Julio Iglesias ha interpuesto una demanda contra cinco periodistas de elDiario.es por las informaciones publicadas a partir del 13 de enero, cuando este medio reveló los testimonios de dos extrabajadoras que le acusan de agresiones sexuales. Estas dos mujeres, de nombres ficticios Rebeca y Laura, le denunciaron ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional el pasado 5 de enero. La denuncia fue archivada cuando la Fiscalía consideró que España no tenía jurisdicción para investigar a Iglesias, pese a ser un ciudadano español.

La demanda es un escrito que solicita un acto de conciliación y que todavía no ha sido notificado a Diario de Prensa Digital SL, la empresa editora de elDiario.es y a la que también se dirige la demanda. Esta acción legal es un paso previo obligatorio antes de presentar una querella. La demanda fue adelantada por Okdiario, pero elDiario.es ha accedido a su contenido este martes.

Iglesias acusa a los periodistas de elDiario.es de hacer un “supuesto trabajo de investigación”, califica las informaciones publicadas como “opiniones”, atribuye al medio el haber “participado” en la elaboración de la denuncia judicial y acusa a sus periodistas de actuar con un “manifiesto desprecio a la verdad” al realizar “un montaje con actrices profesionales”.

elDiario.es entrevistó a las denunciantes en diferentes ocasiones durante los años 2024 y 2025, siempre grabando las entrevistas en audio. En 2025, tras la incorporación de Univision Noticias a la investigación, se volvieron a repetir las entrevistas, esta vez realizando una grabación en vídeo para que se pudieran difundir los testimonios en formato audiovisual. Con el objetivo de preservar la identidad de Rebeca y Laura, y a petición de sus abogadas, tal y como este medio explicó desde el primer día de la publicación, se encargó un doblaje profesional que reprodujera de manera exacta sus palabras. Antes de la publicación, se cotejó que la pista de audio del doblaje se correspondiera con el original de las entrevistas.

Garantizar el anonimato

En su demanda, Iglesias afirma que las entrevistas son “vídeos prefabricados” que hacen “creer a la opinión pública que comparecían ante la cámara las supuestas víctimas, ocultando, sin embargo, que se trataba de una recreación con actrices profesionales que se hacían pasar por las denunciantes”. Pero como se indicó en el reportaje, las mujeres que aparecen en los vídeos son Rebeca y Laura, las dos extrabajadoras que denunciaron a Iglesias.

La demanda de Julio Iglesias sugiere que “la opinión pública” pudo descubrir “con posterioridad que no se trataba realmente de las denunciantes, sino de personajes figurados”. Pero tal y como se ha explicado en repetidas ocasiones y desde el primer día de la publicación, las mujeres que aparecen en los vídeos son las denunciantes. La medida de protección de su identidad que supone modificar su voz no se ha ocultado en ningún momento.

“La imagen, aún distorsionada, la voz y el nombre real estaban modificados y correspondían a las actrices. Sin embargo, este dato no es incluido en ningún momento a lo largo del texto de la noticia”, prosigue la demanda. Esta afirmación es rotundamente falsa: la imagen corresponde a Rebeca y a Laura, estos nombres son ficticios (no corresponden a ninguna actriz) para evitar las represalias contra las demandantes y proteger su intimidad, y esta advertencia se ha señalado desde el primer día y en todos los vídeos y podcast publicados por elDiario.es.

“Nos encontramos ante un caso sin precedentes en el periodismo español que (...) choca frontalmente con la ética de dicha profesión”, dice Iglesias en su demanda al respecto de proteger la identidad de las mujeres entrevistadas utilizando un doblaje. No es cierto. Por nombrar un caso reciente, el reportero Antonio Pampliega utilizó el mismo método de doblaje en el podcast Costa Nostra al entrevistar a un sicario que temía por la revelación de su identidad. “Lo que dice es real, es la conversación que tuvimos él y yo, pero era un actor de doblaje porque él no permitía que su voz real apareciese en ningún sitio”, explicó Pampliega en el podcast de la Fundación Gabo El diván del periodismo.

Otros documentales han recurrido a técnicas similares. El que realizó el español de Pablo de la Chica Infiltrada en el búnker (Prime Video, 2025) sobre la experiencia de Carlota Saorsa, nombre ficticio de una activista animal que mostró el funcionamiento de un laboratorio de experimentación animal y cuyo testimonio fue interpretado por una actriz, después de que los periodistas hicieran la entrevista. Medios de prestigio como BBC recurren con frecuencia a esta técnica de protección de sus fuentes, como en este testimonio de una mujer que afirmaba ser víctima de los abusos sexuales del presentador Jimmy Savile.

Julio Iglesias ha presentado una demanda contra elDiario.es por publicar los testimonios de dos mujeres que denunciaron al cantante ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por agresiones sexuales, según ha difundido este lunes su abogado a través de Okdiario. elDiario.es ha confirmado con el despacho de José Antonio Choclán que la demanda de conciliación se ha interpuesto este lunes en Madrid, pero el abogado se ha negado a facilitar una copia a este periódico.

La demanda, según Okdiario, cita los delitos de injurias y calumnias. “El medio reconoce haber fabricado la denuncia que luego difunde con grave desprecio hacia la verdad”, dice ese medio atribuyendo la cita a la demanda, la cual contiene acusaciones falsas.

elDiario.es nunca ha reconocido haber “fabricado” la denuncia presentada por las dos extrabajadoras de Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Esta denuncia fue archivada tras recabar el testimonio de las dos mujeres no porque los fiscales encargados de la investigación entendieran que su versión de lo ocurrido fuera falsa, sino porque consideraron que la justicia española carecía en ese caso de jurisdicción para juzgar unos hechos ocurridos en el extranjero. Este criterio ha suscitado un debate jurídico y catedráticas de derecho penal como Lucía Martínez Garay valoran que España sí es competente para investigar y juzgar a Iglesias. Las abogadas de las extrabajadoras aseguraron que a pesar de este archivo, continuarán con su batalla legal para acceder a la justicia.

La denuncia de las extrabajadoras Rebeca y Laura (nombres ficticios) presentada ante la Fiscalía el pasado 5 de enero hacía referencia a hechos sucedidos en 2021 que podrían constituir “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre” junto con “varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual y agresión sexual”, así como lesiones y varios delitos contra los derechos de los trabajadores “por la imposición de condiciones laborales abusivas”, unas acusaciones que Julio Iglesias niega.

La demanda de conciliación por injurias y calumnias es el paso previo a la interposición de la querella que Julio Iglesias dice tener voluntad de llevar adelante, según informa Okdiario. La demanda de conciliación ha sido presentada contra el director de elDiario.es, Ignacio Escolar; contra las periodistas que han firmado algunas de las informaciones: Ana Requena Aguilar, María Ramírez y Elena Cabrera; contra el autor del podcast Un Tema Al Día y subdirector de elDiario.es, Juan Luis Sánchez, así como contra Diario de Prensa Digital S.L., empresa editora de elDiario.es.

Okdiario asegura que la demanda de 33 páginas acusa a elDiario.es de “elaborar un montaje periodístico que supuso una grave lesión a los derechos fundamentales de Julio Iglesias, al honor, a la intimidad personal y familiar, a la imagen y a la presunción de inocencia” del cantante. elDiario.es no elaboró ningún montaje periodístico. Informó sobre la denuncia de dos mujeres por graves agresiones sexuales contra Julio Iglesias, al que este medio de comunicación ofreció reiteradamente su derecho a dar su versión sobre la información que se iba a publicar, un derecho que el artista no quiso utilizar.

Señala la demanda que la publicación de la noticia por elDiario.es se hizo “a sabiendas de que no se había comprobado su veracidad”. Para comprobar su veracidad, el trabajo de las redactoras de elDiario.es, al que se sumó en 2025 un equipo de cinco periodistas de Univision Noticias, se prolongó durante tres años. Este medio realizó las debidas comprobaciones periodísticas para chequear la credibilidad de los testimonios: entrevistó a las mujeres en repetidas ocasiones a lo largo de dos años, que ofrecieron siempre testimonios consistentes, buscó testimonios secundarios de personas que confirmaron que habían tenido noticia de los hechos en el momento en el que se produjeron, y recabó toda una serie de pruebas documentales que afianzaban el relato de estas mujeres.

Entre esas pruebas estaban los exámenes ginecológicos que se mandaba hacer a las trabajadoras de la casa de Julio Iglesias en Punta Cana, incluyendo pruebas de enfermedad de transmisión sexual, como hepatitis C o VIH, y eran conocedores de los resultados, algo que es ilegal en República Dominicana.

Además, tanto elDiario.es como Univision Noticias contactaron con 15 extrabajadores de Julio Iglesias, incluyendo personal doméstico y otros profesionales especializados que trabajaron en distintos periodos, entre finales de los años 90 y 2023, en las casas del cantante en República Dominicana, Bahamas y España.

El requisito de veracidad

La injuria es una lesión a la dignidad o a la fama de una persona. Solo suponen un delito cuando se consideran “graves”, según el Código Penal. Y son graves si se realizan con conocimiento de su falsedad o desprecio por la verdad. Por su parte, el delito de calumnias se da cuando se imputa un delito concreto a sabiendas de su falsedad, lo cual se castiga en España con penas de multa e incluso prisión.

Cuando las noticias suponen un menoscabo del crédito de una persona, para que prevalezca el derecho a la información se exige que las noticias cumplan con el requisito de la veracidad. “Por veracidad debe entenderse el resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información, con el transcurso del tiempo, puede más adelante ser desmentida o no resultar confirmada”, según una de las muchas sentencias del Tribunal Supremo al respecto de los conflictos entre honor e información.

“El requisito de la veracidad deberá entenderse cumplido en aquellos casos en los que el informador haya realizado, con carácter previo a la difusión de la noticia, una labor de averiguación de los hechos sobre los que versa la información y la referida indagación la haya efectuado con la diligencia exigible a un profesional de la información”, dice la jurisprudencia del Supremo y el Constitucional. “Es suficiente, por tanto, que exista una diligencia en la búsqueda de los datos para elaborar el trabajo periodístico. Es suficiente con demostrar la seriedad en la constatación de la existencia de las pruebas y en la recopilación de los materiales para la elaboración de la correspondiente información”, señalan las sentencias judiciales.

La primera de las informaciones de la investigación sobre Julio Iglesias se publicó el 13 de enero, junto a la cadena de televisión estadounidense Univision, la cual no ha sido mencionada en la demanda de conciliación, según Okdiario.

Durante los 10 días previos a su publicación, los periodistas de elDiario.es y Univision Noticias intentaron por diferentes medios recabar la versión del cantante denunciado, sin obtener respuesta suya ni de sus representantes legales. Posteriormente a la publicación de la primera de las informaciones, el cantante negó en un comunicado a través de sus redes sociales “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

Los vecinos de la calle Letonia de Tres Cantos, frente a la urbanización Residencial Báltico y cerca de las calles Hungría y Dinamarca, siguen pasando frío. Irónicamente, estos pisos públicos pertenecientes al Plan Vive de la Comunidad de Madrid llevan varias semanas con incidencias en el servicio de aerotermia, gestionado por la empresa Acenz, la misma que operaba en otros pisos del programa de alquiler “asequible” en Getafe que denunciaban problemas con el agua caliente las pasadas navidades. Pero el frío es solo una de muchas quejas que señalan estos vecinos de Tres Cantos: facturas inasumibles para muchos, defectos en la construcción o el jardín, puertas abiertas día y noche —que aseguran que favorecen que se produzcan robos— y una cláusula ilegal por la que la Asociación de Vecinos Letonia llevará a los juzgados a Tarvos, la empresa dueña del inmueble. 

Todos los inquilinos del Plan Vive pagan, entre otras tasas e impuestos, el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Se trata de una cláusula que ya señaló la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) en un informe el pasado mes de mayo por contravenir “la Ley de Arrendamientos Urbanos y la normativa de vivienda protegida”. Además, es algo por lo que ya protestaron varios de los inquilinos de las 140 primeras viviendas del Plan Vive de la Comunidad de Madrid en Alcorcón, en 2024. Pero esta es la primera vez que unos vecinos se enfrentarán a Tarvos en los juzgados para defender que la cláusula “es ilegal y abusiva”, según asegura uno de los abogados que llevará su caso, Javier Ledesma. 

Los vecinos de 62 de estas viviendas reclamarán la devolución de este importe de IBI que se les ha cobrado durante los dos últimos años, casi 30.000 euros según el abogado. En su defensa, se basarán principalmente en una sentencia del Tribunal Supremo del año 2023 que declaró la nulidad de esta cláusula en unos pisos públicos de Aragón. “Establece que en las viviendas de protección oficial, las únicas cantidades que se pueden exigir son la renta y los costes reales de los servicios prestados”, algo que no incluye impuestos como el IBI, explica Ledesma. Contactada por este periódico, Tarvos ha decidido no hacer ninguna declaración al respecto.

La demanda no señalará a la Comunidad de Madrid como responsable en este caso, pero el abogado apunta que sí tendría “la posibilidad de decir expresamente que estas cuantías por IBI no pueden ser cobradas al arrendatario”. Algo que se podría establecer en el pliego de condiciones, asegura. Según la Consejería de Vivienda, “la Dirección General de Vivienda ha exigido que se compense a los afectados los perjuicios ocasionados durante el periodo en el que se produjeron las penalidades” y añaden que “la Comunidad de Madrid continuará vigilante y, en el supuesto de que las incidencias no queden definitivamente solucionadas, no dudará en apercibir a la concesionaria y, si procede, aplicar las penalizaciones correspondientes, garantizando así la defensa del interés general y los derechos de los adjudicatarios”.

El importe exacto que pagan al mes por el IBI, así como los gastos comunitarios, varía según el piso. Adrián Alarcón, secretario de la Asociación de Vecinos Letonia, vive en un piso de dos habitaciones por el que asegura que paga un alquiler mensual de 890 euros. Se trata de un piso de 60 metros cuadrados en el que viven dos personas. Sin embargo, a este alquiler que se promociona como asequible hay que añadirle el IBI —unos 60 euros al mes en el caso de Adrián— y los gastos de comunidad, que acaban sumando 1.090 euros. Eso, sin contar las facturas de aerotermia, agua, luz… 

Denuncian facturas de aerotermia desorbitadas

Cuando estos vecinos no pasan frío por el mal funcionamiento de la calefacción —del que algunos se siguen quejando después de que Acenz y Sogeviso, la gestora de los alquileres, dijeran que estaba solucionado— lo pasan por no poder permitirse el coste de las facturas. Algunos vecinos como Kamil Pozezynski o el Presidente de la Asociación de Vecinos, Gonzalo Ruiz, aseguran que llegan a los 150 euros, por lo que muchos deciden apagarla y comprar calefactores eléctricos para pasar el invierno. 

El precio del servicio de aerotermia es todavía más llamativo cuando se compara con las tasas que pagan los vecinos de la calle Emilio Tuñón, también del Plan Vive y a tan solo 10 minutos de la calle Letonia. En su caso, es la empresa Ness quien se encarga de suministrarlo y las tasas que pagan estos inquilinos son casi la mitad de lo que pagan en Letonia con la empresa Acenz. ¿Por qué encargar a esta empresa que suministre el servicio mientras existe otra con una oferta más competitiva?

Gonzalo Ruiz señala la relación entre Acenz y Avintia, el grupo que gestiona la conserjería, limpieza y otros servicios del edificio. Esta última es cocreadora de Acenz, por lo que, señala, “todo el dinero se va a Avintia”. Queda todo en casa. “Mucha gente lo que está haciendo con repulsa es dejarla apagada y este mes va a devolver el recibo”, añade Ruiz. De hecho, la comunidad de vecinos inició por su cuenta una consulta para proponer cambiar de empresa de aerotermia y la mayoría ha votado a favor.

Acenz niega que se hayan repetido los problemas con su servicio y aseguran que su equipo “ha estado pendiente en todo momento de esta incidencia puntual”, por lo que “el servicio quedó totalmente restablecido desde el pasado día 30 de diciembre”. Además, añaden que el consumo medio de las 209 viviendas del proyecto de Tres Cantos es de 50,03 euros mensuales o 600,36 anuales. “Este importe incluye los servicios de calefacción, aire acondicionado, agua caliente sanitaria y el mantenimiento de sus instalaciones en régimen de garantía total. Incluye, además, el IVA. Un importe infinitamente inferior a la media nacional que, por los mismos conceptos, se sitúa en los 1.300 euros anuales y que solo es posible gracias al sistema constructivo aplicado, el modelo industrializado, que garantiza los máximos estándares de calidad y eficiencia energética”. En cuanto a la relación de la empresa con el grupo Avintia, aseguran que no tienen vinculación alguna “más allá de la lógica relación profesional” y “no existe dependencia jerárquica, funcional u orgánica de aquella organización respecto de esta”.

Adnane Jirrari es otro vecino de Letonia. Para pagar su alquiler en un piso de tres habitaciones en el que vive con su pareja y sus dos hijos, tiene dos trabajos: entre semana, lleva una hormigonera, y durante el fin de semana es empleado de limpieza en un ayuntamiento. Cuenta que paga 1.600 euros al mes, incluyendo gastos de comunidad, agua y luz. Él es uno de los vecinos que no encienden la calefacción “por el susto” que se podía llevar con la factura. “Los vecinos se empezaron a quejar de que les salía muy caro. Así que he comprado calefactores eléctricos y estoy apañado con eso”.

Césped levantado, culebras en el jardín y otros defectos del inmueble

Pero otros servicios por los que pagan, como la jardinería, tampoco se libran de las críticas. Gonzalo Ruiz, no ve a dónde han ido a parar los 9.000 euros que asegura que gastó la comunidad en este servicio durante todo el año 2025, mientras que el jardín se ve descuidado, solo se desbrozó una vez en todo el año, e incluso cuenta que el pasado verano llegaron a ver culebras entre las hierbas. Esta misma semana se solucionó un problema que llevaban arrastrando desde septiembre, según Ruiz. Una parte significativa del césped artificial que rodea la piscina se había levantado. Algo que desde entonces se ha tenido que intentar remediar poniendo ladrillos por encima para mantenerlo pegado al suelo.

En el interior del edificio también tiene algunos defectos. Pequeñas humedades en los pasillos, por ejemplo, o tuberías, cables y contadores al descubierto en el techo. Hasta tres en uno de los edificios del bloque. Además, una de las grandes quejas de los vecinos tiene que ver con la seguridad. Varias puertas de acceso a la comunidad permanecen las 24 horas abiertas, así como algunas de las que dan acceso a los edificios o el garaje. “Tenemos una comunidad muy abierta”, ironiza Jirrari. Algunas de las cerraduras tienen un defecto por el que basta con empujar de la puerta para que se abra sin más, y Ruiz achaca varios robos del año pasado a esto. “Robaron ruedas de un coche, un Audi, que vale cada rueda casi 1.000 euros. Luego también robaron un volante de un BMW, y rayaron varios coches”, recuerda.

la gestora de los alquileres, Sogeviso, sostiene que los problemas con la aerotermia “quedaron solucionados” y añade que “las posibles incidencias puntuales están trasladadas tanto a la mantenedora como a la constructora para su resolución, como habitualmente. En cuanto a otros asuntos, por supuesto actuaremos como enlace con la Concesionaria, Tarvos, de todas las peticiones de los residentes para responder lo antes posible”.

Los Juzgados de Primera Instancia de Cantabria practicaron entre julio y septiembre de este año un total de 36 lanzamientos de vivienda, frente a los 40 del mismo periodo de 2024, lo que supone un 10 por ciento menos, mientras que el descenso en España fue del 4,8%. Así, la tasa regional por 100.000 habitantes se mantiene por debajo de la media: 6,1 frente a 10,4.

Así se desprende del Informe sobre los Efectos de la Crisis en los Órganos Judiciales que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y difundido este viernes con datos del tercer trimestre.

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria aclara que los datos sobre los lanzamientos son estimaciones realizadas por el Servicio de Estadística del CGPJ, que a fecha de hoy no ha recibido la información completa sobre estos procedimientos de un total de 63 partidos judiciales, tres de ellos en Cantabria: Torrelavega, Medio Cudeyo y Castro Urdiales.

Además, en el citado periodo hubo dos demandas de verbales posesorios por ocupación ilegal de vivienda frente a las seis de 2024, lo que supone una caída del 66,7%, mientras que en todo el país bajaron un 44,5%. En relación con la población, esta tasa se sitúa en Cantabria en 0,3, inferior a la media nacional (0,7).

En ese periodo, los órganos civiles recibieron un total de 866 procedimientos monitorios, en los que se reclaman deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, como, por ejemplo, gastos comunes de comunidades de propietarios. Esto supone descenso del 67,9%, (-63,7% en España).

Con relación a la población, la tasa de monitorios en la comunidad es de 146,6 procedimientos por cada 100.000 habitantes, frente a 182,2 del conjunto del país.

Concurso de acreedores

Por lo demás, los dos Juzgados de lo Mercantil de Cantabria registraron durante el tercer trimestre del año un total de 97 concursos de acreedores, lo que supone un 16,9% más respecto a los ingresados en el mismo periodo de 2024, frente al repunte del 35,4% en el conjunto del país.

Se confirma así una tendencia al alza que en el conjunto del país se observa desde el tercer trimestre de 2020 y en Cantabria se constata en los últimos cuatro años.

Los 97 concursos representan 16,4 por cada 100.000 cántabros, una tasa que es la mitad de la registrada por el conjunto del país (35,4).

Los que más han crecido han sido los de personas naturales empresarias -de 1 a 5- pero los más abundantes son los presentados por particulares (89), que aumentaron un 17,1 por ciento respecto al mismo periodo de 2024 (76).

Por su parte, los concursos de personas jurídicas son ya los más escasos y se redujeron a la mitad de un año a otro: de 6 en el tercer trimestre de 2024 a 3 en el mismo periodo de 2025 En el tercer trimestre los seis Juzgados de lo Social de Santander registraron 326 demandas por despido, un 1,5% menos que un año antes (331), con lo que la tasa de despidos se sitúa en Cantabria en 55,2 por cada 100.000 habitantes, inferior a la nacional, de 83,8.

Las reclamaciones de cantidad disminuyeron un 28,3%, al pasar de 508 en 2024 a 362, y la tasa autonómica por población es superior a la media: 61,6 frente a 57,4. En todo el país los despidos aumentaron un 5,7 por ciento, mientras que las reclamaciones de cantidad se redujeron un 2,2 por ciento.

El Juzgado de Primera Instancia Número 8 de Madrid ha condenado a Martínez-Echevarría Abogados a pagar a Albert Rivera 1.295.000 euros y a José Manuel Villegas 510.000 euros, “más los correspondientes intereses legales”, al considerar que el despacho les ocasionó “daños y perjuicios” al no cumplir con parte de sus respectivos contratos y les generó “daños morales” por una filtración.

Así consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la titular del juzgado, la magistrada Cristina Sanz, estima parcialmente la demanda que Rivera y Villegas defendieron en un juicio el pasado 28 de mayo.

La juez acuerda que el despacho debe abonar a Rivera y Villegas la remuneración que hubiesen cobrado de haberse cumplido la cláusula cuarta de sus contratos, que establecía una duración de la relación mercantil de cinco años a contar desde marzo de 2020. “Por ello se estima el lucro cesante del señor Rivera (en) 1.095.000 euros, y respecto al lucro cesante que le corresponde al señor Villegas (en) 490.000 euros”, señala.

A estos importes se suman 200.000 euros a Rivera y 20.000 euros a Villegas en concepto de “daños reputacionales o morales” por la “filtración de informaciones dirigidas a desacreditar a Albert Rivera”. La juez entiende que en este caso el “daño moral” es “objetivamente imputable a la demandada”, en referencia al despacho.

Así las cosas, “la suma total de estimación parcial de la demanda respecto al lucro cesante y daño moral del Sr. Rivera asciende a 1.295.000 euros, y en relación al Sr. Villegas la suma total del lucro cesante y daño moral asciende a 510.000 euros”.

Según recoge la resolución, Rivera reclamaba 6,1 millones de euros más los intereses correspondientes por los daños y perjuicios causados, mientras que Villegas exigía un millón de euros a Martínez-Echevarría Abogados.

De dicha suma, el expresidente de Ciudadanos reclamaba 5 millones por la filtración y el ex secretario general del partido exigía medio millón de euros. La juez rebaja la cifra a 200.000 euros en el caso de Rivera y 20.000 en el de Villegas, pero reconoce un millón de euros al primero por lucro cesante y 490.000 euros al segundo.

Una indemnización que Ciudadanos no defendía

Albert Rivera y José Manuel Villegas trabajaban en el bufete desde marzo de 2020, poco después de abandonar la política. Rivera convocó a la prensa en un acto de presentación de su nuevo fichaje. Dos años después, Rivera y el que fue su mano derecha en Ciudadanos protagonizaron una sorpresiva salida. Lo hicieron entre acusaciones de incumplimientos laborales por parte del bufete hacia los dos. Acusaciones de bajo rendimiento a los dos políticos desde su entrada en el despacho, de haber tenido una “inexistente implicación” y una “nula aportación” resultando en una “enorme decepción”. También destacaban las “marcadas debilidades profesionales de Rivera”.

En 2022, los dos expolíticos alegaron que el bufete incumplió el contrato que firmaron, por un lado por no hacer efectivo el compromiso de nombrarles presidente ejecutivo y vicepresidente respectivamente, y, por otro, por no abonarles una serie de variables también pactados. Esas razones llevan a ambos a reclamar a Martínez-Echeverría sus sueldos hasta marzo de 2025, cuando finalizaba el contrato rubricado. En total, una indemnización por despido de 500 días por año trabajado, que contrastaba con el modelo que proponía su formación cuando él la dirigía: un contrato único de 20 días por despido procedente y de 33 si estaba injustificado.

Un año más tarde, un juzgado de lo mercantil desestimó la reclamación de 1,6 millones de euros que reclamaba el despacho Martínez-Echevarría, que acusaba al expresidente de Ciudadanos de “comportamientos objetivamente contrarios a la buena fe”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte, planean presentar pruebas fotográficas y científicas ante un tribunal de Estados Unidos para demostrar que ella es mujer, según dijo a la cadena BBC el abogado de la pareja, Tom Clare. El presidente y Brigitte presentarán la documentación en una demanda por difamación que han interpuesto contra la influencer Candace Owens, después de que esta promoviera la idea de que la mujer de Macron nació varón, según el abogado.

Los abogados de Owens, dice la emisora, han respondido con una moción para desestimar la demanda.

En unas declaraciones al podcast de la BBC 'Fame under fire', el abogado del caso afirmó que las acusaciones de Owens le habían parecido a la esposa del presidente galo “increíblemente perturbadoras” y que suponían una “distracción” para el mandatario.

“No quiero sugerir que esto lo haya desorientado en modo alguno. Pero, como cualquiera que compagina su carrera profesional con su vida familiar, cuando tu familia es atacada, te desgasta. Y él no es inmune a eso, porque es el presidente de un país”, declaró.

Clare precisó que un perito científico redactará un informe y, si bien no reveló por el momento los extremos de este, afirmó que la pareja estaba dispuesta a demostrar plenamente, tanto de forma genérica como específica, la falsedad de las acusaciones.

“Es increíblemente perturbador pensar que tenga que someterse a este tipo de pruebas. Es un proceso al que tendrá que someterse de forma muy pública. Pero está dispuesta a hacerlo. Está firmemente decidida a hacer lo que sea necesario para aclarar las cosas”, indicó.

Si esto es necesario para aclarar las cosas, “está totalmente dispuesta a asumir esa responsabilidad”, precisó el abogado.

Sobre si los Macron facilitarían fotos de Brigitte embarazada y criando a sus hijos, Clare respondió que existían y que se presentarían ante el tribunal.

Owens, excomentarista del medio conservador estadounidense Daily Wire, con millones de seguidores en redes sociales, ha defendido repetidamente el bulo de que Brigitte Macron es hombre.

No es habitual que dos asociaciones empresariales de un mismo sector, una de España y otra del conjunto de la Unión Europea, se embarquen en dos demandas colectivas con un contenido similar. Eso es lo que está ocurriendo actualmente en el sector hotelero, en el que, por un lado, la patronal europea, y, por otro, la española, están impulsando sendas acciones colectivas por las cláusulas que, durante varios años, tuvieron que firmar con el gigante de las reservas online Booking. En el caso de España, si nada cambia, se presentará en los próximos meses, según explica el despacho de abogados CCS, que prevé sumar varios miles de hoteles a la demanda que impulsa.

Se trata de un proceso que acumula años a sus espaldas, con derivadas en varios países, donde no solo han entrado los tribunales, también los organismos responsables de Competencia. 

En España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso hace poco más de un año la multa más alta de su historia, 413 millones de euros, al grupo estadounidense al entender que abusaba de una posición de dominio. Consideró que Booking exigía “condiciones comerciales no equitativas a los hoteles” españoles lo que “restringía la competencia de otras agencias de viajes en línea que ofrecen sus mismos servicios”. Una multa que Booking recurrió ante la Audiencia Nacional y que lleva su propio camino.

El problema, las cláusulas de los contratos

En el trasfondo de lo decretado por Competencia, de la demanda colectiva que se está estructurando en España y la que ya se ha presentado en Países Bajos está el concepto de las denominadas “cláusulas de paridad”. “Booking, desde 2004, ha puesto en sus contratos una cláusula por la que los hoteles no pueden vender en sus webs sus habitaciones a un precio inferior” al que pone la plataforma estadounidense. “Tampoco podían ser más baratas en otras agencias [online]”, explica Jaime Concheiro, socio director de CCS. “Eso conseguía que los precios de Booking hayan sido más competitivos”. 

“Veníamos advirtiendo a Booking de que algunas cláusulas estaban prohibidas en la legislación europea”, añade a elDiario.es Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat). “No eran solo los precios, es que no podíamos realizar rebajas especiales a clientes habituales, ni tener habitaciones vacías en verano por si había reservas o un congreso. Y, si una empresa quería contratar directamente conmigo, yo no podía fijar el precio, ni permitir un 'late check out', porque se tenía que hacer con Booking”, añade. 

Con ese marco, se iniciaron diferentes procedimientos en Europa, de las que derivan las actuales demandas colectivas. “En Alemania, en 2020, se inició un procedimiento sancionador por Competencia; Booking recurrió, llegó al Supremo alemán, que confirmó que las cláusulas eran anticompetitivas y que podían causar un daño a los hoteles”, apunta Jaime Concheiro.

“En Alemania, unos 2.000 hoteles reclamaron cerca de 700 millones de euros más intereses”, apunta. “Eso dio lugar a que Booking demandase, a su vez, en Holanda [donde tiene su sede social en Europa] a unos 50 hoteles alemanes para que un tribunal decidiera si las cláusulas eran válidas. Este tenía dudas y acudió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

Y esa es la clave de todo el proceso actual: lo que dijo el TJUE. “Resolvió que las cláusulas eran anticompetitivas, que no es posible el uso de las mismas”, argumenta el socio director de CCS. “Esa sentencia permitió que se puedan poner en marcha reclamaciones de daños”. 

En concreto, el TJUE resolvió que las cláusulas de paridad, en sí mismas, no son ilegales, pero en este caso, no eran necesarias. “No existe ninguna relación intrínseca entre la continuidad de la actividad principal de la plataforma de reservas hoteleras [Booking] y la imposición de tales cláusulas”, que “producen de manera evidente efectos restrictivos sensibles”, refleja el Alto Tribunal Europeo. “Dichas cláusulas, además de que pueden reducir la competencia entre las distintas plataformas de reservas hoteleras, entrañan riesgos de expulsión de las pequeñas plataformas y de las plataformas nuevas que se incorporan al mercado”, afirma.

Esas cláusulas ya no están operativas, según aseguran las distintas fuentes consultadas, pero la puerta está abierta para reclamar daños por los últimos años. En España, a partir de 2004, que es cuando Booking comenzó a operar aquí. “Aquí las comisiones de Booking han sido del 17% o del 18%”, indican fuentes del sector hotelero, “mientras, en EEUU, Expedia, por poner un ejemplo, cobra un 7% de comisión”, compara. 

La respuesta de Booking

Booking no lo ve como las hoteleras. “La sentencia del TJUE no concluye que las cláusulas de paridad de Booking.com fueran anticompetitivas ni que afectaran a la competencia”, señalan fuentes de la multinacional. “Por tanto, esta resolución no abre la puerta a posibles reclamaciones por daños, y defenderemos ante los Tribunales, si es necesario, que las cláusulas de paridad no tienen un efecto anticompetitivo”, argumentan.

En esa disparidad de criterios llegan las dos demandas colectivas. En Europa, de mano de la patronal Hotrec, en Países Bajos, que dice representar a cerca de 15.000 hoteles de todo el continente, la mayoría de Italia, Alemania, Países Bajos, Grecia y Austria. En España, Cehat ha optado por la Justicia local, porque considera que la jurisdicción mercantil puede ser más rápida. El proceso, según el despacho CCS, puede prolongarse aquí entre cuatro y cinco años, mientras en Países Bajos puede durar más de una década.

Ahora, las empresas hoteleras tienen que decidir si se adhieren a alguno de los dos procedimientos en marcha, si es que quieren entrar en un proceso de litigación. De momento, el despacho CCS prevé sumar varios miles de hoteles, teniendo en cuenta que la patronal Cehat representa a 16.000 asociados. Su previsión es poner en marcha la reclamación en los próximos meses, en diferentes juzgados mercantiles de Illes Balears, Comunitat Valenciana, Canarias o Catalunya, entre otros. También concreta que el despacho de abogados cobrará una comisión del 30% solo en el caso de que gane el procedimiento colectivo.

“Hay que hacer el trabajo previo para calcular los daños”, indica Jaime Concheiro. En el caso de España, aún no se sabe a cuánto ascienden, ni cuántos hoteles se sumarán a la demanda, ni por cuánto reclamarán, aunque las fuentes consultadas señalan que pueden ser “cientos de millones de euros”. “Hay que tener en cuenta que hay hoteles pequeños, cadenas, empresas que trabajan con touroperadores. Unos trabajaban mucho con Booking y otros, no”. Es decir, las hoteleras tendrán que demostrar el daño real motivado por esas cláusulas, a través de un peritaje. 

Booking, un aliado

Pese a estas demandas colectivas, las hoteleras aseguran que no tienen nada contra Booking ni su negocio. Al contrario, es un operador que necesitan. “No queremos que multen a Booking, queremos que se resarza el daño”, afirma Ramón Estalella. “Booking es una herramienta fundamental para los hoteles. Ha hecho cosas muy positivas. Seguimos trabajando con ellos. Han quitado cláusulas, han estudiado los contratos y se han adaptado a la legislación europea”, recalca. 

“Hemos optado por lo más sensato, que decida un tercero, que vea las posibles compensaciones. Nosotros queremos un mercado con mucha oferta y mucha demanda. Lo que es bueno para el consumidor es bueno para todos. No queremos un monopolio digital”, añade el secretario general de Cehat. 

“Los hoteleros necesitan a Booking y Booking, a los hoteleros, pero ha ganado mucho dinero a costa del sector”, concluye el socio del despacho CCS.

El Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander (TUS) implementa desde este lunes, 1 de septiembre, y hasta junio de 2026, su nuevo horario general de invierno, con refuerzos específicos hacia la Universidad de Cantabria (UC) y los centros educativos.

De esta forma y tras concluir el horario especial de verano, comienza el general, con varias novedades en las rutas y horarios de los autobuses urbanos, a excepción de las líneas Central, L-1, L-2, L-6c1, L-6c2, L-7c1, L11, L-12, L-13 - L-16 y L-18 que permanecerán igual, sin variaciones en el recorrido.

En el caso de las líneas 3 y 4, como en años anteriores, recuperan los trayectos hasta la UC.

La línea 3 establecerá las cabeceras en el Rectorado, con recorrido por el túnel de Tetuán, ida y vuelta; y en el Paseo Pereda 35, además de la cabecera habitual en Ojaiz.

Por su parte, la Línea 4 también tendrá cabeceras en el Intercambiador de El Sardinero y el Rectorado, con todos sus trayectos de ida y vuelta por Reina Victoria, además de la cabecera habitual en el Barrio Pesquero.

Asimismo, el lunes 8 de septiembre, comenzará el servicio Intermodal a la Universidad, y el día 11, el servicio de Institutos.

Las líneas 5c1 y 5c2 dejarán de circular por El Sardinero en días laborables y lo harán en sábados, domingos y festivos con fin de trayecto en los Jardines de Piquío e inicio de línea en Plaza de Italia.

La línea 7c2 recupera los recorridos iniciales, por el túnel de Tetuán (para prestar servicio a la Universidad), retomando su trayecto habitual por El Sardinero a partir de la salida de las 09.03 horas desde Luis Quintanilla Isasi.

La línea 12 recupera los servicios de refuerzo para atender al aumento de demanda debido al inicio del curso escolar; y la línea 14 vuelve a su recorrido habitual, prescindiendo de la parada en la plaza de Los Peligros, con cabecera de inicio y fin en la calle Cádiz.

La línea 15 finalizó su servicio este domingo, 31 de agosto, y la línea 17 elimina desde este lunes la parada de la Virgen del Mar, finalizando su recorrido en Ciriego y Corbán.

Las líneas 24c1 y 24c2 modifican su recorrido los días laborables, pasando por el túnel de Tetuán y manteniendo su trayecto por Reina Victoria los fines de semana hasta el 12 de octubre. A partir de esa fecha, los sábados realizarán el servicio por el túnel de Tetuán.

Por último, los autobuses nocturnos también ajustan su servicio, operando viernes y sábados. Mantienen sus recorridos en la línea N-1 por El Somo en dirección a Corbán y en la línea N-3 con su llegada a la cabecera de Ojaiz en todos sus trayectos.

Adaptarse a las necesidades de los usuarios

Con este horario de invierno, el TUS se adapta a las “demandas y necesidades” de los vecinos, según ha destacado en nota de prensa el concejal, Agustín Navarro.

Así, ha afirmado que desde el Ayuntamiento se sigue trabajando para atender “más y mejor” a los ciudadanos, “ofreciéndoles un servicio municipal de autobuses eficiente y eficaz, con rutas programadas que se adapten a sus necesidades de movilidad”, ha incidido.

Por otra parte, y de cara a asegurar que todos los usuarios estén informados sobre estos cambios, el TUS ha editado 10.000 folletos con los nuevos horarios y recorridos, que estarán disponibles en las oficinas de La Paz, en la oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento, en la oficina de turismo de los Jardines de Pereda y en la web oficial www.tusantander.es.

El músico Sting ha sido demandado por sus antiguos compañeros de banda de The Police, que le reclaman millones de dólares en derechos de autor. El solista y exlíder del trío londinense, cuyo nombre real es Gordon Sumner, ha recibido una demanda de parte del guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland por daños considerables. La noticia llega tras años de disputas legales entre el grupo, según ha informado el periódico The Sun.

“Esto se venía gestando desde hacía bastante tiempo”, ha comentado una fuente al medio británico. “Los abogados intentaron repetidamente llegar a un acuerdo extrajudicial, pero no lo han conseguido”, ha añadido esta fuente. Tanto Summers como Copeland decidieron que no les quedaba otra alternativa que recurrir a los tribunales, presentando una reclamación por daños y perjuicios “sustanciales” después de años de disputas legales. Ambos afirman que se les debe millones en pérdidas de regalías por derechos de autor.

El caso parece haber sido registrado en el Tribunal Superior de Londres bajo el nombre de “contratos y acuerdos comerciales generales”. Sting aparece como demandado junto con su empresa, Magnetic Publishing Limited. El éxito Every Breath You Take, que aparece en el quinto y último álbum de la banda, Synchronicity, fue el sencillo más vendido de 1983 y el quinto más vendido de la década, como recoge el medio especializado NME.

Sting, a quien se le atribuye ser el único compositor de la canción, supuestamente gana medio millón de libras al año en regalías solo por esa canción. Un portavoz de Sting ha negado a The Sun que la demanda estuviera relacionada con el tema Every Breath You Take. Sin embargo, no dio más detalles sobre el caso. The Police, que se ha reunido en numerosas ocasiones en el pasado, no ha vuelto a dar un concierto desde 2008.

The Police se formó en 1977 y se separó a mediados de los 80 tras haber vendido 75 millones de discos en todo el mundo. Sting, por su parte, también ha tenido éxito con su carrera en solitario. El músico ha sido cabeza de cartel de festivales de música de todo el mundo y parará en Londres con su gira Sting 3.0, en la que se encuentra sumergido actualmente.

El juez ha desestimado la demanda millonaria que los fondos de inversión propietarios de Celsa interpusieron contra el expresidente ejecutivo y miembro de la familia fundadora del grupo siderúrgico, Francesc Rubiralta, al descartar que tuviera una gestión “negligente”.

El magistrado avala la versión exculpatoria de Rubiralta, quien alegó que ni él ni su familia han sacado “ni un euro” del crédito intragrupo por valor de 504,55 millones, cuyo cobro reclaman los actuales propietarios de Celsa a su antiguo administrador, y que esa cantidad se reinvirtió en sociedades del grupo.

Rubiralta fue a juicio por la demanda interpuesta por Inversiones Pico Espadas, una sociedad holding del Grupo Celsa, que lo acusaban de conductas contrarias a su deber, en particular por no declarar vencido ni tampoco reclamar, entre 2020 y 2022, el pago de este crédito intragrupo.

El origen de la demanda son unos préstamos –966 operaciones transacciones entre 2006 y 2009 según el périto de KPMG– concedidos por una sociedad del grupo Pico Espadas a empresas patrimoniales de los Rubiralta por valor de 482 millones de euros (hoy 504,5 millones, teniendo en cuenta los intereses). La garantía de ese crédito eran las acciones del grupo.

Celsa consideraba que esos más de 500 millones son incobrables, ya que las sociedades patrimoniales no tienen activos y están en liquidación, y por eso presentó la demanda. Pero el juez descarta que el antiguo administrador de Celsa haya vulnerado sus deberes de diligencia y de lealtad como administrador.

La sentencia descarta que el antiguo administrador de Celsa haya vulnerado sus deberes de diligencia y de lealtad como administrador, ni por acción ni por omisión, y subraya que en ningún caso se ha demostrado un perjuicio económico directo para la sociedad. Tampoco aprecia conflicto de interés alguno ni “actuación dolosa o negligente”.

La empresa siderúrgica es propiedad de los fondos Strategic Value Partners, Attestor, DWS, Golden Tree y Cross Ocean desde septiembre del 2023. Estos fondos adquirieron en 2022 la deuda de la compañía a un grupo de entidades financieras, entre las que estaban CaixaBank y Banco Santander. Un año después, un juez mercantil homologó un plan de reestructuración, es decir, avaló que los acreedores de la compañía convirtiesen su deuda en capital, lo que supuso apear a la familia Rubiralta en la propiedad.

Desde entonces, la nueva Celsa está inmersa en un proceso de reestructuración de su negocio y saneamiento de sus cuentas. En una junta de accionistas celebrada hace un año, en junio de 2024, Celsa acordó emprender acciones legales contra Rubiralta para hacer lo posible para recuperar estos préstamos. Celsa recibió ayuda gubernamental, por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El actor y director estadounidense Kevin Costner ha sido demandado por una actriz que lo acusa de obligarla a rodar una “violenta escena de violación” que no estaba guionizada ni programada durante el rodaje de su última película, la segunda parte de Horizon.

Según explica la demanda, presentada ante una corte superior de California, la actriz Devyn LaBella, de 34 años, grabó como doble de acción una escena de una violación, programada para el 1 de mayo de 2023, que se grabó con normalidad y tras previo ensayo con profesionales y sin espectadores.

Al día siguiente, LaBella acudió al set de rodaje a grabar otra escena, supuestamente, sin demasiada acción, pero una vez en el set se enteró de que Costner, director del proyecto, “había solicitado grabar escenas adicionales con otro actor (diferente al del día anterior)”. Como la actriz a la que doblaba, Ella Hunt ('Anna and the Apocalypse'), se negó a hacer esas escenas y abandonó el rodaje, LaBella fue llamada para hacer de ella sin saber lo que había ocurrido, según recoge la demanda.

“Sin aviso, consentimiento, preparación, ni medidas de seguridad apropiadas, como la presencia del coordinador de intimidad del proyecto, el acusado Costner dirigió al actor (Roger Ivens) para que realizara repetidamente una violenta simulación de violación sobre LaBella”, dice la denuncia.

Esta escena, que no estaba “guionizada ni ensayada”, a diferencia de la del día anterior, consistió, aparentemente, en que Ivens se montara sobre ella, la inmovilizara y le levantara la falda “violentamente como si intentara penetrarla en contra de su voluntad”.

De acuerdo con lo que explica, Costner estuvo presente todo el tiempo y se acercó varias veces al set de rodaje. De hecho, llegó a pedirle que se subiera tanto la falda que sus partes íntimas se vieron muy expuestas. Los abogados denuncian que, a diferencia de la primera escena, en la segunda no se activó ninguno de los protocolos de seguridad previstos para este tipo de escenas.

“En el rodaje del 2 de mayo no hubo coreografía, ni ensayos, ni avisos previos, ni presencia de un coordinador de intimidad”, señala el documento. De hecho, LaBella alega que, además del “trauma permanente que deberá afrontar durante años” por lo ocurrido, presenta esta demanda para “abordar los fallos de las productoras de Hollywood a la hora de enfrentar los impactos de participar en escenas sexualmente explícitas y violentas, así como la necesidad de una coordinación de intimidad”.

La actriz explica que al terminar el rodaje, ya no fue llamada para proyectos similares ni menos para la tercera parte de esta misma cinta. Por su parte, la defensa del director negó los hechos en un comunicado compartido a la prensa especializada, en el que defendieron que Costner “siempre busca asegurarse de que todo el mundo trabaja de manera cómoda en sus películas y se toma la seguridad muy en serio”.

“La afirmación de LaBella no tiene absolutamente ningún mérito, y se contradice completamente con sus propias acciones y los hechos”, añadió la abogada, que desacreditó a la actriz acusándola de haber “trabajado con el mismo abogado en demandas anteriores”, indicó el comunicado recogido este miércoles por Deadline.

A John (nombre ficticio) le faltaban unos pocos días para cumplir los 16 años cuando lo reclutaron para trabajar supuestamente en una finca brasileña que produce café para la cadena mundial Starbucks. Poco después de su cumpleaños, emprendió un viaje de 16 horas en autobús hasta la finca, en el estado de Minas Gerais. Allí descubrió que nada de lo que le habían prometido iba a respetarse.

Sin sueldo, sin botas y sin guantes de protección, trabajó bajo un sol abrasador de 05:30 de la mañana a 06:00 de la tarde, con solo 20 minutos de descanso para el almuerzo, hasta que en junio de 2024 las autoridades brasileñas lo rescataron durante una redada. Según el informe oficial de aquella operación, John había sido sometido a “trabajo infantil en condiciones peligrosas”. Él y otros trabajadores habían sido “objeto de trata y sometidos a condiciones similares a la esclavitud”.

Con el apoyo de la ONG de lucha contra el trabajo esclavo International Rights Advocates, John y otros siete trabajadores brasileños (cada uno identificado como John Doe y un número, por temor a represalias) presentaron esta semana una demanda civil en Estados Unidos contra Starbucks, reclamando una compensación económica por los daños que alegan haber sufrido.

International Rights Advocates y la ONG Coffee Watch también presentaron el jueves una reclamación ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) con el fin de “excluir el café y los derivados del café producidos de manera 'total o parcial' con trabajo forzado en Brasil” de las importaciones de Starbucks y otras grandes empresas como Nestlé, McDonald's, Dunkin', Illy y Jacobs Douwe Egberts.

La denuncia cita varias operaciones de rescate de trabajadores llevadas a cabo por las autoridades brasileñas en los últimos años. “Son solo la punta del iceberg, la muestra de unas condiciones generalizadas de explotación laboral en las plantaciones de café de Brasil que son demasiado comunes”, dice la demanda.

“Si logramos convencer a la CBP de que nuestro caso es irrefutable, eso cambiaría las reglas del juego, porque las autoridades brasileñas han encontrado a miles de personas en esas condiciones y está claro que lo hecho hasta ahora no está resolviendo el problema”, explica Etelle Higonnet, fundadora y directora de Coffee Watch.

Los afrobrasileños, los más afectados

El cafetero es el sector de Brasil donde se ha rescatado a más trabajadores en condiciones análogas a la esclavitud, una categoría jurídica que incluye una combinación de factores como servidumbre por deudas, jornadas excesivamente largas y falta de remuneración, así como un alojamiento y una alimentación degradantes.

Brasil es el primer productor mundial de café desde el siglo XIX, cuando la producción se disparó gracias al trabajo forzado de cientos de miles de africanos y afrobrasileños esclavizados. Los afrobrasileños representan hoy la mayoría de los trabajadores rescatados (un 66%) por vivir en condiciones similares a la esclavitud.

“La lógica de la producción de café aquí es la del trabajo precario que a lo largo de nuestra historia se le ha impuesto siempre a los negros”, denuncia Jorge Ferreira dos Santos Filho, coordinador de una organización de trabajadores llamada Adere, que ayuda a las autoridades a encontrar víctimas en esas condiciones.

“Especialmente en las zonas rurales, los negros acabamos cayendo en estas situaciones porque no tenemos opción y necesitamos llevar comida a casa”, añadió Santos Filho, que es negro y dice haber sido sometido a trabajos forzados en al menos cuatro ocasiones.

Los ocho trabajadores que interpusieron la demanda contra Starbucks viven en quilombos, palabra de origen bantú que nombraba a los asentamientos fundados por esclavos huidos y ahora se refiere a las comunidades negras de Brasil, tanto las rurales como las urbanas. Por todo Brasil hay en torno a 1,3 millones de personas viviendo en 8.400 quilombos, con peores condiciones que el promedio nacional en cuanto al saneamiento y el analfabetismo, en otras cosas.

“Es algo moralmente repugnante”

“El hecho de que Starbucks cobre 6 dólares por una taza de café [unos 5,3 euros], cuando la mayor parte ha sido cosechado por niños y trabajadores forzosos va más allá de un acto criminal, es algo moralmente repugnante”, afirma Terrence Collingsworth, director de International Rights Advocates.

Tanto la demanda como la reclamación ante la Oficina de Aduanas de EEUU alegan que Starbucks y el resto de las grandes empresas siguen importando café de estas explotaciones, a pesar de las operaciones de rescate, tras las cuales los propietarios de la explotación son multados y añadidos a una lista negra del Gobierno brasileño con los datos de empleadores vinculados al trabajo forzoso.

“A la hora de adquirir café, la piedra angular de nuestro enfoque está en nuestra 'Política de justicia para los agricultores y el café' ['C.A.F.E. Practices', por sus siglas en inglés], que comenzó en 2004 como uno de los primeros reglamentos de abastecimiento ético en la industria cafetera y es mejorado de manera continua”, señala un portavoz de Starbucks. “Desarrollado en colaboración con [la ONG ecologista] Conservation International, 'C.A.F.E. Practices' es un programa de verificación que puntúa a las explotaciones en función de criterios económicos, sociales y medioambientales, diseñado para promover prácticas de cultivo de café transparentes, rentables y sostenibles, protegiendo al mismo tiempo el bienestar de los cafeteros y de los trabajadores, de sus familias y de sus comunidades”, agrega.

Someter a los trabajadores a trabajos forzados es un delito castigado con hasta ocho años de prisión en Brasil, pero los propietarios de las explotaciones no suelen ser encarcelados.

“Para terminar con esto necesitamos que los consumidores sean conscientes de que cada taza de café que beben sin cuestionar su origen real está financiando el trabajo esclavo en la producción de café”, dice Santos Filho. “De nada sirve sentir simpatía por los trabajadores o reclamar tolerancia cero con estas prácticas si se sigue bebiendo café sin cuestionar su origen”, concluye.

Juan Carlos I ha pisado el acelerador en la defensa judicial de su honor. Después de demandar en Santander a Miguel Ángel Revilla, con el que mantuvo excelentes relaciones en el pasado, el monarca emérito ha puesto en marcha la maquinaria legal en Suiza para llevar al banquillo a su expareja Corinna Larsen. El primer pleito gira en torno a las críticas televisadas del expresidente cántabro, pero el nuevo frente judicial tiene un telón de fondo más sensible: los casi 65 millones de euros que le regaló Arabia Saudí hace casi dos décadas y que terminaron en poder de la aristócrata alemana, desatando el conflicto entre ambos.

El rey emérito mantuvo durante varios años una relación sentimental con Larsen, designada por la prensa como “amiga” del monarca hasta que ella misma se lanzó a explicar, incluso en un podcast, que habían sido amantes. Entre relatos de bolsas de dinero en efectivo, regalos, promesas de amor y viajes, aflora un conflicto que terminó en los tribunales británicos y que ahora revive en las cortes suizas de justicia. Porque Larsen y Juan Carlos ya se han visto las caras en el banquillo, pero entonces el demandado era él.

El caso se presenta más complejo que el iniciado contra Miguel Ángel Revilla en España. En su demanda, que tendrá un primer acto el próximo 16 de mayo en los juzgados de Santander con la conciliación previa, el monarca emérito pide 50.000 euros de indemnización al político por años de declaraciones contra él por todas las irregularidades que destapó la Fiscalía en la gestión de su fortuna. El pleito contra Larsen gira en torno a un conflicto que estalló cuando el monarca emérito, según la aristócrata, reclamó a su expareja que le devolviera los millones de euros que le había pedido guardar.

El flujo de dinero que terminó por deteriorar la relación sentimental entre el entonces rey y la aristócrata empezó a moverse en el verano de 2008. Casi 65 millones de euros salieron de Riad, capital de Arabia Saudí, con destino Ginebra. El benefactor era un rey, Abdalá bin Abdulaziz, y el beneficiario era otro, Juan Carlos de Borbón. Las autoridades españolas no supieron de este dinero durante una década y nunca llegaron a dilucidar si era un regalo entre monarcas o una comisión por facilitar la entrada de empresas españolas en la construcción del AVE a La Meca.

La súbita fortuna de Juan Carlos I, entonces todavía lejos de su abdicación, no se quedó en la cuenta que su fundación Lucum tenía en el banco suizo Mirabaud. Cuatro años después ese y otros ingresos “sospechosos” según la Fiscalía pusieron rumbo a un banco de Nassau como donación a Corinna Larsen. El trasvase coincidió con uno de los momentos más delicados del reinado del monarca: su caída en Botswana durante una jornada de caza que le llevó a pedir perdón en televisión y el proceso judicial del caso Nóos contra su yerno, Iñaki Urdangarin.

El banco Mirabaud terminó pidiendo explicaciones sobre quién se escondía detrás de la cuenta donde habían llegado los millones de Arabia Saudí, ante la sospecha de que estuviera relacionado con el proyecto del AVE a La Meca y un posible caso de corrupción. Poco después el dinero salió de Suiza con destino Nassau para quedar bajo la custodia de Larsen. Ese movimiento, que le hubiera costado la imputación por blanqueo de no ser por la inmunidad de la que gozan los monarcas en España, se convirtió en un conflicto a cielo abierto con su amante cuando llegó el momento de recuperar el dinero.

Todo afloró durante el proceso judicial londinense en el que Corinna Larsen reclamaba una indemnización de 146 millones de euros a Juan Carlos de Borbón por continuos episodios de acoso, a ella y a su familia, por encargo del monarca. Los tribunales británicos exoneraron al rey emérito tras no creer el relato de la aristócrata: que después de dejar su relación el rey, antes y después de abandonar el trono, intentó volver con ella y recuperar su regalo millonario del rey saudí.

El conflicto judicial tramitado en Londres terminó bien para Juan Carlos de Borbón y rechazó la demanda por acoso de Corinna Larsen. Para entonces, la empresaria y aristócrata había roto el muro de silencio, metáforas, dobles sentidos y sobreentendidos y había dejado claro que no había sido su “amiga”, como había sido bautizada de facto en España: había sido su amante y tenía muchos detalles que contar.

Las “bolsas de dinero” del rey

Lo hizo, por ejemplo, en un podcast titulado 'Corinna y el rey' en el que habla de todas esas cosas que, supuestamente, mucha gente sabía y nadie contaba mientras Juan Carlos de Borbón, navidad tras navidad, pedía esfuerzos y ejemplaridad a un país sumido en una crisis económica salvaje. Bolsas “llenas de dinero en efectivo”, unos niveles “disparatados” de riqueza y detalles a la altura del mejor papel 'cuché', pero también más acusaciones de acoso contra las que ahora Juan Carlos I, a sus 87 años y desde una villa de lujo en Abu Dabi, pretende luchar en los tribunales.

La demanda del rey emérito, según han avanzado medios como El País, abarca a más protagonistas de la turbulenta historia de su fortuna y la 'cara B' de su reinado. Por ejemplo, el abogado suizo Dante Canonica, que llegó a dirigir la fundación Lucum donde escondió los casi 65 millones de euros hasta que pasaron a manos de su amante.

Canonica declaró en 2020 ante las autoridades helvéticas durante la investigación del fiscal Yves Bertossa que el entonces jefe del Estado ordenó crear una estructura en Suiza para ocultar esa “importante donación” procedente de Arabia Saudí. Las órdenes las impartió, según su versión, en su despacho en La Zarzuela y también abarcaban a al banquero Arturo Gianfranco Fasana, gestor de las fortunas de la trama Gürtel en Suiza.

La nueva guerra judicial de Juan Carlos de Borbón, según citan varios medios con acceso a las selectas fuentes de su entorno, no resulta especialmente cómoda en su círculo más cercano y no ha contado con el visto bueno de la Casa Real. Y su futuro es incierto. Si Miguel Ángel Revilla, por ejemplo, consigue demostrar que todo lo que dijo del rey se basaba en las investigaciones de la Fiscalía, el resultado del pleito será una sentencia que avale años y años de críticas del expresidente cántabro al monarca. Si los tribunales suizos no estiman sus alegaciones contra su examante, el desenlace judicial será más grave: una derrota donde antes había una victoria.

Sobre ambos procesos legales planea la sombra de los decretos con los que la Fiscalía Anticorrupción cerró la puerta a que el monarca emérito fuera juzgado pero en los que también plasmó las gestiones potencialmente irregulares de su fortuna y cómo movió millones y millones de euros a espaldas de Hacienda. Investigaciones y detalles que en 2020 precipitaron su salida de España hacia Emiratos Árabes, donde reside entre esporádicas visitas al país en el que reinó durante casi 40 años.

Información que ahora vuelve a manos de los jueces, desde la óptica del derecho al honor, para zanjar la guerra entre el rey emérito de España y un pasado que, durante años, ocultó al país durante décadas.

Los tribunales españoles se preparan para vivir una batalla inédita entre los máximos exponentes del concepto 'campechano': Juan Carlos de Borbón ha demandado a Miguel Ángel Revilla. El monarca emérito pide 50.000 euros al expresidente cántabro por varios años de declaraciones y críticas sobre la gestión de su fortuna y la 'cara B' de su vida personal, su primer movimiento judicial a cara descubierta desde que abandonó España perseguido por las investigaciones fallidas de la Fiscalía. Los jueces tendrán que decidir si las palabras de Revilla están amparadas por las revelaciones que Anticorrupción puso de manifiesto cuando rechazó denunciar al rey: que sus posibles delitos estaban blindados para siempre por la prescripción o la inviolabilidad de la corona.

Las visitas de Miguel Ángel Revilla al Palacio de la Zarzuela siempre han sido un momento muy esperado para las cámaras y los micrófonos. Y la visible complicidad entre el político cántabro y el padre de Felipe VI se desarrollaba después en la gira de Revilla por los platós de televisión. Por ejemplo, cuando en 2007 reveló que Juan Carlos I estaba molesto con Federico Jiménez Losantos, algo que jamás habría verbalizado la propia Casa Real. Se trata, en todo caso, de un agujero de gusano en el universo campechano de dos figuras públicas que fiaban su éxito a su mímesis con el gran público.

La abdicación de 2014 dio paso a la triple investigación de la Fiscalía y, con ella, la exposición de todo lo que había estado haciendo Juan Carlos de Borbón a espaldas de los españoles, de Hacienda y por supuesto también de Revilla. Una fortuna millonaria oculta en el extranjero, relaciones extramatrimoniales y tratos opacos con empresarios que llevaron al entonces presidente de Cantabria a cambiar el carril del halago por el de la crítica y pisar el acelerador: “Hemos tenido un jefe del Estado que era un evasor fiscal”, dijo en 2021 mientras Juan Carlos de Borbón tapaba los agujeros de la investigación con pagos a Hacienda.

La lista de agravios televisados es larga y Juan Carlos I ha elegido a Miguel Ángel Revilla para acudir por primera vez a los tribunales a defender su honor. Lo hará a través de una abogada que se abrió un hueco en Twitter y alcanzó la categoría de columnista en varios medios de derechas: Guadalupe 'Lupe' Sánchez. La letrada está detrás de la estrategia de la pareja de Isabel Díaz Ayuso de demandar a todo aquel que se haya referido a él como “defraudador confeso” y también puso en marcha la demanda que terminó con la condena civil de Irene Montero a indemnizar al exmarido de una de las madres de Infancia Libre.

El currículum de Sánchez abarca más cosas. Una condena reciente en costas por demandar, sin éxito, al secretario general de Facua en nombre de los youtubers de derechas 'Los Meconios'. Y un robo en su casa que la Guardia Civil investiga como delincuencia común pero que Ayuso intentó vincular con la “operación de Estado” que, dice, hay desatada contra su pareja. En un comunicado, el despacho de la abogada no ha especificado qué declaraciones de Revilla denuncia, pero sí que el político ha usado “expresiones injurias, difamantes y oprobiosas” contra el monarca emérito desde 2022 hasta la actualidad.

El recorrido judicial del caso, salvo que la demanda tenga algún tipo de error incapacitante, será el habitual en estos casos: un acto de conciliación en el juzgado al que ni Revilla ni el monarca tendrán que acudir en persona y, si no hay acuerdo, Juan Carlos I le llevará a los tribunales por la vía civil, donde los jueces estudiarán sus declaraciones y tendrán varios factores en cuenta: si lo que dijo era verdad o se basaba en algo veraz, si sus palabras sobre el rey emérito formaban parte de un asunto de interés público y, en definitiva, si su libertad de expresión fue más allá del honor de Juan Carlos de Borbón.

Revilla ha contestado al anuncio de las medidas legales del monarca esgrimiendo, entre otros, un ejemplar de 'King Corp', libro que detalla la trayectoria de Juan Carlos de Borbón al margen de los focos, de Hacienda y de la sociedad española. Un prólogo de lo que tendrán que examinar los jueces que se hagan cargo de la futura demanda: si Revilla se ha limitado a plasmar y criticar lo que ya estaba revelado por la Fiscalía o si ha ido más allá.

Millones ocultos y dinero de empresarios

La abogada de Juan Carlos I todavía no ha especificado qué declaraciones concretas de Revilla ha decidido llevar a los tribunales. Solo que han sido emitidas desde 2022 hasta la actualidad: desde que la Fiscalía, en un mismo movimiento, blindó al rey emérito de cualquier investigación penal pero desnudó la gestión que había hecho de su fortuna durante años a espaldas de su país y su Hacienda. Tres años después de esos decretos de punto final, Juan Carlos de Borbón se ha lanzado a defender su honor en los tribunales, al margen de la Casa Real y eligiendo a Miguel Ángel Revilla de entre los cientos de personajes públicos que han comentado y criticado, con palabras mucho más gruesas, su trayectoria legal.

El monarca emérito emprende la guerra en los juzgados casi un lustro después de que, en plena tormenta de diligencias e investigaciones, Juan Carlos I abandonara España sin avisar para establecerse en Arabia Saudí. Desde entonces el padre de Felipe VI sigue instalado en Abu Dhabi viviendo una vida que solo ocasionalmente llega a España a través de revistas del corazón, visitas familiares y alguna aparición en eventos deportivos o actos de la realeza europea.

Su presencia pública se ha intensificado en los últimos años a raíz de que la Fiscalía archivara la triple investigación contra él, aunque sin trasladar su residencia a España de nuevo. De fugaces apariciones en Sanxenxo para navegar a bordo del 'Bribón' hasta visitas a Madrid para, por ejemplo, asistir a la boda de José Luis Martínez-Almeida.

Esas apariciones sociales han estado hasta la fecha ceñidas a su vida social, con escasas declaraciones y en la línea de la Casa Real, sin aludir de ninguna manera a lo que destapó la investigación de la Fiscalía. El movimiento del monarca emérito de acudir a un acto judicial de conciliación para obligar a Miguel Ángel Revilla a retractarse de sus críticas constituye su mayor exposición pública de los últimos cinco años con un telón de fondo: todo lo que afloró Anticorrupción aunque, finalmente, no fuera denunciado.

La Fiscalía siguió durante meses el rastro de la fortuna que Juan Carlos I había amasado en el extranjero. Los más de 60 millones de euros que le regaló la realeza de Arabia Saudí y que él terminó guardando en una cuenta en Suiza a nombre de una Fundación, pero también el dinero que almacenó en un 'trust' de Jersey, isla considerada durante años como un paraíso fiscal. Finalmente, una tercera ramificación del caso examinó los gastos opacos que diversos empresarios habían asumido por él, sobre todo en materia de viajes y billetes de avión.

La conclusión de Anticorrupción, tras asumir plenamente la causa que había abierto el fiscal Juan Ignacio Campo, fue que Juan Carlos I podría haber incurrido en varios delitos fiscales pero que ninguno de ellos era susceptible de juicio. El paso de los años sin que nadie pusiera la lupa sobre las finanzas del rey emérito había provocado la prescripción de la mayor parte del fraude, y el resto estaban protegidos por la inviolabilidad que le protegía antes de su abdicación de 2014.

El Ministerio Público dejó por escrito que entre 2008 y 2012 pudo dejar de pagar suficiente dinero a Hacienda como para ser llevado al banquillo. Pero allí donde no llegaron la prescripción o la inviolabilidad de la corona, tuvo éxito la estrategia de su abogado Javier Sánchez-Junco: ir pagando a Hacienda para saldar sus deudas antes, según la Fiscalía, de ser notificado formalmente de la apertura de diligencias.

Una lectura reposada de los decretos con los que la Fiscalía expuso la fortuna del rey emérito, al mismo tiempo que blindaba al monarca de cualquier consecuencia legal, permite ver la versión alternativa de su reinado: cómo se enriqueció a espaldas de Hacienda durante lo peor de la crisis económica de 2007 y cómo hacía exactamente lo contrario de lo que predicaba, año tras año, en sus discursos navideños.

El honor y la imagen de los monarcas se ha defendido tradicionalmente a través del Código Penal y el delito de injurias a la Corona. Uno de los delitos por los que fue condenado el rapero Pablo Hásel por su canción 'Juan Carlos el Bobón', o por el que ha sido recientemente multado un tuitero que instó a decapitar a Felipe VI. Ahora el debate y el campo de batalla son distintos: es un pleito civil de honor y, a diferencia de hace una década, la Fiscalía ha dejado por escrito todas las irregularidades por las que Juan Carlos I nunca tuvo que responder.

“Lo que le han hecho es una sinvergüenzada”. Es lo que opina Cosme Tejada Cordón, un viticultor riojano que está dispuesto a vender una de sus viñas ubicada en Los Molinos de Ocón de La Rioja para hacer frente, llegado el caso, a la indemnización de 50.000 euros que le pide el rey emérito a Miguel Ángel Revilla. La representación legal del monarca anunciaba esta semana acciones judiciales contra el líder del PRC por “atentar contra su honor” durante sus diferentes apariciones públicas en los medios de comunicación durante los últimos años. En este sentido, solicitaba la celebración de un acto de conciliación y reclamaba al político cántabro una indemnización de 50.000 euros por “daños morales” como consecuencia de expresiones que considera “injuriosas, difamatorias y oprobiosas”.

“A los amigos hay que echarles una mano”

“A los amigos hay que echarles una mano”, confiesa Tejada, “y si mi amigo Revilla lo necesita, vendo la viña”. Una viña de 25.000 metros cuadrados ubicada en Los Molinos de Ocón en Rincón de Gil que este riojano ha puesto a disposición del cántabro porque insiste: “he hablado con él y mi labor es decirle, Revilla, aquí estoy”. Su amistad recuerda que comenzó con las visitas que el líder del PRC ha realizado por España presentando sus libros. Gira que también ha llegado a diversas localidades riojanas. “Tengo todos los libros y es una persona que habla mi idioma”. Y, de hecho, Tejada secunda las afirmaciones del líder del PRC y las críticas al emérito en lo relativo al “dinero que ha sacado fuera de España o que es un informal por las compañías que ha tenido”.

Su oferta sigue sobre la mesa aunque ayer jueves Miguel Ángel Revilla rechazó públicamente cualquier ayuda económica. Lo hizo en el programa de El Hormiguero de Antena3. “La multa la voy a pagar yo, nadie me va a dar dinero, si hay que pagar, lo hará Miguel Ángel Revilla porque los españoles no tienen nada que ver, no quiero que nadie me pague nada”. Y es que, además de este viticultor riojano, el cántabro aseguraba que “hay mucha gente volcada con él en toda España”. Como este viticultor riojano que insiste: “Señor Miguel Ángel, si usted económicamente anda mal, Cosme vende una viña”. Y aunque reconoce que la situación económica del líder del PRC “no es complicada” mantiene su oferta y también es optimista porque asegura que “esto está ganado al cien por cien”.

Tras conocerse la demanda, las apariciones de Miguel Ángel Revilla en medios de comunicación han sido muy habituales. Apariciones en las que el cántabro ha realizado declaraciones de este tipo: “Ser patriota no es solo ponerse una bandera. Hay cosas más patriotas como pagar impuestos”. Apariciones en las que también ha opinado sobre la demanda del emérito. “Se ha equivocado, le han asesorado mal. Soy una persona cumplidora de las leyes, honrada y que nunca ha robado nada. Ni en la época de presidente de Cantabria, he tenido coche oficial, soy una persona normal, con aficiones sencillas como coger setas, pescar o jugar al tute”, decía ayer jueves en el programa de televisión.

Tal y como confirmaron fuentes de La Zarzuela a elDiario.es, estas acciones judiciales emprendidas por el rey emérito contra Miguel Ángel Revilla, son las primeras en las que un monarca denuncia a un político que todavía sigue en activo y apostillaron que son una “iniciativa personal” de Juan Carlos I a través de sus abogados privados sobre la que la Casa Real “no ha sido consultada”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos someterá a examen “tan pronto como sea posible” la demanda con la que la plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en junio de 2013 sigue reclamando que el Estado español haga una investigación independiente sobre el siniestro ferroviario.

En el plano judicial, tras una instrucción que duró años y un macroproceso, la sentencia condenó tanto al maquinista del tren como al ex director de seguridad de la empresa pública Adif, a ambos por un imprudencia profesional grave.

En lo relativo a la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), esta realizó en su día un informe que determina que únicamente hubo responsabilidad por parte del maquinista, debido al exceso de velocidad, si bien hizo una serie de recomendaciones para incrementar las medidas de seguridad en la red ferroviaria.

Por eso, para exigir una nueva investigación e “independiente”, la plataforma interpuso una demanda por lo contencioso que es la que ahora llega a Europa.

En un escrito del pasado 5 de febrero, la secretaría del Tribunal Europeo de Derechos Humanos informa a la asociación de víctimas que “el caso será sometido a examen tan pronto como sea posible” y que “en el momento oportuno” informará “de las decisiones adoptadas”.

El tribunal también apunta que tiene la intención de “agilizar al máximo el proceso de examen de las demandas” y que podrá solicitar información a lo largo del procedimiento.

Un tribunal que, según subrayan las víctimas en un comunicado de prensa en el que informan de esta noticia, “admite menos del 5% de las demandas presentadas”, según datos que cita del Consejo General de la Abogacía Española.

La denuncia, en concreto, fue interpuesta en julio de 2021 ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), frente al Gobierno y al comité que investigó la tragedia.

“Solicitábamos que se llevara a cabo una nueva investigación independiente que cumpliera con los requisitos legalmente establecidos: el trámite de audiencia a las víctimas y que atendiera las graves deficiencias señaladas por la Comisión Europea, en un informe de la Agencia Ferroviaria Europea”, recuerda la plataforma.

“Vergonzante”

Agotadas todas las vías que el derecho interno español ofrece (Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional), la plataforma, de la mano de Administrativando Abogados, acudió al Tribunal Europeo, “que ha admitido la demanda y deberá pronunciarse sobre la vulneración del derecho a un proceso equitativo y verificar si el Estado español respetó y tuteló los derechos de las víctimas y sus familiares”.

“Dice muy poco de nuestras instituciones y de nuestros gobernantes que aún no se haya realizado la investigación independiente que ha solicitado la UE reiteradamente. Más de 11 años, cuatro gobiernos y cinco ministros de Fomento y todavía no hay una investigación técnica independiente como reclama la UE”, censura.

Además, considera que “es cuanto menos vergonzante que el actual ministro Óscar Puente no da la cara y se niegue” a recibirles. “Un ministro que desprecia a los usuarios del ferrocarril y a su seguridad, y que como alcalde de Valladolid aprobó en 2016 una moción para 'instar al gobierno a constituir una comisión de investigación compuesta por expertos y técnicos independientes”, incide. En ello ve “un acto más de hipocresía”.

“Haciendo historia”

Para el abogado de la asociación, Antonio Benítez Ostos, director de Administrativando Abogados, “es un éxito absoluto que Europa decida revisar la actuación llevada a cabo por la jurisdicción española en el que ha sido el accidente ferroviario más grave de la democracia”.

“Esperamos obtener una resolución favorable que ordene al Estado español a realizar una nueva investigación independiente”, destaca. “Dada la complejidad del asunto y la inexistencia de precedentes, que al menos yo conozca, considero que las víctimas del Alvia están haciendo historia en esta lucha judicial”, subraya.

Para la plataforma, el “objetivo” de no llevar a cabo esta investigación “es claro: evitar cualquier tipo de responsabilidad política y contaminar a la opinión pública para ocultar la verdad, las negligencias y los incumplimientos normativos de seguridad”.

Un trabajador de la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias podrá teletrabajar en los periodos no lectivos de sus dos hijas, que son menores de edad, para conciliar la vida familiar y laboral. Así lo ha acordado la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) tras condenar a la administración regional por vulnerar sus derechos y la normativa aplicable a su caso. El trabajador recibirá como compensación una indemnización de 3.500 euros.

El TSJA ha amparado al trabajador, que es personal laboral, en su demanda contra el Principado después de que inicialmente viera desestimada su petición para adaptar su jornada laboral durante las fechas en las que sus hijas no tenían colegio; una solicitud que fue rechazada primero por parte de la administración y más tarde por el Juzgado de lo Social.

El trabajador solicitó una adaptación de su jornada laboral en aplicación del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, que regula este derecho para empleados laborales de empresas públicas y privadas. Tras la reforma del Real Decreto-ley 5/2023 de 28 de junio, permite solicitar el teletrabajo como medida de conciliación familiar, estableciendo que la administración o empresa debe abrir un periodo de negociación y responder de manera motivada en un plazo máximo de 15 días.

Cuatro meses en recibir una respuesta

El trabajador había pedido al Principado, en febrero del año pasado, una autorización para acogerse a la posibilidad de teletrabajar y poder así compaginar su actividad laboral y familiar para cuidar a sus dos hijas, ambas menores de 12 años, de lunes a viernes, durante el cierre del colegio en las vacaciones escolares.

Concretamente, solicitaba del 25 al 31 de marzo y del 1 al 8 de abril durante las vacaciones de Semana Santa, los días del 24 al 30 de junio, julio y agosto, los diez primeros días de septiembre, durante los meses de verano, así como del 20 al 31 de diciembre y los diez primeros días de enero, durante las vacaciones de Navidad.

Sin embargo, la Administración del Principado denegó la solicitud argumentando que su normativa autonómica sobre teletrabajo (el Real Decreto 9/23) no contempla esta posibilidad.

El abogado Alfonso Lago Rayón, que representa al trabajador, sostenía que esta decisión incumplía varias previsiones del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, como los plazos de respuesta, la obligación de negociar con el trabajador y la necesidad de justificar cualquier denegación mediante razones objetivas.

El letrado ha explicado a elDiario.es Asturias que su representado tuvo que esperar más de cuatro meses hasta que recibió la respuesta.

Ante la negativa del Principado a atender su solicitud, decidió interponer una demanda ante el Juzgado de lo Social que acordó su desestimación.

El TSJA avaló las tesis del trabajador

El letrado Alfonso Lago Rayón recurrió la sentencia desestimatoria en suplicación ante la Sala de lo Social del TSJA, que el pasado 17 de diciembre condenó al Principado en este procedimiento donde se ha declarado el derecho del trabajador a conciliar la vida personal, familiar y laboral a través del teletrabajo durante las vacaciones escolares de sus hijas.

La sentencia del alto tribunal asturiano, que se ha declarado firme ayer jueves, estima el recurso, revoca la sentencia de instancia y declara el derecho del trabajador a disfrutar de la adaptación de jornada solicitada “para garantizar su conciliación personal, familiar y laboral”, según consta en la sentencia. Además, condena a la Administración a indemnizar al demandante por haber vulnerado sus derechos al pago de una indemnización que cuantifica en 3.500 euros.

Lago: “Establece un precedente significativo”

El abogado Alfonso Lago ha asegurado que este fallo establece “un precedente significativo”, obligando a la Administración del Principado a observar la normativa estatal en materia de conciliación para su personal laboral.

Además, calcula que esta sentencia puede desencadenar un aumento en las solicitudes de teletrabajo por parte de otros empleados que se encuentren en situaciones similares a la de su representado.

La capital asturiana ha recibido un nuevo varapalo judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha condenado al ayuntamiento, donde gobierna el PP con mayoría absoluta, a destinar 873.854 euros en inversión “real” en mejoras para el Servicio de Extinción de Incendios, al constatar que ese dinero lo ha destinado a sufragar, entre otros, gastos corrientes.

Este es un patrón común a Ayuntamientos, Diputaciones y comunidades autónomas que están destinando el dinero cobrado a las aseguradoras derivado del pago de las primas de seguros de incendios o multirriesgo tanto a gastos corrientes como a áreas diferentes al que por su naturaleza les correspondía.

En Asturias hay tres cuerpos de bomberos: Oviedo, Gijón y el Principado (SEPA). Este último presta el servicio en todos los concejos de Asturias menos en estas dos ciudades. El 23 de octubre pasado, el Tribunal Supremo (TS) confirmó la inadmisión del recurso del Principado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que le obliga a invertir 7,5 millones correspondientes a los años 2017 a 2021, a los cuales hay que añadir 2022, 2023 y 2024.

El destino de una contribución especial

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA rechazó, el pasado 23 de diciembre, a través de un auto la solicitud del Ayuntamiento para la aclaración de la sentencia que declara la obligación de invertir 873.854,58 euros en el servicio de extinción de incendios y salvamento (SEIS).

El alto tribunal asturiano considera que la sentencia está muy clara y entiende que la petición municipal “encaja más propiamente en una disconformidad del Ayuntamiento de Oviedo con la sentencia dictada por esta Sala, tratando de volver a debatir los mismos extremos”, dando así la razón a los Bomberos del SEIS.

Así, el TSJA confirma la sentencia dictada en noviembre, al considerar que el dinero que recauda el Ayuntamiento de las aseguradoras “no se corresponde con lo que es propio de las tasas, sino más ajustado a contribuciones especiales”, por lo que debe ser destinado íntegramente a inversiones y no a gasto corriente, tal y como ordena el Supremo en una sentencia del 11 de noviembre de 2020, que estimó el recurso interpuesto por el sindicato Corriente Sindical de Izquierda a favor de los Bomberos del Ayuntamiento de Gijón.

Es decir, se trata de un dinero que debe revertir exclusivamente en mejoras en el servicio de prevención y extinción de incendios, como compras de vehículos y programas informáticos o mejoras en los edificios, entre otros.

Habrá más reclamaciones

Ahora, el TSJA estima en parte el recurso promovido en representación de Bomberos de Oviedo, donde se acredita que el ayuntamiento ovetense recaudó en 2022 la cantidad de 910.126,51 euros en concepto de tasas, de los que solo destinó 36.271,93 euros a inversiones reales en el Servicio de Extinción de Incendios, por lo que debe invertir la diferencia, 873.854,58 euros.

La sentencia concluye que el Ayuntamiento de Oviedo está eludiendo la obligatoriedad de destinar tales cantidades “única, exclusiva e íntegramente” a inversiones reales en este servicio, como dictó el TS.

No obstante, los bomberos de la capital asturiana van a seguir adelante y presentarán en breve la reclamación de los casi 1.800.000 euros que corresponde invertir de los años 2023 y 2024, a la vez que van a exigir que en 2025 el dinero recaudado de la Unión Española de Entidades Aseguradoras (Unespa) se destine totalmente a inversiones. Un dinero que, aseguran, servirá para mejorar la seguridad de la ciudad y renovar unos equipos que, según corroboran, están obsoletos.

El subinspector del SEIS de Oviedo Emilio Martínez ha explicado a elDiario.es Asturias que las necesidades son muchas y los recursos destinados a mejoras son escasos, a pesar de que el mantenimiento y las piezas a sustituir de los vehículos son caros porque tienen mucho desgaste, por lo que tendrían que estar prácticamente cada uno o dos años renovando material, algo que no ocurre.

Ante esta situación, los trabajadores recurrieron al asesoramiento profesional del abogado Javier Calzadilla que acudió a los tribunales de justicia para reclamar que el dinero cobrado a las aseguradoras derivado del pago de las primas de seguros de incendios o multirriesgo se destinara a inversiones reales y los tribunales de justicia le dieron la razón.

Tras la sentencia, el ayuntamiento ha mostrado su intención de llegar a un acercamiento, aunque de momento solo ha sido de palabra.

“Todavía no hay nada firmado, pero parece que el ayuntamiento está por la labor y la idea es que nos juntemos varios mandos y con el consenso de la Jefatura de Servicio elaboremos un plan de viabilidad”, comenta el subinspector.

Las necesidades

La prioridad para los trabajadores está clara: necesitan que en 2025 se implante el sistema de gestión informática para modernizar un servicio que se ha quedado obsoleto, ya que actualmente siguen utilizando el papel, la compra de materiales, especialmente mangaje (mangueras) y la mejora de las comunicaciones.

Una vez conseguidos estos objetivos, el siguiente paso sería de cara a 2026, 2027 y 2028 que se fuera procediendo a la renovación de los vehículos que más desgaste sufrieron.

El subinspector cita por ejemplo, que sería importante que se adquiriera un vehículo o una bomba urbana ligera para acceder a calles estrechas, así como a pueblos pocos accesibles. También considera necesario que contaran con un furgón de animales y otro de transporte de personas porque en Oviedo no hay un furgón con ocho o nueve plazas y cuando se van a hacer relevos o cursos formativos a veces tienen que ir en los coches particulares o la adquisición también de un vehículo de altura.

Ese plan de viabilidad habría que revisarlo a los cuatro años y valorar su desarrollo, ya que el dinero de este tributo es anual. Emilio Martínez reconoce que esta sentencia no solo redundará en una mejora de medios materiales para el servicio, sino que además permitirá ofrecer la máxima seguridad a la ciudadanía y a ellos mismos como trabajadores.

Lo que recoge la Ley

La Ley de Haciendas Locales establece que un cinco por ciento al año de todas las pólizas contra incendios contratadas y un 2,5 por ciento de las pólizas multirriesgo han de ser devueltas a las administraciones que tienen servicio de Bomberos para contribuir a la ampliación y mejora del servicio.

En la práctica, la mayoría de las administraciones destinan este tributo, en su mayor parte, a gasto corriente y de personal, lo que supone cientos de miles de euros al año que dejan de invertirse en mejoras para un servicio más eficaz y seguro.

El abogado que llevó el caso tanto de Gijón como del Principado de Asturias, y ahora de Oviedo, Javier Calzadilla, está defendiendo desde 2015 los intereses de Bomberos de varios lugares de España.

Reconoce que la sentencia del Supremo fue pionera y marcó “un antes y un después” al abrir la posibilidad a que colectivos de Bomberos de todos los municipios y comunidades autónomas puedan reclamar la aplicación de lo recaudado por este tributo a inversiones reales.

“Esta sentencia implica que a partir de ahora los vecinos y vecinas de Oviedo están más seguros. En general, la gente piensa que realizan trabajo solo en la extinción de incendios, pero hay muchísimo más detrás como actuaciones en la prevención de caídas de tejas o de fachadas en los edificios, de las excarcelaciones en accidentes de tráfico, etcétera. Les imparten información, pero no tienen medios para desarrollarla”, asegura el abogado.

Las reclamaciones en otras autonomías

Javier Calzadilla ha demandado a varios ayuntamientos y comunidades autónomas en representación de los Bomberos. Además de Madrid y Asturias, está presentando demandas en Almería, Granada, Cantabria, Torrelavega, Vitoria y San Sebastián.

En la comunidad autónoma de Madrid, la cuantía que debería haberse invertido en Bomberos se calcula que asciende a 42 millones de euros en los ejercicios comprendidos entre 2019 y 2023. Por el contrario, se derivaron a partidas desconocidas o a gastos corrientes de otros servicios de emergencias. En este caso, el letrado ya ha presentado la demanda en el TSJ de Madrid contra la desestimación de la reclamación administrativa por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, denunciando que estos cinco últimos años no se ha aplicado por el ejecutivo autonómico madrileño la doctrina del Supremo.

Una de las sentencias más recientes hace alusión al servicio de extinción de incendios del Gobierno de Cantabria, cuya firmeza se declaró por el TSJ cántabro el pasado mes de octubre y condena al gobierno regional a invertir en el servicio más de seis millones de euros.

Las alegaciones en algunos casos son cuanto menos paradójicas. Hay sitios como en Vitoria donde el interventor argumentaba que la inversión en un frontón es también del servicio de extinción de incendios porque incluye un revestimiento para evitar llamas. O en San Sebastián, donde se alegaba algo similar respecto a unas espalderas.

“Es un patrón común de las administraciones públicas destinar el dinero de los fondos de Unespa a otras partidas, con independencia de quién sea el partido que gobierne”, advierte Javier Calzadilla, quien pese a todo confía en que las administraciones públicas “acaben por fin asumiendo que es obligatorio destinar a inversiones en los parques de bomberos las elevadas sumas cobradas a las aseguradoras”.

El Juzgado de lo Social número 1 de Santander ha reconocido el derecho del personal investigador del programa María Zambrano que trabaja en la Universidad de Cantabria (UC) a percibir la suma mensual de 4.000 euros brutos sin que se les deduzca de esa remuneración la cuota patronal que se destina a la Seguridad Social.

El Juzgado ha estimado así la demanda formulada en este sentido por la Sección Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) de Cantabria, tras existir ya otras sentencias que dan la razón a los investigadores de otras universidades por el mismo asunto.

De hecho, la sentencia, difundida por el sindicato, señala que la cuestión ya ha sido resuelta por el Tribunal Supremo, que apunta a que en las ayudas que reciben las universidades para contratar al personal de programas como el de María Zambrano “en modo alguno ha previsto que de él se descuente la cuota patronal”.

“Ese importe no deja de estar destinado al beneficiario y para atender la actividad que, por vía de contrato laboral, debe atender, que no es otra que el objeto al que se destinan las ayudas”, explica.

Esta sentencia afecta en la UC a 10 trabajadores del programa María Zambrano aunque también se extiende al Margarita Salas, cuyo personal, unas 23 personas, sufre las mismas deducciones salariales.

Por ello CCOO espera un fallo judicial similar en este caso, como ha trasladado en un comunicado en el que ha celebrado que con esta sentencia se acaba un conflicto que “lleva peleando desde hace años por el empeño de la institución académica de perpetuar una discriminación que en la demanda afecta directamente a 10 trabajadores”.

“La UC ha preferido mirar para otro lado e incluso decir que este problema no iba con ellos a pesar de que la justicia ya se había pronunciado en contra de la deducción de la cuota patronal del salario de los y las investigadoras en otras universidades españolas”, ha apuntado el delegado de CCOO en la UC, Diego García.

A su juicio, “este fallo es importante porque no solo va a permitir al personal afectado recuperar una suma importante de dinero y alcanzar un salario de 4.000 euros brutos mensuales, sino que también es un varapalo para la UC en su obsesión por llevar a los tribunales asuntos donde ya sabe que no tiene razón y que está suponiendo mucho dinero que podría estar invirtiendo en crear condiciones más idóneas para atraer talento a la institución”.

En este sentido, ha afirmado que también se ha llevado a los tribunales ante la “obstinación de la UC, y concretamente del Vicerrectorado de Investigación, de no dar su brazo a torcer y no seguir el ejemplo de otras universidades que ya han empezado a pagar los salarios íntegros”.

El cantante estadounidense Marilyn Manson ha retirado la demanda por difamación que había presentado contra la actriz Evan Rachel Wood hace dos años tras haberle acusado de haber abusado sexualmente de ella, informan medios locales.

Marilyn Manson, cuyo verdadero nombre es Brian Warner, y Evan Rachel Wood llegaron a un acuerdo el pasado 19 de noviembre, según documentos judiciales obtenidos por la revista People.

Según el acuerdo, el músico, de 55 años, pagará alrededor de 327.000 dólares (unos 310.000 euros) a Wood, de 37 años, en concepto de honorarios de abogados y trámites judiciales.

“Tras cuatro años de lucha en una batalla en la que ha podido decir la verdad, Brian (Manson) se complace en desestimar sus demandas y apelaciones pendientes para cerrar la puerta a este capítulo de su vida”, dijo a People el abogado de Manson, Howard King.

Por su parte, un representante de Wood explicó a ese medio que Manson presentó la demanda “como un truco publicitario para tratar de socavar la credibilidad de sus muchos acusadores y reavivar su carrera” musical. “Pero sus intentos de silenciar e intimidar a la Sra. Wood fracasaron”, subrayó el representante de la actriz. Marilyn Manson ha publicado su nuevo disco (Assassination Under God – Chapter 1) hace solo cinco días, el pasado 22 de noviembre.

Manson demandó a Wood en marzo de 2022, un año después de que acusara públicamente a Brian Warner de abusar sexualmente de ella durante su relación intermitente, que comenzó cuando la actriz, de Carolina del Norte, tenía 18 años.

Los abusos se produjeron, según la actriz, durante la grabación del videoclip Heart-Shaped Glasses y fueron denunciados en un documental titulado Phoenix Rising que se estrenó en el festival de cine independiente de Sundance.

La película narra la tortuosa relación entre la protagonista de Westworld y el cantante entre 2006 y 2011, cuando, según sus palabras, “consiguió emprender una escapada final”.

“Hablamos de una escena de sexo simulada (en Heart-Shaped Glasses), pero una vez que las cámaras comenzaron a grabar, comenzó a penetrarme de verdad. Nunca había accedido a eso. Fue un completo caos. No me sentí segura. Nadie cuidaba de mí. Fue una experiencia realmente traumatizante”, explica Wood en el documental dirigido por Amy Berg.

La Policía de Los Ángeles abrió entonces una investigación contra Manson tras la denuncias de Wood, a las que se sumaron otras de trabajadoras de la industria del cine.

Por su parte, Manson negó las acusaciones en su demanda por difamación, calificándolas de “horribles distorsiones de la realidad”.