La Justicia anula el plan urbanístico de Hondarribia y frena 1.566 viviendas y el macroproyecto de Zaldunborda

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha decretado la nulidad del plan general de ordenación urbana (PGOU) de Hondarribia en una sentencia firmada el 25 de mayo pero que será notificada el próximo lunes 15 de junio y a la que ha tenido acceso este periódico. La sala de lo contencioso-administrativo, compuesta por los magistrados Ana Isabel Rodrigo, Ángel Ruiz y José Antonio Alberdi, ha estimado parcialmente un recurso interpuesto por tres empresarios, Eroski, Alcaín y Náutica Aldats. Aunque el fallo se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, condiciona los planes de construcción de 1.566 viviendas en la localidad guipuzcoana, así como el desarrollo de 33,7 hectáreas para actividad económica, incluido el macroproyecto de Zaldunborda, según datos del propio primer edil, Txomin Sagarzazu (PNV).

El recurso planteaba hasta ocho causas posibles de nulidad en el PGOU -que se inició en 2005 y se acabó aprobando en 2017 únicamente con los votos de la mayoría del PNV-, pero el tribunal sólo ha estimado una de ellas: la ausencia del preceptivo informe de telecomunicaciones del Gobierno central. Entiende que no hubo problemas con el proceso participativo o con otros trámites. Sin embargo, considera que ese tecnicismo es suficiente para tumbar la que se considera la mayor herramienta urbanística municipal. Según Sagarzazu, iba a movilizar 117 millones de euros, 53 de inversiones municipales.

En 2017, los grupos de EH Bildu y Abotsanitz ya mencionaron Zaldunborda al votar en contra. Planificado en un entorno protegido que no es urbanizable según la normativa urbanística anterior, Zaldunborda estaba diseñada como una gran área comercial de 100 tiendas, locales de hostelería, 2.000 aparcamientos y una estación de servicio para atraer flujos de visitantes de la comarca y también de Francia. El pasado verano, estos partidos y el PSE-EE denunciaron que era un “monstruo comercial” que atentaba contra los pequeños comercios locales y que, además, el alcalde había iniciado la tramitación justamente 24 horas antes de que el Parlamento Vasco aprobase una ley que restringía las grandes superficies. Esa aprobación inicial quedó sin efecto a final de año, según informó el Ayuntamiento, si bien la nulidad del PGOU todavía dificulta más la operación, según fuentes municipales.

En un comunicado, el Gobierno local considera que el fallo alude a defectos de forma y no cuestiona el fondo del plan. Pero añade: “Tras esta primera valoración en la que se considera que no es una buena noticia para el desarrollo de la ciudad, el Alcalde ha manifestado que estudiarán la sentencia y no ha descartado recurrir al Tribunal Supremo. En caso de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia ahora dictada por la falta de esos informes, esto traería como consecuencia la desproporcionada paralización de muchos proyectos en marcha en lo que respecta a desarrollo urbanístico de la ciudad y afectaría a multitud de temas relacionados con el interés general”.