La escultura colosal de Fernando VII que se conserva semioculta desde hace justo un siglo junto a la Torre de Don Fadrique en Sevilla ha sufrido escarnios de toda índole a lo largo de su historia, el último a manos de la naturaleza, cuando la última dana que ha azotado Sevilla derribó un árbol que cayó sobre ella, cortándole la cabeza.

De algo más de dos metros de altura —llegó a medir seis metros sobre pedestal— y de dos toneladas de puro bronce, la escultura presidió lugares públicos de Barcelona, París y Sevilla desde que en 1831 la modelara Pierre Joseph Chardigni por encargo del Conde de España y capitán general de Barcelona, Roger Bernard Charles de Espagne, absolutista que combatió al francés, o sea a sus compatriotas, en la Guerra de la Independencia.

También es la única estatua neoclásica de Sevilla y una de las pocas que se conservan en España, según ha dicho a EFE la historiadora del Arte Teresa Lafita, autora, entre otros, del estudio Fuentes y Monumentos Públicos de Sevilla (ABC de Sevilla, 1998), quien alaba el valor artístico de la pieza y rechaza que se la califique de “escultura maldita”:

“El término 'maldita' es demasiado fuerte; puede que el personaje histórico que representa fuese maldito y algo de eso haya quedado en su figura en bronce, pero se trata de una pieza única, de un gran valor artístico, al margen de cualquier otra consideración y del propio devenir histórico”.

Una estatua arrinconada

Fue Teresa Lafita, durante una investigación de 13 años de duración, quien en 1998 halló en París, en el Archivo de Escultura del Siglo XIX del Museo del Louvre, el documento que acreditaba la autoría de Chardigni, que hasta ese momento se había olvidado por completo.

La escultura desde 1926 permanece sobre el suelo, al aire libre, situada en un recoveco de los jardines medievales de la Torre de Don Fadrique, en un espacio integrado en el actual centro cultural del Convento de Santa Clara de Sevilla, en un sitio que contradice el espíritu con el que fue concebida, arrinconada en un lugar por completo descontextualizado, tanto que Lafita considera que es allí, donde lleva justo cien años, donde debe permanecer.

El Convento de Santa Clara fue el originario Museo Arqueológico de Sevilla a finales del XIX y por eso terminó acogiendo la escultura, pero el lugar que ocupa es un rincón casi secreto de los jardines que aunque, habitualmente están abiertos al público, ahora permanecen cerrados por las obras de restauración del convento.

La ajetreada historia de la escultura acredita la opinión de la investigadora: en 1926 el Arzobispado de Sevilla se la vendió al Ayuntamiento, como parte del mobiliario que quedó en el Palacio de San Telmo —actual sede la Presidencia de la Junta de Andalucía—, una vez que los herederos de los Montpensier donaron este palacio a la Iglesia, que lo reconvirtió en seminario.

La escultura errante

En 1893, María Luisa Fernanda de Borbón ya había donado el parque que lleva su nombre a la ciudad de Sevilla, su palacio de San Telmo al Arzobispado, y antes, en 1868, cuando estalló “La Gloriosa”, la cambió del lugar que ocupaba en sus jardines y la llevó a una glorieta en la que se veía menos para librarla de las iras revolucionarias.

Pero si la escultura data de 1831, su peregrinaje comenzó en 1835, cuando 'La Bullanga', revuelta popular contra el absolutismo, la derribó del pedestal que ocupaba en Barcelona.

En 1840, la viuda de Fernando VII, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, la acarreó en su exilio en Francia, y en 1861 Napoleón III compró su palacio y consideró oportuno regalarle la escultura a la hija de la reina regente, María Luisa, quien decidió llevársela a Sevilla y ponerla en los jardines de su palacio.

En alguno de los disturbios revolucionarios, la estatua fue derribada y arrastrada, por lo que le faltan varias piezas, como las dos manos, que decenios más tarde un famoso orfebre sevillano compró en El Jueves, mercadillo de antiguallas que se celebra en Sevilla ese día de la semana.

Las graves inundaciones registradas en febrero en la Sierra de Cádiz han vuelto a poner en primer plano una realidad que los municipios de la comarca llevan años denunciando: la fragilidad de sus infraestructuras y una sensación persistente de abandono institucional. Los daños provocados por el tren de borrascas —carreteras cortadas, caminos rurales intransitables y problemas en suministros básicos— no solo han generado una situación de emergencia, sino que han evidenciado carencias estructurales previas.

“Es raro el municipio que no tiene un problema en alguna de sus carreteras comarcales”, advierte la alcaldesa de Olvera, Remedios Palma. Su diagnóstico apunta directamente al estado de la red secundaria: “Hay un deterioro permanente por el escaso mantenimiento. Eso significa que las carreteras sufren el doble cuando viene una inclemencia de estas características”. Las consecuencias son inmediatas y tangibles para la población. “Un trayecto que se hace en diez minutos, pues ahora se hace en unos cuarenta o cuarenta y cinco”, explica, en referencia a conexiones habituales que han quedado inutilizadas o gravemente afectadas.

La situación no es puntual ni aislada. La red de carreteras comarcales —competencia en muchos casos de la Diputación, que ha destinado 20 millones en contratos de emergencia para las vías afectadas— constituye la principal vía de conexión entre municipios en la sierra, un territorio donde las distancias, la orografía y la dispersión poblacional hacen que cualquier incidencia tenga un impacto directo en la vida cotidiana. A ello se suma la falta de desarrollo de infraestructuras estratégicas. La Junta ejecuta en la provincia de Cádiz 11 actuaciones de emergencia con una inversión de 107 millones de euros a través del Plan Andalucía Actúa.

El alcalde de Algodonales, Ángel Acuña, recuerda un proyecto largamente esperado que nunca llegó a materializarse: “Cuando se planteó la autovía Jerez-Antequera se quedó paralizada en Arcos y lo que se ha ido haciendo es parcheo sobre parcheo”. Ese “parcheo”, como lo define, afecta especialmente a la carretera A-384, uno de los ejes fundamentales para la movilidad en la comarca y su conexión con Málaga. “Tiene un tráfico impresionante y cuando lo que se hace es parcheo sobre parcheo, pues pronto se le ven las costuras, sobre todo cuando las circunstancias son tan complicadas como estas últimas”, señala. Las lluvias han agravado una situación ya delicada, provocando cortes totales y desvíos provisionales que generan incertidumbre. “Estamos siempre con las carnes abiertas de que se vuelva a ir el desvío provisional”, añade.

La imagen turística

Las consecuencias trascienden el ámbito de la movilidad y afectan a servicios esenciales. “Nuestro hospital de referencia es el de Ronda y hay pacientes que tienen que ir tres días a la semana a diálisis”, explica Acuña, quien también menciona el impacto en estudiantes y trabajadores que se desplazan diariamente fuera del municipio. En una comarca donde muchos vecinos trabajan en la Costa del Sol, la conectividad no es solo una cuestión de comodidad, sino de acceso al empleo.

A esta situación se suma el deterioro de los caminos rurales, fundamentales para el sector primario, que sigue siendo el principal sustento económico en buena parte de la sierra. “El que no está cortado le falta un telediario”, resume el alcalde de Algodonales. Los desprendimientos y movimientos de tierra, favorecidos por la naturaleza arcillosa del terreno, han dejado aisladas explotaciones agrícolas y ganaderas, dificultando el acceso a fincas y poniendo en riesgo la actividad diaria de muchos profesionales.

“Esto es una postal, pero no es un decorado”, insiste la alcaldesa de Olvera, en referencia a la imagen turística de la sierra. “Aquí vive gente, que tiene que ir a hospitales, a trabajar, a estudiar”. La reivindicación no es nueva: distintos análisis sobre el medio rural andaluz llevan años señalando déficits en transporte público, infraestructuras viarias y conectividad, factores que contribuyen a la desigualdad territorial y a la pérdida de población.

El alcalde de Grazalema, Carlos Javier García Ramírez, sitúa el foco en esa dimensión estructural del problema. “Ha quedado patente la necesidad de un plan de inversiones real, cierto, y acompasado con las necesidades reales que tiene la sierra”, afirma. A su juicio, los daños provocados por el temporal no pueden desvincularse de la falta de mantenimiento e inversión acumulada durante años. “Algunos de estos daños probablemente eran evitables si hubiera habido una mayor intervención presupuestaria en un entorno históricamente abandonado desde el punto de vista de las inversiones”, sostiene.

Aunque reconoce la respuesta de emergencia por parte de las administraciones, García Ramírez insiste en la necesidad de ir más allá: “Entendemos la situación de urgencia, pero también hacen falta compromisos a futuro”. La reclamación, compartida por otros alcaldes de la comarca, apunta a un modelo de financiación que, según denuncian, prioriza los grandes núcleos urbanos frente a los territorios interiores. “Al final estaremos como siempre castigando a esos entornos rurales”, advierte.

Cortes eléctricos “reiterados”

Las carencias no se limitan a las carreteras. Los problemas en el suministro eléctrico y en las telecomunicaciones forman parte también de la realidad cotidiana de la sierra. “La semana pasada tuvimos un corte a las once de la mañana. No es algo puntual, es algo reiterativo”, explica Palma. Incidencias de este tipo afectan directamente a empresas, servicios y vecinos, en una comarca donde la calidad de las infraestructuras básicas sigue siendo una asignatura pendiente.

En Grazalema, aunque la situación ha mejorado en los últimos años, el alcalde reconoce que los problemas persisten en otros municipios de mayor tamaño. “Hay entornos urbanos que no tienen dimensionada la necesidad en comunicaciones y son muy habituales este tipo de situaciones de cortes”, señala García Ramírez, quien resume la percepción generalizada con una frase contundente: “Parece que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”.

Tras el impacto de las inundaciones, las administraciones trabajan en la reparación de daños y en la habilitación de pasos provisionales. Sin embargo, los alcaldes coinciden en que la solución no puede limitarse a la emergencia. “Tenemos que reponer, pero también tiene que haber un plan de mantenimiento permanente”, reclama Palma. En un contexto de creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, la resiliencia del territorio dependerá, en gran medida, de que esas reivindicaciones históricas dejen de serlo y se traduzcan en inversiones sostenidas en el tiempo.

Renfe ha explicado este viernes en relación el servicio de alta velocidad entre Málaga y Madrid, interrumpido por la caída de un muro en Álora (Málaga), que lleva estudiando varias soluciones desde que se produjo el corte por motivos del temporal, con el objetivo de restablecer y mejorar la operativa del servicio.

En concreto, en un comunicado ha detallado que, principalmente, esas medidas son mediante dos alternativas. La primera sería realizar el Plan Alternativo de Transporte (PAT) por la vía convencional por tren en lugar de autobús, lo cual requiere un transbordo en Antequera; la segunda, realizar un servicio especial que con material de rodadura desplazable pudiera hacer Málaga-Antequera por vía convencional y luego ir por la línea de alta velocidad.

No obstante, la implementación de estas medidas “se enfrenta a diversas limitaciones operativas”, han detallado. Por un lado, la indisponibilidad de trenes debido a que hay unidades que han quedado inmovilizadas tanto en Algeciras como en Málaga por motivo de los cortes de estas líneas por el temporal.

3.000 plazas diarias

Y también la indisponibilidad de trenes dado que el taller de Málaga AV ha quedado aislado y eso ha obligado a redistribuir la flota en otros talleres, y a elevar los periodos de mantenimiento y kilometraje de los trenes. Asimismo, es necesario formar y habilitar maquinistas para el tipo de material y el tramo de vía que actualmente no lo están.

De igual modo, han señalado que, aunque todas estas líneas y los trabajos necesarios se están estudiando, la operativa, hoy en día, no es posible realizarla.

Por último, han señalado que cuando Renfe pueda disponer de una operativa para mejorar la oferta actual lo comunicará. Asimismo, han recordado que Renfe es el único operador que ofrece servicio ofertando más de 3.000 plazas diarias y que realiza un transporte alternativo.

Mariscadores de la ría de Noia (A Coruña) han retirado casi 30 toneladas de marisco muerto, principalmente almeja y berberecho, en las dos jornadas de trabajo de este mes de marzo. Este miércoles se han llevado doce toneladas de bivalvos víctimas de los temporales del invierno.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la agrupación de marisqueo a pie en Noia, Quico Pérez, explica que en estos trabajos han participado entre 50-60 personas, especialmente en la entrada de la zona de O Cuncheiro.

Recuerda que el pasado 4 de marzo ya retiraron otras 17 toneladas que se suman a las de este miércoles. Tienen previsto continuar trabajos en próximos días. “Queda mucha concha tanto en la orilla, en zona de pleamar como en la entrada, pero ahí igual podemos meter la maquinaria”, afirma. Observarán en las mareas vivas dentro de 15 días si hay exceso de conchas para volver a retirarlas.

Los mariscadores de Noia tenían previsto abrir en marzo la campaña, pero con “las lluvias de enero y febrero se hicieron los muestreos y murió el 90% del berberecho, el 60% de almeja japónica y el 95% de babosa”. Así, que dan por “imposible” trabajar en marzo y abril.

Explica que actualmente son cerca de 400 mariscadores a pie en Noia y “están esperando que la Consellería les dé el cierre por fuerza mayor” para poder pedir el cese de actividad. Así, tienen pensado “regresar en octubre si se puede”. “No soy muy optimista”, concluye.

Las fuertes rachas de viento que golpean el norte de Girona y el prepirineo han causado la caída de numerosos árboles y han obligado a cortar carreteras y vías de tren. También han dejado al menos cuatro heridos leves y afectaciones en las líneas de media y alta tensión que han dejado sin electricidad a más de 5.000 personas.

El temporal, que ha dejado rachas de hasta 170 kilómetros por hora en comarcas como el Alt Empordà o el Berguedà, ha obligado a cortar la línea de trenes R11 de Rodalies entre Caldes de Malavella y Figueres por la caída de árboles, así como ocho carreteras comarcales por el mismo motivo. El aviso en la línea ferroviaria se ha producido a las 10:35 horas por el desplome de varios árboles y una valla. Renfe ha informado que ha activado un servicio alternativo por carretera. 

Las afectaciones por árboles en la vía se han dado a lo largo de toda la mañana. Ha habido cortes en Cabanelles, Llers, Pontós, Agullana-La Vajol, Cabanes, Pont de Molins-Masarac, Sant Martí Vell-Madremanya, Quart o Alp-Toses. 

Los Bombers de la Generalitat recibieron más de 1.254 avisos por el temporal, mayoritariamente provenientes de la Región de Emergencias de Girona y para retirar árboles caídos en la vía pública.

En cuanto al balance de heridos, hay tres personas con heridas leves. Una en Salt, por el desprendimiento de parte de un techo, otro en La Jonquera, por la caída de una rama, y otro en la localidad de Garrigàs. 

El Ayuntamiento de Girona ha suspendido todas las actividades en la ciudad a partir de las 14.00 horas por motivos de seguridad. El consistorio recomienda no salir de casa si no es imprescindible para evitar situaciones de peligro a causa del viento. Previamente, se habían cerrado el parque de la Devesa, el parque del Migdia y los jardines de las Pedreres ante la caída de ramas, árboles y alguna cornisa.

El temporal de viento también ha afectado al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, sin daños personales ni estructurales pero con varios árboles caídos dentro del recinto. Por seguridad, se han cerrado los accesos al parque y se pide a los usuarios seguir las indicaciones del personal de seguridad, ha informado el Institut d’Assistència Sanitària.

En Figueres, varios pinos y ramas de grandes dimensiones han caído este domingo por la mañana en el Parc Bosc (en la zona próxima a la cafetería), en la Pineda de la Pujada del Castell y en la zona deportiva municipal. El Parc Bosc y la Pineda del Castell están cerrados al paso de personas por riesgo de caída de árboles mientras dure la alerta por fuerte viento.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha un operativo específico para hacer frente al último episodio de nevadas que está afectando a diferentes puntos de la provincia con especial incidencia en las zonas de sierra.

Se trata de un grupo de trabajo compuesto por una treintena de efectivos humanos, ocho máquinas quitanieves y nueve vehículos ligeros que ha venido trabajando desde las 2.00 horas y que permanecerá activo mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

Para la limpieza de carreteras y arcenes, durante la pasada madrugada, se han empleado 30 toneladas de sal y que en estos momentos todas las carreteras de la red autonómica de la provincia permanecen transitables, aunque en algunos tramos se requiere extremar la precaución como es el caso de los puertos de El Bellotar (CM-3205) y Barrancazo (CM-3216) donde se pide circular únicamente si es totalmente necesario.

Lo mismo ocurre en la CM-3216 (Alcaraz) y en la CM-3225 (Nerpio) donde se espera que vuelva a nevar durante la mañana de este martes con previsión de precipitación intensa hasta las 13.00 horas.

Desde el Ejecutivo autonómico se recuerda a los conductores la importancia de extremar la precaución, adaptar la velocidad a las condiciones de la vía y atender en todo momento a las indicaciones de DGT, servicios de emergencia y de conservación de carreteras.

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la reapertura al público este viernes del cementerio de San Fernando, tras haber completado “las retiradas más urgentes de árboles afectados por el reciente tren de borrascas y aquellas actuaciones que implicaban mayor riesgo para la seguridad de las personas”. Según ha indicado el Consistorio en una nota, “aunque continúan los trabajos técnicos sobre determinados ejemplares, el recinto reúne ya las condiciones necesarias para permitir las visitas con garantías, una vez eliminadas las situaciones de peligro inmediato y aseguradas las zonas sensibles”.

Desde el pasado 2 de febrero, la Delegación de Parques y Jardines ha desplegado un operativo específico tras un episodio climatológico extraordinario, con rachas superiores a los 120 km/h, que provocó la caída de numerosos ejemplares en el recinto. En total, se han contabilizado 80 árboles afectados con vuelco.

En una primera fase se procedió al despeje del vial principal y a la recuperación de los accesos esenciales para vehículos de emergencia y servicios municipales. Posteriormente, se ha desarrollado una segunda fase más técnica en zonas interiores, donde se ha completado la evaluación individualizada del arbolado.

Itinerarios seguros para los entierros

Mientras tanto, el cementerio se ha encontrado en cierre parcial, con desarrollo de servicios esenciales como sepelios y entrega de cenizas mediante itinerarios seguros. Fruto de esa inspección, se ha determinado la necesidad de apear 52 ejemplares adicionales que presentan daños en el sistema radicular o riesgo latente de caída.

El Ayuntamiento ha indicado que estos apeos “ya se están realizando y continuarán ejecutándose de manera planificada, progresiva y con todas las garantías de seguridad, bajo supervisión técnica y con las zonas debidamente delimitadas para evitar cualquier riesgo durante las visitas”. Quedan 12 ejemplares por retirar.

Asimismo, se han balizado y delimitado las áreas sensibles del cementerio, “manteniéndose señalizadas aquellas zonas en las que continúan los trabajos”. Como consecuencia del temporal, 227 sepulturas han resultado afectadas de diversa consideración.

Aunque el recinto “reúne ya las condiciones de seguridad necesarias para permitir las visitas”, las reparaciones se “abordarán progresivamente conforme se vayan tramitando los procedimientos de ayudas a las familias afectadas”, tras la aprobación en pleno de una modificación presupuestaria de 120.000 euros destinada a este fin. Durante este proceso, los visitantes “podrán encontrar todavía algunas sepulturas afectadas mientras se ejecutan las actuaciones de restauración”.

Avisos a las familias afectadas

En paralelo, el Consistorio “está contactando telefónicamente con las familias de las que se dispone de datos actualizados, y se continúa facilitando información individualizada sobre el estado de las sepulturas”.

La relación detallada, con indicación de calle y número, se encuentra publicada en la página web del cementerio para facilitar su localización. Para cualquier gestión o aclaración, las familias pueden dirigirse a las oficinas del recinto o contactar a través de los teléfonos 955 473 275 y 955 473 276.

Por su parte, el delegado de Cementerio, José Lugo, ha señalado que “reabrimos tras haber eliminado los riesgos inmediatos y con las zonas balizadas. Seguimos trabajando para completar los apeos programados y reparar los daños con todas las garantías”.

Del mismo modo, Lugo ha recordado que “muchas de las caídas de ejemplares no responden a un único factor puntual, sino a la suma de causas acumuladas durante décadas –compactación del suelo, saturación hídrica, cortes de raíces por obras antiguas o sobreenterramiento– y el temporal ha actuado como desencadenante de debilidades estructurales preexistentes”.

La Delegación del Gobierno en Extremadura tiene en servicio desde este lunes dos oficinas comarcales, ubicadas en Coria y en Jerez de los Caballeros, para facilitar la información y tramitación de las ayudas del Gobierno de España para los afectados por los efectos del temporal en semanas pasadas.

Las oficinas tienen como objetivo acercar la gestión y agilizar los trámites para canalizar las ayudas a la recuperación y las necesidades públicas y de particulares, así como de empresas, agricultores y ganaderos, tras las sucesivas borrascas que impactaron con fuerza en diversas zonas de la región.

Estos puntos servirán como centros de atención al ciudadano, donde se ofrecerá información detallada sobre los requisitos, la documentación necesaria y los procedimientos relacionados con las distintas líneas de apoyo económico activadas por el Gobierno de España.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha subrayado la importancia de estas dos oficinas para acercar los servicios a quienes más lo necesitan, potencialmente reduciendo desplazamientos y facilitando el acceso a las prestaciones.

Asimismo, Quintana ha informado que las ayudas que se tramitarán incluyen compensaciones por daños materiales, apoyos directos a familias y mecanismos de apoyo a autónomos y empresas con pérdidas acreditadas por el temporal.

La oficina comarcal de Coria (Cáceres) se instalará en las dependencias del Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Cáceres en la localidad, ubicado en calle San Francisco, 7. Se ubica estratégicamente para atender a los municipios del norte de la provincia afectados por el temporal, según informa la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

Por su parte, el servicio en Jerez de los Caballeros (Badajoz) está enfocado en ofrecer atención a la población del sur de la provincia pacense y su entorno. Esta oficina se instalará en la sede del CID Sierra Suroeste de la Diputación de Badajoz, en la calle Jara s/n del municipio jerezano.

Inicialmente será personal técnico de las Subdelegaciones del Gobierno en Badajoz y Cáceres los que se encarguen de la gestión de los expedientes que se presenten. El horario de las oficinas será de lunes a viernes, de 9:00 horas a 14:00 horas.

Quintana ha agradecido la colaboración ofrecida por las diputaciones provinciales para que el Gobierno de España pueda agilizar la tramitación del real decreto con medidas por valor de más de 7.000 millones de euros para paliar los efectos del temporal en Andalucía y Extremadura.

Estas oficinas, concluye el comunicado, se suman al conjunto de medidas acordadas por el Gobierno para “dar respuesta rápida y eficaz a los daños causados por fenómenos meteorológicos adversos, con especial atención a las personas que han sufrido daños en sus viviendas, bienes personales o en sus actividades económicas”.

Las acumulaciones de conchas de bivalvos que aparecían en las playas con los movimientos de las mareas ya lo hacían prever, pero ha sido el respiro que están dando los temporales en los últimos días en Galicia el que ha permitido comprobar que las muertes de marisco en las rías gallegas han sido masivas. La causa inmediata es el cambio en el medio provocado por la ingente cantidad de agua dulce llegada a las rías: la bajada de la salinidad mata a estos animales marinos. Pero para la fotografía completa hay que tener en cuenta otros factores que se arrastran en los últimos años. La mortalidad se nota en las zonas de marisqueo de berberecho, almeja o navaja a pie ubicadas alrededor de las desembocaduras de los ríos y también en las bateas, esas plataformas de madera situadas dentro de las rías en las que los productores se están encontrando estos días los mejillones muertos a profundidades de dos metros.

La bióloga Liliana Solís, que se ocupa de la asistencia técnica para la Confraría de Noia (A Coruña), señala que “todo el mundo sabe lo que está pasando” y es que ha llegado una gran cantidad de agua dulce a los bancos marisqueros. La salinidad se ha acercado a cero durante semanas e incluso las especies que resisten mejor han sucumbido. Los primeros muestreos que ha hecho con la mejora del tiempo de los últimos días muestran una mortalidad del 89% en el berberecho, del 66% en la almeja japónica, del 96% en la almeja babosa -“dos vivas entre unas cincuenta”- y del 31% en la almeja fina en los bancos en los que ella trabaja, en la ría de Muros e Noia.

Ricardo Herbón, presidente de la Organización de Productores do Mexillón de Galicia (Opmega), cuenta que los bateeiros empezaron a salir con los barcos cuando el tiempo lo permitió para comprobar que, bajo las estructuras de madera, habían muerto buena parte de los mejillones. Están todavía en el proceso de calcular cuántas son las pérdidas económicas en una campaña en la que ya habían tenido que afrontar un cierre por la presencia de toxina. Pese a todo, si no hubiese sido por esta cantidad de agua dulce que alcanzó el interior de las rías, asegura que esperaban una temporada buena para los trabajadores que viven de las alrededor de 2.000 bateas que hay en la ría de Arousa.

El hallazgo de marisco muerto se repite en otros puntos y quienes trabajan directamente en los bancos marisqueros o en las bateas señalan que esta va a ser una campaña pésima -la Consellería do Mar teme que sea peor que la de 2023, cuando se registró un gran bajón productivo-, pero el problema se ve acrecentado por lo que ocurre desde hace años en las rías gallegas. La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) habla de una crisis no resuelta en la que impactan la contaminación, la presión de proyectos industriales y la falta de alimento, que asocia a que se reducen los afloramientos -un fenómeno que implica que, con los vientos del nordés (noreste), el agua superficial de las rías se ve desplazada hacia fuera y aflora la que está debajo, más fría y cargada de nutrientes-. En Arousa, una de las principales zonas de cría en todo el mundo, la PDRA calcula que las pérdidas económicas alcanzan los 59 millones de euros en los últimos cinco años.

Liliana Solís expone que se está dando una situación “bastante anómala” que ha visto ya más de una vez en los últimos años: hay marisco, pero buena parte no crece, se queda por debajo de la talla comercial. Relata que en agosto del año pasado vieron en los muestreos que había mucha cría, pero que no había crecido con respecto a mayo. Pasó ya en 2023 y lo relaciona con la falta de fitoplancton, su alimento. La bióloga considera que sería necesario investigar más en profundidad los motivos, que relaciona con los afloramientos, pero sobre los que señala que pueden estar operando mecanismos más complejos.

Explica que, en agosto de 2025, desde un enfoque productivo y económico, el estado se podía considerar bueno por la cantidad de ejemplares, pero no por el tamaño. Después de la campaña de Navidad, cuenta, la previsión era retomar la actividad extractiva el 2 de marzo. Lo que se ha hecho, en cambio, es pedir un cierre por causa mayor ante la evidencia de que la mayor parte de los bivalvos han muerto por el agua dulce que han traído los sucesivos temporales de enero y febrero.

Un sector en crisis en los últimos años

La experta resalta que en el estero del Tambre, en el que trabaja, los bancos son especialmente sensibles a los cambios en el agua que trae el río. La perspectiva ahora es que la Xunta apruebe alguna prestación social para paliar la falta de ingresos de quienes viven de mariscar. Por los tiempos que necesitan los diferentes tipos de almejas y los berberechos, dice que en los últimos años algunas poblaciones no son capaces de remontar de un episodio negativo a otro. Es el caso de la almeja babosa, muy valorada, pero que está en regresión en toda Galicia. Esta y la fina están “en estado crítico” en la ría de Muros e Noia, enfatiza. Desde 2023 está habiendo una producción “muy por debajo” de ningún otro periodo en los 20 años que esta bióloga lleva analizando la zona.

En la desembocadura del Tambre están habituados a los efectos de la llegada de agua dulce en grandes cantidades: a los temporales se suma una presa río arriba, gestionada por Naturgy, sobre la que las quejas de los mariscadores son recurrentes. Denuncian que las compuertas se abren sin tener en cuenta el impacto ni en las mariscadoras ni en los bancos productores río abajo. Solís critica que el embalse no tiene declaración de impacto ambiental, un trámite que ya habría obligado a considerar lo que pasa en la desembocadura cuando se dejan salir grandes cantidades de agua.

La PDRA, que presentó hace unas semanas sus cálculos de las pérdidas económicas en el marisqueo en la ría de Arousa, apunta a la inacción de la Xunta, pese a que los problemas son conocidos. Ilustra la crisis del sector con los datos del desplome de la producción registrados por la propia Consellería do Mar. Compara la producción del bienio 2024-2025 con la media de los cuatro lustros anteriores, desde 2004, para indicar que la almeja babosa cayó un 91%; la fina, un 93%; la rubia, un 68%; y la japónica -la más abundante-, un 27%. En el berberecho el descenso es del 92%.

La plataforma considera que el Gobierno gallego no solo no toma medidas para reducir las presiones y la contaminación de las aguas, sino que apuesta por iniciativas que van en sentido opuesto: verter los lodos del dragado del Lérez en el entorno de Sálvora, la reactivación de la mina de Touro - O Pino o el proyecto de macrocelulosa de Altri en Palas de Rei, cuyo archivo se acaba de anunciar. “Es urgente un plan de regeneración de los bancos marisqueros y un plan de saneamiento integral de la ría y de los ríos, ambos con una fuerte dotación económica”, reclama. De lo contrario, avisa, el Gobierno gallego estará “facilitando las condiciones para que no sea viable el marisqueo”.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se ha limitado en los últimos días a manifestar que es necesario tener los datos de los muestreos para conocer cuánto marisco ha muerto en los bancos y decidir qué medidas tomar. En cuanto al impacto de los desembalses, en una comparecencia reciente señaló que se rigen por un plan de explotación que no depende del departamento que ella dirige.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que “este jueves” abrirá en Grazalema la primera de las 14 oficinas comarcales que se van a instalar por toda la geografía andaluza para informar sobre el acceso a las ayudas económicas que se han dispuesto para hacer frente a los daños derivados del temporal.

En una visita al pueblo de Grazalema (Cádiz), uno de los más afectado por el tren de borrascas de las últimas semanas, Montero ha indicado que “las primeras” ayudas en llegar van a ser las relacionadas con la compensación de seguros agrarios. Esta partida contempla una cuantía de unos 600 millones de euros que “vamos ya a pagar a partir de la primera semana de marzo” para que, “de forma paulatina”, se vayan repartiendo el conjunto de ayudas entre las personas beneficiarias.

Asimismo, a lo largo de esa semana, se van a tramitar las ayudas a las personas que fueron desalojadas de su vivienda –que en Grazalema afecta al 100% de la población– a quienes se otorgará una cuantía de 150 euros por día y por persona. Esa cantidad podría ascender a los 6.000 euros “de ayuda directa sin contraprestación” para una familia de cuatro miembros en este pueblo que estuvo 11 días fuera de casa. Una medida que, según ha explicado la también secretaria general del PSOE andaluz, busca “compensar no solo los gastos que le haya producido el desplazamiento, sino también las molestias que se hayan podido producir”.

Ayudas directas para autónomos a partir del 19 de marzo

Montero ha clarificado que, en conjunto, el Gobierno de España va a destinar 2.100 millones en ayudas directas para los municipios gravemente afectados por las borrascas, a los que les seguirán otras para enseres, mobiliarios, viviendas, en donde “hemos multiplicado por cuatro el coste habitual que el Gobierno dispone a este tipo de ayudas”, ha asegurado la ministra de Hacienda antes de reunirse con los alcaldes de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, en Grazalema.

Esto significa, ha señalado, que “para daños en una vivienda, si son daños muy importantes, se podrá cobrar hasta 60.000 euros de ayuda frente a la cuarta parte que se viene cobrando en el decreto general”, señalando la importancia de contribuir a la recuperación económica de Grazalema, pero también de Benaoján (Málaga) y Dúdar (Granada).

En estos municipios, ha explicado la ministra, “el conjunto del sector económico, desde negocios de autónomos, empresas y cualquier actividad que se desarrolle y que esté con sede fiscal en estos lugares, va a tener una compensación directa de ayuda a los autónomos que va a comenzar el próximo 19 de marzo”, con una cuantía de en torno a 5.000 euros para autónomos y de “hasta 120.000 euros” para las empresas en función de su volumen de facturación.

“Vamos a agilizar todo lo que podamos esas ayudas”, ha dicho Montero, pensando sobre todo en “los pequeños comerciantes que han tenido que cerrar sus negocios en estos días, que están preocupados por cómo puede venir la época de Semana Santa y la del verano”. “Vamos a intentar contribuir desde el Gobierno de España para que puedan poner a punto todas sus instalaciones a la mayor brevedad y que todo esté previsto también para que pueda abrir sus puertas sin muchas más complicaciones durante ese periodo”, ha aseverado la vicepresidenta.

El Servicio de Ceranías de la Comunidad de Madrid ha informado de que el servicio de trenes Civis Guadalajara-Madrid-Chamartín, que tiene parada también en Azuqueca de Henares, está suspendido por daños producidos por el viento en la cubierta del taller de Fuencarral, en la capital madrileña.

Según informa la compañía en redes sociales, se informará del restablecimiento del servicio cuando sea posible.

Además, Cercanías también ha detallado la modificación de los horarios de las líneas C-2, C-7 y C-8, también como consecuencia del temporal de fuertes vientos de la pasada semana.

Las frecuencias de paso de los trenes se mantienen, salvo en momentos puntuales en los que podrían producirse ajustes.

La Diputación de Badajoz incrementará el Plan de Emergencias hasta alcanzar una dotación total 3,5 millones de euros. Esto supone una ampliación de tres millones respecto a la cuantía presupuestada inicialmente y el objetivo no es otro que el de reforzar la capacidad de respuesta ante los daños ocasionados por las borrascas registradas en la provincia en lo que va de año y garantizar actuaciones urgentes hasta final de 2026. 

La presidenta provincial, Raquel del Puerto, ha detallado el conjunto de medidas extraordinarias que la institución pondrá en marcha para ayudar a los municipios afectados por los temporales, tras mantener contacto permanente con alcaldes y alcaldesas y realizar visitas a 16 municipios y pedanías especialmente dañados por las lluvias y el viento. 

El refuerzo económico del Plan de Emergencias permitirá a los ayuntamientos financiar actuaciones urgentes destinadas a reparar infraestructuras dañadas, mediante ayudas directas compatibles con las que pueda conceder el Estado. La incorporación de estos nuevos fondos será posible gracias a un expediente de modificación presupuestaria con cargo al remanente de tesorería, que se prevé aprobar en el pleno de este mes de febrero.

Mayor capacidad económica

“Dada la necesidad de atender todas estas demandas y que aún quedan diez meses para cerrar el año, consideramos que la dotación económica del Plan de Emergencias presupuestada para este año debe incrementarse con tres millones más de lo inicialmente previsto, que eran 500.000 euros. El fin no es otro que tener mayor capacidad para atender la recuperación de infraestructuras afectadas y garantizar una respuesta ágil ante nuevas contingencias que pueden producirse hasta final de año”, ha señalado Del Puerto.

La presidenta ha subrayado que desde el primer momento la Diputación ha trabajado con el objetivo de ofrecer una respuesta rápida, directa y cercana, poniendo todos los recursos provinciales al servicio de los ayuntamientos para reparar los daños y recuperar la normalidad en el menor tiempo posible. 

En este sentido, distintos servicios provinciales han permanecido activados durante las últimas semanas, entre ellos el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI), las brigadas de conservación de carreteras, el Área de Infraestructuras, el Organismo Autónomo Restaura y la Oficina de Atención a Alcaldes y Alcaldesas, coordinando actuaciones sobre el terreno y atendiendo las necesidades trasladadas por los municipios.

384 salidas de los bomberos

Precisamente, desde el 26 de enero al 19 de febrero, período en que más borrascas se han concentrado, el Consorcio de Bomberos de la Diputación (CPEI) ha realizado 384 salidas.

La mayoría de las salidas se han producido por asistencia técnica, 279, pero también ha habido otro tipo de salidas, como 16 rescates a personas, 8 rescates a animales, 8 por emergencias climatológicas o 13 por accidentes de tráfico.

Un número bastante mayor si se compara con el de años anteriores durante el mismo período. Por ejemplo, estas 384 salidas es una cifra cuatro veces superior a la del 2025, cuando se realizaron 115. Todas relacionadas con las borrascas. 

Por su parte, en este tiempo se han registrado 213 incidencias en la red provincial de carreteras relacionadas con el temporal, de las cuales 86 fueron comunicadas a través del 112 y 127 detectadas directamente por los equipos técnicos provinciales. 

La mayoría de las actuaciones han estado vinculadas a la retirada de árboles, ramas y objetos caídos en la calzada, limpieza de arrastres, reposición de señalización, problemas de drenaje y anegamientos, desprendimientos de taludes y daños en el firme. La mayor parte de estas incidencias se resolvieron de forma inmediata gracias al trabajo ininterrumpido de las brigadas provinciales, aunque se mantienen labores preventivas para anticiparse a nuevas afecciones y garantizar la seguridad vial. 

Actualmente permanecen cortadas tres carreteras provinciales debido a inundaciones y daños derivados del temporal: la BA-142 entre Valdetorres y la EX105, la BA-162 entre Zurbarán y Entrerríos por Valdivia y la BA-049 entre Castilblanco y Alía. 

73 expedientes de ruina

Paralelamente, la Diputación continúa prestando apoyo técnico y jurídico a través del organismo autónomo Restaura para la tramitación de expedientes relacionados con viviendas en mal estado agravadas por el temporal. Hasta la fecha se han realizado 73 expedientes vinculados a situaciones de ruina inminente o legal en viviendas de 32 municipios, tras inspecciones técnicas realizadas in situ, de las que ya se han derivado 16 informes con los correspondientes decretos municipales para declarar estas situaciones y permitir actuaciones de emergencia cuando exista riesgo para personas o bienes. 

La institución mantiene además activa la cesión de maquinaria y personal especializado para colaborar con los ayuntamientos en obras y servicios de carácter urgente dentro de sus competencias municipales, reforzando así la capacidad de intervención inmediata. 

La presidenta ha señalado que la sucesión de diez borrascas en apenas mes y medio evidencia un escenario climático cada vez más exigente, vinculado al cambio climático, que obliga a las administraciones a reforzar la prevención y la planificación. 

En este contexto, la Diputación avanza en la elaboración del Plan ADAPTA Clima, actualmente ejecutado en un 90%, basado en un análisis de vulnerabilidad y riesgos climáticos que permitirá diseñar medidas para anticipar y mitigar futuras. 

La presidenta ha concluido destacando que la Diputación de Badajoz ha trabajado desde el primer día para acompañar a los municipios y a la ciudadanía tras los temporales, poniendo a su disposición herramientas como el Plan de Emergencias reforzado, el apoyo técnico de Restaura, las brigadas de carreteras, los servicios de maquinaria y la atención directa a alcaldes y alcaldesas, con el objetivo de ofrecer una respuesta eficaz, útil y cercana ante una situación extraordinaria que ha afectado a numerosos puntos de la provincia.

La Catedral de Sevilla ha comenzado este sábado las tareas para la retirada de las tres azucenas que coronan la Giralda tras la caída de una de ellas –la cuarta– el pasado 5 de febrero como consecuencia de uno de los últimos temporales que han azotado a Andalucía durante más de un mes. Esta misma mañana, las grúas se han instlado para proceder al desmontaje, después de que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta autorizara la intervención de emergencia esta misma semana.

Los grupos escultóricos se instalarán de forma provisional en el patio de los Naranjos de la Catedral en unos útiles realizados al efecto, tal como ha informado el Cabildo Catedral en su cuenta de la red social X. Posteriormente, se realizará un estudio metalográfico de los materiales que los componen y la evaluación de su estado de conservación, tanto de la eolípida y el vástago, diseñados por Hernán Ruiz y fundidos por Bartolomé Morel, los mismos que ejecutaron el Giraldillo (en 1568), como de los ramos de azucenas, las asas y los cuerpos del cuello superior.

El Cabildo anunció esta decisión de intervención alegando que buscaba con ello “la mayor seguridad posible”. Antes de la retirada, se realizaron labores de emergencia consistentes en el aseguramiento provisional de los tres conjuntos forrados por las eolípilas, las jarras y las azucenas del remate renacentista situados en las esquinas suroeste, noroeste y noreste de la conocida como Terraza de las Azucenas. Cada jarra tiene un peso aproximado de 120 kilos y una medida total de 3,85 metros de alto, ubicadas a unos 69 metros sobre el nivel del suelo.

La caída de la una de las cuatro jarras de la Giralda se produjo a las 6:15 horas del 5 de febrero debido “a las excepcionales condiciones meteorológicas”. El suceso no provocó daños personales y obligó a instalar un perímetro de seguridad en torno a la torre, que el alcalde anunciaba que continuaría por espacio de dos o tres semanas, teniendo en cuenta las labores de desmontaje del resto de elementos.

La azucena desprendida está integrada en el remate renacentista que se encontraba pendiente de la licencia municipal para la restauración aprobada por la Comisión Provincial de Patrimonio, que incluye los cuerpos que sirven de pedestal al Giraldillo: cuerpo de campanas, cuerpo de las azucenas, cuerpo del reloj, cuerpo de las estrellas, cuerpo de las carambolas, penacho y tinaja.

El comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, ha asegurado este jueves que desde la Comisión Europea se va a “hacer todo lo posible para ayudar” a Andalucía a paliar los daños sufridos por el tren de borrascas que ha atravesado la comunidad autónoma entre los meses de enero y febrero, que pueden ascender a “más de 3.000 millones de euros en posibles pérdidas de producción agrícola”, según estimaciones de la Junta de Andalucía.

Así lo han manifestado el comisario europeo y el presidente de la Junta de Andalucía en una atención a medios conjunta tras realizar una visita a las zonas agrícolas de la localidad gaditana de Jerez de la Frontera afectadas por esta serie de temporales en donde no se ha dado tiempo a las preguntas de los medios de comunicación.

Juanma Moreno ha alertado de que como consecuencia de estos temporales se han visto afectadas unas “200.000 hectáreas que suponen prácticamente pérdidas posibles entre el 15 o el 20% de nuestra capacidad de producción” andaluza. “Estamos hablando en torno a más de 3.000 millones de euros en posibles pérdidas de producción que se iba a producir y que no va a poder salir adelante”, ha explicado el presidente de la Junta.

“Más fuertes”

Por su parte, Hansen ha señalado que, “desde la Comisión Europea, vamos a hacer todo lo posible para ayudar”, y está confiado en que “vamos a seguir trabajando muy juntos” a nivel “regional, nacional, pero también europeo”, de forma que es “optimista” con la idea de que “vamos a salir de esta crisis más fuertes”.

El comisario de Agricultura visita Andalucía una semana después de que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, solicitase a la Comisión Europea “movilizar la llamada reserva de crisis agrícola”, que es “uno de los instrumentos” de los que se dispone en situaciones.

Hansen se ha pronunciado sobre esta solicitud, y ha indicado que “no es mucho” lo que contiene dicha reserva, unos “450 millones” de euros “para toda Europa”, por lo que “es poco”, pero en todo caso ha defendido que “con estas crisis podemos ayudar” con ello, y el Estado correspondiente “también puede poner más dinero para después”. Además, ha aludido también al Fondo Europeo de Solidaridad, al que se puede también recurrir para ayudar a reparar infraestructuras dañadas, ha venido a indicar.

Además, Hansen se ha referido al “tema de los seguros para los agricultores”, y al respecto ha explicado que está “trabajando con el Banco Europeo de Inversiones para encontrar un sistema que es más accesible, porque muchas veces los agricultores tienen que pagar precios muy altos, y muchos no lo hacen porque no pueden”. El comisario ha defendido que “el cambio climático es una realidad”, y ha augurado en esa línea que habrá más “eventos extremos” como esta sucesión de temporales.

“Esfuerzo colectivo”

Por su parte, Moreno ha calificado de “dramática” la situación que afrontan los agricultores andaluces, que “van a necesitar ayudas muy especiales, muy singulares por parte de absolutamente todos”, y al hilo ha citado la reserva de crisis agrícola, así como el Fondo de Solidaridad Europeo que la Junta ya ha pedido al Gobierno de España que lo solicite a la Comisión, según ha recordado.

Moreno ha añadido que “desde el ámbito de Andalucía”, por parte de la Junta van a “cumplir” con su parte, y al respecto ha reivindicado el “primer paquete” de medidas que el Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana, que asciende a unos “1.800 millones de euros de ayudas”.

Moreno ha destacado que “algo más de 1.000 millones” de dicho plan, “el 60%” aproximadamente de su cuantía total, “va a ir a la agricultura, porque es el sector más dañado”, con “700 millones de euros directos para indemnizaciones destinadas a explotaciones agrarias afectadas”, y con otras partidas como las de “170 millones para infraestructuras rurales” como caminos y vías pecuarias; “31 millones para el sector de la pesca y la agricultura”, y “136 millones para daños en infraestructuras hídricas” que “tenemos que reponer lo antes posible”.

El presidente ha indicado que desde la Junta tienen “cuantificadas en torno a 33.000 explotaciones” agrarias “con daños” por estos temporales, y ha trasladado su deseo de que, “cuanto antes podamos sumar a estos recursos los del Estado, que me consta que también está trabajando en ello”, así como los de otras administraciones como diputaciones provinciales y ayuntamientos, además de, “por supuesto, la Unión Europea”.

Finalmente, el presidente andaluz ha apelado también al comisario europeo para “intentar simplificar al máximo” las ayudas que puedan venir de la UE, al igual que debe ocurrir con el dinero que aporten otras administraciones, porque “si al final el dinero tarda un año en llegar, o un año y medio, pierde en gran medida la efectividad que pueden tener esos recursos”.

El tren de borrascas de las últimas dos semanas ha dejado incidencias en 30 centros educativos de Castilla-La Mancha. Esta misma semana han comenzado los primeros trabajos de reparación, tal y como ha confirmado el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Amador Pastor.

Este martes ha explicado que, debido al temporal, se tuvo que suspender la actividad lectiva una tarde en Albacete y durante el jueves y el viernes de la pasada semana en diez localidades de Ciudad Real del entorno del río Bullaque, donde se registraron importantes inundaciones tras el proceso de aliviado natural de agua de la presa de Torre de Abraham, saturada por la acumulación de precipitaciones.

En total, la Consejería ha contabilizado más de 30 incidencias de diferente índole, entre las que el titular de la cartera de Educación ha destacado los problemas en la cubierta del CEIP 'Severo Ochoa' de Puertollano, resaltando que se han registrado también otros problemas como goteras o humedades. En aquel lugar el río Ojailén se desbordó.

Con todo, ha manifestado que esta semana han comenzado los trabajos de reparación en la treintena de los centros educativos de la región que han sufrido daños, especialmente en los de la provincia de Ciudad Real donde se han concentrado el 80 por ciento de los mismos.

“Quiero remarcar desde el primer momento, en cuanto el temporal lo permitió, acudieron los servicios de las unidades técnicas a hacer las evaluaciones correspondientes”, ha apuntado Pastor, quien ha destacado el trabajo “diligente” de las delegación de Educación, especialmente en Ciudad Real.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes limitar durante una semana los precios de los servicios hoteleros en doce municipios de Andalucía y dos de Extremadura en los que se ha tenido que desalojar a población debido a la borrasca 'Leonardo', ha informado este martes el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Esta limitación, propuesta por el ministro Pablo Bustinduy, entrará en vigor este miércoles, 18 de febrero, y se extenderá hasta el próximo día 25, como medida preventiva para garantizar que no haya potenciales problemas mientras a algunas familias se les prolonga la estancia fuera de sus casas y conforme va retornando el turismo, todo ello con el objeto de evitar un posible incremento súbito de precios por parte de plataformas intermediarias en las que se comercializan los alojamientos.

Los municipios afectados por esta limitación son los de Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique y Vejer de la Frontera, en Cádiz; los de Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra, en Granada; los de Cazorla y Santisteban del Puerto, en Jaén; los de Benaoján y Ronda, en Málaga, y los de Burguillos del Cerro y Medellín, en Badajoz.

Con esta decisión, el Gobierno utiliza por primera vez el Real Decreto-ley aprobado la semana pasada que permite al Ejecutivo declarar una situación de emergencia para una limitación temporal de precios y garantizar así el acceso equitativo a bienes y servicios.

El Consejo de Ministros ha declarado una situación de emergencia para establecer una limitación de precios en los 14 municipios mencionados, que son aquellos en los que hay más de diez personas desalojadas y en los que éstas representan al menos el 0,1% de la población del municipio, siendo estos los criterios establecidos.

Con la entrada en vigor de este acuerdo, los establecimientos hoteleros y de hospedaje en estos municipios no podrán incrementar su precio respecto al que tenían el mes previo al inicio de la emergencia.

Además, estarán obligados a informar de que existe una limitación de precios y cuáles son los precios de manera “transparente”, habiéndose fijado que, en caso de incumplimiento, los consumidores tienen derecho a reembolso.

En el propio acuerdo aprobado este martes, el Consejo de Ministros ha hecho, además, un reconocimiento explícito a aquellos establecimientos que han colaborado en facilitar realojos con agilidad de la mano de las administraciones.

El Gobierno ha aprobado este martes un paquete de ayudas y exenciones fiscales por los daños producidos por las lluvias e inundaciones de las últimas semanas en Andalucía y Extremadura. En total, el coste de estas medidas supera los 7.000 millones de euros. Desglosados, destaca la ayuda directa a los 12.400 desalojados durante el tren de borrascas: cada uno de ellos podrá solicitar 150 euros por cada día que ha pasado fuera de su hogar. “Si una familia de cuatro miembros ha pasado diez días fuera, recibiría una ayuda de 6.000 euros”, ha cuantificado la ministra de Hacienda María Jesús Montero, encargada de presentar el Decreto-Ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

El objetivo de las ayudas es cubrir los daños en viviendas, comercios y los sectores agrícola y pesquero provocados por el paso del tren de borrascas desde el 27 de enero (singularmente, Leonardo y Marta), y contar con una palanca capaz de activar una rápida reconstrucción, según ha explicado Montero.

Andalucía es la comunidad autónoma más afectada y, por tanto, la que recibirá esta ayuda en mayor medida. De los 12.400 desalojados que ha señalado Montero, en torno a 11.000 lo fueron en Andalucía, entre ellos la mayor parte de los 1.800 vecinos de Grazalema (Cádiz) que volvieron a sus casas este mismo lunes, una vez que los expertos del CSIC confirmaron que el regreso es seguro. Una parte ha dormido en un pabellón deportivo de Ronda desde el pasado 5 de febrero.

También está previsto que este martes el Gobierno andaluz apruebe otro paquete de ayudas de carácter autonómico, al que ha llamado Plan Andalucía Actúa.

Montero ha hecho un “llamamiento” a los demás partidos, y particularmente al PP, para que suscriban el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, una iniciativa del Gobierno para dar respuesta a los impactos cada vez más extremos del cambio climático.

Ayudas a las familias

Las ayudas del Decreto-Ley del Gobierno se articulan en torno a cinco grandes ejes: uno destinado a las ayudas directas a ciudadanos y familias; otro para los ayuntamientos; otro con exenciones fiscales y de cuotas de la Seguridad Social; otro de ayudas a trabajadores y explotaciones agrícolas; y otro de ayudas al comercio. Estas ayudas se añaden a la declaración de zona catastrófica aprobada el pasado martes.

Las ayudas directas a las familias y hogares suponen cuadruplicar el importe de las indemnizaciones establecidas con carácter general en la ley por los daños personales, en viviendas, enseres y establecimientos, según ha detallado Montero. La indemnización por destrucción total de la vivienda pasa de un máximo de 15.120 euros a 60.480; la ayuda por daños que no afecten a la estructura de la vivienda de 5.160 a 20.640; y la compensación por daños en los enseres domésticos aumenta de 2.580 a 10.320.

Las 12.400 personas que han sido desalojadas en las últimas semanas como consecuencia del impacto consecutivo de las borrascas Leonardo y Marta tendrán derecho a cobrar 150 euros por cada día que hayan pasado fuera de su hogar. Esta cuantía será compatible con ayudas a las que esas mismas personas puedan tener derecho como titulares de viviendas que hayan sufrido daños, y no computan como ingresos para percibir el Ingreso Mínimo Vital.

Andalucía llegó a contar 11.089 desalojados simultáneamente en el pico del temporal, el pasado 7 de febrero. La mayoría de los evacuados, en torno a 8.000, lo fueron de municipios de Cádiz (Grazalema, Ubrique, Jerez, San Roque), pero también los hubo en Málaga, Sevilla, Granada, Córdoba y Jaén. 773 siguen aún fuera de sus casas.

Ayudas a los municipios y medidas fiscales

El Decreto-Ley pone también el foco sobre los municipios afectados, que deberán incorporarse a un proceso de valoración de daños en sus infraestructuras en el plazo de un mes para optar a la ayuda directa para repararlas. No será un préstamo, sino una transferencia por el 100% (no el 50%, como recoge la ley general) cuyo destino tendrán que justificar a posteriori. El Gobierno estima que esta medida tendrá un impacto de 2.000 millones de euros.

Además, tanto los municipios como Andalucía y Extremadura podrán usar su superávit de 2025 (cuya cifra final se conocerá a finales de marzo) para paliar los daños, sin que ello les compute en las reglas de gasto que ordinariamente limita las partidas a las que los ayuntamientos pueden destinar sus excedentes. Montero recoge así el guante lanzado por el Gobierno andaluz, que había solicitado expresamente esta medida sin cuantificar qué cuantía supondría. Por último, el Gobierno ofrece también un plan de empleo dotado con 50 millones a estos ayuntamientos.

En el apartado de medidas fiscales, Montero ha anunciado la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y una reducción en el de Actividades Económicas (IAE) por inversiones en inmuebles dañados. Si ya se han pagado se podrá solicitar la devolución. Se reducen también la cotización en módulos agrarios del IRPF y del régimen simplificado del IVA para explotaciones, con un ahorro estimado de unos 350 millones de euros. Y en el ámbito laboral se extiende la prestación de cese de actividad hasta el 31 de mayo, y se ofrecen exenciones a empresas en ERTE y aplazamientos en el pago de cuotas a la Seguridad Social. Las empresas beneficiarias tendrán prohibido despedir.

Para los sectores pesquero y agrarios las ayudas directas previstas son de unos 2.000 millones de euros. Se reducen de 35 a 5 el número de peonadas necesarias para que los eventuales agrarios puedan acceder al subsidio agrario y la renta agraria; se contempla una ayuda del 100% del daño no indemnizado por el seguro agrario; se destinan 600 millones para arreglar caminos rurales, que efectuará TRAGSA; y se contemplan ayudas por valor de 10 millones de euros para armadores de buques de pesca en las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva, amarrados sin poder faenar durante más de una semana.

Por último, para los locales comerciales que hayan registrado pérdidas y daños por las inundaciones se establece una línea de ayudas directas por valor de 120 millones de euros, cuyos beneficiarios pueden ser autónomos y restaurantes, hoteles o comercios minoristas. En Grazalema (Cádiz), Dúdar (Granada) y Benaoján (Málaga) las ayudas beneficiarán a cualquier actividad. También se aprobará una línea de avales ICO de 100 millones de euros para las explotaciones agrarias afectadas.

Si vives en Andalucía, Extremadura, Catalunya o alguna otra comunidad quizá estos días hayas tenido que lidiar con una situación complicada: el temporal ha provocado que el cole de tus hijos haya cerrado algún día, y eso os ha generado un doble problema. A ti, que has tenido que buscar cómo cuidarlo ese día; a él o ella, que ha perdido esas clases, que no volverán.

Cada vez es más habitual que se suspendan clases por alertas meteorológicas, tanto porque los episodios se suceden más como porque nadie quiere pillarse los dedos por un accidente evitable. El problema que tienen las familias, los trabajadores, es que no hay un plan después de eso. Se suspenden las clases, a veces avisando la noche anterior, ¿y luego, qué? Luego nada.

Nos lo confirman varios directores, que dan fe de que las administraciones no tienen protocolos (o, si los tienen, no los ponen en marcha) para salvar la parte académica. En Andalucía, por ejemplo, se envió un mensaje a los centros para avisarles de que cerraban y les pedían que hicieran teledocencia; a los cinco minutos rectificaron y mandaron una actualización del mensaje. La teledocencia había desparecido.

La principal federación de AMPAs de la escuela pública lamenta además que esto ocurre con un calendario escolar que va a mínimos cada año, por lo que no se pueden recuperar las clases al final del curso. Tampoco parece que haya voluntad de hacerlo. A más a más, dice María Sánchez Martín, la presidenta de CEAPA, esto sucede cuando todavía hay una generación de escolares que perdieron hasta medio curso por la pandemia. A nadie parece importarle mucho.

Y luego está el clásico “qué hago con los niños”. Porque la cara b de que la administración decrete el cierre de escuelas es que alguien tiene que cuidarse con los pequeños. Y sí, tras la pandemia se introdujo alguna dispensa en el estatuto del trabajador que teóricamente da amparo a padres y madres para quedarse en casa, pero por un lado el redactado es ambiguo y por otro a veces ni siquiera da para gestionarlo, si por ejemplo te avisan de madrugada de que tu colegio va a estar cerrado al día siguiente.

Recientemente ha habido dos casos que dan la razón a quienes dicen que ese artículo del estatuto no tiene utilidad real y de las contradicciones en que incurre la propia administración: un profesor que hizo caso del mensaje ES-alert que le conminaba a evitar desplazamientos “innecesarios” y se quedó en casa (además, se habían anulado las clases) ha perdido un día de sueldo por no acudir a su puesto de trabajo. No solo ha pasado en la administración: una azafata que tampoco fue a trabajar para cuidar a sus hijas, de 3 y 5 años, ha sido amonestada por Ryanair.

Las administraciones –bien sean las comunidades autónomas, que tienen la competencia, bien el Ministerio porque fije un marco básico– van a tener que atender este vacío. La pérdida de días lectivos no va a ir a menos y el doble problema que genera no van a desaparecer por ignorarlo. Familias y directores se lo están pidiendo.

Esta semana hemos hablado de...

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Catalina apenas puede contener las lágrimas al entrar en su casa. “Yo no me lo termino de creer”, dice. La calle Laguneta del municipio gaditano de Grazalema está como la dejaron hace 11 días, pero el pueblo todavía no ha recobrado la vida. Junto a su marido, Luis, ha estado todo ese tiempo desalojada en Ronda (Málaga), y no se queja de cómo los han tratado, todo lo contrario.

Pero volver a casa era algo muy deseado para ellos y para el resto de los vecinos, que ya este lunes recibieron la luz verde por parte de los técnicos que el pasado 5 de febrero, tras comprobar que la cantidad de agua que dejó la borrasca había penetrado por todos los orificios de la roca kárstica sobre la que se erige Grazalema, ordenaron el desalojo completo del pueblo por riesgo de hidrosismos y corrimientos de tierra.

Los 1.600 vecinos abandonaron, apresurados, sus casas, pensando que el municipio entero podía sucumbir al peso del agua. Que podía desaparecer por completo.

La de este lunes, bajo el sol, ha sido una jornada en la que los grazalemeños han ido volviendo a cuentagotas: unos en coches particulares, otros en taxi y unos cuantos en autobuses. La mayoría ha retornado por la carretera de Gaidovar, ya que el acceso por la A-372 sigue cerrado. A las cuatro de la tarde todavía era una ciudad fantasma. Solo había guardias civiles, policías locales y periodistas. El realojo, tutelado por los agentes, ha empezado poco después de las cuatro de la tarde y ha concluido a las seis.

No se ha producido la marabunta que se podría pensar, a pesar de que más de 1.300 viviendas ya contaban con el visto bueno para ser de nuevo habitadas. “El pueblo huele raro, como a humedad”, decía una vecina que no paraba de saludar caras conocidas en la plaza del Ayuntamiento.

“Por la cabeza nos ha pasado de todo, incluso el apocalipsis. Algunos creían que el pueblo se había hundido y por eso da tanta alegría ver que todo está bien”, comenta Margarita mientras abraza a un familiar al salir del coche.

El regreso ha sido lento. Muchos vecinos no entraban directamente en sus casas, primero se detenían en la puerta, observaban fachadas y ventanas y respiraban antes de girar la llave. Después llegaba el gesto repetido en todo el pueblo: abrir balcones y ventilar once días de silencio, de humedad acumulada y de incertidumbre.

Juan ha pasado este tiempo fuera, en un pequeño piso familiar. “Hemos estado bien dentro de lo que cabe, pero echábamos de menos esto, porque esto es nuestro pueblo”, explica mientras mira su calle como si comprobara que sigue siendo la misma. Durante los días de desalojo la preocupación fue creciendo. “Cuando te dicen que te vayas y pasan once días sin volver, piensas que ha pasado algo raro. Mucha gente imaginó lo peor. Pero ahora lo que ves es alegría. Sonrisas, abrazos… volver a la rutina era lo que queríamos todos”.

La escena se repite en cada esquina. Saludos largos, conversaciones interrumpidas por otro vecino que también quiere preguntar cómo está todo. Nadie habla primero de daños, sino de personas. El alivio precede a cualquier balance.

También regresan los negocios. Francisco sube la persiana del bar El Copeo y la luz entra sobre la barra todavía vacía. “Vuelve el negocio y a ver qué nos encontramos. No sé cuánto hemos perdido en estos días fuera, pero una cantidad alta. Espero que pronto se le quite el miedo a la gente y vuelvan a visitarnos como antes”. Pero incluso este día ya se veían turistas sin el menor atisbo de algo parecido a miedo. Durante los primeros días de la borrasca, con Andalucía en alerta roja, prácticamente todos los accesos por carretera a Grazalema estuvieron cortados.

La memoria del lugar relativiza la sorpresa. Un vecino veterano recuerda historias heredadas: “Ya pasó en el año 63, mi padre lo contaba. Cuando dicen que hay que irse, hay que hacerlo. Vivimos encima de una piedra”. La frase se repite entre los mayores como explicación sencilla de la convivencia con la sierra: el terreno sostiene, pero también obliga a marcharse cuando se satura.

No todos han podido volver. En la calle Corrales Terceros permanecen viviendas precintadas y algunos vecinos solo han regresado para recoger objetos personales. La normalidad, para ellos, tardará más en llegar. En otras casas falta la electricidad durante las primeras horas y técnicos municipales revisan contadores para restablecer el suministro antes de la noche.

Antes del desalojo completo de los vecinos, el agua brotaba masivamente de la tierra -incapaz de absorber tal cantidad- salía de los azulejos del suelo de las casas, manaba de los agujeros de los enchufes, se filtraba por las paredes, y los dueños tenían que agujerear los muros a martillazos para que no se desplomaran del peso...

El propio Ayuntamiento también sufrió daños en su planta baja por las inundaciones y habilitará dependencias alternativas mientras se reparan los espacios afectados. En la fachada cuelgan dos pancartas: “bienvenidos a casa” y “gracias por vuestra ayuda”, un mensaje sencillo que resume once días de acogida fuera del municipio.

Al caer la tarde vuelven los sonidos cotidianos: escobas arrastrando barro seco, puertas que se abren y se cierran, televisores encendiéndose al mismo tiempo. No hay celebración ni euforia, sino algo más contenido. La tranquilidad de comprobar que la vida sigue donde se dejó.

Catalina termina de ordenar el salón y vuelve a mirar su casa. “Está igual”, dice, todavía sorprendida. En Grazalema el acontecimiento extraordinario del día no es la catástrofe ni el regreso, sino recuperar la rutina. Después de once días desalojados, quedarse vuelve a ser lo importante.

La Guardia Civil mantiene un refuerzo de vigilancia en Grazalema tras el regreso de la práctica totalidad de los vecinos a sus domicilios, con un dispositivo especial para la zona en la que no se ha podido realizar la vuelta de los residentes. Este lunes, los agentes acompañaron y atendieron a los vecinos de la localidad. Solo han quedado fuera de Grazalema una docena de familias que por sus circunstancias particulares han decidido permanecer fuera hasta que puedan organizar su traslado.

La Junta de Extremadura ha habilitado un trámite para que agricultores y ganaderos comuniquen los posibles daños derivados de los episodios de lluvias persistentes y vientos de alta intensidad acontecidos a lo largo del año 2026.

El objetivo es recopilar información directa desde el territorio que permita conocer con mayor precisión el alcance de los daños sufridos por el sector agrario extremeño como consecuencia del temporal, tanto en producciones como en infraestructuras y medios de producción, y disponer así de una visión ordenada y homogénea de la situación en las distintas zonas afectadas.

Según informa el Ejecutivo regional, la comunicación se dirigirá a la Dirección General de Agricultura y Ganadería y podrá presentarse en cualquiera de las formas previstas para presentar escritos a las Administraciones Públicas, entre ellas los registros de las Oficinas Comarcales Agrarias y los de los Ayuntamientos.

En el documento de comunicación de daños, que las personas titulares de explotaciones podrán descargar, cumplimentar y presentar en los términos indicados, con el fin de facilitar la recopilación de datos sobre los daños sufridos por sus explotaciones agrícolas y ganaderas.

La colaboración del sector agrario en este proceso es fundamental ya que contar con información precisa, localizada y contrastable resulta esencial para el análisis técnico de la situación y para adoptar medidas ajustadas a la realidad del campo extremeño.