“Hasta el día 18 de mayo, despues de San Isidro. Espero que todo el mundo haya tomado la comunión y que todas fiestas las pague el PP”. El juez Alfonso Guevara que preside el tribunal que está juzgando en la Audiencia Nacional los presuntos amaños del PP en la época de Esperanza Aguirre y que tiene sentado en el banquillo de los acusados al exconsejero madrileño Enrique Granados ha tirado de ironía este miercoles al final de la sesión, al anunciar que la vista se recuperará el próximo 18 de mayo, tras las fiestas de San Isidro de Madrid.

Así consta en el audio del final de la vista que ha hecho público El País. En concreto, la Audiencia Nacional celebra desde el pasado enero y hasta el 21 de marzo el juicio por el caso Waiter Music –pieza separada del caso Púnica– que investiga decenas de contratos amañados entre 2004 y 2015 a favor de una empresa especializada en organización de eventos y festejos. Las irregularidades detectadas en, al menos, cinco municipios madrileños gobernados por el PP (Valdemoro, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio, Móstoles y Algete) así como en empresas dependientes de la Comunidad de Madrid (Metro, Arpegio, Pamam...) ha sentado en el banquillo a 14 personas, entre ellos media docena de alcaldes y al exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de cárcel para Granados, y entre dos y cinco años para el resto de exalcaldes procesados. 

La sociedad Waiter Music se dedicaba a “la explotación de todo tipo de actividades relacionadas con la hostelería, actividades artísticas y del espectáculo y en especial las de promoción y organización de espectáculos”. Su actividad comercial consistió fundamentalmente en negociar con administraciones públicas y lograr contratos para organizar las fiestas patronales de los municipios. José Luis Huerta, dueño de Waiter Music –ya fallecido–, consiguió muy pronto contratos para organizar festejos en Valdemoro, Móstoles, San Martín de la Vega, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco, Moraleja de Enmedio, Humanes de Madrid y otros municipios con los que facturaba varios millones de euros cada año. 

Además, Waiter Music trabajó para empresas constructoras (FCC, Acciona, Ferrovial Dragados, Sacyr y OHL) en eventos vinculados a la Comunidad de Madrid para festejar el comienzo o la finalización de obras de ampliación de Metro de Madrid. La investigación judicial resume así estos hechos: “Con ocasión de la concesión de grandes obras públicas vinculadas a las adjudicaciones de los trabajos de ampliación de las líneas 3 y 7 de Metro de Madrid, por parte de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid importantes empresas constructoras de obra civil, se ideó el plan para que, con cargo a estas y fuera de cualquier tipo de expediente de contratación, se ejecutasen unos actos festivos con ocasión, tanto del inicio como del final de las obras. En tales festejos, era la propia administración la que elegía a los contratistas que llevarían a cabo los festejos, si bien posteriormente, los mismos eran abonados por las empresas adjudicatarias”.

El PP de Madrid ha perdido la cuenta de sus cargos públicos condenados por corrupción. El último juicio, una de las muchas ramas de la trama Púnica, envió a prisión hace unas semanas a media docena de alcaldes del partido en la región, condenados por cobrar mordidas de la empresa Cofely, a cambio de adjudicaciones en planes de ahorro energético a largo plazo. Dos de sus últimos secretarios generales, Francisco Granados e Ignacio González han pasado por la cárcel y están pendientes de nuevos juicios, aunque Granados ya ha recibido la primera condena por recibir un chivatazo de la Guardia Civil. El que fue gerente durante más de una década, Beltrán Gutiérrez, también se sentará en el banquillo previsiblemente este año: la Fiscalía Anticorrupción le pide tres años y seis meses de cárcel por llevar una contabilidad paralela en dinero negro. Sumarios como Púnica, Lezo, la Ciudad de la Justicia, indagaron en las diferentes formas de saqueo de dirigentes populares madrileños en empresas públicas como el Canal de Isabel II, que gestiona el agua, en la construcción de colegios concertados, en la adjudicación y privatización de hospitales, en la anterior Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, en la construcción de edificios judiciales, en la frustrada línea de tren a Navalcarnero, en el gasto en publicidad del Gobierno regional, en la contratación de actos públicos o fiestas patronales...

La Justicia acumula además pruebas sobradas de que durante más de una década las campañas electorales de Aguirre, la madrina política de Ayuso, se pagaron con dinero que salía de la Comunidad de Madrid. De que sus encuestas internas se sufragaron también con fondos públicos. De que la sede del PP madrileño también se pagó y se reformó con dinero negro.

Esta semana arranca otro juicio, el de Waiter Music, la empresa que organizaba a la vez fiestas en distintas administraciones gobernadas para el PP y montaba después los mítines del partido e incluso actos familiares para sus cargos públicos. No solo son escándalos del pasado. La actual número 3 del PP regional y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, fue ascendida a esos puestos por Isabel Díaz Ayuso cuando ya se conocía su imputación, está siendo investigada por cobrar de un empresario al que había adjudicado contratos desde el Ayuntamiento de Arroyomolinos. De momento, se le atribuyen cuatro delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública. Otro juzgado investiga el fraccionamiento de contratos en la construcción de centros de Formación Profesional, algunos de ellos ya bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso.

Con semejante historial delictivo, pasado pero también presente, el Partido Popular de Madrid intenta erigirse en látigo contra la corrupción. Lo repite la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, cada uno de sus consejeros y también los cargos del Partido. Definen a Sánchez como el presidente del “Gobierno más corrupto de la democracia”. Lo hacen desde la sede institucional de la Comunidad, en los mítines del partido y también en las redes sociales. Las ruedas de prensa del Gobierno de Madrid suelen iniciarse con ataques al Gobierno de Sánchez, antes incluso de que llegue el turno de preguntas. Lo hace casi a diario Ayuso, ajena a los escándalos protagonizados por el PP, pese a crecer políticamente a la sombra de Esperanza Aguirre, quien le proporcionó sus primeros sueldos. En mítines de partido pero también en actos institucionales.

Su elocuencia a la hora de atacar al PSOE contrasta con el silencio que mantiene sobre las condenas por corrupción de sus compañeros de partido y las investigaciones a altos cargos de su Gobierno en el caso de la FP o a su estrecha colaboradora y amiga, Ana Millán, que continúa como número 3 del PP regional y fue colocada como vicepresidenta en la Asamblea regional pese a los graves cargos que pesan contra ella.

Elocuente fue la visita hace unos meses a la Ciudad de la Justicia, donde casi 20 años después, Ayuso intenta recuperar el proyecto que supuso una condena de ocho años de cárcel a otro de los popes del PP, Alfredo Prada, vicepresidente de la Comunidad en su día. El proyecto faraónico consumió más de 300 millones de euros. Cuando los cargos populares, comandados por la presidenta, volvieron a la explanada de Valdebebas, al norte de la capital, donde solo se levantó uno de la docena de edificios que se habían proyectado, nadie habló del elefante en la habitación. Como si no hubieran pasado veinte años desde la primera piedra de Aguirre, no se hubiera despilfarrado una millonada y no hubiera cargos del partido condenados a prisión. Ayuso rodeada de alcaldes y altos cargos de la Comunidad presentó otra maqueta y una inversión de 700 millones más hasta 2029 para unificar allí todas las sedes judiciales de la capital. El redondeo del proyecto superará los 1.000 millones de euros.

Una historia similar a la del tren a Navalcarnero. Otro proyecto estrella del aguirrismo que embarrancó entre clamorosas sospechas de corrupción. El Gobierno de Aguirre, con María Dolores de Cospedal como consejera de obras públicas, decidió acometer la obra y de paso denunciar que el gabinete de Rodríguez Zapatero no cumplía con la red de transporte en su comunidad. El resultado: 300 millones de euros adjudicados a la empresa OHL, propiedad entonces de un amigo de la presidenta, Juan Miguel Villar Mir, y según la Fiscalía Anticorrupción una comisión de 2,5 millones para Ignacio González, en aquel momento vicepresidente de Aguirre, y a la postre su sucesor. El asunto se investiga en una de las ramificaciones del caso Lezo y Anticorrupción pide para González cuatro años de cárcel y para López Madrid, el yerno de Villar Mir, seis y medio. El juicio aún no tiene fecha.

Ahora que el Ministerio de Fomento se ha prestado a finalizar la obra, los consejeros de Ayuso aluden al proyecto sin mencionar aquellas primeras piedras como si fuera un mero incumplimiento del Gobierno central y apremian a Óscar Puente. Las desventuras de Aguirre, González y OHL con el tren son otro tabú para el gabinete de la presidenta.

Mientras urge al ministerio a completar la infraestructura o se felicita del futuro Campus de la Justicia sin mencionar los problemas en los tribunales de ambos proyectos, el portavoz de Ayuso, Miguel Ángel García Martín, alude al de Sánchez como “el gobierno más corrupto de la democracia”. Es costumbre en cada una de sus comparecencias públicas, antes incluso de que llegue la ronda de preguntas. Lo hizo también en su comparecencia del cierre del año el 23 de diciembre, tras el último consejo de Gobierno antes de vacaciones en el que ocultó a la prensa un acuerdo para pagar al grupo Quirón, el mayor adjudicatario de la Comunidad y donde trabaja con una identidad falsa la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, 214 millones de euros que no figuraban en el presupuesto, y otros tantos para rescatar a otros hospitales privatizados que gestiona el grupo Ribera Salud. Como tantos miércoles, el portavoz de la Comunidad aludió al “peor gobierno de la democracia” y a las tramas de corrupción que sacuden al entorno de Sánchez.

La semana anterior, en el Pleno de Presupuestos, lo repitieron todos y cada uno de los consejeros de Ayuso y los diputados que salieron a la tribuna. El discurso monopoliza los actos del PP de Madrid, que pese a ser el que más condenados acumula en la organización, se puso de ejemplo en el último congreso nacional, que reeligió a Feijóo como presidente. En esa cita tomó la palabra, Alfonso Serrano, que ya formó parte del comité electoral de Esperanza Aguirre en 2011, una de las campañas que la Justicia considera bajo sospecha, y que acumula 14 años como diputado en la Asamblea de Madrid. Desde el atril Serrano, el lugarteniente más fiel de Ayuso, puso como ejemplo a su organización y se permitió impartir consejos al resto del partido.

El PP de Madrid cargan contra Sánchez, el PSOE y sus socios de Más Madrid, a los que llegan a acusar de ser cómplices de la corrupción mientras tratan de enterrar los problemas judiciales de su número tres y de dirigentes que fueron la columna vertebral del partido y apadrinaron a la actual dirección, con Ayuso y Serrano a la cabeza.

Púnica: un secretario general imputado y cinco alcaldes con condenas

La trama a la que dio nombre Granados, Púnica, como bautizó a la red la Guardia Civil, es la traducción del nombre de la flor en latín, mantiene 11 años después muchas ramificaciones en los juzgados. Con la construcción bajo mínimos en la resaca de la crisis inmobiliaria, David Marjaliza, empresario y socio de Granados, urdió una organización mafiosa para amañar contratos en sistemas de ahorro energético en municipios del PP. Marjaliza acabó confesando y acaba de ser condenado en diciembre. Junto a él tienen penas de prisión seis alcaldes de la época, cinco de ellos del Partido Popular (Collado Villalba, Móstoles, Torrejón de Velasco, Sevilla La Nueva y Moraleja de Enmedio), uno del partido socialista, en Parla, y un independiente (Serranillos del Valle).

Pero el grueso del caso sigue sin juzgar e indaga en la caja B que se descubrió en el PP de Madrid y en la fortuna del propio Granados, que acabó reconociendo la propiedad de un millón de euros encontrados en el altillo de una vivienda de sus suegros y al que la Guardia Civil atribuye varios millones más en cuentas de Suiza, individuales o compartidas con su ex socio David Marjaliza.

Granados, que ocupó la secretaría general, fue mano derecha de Aguirre y a quien nadie parece conocer hoy en el PP, está acusado de liderar una organización para amañar contratos y financiar irregularmente al partido en Madrid entre 2007 y 2011, en connivencia con el gerente Beltrán Gutiérrez. El que fuera secretario general está imputado además por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Este mismo enero se inicia el juicio por el amaño de contratos en la adjudicación de eventos en Madrid, en el que se pide a Granados seis años de cárcel.

Ignacio González: tres casos de amaño de contratos y comisiones ilegales

El sucesor de Granados en la secretaría general del PP, cuando Esperanza Aguirre lo destituyó en 2011 por “pérdida de confianza” fue Ignacio González, elegido además como el relevo al frente de la Comunidad cuando la presidenta decidió renunciar, también está involucrado en varios casos de corrupción. En la trama Lezo se le acusa de amañar la adjudicación de un campo de golf del Canal de Isabel II en el barrio de Chamberí. Su juicio en la Audiencia Nacional está fijado para septiembre de 2027, se le acusa de cohecho y de prevaricación.

En la pieza relacionada con el tren a Navalcarnero se le atribuye cohecho y falsedad documental, la petición es de cuatro años de prisión. Hay todavía una tercera ramificación del caso: la compra de una empresa brasileña a través del Canal de Isabel II por un precio inflado del que habrían salido también comisiones ilegales. La Justicia atribuye al que fue secretario general del PP de Madrid, presidente de la Comunidad y que hoy es otro apestado en el partido, malversación de caudales públicos y administración desleal por un supuesto desvío de fondos de más de nueve millones y medio de euros.

Gürtel, epicentro en Madrid

Si Ayuso y su mano derecha Alfonso Serrano, que aplaudieron durante cuatro años (entre 2011 y 2015) desde sus escaños en la Asamblea de Madrid a Ignacio González primero como vicepresidente de Aguirre y luego ya como presidente de la Comunidad, hacen ver ahora que no lo conocen de nada, cómo preguntarles por la cascada de condenas a su partido en Gürtel. Diferentes tribunales han probado que la red de Correa y cía tuvo como epicentro la Comunidad de Madrid y algunos de los ayuntamientos más emblemáticos para el PP: Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Boadilla del Monte. La gran trama de corrupción del PP llevó a prisión a Alberto López Viejo, consejero de Aguirre, condenado a 31 años de prisión por amañar contratos y cobrar sobornos, al que fue alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (38 años de cárcel) al de Boadilla del Monte Arturo González Panero, alias el Albondiguilla, 36 años, al de Pozuelo Jesús Sepúlveda (14 años) al de Arganda del Rey Ginés López (cinco años) junto a otros concejales y cargos de las agrupaciones locales del partido. El propio PP de Madrid fue condenado como persona jurídica en tres ocasiones por lucrarse de los delitos cometidos por la red corrupta liderada por Correa. En Boadilla del Monte, la Audiencia Nacional le obligó a devolver más de 200.000 euros con los que financió sus campañas electorales.

Caso FP: adjudicaciones a dedo y contratos troceados en la era Ayuso

Pero la sombra de la sospecha del amaño de contratos en adjudicaciones públicas por parte de la Comunidad de Madrid se extiende también sobre la gestión de la propia Ayuso y de dirigentes muy cercanos a ella como el presidente de la Asamblea regional, Enrique Ossorio, y su consejera de Economía, Rocío Albert. Una investigación de elDiario.es ha revelado cómo en la Consejería de Educación se adjudicaron obras a dedo bajo el sistema de fraccionar facturas para no convocar concursos públicos en la construcción de centros de FP, entre 2021 y 2023. Los responsables de la Consejería de Educación entonces eran el propio Ossorio y su número dos era Rocío Albert. Ambos están aforados como presidente del parlamento regional y consejera de la Comunidad, por lo que cualquier investigación sobre ellos debería llevarla a cabo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La jueza del caso, que investiga delitos de prevaricación, prorrogó el pasado septiembre durante seis meses el sumario.

La número 3 del partido, imputada por cobrar de un empresario

El ejemplo más paradigmático de la doble vara de medir de Ayuso y los suyos con los casos de corrupción es el de su colaboradora y amiga, Ana Millán. La exalcaldesa de Arroyomolinos está acusada de cuatro delitos por la jueza que investigó los contratos adjudicados en su etapa municipal a un empresario que a su vez le realizó pagos. A pesar de estar imputada desde 2022, y mientras ataca al Gobierno de Sánchez y a sus socios de izquierdas, Ayuso decidió ascender a Millán en el partido, donde ahora ejerce como secretaria de organización, además de blindarla en la Asamblea de Madrid, como vicepresidenta, con su correspondiente aforamiento.

La magistrada de Navalcarnero que investigó el asunto halló indicios de cuatro delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública y se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el único competente para investigar a un miembro de la Asamblea. A principios de diciembre, el Tribunal devolvió el caso a la magistrada para que complete sus pesquisas. La imputación por corrupción no impide a Millán ser un valor en alza en el partido: además de los ascensos en la asamblea y la organización, Ayuso le ha encomendado presidir la gestora del PP en Fuenlabrada.

El nuevo año judicial será decisivo para varios exministros y altos cargos vinculados al PP y al PSOE que afrontan resoluciones y juicios inminentes que pueden acabar con penas de cárcel. El Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre los recursos presentados por antiguos responsables políticos, mientras se enjuiciarán causas por corrupción que abarcan desde el uso irregular de dinero público hasta tramas de espionaje y tráfico de influencias. 

Para los primeros meses de 2026 está previsto el juicio contra el exministro socialista José Luis Ábalos, quien fuera su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama en la parte de la causa centrada en los contratos de mascarillas de la pandemia adjudicados a dedo por el ministerio de Transportes. Los dos primeros, que están en prisión provisional desde el pasado noviembre, se enfrentan a condenas de hasta treinta años de cárcel. 

Aunque está fuera del Gobierno desde 2021 y fue expulsado del PSOE el pasado junio, Ábalos fue una figura clave en el ascenso de Pedro Sánchez: ministro, secretario de Organización del PSOE y hombre de máxima confianza del presidente del Gobierno. Fue él quien defendió en el Congreso la moción de censura que logró sacar al PP de Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa en 2018 precisamente con un discurso basado en la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. 

Su imagen en el banquillo acusado de favorecer al comisionista Aldama a cambio de mordidas y otras prebendas será un duro golpe para el Gobierno, que tendrá que afrontar las sesiones del juicio mientras salen a la luz nuevas revelaciones de la otra parte de la causa, la centrada en el presunto amaño en las adjudicaciones de obra pública y en la que está investigado también Santos Cerdán, quien sustituyó a Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE y que pasó casi cinco meses en prisión preventiva. 

Ábalos está en la misma situación desde el pasado noviembre. Tras el juicio, lo previsible es que en verano llegue la condena, que será firme al ser del Tribunal Supremo, lo que augura que pasará mucho tiempo en prisión a la espera del avance del resto de procedimientos que tiene abiertos. En esta vista se sustanciará su relación con el empresario Aldama, el “nexo corruptor”, según la Guardia Civil, a cambio de comisiones, y se analizarán los contratos de mascarillas que dos entes dependientes de su departamento —Adif y Puertos del Estado— también adjudicaron a la empresa de la trama junto a la contratación de una de sus supuestas exparejas en empresas públicas. 

Vuelve la guerra sucia del PP

Más de una década ha tenido que transcurrir para que se juzguen otros hechos que, sin embargo, devuelven a la actualidad uno de los episodios más oscuros de la democracia reciente. En abril comenzará la vista oral por Kitchen, la operación orquestada desde el Gobierno de Mariano Rajoy para sabotear el caso de corrupción más grave en la historia del Partido Popular, el de su financiación irregular o caja B. 

En el banquillo se sentarán los mandos policiales que integraron la brigada política que orquestó el PP cuando llegó al Gobierno en 2012 para atacar primero a los independentistas catalanes y luego a Podemos. Entre medias, todos ellos participaron presuntamente en una maniobra para hacer desaparecer las pruebas que guardara el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y que pudieran incriminar al partido y sus dirigentes en la causa abierta por financiación ilegal. 

Las mayores penas de cárcel que solicita la Fiscalía Anticorrupción son para el ex jefe operativo de esos policías, el comisario Eugenio Pino, y para los máximos responsables políticos del Ministerio del Interior, su titular, Jorge Fernández Díaz, y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Para los tres, Anticorrupción solicita 15 años de cárcel. La última vez que un ministro del Interior se sentó en el banquillo fue por el terrorismo de Estado de los GAL durante el Gobierno de Felipe González. Como entonces, ahora también los supuestos delitos de la Operación Kitchen se sufragaron con dinero público de los fondos reservados. 

La vista comenzará el 6 de abril y se extenderá hasta finales de mayo. Comparecerán como testigos el expresidente Rajoy y sus segundas en el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y en el partido, María Dolores de Cospedal, para quien el actual juez del caso deberá decidir próximamente si cambia su situación a imputada a la vista de nuevas revelaciones y una solicitud del PSOE. Entre los policías juzgados estarán el excomisario Villarejo, el ex chófer de Bárcenas Sergio Ríos y José Luis Olivera, de actualidad reciente por su participación en el montaje contra Miguel Urbán y Podemos. 

La corrupción del PP de Madrid, 12 años después

A hechos aún más antiguos alude la pieza ‘Waiter Music’ del caso Púnica que sentará en el banquillo a partir del 19 de enero al ex secretario general del PP en la Comunidad de Madrid y antiguo consejero de Justicia Francisco Granados. La macrocausa de corrupción contra el PP madrileño de Esperanza Aguirre cumplió en octubre 11 años desde que se produjeran las primeras detenciones y aún restan varios juicios por celebrarse. 

La Fiscalía Anticorrupción pide este caso para Granados seis años de cárcel por dos delitos de fraude en la contratación y otros tantos de prevaricación. El que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre ya fue condenado a dos años de cárcel en otra pieza del caso, por el chivatazo de un guardia civil cuando estaba siendo investigado. Granados habría maniobrado para que varios ayuntamientos del PP y un ente regional contrataran en las fiestas de las localidades a Waiter Music, la empresa de su amigo José Luis Huerta que no será juzgado porque falleció en 2020. 

Junto a Granados se sentarán en el banquillo el ex senador y antiguo diputado regional David Erguido, que también ejerció como asesor de Esperanza Aguirre, y once personas más, entre ellas, seis alcaldes del Partido Popular cuando el poder de la formación en la región madrileña ya era omnímodo. Se trata de los exalcaldes de Valdemoro José Carlos Boza y José Miguel Moreno; los antiguos regidores de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz; la exalcaldesa de Ciempozuelos María Ángeles Herrera, y el de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada. 

Los antiguos alcaldes se enfrentan a peticiones de dos años de cárcel o simplemente de inhabilitación por parte de Anticorrupción. Sin embargo, la acusación popular, que ejerce Adade, solicita penas de entre 13 y 27 años de cárcel para algunos. 

El hermano de Sánchez, en el banquillo

Como ocurre con la agilidad en el Tribunal Supremo a la hora de juzgar a Ábalos el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez no se dilatará tanto tiempo en la Audiencia Provincial de Badajoz. Se sentarán en el banquillo 11 personas después de que la instructora del caso concluyera que la Diputación de Badajoz creó la plaza de responsable de los conservatorios para que la ocupara David Sánchez y que este se presentó al proceso de selección y a la entrevista “para simular la legalidad formal del procedimiento”.

El candidato socialista a la Junta de Extremadura en las últimas elecciones, José Miguel Gallardo, concurrió procesado porque la jueza Beatriz Biedma concluyó que resulta “inverosímil” que, como presidente de la Diputación, no supiera que el fin de la creación del puesto era que recayera en el hermano de Pedro Sánchez, ya que se conocía “de forma generalizada”. También le acusaba de haber participado “directamente” en los hechos al tener la competencia para el nombramiento. Gallardo ha dimitido de su puesto de secretario general del PSOE extremeño después de haber cosechado el peor resultado de la historia en la comunidad autónoma. 

Una denuncia de Manos Limpias que incluía informaciones falsas originó el procedimiento. El pseudosindicato ultra pide 3 años de cárcel para David Sánchez por delitos continuados de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal. La Fiscalía dice que el auto de procesamiento de la jueza está plagado de “conjeturas” y solicita la absolución para todos los acusados. 

Los ministros de Aznar

En los próximos meses dos pesos pesados del Gobierno de José María Aznar se juegan su entrada en prisión. El Tribunal Supremo decidirá sobre los recursos a la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid contra Rodrigo Rato en el caso de su fortuna personal. El tribunal condenó al exvicepresidente del Gobierno a 4 años y 9 meses de prisión por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, por ocultar patrimonio en el extranjero. El Supremo ya confirmó la condena a cuatro años y medio de cárcel contra Rato por las 'tarjetas black', causa por la que ya cumplió su pena de prisión. 

Por su parte, Eduardo Zaplana se enfrenta a cumplir diez años y cinco meses de cárcel por los delitos a los que le condenó la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia: prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. El tribunal también le impuso una multa superior a los 25 millones de euros como responsable del cobro de sobornos entre 1997 y 2000, cuando ocupaba el puesto de presidente autonómico en una trama de adjudicación de las estaciones de servicio de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV). Zaplana, al que controvertidos informes médicos sobre su estado de salud le evitaron la prisión en el pasado, podría ingresar en la cárcel si el Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Provincial.

Diversas tramas de corrupción colonizaron administraciones madrileñas gobernadas por el PP entre 2004 y 2015. Este periodo de pillaje institucional, en parte ya juzgado y condenado, se corresponde con el de la hegemonía casi absoluta del partido en la Comunidad de Madrid, donde gobernó en solitario con mayoría absoluta, así como en más de 100 municipios de la región. Redes empresariales delictivas sobornaron en ese tiempo a decenas de dirigentes públicos del PP para lucrarse mediante el amaño de contratos.

Una de esas tramas delictivas se enriqueció a costa de las fiestas patronales de grandes municipios gobernados por el PP y también gracias a eventos organizados por la Comunidad de Madrid para publicitar sus obras públicas durante el mandato de Esperanza Aguirre.

La Audiencia Nacional celebra del 19 de enero al 21 de marzo próximos el juicio por el caso Waiter Music –pieza separada del caso Púnica– que investiga decenas de contratos amañados entre 2004 y 2015 a favor de una empresa especializada en organización de eventos y festejos. Las irregularidades detectadas en, al menos, cinco municipios madrileños gobernados por el PP (Valdemoro, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio, Móstoles y Algete) así como en empresas dependientes de la Comunidad de Madrid (Metro, Arpegio, Pamam...) sentará en el banquillo a 14 personas, entre ellos media docena de alcaldes y al exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de cárcel para Granados, y entre dos y cinco años para el resto de exalcaldes procesados.  

La sociedad Waiter Music se dedicaba a “la explotación de todo tipo de actividades relacionadas con la hostelería, actividades artísticas y del espectáculo y en especial las de promoción y organización de espectáculos”. Su actividad comercial consistió fundamentalmente en negociar con administraciones públicas y lograr contratos para organizar las fiestas patronales de los municipios. José Luis Huerta, dueño de Waiter Music –ya fallecido–, consiguió muy pronto contratos para organizar festejos en Valdemoro, Móstoles, San Martín de la Vega, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco, Moraleja de Enmedio, Humanes de Madrid y otros municipios con los que facturaba varios millones de euros cada año.

Además, Waiter Music trabajó para empresas constructoras (FCC, Acciona, Ferrovial Dragados, Sacyr y OHL) en eventos vinculados a la Comunidad de Madrid para festejar el comienzo o la finalización de obras de ampliación de Metro de Madrid. La investigación judicial resume así estos hechos: “Con ocasión de la concesión de grandes obras públicas vinculadas a las adjudicaciones de los trabajos de ampliación de las líneas 3 y 7 de Metro de Madrid, por parte de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid importantes empresas constructoras de obra civil, se ideó el plan para que, con cargo a estas y fuera de cualquier tipo de expediente de contratación, se ejecutasen unos actos festivos con ocasión, tanto del inicio como del final de las obras. En tales festejos, era la propia administración la que elegía a los contratistas que llevarían a cabo los festejos, si bien posteriormente, los mismos eran abonados por las empresas adjudicatarias”. 

El auto de procesamiento señala que muchos de los contratos adjudicados en este tiempo se amañaron por parte de los gobiernos locales a favor de José Luis Huerta y su empresa Waiter Music u otras firmas vinculadas a la misma. El empresario también se encargó en algunos casos de organizar de manera gratuita eventos privados del PP en estos municipios a cambio de la adjudicación de los contratos de las fiestas patronales. “Se trataba de una empresa [Waiter Music] que, por una parte, realizaba los festejos de conformidad y, por otra y muy importante, proporcionaba unos servicios extras a requerimiento de los políticos, bien en extras decididos al momento de las fiestas, bien prestando servicios privados para actos del PP municipal, bien para alguno de sus miembros que no eran nunca facturados”, señala el auto de procesamiento. “José Luís Huerta realizaba tales encargos para seguir contando con el favor de los diferentes políticos municipales en la adjudicación de festejos, asumiendo el coste de algunos directamente y, en otros casos, presentando facturas por un importe mayor al propio del beneficio mercantil del coste de los actos”.

El principal acusado en esta causa es Francisco Granados, exalcalde de Valdemoro, exconsejero autonómico y mano derecha de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid, donde ejerció durante siete años (2004 a 2011) como secretario general. El auto de procesamiento atribuye a Granados ser el intermediario entre los alcaldes y el empresario que lograba los contratos para organizar festejos, y también de procurar a Waiter Music contratos de la Comunidad de Madrid, donde ejerció como consejero de Transportes, de Presidencia y de Justicia. “Granados fue el que introdujo a José Luis Huerta en sus relaciones con el Ayuntamiento a través de su amigo, y concejal en el mismo, José Carlos Boza. Entendemos que sin su apoyo y colaboración 'desde atrás' José Luis Huerta no habría tenido el acceso que tuvo a la contratación fiel con el Ayuntamiento de Ciempozuelos, lo que se tradujo, entre otras cosas, a abonar 'regalos'”, señala el auto judicial.

Junto a Granados, la Audiencia Nacional juzgará también a quien fue senador, diputado regional, y concejal en Algete, David Erguido, asesor durante un tiempo de la entonces presidenta Esperanza Aguirre, además de seis exalcaldes del PP en Valdemoro, José Carlos Boza y José Miguel Moareno; Móstoles, Esteban Parro y Daniel Ortiz; Ciempozuelos, María Ángeles Herrera, y Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada. 

Santos Cerdán ha pasado en pocas semanas de ser uno de los políticos con más poder en España a verse durmiendo en la cárcel. Es un nombre más, importante, en una larga lista de personas que quizá sintieron que nunca se verían entre rejas. Y muchos de ellos han pasado por una cárcel en concreto: Soto del Real. Hablamos del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, del ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González o del ex vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras. Algunos, incluso, coincidieron allí en el tiempo.

Hacemos un repaso a estos nombres y a cómo es la vida de un político en prisión con el periodista de elDiario.es Alberto Pozas.

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La entrada de Santos Cerdán en la cárcel de Soto del Real se ha convertido en el último capítulo de la serie de políticos del más alto nivel que ingresan en prisión provisional por orden de un juez en una causa por corrupción. El nombre del exsecretario de organización del PSOE se suma al de ministros como Eduardo Zaplana, altos cargos como Rafael Vera o políticos autonómicos como Francisco Granados o Ignacio González que pasaron tiempo entre rejas mientras la investigación contra ellos estaba en marcha. El magistrado que investiga el caso Koldo entiende que Cerdán, ya sin cargos políticos u orgánicos dentro del partido, podría destruir pruebas sobre la trama de contratos amañados y comisiones en la que comparte imputación con José Luis Ábalos y Koldo García.

Las grandes causas de corrupción de la última década han venido acompañadas, en muchos casos, de grandes operaciones policiales con decenas de detenidos. El filtro judicial, tradicionalmente en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, aplica criterios muy concretos para decidir quién tiene que empezar la investigación entre rejas: si hay riesgo de que se fugue o de que destruya pruebas. En el caso de Cerdán, el juez Leopoldo Puente intuye que el “botín” de la trama tuvo que ser mucho más alto que el que ha detectado la Unidad Central Operativa (UCO) y hay un peligro real, alega, de que el exdiputado pueda destruir las potenciales pruebas.

Santos Cerdán ostentó el cargo más importante que puede tener alguien dentro de un partido político por debajo del secretario general. Fue el de secretario de Organización del PSOE entre 2021 y 2025. Pero no es el único alto cargo enviado a prisión provisional durante una investigación. El preso preventivo con mayor rango político sigue siendo, a día de hoy, Eduardo Zaplana. Ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno de José María Aznar en su última legislatura, Zaplana pasó ocho meses y medio en la cárcel de Picassent después del estallido del caso Erial. Abandonó la prisión antes del juicio y después de que los magistrados entendieran que debía permanecer en libertad para recibir tratamiento contra el cáncer que padece.

Zaplana, también expresident de la Generalitat Valenciana, pasó 259 días en prisión entre 2018 y 2019 en un caso Erial que ha terminado, a la espera de un pronunciamiento del Supremo, en una condena para él: diez años de cárcel y multa de 25 millones de euros por cobrar comisiones en un proceso de privatización de las ITV. El terremoto político por su entrada en prisión provisional fue de una intensidad bastante inferior al provocado por el encarcelamiento de Cerdán. Fue detenido unos días después del décimo aniversario de su salida de la política para fichar por Telefónica.

Muchos altos cargos de Gobiernos ligados sobre todo al PP han entrado en prisión, pero después de ser condenados, en primera o en segunda instancia. A nivel de la administración, otros antecedentes previos a Zaplana se remontan a la década de los 90, cuando Rafael Vera pasó varios meses la prisión de Alcalá de Henares por su implicación en el caso del terrorismo de Estado de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y el secuestro de Segundo Marey. El exsecretario de Estado de Seguridad con Felipe González estuvo casi cinco meses entre rejas entre febrero y julio de 1995, de donde salió tras pagar una fianza de 200 millones de pesetas.

El Tribunal Supremo terminó confirmando condenas para Vera que sumaban más de 17 años de prisión por su relación con el secuestro y también con el uso de fondos reservados para pagar a dos policías de los GAL. El Gobierno de José María Aznar limitó su estancia en prisión por el primer caso tras indultar una parte importante de su condena y terminó entrando en la prisión de Segovia en 2005 para cumplir su segunda condena.

El listón de la prisión provisional también ha llegado en ocasiones al nivel parlamentario que también ocupó Santos Cerdán hasta pocos días antes de ser encarcelado. Luis Bárcenas, conocido y condenado por su actividad como tesorero del Partido Popular y gestor de la 'caja B' de la formación, sorteó la prisión provisional cuando era senador, estalló el caso Gürtel y el juez Antonio Pedreira entendió, tras dos años de imputación, que no había pruebas contra él. Su suerte cambió dos años después, cuando El País publicó su contabilidad paralela, que recogía las entradas y salidas de dinero negro de Génova 13, y el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional decidió enviarle a Soto del Real en el verano de 2013.

Bárcenas pasó 19 meses en prisión provisional hasta que salió en 2015 armado con su frase más lapidaria: “Luis ha sido fuerte de verdad”. Arrancó entonces para él un reguero de sanciones penales por corrupción, fraude fiscal y el pago de la reforma de la sede del PP en dinero negro que le devolvió a prisión aunque esta vez para cumplir condena. Quedó en libertad condicional en diciembre del año pasado, más de una década después de su primer ingreso en prisión.

La nómina de políticos encarcelados de forma preventiva por causas relacionadas con la corrupción se amplía descendiendo al nivel autonómico. Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, estuvo casi siete meses en prisión como cabecilla de la operación Lezo. Una causa por la que, ocho años después, sigue procesado y a la espera de juicio por corrupción en la construcción de un campo de golf o por cobrar una comisión de 1,8 millones cuando estaba al frente del Canal de Isabel II.

Francisco Granados, exsenador, pero sobre todo hombre fuerte de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, pasó dos años y medio en prisión preventiva por una trama Púnica cuyas piezas principales también están pendientes de juicio más de una década después del arranque de la operación. Años antes, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, el primero conseller y el segundo secretario general de Presidencia con Jordi Pujol, pasaron más de un mes en prisión provisional por el caso de corrupción urbanística 'Pretoria' por el que fueron finalmente condenados a casi dos años de cárcel tras reconocer que cobraron comisiones.

De los ministros de Aznar al procés

La lista de políticos que han pasado por la prisión crece drásticamente al analizar aquellos que han sido encarcelados después de ser condenados, todos evitando el presidio cuando la investigación todavía estaba en marcha. A nivel nacional, muchos de ellos integrantes de los gabinetes del PP y José María Aznar. Rodrigo Rato, uno de los hombres fuertes de los gobiernos del Partido Popular y considerado artífice del 'milagro económico español', fue detenido en 2015 durante los registros de su domicilio y su despacho, pero nunca fue enviado a prisión provisional.

El exvicepresidente del Gobierno no pasó por la prisión provisional, pero sí tuvo que entrar a cumplir condena por el uso de las 'tarjetas black' de Caja Madrid y Bankia y está por ver si tiene que volver a hacerlo si los tribunales declaran firme su segunda condena de casi cinco años de cárcel por ocultar su fortuna a Hacienda.

Jaume Matas, ministro con José María Aznar y también presidente del Govern de Balears por el PP, también optó por empezar a pactar sus condenas con la Fiscalía ante la amenaza de causas judiciales que le llevaron a la cárcel sin que antes hubiera pasado por prisión provisional. Desde su primera condena en 2012 por pagar con dinero público a un periodista que escribía sus discursos hasta el macro caso Palma Arena y dos años y medio entre rejas.

El caso de los GAL y la guerra sucia contra ETA no solo llevó a prisión a Rafael Vera. El exministro del Interior socialista José Barrionuevo no fue encarcelado de forma provisional, pero sí entró a cumplir los 10 años de cárcel que le fueron impuestos por su papel en el secuestro de Segundo Marey. Vera tampoco es el único secretario de Estado de Seguridad que ha pasado por la cárcel de forma preventiva: Francisco Martínez, procesado en la operación Kitchen, estuvo menos de una semana en prisión por su supuesta implicación en la 'operación Borraska' sobre la actividad del hacker Alcasec.

No todos los políticos que han sido presos preventivos o condenados han estado encarcelados por delitos relacionados con causas de corrupción política. El cargo orgánico de un partido con más categoría dentro de su formación que ha pasado tiempo entre rejas es Oriol Junqueras, líder de ERC que estuvo en torno a dos años en prisión preventiva por el procés. Desde que la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, decidió enviar a este político y varios miembros del Govern depuesto de Carles Puigdemont en 2017 hasta que el Supremo firmó su condena de 13 años de prisión y su encarcelamiento dejó de ser preventivo.

Junto con Junqueras pasaron meses o incluso años en prisión provisional varios políticos catalanes que ocupaban cargos públicos o de partido en el Govern como consellers o en ERC y Junts. En su caso, tanto Lamela en primer lugar como Pablo Llarena posteriormente en el Tribunal Supremo cimentaron su decisión de mantenerles entre rejas en el riesgo de que se fugaran o, incluso, de que siguieran adelante con el desafío soberanista si eran dejados en libertad.

Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, también pasó tiempo en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional. Entró en octubre de 2009 por el caso Bateragune, la causa en la que los tribunales europeos determinaron que no había tenido un juicio justo. Previamente, también había pasado por prisión provisional por participar, dentro de la banda terrorista ETA, en el secuestro del director de la fábrica de Michelín en Vitoria, Luis Abaitua, en 1979. Fue preso preventivo desde 1987 hasta que fue condenado en 1989.

La Guardia Civil llevó a cabo un lunes de octubre de 2014 una de las mayores operaciones contra la corrupción de la historia de España. Se registraron de forma simultánea ayuntamientos, domicilios particulares y sedes de empresas. Los detenidos superaron la treintena. Entre ellos, el que había sido ‘número dos’ de la presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, Francisco Granados, la persona más relevante entre los detenidos y la que da nombre al caso: Púnica Granatum es el nombre del árbol en latín.

Más de una década después, se han formalizado dos condenas, algunas ramificaciones quedaron archivadas, hay cuatro pendientes de juicio y otra en la fase de interrogatorios. La última vista oral se inició la semana pasada, cuando la Audiencia Nacional acogió la primera sesión del juicio por lo que se considera el mayor pelotazo de la trama. 

36 personas, entre ellos nueve exalcaldes de PP y el PSOE, se sientan en el banquillo por las presuntas comisiones que recibieron por adjudicar a la multinacional Cofely contratos de eficiencia energética por valor de 224 millones de euros. De ellos, dos admitieron en el primer día de juicio su implicación en la trama: el exregidor socialista de Parla, José María Fraile; y el de una agrupación vecinal de Serranillos del Valle (Madrid), Antonio Sánchez. Otros dos exalcaldes del PP están estudiando la propuesta de acuerdo de la fiscalía —Gonzalo Cubas (Torrejón de Velasco) y Carlos Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio)—, mientras los cinco restantes, también del PP, han declinado por ahora un pacto con el que amortiguar las altas condenas a las que se exponen. Algunos de esos alcaldes llegaron a pedir comisiones ilegales de medio millón de euros, según Anticorrupción. 

Aunque no se sienta en el banquillo en esta causa, este juicio ha vuelto a poner el foco sobre la figura de Granados. Estrecho colaborador de Aguirre, Granados llevaba unos meses fuera de la política cuando fue detenido por este caso. La razón de su renuncia había sido la publicación de que había ocultado 1,5 millones de euros en una cuenta en Suiza. La revelación de las autoridades helvéticas hizo elevar las sospechas sobre él, lo que acabó desencadenando toda la operación. Una década después, Granados tiene al menos cuatro juicios pendientes relacionados con diferentes ramificaciones del caso. En uno de los registros se encontró un millón de euros en un altillo del armario en casa de sus suegros que Granado acabó reconociendo como suyo.

El estallido de Púnica hizo aflorar una red de corrupción que atravesaba una docena de municipios en Madrid, León, Murcia y la Comunitat Valenciana con adjudicaciones millonarias manipuladas a favor de determinados empresarios y con la financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre de fondo. La expresidenta estuvo imputada durante tres años, aunque la acusación finalmente se archivó porque el juez Manuel García Castellón —con el apoyo de la Fiscalía— sostuvo que a pesar de que considera que su partido financió de manera irregular las campañas de 2007, 2008 y 2011, no hay pruebas de que ella estuviera al tanto de esas ilegalidades. Por esa ramificación del caso, que está pendiente de juicio, sí se sentarán en el banquillo su secretario general Granados y otros de sus antiguos colaboradores, el exgerente Beltrán Gutiérrez. 

La operación que desarticuló esta trama de corrupción también sacó del anonimato a David Marjaliza, un constructor amigo de Granados, supuesto conseguidor de la trama y que lleva una década colaborando con la Justicia. Lo volvió a hacer la pasada semana, cuando su abogado, el penalista José Antonio Choclán, recordó que comenzó “su colaboración desde los primeros momentos de la causa, incluso cuando se encontraba en situación de secreto sumarial”, informa Europa Press. 

224 millones de euros en contratos amañados

El empresario que reconoció haber quemado carros de la compra llenos de documentación comprometedora -por indicación de Granados que le recomendó prenderle fuego “un día de niebla”, es el protagonista de esta ramificación del caso que ahora juzga la Audiencia Nacional. Por el momento, él y otros doce acusados han reconocido los hechos. Según el auto con el que el juez dio por cerrada la instrucción, la empresa de eficiencia energética Cofely había acordado con Marjaliza que le pagaría “una cuota fija de 1.500 euros al mes y una parte variable hasta un máximo de 155.000 euros” por sus labores de conseguidor de esos contratos a cambio de sobornos a alcaldes, ediles y técnicos.

Para el período 2014-2015 estaba prevista una retribución de hasta 5,5 millones que fue abortada por la operación judicial. La investigación también acreditó que después la compañía trazó un plan para recuperar lo invertido en esas dádivas con sobreprecios en los contratos. En muchos casos, este ambicioso plan no fue viable por la insolvencia de los ayuntamientos y el reparo de algunos interventores, dice la resolución del juez. 

Esta es la cuarta ramificación del caso que llega a juicio. La primera fue la relativa al 'chivatazo' que un guardia civil dio a Granados sobre las investigaciones a las que estaba siendo sometido. La Audiencia Nacional impuso dos años de cárcel al que fuera colaborador de Aguirre al entender que esa revelación originó un grave daño a la investigación policial. Le permitió, por ejemplo, tomar ciertas cautelas, como ocultar el millón de euros en la vivienda de sus suegros como luego se comprobó en los registros judiciales. También fueron condenados los agentes que le dieron el soplo. 

La segunda en juzgarse fue la llamada rama leonesa de la Púnica, en la que se investigaron los contratos de reputación personal online acordados por la Diputación de León para la que fuera su presidenta Isabel Carrasco y su sucesor Marcos Martínez Barazón, así como otra serie de contratos adjudicados a las empresas del empresario Alejandro de Pedro.

La Audiencia Nacional absolvió a los acusados de los delitos más graves, aunque recibieron condenas menores de inhabilitación. Por otro lado, el pasado enero se celebró el juicio por la derivada de la trama en la Región de Murcia, donde también se abordó el uso de dinero público para pagar a este mismo empresario por campañas de lavado de imagen en internet en favor de políticos. 

La que no llegará a juicio es la línea de investigación sobre estos trabajos de reputación online de los que se beneficiaron cargos del PP de la Comunidad de Madrid. El juez Manuel García Castellón archivó en octubre de 2023 la pieza que investigaba el pago con dinero público por parte de políticos del PP a empresas que promocionaban su figura con trabajos en internet de discutible ética.

El juez argumentó que era imposible “disociar” la figura del político del cargo que este ejerce en la administración, en el marco de la cual adopta medidas que afectan al ciudadano y que este tiene derecho a conocer. Con este paraguas recibió luz verde judicial la creación de periódicos zombis para inundar la red de propaganda de cargos públicos y que eso lo sufraguen los ciudadanos. Entre ellas, estaba la entonces consejera de Educación de Madrid Lucía Fígar, que contrató a esas empresas para sepultar las noticias sobre el cheque guardería que había recibido ella misma para afrontar los gastos de escolarización de su hija.

Cuatro piezas pendientes de juicio

Entre las causas pendientes de señalar juicio hay al menos cuatro que afectan a Granados. Además de la citada sobre la financiación irregular del PP de Madrid, está la que se centra en los contratos irregularmente adjudicados a empresas ligadas a Marjaliza en Valdemoro y Torrejón de Velasco, entonces gobernadas por el Partido Popular, y Serranillos del Valle, localidad entonces en manos de un partido independiente. La trama se quitó el corsé del ladrillo y se lanzó a captar el máximo de servicios posibles: el estacionamiento regulado, la recogida de ropa usada, la explotación de cafeterías, aparcamientos, pistas de pádel, los comedores escolares, la grúa municipal e incluso la asistencia jurídica del consistorio.

Asimismo, está lista para que se celebre el juicio la ramificación sobre las supuestas irregularidades entre 2003 y 2011 en las adjudicaciones de suelo público en la Comunidad de Madrid a través de la empresa regional Arpegio y en las infraestructuras de la entidad de Infraestructuras del Transporte de Madrid (Mintra). El juez propuso sentar en el banquillo a Granados y a otras 42 personas. Además, el que fuera colaborador de Aguirre también será juzgado en la pieza en la que se investigó el pago de comisiones ilegales a cambio de contratos para fiestas municipales a través de la empresa Waiter Music.

Esperanza Aguirre tomó posesión de la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2003 y no la abandonó hasta casi nueve años después. En la primera de las tres veces en que juró el cargo, la lideresa prometió que contaba con “el mejor equipo” para gestionar la región de toda la “historia del estado autonómico de España”. Más de 20 años después, seis personas de su máxima confianza durante sus tres gobiernos han sido condenadas o están al borde del banquillo. Alfredo Prada, que entre 2003 y 2008 ocupó la segunda vicepresidencia y la Consejería de Justicia de su ejecutivo, acaba de sumarse a la lista que integran nombres como Francisco Granados o Ignacio González con una condena de siete años de cárcel por malversar 40 millones de euros públicos

Todos ocuparon algunos de los puestos de mayor responsabilidad que pueden ostentarse en un gobierno regional. Vicepresidencias a la diestra de la presidenta regional, consejeros de Presidencia y de Justicia, portavoces y gestores de empresas públicas por cuyas manos pasaban, año tras año, decenas de millones de euros. En el caso de Alfredo Prada, ocupó la cartera de Justicia y la vicepresidencia segunda desde el primer día de Aguirre en la Puerta del Sol hasta 2008, cuando apoyó a Mariano Rajoy en el congreso del PP en Valencia y se ganó su enemistad política sin matices.

Prada fue rápidamente puesto al frente de una de las grandes promesas electorales de Esperanza Aguirre: la Ciudad de la Justicia. Un complejo en Valdebebas, al norte de la región, para concentrar todos los juzgados y tribunales hasta entonces dispersos por la ciudad. El plan parecía no tener fisuras: la Comunidad conseguía los terrenos gratis, hacía caja vendiendo algunos edificios y levantaba una ciudad judicial a la altura de los que existen, por ejemplo, en Barcelona y Valencia.

Altos cargos de Esperanza Aguirre en la CAM condenados, o a la espera de juicio, por corrupción

Alberto López Viejo

Viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2007

Condenado a 27 años y 10 meses de cárcel por la pieza principal del caso Gürtel

Alfredo Prada

Vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2008

Condenado a 7 años de cárcel por la fallida Ciudad de la Justicia

Francisco Granados

Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid de 2004 a 2011

Condenado a 2 años de cárcel por el chivatazo de la Operación Púnica y a la espera de juicio en varias piezas de la trama

Ignacio González

Vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2012

A la espera de juicio en varias piezas de la trama Lezo

Isabel Gallego

Directora general de Medios de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2015

A la espera de juicio en una pieza de la trama Púnica

Beltrán Gutiérrez

Gerente del PP de Madrid hasta 2014

A la espera de juicio en la trama Púnica y condenado a 8 meses de cárcel por las tarjetas black de Caja Madrid

Ildefonso de Miguel 

Director gerente del Canal de Isabel II desde 2003 hasta 2009

A la espera de juicio en varias piezas del caso Lezo

Altos cargos de Esperanza Aguirre en la CAM condenados, o a la espera de juicio, por corrupción

Alberto López Viejo

Viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2007

Condenado a 27 años y 10 meses de cárcel por la pieza principal del caso Gürtel

Alfredo Prada

Vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2008

Condenado a 7 años de cárcel por la fallida Ciudad de la Justicia

Francisco Granados

Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid de 2004 a 2011

Condenado a 2 años de cárcel por el chivatazo de la Operación Púnica y a la espera de juicio en varias piezas de la trama

Ignacio González

Vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2012

A la espera de juicio en varias piezas de la trama Lezo

Isabel Gallego

Directora general de Medios de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2015

A la espera de juicio en una pieza de la trama Púnica

Beltrán Gutiérrez

Gerente del PP de Madrid hasta 2014

A la espera de juicio en la trama Púnica y condenado a 8 meses de cárcel por las tarjetas black de Caja Madrid

Ildefonso de Miguel 

Director gerente del Canal de Isabel II desde 2003 hasta 2009

A la espera de juicio en varias piezas del caso Lezo

Lo que sucedió en realidad, según la Audiencia Nacional, es que más de 40 millones de euros se invirtieron en promocionar y publicitar el proyecto mientras la Ciudad de la Justicia no era viable. Más de 13 millones de euros solo en contratar al arquitecto Norman Foster. Otros 100.000 euros más en presentar las maquetas. Más de un millón de euros en una exposición. Un autobús para recorrer Madrid dando a conocer el proyecto. Todo para que, al final, fuera abandonado.

La Audiencia Nacional hace máximo responsable a Alfredo Prada, no solo como consejero del ramo sino como gestor de la empresa creada para impulsar el proyecto, y le impone siete años de cárcel por prevaricación y malversación. Los jueces usan palabras como “esquilmar” o “suma gravedad” para definir lo que hicieron entonces Prada y sus colaboradores. En esos años, además, el vicepresidente de Aguirre ejercía de padrino político de Pablo Casado, que tuvo la idea de convertirle en el vigilante anticorrupción del PP poco antes de su imputación en esta causa.

La condena cuestiona de lleno una de las grandes promesas electorales del primer gobierno de Esperanza Aguirre. No solo por ser un proyecto fallido, sino por haberse hundido gracias a la malversación de sus responsables, que tendrán que poner 40 millones de su bolsillo para pagar el agujero. Y aunque los jueces destacan el “entusiasmo” de la propia presidenta regional, Esperanza Aguirre ha conseguido atravesar sin peligro un nuevo campo sembrado de minas en sus años dorados al frente de la política madrileña. Tal y como ha conseguido hacer en los casos Gürtel, Púnica o Lezo, donde sí ha tenido que declarar en un juicio lo ha hecho como testigo, a salvo de cualquier condena.

Tanto en el juicio que ha terminado en la condena de Prada como después, Aguirre ha centrado sus esfuerzos en blindarse con dos argumentos: ella nunca conoció ninguna irregularidad y el proyecto era un clamor judicial y político, no una ocurrencia suya. Palabras que llevan a lo que ha afirmado en otros procesos penales donde sus subordinados han acabado procesados e incluso condenados.

Alberto López Viejo es el caso más añejo en la nómina de lo que ella misma denominó “ranas”. Viceconsejero de Presidencia hasta 2007 y después Consejero de Deportes, en la actualidad cumple una condena de 27 años y 10 meses de cárcel por aprovechar sus cargos –primero en el Ayuntamiento y después en la Comunidad– para favorecer a las empresas de Francisco Correa a cambio de comisiones de cientos de miles de euros.

Buena parte de ese botín salió de los contratos que se adjudicaban para organizar actos a los que asistía Esperanza Aguirre. López Viejo, según los jueces, “diseñó una novedosa política de comunicación con mayor presencia de la presidenta”. Todos ganaban: ella tenía una visibilidad inédita y la trama Gürtel se llenaba los bolsillos. Entre varias decenas de actos, lleva el sello de la corrupción la toma de posesión de Esperanza Aguirre en junio de 2007 estrenando su primera mayoría absoluta. Ese día, según los apuntes del contable de la trama Gürtel, López Viejo se llevó una comisión del 50%.

Las distintas sentencias, autos de procesamiento y escritos de acusación de la Fiscalía apuntan en esa dirección: actos de corrupción que, supuestamente, beneficiaron la carrera política de Esperanza Aguirre sin que ella haya pisado un banquillo.

Francisco Granados también fue lo que en política se denomina “hombre fuerte” de Aguirre. Después de dominar la política en Valdemoro, al sur de Madrid, dio el salto al kilómetro cero como consejero, entre otras cosas, de Presidencia y Justicia. Fue detenido en 2014 como uno de los cabecillas de la bautizada como 'operación Púnica', término en latín que designa al granado.

En esa causa, por el momento, Granados ya ha recibido una sentencia firme: dos años de cárcel por intentar reventar la operación aprovechando un chivatazo de un guardia civil. Pero está a la espera de juicio en varias piezas separadas de la causa. Una por irregularidades en la adjudicaciones de suelo público de la Comunidad y otra por las ilegalidades que impulsaron económicamente la campaña con la que Esperanza Aguirre arrasó en las elecciones de 2011.

Granados, considerado uno de los grandes escuderos de Aguirre, dejó morir su relación con su antigua jefa a medida que avanzaba la causa judicial y empezó a lanzar acusaciones contra ella en las diligencias que investigaban si su campaña de 2011 se financió de forma irregular. Una causa en la que, a modo de excepción, el juez Manuel García Castellón imputó a Esperanza Aguirre antes de dejarla fuera del procesamiento y, en la práctica, a salvo de un juicio que todavía está por celebrar.

El auto de apertura de juicio oral, dictado hace unos meses y pendiente de ser ratificado en una futura sentencia, que el modus operandi del PP de Madrid en aquellos años era siempre el mismo cuando llegaban unas elecciones: autorizar gastos electorales que no eran declarados a la Cámara de Cuentas. Usar “empresarios afines” para hacer los trabajos pero después, con ingeniería contable, no hacer saltar las alarmas de las autoridades. Y todo a mayor gloria de una candidata que, según la Audiencia Nacional, no tenía por qué saber que cabalgaba a lomos de la supuesta corrupción de sus colaboradores.

El juicio estudiará cómo se pagó el buzoneo de sus papeletas, las banderas que ondeaban en sus mítines o el mismísimo coche usado para el transporte de Aguirre. Y en el banquillo no solo estará Granados. También estará Beltrán Gutiérrez, gerente del PP madrileño durante más de una década y condenado por las tarjetas black de Caja Madrid a quien el juez hace responsable de esta contabilidad ficticia, salvado por la prescripción de responder también por comicios anteriores. Encima de la mesa, entre otros, hay un delito electoral en su modalidad de falseamiento de las cuentas.

En la política no todo el poder está en las consejerías, las concejalías o los ministerios. Y en la Comunidad de Madrid, durante el reinado de nueve años de Esperanza Aguirre, la dirección general de medios también se ubicó a la diestra de la presidenta regional con Isabel Gallego a la cabeza, en ese departamento desde 2003 hasta 2015. En sus recursos y alegaciones, por ahora rechazados, Gallego se ha intentado desmarcar de esta 'caja B' del PP madrileño asegurando que “la encargada de Comunicación era Lucía Figar y la de redes sociales Isabel Díaz Ayuso”.

El último nombre de esta lista de altos cargos es el de Ignacio González. El único consejero que estaba allí el día en que Aguirre tomó posesión como presidenta por primera vez en 2003 y que seguía en Sol para, en 2012, coger el testigo después de su primera dimisión. González, presidente regional entre 2012 y 2015 después de Aguirre y antes de Cifuentes, fue detenido como uno de los cabecillas de la operación Lezo, sucesora de Gürtel y Púnica, centrada también en la Comunidad de Madrid pero en otros departamentos poco explorados por los jueces, sobre todo el Canal de Isabel II.

González tampoco ha sido condenado pero está a la espera de juicio en hasta tres piezas separadas del caso Lezo con la Fiscalía pidiendo condenas de cárcel para él. Después de ser exonerado en una causa por blanqueo, la Audiencia Nacional tiene pendiente juzgarle por la ruinosa compra de la empresa brasileña Emissao cobro de comisiones mediante, por las irregularidades en la construcción del eterno proyecto de llevar el tren a Navalcarnero y, finalmente, por las ilegalidades que también rodearon la construcción de un campo de Golf en Chamberí. Junto con él irá al banquillo Ildefonso de Miguel, director gerente del Canal de Isabel II en esos años.

La detención de Ignacio González en 2017 fue la gota que colmó el vaso de la capacidad de Esperanza Aguirre para afirmar que ella había destapado tramas que, en realidad, si fuera por su actuación nunca habrían llegado a manos de la Justicia. A las puertas de la Audiencia Nacional, tras declarar como testigo en el juicio del caso Gürtel donde Alberto López Viejo esperaba su condena, Aguirre rompió a llorar al ser preguntada por Ignacio González, otra de sus manos derechas engrilletadas: “Si es culpable, sería un gran palo”.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de juicio oral de la pieza 9 del caso Púnica, también conocida como caja B del Partido Popular de Madrid. En un auto fechado este miércoles, el magistrado sienta en el banquillo al que fuera mano derecha de la expresidenta Esperanza Aguirre, Francisco Granados, y al gerente de la formación, Beltrán Gutiérrez, entre otros. De nuevo, subordinados de Aguirre se sientan en el banquillo mientras ella se libra. A ambos, el juez les atribuye un delito electoral en su modalidad de falseamiento de cuentas. En el caso de Granados, además, le abre juicio por tráfico de influencias en concurso con malversación y de prevaricación.

En total, el juez propone juzgar a siete personas, la mayor parte colaboradores estrechos de Aguirre en el ejecutivo regional junto con empresarios, pero no estarán ni la expresidenta ni su sucesor, Ignacio González, al haber sido sobreseída la causa respecto de ambos en octubre de 2022. Sobre Aguirre, el juez concluyó entonces que no se había podido acreditar que “tuviera conocimiento” de la financiación irregular de las campañas del PP o del desvío de dinero público para promocionar su imagen.

Así, el banquillo se sentarán los citados Granados y Gutiérrez, el exconsejero Borja Sarasola, la exjefa de prensa de Aguirre Isabel Gallego, el empresario Alejandro de Pedro, el informático José Martínez Nicolás y el antiguo trabajador de la compañía Indra Diego Mora. Por contra, García Castellón rechaza la solicitud de la acusación popular ADADE de declarar partícipes a título lucrativo al PP y a sus 72 diputados autonómicos que resultaron electos en los comicios de 2011, donde el juez considera que se cometió el delito electoral investigado.

Un lunes de octubre de 2014 la Guardia Civil ejecutaba una de las mayores operaciones anticorrupción de la historia de España. La operación Púnica arrancaba con la detención de Francisco Granados y más de medio centenar de personas acusadas de formar parte de una red de corrupción municipal y regional asentada, sobre todo, en la Comunidad de Madrid. Casi una década después el caso acumula más de diez piezas separadas, una condena firme y tres ramificaciones a la espera de juicio. La última, hace unos días, cuando la Audiencia Nacional procesó a 21 personas por contratos irregularmente adjudicados en tres localidades madrileñas.

El caso, en realidad, había arrancado casi un año antes, cuando la Fiscalía de Suiza contactó con las autoridades españolas para explicar que habían encontrado varias cuentas sospechosas y ligadas a un político español. Meses después Francisco Granados era arrestado por orden del sexto juzgado de la Audiencia Nacional. Mano derecha de Esperanza Aguirre durante años en la Comunidad de Madrid, había dejado sus puestos en política y su escaño en el Senado meses antes por tener cuentas en Suiza desde 1999.

El estallido de la operación Púnica desveló que el problema no era solo que Granados hubiera amasado su fortuna en Suiza a espaldas del fisco español. La investigación hizo aflorar una red de corrupción que atravesaba una docena de municipios en Madrid, León, Murcia y la Comunitat Valenciana con adjudicaciones millonarias manipuladas a favor de determinados empresarios y con la financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre de fondo.

El caso con epicentro en el Valdemoro de Granados estuvo a punto de irse a pique por un chivatazo pero finalmente se llevó por delante a media docena de alcaldes, puso a la filial española de GDF Suez en el centro de la trama de contratos amañados y sacó de las profundidades del Registro Mercantil al empresario David Marjaliza. De conseguidor de la trama a colaborador de alta gama para los investigadores, el hombre que reconoció haber quemado carros de la compra llenos de documentación comprometedora es el protagonista de la última pieza enviada a juicio por Manuel García Castellón.

El auto de procesamiento de esta ramificación del caso deja al borde de juicio a 21 personas por la adjudicación irregular de más de 30 contratos públicos a empresas ligadas a Marjaliza en Valdemoro y Torrejón de Velasco, entonces gobernadas por el Partido Popular, y Serranillos del Valle, localidad gobernada entonces por el partido independiente Unión Democrática Madrileña. La trama se quitó el corsé del ladrillo y se lanzó a captar el máximo de servicios posibles: el estacionamiento regulado, la recogida de ropa usada, la explotación de cafeterías, párquines, pistas de pádel, los comedores escolares, la grúa municipal o la asistencia jurídica del consistorio.

Según los investigadores y según ha reconocido el propio empresario, en esos años (2010-2014) David Marjaliza se convirtió en uno más en los procesos públicos de adjudicación. Influía sin mucho esfuerzo en las decisiones municipales para que sus empresas se hicieran con unos contratos que, en ocasiones, no eran muy cuantiosos pero sí garantizaban décadas de acceso a las arcas públicas. Algunas de estas concesiones estaban programadas para durar hasta 40 años. A cambio, pago de comisiones o incluso encuestas “de contenido político” para valorar la imagen del alcalde de Torrejón de Velasco por el PP.

Los datos de esta pieza separada ilustran cómo Valdemoro se convirtió en el gran feudo municipal de la trama. El ayuntamiento que dirigió Francisco Granados hasta su salto a la política regional en 2003 de la mano de Esperanza Aguirre cuenta en este caso con tres ex alcaldes en la nómina de acusados: José Carlos Boza, José Miguel Moreno y el propio Granados. Con ellos nueve altos cargos del consistorio, incluyendo varios concejales, acusados de hasta siete delitos relacionados con la corrupción política y empresarial. Entre los expedientes bajo sospecha, el proyecto de construcción de un centro comercial con bolera y gimnasio con 75 años de negocio por delante.

De Cofely a la financiación ilegal del PP

La operación Púnica pertenece a la época dorada del naming de las causas de corrupción. En la actualidad una causa se bautiza como 'Mediador' si hay un empresario que hace de mediador, o 'Cuarteles' si la trama se desarrolla en cuarteles de la Guardia Civil. Pero hubo una época de filigranas en la que la Guardia Civil o la Policía Nacional llamaban 'Gürtel' a una causa porque así se decía en alemán el apellido de Francisco Correa, o 'Pokémon' si había tantos imputados que era imposible hacerse con todos. La Púnica debe su nombre al término en latín para referirse al árbol del granado, y eso lleva directamente al PP de Madrid, su cúpula y su financiación con Francisco Granados al frente.

Hay otras dos piezas listas para juicio de la docena que llegaron a abrirse. Una de ellas ahonda en la vertiente municipal de la trama: 37 personas al banquillo, entre ellas alcaldes de Torrejón de Velasco (PP), Moraleja de En Medio (PP), Parla (PSOE), Alcalá de Henares (PP), Valdemoro (PP), Collado Villalba (PP), Móstoles (PP) y Serranillos del Valle (UDM) por adjudicaciones irregulares a la multinacional Cofely por valor de casi 224 millones de euros y con David Marjaliza nuevamente como conseguidor para que los contratos de eficiencia energética cayeran en manos de la filial española del gigante gasístico francés GDF Suez. El mayor pelotazo de la trama fueron los 60 millones que Móstoles adjudicó a Cofely con Daniel Ortiz, diputado regional del PP hasta 2016, como alcalde.

La tercera pieza, ya acabada y lista para juicio, llevó a los investigadores a las cuentas del Partido Popular de Esperanza Aguirre y al centro de su autoproclamado estanque de ranas. García Castellón propuso el pasado mes de octubre que ocho personas fueran juzgadas por la financiación irregular del PP en dos elecciones regionales y unas generales entre 2007 y 2011, aunque una parte importante estuviera prescrita. Ocho procesados entre los que está Francisco Granados, el gerente del partido Beltrán Gutiérrez y el exconsejero madrileño Borja Sarasola. Y también 71 sobreseimientos, entre ellos el de Esperanza Aguirre, que una vez más evitará el banquillo de los acusados.

Según el juez, los años faraónicos de Esperanza Aguirre fueron también los años de la financiación irregular de su partido y algunas de las campañas que la encumbraron en política. En 2011 el partido afirmó ante la Cámara de Cuentas que había gastado algo menos de tres millones de euros en las elecciones regionales en las que Aguirre había doblado en votos al PSOE. La realidad era que habían gastado más de siete millones, muy por encima del límite legal, y la diferencia estaba en la 'caja B' de dinero opaco que amasaba y gestionaban Granados y Gutiérrez.

Un dinero que salió de una docena de empresas que trabajaron en la campaña y que facturaban los trabajos de forma irregular para que la cuenta real del PP no llamara la atención y sacar adelante la contratación de espacios publicitarios en prensa y radio, comprar más de 300 banderas de poliéster o una campaña publicitaria relacionada con Nuevas Generaciones, entre otras cosas. Según la investigación hubo más pero está todo prescrito: por ejemplo en las elecciones de 2007, con la inauguración bajo sospecha de la línea de Metro que a día de hoy se traga las casas de los vecinos de San Fernando de Henares.

La financiación supuestamente irregular del PP, emulando a sus primos segundos de la Gürtel en Majadahonda o Pozuelo de Alarcón, no salpicará legalmente a Esperanza Aguirre. El juez García Castellón decidió dejar a la principal beneficiada de esa financiación fuera del procesamiento en una decisión que terminó por confirmar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. No hay pruebas, afirman los jueces, que permitan acusar a Aguirre de conocer y permitir estas irregularidades.

Todas las ramas del punica granatum

Con la trama Gürtel ya en buena parte juzgada y sentenciada, la Púnica es la que promete copar el calendario de corrupción de la Audiencia Nacional en los próximos años, y no solo por estas tres piezas separadas con auto de procesamiento ya dictado. El negocio urbanístico de Valdemoro, los trabajos de imagen de Alejandro de Pedro o los manejos de Francisco Granados en la propia Comunidad de Madrid siguen en la cola de asuntos pendientes de la Audiencia.

Las dimensiones de la causa, con varios cientos de imputados a lo largo de su tramitación, han dejado hueco para las confesiones de David Marjaliza y Francisco Granados, hilo conductor de todas las piezas y supuestos cabecillas de la trama, con el dedo del segundo apuntando sin éxito a Aguirre. Pero algunas derivadas han llevado, por ejemplo, hasta la política actual.

Fue en 2016 cuando, tal y como ha contado elDiario.es, el nuevo equipo de Gobierno de la localidad de Arroyomolinos afirmó que había descubierto a la ex concejala de Juventud destruyendo documentación que tenía guardada en tres bolsas de basura. Esa concejala es la hoy alcaldesa de la localidad pero también vicesecretaria de organización territorial del PP de Madrid, en la práctica número 3 de Isabel Díaz Ayuso y está imputada por un juzgado de Navalcarnero. Acusada de adjudicar más de 670.000 euros a un empresario del que, además, cobraba por el alquiler de un piso al doble del precio de mercado. Varios de sus familiares trabajaron, además, para este empresario.

Esa denuncia del nuevo consistorio acabó en 2016 en manos del juez del caso Púnica porque en ese momento la lupa estaba puesta en los contratos de este ayuntamiento con Waiter Music, otra de las empresas con mayor protagonismo en el entramado.

Eclipsada por las primeras sentencias del caso Gürtel, la operación Púnica adquiere protagonismo en un momento en el que las macrocausas de corrupción se extinguen poco a poco en la dinámica investigadora de la Audiencia Nacional. Una nueva bomba de racimo que dibuja el poder que los empresarios y políticos supuestamente corruptos adquirieron, sobre todo, en la Comunidad de Madrid de la mano del Partido Popular con una decena de juicios por delante.

El ex alto cargo del gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha recurrido su procesamiento en la pieza de la trama Púnica que investiga la financiación supuestamente irregular del Partido Popular de la región en varias campañas electorales. Un recurso, según informa Europa Press en el que Granados considera una “contradicción” que vaya a sentarse en el banquillo mientras varios de sus superiores quedan exonerados cuando ostentaban un cargo “muy superior” al suyo. También apunta directamente a Ignacio González y Esperanza Aguirre: eran ellos dos quienes, según Granados, controlaban “en dicha campaña todos los actos derivados de la misma”.

En un recurso de reforma de 115 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, Granados solicita al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, que corrija su decisión del pasado viernes, con la que le procesó --junto a otras siete personas-- al mismo tiempo que archivó la investigación judicial para otras 71, entre ellas Aguirre y González.

Granados defiende que los presuntos delitos electorales que se le imputan por los comicios de 2011 están prescritos, al igual que los relativos a las de 2007 y 2008, dos votaciones respecto a las que el instructor ya apreció que la eventual responsabilidad penal se había extinguido por el transcurso del tiempo. “Todo ello con independencia de mantener, en todo momento, la inocencia de mi representado quien ha actuado siempre acorde a derecho, conforme no podía ser de otra forma y manera en relación al cargo que ostentaba en dicho periodo meramente testimonial y político”, afirma su abogado en el escrito.

Sostiene que, como director de campaña, estaba “al margen de cualquier gestión económica o posibilidad de mediar en estos aspectos, con proveedores, donantes, y terceros que pudiesen ostentar posición alguna en el partido popular o en la campaña referida”, lo que --alega-- “imposibilita la comisión de cualquier ilícito”. En este sentido, señala que el juez confunde las funciones del director de campaña con las del administrador electoral, en ese entonces Beltrán Gutiérrez --otro de los ocho procesados--, “que es el que efectivamente gestiona todo lo que pudiera tener relación con aspectos económicos en pagos, contratos, etc”.

“Incluso el director de campaña está imposibilitado para desacreditar, controlar y contradecir al administrador electoral, siendo los órganos ordinarios del partido única y exclusivamente los que pueden tutelar la función del señor Beltrán como nombrado administrador”, detalla.

Una función “decorativa”

En este contexto, el letrado ve una “contradicción” en el hecho de que el juez archive para “la mayoría de investigados inclusive los que por rango en el partido y en las propias elecciones están en plano muy superior a mi defendido en base al cargo que ostentaban y que son los que realmente y por esas mismas circunstancias, podían haber gestionado o conocido por entrar dentro de sus facultades”.

En este punto, recuerda que el secretario general del PP de Madrid en noviembre de 2011 era González, “que además salió electo como 'número uno' de la lista en esa campaña y presidente, a la vez, del comité electoral, además de vicepresidente del Gobierno y persona que controlaba por su interés en dicha campaña todos los actos derivados de la misma, en unión a la presidenta del partido”, Aguirre.

Por ello, enfatiza, les parece “un contrasentido” procesar a “alguien que funcionalmente y por organigrama carece de potestad y competencia para gestionar la tesis de acusación máxime cuando los mencionados son los que tienen dicha competencia y realizan dichas funciones, en unión al administrador electoral referido, el señor Beltrán”.

Añade asimismo que “es un hecho no controvertido, objetivo y notorio” que Granados “fue cesado en todos los cargos que ostentaba dentro del partido y en el Consejo de Gobierno y Comunidad precisamente en ese año y con posterioridad a esas elecciones, junio y noviembre de 2011, es decir, inmediatamente después, cuando estaban todavía calientes estos comicios y sus resultados”.

“Esto acredita sin más que inclusive la función que como director de campaña le conservaron lo fue, testimonial, decorativa o meramente de pantalla, para evitar antes de las elecciones rumores, dimes y diretes o especulaciones políticas que pudieran utilizarse por el partido de la oposición y que se respiraban en el ambiente político y mediático del Gobierno”, indica.

El “artista principal”

Con todo, la defensa de Granados desliza que su procesamiento se debe solamente a que se le ha perfilado como “el artista principal desde el año 2014 en lo que se ha denominado la trama 'Púnica' en todas sus piezas testimoniadas, que bien se podían proyectar en una secuencia prolongada de distintos capítulos o sesiones por como empieza, se desarrolla o pudieran terminar”.

Al hilo, aprovecha para reprochar que “Granados cumplió preventivamente casi tres años de prisión por un desfalco económico que el Ministerio Fiscal llegó a mantener hasta la saciedad y sin prueba alguna ni más ni menos en 700 millones de euros, para que luego escasamente hace un año modificase esta cantidad a cinco millones de euros en el patrimonio del investigado en el que se incluye incluso su parte hereditaria”.

El origen de la investigación de la financiación irregular del PP de Madrid fue la incautación en octubre de 2014 de una agenda a Francisco Granados en la que aparecían anotaciones de entradas y salidas de dinero. Allí aparecían las iniciales del gerente Beltrán Gutiérrez. Y las de un empresario afín al partido, Javier López Madrid. Ocho años después, esa agenda es papel mojado, al menos en lo que se refiere al empresario, que es exculpado por Anticorrupción con el argumento de que no hay más indicio contra él que ese.

López Madrid, yerno del fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir, es uno de los cerca de cien investigados para los que Anticorrupción pide el archivo de las actuaciones en esta pieza 9 del caso Púnica. Y lo es con los mismos indicios que sirvieron para imputarle en su momento, hace ya cinco años, tras las investigaciones de la Guardia Civil y la petición de la propia Fiscalía especializada. 

El criterio general de Anticorrupción es que el tiempo pasado entre unas elecciones autonómicas y otras (2007-2011), en las que Esperanza Aguirre arrasó con la ayuda de un delito electoral, elimina la posibilidad de que hubiera un delito continuado en el tiempo y por tanto se aplica la prescripción que sirve para archivar la causa contra decenas de investigados. 

Respecto de López Madrid, el fiscal Alejandro Cabaleiro, el único de los tres del caso que ha firmado el escrito de conclusiones, afirma: “El único hecho presuntamente que no se encontraría prescrito [para López Madrid] es el vinculado con el delito electoral de las elecciones autonómicas del año 2011 y, respecto de las mismas, más allá de las anotaciones manuscritas de Francisco José Granados Lerena, en orden a sumas que entran, salen y cómo se reparten, no existe otro indicio que permite afirmar que Francisco Javier López Madrid hubiese realizado aportación irregular”.

Según aportaron de forma indiciaria la propia Fiscalía, la Guardia Civil y los dos jueces del caso, Granados y López Madrid se repartieron 500.000 euros de una partida de 2,1 millones de euros que la constructora OHL habría prestado a la financiación del PP madrileño en las elecciones autonómicas de 2011 o las europeas de 2014.

En la página 119 de la citada agenda aparecían dos columnas y debajo de cada una de ellas, anotaciones. En una se leía IN y en otra, OUT. La Guardia Civil concluyó que debajo de la primera había entregas de dinero negro para el partido. Bajo la segunda estarían las salidas de esas cantidades para los gastos del partido. 

La relevancia de aquella agenda es vital para la causa. El hallazgo precedió a otro que permitió demostrar la caja B del partido porque provocó la autorización del registro de la casa del gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez. En el suelo de un armario, como si se hubiera deslizado desde una prenda, los agentes de la UCO hallaron el pendrive que delataba el sistema de financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre. 

El suegro Villar Mir, también exculpado

La exculpación de López Madrid por Anticorrupción apunta a que el yerno seguirá el mismo camino que Juan Miguel Villar Mir, para quien la Sala de lo Penal dictó el archivo de la causa con la oposición de Anticorrupción. En realidad, con la oposición de las fiscales que llevaban el caso en aquel momento porque su compañero Cabaleiro se limita a repetir en su escrito de conclusiones las que presentaron los jueces de la segunda instancia: “Examinados los libros y archivos del órgano de gobierno de OHL, no consta que ninguna de las referidas operaciones mercantiles, por su escasa cuantía, fueran elevadas al conocimiento o consideración del Consejo de Administración de OHL ni de ninguna de sus comisiones”.

Contra López Madrid, escribe Cabaleiro, “lo cierto es que únicamente son dos hechos que le vincularon a la presente [pieza 9], a saber, las posibles existencias de entregas de dinero en efectivo de forma irregular para financiar las campañas electorales del Partido Popular de Madrid, así como aportaciones a a Fundescam a través de su hermano y de la empresa OHL”.

“Sin embargo, la única aportación que ha podido ser claramente constatada en cuanto que existió sin duda alguna, fue la realizada a la fundación Fundescam por Germán López Madrid (20.000 euros) en el año 2007”. A continuación añade que se desconoce por qué el hermano de Javier López Madrid hizo aquello y que tampoco se puede responsabilizar a los familiares de los actos de otros.

López Madrid e Ignacio González, también exculpado en la citada pieza 9, se sentarán en el banquillo por otra ramificación del caso Púnica, la del tren a Navalcarnero. La Fiscalía pide en este caso seis años de cárcel para López Madrid por el amaño de la adjudicación de las obras en beneficio de OHL. Se le atribuyen delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo, cohecho activo y falsedad en documento mercantil.

En el escrito de Anticorrupción, de 860 páginas, aparece López Madrid mencionado en otros puntos no vinculados a los indicios contra él. Por ejemplo cuando dice que fue el exconsejero delegado de Indra, expresidente de PRISA y actual presidente de Openbank, Javier Monzón, quien le presentó a Alejandro de Pedro, el gurú informático de la trama. Se da la circunstancia de que el sumario de Púnica recoge conversaciones entre López Madrid y De Pedro en las que el primero le traslada al segundo la dirección exacta de la doctora Elisa Pinto. Por el acoso a la mujer y las lesiones que le produjeron, López Madrid será juzgado junto al comisario Villarejo.

El complicado ejercicio de reivindicar el legado político de sus antecesores y poner al tiempo distancia con los casos de corrupción que les afectan se antoja ahora más estéril que nunca para Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. La explosión del enfrentamiento entre ambos ha exhibido los elementos propios de la tradición política del PP madrileño: sospechas de corrupción, que en el pasado acabaron en la Audiencia Nacional; espionaje y juego sucio entre las facciones del partido; y un enconamiento propio de aquella máxima según la cual el adversario está fuera pero el verdadero enemigo habita en otra planta de la sede central.

Desde que Alberto Ruiz Gallardón aceptara el sacrificio que le propuso Aznar para cambiar la Comunidad de Madrid por el Ayuntamiento y salvar la capital para la derecha, ningún presidente autonómico ha salido pacíficamente de la Puerta del Sol, dejando al margen los breves periodos de Ángel Garrido y Pedro Rollán, puente entre los mandatos de Cifuentes y Díaz Ayuso. 

El ‘aguirrismo’ incubó dos grandes casos de corrupción, Púnica y Lezo, que reparten aún condiciones jurídicas entre los máximos responsables políticos de su época, empezando por Esperanza Aguirre, que sigue imputada. El también expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González está procesado, muy cerca del banquillo. El que fuera secretario general del PP madrileño y consejero de Justicia e Interior y de Presidencia, Francisco Granados, condenado y, dependiendo de las piezas todavía abiertas, procesado o imputado. Todos ellos dimitieron de sus cargos por la presunta corrupción del PP madrileño.

Los dos grandes protagonistas del actual enfrentamiento en el PP eran jóvenes con proyección en aquel partido. Ninguna acusación se ha dirigido nunca contra ellos, en lugares secundarios cuando se produjeron los hechos, siempre con un puesto de trabajo en el partido o en las instituciones gobernadas por este. Pero la magnitud de esas macrocausas ha hecho emerger en ellas el nombre de Isabel Díaz Ayuso, recordándole para quién trabajaba y a la sombra de qué dirigentes hizo carrera política. 

En el inabarcable sumario de Púnica, Isabel Díaz Ayuso aparece intercambiando mensajes con uno de los principales imputados de la causa, el experto informático y conseguidor Alejandro de Pedro. A él recurrió la actual presidenta madrileña para tapar en Internet noticias negativas de Ignacio González, emblema de la corrupción del PP madrileño, según desveló elDiario.es.

Absuelto en las urnas

Una información más reciente de este medio explica cómo Díaz Ayuso intentó adquirir dominios de Internet de las candidaturas ciudadanas próximas a Podemos para obstaculizar el crecimiento de este partido en la Comunidad de Madrid. La prueba aparece en el teléfono de Beltrán Gutiérrez, el gerente del PP local y gestor de su caja B. Gutiérrez traslada en 2014 y 2015 a Díaz Ayuso las indicaciones de Ignacio González. El mismo Ignacio González acusado de saquear la empresa pública del Canal de Isabel II y que ha sido convenientemente borrado de la memoria del PP. De aquellas prácticas Díaz Ayuso y Casado aprendieron que en Madrid estos asuntos no tienen graves consecuencias electorales: en la Comunidad las urnas siempre absuelven al PP, que se mantiene en el poder desde hace 23 años.

Ignacio González denuncia que su caída en desgracia política y judicial es fruto de la actuación del comisario Villarejo, de quien dice actuó a las órdenes de sus “adversarios políticos”. González fue apartado de su aspiración a ser candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2015 después de que dos medios de comunicación publicaran fragmentos sesgados de un encuentro entre González y el comisario a cuenta de su ático en Estepona. El expresidente madrileño considera también que el arranque de la operación Lezo es una maniobra de Villarejo con datos manipulados, por encargo de sus enemigos. 

Hablar de la trayectoria más turbia de Ignacio González es remontarse a un viaje en 2008 a Colombia, que sirvió para dar nombre a la operación Lezo (por el marino español en la batalla de Cartagena de Indias), y a un vídeo de González portando unas sospechosas bolsas que nunca se demostró que contuvieran dinero. Aquel vídeo fue grabado por un detective contratado por Julio Gutiez, dueño del Grupo Mira. Se trata de la misma agencia a la que han recurrido trece años después los enviados de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) que querían conocer todos los extremos del contrato y la comisión del hermano de Díaz Ayuso. 

Espionaje con dinero público

Pero si hay un ejemplo que plasme hasta dónde pueden llegar las familias del PP madrileño en una refriega, ese es el denominado ‘caso espías’. Tras diez años de investigación no hubo condenados, pero quedó demostrado que antiguos policías y guardias que trabajaban para la Comunidad de Madrid, en la consejería de Francisco Granados, hicieron seguimientos y vigilancias al vicealcalde Manuel Cobo, el vicepresidente Alfredo Prada y la diputada regional Carmen Flores. Todos los espiados pertenecían al círculo de Alberto Ruiz Gallardón, con quien Aguirre mantenía un abierto enfrentamiento. Cobo bautizó a aquel grupo de miembros de las Fuerzas de Seguridad y a sus jefes polílicos como “gestapillo”.

Otro de los perseguidos, Alfredo Prada, era el titular de la Consejería de Justicia. Por entonces, Prada contaba con un joven asesor, expresidente de Nuevas Generaciones de Madrid, que aún no había acabado la universidad y ya era también diputado autonómico. Su nombre es Pablo Casado. Pronto, en 2009, Casado dejó la política madrileña para saltar a la nacional y actuar como jefe de gabinete del diputado Manuel Pizarro. Luego repetiría en ese desempeño con José María Aznar. 

La única expresidenta de las mencionadas que a día de hoy no tiene cuentas con la justicia es Cristina Cifuentes, a quien el juez Manuel García Castellón archivó la causa en el caso de la financiación irregular del PP madrileño el pasado mes de abril. Cifuentes se sentó en el banquillo por el caso máster, pero resultó absuelta. En 2018 se vio obligada a dimitir por intentar justificar con un documento falsificado que realizó los citados estudios en la Universidad Rey Juan Carlos.

Los últimos días de su mandato se vieron empañados por un hecho donde vuelve a confluir la cloaca del mundo de la seguridad que gravita en torno al PP. Fue publicado un vídeo en el que la expresidenta aparece robando unas cremas en un supermercado próximo a la Asamblea de Madrid, cuando ejercía como vicepresidenta. Nunca se supo el origen del vídeo ni tampoco por qué una grabación de una cámara de seguridad había estado casi una década en un cajón esperando su momento.

José Luis Caro Vinagre (Bilbao, 1970) lleva a la Guardia Civil “bordada en el corazón”. Así lo dijo Francisco Granados, el cabecilla de las 'ranas' de Esperanza Aguirre, desde el banquillo de la Audiencia Nacional en 2017. Para entonces, este antiguo asesor de la Comunidad de Madrid formaba parte del fallido 'caso espías' y ese día era juzgado por participar en el chivatazo que casi da al traste con la operación Púnica contra la corrupción política. Su último encontronazo con los tribunales se ha traducido en una sanción firme de dos años por participar en el soplo que casi consigue que Francisco Granados y sus socios esquivaran a la Justicia. Una actuación que, según el instituto armado, causa “sonrojo y bochorno”.

La relación de Caro Vinagre con Francisco Granados arranca en 2007, cuando coge una excedencia en la Guardia Civil y es nombrado asesor técnico de seguridad en la Comunidad de Madrid a las órdenes del entonces consejero de la todopoderosa presidenta Esperanza Aguirre. Los dos, según la Justicia, estaban “estrechamente unidos”. Por aquel entonces la trama Púnica ya estaba en funcionamiento y David Marjaliza, supuestamente, colaboraba con Granados escondiendo sus ganancias en Suiza.

Los tres volvieron a cruzar sus caminos en septiembre de 2014. Un guardia civil, José Manuel Rodríguez Talamino, se acercó a Francisco Granados en plenas fiestas de Valdemoro y le dijo que él mismo había puesto cámaras y micrófonos en la puerta del despacho de su socio Marjaliza. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil les pisaba los talones y Granados, asustado, quiso saber más. Fue Caro Vinagre, amigo de Granados, quien consiguió más información de Talamino y se la trasladó directamente a su antiguo jefe en la Comunidad de Madrid.

El resultado es conocido y ha sido sentenciado en firme. Granados y Marjaliza aprovecharon el chivatazo para intentar borrar pruebas, el empresario quemó un carrito de la compra lleno de documentación comprometida un día de niebla y los investigadores tuvieron que ponerse manos a la obra para evitar que meses de pesquisas se fueran a la basura. Los acusados empezaron a hablar en clave por teléfono, la Guardia Civil tuvo que quitar los dispositivos de grabación fingiendo que necesitaban ir a Alicante a perseguir a un narco que no existía y, al final, se plantearon incluso adelantar las detenciones para evitar males mayores.

El soplo se tradujo en una condena firme de dos años de cárcel para Granados y para su informante Talamino, y otra de año y medio de prisión para José Luis Caro Vinagre, pena confirmada en 2019 por el Tribunal Supremo. Poco después era la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, quien firmaba una sanción de dos años de suspensión de empleo que acaba de ratificar la sala de lo militar del Tribunal Supremo después de pasar por el Tribunal Militar Central y la propia ministra de Defensa, Margarita Robles.

Los magistrados de la sala de lo militar del Supremo, según ha podido comprobar elDiario.es, acaban de rechazar el último recurso presentado por Caro Vinagre y han declarado firme la sanción, dejando caer que incluso podría haber sido suspendido durante más tiempo. El Supremo confirma que, con su participación en el chivatazo, causó “un grave daño” a la Guardia Civil, incurrió en “un desdoro incompatible con su condición de miembro de la Guardia Civil” y, añade que “se ha generado una más que relevante afección a la Benemérita”.

Fuentes de la Guardia Civil explican a elDiario.es que ninguno de los dos agentes condenados en esta sentencia siguen ejerciendo dentro del cuerpo. Talamino, explican estas fuentes, perdió su condición de guardia civil después de ser condenado a dos años de cárcel y cuatro más de inhabilitación para ejercer un empleo o cargo público. Caro Vinagre también está actualmente fuera de servicio.

“Suscita sonrojo y bochorno”

El expediente del caso revela los términos en los que la Guardia Civil impuso la sanción a este agente en excedencia. La resolución que intentó combatir sin éxito en los tribunales le acusaba, según dice el texto, de desarrollar “una actividad criminal que suscita sonrojo y bochorno, así como evidente escándalo ante la sociedad”. La corrupción, dice la resolución que le sanciona, es un asunto con una “especial sensibilidad social existente hacia este tipo de conductas delictivas relacionadas con asuntos relacionados con la corrupción”.

El Tribunal Militar Central desarrolló estas críticas, recordando en su sentencia ahora confirmada: “Es exigible a los miembros de la Guardia Civil, en atención a la delicada misión que les está encomendada y a la cuota de poder coactivo del Estado que les incumbe, un ”plus“ de moralidad y una ejemplaridad en su actuación social”. Además, de Caro Vinagre recuerdan: “Durante su situación de excedencia, y reiteramos sin haber sido dado de baja en el Cuerpo, ejercía de asesor técnico de seguridad para una administración pública, contratado por la Comunidad de Madrid, esto es, realizaba funciones para la administración autonómica, con lo que su conducta resulta en mayor medida reprochable”. 

Púnica, espías y Manuel Moix

El chivatazo no sentó nada bien ni en la Guardia Civil ni en la Fiscalía Anticorrupción. Durante el juicio, el antiguo jefe del agente Talamino no hizo esfuerzos por ocultar la decepción que sentía por la actuación del condenado. Ante el tribunal, lamentó: “Era uno de los míos, era una mancha muy difícil de borrar, nos ha costado mucho”. Una decepción equiparable a la que expresó una de las fiscales del caso durante el interrogatorio a Talamino en fase de instrucción.

La representante del Ministerio Público fue clara durante la comparecencia del agente. Se dirigió directamente al acusado: “¿Es consciente de lo que puede suponer pasar una información, y la decepción para la gente que lleva tantas horas trabajando?”. Talamino bajó la voz y se limitó a reconocer que se trata de “un golpe muy bajo”. Ese día Caro Vinagre desveló cómo fue su conversación con Granados al día siguiente del primer capítulo del chivatazo: “Me llama el señor Granados, y en la puerta de mi casa me comenta que 'Tala' le ha contado que han puesto unas cámaras y unas medidas de seguridad”.

En ese momento, Caro Vinagre tenía dos frentes abiertos con la Justicia. Además de la causa del chivatazo, el guardia civil en excedencia estaba pendiente de juicio por el conocido como 'caso espías' y la acusación de usar medios públicos de la Comunidad de Madrid para espiar a rivales políticos de Esperanza Aguirre: el vicepresidente Alfredo Prada y el vicealcalde Manuel Cobo.

El caso fue archivado y reabierto varias veces con José Luis Caro Vinagre acusado de formar parte de un comando de espías al servicio de la Comunidad de Madrid para vigilar a altos cargos y quedó exonerado de cualquier responsabilidad penal en 2019, mientras era condenado por el soplo de la Púnica. Un jurado popular estableció que no había ni una prueba fiable de que hubiera existido este grupo de asesores de seguridad dedicados al espionaje y fue entonces cuando José Luis Caro Vinagre pasó al ataque.

Primero, tal y como explicó la agencia Europa Press, exigió a la Audiencia Provincial de Madrid que tanto la Comunidad como el PSOE, acusaciones en el caso, fueran condenadas a pagar las costas del proceso después de ser absueltos. Después cargó contra Manuel Moix, en ese momento fiscal jefe de Madrid y posteriormente fiscal jefe Anticorrupción. Se querelló contra él acusándole de falsear datos del caso para favorecer los intereses políticos del PP, pero el Supremo rechazó la denuncia. La acción judicial fallida, incluso, acusaba a Moix de pertenecer a una organización criminal.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dado por concluida la instrucción de una de las piezas de la denominada “trama Púnica”, la número 7, que investiga el pago de comisiones ilegales a cambio a cambio de contratos para fiestas municipales a través de la empresa Waiter Music.

Procesa por delitos de tráfico de influencias y prevaricación a quince personas, entre otros al “cerebro” de la trama, el que fuera secretario general del PP en Madrid Francisco Granados y a los responsables de los municipios afectados, entre los que se encuentra el exsenador del PP David Erguido. Se archiva la investigación para más de treinta personas que estaban imputadas en este procedimiento.

La investigación se ha centrado en las adjudicación presuntamente irregulares de contratos públicos a la empresa Waiter Music y otras sociedades propiedad de José Luis Huerta para la organización de fiestas populares en varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid como son verbenas y festejos populares en cinco Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid como son Valdemoro --donde Granados fue alcalde-- Algete, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio y Móstoles.

En octubre de 2020, en un último impulso a las investigaciones de esta pieza octubre, Erguido declaró ante el juez que en su etapa como concejal de Algete no se dedicó a la contratación ni a pagos para los festejos municipales y ha descargado esa responsabilidad en los técnicos del ayuntamiento porque él se dedicaba sólo a temas políticos.

No obstante, el magistrado ya contaba con el testimonio del exgerente de la compañía investigada, ya fallecido, quien en 2018 admitió ante el juez que organizó actos electorales del PP en Madrid y que no los cobraba, al mismo tiempo que resultaba adjudicatario de la planificación de las fiestas de numerosas localidades de la comunidad.

El empresario también declaró que el PP le llamaba para organizar este tipo de actos porque le debían mucho dinero y porque además consideraba que lo hacía muy bien, y que cuando había algún cambio de color político en los municipios madrileños y pasaba a gobernar el PP, aprovechaba para visitar al nuevo equipo para ofrecer sus servicios de organización de eventos.

Imputados

Además de contra Granados y Erguido, el auto al que ha tenido acceso Europa Press ordena llevar a la fase intermedia de la causa a los ex alcaldes de Valdemoro José Carlos Boza y José Miguel Moreno; los ex ediles de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz; los ex regidores María Ángeles Herrera (Ciempozuelos); Inmaculada Juárez (Algete); y Carlos Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio).

Completan la lista de procesados la ex directora general de la empresa pública Arpegio Carmen Plata; los ex jefes de Gabinete del Ayuntamiento de Valdemoro María del Carmen Benito Saldaña y Alfredo Ovejero; y los ex concejales Rafael Marín (Ciempozuelos), Ricardo Godino (Moraleja de Enmedio) y Lorenzo del Triunfo (Algete).

Según los indicios recogidos, el empresario Huerta, dada su experiencia previa, y especialmente el trato que ya había mantenido con diferentes municipios, especialmente con Valdemoro, en la época de alcaldía de Granados, logró en 2003 la adjudicación de los festejos en Valdemoro (por 773.186,88 euros), Móstoles (por 262.000,00 euros), San Martín de la Vega (135.349,96 euros), Torrejón de Velasco (por 100.172,96 euros), Moraleja de En medio (104.565,12 euros), Humanes de Madrid (87.491,47 euros) y, con menor importancia, los de Arroyomolinos, Villanueva de la Cañada y Titulcia (7.948,32 euros, 17.527,60 euros, 17.469,88 euros y 17.527,60 euros respectivamente). Logró seguir contratando con ellos de forma ininterrumpida y con cantidades similares en algún caso hasta 2013.

Fuera de dichos clientes, también logró facturación de empresas constructoras (FCC, Acciona, Ferrovial Dragados, Sacyr y OHL, así como de Metro de Madrid, por cuantía total conjunta de 571.311,61 euros, de los que 198.940,00 eran de Metro de Madrid, S.A.).

Operativa

En muchos casos, según el juez, tal relación comercial fue posible debido a que los diferentes expedientes administrativos, cuando los había, estaban predeterminados para que fuesen adjudicados a Waiter o a empresas controladas directa o indirectamente por Huerta.

Así, se podía contar con una empresa que, por una parte, realizaba los festejos de conformidad y, por otra y muy importante, “proporcionaba unos servicios extras a requerimiento de los políticos, bien en extras decididos al momento de las fiestas, bien prestando servicios privados para actos del PP municipal, bien para alguno de sus miembros que no eran nunca facturados”.

Huerta realizaba dichos encargos para seguir contando con el favor de los diferentes políticos municipales en la adjudicación de festejos, asumiendo el coste de algunos directamente y, en otros casos, presentando facturas por un importe mayor al propio del beneficio mercantil del coste de los actos.

Durante su declaración ante el juez, Huertas de refirió también fiestas del Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, que engloba a los 42 municipios que componen la sierra norte, unas actividades de las que también habla el auto del juez.

Otro epígrafe apunta al concierto “Night of the proms”, un evento que se viene organizando en distintos países europeos y del que se encaprichó el exdirigente madrileño.

Para la organización del concierto se destinaron 225.000 euros de subvención pública y 80.000 euros que provenían de la empresa pública de gestión del suelo Arpegio y el empresario aseguró al juez que perdió 75.000 euros en esta operación. También aseguró haber pagado los gastos de la comunión de la hija de la exalcaldesa de Algete Inmaculada.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha tumbado la pretensión del juez del caso Púnica de no indagar en los presuntos amaños entre Francisco Granados y empresarios de la trama previos a la aprobación en 2004 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valdemoro, localidad madrileña considerada epicentro de este caso de corrupción y de la que el exdirigente del Partido Popular fue alcalde entre 1999 y 2003.

El juez Manuel García Castellón rechazó el pasado 13 de enero una batería de diligencias sobre contratos y adjudicaciones en ese municipio fechados antes de 2004, que es cuando se aprobó el citado plan urbanístico. Acordó considerar prescritos esos hechos al estimar que “ya habrían transcurrido más de 15 años desde su presunta comisión”, que es el límite que marca la ley.

Las fiscales del caso, Carmen García Cerdà y Teresa Gálvez, presentaron entonces un recurso de apelación al entender que el magistrado había incurrido en un “error manifiesto” al hacer el cálculo porque el plazo de prescripción debería empezar a contar desde que comenzó la investigación judicial, el 18 de junio de 2014.

En un auto fechado este miércoles, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional da la razón a las representantes del Ministerio Público. Entienden los magistrados que esa presunta actividad delictiva “se inicia y concreta en los años 1999 y 2000” y que no puede considerarse prescrita porque es “sólo una fase” de una actividad “prolongada en el tiempo” y cuyo plazo de prescripción se interrumpió al admitirse la querella que dio lugar a estas pesquisas el 18 de junio de 2014.

La Fiscalía sostiene que cuando Granados llegó a la alcaldía, en 1999, se puso en marcha una “estrategia” dirigida a “repartir” el suelo entre los empresarios implicados con el objetivo de “enriquecerse” con las plusvalías de los desarrollos urbanísticos contenidos en nuevo el PGOU que finalmente se aprobó en 2004. Esas plusvalías, sostiene el Ministerio Público, deberían haber repercutido en el Ayuntamiento.

Las fiscales manejan indicios de que en la tramitación del PGOU de Valdemoro se llevó a cabo un “plan preconcebido” por parte de sus impulsores y con respaldo de los técnicos municipales que tenía como objetivo “realizar una modificación sustancial de terrenos que previamente, y con conocimiento de las normas del futuro plan, habían sido adquiridos por empresas vinculadas a los responsables del mismo, produciéndose con ello una importante ganancia patrimonial en los empresarios correspondientes”.

A juicio del Ministerio Público, limitar la investigación a los hechos posteriores a 2004 supondría “desconectar” ese hecho concreto de toda otra serie de actuaciones delictivas que “antecedieron” y siguieron en años posteriores a la aprobación del PGOU y que son constitutivas de delitos continuados de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohechos, malversaciones y prevaricaciones.

Esta cuestión abrió una brecha entre el juez del caso y las fiscales. El magistrado les advirtió de que las diligencias solicitadas -autorizadas ahora por la Sala de lo Penal-eran de un carácter tan “genérico” que “podrían dar lugar a una suerte de prospección general” que es “incompatible con los fines de la investigación”. Las fiscales respondieron afeando al instructor haber declarado prescritos los hechos “de forma genérica e imprecisa” y a través de una actuación un “incongruente” que dejaba la causa en una situación de “total inseguridad jurídica”.

La Fiscalía Anticorrupción considera que la decisión del juez del caso Púnica de no indagar en los presuntos amaños entre Francisco Granados y empresarios de la trama previos a la aprobación en 2004 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valdemoro dejará sin investigar un “expolio con poco precedentes”. Las fiscales del caso han presentado un recurso de apelación al auto del 13 de enero en el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón rechazó un batería de diligencias sobre contratos y adjudicaciones en esa localidad madrileña fechados antes de 2004, que es cuando se aprobó el citado plan urbanístico, por considerar prescritos esos hechos.

En esa resolución, el magistrado también advirtió a las fiscales Carmen García Cerdà y Teresa Gálvez de que sus solicitudes eran de un carácter tan “genérico” que “podrían dar lugar a una suerte de prospección general” que es “incompatible con los fines de la investigación”. En su escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, las fiscales responden que el instructor ha declarado prescritos los hechos “de forma genérica e imprecisa”, que su actuación es “incongruente” y que la decisión deja la causa en una situación de “total inseguridad jurídica”.

La localidad madrileña de Valdemoro es el epicentro de esta trama de corrupción. Francisco Granados fue su alcalde entre 1999 y 2003, cuando Esperanza Aguirre le dio el puesto de consejero de Transportes. La Fiscalía sostiene que cuando Granados llegó a la alcaldía se puso en marcha una “estrategia” dirigida a “repartir” el suelo entre los empresarios implicados con el objetivo de “enriquecerse” con las plusvalías de los desarrollos urbanísticos contenidos en nuevo el PGOU que finalmente se aprobó en 2004. Esas plusvalías, sostiene el Ministerio Público, deberían haber repercutido en el Ayuntamiento.

Las fiscales manejan indicios de que en la tramitación del PGOU de Valdemoro se llevó a cabo un “plan preconcebido” por parte de sus impulsores y con respaldo de los técnicos municipales que tenía como objetivo “realizar una modificación sustancial de terrenos que previamente, y con conocimiento de las normas del futuro plan, habían sido adquiridos por empresas vinculadas a los responsables del mismo, produciéndose con ello una importante ganancia patrimonial en los empresarios correspondientes”.

A su juicio, limitar la investigación a los hechos posteriores a 2004 supondría “desconectar” ese hecho concreto de toda otra serie de actuaciones delictivas que “antecedieron” y siguieron en años posteriores a la aprobación del PGOU y que son constitutivas de delitos continuados de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohechos, malversaciones y prevaricaciones.

El juez García Castellón acordó considerar prescritos los hechos anteriores a 2004 al estimar que “ya habrían transcurrido más de 15 años desde su presunta comisión”, que es el límite que marca la ley. Las fiscales sostienen que el magistrado incurrió en un “error manifiesto” al hacer el cálculo porque el plazo de prescripción debería empezar a contar desde que comenzó la investigación judicial, el 18 de junio de 2014. “Para los hechos del año 2000, los 15 años se cumplirían en 2015”, sostienen. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tendrá la última palabra al respecto.

Las ruinas del “aguirrismo” protegerán a la expresidenta madrileña o terminarán por derrumbarse sobre ella. Sus dos principales escuderos en sus diferentes gobiernos y en el PP regional, Ignacio González y Francisco Granados, y el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela han sido citados como imputados por varios delitos, al igual que Esperanza Aguirre. El juez Manuel García Castellón los señala como “ejecutores” del plan de la expresidenta para financiar con fondos públicos sus campañas electorales. Los tres deberán decidir si niegan la tesis armada por la Fiscalía Anticorrupción o elevan la responsabilidad hacia Aguirre. Granados ya ha prometido tirar de la manta.

El juez tomará declaración a los investigados entre el 16 de septiembre y el 18 de octubre. En días previos declararán varios testigos: a diferencia de los imputados, la ley les obliga a a decir la verdad ante el tribunal. La última de las imputadas en comparecer ante el juez será Esperanza Aguirre, a la que el magistrado sitúa indiciariamente al frente de la trama de financiación irregular del PP madrileño y sus cuatro fuentes de dinero público: las partidas de publicidad de las Consejerías, los contratos del departamento de Transportes y Presidencia de Granados, las subvenciones concedidas a Fundescam y las licitaciones de las empresas públicas ICM y Canal de Isabel II pilotadas por González.

La tesis que ha defendido Esperanza Aguirre durante todos estos años de escándalos asociados a sus gobiernos quedó acuñada en una frase que ella misma pronunció en febrero de 2016 cuando compareció en la comisión parlamentaria de la Asamblea de Madrid que investigaba la corrupción. Ante las preguntas de Ciudadanos aseguró: “Como mi carrera política es larguísima, 33 años, y al haber nombrado a 500 altos cargos dos me han salido rana, el señor Granados, que ya sabe usted donde está [en aquel momento encarcelado en la prisión madrileña de Estremera] y Alberto López Viejo, que no está porque no se ha abierto juicio oral”.

En aquel momento todavía no se había encarcelado en la Operación Lezo, que indaga sobre el saqueo del Canal de Isabel II, a Ignacio González, a quien Aguirre designó como sucesor tras tenerlo como mano derecha en el Gobierno y en el PP. Cuando se decretó la prisión para su heredero político, la expresidenta al borde del llanto, anunció su retirada de la política lamentando su responsabilidad “in vigilando”. Según ella, su único fallo fue no haber detectado nada raro en su entorno más cercano.

Ahora el futuro de Esperanza Aguirre, acusada de gravísimos delitos por la Audiencia Nacional, está en manos de los que han sido sus colaboradores más estrechos y de los que renegó una vez que cayeron en desgracia. Los testimonios de González y Granados, enemigos íntimos desde sus luchas de poder en el Gobierno madrileño, servirán para adjudicar la participación de cada cual en los siete delitos que el juez Manuel García Castellón detalla en el segundo auto que concreta los indicios contra cada uno de ellos. Se trata de cohecho, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral, “sin perjuicio que pueda revelarse la comisión de cualquier otro”, escribe el magistrado.

El plan de Aguirre al frente del Gobierno de Madrid contemplaba incluir en los pliegos de los contratos que se adjudicaran desde las Consejerías una cláusula que obligaba a las empresas a abonar hasta un 1% del presupuesto total para contratar publicidad de la obra pública adjudicada, una cantidad que acababa en el Partido Popular de Madrid. Esa cláusula, escribe el juez, fue aprobada por la Comisión Delegada de Asuntos económicos, en la que participaban la propia Aguirre, junto a González y Granados.

“También formaba parte su principal impulsor, el consejero de Sanidad Manuel Lamela”, añade el magistrado. Lamela ha reconocido ante la Guardia Civil la asistencia de Aguirre a reuniones en las que se acordó beneficiar al empresario Daniel Horacio Mercado, quien ha admitido su participación en la financiación irregular del Partido Popular de Madrid.

La citación de Ignacio González en esta pieza del caso Púnica complica aún más su situación procesal, que ya incluía una ristra de acusaciones por delitos tan graves como organización criminal en el caso Lezo que lo llevó a prisión. La Audiencia Nacional considera que el Gobierno de Aguirre modificó la Ley para que todas las adjudicaciones en concepto de publicidad pasaran por la Vicepresidencia de González en la Comunidad. El expolítico deberá confirmar si, como cree la Audiencia Nacional, la decisión de que “la máxima instancia decisoria” fuese su Vicepresencia era parte del plan de desvío de fondos públicos de Aguirre y que aún así ella tenía “intervención en las decisiones sobre qué empresa debía ser la adjudicataria”.

García Castellón considera que Esperanza Aguirre decidió que “el protagonismo” de González y Granados en la trama se viera reforzado cuando, en diciembre de 2004, un año después de alcanzar el poder, reformó la estructura de su Gobierno. Granados sería consejero de Presidencia; González, vicepresidente primero y portavoz del Gobierno. Esos cambios suponían “un nuevo reparto de las empresas públicas de la CAM para dejar en manos de aquellos las que manejaban mayor presupuesto y eficacia en la recaudación”.

“Extravagancia” con la empresa de suelo público

Esperanza Aguirre adjudicó a Francisco Granados la gestión de todo el suelo público de la Comunidad de Madrid. Para ello, integró la firma Arpegio en su Consejería de Presidencia. Años más tarde devolvería la empresa pública a la Consejería de Medio Ambiente. Se trató, dice el magistrado, de “una itinerancia extravagante de ida y vuelta que mantuvo el control de la entidad pública siempre en manos de Franciso Granados”.

En febrero de 2018, Granados acudió a la Audiencia Nacional y comenzó a señalar a dos de sus principales enemigos en el PP, Ignacio González y Cristina Cifuentes, como “muñidores” de la financiación irregular del PP. En aquella declaración también implicó a Esperanza Aguirre, al tanto de todo, según él. El pasado 17 de agosto, elconfidencial.com publicó que Francisco Granados aguardaba la decisión del juez García Castellón sobre la solicitud de imputación de sus tres antiguos compañeros para “apuntalar” ante el juez el relato que los incrimina.

Hay un cuarto subordinado de Aguirre cuyo puesto resulta clave para explicar la presunta trama de financiación ilegal. Se trata del gerente del Partido Popular en Madrid durante la etapa investigada, Beltrán Gutiérrez, el guardián de la caja B. Los indicios se acumulan contra él como pieza clave de la trama, siempre a las órdenes de Aguirre, según la investigación. La expresidenta “habría autorizado al gerente del partido a desarrollar una continuada dinámica de falsedad electoral en la presentación de las contabilidades ante la Cámara de Cuentas de Madrid por las campañas autonómicas 2007 y 2011 y ante el Tribunal de Cuentas por la campaña a las elecciones generales del 2008”, dice el juez en este segundo auto.

Gutiérrez ya ha comparecido tres veces en la Audiencia Nacional como investigado: en sus dos comparecencias ante el primer instructor de la causa, Eloy Velasco, negó la existencia de una contabilidad paralela. Ante Manuel García Castellón se negó a declarar en septiembre de 2017 y el juez no lo ha incluido en esta ronda de citaciones. El exgerente también guardó silencio en su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados.

“El uso continuado, durante tres campañas, de numerosos artificios para ocultar gastos electorales y pagarlos con flujos de fondos de distintas fuentes, ajenas a las cuentas electorales, trasciende de la decisión y dominio del administrador electoral del Partido Popular de la Comunidad de Madrid”, escribe el juez sobre Beltrán Gutiérrez.

Isabel Díaz Ayuso, hoy inmersa en el debate de investidura para ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid, fue el nexo con los hermanos De Pedro, los gurús informáticos de la trama Púnica. Lo dijo uno de ellos ante el juez y lo confirmó Francisco Granados durante una de sus comparecencias como imputado. Aseguró que la candidata del PP mantenía con Alejandro de Pedro una relación “habitual” y que fue su contacto para “todo lo que haya hecho” el empresario en las campañas electorales del PP: “Esa relación, quien la tenía con el señor De Pedro, la relación diaria, era la señora Ayuso”.

Así lo detalla el exsecretario general del PP de Madrid en los audios de su declaración, a los que ha tenido acceso eldiario.es. Un informe de la UCO ya apuntó a que Díaz Ayuso había mantenido contacto a través de emails con Alejandro de Pedro –el empresario encargado de mejorar la reputación de los políticos del PP y al que presuntamente se pagaba desviando fondos públicos–, y así lo confirmó su hermano Adrián en los audios publicados por VozPópuli. A esa versión se suma la declaración que prestó Granados el pasado 27 de abril de 2018 y de la que hasta ahora solo se conocían algunos extractos.

Esa declaración describe a Díaz Ayuso como una pieza fundamental en el equipo de comunicación de Esperanza Aguirre durante la campaña electoral de 2011. Ella, por su parte, siempre ha dicho que su nexo con la expresidenta regional –pendiente de que el juez decida sobre su imputación– fue como el de “cualquier militante”.

“Esa parte de gestión la llevaba la señora Ayuso”

No fue hasta casi el final de la declaración de Granados cuando salió el nombre de Díaz Ayuso. Lo sacó el abogado del empresario Javier López Madrid, quien recordó al principal imputado de la trama Púnica que en una declaración anterior había manifestado que la ahora candidata del PP era la persona designada por Isabel Gallego –exdirectora de Comunicación de Esperanza Aguirre– “para llevar el día a día con Alejandro de Pedro”. “Por supuesto”, contestó Granados a la pregunta de si se reafirmaba en esas palabras.

El abogado le pide en ese punto que se extienda. Es ahí cuando Granados relata el papel que tenía Gallego, imputada en el caso, al frente de la comunicación del PP y del Gobierno regional, y añade: “Una de las patas de esa comunicación es la gestión de redes sociales y esa parte de gestión la llevaba la señora Ayuso, por lo tanto dependiente en ese asunto de la señora Gallego”.

Es en ese punto cuando Granados detalla la relación del empresario de Púnica con Díaz Ayuso: “Todo lo que haya hecho el señor De Pedro en relación al Partido Popular en las campañas electorales, que alguna cosa ha hecho, no sé si mucho o poco, pero alguna cosa se le ha contratado, esa relación, quien la tenía con el señor De Pedro, la relación diaria, era la señora Ayuso”. En la siguiente respuesta Granados matiza que no sabe si esa relación era “estrecha” o se producía todos los días, pero que lo que está claro es que era “habitual”.

La declaración de Granados se produjo cuando Díaz Ayuso era viceconsejera del Gobierno de Cristina Cifuentes. En una entrevista el pasado domingo en El Mundo, la candidata del PP rebajó al mínimo sus contactos con los hermanos De Pedro: “La única vinculación que puedo llegar a tener es por cuestiones técnicas. No tenía ninguna responsabilidad”. Según Granados, fue la encargada de canalizar los contactos con los empresarios de la Púnica que se encargaban de los trabajos de reputación online.

Díaz Ayuso jamás ha sido llamada a declarar por el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga la trama Púnica, ni como imputada ni siquiera como testigo. Desde su equipo explican a eldiario.es que De Pedro ya ha dicho que Díaz Ayuso “no había sido nunca su cliente”. “Ella solo hacía su trabajo como periodista colaborando de manera voluntaria con la comunicación online del partido”, insisten, y añaden que Granados está intentando relacionarla con la trama Púnica sin éxito.

En declaraciones a El Confidencial este miércoles, Granados ha asegurado a través de su abogado que “mezclar a Ayuso en supuestas irregularidades es absurdo además de injusto” y que no tuvo poder de decisión. No hay constancia de que el exsecretario general del PP de Madrid haya pedido rectificar sus declaraciones en la Audiencia Nacional, en las que señaló a Ayuso en dos ocasiones: febrero -en esa ocasión a preguntas de su propio abogado- y abril de 2018.

“Vengo aquí a contar cómo funcionaba esto”

El abogado de López Madrid también se interesó por la relación de Díaz Ayuso con Isabel Gallego, que como imputada había declarado que apenas habían trabajado juntas. “Yo no vengo aquí a desmentir a nadie, vengo aquí a contar los papeles y cómo funcionaba esto”, dice el expolítico, antes de relatar que toda la comunicación dependía de la jefa de prensa de Aguirre: “Por lo tanto la señora Ayuso, en sus funciones en el partido, reportaba a la señora Gallego”.

Gallego acudió a declarar poco después y negó haber nombrado a todas las personas de prensa, como sostiene Granados. Mencionó varias excepciones, como el jefe de prensa de Alfredo Prada, el responsable de los actos del propio Granados, o la propia Díaz Ayuso. De hecho, afirmó que la ahora candidata no dependía orgánicamente de ella, sino de la Secretaría de Comunicación del PP de Madrid. Por entonces estaba dirigida por Lucía Figar, también imputada por los contratos para trabajos de reputación online.

Por su parte, Gallego fue imputada en el caso en el año 2015, cuando era directora de Publicidad y Medios en la campaña de Esperanza Aguirre para la Alcaldía de Madrid. Ella siempre ha negado su implicación en los contratos de reputación online y señaló a Salvador Victoria y Borja Sarasola como los responsables de idear un sistema para que los trabajos se pagaran con dinero público. Aseguró que se desembolsaron más de 150.000 euros.

En su declaración, Granados dijo no conocer el detalle de los trabajos de Ayuso ni si esta podía conocer cómo se pagaba a Alejandro de Pedro. “No tengo la menor idea”, dice el expolítico, que añade que no le consta que al empresario se le pagase “de una manera que no fuera a través de transferencia y talón bancario”. Lo cierto es que los investigadores sostienen que parte de esos trabajos se pagaron mediante el desvió de fondos públicos, utilizando empresas públicas de la Comunidad de Madrid, y en ocasiones hasta en metálico.

Granados también ahondó en su comparecencia en el papel que desarrolló Díaz Ayuso durante las campañas que, según la Fiscalía y la UCO, se pagaron en B. En aquellos comicios que dieron la mayoría absoluta a Esperanza Aguirre, con la que la próxima presidenta regional dice que tenía una relación como la de cualquier militante, Díaz Ayuso fue “una persona activa en las campañas electorales, sin duda”.

Díaz Ayuso ha pronunciado este martes su discurso de investidura en la Asamblea de Madrid. En él ha prometido rebajas fiscales y “tolerancia cero con la corrupción”, en una intervención en la que ha empleado citas de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes para definir su proyecto. Este miércoles será el turno del resto de partidos, antes de la votación en la que PP, Ciudadanos y Vox sumarán sus parlamentarios para elegirla como nueva presidenta de la Comunidad de Madrid.

El exconsejero y secretario general del PP en la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, no cometió delito de injurias y calumnias al afirmar que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, estaba al corriente de la caja B del PP. Así lo ha determinado la Audiencia Provincial de Madrid, que ha archivado el recurso de apelación que presentó Cifuentes sobre su querella contra Granados al no observar delito alguno en la actuación del exsecretario general del PP.

La sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid confirma así la resolución del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid que, el 3 de mayo de 2018, archivó la causa contra Granados.

Cifuentes se querelló contra el dirigente del PP después de que este dijera al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón –en el marco de la investigación de la trama Púnica– que la presidenta conocía una caja B del PP madrileño con la que se pagaron gastos de “refuerzo” de las campañas de Esperanza Aguirre en 2007 y 2011 y que tenía una relación muy estrecha con el expresidente de Madrid Ignacio González.

Tal como ha adelantado la Cadena Ser, la Audiencia tampoco ve delito en que Granados haya afirmado que la expresidenta madrileña tenía conocimiento de estos hechos delictivos porque mantenía una relación con González.

Confirman la resolución del juzgado de instrucción

La titular del juzgado de instrucción que archivó el asunto consideró que la conducta del querellado no era encuadrable en los delitos que se le atribuyen, que son los de trato degradante y calumnias e injurias.

La jueza no compartía las razones que invocaba Cifuentes para sustentar la atribución del delito de trato degradante en los comentarios de Granados sobre “la pretendida relación sentimental (de dos personas casadas y con familia) y unos pretendidos delitos para atentar contra la dignidad de una mujer”.

“Dichos comentarios no pueden valorarse como una acción de descalificación, humillación, envilecimiento de la entidad o gravedad exigida por la doctrina y la jurisprudencia del tipo penal” de trato degradante, según la resolución, en tanto que argumentó que el exconsejero se limitó a relatar y repetir ante los medios de comunicación lo que había declarado ante la Audiencia Nacional.

Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid comparte el criterio de la juez instructora y entiende que las razones que llevaron a esta a archivar las actuaciones son las mismas y que, como ya dijo ésta, los hechos denunciados no son constitutivos de delito.

De esta forma, la causa queda archivada de forma definitiva, puesto que no cabe recurso contra el auto de la Audiencia Provincial.

Esta misma semana la Fiscalía de Madrid ha pedido tres años y tres meses de cárcel para Cifuentes por sus maniobras para salvar su “honorabilidad” y “reputación” en el marco del caso Máster. La expresidenta exhibió un documento falsificado para defender que había obtenido su máster en la Universidad Rey Juan Carlos sin ningún tipo de irregularidad.