El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha enviado una reclamación al Congreso de los Diputados en la que solicita una indemnización de 134.000 euros por la retirada de su escaño la legislatura pasada, según un escrito que ha adelantado El País y al que ha tenido acceso este diario. La Mesa de la Cámara Baja ha trasladado la petición al Consejo de Ministros al entender que es el órgano competente para decidir sobre este asunto.

El ahora dirigente de Drago Canarias ha formalizado esta reclamación un año después de que el Tribunal Constitucional le diera la razón y anulara la retirada de su escaño tras ser condenado por patear a un policía en 2014. La mayoría progresista del pleno amparó el año pasado por segunda vez en pocos días al exdiputado por Santa Cruz de Tenerife tras una primera sentencia que entendía que su condena del Tribunal Supremo había sido desproporcionada al haber mantenido los efectos de un castigo de 45 días de cárcel que, finalmente, fue sustituida por una multa.

El Supremo condenó en 2021 a Rodríguez a 45 días de cárcel por pegar una patada a un policía nacional en una manifestación en La Laguna en 2014. Su condena de cárcel fue sustituida por una multa, tal y como sucede por ley con todos los castigos inferiores a tres meses, pero además del dinero se mantuvo la inhabilitación para sufragio pasivo: la que impide presentarse a unas elecciones mientras dure la condena. En aquel momento, el Alto Tribunal y la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, intercambiaron una serie de cartas y consultas para definir el alcance de la sentencia. Batet decidió retirarle el escaño.

Rodríguez se basa en la sentencia del Tribunal Constitucional para esta reclamación de “responsabilidad patrimonial” contra lo que entiende como un “acto parlamentario no normativo”.

La Mesa deriva la cuestión al Consejo de Ministros tras “apreciar la concurrencia de una causa de inadmisión a trámite por falta de competencia de la Mesa del Congreso de los Diputados”, dice el órgano de gobierno de la Cámara Baja, que recuerda en sus conclusiones sobre la reclamación que según la doctrina del Tribunal Supremo es el Gobierno quien tiene que pronunciarse sobre un asunto como este.

Alberto Rodríguez (Santa Cruz de Tenerife, 1981) perdió su escaño en el Congreso de los Diputados el 22 de octubre de 2021. Dejó el acta que había conseguido gracias al voto de 64.613 vecinos de Canarias, se fue de su partido, fundó otro nuevo y para cuando volvió a presentarse a unas elecciones, las urnas no le devolvieron a la cámara baja. Más de dos años después de dejar el Parlamento, el Tribunal Constitucional ha certificado que su condena por patear a un policía fue desproporcionada y que eso generó un efecto dominó que también anula la retirada de su escaño. Un escaño que, a pesar de las dos sentencias favorables conocidas estos días, no le será devuelto.

Su condena llegó con polémica y se despide con polémica. Llegó con polémica porque la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no fue capaz de sancionarle de forma unánime. Dos de los siete jueces entendieron que el testimonio del policía agredido no era lo bastante potente como para condenar al diputado. Y se desplegó con polémica porque la entrada en prisión nunca estuvo encima de la mesa pero las consecuencias, la inhabilitación y la retirada del escaño, tampoco eran cristalinas.

La sentencia del Supremo no especificaba si Alberto Rodríguez estaba obligado a dejar el Congreso. Imponía 45 días de cárcel que se sustituían por una multa y mantenía, a pesar del reemplazo de la pena de prisión por la económica, los mismos días de inhabilitación para ejercer el derecho al sufragio pasivo. Es decir, para presentarse a unas elecciones, no para seguir ostentando el cargo que obtuvo en ellas antes de su condena.

Los votos particulares en una sentencia del Supremo no son algo inédito, aunque no sea lo mayoritario ni tampoco lo habitual. Lo que sí es exclusivo de este procedimiento judicial es el cruce de cartas y comunicaciones entre la Sala de lo Penal y la presidencia del Congreso de los Diputados para decidir si Alberto Rodríguez tenía que abandonar el Congreso. Meritxell Batet, con un primer informe de los letrados que avalaba la permanencia del entonces diputado de Unidas Podemos, preguntó directamente a Manuel Marchena.

La pérdida de un escaño parlamentario por la ejecución de una condena penal, pasando por el filtro de la Junta Electoral, se recurre por la vía contencioso-administrativa, como hizo sin éxito hace unos meses Laura Borràs. Son casos en los que hay debate pero no muchas dudas entre los jueces: se aplica la conocida como “inelegibilidad sobrevenida” y se aparta al condenado de su puesto porque sus antecedentes penales le impiden seguir sentado en el Congreso o el Parlament.

En este caso el debate se planteó en formato epistolar entre Meritxell Batet y Manuel Marchena. La Sala Segunda del Supremo contestó a las preguntas de la cámara baja que su función no era asesorar al Parlamento, sin aclarar abiertamente si Alberto Rodríguez debía quedarse sin escaño. Mientras tanto, voces de ese mismo Supremo expresaban a distintos medios de comunicación su malestar porque Batet no le había arrebatado el acta de inmediato. Sobre el papel no había nada que aclarar pero el mensaje llegaba igual de claro a través de las portadas: la actuación de la presidenta del Congreso era “muy grave”.

Las sentencias del Constitucional que amparan a Rodríguez, que han estado muy lejos de la unanimidad, no cuestionan la decisión del Supremo de condenarle. La mayoría progresista del tribunal de garantías ha sido muy clara al explicar que la declaración del policía pateado y su parte médico fueron suficientes para multarle. También rechaza las alegaciones del político sobre cómo el policía en cuestión ya le tenía echado el ojo de otras concentraciones y cómo su condena vulneraba su derecho de manifestación.

Lo inconstitucional de su condena, dice el tribunal, es que el Supremo optara por una condena inferior a tres meses de cárcel –que por ley se tiene que sustituir por una multa– pero que, después de reemplazarla por 540 euros, mantuviera los 45 días de inhabilitación para ejercer el derecho de sufragio pasivo. Eso fue un “desproporcionado sacrificio” de sus derechos políticos.

Del Congreso a quedarse sin escaño

La condena de Alberto Rodríguez, señala la última parada de los tribunales españoles, fue parcialmente injusta porque fue desproporcionada. Pero la decisión del Constitucional llega dos años y cinco meses después de la retirada del escaño y eso lleva a lo que algunos expertos en derecho denominan “justicia melancólica”. Porque le han dado la razón en dos sentencias distintas pero no hay mecanismo legales capaces de devolverle un escaño que le fue arrebatado, ahora de forma injusta, a mitad de legislatura.

La “justicia melancólica” está a la orden del día, sobre todo en el Tribunal Constitucional, que ha pisado el acelerador de la resolución de recursos en el último año pero que tradicionalmente sentencia casos cuando ya no hay nada que sentenciar. Migrantes que ven cómo sus reclamaciones contra una orden de expulsión son contestadas cuando ya no están localizables, casos que afectan a menores de edad que quedan solucionados cuando ya son mayores de edad o, en este caso, resoluciones judiciales que llegan cuando la condena de cárcel o inhabilitación ya se ha cumplido.

La Justicia tiene mecanismos para resarcir algunas de estas situaciones. Si alguien ha sido encarcelado por una condena o imputación que luego es anulada, por ejemplo, tiene derecho a una indemnización, ante la imposibilidad material de devolver el tiempo pasado injustamente entre rejas. En el caso de Alberto Rodríguez está por ver si decide solicitar una indemnización por los dos años sin escaño –y por tanto, sin sueldo– merced de una condena desproporcionada. Pero su escaño por Unidas Podemos no va a volver.

El nuevo “malestar” del Supremo

La parte injusta de su condena por pegar una patada a un policía en 2014, durante una manifestación en La Laguna a favor de la educación pública, no solo tuvo consecuencias inmediatas sobre la vida política de Rodríguez, técnico superior en química ambiental. Se tradujo en una tormenta política en el Congreso de los Diputados y en el seno del Gobierno de coalición: Podemos llegó a anunciar, aunque no a interponer, una denuncia por prevaricación contra Meritxell Batet.

A nivel interno, Rodríguez consideró que ni el ala socialista del Gobierno ni sus propios compañeros de grupo parlamentario habían estado de su lado. El que fue 'número tres' de Podemos como secretario de Organización volvió a Canarias e impulsó su propio proyecto político, bautizado como 'Drago', símbolo de la vegetación de las islas. Se presentó a las últimas elecciones generales en las listas de Sumar y se quedó a pocos votos de recuperar el escaño que perdió.

El presente político de Alberto Rodríguez no se parece en nada a su pasado, pero hay elementos actuales que se miran en el espejo de 2021. El malestar del Tribunal Supremo con el Tribunal Constitucional no queda por escrito en ningún auto o entrevista pero no es difícil de detectar. “Malestar” es la sensación que se traslada de manera educada desde un alto tribunal a otro a través de los medios de comunicación. Por las dos sentencias que dan la razón a Alberto Rodríguez y por la que anula la decisión del Supremo de repetir el juicio del caso Bateragune contra Arnaldo Otegi.

Esta es la historia de cómo, en el país de la financiación irregular, las comisiones y las mafias policiales, una patada y la palabra de un policía, es suficiente para acabar con un diputado de izquierdas. Y de cómo esta peripecia se convierte en munición entre tus propios compañeros de partido.  

Hoy hablamos con los periodistas de elDiario.es Alberto Pozas y Alberto Ortiz sobre los detalles más polémicos de aquella sentencia que expulsó al diputado de Podemos de la vida política en 2019, de qué quiere decir ahora el fallo del Tribunal Constitucional que ha corregido aquella sentencia y, por último, de las repercusiones políticas de este caso que resume una época.

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El borrador de la ponencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso del exdirigente canario de Unidas Podemos Alberto Rodríguez propone eliminar la pena accesoria de inhabilitación, lo que supondría anular la pérdida del escaño que tenía como diputado por Santa Cruz de Tenerife, que después le retiró la expresidenta del Congreso Meritxell Batet.

El Supremo condenó a Rodríguez a un mes y quince días de prisión, que sustituyó por una multa de 540 euros y una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena de 45 días por dar una patada a un policía nacional durante una protesta en 2014 en La Laguna (Tenerife).

Tras esta condena, la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le comunicó a Rodríguez la pérdida de su condición de diputado, tal como dijo que le requirió el Supremo.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que este borrador será examinado por el pleno de la próxima semana, que ya había discutido previamente esta cuestión hace meses cuando la magistrada ponente María Luisa Segoviano pidió estimar el recurso atendiendo a la vulneración del principio de proporcionalidad.

Aunque la mayoría de los magistrados se mostraron favorables a concederle el amparo, la divergencia estaba en el razonamiento, unos abogaban por declarar la desproporción de la pena y otros, la mayoría, por el principio de legalidad, por lo que Segoviano rehízo la ponencia con esta segunda argumentación.

Las fuentes explican que la nueva ponencia declara vulnerado el principio de legalidad, al entender que la sanción de multa (como sustitutiva de la pena de prisión), no puede llevar anudada la accesoria de inhabilitación, lo que supondría anular la retirada del escaño.

En concreto, declara la nulidad de la sentencia del Supremo en el exclusivo extremo relativo a que en el fallo de la sentencia se hace referencia a que se impone al Rodríguez “la pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena”; debiendo mantenerse únicamente la mención a que la pena impuesta es “la pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros”.

El TC tiene pendiente un segundo recurso de amparo del exdirigente de Podemos frente al acuerdo de Batet, que comunicó la retirada de su escaño tras ser condenado por el Tribunal Supremo. Al contrario que con el recurso contra su condena, la Fiscalía aquí sí ha informado a favor de que el TC le conceda el amparo.

Si hay una palabra para definir a Meritxell Batet es ordenada. Lo confirman los que la conocieron en su etapa como universitaria y los que comparten militancia con la expresidenta del Congreso. “Siempre fue una persona muy responsable, muy buena estudiante y con inquietudes políticas. La recuerdo como líder estudiantil en los primeros años de universidad”, recuerda Josep Mir, quien fuera su director de tesis.

Este año ha cumplido los 50 y ha decidido que ha llegado el momento de dejar la política. Las becas le permitieron pagar la carrera de Derecho en la Pompeu Fabra, una facultad en la que acabó siendo profesora de Constitucional. Unas ayudas para estudiar que, según recuerdan algunos compañeros de promoción, en aquel momento solo se daban a quien podía acreditar tanto buenos resultados académicos como una familia con pocos recursos económicos.

En su época de estudiante se sacaba un sueldo como camarera y aprendió a identificar a la gente en función de lo que pedía en las barras del Nick Habana y el Bikini. Algún mes fue el único ingreso que entró en casa. Hija de padres separados, su madre, administrativa, estuvo un tiempo en el paro. Batet sabe qué es, siendo una adolescente, llegar y no poder entrar porque hay un candado en la puerta por desahucio. En algunas entrevistas ha explicado que nunca olvidará la sensación de “desolación”.

Cuando Narcís Serra buscaba a alguien para reforzar el gabinete de la primera secretaría del PSC se lo comentó a Mir, amigo suyo y profesor de Batet. Él fue quien sondeó a Batet y así fue como empezó una carrera de tres décadas. Primero desde la vertiente únicamente profesional, como ayudante del político en labores jurídicas. Pero poco a poco Batet fue adquiriendo más responsabilidades. Unos años más tarde, en 2004, la jurista se convertiría en diputada en el Congreso por el PSC.

Batet tardó poco en integrarse en Madrid y, haciendo vida política en el Congreso, conoció a José María Lassalle, entonces un joven diputado del PP que se convertiría en su marido durante 11 años, hasta 2013, y con el que tuvo dos hijas.

Apasionada de la danza, quienes la conocieron de joven la recuerdan más responsable que fiestera y, sobre todo, muy trabajadora. Por eso a ninguno de sus conocidos en Barcelona le sorprendió que Pedro Sánchez se fijara en ella en el año 2015 como coordinadora de su programa electoral. En aquellos años, la catalana se convirtió en una persona muy cercana a Sánchez, hasta el punto de que en 2015 acudió como su número dos por Madrid, pese a ser militante del PSC. 

Cuando el PSOE llegó al Gobierno, Sánchez la correspondió con el Ministerio de Política Territorial y, una año después, en 2019, fue elegida por fin presidenta del Congreso.

En la última legislatura, Batet ha sido la encargada de lidiar desde el Legislativo con algunas situaciones incómodas para el Gobierno de coalición o para la propia Cámara. La primera fue el cierre del Congreso por la pandemia, una medida inédita y sobre la que la derecha cargó pese a la alerta sanitaria, y que el Tribunal Constitucional acabó afeando. Poco después, Batet ejecutó la orden del Supremo para retirar los escaños de los políticos independentistas que se encontraban en prisión preventiva, como eran Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez.

Más complicada fue la situación que generó la condena del diputado de Podemos Alberto Rodríguez, cuyo escaño acabó siendo retirado entre fuertes presiones de los grupos de la derecha y tras una consulta al Supremo en la que este tribunal no aclaró si ordenaba la retirada. La presidenta, asesorada por los letrados, acabó retirando el acta, lo que supuso uno de los enfrentamientos más duros entre Batet y la formación de Pablo Iglesias.

También desde el independentismo ha recibido críticas por sus actuaciones. Durante la pasada legislatura, Batet sostuvo con mano de hierro la prohibición de utilizar en la Cámara lenguas diferentes al castellano, llegando a retirar la palabra en varias ocasiones a diputados catalanes. Una situación que en esta ocasión los grupos de izquierdas y soberanistas quieren evitar mediante una reforma del reglamento que han registrado este mismo martes.

Otra de las críticas fue el rechazo desde la Mesa de una proposición de ley de amnistía presentada por los independentistas. En aquel momento los letrados aseguraron que la propuesta era “manifiestamente inconstitucional”, una consideración con la que Batet la frenó. Sin embargo en los últimos meses diversos juristas han cuestionado ese punto de vista y hoy la posibilidad de que se tramite una ley de amnistía no es ni mucho menos remota.

La expresidenta del Congreso de los Diputados, exministra y diputada del PSOE Meritxell Batet ha anunciado este miércoles que renuncia a su escaño y que abandonará la política activa. “Con estas líneas quiero comunicar que dejo la primera línea de la política y que he renunciado a mi acta de diputada. Han sido 19 años intensos como diputada del Grupo Socialista, ministra del Gobierno de España y presidenta del Congreso”, ha anunciado en un mensaje en sus redes sociales.

“Hoy, después de esta trayectoria y con los grandes resultados electorales que mi formación, @socialistes_cat, obtuvo en Cataluña, he valorado que es el mejor momento para dejar la política activa con la satisfacción del trabajo hecho y del deber cumplido”, ha escrito en un hilo de X (antes Twitter). “Me voy con el orgullo de haber servido a un proyecto colectivo que busca, por encima de todo, mejorar la vida de las personas y transformar la sociedad. Un proyecto al que me he entregado en cuerpo y alma y al que seguiré sirviendo allí donde vaya”, ha añadido.

Batet pone fin así a una larga trayectoria en política que comenzó en el Partido Socialista de Catalunya (PSC) al que se afilió en 2008. Cuatro años antes había sido elegida diputada por Barcelona tras entrar en las listas de ese partido como independiente. Después de la moción de censura que tumbó a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez la eligió para ocupar el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en ese primer gobierno. Después, entre 2019 y 2023 fue presidenta del Congreso de los Diputados, cargo que dejó hace apenas unas semanas, con el fin de la legislatura.

“Quiero reconocer a todos ustedes su labor y dedicación, a veces en circunstancias especialmente difíciles, y quiero referirme de modo especial a los diputados y diputadas que no continuarán en la próxima legislatura. Les deseo lo mejor en su futura vida profesional”, dijo en su último acto como presidenta el pasado 16 de agosto. A los nuevos diputados, elegidos tras el 23J, les deseó “capacidad de trabajo, predisposición al acuerdo y grandeza”. “Sobre todo, grandeza –dijo–. De nosotros depende la calidad de la política en nuestro país, en España”.

En el mensaje con el que ha anunciado su decisión este miércoles, Batet ha agradecido la “confianza” puesta en ella a Sánchez y al primer secretario del PSC, Salvador Illa. “Estoy convencida de que pronto habrá un nuevo Gobierno de progreso liderado por Pedro Sánchez que continuará con los avances y las reformas que la sociedad española necesita. Ha sido un honor y un privilegio. Gracias, de corazón”, ha concluido.

La todavía presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, se ha despedido del cargo este miércoles pidiendo a los diputados “predisposición al diálogo” y “grandeza” en la etapa que se abre con la constitución de la Cámara renovada en las elecciones generales del 23 de julio.

Como presidenta de la Diputación Permanente del Congreso, Batet ha dirigido la breve reunión en la que se ha aprobado por asentimiento el informe de dación de cuentas del órgano parlamentario que se ha mantenido activo desde la disolución de las Cortes.

Y no ha querido levantar la sesión de la Diputación Permanente sin decir unas palabras de despedida a los diputados presentes, bastantes de ellos realizando su última actividad parlamentaria porque se despiden de la Cámara.

“Quiero reconocer a todos ustedes su labor y dedicación, a veces en circunstancias especialmente difíciles, y quiero referirme de modo especial a los diputados y diputadas que no continuarán en la próxima legislatura. Les deseo lo mejor en su futura vida profesional”, ha comentado.

Y a los que repiten en el Congreso les ha pedido “capacidad de trabajo, predisposición al acuerdo y grandeza”. “Sobre todo, grandeza –ha incidido–. De nosotros depende la calidad de la política en nuestro país, en España”.

Promete “olvidar pronto” los malos momentos

Batet, que hace una semana confirmó que no iba a optar a la reelección como presidenta del Congreso, ha señalado que esta XIV Legislatura que ahora termina ha tenido como característica principal el hecho de haber tenido que ejercer sus funciones durante una pandemia.

Según ha dicho, este último día de legislatura “no es momento de reproches, pero sí de reflexión”, y ha prometido olvidar pronto“ los malos momentos que ha tenido, ”que de todo ha habido“. Lo que sí se llevará consigo son los episodios ”de buen parlamentarismo“ que ha presenciado desde la Presidencia en el Pleno, en la Mesa o en la Junta de Portavoces.

“Me quedo, sobre todo, con las personas que he conocido a lo largo del camino. Que a veces se desborden las pasiones en el debate político no debería afectar al respeto entre nosotros y a nuestros afectos personales. Al fin y al cabo, somos compañeros”, ha remachado.

La XIV legislatura que está a punto de terminar ha sido sin duda una de las más insólitas desde la recuperación de la democracia. Lo fue desde el inicio por la inédita configuración de un gobierno de coalición, pero la apuesta subió rápido con la llegada de la pandemia que forzó durante sus primeras semanas la suspensión de la actividad parlamentaria. Un Congreso fragmentado en multitud de partidos políticos y con una extrema derecha que aprovechó la fuerza de sus 52 diputados para incendiar no pocos debates y presentar dos mociones de censura. Y al frente de todo eso en la Cámara Baja, Meritxell Batet, que tras cuatro años de dificultades y polémicas ha decidido renunciar a repetir la tortuosa experiencia. 

Era una de las incógnitas que pendían después de que el 23J abriera la puerta a una mayoría progresista en el Congreso. Este martes, fuentes del entorno de la presidenta de la Cámara confirmaron que Batet no repetirá en el cargo: “Batet manifiesta que ha sido un gran honor haber desempeñado esta responsabilidad y muestra su enorme gratitud por todo el apoyo recibido durante estos años”. “Está convencida de que se formará una mayoría progresista en la Mesa de la Cámara presidida por una candidata o candidato socialista que permitirá continuar con los grandes avances logrados en esta legislatura”, trasladaron esas mismas fuentes. 

El Partido Socialista, que cuenta con hacerse con la Presidencia del Congreso tiene que buscar ahora otro perfil para el que ya comienzan a desfilar nombres en los mentideros de la política, pero queda claro que esa persona no será Batet, que asumió el puesto hace cuatro años, después de las elecciones del 28 de abril, meses antes de que se conformase el primer Gobierno de coalición desde la II República y de que arrancase una legislatura frenética y compleja en la que ha sido en numerosas ocasiones involuntaria protagonista.

La pandemia y el Estado de Alarma 

La legislatura apenas había comenzado cuando la crisis por el coronavirus obligó al Gobierno a decretar un Estado de Alarma para confinar a toda la población. Antes de eso, la presidenta había acordado el 10 de marzo un cierre preventivo y luego, con el acuerdo de la Mesa y los portavoces, el aplazamiento de los periodos de enmiendas durante varias semanas. Vox recurrió aquella medida al Constitucional a pesar de que ese día 10 había reclamado a Batet suspender “todas las actividades plenarias y en comisiones”. 

El tribunal de garantías –todavía con una mayoría conservadora– acabaría dando la razón al partido de extrema derecha a pesar de que muchos parlamentos autonómicos impusieron cierres mucho más duros en aquellos momentos. En cualquier caso, aquel recurso sirvió para inaugurar una constante durante toda la legislatura: la estrategia del partido de extrema derecha para tratar de boicotear en los juzgados el normal funcionamiento del parlamento.

Más allá de los cierres de aquellos primeros días de crisis sanitaria, la pandemia tuvo un fuerte impacto en el normal funcionamiento del Congreso, que obligó a la presidenta y a los grupos a buscar soluciones para dar continuidad a la actividad parlamentaria a pesar de las enormes restricciones sanitarias que imperaban en ese momento. 

El Congreso implementó nuevas fórmulas tecnológicas para habilitar plenos híbridos que combinasen la asistencia presencial reducida con la virtual y se flexibilizó el uso del voto telemático, al que en condiciones normales solo se puede recurrir en contadas excepciones bien justificadas. Unas restricciones y nuevos protocolos que estuvieron vigentes hasta bien entrada la legislatura, un año y medio después, cuando la pandemia por fin empezó a ceder. 

Los boicots de la extrema derecha

Si las elecciones del 28 de abril de 2019 abrieron por primera vez las puertas del Congreso a la extrema derecha, la repetición electoral les dio la oportunidad de multiplicar sus apoyos y colocarse con 52 diputados en la Cámara Baja. Un número de parlamentarios que les permitió esa estrategia de judicialización de la política a través de los recursos de inconstitucionalidad y, además, presentar sendas mociones de censura con las que buscaron sobre todo foco mediático para agitar su ideario retrógrado.

Todo eso lo pudieron hacer precisamente tras colocarse por encima de la barrera de los 50 escaños, por debajo de la cual los grupos no pueden presentar recursos ante el Tribunal Constitucional, y también de la barrera de los 35 diputados, a partir de la cual pueden proponer mociones de censura como la que colocó al octogenario excomunista Ramón Tamames en la tribuna del Congreso, en uno de los episodios más estrafalarios que se recuerdan en la Cámara. 

Pero esa cincuentena de diputados ha permitido sobre todo a la extrema derecha el tiempo suficiente de intervenciones en la Cámara para esparcir su ideario xenófobo, machista y ultraliberal. La extrema derecha ha aprovechado no pocos plenos para incendiar la Cámara con sus discursos, llevando al límite el reglamento del Congreso y buscando todo tipo de argucias para interrumpir su funcionamiento. 

Una estrategia que fue creciendo a medida que transcurría la legislatura. “Quieren amordazar a los españoles mientras están con los enemigos de los españoles, que son los que asaltan nuestras fronteras, nos quieren llevan a la ruina, dividir el país y sembrar el pánico en las calles”, llegó a decir el líder de Vox, Santiago Abascal, en una sesión de control hace dos años. 

Y apenas unos días después, el partido sacaba todo su arsenal de descalificaciones con insultos a sus contrincantes políticos, rebelándose contra la normativa del Parlamento sin acatar la expulsión de uno de sus diputados, que había llamado “bruja” a otra del PSOE durante un debate sobre el acoso a las mujeres que abortan, o increpando incluso a periodistas. Esta legislatura también ha estado protagonizada por la presencia de agitadores de canales de extrema derecha que han aprovechado la sala de prensa del Congreso para atacar a políticos o torpedear las ruedas de los portavoces. 

Algunos grupos, como Unidas Podemos o ERC, han criticado de hecho a la presidenta del Congreso por no atajar con la suficiente contundencia estas salidas de tono de la ultraderecha, sus mensajes xenófobos o vetar, por ejemplo, la entrada de estas personas en las ruedas de prensa, como le pidieron en varias ocasiones, la última cuando Javier Negre publicó una entrevista en la que un alcalde de un pueblo profería comentarios vejatorios sobre la ministra de Igualdad, Irene Montero. 

La ‘número dos’ de Podemos ha sido precisamente una de las más atacadas por la extrema derecha durante las sesiones parlamentarias. La renuncia esta semana al acta Iván Espinosa de los Monteros y después de su compañero Juan Luis Steegman ha tenido como efecto colateral que vuelva a repetir como diputada Carla Toscano, la dirigente de Vox que incendió el Congreso hace apenas unos meses con sus insultos machistas a Montero, a quien llamó “libertadora de violadores” y de quien dijo que su único mérito había sido “estudiar en profundidad a Pablo Iglesias”. 

El escaño de Alberto Rodríguez

Uno de los momentos más complicados de Batet durante esta legislatura fue la gestión del escaño del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez tras ser condenado por el Tribunal Supremo tras ser acusado de haber pateado a un policía durante una protesta en Tenerife, en 2014, una crisis que estuvo a punto de provocar la ruptura del Gobierno de coalición. 

Todo comenzó con la sentencia. Los jueces, con dos de ellos apostando por la absolución, avalaron la versión del agente policial y establecieron una multa de 540 euros en sustitución de la pena de mes y medio de prisión no efectiva. El problema es que Rodríguez también quedaba inhabilitado durante esos días a su derecho de sufragio pasivo, a su derecho de presentarse a unas elecciones pero no necesariamente a ejercer un cargo que ya tenía, aunque la decisión de retirarle el escaño dependía en último caso del propio Congreso. 

Juristas de todas las sensibilidades cuestionaron no solo la sentencia, que contó con votos particulares y se basó fundamentalmente en el testimonio del agente, sino también las consecuencias de esta: no se ponían de acuerdo acerca del alcance de su inhabilitación y varios expertos en derecho sostienen que hubiese bastado con apartar al parlamentario durante mes y medio. Algo parecido habían sugerido los letrados del Congreso en un primer informe en el que sostenían que el parlamentario canario podía mantener su acta. 

Pero Batet primero pidió una aclaración al Supremo, que el Alto Tribunal respondió sin llegar a pedir explícitamente que retirara el escaño al diputado. El escrito sería acompañado más tarde por otro en el que el que el juez Manuel Marchena pedía información a la presidenta de la Cámara sobre el cumplimiento de la sentencia. Ella reunió a la Mesa entre fuertes presiones del PP y Vox para retirar el escaño al diputado. Tras consultar al secretario general del Congreso y letrado mayor, Batet decidió finalmente retirarle el escaño. 

Aquella decisión provocó un tremendo enfado entre las filas de Unidas Podemos, pero, sobre todo, entre el partido que lidera Ione Belarra y en el que en ese momento militaba el dirigente canario. El grupo confederal esa misma noche anunció en un comunicado que presentarían una denuncia por prevaricación contra Batet, de la que algunas voces del grupo también pidieron su dimisión. Aquella decisión provocó grietas también en la coalición ya que el movimiento lo desconocían tanto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, e incluso el propio Alberto Rodríguez, que al día siguiente decidió darse de baja de Podemos e iniciar su propia batalla judicial para recuperar el escaño.

La injerencia del Constitucional en una votación

No fue aquel el único momento en el que Batet tuvo que lidiar con las decisiones de los tribunales durante la legislatura. Hace pocos meses, de hecho, un movimiento de la derecha judicial llegó a forzar la paralización de una votación en el Parlamento, otro de los hechos inéditos que han convertido estos cuatro años en algunos de los más surrealistas de toda la democracia. 

Ocurrió a finales del año pasado, cuando el Congreso se preparaba para votar una reforma del tribunal de garantías que permitiera su renovación después de los años de bloqueo a los que lo ha sometido la negativa del Partido Popular a sentarse para negociar la renovación de sus miembros. Fue precisamente un recurso de los de Alberto Núñez Feijóo lo que sirvió al tribunal para frenar el trámite parlamentario en su curso al Senado. 

Después de una incierta jornada en el Congreso, en la que se temía una intervención del Constitucional, el pleno de ese órgano, el del Tribunal Constitucional, cuando todavía contaba con una mayoría conservadora, acordó suspender la tramitación de la reforma con la que el Gobierno quería desbloquear la renovación de parte de sus integrantes con el mandato caducado. El tribunal de garantías cortó el procedimiento legislativo que se había iniciado en el Congreso en su camino hacia  el Senado, sin dejar que en este se produjera el debate y votación sobre la norma.

Aquel Pleno tuvo un máximo voltaje y lo que sucedió después conllevó un choque entre poderes del Estado inédito en democracia, otro de los hitos de una legislatura en la figura del presidente de Congreso, un papel que se presume tranquilo, ha tomado una relevancia en algunos casos inesperada. Después de cuatro años, la presidenta cederá al testigo a otro compañero, aún no se sabe si socialista o del PP, para que se encargue de regular los debates de una nueva legislatura que tampoco se anticipa sencilla. 

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La presidenta del Congreso y candidata del PSC en la provincia de Barcelona para las generales, Meritxell Batet, ha defendido este miércoles en la SER Catalunya el final de la prórroga de la congelación de los alquileres y ha instado a las Comunidades Autónomas a “hacer su trabajo” para aplicar la ley de Vivienda y limitar el precio de los arrendamientos en las zonas tensionadas. “La mayoría de la población no tiene problema para continuar pagando el alquiler”, ha asegurado Batet.

La candidata socialista ha hecho esta afirmación para defender la Ley de Vivienda aprobada por el Ejecutivo y para subrayar que a las familias vulnerables sí se les aplica la extensión de un año de la prórroga que impide que les suban el alquiler. Batet ha calificado la norma de “ley paraguas” y ha instado a las comunidades autónomas a “hacer su trabajo” para aplicar la limitación del aumento de los alquileres en las zonas tensionadas.

Batet ha sostenido también que, a día de hoy, “no hay un marco adecuado ni propicio” para una reforma federal de la Constitución. Al ser preguntada por la apuesta de los socialistas catalanes por esta reforma y su sometimiento a referéndum, ha valorado: “Lo que siempre hemos defendido efectivamente es la reforma a la que usted hacía referencia, pero es evidente que no hay un marco adecuado y propicio para esta reforma”.

Batet ha señalado como objetivo de los socialistas durante sus cinco años al frente del Ejecutivo “abrir de nuevo la cooperación entre administraciones”, que ve imprescindible ante el reparto de competencias con la Generalitat. Así, ha abogado por “consolidar esta cooperación y confianza”, que según ella se habían roto y ahora están reconstruyendo.

Batet ha descrito como “muy duro” el inicio del Gobierno ante el conflicto catalán y ha ensalzado los resultados de su gestión como ministra, antes de presidir el Congreso: “Como ministra de Política Territorial, en los pocos viajes que hice, lo único que hacíamos era hablar de Catalunya y hablar de los problemas y de la crisis territorial. Hoy es muy diferente el panorama en España”.

En esta línea, ha aplaudido que el Ejecutivo de Sánchez “ha conseguido que la convivencia en Catalunya mejore muchísimo y que España esté mucho más fuerte, reconocida y con más potencia” a nivel internacional.

Sobre las negociaciones para gobernar la Diputación de Barcelona, Batet ha lamentado “que haya partidos que, por fobias o por filias, decidan tomar decisiones por razones partidistas y no pensando en el interés general”. Ha abogado por reeditar el pacto alcanzado por el PSC y Junts, que según ella ha funcionado y ha sido muy útil para los municipios, si bien los independentistas han apostado por formar una mayoría alternativa.

Batet pide disculpas

La candidata socialista se ha disculpado pocas horas después de haber afirmado que la mayoría de inquilinos no tenían problemas para pagar el alquiler. “Pido disculpas si hoy no me he explicado bien”, ha señalado en su cuenta de Twitter. “Sé lo que cuesta poder pagarse una vivienda”. Batet ha añadido que “el pago del alquiler y de las hipotecas” representan “buena parte de los ingresos de las familias cada mes”. “Este Gobierno es el primero que ha puesto límite al incremento de los arrendamientos y protege y continuará protegiendo las y los inquilinos más vulnerables”, ha remachado.

El Tribunal Supremo ha decidido rechazar una querella en la que la asociación ultra HazteOir acusaba a Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, de destruir y ocultar pruebas sobre el caso de corrupción radicado en Canarias conocido como Mediador. Los jueces dan carpetazo así a la estrategia de Partido Popular y Vox de implicar a Batet en el caso, acusando a la presidenta de la Cámara Baja de cambiar los procesos para registrar las visitas y ocultar con quién se habían reunido los miembros de la trama corrupta en sus visitas al parlamento.

El caso Mediador estalló el pasado mes de febrero. Un juzgado de Santa Cruz de Tenerife investigaba una trama de empresarios y políticos canarios que pretendían usar su red de contactos para conseguir contratos, agilizar subvenciones o evitar inspecciones sanitarias. Todo partía de la información aportada por el mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte y entre los detenidos había un diputado nacional del PSOE: Juan Antonio Fuentes Curbelo, apodado 'Tito Berni' y acusado de cobrar varias comisiones a cambio de favorecer a empresarios en Canarias, extremos que ha negado.

El Mediador, con un amplio historial delictivo por robar en fábricas y usar tarjetas de crédito falsificadas, aportó más de 100.000 fotos, audios y vídeos que había grabado a lo largo de los años en sus reuniones con políticos y empresarios en Madrid y en Canarias. Y en ese archivo estaba la bomba de racimo política y mediática: fotos de visita en el Congreso, fotos en hoteles y locales nocturnos de Madrid y constantes declaraciones prometiendo una lista de parlamentarios socialistas que habían asistido a esos encuentros.

Partido Popular y Vox buscaron extender las acusaciones de la trama a la presidencia del Congreso de los Diputados por el tiempo que algunos de los imputados habían pasado en dependencias parlamentarias. Y lo hicieron entre marzo y abril acusando abiertamente a Meritxell Batet de haber borrado el registro de visitas para evitar que el juzgado supiera con quién se había reunido Marco Antonio Navarro Tacoronte, o al menos qué miembro del Congreso había avalado sus visitas.

La cámara explicó que esos registros se borraban periódicamente atendiendo a la normativa de protección de datos. Elías Bendodo, coordinador general del PP de Alberto Núñez-Feijóo, acusó abiertamente a Batet de “destruir” pruebas y al “sanchismo” en general de “tapar con las dos manos la corrupción”. Isabel Díaz Ayuso igualmente apuntó a Batet por “borrar registros” de estas reuniones. Dirigentes de Vox, como Hermann Tertsch, también lanzaron la misma acusación: “Batet debe dimitir hoy”, dijo el eurodiputado de la ultraderecha.

El asunto llegó a los tribunales de la mano de la asociación ultra HazteOir, grupo integrado en el lobby ultraconservador CitizenGo, que acusó a Batet de siete delitos, desde la revelación de secretos hasta daños informáticos. El Tribunal Supremo, según ha sabido elDiario.es, ha rechazado la querella acusando a HazteOir de poner encima de la mesa una cantidad tan grande de delitos sin presentar más pruebas que una información periodística y sin argumentar cómo Batet podría haber cometido uno solo de ellos.

“Sería difícil centrar un interrogatorio”

El Tribunal Supremo lanza varios dardos a una querella de HazteOir que consideran deficiente en su redactado y en sus objetivos. “Haciendo propia una información periodística, menciona una lista de delitos, a la que dedica tan escasa la atención al juicio de subsunción, que no somos capaces de encontrar, ni siquiera a los más mínimos niveles de verosimilitud” necesarios para abrir una causa contra Batet, lamentan los jueces.

La querella de la asociación ultracatólica cita hasta siete delitos pero la parte en la que lo relaciona con los hechos es “telegráfica”, reprocha el Supremo, “insuficiente” para poder abrir una investigación penal contra la presidenta del Congreso. “Sería difícil centrar un interrogatorio, caso de que sobre ellos tuviera que ser oída en declaración la querellada”, añade.

Parte de la querella apuntaba a la decisión de la Cámara Baja tomada poco después del estallido del caso para obligar a los grupos parlamentarios a hacer un registro de las visitas que reciben en sede parlamentaria. “Se ruega que cuando se realicen solicitudes en este sentido, dichos datos se incorporen en el documento Excel y que se comunique a la Comisaría Especial”, explicaba la comunicación enviada a principios de marzo.

Sobre esto, el Supremo dice lo mismo que alegó la Fiscalía para pedir la inadmisión de la querella: el cambio fue “comunicado” a los grupos parlamentarios con total publicidad “y se presenta con carácter general en el marco organizativo del órgano”. HazteOir, reprocha el Supremo, “no aporta ningún elemento que avale esa intencionalidad de ocultación, más que el propio cambio, que tiene como explicación ese marco organizativo”.

El Partido Popular llegó a pedir a la presidencia del Congreso la apertura de una investigación interna por estos hechos, además de acusar directamente a Batet de borrar pruebas para obstaculizar la investigación judicial del caso Mediador. La diputada Ana Pastor afirmó, por ejemplo, que se habían usado medios de la cámara de forma “espuria”.

La presidenta del Congreso, cabeza de lista del PSC en las próximas elecciones generales, exigió el pasado mes de abril una rectificación al Partido Popular. “En el marco del tratamiento de datos personales de las visitas, la normativa determina que la conservación de los datos se mantendrá durante no más tiempo del necesario para los fines para los que fueron recogidos”, justificó en un escrito firmado por Javier Mieres, su jefe de gabinete.

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En diciembre de 2019 las derechas de PP y Ciudadanos decidieron estrenar la legislatura con un recurso ante el Tribunal Constitucional. Los dos partidos cuestionaban que varios diputados hubieran jurado o prometido sus cargos y acatado la Constitución con expresiones que no se ceñían a las fórmulas clásicas. No era la primera vez en que sucedía y el tribunal de garantías acaba de dictar una sentencia en la que avala que se pueda jurar o prometer un cargo parlamentario, por ejemplo, por “la república catalana”, “por imperativo legal” o gritando “vivan los trabajadores”. Ahora el Constitucional ha establecido que este tipo de promesas o juramentos para acatar la Constitución también son válidos y no vulneran los derechos del resto de diputados.

Los integrantes del actual Congreso de los Diputados juraron y prometieron sus cargos el tres de diciembre de 2019. Varios miembros de la mesa, como Ignacio Gil Lázaro (Vox), se salieron de la norma para jurar el escaño “por España”. Otros parlamentarios, como Gerardo Pisarello y Javier Sánchez Seran (Unidas Podemos), lo hicieron “por las trece rosas” y por “la democracia y los derechos sociales”. Lo hicieron así, en total, 29 parlamentarios.

No era la primera vez en que sucedía y no solo en el Congreso de los Diputados. Ya en 2016, por ejemplo, Pablo Iglesias acató la Constitución pero prometiendo “trabajar para cambiarla”, llegando incluso a utilizar el lenguaje de signos. Diputados de partidos independentistas catalanes también asumieron la Carta Magna pero afirmando hacerlo “por imperativo legal” o prometiendo hacerlo para conseguir la constitución de la “república catalana”.

Casi cuatro años después el Tribunal Constitucional ha zanjado el debate y ha establecido en una sentencia que estas fórmulas alternativas para acatar la Constitución y jurar o prometer el cargo parlamentario también son válidas. Los magistrados, con varios votos en contra, explican que la decisión de Batet de validar estos acatamientos no produjo un “trato desigual” entre diputados. Permitir que lo hicieran, añaden, no afectó negativamente a la capacidad del resto de diputados de ejercer sus funciones parlamentarias.

Cuatro magistrados del bloque conservador han presentado un voto particular en contra. Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel explican que cualquier expresión ajena al acatamiento no es válida mientras que César Tolosa considera que este tipo de acatamiento “desnaturalizó, al no quedar legalmente constituidas, la representación colegiada y conjunta del pueblo español que se atribuye a las Cortes Generales. Consecuentemente socavó la esencia misma de la condición de diputados”, explica este voto particular.

El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid ha citado para los próximos días 30 de marzo y 15 de abril a los 14 activistas que lanzaron agua con remolacha contra el Congreso de los Diputados en abril del pasado año para alertar de la necesidad de adoptar medidas urgentes contra el cambio climático. En el auto, el magistrado retira el delito contra las instituciones del Estado que la Policía había incluido en su atestado, y reduce la acusación a daños contra el patrimonio.  

La Brigada Provincial de Información de la Policía abrió una investigación por los delitos de daños, desórdenes públicos, resistencia a la autoridad y contra las altas instituciones del Estado, después de que el letrado mayor del Congreso forzara la inclusión de ésta última en el atestado, tal y como informó elDiario.es. En la notificación que han recibido los investigados aparece que la causa se sigue únicamente por un delito de daños contra el patrimonio. 

Según un escrito entregado a la comisaria de la Policía Nacional en la Cámara Baja, Carlos Gutiérrez Vicén respondió a la consulta de la Policía asegurando que la sesión plenaria que se celebraba aquel día sufrió “una alteración notoria”, lo que permitía encajar la protesta en el citado tipo penal que acarrea hasta un año de prisión.  

Gutiérrez Vicén alegaba en su escrito que los diputados hicieron referencia desde la tribuna de oradores a los hechos –en realidad fue la ministra de Transición Ecológica y porque la noticia había sido publicada en los medios digitales–, así como que la comisaria del Congreso se vio obligada a avisar al ministro del Interior, presente en el pleno. 

El artículo 494 del Código Penal castiga con entre seis meses y un año de cárcel a los que “promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones” ante las sedes de parlamentos nacionales o autonómicos, siempre que las cámaras estén reunidas y se “altere su normal funcionamiento”.

El fiscal del caso receló de esta interpretación de la supuesta alteración del pleno y solicitó que se oficiara a la Presidencia del Congreso para que informara si la protesta “supuso realmente una perturbación grave de la sesión plenaria (…), si motivó alguna suspensión, interrupción o retardo respecto a los asuntos que estaban señalados en el orden del día, si motivó alguna incomparecencia de algún diputado que posteriormente justificara su inasistencia por no haber podido acceder a la cámara o cualquier otra alteración relevante que en la actuación de los diputados pudieran haber causado dichos hechos que se investigan en este procedimiento”.

La respuesta de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ya está incorporada a la causa que sigue el juzgado de instrucción número 30 de la capital. En cuatro puntos, Batet confirma los anteriores extremos –la referencia a la protesta de la ministra Teresa Ribera y que se informó a Grande-Marlaska– y añade que el orden del día “se desarrolló de conformidad con las previsiones reglamentarias en cuanto al orden e intervención de los oradores”.

La presidenta del Congreso rectifica al letrado mayor y añade que “el curso de la sesión no fue suspendido ni interrumpido, desenvolviéndose temporalmente de acuerdo con la asignación de tiempos para cada punto del orden del día”. Batet añade: “No consta a esta Presidencia comunicación alguna por parte de miembros de la Cámara en la que se pongan de manifiesto dificultades para asistir a la sesión plenaria del 6 de abril de 2022”.

Antes de la rectificación de Batet al letrado mayor de la Cámara, el fiscal Guillermo de Ávila ya había puesto sordina a las conclusiones del alto funcionario en su escrito de petición de diligencias: “Lo que realmente más se vio alterado en su normal funcionamiento no fue tanto el órgano legislativo como el normal funcionamiento de la unidad policial especial adscrita al órgano constitucional”, decía. 

Sin marcha atrás en el calentamiento global

Dos centenares de activistas contra el cambio climático se concentraron frente al Congreso el 6 de abril pasado. Se trataba de una acción enmarcada dentro de protestas mundiales a raíz de la publicación de un informe del Panel Científico de la ONU advirtiendo de la irreversibilidad del calentamiento global y de las consecuencias que provocará en todo el planeta si no se toman medidas drásticas y urgentes. 

De entre los manifestantes, un grupo de ellos lanzó en un momento de la protesta lo que parecía pintura contra la fachada del Congreso, la escalinata y los leones. A continuación protagonizaron un sentada pacífica. La pintura no resultó tal sino agua teñida de remolacha para no causar daños al edificio público. 

Las detenciones se produjeron el 15 y 16 de junio. Portavoces policiales negaron que la acusación contra una institución del Estado fuera uno de los motivos de los arrestos, según había adelantado elDiario.es y como así constaba en las actas de detención y el atestado policial. La mayoría de los activistas fueron arrestados al responder a la citación que habían recibido para acudir a la sede de la Brigada Provincial de Información.

La Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón ha abierto este viernes las puertas de su nuevo Espacio Cultural en Madrid. Una inauguración que ha corrido a cargo del Rey Felipe VI, de un edificio que cuenta con tres salas para exposiciones. Dos de ellas acogerán la muestra permanente Ortega y Marañón. Ciencia y pensamiento; mientras que la tercera albergará la exhibición Residencia de Señoritas 1915-1936. Motor de igualdad, que podrá visitarse desde el 30 de enero al 1 de julio.

En el evento han estado presentes otras personalidades como la presidenta del Congreso Meritxell Batet, la ministra de Ciencia y Tecnología Diana Morant y el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida. Todo ello en un salón de actos, bautizado como Sala María de Maeztu, completamente lleno.

El primero en tomar la palabra ha sido el presidente de la Fundación, Gregorio Marañón y Bertrán de Lis. “Iniciamos una nueva etapa con la mirada puesta en el futuro”, ha asegurado, “tenemos un espacio para pensar y, sobre todo, el diálogo, el encuentro y el debate. La creación, la educación y la construcción puentes de concordia; generando acuerdos y contribuyendo a la libertad, el fortalecimiento de nuestra democracia y la igualdad”.

La sede está situada en la que fuera la Residencia de Señoritas que dirigió María de Maeztu. “Fue el primer centro oficial que fomentó la enseñanza superior a mujeres de España, en 1915. Con todo lo que significó en su día y lo que ahora nos representa”, ha explicado el directivo. En este proyecto, que dejó de funcionar en 1939 tras el final de la Guerra Civil, participaron intelectuales como Zenobia Camprubí, Isabel de Oyarzábal, Victoria Kent, María Lejárraga y Carmen Baroja, entre otras. “Su testimonio merece ser puesto en valor para las nuevas generaciones”, defienden desde la institución.

Al poner el foco en la actualidad, el presidente ha afirmado que “no se ha vivido un momento de cambio tan profundo como este: nuestras democracias afrontan durísimos desafíos internos y externos, como la guerra de Ucrania, las amenazas crecientes de polarización, el cambio climático y tentaciones de desvertebración territorial”.

Del mismo modo, se ha mostrado optimista y ha asegurado que es una coyuntura que, “entre todos, se podrá resolver”. “El espíritu culto, progresista y liberal que caracterizó a nuestros titulares, Marañón y Ortega y Gasset, pervive en estas paredes e inspira nuestro proyecto institucional”. Además, ha recordado que el preámbulo de la Constitución Española alberga la voluntad de “promover el progreso de la cultura”, que ha defendido que “tiene valor identitario para nuestra sociedad. Genera doble pensamiento, crítico y utópico; sin el que no cabe imaginar el progreso. Por ello, la Fundación refrenda en este acto que su razón de ser es la cultura”.

Asimismo, ha hecho público su compromiso para que sea “un espacio abierto a los ciudadanos” y su objetivo de “acercarlo a las nuevas generaciones”. “No hay futuro sin memoria”, ha querido destacar.

La inauguración ha coincidido con la celebración del centenario de la Revista Occidente, editada por la Fundación desde su primera publicación en 1923. Una efeméride que ha servido para que el vicepresidente de la institución, el historiador y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Pablo Fusi, haya revisado los acontecimientos más importantes que ocurrieron en España entre 1923 y 2023. “Ortega se propuso con la revista tratar los temas que verdaderamente importaban, y hacerlo con claridad, orden, rigor y selección. Deseo que esta sea también la tarea de esta fundación”, ha afirmado.

Espacios para el debate para obtener respuestas

El rey Felipe VI ha sido el último en intervenir. En su discurso, ha reivindicado que las lecturas de Ortega y Gasset “invitan a la reflexión, favorecen a la inspiración y animan siempre a su relectura... Y más especialmente, en tiempos como estos”. El monarca ha sido continuista en sus palabras al ensalzar la importancia del Espacio Cultural, que abre sus puertas tras unas obras que se han extendido durante seis años, como “lugar de encuentro”.

“Pone de relieve consolidar la convivencia democrática y tender puentes entre los más diversos y distantes puntos de vista. Siempre con un legítimo anhelo de conocimiento, con una voluntad firme de creación y con un enlace irreversible en la propia historia de Ortega y Marañón”, ha añadido.

El dirigente ha apuntado que la sociedad contemporánea se enfrenta a uno de los retos más decisivos: “Ofrecer respuestas a una encrucijada que llega bajo el signo de la incertidumbre, de los cambios constantes, de una dinámica social sin parangón”. Repuestas que, según ha sostenido, “tienen un lugar propio de debate, análisis y diálogo en lugares como este”. Para ello ha considerado indispensable el equilibrio entre “tradición y modernidad”, al ser el binomio que “ha hecho avanzar a la civilización y ha permitido que el progreso tuviera siempre un referente, un anclaje intelectual en el conocimiento de lo ya realizado”.

Felipe VI ha reivindicado las humanidades encarnadas en Ortega y Marañón, filosofía en el caso del primero y ciencia en el del segundo. “Ambos sabían que en una sociedad compleja, creativa y tan llena de contradicciones y conflictos, la clave consiste en sumar, en no aislarse, en abrirse a otros pensamientos, a otras interpretaciones de la realidad y entablar un diálogo fructífero con todos aquellos logros, conquistas y propuestas que su actividad pueda generar”, ha pronunciado.

Por último, el rey ha celebrado que el nuevo Espacio Cultural vaya a permitir “el ejercicio de la libertad, del saber, la investigación, la crítica, la curiosidad intelectual, el debate civilizado y las propuestas serenas y constructivas”. Un lugar que ha definido como un “entorno privilegiado” que, precisamente por ello, “debe abrirse y acercarse a toda la sociedad”.

“El Parlamento es un lugar único. Quienes formamos parte de él debemos ser conscientes de esa singularidad. Es el lugar en el que todos los ciudadanos están representados, pero en él también deben sentirse representados” y esperan “que la palabra se utilice para argumentar, no para herir. Para proponer, no para ofender. Para construir, no para zaherir. En nuestras manos está no defraudar esa confianza”. Así ha defendido la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la cordialidad parlamentaria tras el incremento de la crispación de las últimas semanas, especialmente por una estrategia deliberada de la ultraderecha.

Batet ha defendido en su habitual discurso durante la recepción del Día de la Constitución el Parlamento como “un lugar único”. “Quienes formamos parte de él debemos ser conscientes de esa singularidad”, ha apuntado la tercera autoridad del Estado, tras el rey y el presidente del Gobierno. “Se trata de emplear la palabra como instrumento de persuasión, de buscar los equilibrios razonables entre posiciones distintas. Y de escuchar, porque escuchar obliga a quien habla a hacerlo mejor”, ha sostenido.

La presidenta ha añadido que “al Parlamento le corresponde una función primordial: enriquecer, mediante el debate libre y razonado, el marco jurídico de nuestra convivencia a través de nuevas leyes”. Un marco jurídico que emana de la Constitución, ha recordado. Un texto que cumple 44 años este 6 de diciembre pero cuya absoluta vigencia ha defendido Batet incluso para la mayoría de españoles que no participaron en el referéndum de 1978: “Aunque no la pudimos votar, es tan nuestra como de los que sí lo hicieron”.

Batet ha defendido que la Constitución “no es bandera” que ondear, “sino plaza” que defender. Y en su 44º aniversario, con “las certezas” de que los españoles de hoy “vivimos” el sueño“ de quienes la impulsaron hace cuatro décadas, ”nos corresponde actualizar la fuerza normativa de la Constitución“.

La última oleada de crispación en el Congreso, que ha atravesado todos los debates de las últimas semanas, tuvo su origen en un agresivo discurso de una diputada de la bancada de la ultraderecha contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, uno de los objetivos prioritarios para Vox, que tiene en la legislación contra la violencia machista a su némesis declarado. 

La presidenta del Congreso, señalada por algunos sectores por lo que les parece una actitud tibia ante los exabruptos ultras, ha asegurado en su discurso: “Existe un consenso básico sobre la necesidad de proteger y garantizar el libre desarrollo de las mujeres frente a todo tipo de discriminación, y con mayor determinación y contundencia frente a las manifestaciones violentas de esa discriminación”.

De la pandemia a la guerra de Ucrania

Batet ha apuntado también que la Constitución es un marco que permite a España afrontar “las vicisitudes históricas que estamos viviendo en estos años” y que “han acrecentado la preocupación y la incertidumbre”. “No está en nuestra mano elegir la realidad a la que nos enfrentamos”, ha dicho. “Pero lo que sí depende de nosotros es escoger cómo responder a esa realidad”, ha añadido.

La presidenta ha apostado por “los valores” y “la unidad” como herramientas para superar esos momentos difíciles: “Los valores que nos identifican como ciudadanos libres y protagonistas de nuestro gobierno colectivo. Y la unidad en su defensa y preservación”. “Así lo hicimos durante los duros meses de la pandemia. Y así lo estamos haciendo frente a la violenta transgresión de las reglas del Derecho Internacional y la violación de los derechos humanos que sufre Ucrania”, ha concluido.

Batet ha asegurado que la Constitución empuja a España a “colaborar en el fortalecimiento de las relaciones pacíficas entre los pueblo”. Pero esa “paz” es “algo más que la inexistencia de guerra: es respeto, es reconocimiento del otro, es cumplimiento de las reglas”. 

La presidenta del Congreso ha reiterado así el compromiso del Estado del que es tercera autoridad con “los aliados, especialmente en el marco de la Unión Europea”. Y con “mantener, al mismo tiempo, la solidaridad y el apoyo con el pueblo ucraniano”.

“El único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias”. La frase, lanzada desde la bancada ultraderechista contra la ministra de Igualdad y respondida con vehemencia por Irene Montero entre aplausos de los partidos de la coalición (PSOE y Unidas Podemos), de los aliados del Gobierno e incluso de algunos representantes de la oposición, no solo incendió el Congreso en la última semana y destapó la estrategia de Vox ante su pérdida de impulso político tras el fiasco de las elecciones andaluzas. También plantea un debate hasta ahora casi inédito: ¿Tiene límites el debate parlamentario? ¿Cuáles? ¿Legales? ¿Éticos? ¿Absolutos? ¿Circunstanciales?

“Fascista”, “machista”, “filoterrorista” (y “terrorista” o “hijo de terrorista”), “golpista”, “caradura”, “felón”, “banda criminal”. Estas, y muchas otras, son palabras que se han escuchado en los últimos días en el Congreso. Y en los últimos meses. Incluso en los últimos años. La Presidencia de Pedro Sánchez (en solitario, primero, y en coalición, después) puede señalarse como una de las más broncas desde la restauración de la democracia. No es que en anteriores periodos no se hubieran producido sesiones duras, insultos, expulsiones de diputados, amenazas, escupitajos o acusaciones que, fuera de la inmunidad parlamentaria, serían querellables. Incluso intentos de agresión, como aquella vez que Rafael Hernando se lanzó a por Alfredo Pérez Rubalcaba con los puños desenfundados.

Pero en estos cuatro años largos, estas actitudes se han convertido en la norma, en lo habitual, no en la excepción fruto de un calentón de un debate o de una situación concreta. Y todo apunta a una escalada en la que el techo no se vislumbra. El presente curso político está visto para sentencia. En lo que queda de mes, las Cortes darán el visto bueno definitivo a los Presupuestos Generales del año que viene y a la derogación del delito de sedición, entre otras cuestiones. Y el inicio de 2023 marcará el arranque de una larguísima carrera electoral que tendrá en mayo su primera cita (municipales y autonómicas) para llegar a las elecciones generales de diciembre.

La actividad legislativa y de control propia del Congreso y del Senado estará marcada por unos comicios donde todos se juegan casi todo. Sin paliativos. Desde el PSOE y Unidas Podemos, hasta el PP, pasando por Vox, Ciudadanos, ERC, Junts , el PNV o EH Bildu, todos vislumbran el abismo. ¿Logrará el PP arrebatar algún gobierno autonómico a los barones socialistas, palanca que necesita Feijóo para afrontar las generales? ¿Aguantará Vox y se hará imprescindible para cualquier futuro ejecutivo de derechas? ¿Logrará Yolanda Díaz transicionar hacia Sumar? ¿Le seguirá Podemos en su camino? ¿Perderá el nacionalismo vasco conservador la hegemonía ante el empuje de una izquierda abertzale más potente que nunca? ¿Cómo quedará la batalla en el soberanismo catalán?

No se trata únicamente de repartir el poder de casi todo el Estado, desde los ayuntamientos a la nación, pasando por los gobiernos autónomos. En 2023 se establecerán las bases políticas de los próximos años con profundidad sistémica. España puede retornar a una suerte de bipartidismo imperfecto o ahondar en la fragmentación del último lustro. Mantener un Gobierno de corte progresista apoyado en fuerzas plurinacionales y regionalistas o seguir a Italia y permitir la entrada de la ultraderecha explícita en el Ejecutivo. Mucho en juego, pocas certidumbres y un clima político que viene enrarecido desde la moción de censura de mayo de 2018, azuzado por una pandemia y una guerra en Europa que ha trastocado los planes de recuperación.

“Caso a caso”

Lo ocurrido en aquel Pleno del miércoles 23 noviembre con la ministra de Igualdad provocó las notables quejas de varios diputados que criticaron lo que consideraron una actitud pasiva por parte de la Presidencia del Congreso, que entonces ejercía el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

A la semana siguiente, como es habitual, se reunieron la Mesa del Congreso y la Junta de Portavoces. En la primera se sustanció un debate sobre la actuación de la Presidencia en la sesión anterior. La conversación se trasladó a la siguiente cita, ya con todos los grupos parlamentarios representados. Diversas fuentes consultadas por elDiario.es constatan que de ninguna de las dos reuniones salió nada parecido a un acuerdo. Pero sí la voluntad declarada de la presidenta, Meritxell Batet, de atar más en corto a los diputados y de restringir mucho la posibilidad de desviarse de la cuestión o de utilizar según que palabras, como algunas de las que se citaban al principio.

Más allá de razones, estrategias e historiografías recientes y pasadas, el Reglamento es claro: quien ordena el debate es quien ocupe la Presidencia en ese momento –normalmente Batet, pero suele rotar con los vicepresidentes: Alfonso Gómez de Celis (PSOE), Ana Pastor (PP) o Gloria Elizo (Unidas Podemos). Y las fórmulas están tasadas.

El Capítulo VIII del Reglamento de la Cámara regula la disciplina parlamentaria. El artículo 102, por ejemplo, establece que la Presidencia llamará a la cuestión al orador que se desvíe del asunto. Si ocurre tres veces, perderá el uso de la palabra. Es lo que debería haber hecho Gómez de Celis con la diputada ultra que aludió a la relación personal de Irene Montero, apuntan desde el grupo parlamentario de la ministra. Es, además, un paso previo que se queda en el campo de la reprimenda y no tiene consecuencias ulteriores, como sí puede ocurrir si, en aplicación de los artículos 103 y 104, un diputado es expulsado de la sesión.

En ambos casos, siempre se plantea una duda fundamental porque un uso incorrecto o inadecuado de las facultades disciplinarias de la Presidencia pueden, eventualmente, lesionar el derecho del parlamentario. En el entorno de Batet aseguran que esta facultad de la Presidencia del Congreso defienden la cautela porque una decisión puede tener consecuencias políticas si, por ejemplo, un diputado es expulsado y en esa sesión se produce una votación, dicho diputado no podrá ejercer su derecho.

Colisionan un derecho recogido por la Constitución (la inviolabilidad) y el régimen disciplinario del Congreso, que se regula en el Reglamento y que confiere a la Presidencia facultades disciplinarias que pueden derivar en sanciones graduales: desde las “llamadas al orden”, previas a la imposición de una sanción en sentido estricto, hasta la imposibilidad de asistir al resto de la sesión. Además, los parlamentarios están obligados a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentaria.

“La inviolabilidad tiene una finalidad, es un privilegio individual con un fin: facilitar que la libre formación de la voluntad de la Cámara lo sea. Que el Parlamento no esté constreñido, limitado”, explica la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III, Yolanda Gómez, quien recuerda que el Tribunal Constitucional apuntó en una sentencia de 2016 que la inviolabilidad parlamentaria no implica “la imposibilidad de aplicar la normativa disciplinaria interna que pueda suponer una restricción de la libertad de expresión de los diputados”.

Así, no se puede establecer una norma general ni un listado de palabras permitidas o vetadas, sino que depende del contexto, de la relación con el tema a tratar, de si el exabrupto es fruto de un calentón o algo premeditado. “Hay que ir caso a caso”, apunta la experta. Una frase muy en boga estos días. No es fácil discernir cuándo las expresiones manifestadas por los parlamentarios durante el desarrollo de los debates justifican una llamada al orden o cuándo su libertad de expresión puede verse restringida injustificadamente por el ejercicio de las funciones disciplinarias de la Presidencia.

La sentencia del Constitucional citada se refiere a un rifirrafe entre la diputada socialista de la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, y el por entonces presidente regional, Ignacio González. En 2013, Menéndez le llamó “corrupto”. El presidente de la Asamblea, José Ignacio Echeverría, le retiró la palabra y acabó expulsando a la diputada, además de aplicando una sanción con consecuencias posteriores.

En 2016 el Tribunal Constitucional dio la razón a Maru Menéndez. En 2017 Ignacio González fue detenido por la Guardia Civil y el propio Echevarría fue llamado a declarar como imputado en el marco de la investigación de la llamada Trama Púnica.

La sentencia reconoce “un cierto margen de apreciación, en cada caso concreto, al Presidente de la Cámara”, a quien le corresponderá a esta valorar las expresiones en cada caso concreto. Y eso es lo que ha decidido aplicar la Presidencia del Congreso, lo que deja el balón en el tejado de la subjetividad de Meritxell Batet, o de quien la sustituya en ese momento. Para el Constitucional, si estamos ante una expresión “emocional” que no va acompañada de la imputación de un delito, entraría dentro de lo permisible.

Por ejemplo, cuando la ministra de Igualdad acusó al PP de publicitar la “cultura de la violación” por sus campañas contra la violencia machista no imputaba ningún delito concreto. Pero sus palabras motivaron una reprimenda de Batet tras las airadas protestas de la bancada popular, y con el precedente de lo que había ocurrido una semana antes. En ese caso, Batet atendió al “contexto” en el que se produce la expresión, otro de los elementos centrales de la sentencia del Tribunal Constitucional, que lo tuvo en cuenta para determinar, por ejemplo, si el término “corrupto” fue utilizado de forma emocional como sinónimo de “torticero” o fue acompañada de la imputación de un delito.

Batet ha optado por “retirar” del Diario de Sesiones aquellas frases o palabras que considera ofensivas. Incluso a toro pasado, como esta misma semana cuando la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, tildó a algunos aliados del Gobierno no de “filoterroristas” sino, directamente, de “terroristas”. La presidenta no se percató en ese momento, pero ordenó “retirarlo” posteriormente.

¿Significa esto algo? Jurídicamente, no, reconocen en Presidencia. Lo único que se hace es poner el término entre corchetes y una nota al pie de página en el Diario de Sesiones para añadir que la presidenta lo ha retirado. Pero la expresión se deja. Es, entonces, una decisión política.

La decisión jurídica (y política) que sí podría tomar la Presidencia es la de expulsar a un diputado. Pero, ¿y si este se resiste? De hecho es algo que ha ocurrido esta misma legislatura, cuando un diputado de la ultraderecha llamó “bruja” y “borracha” a la diputada socialista Laura Berja. El expulsado no quiso abandonar el Hemiciclo y la Presidencia se vio impotente ante la alternativa que se le presentaba: llamar a la Policía Nacional del Congreso y sacarlo bajo la autoridad de Batet.

El artículo 72.3 de la Constitución establece: “Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes”. Una facultad que, si se ha utilizado, pocos recuerdan y que, en cualquier caso, Batet no quiere ejercer.

De la “crispación” entre partidos a la “polarización” entre bloques

Desde la Presidencia del Congreso lo explican claro: “¿Les vamos a regalar esa foto? Eso no puede suceder”. Porque el consenso mayoritario en la Cámara Baja es que lo ocurrido en las últimas semanas forma parte de una clara estrategia política de Vox. Y la expulsión de uno de sus diputados sería la guinda, sostienen a elDiario.es desde el entorno de Batet.

Lo que está ocurriendo en las Cortes, especialmente en el Congreso donde se concentra el foco informativo, está ya muy estudiado por la Ciencia Política. “Los discursos o los debates broncos basados en la crispación son muy atractivos para quien los emite”, apunta el también profesor de la Carlos III Lluís Orriols. ¿Cuál es el beneficio? “La audiencia está más pendiente”. Y añade: “No solo los periodistas, que dan mayor cobertura, sino que se capta más la atención de la audiencia. Y los mensajes que se emiten con estos debates broncos acaban siendo retenidos en la memoria durante más tiempo. Es una forma de inocular mensajes de forma efectiva”.

Pero también hay un componente negativo: “Está demostrado que genera problemas para la calidad democrática porque fomenta elementos de antipolítica, el descrédito al pluralismo, la intolerancia y que quien opina distinto a ti es alguien peligroso, que no debería estar en el debate público”.

Y si se generaliza el uso, peor. Según Orriols, “cuando estos mensajes se propagan por todos los actores políticos provocan desafección”. Es decir, “cuando el debate es bronco de forma multilateral aumenta el descrédito de la política y de las instituciones”. Un posible beneficio particular “a costa del deterioro institucional y político”.

Pero, al final, la función de la Presidencia del Congreso es ordenar el debate, no tanto marcarlo. Hay usos parlamentarios que no están regidos por el Reglamento, sino por resoluciones de la propia máxima autoridad de la Cámara o acuerdos de la Mesa. Incluso la tradición, el uso, es muy relevante en el derecho parlamentario.

Por ejemplo, coinciden los consultados por elDiario.es, no se puede establecer una lista de palabras proscritas. Así se deduce además de la sentencia del Constitucional de 2016, que fija que depende del contexto y de la interpretación del momento. ¿Mantendrá entonces Batet la idea de llamar siempre al orden, y eliminar del Diario de Sesiones, el uso de la palabra “fascista”, por ejemplo? ¿O “filoterrorista”? Una diputada como Cayetana Álvarez de Toledo está siendo juzgada por haber dicho que el padre de Pablo Iglesias era un “terrorista”.

Pero no por decirlo en el Congreso, donde es inviolable, sino por reiterarlo en redes sociales y en una radio. La Fiscalía ha pedido su absolución y Yolanda Gómez recuerda que la Constitución otorga este privilegio especial a los diputados únicamente para cuando están ejerciendo el cargo, no en cualquier momento.

Cuando Álvarez de Toledo reiteró su acusación sabía cuál iba a ser la consecuencia porque Iglesias ya había advertido de que su padre la demandaría. Es decir, más allá del elemento jurídico, mucho más allá de la decisión de Batet de eliminar o no aquellas palabras del Diario de Sesiones (con las salvedades ya expuestas), hay una realidad política que determina un uso deliberado de una determinada expresión.

Orriols lo enmarca. “Se ha observado en muchas democracias que hay un fenómeno creciente de polarización en términos de rechazo a personas que opinan distinto. La gente percibe que el adversario no es un rival, sino alguien que debería ser silenciado y expulsado de las instituciones. Provoca la negación del rival”, asegura el profesor.

Con todo, dice Orriols, la situación no es nueva. O no está claro. El politólogo se retrotrae a la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008), cuando el PP activó una durísima campaña política y mediática que fue bautizada como “crispación”, no “polarización”. La derecha, comandada por Mariano Rajoy (referente político declarado de Alberto Núñez Feijóo) salió a la calle contra los avances sociales de aquel Gobierno socialista: desde la Ley de Memoria Histórica, al matrimonio igualitario o el aborto. Y se azuzaron desde el propio PP teorías de la conspiración inauditas que señalaban al PSOE y a determinadas terminales policiales como responsable de los atentados del 11 de marzo de 2004 en los que murieron 192 personas.

“En esencia era muy similar”, apunta Orriols, que destaca elementos que también se dan ahora como la “negación del adversario y de su legitimidad para gobernar”.

Entonces “aumentó mucho el rechazo al partido rival”. Y ahí sí hay una diferencia notable, indica Orriols, porque hay autores que defienden que lo que se está produciendo ahora es una “polarización entre bloques” y no entre partidos. “La gente no rechaza a los partidos rivales, sino al bloque contrario”, explica, mientras “intrabloque cada vez hay más sintonía. Es decir, entre los votantes de PP y de Vox, o entre los del PSOE y Unidas Podemos.

“Cuando tachamos a los rivales de 'comunistas', 'filoetarras', 'fascistas' o 'golpistas' [o ”caradura“, ”felón“, y ”criminal“] señalamos que el adversario es peligroso y puede deteriorar la calidad de la democracia”. Ese es el riesgo y ahí está la dificultad de los límites del debate parlamentario.

Estaba Jon Iñarritu haciendo unas declaraciones a un periodista en los pasillos del Congreso el jueves por la mañana cuando pasó al lado un diputado de Vox. Precisamente el diputado de EH Bildu respondía en ese momento a una pregunta sobre el clima permanente de bronca en el hemiciclo. Al parlamentario ultraderechista Luis Gestoso se le ocurrió comentar la jugada mirando a los periodistas y diciendo: “Blanqueáis el terrorismo”.

Ya no es sólo en el hemiciclo donde vuelan los cuchillos. Ahora también insultan a los periodistas o a otros parlamentarios cuando están haciendo su trabajo. Hay cárteles de la droga que funcionan con más profesionalidad. ¿Cuál es la intención de todo esto? ¿Que los diputados terminen agarrándose por las solapas y empiecen a sacudirse? ¿Que los periodistas respondan en los mismos términos?

Iñarritu explicó que todo este clima de tensión propiciado por Vox no es algo que surja porque algunos pierdan los nervios: “Es una estrategia planificada. No es un planteamiento de un calentón que puedas tener en medio de un debate y que hagas un comentario desafortunado”. Esto último puede ocurrirle a cualquier grupo parlamentario. Es distinto si se trata de una elección deliberada para deslegitimar a los rivales y de paso calentar los bajos instintos de sus votantes.

Esa tarea de zapa se traslada de forma automática a las redes sociales. Allí se presume de todo aquello que los demás grupos pueden considerar impropio de la institución.

El diputado de EH Bildu lo relacionó con “el brutalismo parlamentario” de Steve Bannon, el ultraderechista que fue consejero de Donald Trump en su campaña y en la Casa Blanca. Si hay una idea que define bastante bien a Bannon es esta: “Los demócratas no importan –dijo en 2018–. La auténtica oposición está en los medios de comunicación. Y la forma de tratar con ellos es inundar la zona con mierda”.

Cuanta más mierda haya sobre el escenario, tanta que sea difícil mantenerse en pie ante el riesgo de resbalón, más fácil será convencer a tus votantes de que todo lo malo que dicen sobre ti es falso. No puedes creer a nadie, mucho menos a los medios de comunicación, así que sólo crees a los tuyos. Se trata de una estrategia perfecta para convencer a la gente de que debe creer solo lo que confirme sus ideas o prejuicios.

Por la mañana, la diputada de Vox Patricia de las Heras hizo un recuento de aquellos que supuestamente se ven beneficiados por las cesiones del Gobierno. A saber, “comunistas, separatistas, golpistas, malversadores, pederastas, violadores, y aquellos que defienden a los condenados por terrorismo, es decir, filoetarras”. Dejó esta última palabra para el final como forma de provocar a la presidencia de la Cámara, que ha decidido vetar esa expresión. Una diputada de Vox fue expulsada de la tribuna esta semana por negarse a retirarla.

La presidenta, Meritxell Batet, tuvo que intervenir otra vez para leer la cartilla: “Les pido que cada vez que suban a esta tribuna no suban a herir ni a ofender”. Ya puede pedirlo en todos los idiomas posibles, que algunos no le van a hacer ningún caso.

No es un problema que se limite a Vox. Parlamentarios del PP y Ciudadanos han utilizado expresiones similares y alegan que limitarlas es un ataque a su libertad de expresión. De hecho, la líder de Ciudadanos cree que la extrema derecha se queda corta. “Desde luego que la diputada de Vox no dijo la verdad, porque no son filoterroristas. Son directamente terroristas”, dijo Inés Arrimadas, que recibió los aplausos de la bancada de Vox.

El Parlamento es ese lugar en que puedes acusar a otro representante de la soberanía nacional de ser un asesino y luego sentirte orgulloso de haber imputado un grave delito a una persona sin pruebas específicas (esas costumbres habituales en los tribunales). Pero no lo intenten los que no tienen el privilegio de ser diputados. Es muy probable que les caiga una querella.

El día anterior, fueron los diputados del Partido Popular los que montaron en cólera cuando Irene Montero les acusó de promover la cultura de la violación por las campañas de los gobiernos gallego y madrileño que hacían hincapié en lo que debe hacer una mujer para evitar agresiones. Batet dijo en el pleno que esa imputación directa a todo un grupo parlamentario “no es adecuada”. Por la cara que puso, a la ministra de Igualdad no le gustó nada el reproche, que a los del PP les pareció insuficiente.

Tampoco se quedaron muy contentos el jueves los diputados de Podemos cuando el vicepresidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, anunció que eliminaba del diario de sesiones la palabra 'fascista' empleada por un portavoz de UP. “La limitación de la libertad de expresión. Prohibir el uso de un término político en Parlamento. Incalificable”, dijo Pablo Echenique en Twitter.

Retirar una palabra del diario de sesiones es una medida que está a disposición de la presidencia. Su utilidad es prácticamente nula en una época en que todo se conoce en tiempo real. 

El grupo parlamentario del PP se desquitó el jueves de lo sucedido el día anterior concentrándose en la escalinata de la fachada del Congreso con una pancarta que exigía cambios en la ley del 'solo sí es sí'. Como venganza personal, Alberto Núñez Feijóo menospreció en Albacete a la ministra de Igualdad por su edad al defender los antecedentes de su partido: “Le recuerdo que quizá cuando ella estudiaba estudios primarios, el PP ya estaba legislando contra la violencia doméstica y la violencia de género. En 1998 el PP aprobó el primer plan contra la violencia doméstica”.

Dice Batet que los parlamentarios no deberían “herir ni ofender”. Pues a algunos eso les va a dejar sin discurso.

No es habitual ver a primera hora de la mañana a Santiago Abascal sentado en su escaño a menos que le corresponda preguntar al presidente en la sesión de control o que la actividad parlamentaria imponga algún orden del día extraordinario. En el caso de este jueves, sin embargo, el líder de Vox no quiso perderse las intervenciones de sus diputados en los debates de un perfil tan técnico como el que propiciaron las enmiendas del Senado a los proyectos de ley del sector ferroviario o del “fomento del ecosistema de las empresas emergentes”. 

En el caso del primer punto, la diputada ultra Patricia de las Heras usó su turno de palabra en relación con el sistema de trenes español para exclamar: “Este Gobierno vuelve a ceder ante comunistas, separatistas, golpistas, malversadores y filoterroristas, además de pederastas y violadores”. Minutos después, su compañero de filas, Rodrigo Jiménez, enumeró como “enemigos de España” a “comunistas, separatistas, secesionistas y filoetarras” en el debate sobre empresas emergentes.

Ambas intervenciones retumbaron en la Cámara Baja como una calculada estrategia de provocación por parte de los de Abascal después que la presidencia del Congreso, esta misma semana, llamara explícitamente la atención de los diputados y pidiera excluir el empleo de términos como “fascista” o “filoterrorista”. “Subir a esta tribuna tendría que ser algo sagrado”, reprendió este jueves Meritxell Batet, que denunció que “mientras siga habiendo diputados con la única voluntad de ofender a otros diputados y otros grupos parlamentarios y a los ciudadanos” que representan, no se va a poder llegar “al nivel de parlamentarismo que merece la democracia española”. “Les pido que no suban a esta tribuna a herir y ofender, que suban a defender sus posiciones políticas sin ofender ni herir”, dijo, en tono solemne. 

La sesión venía precedida de dos semanas de máxima tensión en el hemiciclo. Todo empezó con la catarata de insultos machistas por parte de la ultraderecha a Irene Montero y tuvo un punto álgido este mismo martes con la expulsión de la tribuna de Patricia Rueda. El vicepresidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, le retiró la palabra a la diputada ultra tras negarse a retirar la expresión “filoetarras”. 

Los de Abascal usaron el episodio como una ocasión perfecta para llevar su estrategia de provocación más allá del hemiciclo. El grupo parlamentario casi al completo compareció en el Escritorio de la Cámara en torno a la diputada expulsada, que repitió su intervención repleta de insultos ante el micrófono de la señal institucional de televisión del Congreso. Junto a ella, Abascal dijo: “El Gobierno está inmerso en un proceso de asalto a todas las instituciones y no hay ninguna que se les resista a Pedro Sánchez y al PSOE. Hoy el PSOE se ha atrevido a hacer lo que jamás nadie hizo en democracia: prohibir a la oposición expresarse libremente en el Congreso”. 

La presidencia intenta sofocar la escalada de insultos

Esa escalada verbal de las últimas semanas se ha traducido en un ambiente parlamentario de máxima tensión y ha provocado un claro cambio de actitud en la presidencia del Congreso. Meritxell Batet y Gómez de Celis han pronunciado distintas reprimendas en los últimos días de Pleno y han insistido en que no se permitirán términos ofensivos, que además serán retirados del diario de sesiones. 

Pero la preocupación en la propia presidencia y en la mayoría de grupos parlamentarios ha ido en aumento ante la convicción de que el intento de Vox por reventar el debate parlamentario es una estrategia política calculada y encaminada a recuperar el foco mediático perdido. En el equipo de Batet admiten que se trata de un asunto complejo de gestionar porque se aspira a encontrar el difícil equilibrio entre atajar cualquier falta de respeto y no caer en el juego de la ultraderecha. 

“Es complicado porque ellos buscan la provocación”, razonan fuentes parlamentarias, que rememoran el día en que el ultra José María Sánchez insultó a la diputada socialista Laura Berja al grito de “bruja” y “borracha”. Ese día Gómez de Celis expulsó de la cámara al miembro de Vox. Pero Sánchez se negó a marcharse. Durante algunos minutos la presidencia del Congreso tuvo que parar el Pleno para bajar a negociar personalmente con el grupo parlamentario de Vox y conseguir encauzar la situación. Pero el diputado nunca se marchó. 

“Ese día se lo cargaron todo”, denuncia un diputado de Unidas Podemos muy crítico con la labor realizada por Batet. “Vox ya sabe que, si no quiere, no se va. Y por eso hacen lo que están haciendo: lo que les da la gana”, critica. Desde la presidencia responden que la alternativa a negociar es cruzar una línea roja difícilmente asumible. “¿Metemos a la Policía en el hemiciclo? ¿Les vamos a regalar esa foto? Eso no puede suceder”, reflexionan fuentes parlamentarias. 

En el equipo de Meritxell Batet confían en que la situación pueda reconducirse hacia unos términos que permitan mantener un mínimo de decoro en el debate parlamentario apelando a la “madurez y sensatez de sus señorías”. “Aquí no hay grupos parlamentarios golpistas ni terroristas”, dijo la presidenta del Congreso en uno de sus apercibimientos durante el Pleno de este jueves. Minutos antes y yendo incluso un paso más allá que Vox, intervino la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. “Desde luego que la diputada de Vox no dijo la verdad: no son filoterroristas, son directamente terroristas”, apuntó, en referencia a los diputados de EH Bildu. Arrimadas no fue expulsada de la tribuna de oradores, aunque Batet ordenó retirar sus palabras, una vez más, del diario de sesiones.

Desde que la semana pasada los insultos machistas de Vox a la ministra de Igualdad, Irene Montero, incendiaran el debate parlamentario, la escalada verbal en el Congreso no ha parado de crecer. Los continuados intentos de la presidencia de la Cámara por sofocar cualquier tipo de insulto o descalificación que se profiera en los plenos han caído, hasta el momento, en saco roto. Y en el caso de la ultraderecha se aprovecha cualquier turno de palabra para insistir en el uso de términos ofensivos hacia los grupos del Gobierno. 

En la sesión de este jueves, Vox ha utilizado un debate en torno a un Proyecto de Ley sobre el sistema de ferroviario para volver a las andadas. “Este Gobierno vuelve a ceder ante comunistas, separatistas, golpistas, malversadores y filoterroristas, además de pederastas y violadores”, dijo la diputada ultra Patricia de las Heras. La presidenta Meritxell Batet dejó concluir la intervención y esperó a que dejaran de tronar los aplausos de la bancada de la extrema derecha antes de lanzar una nueva reprimenda colectiva. 

“Subir a este tribuna tendría que ser algo sagrado”, comenzó su alocución. “Mientras siga habiendo diputados con la única voluntad de ofender a otros diputados y grupos parlamentarios y a los ciudadanos que representamos, no vamos a poder llegar al nivel de parlamentarismo que merece la democracia española. Les pido que no suban a esta tribuna a herir y ofender, que suban a defender sus posiciones políticas sin ofender ni herir”, dijo en tono solemne. 

Batet recordó que “para defender sus posiciones hay maneras mucho más eficaces y dignas para este parlamento y para la democracia española que muchas de las intervenciones que escuchamos aquí. Se lo vuelvo a pedir públicamente”, insistió, “quiero un compromiso de todos y cada uno de ustedes de colaborar para dignificar y para estar a la altura de lo que representamos. Por nuestra sociedad, por lo que se espera de nosotros. Están haciendo intervenciones que vulneran el reglamento”, concluyó. 

El llamamiento de la presidenta del Congreso de los Diputados cayó en saco roto. Pocos minutos después y en el turno para debatir un Proyecto de Ley sobre empresas emergentes el diputado de Vox, Rodrigo Jiménez, volvió a aludir a “los enemigos de España” enumerando a “comunistas, separatistas, secesionistas y filoetarras”. El vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, mandó retirar las expresiones del orden del día.

En política, el momento más significativo es cuando un partido o Gobierno demuestra a las claras que ya no quiere hablar sobre un tema determinado. El PP ha perdido todo interés en hablar de inflación. Como si ya se hubiera solucionado por completo. Los ministros socialistas prefieren no hablar de la ley de sólo sí es sí, a menos que sea imprescindible. Para empezar, Pedro Sánchez no quiso mencionar la polémica en la sesión de control por las reducciones de pena a algunos agresores sexuales ni siquiera cuando le preguntaron de forma explícita por ella. Todo cambió cuando Irene Montero hizo su aparición.

La consigna era clara o quizá es que todos coincidían en que en estos momentos al Gobierno no le conviene hablar de una ley que ha tenido efectos secundarios no previstos. También se les podría llamar consecuencias de las que no se había avisado antes en público. El argumento de que es mejor esperar a que hable el Tribunal Supremo ha quedado algo deslucido después de su primera sentencia en un recurso de apelación.

Cuca Gamarra, portavoz del PP, acusó al presidente de “rebajar las penas a agresores sexuales”. Sánchez no le dedicó al asunto ni una palabra. Otro diputado del PP había presentado una pregunta sobre la gestión de su Ministerio a la vicepresidenta Nadia Calviño, pero de entrada pasó del tema para preguntarle. “¿Va a responder sobre el sí es sí o se va a esconder como ha hecho el presidente?”.

El mayor salto mortal lo dio Luis Santamaría, del PP, con una pregunta a la ministra de Justicia sobre el proyecto de ley de derechos de los animales que comenzó con la revisión de penas a condenados por delitos sexuales. Delitos cometidos por seres humanos, no por animales. Planteó una cuestión que debió de causar escalofríos en el Gobierno: “Si algún excarcelado reincide, ¿cómo se lo contarán a las víctimas?”.

Por eso, los ministros socialistas que abandonaban el hemiciclo, una vez finalizadas sus intervenciones, no movían ni una ceja, y los labios mucho menos, cuando los periodistas les preguntaban por la ley.

En los momentos finales de la sesión de control, Irene Montero debía responder a dos preguntas del PP y Vox. En la primera, la ministra de Igualdad reconoció que ha habido “dificultades en la aplicación de la ley” que comparó con las que se produjeron tras la ley aprobada en tiempos del Gobierno de Zapatero.

En la réplica posterior, Montero fue directamente al ataque. Citó la última campaña de la Xunta de Galicia sobre la violencia de género con imágenes de una mujer corriendo en pantalón corto, no vigilando su copa en un bar o sencillamente saliendo de noche. Anuncios que se centran en lo que deberían hacer las mujeres, no en lo que no deberían hacer sus agresores.

“¿Qué hacen ustedes? –explicó la ministra–. Una campaña en Galicia que dice 'no debería pasar, pero pasa'. 'Vigila tu copa, mujer, cuando salgas por la noche', (por) la Comunidad de Madrid. 'Quien siembra vientos, recoge tempestades' (esto lo dijo Martínez Almeida, pero se refería específicamente a Montero, no a las víctimas de violaciones). Culpar a las víctimas de las agresiones que sufren”.

Resulta bastante inaudito que se sigan haciendo campañas con este guion, pero parece que son perfectamente posibles con gobiernos del PP.

Montero podía haber dicho que es un ejemplo de lo que se conoce desde hace tiempo como la cultura de la violación, pero lo que hizo fue imputar directamente esa responsabilidad a los diputados del PP: “Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas”.

Ahí empezaron los rayos y truenos. El napalm desbordó el hemiciclo. Se activó la mecha del grupo parlamentario del PP, que saltó hecho una furia. Se sentían insultados, que es una sensación permanente en la Cámara en esta legislatura. Por otro lado, acusar a alguien de promover violaciones es indudablemente un insulto. Sólo un violador no lo consideraría como tal.

Los diputados del PP y Vox saltaron de sus escaños y empezaron a gritar. No se había visto una así desde los tiempos más revueltos de Pablo Casado y quizá ni eso. No fue un arrebato de unos veinte segundos, como ocurre en los casos más graves. Pasaron totalmente de las llamadas al orden de la presidenta, Meritxell Batet, durante casi dos minutos. “¡Es intolerable!”, dijeron varios en voz alta.

Cuando Batet dijo a Montero que finalizara su réplica, los diputados se negaron a aceptarlo y siguió la bronca: “¡Que lo retire!”, gritaban.

Al finalizar la ministra, Batet tomó la palabra para dirigirse a Montero y decirle que “la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios dirigida a un grupo parlamentario”. Dirigiéndose a todos los grupos, les dijo: “Les pido, por favor, respeto en las expresiones que se utilizan y contención en el lenguaje”. Los diputados socialistas le aplaudieron. Los de Unidas Podemos, no.

Respeto y contención son cosas que brillan por su ausencia en muchos debates parlamentarios. En especial, lo segundo.

Si los ministros socialistas no tenían mucho interés en hablar de la ley de sólo sí es sí, la intención de Montero de buscar el cuerpo a cuerpo contra la derecha no habrá caído muy bien entre ellos. “Lo primero que sobra es el hostigamiento, pero también las expresiones gruesas, las algaradas y el espectáculo”, dijo Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del PSOE, en apoyo de la intervención de Batet.

Fernández se ha solidarizado con Montero en varias ocasiones en las que esta ha recibido ataques personales o insultos directos. No esta vez.

Algo parecido hizo la ministra de Justicia. En los pasillos, Pilar Llop dijo a los periodistas que todas las fuerzas políticas que votaron a favor de la ley integral de violencia de género, “como hizo el Partido Popular”, y que luego también votaron el pacto de Estado “son partidos que han estado a la altura de las circunstancias”. No los incluye en ninguna categoría de promotores de la cultura de la violación.

En el Congreso, los insultos sólo se denuncian cuando los recibes. Si provienen de los tuyos, seguro que hay razones para justificarlos. Los diputados del PP se sintieron gravemente insultados por Montero. En esa misma sesión, su compañera Ana Vázquez dijo al ministro Marlaska: “Usted es un cobarde”. Pero si les preguntas a ellos si eso es un insulto, dirán escandalizados que en absoluto. Lo mismo que harán los de Podemos con las palabras de Montero.

Raramente los insultos se producen en el hemiciclo cuando un diputado pierde los nervios. Siempre forman parte de una estrategia política.

Se han pasado todas las líneas rojas. Es una conclusión que comparte una abrumadora mayoría parlamentaria, en la que se incluyen tibiamente PP y Ciudadanos, ante las palabras machistas de una diputada de Vox contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante el debate de los Presupuestos. Pero algunos grupos, entre los que se encuentran los aliados del PSOE, quieren que la Mesa del Congreso haga algo contra la “violencia política” que denuncian existe en el Parlamento.

Varias de esas formaciones, lideradas por Unidas Podemos, están preparando un comunicado de los grupos parlamentarios en el que pedirán que se detengan determinados discursos que hasta ahora se permiten desde la tribuna con leves apercibimientos que no pasan de la eliminación de algunas expresiones del diario de sesiones. Es algo insuficiente para esos grupos, entre los que también se encuentran Más País y Compromís.

“Insto a la Mesa a que se haga valer. Aquí hay agresores y hay agredidos, sobre todo agredidas. Ya basta”, ha expresado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ya salió en defensa de Montero hace dos días, antes de las palabras de la diputada de la extrema derecha Carla Toscano, cuando el PP se refirió a la titular de Igualdad como “inútil”. Tanto los republicanos como Unidas Podemos acusan al PP de haber contribuido a ese caldo de cultivo en el Hemiciclo.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha reclamado en declaraciones a los periodistas en el Congreso que la Presidencia del Congreso “haga su trabajo” para impedir los “ataques políticos” que, ha asegurado, “protagonizan casi siempre” los diputados de Vox.

Esteban ha recordado que el Reglamento del Congreso permite a la Presidencia reconducir los discursos de los oradores en la tribuna cuando no se ciñen al tema. Algo que, ha dicho, no ocurrió este miércoles cuando los exabruptos de la diputada de Vox Carla Toscano contra la ministra de Igualdad, ajenos a la tramitación de los Presupuestos. 

El PSOE también salió en tromba en defensa de Irene Montero tras el ataque de la parlamentaria de la extrema derecha y el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha estado especialmente pendiente del orden durante el debate, aunque tampoco ha cortado algunos discursos que nada tenían que ver con los Presupuestos. “Le corresponde a los grupos parlamentarios discutir si se sancionan determinadas conductas”, ha dicho la ministra y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero. El artículo Artículo 70.3 del Reglamento del Congreso recoge que “nadie podrá ser interrumpido cuando hable, sino por el Presidente, para advertirle que se ha agotado el tiempo, para llamarle a la cuestión o al orden, para retirarle la palabra o para hacer llamadas al orden a la Cámara o a alguno de sus miembros o al público”.

La propia Irene Montero ha asegurado que el miércoles “se pasaron todos los límites” en el Congreso y ha apelado a las instituciones y los medios de comunicación para dejar de “naturalizar”, “normalizar” o “blanquear” determinados discursos machistas que se convierten en “violencia política”, especialmente dirigida a las mujeres. “Es una tarea del conjunto de la sociedad”, ha reflexionado.