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LOS CONTRATOS DE MONTAI (PRIMERA PARTE)

La Presidencia vasca contrató 28 veces a empresas de un cargo del PNV para una exposición del Instituto de la Memoria

Carpa instalada por el grupo Montai en Vitoria en una de las paradas de la exposición de Gogora Plaza de la Memoria

Iker Rioja Andueza

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El Instituto de la Memoria de Euskadi (Gogora), un organismo dependiente de la Presidencia del Gobierno vasco, ha contratado desde su creación a finales de 2015 22 veces de manera directa y otras 6 de manera indirecta -28 adjudicaciones en total como mínimo- al grupo Montai para la organización de la exposición itinerante Plaza de la Memoria sobre víctimas, que ha recorrido con una carpa 21 localidades vascas en los últimos años. El grupo Montai lo componen cuatro empresas dirigidas por el cargo del PNV Aitor Elorza, la propia Montai, Estali La Karpa, Denok Zuzeneko Komunikazioa y Kultur Kirol Zerbitzuak, todas especializadas en organización de eventos. Plaza de la Memoria es el proyecto estrella de Gogora para la difusión de sus objetivos en materia de derechos humanos. Su financiación ha supuesto alrededor de un 10% del presupuesto total de la entidad en su historia.

Las adjudicaciones suman un total de 762.886,51 euros, aunque la cantidad facturada podría variar ya que en algunos casos depende del número de efectivo de exposiciones realizadas. Son expedientes firmados por Gogora pero, hasta fechas muy recientes, la mesa de contratación dependía directamente de Lehendakaritza, el Departamento de Presidencia del Gobierno vasco. De los 28 contratos, 23 se han formalizado ‘a dedo’, es decir, sin concurso público. En los otros cinco casos que sí han sido adjudicados mediante un procedimiento abierto, este periódico ha podido hallar algunas anomalías en los expedientes. Elorza, preguntado por estas cuestiones, manifiesta que no hay irregularidades de ningún tipo y se escuda en que todos los trabajos están ejecutados. Fuentes de Gogora indican igualmente que todas las contrataciones se ajustan a la normativa vigente. No obstante, desde Lehendakaritza apostillan que, a raíz de la consulta de este periódico sobre la gestión de Gogora, se ha solicitado un informe de legalidad al Departamento de Hacienda.

El Instituto de la Memoria fue inaugurado el 10 de noviembre de 2015, coincidiendo con el Día de la Memoria. La directora propuesta por el Gobierno de Iñigo Urkullu fue Aintzane Ezenarro, que continúa en el cargo. Con anterioridad había sido asesora del área de Derechos Humanos de Presidencia. En su etapa anterior, había liderado la formación abertzale Aralar. Ese primer acto de apertura de Gogora fue organizado ya por una de las empresas del grupo, Denok. Costó 20.061,68 euros tras una adjudicación directa que no está incluida en las 28 relativas a la exposición. Gogora ha confiado a este grupo la preparación de otros eventos más allá de Plaza de la Memoria por un valor total de 80.793,45 euros.

La iniciativa Plaza de la Memoria se presentó públicamente hace justamente cuatro años, el 7 de enero de 2016, como resultado de un proceso de participación sobre memoria, víctimas y derechos humanos. Cuatro días después, Gogora adjudicó a Denok el diseño de la muestra itinerante. Y unos días después le volvió a contratar, en este caso, el mobiliario para la carpa. Ese mismo mes de enero las cuatro empresas del grupo Montai recibirían otras cinco adjudicaciones, todas ellas de menos de 18.000 euros (más IVA), el límite para hacerlas sin concurso. Hay una de material, otra de montaje, otra de gestión, otra para el alquiler de la carpa y una última de seguridad de la muestra, aunque Gogora ya cuente con una firma especializada de vigilancia privada.

La primera etapa de la exposición llegó a Bilbao el 1 de febrero y, en el comunicado oficial difundido por el Ayuntamiento y por el Gobierno vasco, ya se hacía referencia a que se realizarían “varias” exposiciones más. Jurisprudencia reciente, como la sentencia del 'caso De Miguel' de corrupción –hecha pública en diciembre por la Audiencia Provincial de Álava-, alerta en uno de sus apartados de que el fraccionamiento en varios contratos de trabajos relacionados entre sí de manera que no se supere el límite legal para adjudicarlos ‘a dedo’ puede constituir una vulneración de la Ley de Contratos. El criterio para determinar si ha habido fraccionamiento o no es que el servicio contratado en varias fases sea previsible.

Se da la circunstancia de que las ocho citas de ese año –Bilbao, Durango, Tolosa, Vitoria, Eibar, Donostia, Zarautz y Arrasate, por ese orden- se cofinanciaron entre Gogora y las instituciones locales de turno. Éstas formalizaron también contratos con el grupo Montai de manera directa. En el caso de Vitoria (la carpa se abrió el 18 de abril) figuran tres facturas, una de gestión pagada por Presidencia, una de alquiler de la carpa pagada por la Diputación de Álava y una tercera de alquiler de la tarima de la carpa a cargo del Ayuntamiento de la capital vasca. En el resto de contratos la carpa y el suelo se habían contratado de manera conjunta. El total pagado en Vitoria fue de 28.835,61 euros. Este periódico ha hallado pagos también de las instituciones locales en Bilbao, Donostia, Eibar (la única gobernada por el PSE-EE) y Arrasate y no en el resto, por lo que las adjudicaciones totales a las empresas de Elorza podrían ser más de 28.

La única empresa que no era del grupo renunció

El montaje de la carpa y de su interior ha sido gestionado en régimen de exclusividad por Montai, Estali, Denok y Kultur Kirol en estos cuatro años. A partir de 2017, el modelo de cofinanciación desapareció y Gogora asumió todo el coste. Ese año se convocó un concurso público para el alquiler de la carpa. La puntuación más alta la recibió la empresa cántabra de organización de eventos QS. Pero renunció y Gogora seleccionó a la segunda candidata, Estali, por un importe de 187.395,12 euros. Fuentes de la compañía QS indican que se dieron cuenta ‘a posteriori’ de que no podían hacer frente al trabajo requerido. Añaden que no tienen ningún tipo de relación con el grupo Montai. Sin embargo, aparecen en un expediente sobre carpas para el festival de blues de Hondarribia de ese mismo 2017. Aquel año, Montai ganó también el concurso licitado para el montaje y desmontaje de la exposición (55.357,5 euros).

En 2018 se volvieron a convocar ambos concursos –aunque entre medias el grupo recibió otras adjudicaciones directas- y volvieron a ganarlos Estali (el de las carpas) y Montai (el de los montajes). En cuanto al primero de ellos, la del grupo no fue la mejor oferta económica, ya que la carpa ofertada por Río estaba presupuestada en 16.050 euros por exposición frente a las 16.800 de Estali. Pero se puntuaba de manera separada la lona y los contrapesos de piedra y se penalizó de esa manera a la otra compañía. Respecto al segundo, el documento firmado por Ezenarro incluye una confusión de fechas y cifras de tal manera que una adjudicación valorada en un máximo de 30.000 euros para cuatro exposiciones acabe siendo firmada con las cifras del año anterior, 55.357,5 euros, y para seis. En cuanto a 2019, se realizó un concurso y se contrató a Montai, pero no consta información oficial ni de la adjudicación ni del importe del servicio. Se da la circunstancia de que en varios de esos concursos han competido entre sí como si fueran empresas diferentes varias de las que componen el grupo Montai.

Las empresas del grupo Montai son cuatro: Montai Produkzioak eta Zerbitzuak (la matriz y con una trayectoria de más de 25 años), Estali La Karpa, Denok Zuzeneko Komunikazioa y Kultur Kirol Zerbitzuak. Sus sedes están en Asteasu e Irún en Gipuzkoa y, desde fechas más recientes, también en Vitoria. El administrador de todas ellas es Aitor Elorza Gurrutxaga, cualificado militante de PNV y que ha sido cargo público con ese partido hasta las elecciones locales de 2019. Llegó a ser candidato en las autonómicas de 2009. Su hermana es la responsable de Organización del partido en Gipuzkoa, presidido por Joseba Egibar.

Su esposa Maije Zelaia es miembro de las Juntas Generales, el Parlamento foral, y ha sido edil en Donostia, cargos que ha simultaneado con su labor dentro del grupo de empresas. En ellas trabaja también otra persona que ha tenido escaño en Gipuzkoa, Boris Nogales. Ejerce como responsable administrativo. En la delegación de Vitoria están empleados dos miembros actuales de las Juntas Generales de Álava, Roberto González Muro –que llegó a ser portavoz y que trabajó para la empresa Errexal del 'caso De Miguel'- y Onintze Guerra. Otras personas del partido han sido empleadas en Montai y sus filiales. La compañía, además de contratista habitual de la Administración, es la que organiza los actos políticos del PNV.

La situación de estas mercantiles ha adquirido protagonismo en los últimos meses porque la interventora municipal de Hondarribia ha alertado en decenas de informes de que el Ayuntamiento, gobernado con mayoría absoluta por el PNV, ha venido adjudicando a estas cuatro empresas ‘a dedo’ y de manera irregular, ya que debería haber convocado un concurso público. Esta situación se repite en ese municipio desde 2009 y, durante esta década, el grupo Montai ha facturado por encima de 2 millones de euros a costa de copar entre el 70 y el 80% de los trabajos de eventos culturales, fiestas o actividades deportivas. El Tribunal de Cuentas ha sido requerido por el Parlamento para que investigue estas cuestiones.

Ante la sucesión de advertencias, algunos eventos de esta campaña de Navidad han sido adjudicados a otras empresas del sector y Elorza ha reaccionado acusando al Ayuntamiento de “desviar” trabajos que le correspondían a Montai. “La adjudicación del servicio a Montai no es ni caprichosa ni aleatoria. En la contratación pública existe algo que es el principio de continuidad”, ha llegado a alegar el empresario, que en todo momento ha insistido en que su afiliación política no tiene nada que ver con sus negocios.

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