La filtración de un informe de la Guardia Civil que manipulaba la realidad para responsabilizar al Gobierno de coalición que encabeza Pedro Sánchez y a la manifestación feminista del 8M de la rápida expansión del virus de la COVID-19 en 2020 fue objeto de una investigación interna en el instituto armado cuyos resultados revela hoy elDiario.es: solo fue expedientado el comandante encargado de indagar en la filtración, acusado de sabotear sus propias pesquisas, y ni siquiera él ha llegado a ser sancionado porque un tribunal militar ha anulado el expediente. La Dirección General de la Guardia Civil decidió no recurrir el fallo judicial. 

El atestado, de 1 de junio, y uno anterior, ambos elaborados por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid, fueron parte de una causa abierta por la jueza Carmen Rodríguez-Medel a raíz de la denuncia de un abogado con un historial de estafas a sus clientes, que ya ni siquiera ejercía como letrado y que nunca llegó a estar personado. 

Con España aún bajo el primer estado de alarma y unos índices de mortalidad de los mayores de Europa, la imputación del entonces delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, sirvió como punta de lanza de las acusaciones de la oposición al Ejecutivo por su supuesta mala gestión de la pandemia y para relacionar al feminismo con la expansión del virus.

El momento era de máxima crispación cuando se produjo la filtración investigada. Un informe anterior de la Guardia Civil, cuyo contenido también había aparecido publicado al tiempo que llegó al juzgado, señalaba a Fernando Simón y vertía graves acusaciones contra el Gobierno. Cuando otros medios accedieron al informe, el primero de ellos elDiario.es, quedó de manifiesto que el atestado estaba repleto de bulos, tergiversaciones y sesgo ideológico.

elDiario.es había puesto de manifiesto los errores y tergiversaciones del primer informe el 26 de mayo. En un clima de gran confrontación política llegó el segundo informe y la filtración investigada del 1 de junio. Aunque este segundo atestado corregía algunos errores, insistía en que el Gobierno conocía la gravedad de la pandemia cuando autorizó la marcha del 8M de 2020. Tuvieron que pasar otros tres días hasta que el 4 de junio otras informaciones analizaron con detalle cómo la Guardia Civil había vuelto a incluir declaraciones mutiladas de responsables sanitarios mundiales y daba como ciertos, sin mayor comprobación, titulares de medios de comunicación seleccionados. 

Esta es la cronología de la investigación interna de la Guardia Civil sobre la filtración de dicho informe, desde su arranque hasta que un tribunal pone fin a la misma sin que haya un solo agente sancionado, según aparece en el expediente al comandante. 

El 1 de junio de 2020. A media tarde, Okdiario publica el contenido del segundo atestado en una amplia información que acompañaba de impresiones de extractos del mismo. En el texto de la noticia decía que la Guardia Civil había entregado el informe en el juzgado esa misma mañana. Las partes no habían tenido acceso al mismo aún. 

El teniente coronel que sustituyó a Pérez de los Cobos como jefe interino de la Comandancia, David Blanes, ordenó a un comandante allí destinado abrir una información reservada, esto es, una investigación preliminar que establezca si hay indicios para la apertura de un expediente disciplinario. 

8 de junio de 2020. Arranca la información reservada. El comandante solicita un informe al capitán jefe de la unidad de Policía Judicial que firmaba el atestado. También se lo solicita al jefe del Grupo de Información para que centre y analice las informaciones publicadas. El investigador interno recurre igualmente al jefe del Grupo de Apoyo en Tecnologías de la Información (GATI) para “la obtención de diversa información contenida en los ordenadores, cuentas de correo electrónico, fotocopiadoras, impresoras y escáneres de la UOPJ de la Comandancia de Madrid”. Los técnicos del instituto armado clonan hasta 40 discos duros.

15 de junio de 2020. El teniente coronel Blanes le reitera “personalmente” al comandante que debe “finalizar” la información reservada y le advierte: “Sin incluir ningún matiz o aclaración”. El comandante entiende que se le está ordenando finalizar la investigación sin necesidad de cumplir con la instrucción que se le había dado en un principio, según recoge el escrito de la directora general, María Gámez. 

Fuentes del instituto armado aseguran a elDiario.es que lo que hizo el teniente coronel fue apremiar al comandante para que, con el material recopilado en los diez días que habían pasado, concluyera la información reservada “a la mayor brevedad”. Según este relato, cuando el comandante entrega el resultado de su investigación preliminar, el teniente coronel Blanes comprueba que no ha recabado testimonio alguno ni redactado un informe de conclusiones. Además, para desconcierto de sus superiores, el comandante ha destruido el material clonado de los discos duros de la Comandancia sin haber analizado su contenido. El comandante llegará a defenderse asegurando que lo ha hecho por orden del teniente coronel, algo que este desmiente radicalmente. 

14 de septiembre de 2021. 15 meses después de estos hechos, el comandante es sancionado por falta grave recogida en el apartado 33 del artículo 8 del régimen disciplinario de la Guardia Civil: “Negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones profesionales”. En esos 15 meses se ha nombrado un instructor y secretario, se ha desarrollado una investigación al investigador, ésta ha concluido con una propuesta de sanción y, por último, el general jefe de zona ha firmado la sanción. 

21 de enero de 2022. La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, rechaza el recurso que había presentado el comandante contra la sanción y confirma la misma: cinco días de empleo y sueldo. Pero incluye un inciso en el expediente sancionador: refleja la conversación ambigua que tuvo sobre su superior y que, afirma, le llevó a pensar que tenía que archivar todo inmediatamente. 

Ante la negativa de la directora general a levantarle el castigo, el comandante presentó un recurso contencioso-disciplinario que resolvió a favor de los intereses del recurrente el Tribunal Militar Central el pasado mes de junio. Una sentencia que la Guardia Civil no ha recurrido ante el Tribunal Supremo y que, por tanto, es firme. 

En dicha resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, los togados niegan que existiera “dejadez” o “falta de interés” por parte del comandante sancionado, sino que archivó todo creyendo que seguía las órdenes de su superior. La conversación que mantuvieron, dijo el tribunal militar, “hubiera llevado a todas luces a error a cualquier persona media”. La sanción quedó anulada: “No cabe considerar lo ocurrido no ya como negligencia grave, sino ni siquiera levemente culposo”, dijo esa sentencia. El inciso sobre la conversación incluido por la propia Gámez en el expediente “apuntala” esa conclusión. 

La Guardia Civil ordenó una nueva información reservada una vez fracasada la realizada por el comandante, pero esta segunda solo pudo determinar que el informe publicado procedía de la Unidad Orgánica de Policía Judicial sin que llegara a ser posible determinar el origen de la filtración, explica un portavoz oficial del instituto armado.

La manipulación incluida en los informes

Para concluir que el Gobierno autorizó la manifestación del 8M pese a conocer el riesgo que suponía para la vida de los españoles, los guardias civiles redactaron el primer atestado el 21 de mayo de 2020. Los agentes tomaban unas declaraciones del ministro de Ciencia, Pedro Duque, sobre la reunión mantenida con dos científicos el 2 de febrero de 2020 “para asegurar que tengan más facilidades y todos los medios necesarios para investigar la enfermedad”. Esas palabras de Duque llevaron a OkDiario a titula:r Pedro Duque admite que el Gobierno ya conocía desde enero la gravedad del virus. Y la noticia saltó en forma de conclusión al atestado de la Guardia Civil. 

En otro punto del informe se decía que el Centro de Alertas que dirige Fernando Simón había admitido el 28 de febrero, ocho días antes de la manifestación, que había transmisión comunitaria. En realidad, el organismo público dijo justo lo contrario. Para ello, los agentes hacen un corta-pega de un artículo de Redacción Médica que sí recogía correctamente las palabras de Simón. Los mandos de la Policía Judicial de la Guardia Civil también cortaron una instrucción del Ministerio para poder afirmar que Sanidad había recomendado el 3 de marzo evitar los eventos multitudinarios. 

El capitán y el teniente incluso cambiaron el sentido de las declaraciones que tomaron a testigos. Un caso paradigmático es el del sindicalista que explicó a los agentes que anuló una concentración por una cuestión meramente operativa, distinta del COVID. Sin embargo, el atestado aseguraba: “En las 20 comparecencias que se han tomado en calidad de testigos a los promotores, en todas las desconvocatorias se alude a la crisis sanitaria del COVID-19”. Otros testigos desmintieron en el mismo sentido a los guardias civiles en los medios de comunicación.

En esta ocasión, el informe tenía 295 páginas y volvía a estar firmado por el capitán y el teniente de la Unidad Orgánica de Policía Judicial. Uno de los objetivos prioritarios seguía siendo Fernando Simón, pese a que el funcionario no era objeto de investigación en la causa. 

En su página 68, la Guardia Civil recogía una alocución del director general de la OMS, Tedros Adhanom, que elevaba el “riesgo de propagación e impacto de la COVID-19 a muy alto a nivel mundial”. Lo que no recogía es lo que decía a continuación: “Sigue sin haber pruebas de que el virus se esté propagando sin control en las comunidades”. Adhanom hacía unas recomendaciones muy básicas para el conjunto de la población y solo aconsejó “precauciones adicionales para evitar las aglomeraciones o los lugares en los que pueda tener contacto con personas enfermas” a los mayores de 60 años o personas con patologías previas. No fue incluido por los guardias civiles en su atestado. 

La jueza había pedido a los guardias civiles que analizaran un determinado periodo y los agentes incluyen informaciones que exceden la actualidad de los días señalados. Ocurre con la conversación informal que mantuvo la ministra de Igualdad, Irene Montero, con una periodista antes de una entrevista en directo en la televisión pública vasca. Su introducción se produjo in extremis ya que ABC publicó ese off the record el 1 de junio, el mismo día en el que la Guardia Civil concluyó el informe y lo registró en el juzgado número 51 de Madrid.

“¿A qué crees que se debe la bajada de cifras?”, le preguntó la periodista del programa En Jake de EiTB. “Creo que al coronavirus. O sea, no lo voy a decir porque no lo voy a decir”, respondió Montero, que añadió: “Quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como Gobierno es buena comunicación muy basada en los datos médicos. Claro, como siempre priorizar la salud pública, no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico generalizado que ya hay porque incluso hay países europeos que ya están tomando medidas drásticas”.

Terremoto en la Guardia Civil

Pérez de los Cobos nunca fue acusado de la filtración del informe, así que quedaba un fleco por esclarecer. Interior anunció una investigación interna acerca de cómo un atestado clave de la Guardia Civil había llegado a Okdiario al mismo tiempo, si no antes, que a la mesa de la jueza Rodríguez-Medel. La filtración tuvo lugar el 1 de junio. Cuatro días después, el teniente coronel que había sustituido a Pérez de los Cobos de forma interina encargó a un comandante la apertura de una información reservada.

El relato político y mediático aupaba al exabogado estafador a la categoría de héroe mientras que la Guardia Civil aparecía como el último reducto del Estado de Derecho para conocer la verdad de cómo el Ejecutivo había permitido una marcha masiva de feministas, pese a ser consciente del riesgo para la vida de millones de españoles que aquello suponía. La causa acabó archivada y Franco, exculpado. 

Fernando Grande-Marlaska encontró un culpable en el jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, un rostro reconocible para el ministro dentro del enfrentamiento soterrado que mantiene con el instituto armado desde poco después de recibir la cartera de Interior. El Ministerio negó que el cese estuviera relacionado con los informes, pero luego admitió que el coronel fue destituido bajo la acusación de haber ocultado la investigación a sus superiores. 

El coronel alega que la jueza había prohibido a sus subordinados informar a nadie que no fuera ella. La Audiencia Nacional ha avalado la destitución y resta que el Tribunal Supremo dicte un fallo firme. La destitución de Pérez de los Cobos no salió gratis a Marlaska. Su salida provocó la dimisión del director operativo del cuerpo, su número dos, el teniente general Laurentino Ceña.

La causa que inició un estafador

Los informes que culpaban al 8M de la expansión del coronavirus fueros escritos en el marco de una causa judicial abierta a instancias de un abogado estafador e impulsada por acusaciones populares como Vox o la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. El caso arrancó en el juzgado número 51 de la Plaza de Castilla de Madrid cuando el abogado Víctor Valladares decidió denunciar a las autoridades por permitir la manifestación feminista por el centro de la capital a pesar de saber ya entonces los peligros que eso entrañaba.

Carmen Rodríguez-Medel es la misma magistrada que instruyó el caso Máster, que amplió la investigación al curso de Pablo Casado en ese mismo título y que, cuando el Tribunal Supremo le ordenó acotar la causa, decidió no seguir investigando y enviarla a juicio. La magistrada se había ofrecido al ministro Grande-Marlaska a dirigir la Guardia Civil sin éxito y de ella había salido que fuera este cuerpo el que actuara como Policía Judicial, pese a que la Unidad Orgánica de la Comandancia de Tres Cantos estaba dedicada principalmente a investigar tráfico de drogas y crimen organizado en las localidades de la Comunidad de Madrid de menos de 30.000 habitantes. 

Finalmente, la magistrada entendió que no se podía acusar a las autoridades de unos posibles contagios que, además, eran imposibles de demostrar. El abogado que inició la causa siguió pleiteando sin éxito hasta que, tal y como reveló elDiario.es, entró en prisión hace unos meses por acumular condenas por estafar a clientes, entre ellos su propia suegra. 

Los ataques al feminismo: “Viva la muerte”

Unos meses después, en diciembre de 2020, un auto del Tribunal Supremo dejaba en evidencia aquellos tres meses de iniciativas penales en torno al coronavirus. La Sala de lo Penal zanjó en un auto de más de un centenar de folios las más de 50 denuncias y querellas interpuestas contra el Gobierno y distintas autoridades por motivos similares: permitir la expansión del virus. El Supremo descartaba cualquier intento de achacar a las autoridades sanitarias, nacionales o regionales, las miles de muertes provocadas por la COVID-19 en España. 

A lo largo de 2020, las derechas esgrimieron esta causa para atacar al movimiento feminista. “El Gobierno subestimó la gravedad del COVID”, dijo Pablo Casado tras conocer el contenido de estos informes. “Ha venido aquí a gritar ‘Viva el 8M’, que en este contexto es lo mismo que gritar ‘Viva la enfermedad y viva la muerte”, espetó Santiago Abascal desde la tribuna del Congreso.

Hace un año, en sus últimas semanas como presidente del PP, Casado recuperó esta teoría de la conspiración acusando al Gobierno de “ocultar” la pandemia y de permitir el 8M por priorizar los “fines electorales”. Lo hizo cuando las acusaciones populares del caso archivado se lanzaron a instar la reapertura porque, según ellos, la vicepresidenta Yolanda Díaz había reconocido que el 8M se permitió a pesar de conocer los riesgos. Ese día, como antes, Vox fracasó en los tribunales pero ocultó la negativa del Supremo a poner en marcha la más mínima investigación, decisión que no fue conocida hasta que no la reveló elDiario.es.

Una estrategia desde instancias policiales y políticas para desacreditar al feminismo, al ejecutivo y responsabilizar a ambos de las primeras olas de contagios que, tal y como analizó elDiario.es en este especial, guarda similitudes y paralelismos con las teorías de la conspiración que intentaron vincular durante años los atentados de 2004 al terrorismo etarra e, incluso, al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Con una derecha intentando obtener rédito electoral apoyada en similares locomotoras mediáticas y el mismo propósito político.

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El abogado que prometió llevar al Gobierno a los tribunales por la gestión de la pandemia ha ingresado en prisión tras ser condenado varias veces por estafar a clientes. Según ha podido saber elDiario.es, el letrado Víctor Valladares se encuentra preso en la cárcel madrileña de Soto del Real mientras sigue pendiente de varios juicios y causas por estafar a clientes cuando ejercía como abogado. Valladares fue quien denunció al Gobierno ante los juzgados y ante el Tribunal Supremo por la gestión de la pandemia y por permitir la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020.

Su ingreso en prisión se ha producido en las últimas semanas y se ha comunicado al juzgado de instrucción de la Plaza de Castilla que acaba de procesarle por una nueva supuesta estafa a uno de sus clientes. Una causa en la que la Fiscalía pide tres años de cárcel y la acusación popular un total de 13 años de presidio por delitos de falsedad documental, estafa, intrusismo profesional, deslealtad profesional y suplantación de identidad.

Víctor Valladares ganó notoriedad en las portadas y en los discursos de la oposición cuando, en las primeras semanas de la pandemia en 2020, fue a los juzgados ordinarios de Madrid y al Tribunal Supremo a presentar sendas denuncias contra el ejecutivo central y las autoridades por la gestión de la pandemia y, en particular, por permitir la manifestación del 8 de marzo feminista en las calles de Madrid cuando, según su acusación, ya se podía saber el peligro de aumentar los contagios.

“Este gobierno se merece una condena penal ante tanto muerto”, decía en junio de 2020 en el diario El Mundo, donde se presentaba como un abogado animalista que había constituido con miles de apoyos una Asociación de Afectados por la Gestión del coronavirus de la que no hay rastro. La causa avanzó, el delegado del Gobierno en Madrid fue imputado y la causa se archivó pero Valladares nunca llegó a personarse en la causa.

Para cuando Valladares empezó a pasearse por medios de comunicación, y para cuando Partido Popular y Vox usaron esta causa para atacar al ejecutivo central, ya era conocido que había sido condenado y sancionado varias veces por engañar y estafar a clientes.

Ya era público que, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Madrid le había sancionado por dejar morir en los tribunales la pretensión de una mujer de Vitoria que intentaba recuperar a su hija pequeña, en paradero desconocido junto a su padre. Un juzgado le había condenado a devolver 1.300 euros a otra clienta por cobrar sin interponer las acciones judiciales que le habían encargado. Otro juzgado le había condenado por estafar a un hombre que quería demandar a una tienda de animales.

Mientras Valladares se presentaba ante la opinión pública como el hombre que iba a llevar al Gobierno al banquillo de los acusados –y mientras presumía en diversas entrevistas de contar con el apoyo de miles de personas que se habían sumado a su plataforma– omitía informar del aluvión de juicios que una y otra vez le llevaban a él al banquillo por engañar y estafar a clientes.

En estos dos años, tal y como ha ido informando elDiario.es, ha sido condenado por timar a su suegra y por falsificar documentos y engañar a dos afectados por cláusula suelo, entre otras causas. Recientemente el Tribunal Supremo y su sala de lo penal han declarado firmes dos condenas contra él por este tipo de engaños. Una de ellas por quedarse con 13.000 euros de una mujer que le encargó varios pleitos que nunca fueron puestos en marcha. Según la Justicia, Valladares se quedó el dinero “sin realizar trámite judicial alguno” pero haciendo su despliegue habitual: acudiendo al juzgado con ella para pedir información y falsificando documentación judicial.

El “Huracán Valladares”

Según ha podido saber elDiario.es, el juzgado 11 de Madrid acaba de procesar a Valladares por otro engaño a otro cliente. En este caso, el pasado 28 de septiembre el juez del caso comprobó a través de una llamada telefónica que Valladares “se encuentra preso” en la cárcel de Soto del Real, aunque no especifica si es un encierro preventivo o si ya se encuentra cumpliendo condena por alguna de sus múltiples sentencias desfavorables.

Es un caso en el que la acusación particular, ejercida por el letrado Sergio Matamoros, pide 13 años de cárcel para él, y en el que la Fiscalía solicita tres años de presidio. Según el relato de las acusaciones, la víctima contrató a Valladares como abogado para llevarle un pleito con una antigua socia, y contó con él por la relación de amistad que tenía su pareja con la entonces pareja del abogado. Una relación de confianza y una “confianza ciega” que el letrado, según la víctima, “no dudó en aprovechar para obtener ilícito beneficio” encadenando “mentira tras mentira y falsedad/falsificación tras falsedad/falsificación”.

Según la acusación, Valladares se hacía pasar por el abogado de la parte contraria del pleito o incluso conseguía que varias personas le pagaran dinero para pagar a la misma procuradora, dinero que se quedaba él mismo. Lo hizo, según el escrito de acusación, falsificando documentos judiciales, como en otros casos anteriores. Su víctima llegó a ser denunciada por uno de los abogados por los que se había hecho pasar. Lo que el letrado de la acusación define como el “Huracán Valladares”.

Víctor Valladares, el abogado que en 2020 llevó ante la Justicia la convocatoria del 8 de marzo feminista por la propagación del coronavirus, ha recibido una nueva condena por engañar a clientes y falsificar documentación judicial cuando ejercía como letrado. Después de ser condenado, entre otras cosas, por engañar a afectados por cláusulas suelo o a un matrimonio que denunciaba el acoso escolar de su hijo, ahora Valladares ha sido condenado a medio año de cárcel por falsificar una sentencia y hacer creer a su suegra que había ganado un pleito laboral a su antigua empresa. Recientemente el Tribunal Supremo ha declarado firmes dos condenas más, que suman tres años de prisión entre las dos, por engañar a clientes cuando ejercía como abogado.

Este exletrado, ahora varias veces condenado y sancionado por los tribunales y el Colegio de Abogados de Madrid, fue el que presentó la denuncia que derivó en la causa judicial contra el Gobierno y la convocatoria del 8 de marzo feminista de 2020. Una pieza esencial del frente judicial contra la actuación del Ejecutivo central que acusaba al Delegado del Gobierno, José Manuel Franco, de permitir esta concentración en Madrid cuando las autoridades sanitarias ya tenían datos concluyentes en torno al peligro que podía suponer al propagar el virus. El caso se archivó tras convertirse en munición habitual para la derecha.

En ese momento Valladares ya estaba imputado y acusado de engañar a su suegra igual que había hecho con otros clientes. La mujer le encomendó su defensa en un pleito laboral contra su empresa y le dio, en total, 800 euros para llevar a cabo las gestiones. El letrado intentó sin éxito llegar a un acuerdo con la empresa en la fase previa de conciliación y después no hizo nada más, aunque contaba a la familia de su pareja que estaba haciendo gestiones ante un juzgado de la Plaza de los Cubos. Lo que sí hizo fue falsificar una sentencia que, supuestamente, daba la razón a su suegra y reconocía su derecho a cobrar más de 24.000 euros de su empresa.

La familia política del abogado se dio cuenta de que algo no iba bien cuando acudieron al juzgado de lo social número 32 de Madrid y para saber por qué la mujer no había cobrado todavía su indemnización. La respuesta de los funcionarios fue clara: esa sentencia 957/2016 no existía, como tampoco había existido el procedimiento 846/2016 en ese juzgado. Y ella no había ganado ningún pleito a su empresa en el marco del conflicto laboral.

La Audiencia Provincial de Madrid, en una sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, acaba de imponerle seis meses de cárcel por la falsificación de la sentencia del caso de su suegra, además de una multa de 1.800 euros. Una condena por falsedad documental, todavía recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y posteriormente ante el Tribunal Supremo, inferior a la que pedían tanto la Fiscalía como la acusación particular. La Audiencia lo absuelve, por ejemplo, de varios delitos de estafa y deslealtad profesional por los que pedía varios años más de cárcel.

Los jueces de la sección 23ª entienden que no hubo ni estafa ni deslealtad profesional, porque sí puso en marcha la fase de conciliación con la empresa de su suegra, paso previo a acudir a la jurisdicción social, y también por la indeterminación del encargo que le hizo su familia política para llevar el caso. “Las gestiones o actuaciones a realizar en forma alguna estaban detalladas, con lo que no se entiende que el acusado urdiera un engaño en su provecho”, explican los jueces. Es cierto que falsificó una sentencia pero para “justificar su actuación” y no para que su suegra le diera unos 800 euros que ya le había entregado para entonces. “Pudiera existir ocultación de información o desarrollo inadecuado de las gestiones”, dicen los jueces, pero no una estafa. Tampoco hubo deslealtad profesional.

Lo que sí hizo fue entregar a su familia política una sentencia que él –o una tercera persona– había fabricado para hacer creer a su suegra que había ganado el pleito contra su empresa y que tenía derecho a cobrar más de 24.000 euros. “No hay duda de que estamos ante un documento creado por simulación”, razona la Audiencia Provincial de Madrid. La resolución era “íntegramente falsa” y, además, reflejaba los mismos datos que Valladares había puesto encima de la mesa durante la conciliación previa. La consideran culpable de este delito y descartan que la denuncia, presentada varios años después de los hechos, responda a un objetivo de su antigua familia política de perjudicarle después de romper su relación sentimental con la hija de su víctima.

Denuncia contra el 8-M

Para cuando la pandemia de coronavirus golpeó España, Víctor Valladares no era ningún desconocido en los medios de comunicación del país. Abogado desde 2006 en el Colegio de Madrid, este letrado gallego había destacado por su defensa de los derechos de los animales en casos como el Toro de la Vega, el perro Excalibur o como abogado de diversas plataformas animalistas, entre otros. Es citado como experto en la materia también en este artículo de 2014 del Consejo General de la Abogacía Española.

En marzo de 2020 volvió a los titulares cuando presentó en la Plaza de Castilla una denuncia contra el Ejecutivo central por permitir grandes concentraciones como el 8 de marzo feminista cuando los datos ya apuntaban a la peligrosidad y expansión del coronavirus. La causa cayó en manos de la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que imputó al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y puso en marcha una instrucción que terminó en archivo, pero que por el camino se convirtió en munición para PP y Vox, que se llegó a personar como acusación popular, y en la cual se elaboraron informes forenses y de la Guardia Civil que pretendían responsabilizar a la manifestación feminista de la expansión del virus en Madrid. Unos informes que, a su vez, se tradujeron en una crisis en la Guardia Civil que culminó con la destitución de Diego Pérez de los Cobos.

La causa se archivó y Valladares–que afirmaba actuar en nombre de una asociación de Afectados por la Gestión del Coronavirus (AGC) que no tuvo ninguna actividad posterior conocida– no llegó a personarse como acusación en el procedimiento antes de que la Audiencia Provincial enterrara la causa de manera definitiva. Para entonces ya acumulaba varias sanciones y condenas por mala praxis antes de tener que dejar su carnet de abogado en 2018, una cuenta que ha ido aumentando en los últimos años.

Engaños a clientes

La mayor parte de estas sanciones y condenas se corresponden con una forma de actuar similar, reflejadas en los hechos probados y resoluciones examinadas por este periódico: Valladares, como abogado en ejercicio, se ofrecía para llevar asuntos por pequeñas cantidades de dinero que los clientes entregaban, aunque muchas veces el letrado nunca ponía en marcha la acción judicial encargada o dejaba morir los procedimientos. De cara al cliente, a veces apoyaba su mentira con documentos judiciales falsificados, como en el caso recién sentenciado por la Audiencia de Madrid.

Una de sus sanciones de 15 días impuesta por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) llegó en 2018 cuando una mujer lo denunció. Afirmaba que había contratado los servicios de Valladares para intentar recuperar a su hija pequeña, quien según sus acusaciones había sido sustraída por su padre y trasladada al extranjero, en paradero desconocido para ella desde entonces. El letrado aceptó el encargo pero, según denunció esta afectada, no puso en marcha las acciones necesarias para que ella pudiera recuperar a su hija. El mismo ICAM le impuso otros 15 días de sanción por el caso de una mujer que le pagó para defender su honor en un pleito.

Los tribunales también le han sancionado varias veces por la vía penal, incluso en resoluciones firmes. Recientemente el Tribunal Supremo ha confirmado para él una condena de un año de cárcel por falsedad documental y deslealtad profesional, además de la obligación de indemnizar a sus víctimas con más de 13.000 euros. Una mujer le encomendó hasta tres pleitos, uno de ellos relacionado con el acoso escolar que sufría su hijo, y Valladares se quedó el dinero “sin realizar trámite judicial alguno” pero haciendo su despliegue habitual: acudiendo al juzgado con ella para pedir información y falsificando documentación judicial.

Otra condena fue confirmada en noviembre del año pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, declarada firme el pasado mes de julio por la sala de lo penal del Supremo en un auto de inadmisión que ha podido examinar elDiario.es. En este caso los tribunales sellaron una condena de dos años de cárcel para él por hacerse cargo de una demanda contra el Banco Sabadell de cláusulas suelo en la hipoteca de un matrimonio y no hacer nada. En ese caso, Valladares falsificó varios documentos para hacer creer a sus víctimas que el caso iba viento en popa.

El 20 de abril de 2020, el líder de Vox, Santiago Abascal, anunciaba con la trompetería habitual de Vox una querella contra el Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus. Unas semanas antes, un abogado condenado por estafa había presentado varias denuncias contra la decisión de las autoridades de no suspender la marcha feminista del 8 de marzo. La Fiscalía ponía en marcha a su vez más de 200 investigaciones en torno a la muerte de ancianos en residencias de todo el país. Todo eso pasó en el epicentro de la pandemia, cuando el país se acercaba al millar de víctimas diarias.

Casi dos años después, la inmensa mayoría de esas acciones legales han quedado archivadas o al menos no hay constancia de que hayan llegado a juicio. Hasta ahora, el mensaje de los tribunales ha sido claro: la gestión de la pandemia habrá sido buena, mala o muy mejorable, pero no ha sido delictiva en sus diferentes niveles.

Las denuncias y querellas han pedido investigar en los tribunales una veintena de delitos. Desde la prevaricación, por las decisiones que tomaron cargos políticos, hasta el homicidio y las lesiones imprudentes, que buscaban castigar los contagios. También ha habido acusaciones por malversación, la omisión del deber de socorro, los delitos contra el medioambiente, el genocidio o la lesa humanidad. Han ido dirigidas contra miembros del Gobierno, presidentes autonómicos, consejeros de Sanidad, autoridades sanitarias y también contra responsables de residencias de todo el país.

Por el momento, los jueces y la Fiscalía no han entendido que la gestión de la pandemia merezca un reproche penal al margen de lo que han dicho por ahora sus compañeros de los tribunales de lo social, lo contencioso y el Constitucional. Querellas que han sido impulsadas por una gran variedad de acusaciones: hay familiares de víctimas, sindicatos médicos y policiales, partidos políticos, asociaciones y colectivos cercanos a la ultraderecha, acusaciones populares recurrentes en casos mediáticos, criminales condenados por atracos y también Emilio Rodríguez Menéndez.

El 8-M feminista

Fue el caso que pilló a todos por sorpresa. Un abogado ourensano condenado y sancionado por estafar a clientes, Víctor Valladares, se presentaba en la Plaza de Castilla de Madrid y presentaba una denuncia contra el presidente del Gobierno y el entonces delegado del Gobierno en la capital, José Manuel Franco, por permitir la convocatoria de la manifestación del 8 de marzo feminista cuando el coronavirus ya hacía acto de presencia en nuestro país. La jueza Carmen Rodríguez-Medel se hizo cargo del asunto y puso en marcha una instrucción en la que imputó a Franco, encargó unos informes de la Guardia Civil que se basaban en bulos y medias verdades para acusar al Gobierno de propagar el virus y miró desde la barrera una crisis profunda en el seno del Ministerio del Interior que todavía colea a día de hoy.

El caso engordó con varias diligencias, Vox y una asociación de oficiales de la Guardia Civil tomaron las riendas de la acusación mientras el familiar de un fallecido intentaba personarse sin éxito. Todo quedó archivado el 12 de junio de 2020. Ese día, la jueza Rodríguez-Medel lanzó una dura batería de reproches a la Delegación del Gobierno en Madrid pero archivó el caso. La Audiencia Provincial confirmó su decisión cinco meses después. El resultado es que José Manuel Franco y el personal de la Delegación no habían prevaricado al permitir las concentraciones del 8 de marzo, y no se les podía responsabilizar de unos contagios en las manifestaciones feministas que nadie podía demostrar con pruebas fehacientes.

Fue el caso que sentó unas expectativas poco razonables para todas las denuncias y querellas presentadas en los primeros compases de la pandemia. Pero tuvo también una amplia proyección política. Las derechas esgrimieron esta instrucción durante semanas en el Congreso de los Diputados para acusar al Ejecutivo central de poner en peligro a la población española a sabiendas del riesgo de contagio con tal de permitir la celebración de las concentraciones feministas. “Gritar 'viva el 8M' es como gritar viva la enfermedad y viva la muerte”, dijo Santiago Abascal en la Cámara Baja poco antes del archivo del caso. El mismo Abascal que celebró esa misma fecha, el ocho de marzo, un mitin de su partido en un pabellón madrileño. Al día siguiente se anunció el contagio de su propio secretario general, Javier Ortega Smith, y otros cargos del partido.

El terremoto causado por el conocido entonces como 'caso 8M' sigue teniendo réplicas a día de hoy. Partido Popular y Vox han utilizado unas declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz, en las que aseguraba que ya a mediados de febrero de 2020 convocó a su equipo para estudiar medidas contra el COVID, para solicitar la reapertura de la causa y amenazar con nuevas medidas penales. Pablo Casado, por ejemplo, ha exigido la apertura de una comisión parlamentaria para investigar si el Gobierno ocultó información. Vox directamente se ha dirigido al Supremo para que su querella inadmitida sea resucitada y Valladares ha anunciado lo mismo pero en los juzgados de Madrid. Cuando Díaz lanzó aquella guía que pretendía establecer recomendaciones para las empresas y empleados, esos mismos partidos acusaron a la entonces ministra de Trabajo de alarmar gratuitamente.

La negativa rotunda del Supremo

La sala de lo penal del Tribunal Supremo es precisamente donde más querellas y denuncias COVID han naufragado en el último año. Los magistrados decidieron juntar en un único auto las más de 50 acciones penales presentadas contra Pedro Sánchez, sus ministros y ministras, presidentes autonómicos como Quim Torra, Isabel Díaz Ayuso o Alfonso Fernández Mañueco, y autoridades sanitarias como Fernando Simón o incluso la dirección del Servicio Público de Empleo Estatal. La Fiscalía emitió un único informe en el que apostó por inadmitir todas y cada una de ellas.

La nómina de denunciantes y querellantes que se sumaban a los familiares de fallecidos era muy variada. Vox, Víctor Valladares, Abogados Cristianos, Manos Limpias, HazteOír, el sindicato policial Jupol, Hogar Social Madrid, la asociación Pro-Lege, el Defensor del Paciente, la acusación popular del 'caso Ghali', varios atracadores condenados e incluso Pilar Gutiérrez, conocida en los medios como la 'mujer más franquista de España', entre otros. En esta y en otras causas aparecían y desaparecían asociaciones de afectados que no actualizan sus páginas web desde hace un año o que, directamente, nunca han tenido actividad conocida fuera de estas acciones penales.

El fiscal Luis Navajas despachó una buena parte de las querellas definiendo sus acusaciones como “genéricas”. En diciembre era la Sala de lo Penal del Supremo, encabezada por Manuel Marchena, la que redactaba un auto de casi cien páginas para declarar que un responsable político no puede ser responsabilizado de todo penalmente por el hecho de estar al frente de la cadena de mando de la gestión de la crisis del COVID. Empezaron los jueces recordando que las acciones penales no pueden depender, afirmaron, ni de “la indignación colectiva” ni tampoco del “legítimo desacuerdo con decisiones del Gobierno”. También dijo claramente que una persona no puede ser imputada “por el mero hecho de la posición o cargo que ostente en la organización, por muy alto que este sea”.

Sobre el supuesto ocultamiento de información por parte del Gobierno de la gravedad de la pandemia, el Supremo dijo algo aplicable a las últimas amenazas penales de Vox y Partido Popular: “No bastaría con acreditar que se ocultó información (...) ni siquiera sería suficiente con demostrar que la no adopción de medidas tendentes a evitar las aglomeraciones masivas pudo incrementar el número de contagios”, dijo la sala. Hay que probar una relación directa y precisa entre ese supuesto ocultamiento y cada muerte o contagio y eso, según dijo el Supremo, es imposible: “Cualquier esfuerzo probatorio en esa línea resultaría baldío”. 

El Supremo cerró la puerta a investigar a altos cargos del Gobierno central así como de ejecutivos regionales y responsables sanitarios, pero no cortó el paso a cualquier tipo de acción penal a cualquier nivel. Decidió que todas las querellas y denuncias fueran remitidas a los juzgados de Madrid para que, si lo estimaran conveniente, abrieran sus propias investigaciones para los que no estuvieran aforados. Y eso, por ahora, tampoco ha tenido demasiado desarrollo.

Fernando Simón, la Policía y las residencias

La mayoría de estas denuncias o querellas, interpuestas contra aforados del Gobierno central o de los autonómicos, murieron ahí, pero el resto fueron enviadas a los juzgados territoriales sin que, por el momento, haya trascendido que ninguna de ellas se haya traducido en un juicio por alguno de los múltiples delitos denunciados. Los últimos casos conocidos han sido resoluciones de archivo: el juzgado 13 de Madrid rechazó, con el apoyo de la Fiscalía, una querella de Abogados Cristianos contra Fernando Simón. El juzgado 34 ha archivado también recientemente otra querella del sindicato policial Jupol contra Francisco Pardo, director general de la Policía Nacional.

Otros casos todavía están en fase de instrucción. El juzgado 1 de Valencia, por ejemplo, admitió hace unas semanas a trámite una querella del sindicato médico CESM por la falta de material de protección, tal y como informó ValenciaPlaza. Lo que sí ha empezado a producir sentencias por la vía penal son los conflictos surgidos en torno a las restricciones de lo peor de la primera ola: condenas por peleas surgidas por la mascarilla o la distancia de seguridad entre ciudadanos, por enfrentarse a la Policía durante el confinamiento o la causa que investiga la patada en la puerta de varios policías en Madrid el pasado mes de diciembre.

Algo similar sucede con las investigaciones penales en torno al fallecimiento masivo de ancianos en las residencias de todo el país. Durante los primeros meses de pandemia la Fiscalía actualizó semanalmente el número de diligencias civiles y penales abiertas, y en algún momento superó las 200 investigaciones puestas en marcha por la vía penal, el mayor porcentaje de ellas en la Comunidad de Madrid. Unas cuantas fueron judicializadas y por ahora un número importante de ellas han sido archivadas. La plataforma Marea de Residencias aseguró hace un año que existían cuatro centenares de estas querellas y tal y como explicó elDiario.es las investigaciones se dirigen más contra los trabajadores que contra los responsables y los protocolos.

El pasado julio, por ejemplo, un juzgado de la localidad madrileña de Leganés archivó su investigación por la muerte de personas mayores en residencias de toda la región. Un auto que avaló la gestión de los centros en la que el juez afirmó: “Es la pandemia que nos acecha la que hizo enfermar a estas personas, y no la actuación de los directores de residencias o consejeros querellados de la Comunidad de Madrid”. Recientemente, tal y como explicó El País, la Fiscalía de Madrid ha entendido que los polémicos protocolos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no prohibieron derivar ancianos enfermos de COVID a hospitales. En Ciudad Real casi todas estas investigaciones también han sido archivadas, la última en la localidad de Tomelloso.

El fracaso, al menos por el momento de la vía penal, contrasta con la acción en otras jurisdicciones. Por ejemplo, la sala de lo social del Tribunal Supremo declaró en octubre del año pasado que los sanitarios de todo el país estuvieron desprotegidos durante lo peor de la primera ola, algo que consideraron responsabilidad del Ejecutivo central y de las comunidades autónomas. “Los sanitarios carecieron de medios de protección necesarios”, dijo la sala cuarta en esa sentencia. A lo largo de 2021 otras resoluciones han declarado lo mismo, por ejemplo, en cuanto a la Ertzaintza.

La oposición a las medidas del Gobierno ha transcurrido sin éxito en la vía penal, pero la oposición, a través de Vox, ha obtenido victorias sonadas en el Tribunal Constitucional al recurrir los dos estados de alarma y la suspensión de plazos del Congreso durante lo peor de la primera ola. Un confinamiento del primer estado de alarma que, poco antes de recurrir, el propio Santiago Abascal había reivindicado como parte del plan de Vox en la tribuna del Congreso.

El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ha presentado su dimisión. La renuncia del líder de los socialistas madrileños se produce dos días después de la debacle electoral del 4M en la que el partido ha obtenido su peor resultado electoral que le ha relegado a la tercera posición en la Comunidad de Madrid. “Alguien tiene que asumir la responsabilidad para mantener la dignidad de este partido”, asegura Franco en declaraciones a esta redacción. No obstante, el dirigente madrileño considera que la hecatombe no se le puede atribuir al PSOE madrileño en exclusiva dado que la campaña electoral la dirigió el equipo de Pedro Sánchez en Moncloa.

Franco ha comunicado su decisión al presidente este mismo jueves, aunque niega haber recibido presiones. El líder de los socialistas madrileños, que es secretario de Estado de Deporte, no estuvo el miércoles en la reunión en la que Sánchez analizó el batacazo electoral del 4M con su equipo más estrecho de colaboradores del partido, entre ellos el secretario de Organización, José Luis Ábalos, y el responsable de Coordinación territorial, Santos Cerdán. “El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha dimitido de su cargo con efecto inmediato, tras asumir la responsabilidad del pésimo resultado electoral el pasado 4 de mayo. La salida del máximo responsable de los socialistas madrileños también supone que no se utilice el mal resultado en los comicios de la Comunidad de Madrid para atacar al Partido Socialista y al Gobierno de España”, ha expresado posteriormente la organización en un comunicado.

El secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha agradecido en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva la labor a Franco así como la “lealtad y el trabajo” al frente del PSOE de Madrid. “Tendrá siempre el reconocimiento del partido por la importante tarea que ha realizado al frente del partido. Es parte del equipo y seguirá siendo parte del equipo”, ha dicho Ábalos. “Esta dirección le tiene mucho afecto y tenemos políticamente una deuda contraída con él”, ha proseguido Ábalos, que ha recordado que participó en el proyecto de Sánchez durante la batalla de las primarias frente a Susana Díaz en 2017: “Los vínculos políticos y afectivos son claros”.

Ábalos ha asegurado, además, que la asunción de responsabilidades por la derrota electoral debe ser colectiva. “No queremos hacer carreras para hacernos con la gracia de las conquistas y derivar las derrotas”, ha advertido el dirigente socialista, que ha asegurado que la renuncia de Franco tiene que ver con “el tiempo nuevo que se abre en Madrid”. “No quiere condicionarlo”, ha apostillado Ábalos. Preguntado por si la asunción de responsabilidades tiene que llegar a Moncloa, donde el equipo del presidente ha dirigido la campaña, Ábalos lo ha descartado: “No somos de la política del desprecio a quienes han tratado de aportar lo mejor con éxito o sin éxito. Queremos tratar bien a la gente nuestra que ha aportado, que lo ha intentado, con el mejor de los propósitos”. “Queremos ser agradecidos con las personas que han contribuido al proyecto socialista, no espere de nosotros un ajuste de cuentas”, ha rematado.

En las filas socialistas había un clamor por la necesidad de asumir responsabilidades y lanzar un mensaje rápido a la ciudadanía ante la derrota de las elecciones anticipadas y con la vista puesta en los comicios ordinarios de 2023. El propio Ábalos apuntó en esa dirección la noche electoral al señalar a la necesidad de una “renovación” en la organización que indicaba. El PSOE abrió la puerta de salida a Ángel Gabilondo. La dirección regional consideraba que no debe ser el portavoz esta legislatura, pero desde el equipo de prensa del candidato se apresuraron a dejar claro que recogerá su acta de diputado.

Con esos mimbres, buena parte de los miembros de la Ejecutiva del PSOE de Madrid plantearon el miércoles la necesidad de adelantar el congreso regional previsto para el otoño o que sea una gestora la que se haga cargo del proceso hasta entonces. Ni Ferraz ni el secretario general de los socialistas madrileños veían en la tarde del miércoles esa opción dado que tan solo quedan unos siete meses para que se produzca el relevo.

“La Ejecutiva Regional del PSOE-M ha acordado, en su reunión de hoy, comenzar a trabajar para lograr una transición ordenada en el próximo Congreso Regional que se celebrará a finales de año. En el encuentro telemático, se ha hecho hincapié en la necesidad de realizar un profundo análisis, tras los pésimos resultados en las elecciones a la Comunidad de Madrid, del pasado 4 de mayo”, rezaba el comunicado emitido por la organización tras ese encuentro en la que se le colocó también a él en el disparadero como máximo responsable del PSOE de Madrid.

Sin embargo, Franco ha decidido este jueves dar un paso atrás y presentar su renuncia con lo que Ferraz tendrá que designar una gestora que tome las riendas de la federación madrileña hasta el congreso. Durante la ejecutiva de este miércoles, el secretario general de los socialistas madrileños señaló la necesidad de hacer “autocrítica”, pero también apuntó a los errores de la campaña de Gabilondo, diseñada desde Moncloa.

Los socialistas admiten que no se esperaban una debacle de estas dimensiones y apuntan a distintos factores que expliquen la derrota, entre ellos el candidato, la propia federación y la labor de oposición -dificultada por la estampida hacia el Gobierno, entre ellos del propio Franco a la delegación del Gobierno; los bandazos de una campaña preparada en un inicio para atraer a los votantes de Ciudadanos que no funcionó, la polarización y el voto contra Pablo Iglesias, o la lectura del cansancio de la pandemia que ha sabido leer Isabel Díaz Ayuso, según las diversas fuentes consultadas.

Pedro Sánchez ha aprovechado las consecuencias del terremoto político causado por las elecciones madrileñas para mover algunas fichas con la vista puesta en las próximas batallas del PSOE. Moncloa ha optado por renovar en gran medida la lista a la Asamblea de Madrid con perfiles que puedan jugar un papel en el futuro del partido a nivel regional con el objetivo de zanjar el eterno problema de liderazgo de la federación. La elaboración de la candidatura de Ángel Gabilondo ha causado varias bajas en segundos niveles del Ejecutivo que han servido al presidente para encajar algunas piezas del puzle. En medio de esa remodelación obligada, Sánchez cambia a los delegados del Gobierno en, Madrid Andalucía y Galicia marcando el futuro orgánico del PSOE en las tres federaciones.

La salida de Irene Lozano de la Secretaría de Estado de Deportes y la presidencia del Consejo Superior de Deportes ha provocado el cambio más sorprendente de todos. Sánchez ha designado en ese puesto a José Manuel Franco, que es el actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid y secretario general de los socialistas en la región. Muy pocas personas conocían esa decisión, que se produce en plena precampaña electoral. En las filas socialistas miraban a Pepu Hernández como posible heredero de ese puesto, para el que muchos pensaron que estaba llamado tras el varapalo a su candidatura al Ayuntamiento en 2019. Pero Sánchez sorprendió entonces al colocar a Lozano, que no tenía ninguna vinculación con el deporte, en sustitución de la laureada esquiadora María José Rienda. Moncloa explicó entonces que quería al frente de esa institución a alguien con perfil político que entrara sin complejos en guerras como la del fútbol. El presidente ha vuelto a sorprender de nuevo al situar allí a Franco, que tampoco tiene relación con ese mundo, y que será el tercer responsable de la cartera en tres años.

La salida de Franco de la Delegación del Gobierno de Madrid supone un alejamiento de la región en consonancia con la intención de la dirección del partido de renovar el PSOE-M en el próximo congreso, que se celebrará antes de que acabe el año. Con esa determinación elaboró Moncloa la lista del PSOE a la Asamblea, en la que incorporó perfiles que pueden servir de relevo en el futuro, como Hana Jalloul -que abandona la secretaría de Estado de Migraciones-, Pilar Llop -presidenta del Senado, que ya estaba en la retina de dirigentes socialistas como posible candidata en 2023-, o Juan Lobato y Mónica Carazo, dos perfiles jóvenes con años de militancia activa en la federación. Y también el relevo de Franco en la Delegación del Gobierno tiene ese cariz. La nueva representante del Ejecutivo en la región será Mercedes González, que hasta ahora era portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Fuentes gubernamentales apuntan a que ese relevo busca una renovación en la institución y dar un mayor espacio a la concejala madrileña.

Pero los cambios no se han limitado a esa federación. Sánchez ha querido lanzar un aviso a Susana Díaz al ejecutar el cambio en la Delegación del Gobierno de Andalucía que en el entorno de la expresidenta andaluza ya temían que acabaría produciéndose. El nombramiento de Sandra García se produjo en un momento de tregua entre Moncloa y San Vicente. Desde entonces, a Díaz le han llegado varias propuestas para que dé un paso atrás y deje el camino expedito para la renovación de la federación a la que llevó a perder la Junta por primera vez tras 36 años ininterrumpidos de poder.

Sin embargo, Díaz se resiste y está determinada a dar la batalla en unas primarias para las que ha ido perdiendo adeptos en los últimos años. Sánchez tiene claro, además, que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, será quien encarne a los críticos en esa pelea. El último aviso que Moncloa envía, por tanto, a la todavía secretaria general del PSOE andaluz es el cese de la delegada del Gobierno, que es una persona afín a Díaz y que había contratado a través de la institución a asesores muy activos en redes apoyando la campaña de promoción que Díaz lleva meses haciendo por los pueblos de toda Andalucía y, sobre todo, muy críticos con los rivales internos que cuestionan su legitimidad para revalidar su liderazgo en las primarias, informa Dani Cela. En su lugar, el presidente designará a Pedro Fernández, actual alcalde de la localidad granadina de Baza. En las filas del PSOE andaluz también aguardan a que Ferraz dé señales de cambio en la Diputación de Sevilla, cuyo reparto también formó parte de ese acuerdo alcanzado en pleno armisticio, que ha sido el principal argumento de Díaz en los últimos meses para asegurar que gozaba de la confianza de Sánchez.

El otro eslabón está en Galicia. Sánchez también ha mandado un recado a la actual dirección del PSdeG al sustituir al exalcalde de A Coruña, Javier Losada, como representante del Gobierno en la tierra de Alberto Núñez Feijóo por el actual regidor de Ames, José Manuel Miñones, que ha sido uno de los dirigentes críticos con el actual secretario general, Gonzalo Caballero. Tras las elecciones del pasado mes de junio en las que los socialistas obtuvieron un mal resultado en Galicia, Ferraz optó por la cautela, pero la dirección socialista dio por hecho desde el principio que el PSdeG sería una de las plazas en las que renovar el liderazgo en el proceso congresual que se abrirá en el mes de octubre.

Y la línea la ha marcado Moncloa con la designación de Miñones tras haber lanzado un primer aviso al designarle como uno de los ponentes del documento político que establecerá el camino de los socialistas para los próximos cuatro años. En el Gobierno admiten que no tiene por qué ser necesariamente el relevo, pero que los nombres que están sonando están por ahora pensados para “ponerlos en el candelero y que tengan responsabilidades muy importantes en el partido”.

Pedro Sánchez ya tiene sustituto para Irene Lozano al frente del Consejo Superior de Deportes (CSD): José Manuel Franco, actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid y líder de los socialistas en la región, según ha adelantado Marca y han confirmado fuentes gubernamentales a elDiario.es. El intercambio se produce después de que Sánchez recuperara a Lozano para la lista de Ángel Gabilondo para las elecciones del próximo 4 de mayo. A Franco le sustituirá al frente de la Delegación del Gobierno la actual concejala en el Ayuntamiento de la capital, Mercedes González.

Moncloa ha aprovechado la elaboración de la candidatura del PSOE para ejecutar una renovación del partido con la vista puesta en el congreso de final de año y reforzar los perfiles que puedan tener un peso político en el futuro de la federación. El de Franco no es el único cambio en una delegación del Gobierno en el Consejo de Ministros de este martes, en el que se producirán los ceses de quienes dan el salto a las candidaturas electorales. Será también la última reunión de Pablo Iglesias como vicepresidente antes de que Yolanda Díaz le releve e Ione Belarra se haga con el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030. El presidente comunicará esas modificaciones al rey el martes por la tarde y el miércoles se producirán las promesas de los nuevos cargos, según la agenda con la que trabaja Moncloa.

Sánchez también aprovechará este martes para destituir a la actual delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García. Su nombramiento a comienzos de este mandato fue pactado con Susana Díaz, que lo mostraba como ejemplo de sintonía entre Moncloa y el PSOE-A. Sin embargo, Sánchez tiene claro que la expresidenta andaluza no puede ser el futuro de la federación más grande del socialismo y un granero de votos tradicional para el PSOE. A pesar de los intentos por relevar a Díaz de forma amistosa, la actual líder del PSOE-A se resiste a dar un paso atrás y en Ferraz son conscientes de que habrá batalla. El actual alcalde de Sevilla, Juan Espadas, es el elegido para competir con Díaz. Al frente de la delegación del Gobierno en Andalucía Sánchez designará a Pedro Fernández, alcalde de la localidad granadina de Baza.

El otro cambio en una delegación del Gobierno se producirá en Galicia y también tiene una lectura en clave interna socialista. Sánchez cesará al exalcalde de A Coruña, Javier Losada, y colocará como representante del Ejecutivo al regidor de Ames, José Manuel Miñones. Es el segundo mensaje de la cúpula socialista al PSdG de Gonzalo Caballero. Miñones, muy crítico con el actual líder socialista gallego, fue el elegido de Ferraz para participar en la elaboración de la ponencia política del 40º Congreso. Tras las elecciones gallegas del pasado mes de julio, en el que los socialistas obtuvieron de nuevo un mal resultado, la dirección optó por no intervenir en la federación gallega. Sin embargo, en Ferraz tienen marcado en rojo el PSdG como uno de los territorios en los que, al igual que en Andalucía, habrá batalla por el liderazgo este invierno.

La única investigación abierta hasta el momento en los tribunales sobre la actuación del Gobierno durante la peor crisis sanitaria en más de un siglo ha acabado en archivo provisional. La jueza Carmen Rodríguez-Medel dio carpetazo este viernes a la causa abierta hace poco más de dos meses, en los momentos más duros de la pandemia, contra el delegado del Gobierno en Madrid por no haber prohibido los encuentros multitudinarios que tuvieron lugar en los nueve días previos al estado de alarma, entre ellos la marcha feminista del 8 de marzo.

Este archivo provisional cuestiona la estrategia de oposición del Partido Popular y de Vox, que en las últimas semanas se habían agarrado a la tesis de que el Gobierno ocultó información sobre la expansión del coronavirus y permitió que la ciudadanía se contagiara en las marchas feministas por puro sectarismo partidista. La jueza no ve responsabilidad penal en la actuación de José Manuel Franco porque en ese momento no tenía información sanitaria “cierta, técnica y fundada” sobre la expansión del coronavirus y tampoco nadie le dijo que prohibiera esas manifestaciones.

“La hecatombe se veía venir. Lo sabían”, tuiteó este lunes el líder del PP, Pablo Casado, haciéndose eco de un polémico informe forense remitido a la jueza. “El pecado original de esta pandemia es la obsesión ideológica por el feminismo”, había dicho la semana anterior su portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo. En Vox tampoco han escatimado en declaraciones subidas de tono en los últimos días. Su portavoz en la comisión de Sanidad, Juan Luis Steegmann, aseguró este jueves que el pasado 8M “pasará a la historia de la enfermedad y de la desgracia en España”.

En esa estrategia de oposición han tenido mucho que ver los informes del forense y de la Guardia Civil, estos últimos plagados de conclusiones sesgadas, errores y hasta bulos difundidos por algunos medios, que han servido a la jueza para mantener abierta durante más de dos meses esta investigación. Los testigos desmontaron ante la jueza una de las principales tesis con la que la Guardia Civil trató de apuntalar la acusación de prevaricación contra Franco: que la Delegación del Gobierno presionó a quienes tenían actos convocados después del 8M para que los anularan por la alerta sanitaria mientras había mantenido la marcha feminista.

La decena de promotores de manifestaciones interrogados negaron esas presiones, lo que llevó a la magistrada a concluir que “no ha quedado indiciariamente acreditado que con dichas llamadas se coaccionara a los convocantes o manifestantes a no ejercitar su derecho fundamental”. Varios testigos aseguraron que ni siquiera fueron contactados o que ya habían tomado la decisión de suspender antes de que los funcionarios de la Delegación del Gobierno se pusieran en contacto con ellos.

Illa y Simón en los informes de la Guardia Civil

En sus informes, tanto el instituto armado como el forense señalaron al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aunque ninguno estaba siendo investigado por la jueza.

De este último, diana de las críticas de la derecha por ser la voz del Gobierno durante la pandemia, la Guardia Civil llega a decir en uno de sus atestados que algunas de sus palabras “implican un propio riesgo para la comunidad”. El médico forense Julio Lorenzo Rego, por su parte, afirmó en el segundo de sus informes que “la hecatombe en España” que ha devenido en la crisis sanitaria “se veía venir” desde semanas antes del 8 de marzo y que ambos conocían la situación.

La jueza rechazó actuar contra Simón porque ya había otras denuncias contra él en otros juzgados que también han acabado archivándose sin dar lugar a ninguna investigación. No obstante, en el auto en el que cierra la investigación contra el delegado del Gobierno Rodríguez-Medel deja abierta la puerta a otras responsabilidades y advierte de que si otras autoridades o instancias conocían o no el riesgo de contagio que se podía producir en aglomeraciones es algo que “no es objeto” del procedimiento que ella inició el pasado 23 de marzo.

La abogada del Estado Rosa María Seoane, encargada de la defensa de Franco, ha insistido en sus escritos en que Rodríguez-Medel ha intentado “convertir” esta investigación en una “causa general” contra la actuación del Gobierno en la crisis sanitaria y ha criticado que en su “afán de encontrar indicios” solicitara información también de “otras autoridades” a las que ni siquiera identificaba en sus resoluciones.

Seoane, que defendió con éxito los intereses del Gobierno en el procés, también ha resaltado la “sorprendente celeridad” de la jueza para aceptar la denuncia —el pasado 23 de marzo, solo tres días después de que cayera en su juzgado— e impulsar las pesquisas en plena pandemia y con todos los procedimientos judiciales no esenciales suspendidos por el estado de alarma.

También la Fiscalía, que pidió esta semana el archivo de la causa, se unió en los últimos días a las críticas por la “celeridad” de la instrucción. El Ministerio Público afirmó incluso que la jueza había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del único investigado al llevar adelante la investigación “sin posibilidad de que se tramiten de forma ordinaria los recursos planteados y sin que la actividad instructora pueda ser valorada por un órgano superior con la misma celeridad que la instrucción”.

En el Gobierno respiran aliviados con el archivo provisional de un asunto que ha levantado una tremenda polvareda también de puertas para adentro. Los atestados realizados por la Guardia Civil a instancias de la jueza derivaron en el cese del jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos. Esa decisión se vio seguida de las contradicciones en las versiones ofrecidas por el Ministerio del Interior y generó una crisis para el Ejecutivo, entre acusaciones de la oposición por intentar interferir en una investigación judicial.

Al PP y Vox no le quedó más remedio este viernes que mostrar su respeto a la decisión de la jueza aunque ambas formaciones mantienen que el 8M no debió celebrarse e insisten en que seguirán buscando responsabilidades. El partido de Pablo Casado quiere una comisión de investigación en el Congreso que saque a la luz “toda la verdad”. Pero las miradas se dirigen ahora hacia el Tribunal Supremo, donde el Gobierno se enfrenta casi a medio centenar de querellas por la gestión de la crisis sanitaria sobre las que ni la Fiscalía ni los jueces se han pronunciado todavía.

José Manuel Franco (A Pobra do Brollón, Lugo,  1957) se ha quitado un peso de encima este viernes: la imputación de prevaricación por no prohibir la celebración del 8M cuando el coronavirus daba sus primeros pasos en España. El dirigente socialista llegó en febrero a la Delegación del Gobierno en Madrid, a la que Pedro Sánchez quiso dar peso político situando al secretario general del partido en la región como contrapeso a Isabel Díaz Ayuso, que desde el primer momentó actuó como azote del Ejecutivo desde la Puerta del Sol. 

Sin haber cumplido 100 días en el cargo, Franco -al que Sánchez previamente había encargado la pacificación de una de las federaciones históricamente más convulsas del PSOE- se encontró en medio de la guerra de la derecha contra el Gobierno, en esta ocasión con el 8M como excusa de la propagación del coronavirus. Ahora la jueza ha archivado provisionalmente la causa que le ha tenido en la picota durante las últimas semanas. Franco, no obstante, ha tenido el convencimiento desde el inicio de que no había una base sólida para seguir adelante con la judicialización de la movilización feminista. 

Quienes le conocen le definen como un “hombre tranquilo” y sobre todo un “superviviente” en las mil batallas de las que ha sido testigo en activo en la federación madrileña. Pese a su origen gallego, ha desarrollado toda su vida política en Madrid más allá de dos años (1984-1986) como concejal en el Ayuntamiento de Monforte de Lemos, un pueblo del interior de la provincia de Lugo. 

Licenciado en Derecho, consiguió una plaza como funcionario en el Ministerio de Defensa, donde trabajó hasta que dio el salto definitivo a la política en 1995 como diputado en la Asamblea de Madrid, donde mantuvo su escaño varios lustros hasta que en las elecciones de 2019, ya como líder de los socialistas madrileños, fue en las listas al Congreso.

Sus primeros años estuvieron vinculados al sector acostista de la federación, enfrentado a los renovadores que tenían en Joaquín Leguina a su principal referente en Madrid. Franco, que siempre ha tenido vida orgánica en la agrupación de Chamartín, una de las más grandes de la capital y de la que fue secretario general, ocupó distintos cargos en las ejecutivas de Rafael Simancas y Tomás Gómez. El descabalgamiento del exalcalde de Parla del liderazgo del partido y de la candidatura a la presidencia en 2015 cogió a Franco en un momento delicado: formaba parte de la dirección y era el jefe de la campaña del aspirante a la alcaldía, Antonio Miguel Carmona.

Pese a estar en el medio del conflicto, se quedó como portavoz en la Asamblea a propuesta de la gestora que se hizo con las riendas de la federación a instancias de Ferraz hasta que pasaron las elecciones y Ángel Gabilondo ocupó ese puesto. No obstante, Franco se mantuvo en la dirección del grupo parlamentario en esa legislatura en la que el partido estaba liderado por la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández. 

“Es una persona muy ética y especialmente una buena persona”, expresa Carmona en conversación con eldiario.es. Es una descripción en la que coinciden dirigentes de distintas etapas consultados por esta redacción. “Es una persona educada, correcta, que intentaba hacer las cosas lo mejor posible”, recuerda un socialista alejado hoy de la primera línea. Lo que también destacan de él es su capacidad de salir vivo de las luchas intestinas de la federación. 

“Una virtud que tiene José Manuel es que es un hombre que sabe mantener equilibrios, trabaja en torno al consenso y eso no es fácil”, dice un dirigente que ha compartido puestos de responsabilidad con Franco pero que también lo ha tenido enfrente en alguna batalla: “Cuando Pedro Sánchez busca una persona que sea capaz de consensuar, de unir, de haberse sabido todas las guerras y salir de ellas encuentra en José Manuel esa figura y lo consigue. Desde que dirige el partido no ha habido mucho ruido de sables o de familias”. “Es un muñidor, un bombero que sabe tejer alianzas”, comenta un colaborador del presidente que conoce bien los entresijos del partido. 

Franco fue el elegido de Sánchez para liderar el PSOE en Madrid tras imponerse en las primarias de 2017. Había sido el coordinador de su campaña en la federación que entonces lideraba Sara Hernández, quien apoyó a Patxi López. Franco arrasó en esa competición interna en la que aunó al sanchismo, pero también logró el apoyo de una parte del susanismo en la región, que había perdido estrepitosamente el congreso federal, incluida una parte del tomasismo. El candidato avalado por Tomás Gómez, Eusebio González, apenas cosechó un 8,4% de los votos y el alcalde de Soto del Real, Juan Lobato, se quedó en el 19,7%. El recién elegido secretario general formó una dirección muy numerosa en la que integró prácticamente a todo el mundo. 

La intención de Sánchez era tener al frente de su federación a alguien que lograra pacificarla y que no tuviera pretensiones como la de ser candidato. No obstante, la relación ha sufrido algunos altibajos dadas las tradicionales imposiciones de Moncloa/Ferraz en la federación madrileña, como la decisión de colocar al exseleccionador de baloncesto Pepu Hernández como aspirante a la alcaldía de la capital, llevando al PSOE al peor resultado de su historia. 

A pesar de que las aguas están calmadas en la federación madrileña ante la ausencia de un horizonte congresual inminente, sí que hay quienes empiezan a pensar ya en el futuro ante la irremediable salida de Gabilondo, a quien nadie ve repitiendo como candidato en 2023 tras dos intentos fallidos por llegar a la Puerta del Sol. La marcha de Franco a la delegación del Gobierno, así como la salida de José Manuel Rodríguez Uribes al Ministerio de Cultura, y de Llanos Castellanos a Patrimonio Nacional también provocaron preocupación en las filas del PSOE madrileño ante la situación en la que quedaba el principal grupo de la oposición en la Asamblea frente al Gobierno regional y Díaz Ayuso, que opera como un peón de Pablo Casado en la guerra contra el Ejecutivo de Sánchez. 

“El partido no existe en Madrid”, dicen los más críticos con la situación, que preocupa en la propia dirección del PSOE-M y en Ferraz, que buscan fórmulas para endurecer la respuesta a los ataques ante el perfil bajo de Gabilondo.

Franco, que ha optado en los últimos días por el silencio -más allá de unas palabras ante la prensa tras declarar en los juzgados de plaza de Castilla el miércoles y en las que evitó valorar los polémicos informe de la Guardia Civil, plagados de imprecisiones y bulos , que motivaron su imputación por prevaricación- respira ahora tranquilo con el archivo de la causa. Sale incluso fortalecido tras haber copado portadas y telediarios y, una vez pasado el huracán, el caso sirve al Gobierno para reafirmarse frente a las acusaciones de la derecha. “No teníamos ninguna duda de que esa causa se iba a archivar porque en ningún momento por parte del delegado del Gobierno se ha cometido ningún hecho delictivo”, expresó este viernes la ministra de Defensa, Margarita Robles. “Los españoles saben que el Gobierno ha dado todo, lo que tenía y lo que no tenía, para derrotar al virus”, apostilló Salvador Illa. El PP, entretanto, deja ver que la batalla continúa y pide diferenciar las responsabilidades judiciales de las políticas. Aún queda 8M para rato.

La jueza Carmen Rodríguez-Medel ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación abierta por un presunto delito de prevaricación administrativa por omisión contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no haber prohibido los encuentros multitudinarios que tuvieron lugar en los nueve días previos al estado de alarma, entre ellos la marcha feminista del 8 de marzo. Esta era la única denuncia contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis sanitaria que se había traducido hasta el momento en una investigación penal.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid no ve indicios suficientes de delito en los hechos atribuidos al delegado del Gobierno. Considera que “no puede concluirse que (...) tuviera, en aquel momento, un conocimiento cierto, técnico y fundado sobre que el hecho de que no mantener la distancia social incidía en el riesgo de contagio del COVID-19”. No obstante, advierte de que si este conocimiento lo tenían o no otras autoridades o instancias “no es objeto” de este procedimiento.

La jueza dice que tampoco consta que recibiera ninguna comunicación o instrucción con “una alerta clara y técnica” sobre el citado riesgo por parte de una autoridad sanitaria. Además, concluye que “ninguna persona física o jurídica, pública o privada” le instó a que “prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones” por la COVID-19.

La decisión no es firme y puede ser recurrida ante la propia jueza y ante la Audiencia Provincial de Madrid. La magistrada ha denegado el sobreseimiento libre solicitado por la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del político socialista en este procedimiento. El colectivo de mandos de la Guardia Civil Unión de Oficiales, que ejerce una de las acusaciones populares, ya ha anunciado que recurrirá la decisión.

Sin elementos “sólidos y suficientes”

La magistrada deduce que “no consta” que Franco “velara por los derechos y libertades de los ciudadanos ponderando el riesgo para la salud pública que conllevaba la aglutinación de personas ante la gravísima situación sanitaria del COVID-19”. No obstante, resalta que tampoco tenía los elementos técnicos “sólidos y suficientes” como para restringir un derecho fundamental porque ni recibió información sanitaria al respecto ni consta oficialmente que hiciera algo para informarse a través de las autoridades sanitarias competentes.

Es por eso que concluye que no pudo haber en su actuación un delito de prevaricación administrativa por omisión, un tipo penal que exige un dolo reforzado, es decir, que la conducta omisiva se lleve a cabo “a sabiendas de su injusticia”. Franco, que era el único investigado en esta causa, aseguró este miércoles en su declaración como imputado que actuó en todo momento “con arreglo a la ley y a la información de los expertos sobre la evolución del coronavirus”.

La Fiscalía había pedido el archivo de las actuaciones al considerar que Franco no debía permitir las manifestaciones, solo tomar nota de la comunicación de que se iban a celebrar, y que la institución que dirige tampoco tiene competencias en materia sanitaria. Este jueves, en otro recurso, el Ministerio Público cargó contra la jueza por la “celeridad” que imprimió a la instrucción cuando los plazos procesales estaban suspendidos por el estado de alarma, lo que a su juicio había generado una “situación de indefensión” al delegado del Gobierno.

También este jueves los testigos desmontaron una de las principales tesis con la que la Guardia Civil trataba de apuntalar la acusación de prevaricación contra Franco: que la institución presionó a quienes tenían actos convocados después del 8M para que los anularan por la alerta sanitaria mientras había mantenido la marcha feminista.

La decena de promotores de manifestaciones interrogados por la jueza negaron esas presiones. Sobre este hecho concreto la jueza concluye que “no ha quedado indiciariamente acreditado que con dicha llamada se coaccionara a los convocantes o manifestantes a no ejercitar su derecho fundamental” y que tampoco hay indicios de que las llamadas se quisieran ocultar porque las comunicaciones por teléfono con los convocantes “nunca” se documentan en los expedientes. Varios testigos aseguraron que ni siquiera fueron contactados o que ya habían tomado la decisión de suspender las movilizaciones antes de recibir esas llamadas.

El auto recoge que los días 10 y 11 de marzo la Delegación del Gobierno continuó dictando resoluciones de toma de conocimiento de concentraciones o manifestaciones sin exigir que se adoptara medida de precaución alguna y que así lo hizo al menos en 16 ocasiones en esos dos días. De hecho, entre el 11 y el 14 de marzo se celebraron en Madrid 21 concentraciones o manifestaciones, según los datos facilitados al juzgado por Delegación del Gobierno. Sólo a partir del 16 de marzo, cuando estaba en vigor el estado de alarma y se había decretado el confinamiento domiciliario, la Delegación del Gobierno prohibe manifestaciones bajo el argumento de la salud pública.

Algunos testigos incluso apuntaron la existencia de “errores” o declaraciones interpretadas de forma equivocada en los atestados del instituto armado. Los polémicos atestados de la Guardia Civil, plagados de conclusiones sesgadas, errores y hasta bulos difundidos por algunos medios, derivaron en el cese del jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos. Esa decisión se vio seguida de las contradicciones en las versiones ofrecidas por el Ministerio del Interior y generó una crisis para el Ejecutivo, entre acusaciones de la oposición por intentar interferir en una investigación judicial.

El asunto también ha levantado una tremenda polvareda política. En las últimas semanas, la tesis de que el Gobierno mandó a la gente a contagiarse a las marchas feministas por puro sectarismo partidista ha sido el centro de la argumentación del PP y Vox para cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

“No arme tanto jaleo con su sentimiento de inocencia, eso estropea la impresión que da usted en otros aspectos”

Frank Kafka. El proceso

Los libros tienen tantas vidas como les proporcionamos y, en ocasiones, hasta reviven de forma distinta en nosotros según la etapa de nuestra vida en que los abramos. Así, la angustia vital, la sensación de estrafalaria injusticia, el absurdo vital de mi primera lectura de El Proceso, que podría acercarse a las sensaciones de onírica irrealidad que volví a encontrar en Cartarescu, se transformó tras muchas vidas, en una angustiosa certidumbre de que K. había pasado por el tamiz de la literatura el absurdo de tantas realidades.

Esa es la misma sensación que provoca la causa contra F., que le sentó ayer frente a la juez de Instrucción y le proporcionó su pertinente ración de pena de banquillo y de pase por el telediario. Al principio la juez iba a hacer la diligencia usando la tecnología, y así lo indicó, pero luego ¡qué demonios! ¡que se venga para acá! Allí ha estado el delegado del Gobierno en Madrid deponiendo durante hora y media ante Su Señoría Ilustrísima y, según él mismo ha explicado, le ha dejado dos mensajes: a)que no había ningún elemento que le llevara a prohibir un derecho fundamental y b) que no se puede establecer relación entre la manifestación del 8M y los contagios, ni siquiera de las personas que asistieron.

Está F. y su defensa intentando salir del kafkiano laberinto en el que le pretenden meter los pseudo informes -que tienen apariencia de, pero no lo son- policiales y forenses, que constituyen una vergüenza profesional, y, sobre todo, del que quiere abrirle la propia juez enroscándose en una investigación prospectiva por ver si localiza algo que pueda apoyar el colgarle un delito a F. Y así no van las cosas. Lo único que debería haber hecho la magistrada es constatar si el relato de hechos presentado ante ella encajaba en un tipo delictivo, la prevaricación por omisión, lo que ella misma no terminaba de ver y así lo dijo: “Serias dudas plantea a esta instructora que esta sea la calificación procedente, sin tampoco descartarla. La calificación jurídica puede ser ésta o puede ser esta en concurso con otras, como, por ejemplo, el delito de lesiones por imprudencia profesional”. Esa segunda que ella misma sugirió, la rechazó tan pronto llegó el primer informe del peculiar forense al que se ha encomendado.

Queda pues el delito de prevaricación por omisión. Eso es lo que la juez pretende comprobar si ha cometido F. Todo lo demás es hojarasca, hojarasca de literatura del absurdo, que a Kafka le hacía bien y al periodismo y a la judicatura le hacen peor que mal. Alguien tiene que probar que José María Franco: a) no dictó una resolución que debía dictar de forma imperativa, es decir que estaba impelido a ello, obligado, b) que esa omisión producía un injusto y c) que lo hizo con el conocimiento de actuar contra Derecho (por todas STS 771/2015 de 2 de diciembre). Todo lo cual es imposible de demostrar puesto que no ocurrió. Lo demás son subidas al castillo y autorizaciones al juez instructor a pedir a los empleados “silbad ahora” o “ahora aplaudid”. Veremos cómo la asociación de oficiales y esa llamada asociación de consumidores se emplean para probar lo improbable. No hay delito. Todo lo demás, Kafka para consumo de bobos. Nunca debió ser incoado tal procedimiento.

La hecatombe que se veía venir es mercancía averiada también en términos jurídicos. Que tanto el forense como los guardias hayan evacuado interpretando y haciendo cábalas sobre documentos que la magistrada puede leer como todos los demás, constituye un auto insulto a la capacidad de la magistrada, pues sólo conviene que los peritos ilustren a los jueces sobre los artes y técnica que ellos mismos no puedan aprehender. Hasta ahora sólo han hecho leer la prensa y unos escritos y maltratarlos, y eso en este país está al alcance de todas las fortunas. Nada de lo que apuntan en tan grotescos informes aporta nada para enervar la inocencia del delegado. Lo que dijera a micro cerrado la ministra lo encuentran prueba de cargo pero obvian las declaraciones del representante de la OMS que visitó España el 5 de abril, Hans Kluge, para decir que las decisiones españoles habían sido “audaces, valientes e innovadoras” y que se iba impresionado: “Era importante frenar la movilidad y eso es algo que España ha hecho muy rápidamente. Es difícil echar la mirada atrás y decir que algo estuvo bien o mal. En España he visto un enorme compromiso”. Fin de la cita. Ahora que los artículos acaban en los procedimientos, lo transcribo porque a lo mejor esto se les ha pasado.

Este lawfare es tan pobre y tan cutre que no debería llegar a ningún lado, aunque cuando pongo esa esperanza en solfa, siempre me acuerdo de Alsasua y del terrorismo que no fue pero que, tras pasar los atestados de la policía foral al cuerpo afectado, mantuvo en prisión dura a los acusados y les propinó una pena muy por encima de lo que su juez predeterminado por la ley les hubiera impuesto. Esas cosas también pasan en otros países. Francia e Italia acumulan denuncias contra sus gobiernos por la gestión de la pandemia. Todo calcado. Los mismos problemas, el mismo desbordamiento, los mismos tiempos. Todos comparten gentes y líderes empapados de la estupidez de creer que la ciencia lo sabe todo, que todo tiene siempre una causa conocida que se puede controlar, que cualquier realidad negativa tiene culpables, que ellos lo hubieran hecho mejor y que extrañas manos ocultan datos o informaciones. Por este motivo, no estaría de más que la OMS y la Unión Europea se pronunciaran sobre la gestión de la pandemia y los tiempos de reacción, para que a la debacle económica y al riesgo sanitario no se uniera una línea de acción que busque en los tribunales la inestabilidad política.

“Lo que me ha ocurrido, continuó K, lo que me ha ocurrido no es solo un caso aislado y, como tal, no muy importante (…) sino que es significativo de los procedimientos que se instruyen contra muchos. Por ellos y no por mí estoy aquí ahora”.

Hay que volver a Kafka, siempre.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha asegurado en su declaración como imputado en el marco del 'caso 8M' que la institución que preside actuó “en todo momento con arreglo a la ley y a la información que tenían los expertos sobre la evolución del coronavirus”. “No había ningún elemento en aquel momento que llevase a la Delegación del Gobierno a prohibir un derecho fundamental ni está acreditado que el incremento de casos del 9M tenga que ver con la manifestación”, ha asegurado a preguntas de los periodistas tras declarar durante más de una hora y media como imputado ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel.

Franco, único imputado en esta causa, ha insistido en que no se siente “responsable” de la manifestación que tuvo lugar en Madrid el 8 de marzo y ha insistido en que no tiene competencias sanitarias y que estas corresponden a la Comunidad de Madrid. La acusación contra él por un presunto delito de prevaricación se fundamenta en no haber prohibido los encuentros multitudinarios que tuvieron lugar en los nueve días previos al estado de alarma, entre ellos la marcha feminista, supuestamente a sabiendas del riesgo que suponían para la población por la expansión del coronavirus. 

El delegado del Gobierno ha respondido a las preguntas de la jueza, la Fiscalía y también de las partes personadas como acusación popular, que ejercen la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena y la Unión de Oficiales, asociación profesional con representación en el Consejo de la Guardia Civil. 

Buena parte de las cuestiones han versado sobre el procedimiento de la Delegación para la celebración de manifestaciones, según fuentes conocedoras del interrogatorio. En concreto, una de las partes le ha inquirido sobre la cancelación de manifestaciones antes del estado de alarma, en concreto una convocada a las puertas de la casa del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Franco ha explicado que primó el derecho a la intimidad sobre el de manifestación y que probablemente si la cita hubiera sido en el ministerio no se habría prohibido. 

La jueza se ha interesado por si alguien le dijo que la movilización del 8M se tenía que celebrar y Franco ha contestado que no recibió ninguna instrucción al respecto. En la misma línea que los interrogatorios de la Guardia Civil a los testigos, se ha preguntado cuándo conoció la gravedad de la COVID-19. Franco también ha explicado que fue el 10 de marzo cuando recibió instrucciones del Secretario de Estado de Función Pública para los trabajadores de la Delegación y que fue el 11 de marzo cuando dio instrucciones para sugerir la cancelación de concentraciones. 

Fue el 9 de marzo cuando se produjo un crecimiento exponencial de los casos en la Comunidad de Madrid -se multiplicaron por ocho los nuevos detectados- y se declaró “transmisión comunitaria significativa” en esa región, la ciudad de Vitoria y la localidad de Labastida. Ese día el Consejo Interterritorial de Sanidad tomó las primeras medidas de distanciamiento social, para las áreas en esa fase, como la suspensión de la actividad docente, y recomendaciones generalizadas como la limitación de salidas a las personas vulnerables.

Franco también ha sido interrogado sobre los correos del departamento de prevención de riesgos laborales de la Delegación del Gobierno que, a finales de febrero, recomendaban a los trabajadores mantener una distancia de seguridad de un metro, en línea con lo mantenido en ese momento por la OMS. Según las fuentes consultadas, el delegado ha asegurado que aunque esa circular se envió el 28 de febrero él no la recibió hasta el día 2 porque no estaba dado de alta en el sistema interno de recepción de comunicaciones. Además, ha insistido en que no es lo mismo tomar medidas para los funcionarios que “prohibir el derecho fundamental de manifestación”. 

Este miércoles también han comparecido ante la jueza el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; el jefe de gabinete del delegado, Luis María Sanz; y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas. Todos ellos, en calidad de testigos y, por tanto, con la obligación de decir verdad. Fuentes conocedoras de estas declaraciones aseguran que los tres han mantenido la misma tesis que Franco: la Delegación del Gobierno no tiene competencias sanitarias y que estas corresponden a la Comunidad de Madrid.

La Fiscalía pidió este lunes el archivo de la causa al considerar que Franco no debía permitir esa manifestación, solo tomar nota de la comunicación de que se iba a celebrar, que tampoco tiene competencias en materia sanitaria. También la Abogacía del Estado, encargada de la defensa de Franco, ha solicitado a la jueza que ponga fin a esta investigación. En varios de sus escritos, la abogada del Estado ha acusado a la jueza de estar impulsando una investigación sin indicios de delito y “con tendencia a ser una causa general contra la gestión de la crisis sanitaria”.

El asunto ha levantado una tremenda polvareda política: la tesis de que el Gobierno mandó a la gente a contagiarse a las marchas feministas por puro sectarismo partidista es el centro de la argumentación del PP y Vox para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Además, los polémicos atestados realizados por la Guardia Civil a instancias de la jueza, plagados de conclusiones sesgadas, errores y hasta bulos difundidos por algunos medios, derivaron en el cese del jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos. Esa decisión se vio seguida de las contradicciones en las versiones ofrecidas por el Ministerio del Interior y ha generado una crisis para el Ejecutivo , entre acusaciones de la oposición por intentar interferir en una investigación judicial.

Abierta hace poco más de dos meses, en los días más duros de la pandemia, la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la marcha feminista del 8M y otras 76 manifestaciones acumula en sus cuatro tomos varios folios de severos reproches. Son principalmente los que hace a la jueza instructora la Abogacía del Estado, encargada de la defensa de Franco, imputado por prevaricación y pendiente de declarar en el juzgado de instrucción 51 de Madrid.

La abogada del Estado Rosa María Seoane, que defendió con éxito los intereses del Gobierno en el juicio del procés, está siendo especialmente crítica en sus escritos. Sostiene que la magistrada pretende “convertir” esta investigación en una “causa general” contra el Gobierno. Y critica que en su “afán de encontrar indicios” ha solicitado información no solo del imputado José Manuel Franco, sino de “otras autoridades” a las que ni siquiera identifica en sus resoluciones.

También cuestiona el carácter “prospectivo” de la investigación, iniciada sobre “meras sospechas e hipótesis” que la jueza “trata de suplir” con la extensa batería de diligencias acordadas, asegura Seone. Entre ellas, la que ha dado lugar al polémico informe de la Guardia Civil que incluye en sus 80 páginas multitud de errores, bulos y documentos públicos mutilados. Ese atestado es el principal documento conocido que, al menos hasta ahora, avala la denuncia que presentó el letrado Víctor Valladares.

La magistrada objeto de estas críticas es Carmen Rodríguez-Medel, que fue la instructora del caso de los máster supuestamente regalados en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid a Pablo Casado y Cristina Cifuentes, al que dio cerrojazo casi al completo tras la negativa del Supremo a investigar al actual líder del PP. También por su parte ha habido algún reproche a la Abogacía del Estado.

En una providencia del 27 de mayo, la jueza ve “sorprendente” la petición de Seoane de aplazar la declaración de Franco como imputado alegando que “necesita tiempo para instruirse” cuando asegura que tardó más de un mes en acudir al juzgado a hacerse con una copia de la investigación. La jueza aceptó posponer la declaración, pero lo hizo sin dejar pasar la oportunidad de reprochar a la defensa su intento de demorar la causa. Finalmente, la citación es para el próximo 10 de junio.

La abogada del Estado ha resaltado en sus escritos precisamente lo contrario: la “sorprendente celeridad” de la jueza para aceptar la denuncia —el pasado 23 de marzo, solo tres días después de que cayera en su juzgado— e impulsar las pesquisas en plena pandemia y con todos los procedimientos judiciales no esenciales suspendidos por la situación de excepcionalidad.

“La apertura de diligencias previas y el acuerdo de practicar diligencias de investigación no urgentes supone una vulneración de las normas que resultan de aplicación durante la vigencia del estado de alarma”, dice el escrito del 20 abril con el que la Abogacía del Estado recurrió el auto que dio lugar a la apertura de la causa.

Seoane critica que tanto el forense como la Guardia Civil hayan ido aportando informes sin que el único investigado hasta el momento haya tenido la oportunidad de “defenderse”. El citado recurso del 20 de abril sigue pendiente de resolución en la Audiencia Provincial de Madrid. Y tampoco la Fiscalía se ha pronunciado “oportunamente” antes de que se pusiera en marcha la extensa batería de diligencias acordadas. El Ministerio Público no ha hecho ningún posicionamiento sobre esta causa por la suspensión de los plazos, que se levanta el próximo 4 de junio.

Estos son los elementos que llevan a la abogada del Estado a afirmar que Franco está siendo víctima de una “palmaria indefensión” que es “reiterada y continuada”, según detalla en sus escritos. Su tesis es que si las actuaciones no eran urgentes —como dijo la propia jueza— no deberían haberse iniciado. Pero, una vez abiertas, genera “una clara indefensión” al investigado mantener suspendidos los plazos para recurrir.

La Abogacía del Estado también cuestiona el “afán” de la jueza por intentar ampliar la causa con el delito de lesiones imprudentes que descartó hace unas semanas. Así, califica de “inútil, innecesaria e impertinente” la petición de que el forense, si lo considera “preciso”, amplíe el informe que le pidió en el inicio de la causa y con el que pretendía tener más información sobre si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de 2020 “fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas”.

El forense, en un informe que adelantó El Español, confirmó la “imposibilidad de establecer la relación de causalidad” entre las concentraciones convocadas y los contagios por la COVID-19, pero también aseguró que “de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad”. Es precisamente en esta última afirmación, y no en la anterior, en la que se basa la jueza para pedir una ampliación de ese informe.

La Abogacía del Estado se opone frontalmente. E insiste en que ese empeño solo se explica por el “afán” de la jueza de “agotar todas las posibilidades de reabrir la investigación por el presunto delito de lesiones imprudentes y con ello permitir la entrada de acusaciones particulares”.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha acordado retrasar al 10 de junio la declaración del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, quien acudirá en calidad de investigado por autorizar la marcha feminista del 8M en Madrid. Atiende así la petición de la Abogacía del Estado que pedía tiempo para preparar la defensa. Además, la declaración tendrá que ser presencial cuando en un primer momento se había fijado que fuera telemática. 

En una providencia, la jueza retrasa así su comparecencia, que había sido fijada inicialmente para el 5 de junio, en cinco días, y señala que tendrá lugar a las 15.30 horas. Tras él declararán en calidad de testigos otras tres personas, y la magistrada explica que las declaraciones serán presenciales finalmente “a la vista de la incidencia técnica” sufrida con el sistema ZOOM, usado para las videoconferencias, en días anteriores.

“A fin de evitar que problemas similares impliquen mayores retrasos en las declaraciones de la presente causa, se acuerda que, dada la imposibilidad de tener certeza de que la conexión telemática es posible, se practiquen de forma presencial, debiendo en consecuencia comparecer las partes y los testigos en esta sede judicial en el día y hora indicados”, añade.

La Abogacía del Estado sostiene que la jueza Carmen Rodríguez-Medel está “convirtiendo” la instrucción abierta contra el delegado del Gobierno en Madrid por autorizar la celebración de la manifestación del Día Internacional de la Mujer en “una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria”.

El órgano dependiente del Ejecutivo, que defiende a José Manuel Franco en este proceso el carácter “prospectivo” de la investigación, iniciada en base a “meras sospechas e hipótesis” que la jueza “trata de suplir” con la extensa batería de diligencias acordadas. En el escrito, adelantado por El Español y al que ha tenido acceso eldiario.es, destaca de la magistrada su “sorprendente celeridad” a la hora de abrir la causa solo tres días después de que entrara en su juzgado.

En el recurso, presentado el pasado 20 de abril ante la Audiencia Provincial de Madrid, la Abogacía del Estado solicita la nulidad de la instrucción por una supuesta vulneración del derecho del delegado del Gobierno a un proceso con todas las garantías, pues sostiene que la magistrada “obvió” las “limitaciones” que el estado de alarma impuso en el ámbito judicial para actuar contra él. Franco está imputado por autorizar la celebración de la manifestación feminista del 8M en Madrid cuando se supone que había constancia oficial del riesgo de propagación del virus.

La abogada del Estado Rosa María Seoane —la misma que defendió la tesis de la sedición durante el juicio del 'procés'— critica que la causa se abriera sin que el investigado pueda “defenderse” como consecuencia de la “suspensión” de los plazos procesales para todos los órdenes jurisdiccionales que se estableció cuando entró en vigor el estado de alarma. Esa suspensión se levantará el próximo 4 de junio.

A su juicio, la suspensión de plazos no se entiende sin una “paralización” del dictado de resoluciones judiciales “que puedan provocar una necesaria intervención en defensa de los legítimos intereses de cada parte”. Además, defiende que estas diligencias no entrarían en el tipo de actuaciones urgentes e inaplazables que son las únicas que no quedan suspendidas durante el estado de alarma.

El escrito también incluye las tesis de defensa de Franco, que mantiene que hasta el 14 de marzo, cuando entró en vigor el estado de alarma, “no había ninguna resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria, ni local, ni autonómica, ni estatal, que limitara las concentraciones de personas, ya no en ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el derecho de reunión, sino con ningún objeto y finalidad”.

Asegura que con anterioridad a esa fecha había únicamente “recomendaciones sanitarias” que fueron intensificándose a partir del día 11 de marzo, pero que no supusieron impedimento alguno para limitar, por ejemplo, la celebración de eventos deportivos como el partido de fútbol celebrado en Madrid el día 7 de marzo entre el Atletico de Madrid y el Sevilla. Además de la manifestación feminista, el 8 de marzo también se celebró en Madrid un mitin de Vox que reunió a 9.000 asistentes en un espacio cerrado.

 La Guardia Civil manipuló la declaración de un testigo en el marco de la investigación judicial contra el Gobierno por autorizar la celebración de la manifestación del Día Internacional de la Mujer. El informe elaborado por el instituto armado en calidad de policía judicial y que ha resultado clave para la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, atribuye a la COVID-19 la causa de la desconvocatoria que llevó a cabo el sindicato CGT de una concentración en Collado Villalba (Madrid) dos días antes del 8M, pese a que no es cierto.

La tesis que sostiene el atestado policial señala que el Gobierno permitió ciertas convocatorias como la marcha de las mujeres el 8 marzo mientras prohibía o trataba de impedir otras con criterios arbitrarios. Esa es la base de la investigación por prevaricación administrativa, que se sigue en el juzgado de instrucción número 51 de la capital contra el delegado del Gobierno.

El documento que tiene sobre la mesa la jueza Carmen Rodríguez Medel señala que la convocatoria de movilización de CGT para el 10 de marzo se canceló el 6 de marzo “dada la situación y riesgos de contagio debido al coronavirus”, y atribuye al convocante ese entrecomillado. Sin embargo, la declaración que prestó el responsable del sindicato en la comandancia de la Guardia Civil dice algo radicalmente distinto.

“Se suspendió por considerar mejor otra fecha más próxima al juicio que se iba a celebrar por el despido a finales de marzo” fue la respuesta que dio el secretario general de CGT Banca Madrid al instructor de la Guardia Civil cuando le preguntó por “los motivos por los que la reunión” prevista para el 10 de marzo “no se celebró”. Así consta en el acta de declaración, firmada por el agente y el testigo, que la Guardia Civil le entregó cuando acabó el interrogatorio, y a la que ha tenido acceso eldiario.es.

El sindicato había convocado una concentración en protesta por el despido de una compañera por parte de una entidad bancaria, pero decidieron suspenderla hasta que se acercara la fecha de la vista, el 30 de marzo.

Así figura también en la relación de “reuniones/manifestaciones tomadas en consideración por la DG [Delegación del Gobierno]” que recoge el propio informe policial. El cuadro atribuye a un “cambio de fecha” el motivo de la desconvocatoria por lo que choca con la conclusión extraída por el redactor del informe a partir de la declaración del promotor de la concentración.

A pesar de la contestación firme del sindicalista, el agente siguió con el interrogatorio, encaminado a lograr respuestas que apuntasen a que la causa de la no celebración de las protesta guardaba relación directa con el peligro del virus. El acta de declaración del testigo, en poder de eldiario.es, no dice ni mucho menos lo que luego refleja la Guardia Civil en el informe remitido al juzgado.

“Preguntado para que diga si la evolución del COVID-19 en España tuvo algún tipo de incidencia en las motivaciones de la suspensión prevista, manifiesta que no”, describe con claridad el acta de la declaración celebrada en la comandancia de la Guardia Civil el pasado 7 de mayo a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Pero el informe de 81 folios que la Guardia Civil envió posteriormente a la instructora de la investigación, Carmen Rodríguez-Medel, escribe: “La manifestación prevista para el 10 de marzo de 2020 es finalmente cancelada por problemas sanitarios por el convocante, Antonio O Connor Oliveros”. Continúa el documento policial: “La manifestación prevista fue cancelada por el convocante que envió el 6 de marzo de 2020 correo electrónico a la DG [Delegación del Gobierno] manifestando que ”dada la situación y riesgos de contagio debido al coronavirus“ [sic], decisión que habían tomado en el seno de su plataforma al observar la evolución del patógeno y sus riesgos que comportaba la enfermedad cuyas noticias ya conocía con anterioridad gracias a los medios de comunicación”.

El mail que manda CGT a la Delegación del Gobierno, que también obra en poder de esta redacción y se puede consultar más abajo, comunica la desconvocatoria de la concentración sin hacer ninguna referencia al virus. Se limita a notificar la decisión: “Buenos días. Solicitamos la cancelación de la concentración prevista el próximo 10/03/2020 en Collado Villalba con N/REF 345/2020. Adjuntamos la autorización recibida de la concentración citada. Por favor, confirmen la recepción de este email”.

Durante el interrogatorio, que se llevó a cabo el pasado 7 de mayo en la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid), el agente se interesó en hasta seis ocasiones por cuestiones relacionadas con el coronavirus, como si la Delegación del Gobierno o cualquier otro organismo le habían hecho llegar “recomendaciones concretas” relacionadas con la enfermedad, si él en calidad de promotor de la protesta había realizado alguna indicación o la fecha en la que fue “consciente de la grave situación sanitaria que padecía España”. A las primeras respondió que no y en la última aseguró que fue el 10 de marzo, cuando “un compañero del SUMMA -el servicio de urgencias médicas de la Comunidad de Madrid- le advirtió de que la situación era grave y que el escenario sanitario en España era muy malo y que, a partir de esa fecha, lo tuvieran en cuenta para su organización”.

Esa conversación se refleja en el informe de la policía judicial, pese a haber tenido lugar con posterioridad a la decisión de cancelar la protesta sin haber sido comunicada a la Delegación del Gobierno preocupación alguna sobre la COVID-19, según admite el sindicalista.

La tesis que defiende el informe policial es que la Delegación del Gobierno trató de desconvocar algunas manifestaciones por la puerta de atrás a través de llamadas telefónicas advirtiendo de los riesgos para la salud, y sin que quedase constancia de esas supuestas presiones en los registros de la institución, mientras algunos ministros alentaban la participación en la marcha del 8M.

Otra de las preguntas del guardia civil al sindicalista fue si había recibido alguna comunicación por parte de la Delegación del Gobierno “algún tipo de llamada telefónica previa” o si “recibieron algún tipo de consigna por parte de la Delegación del Gobierno para que la cancelación se produjera desde la propia promotora, que fueran ellos los que enviaran los correos electrónicos informando la suspensión”. El representante de CGT respondió que no a ambas cosas. Ya había dejado previamente claro que la desconvocatoria en este caso respondía a cuestiones operativas.

La manipulación de estas respuestas es relevante porque sobre las declaraciones de esos supuestos testigos se apoya el informe que la Guardia Civil ha remitido a la instructora de la causa y en cuyas conclusiones se cuestiona que fuera la Delegación del Gobierno la que contactara por teléfono a en torno una docena de convocantes de movilizaciones.

Esas llamadas se produjeron después del 8M, para las manifestaciones previstas en las siguientes fechas.

Para el capitán que firma el atestado policial, existió una voluntad de ocultamiento por parte del Gobierno que según su tesis, realizó propuestas de cancelación de movilizaciones por la crisis sanitaria, pero sin dejar rastro: “La inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes, así como el especial interés por parte de la Delegación del Gobierno en que fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones, hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la Delegación del Gobierno en que las mismas no figuren en un registro oficial; y por otro, el amplio conocimiento de la Delegación del Gobierno de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contagios generados por el COVID-19 y su interés real de que no se celebraran”, concluye.

Fue a partir del 10 de marzo cuando empezaron a suspenderse casi todas las convocatorias por motivos sanitarios. Solo un convocante decidió antes del 8M suspender una concentración por el temor al coronavirus. El 9 de marzo fue cuando la Comunidad de Madrid comunicó un incremento sustancial de los casos detectados. Mientras que el 8 de marzo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso registró 28 casos nuevos, un día después se detectaron 234 -un 835% más-.

La derecha lleva meses intentado vincular el incremento de muertes a la manifestación del Día de la Mujer Trabajadora, a pesar de que el periodo de incubación de la enfermedad es superior.

José Manuel Franco (Lugo, 1957) se estrena como delegado del Gobierno en Madrid tras 25 años como diputado del PSOE en la Asamblea. Su perfil político –es secretario general del Partido Socialista de Madrid desde 2017– ha decantado la elección de Pedro Sánchez, que busca un contrapeso fuerte en la región gobernada por el PP y convertida en el principal polo de oposición al Ejecutivo de coalición. “Yo no soy ariete contra nadie, pero tengo que poner en evidencia la magnífica labor que hace el Gobierno de España”, asegura sobre la labor que tiene por delante. 

En esta entrevista, hecha unos días antes de su toma de posesión, el nuevo delegado del Gobierno coloca la actuación contra la violencia de género como una “prioridad” en su gestión y plantea un concepto más amplio de seguridad. “La seguridad no es solo la seguridad física, salir a la calle sin miedos; sino la seguridad de tener unos buenos servicios sanitarios, educativos o de dependencia”. También proyecta las primeras hipótesis sobre el futuro del partido en Madrid, que se fortalece con su nueva posición en el Gobierno, y la situación de los portavoces en la Comunidad y el Ayuntamiento. 

Lleva muy poco tiempo en el cargo. Toma posesión este lunes. ¿Se ha marcado ya alguna prioridad como Delegado del Gobierno? ¿Hay alguna urgencia que abordar?

Para mí la urgencia y la prioridad número uno es la lucha contra la violencia de género (...) Yo sé que erradicarla es muy difícil, pero paliarla es posible y vamos a intentarlo de la mano, por supuesto, el Gobierno de España, como todo. No en vano soy su representante aquí, por lo cual todo lo que se haga va a hacer, lógicamente, de la mano del Gobierno de España. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad española y la madrileña en particular, y es mi gran prioridad a día de hoy, sin desatender, por supuesto, otros como los que tienen que ver con garantizar el desarrollo y el ejercicio de los derechos y las libertades en un ámbito de seguridad, hacer compatible seguridad y libertad. Esa es mi razón de ser como delegado del Gobierno.

El año pasado fueron asesinadas siete mujeres en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo se pueden evitar esos asesinatos?

Ojalá tuviese la fórmula mágica. La aplicaríamos ya. En este ámbito también se ha mejorado mucho. Creo que se ha perdido el miedo por parte de muchas mujeres a denunciar el inicio de lo que luego puede dar lugar a la violencia de género. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también han mejorado mucho en la prevención y la ayuda a esas mujeres que se sienten acosadas. Pero todavía queda mucho camino. Para que las mujeres se atrevan a dar ese paso, hay que garantizarles una serie de situaciones para que ese paso de denunciar no suponga que la amenaza aumente. Y luego está la importancia de la labor pedagógica. Muchos hemos podido ser testigos de discusiones subidas de tono en los vecinos de al lado y hasta ahora hacíamos la vista gorda o mirábamos para otro lado. Bueno, pues es necesario que ante cualquier caso de ese tipo, ante cualquier situación similar, tengamos la conciencia cívica de denunciarlo de la manera más discreta posible para no perjudicar a nadie. Pero de encender la luz de alarma y decir: aquí puede pasar algo.

¿Están fallando las medidas de protección?

Cuando sigue habiendo el número de muertes que hay es que el protocolo no es perfecto. ¿Es perfeccionable? Por supuesto. Y estoy convencido de que, además, el Gobierno de España sabe que se puede mejorar y lo está haciendo. Ya está trabajando en esa dirección.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, están actuando como principal oposición institucional al Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Va a ser el contrapeso a esos ataques del PP en Madrid?

Yo no he venido a este cargo para ejercer de ariete contra nadie. Yo he venido básicamente para contribuir con lealtad institucional a mejorar la vida de los madrileños y las madrileñas. Yo lo que ofrezco desde el primer momento es colaboración con el resto de las instituciones. Ofrezco colaboración y espero, parece ser que va a ser posible, que por parte de los responsables de estas dos instituciones haya el mismo deseo de colaborar lealmente. Pero es evidente que también tengo que resaltar la labor del Gobierno de España y tengo que repetir hasta la saciedad que este Gobierno en poco tiempo ha hecho muchísimas cosas. Si eso implica que estoy de alguna manera yendo contra lo que dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues lo siento mucho. Yo no soy ariete contra nadie, pero tengo que poner en evidencia la magnífica labor que hace el Gobierno de España.

¿Cree que su labor se puede dificultar en esta situación política en Madrid?

Yo espero que no. Espero que todos tengamos el sentido de Estado suficiente y necesario como para que entre todos busquemos, repito, mejorar la vida de los madrileños. Que tengan la seguridad, no solamente la seguridad física, de que sus domicilios no sean violados, de que puedan tener cierta libertad, salir por la calle sin ningún tipo de miedos; sino la libertad, la seguridad de que van a tener unos buenos servicios sanitarios, unos buenos servicios de educación, unos buenos servicios de dependencia. Eso no depende del Gobierno, pero vamos a intentar contribuir a mejorar la vida de todos y de todos.

¿Por qué cree que Pedro Sánchez le ha elegido para desempeñar este cargo?

Pues sinceramente las razones últimas no las sé. Pero es bastante evidente que cuando me designan para este cargo es que confían en que puedo hacerlo bien. 

El ciclo de Cristina Cifuentes en la Delegación del Gobierno fue muy visible por las protestas en la calle y, sobre todo, por la reacción policial a esas protestas. ¿Cree que los agricultores pueden prender la mecha para que se repita un ciclo similar de movimiento en la calle?

Puede ser. El derecho de manifestación y la libertad de expresión son valores reconocidos en la Constitución y nosotros tenemos que ser respetuosos. Los agricultores están en su legítimo y perfecto derecho a manifestarse también en Madrid. Es verdad que las manifestaciones en Madrid tienen más resonancia, con lo cual todo colectivo que tenga alguna reivindicación pendiente va a utilizar las calles de Madrid. Pero hay que estar preparados para eso y garantizar el derecho constitucional a manifestarse y también, por supuesto, garantizar los derechos de aquellas personas que no se manifiestan y no quieren ver alterada su seguridad y su vida diaria. Eso es casi la cuadratura del círculo, pero lo vamos a conseguir.

La seguridad también es una de sus principales competencias y fue una de las piedras angulares de las campañas del PP en Madrid. El Ayuntamiento, de hecho, ha puesto en marcha ya una operación de refuerzo en calle. ¿Diría que hay un problema de seguridad en Madrid?

Creo que en Madrid hay problemas mucho más importantes que la seguridad (...) No veo que la gente esté especialmente preocupada por la seguridad. Es cierto que hay determinados delitos que generan una gran alarma social. Es cierto que ha habido momentos donde, por ejemplo, se producían demasiados robos en domicilios. Eso se ha mejorado y vamos a mejorarlo dedicando los efectivos necesarios para que así sea. Pero creo humildemente que si se hiciese una encuesta sobre los grandes problemas de Madrid, la seguridad no estaría entre los principales. Están disminuyendo sobre todos los delitos más graves en la Comunidad de Madrid, gracias sobre todo a la magnífica labor que hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que hay que destacar.

Si vamos a temas más sectoriales, la ocupación es uno de los asuntos en los que un delegado del Gobierno puede entrar. Los gobiernos del PP han marcado un perfil muy duro con este asunto. ¿Cuál sería su receta para avanzar en una solución?

Algunos dirán que soy un idealista u optimista compulsivo, pero la receta para mí es que haya más viviendas y planes en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento, más ambiciosos en el sentido de construcción de viviendas en alquiler, sobre todo para personas que tienen dificultades para acceder a un derecho constitucional que es derecho a la vivienda. Eso es lo ideal. El Gobierno de España está ya trabajando en un plan que va en esa dirección. No sabemos todavía cuánto va afectar a Madrid. Dicho esto, y como también hay que ser posibilista, hay que saber el terreno que pisamos. Es verdad que han surgido problemas de ese tipo y seguirán surgiendo Yo soy partidario de ver caso por caso, y no de los desahucios en serie. Además, soy partidario también de que la Policía solo intervenga cuando así lo decida el juez.

En 2016 el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy creó una figura, el llamado comisario 'antiokupa', encargado específicamente de esta problemático. ¿Cree que es necesaria esta figura y la va a mantener?

Yo creo que lo que es esencial y lo que tiene que estar por encima de todo es el cumplimiento de la ley. Es verdad que hay que aplicarla con la flexibilidad necesaria, por eso decía que habría que ver cada caso en particular. Tengo que ver exactamente qué es lo que ha hecho la persona encargada del tema para juzgar con cierto rigor si es necesaria esa figura o no, sinceramente. Pero también tengo que decir que como no se soluciona el problema de la ocupación ni el problema de vivienda general es poniendo vivienda pública en manos de fondos buitre. Esa es la antítesis de lo que debe ser una política adecuada de vivienda.

El Gobierno de España se está planteando regular por ley los precios del alquiler y ya desde la Comunidad de Madrid se ha advertido que no se va a aplicar.  ¿Qué le parece?

Yo no quiero empezar mi andadura en esta nueva etapa confrontando sistemáticamente con el gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero yo creo sinceramente que el Gobierno regional antes de oponerse sistemáticamente a cualquier medida que anuncia el Gobierno de España debería evaluarla y debería ver si esa medida de la limitación de los precios es buena o no para paliar ese problema tan grave que tenemos. Oponerse por oponerse, que parece que es lo que está haciendo el Gobierno de Madrid, creo que no es lo adecuado y, sobre todo, que es lo que no se merecen los madrileños.

¿Considera que limitar los precios podría contribuir a solucionar el problema?

Yo creo que podría paliar el problema.

¿Se puede ser delegado del Gobierno a la vez que el secretario general de los socialistas madrileños?

Hay muchos ejemplos en otras comunidades autónomas en las que ha sucedido esto y han funcionado perfectamente bien. Además, quiero dejar perfectamente claro que sabré separar mi labor de secretario general y mi labor de gobierno.

La federación madrileña del PSOE es complicada...

Era mucho más difícil de lo que es ahora. A veces se me reconoce y otras veces cuesta más, aunque soy muy respetuoso con lo que diga la prensa. Habrá visiones de todo tipo, pero sinceramente creo que algo hemos avanzado con la ayuda de todos. Hemos avanzado en la que haya una mejor convivencia en el seno del partido de Madrid. No es una labor mía, es labor del conjunto del partido, que ha entendido que las peleas internas no conducen a nada, que los ciudadanos estaban hartos de que nosotros dedicásemos mucho tiempo a nuestras cuitas internas y menos tiempo a lo que hemos dedicarlo: a los problemas de los madrileños. Esa tendencia creo humildemente que ha cambiado y va a seguir cambiando.

¿Se presentará al Congreso del PSOE de Madrid del año que viene?

El Congreso todavía no está convocado. He repetido lo mismo en varias ocasiones: tengo la suerte de pertenecer a un partido democrático donde los militantes deciden los dirigentes que quieren poner al frente. A mí me han apoyado un porcentaje elevado de militantes. Y serán los militantes los que decidan cuando llegue el Congreso.

Pero la decisión la tiene que tomar usted.

La decisión de presentarme o no la tendría que tomar yo, pero falta más de un año. Cada cosa a su tiempo. Cuando llegue el momento y en función de cómo va la situación dentro del partido pues decidiré. El partido tiene una cantera magnífica y me presente o no el partido seguirá con la misma fuerza o más todavía con la que ha estado durante 140 años.

Habla de una cantera magnífica en el PSOE, pero Pedro Sánchez decidió que Pepu Hernández, que es una persona que no es del partido, fuera el candidato en la ciudad y obtuvo el peor resultado del Partido Socialista en Madrid. ¿Se debería empezar a pensar ya en el relevo en la portavocía del Ayuntamiento?

Lo decidió Pedro Sánchez hasta cierto punto. Lo decidieron las bases, porque no hay que olvidar que hubo unas primarias donde concurrieron tres candidatos: Pepu Hernández, Manuel de la Rocha y Chema Dávila. Ganó Pepu Hernández (...). Yo siempre digo que las elecciones no se ganan en los últimos quince días en la campaña electoral, ni siquiera en el último mes. Las elecciones hay que ganarlas en el día a día durante cuatro años, y se gana trabajando en las instituciones y preparando, por supuesto, a las personas que luego puedan dar el paso eventualmente a encabezar las listas y a formar parte de las mismas. Yo no sé los planes que tendrá Pepu Hernández al respecto. Pero sí, el partido está pensando en que hay que preparar ya las próximas elecciones municipales y autonómicas. Y ya tenemos a gente generando ideas para las próximas elecciones.

Justo se va a abrir el proceso para la elección del secretario general de Madrid Ciudad. ¿Cree que la persona que se haga cargo de esa responsabilidad tendría que ser un concejal del Ayuntamiento que asuma también la portavocía?

No necesariamente. Tenemos que presentar un proyecto propio, autónomo. No podemos ir de la mano de nadie. Entonces, primero veamos un diagnóstico. Y para ello vamos a contar con los militantes, y no solamente con los militantes, con todo aquel o aquella que quiera sumarse y que quiera aportar ideas. Después ya nos ponemos con los nombres. Efectivamente, puede haber dos modelos, uno consistente en que el secretario general de Madrid ciudad sea un actual concejal o una concejala. O también puede darse la posibilidad de que siendo un concejal o una concejala no tenga aspiraciones de ser el que encabece la lista. Pero, en fin, como la última palabra y la definitiva y la única la tienen los militantes, pues ya veremos lo que ellos decidan. 

¿Sería razonable que esta persona fuera la candidata en 2023?

El problema, entre comillas, bendito problema, es que cuando haya que elegir candidato en 2023, pues hay que ir a un proceso de primarias, con lo cual de nada valdría que apostásemos por una persona ahora, incluso como portavoz del Ayuntamiento de Madrid, si luego los que tienen que decidir son los militantes en primarias y defienden a otra persona. 

¿Su designación como Delegado del Gobierno busca tener un perfil político en una región en la que el PSOE no tiene perfiles políticos ni en la Asamblea, porque Gabilondo no es muy proclive a confrontar, y Pepu Hernández es una persona que acaba de llegar a política?

Bueno, que no sea muy de confrontar en el caso de Ángel Gabilondo, por el que tengo un enorme respeto e incluso admiración intelectual y política, no quiere decir que no haya perfil político. Discrepo. Lo que ocurre es que la Asamblea de Madrid es la gran ignorada de la política madrileña. Me gustaría saber por qué. Y reconozco que es muy difícil hacer oposición. Ángel Gabilondo es una persona de efectivamente de perfil de poca confrontación, pero es firme en sus ideas y en sus planteamientos. Pepu Hernández lleva menos de un año como portavoz y nos gustaría dar un poco de tiempo también. Creo que es una persona valiosa y démosle un poquito de tiempo para que genere ese perfil. Y luego el hecho de que determinadas personas de la lista de la Asamblea de Madrid se hayan ido al Gobierno de España yo creo que, incluso al partido en Madrid, le fortalece porque eso es señal de que tenemos a personas muy preparadas en las listas.

¿A qué atribuye que la izquierda, el PSOE, no haya gobernado desde 1995 en Madrid?

Pues no quiero simplificar el tema, pero después de 30 años hemos ganado las elecciones. No sé por qué, pero se destaca poco esto, a mi modo de ver poco. No gobernamos porque las tres derechas han decidido que los socialistas, habiendo ganado las elecciones, no gobernasen. Yo no sé si es que tenían algún miedo a una posible revolución socialista o qué les ha llevado a hacer ese pacto antinatura. Se está viendo ahora que tenemos dos gobiernos, uno de Partido Popular y otro de Ciudadanos, y además un gran inspirador ideológico, que es Vox. Vox está incidiendo de una manera clara, contundente y casi brutal en las políticas del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid.

 ¿Entiende que el discurso de Vox ha calado mucho en Madrid? ¿Qué puede hacer desde este puesto?

Vox pretende medidas soluciones fáciles para problemas muy complejos, cuando todos sabemos que es imposible. Todos sabemos que es imposible solucionar de un día para otro, por ejemplo, el problema de la vivienda. Se pueden hacer proclamas populistas de que no entren extranjeros. Sabemos que eso primero es imposible. Segundo, va contra del más elemental sentimiento humanitario que debe tener cualquier persona que esté en política. Los socialistas tenemos también igual alguna responsabilidad de no saber hacerle ver a las personas más necesitadas que las únicas soluciones a sus problemas pasaban por la profundización y el fortalecimiento del Estado de bienestar. Creo sinceramente que una buena fórmula para combatir las políticas populistas son medidas como garantizar el incremento de las pensiones en la misma cuantía que el IPC o la subida del salario mínimo interprofesional, que hace dos años estaba en 735 euros y ahora en 950. Eso genera confianza y solo así podemos ganarnos la credibilidad. Somos claros y somos sinceros y les decimos a los ciudadanos que se puede hacer y lo que no se puede hacer a medio plazo. Así creo que estaremos dejando a Vox sin argumentos.

La vez que más cerca han estado en los últimos años de gobernar ha sido en estas últimas elecciones con Ángel Gabilondo, quien ahora, si el PP lo acepta, aspira a ser Defensor del Pueblo. ¿Tiene en la cabeza quien le pueda suceder en la portavocía de la Asamblea de Madrid?

Sinceramente no, porque primero tiene que producirse ese hecho. Sabemos todos que para que Ángel Gabilondo o quien sea sea elegido Defensor del Pueblo es necesario que haya tres quintos en el Congreso de los Diputados y el Senado. Es verdad que depende del Partido Popular, pero yo creo que se va a intentar un acuerdo que incluya la renovación del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial y también la posibilidad de que haya Defensor del Pueblo ya. Entonces, cuando eso se produzca, ya veremos a quién elegimos como portavoz en la Asamblea de Madrid.

¿Qué va a hacer el PSOE con la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse? Usted pidió su dimisión hace meses y está suspendida temporalmente de militancia pero el partido sigue sin pronunciarse.

Se ha retrasado porque aunque es un tema lógicamente que no nos es ajeno, pues ha habido que atender a muchas convocatorias electorales en todo este periodo de tiempo y evidentemente hemos priorizado el tema de las elecciones. El procedimiento sigue su curso. Nosotros presumimos de garantistas con los derechos que tienen los militantes y presumimos también de suspender o no expulsar a un militante sin que haya un período previo donde pueda alegar los motivos que le han llevado a hacer lo que ha hecho. Y por otra parte, si yo como secretario general doy una opinión al respecto, estoy condicionando a los órganos internos que tienen que encargarse de esto y no quiero. Yo quiero que actúen con total libertad. Luego quien tiene la potestad ante la posible sanción en la Ejecutiva Federal. Decidirá en las próximas semanas (...) Pero el partido no puede quitar y poner alcaldes o alcaldesas porque eso sería bueno. Sería malo para la democracia. Además, sería ilegal. 

Con Gabilondo de salida; Pepu Hernández descolocado y un secretario general camino de la Delegación del Gobierno, la federación dormita a la de espera un nuevo "sucesor designado"

Ha vuelto a pasar. El PSOE de Madrid, sin rumbo, sin pulso, sin estrategia y sin gobierno. Con Ángel Gabilondo de salida -a la espera de un milagro que ponga al PP y al PSOE de acuerdo para nombrar nuevo Defensor del Pueblo-; el exdelegado del Gobierno en Madrid José Manuel Rodríguez Uribes incorporado al Consejo de Ministros de Pedro Sánchez; Pepu Hernández deprimido por no haber sido elegido para la presidencia del Consejo Superior de Deportes y un secretario general y José Manuel Franco, a la espera de ser nombrado oficialmente delegado del Gobierno en Madrid , la antaño federación más convulsa del socialismo dormita en la escena madrileña.

La situación no es nueva. Se repite desde hace lustros. De hecho, el tiempo de un indómito socialismo madrileño que lo mismo se plantaba ante las decisiones de Felipe González que se levantaba en armas contra Alfonso Guerra o hacía la vida imposible a José Luis Rodríguez Zapatero pasó a mejor vida el día que la federación decidió resignarse a las imposiciones que llegaban desde la calle Ferraz para quitar y poner candidatos o para allanar o dinamitar el camino a distintos secretarios generales.

En el fondo, cuando se tiene alma de perdedor porque la memoria no alcanza a recordar la última victoria, quien más y quien menos solo aspira a la permanencia en una lista electoral. Hoy, la estampida de quienes fueron señalados por la dirección federal como solución a un problema que ya nadie niega que es estructural no ha hecho más que agravar la enésima crisis de un desnortado socialismo madrileño, cuyos cuadros parece que solo aspiran a repartirse las migajas de la miseria electoral a la que ellos mismos contribuyeron.

El desdén que Ferraz muestra por la federación socialista lo resume bien la pregunta y la respuesta que hace poco se hacía un estrecho colaborador de Pedro Sánchez: “¿Qué es el PSM? La Moncloa”. Tal cual. Las decisiones se toman desde hace tiempo desde el cuadro de mandos de la Presidencia del Gobierno, ni siquiera desde la dirección federal. Se hizo con la elección de Pepu Hernández como cabeza de lista al Ayuntamiento y años antes con la designación de Gabilondo como cartel de la Comunidad de Madrid. La decisión nació del artículo primero del reglamento del ordeno y mando. Sánchez propuso y dispuso del mecanismo por el cual unas bases solícitas acataron sus decisiones.

El hecho de que el presidente no informara siquiera al secretario general de la federación, José Manuel Franco, de que Uribes -a quien desde La Moncloa habían señalado como posible sucesor de Gabilondo en la Asamblea de Madrid- ocuparía la cartera de Cultura en el Gobierno de España corrobora que la federación madrileña no es más que una sucursal al servicio del PSOE federal. Hoy Franco, que no dio batalla frente a la imposición de la candidatura de Hernández al Ayuntamiento capitalino a cambio de que le abrieran hueco en las listas al Congreso de los Diputados, permanece a la espera de que el BOE incluya su nombre como próximo delegado del Gobierno en Madrid, según han confirmado a eldiario.es fuentes de la dirección federal.

Tan solo Gabilondo supo que Uribes sería el nuevo ministro de Cultura por una llamada de Sánchez que se produjo unos minutos antes de que el nombre fuera filtrado a la prensa. Al presidente le fallaron otros candidatos a los que propuso esa misma cartera, una de ellas la titular de Cultura en el Ayuntamiento de Valladolid, Ana Redondo, que esgrimió razones personales para rechazar el cargo. Fue entonces cuando pensó en el profesor de Filosofía del Derecho, miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y ex delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid como solución de emergencia.

Desde entonces, en el PSOE de Madrid se preguntan quién será el siguiente “sucesor designado” por Sánchez para la Comunidad de Madrid y para hacerse con las riendas de un Grupo Parlamentario que, con Gabilondo desde hace tiempo a la espera de destino, carece de estrategia de oposición en un momento en el que la derecha madrileña anda a la gresca por la hegemonía del bloque y en el que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acaba de designar como jefe de gabinete al exsecretario de Estado de Comunicación de Aznar, Miguel Ángel Rodríguez.

Curtido en mil batallas políticas y “artífice” del tránsito de Aznar como barón sin carisma a incuestionable líder de la derecha española, Rodríguez desembarca en Madrid dispuesto, entre otras cosas, a convertir a Ayuso en ariete contra el Gobierno de Sánchez y a poner en su lugar de socio minoritario a Ciudadanos en el seno de la coalición que gobierna Madrid.

Y entre que Sánchez lo piensa y se suceden los nombres de posibles candidatos, quien más y quien menos ya va tomando posiciones. Franco, un secretario general también en retirada, aguarda impaciente la salida de Gabilondo y de Hernández -que estuvo a punto de salir de la portavocía pero “no se materializó” la decisión- sin que en el horizonte se atisben más relevos que el de algunos nombres que aparecen en las quinielas de la prensa. Unos porque se postulan y otros porque, en algún momento, fueron impuestos por Sánchez en las listas electorales.

De momento en la Asamblea de Madrid, Susana Llanos Castellanos, se ha hecho con las riendas del grupo parlamentario toda vez que Gabilondo ha hecho llegar “a través de emisarios”, según fuentes de la dirección federal, que aspira a ser el próximo Defensor del Pueblo y no tiene intención de repetir como cabeza de cartel. El ex ministro de Educación, no obstante, niega la mayor y sostiene que no “está desesperado” por salir de la Asamblea, donde permanecerá “salvo que alguna otra persona piense que debo estar en otro lado”.

En algún momento sonó también el nombre de la actual presidenta del Senado, Pilar Llop, a quien Sánchez hubiera situado en la Cámara Alta para darla a conocer, según sostienen algunas fuentes de la federación. Y lo mismo con Borja Cabezón, un ex asesor “monclovita” que mutó del “susanismo” al “pedrismo” sin apenas tránsito y que está apadrinado por el todopoderoso Iván Redondo, jefe de gabinete del presidente. Sin embargo, tanto Cabezón como Llanos Castellanos estarían también a la espera de nuevo destino en la Administración central, según fuentes de la Asamblea de Madrid. En el caso de Pepu Hernández, en la dirección madrileña reconocen que su permanencia finalmente evita “abrir un melón” que se traduciría en una nueva batalla por la portavocía en el Ayuntamiento hasta las próximas elecciones en las que habría que designar un candidato.

Sea quien sea, lo que nadie duda a estas alturas es que la federación es un erial, que los socialistas madrileños afronta su enésima crisis y que no serán ellos quienes decida su próximo liderazgo, sino la voluntad de Sánchez. La inquietud entre sus cuadros ya no es tanto la falta de democracia interna como por la ausencia de dirección política en un momento en que la derecha ha vuelto a recuperar el gobierno de sus principales instituciones, y Vox ha tenido la habilidad de hacer por el día de apoyo indispensable de los gobiernos municipal y regional y por la noche, de oposición implacable. Ortega Smith en el Consistorio y Monasterio en la Asamblea son en realidad quienes han conseguido marcar la agenda política y mediática en Madrid. Y todo mientras la izquierda -con Más Madrid descabezado tras la salida de Íñigo Errejón y el PSOE, a la espera de que Sánchez deshoje la margarita- se desdibuja cada día más.

José Manuel Franco (Lugo, 1957) fue el hombre escogido por Pedro Sánchez para intentar pacificar la siempre convulsa federación madrileña tras su batalla con Susana Díaz. El hoy secretario general del PSOE-M consiguió aunar a las distintas facciones del partido en torno a su candidatura y, dos años después, los socialistas han logrado ganar en la Comunidad de Madrid por primera vez desde 1987, aunque el triunfo no le garantiza el Gobierno. Franco aún confía en lograr una alianza con Ciudadanos y Más Madrid que haga a Ángel Gabilondo presidente y se muestra abierto a dar la alcaldía a Begoña Villacís. La gran sacrificada sería Manuela Carmena. La “ronda de contactos” comenzará formalmente este miércoles.

El barón madrileño, en contra de lo que dicen otras voces de su partido, reconoce que no le importaría que hubiera dirigentes de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez y ve difícil un hipotético acuerdo nacional con Ciudadanos: “Si las políticas que vamos a desarrollar en el Gobierno de España tienen un corte más de centro izquierda y el señor Rivera se empeña en reivindicar políticas de derechas, es difícil llegar a acuerdos”. Franco admite el mal resultado de Pepu Hernández en la capital, aunque no se lo atribuye en exclusiva al candidato, sino que plantea hacer “autocrítica” y envía un mensaje a la federación, acostumbrada a las cuitas internas: “No podemos ensimismarnos, como hemos hecho, buscando a veces intereses personales de agrupación al margen de los intereses de Madrid como ciudad”.

El PSOE ha ganado las elecciones en la Comunidad de Madrid y Carmena lo ha hecho en el Ayuntamiento. Sin embargo, todo el mundo da por hecho que ni Gabilondo ni Carmena van a poder gobernar. ¿Cuál es su opinión? ¿Son posibles todavía gobiernos alternativos al de PP, Ciudadanos y Vox en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid?

Sí. Me parece una injusticia que tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad la lista más votada no pueda gobernar. Los socialistas tenemos que agotar todas las posibilidades para formar gobiernos de cambio, gobiernos de progreso, porque la posible alianza de las tres derechas no va a suponer ningún cambio. Habrá un cambio de nombres como mucho, pero va a seguir gobernando el Partido Popular, el partido que en los últimos años no ha traído más que noticias de corrupción a la política madrileña. Es posible todavía que haya un ejercicio de responsabilidad por parte de todas las fuerzas políticas que quieran cambiar las cosas, que quieran mejorarlas y que pueda ser Ángel Gabilondo presidente de la Comunidad de Madrid. Si esto conlleva que Manuela Carmena sea alcaldesa de Madrid, pues viva la democracia.

¿Han hablado ya con Ciudadanos sobre la posibilidad de algún acuerdo para intentar lograr una mayoría diferente a la de PP, Ciudadanos y Vox?

Todavía no hemos hablado. El miércoles iniciaremos ya la ronda de contactos formales con todas las fuerzas políticas y, por supuesto, también con Ciudadanos. Hemos hecho más de un llamamiento ya a esa responsabilidad democrática. Ángel Gabilondo ha tenido una conversación telefónica con Aguado pero absolutamente informal, nada serio, y a partir del miércoles ya nos sentaremos con propuestas serias. Vamos a decir al resto de grupos políticos que tenemos un proyecto para Madrid que no es extremista. Es un proyecto que no fríe a impuestos a nadie, que fue un tema que se utilizó en la campaña de manera torticera. Se llegó a llamar a Gabilondo un extremista peligroso. Gabilondo tiene algún defecto; pero tiene grandes virtudes, y entre sus posibles defectos, por supuesto que no está ser un extremista, ni amigo de los separatistas, ni nada por el estilo. Nosotros tenemos esa responsabilidad de intentar hasta el último minuto que haya un gobierno de cambio y de progreso en la Comunidad de Madrid.

Pero Ignacio Aguado (Ciudadanos) ya ha cerrado la posibilidad a ese Gobierno. Este domingo aseguró que va a pactar con el PP y que, evidentemente, esto se logrará con el apoyo de Vox. A pesar de las palabras de Aguado, ¿cree que hay alguna posibilidad?

Sí, porque la suma del PSOE y Más Madrid en la Asamblea de Madrid es 57 diputados; la suma PP más Ciudadanos, 56. No les queda otra alternativa que buscar el apoyo de Vox. Y, por otra parte, el señor Aguado y Ciudadanos siguen diciendo que con Vox no van a pactar. Están incurriendo en una contradicción permanente.

La misma contradicción que tienen en Andalucía donde el PP habló con Ciudadanos, por un lado, y con Vox, por otro. Y así Ciudadanos mantiene que no ha pactado con Vox.

Pero en Andalucía Vox no ha entrado en el Gobierno. Ahora parece que quieren entrar en el gobierno tanto municipal como autonómico. Yo no sé si Ciudadanos, ante esa situación, va a seguir apostando por la suma de las tres derechas. Ciudadanos debería pensárselo. Creo que sería más conveniente para Ciudadanos darse un barniz de centro-izquierda, dar un carácter progresista a sus políticas e intentar que en Madrid haya un Gobierno progresista. Ellos tienen lógicamente toda la autonomía. Tienen derecho a decidir su futuro, pero creo sinceramente que sería bastante injusto que una persona como Gabilondo, que quiere cambiar las cosas de verdad y quiere formar un Gobierno contando con todos, no pudiera gobernar la Comunidad de Madrid.

Usted dice que dar un barniz de centro-izquierda sería bueno para Ciudadanos; pero lo cierto es que, cuando pactó con Pedro Sánchez, bajó. En cambio, tras las elecciones andaluzas en las que ha pactado con PP y de forma colateral con Vox ha subido. ¿Es de derechas el votante medio de Ciudadanos?

Es verdad, pero no ha conseguido su gran objetivo, que era superar al Partido Popular. Creo que es un argumento más a mi favor, en el sentido de que igual tienen que replantearse la estrategia porque así va a permanecer encajonado en lo que es la derecha e incluso gobernando con el apoyo de la ultraderecha. Yo no quiero meterme en sus temas internos, pero creo que, en un ejercicio de responsabilidad democrática, deberían propiciar que la lista más votada gobierne en Madrid.

¿Por qué han incluido ustedes a Vox en la ronda de contactos a la que han invitado a los grupos?

Nosotros queremos hablar con todos, queremos exponer a todas las fuerzas políticas con representación en la Asamblea de Madrid lo que pretendemos. Una cosa es hablar con todos y otra, negociar con todos. Una negociación con Vox es absolutamente inviable, también con el Partido Popular porque sería negociar con aquel partido que con su forma de hacer política ha convertido la política madrileña en un régimen durante estos años y, aparte de los casos de corrupción, no se puede intentar negociar con un partido que tiene a sus secretarios generales en procesos judiciales, en la cárcel entrando y saliendo, a un presidente que ha estado en la cárcel... Eso es incluso, diría yo, antinatural. Nosotros intentaremos formar un gobierno de progreso. Que para ese Gobierno necesitamos a Ciudadanos es obvio y por eso vamos a intentar que Ciudadanos recapacite y que lo dicho por el señor Aguado pueda ser de alguna manera modulado y podamos contar con su apoyo.

¿Hasta dónde están dispuestos a llegar en esa negociación con Ciudadanos?

Tenemos un aval: cuando presentamos la moción de censura en la Asamblea de Madrid ante el caso Cifuentes incluimos en el programa de Gobierno todas las medidas que habían sido aprobadas en la Asamblea de Madrid con el apoyo también de Ciudadanos. Eso es lo que queremos. Queremos gobernar de una manera moderada para asegurar en Madrid el Estado de bienestar. No queremos hacer saltos en el vacío ni, como dicen algunos, freír a impuestos a nadie.

Ciudadanos da por hecho que si pacta con el PP formará parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. ¿Estarían ustedes dispuestos a que formara parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid?

Eso sería por supuesto negociable, claro que sí. Pero primero tenemos que ver la voluntad de acuerdo y voluntad de que haya un gobierno nuevo. Una vez constatada esa voluntad de cambio negociaríamos cómo se podría trasladar eso a la política diaria.

¿Por qué cree que para Ciudadanos es más fácil vender a su electorado un acuerdo en el que participe Vox, como es inevitable si gobierna con el PP, a uno con Ángel Gabilondo e Íñigo Errejón.

Sinceramente no lo entiendo. Respetando su decisión, conozco a algunos votantes de Ciudadanos que, hablando de manera informal, dicen que no entienden a su partido, cómo puede caer en manos de Vox. Tácita o expresamente Vox va a estar ahí, eso es inevitable, y hay mucha gente de Ciudadanos que no entiende cómo un partido que en teoría nació para regenerar la democracia, para traer nuevas formas a la democracia española, cómo pueden pactar luego con lo más rancio de la política española.

Íñigo Errejón se mostró en una entrevista en eldiario.es abierto a la posibilidad incluso de sacrificar a la lista más votada y que Begoña Villacís fuera alcaldesa a cambio de que hubiera un gobierno progresista en la Comunidad, ¿estarían ustedes dispuestos también a darle a Ciudadanos ese altavoz que es el Ayuntamiento de Madrid?

Yo de verdad valoro mucho la generosidad de Íñigo Errejón y nosotros lo que pretendemos es formar gobiernos de progreso en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Si el Gobierno que nosotros pretendemos en el Ayuntamiento de Madrid pasa por que la alcaldesa sea Begoña Villacís, no tenemos nada en contra. Estaríamos perfectamente de acuerdo.

¿Debería Pedro Sánchez incluir a miembros de Unidas Podemos en su nuevo gobierno para lograr la investidura?

Uf, es una pregunta con una respuesta difícil porque bastante tengo yo con lo que pueda pasar en Madrid como para decirle al presidente del Gobierno lo que debe hacer. En el ámbito puramente personal, no vería mal que hubiese miembros de Podemos en el Gobierno de España, no lo vería mal.

¿Debería Pedro Sánchez mirar a Albert Rivera como dice García-Page en una reciente entrevista?

Pedro Sánchez tiene la obligación como primera fuerza nacional de hablar con todo el mundo y yo creo que no debería descartar hablar también con Rivera. Pero una cosa es hablar con todos y otra cosa es ponernos de acuerdo sobre las políticas a desarrollar: si las políticas que vamos a desarrollar en el Gobierno de España tienen un corte más de centro izquierda y el señor Rivera se empeña en reivindicar políticas de derechas, es difícil llegar a acuerdos.

Usted ha dicho que no le parece mal que miembros de Unidas Podemos estén en el Gobierno. ¿Por qué cree que esa posibilidad genera tanto rechazo en una parte de su partido?

Porque, afortunadamente, es un partido con debate interno siempre muy vivo. Es lógico que dentro del partido haya opiniones para todos los gustos. Es cierto que hay compañeros del partido que tienen incluso relevancia electoral importante, que son presidentes de alguna comunidad, a los que les incomoda ver a miembros de Podemos en el Gobierno de España. A otros no nos incomoda, lo vemos con cierta naturalidad. Hay que reconocerle a Podemos que ha llevado a las instituciones a mucha gente a la que hace unos años les llamábamos antisistema y ahora están perfectamente integrados en las instituciones. Ese mérito se lo reconoceré siempre a Podemos. Otra cosa es que otras ideas y otros planteamientos de Podemos los combata con todas mis fuerzas. Pero ese mérito se lo reconozco y para mí Podemos es una fuerza democrática más con la que hay que contar.

Es decir, ¿usted ve mucho más probable cualquier acuerdo con Podemos y Ciudadanos en el ámbito nacional?

A estas horas sí, lo veo mucho más probable, porque parece que Podemos y nosotros defendemos cosas similares –con nuestras diferencias y, por supuesto, sin renunciar a nuestros principios– y parece que Rivera y Ciudadanos, a no ser que cambien radicalmente ahora, están empeñados en defender políticas que no tienen nada que ver con la socialdemocracia, aunque en su día se declararan socialdemócratas.

En cambio, en la Comunidad y en el Ayuntamiento sí están dispuestos a llegar a entendimientos con Ciudadanos y que estén vinculados entre sí. ¿Le allanaría a usted el camino que Pedro Sánchez pactara con Albert Rivera? Además, Pedro Sánchez tendría 180 escaños.

Sí, allanar el camino, lo allanaría. Ahora, me parece difícil. Aquí en Madrid el posible acuerdo con Ciudadanos, Más Madrid y PSOE habría que basarlo en un programa de gobierno, en un proyecto común que habría que pactar entre las fuerzas que formasen ese Gobierno o que lo apoyasen. No se trata de cambiar a unos por otros o de ocupar sillones. Vamos a intentar gobernar para todos con un proyecto socialdemócrata y con un proyecto que mejore la vida de los ciudadanos sin ninguna revolución, desde la sensatez, desde el sentido común.

Volviendo a la Comunidad de Madrid, la izquierda en la Comunidad de Madrid no ha ganado las elecciones en votos desde hace muchísimo tiempo. Descontando el 'tamayazo' de 2003 y las generales de 2004 de Zapatero, en la inmensa mayoría de las ocasiones ha ganado en escaños y en casi todas ha ganado en votos la derecha. ¿Qué pasa en esta comunidad? ¿Está perdida para la izquierda? ¿Es demasiado conservadora? ¿No ha sabido la izquierda conectar con ella?

Ha habido algo de todo. La Comunidad de Madrid no es conservadora. Quizás en la izquierda hayamos cometido errores. Primero, la división de la izquierda es nefasta: la ley d'Hont castiga este tipo de divisiones. Nosotros no habíamos ganado unas elecciones desde el año 87 en la Comunidad de Madrid. Hemos cometido errores. Tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica muy profundo. Lo decimos pero luego no lo hacemos, al menos en mi partido, esto de estar más en la calle y menos en los despachos. O lo hacemos o estamos condenados a seguir perdiendo elecciones en el futuro. Estar en la calle significa estar en contacto permanente con todo tipo de movimientos sociales, estar en la raíz de los problemas, estar con la gente que realmente necesita las instituciones. Y, por supuesto, la unidad es esencial. Estos últimos años en Madrid gracias a los militantes de mi partido hemos conseguido aparecer ante la sociedad como un partido unido. Eso es necesario pero todavía no suficiente, hay que dar un paso más.

El 26M los resultados en la capital y en la Comunidad taparon esas victorias en otros municipios, ¿a qué lo atribuye?

Es innegable que el PSOE obtuvo magníficos resultados en el conjunto de los municipios de Madrid, obteniendo mayoría absoluta en 25 de ellos y posibilidades de gobernar, con las adecuadas alianzas, en otros 38. Además, hemos conseguido recuperar el llamado cinturón rojo en su totalidad y la mayoría de los municipios del Corredor del Henares, exceptuando Torrejón de Ardoz. Y se ha incrementado nuestra representación municipal en más de 120 concejales, en relación a las anteriores elecciones.

Una de las novedades de estas elecciones autonómicas es que en Madrid el nuevo partido, Más Madrid, que por las palabras de Íñigo Errejón está dispuesto a ser una fuerza madrileña en el futuro, ¿le preocupa esa competencia al PSOE?

Siempre hemos tenido alguna fuerza a nuestra izquierda, Izquierda Unida.

Ahora tendrían dos.

Sí, pero ya veríamos cómo queda el mapa pasado un tiempo.

¿Cree que no sobreviven las dos, Unidas Podemos y Más Madrid?

Yo creo que no. Creo que de esas dos al final saldrá una fuerza equivalente a lo que era antes Izquierda Unida, quizás con más fuerza, pero nosotros tenemos que afianzarnos en nuestro espacio de única fuerza política que hay en Madrid y en el Estado español realmente socialdemócrata y de centro izquierda. Y por supuesto, respetar lo que pueda suceder en nuestra izquierda, gozan de nuestro máximo respeto; pero tengo la sensación personal de que al final no sobrevivirá más que una fuerza a nuestra izquierda.

¿Cómo analiza que Ángel Gabilondo, a pesar de ser el más votado en las autonómicas, tuviese menos votos en Madrid que Josep Borrell en las europeas?

Desde hace ya un par de convocatorias electorales estamos viendo cómo los madrileños discriminan el voto y no cogen la misma papeleta para las diferentes urnas. Habrá que analizar por qué ha sucedido. Yo creo que el voto a Borrell era un voto más en clave Estado –en clave nacional– y el voto tanto a Pepu Hernández en el Ayuntamiento como a Gabilondo era un voto más localizado, más en clave Comunidad de Madrid. Yo creo que eso ha influido un poco. Por otra parte, lo que es la marca PSOE se ha mostrado fuerte en estas elecciones. Hay que tener en cuenta que en la inmensa mayoría de los municipios de Madrid hemos incrementado de forma sustancial el número de concejales. Que haya podido fallar algún resorte, en temas concretos de personas concretas, puede ser y hay que analizarlo.

En Madrid, Pepu Hernández ha conseguido 60.000 votos menos de los que logró Antonio Miguel Carmona, que ya era el peor resultado del PSOE en Madrid de la historia democrática.

Por eso decía hace unos días que vamos a intentar nuevas fórmulas en lo que es la ciudad de Madrid. Y yo soy escéptico porque creo que la solución ideal, que resuelva todos nuestros problemas, no existe; pero peor de lo que estamos ahora mismo es difícil que estemos. Todo lo que avancemos en dinamizar las agrupaciones, en crear la agrupación de Madrid ciudad, yo creo que como partimos de un punto tan bajo va a traernos mejoras y va a traer seguro en las próximas elecciones mejores resultados. Hay que cambiar el modelo que hemos aplicado en Madrid ciudad, sin duda.

Más allá de dinamizar las agrupaciones ¿por dónde pasarían esas nuevas formas?

Lo que no podemos hacer es ensimismarnos, como hemos estado, buscando a veces intereses personales de agrupación al margen de los intereses de Madrid como ciudad. Yo me refiero a optimizar los recursos que tenemos. No puede ser, como está sucediendo ahora, que una agrupación por importante que sea convoque un acto con un ministro del Gobierno de España y a ese acto acudan solamente 60 personas porque se localiza demasiado, por así decirlo. Hay que optimizar lo que tenemos y sobre todo no es necesario que tengamos grandes sedes a las que no va nadie más que los militantes. A veces, un simple despacho para atender quejas y sugerencias de vecinos es más importante que una sede muy grande.

¿Debería dimitir Pepu Hernández tras el resultado en las municipales?

Yo no soy partidario de las dimisiones. Yo soy más partidario de que las personas que encabezan una lista y se comprometen a estar cuatro años, aguanten los cuatro años. El ejemplo que hemos dado en alguna ocasión de presentarse y, si las cosas no salían bien, incluso no recoger el acta de concejal me parece fatal. Ahora bien, tampoco podemos atar ni a Pepu Hernández ni a nadie a un banco en el que no quiera estar. Haga lo que haga Pepu Hernández, respetaré su decisión. También hay que reconocer que hemos sacado un resultado malo, pero en aquel momento Pepu Hernández tuvo el valor de encabezar una lista de un partido al que las encuestas daban mucho peor resultado del que hemos sacado: había encuestas que nos daban al mismo nivel que a Vox.

Ángel Gabilondo se quedó cuatro años en la oposición en 2015. ¿Cree que si no es investido presidente se irá? ¿Y es una posible salida que Pedro Sánchez se lo lleve al Gobierno?

Respeto la decisión personal de Ángel Gabilondo. Sería un magnífico ministro, si se fuera al Gobierno de España. Es una persona válida para cualquier puesto, en cualquier institución del Estado español. Pero yo tengo todavía la esperanza de que pueda ser presidente de la Comunidad de Madrid.

Pedro Sánchez también ha tratado de apagar el incendio que generó este miércoles en la Comunidad de Madrid el líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, por su sugerencia a Manuela Carmena de que sería “una buena candidata” con el PSOE. El secretario general del partido ha insistido en las explicaciones que dio Franco y ha rebajado la oferta a un mero “reconocimiento” de su “valor, prestigio y coraje”.

“He de reconocer el prestigio, el valor y el coraje de Carmena, que acabó con 30 años” de gobierno del PP, ha justificado Sánchez en una entrevista en el Programa de Ana Rosa (Telecinco). “En esa conversación informal es donde le hace ese reconocimiento, pero de ahí no pasa”, ha explicado el líder socialista sobre la reunión que mantuvieron Franco y Carmena en el despacho de la alcaldesa y en la que el socialista le sugirió que sería una buena candidata de los socialistas, algo que Carmena rechazó de forma inmediata.

“No hubo comunicacion formal ni a ella ni a mí porque no hubo un ofrecimiento”, ha continuado Sánchez sobre ese encuentro. Sánchez ha reconocido la cercanía de los socialistas a la actual alcaldesa: “Hay más cosas con las que coincido de las que me separan”, ha afirmado Sánchez, que ha sacado pecho de que Carmena “siempre estuvo vinculada al PSOE antes de dar el paso a la política activa”.

Sánchez ha intentado quitar hierro a un asunto que ha provocado un incendio en la federación madrileña y que tampoco ha sentado bien en Ferraz, donde ven con preocupación las “ocurrencias” del secretario general del PSOE de Madrid, a quien también tuvieron que desautorizar cuando planteó una candidatura amplia de izquierdas integrada por socialistas, pero también dirigentes de Podemos e IU.

En las filas socialistas cunde el desánimo y ven con preocupación cómo este episodio con Carmena les puede pasar factura en la capital, dado que Franco y ahora también Sánchez reconocen la valía de su rival. “Nos deja sin proyecto”, advertía este miércoles un miembro de la Ejecutiva regional del PSOE.

El secretario general del PSOE ha insistido en que presentarán en Madrid una “candidatura muy potente con visos de ganar” sobre la que no ha desvelado nada más. Uno de los nombres que suena con fuerza es el de la exministra Beatriz Corredor, que, sin embargo, no causa furor en los socialistas madrileños.

Sánchez ha evitado entrar en la guerra interna que se ha desatado en Podemos a causa de las primarias de la formación en Madrid, pero ha advertido del riesgo que las disputas internas en la izquierda puede tener un coste electoral. “Espero que se aclaren –ha aseverado–. En Madrid tenemos una oportunidad de dar un vuelco a más de 20 años de gobierno del PP.