“Recuerdo que en una de las entrevistas para el libro, una mujer defendía ser autónoma para Glovo y Deliveroo porque podía usar el tiempo como quisiera. El ejemplo que puso era que eso le permitía no trabajar en los últimos meses de su embarazo y después del parto. Es decir, no sabía que si trabajase por cuenta ajena podría acogerse a una baja por maternidad. Vivía disociada de los derechos laborales”.

Durante la presentación del libro de autoría colectiva Nómadas digitales y precarización algorítmica (Editorial Catarata, 2026), Francisco Fernández-Trujillo (uno de sus coordinadores) contaba esta anécdota para ilustrar una de las principales estrategias que el conocido como capitalismo de plataforma utiliza para crear o reforzar nuevas formas de dominio: el desconocimiento.

No es la única herramienta, ya que este ensayo aborda también cómo determinadas compañías que en un principio prometieron el auge de una nueva economía colaborativa han acabado aprovechándose de la inestabilidad laboral, las situaciones de ciudadanía irregular, la soledad y el aislamiento vinculados a los procesos migratorios, las ansias de ascenso social, la acuciante necesidad de vivir experiencias o hasta la crisis habitacional que las propias plataformas fomentan para precarizar aún más las condiciones de los segmentos más vulnerables de la población.

Con esta premisa, el libro que Jorge Sequera y Ana Santamarina coordinan junto a Fernández-Trujillo (muy vinculado al Grupo de Estudios Críticos Urbanos o GECU) parte de un sugerente planteamiento que analiza desde varias perspectivas a lo largo de sus siete capítulos: ¿y si este nuevo modelo de capitalismo de plataforma provoca que los nómadas digitales y los expats, pese a proceder mayoritariamente de países del norte global o clases sociales más elevadas, sucumban y acepten la precarizacion (aunque adopte otros modos) como lo hace un rider o una trabajadora de limpieza que encuentra clientes con una aplicación?

Disponibilidad y 'fomo', dos armas digitales para que el trabajo colonice la vida

La definición recogida en el ensayo presenta este capitalismo de plataforma como “la reorganización de la acumulación en torno a plataformas digitales que intermedian, controlan y monetizan interacciones entre usuarios, proveedores y anunciantes”. Y añaden: “Lejos de producir valor mediante el trabajo directo, estas plataformas se apoyan en el control de infraestructuras digitales y la extracción de rentas asociadas a su posición de intermediación privilegiada”.

Pablo Martínez, coautor de un capítulo sobre los expats en Barcelona, resume este rediseño y estas nuevas formas de control con un ejemplo: “El propietario de varias viviendas en la ciudad que alquilaba a través de Airbnb ponía un mensaje en el grupo de WhatsApp que tenía con las mujeres que trabajaban limpiándolos y arreglándolos cuando uno se quedaba vacío. La primera en responder, se ocupaba de ello”.

Así, herramientas asociadas originalmente a una idea de flexibilidad han acabado derivando en que los empleos asociados a ellas requieran una disponibilidad total y permanente. Todo ello además en una especie de pirámide o interrelación de aplicaciones, como muestra el uso cruzado de Airbnb y WhatsApp en el caso anterior. Por regla general, una mujer migrante en Barcelona que trabaja para hospedajes de Airbnb necesitará acaparar cuanto más recursos económicos pueda, así que si puede acumular horas y encargos tratará de hacerlo, aunque ello implique estar pegada al móvil (tiempo que no computa como dedicación laboral cuando realidad lo es).

Lo curioso es que ambas dinámicas operan también en el caso de los expats o los nómadas digitales, como ilustra una idea del ensayo: el fomo (feor of missing out o miedo de quedarse fuera) como vía para tolerar la precariedad a través de una imposición de la movilidad, que se presenta como un concepto atractivo. Además, el tiempo libre o de ocio se difumina con lo laboral a través de espacios de coworking. Para muchos migrantes temporales procedentes de países con “pasaporte fuerte” (Europa, Estados Unidos o Australia), los espacios de trabajo constituyen también los únicos espacios de socialización. Y si hay alternativa es también digital, apps sociales como Meetup o de citas, como Tinder. De ellos salen sus amigos y las actividades que llevan a cabo, muchas veces de espaldas a los ritmos habituales de la ciudad. De hecho, Martínez cita el lamento de estos habitantes pasajeros ante su imposibilidad de “vivir la ciudad real”.

La idea de desarraigo resuena tanto en el colectivo de empleadas de plataformas digitales de trabajos domésticos como en el 'coworking'

Cristina Barrial Berbén — Doctoranda en la Universitat Oberta de Catalunya y coautora del libro 'Nómadas digitales y precarización algorítmica'

Los autores analizan los expats como “aquellos extranjeros altamente cualificados que se trasladan fuera de sus países por iniciativa propia para conseguir un empleo de forma temporal”. El origen foráneo, la alta cualificación profesional o de nivel académico y el carácter no definitivo de su migración son las características claves. La conceptualización presenta algunas diferencias con la de nómada digital, “un profesional de las tecnologías de la información, contratado por una empresa del norte global, que trabaja a distancia en ciudades de países con menor poder adquisitivo, aprovechándose de los costes de vida más asequibles, aunque el concepto se ha ampliado para incluir otras profesiones de prestación de servicios virtuales como contables, profesores o traductores”. El expat sería, por tanto, un nómada digital con una posición laboral algo más estable y una implantación en el territorio un poco más prolongada.

La presentación en la librería Traficantes de Sueños de Madrid, el pasado miércoles 15 de abril, ahondó en la conexión y las divergencias entre ambas figuras, así como el vínculo con otras formas de precarización algorítmica. Formas diversas de lo que Fernández-Trujillo describe como un “dominio capitalismo contemporáneo, que pasa a su vez por el dominio del espacio y de la vida cotidiana en la on demmand city [ciudad bajo demanda]”.

Del análisis a la respuesta: fantasías que se desvanecen y vínculos cotidianos

Hay dos cosas especialmente interesantes en Nómadas digitales y precarización algorítmica. Por un lado, su variedad de objetos de estudios y enfoques. Van del mercado inmobiliario y el choque de modelos urbanos en la Castellana de Madrid a la etnografía de las empleadas dedicadas a los cuidados o las labores del hogar en Milán, pasando por las diversas formas de control plataformizado en la cadena logística o la siniestra ideología detrás del proyecto de atracción tecnológica en Málaga (cuya concepción aparentemente innovadora estaría en realidad mucho más cerca de las lógicas del pelotazo habituales en el sector de la construcción).

La segunda gran baza de la obra es su afán por construir respuestas y alternativas. Lo hacen, primero, desmitificando conceptos y sacando a relucir flaquezas del modelo. Así, Pablo Martínez cuenta que “el deseo de ser nómada digital dura muy poco y atañe a una edad muy concreta alrededor de los 26 o 27 años”. En las entrevistas de cara a su estudio, elaborado junto a Jose Mansilla y Guillermo Aguirre, detectaban que la mayoría de expats que rebasaban la treintena mostraban cierto hartazgo y ganas de abandonar ese inestable estilo de vida. Un proceso en el que tiene mucho que ver “el afecto”: “Llegan por el deseo y se van por la soledad. Los nómadas también tienen sentimientos”, comenta entre las risas del público.

El deseo de ser nómada digital dura muy poco y atañe a una edad muy concreta alrededor de los 26 o 27 años. Llegan por el deseo y se van por la soledad. Los nómadas también tienen sentimientos

Pablo Martínez — Investigador en el Grupo de Estudios Urbanos de la UNED y coautor del libro 'Nómadas digitales y precarización algorítmica'

Cristina Barrial Berén, que analiza las plataformas de trabajo doméstico junto a Alina Dambrosio y Ana Santamarina, apunta que “la idea de desarraigo resuena tanto en este colectivo de empleadas como en el coworking”. Destaca que el sector de los cuidados con intermediación digital se encuentra “infraestudiado” por mucho que esté creciendo “exponencialmente” en el sur de Europa, muy asociado a regímenes migratorios. La digitalización se introduce así en un sector “que no es nuevo ni cool”, al tiempo que nació y se expande “desregulado, feminizado y racializado”. Opera por tanto “sobre una carencia histórica”.

Ahora bien, esa limitación arrastrada es también una fuente para superar las imposiciones del capitalismo de plataforma. La existencia de potentes sindicatos u organizaciones ligadas al trabajo doméstico en Madrid, a diferencia de la otra urbe analizada (Milán), crea sinergias entre trabajadoras que les permiten conocer y responder a los abusos de plataformas como Cuideo. También organizarse para protegerse de potenciales clientes peligrosos. E incluso abandonar la plataformización al dar con nuevos clientes. Aunque, curiosamente, esta vía aparece en muchas ocasiones sin ninguna otra mediación externa. Así, una limpiadora o una cuidadora que contactan con alguien con una aplicación acaban por seguir quedando o por ser contratadas al margen de la herramienta digital.

Otra derivada es que las plataformas crean una especie de enemigo común en un tipo de empleo tradicionalmente diseminado, en el que cada trabajadora tenía su propio jefe. Un fenómeno similar al de los VTC, que es precisamente el sector del capitalismo de plataformas con mayor implantación sindical. Así, los negocios digitales no están exentos a las resistencias cotidianas que contestan a otros modelos de dominio laboral anteriores.

Las plataformas digitales y las “clases emergentes o distorsionadas”

Eso no significa, como apunta Fernández-Trujillo, que no haya que atender a las “condiciones contextuales de las propias plataformas”. Más bien, que “no hay ni mucho ni poco nuevo en el capitalismo de plataforma respecto del neoliberalismo”. Jorge Sequera, director de GECU, apela asimismo a la vuelta a modelos previos del capitalismo a través de maniobras como los puestos de nómadas digitales asociados a una alternativa habitacional en un contexto de crisis de la vivienda: “No es solo una cuestión de que la ciudad constituya un salario en sí mismo, aunque sea emocional. Es que si te despiden, además, puedes perder la casa. Eso crea una doble vinculación y una vuelta atrás a la vinculación entre patrón y obrero por parte de estas plataformas de control algorítmico y disciplinamiento de los cuerpos”.

Lo más preocupante es la desmovilización, de la que las plataformas se han alimentado por sus propias condiciones ligadas a la temporalidad o la informalidad extrema. Por suerte aparecen maneras de agencia que atraviesan el sabotaje o el apoyo mutuo

Francisco Fernández-Trujillo — Profesor en la Universidad Complutense de Madrid y coautor de 'Nómadas digitales y precarización algorítmica'

“Hay dinámicas que se asientan en la estructura de clases. Es el caso de la logística en toda su extensión, desde los contenedores en Países Bajos hasta la última milla que cubren los riders. Continuidades que se repiten en el trabajo doméstico, en el que la disponibilidad y el uso del tiempo construyen una relación que se da en términos de clase”, expone Francisco Fernández-Trujillo. A través de estos planteamientos, esboza la idea de “clases emergentes o distorsionadas”. Puede que enfade a más de un marxista clásico, pero cree que es una poderosa herramienta en el actual momento político: “Vemos sujetos que ceden tiempo a una nueva clase media que lo usa para consumirlo. Para subcontratar, para descansar, producir o para una reproducción social más agradable, como puede ser cuidar de tu hijo en vez de planchar”.

Una novedad que también genera “formas sindicales nuevas”, como declara el investigador a Somos Madrid: “Lo más preocupante es la desmovilización, de la que estas plataformas se han alimentado por sus propias condiciones ligadas a la temporalidad o la informalidad extrema. Por suerte aparecen maneras de agencia que atraviesan el sabotaje o el apoyo mutuo. Ha costado, pero ahora hasta los sindicatos más tradicionales se están volcando en un modelo que no les beneficia, pero que deben tener en cuenta. Están empezando a lograr victorias sindicales o legislativas”.

Desde punto de vista, la Ley Rider o la reciente regularización extraordinaria de migrantes “no acaban con la precarización”, pero “eso no quiere decir que sean reformas negativas”. Sobre todo si consiguen revertir o mitigar las características de inestabilidad que los gigantes digitales aprovechan para alienar a sus empleados: “La respuesta de la plataforma es adaptarse y eso puede resultar en trabajos menos precarios”.

El sindicato CCOO ha convocado para los días 24, 25 y 26 de abril la primera huelga de ámbito estatal en el sector del reparto a domicilio para rechazar el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por Glovo, que prevé la extinción de 750 contratos en España, y reclamar mejoras en las condiciones laborales.

La central extiende al ámbito nacional el paro que había convocado en el seno de la empresa, con el que querían denunciar el “abuso laboral que sufren los trabajadores de la empresa tras el proceso de laboralización”.

La secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Lucía Sesma, y el presidente del comité de empresa de Glovo en Pamplona, Pablo Díaz, han explicado en una rueda de prensa que la huelga busca frenar los despidos y abrir la negociación de un convenio colectivo con condiciones actualizadas.

CCOO denuncia que, pese al aumento de la representación de los trabajadores en la empresa, con más de 80 representantes en todo el Estado, continúan produciéndose incumplimientos de la normativa laboral y vulneraciones de derechos. Según ha señalado el sindicato en un comunicado, la empresa ha justificado el ERE por causas organizativas y productivas, al considerar que su modelo actual de reparto es “ineficiente” y ha provocado una caída en la calidad del servicio. Pero la central rechaza estos argumentos al entender que el modelo de negocio se ha basado en la precariedad de las plantillas.

“Estamos trasladando por todo el Estado las reivindicaciones que iniciamos en Navarra: no al ERE y no a los despidos”, han señalado los representantes sindicales, al tiempo que han reclamado mejoras laborales para la plantilla.

Tres jornadas de paros

El calendario de paros prevé una primera jornada el viernes 24 de abril, de 20:00 a 00:00 horas; una huelga de 24 horas el sábado 25; y un último paro el domingo 26 entre las 12:00 y las 16:00 horas.

CCOO ha criticado además la intención de la empresa de externalizar el servicio y sustituir a trabajadores por flotas, y ha exigido el “fin de la persecución” a los repartidores que se organizan para defender sus derechos.

Al respecto, el comité de empresa ha recordado que la huelga es un derecho fundamental de los trabajadores y que su ejercicio no puede conllevar sanciones ni represalias, aunque sí una merma salarial, y que no es necesario comunicar previamente a la empresa la decisión de secundarla.

El sindicato considera que el seguimiento de la huelga evidenciará la dependencia de la empresa de la fuerza de trabajo de la plantilla y el impacto económico que puede generar la paralización del servicio.

CCOO ha convocado una huelga en Glovo los próximos 24 de abril a partir de las 20 horas, 25 de abril durante todo el día y 26 de abril de 12 a 16 horas, así como una concentración ante la sede de la empresa en Madrid el 15 de abril a las 18.30 horas, ha infomado el sindicato en un comunicado este martes.

La central ha señalado que el paro se debe al “abuso laboral que sufren los trabajadores de la empresa tras el proceso de laboralización” que finalizó en 2025, según recoge Europa Press.

Ha añadido que “lleva meses tratando de negociar y mejorar las condiciones laborales” y ha lamentado que la empresa lleva a la plantilla a una situación que ha definido de límite.

Entre las demandas de la organización están el cese en la aplicación de un “régimen sancionador ilegal” y que la empresa renuncie al expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 750 personas.

Además, reclama la negociación de un convenio colectivo propio y que la empresa “cese en su empeño de obstaculizar el proceso de organización de las personas trabajadoras a través de las elecciones sindicales que se llevan realizando desde hace unos meses”.

El sindicato Comisiones Obreras ha presentado una denuncia contra la empresa de reparto Glovo ante la Audiencia Nacional por el despido “masivo” de trabajadores que asegura que la compañía está ejecutando sin acudir al mecanismo legal para ello, el despido colectivo, lo que se considera un “ERE encubierto”. Además, Glovo presentó un ERE formal para 750 trabajadores hace unos días.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha acusado este jueves a la empresa de llevar a cabo un “despido masivo, superando con creces los 30 despidos en los últimos 90 días, que requieren la presentación oficial de un expediente regulador de empleo (ERE) justificado y negociado” con los representantes de los trabajadores, recoge el comunicado.

Según apuntan fuentes sindicales a elDiario.es, CCOO tiene contabilizados “más de 200 despidos” en los últimos meses solo en dos provincias de España.

En el sindicato precisan no obstante que el cálculo para el ERE se tiene que hacer del pasado 18 de diciembre hasta ayer, 18 de marzo, que fue cuando CCOO registró la demanda. En este periodo, las extinciones de las que tienen conocimiento exceden “con creces” los límites legales, indican.

El sindicato denuncia la “enésima estrategia que Glovo está siguiendo para desprenderse de su responsabilidad” como empleador de sus mensajeros, desde que el pasado julio pasó a un modelo laboral, acorralado por las causas judiciales.

“Está queriendo imputar a la plantilla su nefasta gestión empresarial, que provoca una pérdida de cuota de mercado, y busca un modelo de utilización de trabajadores de usar y tirar en función del volumen de pedidos”, denuncia el sindicato.

CCOO explica que se están imputando problemas ajenos a los empleados para justificar despidos disciplinarios, como en los casos en los que Glovo está alegando tiempos de espera excesivos y ausencias en días de alerta climatológica de nivel rojo, informa EFE.

El sindicato explica que, si gana el juicio, el sindicato intentará que se anulen esos despidos disciplinarios y la readmisión de esas personas a sus puestos, con el abono de los salarios de tramitación.

Además del uso “interesado” de esos despidos, CCOO ha criticado el uso del “periodo de prueba de un mes como salvaguarda de contratación temporal encubierta”, ya que supuestamente se alega que este no ha sido superado en la mayor parte de las nuevas contrataciones.

También estudia la externalización de la plantilla

El sindicato estudia, además, acudir a los tribunales para denunciar la externalización de la plantilla a través de “numerosas empresas fantasma” consideradas flotas por parte de Glovo y que, a juicio de CCOO, suponen una cesión ilegal de trabajadores.

El pasado 11 de marzo, la empresa anunció un ERE que afectará a unos 750 repartidores de toda España, tras asegurar que se ha visto obligada a reducir su servicio en diferentes provincias para “evitar su cierre”. La primera reunión negociadora del ERE tendrá lugar el próximo 27 de marzo, indican en CCOO a elDiario.es.

La reestructuración llega menos de un año después de que la compañía pasara a contratar a sus repartidores para adaptarse a la Ley Rider, con más de 14.000 repartidores contratados directamente, según señalaron entonces fuentes de la compañía a EFE.

elDiario.es ha contactado a Glovo a propósito de la demanda por ERE encubierto, pero no ha recibido respuesta en el momento de publicación de esta información.

El pasado 1 de marzo se despidieron de Telefónica 2.700 trabajadores, la primera oleada de empleados que saldrán de la multinacional de telecomunicaciones en el ERE acordado con los sindicatos para un total de 5.800 trabajadores, entre sus diferentes filiales. Es el despido colectivo más numeroso de los últimos tiempos en España, que en el inicio de 2026 ha sumado un goteo de expedientes de extinción en varios sectores y empresas. El último, en Iberia, para 996 trabajadores, anunciado este jueves; el penúltimo en Glovo (750 despidos); y con especial incidencia en la industria, como en Tubos Reunidos (301). Ahora, todas las miradas se dirigen a la nueva guerra de Oriente Medio, de momento con una gran incertidumbre sobre su alcance y consecuencias.

A falta de datos oficiales, que todavía no se han publicado, elDiario.es ha recopilado en los dos primeros meses del año los datos de los despidos colectivos que han trascendido a la esfera pública. Las causas que figuran son las alegadas por las empresas, que no siempre coinciden con los motivos que denuncian los sindicatos.

En total, al menos hay 11.000 trabajadores afectados por estos ERE, un dato elevado en los últimos años –en los que España vive un contexto de fuerte crecimiento económico y de aumento del empleo a niveles récord– y que está muy marcado por el abultado expediente de Telefónica. 

Los despidos colectivos recogidos en la tabla responden a los problemas específicos de algunas empresas (como Castilian o Mediapro) así como de ciertos sectores, como la siderurgia (Tubos Reunidos, Metal Group). Además, otros ERE son fruto de decisiones estratégicas de las compañías, incluso cuando tienen una buena situación económica y con beneficios en sus cuentas, como puede ser el caso de Nestlé y Coca-Cola.

Así, el ERE de Telefónica, que la compañía ha enmarcado en su nuevo Plan de Restructuración para mejorar su “eficiencia” y ha contado con un acuerdo con la parte sindical, es el más numeroso.

Le sigue, en términos absolutos, el que acaba de anunciar Iberia. La aerolínea ya trabajaba con la idea del ERE, al que finalmente ha puesto cifra este jueves. La compañía ha planteado a los sindicatos un expediente de regulación de empleo voluntario para 996 trabajadores, que afectará a varios colectivos: 106 pilotos y 137 tripulantes de cabina, 305 operarios de mantenimiento, 243 de producción en tierra y 205 de las áreas corporativas. La dirección justifica la medida en la necesidad de renovar determinados perfiles, en el marco del proceso de transformación recogido en su Plan de Vuelo 2030.

Otro de los más numerosos es el de Glovo, para 750 repartidores. La multinacional anuncia un ERE menos de un año después de abandonar el modelo de riders autónomos, cercada por múltiples causas judiciales. El sindicato CCOO ya ha advertido que rechazará el despido colectivo, mientras denuncia además la existencia de un “ERE encubierto” en una lluvia de despidos individuales en los últimos meses. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha afirmado que no tolerará “ningún chantaje” de Glovo y ha anunciado que el Ministerio tomará “todas las medidas” que pueda en este ERE.

El cuarto de mayor volumen es el despido colectivo de Pepsico, que supondrá la salida de unas 400 personas de la multinacional por la externalización del servicio de distribución y que se ha saldado con un acuerdo con la parte trabajadora, para mejorar las condiciones de salida, especialmente de los trabajadores de avanzada edad.

Todavía en fase de negociación, y en pleno conflicto con los sindicatos, se encuentran los otros dos ERE más cuantiosos: el de la empresa de call center Majorel, con 329 salidas, que golpea especialmente a su centro de Salamanca y en el que los sindicatos denuncian una posible deslocalización de trabajo a países más baratos en mano de obra, y el de Tubos Reunidos, para 301 empleados en las fábricas de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia).

Este último contempla el cierre de la acería, medida que rechazan los sindicatos por considerar que deja la empresa en una situación crítica para el futuro, por lo que han anunciado una huelga indefinida y están pidiendo a las autoridades que medien para evitar estas salidas en una empresa que ha recibido en los últimos años “más de 112 millones de euros de financiación pública para garantizar su viabilidad hasta 2026”, denuncia el sindicato LAB.

La parte trabajadora también se opone al ERE anunciado por la empresa química Solvay, para 77 empleados de su fábrica de Torrelavega (Cantabria), tras recibir más de 30 millones de euros de dinero público en el PERTE de Descarbonización, denuncia CCOO.

Entre los ERE más significativos por su impacto proporcional figuran el de Metal Group, finalmente para la totalidad de su plantilla –de unas 180 personas– de las plantas de Lebario (Abadiño) y Legutio, en Euskadi, que echarán el cierre tras la marcha de su principal cliente, Volkswagen, que el año pasado optó por trasladar sus pedidos a China. En algunos casos, la afectación territorial es muy pronunciada, como los alrededor de 200 despidos en International Paper ante la clausura de las plantas de Valls y Montblanc (Tarragona), así como la de Griñón (Madrid).

También destacan por su peso relativo el ERE de AzkoNobel, que se ha saldado con el despido de 101 personas de la planta de El Prat de Llobregat (Barcelona) –la antigua Industrias Titan–, la mitad de la plantilla; el de Telefónica, con unas 5.800 salidas en España que suponen alrededor del 33% de los trabajadores de la multinacional; y el de Avatel, que alcanza a 290 trabajadores, un 24% del total.

Además, algunos despidos colectivos están anunciados, pero aún sin cifra ni ubicación de los centros de trabajo afectados por los despidos, lo que mantiene la incertidumbre sobre las plantillas. Por ejemplo, es el caso del ajuste global anunciado en octubre por Nestlé, que prevé 16.000 salidas (6% de su fuerza laboral), mayoritariamente en Europa, pero que todavía no ha sido concretado. O del ERE de XPO Logistics, del cual solo ha trascendido que podría alcanzar a a 21 de los 38 que tiene en España.

Entre los últimos despidos anunciados, sobresale el que afecta a 250 personas en Mediapro, de un total de 7.000 empleados, dentro de un plan de reestructuración del negocio tras perder el año pasado su principal contrato, el de la Liga española de fútbol.

ERE en tiempos de bonanza y con una nueva incertidumbre

Dada la falta de datos estadísticos publicados de 2026 por el momento, en los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y en la patronal CEOE indican que no pueden valorar la magnitud de los despidos colectivos del arranque del año. Aunque, con los datos del cierre de 2025 y la percepción de los expedientes que han ido trascendiendo en los primeros dos meses de 2026, la sensación de los agentes sociales no es de alarma.

“Siempre teniendo en cuenta que cada persona en un ERE es algo que no desea nadie y que hay que lamentar, puesto que el interés de toda empresa siempre es poder aumentar su plantilla en la medida de lo posible”, precisan fuentes de la patronal CEOE.

Los sindicatos mayoritarios explican que este año están especialmente atentos a si la inteligencia artificial (IA) empieza a jugar un papel determinante en matera de despidos. Un temor a futuro por el momento, más allá de algunos primeros casos en España y a nivel internacional. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, destacaba hace poco “aún no se ven consecuencias en el mercado laboral ni las temidas oleadas de despidos” como consecuencia de la IA, aunque añadió que la institución estaría “extremadamente” atenta de aquí en adelante.

Sin embargo, el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que ha desatado un nuevo conflicto armado en Oriente Medio, mantiene ahora a todos los actores económicos alerta, con una gran incertidumbre, sobre el propio desarrollo de la guerra y sus posibles consecuencias económicas, que pueden tener un gran impacto en el aumento de los costes energéticos y, como derivada, una nueva crisis inflacionista.

Los agentes sociales recuerdan que por el momento el contexto en España es de crecimiento económico y de auge del empleo, hasta niveles cercanos a récord histórico de casi 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social. A cierre de 2025, hubo 41.200 trabajadores afectados por despidos colectivos, lo que supone un aumento respecto a los últimos ejercicios (37.372, en 2024), pero la mitad de los registrados durante la crisis financiera, en 2012, por ejemplo.

“Cuando la densidad es tan baja, un solo ERE puede alterar toda la estadística”, advierte Javier Pacheco, secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, que recomienda partir de esta consideración antes de interpretar posibles aumentos, como el que resulta del gran expediente de Telefónica, o una especial incidencia territorial, por ejemplo ante el despido colectivo para casi 800 personas de Amazon en Barcelona a finales de 2025.

En UGT sí perciben “un aumento significativo” de los ERE en el sector industrial en este arranque de año, sostiene Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical del sindicato. Este sector es el que habitualmente concentra más número de expedientes, aunque en términos absolutos con frecuencia tengan una mayor afectación de trabajadores los despidos colectivos de los sectores de telecomunicaciones y de banca.

Además de los despidos colectivos, las empresas con problemas también acuden a la otra fórmula de regulación de empleo que se volvió muy popular durante la crisis por la pandemia de COVID: los ERTE. Como medida temporal, implican la suspensión de contratos o la reducción de la jornada de los trabajadores y en 2025 redujeron su número de afectados: 78.300 trabajadores alcanzados por suspensiones (frente a 143.000 en 2024) y 5.400 con reducciones de jornada (8.700 el año anterior).

“Es que estamos en una fase de creación de empleo”, recuerda Javier Pacheco, que considera que la verdadera prueba para saber si los ERTE aumentan su protagonismo frente a los ERE llegará cuando España tenga que enfrentarse a una crisis económica en el futuro. Por el momento, en el Ministerio de Trabajo destacan que sí están funcionando de manera rápida y eficaz para proteger empleos y empresas ante las catástrofes puntuales que ha afrontado el país en los últimos años, como la dana en Valencia.

De momento, hasta que se aclare la magnitud de la guerra en Oriente Medio, casi todas las miradas apuntan a EEUU e Irán. Como punto de partida, los sindicatos y patronal han pactado con Trabajo una mesa para monitorizar posibles efectos en la economía española y evaluar si es necesario tomar alguna medida de protección. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en mandar un mensaje de “tranquilidad” y “confianza” en que el Gobierno desplegará medidas de apoyo y ayudas a empresas y trabajadores si son necesarias.

Glovo ha anunciado un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a “un máximo de 750 repartidores”, ha adelantado El País y confirman a elDiario.es fuentes de la multinacional de repartos a domicilio. El anuncio del ERE se produce en medio de una lluvia de despidos individuales que CCOO ya pretendía denunciar ante la Audiencia Nacional como un “ERE encubierto” y que en el sindicato advierten de que “seguramente” también llevarán a los tribunales.

La multinacional anuncia un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) solo unos meses después de que abandonara el modelo de riders autónomos, en julio, acorralada por varias causas judiciales y de la Inspección de Trabajo por el abuso de falsos autónomos.

“No vamos a permitir ningún chantaje por parte de Glovo ni ninguna otra empresa. En España solo se trabaja con derechos y eso garantiza la Ley Rider”, ha afirmado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras conocerse la noticia.

Glovo dice que es “para evitar su cierre”

“Glovo se ve obligado a reducir su servicio en más de 60 localidades en diferentes provincias de España para evitar su cierre”, indican fuentes de la multinacional. “Para el resto de ciudades, que superan las 800 en toda España, la app de Glovo mantiene de momento su operativa habitual”, añaden estas fuentes.

“Tras esta difícil decisión, la compañía seguirá trabajando para consolidar el modelo operativo y ofrecer la mejor experiencia posible a los usuarios y establecimientos que confían en la app”, añaden en Glovo.

En CCOO, sindicato mayoritario en Glovo en las elecciones que han ido produciéndose desde julio, explican que la compañía ha justificado el ERE por “causas produtivas y organizativas”, no económicas, como podría parecer por su mención al “cierre” de la empresa.

Carlos Sola, adjunto de la secretaría de Acción Sindical de FSC CCOO, advierte de que el sindicato de partida rechaza este nuevo ERE, a falta de que la empresa traslade la documentación que lo justifique, y más en medio de “una vorágine” de despidos individuales que el sindicato ya pretendía demandar por “ERE encubierto”.

Como publicaba este martes elDiario.es, en los últimos ocho meses, varios repartidores han sido despedidos bajo justificaciones como ausencias injustificadas o retrasos en los pedidos. Algunos de ellos, incluso, mientras se encontraban de baja médica.

CCOO sospecha una externalización de la plantilla

En CCOO creen que el ERE anunciado se debe a una intención de “externalizar plantilla” a través de más empresas subcontratas. “Si no, al tiempo”, avisa Carlos Sola, que considera que Glovo no tiene intención de dejar de repartir en estas 60 ciudades afectadas por el ERE (aún por especificarse), sino de hacerlo sin asumir el riesgo de tener plantilla contratada directamente.

El sindicato ya ha advertido de que Glovo está subcontratando a muchos repartidores a través de “empresas o pseudo empresas ad hoc”, expresamente creadas para crear flotas de mensajeros para la multinacional de mochilas amarillas, una relación que en la parte trabajadora piden que la Inspección de Trabajo investigue por si puede incurrir en una cesión ilegal de trabajadores.

“Son trabajadores de usar y tirar, que funcionan casi como trabajadores temporales a disposición de Glovo”, denuncia Sola, que critica que Glovo quiere “poner el jaque el modelo laboral español”, primero con falsos autónomos y ahora con otro tipo de fraudes e irregularidades de la normativa, indica el sindicalista.

Glovo sostiene que en la actualidad tiene alrededor de “21.000” mensajeros en total en toda España, “tanto contratados como a través de empresas terceras”. Es decir, subcontratados. Aunque no precisa la cifra de plantilla directa, en julio la multinacional afirmaba que contrató a unas 14.000 personas. Con esa referencia, el despido colectivo de 750 mensajeros supondría una afectación del 5% de la plantilla.

El fin del modelo de los falsos autónomos en Glovo no ha acabado con la odisea de conflictos laborales que la empresa arrastra desde hace años. En los últimos ocho meses, varios repartidores han sido despedidos bajo justificaciones como ausencias injustificadas o retrasos en los pedidos. Algunos de ellos, incluso, mientras se encontraban de baja médica. “Da la sensación de que tienen más trabajadores de los que necesitan y por eso aplican estas medidas tan estrictas”, sostiene Javier Pérez, repartidor de la empresa en Barcelona.

Pérez, afiliado a CGT, fue despedido en diciembre mientras se encontraba de baja por un accidente laboral. Según la empresa, había acumulado ausencias injustificadas. “Presenté toda la documentación de la baja a tiempo y mi supervisora me dijo que no me preocupase, pero tres días más tarde me llegó una carta de despido por ausencias sin justificar”, recuerda el repartidor, que lleva más de ocho años trabajando para la compañía.

Tras reclamar, Pérez fue readmitido al día siguiente. Pero su caso no es una excepción. Otros trabajadores en Barcelona como Manuel –nombre ficticio para preservar su anonimato– y Jamer Torrado, en Madrid, denuncian prácticas similares. Desde CCOO aseguran que existen casos parecidos por todo el país.

Los abogados Sharjeel Tariq y Francisco Valverde, que representan a varios repartidores de Glovo, afirman que desde el fin del modelo de falsos autónomos han visto aumentar las consultas de trabajadores despedidos. Valverde lleva unos 150 casos de despidos y más de 1.000 reclamaciones de riders por supuestos incumplimientos de derechos laborales. “Parece una estrategia de reducción de plantilla encubierta”, sostiene.

Por su lado, el sindicato CCOO tilda el conflicto de “ERE encubierto”, y está estudiando demandar a Glovo ante la Audiencia Nacional por este motivo. Desde el sindicato recuerdan que artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores considera despido colectivo aquel que afecta, al menos, a 30 trabajadores en un periodo de 90 días.

Aunque Glovo califica estos ceses como despidos disciplinarios, el abogado Tariq sostiene que en muchos casos se producen “sin audiencia previa y sin posibilidad de presentar alegaciones”. Desde su despacho están impugnando estos despidos solicitando su nulidad o, subsidiariamente, que se declaren improcedentes.

Preguntada por elDiario.es, Glovo no ha concretado el número de despidos en los últimos meses y se ha limitado a señalar que “antes de tomar cualquier medida disciplinaria se envían varias notificaciones al repartidor explicando la situación”. Los trabajadores, ha agregado la empresa, pueden presentar reclamaciones a través de los canales de recursos humanos si no están de acuerdo con la decisión.

Glovo ha añadido que un equipo especializado “revisa las reclamaciones y la documentación aportada en todos los casos”. Sin embargo, los trabajadores sostienen que, en la práctica, muchas veces no tienen a quién acudir. “La atención al trabajador es prácticamente inexistente. Todo depende de la aplicación y no hay contacto humano para resolver problemas”, lamenta Torrado.

Los testimonios de los trabajadores

En el caso de Manuel, le despidieron después de tramitar una baja médica de cinco días para cuidar de su madre, que acababa de ser operada. Defiende que presentó toda la documentación en plazo –y así lo ha podido comprobar elDiario.es a través de conversaciones de WhatsApp con su supervisor–, pero, pocos días después, recibió un correo electrónico notificándole su despido por ausencia injustificada. “Estaba de baja y no me dejaron ni alegar”, asevera.

A los pocos días, decidió presentar una demanda. Una semana después, y con la reclamación ya interpuesta, la empresa le llamó para revocar el despido. Manuel les advirtió de que, si querían readmitirle, debían hacerlo de manera formal. Pero la compañía no se presentó al acto de mediación. “Yo no iba a retirar mi demanda sin garantías por escrito. Pueden readmitirte hoy y despedirte mañana por otro motivo”, explica. El repartidor ya tiene fecha de juicio para 2028.

Tanto Javier como Manuel coinciden en otro detalle. Ambos recibieron varios correos electrónicos de la empresa solicitando que justificaran sus ausencias antes de ser despedidos. Sin embargo, sostienen que el enlace para adjuntar la documentación no funcionaba. Avisaron de ello a su supervisora, que les tranquilizó asegurando que ya había comunicado la situación a la empresa –una conversación a la que también ha tenido acceso este medio–. Pero acabaron siendo despedidos igualmente.

El exrepartidor Jamer Torrado fue despedido por supuestos retrasos en entregas de pedidos. “Cuando me cancelaban pedidos, el sistema me registraba automáticamente retrasos, aunque no fuera culpa mía”, relata. Tras acumular 13 incidencias, fue despedido sin posibilidad de justificar lo ocurrido.

Torrado acudió a las oficinas de Glovo para reclamar, pero asegura que allí le dijeron que no podían hacer nada. “El sistema te obliga a hacer unos 2,5 pedidos por hora. Si te envían a un lugar que está a 30 minutos o más, es imposible cumplir esos tiempos”, relata.

Javier Pérez también ha recibido avisos por supuestas demoras. Según denuncia, la empresa no tiene en cuenta factores externos como el tráfico, la lluvia o las obras a la hora de valorar los retrasos.

“Sabemos que la oleada de despidos es generalizada y de gran magnitud, pero no podemos ofrecer una cifra global porque la empresa no la está proporcionando y los registros oficiales no reflejan la realidad actual”, resume Carlos Sola, adjunto a la Secretaría de Acción Sindical de FSC-CCOO.

Ola de demandas contra Glovo

Desde que la empresa acabó con el modelo de falsos autónomos a finales de junio de 2025 para adaptarse a la Ley Rider, Glovo se vio obligada a regularizar la situación laboral de sus repartidores. Entre otras cosas, esto implicó garantizar un mínimo de horas de trabajo para la plantilla, algo que no ocurría bajo el sistema anterior.

El conflicto laboral con el nuevo modelo llega cuando todavía colean en los juzgados las consecuencias de los falsos autónomos. El fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, permanece investigado por un delito contra los derechos de los trabajadores por mantener el modelo de falsos autónomos pese a la sentencia del Supremo que abrió la puerta a que los repartidores fueran empleados.

En su declaración judicial, Pierre alegó que el nuevo modelo buscaba zanjar “discusiones” con la Inspección de Trabajo, pero la realidad no ha sido así: el repartidor Javier Pérez ya ha interpuesto diez denuncias ante la Inspección de Trabajo junto a CGT y otras dos demandas en el juzgado a título individual.

Entre las reclamaciones colectivas presentadas con el sindicato figuran también la falta de equipos de protección (EPI), el limitado margen para elegir vacaciones o la obligación de utilizar el teléfono móvil personal para trabajar. “Si se nos rompe el móvil, no podemos trabajar y tampoco cobramos”, explica.

CCOO también ha denunciado a la empresa por no facilitar información a los comités de empresa. Glovo solo ha proporcionado datos de despidos a uno de los nueve comités existentes en España: el de Navarra. Solo en enero, en esta comunidad fueron despedidas 45 personas.

Otro de los puntos que los sindicatos llevan años criticando es el Convenio de 2006 por el que se rige la actividad laboral de los riders que, desde CCOO, consideran desactualizado. Esgrimen razones como que los sueldos son inferiores al SMI, que el salario variable es casi imposible de alcanzar porque está adaptado al poder adquisitivo de 2006 y que no se compensa correctamente el uso de vehículos, móviles u otros gastos de transporte y averías.

“El modelo de negocio de Glovo, como el de otras plataformas como Uber o Stuart, se basa en crecer rápido, competir agresivamente, asumir que las sanciones llegarán tarde y, cada vez más, aumentar los trabajadores subcontratados”, lamenta Manuel.

Al terminar el modelo de los falsos autónomos a finales de junio, según datos de Glovo, unas 14.000 personas fueron contratadas y otras 6.000 lo hicieron a través de empresas subcontratistas. Para Pérez, “la subcontratación fue una forma de ajustar plantilla sin hacerlo directamente. Además, es un modelo más cómodo para la empresa y dificulta la organización sindical”.

Tanto los abogados como los testimonios consultados coinciden en afirmar que muchos trabajadores no demandan por desconocimiento, falta de tiempo o recursos, especialmente aquellos migrantes que no dominan el idioma o el sistema legal. Entre quienes sí lo hacen, es frecuente que terminen aceptando acuerdos extrajudiciales con la empresa.

Mientras tanto, Glovo acarrea otras demandas de años anteriores, algunas de las cuales ya se han traducido en multas y sanciones, mientras que otras las han ganado en la Audiencia Nacional. “En este sector tenemos que pelear nuestros derechos constantemente”, zanja Manuel.

“Hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos”. Esta frase de Uber Eats anuncia el fin de un modelo de mensajeros sin contrato laboral que ha imperado durante una década en la mayor parte de las grandes empresas del reparto de comida a domicilio en España, como fue el caso de Deliveroo y Glovo. Tras múltiples condenas y multas de la Inspección de Trabajo por el abuso de falsos autónomos, con el esfuerzo y la persistencia de muchas personas, al final fue la mano dura lo que dobló el brazo de las multinacionales, ante el aviso del Ministerio de Yolanda Díaz de demandas ante la justicia penal, con riesgo de cárcel para los directivos.

“Es muy fuerte pensar que ya no habrá falsos autónomos en el sector del delivery. Qué bien, pero, joder, qué tarde”, reflexiona Núria Soto, una de las caras del colectivo de repartidores RidersXDerechos. Fueron los primeros que comenzaron a movilizarse en 2017, en un inicio en Barcelona y después en otras grandes ciudades, para reclamar su condición de trabajadores ante las plataformas.

Sus movilizaciones, que fueron sumando a distintos sindicatos, se transformaron también en denuncias en los tribunales y ante la Inspección de Trabajo, individuales y luego colectivas, que fueron transformándose en un goteo de condenas y de sanciones de la autoridad laboral a estas grandes empresas por el abuso de falsos autónomos.

En 2020, llegaron al Tribunal Supremo, órgano que sienta jurisprudencia en España, que dio la razón a la Inspección de Trabajo y los denunciantes, condenando un modelo de falsa autonomía. Pero ni por esas. Muchos especialistas en Derecho laboral confiaban en que, una vez el Supremo fijara su criterio, las empresas adaptarían sus contratos, pero tampoco ocurrió.

Con ciertos cambios en sus algoritmos, las multinacionales de reparto alegaban que los contratos condenados por la justicia o sancionados por la Inspección de Trabajo eran cosa del pasado, y que las “nuevas” condiciones de sus riders respetaban la legalidad. Y seguían repartiendo con autónomos.

En todo este tiempo, solo una de las grandes compañías de comida a domicilio funcionaba con contratos laborales, Just Eat, que advertía de la competencia desleal del resto de operadores. Esta semana, ha celebrado el fin de autónomos en Uber: “Nos alegra, sin duda, el anuncio de que el resto de plataformas hayan decidido, por fin, seguir nuestros pasos”.

La Ley Rider y la labor incesante de la Inspección

La insumisión de las multinacionales al modelo laboral llevó al Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz a elaborar una norma específica, la llamada Ley Rider, para reforzar el carácter laboral de los repartidores de estas plataformas digitales. Tras una complicada negociación, Trabajo logró pactar la ley tanto con los sindicatos como con las patronales, lo que en su día supuso que Glovo se saliera de la CEOE, y que se aprobó en mayo de 2021.

Trabajo dio tres meses a las empresas para adaptarse al modelo laboral, pero llegó agosto y Glovo y Deliveroo —esta última en sus últimos coletazos antes de marcharse del país— desafiaron la norma manteniendo a sus mensajeros autónomos. Uber Eats, que cambio su modelo con la entrada en vigor de la Ley Rider, recuperó a los autónomos en 2022 siguiendo la estela de Glovo.

El Ministerio de Trabajo insistió en un mensaje, repetido en múltiples ocasiones por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: “Ninguna empresa está por encima de la ley”. El Ministerio intensificó las campañas de la Inspección de Trabajo en este sector, con una incesante lista de investigaciones en todo el país, que suponen el trabajo de meses e incluso años en algunos casos, y que siguieron sumando sanciones contra las empresas.

En los dos últimos años, 2024 y 2025, la Inspección ha regularizado 45.693 riders y ha impuesto sanciones por valor de 224 millones de euros, responden a elDiario.es desde el Ministerio de Trabajo. Además, se ha reclamado a las empresas 185,8 millones de euros en liquidaciones por cuotas impagadas a la Seguridad Social.

“Detrás de este resultado existe un ingente esfuerzo, dedicación y compromiso de las funcionarias y funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tanto inspectores como subinspectores. Hablamos de largas horas de actividad inspectora, de actas de infracción que han abierto camino y, sobre todo, de la defensa sostenida del criterio de laboralidad ante los tribunales, siendo las propias compañeras y compañeros quienes comparecen en sede judicial para sostenerlo, no siempre en un contexto pacífico”, ha celebrado este viernes UPIT (Unión Progresista de Inspectores de Trabajo)

El cambio con la amenaza de cárcel para los directivos

Aunque las multas económicas complicaban la viabilidad de las compañías, las multinacionales mantenían sus estrategias de recursos judiciales y seguían operando con autónomos. Por ello, desde colectivos como RidersXDerechos y también en algunos sindicatos se exigió al Gobierno que se tomaran medidas más duras contra los responsables de la multinacional. En concreto, se puso sobre la mesa la posibilidad de que se persiguiera a los directivos por la justicia penal.

A finales de 2022, el Ministerio de Trabajo dio un paso más: reformar el Código Penal, ampliando los delitos contra los derechos de los trabajadores, con una modificación expresa contra el abuso reiterado de falsos autónomos (entre otras irregularidades). Los delitos pueden ser castigados con penas de hasta seis años de prisión.

Tras ello, a raíz de un informe del Ministerio de Yolanda Díaz, la Fiscalía imputó al fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre. Un día antes de que Pierre se sentara en el banquillo a declarar ante la jueza, Glovo anunció que abandonaba su modelo de autónomos, paso que la empresa ejecutó el pasado julio.

Todas las miradas se dirigieron entonces a Uber Eats, que no modificó su modelo de autónomos. Ese mismo julio, el Ministerio anunció una investigación de la Inspección de Trabajo, que está a punto de concluir, y el pasado diciembre finalmente amenazó a Uber Eats con demandar a la multinacional también ante la justicia penal, como en el caso de Glovo, cuyo proceso judicial está aún por resolver.

Solo unas semanas después, Uber Eats ha anunciado finalmente que abandona el modelo de autónomos, para contratar a los mensajeros a través de la subcontratación de flotas, y “su compromiso con el cumplimiento” de las obligaciones que les correspondan. Fuentes de la multinacional responden que aún no pueden dar una fecha de este cambio, pero “el objetivo es llevar a cabo la transición completa lo antes posible”.

“El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha sostenido siempre que ninguna empresa, sin importar su tamaño, puede sortear la legalidad y los principios democráticos que la sustentan”, reiteran en el departamento de Yolanda Díaz.

En el Ministerio sostienen que “España se sitúa como el lugar donde se demuestra fehacientemente que los nuevos modelos de empleo tienen que respetar los derechos laborales y que el éxito de los nuevos modelos productivos no puede, por tanto, basarse en la explotación, ya sea a través de algoritmos o del uso de la Inteligencia Artificial”.

En RidersxDerechos lamentan “tantos años” de incumplimiento por parte de las empresas, que recuerdan que “han tenido muchas consecuencias para muchas personas” y que tal vez podrían haberse evitado “actuando antes” por la vía penal, reflexionan.

En cualquier caso, “mejor tarde que nunca”, celebra Nuria Soto, que pide que se siga vigilando el sector, “para no ir de un fraude a otro”, en referencia a una subcontratación ficticia a través de flotas de reparto que incurra en una cesión ilegal de trabajadores. Además, RidersXDerechos está centrado ahora en reclamar la regularización de los riders sin papeles, para que las mejoras del sector “puedan llegarles también a ellos”, explica Soto.

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un vehículo que circuló durante cuatro kilómetros con un repartidor de Glovo sobre el capó por la autovía A-7, en el término municipal de Algeciras (Cádiz).

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado 29 de noviembre, cuando en una rotonda próxima a un centro comercial del casco urbano se produjo una discusión entre el conductor de una furgoneta y el repartidor, que circulaba en un ciclomotor con una mochila térmica de la empresa.

Tras ser arrollado por la furgoneta, el repartidor se pudo agarrar a los limpiaparabrisas, quedando sobre el capó del vehículo mientras este recorría unos 4 kilómetros de la autovía sin detenerse.

El conductor del turismo circulaba realizando maniobras bruscas con la intención de arrojarlo a la vía, poniendo así en grave peligro tanto al motorista como al resto de usuarios.

Los agentes del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Algeciras interceptaron el vehículo y detuvieron al conductor por dos supuestos delitos contra la seguridad vial, por conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta y poniendo en peligro la vida de los demás usuarios, y otro por carecer de permiso de conducir por la pérdida total de puntos asignados legalmente.

“Todo venía del CEO”. Así se ha expresado ante el juez la exjefa legal de Glovo. Según han explicado fuentes jurídicas, la antigua directora jurídica de la compañía ha indicado que las decisiones sobre los falsos autónomos las tomaba su fundador y consejero delegado, Óscar Pierre, y que ella se limitaba a ejecutarlas.

Ante el juzgado de instrucción 31 de Barcelona ha declarado este miércoles como testigo la exjefa legal de Glovo en la causa abierta por un delito contra los derechos de los trabajadores contra Pierre por incumplir, según la Fiscalía y la acusación que ejerce el sindicato CGT, las sentencias que obligaban a la compañía a contratar como empleados a los repartidores y terminar con el modelo de falsos autónomos.

La exresponsable legal de la firma, que según fuentes jurídicas ha explicado que no es experta en derecho laboral, ha indicado que las decisiones sobre los sucesivos modelos laborales de falsos autónomos que ha implantado Glovo (solo el pasado mes de diciembre, tras su imputación, Pierre anunció que regularizaría a los repartidores) provenían de Pierre.

Sin embargo, han añadido las mismas fuentes, la jurista no ha detallado ningún correo electrónico o elemento objetivo para corroborarlo. Cuando alguna de las partes ha insistido para saber cómo actuó concretamente la compañía respecto a los repartidores que han comparecido como testigos y que contaban con sentencias firmes que obligaban a Glovo a contratarles, la exjefa jurídica ha expresado consideraciones generales sobre los cambios de modelo laboral tras las sentencias del Supremo.

Según han indicado fuentes jurídicas, la exdirectiva ha explicado que después de la sentencia del Supremo de 2020 que obligaba a que los riders fueran contratados como empleados, se produjo un “apagón” de la antigua plataforma con la que Glovo se relacionaba con los repartidores. Y fue decisión de Pierre, ha agregado, el lanzamiento de la nueva plataforma y del nuevo modelo laboral, que las acusaciones cuestionan que se ajustara a la sentencia del Supremo y que solo sirvió, a su juicio, para mantener los falsos autónomos.

El caso en el que está investigado Pierre llega así a un momento determinante de la instrucción tras una importante victoria de la Seguridad Social frente a Glovo en su pelea judicial millonaria por las cotizaciones sociales de sus repartidores. La Audiencia Nacional tumbó a principios de septiembre una de las sentencias de lo contencioso-administrativo favorables a la multinacional, que avalaron su sistema de 'riders' autónomos pese a la condena del Supremo de 2020, y que Glovo había utilizado como tesis defensiva en la causa de Barcelona.

En plena crisis judicial, Glovo, además del anuncio del cambio en su modelo laboral, ha llevado a cabo una campaña de imagen en la que ha conseguido que el president de la Generalitat, Salvador Illa, y los sindicatos se hicieran una foto con Pierre por los diez años de la empresa el pasado mes de julio, además de fichar a expolíticos de varios partidos para su consejo asesor.

Tras declarar todos los testigos del caso y Pierre como investigada, una acusación popular de un colectivo de 'riders' ha pedido que el caso pase a la Audiencia Nacional, si bien el juez todavía no se ha pronunciado.

Tanto los repartidores como los inspectores de Trabajo que han comparecido han ratificado que Glovo no regularizó a los falsos autónomos pese a las sentencias judiciales que le obligaban a contratarles como empleados, extremo que desmiente la defensa de Pierre, quien asegura que la empresa siempre operó legalmente.

La defensa del consejero delegado de Glovo alega que las inspecciones no versaban sobre requerimientos concretos para que fueran contratados como empleados, tal y como exige el delito contra los derechos de los trabajadores por el que se investiga al fundador de la empresa.

En su declaración como investigado del pasado mes de diciembre, Pierre, alegó ante la jueza que la regularización de las condiciones laborales de miles de 'riders' anunciada por la empresa el pasado mes de diciembre busca la paz social y evitar nuevas “discusiones” con la Inspección de Trabajo, aunque la desligó de su causa penal.

La clave para que la jueza decida si envía o no el caso a juicio será la existencia de suficientes indicios que constaten que Glovo mantuvo su modelo laboral de falsos autónomos después de que el Tribunal Supremo lo declarara ilegal en 2020. Así lo cree la Fiscalía, que acusa al directivo de “suprimir” los derechos de los repartidores.

Durante la pandemia, el capital riesgo sufrió su particular fiebre del oro con los negocios digitales. Esto generó una oleada de liquidez que disparó la capitalización de las grandes tecnológicas y, al mismo tiempo, alimentó a miles de startups con rondas de financiación que impulsaron su expansión. En 2022, hasta once compañías españolas alcanzaron la categoría de “unicornio”, un título reservado a las startups valoradas en más de 1.000 millones de euros. Hoy, apenas cinco podrían seguir reclamando ese estatus y, si se aplica la definición a rajatabla, solo dos.

Una es Factorial, que ofrece una plataforma en la nube para automatizar nóminas, bajas, vacaciones y otros procesos de recursos humanos en pymes. La otra es Recover, una empresa dedicada a la producción de algodón reciclado. Las demás han caído por diferentes motivos: algunas no han podido consolidar su negocio, como Devo o Domestika, que han tenido que despedir a la mayoría de la plantilla y afrontan un futuro incierto; o bien se han hecho mayores, superando el umbral de los 10 años que suele definir a las startups.

De momento, no hay relevo generacional para ellas. Una tendencia que no es exclusiva del mercado español, sino que coincide con el retraimiento del capital riesgo hacia otras inversiones. De los 634 nuevos unicornios creados en el mundo en 2021, se pasó a la mitad un año después y a solo 110 en lo que llevamos de 2025, según datos de la plataforma PitchBook.

¿Qué es lo que ha hecho despegar a Recover y Factorial? ¿Dónde están hoy el resto de empresas españolas que fueron unicornios o llegaron a serlo? Esta es su situación actual:

Factorial

Fundada en 2016 en Barcelona por Jordi Romero, Pau Ramon y Bernat Farrero, Factorial nació como una plataforma para digitalizar la gestión de recursos humanos en pequeñas y medianas empresas. Los tres fundadores ya habían coincidido en Redbooth, un proyecto previo de software colaborativo que ahora tiene su sede en Silicon Valley. Con esa experiencia crearon Factorial, apostando por un producto universal: una herramienta para gestionar nóminas, vacaciones, fichajes y otros procesos de personal en un software en la nube, fácil de usar y pensado para compañías sin grandes departamentos dedicados a este fin.

Hoy Factorial tiene unos 13.000 clientes en 95 países y unos 1.300 empleados repartidos por su sede central de Barcelona, Berlín, Ciudad de México, São Paulo y Miami. Es uno de los casos de éxito más sólidos del ecosistema español, convirtiéndose en unicornio en 2022 tras una ronda de inversión que la valoró en algo más de 1.000 millones. Sus principales retos para seguir creciendo: ser capaz de diferenciarse del resto de opciones del mercado con productos similares y demostrar que puede mantener márgenes y rentabilidad en esta fase de crecimiento internacional.

Recover

Un caso especial dentro del panorama de startups. Un unicornio que nació de Hilaturas Ferre, una empresa familiar textil fundada en 1914 en Banyeres de Mariola (Alicante). La cuarta generación de hilanderos, encabezada por Alfredo Ferre, decidió priorizar el reciclaje textil y las fibras sostenibles a través del proyecto Recover y empezó a trabajar con marcas como Inditex o H&M. En 2020 Hilaturas Ferre vende ese proyecto al fondo STORY3 Capital. Así nace Recover como empresa independiente, permaneciendo Alfredo Ferre como CEO y la sede central en Banyeres de Mariola.

Un año después una ronda de financiación liderada por Goldman Sachs la convirtió en unicornio al elevar su valoración cerca de los 1.000 millones. Su modelo de negocio es producir fibras recicladas a partir de residuos textiles (ropa usada, recortes industriales), que luego vende a fabricantes de ropa, que las usan para producir tejidos más sostenibles. Inditex, Primark o C&A están entre sus clientes habituales. Su tecnología permite, por ejemplo, producir fibras recicladas con color, evitando el proceso de teñido convencional, uno de los de más impacto medioambiental de esta industria.

Recover tiene plantas en España, así como en Bangladés, Pakistán y Vietnam, los grandes polos de fabricación textil mundial. Además, planea expandirse a Brasil, México, Turquía o India. Este crecimiento plantea su mayor examen de cara al futuro, puesto que implica pasar a una producción masiva global y las consiguientes dificultades logísticas, de calidad y suministro. La competencia en su sector también es creciente, con los gigantes de la moda rápida presionados social y legalmente por sus prácticas poco sostenibles. Un sector que, a su vez, ha recibido críticas por greenwashing.

TravelPerk

La mayoría de listados de unicornios no son demasiado estrictos con la variable de la edad de las empresas. Más allá de esos 10 años de referencia, los analistas se fijan más en si las empresas siguen en fase de expansión acelerada, reinvirtiendo todos sus ingresos en crecer, y sobre todo, dependiendo de las rondas de financiación para mantenerse a flote. Fundada en 2015 y con un bache forzado por la pandemia, TravelPerk entra de lleno en esta categoría.

Esta compañía con sede central en Barcelona y oficinas en Berlín, Londres, Edimburgo, Birmingham, Miami, Boston y Chicago desarrolla una plataforma para facilitar los viajes de empresa. La idea era llevar la experiencia de Airbnb o Booking a los viajes por motivos de trabajo, centralizando la reserva de vuelos, trenes, hoteles y alquiler de coches para empleados, integrando además la gestión de gastos.

TravelPerk tuvo un crecimiento rápido en sus primeros años y tras sobrevivir a la pandemia, logró el status de unicornio en 2022. A principios de este año, otra ronda de financiación de 200 millones de dólares elevó su valoración hasta los 2.700 millones, convirtiéndola en la startup más valorada de España. Ha superado los 200 millones de dólares de ingresos anuales y según las últimas cifras que ha comunicado, en 2024 dejó de perder dinero. Tiene unos 1.500 empleados y maneja un volumen de reservas superior a los 2.500 millones.

Cabify

No es fácil convertirse en unicornio, y menos aún mantenerse. Sin embargo, es aún más extraño que una empresa que llegó a serlo reconozca abiertamente que se ha caído de la lista. Hacerlo implica reconocer que los inversores han perdido mucho dinero y complica la negociación de partida de una posible venta. No obstante, eso es lo que ha pasado con Cabify, a quien el fondo Seaya, que posee el 10% de la empresa, valoró en unos 620 millones de dólares hace un par de años.

En 2018, la empresa de alquiler de coches con conductor fue la primera startup española que superó los 1.000 millones de valoración a partir de rondas de capital riesgo (técnicamente el primer unicornio español fue eDreams, con su salida a bolsa en 2014). Su valoración fue exactamente de 1.800 millones. Siete años después, la empresa ya empieza alejarse de esa clasificación tanto por tiempo (14 años desde su fundación) como por perspectiva actual de negocio.

Cabify se mueve en márgenes positivos (unos 34 millones de dólares de beneficio operativo con una facturación global de 858 millones en 2024), aunque sigue en pérdidas, invirtiéndo por encima de sus posibilidades orgánicas para hacer crecer su negocio. En 2023, se dejó un total de 9,3 millones, casi el doble que en el ejercicio anterior, en el que registró unaos números rojos de 4,9 millones. La empresa aún no ha hecho públicas las pérdidas netas de 2024. Emplea unas 1.000 personas entre sus oficinas de España y América Latina. Su futuro está condicionado, además, por la regulación de las VTC y las protestas del sector del taxi contra el aumento de este tipo de licencias.

Job&Talent

Pese a que fue fundada en 2009, Job&Talent es otra de las empresas españolas que aparece en la mayoría de ránkings de unicornios actuales. Su llegada a esta etapa fue tardía, cuando la compañía tenía ya 12 años, y actualmente sigue en esa etapa de crecimiento dependiente del capital riesgo, después de atravesar varios cambios de modelo de negocio y consolidarse como una plataforma de contratación para empleos temporales.

Antes de apostar por ser una opción totalmente digital que sustituyera a las ETT tradicionales, Job&Talent intentó ser un portal de empleo general y una red social laboral. Este 2025 la compañía ha cerrado otra ronda de financiación, dando entrada a BlackRock en su accionariado con una valoración total de 1.300 millones de dólares, incluyendo deuda. EEUU es ahora su principal mercado, pero asegura que España sigue siendo “clave para la empresa”. Según sus últimos datos publicados, Job&Talent tiene más de 3.000 trabajadores en todo el mundo y una facturación superior a los 2.000 millones de dólares.

Glovo

Fundada en 2015 en Barcelona por Oscar Pierre y Sacha Michaud, Glovo se convirtió en pocos años en una de las aplicaciones de reparto a domicilio más reconocibles en España y buena parte de Europa. Su modelo de negocio, basado en la inmediatez de entregas de restaurantes, supermercados y farmacias, atrajo desde el inicio grandes cantidades de fondos de firmas de capital riesgo y le permitió expandirse rápidamente a más de 20 países. En 2019 alcanzó el estatus de unicornio tras una ronda de 150 millones de euros liderada por Mubadala, el fondo soberano de Emiratos Árabes Unidos.

La trayectoria de Glovo, sin embargo, ha estado marcada por polémicas laborales y márgenes muy estrechos. En 2022 fue adquirida por la alemana Delivery Hero, que ya era su principal accionista, en una operación que la valoró en unos 2.300 millones de euros, abandonando así el estatus de unicornio. Desde entonces, la compañía ha reducido mercados y afrontado multas millonarias en España y la UE por su modelo de riders, que los tribunales han considerado falsos autónomos. Hoy Glovo mantiene su sede en Barcelona, emplea a unas 1.700 personas en plantilla y sigue siendo uno de los grandes nombres del ecosistema digital español, aunque con un futuro cercado por su polémico modelo de negocio y una competencia extrema.

Wallbox

Wallbox se erigió como una de las grandes promesas de la nueva industria de la electrificación y la sostenibilidad. Sin embargo, su trayectoria ha chocado con un mercado que no ha crecido al ritmo esperado. Aunque llegó a unicornio en 2021 tras alcanzar una capitalización de unos 1.500 millones de dólares en su salida a bolsa, sus acciones, que debutaron a 9,49 dólares en Wall Street, cotizan hoy a poco más de 4. La empresa ha entrado en una fase de repliegue forzado: cerró su planta en Barcelona, despidió a más de un tercio de su plantilla en un solo año y ha renegociado una deuda que se acerca a los 200 millones de euros. Sus pérdidas en el primer semestre de 2025 fueron de 34,5 millones.

En un intento por estabilizarse, Wallbox ha recurrido al mercado y a una importante inyección de capital público. Ha completado hasta 12 ampliaciones de capital desde 2021 y, más recientemente, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) le inyectó 8,35 millones. A pesar de la complicada situación, Wallbox mantiene la esperanza de que la demanda de vehículos eléctricos se reactive. Aunque sus pérdidas se han reducido en los últimos trimestres y el mercado norteamericano sigue creciendo, la compañía se enfrenta a la paradoja de un sector en el que los cargadores no pueden prosperar sin una adopción masiva de coches eléctricos.

Tras los recortes aplicados tiene unos 800 trabajadores, repartidos entre el centro de la Zona Franca de Barcelona, su fábrica de Texas y las empresas que ha adquirido (como ABL en Alemania y Coil en EEUU).

Wallapop

Uno de los casos más particulares de la lista. Pese a ser una de las apps más conocidas de España para la compraventa de artículos de segunda mano y acumular 19 millones de usuarios activos mensuales contando con Italia y Portugal —una cifra nada desdeñable para su modelo de negocio—, Wallapop nunca ha llegado a alcanzar la valoración de unicornio. La empresa no llegó a subirse al trasatlántico de las inversiones de 2021 y 2022, aunque llegó a cerrar una ronda de financiación que la valoró en 806 millones de euros en 2024 en la que entró el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con 20 millones.

Este agosto la plataforma ha vivido un sorprendente movimiento: ha sido adquirida por la multinacional coreana Naver, que ya poseía parte de la compañía, por solo 600 millones de euros. Es la cifra que Wallapop había conseguido sumando todas sus rondas de financiación anteriores, lo que implica que la app se ha vendido por lo mismo que costó crearla, sin beneficio para sus inversores tempranos. La operación, no obstante, está impugnada por el fondo 14W y otros socios minoritarios, que consideran que la valoración es demasiado baja.

La venta se ha dado además en un contexto en el que Wallapop está mejorando sus resultados, superando por primera vez la cifra de 100 millones en ingresos en 2024 y recortando sus pérdidas a 25 millones, un 50% menos que hace dos años. Tiene unos 300 trabajadores, la mayoría en su sede central de Barcelona. Naver, que posee el principal buscador de Corea del Sur y la app de mensajería más usada de Japón (Line) será quien decida ahora el futuro de la compañía.

Idealista

El caso de Idealista es singular, no solo por su longevidad en el panorama digital español (se fundó en 2000), sino por el profundo impacto social que ha ejercido. Convertida en el portal inmobiliario de referencia en España, su dominio del mercado la ha situado en una posición de poder que no está exenta de críticas. De manera similar a lo que ocurre con Glovo y su efecto en el mercado laboral, Idealista ha sido señalada por contribuir a la gentrificación y a la subida de los precios del alquiler y la compra de vivienda en las grandes ciudades.

Idealista alcanzó una valoración de 1.321 millones de euros en 2020 tras la inversión del fondo sueco EQT. En 2024, EQT vendió su participación mayoritaria a Cinven por 2.900 millones, más del doble de su inversión inicial. Esta operación marcó la mayor venta de una startup digital española en la historia.

La empresa cerró 2024 alcanzando los 300 millones de facturación en España, Italia y Portugal, y con una rentabilidad operativa de 85 millones. Sin embargo, la compañía mantuvo pérdidas netas de casi 52 millones, principalmente por efectos contables derivados de la amortización del fondo de comercio y activos intangibles tras la compra por EQT. Su plantilla es de unos 1.300 trabajadores.

Fever

Aunque arrancó en Madrid en 2011, su sede central se trasladó a Nueva York tres años después. Su aplicación permite comprar entradas para conciertos, exposiciones o espectáculos inmersivos, y ha logrado popularizar un modelo en el que mezcla la organización propia de eventos con la distribución de terceros. Durante sus primeros años se expandió con discreción, pero en 2022 dio un salto de escala al cerrar una ronda de 227 millones de dólares liderada por Goldman Sachs que la situó por encima de los 1.000 millones de valoración.

Hoy Fever es uno de los principales promotores globales de espectáculos de entretenimiento, con presencia en más de 40 países y una plantilla de más de 1.500 empleados. En el ejercicio 2024 comunicó 400 millones de ingresos y aseguró que su resultado de explotación ya es positivo, aunque sigue en pérdidas (no declaradas) por su expansión internacional.

Domestika

Domestika, una plataforma de cursos online, fue otro más de los unicornios españoles de la generación de 2022, cuando elevó su valoración a 1.300 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 experimentó una caída del 30% en sus ingresos y redujo su plantilla en más del 60%, quedando con poco más de 100 empleados. A pesar de estos desafíos, la empresa ha logrado reducir sus pérdidas en las dos sociedades con las que opera en España. Su sede principal está en California, y mantiene estudios de producción en 12 países de Europa y América.

Devo

El caso de Devo es un recordatorio de la volatilidad del ecosistema de las startups de alto crecimiento. Especializada en ciberseguridad y análisis de datos en la nube, esta compañía de origen español con sede en Boston llegó a ser valorada en unos 2.000 millones de dólares en 2022. Apenas tres años después, acaba de despedir a la mayoría de la plantilla y ha reducido al mínimo su presencia en España.

Glovo ha creado un consejo asesor que ha llenado de nombres de la primera fila de la política y el mundo de la empresa. Entre ellos hay exministros como José Manuel García-Margallo, exresponsable de la cartera de Asuntos Exteriores con el Gobierno de Rajoy, exeurodiputado y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo ; o exconsellers de la Generalitat como Natàlia Mas, al frente de Economía y Hacienda bajo el Govern de Pere Aragonès.

Según ha adelantado La Vanguardia, la lista de nombres, que se extiende a media decena, también cuenta con Raül Blanco, expresidente de Renfe y exsecretario general de Industria; Marta Pascal, exsecretaria general del PDeCAT; Anna Miralles Jaime, directora de Sistemas y Tecnologías de la Información de la empresa Pro a Pro; y Manel Arroyo, que fue director general y accionista de Dorna Sports y exvicepresidente del Barça.

El objetivo de este consejo es que sea un órgano consultivo y estratégico que pueda ayudar a la plataforma a solventar problemas estratégicos que la compañía enfrentará en el futuro.

Entre ellos destaca el pago de multas por haber tenido a riders sin dar de alta en la Seguridad Social y trabajando como falsos autónomos. También destaca el caso por competencia desleal que tiene con Just Eat y que sigue vivo. Justo esta semana, el grupo holandés anunció que había recurrido la sentencia que daba la razón a Glovo y que desestimaba el pago de una indemnización de casi 300 millones por operar con falsos autónomos, mientras que Just Eat tiene a sus repartidores en plantilla.

No ha sido hasta este verano, coincidiendo con su décimo aniversario, que Glovo ha empezado a operar con flotas de riders asalariados.

Importante victoria de la Seguridad Social frente a Glovo en su pelea judicial millonaria por las cotizaciones sociales de sus repartidores. La Audiencia Nacional ha tumbado una de las sentencias de lo contencioso-administrativo favorables a la multinacional, que avalaron su sistema de 'riders' autónomos pese a la condena del Supremo de 2020, y que Glovo ha utilizado hasta el momento en varias de sus causas judiciales abiertas. Por ejemplo, la de competencia desleal con Just Eat y en la imputación de su fundador, Oscar Pierre, por un delito contra los derechos de los trabajadores.

La Audiencia Nacional estima el recurso de la Tesorería de la Seguridad Social en una de las 20 sentencias favorables a Glovo en lo contencioso-administrativo, todas ellas de primera instancia, reconocen en Glovo a este medio. En concreto, los magistrados anulan la Sentencia del 23 de julio de 2024 del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo número 10, que tumbó el acta de liquidación de cuotas que le exigía la Seguridad Social a la empresa por el procedimiento de la Inspección de Trabajo abierto en Valencia. En concreto, cinco millones en cotizaciones y 10,7 millones en una sanción añadida.

Ahora, la Audiencia Nacional rechaza la conclusión de este juzgado y concluye que la empresa utilizaba falsos autónomos. Los magistrados recuerdan que, con los mismos hechos o muy similares, la sala de lo Social del Tribunal Supremo concluyó en septiembre de 2020 que los mensajeros deberían ser asalariados.

“Resulta procedente ajustarse a lo decidido por el Tribunal Supremo al respecto y afirmar el carácter laboral de la relación en las fechas a las que el acta se refiere y, con ello, estimar el recurso”, recoge la sentencia de la Audiencia. Las liquidaciones afectan al periodo de 2018 a agosto de 2021, cuando entró en vigor la Ley rider y Glovo aplicó algunos cambios a su modelo, aunque siguió funcionando con autónomos.

El tribunal respalda la liquidación de cuotas impuesta por la Seguridad Social, con un 20% de recargo por la demora, pero tumba la sanción impuesta a la empresa por culpabilidad. Los magistrados consideran que “la infracción apreciada por falta de cotización toma como punto de partida una cuestión jurídicamente controvertida en aquel momento” y “que no permite apreciar el elemento subjetivo de la culpabilidad, consistente en el dolo (acción conscientemente enderezada a la realización del tipo infractor) o culpa, entendida como desprecio consciente del cumplimiento de la norma que se sabe aplicable”.

Precedente clave en una batalla millonaria

El doctor y profesor en Derecho del Trabajo Adrián Todolí destaca la importancia de la sentencia, que ha analizado en su blog, por el precedente que supone para todas las sentencia de primera instancia de lo contencioso-administrativo que había ganado y destacado en estos años como ejemplos de la procedencia de su modelo de autónomos. “El criterio de la Audiencia Nacional es muy claro y es lo que espera para el resto de casos”, indica Todolí.

Es decir, que todas estas sentencias que anularon las liquidaciones millonarias de cuotas que Glovo debía pagar se prevé que sean anuladas y se respalde el criterio de la Seguridad Social. Recientemente, Delivery Hero, la multinacional alemana propietaria de Glovo, puso en duda la continuidad de la empresa de repartos española por los costes que implicarían las multas impuestas a su modelo laboral, que ya alcanzan los 450 millones reclamados por la Seguridad Social.

No obstante, la sentencia de la Audiencia Nacional puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, algo sobre lo que Glovo no ha respondido a este medio. Hasta la fecha, y así lo preveía Delivery Hero en su último informe semestral de resultados, Glovo ha mantenido una política de recursos constantes en los tribunales, lo que ha demorado durante años la regularización de sus mensajeros y las derivadas de este proceso.

Relevancia para otras causas

El profesor Adrián Todolí recuerda que estas sentencias de lo contencioso-administrativo, y en concreto esta de julio de 2024 del Juzgado central número 10, han sido utilizadas por Glovo para su defensa jurídica en varias causas judiciales abiertas. Por ello, añade que su anulación también puede tener alguna consecuencia en estos otros procesos.

“El tribunal entiende que hasta que el Tribunal Supremo en sentencia de 25 de septiembre de 2020 resolvió sobre el asunto había duda jurídica razonable lo que exime de culpabilidad. Esto parece indicar que sí se podrá sancionar la no aplicación de la laboralidad a los riders de Glovo a partir del 25 de septiembre de 2020”, valora Todolí.

Por ejemplo, la polémica sentencia del magistrado Álvaro Lobato que tumbó la demanda de Just Eat contra Glovo por competencia desleal se basó, entre otras, en esta sentencia en concreto para argumentar la ausencia de falsos autónomos en la multinacional. Este lunes, Just Eat ha presentado recurso a esta resolución judicial.

Por otro lado, está el procedimiento penal contra el fundador de Glovo, Oscar Pierre, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores al persistir en un abuso de falsos autónomos, que está penado con hasta seis años de cárcel tras la última reforma del Código Penal. En este procedimiento, su defensa también se apoyó en sus victorias en lo contencioso-administrativo para justificar su modelo laboral.

Fuentes de Glovo precisan que “esta sentencia hace referencia a un modelo que ya no existe en nuestro país, correspondiente a los años 2018 y hasta agosto 2021, que es cuando entró en vigor la Ley Rider”, y recuerdan que “desde el 1 de julio de 2025 todos los repartidores que operan en Glovo en España lo hacen con un modelo laboral”. Respecto a la sentencia de la Audiencia, indican que han “recibido 20 sentencias a favor y ahora esta en contra, lo que confirma que el debate jurídico acerca de la colaboración de los repartidores sigue abierto en nuestro país”.

Delivery Hero, la multinacional alemana propietaria de Glovo, ha puesto en duda la continuidad de la empresa de repartos española por los costes que implicarían las multas impuestas a su modelo laboral, que ya alcanzan los 450 millones reclamados por la Seguridad Social, por el uso de mensajeros o riders que han sido considerados falsos autónomos.

“Con respecto a los riesgos de reclasificación existentes de los repartidores en la filial consolidada del grupo Glovoapp23 España, que pueden exponer a esta filial a cargas sociales adicionales y sanciones, destacamos que, si estos riesgos se materializaran de forma integral, dichos pagos no podrían satisfacerse dentro de sus actividades comerciales operativas sin el apoyo financiero adicional de Delivery Hero”, indica el informe semestral publicado por la empresa alemana y recoge la agencia Europa Press.

“En consecuencia, existe una incertidumbre significativa con respecto a la capacidad de Glovo España para continuar como empresa en funcionamiento”, advierte Delivery Hero.

450 millones de euros que pueden casi duplicarse

A 31 de julio, la Seguridad Social ha reclamado a Glovo el pago de 450 millones de euros en concepto de multas y cotizaciones sociales por la reclasificación de sus repartidores como asalariados, informa la multinacional alemana. Glovo ha sido sancionada por este fraude laboral antes y después de la llamada 'Ley Rider', que el Gobierno aprobó en 2021 para intentar acabar con el abuso de falsos autónomos presente en las principales empresas del sector de reparto de comida a domicilio.

Según consta en el informe de resultados del primer trimestre del año de Delivery Hero, en julio de este año comenzó a recibir las decisiones definitivas de reclasificación laboral de sus repartidores por parte de las autoridades españolas, exigiéndole el pago de sus obligaciones con la Seguridad Social. En total, 450 millones de euros.

No obstante, esta cifra podría quedarse corta. “Si, como resultado de las investigaciones, los tribunales españoles reclasificaran a la flota de repartidores como empleados, el Grupo podría enfrentarse a reclamaciones en España por cotizaciones a la Seguridad Social, recargos por mora y multas, así como reclamaciones de IVA por un importe total de entre 520 y 860 millones de euros aproximadamente”, apunta la empresa.

Pese a la Ley Rider, Glovo siguió usando mensajeros autónomos, con algunos cambios en su modelo, por lo que las investigaciones de la Inspección de Trabajo se han alargado durante años. En este periodo, el Gobierno endureció también el Código Penal por el abuso de falsos autónomos y, en estos momentos, el fundador de la compañía, Oscar Pierre, se enfrenta a un proceso penal por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. En medio de esta causa judicial, Glovo anunció el cambio de su modelo a uno laboral, que desplegó el 1 de julio.

La plataforma alemana asegura que Glovo no reconocerá las reclasificaciones de los mensajeros, sino que mantiene la posibilidad de seguir defendiendo la condición de autónomos de sus repartidores a través de todas las instancias disponibles, “cumpliendo con las solicitudes de pago en la segunda mitad de 2025”.

Delivery Hero afirma también que no ha reconocido ninguna provisión en sus cuentas, ya que considera que la reclasificación de la flota de repartidores “no es probable” y defenderá cualquier caso judicial que se presente.

“Aunque Delivery Hero se esfuerza por cumplir plenamente la normativa en cada país, la situación jurídica de los trabajadores de plataformas es una cuestión controvertida a nivel normativo, ya que las características de este tipo de trabajo relativamente nuevo no se ajustan a las definiciones de empleado”, alega la empresa. El grupo señala que esta “incertidumbre” existe principalmente en algunos países de Europa y América Latina.

Delivery Hero menciona también la demanda de Just Eat por competencia desleal contra Glovo, al considerar que su modelo de falsos autónomos suponía una desventaja competitiva injusta. En julio de 2025, el tribunal de primera instancia desestimó la demanda en una polémica sentencia, en la que el magistrado criticaba “la España sindicalizada” y la labor de las inspectoras de trabajo, en un fallo tachado de “misógino” por el sindicato de inspectores UPIT. Delivery Hero apunta que “no revelará más información” sobre este procedimiento, porque podría perjudicar “gravemente la posición del Grupo en el litigio”.

Rebaja en la previsión de resultados

Según su cuenta de resultados difundida este jueves, la plataforma alemana propietaria de Glovo facturó 7.185 millones de euros en el primer semestre de 2025, lo que supone un 18,9% más en términos absolutos y un 24,2% más si se incluyen ajustes por motivos de inflación, detalla Europa Press.

No obstante, la multinacional ha revisado a la baja sus previsiones para 2025. Así, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se quedará entre los 900 y 940 millones de euros frente al rango previo de 915 a 1.025 millones de euros.

La Generalitat de Catalunya no se sumará a las quejas que el Ministerio de Trabajo o sindicatos como CCOO han presentado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las opiniones antisindicales y contra la Inspección de Trabajo que el magistrado Álvaro Lobato expuso en la sentencia por la que descartó una demanda por competencia desleal contra Glovo.

La central que comanda Unai Sordo a nivel estatal y Belén López en Catalunya había instado al Ejecutivo catalán a sumarse a las quejas por el “sesgo ideológico y misógino” de la sentencia de juez para desestimar la demanda Just Eat contra Glovo. El magistrado Lobato llegó a vincular algunas conclusiones de las inspectoras de trabajo que testificaron sobre el modelo de falsos autónomos de la compañía con “tendencias psicológicas que tienen profundos anclajes biológicos”.

Consultada por elDiario.es, una portavoz del departamento de Empresa y Trabajo del Ejecutivo catalán ha declinado comentar los motivos de la negativa, si bien ha añadido que, a su juicio, la Inspección de Trabajo a la que se refería la sentencia era la estatal y no la que depende de la Generalitat, además de agregar que CCOO no ha trasladado “formalmente” a la conselleria la petición.

La central sindical fue la última entidad en sumarse a las reclamaciones oficiales ante el órgano de gobierno de los jueces. Preguntado por este diario, el CGPJ ha indicado que se ha empezado a tramitar la queja del Ministerio de Trabajo contra el magistrado Lobato y se ha dado traslado del escrito al promotor de la acción disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces.

CCOO denunció el “marcado sesgo ideológico y misógino” de la sentencia dictada por el juez Lobato, al que además afeó que “sustituyera el análisis legal por un discurso ideológico alejado de los principios del Derecho”.

Además de su cuestionamiento a las funcionarias, el magistrado, que ha difundido ideología antisindical y liberal en vídeos de la fundación en la que participa, trasladó parte de este ideario a la sentencia del caso que juzgó: defendió la economía de mercado y criticó el “eco de la España sindicalizada”, que, en su opinión, representaron las inspectoras de Trabajo que comparecieron como testigos.

Tampoco se ahorró su opinión el juez sobre el servicio de reparto de comida a domicilio mediante plataformas digitales. Se trata de un negocio, en palabras del magistrado, “innovador, tecnológicamente avanzado” y el marco laboral que lo regula, incluida la conocida como Ley Rider, resulta “controvertido y obsoleto”.

Las opiniones personales del magistrado en el ejercicio de su función jurisdiccional también causaron preocupación en la Unión Progresista de Inspectoras e Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (UPIT), que consideró “especialmente preocupante” que, en lugar de analizar con rigor jurídico los hechos, la sentencia “sembrara dudas sobre el ejercicio de las funciones públicas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.

Los inspectores denunciaron que Lobato convirtió una sentencia “en una suerte de columna de opinión de índole política, impregnada de valoraciones psicológico-filosóficas sobre la actuación de la Inspección de Trabajo”. Cabe recordar que la expresión “España sindicalizada” que el juez emplea en la sentencia había sido el titular del artículo de opinión que el magistrado había publicado a principios de año.

“Advertimos del grave precedente que supone cuestionar sin fundamento la legitimidad de actuaciones inspectoras cuando afecta a los derechos de la población trabajadora”, alertaron los inspectores, que apoyaron la queja que el Ministerio de Trabajo ha presentado ante el CGPJ para denunciar los pronunciamientos del juez.

El Ministerio que dirige Yolanda Díaz pidió al Consejo que valorara tomar medidas disciplinarias contra el magistrado al tildar sus manifestaciones sobre las inspectoras de Trabajo “totalmente improcedentes”, “impropias de una sentencia judicial” y “carentes de justificación” objetiva.

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla, a través de su área de Extranjería, ha impuesto una sanción de 847.640 euros a la multinacional Glovo por emplear en la capital andaluza a 64 trabajadores extranjeros que carecían de la preceptiva autorización de residencia y trabajo en España. La infracción, calificada como “muy grave” en la Ley de Extranjería, fue detectada durante una actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y ha dado lugar a un expediente sancionador, cuya resolución ya ha sido notificada a la empresa y se encuentra en periodo de recurso, según ha podido saber este periódico.

Esta empresa de reparto a domicilio suma ya multitud de sanciones por su modelo basado en falsos autónomos, que ha mantenido incluso después de entrar en vigor la conocida como Ley Rider en 2021. Según Inspección, Glovo acumula actas de infracción por la contratación irregular de más de 39.000 repartidores en toda España, a los que no ha dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, a pesar de operar bajo su organización y control, existiendo una relación laboral directa.

Sin embargo, la última sanción –resuelta por la Subdelegación el pasado 25 de julio– añade un nuevo elemento al fraude laboral que se le viene atribuyendo a Glovo por su modelo de falsos autónomos: no solo reafirma que ha existido una relación laboral encubierta entre Glovo y sus repartidores, sino que constata que al menos 64 de ellos carecían de “la preceptiva autorización administrativa para trabajar por cuenta ajena en España”. Es decir, fueron empleados pese a encontrarse en situación irregular, sin reunir los requisitos establecidos por la legislación vigente.

Infracción “muy grave” de la Ley de Extranjería

Estas actuaciones inspectoras sobre Glovo en Sevilla se han llevado a cabo entre el 1 de diciembre de 2021 y el 31 de julio de 2024. Como resultado, se han levantado dos actas de infracción por ocupación irregular de trabajadores extranjeros: una relativa a 20 repartidores (con un importe total de 210.649,43 euros) y otra por 44 trabajadores (por valor de 636.990,59 euros).

La suma total asciende a 847.640,02 euros, incluyendo tanto las multas (de 10.001 euros por trabajador, en su grado mínimo) como las liquidaciones de la Seguridad Social. La resolución concluye que Glovo vulneró la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, al emplear a personas extranjeras sin haber obtenido la correspondiente “autorización administrativa previa para residir y trabajar”, que exige la norma. Una conducta tipificada como infracción “muy grave”.

Las actuaciones se enmarcan dentro de la campaña de control sobre plataformas digitales de reparto que impulsa la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo a nivel estatal. La inspección confirma que, hasta 2024, Glovo ha seguido recurriendo a falsos autónomos, eludiendo el pago de cotizaciones sociales por sus repartidores, pese a los “múltiples pronunciamientos judiciales” que obligan a “reconocerles su condición de trabajadores por cuenta ajena”.

Cabe recordar que Glovo, cercada por varias multas y causas judiciales, anunció a principios de verano que todos sus riders serían asalariados a partir del 1 de julio (medio año después de comprometerse a adoptar el cambio al modelo laboral).

Preguntado por este periódico, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano Rodero, ha preferido no pronunciarse sobre expedientes abiertos, pero ha asegurado que “por parte del Gobierno de España, a través de la Inspección de trabajo y el área de Extranjería, se está luchando contra la precariedad laboral y especialmente contra la explotación de los más vulnerables como pueden ser las personas migrantes”.

Relación laboral encubierta y sin permisos en Sevilla

La infracción en materia de extranjería se suma así a los hallazgos que la ITSS ha venido documentando sobre la relación laboral encubierta entre Glovo y sus repartidores. Según el acta, los repartidores trabajaban “bajo la dirección, control y organización de la empresa”, lo que, conforme al Estatuto de los Trabajadores, los convierte en trabajadores por cuenta ajena, aunque Glovo nunca los contrató como tales ni los dio de alta en la Seguridad Social.

La novedad ahora es que muchos de estos trabajadores, además de no contar con contrato, carecían de autorización para trabajar en España, según declararon personalmente en las entrevistas mantenidas con la Inspección Provincial de Trabajo.

Esta situación de irregularidad ha sido verificada mediante la aplicación Adextra, que confirma que los 64 repartidores no disponían de la autorización administrativa requerida durante el periodo en el que prestaron servicios para Glovo.

Los sindicatos nunca han sido vistos como amigos en los entornos de poder y orden. Eso no es nuevo, a la derecha liberal no le gustan los sindicatos a los que recorta subvenciones desde las administraciones públicas que gobierna. En los últimos tiempos gana terreno un ambiente de populismo antisindical que puede incluso leerse en algunas sentencias judiciales que critican modelos laborales que protegen los derechos de los trabajadores o, incluso, ordenan prisión para sindicalistas al considerar excesivas las presiones a un empresario para garantizar los derechos de una trabajadora.

Con Oriol Solé, periodista de la redacción de elDiario.es en Catalunya, repasamos los detalles más polémicos de una sentencia que elogia el modelo laboral de Glovo, empresa condenada por contratar como falsos autónomos a sus repartidores a pesar de que la legislación lo prohíbe. Con Laura Olías, periodista especializada en temas laborales de elDiario.es, hacemos una radiografía de la importancia del peso y la labor de los sindicatos en España.

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“Sesgos de grupo”, “tendencias psicológicas que tienen profundos anclajes biológicos” y “el eco nostálgico de la España sindicalizada, 'el mundo de ayer' administrado y burocrático”. Son solo algunas de las manifestaciones del magistrado Álvaro Lobato a las inspectoras de trabajo que participaron en el juicio contra Glovo por la demanda de Just Eat debido al uso de falsos autónomos, que ha tumbado el juez. El sindicato UPIT alerta del “grave precedente” de esta sentencia y de los ataques del magistrado, que tachan de “misóginos” y “flagrantes faltas de equidad y objetividad”.

La Unión Progresista de Inspectoras e Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (UPIT) advierte de que resulta “especialmente preocupante” que, en lugar de analizar con rigor jurídico los hechos y el marco normativo correspondiente, “una sentencia siembre dudas sobre el ejercicio de las funciones públicas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de nuestro país”. Los inspectores denuncian de hecho que Lobato convierte una sentencia “en una suerte de columna de opinión de índole político, impregnada de valoraciones psicológico-filosóficas sobre la actuación de la Inspección de Trabajo”.

“Advertimos del grave precedente que supone cuestionar sin fundamento la legitimidad de actuaciones inspectoras cuando afecta a los derechos de la población trabajadora”, alertan en un comunicado.

Queja de Trabajo al CGPJ que pide “medidas disciplinarias”

El sindicato muestra su apoyo a la queja del Ministerio de Trabajo que ha anunciado la vicepresidenta Yolanda Díaz, en concreto de la Dirección General de la Inspección, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para denunciar estos pronunciamientos. El departamento de Yolanda Díaz pide que se valore tomar medidas disciplinarias contra el magistrado.

La carta del Ministerio de Trabajo, firmada por la directora de la Inspección, Cristina Fernández González, considera las manifestaciones del magistrado sobre las inspectoras de trabajo involucradas en este caso “totalmente improcedentes”, “impropias de una sentencia judicial” y “carentes de justificación” objetiva, por lo que piden al órgano de gobierno del poder judicial que valore “la adopción de medidas disciplinarias oportunas ante esta censura de la actuación inspectora”.

CCOO ha denunciado también este viernes “graves carencias jurídicas” en la sentencia, que advierten que “evidencia un preocupante sesgo ideológico y misógino”. “El juez desprecia abiertamente los mecanismos de representación colectiva y su legitimidad constitucional. Ignora deliberadamente los marcos normativos laborales y atenta contra los principios de igualdad, especialmente al emitir juicios despectivos y discriminatorios hacia inspectoras de trabajo por razón de género”, alerta también CCOO, que ha anunciado que también presentará una queja formal ante el CGPJ y reclamará “medidas disciplinarias ante los hechos expuestos”.

Señalan su desconocimiento del derecho laboral

El juez Lobato, que difunde una ideología antisindical y cree que Glovo sufre “acoso”, denuncia “sesgos de grupo” de las inspectoras de trabajo, que insistieron en la vista judicial en que la multinacional usaba repartidores falsos autónomos. “Si el Magistrado aprecia un sesgo de grupo en la actuación de nuestras compañeras, no es sino el de un grupo de expertos conocedores del orden social”, advierte el sindicato, que denuncian el claro desconocimiento de la legislación laboral que muestra el juez en su fallo.

Por ejemplo, cuando el magistrado apunta: “En mi criterio no hay nadie más indicado que los propios afectados para decidir lo que mejor le conviene”, en clara referencia a los propios trabajadores riders y su elección sobre si son asalariados o autónomos. Sin embargo, el sindicato de inspectores e inspectoras recuerda que estas apreciaciones son “claramente desconocedoras de la legislación laboral, su finalidad 'tuitiva' y el carácter indisponible de sus disposiciones”. Es decir, que esta relación laboral (o la falta de ella) de los mensajeros no es optativa, sino la que se define de facto en la relación prestada entre el trabajador y la empresa.

“Estos derechos, tal como proclama la Ley del Estatuto de los Trabajadores, no son disponibles por las personas trabajadoras, es decir, no pueden renunciar a ellos. Igual consideración cabe respecto de nuestro sistema de Seguridad Social, sus reglas y principios”, recuerdan en UPIT.

Un desconocimiento del derecho laboral, clave en esta demanda por competencia desleal, que es admitido por el propio juez. “No sé nada del Derecho Laboral”, reconocía el magistrado Álvaro Lobato en uno de los vídeos de su fundación en los que ejerce de entrevistador a un socio del bufete Sagardoy, habitual en la defensa de las empresas en conflictos laborales con los sindicatos y que diseñó la reforma laboral del PP de 2012.

Se suele decir que los jueces solo hablan en sus sentencias. El magistrado Álvaro Lobato lo ha mostrado sobremanera en su rechazo a la demanda que Just Eat interpuso contra Glovo por competencia desleal. La resolución va más allá de resolver el caso concreto e incluye alabanzas a la compañía de Óscar Pierre y críticas políticas propias de la ideología neoliberal a la regulación laboral y a la Inspección de Trabajo. El magistrado incluso traslada a su sentencia el título de un artículo de opinión que escribió a principios de año: “La España sindicalizada”.

Lobato llegó al juzgado mercantil 2 de Barcelona hace tres años. Se reincorporó así a la carrera judicial, de la que había cogido una excedencia en 1996 para pasar por grandes despachos privados como Gómez-Acebo y Pombo y DLA Piper. También fundó su propio bufete. En la actualidad es, además, secretario de la fundación Fide.

En círculos jurídicos barceloneses se conoce el talante liberal de este magistrado, pero los abogados consultados no recuerdan en sus resoluciones digresiones ideológicas como las que Lobato ha incluido en su sentencia de este jueves. Las mismas fuentes agregan que un juez de lo mercantil no suele tratar grandes casos mediáticos.

Uno de los fragmentos más llamativos de la sentencia de Lobato del caso Glovo es la crítica que realiza a las inspectoras de Trabajo que vigilaron si la compañía de Óscar Pierre cumplía con la sentencia del Supremo del año 2020 que anuló su modelo de falsos autónomos. El magistrado llega a cuestionar la profesionalidad de las funcionarias, a las que atribuye “un indiscutible sesgo de grupo” y las señala porque, a su juicio, desconocen que la ley rider sí permite a las plataformas tener a repartidores como autónomos.

En sus consideraciones contra la Inspección de Trabajo, el juez apostilla: “En todas las declaraciones parecía resonar, con atronadora unanimidad, el eco nostálgico de la España sindicalizada, 'el mundo de ayer' administrado y burocrático”.

En mi criterio no hay nadie más indicado que los propios afectados para decidir lo que mejor les conviene…….. excepto algún iluminado y omnisciente burócrata que parece gozar de un privilegiado acceso a la Verdad

Álvaro Lobato — Juez del caso Glovo

¿A qué se refiere el juez Lobato con “el eco nostálgico de la España sindicalizada”? El propio magistrado lo había explicado en un artículo en enero en El Confidencial: “Un incremento gradual pero significativo de la presencia e intervención del Estado en múltiples ámbitos de la actividad social, económica y cultural”. Un fenómeno negativo, en opinión de Lobato, que también aprovechaba su tribuna para arremeter contra “la izquierda paleolítica anclada en un universo cultural e ideológico totalmente periclitado que continúa idolatrando lo 'público' como un icono sagrado”.

En un vídeo de hace once meses de la fundación de la que es secretario, el juez había ido más lejos y había cuestionado abiertamente el papel de los sindicatos. “Se está produciendo un desplazamiento de lo colectivo a lo individual. En el seno de una empresa, las jerarquías rígidas y autoritarias pierden pertinencia. ¿Qué sentido tiene hoy la defensa colectiva de los intereses que ya no son homogéneos de los trabajadores de una empresa? Planteo el tema, que ya sé que es vidrioso, de los sindicatos...”, arrancaba el juez Lobato.

Proseguía su argumentación el juez con un entierro del marxismo. “La empresa no es hoy un terreno de la lucha de clases, no digo que no haya escenario de eso, pero el capitalismo ha cambiado y esa visión tan beligerante no se corresponde con la realidad”, sostenía.

“Seguimos teniendo estructuras que defienden posiciones colectivas en un escenario que está desapareciendo. No quiero sumarme a eso, pero tiendo a pensar que este tipo de organizaciones [los sindicatos] ya defienden solo los intereses de sus miembros, que cada vez son menos, o de las propias burocracias que generan. ¿Tiene algún sentido el sindicalismo clásico, del siglo XIX o XX, en una empresa que ya no genera confrontación como Marx lo relataba?”, apostillaba el juez Lobato en la grabación.

“No sé nada del Derecho Laboral”, admitía el juez en otro de los vídeos de su fundación en los que ejerce de entrevistador a un socio del bufete Sagardoy, habitual en la defensa de las empresas en conflictos laborales con los sindicatos y que diseñó la reforma laboral del PP de 2012.

“Vivimos una revolución industrial que ha convertido el trabajo en algo caso individual. Tengo la impresión de que las grandes instituciones intermedias representativas de estos colectivos han perdido pertinencia. ¿Qué sentido tienen hoy los sindicatos?”, lanza el juez a su interlocutor, en una intervención en la que considera a la clase obrera “en trance de desaparición”.

En su sentencia de este jueves, el juez Lobato también se hace preguntas. “¿Cuál es la razón por la que no se permite elegir a los trabajadores el modo de prestar su servicio en la plataforma?”, se cuestiona, para responderse a renglón seguido: “En mi criterio no hay nadie más indicado que los propios afectados para decidir lo que mejor les conviene…….. excepto algún iluminado y omnisciente burócrata que parece gozar de un privilegiado acceso a la Verdad”.

El “acoso” a Glovo

El reverso de la “España sindicalizada”, según se desprende de la propia sentencia del juez Lobato, es Glovo. El magistrado se deshace en elogios a la empresa, en contraste con el “brumoso laberinto normativo” que, a criterio del juez, impuso la ley rider en 2021 al introducir “rigidez” y “elevando costes” laborales.

Al contrario que las sentencias de los jueces de lo social que han desenmascarado el modelo de falsos autónomos de Glovo y han equiparado su modelo de negocio a las empresas de reparto tradicionales, Lobato presenta a Glovo como una empresa con una actividad “claramente innovadora” y “en permanente innovación tecnológica”.

“¿Cómo deberían haber actuado un grupo de emprendedores que habían adoptado la iniciativa de aventurarse en un negocio novedoso, tecnológicamente avanzado y sin una definición clara de un marco laboral consolidado? Realmente, en mi criterio hicieron lo que debían hacer: poner en marcha su negocio”, señala el magistrado.

El juez no solo descarta que el modelo de falsos autónomos con los que operó Glovo desde su fundación en 2015 hasta, según lo anunciado por la propia empresa, el pasado 1 de julio, suponga competencia desleal a Just Eat. El magistrado respalda los cambios de modelo que Glovo ha venido realizando desde la sentencia del Supremo que tumbó su modelo laboral para mantener a sus repartidores como autónomos pese a lo dictaminado por el Alto Tribunal y la ley rider.

“Es evidente que la compañía ha ido adaptándose a las exigencias e imperativos legales que han experimentado intensas variaciones”, indica el magistrado, que comprende que Glovo “optase por el marco laboral que minimizara los costes y favoreciera la viabilidad del negocio” ante “un entorno de acentuada incertidumbre legal”.

El juez también aprovecha su resolución para definir como “tuitiva y proteccionista” la “naturaleza” del derecho del trabajo. Muchos más elogios le merece la libertad de empresa, que considera “el mejor instrumento de asignación de recursos jamás inventado por la mente humana”.

En suma, el juez convierte su sentencia de un pleito mercantil sobre competencia desleal en un aval a la actuación de Glovo que está siendo cuestionada por la vía penal. La Fiscalía acusa al fundador de la compañía, Óscar Pierre, de un delito contra los derechos de los trabajadores precisamente por mantener su modelo de falsos autónomos. Las tesis del juez Lobato de un caso que queda fuera de su jurisdicción se sitúan en la línea de la tesis de defensa de Pierre.

“Hay que hacer un esfuerzo de contención para no calificar como denodada e incansable persecución, el continuo acoso de la inspección de trabajo mediante levantamiento de actas y la imposición de sanciones sistemáticamente revocadas, o las modificaciones legales en el ámbito penal enderezadas específicamente a sancionar la conducta de los directivos de la compañía”, concluye el magistrado Lobato, un juez que habla, y mucho, en su sentencia.

Glovo ha empezado a despejar su horizonte judicial este jueves. El juez ha rechazado la demanda de Just Eat contra Glovo por competencia desleal, en la que la estaban en juego 295 millones de indemnización. La resolución, más allá de desestimar las pretensiones de Just Eat, se adentra en una defensa de la economía de mercado y en una crítica al “eco de la España sindicalizada”, que, a juicio del magistrado Álvaro Lobato, representaron las inspectoras de Trabajo que comparecieron como testigos.

Según Just Eat, que mantiene a sus repartidores como empleados o subcontratados a otras empresas, los falsos autónomos de Glovo le suponían una competencia desleal al no poder operar en el mercado con las mismas reglas.

El juez lo descarta e incluso va más allá al afirmar que los dos modelos de autónomos que usó Glovo después de la histórica sentencia del Supremo de 2020, y que tanto Inspección de Trabajo como la Fiscalía consideran una burla a la normativa laboral y al Código Penal, “garantizan sobradamente la autonomía e independencia de los riders para configurar una relación jurídica autónoma”.

Es más, el juez no puede evitar elogiar el modelo laboral de Glovo (pese a que la compañía ha anunciado la laboralización de los repartidores): “Es difícil imaginar una empresa en régimen de trabajo asalariado que conceda a sus trabajadores tan extraordinario grado de autonomía para organizar libremente su trabajo y disponer de su tiempo”.

El juez se muestra especialmente duro contra las tres inspectoras de Trabajo que siguieron la pista a Glovo y constataron que sus cambios de modelo de autónomos seguían vulnerando la normativa laboral. En las declaraciones de ambas funcionarias “parecía resonar, con atronadora unanimidad, el eco nostálgico de la España sindicalizada, 'el mundo de ayer' administrado y burocrático”, critica el magistrado.

En una valoración del testimonio poco habitual en un procedimiento mercantil, el juez asegura que las palabras de las funcionarias “deben relativizarse porque adolecen de un indiscutible sesgo de grupo”. Incluso señala a las inspectoras por sus “atajos heurísticos y sesgos conductuales”. “Los procesos de toma de decisiones están inevitablemente contaminados por tendencias psicológicas que tienen profundos anclajes biológicos”, apostilla el juez.

El magistrado asegura ser “plenamente consciente” de que “la clave de bóveda” de la demanda de Just Eat contra Glovo era el derecho laboral, pero recuerda que su jurisdicción es la mercantil para concluir que “el escenario regulado por el derecho de la competencia tiene poco que ver con la naturaleza tuitiva y proteccionista del derecho del trabajo”.

Tampoco se ahorra su opinión el juez sobre el servicio de reparto de comida a domicilio mediante plataformas digitales. Se trata de un negocio, en palabras del magistrado, “innovador, tecnológicamente avanzado” y el marco laboral que lo regula resulta “controvertido y obsoleto”.

Sobre el objeto concreto del pleito, el juez descarta que el modelo de falsos autónomos permitiera a Glovo ahorrar costes laborales para dedicarlos a acuerdos exclusivos con restaurantes. Just Eat y Glovo, según el juez, presentan modelos de negocio diferentes, ya que el 80% del negocio de la primera es el mercado físico y el 20% a domicilio, mientras que en la segunda sucede “lo contrario”, por lo que la laboralización de los riders no es la única diferencia.

La “libertad de empresa” de Just Eat, concluye el magistrado, no se ha visto afectada por los falsos autónomos de Glovo. Tampoco su presencia en el mercado, indica la sentencia, que incluye un alegato en favor del libre mercado: “Reglas, cuantas menos mejor, para todos iguales y el resto debe ser el resultado de las interacciones en el mercado porque, sin duda, se trata del mejor instrumento de asignación de recursos jamás inventado por la mente humana”. La sentencia es recurrible ante la Audiencia de Barcelona.