La sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha emitido en noviembre una sentencia en la que valida la resolución de primera instancia de un juzgado de Donostia tras un pleito laboral interpuesto por una antigua trabajadora de las empresas del grupo Montai, dedicadas a la organización de eventos y montajes y a cuyo frente está el empresario del PNV de Gipuzkoa Aitor Elorza. En este juicio, la exempleada quiso ser considerada plantilla del Ayuntamiento de Hondarribia -como así ha sido determinado por la Justicia- por llevar muchos años de continuo realizando servicios subcontratados a las mercantiles de Elorza, que facturaron allí millones de euros cuando gobernaba la formación nacionalista. Lo llamativo del proceso es que la demandante alegó por escrito que aunque estuvo dada de alta en varias empresas de Elorza a lo largo de los años eso era un simple truco contable para saltarse los topes legales para las adjudicaciones directas y sin concurso a una empresa, actualmente en 15.000 euros anuales (más IVA).

El PNV perdió Hondarribia tras las elecciones de 2023. Accedió a la alcaldía Igor Enparan de la plataforma Abotsanitz, que durante dos legislaturas en la oposición hizo bandera precisamente de denunciar irregularidades en la contratación pública en el municipio. Hasta 2023, el grupo de Elorza facturó millones de euros el municipio guipuzcoano. En aquel momento lo conformaban cuatro firmas, Montai Produkzioak, la matriz, Estali La Karpa, Kultur Kirol Zerbitzuak y Denok Zuzeneko Komunikazioa. Recientemente se ha creado una más, Ekiazpi, que ya está accediendo a adjudicaciones públicas.

A comienzos de 2025 hubo un juicio laboral por este caso, como adelantó este periódico. En él declaró el propio Elorza. En la respuesta a la primera pregunta que se le formuló admitió que, efectivamente, cuando una de sus empresas se acercaba al tope de facturación simplemente se cambiaba de CIF para continuar prestando el servicio, en este caso la gestión de los recintos culturales Itsas Etxea y Kultur Etxea. Es algo que este periódico detectó en 2020, 2021 y 2022.

“Llegan a un límite de facturación y entonces se nos solicita que... que... bueno... que fuese otra empresa la que facturase”, señaló, titubeante. No sólo eso. Reconoció también que una de las firmas del grupo, Estali La Karpa, nunca tuvo estructura más allá de dar de alta periódicamente a la trabajadora, aunque ha accedido a cuantiosas adjudicaciones públicas tanto en Hondarribia como de otras instituciones gobernadas por el PNV, como el Instituto de la Memoria (Gogora) en la etapa de Aintzane Ezenarro.

En este procedimiento judicial ha tenido un papel muy relevante igualmente el exedil de Cultura por el PNV Juan Luis Silanes o 'Kalixa', como es conocido. Emitió para el juicio un certificado con membretes municipales y en el que se da a entender que es documento del Ayuntamiento. En él apoya la demanda de la trabajadora, que en su formulación recoge claramente las irregularidades en la contratación que él mismo promovió y que, además, tienen otra derivada que ocultó en su escrito y que solamente admitió casi al final del interrogatorio en el juzgado. La empleada era su prima. Un detalle adicional es que esta mujer no solamente fue saltando de empresa a empresa del grupo Montai, sino que también fue dada de alta directamente en dos períodos por el propio PNV y por otras mercantiles próximas al partido ajenas a Elorza.

El resultado del proceso laboral fue una sentencia en primera instancia -que precisó de un auto de aclaración- en la que se daba la razón a la trabajadora y se interpretaba que tenía derecho a ser considerada como parte de la plantilla de Hondarribia. Aquel primer fallo, en su página trece, indicaba que “no es objeto de controversia” que las empresas de Elorza accedían a adjudicaciones directas de Hondarribia y que está “acreditado” que la única razón por la que la trabajadora saltaba de una a otra, por ejemplo a Estali La Karpa, “aunque fuere para continuar desempeñando el mismo trabajo”, era “el límite económico anual de contratación administrativa con la misma empresa sin concurso público”.

Ahora, el Superior no modifica la argumentación del juzgado de Donostia. En una resolución breve, de apenas tres páginas, refrenda esa primera sentencia. “El relato de hechos probados informa que la demandante trabajaba bajo la dirección, organización y planificación de los técnicos del ayuntamiento. Los servicios laborales se prestaban en el auditorio municipal y en la casa de cultura del ayuntamiento. La demandante participaba en la organización y publicidad previa de los eventos culturales contratados por el ayuntamiento; así como en el control y gestión de venta de entradas mediante la aplicación dispuesta por el ayuntamiento. También atendía al público; controlaba los accesos a la instalación; su cierre y rendía cuentas relacionadas con las entradas. Por consiguiente, el ayuntamiento aportaba los medios materiales y dirigía la actividad de la demandante, sin intervención ni aportación alguna de las sucesivas empresas formalmente empleadoras. Se revela el caso como claramente calificable de cesión ilegal”, se expone en un apartado de “fundamentos de derecho” en el que ni se mencionan las empresas. Los firmantes de la resolución son los magistrados Pablo Sesma de Luis, Ana Isabel Molina Castiella y Juan Carlos Benito-Butrón Ochoa.

Se da la circunstancia de que la sentencia se dirige contra el actual equipo al frente de Hondarribia, el de Abotsanitz, que había recurrido el fallo en primera instancia y defendido la tesis de que no se podía considerar que la exempleada del grupo Montai fuese trabajadora pública 'de facto'. Es más, el Superior ha forzado a Abotsanitz a abonar las costas al empresario Elorza por haber elevado el pleito a segunda instancia, una simbólica cantidad de 100 euros.

Cuando este periódico publicó la información sobre esta causa, Elorza no atendió a las preguntas formuladas pero sí expuso la opinión en un foro público. “Todas las afirmaciones vertidas en ese texto son una sarta de mentiras, manipulaciones e insinuaciones sin pruebas. Es evidente que el único objetivo de este ataque es dañar mi imagen y la de Montai mediante falsedades y tergiversaciones. Montai y las empresas mencionadas operan dentro de la legalidad. No hay nada irregular en nuestra actividad, y cualquier insinuación de corrupción es pura calumnia. Todas las contrataciones se han hecho respetando la normativa vigente. No hay 'red mafiosa' ni tramas ocultas. Se utilizan nombres, conexiones familiares y relaciones personales para crear una falsa historia de conspiraciones que solo existe en la imaginación del autor”, dejó por escrito. Después, este periódico acreditó que el Ayuntamiento de Beasain, gobernado por el PNV, ha adjudicado a Montai un contrato de casi 500.000 euros tras sacar cero puntos en el concurso habilitado al efecto.

El PNV ha solicitado al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que realice una auditoría de la gestión económica del Ayuntamiento de Hondarribia en 2024. Se trata de un movimiento político muy simbólico porque ese año es el primer ejercicio completo en que el este partido, que perdió las elecciones de 2023, no controló su otrora feudo en el Bidasoa. Ahora gobierna la plataforma independiente Abotsanitz, con Igor Enparan como alcalde, que precisamente en la oposición realizó continuadas denuncias de irregularidades en el municipio, particularmente en lo tocante a las decenas de adjudicaciones directas al grupo de empresas del miembro del PNV Aitor Elorza, Montai.

Este viernes, antes de la votación de las enmiendas a los presupuestos autonómicos de 2025, la comisión de Hacienda del Parlamento Vasco ha tratado el plan de trabajo de 2026 del Tribunal de Cuentas. Antes, los partidos pueden lanzar sus planteamientos. En el caso de los socios del Gobierno vasco, PNV y PSE-EE, han presentado sus escritos por separado, algo excepcional en el día a día de la Cámara. Es en el documento registrado por los nacionalistas donde figura, entre otras, la propuesta de una auditoría de la nueva etapa en Hondarribia.

A la contra, la coalición Sumar ha propuesto nuevamente que el Tribunal de Cuentas analiza las adjudicaciones a Montai, un conglomerado que ahora tienen cinco empresas, la propia Montai, Estali La Karpa, Denok, Kultur Kirol Zerbitzuak y Ekiazpi. Además de en Hondarribia, estas empresas han recibido también decenas de adjudicaciones en otras muchas instituciones gobernadas por el PNV.

El debate sobre el plan de trabajo del Tribunal de Cuentas ha durado segundos. Ni siquiera ha habido debate. El presidente de la comisión, Álvaro Gotxi, ha dado cuenta de que todas las propuestas de todos los grupos han sido aceptadas “por asentimiento”. En la lista está también el intento del PP de que se revise más a fondo la contabilidad de la sociedad EKP, los puertos deportivos vascos, después de que se haya apuntado en otros informes que ha habido adjudicaciones irregulares de combustible, entre otras anomalías.

Estas peticiones del Parlamento, sin embargo, suelen caer siempre en saco roto. El Tribunal de Cuentas no tiene obligación de asumirlas, salvo que el Parlamento las demande vía acuerdo plenario. De hecho, como ejemplo, durante años le ha solicitado una revisión de las contrataciones con Montai y nunca se ha hecho esa auditoría 'ad hoc'.

Un informe entregado al Parlamento Vasco a instancias del PP por la actual consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, del PSE-EE, apunta a la existencia de al menos “errores” en el expediente de contratación de las obras del denominado Gogoragunea, el espacio expositivo permanente del Instituto de la Memoria (Gogora), en su sede de Bilbao. Este proyecto, de 3,8 millones y adjudicado a la empresa Bycam, fue puesto en marcha por el anterior equipo del PNV, con Aintzane Ezenarro como directora del organismo. Se da la circunstancia de que Gogoragunea era la plasmación final de una carpa itinerante con la que Gogora recorrió las localidades vascas y cuya contratación motivó también denuncias por comportar decenas de adjudicaciones al grupo de un miembro del PNV, Montai.

El parlamentario del PP Álvaro Gotxi registró en la Cámara una batería de preguntas antes de las vacaciones de verano a la luz de la última auditoría del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre los entes autonómicos, que data de mayo de 2025. En ella se mencionaban “deficiencias” en este proceso de adjudicación. Se relacionan, entre otras, la aprobación del gasto por un órgano no competente, que no intervino la comisión central de contratación, que no hay constancia del cumplimiento de la solvencia previa de la adjudicación, que no hubo fiscalización de la Oficina de Control Económico, que la adjudicación superó el plazo máximo, que no se indicaba la garantía de la aplicación del convenio colectivo a los trabajadores de las obras y falta de información sobre la licitación en el perfil del contratante. Gogora nunca envió alegaciones para dar explicaciones al Tribunal de Cuentas.

En el verano de 2024, el área de Derechos Humanos fue una de las que pasó a manos del PSE-EE en la renegociación de la coalición con el PNV. San José es la consejera y Alonso ha ocupado la silla de Ezenarro en Gogora. Precisamente hace unos días trascendió su nombramiento como responsable de contenidos de memoria histórica en la dirección de EiTB, la radiotelevisión pública vasca.

Es el nuevo equipo el que ha entregado la información al Parlamento y no se niegan las anomalías en este contrato. Como “consideración previa”, se indica que antes de la adjudicación a Bycam hubo un intento anterior en 2022 que quedó desierto por entender las empresas que el dinero era insuficiente y no presentar ofertas. Esto “ha dificultado la gestión [del contrato] y ha conllevado errores de carácter formal”, sostienen los gestores de Gogora. Matizan, eso sí, que esto “no ha invalidado el conjunto de la licitación” ni “puesto en riesgo en ningún momento” la “concurrencia competitiva”, es decir, que una variedad de empresas pudieran optar a los trabajos.

Este informe no niega que falta “en el segundo procedimiento” y “a la vista del importe del gasto” la “participación” de la comisión central de contratación. Hubo también un informe “desfavorable” de la Oficina de Control Económico, que apreció “errores de tipo contable”. Es del 20 de febrero de 2024 pero el Consejo de Gobierno, a pocas semanas de las elecciones que pusieron fin a la etapa de Iñigo Urkullu, el 19 de marzo de 2024, autorizó dar continuidad al procedimiento a pesar de los “errores de tipo contable”.

Gogora explica que “es cierto” que hubo plazos que se “demoraron”, si bien entiende que en un momento “posterior” ya se ha ido cumpliendo con todos ellos. “Aunque, tal y como indica en su informe el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, se han detectado deficiencias en el expediente de contratación objeto de fiscalización, se han subsanado, aunque con demora, parte de las indicaciones recibidas y se han tomado en consideración el resto para futuras licitaciones. En definitiva, aunque no se envió una respuesta de alegaciones por escrito se han tenido en cuenta las valoraciones recibidas. Añadir al respecto que la concurrencia ha sido garantizada y la mejor prueba de ello es la ausencia de recursos”, expone la consejera San José.

El proyecto de Gogoragunea expone como claro “antecedente” que este espacio expositivo permanente es la continuidad de la carpa itinerante que recorrió Euskadi durante años desde la creación de Gogora en 2016. Prácticamente la totalidad de los contratos formalizados por el Instituto de Memoria fueron con empresas del grupo Montai y, en su mayoría, mediante adjudicaciones directas por debajo del umbral legal aunque luego se repetía para cada ubicación el mismo objeto del contrato. En uno de los pocos concursos llegaron a competir entre sí firmas del mismo grupo. Gogora dependía entonces de Presidencia.

El grupo Montai es del empresario Aitor Elorza, miembro del PNV. Este periódico reveló estas adjudicaciones a comienzos de 2020. El adelanto electoral de 2020 hizo que Ezenarro nunca compareciera en el Parlamento por estos hechos a pesar de las peticiones de la oposición. De hecho, su sucesor Alonso explicó este año cuando acudió a la Cámara por vez primera que la normativa marcaba comparecencias anuales para dar cuenta de su gestión, hecho que en ocho años nunca cumplió Ezenarro.

Gogoragunea, según se expuso cuando se presentó, es una exposición permanente con seis áreas, la Guerra Civil y el franquismo, la represión, la violencia policial y la tortura, ETA, los GAL y otros terrorismos de extrema derecha, la respuesta social y la resiliencia. “El espacio pretende propiciar una reflexión personal y colectiva con el objetivo de reforzar principios y valores éticos y democráticos: deslegitimación de la violencia, no repetición, derechos humanos, pluralismo político y diálogo”, se indicó.

EiTB, la radiotelevisión vasca, ha rescatado a Aintzane Ezenarro (Getaria, 1971) como nueva responsable (“arloburu”, en la jerga interna) de los contenidos sobre memoria histórica, según ha confirmado este periódico de tres fuentes internas. Ezenarro fue hasta el verano de 2024 la directora del Instituto de la Memoria (Gogora) a propuesta del PNV, aunque en sus orígenes políticos fue portavoz de otra formación, Aralar, hasta que rompió con ella por su acercamiento a la izquierda abertzale tradicional en el germen de la creación de la actual EH Bildu.

El consejo de administración de EiTB, reunido este martes en Bilbao, recibió de la dirección del ente la información del nombramiento y una explicación sobre el currículum de Ezenarro, que es periodista y licenciada en Ciencias Políticas por la EHU y que después completó su formación con un máster en derechos humanos (2013) y otro más reciente (2025) en formación del profesorado. En su trayectoria profesional, ha trabajado en 'El Mundo' y en una productora para ETB, en la revista de Elkarri (donde coincidió con quien luego la acompañaría en el Gobierno de Iñigo Urkullu, Jonan Fernández) y después ya en las instituciones con Aralar primero (concejal en Getaria, juntera en Gipuzkoa y parlamentaria autonímica) y con el PNV después (asesora de derechos humanos y directora de Gogora desde su creación).

Ezenarro sustituye a Iñigo Camino, precisamente director de comunicación del área del Gobierno de la que colgaba Gogora en la pasada legislatura, el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. El periodista Camino ha emprendido una nueva etapa profesional y deja vacante un puesto en el que ha estado aproximadamente medio año. Se trata de una plaza del organigrama para la que ha habido que superar un proceso de selección externalizado a la consultora Campo & Ochandiano, según fuentes conocedoras del nombramiento. Ahora no se ha vuelto a celebrar un nuevo proceso y se ha tirado de la bolsa creada en la primera ocasión, agregan. Desde ese puesto, Ezenarro coordinará los contenidos memorialísticos, particularmente en televisión, aunque fuentes internas explican que no tendrá capacidad de condicionar los contenidos editoriales en los diferentes soportes informativos.

La exdirigente de Aralar accedió desde primera hora a la dirección del Instituto de la Memoria. Fue su única directora, de hecho, hasta que con la salida de Iñigo Urkullu el PNV renegoció el reparto de áreas con su socio de coalición, el PSE-EE, y le cedió la cartera de Justicia y Derechos Humanos, de la que cuelga Gogora. Durante su etapa, este periódico informó de las decenas de adjudicaciones a un grupo de empresas de un cargo del PNV de Gipuzkoa, Aitor Elorza. El grupo Montai facturó decenas de miles de euros con contrataciones directas de Gogora. Asimismo, el nuevo director socialista, Alberto Alonso, aseguró que quiere imprimir “rigor histórico” al trabajo del organismo y compareció en el Parlamento Vasco para dar cuenta de su actividad, una obligación legal nunca cumplida por su predecesora. Durante el traspaso de poderes, Ezenarro llegó a iniciar la tramitación de un decreto después ya de la investidura de Pradales y cuando estaba claro que no continuaría en el cargo.

El Ayuntamiento de Beasain, gobernado por el PNV, ha confirmado que adjudicó a comienzos de este año un contrato de un máximo de 483.443,49 euros a la empresa Montai para el “servicio de alquiler de escenarios, carpas, sillas, mesas plegables y tarimas, así como su montaje, desmontaje y de otros elementos similares de propiedad municipal (incluido mantenimiento)” tras haber obtenido cero puntos en un concurso, como adelantó este periódico. Montai es la cabeza de un grupo de empresas a cuyo frente estaba el miembro del PNV guipuzcoano Aitor Elorza y en el que han trabajado otros cargos públicos y orgánicos de esa formación.

Beasain ha terminado de entregar este viernes la documentación solicitada por este periódico sobre su histórico de contratos con Montai tras una solicitud a través de la normativa de transparencia que inicialmente fue satisfecha parcialmente y que después se ha completado tras un recurso ante Gardena, el organismo del Gobierno vasco que supervisa este tipo de procedimientos. En el caso de la última adjudicación, la más onerosa de cuantas ha obtenido en Beasain en los últimos años, el expediente confirma que “efectuada la valoración de la oferta presentada por la licitadora la puntuación obtenida es [...] 0 puntos”. Pese a ello, el proceso de contratación continuó, la adjudicación se firmó y ahora mismo está vigente. Es para tres años, hasta 2028, con posibilidad de llevarla a cinco con las prórrogas.

¿Qué implican esos 0 puntos? La empresa planteó una oferta económica sin ningún tipo de mejora con respecto del presupuesto base. El ahorro que figura es del 0%. La parte económica era el 80% de la valoración total y el otro 20% valoraba compromisos para la gestión de desperfectos y limpiezas de lonas, no adquiridos en ningún caso por Montai.

Montai fue la única empresa que se presentó al concurso. Fuentes del sector han deslizado que era inútil intentar aspirar a ese contrato en Beasain. Montai venía de ser la adjudicataria en, al menos, dos procesos similares en años anteriores en ese mismo ayuntamiento. Además, ha obtenido también otros contratos menores, los que se otorgan de modo directo.

El anterior contrato se firmó para el período de 2021 a 2024 con posibles prórrogas hasta 2026 que, evidentemente, no se han cumplido en su totalidad. El objeto era muy similar, el “servicio de alquiler de escenarios, carpas, sillas, mesas plegables y tarimas, así como su montaje, desmontaje y de otros elementos similares de propiedad municipal (incluido mantenimiento)”. Pero el precio era notablemente inferior, de 283.586,19 euros.

Este contrato expiró en el verano de 2024 y hubo una propuesta de prórroga hasta el verano de 2025. Llegaron a firmarla la alcaldesa, Leire Artola, y su compañera de partido Maije Zelaia en nombre de Montai. Sin embargo, un informe de la secretaria municipal frenó esa continuidad. Según expuso, el Ayuntamiento había decidido ya la continuidad pero en ningún caso lo comunicó en tiempo y forma a Montai (al menos con dos meses de antelación, como marca la ley). Lo llamativo es que ese dictamen es muy posterior, de octubre de 2024.

Ese mismo mes, el Ayuntamiento de Beasain formalizó un contrato menor con código 2024001020 con Montai. Son adjudicaciones directas, sin concurso. Se pueden hacer de hasta 15.000 euros más IVA y se firmó exactamente por 18.150 euros, el máximo admisible. El contrato dado por finalizado por la alta funcionaria tuvo continuidad con este pago por “alquiler y montaje de equip. eventos (escenarios, puestos, ...)”. En febrero de 2025, en concreto el día 11, se adjudicó ya el nuevo contrato, con entrada en vigor desde marzo. Sin embargo, ese mes ya se había hecho con antelación otra factura de 7.260 euros con el concepto en euskera de “Eszenatoki, postu, ... jardueren ekip. alokairu eta muntaia”.

Montai también ha sido contratista de cabecera de otras instituciones dirigidas por el PNV, tanto municipios como órganos de mayor rango. Es, además, la empresa que organiza la mayoría de actos políticos del partido. El caso más sonado fue el de Hondarribia, donde facturó cientos de miles de euros sin concurso durante años. En 2023, el PNV perdió la alcaldía de este municipio. En 2025, a comienzos de año, se celebró un juicio laboral en el que el empresario Elorza admitió que para sortear los topes legales para adjudicaciones directas iba cambiando el CIF de las diferentes sociedades que controla. Además de Montai, existen Denok Zuzeneko Komunikazioa, Estali La Karpa o Kultur Kirol Zerbitzuak. Recientemente se ha creado también Ekiazpi.

Alberto Alonso (Oñati, 1976) es desde 2024 el director de Gogora, el Instituto de la Memoria vasco que gestiona en Euskadi las políticas de la Guerra Civil, la dictadura, los terrorismos de ETA y los GAL y la violencia policial. Licenciado en Historia y ávido lector, ha ocupado diferentes responsabilidades desde que dio el salto de delegado de UGT en Michelin a cargos del PSE-EE en Álava. De 2016 a 2020, con María Jesús San José como consejera, fue director de Osalan, el Instituto de Salud Laboral del Gobierno vasco. Después de un paréntesis como portavoz parlamentario en Medio Ambiente, y de nuevo con la misma consejera, dirige una institución que tiene aproximadamente una década y que había estado controlada desde su nacimiento por Aintzane Ezenarro, exdirigente de Aralar fichada por Iñigo Urkullu y por el PNV. Alonso apunta a que ahora Gogora trabaja con “rigor histórico” y señala que ha salido de su “autismo” y se relaciona con otros organismos memorialísticos, pero, a la vez, asegura que no se han revisado las controvertidas adjudicaciones al grupo de empresas de un cargo del PNV, Montai, durante la etapa anterior.

En pleno contexto festivo en Euskadi, lamenta en una entrevista que ha tenido lugar en la redacción de elDiario.es/Euskadi en Vitoria que el elogio a los victimarios, sobre todo de ETA, siga teniendo protagonismo en las calles; y aboga por profundizar en la información sobre ese pasado en las aulas. Plantea que en otoño se decidirá la fecha del día de la memoria histórica y asegura que en la agenda inmediata de Gogora hay actos de homenaje por el cuadragésimo aniversario de Monbar, el mayor atentado de los GAL, y por el quincuagésimo de los fusilamientos de 'Txiki' y Otaegui, los últimos del franquismo. Sobre los GAL, y preguntado expresamente por Felipe González, asegura que es “repugnante”, aunque opina que los socialistas actuales han “solventado” ya esos años. Y, sobre los miembros de ETA fusilados, insiste en el concepto de “víctimas victimarios” y recalca que nadie puede pretender orillar que fueron ejecutados sin garantías por un régimen dictatorial e ilegítimo. Sobre si estará listo en 2026 el Memorial del 3 de marzo en Vitoria, avisa de que a la vuelta de las vacaciones empezarán a trabajar en la iglesia.

Cuando se dice que ahora Gogora opera en términos de “rigor histórico”, ¿esto quiere decir que antes no era así?

Para nosotros, el rigor es una condición 'sine qua non'. No significa que hasta ahora no se tuviera, sino que nosotros lo que pretendemos es garantizar que exista. Digamos que el enfoque que se daba hasta ahora era más cuantitativo, de búsqueda de nombres. O sea, el esfuerzo que se había realizado era más el de hacer una especie de base de datos con las diferentes víctimas. Pero el riesgo está cuando empiezas a darle un enfoque también cualitativo, como estamos haciendo ahora. No solamente contamos víctimas: explicamos qué les pasó a esas víctimas. Cuando entras en el ámbito de la interpretación, el riesgo en caer en mitos, en leyendas, en afirmaciones poco asentadas o contrafácticas sin rigor histórico es muy grande. Cada una de las afirmaciones que se hacen tiene que estar debidamente asentada o garantizada, con rigor histórico.

¿Hay algún ejemplo de algo que no se hiciera en esos términos?

No, porque tampoco se hizo ningún esfuerzo en intentar interpretar o, de alguna forma, en darle esa visión más cualitativa. Los números están bien. La tipología de victimización está bien. Hay un esfuerzo muy grande en eso. Pero digamos que le faltaba esa otra visión. No es un reproche de que esto se hizo mal, porque fue una primera fase que era necesaria. Ahora lo que estamos intentando es explicarlo. La primera pregunta que se hace cualquier víctima, indistintamente de la Guerra Civil, del franquismo, de los diferentes terrorismos o de las diferentes violencias políticas que ha habido, es '¿Por qué?'. Hemos superado la primera etapa, que era la de buscar e identificar el mayor número de víctimas. Ahora estamos en la etapa de explicar por qué pasó lo que pasó. Ahí es donde el rigor tiene una gran importancia. No es que hasta ahora Gogora no tuviera rigor a la hora de explicar el contexto, sino que no se había centrado tanto en explicar el contexto.

El área de Derechos Humanos fue uno de los grandes cambios entre el PSE-EE del PNV en esta legislatura. Me imagino que ustedes son conscientes de que es un área sensible. Reciben críticas, de un lado, de PP y Vox y, del otro, de EH Bildu.

Ojalá se pudiera circunscribir la crítica solamente a los partidos políticos. Es un momento donde la política a nivel nacional tiende, sobre todo por parte de los partidos de derechas, hacia la polarización. En ese gran torbellino mediático y político por polarizar a la sociedad española, desafortunadamente, se ha metido a las víctimas. Intentando separarlas. A nadie se le escapa que hay un esfuerzo por hacer de las víctimas del terrorismo de alguna forma la representación de las políticas de la derecha, de la misma manera que se intenta que las víctimas del franquismo de alguna forma se vinculen con la visión de la izquierda. Nos corresponde intentar poner sensatez y rigor histórico, intentar explicar y dar las herramientas suficientes para la construcción de una memoria inclusiva, que respete los derechos humanos. Aquí en Euskadi, por un lado, tenemos una derecha que es la onda expansiva, polarizando todo lo que alcanzan sus manos. Y, por otro lado, tenemos una izquierda abertzale que tiene avances tímidos. No pongo en cuestión, desde luego, el que tengan voluntad de hacerlos. Quizá lo que hay que empezar a plantearse es si el ritmo en el que lo están haciendo es el adecuado. En este mundo absolutamente polarizado, intentar estar en el centro, como es el caso de este Gobierno, es un trabajo complicado.

A nadie se le escapa que hay un esfuerzo por hacer de las víctimas del terrorismo de alguna forma la representación de las políticas de la derecha, de la misma manera que se intenta que las víctimas del franquismo de alguna forma se vinculen con la visión de la izquierda

¿Por qué ha habido tantos cambios en el área de Derechos Humanos? Entre otros, se fue el viceconsejero y se fue el director. Todos en muy pocos meses.

Es una cuestión que se circunscribe, primero, a lo personal. En algunos casos fueron decisiones personales de dar un paso al lado. Como en el ciclismo, lo más importante a la hora de arrancar una bicicleta es ese gran esfuerzo inicial. Luego ya la inercia te va ayudando. Y ese primer esfuerzo puede ser realmente agotador. Es de agradecer también haber podido contar con esas personas que nos ayudaron a dar esos primeros pedales, a dar ese arranque a la legislatura. Y luego, por otro lado, también es potestad de la consejera el adaptar su equipo a aquello que considere que es lo más efectivo para desarrollar sus políticas.

En abril, usted presentó en el Parlamento las líneas generales de Gogora. Su predecesora, Aintzane Ezenarro, nunca había ido al Parlamento a dar explicaciones en casi una década en el cargo.

Yo hablaré de mí, no de terceros. Cuando llegué al cargo, leí la ley de creación de Gogora y vi que había un artículo donde claramente dice que la dirección de Gogora deberá de comparecer ante el Parlamento para dar cuentas de lo hecho y para explicar las líneas de actuación futuras. Es verdad que el equilibrio es un poco difícil, porque luego está el Consejo de Dirección, que es quien decide realmente. Simplemente, lo que hice después del Consejo de Dirección fue pedir una comparecencia en el Parlamento, intentando siempre mantener el respeto a nuestro verdadero órgano rector. Lo hice así porque la ley está para cumplirla. No voy a presumir de cumplir la ley, porque es algo que todo ciudadano tiene que hacer. Los anteriores... Ellos dirán con su conciencia o con su visión de calidad democrática qué es lo que hacían y dejaban de hacer.

¿Han analizado adjudicaciones que se hicieron en la etapa anterior?

No. Ésa no es nuestra función y no estamos aquí para fiscalizar gestiones anteriores. Eso lo hace la Oficina de Control Económico o el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Nosotros estamos aquí para trabajar por los derechos humanos, por la convivencia, por la construcción de una memoria desde una perspectiva completa e integradora. Y, no, no estamos aquí para fiscalizar cuentas.

Lo preguntaba porque un grupo de empresas de un cargo del PNV, Montai, se llevó decenas de adjudicaciones y cientos de miles de euros de Gogora.

Eso está fiscalizado, ¿no? elDiario.es, dentro de ese cuarto poder, ha sido muy activo en la denuncia de esas cuestiones y estarán en manos de quien tengan que estar. Desde luego, la nueva dirección está para lo que la ley mandata. Sería incluso traicionar el espíritu de Gogora que, en lugar de estar a lo que tenemos que estar, nos pongamos a auditar cuentas pasadas. Hay otros organismos para eso. Nosotros no vamos a perder el tiempo revisando el pasado.

...

Me refiero al pasado de las cuentas, no al pasado de la memoria.

¿Mantienen contratos con Montai?

No.

¿Montai? Nosotros no vamos a perder el tiempo revisando el pasado. Hay otros organismos para eso.

¿Ha vivido Gogora de espaldas a otros organismos que pueden ser similares, como el Memorial del Estado en Vitoria?

Sí. Creo que eso sí que se puede decir. Gogora ha tenido -vamos a decirlo así- ligeros brotes de autismo. Me lo he encontrado también en otras instituciones en las que he tenido que trabajar, ¿eh? Pero, en este caso concreto, hay que entender que en la memoria tejer relaciones es muy importante. Cita el Memorial. La noticia de mi nombramiento me pilló en el Memorial, en una exposición. Me une una gran amistad con parte del personal del Memorial, que es anterior a mi presencia en Gogora. Pero, más allá de lo personal, creo que es una especie de institución hermana. Tiene visiones y misiones diferentes a las nuestras, pero son absolutamente complementarias. Pero, además, no se mantenía una relación fluida, por ejemplo, con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, o con el Instituto de la Memoria de Navarra, o con el Memorial Democràtic catalán, o con las instituciones del otro lado de los Pirineos.

¿Pasaba eso?

Realmente, había una relación institucionalmente formal, pero no fluida. Nuestro esfuerzo ha sido acercarnos a la Secretaría de Estado, compartir información, abrirnos. Hay una razón muy simple: la sociedad vasca y española se ha movido mucho en los últimos 80 años. Hay muchas personas que viven aquí, que llevan décadas viviendo en Euskadi, pero cuyos antepasados desaparecidos están en Extremadura, en Asturias o en el norte de Castilla. No mantener una relación fluida con otros organismos es, de alguna forma, privar a toda esa ciudadanía de la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Las exhumaciones en Asturias las hace el Gobierno del Principado. Es necesario tener esa fluidez para que a la hora de la toma de datos de ADN, por ejemplo, haya una interconexión a nivel estatal. Y en eso estamos trabajando. También hay un esfuerzo que se está haciendo en el caso de Francia. Se está trabajando con diferentes instituciones públicas francesas. Por ejemplo, para poder hacer algo en el campo de concentración de Gurs. Pero, bueno, no es nada que yo esté haciendo como si fuera un visionario. Entiendo que es la forma normal como ha de trabajar una institución.

Entremos en cada una de las áreas de trabajo de Gogora. ¿Es suficiente la presencia que tiene ahora la información sobre la historia de ETA en las aulas?

No, desde luego que no es suficiente. Lo que estamos viendo en diferentes fiestas -y lo que me temo que nos queda por ver- es una evidencia de que tenemos una juventud que no acaba de entender lo que fue aquello. En el currículum se habla de la historia contemporánea de España. Los programas de historia contemporánea se hacen un poco por etapas políticas, por presidencias. Y me parece muy difícil entender la última parte de la de los Gobiernos de Felipe González, por ejemplo, sin hablar de la violencia política. Sin hablar de ETA, claro, pero sin hablar de la respuesta, del GAL. Y es imposible explicar todo el período de [José María] Aznar sin hablar del pacto antiterrorista o de los atentados del 11M. Es necesario revisar bien el material que estamos utilizando. Es evidente que no estamos sabiendo explicar el papel que tuvo el odio y la violencia en esos momentos de gestación de la sociedad democrática.

Sin embargo, Educación dice que no se plantea incluirlo en la Selectividad.

Lo importante es también aclarar las competencias de cada cual. La Selectividad es competencia de la Universidad, que es quien tiene que asignar lo que entra en la EBAU. Mi opinión es que, desde luego, facilitaría mucho tener preguntas sobre estas cuestiones en la EBAU. Facilitaría mucho para que los centros educativos enfocaran sus clases.

Lo que estamos viendo en diferentes fiestas -y lo que me temo que nos queda por ver- es una evidencia de que tenemos una juventud que no acaba de entender lo que fue la violencia política. Parece que hemos normalizado que se reivindique a ETA, que siga habiendo fotos de gente que tiene delitos de sangre, que asesinó a personas.

La consejera San José anunció, a principios de esta legislatura, una modificación legislativa para reforzar las sanciones en caso de exaltación de victimarios. ¿Cómo va esta propuesta? Covite, por ejemplo, lo ha vuelto a plantear en los últimos días. Apelan a que la normativa vinculada a la memoria histórica sí prevé esas sanciones económicas.

Es un tema jurídicamente complejo. No depende de Gogora. Está en manos de expertos. Me consta que la consejera misma ha encargado a varios expertos en Derecho Constitucional y Derecho Penal que hagan un estudio para intentar aclararlo. No es tan fácil. El riesgo es muy evidente: el de terminar victimizando al victimario. Que se sientan atacados y que puedan reivindicar que encima las víctimas fueron ellos o ellas. Lo que sí puede hacer Gogora -y es fundamental- es trabajar en cuanto a la concienciación. Trabajar en positivo. He de reconocer que este verano se nos ha echado encima. Estamos en agosto. Pero de cara al año que viene estamos trabajando con diferentes agentes de todas las sensibilidades políticas -o al menos de una parte muy importante de ellas- para intentar llegar a algún tipo de acuerdo de cara al futuro. Se trata de concienciar, de explicar a la ciudadanía dónde están los límites y el respeto a los derechos humanos, a la dignidad, a las víctimas.

¿Y cómo?

Pongo un ejemplo que yo creo que ha calado bien en la sociedad, que son estos puntos morados que hay en las fiestas. Con el machismo, vemos algo que no nos gusta, que traspasa los límites de la dignidad y el derecho que tenemos a disfrutar de las fiestas sin que nadie nos agreda, nos moleste o nos insulte. Tenemos que ser capaces de hacer calar también ese tipo de sensibilidad en la sociedad en lo que tiene que ver con la violencia política. Seguimos siendo muy laxos a la hora de nuestra reacción para con las manifestaciones de violencia, sobre todo si es en el entorno festivo. Parece que hemos normalizado que se reivindique a ETA, que siga habiendo fotos de gente que tiene delitos de sangre, que asesinó a personas, o que se siga intentando idealizar a esos terroristas como héroes. Vuelvo a la igualdad. En estos últimos veinte años hemos avanzado de una forma espectacular, positivamente. La mayoría no toleramos muchas de las cosas que pasaban antes. Eso ha sido una sensibilización. Creo que en lo que tiene que ver con la violencia política todavía ese trabajo está sin hacer.

Este septiembre, se cumplen 40 años del atentado de Monbar, el más grande de los GAL.

Si me permite, lo pongo contexto y explico cómo estamos trabajando. Haremos lo que ya hemos hecho con el atentado en la Cafetería Rolando. Intentamos escoger atentados paradigmáticos que nos permitan ahondar en diferentes temas. Buscamos en el pasado respuestas a preguntas del presente. Con Rolando lo que queríamos era desidealizar al grupo terrorista ETA, explicar que hubo momentos a lo largo de su historia en los que pudieron dejar las armas y, sin embargo, un grupo minoritario absolutamente radicalizado se quedó con el control y siguió con la violencia. En el caso de Monbar, nos parece que era un atentado que había quedado un poco olvidado a lo largo de la historia. Hablando con los familiares de las víctimas nos recordaron que se sentían un poco apartadas de los discursos oficiales o de la memoria sobre nuestro pasado. Nos parece necesario recordarlo porque es el atentado indiscriminado más grande que cometió el GAL. Es el reflejo de un momento y de un período histórico concreto. Entendíamos que era muy importante hablar de ello porque con este atentado hablábamos de los límites del Estado de Derecho. No todo vale. El Estado de Derecho es el margen que tenemos los demócratas. También nos permite hablar de las víctimas victimarios.

¿En qué va a consistir el homenaje?

Vamos a hacer una exposición. Se pondrá un poco de contexto, se explicará qué es el GAL y los diferentes tipos de GAL. Luego se hará una parte más destinada al atentado en sí. Se contará la historia de cada una de estas víctimas. Eran personas. Están sus familias también colaborando con nosotros y es preciso enseñar el perfil humano de esta gente, con sus luces y sus sombras. Está enfocada también a la juventud, para que pueda ver que hubo 27 víctimas mortales a manos de este grupo y para que no caigan al olvido. Paralelamente, haremos una mesa redonda. Hablaremos desde la perspectiva de los expertos. Y luego están también las familias. Veremos cómo podemos darles voz.

¿Habrá autocrítica del papel que tuvo el PSOE en el GAL?

Soy un militante socialista muy peculiar. Si alguien utilizó las siglas no sólo para organizar sino también para justificar y relativizar todo lo que pasó en torno al GAL, me parece repugnante. Me avergonzaría, de hecho, si ha sido así. Me parece repugnante, insisto.

Por ponerle nombres y apellidos, ¿qué piensa de Felipe González? Últimamente está erigido en adalid de la ética.

Simplemente, le invitaría a que visitara la exposición. Que visite la exposición e incluso que escuche después la mesa redonda. Más allá de los nombres, creo que quienes formaron parte de aquello, aunque fueran del Partido Socialista, suponen algo repugnante. Tenían el mandato legal de proteger el Estado de Derecho y utilizaron esas herramientas para saltárselo y estar fuera de él. Es algo absolutamente condenable, se llame como se llame. Y, si quiere seguir dándome nombres, siga dándome nombres. Me parece repugnante en todos los casos. Diré también que creo que el Partido Socialista en el que yo milito, por lo menos el PSE-EE, nada tiene que ver con eso. Me he reunido en diferentes casas del pueblo con compañeros y compañeras de mi partido, les he explicado esto que estoy haciendo y creo que la aceptación y el aplauso es mayoritario. Este Partido Socialista de ahora tiene solventadas estas cuestiones. Pero, si hay que alzar la voz y decir que aquello fue repugnante, yo no tengo problema en hacerlo.

¿Cuándo se va a conseguir un día de la memoria unitario? ¿El 10 de noviembre de este año va a ser unitario?

¿Qué es unitario?

Bueno, que no haya diferentes actos. Y que los que haya sean compartidos por todas las grandes familias.

El año pasado se me preguntó lo mismo. Si realmente creemos en ese discurso de la convivencia y asumimos que el 10 de noviembre es una fecha escogida por la representación democrática de la ciudadanía vasca, que es el Parlamento, las diferentes opciones políticas tienen difícil justificar el no acercarse al acto que se haga ese día. Es una fecha que se escogió por los grupos que están representados en el Parlamento y nosotros lo respetamos. Será bienvenida toda opción política, toda persona que quiera entrar o participar en los actos de memoria que tendrán lugar el 10 de noviembre. Serán en Vitoria, ya os lo adelanto.

¿Tienen fecha ya para el día de la memoria histórica?

Los medios de comunicación estáis interesados en ello y me parece bien. En el Consejo de Gogora se dio un plazo a los diferentes representantes para que nos remitieran posibles fechas. En el siguiente período parlamentario, que será a partir de septiembre, elevaremos el asunto al Parlamento. La ley lo que dice es que el Consejo de Dirección de Gogora aprobará un listado de fechas que serán remitidas al Parlamento para que ellos tomen la decisión. Lo que defiendo es que tiene que ser una fecha en la que todos nos sintamos integrados, en la que todos nos sintamos cómodos. Y, lo segundo, que tenga en cuenta la visión de una memoria democrática. Tenemos que buscar eventos o fechas que representen algo importante en la construcción de nuestra sociedad democrática. Tenemos que alejarnos de visiones belicistas.

Se habló del 7 de octubre, aniversario del primer Gobierno de José Antonio de Aguirre.

Por ejemplo. Pero también le doy otra fecha posible, la del primer referéndum para aprobar el Estatuto de Autonomía, en 1933. Es la primera vez que en Euskadi votaron las mujeres también.

En su momento, cuando se planteó como posible festivo feminista, se dijo que no era precisamente un ejemplo de proceso electoral limpio y con garantías.

No se puede juzgar con la visión de hoy en día aquel referéndum. Sólo doy fechas diferentes, posibles alternativas. En todo caso, lo que se decidió en aquel referéndum fue lo que posteriormente se defendió a partir de 1936, la autonomía y el Gobierno vasco. Todas las fechas pueden tener su parte polémica. Esto enlaza un poco con una cuestión que me gusta poner sobre la mesa, la de las comunidades de memoria. Hay diferentes formas de ver nuestro pasado y de interpretarlo. Las únicas condiciones necesarias es que todas ellas respetan los derechos humanos y aporten a la construcción de la ciudadanía y a la construcción de la convivencia. Cada uno tiene una forma de interpretar el pasado más o menos acorde o afín a su forma de ver el mundo. Cada una de esas fechas será más o menos incómoda. Lo que hay que buscar es una en la que todos, más o menos, nos sintamos cómodos.

¿Por qué aparecen italianos fascistas y alemanes nazis en el listado de víctimas de la Guerra Civil en Euskadi?

Porque efectivamente es un listado de víctimas de la Guerra Civil en Euskadi. Es un listado, por cierto, aprobado por el Consejo de Dirección de Gogora con el voto a favor de todos los grupos políticos que están allí representados. Se decidió buscar a todas las víctimas de la Guerra Civil en Euskadi con dos criterios. Primero, recogiendo los muertos en Euskadi, que no tienen por qué ser vascos. Y, segundo, recogiendo los casos de aquellos vascos que fallecieron fuera. Ésa es la razón por la que todos esos nombres están. Lo curioso es que se hizo hace siete años. Ahora parece que a alguien, al llegar un director nuevo, le ha dado por mirar una base de datos que ya existía. Por cierto, tal y como consta en acta, el trabajo tuvo un reconocimiento específico y una enhorabuena por parte del representante de EH Bildu, porque era una base de datos muy importante y muy necesaria. ¿Es un homenaje? La misma base de datos también deja bien claro que, después, a la hora del reconocimiento, no es lo mismo el haber estado en un bando sublevado contra la legitimidad de la II República que estar defendiendo el régimen vigente.

El 3 de marzo de 2006, dentro de apenas medio año, es el quincuagésimo aniversario de la matanza de la Policía Armada en Vitoria. ¿Estará listo el Memorial para entonces?

¿Qué entendemos por estar listo? Esto es una cuestión de expectativas. Ahora mismo estamos trabajando en una iglesia con serios problemas no estructurales, pero sí al menos de habitabilidad. Tiene goteras, humedades, etcétera. Entendemos que para el 50 aniversario esa iglesia tiene que estar digna. Tiene que estar bien; tiene que estar preparada; tiene que estar limpia; tiene que tener solucionados todos estos problemas. No puede seguir con esas goteras y con charcos dentro. No puede seguir así. Ya hemos contactado con diferentes empresas constructoras. Estamos en el proceso de presupuestos y entendemos que en septiembre ya empezarán a trabajar en ello. Paralelamente, junto con la Diputación, hemos empezado a hacer el control arqueológico. Estamos contactando con diferentes empresas de arqueología para que nos hagan un sondeo en los diferentes jardines y un dibujo de los diferentes restos que pueda haber de tiros, dentro y fuera de la iglesia para que sean tratados con mimo en las obras. A principios de septiembre o a finales de agosto ya se verá a gente trabajar allí. Después de 3 de marzo de 2026, el Memorial todavía tiene que seguir. Esa iglesia se tiene que convertir en un espacio para el recuerdo de las víctimas, desde luego, pero también un espacio de difusión y de divulgación del contexto histórico en que todo aquello ocurrió. Y eso es un trabajo muy largo. No olvidemos que es un espacio de culto que hay que adaptar para hacerlo museo y encima tenemos que adaptarlo también a unas exigencias normativas actuales que no existían en los años 60, que tienen que ver con la accesibilidad, por ejemplo.

Comprenderá que es un poco sorprendente que, por ejemplo, el no haber encontrado una ubicación para la exposición de belenes que antes había allí esté bloqueando y retrasando algunas actuaciones.

Yo tengo claro que en septiembre entramos. Y entramos a trabajar. Los belenes están ahí, sí. Tendrá que buscarse una solución. Nosotros tenemos un almacén y, desde luego, mi voluntad es que con todo el respeto y evitando dañarlos, los podamos retirar mientras quienes estén afectados por la cuestión encuentren un nuevo local. Desde luego, la Fundación del Memorial del 3 de Marzo no está para buscar locales y mucho menos para pagarlos. Nadie en Vitoria entendería que el Memorial del 3 de Marzo se retrasara un solo día por esta cuestión. Está presupuestada la retirada. Tenemos más o menos ideados algunos locales que pertenecen al Gobierno vasco en los que pudieran estar bien colocados, ordenados como es debido.

Nadie en Vitoria entendería que el Memorial del 3 de Marzo se retrasara un solo día por la cuestión de los belenes. Yo tengo claro que en septiembre entramos. Y entramos a trabajar.

En septiembre, por cierto, también se cumplen 50 años de los últimos fusilamientos del franquismo, entre ellos los de 'Txiki' y Otaegui. ¿Se va a hacer algo?

Algo se tendrá que hacer. Quiero ser sincero, todavía no lo tenemos claro. Todavía seguimos barajando varias opciones. Posiblemente hagamos algún tipo de mesa redonda, una jornada más abierta a la ciudadanía y menos académica. Estamos trabajando en ello. Una vez más, volvemos a ese contexto de la víctima victimario. Es verdad que eran dos militantes de ETA y así quedó acreditado. Pero también es verdad que tuvieron un juicio sin ningún tipo de garantías judiciales, que fueron víctimas de un régimen que decidió fusilarlos porque así le interesaba en un momento dado. Fueron unos fusilamientos por parte del Estado, que intentaba era atemorizar a la sociedad, meterla en casa en un momento de pura ebullición social. El formato no lo tenemos cerrado, pero posiblemente sea algún tipo de jornada divulgativa.

Supongo que es consciente de que se haga lo que se haga habrá críticas.

Si algo me está dejando claro este puesto es que haga lo que haga, literalmente y con cualquier asunto, tendré críticas. Pero, si hay críticas, me gustaría que me explicaran por qué hay que defender que un estado dictatorial juzgue por el procedimiento sumarísimo a cinco o seis personas sin ningún tipo de garantías, sin presencia apenas de sus abogados, y que los sentencie directamente a ser fusilados. ¿Dónde puede estar la polémica? Por mucho que hayan militado en diferentes organizaciones terroristas -había también del FRAP-, como demócrata y como profundo defensor de los derechos humanos, jamás defendería ni justificaría que un Estado fusilara a nadie. Y menos sin ningún tipo de garantías. Estamos hablando de un Estado sin ningún tipo de legitimidad, más allá de haber ganado una guerra.

El Gobierno vasco ha formalizado al menos 20 contratos con las empresas del miembro del PNV de Gipuzkoa Aitor Elorza en los últimos cinco años, según las referencias enviadas al Parlamento por nueve de los dieciséis miembros del Ejecutivo en respuesta a una solicitud de información de la coalición Sumar. En total, esas adjudicaciones a Montai Produkzioak pero también a Estali La Karpa, Kultur Kirol Zerbitzuak y Denok Zuzeneko Komunikazioa suman 287.618,38 euros y, salvo en un caso, fueron directas, es decir, sin concurso. No constan contratos con la quinta marca de Elorza, Ekiazpi, de reciente creación.

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, había solicitado al Gobierno información actualizada sobre las adjudicaciones en el último lustro al grupo Montai, dedicado al montaje y organización de eventos. A comienzos de este año, en el marco de un juicio laboral, el empresario Elorza admitió en una vista pública haberse valido de cambios de CIF entre empresas de su mismo grupo para burlar la limitación que la nueva normativa estatal marca para las adjudicaciones directas, 15.000 euros más IVA por mercantil y año en cada ventanilla. Los hechos tuvieron lugar en Hondarribia durante varios ejercicios. En ese municipio guipuzcoano, cuando gobernaba el PNV, Montai se había convertido en un contratista habitual para eventos y actividades culturales, aunque también lo ha sido en la Diputación de Gipuzkoa y en otros municipios como Beasain.

En el caso del Gobierno vasco, los datos muestran que desde que la situación de Montai salió a la luz pública, precisamente en 2020 a través de informaciones de este periódico, las adjudicaciones al grupo han descendido notablemente. En el período equivalente anterior, de 2014 a 2019, afloraron 377 contrataciones valoradas en unos 2,5 millones de euros solamente en el Gobierno vasco, según una documentación similar a la actual solicitada por la exparlamentaria de Podemos Cristina Macazaga.

Han respondido a la petición de Sumar Presidencia, las dos vicepresidencias (una de ellas del PSE–EE), y los consejeros de Hacienda, Seguridad, Educación, Salud, Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, y Ciencia, Universidades e Innovación. No lo han hecho los de Justicia y Derechos Humanos (donde se encuadra Gogora), Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Movilidad, Vivienda, Turismo, Comercio y Consumo y Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno. No se precisa si es porque no han tenido relación con el grupo –Hacienda tampoco y ha respondido– o si se debe a otros motivos.

Los informes derivan al perfil del contratante la búsqueda de los contratos mayores y menores, pero sí detallan los denominados FOAS, es decir, facturas igualmente directas y que no figuran en los portales de transparencia. Son nueve de las veinte facturas las que nunca fueron publicadas, 17.724,90 euros en total. A tenor de estos datos, ) únicamente el 4,57% del presupuesto total (un contrato de Lanbide) proviene de las áreas dirigidas por el PSE–EE en el Ejecutivo de coalición con el PNV.

El contrato más relevante en este período es del EiTB. Montai es la empresa que organiza escenarios para exteriores de la radiotelevisión pública como los especiales de San Fermín o las campanadas, entre otros muchos. Fue un concurso pero no se presentó ninguna otra oferta. Asciende a 192.753 euros, aunque EiTB tiene otras cinco adjudicaciones de menor cuantía con el grupo. Cinco de los contratos están a nombre de Montai pero el sexto se formalizó con Elorza a título individual mediante un pago de 1.452 euros.

En Presidencia, Montai ya no es tan habitual como lo era en legislaturas anteriores. De hecho, solamente consta como organizadora de un acto con la diáspora en 2024, que costó 10.024,85 euros, y como perceptor de FOAS por un total de 10.896,05 euros. Educación contrató con las empresas de Elorza dos carpas especiales para colegios durante el primer año de pandemia y después ha hecho pequeños servicios para Ikerbasque, Innobasque, la Orquesta Sinfónica o, en el último caso, para el acto anual de homenaje a los fallecidos por la COVID–19 en Vitoria, ya con el consejero Alberto Martínez en Salud (847 euros).

Las nueve respuestas del Gobierno son muy similares y, salvo alguna excepción como Bingen Zupiria, el resto coincide en denunciar la “imprecisión” de Sumar en su solicitud de documentación. También lo hace Mikel Torres, el vicelehendakari del PSE–EE y responsable de Economía, Trabajo y Empleo, que copia los argumentos de sus colegas del PNV. La información más completa la aporta Noël D'Anjou, consejero de Hacienda del PNV. A pesar de no haber contratado nunca al grupo Montai, sí realiza una valoración un poco más amplia.

D'Anjou recuerda que la Oficina de Control Económico –un órgano fiscalizador interno del propio Gobierno– ya revisó en 2020 los contratos con el grupo Montai durante las dos primeras legislaturas de Iñigo Urkullu y agrega que aquella auditoría concluía que todas ellas se ajustaban “sustancialmente” a la normativa. La oposición criticó aquel informe por venir firmado por un exdirigente del PNV, Javier Losa.

Señala Hacienda también que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no ha realizado mayores requerimientos a este respecto. De hecho, la oposición intento por tres veces que incluyera una revisión de las adjudicaciones a las marcas del empresario Elorza pero nunca terminó de acometer ese trabajo. El titular de Hacienda completa su respuesta subrayando que “el Gobierno actúa siempre –y así va a seguir siendo– con estricta sujeción a las estipulaciones de la normativa vigente en materia de contratación pública para velar por la transparencia y el control de las adjudicaciones públicas”.

Este periódico se ha puesto en contacto con Montai y, una vez más, no ha obtenido respuesta alguna. El empresario, por el contrario, ha realizado en otros foros comentarios alegando que todo son infundios. “Son una sarta de mentiras, manipulaciones e insinuaciones sin pruebas. Es evidente que el único objetivo de este ataque es dañar mi imagen y la de Montai mediante falsedades y tergiversaciones. Montai y las empresas mencionadas operan dentro de la legalidad. No hay nada irregular en nuestra actividad, y cualquier insinuación de corrupción es pura calumnia. Todas las contrataciones se han hecho respetando la normativa vigente”, escribió Elorza. Montai ha sido la empresa encargada, recientemente, de organizar la asamblea general del PNV en Donostia, como también monta los mítines y actos en las campañas electorales de este partido.

El director del Instituto de la Memoria (Gogora), Alberto Alonso, ha anunciado en el Parlamento Vasco que quiere fijar en el calendario un día de la memoria histórica y democrática en Euskadi que complemente al 10 de noviembre, la fecha en la que se homenajea -sin que nunca haya habido unidad- a las víctimas del terrorismo (de ETA o del GAL) y de la violencia policial, u otras fechas internacionales como el día de las víctimas del holocausto. Alonso no ha precisado en qué día concreto está pensando. En 2016 ya fue festivo laboral el 7 de octubre, la fecha en que se constituyó en 1936, durante la Guerra Civil, el primer Gobierno autonómico de José Antonio de Aguirre. En 2026 habrá un acto especial en esa fecha y fuentes del Ejecutivo indican que “se baraja” como posibilidad que se consolide de cara al futuro, aunque desean compartir la reflexión sobre el calendario con el Parlamento.

También podría ser el cercano 1 de octubre, según las fuentes consultadas, ya que seis días antes se aprobó en las Cortes Generales de la II República el primer Estatuto, aunque nunca se pudo aplicar en todo el territorio porque buena parte estaba ya conquistado por los sublevados. De hecho, ese mismo día, en Burgos, los sublevados nombraron a Francisco Franco “generalísimo” y “caudillo” y crearon un primer Gobierno que tuvo dos ministerios en Vitoria. La posibilidad de instaurar esta conmemoración estaba contemplada tanto en la ley vasca de 2023 como en el plan director de Gogora de la legislatura. Sí se tiene claro que no se quiere asociar con el imaginario franquista, como sería el 18 de julio.

Alonso ha comparecido este miércoles en el Parlamento Vasco. Esto, en sí mismo, también constituye toda una novedad. Gogora va a cumplir diez años en breve y hasta 2024 ha estado en manos de la parte del PNV de la coalición del Gobierno. Ahora ha pasado al control del PSE-EE. Su directora fue Aintzane Ezenarro, fichada por Iñigo Urkullu tras salir de la formación Aralar cuando ésta se acercó a EH Bildu. Ezenarro nunca compareció en la Cámara a pesar de que así lo obligaba la ley de creación de Gogora en su artículo 18, indican fuentes parlamentarias. Ni siquiera lo hizo en 2020, cuando este periódico desveló las decenas de adjudicaciones directas de este organismo a las empresas de un miembro del PNV de Gipuzkoa, Aitor Elorza, el grupo Montai, con la excusa de la carpa itinerante Plaza de la Memoria, el proyecto estrella de la etapa anterior.

Gogora no quiere hablar de Montai

El portavoz del PP, Santiago López Céspedes, ha preguntado a Alonso por esos contratos con el grupo Montai. Según el responsable de Gogora, el tema ya está “zanjado”, aunque nadie diera nunca las explicaciones. “¿Montai? Eso sí que es historia. Me molesta que salgan ese tipo de cuestiones. Me gustaría que se nos recordara por nuestro trabajo”, ha manifestado.

Alonso ha dicho que Gogora tiene cuatro misiones, desarrollar las leyes que le afectan -este organismo gestiona las políticas de memoria de la Guerra Civil, de la dictadura, de ETA, de otros terrorismos y de la violencia policial-, aglutinar documentación histórica, investigar el pasado y, muy especialmente, hacer “divulgación”. El director ha insistido en la importancia de una memoria “crítica” y con matices y voces plurales pero siempre desde el “mínimo común denominador” del respeto a los derechos humanos y del “rigor histórico”. Al inicio del cambio del PNV por el PSE-EE se insistió más en que la gestión de las políticas de memoria se había alejado de ese segundo parámetro, aunque en esta ocasión no ha habido diferencias entre los socios.

El director de Gogora ha dicho que el mejor ejemplo de que hay que trabajar por una memoria transversal es que el PP le ha reprochado dejar de lado a ETA y que a EH Bildu le “sobra” la trayectoria de esta banda terrorista. Según Alonso, no hay que “simplificar” los relatos ni “polarizar” a la sociedad, sino tener una visión global. En la agenda de actos del Instituto de la Memoria hay un encuentro con jóvenes este mismo miércoles para que conozca la etapa de “socialización” del sufrimiento acometida por ETA hace treinta años, cuando extendió a concejales, periodistas, magistrados o empresarios su amenaza. Pero también se preparan conmemoraciones de atentados de los GAL o un gran homenaje a los vascos deportados a campos de concentración nazis el 3 de mayo en la localidad fronteriza de Irún.

Se han destacado actuaciones recientes como el reconocimiento como víctima de Alfredo Espinosa, consejero republicano del primer Gobierno vasco fusilado en Vitoria durante la Guerra Civil. De hecho, de cara al nonagésimo aniversario de ese primer intento autonómico se prepara una colección de biografías no solamente del lehendakari, José Antonio de Aguirre, o de los miembros más conocidos sino de los funcionarios y cargos de segundos niveles. Ha dicho Alonso que aquel Gobierno de Euzkadi no solamente afrontó la contienda sino que tuvo un sello “social” con medidas pioneras que están muy olvidadas.

Gogora, asimismo, se plantea estechar lazos con el Memorial del Estado, que tiene sede en Vitoria y cuyo objeto son las víctimas del terrorismo en toda España, de ETA, de los GAL, del GRAPO o del yihadismo, así como los fallecidos y heridos españoles en atentados en el resto del mundo. Igualmente, se han trabajado acuerdos con los archivos forales de Bizkaia y Gipuzkoa -próximamente también con el de Álava- o con entidades privadas como la fundación Sabino Arana del PNV o incluso colecciones privadas como la del veterano dirigente nacionalista Iñaki Anasagasti. Incluso se han aludido a acuerdos con organismos memorialísticos internacionales (sobre todo de Francia) y de otras comunidades como Asturias o Navarra.

Debate con EH Bildu por la Guardia Civil

“Todo enfocado a dotar a la ciudadanía de las herramientas necesarias para construir una memoria reflexiva, crítica y rigurosa que nos permita reforzar los valores de convivencia, libertad y democracia que tanto esfuerzo, dolor y sacrificio nos ha costado conseguir”, ha señalado Alonso. Ha comparecido acompañado de los técnicos Ruth Cancelo, Roberto Palacios y Amaia Goenaga.

La comisión ha generado cierto debate político. Particularmente por parte de EH Bildu. Su portavoz, Eraitz Sáez de Egilaz, ha pedido que Gogora ponga en cuestión el papel de la Guardia Civil como causante de torturas y violencia “sistemática” durante años. Como ejemplo, ha criticado un desfile el centro de Vitoria con motivo del 12 de octubre, fiesta nacional de España, el pasado año. Alonso ha replicado que ese cuerpo ha puesto la mayoría de las víctimas de ETA. “Por favor, no simplifiquemos los relatos”, ha implorado, aunque ha agregado que “no siempre los funcionarios actuaron dentro del marco del Estado de Derecho” y que Gogora “recordará” eso “siempre que sea necesario”.

El Ayuntamiento de Beasain, liderado por el PNV, ha publicado este mes de marzo un contrato de montaje de eventos y carpas de un máximo de 399.540,08 sin IVA (483.443,49 euros, en total), con Montai Produkzioak, cuyo dueño es el empresario Aitor Elorza, miembro destacado de ese partido en Gipuzkoa. La adjudicación llegó después de un concurso en que esta mercantil fue la única en participar y en la que recibió cero puntos de la mesa de contratación. Durante el proceso, la empresa tuvo también que subsanar errores sobre solvencia económica y acreditación de nivel de euskera.

Montai Produkzioak es la cabecera de un grupo de empresas vinculadas a Elorza. Además de esta marca, la más conocida y antigua, existen Estali La Karpa, Denok Zuzeneko Komunikazioa y Kultur Kirol Zerbitzuak. Más recientemente se ha sumado Ekiazpi, de nueva creación. Al frente de Montai está ahora su hijo y figura como apoderada su esposa, Maije Zelaia, que actualmente es edil en Zizurkil después de haber pasado por otras instituciones. En estas empresas han trabajado otros cargos públicos del PNV o familiares. El grupo ha recibido centenares de adjudicaciones públicas del Gobierno vasco, de la Diputación de Gipuzkoa o de municipios como Hondarribia. Recientemente, en un juicio laboral, Elorza explicó que en ese Ayuntamiento, cuando lo dirigía su partido, se iba sucediendo una empresa detrás de otra para sortear el límite económico para los contratos menores o directos y evitar así el concurso.

El contrato de 2025 en Beasain sucede a otro similar de 2021. Entonces, la alcaldesa, Leire Artola, y su compañera de partido Zelaia firmaron una adjudicación para tres años con una prórroga máxima de otros dos. Se trataba del “servicio de alquiler de escenarios, carpas, otros elementos, así como su montaje y desmontaje (incluido mantenimiento), para eventos organizados en el municipio de Beasain”. El coste máximo previsto era de 283.586,19 euros. Ahora es un 70% más y el concepto nuevo es “servicio de alquiler de escenarios, carpas, sillas, mesas plegables y tarimas, así como su montaje, desmontaje, y de otros elementos similares de propiedad municipal incluido mantenimiento para eventos organizados en el municipio de Beasain”.

Entre los detalles técnicos, se explica que en los eventos se utilizará material tanto de propiedad pública como de la empresa. En ambos casos será Montai Produkzioak el que lo almacene. Está expresamente prohibido que este grupo empresarial destine los elementos de Beasain para otras actividades u otras contratas, según consta en los pliegos de la licitación.

Según figura igualmente en el expediente, ninguna otra empresa más allá de la anterior adjudicataria se presentó. La licitación fue en Navidad. Y la que lanzó una oferta lo hizo con algunos errores que tuvo que subsanar. El primero fue no entregar la documentación acreditativa de su “solvencia” y experiencia anterior. El segundo era que no constaba una persona de referencia con un mínimo de euskera. Más adelante se dio un nombre. Es el de una pariente de un antiguo cargo público del PNV en Hondarribia y en las Juntas Generales de Gipuzkoa.

La documentación interna municipal muestra que “la oferta de la licitadora” incluyó una “baja sobre precios unitarios” del 0% y que “no” había compromiso alguno “para desperfectos y limpieza de lonas”. Siguiendo las normas dictadas por el propio Ayuntamiento, la propuesta recibió de la mesa de contratación una valoración de “cero puntos”. Con todo, se elevó al pleno municipal la propuesta de adjudicación con Montai Produkzioak.

En efecto, por su volumen económico, es el pleno municipal el órgano competente para acordar la contratación. También lo fue en 2021. Entonces el PNV y el PSE-EE votaron a favor. EH Bildu se abstuvo y consta en acta que lo hizo por los antecedentes de la empresa elegida. La transcripción de la sesión plenaria de enero de este año en que se votó el contrato no ha sido publicada aún pero fuentes municipales indican “se aprobó por unanimidad la propuesta de adjudicación del servicio de alquiler de escenarios, carpas, sillas, mesas plegables y tarimas, así como su montaje, desmontaje y de otros elementos similares de propiedad municipal (incluido mantenimiento), para eventos organizados en el municipio de Beasain”. Esto implicaría que también EH Bildu y Podemos lo respaldaron, aunque la formación abertzale traslada que nunca han compartido las adjudicaciones a Montai y que fue un formalismo porque todo venía ya decidido. Este periódico se ha puesto en contacto con Montai Produkzioak y no ha obtenido respuesta.

PP, EH Bildu y Sumar han empezado a criticar las nuevas revelaciones en torno a las adjudicaciones al grupo de empresas del cargo del PNV Aitor Elorza luego de que el propio Elorza admitiera en un juicio laboral que buscaron burlar la legalidad en el Ayuntamiento de Hondarribia para continuar recibiendo fondos públicos y de que el edil de su partido responsable de los contratos, Juan Luis Silanes 'Kalixa' no lo negara. Los 'populares' han hablado de “corrupción sistémica” y de una posible denuncia ante la Fiscalía. EH Bildu sostiene que “la transparencia debe primar” y ha pedido datos sobre estas empresas, al igual que Sumar.

En una rueda de prensa en Donostia, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, y la presidenta en Gipuzkoa, Muriel Larrea, han aludido a la existencia de un sistema “clientelar” y a una “corrupción estructural” en torno al PNV. Entienden que hay un “modelo de adjudicación a dedo de contratos fraccionados, de favoritismos y de impunidad” que “beneficia” a unos pocos, en este caso a Elorza y a sus cinco empresas, Montai Produkzioak, Estali La Karpa, Kultur Kirol Zerbitzuak, Denok Zuzeneko Komunikazioa y ahora una nueva, Ekiazpi.

“Las instituciones gobernadas por el PNV han adjudicado contratos sin concurso público una y otra vez a las empresas de su militante”, ha dicho Larrea, que cree que lo sucedido en Hondarribia no es algo “puntual”. Ha recordado que el grupo Montai ha facturado también importantes cantidades de dinero en Gogora, en la Diputación de Gipuzkoa y en otros ámbitos institucionales. “¿Dónde están las disculpas? ¿Dónde están las dimisiones?”, se ha preguntado Larrea, que ha dejado caer que irán a la Fiscalía y que ha señalado expresamente a la nueva presidenta del PNV de Gipuzkoa, María Eugenia Arrizabalaga.

EH Bildu, de su lado, ha registrado de momento en las Juntas Generales de Álava una petición de información sobre las adjudicaciones más recientes a este grupo de empresas. Aunque Elorza es un destacado miembro del PNV de Gipuzkoa, dos de las empresas tienen su sede en Vitoria, Estali La Karpa y Denok Zuzeneko Komunikazioa. De hecho, excargos del PNV alavés trabajaban en el grupo, Roberto González Muro y Onintze Guerra.

“Hemos registrado varias preguntas para recabar información sobre si han existido contratos con Montai y sus empresas paralelas, como ha ocurrido en otras instituciones. Además, no podemos obviar que fue en Araba, hace unos años, dónde ocurrió el mayor caso de corrupción de nuestra historia, por lo que tenemos que actuar con responsabilidad y ejercer el mayor control posible”, sostiene la portavoz de la formación abertzale, Eva López de Arroyabe. Y añade: “Para EH Bildu la transparencia debe primar en los contratos que adjudican las instituciones, ya que se trata del dinero de toda la ciudadanía, y siempre trabajaremos en esa dirección”.

En el caso de Sumar, ha pedido información al Gobierno sobre posibles adjudicaciones con la nueva marca de Elorza, Ekiazpi, y pregunta al Ejecutivo si piensa “evaluar” los contratos pasados para volver a repasar si cumplen la legalidad. La coalición de izquierdas indica también que el Parlamento Vasco ha pedido en varias ocasiones y sin ningún éxito que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas proceda a realizar una auditoría de las adjudicaciones al grupo Montai.

Elorza no quiso responder a las preguntas de este periódico pero sí ha explicado en otros foros que lo publicado es “una sarta de mentiras, manipulaciones e insinuaciones sin pruebas”. “Es evidente que el único objetivo de este ataque es dañar mi imagen y la de Montai mediante falsedades y tergiversaciones. Montai y las empresas mencionadas operan dentro de la legalidad. No hay nada irregular en nuestra actividad y cualquier insinuación de corrupción es pura calumnia. Todas las contrataciones se han hecho respetando la normativa vigente”, ha escrito.

El empresario Aitor Elorza, que es también un cualificado miembro del PNV de Gipuzkoa, ha constituido una quinta empresa en los últimos meses y ya ha recibido un primer contrato público del área de Presidencia de la Diputación de ese territorio valorado en 6.171 euros IVA incluido. Además de Montai Produkzioak, Estali La Karpa, Denok Zuzeneko Komunikazioa y Kultur Kirol Zerbitzuak, que han sido objeto de centenares de adjudicaciones de instituciones gobernadas por la formación política del dueño, en un porcentaje mayoritario sin concurso, ahora se une Ekiazpi, también dedicada a la gestión de eventos.

Según la información mercantil obtenida por este periódico, Ekiazpi se constituyó en noviembre de 2023 con un capital social de 50.000 euros. El dueño del 100% de las participaciones y administrador único es Elorza. Su objeto social es “suministros de infraestructuras, materiales y merchandising para eventos dirigido a asociaciones, administraciones y empresas de eventos, en régimen de alquiler con o sin transporte y sin montaje”, así como el “asesoramiento para la planificación y realización de eventos, producción de eventos y diseño, etc.”.

Ekiazpi recibió para la “campaña de Navidad” de 2024 un contrato directo –sin concurso– del área de la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza. En concreto, se trató de la prestación de un “servicio de azafatas”, según indican desde la Diputación. Se cerró en 5.100 euros más IVA, es decir, en 6.171 euros. Por el momento, no constan más contratos públicos a nombre de esta nueva empresa.

En paralelo, el grupo de empresas en torno a Elorza está sufriendo cambios. En los últimos días ha entrado en “liquidación” Denok Zuzeneko Komunikazioa. En un reciente juicio, el empresario y político dijo también que Estali La Karpa pronto cerrará. En paralelo, en el registro mercantil Elorza ya no figura como administrador de Montai, la principal compañía del grupo. Ahora esa posición la ocupa su hijo, Amaiur Elorza, si bien ejecer como “apoderada” Maije Zelaia, esposa de Elorza, madre de Amaiur y portavoz del PNV en el municipio de Zizurkil como antes fue edil en Donostia. Fue candidata en las elecciones municipales de 2023 y una de sus promesas contra EH Bildu era dar más “transparencia” a la gestión municipal.

La vinculación de este conglomerado mercantil con el PNV es muy fuerte. Ha sido apoderado también de Montai y responsable administrativo Boris Nogales, otro cargo público del partido y en Denok Zuzeneko Komunikazioa estaban contratados otros dos cargos, en este caso alaveses, Roberto González Muro –que antes pasó por la empresa Errexal, disuelta por corrupción en el marco del 'caso De Miguel'– y Onintze Guerra. Otro de sus empleados era Haritz Solupe, que fue también alto cargo en la Diputación de Gipuzkoa. Es una de las empresas que organiza las campañas y actos nacionales del PNV. Una de las trabajadoras en Hondarribia de Kultur Kirol Zerbitzuak estuvo dada de alta también en el partido y es prima del que era concejal de Cultura y firmante de muchos de los contratos, Juan Luis Silanes 'Kalixa'.

La hermana del empresario, Idoia Elorza, ha sido dirigente del PNV de Gipuzkoa con Joseba Egibar y ahora continúa siéndolo con María Eugenia Arrizabalaga. El proceso de dos vueltas con el que se eligen los órganos internos del PNV, Aitor Elorza también recibió los votos mínimos para pasar a la segunda vuelta, aunque finalmente no entró en el GBB. Internamente, sí ha sido miembro de la asamblea nacional al menos entre 2016 y 2024.

Histórico de contratos

Las mercantiles de Elorza han sido contratistas muy habituales en diferentes instituciones, además del caso de Hondarribia, donde recientemente el empresario ha admitido la existencia de irregularidades en el marco de un juicio laboral. En la Diputación de Gipuzkoa, por ejemplo, las cuatro firmas del grupo facturaron 372.381,55 euros entre 2015 y 2020 merced a 84 adjudicaciones. 66 de ellas eran de Presidencia y en ningún caso se celebró concurso. Desde entonces, este periódico ha encontrado otras 22 a Montai (al menos 91.497,78 euros) y una a Denok Zuzeneko Komunikazioa (14.475,47 euros).

La Presidencia vasca, con Iñigo Urkullu de lehendakari, formalizó con grupo Montai de 155 adjudicaciones, 149 de ellas 'a dedo', en las dos primeras legislaturas, de 2012 a 2020. En la tercera solamente gestionó los actos del Día de la Diáspora. El mayor volumen de negocio lo proporcionó Gogora, el Instituto de la Memoria adscrito entonces a Lehendakaritza y dirigido por Aintzane Ezenarro.

Entre 2013 y 2019, la Dirección de Juventud del Gobierno vasco, dirigida por diferentes altos cargos del PNV, adjudicó 20 contratos por valor de 361.885,95 euros a Montai Produkzioak, Denok Zuzeneko Komunikazioa, Estali La Karpa o Kultur Kirol Zerbitzuak. Según los expedientes de esos contratos, en al menos nueve ocasiones las adjudicaciones estaban teledirigidas, ya que participaban en el proceso varias de las empresas del grupo supuestamente compitiendo entre sí o terceras mercantiles que, por sistema, planteaban ofertas erróneas y que quedaban automáticamente fuera. Esta parte de los contratos suma 184.076,2 euros. Antes, entre 2025 y 2009, desde Juventud también salieron contratos irregulares a empresas como Errexal. Su director entonces, Xabier Sánchez Robles, recibió una fuerte condena de prisión por corrupción. Este grupo también ha facturado cientos de miles de euros en Tknika, Hazi, Turismo, Arkaute e instituciones locales como Llodio, Zarautz o Tolosa.

El empresario Aitor Elorza, que es también un cualificado miembro del PNV de Gipuzkoa, ha admitido recientemente en sede judicial que su grupo de empresas, Montai, conformado entonces por cuatro sociedades diferentes y dedicado al montaje y organización de eventos, accedía a contratos irregulares en Hondarribia, gobernada hasta 2023 por su partido. Ha declarado también que el Ayuntamiento era conocedor de esta circunstancia y que incluso la promovía. Admitió, asimismo, que una de esas compañías asociadas a Montai Produkzioak, Estali La Karpa, no tenía trabajadores en plantilla aunque haya recibido en estos años contratos cuantiosos de diferentes instituciones, incluidos Hondarribia y la Presidencia vasca. En el mismo juicio, el concejal de Cultura con el PNV hasta 2023 y responsable de buena parte de las adjudicaciones, Juan Luis Silanes ('Kalixa'), que ahora es edil de la oposición y juntero en Gipuzkoa, no solamente no negó estos hechos, sino que apoyó expresamente a una trabajadora de Elorza que describe cómo Montai accedía a contratos directos sin concurso y que en cuanto se llegaba al tope legal de 15.000 euros lo único que se hacía es aportar otro CIF del mismo grupo para seguir facturando del Ayuntamiento y burlar la ley.

elDiario.es/Euskadi ha accedido a la documentación de un pleito laboral auspiciado por esa trabajadora adscrita a las contratas que recibía el grupo Montai del Ayuntamiento de Hondarribia. Como publicó este periódico ya en 2020 pero también en 2021 y 2022, en el momento en que se endureció la normativa de contratos para hacer menos sencillas las adjudicaciones 'a dedo' en Hondarribia se apreciaba en algunos servicios como la gestión de los espacios culturales Itsas Etxea y Kultur Etxea que, cuando la empresa elegida alcanzaba el tope legal de 15.000 euros, se empezaba a facturar con otra de las sociedades mercantiles de Elorza.

Sus empresas eran entonces cuatro, Montai, Kultur Kirol Zerbitzuak, Denok Zuzeneko Komunikazioa y Estali La Karpa. Las cuatro, en conjunto, han facturado con el PNV cantidades millonarias en Hondarribia, donde han gestionado casi en régimen de monopolio las actividades culturales, deportivas o sociales. Solamente entre 2010 y 2020 la suma total podría rondar los 2,5 millones de euros, según estimaciones ya desactualizadas. Ahí entra el caso de la gestión de Itsas Etxea y Kultur Etxea, en manos del grupo Montai durante más de una década.

M.J.A., la empleada y familiar directa del concejal de Cultura, era la encargada del servicio en esos recintos culturales. En su demanda, dejaba claro que aunque formalmente cambiara la adjudicataria no se alteraba nada más. Es decir, que solamente era un truco para eludir la legalidad. A finales de enero, se celebró en Donostia una vista. Elorza declaró y ya en la primera pregunta admitió de saque las irregularidades. “Llegan a un límite de facturación y entonces se nos solicita que... que... bueno... que fuese otra empresa la que facturase”, manifestó titubeante ante el tribunal, admitiendo al tiempo la responsabilidad propia y la del Ayuntamiento.

A preguntas del juez y de otras partes, Elorza se detuvo algo más en la naturaleza de Estali La Karpa, la primera empresa que entró como sustituta de Kultur Kirol Zerbitzuak cuando se agotaron sus 15.000 euros. En el juicio quedó en evidencia que esta empresa estaba aparentemente dedicada al montaje de carpas para eventos y que no tenía más personal que la trabajadora que iba rotando entre las empresas del mismo grupo para poder seguir facturando en Hondarribia.

Estali La Karpa se creó en 2016, en puertas de la inauguración del Instituto de la Memoria (Gogora), entonces adscrito a la Presidencia vasca con Iñigo Urkullu y dirigido por Aintzane Ezenarro. Gogora, en sus primeros años, tuvo como proyecto estrella una carpa itinerante que recorría pueblos y ciudades. Esa exposición fue gestionada también casi en régimen de monopolio por las diferentes empresas del grupo Montai. Prácticamente todas las adjudicaciones eran sin concurso y se iban repartiendo entre las diferentes empresas. Un ejemplo de ello fue la muestra instalada en Vitoria. El coste total fue de unos 29.000 euros con IVA y se partió en seis adjudicaciones de modo que ninguna por separado superase el máximo de 18.000 euros (sin IVA), que era el límite anterior hasta que se endureció la normativa a 15.000 euros. La “gestión” de la exposición fue contratada a Denok Zuzeneko Komunikazioa (2.173,46 euros para Vitoria dentro de un contrato para cinco ediciones), Montai recibió la encomienda del “montaje y desmontaje” (un paquete de ocho exposiciones a 2.616,63 euros cada una), Kultur Kirol Zerbitzuak se encargó del transporte y almacenaje del material (2.344,29 euros por cada una de ocho muestras) y a Estali La Karpa le correspondió el alquiler de la carpa (22.263,5 euros). Este último servicio, a su vez, se partió en tres: la lona (11.979 euros abonados por la Diputación), la tarima (5.979,50 euros pagados por el Ayuntamiento) y los contrapesos (4.295 euros, sufragados por el propio Instituto de la Memoria). Más tarde se supo que las carpas de Estali La Karpa procedían en realidad de Asturias y que simplemente se les ponía encima una pegatina para tapar su origen.

Otro ejemplo. El 14 de mayo de 2016, la Presidencia del Gobierno vasco organizó un homenaje encabezado por el entonces lehendakari a las víctimas del franquismo en Donostia, un evento anunciado desde principios de enero -aunque la previsión inicial era hacerlo el 7 de mayo- y cuyo desarrollo fue detallado en la edición del 12 de mayo por el diario 'Deia'. Sin embargo, los contratos para la organización del evento no se formalizaron hasta el 13 de mayo, solamente 24 horas antes. Fueron cuatro adjudicaciones para un servicio total que costó 34.243,61 euros y que recayeron sin concurso en tres de las empresas del cargo del PNV de Gipuzkoa, Montai Produkzioak, Denok Zuzeneko Komunikazioa (por partida doble) y Estali La Karpa. Ninguna de las mercantiles relacionadas entre sí facturó por separado más de 18.000 euros (sin IVA), el máximo legal en aquel momento para la concesión de contratos menores o directos.

Según los tres expedientes principales, que son calcados, Montai fue la encargada del “montaje del espacio y escenario” para el evento (10.587,30 euros), Denok recibió el cometido de la “producción”, del sonido o de la iluminación -pero también de imprimir unos paneles y unos vinilos- (8.652,11 euros) y Estali La Karpa tendría que proporcionar una carpa de 20x20 y sus correspondientes contrapesos (14.217,50 euros). Hay una cuarta factura más pequeña, la segunda de Denok, por la cual se le abonan 786,50 euros por la contratación del músico guipuzcoano Pello Ramírez.

Elorza, en el juicio, ha asegurado que está liquidando Estali La Karpa. Se da la circunstancia de que hace solamente unos meses Ezenarro dejó la dirección de Gogora. En el nuevo Gobierno de Imanol Pradales PNV y PSE-EE han reorganizado las áreas que controla cada partido y una de las que ha pasado a manos socialistas es la de Derechos Humanos. Alberto Alonso es el nuevo responsable del Instituto de la Memoria.

El papel de 'Kalixa'

En el procedimiento judicial ha tenido un papel muy relevante el ex edil de Cultura con el alcalde Txomin Sagarzazu. Ya fuera del Gobierno, Silanes o 'Kalixa', como es conocido, ha emitido un certificado con membretes municipales y en el que se da a entender que es documento del Ayuntamiento, perdido en 2023 tras las elecciones por el PNV en favor de la plataforma local Abotsanitz de Igor Enparan. En él apoya la demanda de la trabajadora, que en su formulación recoge claramente las irregularidades en la contratación que él mismo promovió y que, además, tienen otra derivada que ocultó en su escrito y que solamente admitió casi al final del interrogatorio en el juzgado. La empleada era su prima. Un detalle adicional es que esta mujer no solamente fue saltando de empresa a empresa del grupo Montai, sino que también fue dada de alta directamente en dos períodos por el propio PNV y por otras mercantiles próximas al partido ajenas a Elorza.

Con el cambio político en 2023 -en aquellas municipales los nacionalistas también perdieron Alonsotegi en Bizkaia y Zambrana en Álava, ambos rodeados de denuncias de corrupción- y la llegada de Abotsanitz al Ayuntamiento, se decidió prescindir del grupo de empresas de Elorza en Itsas Etxea y Kultur Etxea. Inicialmente, en octubre de aquel año, se optó por una adjudicación directa a Marey Azafatas. Pero ya está a punto de quedar resuelto un concurso abierto a todas las firmas que quieran presentarse. En la oposición, Abotsanitz fue la formación política más beligerante con la gestión del PNV en Hondarribia, particularmente con las centenares de adjudicaciones a Montai. Solamente entre 2018 y 2022 fueron unas 187.

La interventora municipal avisó en reiteradas ocasiones al alcalde Sagarzazu de que se estaban produciendo irregularidades, pero el regidor estampaba su firma cada vez para levantar los informes de reparo y pagar las facturas a Montai. También las apreció la Autoridad Vasca de la Competencia. La Fiscalía, hace ahora cuatro años, decidió archivar una investigación a pesar de constatar que eran una “práctica generalizada” las irregularidades en la contratación en ese municipio guipuzcano.

El procedimiento judicial se ha resuelto con una sentencia que da la razón a la trabajadora, que quería ser considerada trabajadora municipal a todos los efectos por llevar tantos años prestando un mismo servicio para el Ayuntamiento aunque lo hiciera a través de varias empresas. El fallo, en su página trece, indica que “no es objeto de controversia” que las empresas de Elorza accedían a adjudicaciones directas de Hondarribia y que está “acreditado” que la única razón por la que la trabajadora saltaba de una a otra, por ejemplo a Estali La Karpa, “aunque fuere para continuar desempeñando el mismo trabajo”, era “el límite económico anual de contratación administrativa con la misma empresa sin concurso público”. No consta que se haya abierto ningún procedimiento a la luz de estas consideraciones. Elorza sigue recibiendo contratos públicos y Montai es también la empresa que suele organizar los actos electorales y mítines de su partido, el PNV.

Después de al menos tres intentos infructuosos, uno de Podemos y otros dos del PP, la oposición ha desistido ya de pedir al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) una auditoría de los contratos del anterior del Gobierno de Iñigo Urkullu y de otras instituciones dirigidas por el PNV al grupo de empresas Montai, cuyo dueño es el militante guipuzcoano de ese partido Aitor Elorza. En la reciente tramitación en el Parlamento Vasco del plan de trabajo anual del Tribunal de Cuentas, cuyos vocales son nombrados por la Cámara, no se ha incluido ninguna solicitud en este sentido, según consta en la documentación que se ha hecho pública.

La primera petición la hizo la extinta coalición de Podemos con IU y Equo en 2019 y el PP la repitió en 2022 y 2023. En todos los casos, figura que la comisión de Hacienda del Parlamento aprobó la solicitud por “asentimiento”, es decir, sin el 'no' de ningún partido. Los contratos con Montai, publicados por este periódico y que fueron decenas, habían motivado algunas alertas en la Fiscalía -aunque terminó archivando la investigación-, en la Autoridad Vasca de la Competencia o en órganos de control internos de municipios como Hondarribia. Pero el Tribunal de Cuentas nunca terminó de acometer esa auditoría específica. Este órgano depende del Parlamento pero tiene autonomía para fijar su plan de trabajo, de modo que las propuestas aprobadas en la Cámara son solamente recomendaciones, según explicaron el pasado año fuentes internas.

Así, en 2024 ya ni se ha incluido en la lista elaborada. ¿Qué es lo que sí se ha aprobado? En Gipuzkoa, se demandan controles de municipios como Errenteria, Hernani, Oiartzun, Zumaia, Zizurkil, Amezketa, Donostia, Beasain, Azkoitia o Usurbil, así como de las mancomunidades de Urola Erdia, Tolosaldea, Debabarrena o Debagoiena y en la entidad Txinzer. En Bizkaia, se plantea una revisión de Sopela, Arrigorriaga, Galdakao, Etxebarri, Abadiño, Muskiz, Getxo, Sondika y Amorebieta-Etxano, al igual que de las mancomunidades de Ranzari o Arratia y del Consorcio de Aguas. Y, en el caso alavés, las miradas se posan en los municipios de Okondo o Laguardia, en los concejos de Zurbano o Ibarguren, en la cuadrilla (comarca) de Rioja Alavesa y en el Consorcio de Aguas, Urbide.

A nivel más concreto hay pedidas auditorías de AIC (Automotive Intelligence Center), de las contrataciones y adjudicaciones de todas las cuadrillas de Álava salvo la de Vitoria, del Azkuna Zentroa de Bilbao, de la fundación Mobility Lab, de la sociedad municipal de Ermua Promosa, de Bilbao Zerbitzuak, de las entidades guipuzcoanas BIC Gipuzkoa Berrilan o Kirolgi o de las sociedades de promoción de los aeropuertos, VIA de Foronda, Ortzibia de Hondarribia y Bilbao Air de Loiu. Cierra el largo listado SHESA, la sociedad de hidrocarburos autonómica llamada a desaparecer fruto de la nueva normativa contra el cambio climático.

Es casi tradicional que los partidos aprovechen este trámite para pedir revisiones de organismos e instituciones controladas por sus rivales políticos. Sin embargo, la gran novedad de 2024 es que el principal grupo del Parlamento, el PNV, ha renunciado a hacer ninguna solicitud. De hecho, en un movimiento inusual, el PSE-EE ha presentado sus propias propuestas en solitario a pesar de que el acuerdo de coalición hace que operen de la mano en la Cámara. Fuentes nacionalistas indican que el PNV ya había realizado sus peticiones en otros ámbitos institucionales y que no tenía sentido repetirlas.

Aintzane Ezenarro (Getaria, 1971) ha abandonado la primera línea política por la puerta de atrás. Gran referencia del partido abertzale pacifista Aralar hasta su expulsión en 2012, inició en 2013 una segunda vida como asesora del Gobierno de Iñigo Urkullu y acabó en 2015, de nuevo a propuesta del PNV, como primera directora del Instituto de la Memoria (Gogora). En el nuevo Ejecutivo de Imanol Pradales, las competencias de Derechos Humanos han pasado al PSE-EE, que ha designado a Alberto Alonso al frente de Gogora. La hasta ahora única directora de ese organismo, que nunca se llegó a afiliar al PNV según fuentes de esta formación, ha sido destituida y no consta que haya encontrado acomodo en ningún otro lugar.

Ezenarro es periodista de formación. Trabajó en EiTB o en 'El Mundo'. Inició su militancia en Elkarri, donde coincidió con Jonan Fernández, que luego sería clave tras su abrupta salida de Aralar. En política, pronto se incorporó a esta escisión de la izquierda abertzale crítica con el apoyo a ETA encabezada por Patxi Zabaleta. En 2003 fue elegida edil en su Getaria natal y unos meses después ocupó un escaño en las Juntas Generales de Gipuzkoa. En 2005 fue candidata en las autonómicas y resultó elegida como única representante de la formación independentista en la Cámara vasca. Fue una de las que con más intensidad denunció las irregularidades en la puesta en marcha del museo Balenciaga, un saqueo acreditado por la Justicia muchos años después y que destapó algunos engranajes internos del PNV de Gipuzkoa.

Repitió como candidata de Aralar en 2009. Con la izquierda abertzale oficial ilegalizada, esta formación alcanzó los cuatro escaños en la legislatura de Patxi López. En 2011 ETA anunció el cese de la violencia y el Parlamento decidió crear una ponencia para gestionar el posterrorismo en Euskadi. Era también el momento de creación de EH Bildu, que surgió como Bildu inicialmente al sumar a Sortu (la nueva marca de la izquierda abertzale), EA y Alternatiba y que luego pasó a ser Amaiur al incorporar a Aralar para las generales que hicieron presidente a Mariano Rajoy.

Ezenarro nunca ocultó sus recelos a regresar a la colaboración con aquéllos de quienes se habían escindido años atrás. Públicamente recalcó que les faltaba recorrido en materia de derechos humanos. Pero fue el dictamen de la ponencia de paz lo que reventó Aralar. El documento, conocido con el paso del tiempo como “suelo ético”, fueron unas bases de denuncia de la violencia acordadas por el PSE-EE, entonces en el Gobierno, el PP, su socio, el PNV, la fuerza mayoritaria de la oposición, IU y UPyD. Los partidos del entorno de EH Bildu, todavía sin representación como tal, no lo secundaron. EA así procedió pero tres de los cuatro electos de Aralar, capitaneados por Ezenarro, se sumaron al “suelo ético”. La dirección de Aralar criticó también que Ezenarro negociara la puesta en marcha de Gogora y aseguró que estaba actuando en nombre propio y no de la organización.

Ezenarro y sus colegas Mikel Basabe y Oxel Erostarbe acabaron expulsados. De hecho, se tuvieron que dar de baja del Parlamento y renunciar a sus actas, aunque nunca se notó porque se acabó la legislatura y se celebraron elecciones. Ezenarro, que había trabado muy buena relación con el PNV y particularmente con su portavoz parlamentario y presidente en Gipuzkoa, Joseba Egibar, repetía que no iba a dar el salto a las filas 'jeltzales'. En esas autonómicas EH Bildu incluyó al cuarto de los de Aralar en las listas, Daniel Maeztu, y llegó a la Cámara también Rebeka Ubera, la secretaria general que relevó a Zabaleta. Aralar, pocos años después, disolvió sus estructuras y se integró plenamente en EH Bildu a diferencia de EA y Alternatiba.

El nuevo lehendakari, Iñigo Urkullu, fichó a Jonan Fernández para dirigir sus políticas de víctimas y derechos humanos. Y, en 2013, Fernández incorporó como asesora a Ezenarro. Inicialmente, trabajó en Educación para coordinar la presencia de las víctimas en las aulas, pero pronto saltó a Presidencia. En 2015 se inauguró el Instituto de la Memoria en cuya gestación ella misma había trabajado y fue designada como directora, el cargo en el que se ha mantenido nueve años. “Ha habido un relevo. Ha cambiado hasta el lehendakari. Es lo natural”, explican desde el actual Ejecutivo. No consta ningún nuevo destino para ella. Ezenarro no ha querido participar en este reportaje.

El PSE-EE ha dicho públicamente que quiere dar un nuevo “enfoque” a Gogora. Este organismo, que convive con el Memorial del Gobierno central, con sede en Vitoria, está destinado a gestionar las políticas de memoria desde la Guerra Civil hasta el terrorismo, pasando por la violencia policial o de la dictadura. Los socialistas entienden que ha incidido en exceso en el pasado más lejano y que se ha dejado minimizado el “pasado reciente” y, singularmente, el papel de los “victimarios”, es decir, de ETA.

El episodio más controvertido de la etapa de Ezenarro en Gogora, sin embargo, tuvo que ver con la gestión económica. Este periódico reveló en enero de 2020 que el proyecto estrella del instituto, una carpa itinerante llamada Plaza de la Memoria, había sido adjudicada mediante contratos troceados a diferentes empresas de un cargo del PNV, Aitor Elorza, que precisamente formaba parte de ese engranaje que ella denunció años atrás con Balenciaga. Las cuatro marcas del grupo Montai, la propia Montai Produkzioak, Estali La Karpa, Kultur Kirol Zerbitzuak y Denok Zuzeneko Komunikazioa, que son además quienes organizan los mítines del partido, coparon las adjudicaciones de Gogora, en un altísimo porcentaje sin concurso. Los municipios por los que pasaba la carpa también contrataban a Montai por orden de Gogora.

El asunto trascendió a Gogora. El Gobierno de Urkullu llegó a formalizar hasta 2020 377 adjudicaciones a Montai, 366 de ellas directas. En algunos casos se simulaban concursos en que 'competían' dos marcas de Elorza, como en Juventud. La factura superó los 2,5 millones de euros sin contar el dinero de la Diputación de Gipuzkoa o de municipios como Hondarribia. La oposición realizó interpelaciones al lehendakari sobre el asunto y la propia Ezenarro llegó a citarse con los partidos en reuniones a puerta cerrada para ofrecerles su versión exculpatoria sobre los hechos, aunque nunca ofreció explicaciones públicas porque, entonces también, se convocaron elecciones.

Después de esos comicios, Ezenarro continuó al frente de Gogora, aunque en algunos sectores se le dio entonces por amortizada. Sin embargo, Urkullu sí decidió sacar ese organismo de Presidencia y encuadrarlo en un departamento llamado Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Jonan Fernández dejó de coordinar esas políticas y quedaron en manos del viceconsejero José Antonio Rodríguez Ranz, procedente de la Universidad de Deusto. Ahora, cuatro años después, Ezenarro sí ha tenido que salir de Gogora. Eso sí, con Pradales ya investido por el Parlamento firmó el inicio del decreto de desarrollo de la ley autonómica de memoria histórica e incluso ofreció alguna entrevista, lo que no gustó a los nuevos gestores socialistas.

El Parlamento Vasco, por “asentimiento” de todos los partidos pero a instancias del PP, ha vuelto a pedir al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) que elabore una auditoría de las contrataciones del Gobierno autonómico y de otras instituciones vascas al grupo Montai, el conjunto de empresas de un cargo del PNV de Gipuzkoa, Aitor Elorza. Es al menos la tercera vez que la Cámara demanda este análisis al órgano de control externo. La primera llegó en 2019, cuando se acordó una revisión singularmente del Ayuntamiento de Hondarribia, origen de esta controversia, a instancias de Elkarrekin Podemos. Y en 2022 se hizo una petición muy similar a la actual también a propuesta del PP, entonces en coalición con Ciudadanos. En las dos anteriores no consta que se haya hecho la auditoría.

El grupo Montai es un conglomerado de cuatro empresas, llamadas Montai Produkzioak, Estali La Karpa, Denok Zuzeneko Komunikazioa y Kultur Kirol Zerbitzuak. Todas ellas están dedicadas al montaje y organización de eventos. Durante años, han acaparado contratos directos (sin concurso) de diferentes ventanillas de la Administración vasca, como también en el ámbito foral y municipal. Singularmente, en Hondarribia diferentes instancias alertaron de irregularidades en las adjudicaciones al grupo de Elorza, desde la interventora hasta la Autoridad de la Competencia, pasando por la propia Fiscalía, que en todo caso no inició ningún procedimiento. Aun siendo la misma empresa con diferentes nombres, este periódico detectó algunos supuestos en los que aparentemente competían entre sí por contratos o incluso meros cambios de CIF al llegar al tope máximo legal para las adjudicaciones directas.

El PP pide revisar adjudicaciones en 2020, 2021 y 2022 a las cuatro firmas. Demanda un “análisis del cumplimiento de la legalidad en materia de contratación pública”. Y señala que han de mirarse contratos de las áreas de Cultura, Gogora, Hazi, la academia policial de Arkaute o EiTB del Ejecutivo vasco, si bien se mencionan también los inexistentes departamentos de “Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial” o “Empleo y Políticas Sociales” en el documento refrendado en el Parlamento. Igualmente, se plantea una revisión de la Diputación de Bizkaia -aunque nunca ha contratado a Montai, a diferencia de Gipuzkoa-, además de los municipios de Vitoria, Hondarribia, Zarautz, Villabona, Tolosa, Galdakao, Errenteria o Beasain.

El Tribunal de Cuentas vasco es un organismo dependiente del Parlamento, que nombra a sus vocales. Por ello, cada año la comisión de Economía y Hacienda aprueba un plan de prioridades de trabajo que es enviado a los auditores. Todos los partidos hacen sus propuestas y la costumbre es que ni siquiera se discutan. Este jueves así fue y se aprobaron todas por asentimiento. En todo caso, solamente los acuerdos plenarios o de comisiones de investigación son vinculantes para este órgano, de modo que es habitual que las peticiones anuales en comisión no se cumplan en su integridad. El plan de trabajo real del Tribunal de Cuentas lo fijan sus propios integrantes, recalcan las fuentes consultadas, aunque insisten en que tienen en consideración las sugerencias de los partidos.

Igor Enparan Araneta es desde este sábado y a todos los efectos el alcalde de Hondarribia, localidad guipuzcoana de 17.000 habitantes. Portavoz de la plataforma local Abotsanitz (“voces múltiples”, recuerda él) se ha caracterizado por denunciar irregularidades en la gestión del PNV en los últimos años. Suyas son algunas de las críticas por la abundancia de contratos 'a dedo' a las empresas del grupo Montai, cuyo dueño es un cargo del partido, Aitor Elorza. Este 'holding' ha copado las adjudicaciones de eventos en el municipio durante años con prácticas como cambiar simplemente el CIF para seguir facturando por encima del tope legal. El nuevo regidor promete corregir “lo antes posible” algunas de las situaciones más sangrantes ahora que no solamente ha arrebatado la mayoría absoluta a los 'jeltzales' sino logrado una clara victoria electoral que le hace empuñar la 'makila'. Explica también que habrá “auditorías” de la Intervención. “Es nuestra voluntad tratar de subsanar el abuso de la contratación menor que se ha hecho en nuestro municipio”, indica. En la nueva Hondarribia el alcalde se bajará un 20% el sueldo, se impulsará el uso del euskera en la calle y se explorarán políticas de vivienda. ¿Y el alarde? Enparan entiende que es tiempo de tender “puentes” y asegura que la compañía mixta Jaizkibel tendrá recepción institucional.

El PNV ha gobernado 28 años en Hondarribia. Y los últimos con mayoría absoluta. ¿Qué ha ocurrido en estas elecciones para que cambie el panorama?

Es evidente que la ciudadanía se ha alejado mucho del modelo de gobernanza del PNV. Se ha gobernado, sobre todo en estos últimos años de la mayoría absoluta, de forma un poco presidencialista. Entendemos que la ciudadanía ha valorado que el Ayuntamiento tiene que ir en otra dirección en la que la ciudadanía tenga más participación. Y, sobre todo, los acuerdos tienen que ser entre diferentes para que las decisiones sean apoyadas por el máximo de personas posible.

EH Bildu ha apoyado la investidura. ¿Van a ser socios de Gobierno?

Nos gustaría que fuese un Gobierno compuesto entre diferentes. En ese sentido, hemos trasladado la opción de entrar en el equipo de Gobierno tanto a EH Bildu como a los socialistas. EH Bildu ha dado sus votos para que la alcaldía recaiga en mí, pero todavía están en un proceso de reflexión interna de si tienen que entrar en el equipo de Gobierno o no. El PSE-EE ha anunciado que no se veía como para entrar en el equipo de Gobierno, pero sí que estarían dispuestos a participar de alguna manera en la gobernanza del municipio.

El alcalde saliente, Txomin Sagarzazu, no le ha entregado la ‘makila’. ¿Ha sido un traspaso de poderes fluido?

Me da mucha pena. Así se lo he transmitido al alcalde saliente. Me da mucha pena que esa transmisión no se formalice de alcalde a alcalde. Sobre el traspaso, como todavía no sabemos lo que nos vamos a encontrar en el Ayuntamiento difícilmente puedo expresar si ese paso entre un equipo de Gobierno y el siguiente va a ser natural o no. En estos momentos todavía no lo puedo decir. Pero lo que sí puedo mostrar es mi pena por no haber formalizado el traspaso de la ‘makila’ de alcalde a alcalde.

Para lectores de fuera, ¿qué es Abotsanitz y por qué se ha convertido en la principal fuerza política en el municipio en pocos años?

Los ayuntamientos son las instituciones locales más cercanas a la ciudadanía. Abotsanitz es una plataforma ciudadana que trabaja desde el pueblo y para el pueblo. Quiero poner en valor la forma de trabajo de estos ocho años. Somos un grupo de personas de Hondarribia que hemos estado en relación con prácticamente todas las asociaciones que componen el municipio durante ocho años. Hemos demostrado que somos cercanos a la ciudadanía y que llevamos al Ayuntamiento todas las iniciativas locales que se plantean en el municipio. La toma de decisiones la realizamos a través de asambleas ciudadanas y el acuerdo entre diferentes opiniones tiene cabida en un mismo proyecto. Así lo indica nuestro propio nombre. Abotsanitz significa voces múltiples. Desde luego, esas voces múltiples han tenido cabida en nuestro proyecto y eso se ha visto reflejado en el resultado de estas elecciones.

En las dos últimas legislaturas han denunciado irregularidades en la contratación del Ayuntamiento. La Fiscalía llegó a decir en un informe que eran “generalizadas” las irregularidades en Hondarribia. ¿Están preocupados? ¿Van a levantar alfombras?

Ha sido una de nuestras mayores preocupaciones, sí, el tema de la subcontratación de servicios públicos. Esperaremos a las auditorías que se realicen desde la Intervención. Pero sí quiero dejar claro que es nuestra intención, desde luego, trabajar para que los servicios externalizados y que sean básicos se integren en el sistema de personal municipal. Es nuestra voluntad tratar de subsanar el abuso de la contratación menor que se ha hecho en nuestro municipio. Quiero también señalar que, dentro de esos problemas de gestión, está la temporalidad del personal público municipal, que en Hondarribia ronda el 70%. Nos preocupa sobremanera.

Montai, el grupo de empresas de un cargo del PNV, ha llegado a llevarles a los tribunales por sus denuncias. ¿El próximo Ayuntamiento va a seguir contratando con esta empresa de eventos?

No puedo asegurar si desde el primer día seguirán trabajando o no, pero es evidente que los servicios que ofrecen esas empresas o ese grupo de empresas de la persona que menciona tienen que salir a licitación. Desde luego, tenemos una voluntad firme de sacar a concurso público lo antes posible esos servicios que hasta el día de hoy se han venido ofreciendo como contratos menores. Consideramos que eso era parte de las irregularidades que hemos venido denunciando en estos últimos años.

Quiero también señalar que, dentro de esos problemas de gestión, está la temporalidad del personal público municipal, que en Hondarribia ronda el 70%. Nos preocupa sobremanera

Le voy a poner un ejemplo. En Itsas-Etxea y en Kultur-Etxea ha habido una misma empresa al frente pero ha ido cambiando de CIF para ir facturando. ¿Eso va a desaparecer?

Lo antes posible. No puedo asegurar que si este fin de semana o el fin de semana que viene existe algún evento se vaya a tener que suspender porque no se pueden abrir estas instalaciones, pero lo que sí quiero dejar claro es que esa licitación tiene que salir a concurso público lo antes posible. No vamos a cerrar el Ayuntamiento. El Ayuntamiento tiene que seguir trabajando. Pero entiendo que tiene que ser dentro de la legalidad y para eso tenemos que corregir todas esas deficiencias que tenemos detectadas. Lo haremos lo antes posible. Si es por mi voluntad, desde luego, esa licitación debería salir antes de que acabe este mes.

¿Creen que van a encontrar toda la documentación y todos los expedientes cuando hagan esas auditorías que mencionaba?

A mí me gustaría que así fuera. Desde luego, espero que en esa transmisión no me encuentre con que falta documentación o faltan expedientes. Entiendo que hoy en día, en la Administración, todos los expedientes tienen que estar dentro de un sistema informatizado y entiendo que estarán todos. Lo que desconozco es si alguien vendrá a tocar mi puerta para preguntarme a ver qué hay de lo suyo.

¿Qué otros cambios van a llegar a Hondarribia?

Una de las primeras decisiones que pretendo tomar es la disminución del salario del alcalde. Tiene que haber una disminución en las retribuciones de alcaldía de alrededor del 20%. Es una de las decisiones más fáciles que a la que me voy a enfrentar. Entiendo también que el Ayuntamiento se tiene que abrir a la ciudadanía. Que se abran las puertas y las ventanas del Ayuntamiento para que la gente pueda tener opción a participar y que sean lo más sencillas posibles las gestiones. Por otra parte, no podemos olvidar el problema de acceso a la vivienda que tenemos. Me gustaría que en esta legislatura que empezamos ahora hagamos políticas de vivienda pública. Espero que se pueda ver durante estos cuatro años más de una promoción de vivienda pública. Y otro de los ejes estratégicos a los que nos enfrentamos es el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Se han iniciado algunos trámites en vísperas de la campaña electoral con el apoyo único del equipo gobernante y por mayoría absoluta. Nuestra intención es introducir las demandas tanto del resto de los grupos municipales como del tejido asociativo de Hondarribia y tratar de elevar a aprobación definitiva ese documento estratégico y necesario que desde 1997 no tenemos. Y, por último, sí que me gustaría señalar que tenemos también una preocupación importante por el uso del euskera en nuestras calles, que viene disminuyendo. Cada ciclo de cinco años se hace un estudio y el último arroja una desaceleración del 8% respecto al anterior. Es nuestro patrimonio y tenemos que salvaguardarlo.

Una de las primeras decisiones que pretendo tomar es la disminución del salario del alcalde. Tiene que haber una disminución en las retribuciones de alcaldía de alrededor del 20%

¿Va a haber respaldo institucional de la nueva Alcaldía a la compañía mixta Jaizkibel en el alarde?

Nosotros, en todos los años en los que hemos estado en las instituciones, hemos hecho recepción tanto a la compañía Jaizkibel como al alarde. Vamos a seguir haciendo esa recepción, aunque en este caso desde un posicionamiento diferente, que es el de la Alcaldía. Trataremos de que esos cambios simbólicos se trasladen también al resto de los grupos municipales e intentaremos que el Ayuntamiento reciba de forma institucional a todas las formas de vivir el alarde para tratar de crear puentes entre diferentes. Hay que abrir una vía de diálogo para poder solucionar este problema que tantos años llevamos sufriendo las y los hondarribitarras.

En el programa electoral hablan de “volver a cohesionar” el pueblo. ¿Cómo se consigue cerrar heridas y poner fin a los plásticos?

Bueno, pues con diálogo y con voluntad, desde luego. Las cosas han ido evolucionando. La sociedad no es la misma ahora que hace 26 años. Todos hemos evolucionado como personas. Hemos evolucionado como ciudadanía y el propio alcalde ha evolucionado durante todos estos años. Es necesaria la voluntad de las diferentes partes para abordar un diálogo en el que cada colectivo pueda exponer sus puntos de vista. Y, bueno, tratar de encauzar ese diálogo para buscar una solución compartida entre diferentes. Tenemos que trabajar para que se aborden las heridas que hemos sufrido o que hemos vivido. Ése es otro ámbito de trabajo que queremos poner en marcha lo antes posible. Desde todos los colectivos nos hablan de los daños que han sufrido o que vienen sufriendo en cuanto a la forma de vivir el alarde y entendemos que ese dolor tiene que ser abordado desde lo público también para tratar de sanar heridas.

intentaremos que el Ayuntamiento reciba de forma institucional a todas las formas de vivir el alarde para tratar de crear puentes entre diferentes

La coalición PP+Cs ha solicitado en el Parlamento Vasco que el Tribunal de Cuentas autonómico haga una auditoría completa de los contratos públicos formalizados por las instituciones vascas dirigidas por el PNV, tanto áreas del Gobierno vasco como entidades locales o forales, a las empresas del grupo Montai, esto es, a Montai Produkzioak, Estali La Karpa, Denok Zuzeneko Komunikazioa y Kultur Kirol Zerbitzuak. Este conglomerado mercantil está dedicado a la organización de eventos y está dirigido por un miembro del partido nacionalista en Gipuzkoa, Aitor Elorza. Como ha venido informado este periódico, en los últimos años han saltado algunas alertas sobre posibles irregularidades, principalmente en el Ayuntamiento de Hondarribia, aunque no exclusivamente. En algunas licitaciones del área de Juventud del Gobierno vasco, por ejemplo, varias marcas del mismo empresario habían participado en una misma contratación como si fueran mercantiles diferentes y simulando competencia.

La petición de PP+Cs se enmarca en la posibilidad que se abre a todos los partidos con representación en el Parlamento para formular propuestas dirigidas al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, presidido desde hace un año por Ana Helguera, propuesta por el PNV. En este organismo hay siete vocales. Tres están propuestos por los nacionalistas, dos por sus socios socialistas y dos por la oposición, uno de EH Bildu y otro de la propia coalición PP+Cs. Este trámite, que luego ha de ser refrendado antes de pasar a formar parte del plan de trabajo del órgano auditor autonómico, suele ser un reflejo de las prioridades políticas de los partidos en relación con otras formaciones y en 2022 no ha habido una excepción en este sentido.

Sobre los contratos con Montai, PP+Cs recalca la necesidad de un “análisis del cumplimiento de la legalidad en materia de contratación pública y específicamente sobre la adecuación a la Ley de Contratos del Sector Público vigente en cada momento” y pide que se revisen “expedientes de contratación” así como “los correspondientes procedimientos”. Fija los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 como marco temporal de referencia. En concreto, pide al Tribunal de Cuentas que analice la actuación de tres departamentos del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, Cultura, Desarrollo Económico y el ya disuelto de Empleo y Políticas Sociales -del que dependía Juventud-, y de los organismos EiTB, Gogora (Instituto de la Memoria), Hazi o la academia de la Ertzaintza (Arkaute). Se da la circunstancia de que no se demanda el análisis de los eventos de la propia Presidencia vasca, con más de medio centenar de adjudicaciones a estas empresas. En cuanto a los ayuntamientos, se pide mirar Hondarribia pero también Vitoria en Álava y Beasain, Errenteria, Galdakao, Tolosa, Villabona y Zarautz. Por error, PP+Cs ha pedido también que se audite a la Diputación de Bizkaia cuando estas empresas no han trabajado nunca para este organismo, sí para Gipuzkoa.

También en el listado planteado por EH Bildu se incluye una petición de análisis de la situación del Ayuntamiento de Hondarribia, aunque acotada a los ejercicios 2021 y 2022. Esta formación ya realizó una petición de información sobre Montai en la Cámara que fue respondida a medias por el Gobierno. Igualmente, en la pasada legislatura otra fuerza de la oposición, Elkarrekin Podemos-IU demandó explicaciones al Gobierno. En 2020, el Ejecutivo respondió a las denuncias de irregularidades con una auditoría propia, elaborada por la Oficina de Control Económico (OCE) que limitaba el alcance de la situación a “algún error técnico”. Igualmente, en el ámbito local de Hondarribia, la plataforma Abotsanitz ha realizado numerosas denuncias sobre las anomalías que ha ido detectando en el municipio, gobernando por Txomin Sagarzazu con mayoría absoluta.

La Dirección de Juventud del Gobierno vasco gastó entre 2014 y 2017 151.438,53 euros en la promoción del programa Gazte BizHitza. Se trata de un “servicio de orientación y asesoramiento online” para jóvenes en materia de “estudios, trabajo o vivienda”. En esos mismos años, apenas 1.834 personas utilizaron el servicio, lo que implica un gasto de 82,5 euros por cada usuario. En total, desde la puesta en marcha de esta ventanilla hasta octubre de 2022 han sido 4.188 las consultas recibidas.

Estos datos han sido enviados al Parlamento Vasco por el Gobierno como respuesta a una pregunta de la portavoz de EH Bildu en materia de Juventud, Eraitz Sáez de Egilaz. Los firma ya el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, toda vez que en septiembre se acordó que la Presidencia asumiría estas competencias en detrimento del área de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de Beatriz Artolazabal. Se ha incardinado Juventud en el área dirigida por el estrecho colaborador del lehendakari Jonan Fernández, que en otros momentos ha dirigido el área de Derechos Humanos o incluso las políticas contra la COVID-19. Se alegó que se quería convertir un área de “Juventud y Tiempo Libre” en una dirección más transversal enfocada también a fomentar la natalidad, al empleo o a la vivienda.

Gazte BizHitza empezó a recibir consultas en 2014, 44 en total entre noviembre y diciembre. 2016 fue su mejor año, con 695. Desde entonces, los datos han caído de manera continua salvo un pequeño repunte en 2021 con respecto a 2020. En lo que va de 2022 han sido 402 las consultas. El mes con más actividad fue abril de 2016, con 85 usuarios pero en 2022, por ejemplo, no se ha pasado de 54 mensuales. En agosto de 2019 se llegó a un mínimo de 8 atenciones. Según la web oficial del programa, Gazte BizHitza atiende por WhatsApp, por teléfono o a través de orientadores. En ese portal hay también videotutoriales de materias como cómo compartir un piso -“si alguno tiene el típico amigo que parece que ya forma parte del mobiliario, a lo mejor es hora de poner algunas condiciones” o “hay gente que sería capaz de vivir en un cuchitril y otra que pone el grito en el cielo si ve una miga de pan en el suelo”- o también de cómo comprar una casa -“si realmente estás interesado en comprar una vivienda no hay ninguna razón por la que tengas que hacerlo a corto plazo”-.

EH Bildu quería conocer también el desglose de los costes de promoción del servicio. Solamente hay datos entre 2014 y 2017. El primer año, el del lanzamiento, fueron 43.412,38 euros. Se contrató a Di-Da Kooperatiba Elkartea para el diseño y realización de doce anuncios y a Herederos de Rowan para el desarrollo del portal Gazte BizHitza. Después, se invirtieron 76.666,57 euros en 2015. Ese año, dos empresas del mismo dueño, Aitor Elorza, percibieron 34.405,75 euros para el evento de presentación del programa. Las firmas son Montai Produkzioak y Denok Zuzeneko Komunikazioa y Elorza es miembro del PNV de Gipuzkoa. Este grupo ha sido investigado por haber recibido adjudicaciones directas en municipios como Hondarribia. Se da la circunstancia de que la parte de Denok se realizó a través de un supuesto concurso en el que compitió contra Montai, cuando en verdad son del mismo empresario. Esta práctica se ha repetido nueve veces con este grupo en Juventud, según publicó ya este periódico en 2020. Ese mismo año hubo también un puesto en la Azoka de Durango, se confeccionaron “dispositivos USB y mochilas-bolsa con el logotipo” y se contrataron cuñas de publicidad en Gaztea, la emisora juvenil de EiTB. En 2016 se destinaron 15.679,79 euros y en 2017 exactamente la misma cantidad. En ambos casos, Iniciativas Publicitarias Vascas realizó “materiales promocionales”.

Por otro lado, y también a preguntas de Sáez de Egilaz, el titular de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, ha indicado que en 2022, hasta septiembre, ha habido 4.213 solicitudes para las ayudas al alquiler del programa Gaztelagun, de hasta 275 euros y con más supuestos tras un reciente cambio reglamentario. Sin embargo, las abonadas son 1.417. Ya se informó de un fuerte incremento en la espera ante la mayor demanda.

La fiscal superior vasca, Carmen Adán, ha afirmado este miércoles en el apartado sobre delitos económicos y corrupción de su comparecencia anual en el Parlamento que “un ayuntamiento” de Euskadi ha quedado eximido de ser investigado más a fondo por contrataciones irregulares por “haber estado muchos años siguiendo esa pauta o ese comportamiento”. Vox no ha participado en la comisión -se ausenta de muchas tras haber denunciado que sufría un cordón sanitario- y PP+Cs, Elkarrekin Podemos-IU, PSE-EE, EH Bildu y PNV, que han intervenido en ese orden, no han preguntado a Adán en ningún momento por cuál era esa institución. Es Hondarribia, localidad guipuzcoana en la que el PNV gobierna con mayoría absoluta y la fiscal se refería a unas diligencias que concluyeron en archivo en 2021 y en la que se constataron irregularidades “generalizadas”.

Entre las empresas beneficiarias en Hondarribia se halla el grupo Montai del miembro del PNV Aitor Elorza, que continúa todavía ahora contratando con sus diferentes marcas. En ese municipio el alcalde ha ordenado pagos a pesar de contar con informes de reparos de la intervención municipal, la Autoridad Vasca de la Competencia ha alertado de anomalías y la oposición política también ha alzado la voz contra el alcalde, como ha venido informando este periódico. Txomin Sagarzazu no repetirá como candidato en las elecciones de 2023 y el partido anunciará en breve su propuesta.

“El dinero público exige una especial protección”, ha demandado Adán, que no es la primera vez que denuncia tener las manos atadas contra determinadas prácticas. Ha asegurado que, en general, hay actuaciones administrativas manifiestamente “ilegales” que finalmente no logran trasladarse a un proceso penal. Ha denunciado que “en la contratación pública hay un margen muy grande discrecionalidad” y que “es sumamente difícil probar que se ha pactado un concurso público” para beneficiar a un empresario en concreto. Ahora mismo, con las herramientas procesales existentes, no basta ni siquiera con probar que el contrato es ilegal o que se ha excluido a la competencia para poder activar una investigación penal. “Las cosas tienen que empezar a cambiar”, ha implorado la máxima representante de la Fiscalía en Euskadi.

Con todo, ha querido aportar dos noticias optimistas en la lucha contra los delitos económicos. Por un lado, ha asegurado que ya se está procesando por delitos fiscales a personas que incluso no llegan al mínimo imputable de 120.000 euros si se acredita que hubo una “tentativa” de defraudar esa cantidad. Por otro lado, ha explicado también que opera ya una Fiscalía de ámbito europeo que vigila, entre otras cuestiones, la regularidad del uso de los fondos comunitarios. Ha indicado que hay un expediente vasco enviado ya a este organismo. Fue uno de los primeros en España que saltó a este ámbito. “Vienen nuevas formas de gestión de los fondos públicos”, ha indicado Adán sin dar detalles sobre un caso que sigue su curso aunque desde la constatación de que hay un volumen importante de fraude en las subvenciones, un mensaje que ya lanzó en octubre en la apertura del año judicial.

El PP se ha presentado este miércoles en Euskadi como un partido firme contra la corrupción... del PNV. El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, la responsable en Bizkaia, Raquel González, y el portavoz en las Juntas Generales vizcaínas, Eduardo Andrade, se han trasladado a Alonsotegi como “epicentro” de la mala gestión de los nacionalistas, ya que tres de sus alcaldes están investigados aunque González, en una pasada de frenada, los ha dado ya por “condenados”. En el “mapa” de casos que han presentado están también el 'caso De Miguel', con condenas ya en primera instancia pero pendiente del Tribunal Supremo, los contratos a las empresas del grupo Montai, las irregularidades en el museo Balenciaga y otra docena de causas, aunque no asuntos propios como la compra de la sede central del partido en Bilbao con fondos de la 'caja B' de Luis Bárcenas.

“Es un verdadero escándalo. Son muchos los casos que están acorralando al PNV por todo Euskadi”, ha clamado Iturgaiz, que ha acusado a “voceros políticos y mediáticos” de “silencio cómplice” para tapar estas investigaciones. Se busca una “omertá” en Euskadi, según Iturgaiz, que ha activado el modo de precampaña porque ha añadido que “en las próximas elecciones municipales y forales” la ciudadanía va a tener “la oportunidad de romper la cadena de todos estos silencios”. “Basta ya de tapar las vergüenzas del PNV”, ha clamado el dirigente 'popular'.

González, por su parte, ha dado por condenados a los tres exalcaldes de Alonsotegi investigados. En un caso, el de José Luis Erezuma, sí hubo un preacuerdo que implícitamente suponía el reconocimiento de las irregularidades pero aquel pacto se rompió y ahora tendrá que haber juicio. En otro, el de Aitor Santisteban, también está ya prevista la celebración de una vista. Finalmente, en el caso de Gabino Martínez de Arenaza aún no se ha cerrado la fase de investigación. La presidente del partido en Bizkaia ha dicho también que “el modus operandi” de Alonsotegi “viene de Sabin Etxea”, en referencia a la sede central del PNV. Finalmente, Andrade ha recordado casos más recientes vinculados no a los tribunales sino a Competencia, como el cártel de las consultoras -ha señalado que una de ellas lidera el proyecto estrella de la Diputación, la Torre Bizkaia- o el denominado G-7 de las constructoras, que se repartían contratas. El PNV, consultado por este periódico, ha preferido no hacer comentarios sobre estas declaraciones.