy Alberto Ruiz-Gallardón, quien quiso volver a una ley de supuestos y llegó a señalar que las mujeres solo se completan como seres humanos al ser madres. El empuje feminista propició su dimisión y parecía haber blindado un derecho que ya casi nadie negaba.

Hasta que irrumpió Vox y dirigentes como Isabel Díaz Ayuso comenzaron a coquetear con poner en duda el aborto. Primero, tímidamente. Luego, en su gesto habitual de contradecir a su líder, defendió a las menores de 16 y 17 años que quieren interrumpir su embarazo. En un último requiebro discursivo marca de la casa, defendió en el cierre de campaña del pasado 28M al “que quiere vivir desde que es concebido hasta el último suspiro”. Ni aborto, ni eutanasia. Feijóo, por cierto, ya ha puesto este último derecho en la diana, junto a otros. 

Control ideológico en los colegios, tuberculosis y ecología

Hasta ahora, el PP ha rebajado la presencia de Vox y sus medidas, que ha calificado de meramente “identitarias”, como si no significaran nada. Fue la excusa de Moreno para asumir el llamado “pin parental” en los colegios de Andalucía, una metáfora que en la práctica supone el control ideológico de las materias curriculares que se imparten en la educación pública y que llegó hasta Madrid y una charla LGTBI en un aula.

Pero lo “identitario” ha dejado paso a lo real con el reciente brote de tuberculosis en Castilla y León que ha puesto sobre la mesa las “negligencias” de su gestión al frente de Agricultura. Una consejería que Mazón también va a entregar a Vox en el Consell valenciano.

El problema en la Comunitat no será, quizá, el ganado bovino, sino más bien la gestión del agua y de los regadíos, una materia que levanta ampollas entre los ciudadanos y pone en riesgo los millonarios beneficios de los grandes terratenientes y productores, más preocupados en aumentar y abaratar su producción que en atender a la emergencia climática que asuela el país.

El éxito de Vox se ha visto recientemente en Andalucía, donde a iniciativa suya el PP se montó en una ley para seguir esquilmando el agua del Parque de Doñana. Pese a que Moreno tiene mayoría absoluta, se impuso el electoralismo en vísperas del 28M. Entre fresas y medio ambiente, fresas.

La gestión del agua en el Mediterráneo es un arma electoral que el PP azuza habitualmente contra otras regiones, como Castilla-La Mancha o Aragón. En la primera, Paco Núñez perdió contra Emiliano García-Page. En la segunda, Jorge Azcón cocina “a fuego lento” la alianza con la ultraderecha para desbancar a Javier Lambán.

Cultura: el gran riesgo

“Para nosotros es una línea roja”. Así resolvió el portavoz del PP, Borja Sémper, la posible presencia del maltratador Carlos Flores en el Govern junto a Mazón. En unas horas, los negociadores de Vox hicieron lo que en Génova quizá no se esperaban: retirar a su cabeza de cartel y negociar al alza las competencias.

Dicho y hecho. Mazón ha entregado, además de las mencionadas, la Consejería de Cultura. Un departamento habitualmente poco valorado, pero que Sémper conoce muy bien. No en vano, es el vicesecretario de Cultura del PP. Su puesto como número 3 en la lista que acompañará a Feijóo el 23J, justo después de la escritora Marta Rivera de la Cruz, es un mensaje explícito, según han explicado desde la sala de máquinas del número 13 de la calle Génova de Madrid.

Cultura es la consejería, o concejalía, que decide los conciertos, los acuerdos con organizaciones privadas y públicas locales, autonómicas, nacionales o internacionales. Las subvenciones. Qué actividades se programan en fiestas o eventos públicos. Y un largo etcétera.

El PP ha entregado Cultura a Vox no solo en la Comunitat Valenciana. También en Burgos, ayuntamiento que la derecha y la ultraderecha han pactado para arrebatar al PSOE, ganador de los comicios del 28 de mayo. La ciudad castellana, capital del franquismo durante la Guerra Civil, no es la única que verá un gobierno de coalición: Valladolid le sigue de cerca. Y, de vuelta a la Comunitat Valenciana, en Elche el acuerdo entre ambos partidos ha tenido como base salvar una cruz en homenaje a “Los Caídos” en la contienda provocada por el levantamiento fascista de 1936.

Este jueves también se conoció un acuerdo de coalición en Toledo. En este caso, las competencias de cada partido no se harán públicas hasta después de la investidura del alcalde, prevista para este sábado. Por lo que pueda pasar.

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