Hondarribia esquivó una investigación por irregularidades por estar “muchos años siguiendo ese comportamiento”

La fiscal superior vasca, Carmen Adán, ha afirmado este miércoles en el apartado sobre delitos económicos y corrupción de su comparecencia anual en el Parlamento que “un ayuntamiento” de Euskadi ha quedado eximido de ser investigado más a fondo por contrataciones irregulares por “haber estado muchos años siguiendo esa pauta o ese comportamiento”. Vox no ha participado en la comisión -se ausenta de muchas tras haber denunciado que sufría un cordón sanitario- y PP+Cs, Elkarrekin Podemos-IU, PSE-EE, EH Bildu y PNV, que han intervenido en ese orden, no han preguntado a Adán en ningún momento por cuál era esa institución. Es Hondarribia, localidad guipuzcoana en la que el PNV gobierna con mayoría absoluta y la fiscal se refería a unas diligencias que concluyeron en archivo en 2021 y en la que se constataron irregularidades “generalizadas”.

Entre las empresas beneficiarias en Hondarribia se halla el grupo Montai del miembro del PNV Aitor Elorza, que continúa todavía ahora contratando con sus diferentes marcas. En ese municipio el alcalde ha ordenado pagos a pesar de contar con informes de reparos de la intervención municipal, la Autoridad Vasca de la Competencia ha alertado de anomalías y la oposición política también ha alzado la voz contra el alcalde, como ha venido informando este periódico. Txomin Sagarzazu no repetirá como candidato en las elecciones de 2023 y el partido anunciará en breve su propuesta.

“El dinero público exige una especial protección”, ha demandado Adán, que no es la primera vez que denuncia tener las manos atadas contra determinadas prácticas. Ha asegurado que, en general, hay actuaciones administrativas manifiestamente “ilegales” que finalmente no logran trasladarse a un proceso penal. Ha denunciado que “en la contratación pública hay un margen muy grande discrecionalidad” y que “es sumamente difícil probar que se ha pactado un concurso público” para beneficiar a un empresario en concreto. Ahora mismo, con las herramientas procesales existentes, no basta ni siquiera con probar que el contrato es ilegal o que se ha excluido a la competencia para poder activar una investigación penal. “Las cosas tienen que empezar a cambiar”, ha implorado la máxima representante de la Fiscalía en Euskadi.

Con todo, ha querido aportar dos noticias optimistas en la lucha contra los delitos económicos. Por un lado, ha asegurado que ya se está procesando por delitos fiscales a personas que incluso no llegan al mínimo imputable de 120.000 euros si se acredita que hubo una “tentativa” de defraudar esa cantidad. Por otro lado, ha explicado también que opera ya una Fiscalía de ámbito europeo que vigila, entre otras cuestiones, la regularidad del uso de los fondos comunitarios. Ha indicado que hay un expediente vasco enviado ya a este organismo. Fue uno de los primeros en España que saltó a este ámbito. “Vienen nuevas formas de gestión de los fondos públicos”, ha indicado Adán sin dar detalles sobre un caso que sigue su curso aunque desde la constatación de que hay un volumen importante de fraude en las subvenciones, un mensaje que ya lanzó en octubre en la apertura del año judicial.