La suspensión del plan general de ordenación urbana (PGOU) de Hondarribia hace justamente un año –que se ha hecho firme al inadmitir el Tribunal Supremo el recurso del Ayuntamiento– no solamente frenó el polémico macroproyecto de un centro comercial en Zaldunborda, sino también otros planes de desarrollo. Entre ellos se halla el convenio urbanístico firmado entre Hondarribia y la sociedad pública autonómica Visesa para la realización de 84 viviendas protegidas (42 en venta y 42 en alquiler) en la zona de Presa-I y 34 de más de alquiler social en Presa-II, muy cerca del aeropuerto, a las que acompañaba un aparcamiento con tres sótanos. La consecuencia es que toca asumir desde las arcas municipales una factura de 248.583,91 euros por los trabajos ya desarrollados por Visesa desde finales de 2018. Y el principal partido de la oposición, Abotsanitz, añade que hay un apunte contable que muestra la salida de 598.500 euros en concepto del IVA del estacionamiento que no existe. La suma equivale al 3,45% del presupuesto municipal.

El plan fue presentado en julio de 2018 por el alcalde del PNV, Txomin Sagarzazu, que gobierna con mayoría absoluta. Unos meses después, en noviembre, el regidor rubricó el convenio con Visesa en presencia del director general de este organismo, Carlos Quindós, y del viceconsejero de Vivienda, Pedro Jáuregui. Esta cartera está dirigida por un consejero socialista, Iñaki Arriola, desde el año 2016 hasta la actualidad.

Según ha podido saber este periódico, ya antes de la anulación del PGOU el proyecto estaba seriamente comprometido tal y como se había concebido. El propio Sagarzazu deslizó en enero que se había “complicado”, pero no entró en detalles. Esos problemas eran de naturaleza geotécnica. El aparcamiento iba a tener tres plantas. El sótano uno iba a ser para los residentes y los otros dos para rotación, a modo de aparcamiento disuasorio para evitar la entrada del tráfico al centro urbano. Pero los primeros análisis posteriores a la firma del convenio descubrieron que construir la planta –3 iba a tener un sobrecoste tan “colosal” que era inviable. También la –2 requería inversiones adicionales y se debatía si era “viable” asumirlos. Según las fuentes consultadas, se trata de un problema de “suelos inestables”. Después llegó el portazo definitivo del Supremo al PGOU y el regreso al planeamiento urbanístico de 1996. En él, Presa–II está catalogado como equipamientos y no se pueden hacer viviendas. El convenio había quedado definitivamente roto.

Visesa ha enviado tres cartas al alcalde Sagarzazu explicándole estos motivos. La última es de este mismo jueves. La segunda, enviada el 21 de abril, enumeraba los gastos incurridos a los que hay que hacer frente a pesar del final del proyecto. Son 3.727,24 euros en notaría, 157.500 euros en redacción de proyectos y dirección de obra, 10.502,80 euros en adaptaciones de accesibilidad, 17.968,50 euros en estudios de cimentaciones, 11.563,09 euros en IBI e impuestos municipales y 48.049,75 euros en gastos internos de la Administración. Son 248.583,91, pero la fuentes consultadas indican que Hondarribia los adeuda en su totalidad a Visesa: “No se ha abonado ni un euro”. “A este cuarto de millón hay que añadir otros casi 598.500 euros que pagó el Ayuntamiento de Hondarribia a Visesa, en concepto del IVA del aparcamiento que no se ha construido”, ha remarcado Abotsanitz. Este aspecto es poco claro, ya que se presupone que son los impuestos por la cesión de parcelas municipales al Gobierno vasco pero que deberían quedar compensados por la cesión posterior del 'parking' en dirección contraria. Sea como fuere, ambos conceptos elevarían a 847.083,91 euros el coste total.

Según esta formación local, Ayuntamiento y Visesa “han suspendido este convenio sin dar ninguna explicación a los partidos de la oposición ni a la ciudadanía”. “Aunque, según lo previsto, las viviendas deberían estar a punto de entregarse, no ha entrado ni una sola máquina a los solares, y aún así ese convenio que no se ha ejecutado ha tenido un coste importante para los hondarribitarras”, han explicado en una rueda de prensa en las mismas parcelas afectadas.

Añade Abotsanitz que “entre 1996 y 2020 sólo se han construido 527 viviendas públicas y, en cambio, privadas, 2.135”. “Según las normas, la vivienda pública debía ser el 59,5%, pero que sólo han sido el 19,8%. Y la privada, que debían ser el 40,5%, y han supuesto el 80,2%, y se han construido 1.214 más de las previstas. [...] En 25 años se han construido el 39% de las viviendas públicas que preveían las normas subsidiarias. De las privadas, el 232%”, han explicado. Las fuentes consultadas indican que el interés de Visesa y Hondarribia es relaborar el convenio buscando una salida factible con las normas urbanísticas en vigor, esto es, manteniendo Presa–I.

El Ayuntamiento de Hondarribia, dirigido por el ‘jeltzale’ Txomin Sagarzazu con mayoría absoluta, continúa contratando con el grupo de empresas del miembro del PNV de Gipuzkoa Aitor Elorza, compuesto por cuatro mercantiles, Montai Produkzioak, Denok Zuzeneko Komunikazioa, Estali La Karpa y Kultur Kirol Zerbitzuak y en el que trabajan otros cargos en activo del partido. El último ejemplo es la decisión de que Estali La Karpa pase a gestionar el servicio de portería de instalaciones como el auditorio Itsas Etxea, unas labores que inició sin concurso el pasado 14 de octubre y por las que ya está facturando de los usuarios del servicio. Es un cambio de CIF para que el grupo Montai continúe prestando el servicio.

Itsas Etxea es un equipamiento que se inauguró hace una década, aproximadamente. Desde su origen, este servicio de gestión ha sido llevado a cabo por otra de las firmas de Elorza, Kultur Kirol Zerbitzuak. No consta que se realizara un concurso de esta duración, pese a lo cual a lo largo de los años quienes han querido utilizar las instalaciones han tenido que abonar un canon al grupo Montai a instancias del Ayuntamiento. El servicio consiste en apertura y cierre del edificio o controles de acceso, entre otras tareas. Ocurre lo mismo en Kultur Etxea.

Se da la circunstancia de que Kultur Kirol Zerbitzuak dejó de prestar el servicio el 13 de octubre y que, en cuestión de 24 horas, su empresa hermana Estali La Karpa empezó a facturar por los mismos conceptos. Ya lo ha hecho en media docena de ocasiones en estas pocas semanas desde el 14 de octubre, la última por actos culturales del pasado fin de semana. Concurren en este cambio algunas circunstancias especiales. La primera es que Kultur Kirol Zerbitzuak ha llegado ya al tope máximo anual que se permite para contrataciones sin concurso público, fijada tras los últimos cambios legales en 15.000 euros más IVA. En concreto, sus obligaciones reconocidas a 13 de octubre alcanzaron los 18.233,50 euros. Estali La Karpa, en cambio, pertenece al mismo empresario y tiene ese margen para facturar sin concurso, ya que no ha llegado aún a 2.000 euros adjudicados en 2020. Antes una entidad podía facturar sin límite siempre que cada uno de los pagos no superara en solitario los 18.000 euros más IVA.

Se da la circunstancia también de que un repaso a las facturas de Kultur Kirol Zerbitzuak muestra que las presentadas en Hondarribia por este servicio son correlativas salvo muy pocas excepciones. Esto quiere decir que casi el único cliente de esta mercantil es el Ayuntamiento, que no tiene mucha más actividad. En 2020, la numeración de las facturas arranca con las últimas de 2012 y van del 130 al 139. Únicamente la 136 no aparece adscrita a este servicio. Después llegan las de 2020, que van de la 1 a la 58. Solamente las facturas 11, 18, 27, 28, 29 y 37 de Kultur Kirol Zerbitzuak han ido dirigidas a otro trabajo que no sea el de Itsas Etxea y Kultur Etxea.

Las fuentes consultadas explican que el único cambio real en el servicio en Hondarribia es el de facturación, en el CIF, ya que el personal y las características son idénticas de cuando el servicio estaba en manos de Kultur Kirol Zerbitzuak. Es más, Estali La Karpa nunca se ha dedicado a este tipo de trabajos. El objeto social de la empresa nada tiene que ver con este trabajo y, hasta 2018, no tenía apenas personal. Esta mercantil fue creada en vísperas de la creación del Instituto de la Memoria (Gogora), adscrito a la Presidencia del Gobierno vasco hasta este mes de septiembre. El proyecto estrella de este organismo fue una exposición itinerante sobre derechos humanos en una carpa que fue concebida, montada y gestionada en su integridad por las cuatro firmas de Montai. En el caso de Estali La Karpa, recibió las primeras adjudicaciones de Gogora cuando no tenía a ningún trabajador de alta.

La interventora del Ayuntamiento de Hondarribia ya ha puesto de manifiesto en reiterados informes de reparo y controles anuales de contratación las irregularidades en torno a las contrataciones con el grupo Montai. Mediante facturas que generalmente no son muy abultadas y que no responden a ningún concurso público, las cuatro marcas de Elorza llevan cobrando alrededor de 2,5 millones de euros desde hace una década. Montai también ha sido contratista habitual en otros ayuntamientos como Llodio, de la Diputación de Gipuzkoa y en organismos del Gobierno vasco como Presidencia, Juventud, Tknika, Hazi, Turismo o EiTB. En algunos casos se puede comprobar en los expedientes cómo 'competían' entre sí varias marcas del mismo grupo empresarial o cómo se repetían año tras año ofertas erróneas y que acaban siendo excluidas para facilitar la adjudicación a Montai.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha decretado la nulidad del plan general de ordenación urbana (PGOU) de Hondarribia en una sentencia firmada el 25 de mayo pero que será notificada el próximo lunes 15 de junio y a la que ha tenido acceso este periódico. La sala de lo contencioso-administrativo, compuesta por los magistrados Ana Isabel Rodrigo, Ángel Ruiz y José Antonio Alberdi, ha estimado parcialmente un recurso interpuesto por tres empresarios, Eroski, Alcaín y Náutica Aldats. Aunque el fallo se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, condiciona los planes de construcción de 1.566 viviendas en la localidad guipuzcoana, así como el desarrollo de 33,7 hectáreas para actividad económica, incluido el macroproyecto de Zaldunborda, según datos del propio primer edil, Txomin Sagarzazu (PNV).

El recurso planteaba hasta ocho causas posibles de nulidad en el PGOU -que se inició en 2005 y se acabó aprobando en 2017 únicamente con los votos de la mayoría del PNV-, pero el tribunal sólo ha estimado una de ellas: la ausencia del preceptivo informe de telecomunicaciones del Gobierno central. Entiende que no hubo problemas con el proceso participativo o con otros trámites. Sin embargo, considera que ese tecnicismo es suficiente para tumbar la que se considera la mayor herramienta urbanística municipal. Según Sagarzazu, iba a movilizar 117 millones de euros, 53 de inversiones municipales.

En 2017, los grupos de EH Bildu y Abotsanitz ya mencionaron Zaldunborda al votar en contra. Planificado en un entorno protegido que no es urbanizable según la normativa urbanística anterior, Zaldunborda estaba diseñada como una gran área comercial de 100 tiendas, locales de hostelería, 2.000 aparcamientos y una estación de servicio para atraer flujos de visitantes de la comarca y también de Francia. El pasado verano, estos partidos y el PSE-EE denunciaron que era un “monstruo comercial” que atentaba contra los pequeños comercios locales y que, además, el alcalde había iniciado la tramitación justamente 24 horas antes de que el Parlamento Vasco aprobase una ley que restringía las grandes superficies. Esa aprobación inicial quedó sin efecto a final de año, según informó el Ayuntamiento, si bien la nulidad del PGOU todavía dificulta más la operación, según fuentes municipales.

En un comunicado, el Gobierno local considera que el fallo alude a defectos de forma y no cuestiona el fondo del plan. Pero añade: “Tras esta primera valoración en la que se considera que no es una buena noticia para el desarrollo de la ciudad, el Alcalde ha manifestado que estudiarán la sentencia y no ha descartado recurrir al Tribunal Supremo. En caso de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia ahora dictada por la falta de esos informes, esto traería como consecuencia la desproporcionada paralización de muchos proyectos en marcha en lo que respecta a desarrollo urbanístico de la ciudad y afectaría a multitud de temas relacionados con el interés general”.

El Ayuntamiento de Hondarribia ha ahorrado un 53,2% al prescindir de la empresa Montai Produkzioak para las labores de montaje y desmontaje del mercado que se celebra en la localidad guipuzcoana todos los miércoles y sábados. Si en 2017 abonó 20.134,40 euros al grupo empresarial que es el proveedor habitual para todo tipo de actividades culturales, deportivas y de ocio en Hondarribia, en 2018 el coste de la 'azoka' se quedó en 9.438 euros al solicitar un presupuesto a otra empresa, Events Onddar2, que ofrecía exactamente las mismas prestaciones. En 2019, el coste volvió a rondar los 9.500-10.000 euros al contratar a dos empresas, una por semestre. 

Montai Produkzioak es la cabecera de un grupo de cuatro mercantiles del empresario y miembro del PNV Aitor Elorza, la propia Montai Produkzioak, Denok Zuzeneko Komunikazioa, Estali La Karpa y Kultur Kirol Zerbitzuak. En ellas, además, del propio Elorza, trabajan otros cargos públicos en activo del partido. Este grupo ha recibido en los últimos años centenares de adjudicaciones del Gobierno vasco -incluidas 109 de Presidencia- y de instituciones locales. En el caso de Hondarribia, la interventora municipal ha emitido decenas de informes de reparo alertando de que el alcalde peneuvista, Txomin Sagarzazu, ha venido contratando 'a dedo' al grupo al margen de la ley de contratos. Según datos del propio Elorza, Montai ha copado el 70-80% de las adjudicaciones en Hondarribia. 

Uno de los servicios que gestionaba de manera habitual Montai era el mercado, con dos citas semanales. Sin embargo, en 2018 el Ayuntamiento pidió un presupuesto a otra empresa y se encontró con los mismos servicios a menos de la mitad de precio. Las labores consisten en movilizar un operario a primera hora para llevar doce carpas pequeñas y sus contrapesos, las mesas y los caballetes y el equipo de sonido ambiente y en que esa persona recoja los materiales a mediodía para devolverlos al almacén municipal. El vehículo lo pone el Ayuntamiento. 

Se da la circunstancia de que en la academia de Arkaute, un organismo dependiente del Departamento de Seguridad, también prescindió del grupo Montai para la gestión del acto de graduación de la última promoción de la Ertzaintza al solicitar presupuesto a otra firma, Imporcaravan, y lograr también un ahorro del 50% en el precio. En aquella ocasión, fuentes de Montai explicaron que sus materiales eran de mejor calidad que los de la competencia. En Hondarribia, el grupo incide en la documentación presentada en que sus trabajadores están dados de alta en la Seguridad Social, en que dispone de seguro y en que los materiales están homologados.

Recientemente, al ver que el Ayuntamiento de Hondarribia variaba de proveedores más de lo habitual, el grupo Montai se quejó por escrito de que se estaban “desviando” a otras empresas adjudicaciones que le pertenecían. Elorza parece dar a entender que le pertenecen por defecto unos trabajos que llevaba realizando 'a dedo' y sin contrato en Hondarribia durante una década y que le han procurado ingresos que superan los 2,3 millones de euros, sin contar los encargos más recientes. Tan es así que incluso exige que los cuatro operarios “adscritos a trabajos de ese Ayuntamiento” sean “subrogados”, como si de una contrata estable y reglada se tratase. 

El principal partido de la oposición en Hondarribia, Abotsanitz, ha denunciado estas “amenazas”. “Por eso, exigimos al Gobierno municipal que rompa todas las relaciones con el grupo Montai. Abotsanitz no va a permitir las prácticas mafiosas del señor Elorza”, incidieron sus concejales. Esta semana, representantes de Abotsanitz han tenido que comparecer ante los tribunales ante una querella presentada por el dueño del grupo y cargo del PNV.

El dueño del grupo Montai y cuadro del PNV de Gipuzkoa, Aitor Elorza, ha llevado a los tribunales al principal grupo de la oposición en Hondarribia, Abotsanitz. Esta plataforma denunció públicamente las decenas y decenas de adjudicaciones 'a dedo' salidas de este municipio gobernado por las nacionalistas a las cuatro mercantiles del grupo, Montai Produkzioak, Denok Zuzeneko Komunikazioa, Estali La Karpa y Kultur Kirol Zerbitzuak. Se da la circunstancia de que la interventora municipal ha emitido numerosos informes de reparo alertando al alcalde, Txomin Sagarzazu, de que esas contrataciones están fuera de la ley, pese a lo cual a cada aviso firma un decreto ordenando el pago de las facturas.

El empresario presentó una querella contra los ediles de Abotsanitz por supuestas injurias y calumnias a raíz de una comparecencia de diciembre en la que revelaron “prácticas mafiosas” del grupo Montai. Todo viene derivado de que Elorza había exigido por escrito al Ayuntamiento que se mantuvieran los contratos 'a dedo' a sus empresas. Lo hizo a raíz de que se decidió modificar la adjudicación de Navidad ante las advertencias de la interventora. “La adjudicación del servicio a Montai no es ni caprichosa ni aleatoria. En la contratación pública existe algo que es el principio de continuidad”, argumentaba Elorza, que incluso planteó la subrogación de los trabajadores afectados en caso de que no se le dieran las contrataciones que durante una década ha venido copando en un “70 u 80%”, según sus propios datos.

Este lunes, a las 9.10 horas, se había convocado un acto de conciliación en el juzgado de paz de Hondarribia. A él han acudido cargos de Abotsanitz, pero no Elorza, que ha delegado en sus representantes legales. La pretensión del dueño del grupo Montai era lograr una retractación, pero el portavoz de la plataforma, Igor Enparan, se ha reafirmado en lo manifestado en rueda de prensa y, en un comunicado posterior, su partido ha remarcado que se seguirán denunciando irregularidades. El empresario y político también reclamó mediante un burofax una rectificación a este periódico. 

“Hoy hemos tenido que declarar por nuestra labor política. Y no hemos hecho sino reafirmarnos en nuestra denuncia siguiendo los principios de transparencia y buena gestión. Como responsables públicos que somos no podemos retractarnos, por responsabilidad. Es nuestra obligación ante los hondarribitarras. No permitiremos que empresas privadas extorsionen al Ayuntamiento de Hondarribia y seguiremos defendiendo la legalidad”, enfatiza Abotsanitz.

Según Abotsanitz, el grupo Montai “es el mayor beneficiario” de las “irregularidades” en Hondarribia. A tenor de los datos a disposición de este periódico, entre 2009 y 2018 las cuatro firmas de Elorza suman alrededor de 2,3 millones de euro en decenas y decenas de facturas 'a dedo'. Hay documentación que muestra cómo se ha obligado a asociaciones a contratar a estas empresas para desarrollar sus actividades en instalaciones municipales, como es el caso del auditorio Itsas Etxea. Montai ha llegado a girar una facturar por pasarle la ITV a un camión municipal. 

Los contratos bajo la lupa de Montai no se quedan en Hondarribia. El grupo gestionó en régimen de exclusividad la carpa itinerante del Instituto de la Memoria (Gogora), dependiente de Presidencia del Gobierno vasco. Son más de 800.000 euros en total con algunas peculiaridades en las adjudicaciones, como la elección de Estali La Karpa como proveedora de la lona cuando era una empresa de nueva creación y sin trabajadores. Estos expedientes y otros del Gobierno vasco están siendo analizados por la Oficina de Control Económico para determinar si se ajustaron o no a la legalidad. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu prometió los resultados para esta semana.

El empresario y cualificado militante del PNV de Gipuzkoa Aitor Elorza, dueño de Montai Produkzioak y de las empresas vinculadas Denok Zuzeneko Komunikazioa, Estali La Karpa y Kultur Kirol Zerbitzuak, ha acusado por escrito al alcalde de Hondarribia, Txomin Sagarzazu, de su mismo partido, de estar “desviando a otra empresa” trabajos que hasta la fecha realizaba de manera habitual y sin competencia su grupo empresarial mediante adjudicaciones 'a dedo'. Elorza amenaza incluso con emprender acciones legales “debido al quebranto económico que le producen dichas actuaciones”.

Se da la circunstancia de que Montai parece dar a entender que le pertenecen por defecto unos trabajos que llevaba realizando 'a dedo' y sin contrato en Hondarribia durante una década y que le han procurado ingresos que superan los 2,3 millones de euros, sin contar los encargos más recientes. Tan es así que incluso exige que los cuatro operarios “adscritos a trabajos de ese Ayuntamiento” sean “subrogados”, como si de una contrata estable y reglada se tratase. Fuentes consultadas indican que semejante petición es una aberración jurídica.

En los últimos meses y como ha venido publicando este periódico, la interventora municipal había advertido de la ilegalidad de esas adjudicaciones continuas fuera de contrato a Montai y las demás. Las alertas de la alta funcionaria se cuentan por docenas y, tras todas ellas, el alcalde firmaba un decreto levantando el reparo y ordenando el pago de las facturas. Ocurría la pasada legislatura y ocurre en la presente. El grupo de la oposición Abotsanitz ha cuantificado en 595.000 euros esas contrataciones irregulares, según han explicado en rueda de prensa.

Ahora, tras los reiterados avisos de la interventora, el alcalde Sagarzazu ha decidido adjudicar algunos trabajos a otras empresas. Es el caso de las labores de montaje y desmontaje del programa de Navidad. Y eso es justamente lo que ha enervado a Elorza. En una carta a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es, el empresario remarca que Montai “viene prestando hasta la actualidad” ese servicio y lamenta que ahora se reparta el trabajo con otras firmas. “Desde ese Ayuntamiento trabajos que realizaba esta mercantil se están desviando a otra empresa”, se queja el dueño del grupo que, según sus propios datos, ha acaparado en una década el “70 u 80%” del presupuesto municipal en áreas como Deportes, Cultura, Juventud o Fiestas sin superar ningún concurso público.

En otros escritos anteriores, Montai incluso se permitió acusar al Ayuntamiento de no hacer adjudicaciones siguiendo los procedimientos legales, aunque sólo cuando no se le encargaban al grupo los trabajos. Un abogado en nombre de la mercantil, Paulo Ruiz Hourcadette, puso de manifiesto que en Hondarribia “se hace imposible un control de legalidad” de las adjudicaciones porque en las resoluciones “no se señala el sistema de contratación”. “Se desconoce, absolutamente, el motivo por el que se adjudica a una empresa el servicio y no a otra. Se desconoce qué empresas han licitado, qué ofertas han presentado, qué criterios se han tomado en consideración para la adjudicación [o] qué medidas de solvencia y de legalidad [se han adoptado]”, argumenta el letrado del grupo.

Sin embargo, esos mismos argumentos se aplican a las facturas giradas por Montai y sus mercantiles asociadas. Es público y notorio, por ejemplo, que las carpas del festival de blues de la localidad no las instala en su totalidad la empresa adjudicataria del servicio ya que Elorza las subcontrata a una compañía asturiana llamada Grupo La Karpa.

Abotsanitz interpreta que Montai ha “amenazado” a Hondarribia con su escrito. “Por eso, exigimos al gobierno municipal que rompa todas las relaciones con el grupo Montai. Abotsanitz no va a permitir las prácticas mafiosas del señor Elorza y hará uso de todas las herramientas de las que dispone para evitar que empresas privadas extorsionen al Ayuntamiento de Hondarribia”, han explicado desde la plataforma en su comparecencia.

Las espadas entre la oposición y el alcalde de Hondarribia, Txomin Sagarzazu, siguen muy en alto. El principal grupo opositor, Abotsanitz, ha pedido en un comunicado un “control más estricto” de las promociones de vivienda privada del municipio guipuzcoano al entender que han existido irregularidades en la tramitación del proyecto de tres proyectos en la zona de Muliate, de muy reciente construcción.

Abotsanitz se pregunta “qué está pasando” en Muliate, una zona donde opera la constructora VUSA y también Arin Eraikuntza. En la primera de ellas trabaja el exalcalde de Hondarribia, el también 'jeltzale' Aitor Kerejeta. Este partido ya alertó de posibles “intereses” de esa compañía en el macroproyecto de centro comercial que se está impulsando en la localidad, Zaldunborda. El alcalde dio luz verde a su tramitación urbanística 24 horas antes de que el Parlamento aprobara una ley restrictiva con las grandes superficies.

En Muliate, según el comunicado de Abotsanitz, en el primero de los casos se remarca que en mayo se denegó la licencia de primera utilización para 15 viviendas porque lo construido no coincidía con el proyecto. Pero “en ocho días” se cambió de criterio y se otorgó la licencia. En el segundo caso, de cinco pisos, ocurrió algo similar. El tercero, que afecta a 16 casas, es más reciente, de mediados de octubre, y, según la denuncia política, hay “incumplimientos flagrantes” que se dieron por buenos en el plazo de una semana. “Son tramitaciones ciertamente raras”, insiste esta formación.

El alcalde de Hondarribia, Txomin Sagarzazu (PNV), ha vuelto a ordenar en los últimos días el abono de facturas por importe total de 137.526,36 euros a diferentes empresas que han sido contratadas 'a dedo', entre las que se hallan Clece –gestora del servicio de ayuda a domicilio-, Gertek -una filial de la constructora Viuda de Sainz– o las firmas del grupo Montai, empresa del nacionalista Aitor Elorza dedicada a la gestión de eventos. Sagarzazu, que gobierna con mayoría absoluta, firmó a finales de octubre dos decretos para salvar los informes de reparo a estos pagos emitidos por la interventora municipal, que alerta de que el Gobierno municipal está prorrogando de manera indebida contratos caducados hace meses o años, que está revisando al alza los precios al margen del contrato –es el caso de Clece– o que directamente está adjudicando servicios de manera directa y sin concurso público.

La interventora municipal lleva meses alertando de la deriva de la política de contratación de Hondarribia. En julio, este periódico publicó un informe que concluía que, en 2018, se cometieron irregularidades en adjudicaciones a 27 empresas por una cantidad total de exactamente 1.375.124,51 euros, el equivalente al 7% del presupuesto total anual de este municipio guipuzcoano de 17.018 habitantes. La conclusión del documento era clara: “Durante el ejercicio 2018 se ha facturado de forma continuada por los servicios, obras o suministros relacionados en este informe sin que se haya tramitado el correspondiente procedimiento de licitación”. Las principales beneficiarias eran las empresas de Elorza, Montai Produkzioak y Kultur Kirol Zerbitzuak (también forman parte del grupo Denok y Estali La Karpa).

En el último decenio, estas cuatro mercantiles han copado las adjudicaciones de fiestas, eventos, actos culturales y otros servicios similares hasta facturar más de 2 millones en contratos 'a dedo'. El grupo Montai es contratista habitual también en otras instituciones vascas. Es también la empresa que organiza los actos electorales del PNV, como se puede apreciar en la campaña para los comicios del próximo domingo. Pero las anomalías no son exclusivas de las relaciones contractuales con estas compañías.

La tensión entre la alta funcionaria y el alcalde es latente. Ocurría la pasada legislatura y ocurre en la actual. A cada reparo suspensivo de las facturas que considera ilegales, el alcalde Sagarzazu responde con un decreto que levanta las objeciones y ordena el pago. Los dos últimos decretos son muy recientes, del 29 de octubre. Llama la atención que uno de ellos empleo el escudo municipal tradicional y otro el nuevo logotipo. Éste último -con número 1906/2019- autoriza gastos por valor de 117.600,01 a las siguientes empresas: Clece, Climatizaciones Orio, Ondarribi Grafikagintza, Gertek, Kultur Kirol Zerbitzuak, Com&Media, Iturria Industrial, Almacenes Eléctricos Vascongados, Ainos Eraikuntzak, Construcciones Laugas, HZ Gizekimenak, Margolanak Txingudi y Kirolzer. El otro decreto avala el pago de 19.926,35 a Montai Produkzioak, Kultur Kirol Zerbitzuak, Playaundi Berri y Hezi Zerb Elkartea.

El Parlamento Vasco ha aprobado este lunes con los votos de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP pero con el 'no' de los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, una resolución de “rechazo al proyecto de 'outlet' de Zaldunborda en Hondarribia”, un macrocentro comercial que recibió luz ver del alcalde 'jeltzale' de la localidad guipuzcoana, Txomin Sagarzazu, 24 horas antes de que la Cámara aprobase una reforma legal que restringe la implantación de grandes superficies. El texto acordado asegura que Zaldunborda “atenta contra la sostenibilidad económica, social y medioambiental de los municipios que lo rodean” e insta “especialmente al Gobierno vasco y al Ayuntamiento de Hondarribia a que ejecuten todas las acciones legales en su mano para que dicho proyecto sea abandonado”.

El acuerdo ha sido adoptado en el marco de un pleno monográfico sobre comercio solicitado por EH Bildu. La coalición ya había registrado una iniciativa específica contra Zaldunborda, pero esa moción estaba encontrando dificultades para su tramitación, según ha denunciado el parlamentario abertzale Iker Casanova. “Quiero denunciar igualmente la incomprensible y antidemocrática actuación de la mayoría de la Mesa de este Parlamento que, de forma autoritaria, ha vetado la posibilidad de que la proposición no de ley presentada por EH Bildu para pedir la paralización del proyecto de Zaldunborda sea debatida en pleno y la ha derivado a comisión, con la evidentísima intención de poner sordina a un debate que les incomoda”, ha manifestado Casanova.

Sin embargo, ha logrado cerrar un acuerdo con Elkarrekin Podemos y al que se ha sumado el PP para votar un texto alternativo en el pleno de este lunes. “Con premeditación y alevosía y con el evidente ánimo de esquivar los efectos de esta ley, el Ayuntamiento de Hondarribia agilizó la tramitación, para, en tiempo récord, otorgar la aprobación inicial al macrocentro comercial que quieren instalar en el terreno de Zaldunborda. Todo esto es un despropósito al que hay que poner fin”, ha argumentado Casanova. “El proyecto supondría la destrucción del paisaje de la campiña y pondría en peligro la zona que protege la propia Red Natura 2000”, ha apostillado Edurne García, de Elkarrekin Podemos.

A nivel local, el plan también ha suscitado fuerte rechazo, lo que ha incluido comunicados conjuntos de Abostanitz, PSE-EE y EH Bildu en el Ayuntamiento de Hondarribia y de todos los partidos, también el PNV, en la vecina Irún. Sin embargo, en el Gobierno vasco ni nacionalistas ni socialistas han sido tan tajantes contra Zaldunborda. Recientemente, en el Parlamento Vasco, dos consejeros socialistas (los titulares de Urbanismo, Iñaki Arriola, y Comercio, Sonia Pérez) aseguraron que no se sabe “si es bueno o malo” el macrocentro comercial en Hondarribia y que no se puede parar.

Y este lunes, desde la tribuna, el nacionalista Unai Grajales ha defendido la autonomía local de Hondarribia y la actuación de Sagarzazu. “Mire, señor Casanova, nosotros creemos y respetamos el principio de legalidad y la distribución de competencias en instituciones. Parece que usted no, por lo que viene diciendo últimamente desde este mismo atril. Tiempo tendremos para seguir hablando más en profundidad de este tema, como digo, pero sí quiero dejarlo claro: vaya desde aquí todo nuestro respeto al Ayuntamiento de Hondarribia”, ha solemnizado.

El pleno sobre comercio ha permitido la aprobación de otras muchas resoluciones con combinaciones de voto de lo más variadas e incluso con los textos previamente redactados por varios partidos. Incluso EH Bildu y PP, en solitario o de la mano de Elkarrekin Podemos, han acordado un puñado de medidas, como las encaminadas a poner fin a las falsas campañas promocionales de los días “sin IVA”.

Otra propuesta destacada, según informa Europa Press, es que el Parlamento ha reclamado -nuevamente con el voto contrario de PNV y PSE-EE- que el presupuesto destinado al área de Comercio, que se sitúa en torno a los 17 millones de euros, se duplique en el plazo de cuatro años. No obstante, el rechazo de los 'populares' y del Ejecutivo ha hecho que la Cámara haya rechazado otra iniciativa de EH Bildu y Elkarrekin Podemos para imponer un impuesto especial a las grandes superficies comerciales. Se planteaba con el fin de compensar los costes indirectos que la apertura de estos espacios supone en términos medioambientales y para las arcas públicas, dado que las Administraciones deben hacer frente al mantenimiento de las infraestructuras del entorno de estos centros.

Además, se ha rechazado la propuesta de estos dos partidos para reclamar la derogación de la normativa que ampara la apertura de comercios en días festivos. Estos partidos pretendían acabar con esta regulación, al considerar que la liberalización de los horarios comerciales “perjudica al comercio local, en beneficio de los intereses de las grandes empresas”.

El alcalde de Hondarribia del PNV tramitó un macrocentro comercial 24 horas antes de que el Parlamento aprobara la ley para impedirlo

Dos de los tres consejeros del PSE-EE en el Gobierno vasco, Iñaki Arriola -con competencias en materia de Medio Ambiente y Urbanismo- y Sonia Pérez -responsable del área de Comercio- han tenido que fajarse con la oposición este viernes en la sesión de control del Parlamento ante las dudas que ha suscitado el polémico proyecto de macrocentro comercial en Zaldunborda (Hondarribia), cuya tramitación fue activada por decreto por el alcalde del PNV, Txomin Sagarzazu, 24 horas antes de que la Cámara vasca aprobara una ley para restringir las grandes superficies. Aunque los ediles socialistas del municipio se han posicionado claramente contra el plan y contra las formas de Sagarzazu, tanto Arriola como Pérez han mantenido una posición más matizada.

El primero ha dicho que “nada” se puede hacer para detener Zaldunborda porque la nueva ley contempla que los proyectos ya en marcha antes de su entrada en vigor quedan exentos de las nuevas limitaciones. “El plan parcial [urbanístico] se aprobó inicialmente antes de la entrada en vigor de la ley. En consecuencia, no le son de aplicación las atribuciones de la ley. Hay cosas que a uno le pueden gustar más o menos. O nada. Pero esto no va de gustos, sino de cumplir el marco legal. El Gobierno nada puede hacer”, ha zanjado Arriola ante una pregunta de la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Edurne García.

Pérez, de su lado, ha indicado que el Gobierno estará “vigilante” ante el desarrollo del plan pero desde la premisa de que su activación entra dentro del “marco legal”, aunque cambió de raíz a las 24 horas de que Sagarzazu estampara su firma en un decreto. “El Gobierno no tiene competencia para paralizar este proyecto”, ha asegurado la titular de Comercio. A pesar de las quejas de las plataformas de minoristas de Hondarribia y de municipios del entorno, con los que ha asegurado que se mantienen contactos, Pérez ha querido remarcar también que “aún no se conocen los detalles como para concluir de una manera tajante si es bueno o malo para el comercio minorista” y ha parecido dejar en manos de los hábitos de consumo de los vecinos que se mantenga viva la actividad económica local en el municipio guipuzcoano y en la comarca. 

Ha sido Iker Casanova, desde la bancada de EH Bildu, quien ha querido conocer la opinión de la consejera y ha lamentado que el Ejecutivo se ponga “de perfil” y se atenga en todo momento a un criterio estrictamente legalista. Y ha retado: “El proyecto de Zaldunborda se acaba con una llamada de teléfono del lehendakari al alcalde diciéndole que pare esa pasada”. 

Zaldunborda cuenta con el rechazo frontal de los tres partidos de la oposición local, Abotsanitz, PSE-EE y EH Bildu. También PP y Elkarrekin Podemos han criticado los planes de instalar un 'megaoutlet' en Zaldunborda. Incluso el PNV de Irún ha expresado su desazón. En las Juntas Generales, en cambio, se aprobó una resolución pactada por PNV y PSE-EE que no atendía las peticiones de la oposición de “paralizar” el proyecto y se limitaba a asegurar que hay que respetar la normativa vigente en cada momento y atender a la “autonomía municipal”.

La presión está creciendo contra el alcalde de Hondarribia, Txomin Sagarzazu (PNV), por seguir adelante con el proyecto Zaldunborda, un macrocentro comercial de 28.000 metros cuadrados, 100 tiendas, locales de hostelería, 2.000 aparcamientos y una estación de servicio. “Es muy importante para el avance de la actividad económica y fundamental para la creación de nuevos puestos de trabajo”, ha defendido en los últimos días el regidor, que gobierna con mayoría absoluta y que dio luz verde al plan urbanístico 24 horas antes de que el Parlamento aprobara una ley para limitar ese tipo de grandes superficies. 

Por segunda vez en menos de un mes, los tres partidos de la oposición (Abotsanitz, PSE-EE y EH Bildu) han enviado un comunicado conjunto en el que insisten en que “se podía haber optado por otro modelo de desarrollo económico e industrial”, más teniendo en cuenta los condicionantes ambientales de la zona de Zaldunborda que se arrastran “desde 2012”. Las tres formaciones aprecian “mala fe” -las mismas palabras con las que Sagarzazu criticó la actitud de la oposición- cuando “por decreto” el Gobierno local puso “las bases” del proyecto “24 horas antes de que el Parlamento Vasco diera luz verde a la nueva ley vasca”. El hecho de que el texto no estuviera debidamente traducido y tuviera que ser modificado 'a posteriori' muestra, a juicio de estos partidos, que había prisas por resolver el problema. 

Por el contrario, el Gobierno de Hondarribia considera “inadmisible” que la oposición utilice “la complejidad de la tramitación administrativa” para “presentar a la opinión pública el cumplimiento ineludible de determinados trámites como el supuesto posicionamiento cierto y definitivo del equipo de Gobierno y de la Alcaldía”. Y pide a los vecinos “que no se dejen engañar por manifestaciones de medias verdades” vertidas contra Zaldunborda.

Sin embargo, las críticas contra el proyecto no se ciñen a la oposición municipal. Además de las asociaciones de comerciantes y ecologistas, en la vecina Irún todos los partidos políticos -incluido el PNV- han pedido a Hondarribia que retire el proyecto. En la misma línea se ha pronunciado en Radio Euskadi el Ayuntamiento de Hendaya (una de las aspiraciones del centro comercial es atraer clientela de Francia). En la Diputación -gobernada por el PNV con el PSE-EE- también ha suscitado dudas el plan.

Por su parte, EH Bildu ha registrado una iniciativa en el Parlamento Vasco para solicitar formalmente la retirada del plan urbanístico en Hondarribia. “Pondría al pequeño comercio de la comarca al borde de la desaparición”, según el parlamentario Iker Casanova. Y añade: “Salta a la vista que el plan del alcalde

de Hondarribia ha generado críticas y desacuerdos incluso dentro del PNV, lo cual es

un indicador más de que estamos ante un proyecto no solo polémico, sino altamente

perjudicial“.

El alcalde de Hondarribia, Txomin Sagarzazu (del PNV y que revalidó la mayoría absoluta en las pasadas elecciones municipales de mayo), aprobó un decreto para dar luz verde al proyecto de macrocentro comercial Zaldunborda 24 horas antes de que el Parlamento Vasco -con los votos de todos los partidos, incluido el nacionalista- aprobará una ley restrictiva que impediría la apertura de este tipo de espacios. Así lo ha denunciado la oposición en pleno del municipio en un comunicado conjunto firmado por los portavoces de Abotsanitz (Igor Enparan), PSE-EE (Josu Álvarez) y EH Bildu (Xabier Isasi).

En la nota, estas tres formaciones recuerdan que Zaldunborda será un área comercial de 100 tiendas, locales de hostelería, 2.000 aparcamientos y una estación de servicio, un “monstruo comercial” para atraer no sólo a vecinos de la comarca sino también a compradores franceses. Entienden que “esta implantación es contraria a lo dispuesto en normativas de la Unión Europea sobre superficies comerciales” y que “estas recomendaciones han sido recogidas en la nueva ley aprobada en el Parlamento Vasco”. Sin embargo, hacen constar que Sagarzazu, por decreto, tramitó “en tiempo récord y con alevosía” la puesta en marcha del proyecto horas antes de la promulgación de la nueva ley autonómica.

En ese debate, el portavoz del PNV (Unai Grajales), manifestó que apoyaba la normativa pero que dudaba de su eficacia: “Para bien o para mal, me temo que esta ley no va a influir en los nuevos usos de las personas a la hora de relacionarse con el comercio, con su tiempo de ocio, con las nuevas formas de comprar y de vender. Tengo la sensación de que a veces en esta casa matamos las moscas a cañonazos”.

Abotsanitz, PSE-EE y EH Bildu indican que el PNV local ha actuado con “opacidad y falta de transparencia” y que todo el desarrollo urbanístico está “antecedido de multitud de irregularidades”. La oposición entiende que Sagarzazu impone una “hipersuperficie” cuando “es nociva y contraria a los intereses del comercio de Hondarribia” y porque “es perjudicial medioambientalmente” porque Gaintxurizketa es “un corredor libre para aves” y porque se incrementará el tráfico en una zona ya de por sí colapsada al ser fronteriza.

No es la primera polémica con la gestión del PNV en Hondarribia. Como ha venido publicando este periódico, la interventora municipal ha alertado de numerosas irregularidades en la contratación de empresas, particularmente en el área de Cultura y Fiestas y particularmente con la firma Montai como beneficiaria. Esta compañía es propiedad de un destacado militante del partido 'jeltzale', Aitor Elorza, y ha facturado más de dos millones de euros en la última década por adjudicaciones 'a dedo' y sin contrato. Un informe de la interventora dejó constancia de que las anomalías se extendieron a 27 empresas en 2018 por un importe próximo a los 1,3 millones, el 7% del presupuesto local.

Este periódico ha tratado de ponerse en contacto en cuatro ocasiones con un portavoz municipal para recabar su opinión de esta denuncia de la oposición. En ninguno de los intentos ha sido posible establecer la comunicación.

La interventora del Ayuntamiento de Hondarribia ha emitido un contundente informe de legalidad sobre los contratos 'a dedo' concedidos en 2018 por el equipo del alcalde del PNV, Txomin Sagarzazu, y concluye que se han cometido irregularidades en adjudicaciones a un total de 27 empresas  por una cantidad total de exactamente 1.375.124,51 euros, el equivalente al 7% del presupuesto total anual de este municipio guipuzcoano de 17.018 habitantes. La conclusión del documento es clara: “Durante el ejercicio 2018 se ha facturado de forma continuada por los servicios, obras o suministros relacionados en este informe sin que se haya tramitado el correspondiente procedimiento de licitación”. 

La principal empresa beneficiaria de estos contratos 'a dedo' es la mercantil Montai Produkzioak. Sumado el dinero que cobró en 2018 al de su filial Kultur Kirol Zerbitzuak, facturó un total de 168.398,27 euros. Como ha publicado este periódico, esta empresa y sus hermanas llevan copando desde 2009, cuando expiró el contrato que le unía al Ayuntamiento, los trabajos de organización y montaje de eventos, fiestas y demás actividades sociales del municipio. Según sus propios datos, en un “70-80%”, más de 2 millones de euros en una década. 

Son cientos de facturas -algunas de cantidades irrisorias y otras que por sí solas superan el máximo de 15.000 euros para los contratos menores- que le han valido otros tantos reproches de la interventora municipal. La alta funcionaria ha emitido informes de reparo remarcando la irregularidad de esas facturas pero el alcalde, por decreto, ha levantado la suspensión de todas y cada una de ellas. Al frente de Montai Produkzioak está un destacado cuadro del PNV en Gipuzkoa, Aitor Elorza, y en la empresa trabajan otros cargos 'jeltzales' de ese territorio y también de Álava. Es contratista habitual igualmente en el Gobierno vasco, en las diputaciones y en otros muchos municipios.

Al término de la pasada legislatura, el PNV se valió de su mayoría absoluta para no abrir una comisión de investigación, como proponía la oposición. Tras las elecciones, Sagarzazu se dejó 400 votos y un escaño pero, con un 45% de apoyo, mantuvo una mayoría absoluta de 9 ediles frente a 8 de la oposición. En este nuevo mandato continúa las mismas prácticas.

Betean y Viuda de Sainz

En puridad, la empresa Asecs Lab ha facturado más dinero que el grupo Montai en 2018 mediante adjudicaciones directas, en concreto 202.761,51 euros. Sin embargo, parte de ese total se corresponde a trabajos derivados de “inclemencias meteorológicas”, lo que habilita legalmente a hacer contratos rápidos y sin concurso (“procedimiento de emergencia”).

En la lista de 27 empresas beneficiarias de estos contratos hay otras vinculadas con personas próximas al PNV como Betean Auditoría (del exmiembro del Euzkadi Buru Batzar Aitor Alzola) o Gertek (una filial de Viuda de Sainz). Cierran la lista, por orden de facturación: Exola, Iturria, Dardarak, Margolanak Txingudi, Construcciones Laugas, Luma, Ainos , Ondarribi Grafikagintza, Euskaltzaleen Topagunea, Almacenes Eléctricos Vascongados, Irudi OTS, Com&Media Proyectos y Servicios, Comunicación interactiva, Adimedia, Gorka Crespo y otros, Climatizaciones Orio, Antza, Grafikagintza, Galp, Zugasti y Amostegi, Buceo Navarra Itsas-Sub, SICE y dos particulares.

Los informes de la interventora recogen también otros aspectos llamativos. Se alude a que la empresa Ilunion (Pilsa) “lleva prestando el servicio de limpieza de edificios municipales desde el 12 de abril de 2014” y que el contrato y sus prórrogas finalizaron en abril de 2018. Ahora la adjudicataria es Uni2 pero hay facturas de Ilunion de 2018 “que se encontraban fuera de contrato”. No se aportan las cantidades concretas. Igualmente, la adjudicación del bar de un centro de mayores expiró en 2016 y la empresa gestora, Gureak, continúa en la actualidad prestando el servicio y cobrándolo. En la misma línea, el contrato de prevención comunitaria, firmado con la empresa HZ Gizakimenak, finalizó “en 2009” y desde entonces la empresa factura “fuera de contrato”. 

En las dos sociedades públicas municipales hay también algunas anomalías. En Hondarribia Lantzen, la empresa Kirolzer (que lleva la gestión integral del polideportivo Hondartza) adeuda 77.699,98 euros del canon correspondiente al primer trimestre de 2019. Y, en la fundación Arma Plaza, hay un servicio de edición de libros no sacada a concurso y por el cual Otzarreta Comunicación ha facturado 24.447,83 euros. “Debería tramitarse como un contrato mayor mediante el correspondiente procedimiento de licitación”, indica la interventora.

Al Tribunal de Cuentas

La funcionaria explica en sus informes que al ser actos “ya ejecutados” sólo queda el “control financiero” y no hay posibilidad de paralizar los pagos, pero reclama a Alcaldía que en atención a las “observaciones” realizadas haga cambios en la política de adjudicaciones “con la mayor brevedad posible”. Y son actos ejecutados porque Sagarzazu, por decreto, levanta las suspensiones que plantea ante prácticamente cada factura la interventora desde hace meses. 

Hay un informe específico, de hecho, que recoge un listado de todos los decretos de Sagarzazu para sortear los reparos de la funcionaria. Ella, además de informar al pleno local, indica que pondrá esa información en manos del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Este organismo está presidido por el exdirigente del PNV José Luis Bilbao. Estos documentos fueron objeto de debate en el pleno municipal celebrado este martes en Hondarribia.

El Ayuntamiento de Hondarribia ha estrenado en junio nueva legislatura, como el resto de municipios. Pero los cambios se quedan ahí. Repite Txomin Sagarzazu como alcalde (el PNV, además, tiene mayoría absoluta) y continúan en la nueva etapa las advertencias de la interventora municipal, Laura Busca Fernández, por ilegalidades en diferentes pagos, entre ellos los que recibe la empresa del destacado militante del PNV Aitor Elorza, Montai Produkzioak, adjudicataria sin contrato de diferentes trabajos de organización de eventos y montajes. Montai Produkzioak y sus empresas hermanas (Estali La Karpa, Denok Komunikazioa y Kultur Kirol Zerbitzuak) llevan facturados en Hondarribia desde 2009, cuando expiró el contrato que les unía con el Ayuntamiento, más de 2,3 millones de euros. Según sus propios datos, acaparan entre el 70 y el 80% del presupuesto de las áreas de Cultura, Juventud, Euskara y Deportes en esa localidad guipuzcoana.

Este periódico publicó en abril que la interventora había emitido al menos una docena de “informes de reparo suspensivo” alertando de que estas empresas estaban recibiendo contratos 'a dedo' y que el volumen del dinero facturado superaba con creces el de 15.000 euros, el máximo actual para las adjudicaciones directas (hasta hace poco eran 18.000 euros). Esa barrera se supera, desde luego, sumando las facturas de todo el ejercicio pero hay incluso trabajos individuales que, ya en solitario, cuestan más que esa cantidad. Para poder sortear estos reparos suspensivos, Sagarzazu firma un decreto de Alcaldía horas después de cada informe técnico y, con ello, se reconoce la obligación de pago y se ordena el abono de las cantidades de cada contrato.

La labor de control de la alta funcionaria ha continuado durante el período electoral y también después de la constitución del nuevo equipo de Gobierno el pasado 15 de junio. El último informe al que ha tenido acceso este periódico data del 25 de junio y la interventora, nuevamente, reclama la suspensión de los pagos a Montai Produkzioak porque “se ha superado el importe fijado por la Ley de Contratos del Sector Público” y porque es “además, un servicio que viene prestándose por el mismo proveedor de forma reiterada en el tiempo, siendo el servicio previsible”. Y a cada informe le ha seguido un decreto. Varios de ellos están firmados en período electoral, con el Ejecutivo local en funciones. Los más recientes ya están fechados en esta legislatura.

Se da la circunstancia de que las alertas de Busca Fernández se amplían a otras empresas que trabajan en Hondarribia más allá de Montai Produkzioak. Son firmas como Dardarak, Urdapilleta o Hezi Zerb y, singularmente, también se menciona a la prestataria del servicio de ayuda a domicilio. En este caso, en mayo se puso la lupa sobre una factura de 107.127,62 euros al tiempo que se avisaba de que “mediante decreto de Alcaldía” se había “modificado el precio/hora” que cobra la empresa (Clece), es decir, pagando más que lo previsto en el último contrato vigente.

Desde 2009 sin contrato

Montai Produkzioak resultó adjudicataria en 2005 de un contrato con una duración de cuatro años para la gestión de los montajes de eventos festivos, culturales o deportivos del municipio. Llegado 2009, nunca se volvió a sacar a concurso el contrato y hasta hoy mismo continúa trabajando allí con regularidad con sus diferentes nombres comerciales. Es habitual que tras cada edición de las fiestas patronales, año tras año, en el comunicado oficial se dé las gracias a la empresa por los servicios prestados. 

Conocidas las informaciones de este periódico en primavera, fuentes municipales y de Montai Produkzioak indicaron que preveían tener listo “en junio”, con el arranque de la nueva legislatura, el nuevo concurso público que solventaría esta situación. Sin embargo, ese plazo ha quedado superado sin que haya una nueva fecha definida para que se saque a licitación ese servicio de organización de eventos en Hondarribia. Sagarzazu, en cambio, rechazó en la emisora local de la Cadena Ser que se esté cometiendo una ilegalidad porque “el alcalde tiene la potestad” de levantar las suspensiones de la interventora por decreto. “Viene recogido en la ley”, remarcó el regidor del PNV.

En este contexto, el PNV se valió de su mayoría absoluta en el último pleno de la pasada legislatura para evitar la creación de una comisión de investigación en torno a los contratos en Hondarribia, algo reclamado por toda la oposición (los independientes de Abostanitz, EH Bildu, PSE-EE y PP). Tras las elecciones, Sagarzazu se dejó 400 votos y un escaño pero, con un 45% de apoyo, mantuvo una mayoría absoluta de 9 ediles frente a 8 de la oposición.

El pleno del Ayuntamiento de Hondarribia celebrado en la tarde-noche de este jueves rechazó, merced a la mayoría absoluta del PNV, la creación de una comisión de investigación en torno a las irregularidades en la contratación de servicios con el grupo de empresas del cualificado militante del PNV Aitor Elorza (Montai Produkzioak, Estali La Karpa, Kultur Kirol Zerbitzuak y Denok Komunikazioa). Como publicó este periódico, estas mercantiles llevan facturados 2,3 millones de euros desde 2009, cuando expiró el contrato marco que tenían firmado con el Ayuntamiento. La interventora municipal ha emitido un mínimo de doce informes en los que remarca estas irregularidades pero, ante cada uno de ellos, el alcalde, Txomin Sagarzazu, ha firmado un decreto para levantar la suspensión del pago y abonar las facturas.

El grupo independiente Abostsanitz fue el que propuso la apertura de la comisión en el último pleno ordinario de la legislatura antes de los comicios del 26 de mayo. El proponente, Igor Enparan Araneta, apelaba en su escrito a la “transparencia” y a que las contrataciones con las firmas de Elorza rompían “todos” los procedimientos administrativos. Abotsanitz contó con el apoyo de los ediles de EH Bildu, PSE-EE y PP, que se mostraron igualmente beligerantes. El concejal socialista, de hecho, remarcó que ya en anteriores ocasiones habían alertado de hasta 58 contrataciones irregulares. 

Pero esos 7 votos de la oposición local no bastaron frente a los 10 del gobernante PNV. El regidor, Sagarzazu, tomó la palabra para reconocer que existe un problema general con los contratos del Ayuntamiento, aunque no sólo con los de Montai y las empresas relacionadas. Defendió que las facturas se abonan porque lo prioritario es garantizar que se desarrollen las actividades -en este caso de ocio y cultura- y matizó que irregularidades no es sinónimo de ilegalidades. Se pronunció en la misma línea en una entrevista en Radio Irún.