Nunca antes, en los convulsos primeros cuatro meses del Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast en Chile, la llamada batalla cultural había irrumpido con tanta fuerza en la agenda pública. No ha sido prioridad de su Ejecutivo, enfocado casi con obsesión en reflotar la economía; ni tampoco lo fue durante la campaña, en la que lo evitó, a pesar de la insistencia de los periodistas.

Sin embargo, un proyecto para obligar a las mujeres a escuchar el latido del feto antes de abortar, presentado en el Parlamento por diputados del Partido Republicano —la formación fundada por Kast— y del Partido Nacional Libertario, situado aún más a la derecha, ha vuelto a colocar los derechos sexuales y reproductivos en el centro del debate público.

Kast, ultracatólico, padre de nueve hijos y reconocido antiabortista, se verá obligado a posicionarse –ahora como presidente– sobre un frente que prometió no abrir durante su mandato y que ha evitado desde la campaña.

“Llama la atención la poca estrategia del Partido Republicano en un proyecto de esta naturaleza, considerando que el Gobierno evitó avanzar en una agenda 'valórica', entre otras cosas por la polémica que puede abrir un proyecto de este tipo”, dice a elDiario.es Octavio Avendaño, de la Universidad de Chile.

Según el texto, que tiene un único artículo, la mujer podrá rechazar escuchar el latido. Sin embargo, si eso ocurre, “el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo” y dejar constancia por escrito en su ficha clínica.

Una iniciativa “contra la humanidad”

La propuesta ha levantado duras críticas de la oposición, del movimiento feminista, de expertas e incluso de sectores más moderados del oficialismo. El Colegio Médico ha defendido el consentimiento informado sin coerción y “sin revictimizar a las mujeres”. La exministra Antonia Orellana, al frente de la cartera de la Mujer y Equidad de Género en el Gobierno del progresista Gabriel Boric, ha publicado una carta en la que señala que más que en contra del aborto, la iniciativa “está en contra de la más mínima humanidad”.

Chile aprobó en 2017 la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos básicos (inviabilidad fetal, riesgo para la madre y violación), tras años de pulso del movimiento feminista contra los sectores conservadores, que incluso llevaron la ley al Tribunal Constitucional. La Administración de Boric presentó un proyecto para despenalizar el aborto hasta la semana 14, pero su tramitación está estancada en el Congreso y sin posibilidades de prosperar en esta legislatura.

La nueva iniciativa, bautizada como “Escucha tu corazón”, no es inédita. Se basa en una medida del Gobierno húngaro del ex primer ministro Víctor Orbán, uno de los aliados europeos de Kast. En 2023, Vox también imitó ese protocolo para Castilla y León, pero en este caso acabó como una recomendación que las mujeres no están obligadas a seguir.

Según los expertos, es muy difícil que el proyecto prospere en el Congreso porque, además de la oposición, algunos sectores liberales y moderados de la derecha se manifestarán en contra. De avanzar, supondría “un retroceso respecto del proyecto de las tres causales y en los de derechos reproductivos de las mujeres”, apunta Avendaño.

El proyecto ha irrumpido, además, en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo. Cuatro meses después de asumir el poder, Kast atraviesa un periodo de fuerte desgaste de su mandato y con una agenda económica que aún no logra mostrar resultados.

“El gobierno de emergencia, en el olvido”

Las expectativas sobre Kast –que llegó al poder presentándose como el salvador de la peor crisis de Chile– se han desinflado con el paso de los meses. Varias polémicas, torpezas y errores han empañado su debut, que afrontó el primer cambio de gabinete apenas dos meses después de asumir el cargo, el más rápido desde el retorno a la democracia, en 1990.

La mala racha de Kast empezó con el anuncio de una alza histórica de los precios de los combustibles provocada por la guerra en Irán y que golpeó con fuerza al bolsillo de los consumidores. Luego llegó la salida de las exministras Trinidad Steiner, al frente de Seguridad, pero sin un plan concreto para mejorar el orden público; y la portavoz Mara Sedini, que protagonizó varias declaraciones polémicas.

También pincharon las esperanzas en la mejora de la gestión migratoria, otra de las urgencias del llamado “gobierno de emergencia” levantado por Kast. El presidente justificó su incapacidad alegando que la advertencia tan repetida durante la campaña de expulsar a las personas migrantes en situación irregular fue “una metáfora” y que si alguien cree que “en un día se podrán expulsar a 300.000” es que “entendió mal”.

La idea del 'gobierno de emergencia' quedó prácticamente en el olvido

Héctor Ríos — Investigador de la Universidad Central de Chile

“Ni la delincuencia ni la inmigración han sido prioridad en los primeros meses para el Ejecutivo, por lo tanto, la idea del gobierno de emergencia quedó prácticamente en el olvido”, opina en declaraciones a elDiario.es el académico de la Universidad Central de Chile Héctor Ríos. Para él, el principal desafío del actual Ejecutivo pasa por “resolver los coletazos financieros” que han dejado “las decisiones del primer mes de su gestión”.

La popularidad del ultraderechista ha ido cada vez más a la baja hasta el punto de atravesar su peor momento en las últimas semanas, cuando los indicadores de creación de empleo y crecimiento económico han apuntado a los pronósticos más desalentadores, por debajo del 2% para 2026. La última encuesta Criteria sitúa su aprobación en el 32%, la cifra más baja desde el inicio de su administración.

De vuelta la “neoliberalismo a ultranza”

Kast arrancó su mandato con la ambiciosa propuesta de una megarreforma económica y tributaria para reducir el impuesto a las empresas (del 27% al 23 %), garantizar la invariabilidad tributaria a las grandes inversiones y flexibilizar los permisos para acelerar inversiones, entre otros.

Para el Ejecutivo, su aprobación, que se enfrenta a los últimos trámites en el Congreso, es clave para reactivar la economía, elevar el crecimiento y reducir la tasa de desempleo. Pero la oposición, que no ha logrado actuar unida contra la propuesta, critica que la futura ley solo beneficiará a los ricos y ya ha avanzado que la elevará al Tribunal Constitucional.

Además de esa medida, el presidente ha promovido una reducción “abrupta” de la inversión y el gasto social y “una agenda de austeridad”, señala Ríos, que quedó de manifiesto con la rebaja del 3% de los presupuestos de todos los ministerios.

“El destino de Kast estará determinado por el desempeño de la economía”, dice a elDiario.es el investigador Benjamin Gedan, del Wilson Center, en EEUU.

En este escenario, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, un economista ultraliberal y señalado hace años en una causa de colusión de precios en el sector avícola, se ha convertido en el hombre fuerte del Gobierno.

“Hay un sesgo ideológico, un neoliberalismo a ultranza de Quiroz que lo lleva a defender la implementación de políticas de choque que no se conocían desde la época de la dictadura, cuando se implementó el modelo”, dice Avendaño.

Para Ríos, la gestión de Kast apunta a una “nueva versión de la batalla cultural” que apuesta por “retomar el camino del progreso y del orden a través de la defensa del legado de la dictadura y del éxito económico de los 90, cuando el país logró construir consensos bajo una agenda conservadora”.

La politóloga Javiera Arce, de la Universidad de Valparaíso, dice a elDiario.es que “esta ola de autocratización” se cuece en un proceso lento de “deterioro y erosión de la democracia” del que la sociedad “no se da cuenta”. “Es una batalla cultural –cierra– sofocada por los aspectos económicos, pero que tiene un anclaje muy fuerte en el neoliberalismo”, concluye.

La conocida como “ley del concebido” de Isabel Díaz Ayuso, que entra en vigor este sábado y se presenta como una gran norma de apoyo a la vida, la natalidad y las familias, es un buen instrumento de propaganda con bastantes lagunas jurídicas. Quizá la primera y más evidente es la que pone en entredicho el propio discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando quiere dar a entender que su norma protegerá al concebido desde el primer momento de la gestación. No es cierto, si tenemos en cuenta que la propia ley, para cualquier ayuda o beneficio económico (disp. adicional 2ª.d), fija un umbral muy distinto al de la concepción: “En todo caso posterior a la finalización de la semana 14”, es decir, a partir de la semana quince de embarazo. Un cómputo que coincide exactamente con el momento en que deja de ser posible la interrupción voluntaria del embarazo por libre decisión de la mujer conforme a la Ley Orgánica 2/2010. La retórica de Ayuso es “desde la concepción”. Sin embargo, la eficacia económica de su norma comienza cuando termina el plazo de la IVE libre.

La ley, además, no se atreve a decir aquello que pretende sugerir y que en el discurso político se alardea. En ningún momento afirma la norma que el concebido sea una persona, ni que tenga personalidad jurídica, ni que sea sujeto de derechos. No puede hacerlo porque chocaría frontalmente con los artículos 29 y 30 del Código Civil y con una consolidada doctrina constitucional, desde la STC 53/1985 hasta la STC 34/2023. En su lugar, utiliza una fórmula de asimilación (“se le tendrá por nacido”) que no es más que una ficción jurídica que intenta proyectar sobre el plano administrativo y simbólico la equiparación entre concebido e hijo nacido. A estos efectos, resulta sorprendente la forma en que el preámbulo invoca la STC 271/2015 al afirmar que esa sentencia “avala que, al considerar al concebido como ya nacido, se puedan fijar beneficios”. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en aquella resolución nunca reconoció una potestad general para equiparar concebido e hijo nacido. Lo que declaró constitucional fue una medida muy concreta de la Comunidad Valenciana relativa al baremo de admisión escolar, insistiendo expresamente en que no atribuía personalidad jurídica al concebido, no modificaba el Código Civil y no establecía una regla general aplicable a cualquier procedimiento administrativo. Convertir aquella sentencia del TC en el fundamento de una equiparación administrativa de alcance general supone llevar mucho más lejos de la realidad lo que realmente viene a decir la doctrina constitucional.

Quizá por eso la ley deja al descubierto la paradoja de que la supuesta protección del concebido no se traduce en el reconocimiento de derechos para ello, porque constitucionalmente no puede hacerse. Los verdaderos beneficiarios de la norma son terceras personas adultas que podrán acceder a determinados beneficios administrativos mientras que el concebido funciona, en realidad, como un presupuesto ideológico para, supuestamente, apoyar a la natalidad y a la familia a través de políticas muy cuestionables a efectos prácticos, como la ayuda de 500 euros mensuales a madres gestantes que la Comunidad aplica desde 2022, y menciona el preámbulo como ejemplo. Parémonos un momento en esta.

Esta ayuda solo se cobra desde la semana 21 de gestación (es decir, desde el quinto mes, no la concepción), solo hasta los 30 años (cuando la edad media de la maternidad en España supera los 32), solo con cinco años de empadronamiento en la región dentro de los últimos diez (lo que expulsa a las mujeres migrantes de llegada reciente), solo bajo umbrales de renta que, además, castigan a las madres solas y no es un derecho subjetivo está condicionada a que haya crédito presupuestario cada año. ¿En cuántas ayudas se ha traducido esta política a favor de la natalidad en estos cuatro años? En algo más de 30.000, un dato ridículo.

Pero quizá el detalle más inquietante a mi juicio es el artículo 2.5, que obliga a comunicar a la Comunidad de Madrid cuando el concebido “no llegue a nacer”. Una obligación que alcanza necesariamente los supuestos de pérdida gestacional, cualquiera que sea su causa, y obliga a las mujeres a trasladar a la Administración un dato especialmente sensible sobre su salud reproductiva. La ley no establece un régimen específico de garantías, no precisa la finalidad de esa información ni regula su tratamiento posterior. Resulta llamativo que una norma presentada como instrumento de apoyo a las familias introduzca, al mismo tiempo, un deber de comunicación sobre un acontecimiento íntimo cuya protección forma parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y disidencias sexuales. Una inferencia inaceptable y peligrosa que no puede pasar desapercibida, especialmente en un contexto donde los registros de embarazos y pérdidas gestacionales están siendo la antesala de políticas de control sobre la vida sexual y reproductiva de las mujeres. Normalizar esa comunicación obligatoria no es un tecnicismo, es una línea que no debería cruzarse y que debería alertarnos.

Por último, y no debe servir como alivio, conviene señalar que esta ley incorpora mecanismos que aplazan su eficacia y que la “asimilación del concebido al hijo ya nacido” que proclama el artículo 2 no es autoejecutiva y solo será operativa “con el alcance y las condiciones que se regulen en cada procedimiento concreto”. Es más, la medida estrella (la condición de familia asimilada a familia numerosa) no entrará en vigor hasta dentro de seis meses y los beneficios fiscales asociados dependen de un certificado que todavía no puede expedirse.

Lo que entra en vigor en la Comunidad de Madrid con la gran ley ideológica de Ayuso no son nuevos derechos para las familias. Entra en vigor una determinada forma de concebir el embarazo desde los poderes públicos. Aparentemente, el discurso político quiere situar al concebido en el centro de la norma, sin embargo, toda arquitectura jurídica gira, en realidad, sobre el cuerpo de las mujeres, puesto que son las semanas de gestación las que determinan el acceso a las ayudas, los certificados médicos los que acreditan el embarazo y, en caso de aborto o pérdida gestacional debe comunicarse a la Administración esa situación. Esta no es tanto una ley sobre el concebido sino una ley sobre el embarazo y sobre la manera en que los poderes públicos deciden intervenir en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Si Margaret Atwood quisiera escribir otra secuela de El cuento de la criada, le bastaría con darse una vuelta por la Puerta del Sol.

Aquí llevamos años oyendo hablar de libertad. Libertad para elegir colegio o médico privado. Libertad para elegir una caña… si puedes pagarla, claro.

Pero cuando la libertad consiste en que una mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo y su maternidad, la libertad deja de estar de moda.

Núñez Feijóo ya ha anunciado que quiere extender a toda España la ley del concebido no nacido de Díaz Ayuso.

Y con ese anuncio quedó claro que esto no iba solo de Madrid.

Cuando Ayuso presentó la ley dijo que era para apoyar a las familias. Sonaba bien. ¿Quién va a estar en contra de ayudar a las familias?

El problema empieza cuando te la lees.

Las familias son la excusa. El objetivo es otro.

La ley intentó disimularlo. Miguel Ángel Rodríguez no.

“Según termina de fecundar, antes de ducharse, lo que tiene la mujer en su vientre es una persona con derechos.”

Hasta entonces hablaban de familias. Miguel Ángel Rodríguez habló del aborto. Y ahí se quitaron la careta.

Aquel tuit confirmó lo que llevábamos meses denunciando y que no se habían atrevido a escribir en su norma: no era para apoyar a las familias. Era para cuestionar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Pero aquel tuit revelaba algo más: el desprecio hacia las mujeres. Como si, desde la fecundación, dejaran de importar. Como si fueran una incubadora.

En cualquier otro gobierno, unas palabras así habrían supuesto un cese. En el de Ayuso no pasó nada. ¿Por qué iba a pasar? Miguel Ángel Rodríguez no se salió del guion de su jefa. Lo estaba recitando.

Y si esta era una ley para ayudar a las familias, hay una pregunta que sigue sin respuesta.

¿Dónde están?

La prometida Ley de Familias sigue sin aparecer. Debe de estar cogiendo polvo en algún cajón de la Puerta del Sol. Probablemente al lado de la Ley de Igualdad.

Madrid sigue siendo la única comunidad sin una Ley de Igualdad. Y eso tiene consecuencias. Tenemos la mayor brecha salarial entre mujeres y hombres de España. Y somos la región donde más mujeres dejan su empleo para cuidar.

Las madres que crían solas son el rostro de la pobreza en Madrid. En esta ley no existen.

En Madrid hay cerca de 155.000 niños y niñas viviendo en pobreza severa.

Ciento cincuenta y cinco mil. Esa sí debería ser la obsesión de un gobierno que dice defender la vida.

Pero, una vez nacen, dejan de importarles.

Las familias hacen malabares todo el año. Para cuidar. Para llegar a fin de mes. Cuando termina el colegio, todavía más.

Y, casi siempre, somos nosotras.

Les dicen a las mujeres que tengan hijos. Después, que se apañen.

Ayuso usa la maternidad para su batalla ideológica.

Frente a esto, el Gobierno de España aprueba medidas que cambian la vida de las mujeres y de las familias: permisos de maternidad y paternidad, la subida del salario mínimo, que beneficia especialmente a las mujeres, y escuelas infantiles públicas.

Con esa misma idea el PSOE hemos presentado en Madrid una Ley de Corresponsabilidad y Cuidados: que ninguna madre tenga que elegir entre cuidar a su hijo o conservar su empleo. Y que el futuro de un niño o una niña no dependa del bolsillo de su familia.

Feijóo ha dicho que quiere llevar el modelo de Ayuso a toda España.

Ya les hemos visto la patita: las familias son la excusa. El objetivo es otro.

Por eso, recurriremos esta ley retrógrada donde haga falta para pararla.

Pero la decisión más importante la tomarán las mujeres con su voto.

Ellas decidirán qué Madrid quieren. Y también qué España.

Porque ningún derecho está garantizado para siempre.

Me he levantado con el ánimo conciliador y, como sé que nuestro moderadísimo Juanma Moreno lo estará pasando fatal por el pacto de gobierno con Vox, le traigo una propuesta para aliviarle el verano. Es cierto que a este preclaro centrista le cabe el honor de haber alcanzado el primer acuerdo con Vox en España, allá en el lejano 2019. Sin embargo, en esta ocasión al pobre no le ha quedado más remedio que tragarse la ocurrencia de la prioridad nacional y meter a la extrema derecha en el gobierno. Eso sí, ha tenido el tino, el muy pillo, de entregar a los ultras una Consejería sin importancia alguna, la de Turismo, que en Andalucía no pinta nada. ¿O es que alguien ha visto en los últimos años un turista por aquí? En Málaga ni sabemos lo que es eso.

Por otro lado, ahora su jefe, el gallego con afición a los bulos, ha anunciado que si alguna vez toca poder, ejem, va a extender a todo el país lo del concebido no nacido, última salida antiabortista llegada desde Madrid. A nuestro querido Juanma le están saliendo iniciativas por todos lados, y él no lidera ninguna, pero vengo a proponerle una que le haga ganar enteros. En realidad, más que una iniciativa, se trata de la combinación de esas dos medidas tan particulares. Unamos, por tanto, la prioridad nacional con el concebido no nacido. Si alguien sabe cómo cuadrar el círculo, ese eres tú, Juanma, ¿o acaso no acabas de pactar la derogación de la ley andaluza de memoria al tiempo que rendías homenaje a Blas Infante?

En esta ocasión, querido Juanma, se trata de eliminar, en primera instancia, ese incómodo tufillo a racismo de la prioridad nacional que nos has impuesto en Andalucía. Si el racismo se define por la discriminación de personas, ojo ahí, en función de criterios étnicos, actuemos, en lugar de sobre personas… ¡sobre los embriones!, o mejor, sobre las intenciones de gestar. La propuesta es sencilla, pero exige algunas consideraciones previas.

A fin de cuentas, como sabemos, si algo nos caracteriza a los españoles de abolengo es nuestra histórica pureza genética, libre de mezclas ni contactos entre pueblos. Se me ocurre un eslogan: “Andalucía para los andaluces. Libra a tu descendiente de la prioridad nacional”. ¡Que se chupen esa los de Vox y todos los demás!

Igual te crees que estoy promoviendo un “aborto pantone”, ya sabes, solo entre aquellos que se sitúan en lado más oscurito de la paleta de colores. Dios me libre, que sé que tú eres “provida” (aunque sea principalmente vida nacional). Ahora bien, piensa un momento, ¿cuál fue tu punto débil en la campaña electoral? Exacto, la sanidad pública. Pues bien, podemos matar dos pájaros de un tiro, que la caza sí te mola más. ¿Ves por dónde voy? En España los católicos somos legión enfervorecida, como hemos visto con la visita del Papa Progre II. No obstante, admitamos que también llevamos muchos años, en concreto desde 1968, obviando algunas doctrinas que nos pillan un poco a trasmano. Aquel fue el año de la célebre encíclica Humanae vitae, ese jarro de agua fría que Pablo VI arrojó sobre todos los listos que querían seguir la línea aperturista de Juan XXIII. Bajo el explícito subtítulo de “Sobre la regulación de los nacimientos”, la Iglesia rechazaba la contracepción artificial. Ni el Papa Progre I ni ahora el II le han tocado una sola coma, pero vamos, que menos los kikos, aquí la que más o el que menos se pone un DIU o un condón. Y de momento Dios, pese a Pablo VI, lo ve con buenos ojos. ¿Lo pillas ya o tengo que ser más explícito? Bueno, te lo pongo negro sobre blanco en el siguiente párrafo.

Reflotemos algunos servicios de la Sanidad Pública mediante una campaña fuerte, con eficiencia y sin listas de espera. Esta es la campaña que te propongo, y que va a dejar boquiabiertos, ojipláticos, a la de Madrid y al gallego: ligaduras de trompa y vasectomías a cargo de la seguridad social andaluza para todos los que no sean españoles de pura cepa. A fin de cuentas, como sabemos, si algo nos caracteriza a los españoles de abolengo es nuestra histórica pureza genética, libre de mezclas ni contactos entre pueblos. Se me ocurre un eslogan: “Andalucía para los andaluces. Libra a tu descendiente de la prioridad nacional”. ¡Que se chupen esa los de Vox y todos los demás!

De nada, Juanma.

La Comunidad de Madrid va a reconocer administrativamente al embrión como un integrante más de la unidad familiar. La Asamblea regional aprobó la semana pasada la denominada ley del concebido no nacido, la iniciativa estrella impulsada por Isabel Díaz Ayuso. Y Miguel Ángel Rodríguez decidió explicar la norma en X dejando clarísimo todo su matiz ideológico. Según escribió, en cuanto concluye la fecundación —incluso “antes de ducharse”, precisó con rigor bioético—, lo que existe en el vientre de una mujer ya es una persona con derechos. Esa es, añadió, “la revolución frente a la cultura woke e izquierdista”.

Las mujeres somos seres fecundados y duchados, en ese preciso orden y no otro. El mensaje no parece solo una nueva boutade provocadora del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Detrás del tuit asoma una estrategia política que en Estados Unidos ya ha alcanzado cotas mucho más ambiciosas como las de atribuir personalidad jurídica plena al embrión o al feto. Bajo el concepto de fetal personhood, distintos estados han impulsado iniciativas destinadas a reconocer a los óvulos fecundados derechos constitucionales equivalentes a los de cualquier persona.

En 2018, Alabama se convirtió en el primer Estado en consagrar una cláusula sobre la personalidad jurídica del feto en su constitución estatal, con consecuencias muy profundas en cuanto a la vigilancia y control draconiano de las mujeres embarazadas. La norma no implica únicamente prohibir el aborto de facto, también restringe potencialmente determinados métodos anticonceptivos, complica el tratamiento jurídico de los abortos espontáneos, pone bajo sospecha técnicas de reproducción asistida e introduce restricciones sobre la autonomía de las mujeres durante el embarazo.

Y, como ocurre a menudo con las construcciones jurídicas maximalistas, sus efectos pueden extenderse a ámbitos completamente inesperados. En Missouri, donde existe una legislación especialmente amplia sobre la personalidad jurídica del feto, condenados por delitos de abuso sexual infantil llegaron a sostener ante los tribunales que la edad de sus víctimas debía calcularse desde la concepción y no desde el nacimiento. Si ese argumento hubiera prosperado, las víctimas serían jurídicamente nueve meses mayores y algunos acusados podrían haber obtenido ventajas procesales. Los jueces rechazaron esa interpretación, pero la simple posibilidad dejó al descubierto cómo una formulación de este tipo puede acabar siendo utilizada con fines que no estaban en la mente del legislador.

No hay nada del fetal personhood en la ley madrileña. La norma aquí se limita a anticipar el acceso a determinadas ayudas públicas desde que el embarazo pueda acreditarse, pero cuando Miguel Ángel Rodríguez decide envolver la medida en el lenguaje de la guerra cultural y convertirla en una declaración sobre cuándo empieza la vida o cuándo existe una persona con derechos, resulta inevitable pensar que su objetivo va más allá.

Una vez reguladas las ayudas post-fecundación, algún día convendría que legislaran sobre conciliación, climatización de las aulas, plazas en escuelas infantiles públicas o la carencia de 44 pediatras en la Comunidad de Madrid, según los cálculos de los propios sindicatos sanitarios. Llamadme peligrosa woke, pero tal vez los niños y las mujeres importen más que un cigoto unicelular, aunque esté recién duchado.

Ayudar a las familias que decidan tener un hijo y “proteger la vida”. Con estos objetivos ha aprobado el Partido Popular de Madrid este jueves su ley del concebido no nacido, que reconoce al embrión como un miembro más de la unidad familiar. La norma, que ha salido adelante en la Asamblea con el apoyo de Vox, permitirá acceder a ayudas y beneficios fiscales desde el momento “en que se acredite el embarazo”, mientras el gobierno de Ayuso saca pecho porque “situará a Madrid” a la cabeza de España “en esta materia”.

La ley, que ya fue anunciada en 2019 por la presidenta popular, se enmarca en la estrategia desplegada en la Comunidad para fomentar la natalidad y ha sido aprobada en un pleno extraordinario, después de que se suspendiera su tramitación el pasado 17 de junio debido a un defecto de forma.

Según ha explicado el Gobierno madrileño, las mujeres deberán acreditar el embarazo mediante un informe médico y, en la práctica, podrán tener “los mismos beneficios y derechos en la concesión de subvenciones que utilizan como criterio la renta de la unidad familiar” aunque aún no se haya producido el parto. Entre ellas, becas para las escuelas infantiles privadas, comedor, abono transporte o alquiler joven. También se podrá acceder al título de familia numerosa y a las ayudas fiscales de forma temprana, en estos casos desde la semana 14.

Más allá del literal de la ley, Ayuso ha dejado claro al menos uno de los motivos que mueve a su gobierno a lanzar la medida: “Cada vida importa desde el primer suspiro y por eso estamos legislando para el no nacido”, aseguró hace unas semanas en el pleno. La intención entronca con la estrategia que el movimiento antiabortista lleva algunos años ensayando a nivel global, especialmente en Estados Unidos, donde varios estados han dado luz verde a medidas encaminadas a reconocer la llamada fetal personhood (la personalidad jurídica del feto).

El objetivo de estas iniciativas es otorgar una especie de estatus jurídico al embrión desde el momento de la concepción, lo que lleva tiempo siendo analizado como una amenaza al derecho al aborto y la anticoncepción. “Si un embrión o un feto es una persona, el aborto podría considerarse legalmente un asesinato”, avanza Johanna Hussain, de la Universidad de Cornell (Nueva York), que apunta a que la personalidad jurídica del feto es “una teoría legal” del movimiento antiaborto que “antes era marginal” y que ha ido ganando terreno a partir de que el Tribunal Supremo tumbara la sentencia que garantizaba el aborto en el país.

Hussain ha estudiado el alcance de esta nueva ola en este artículo, publicado en la Revista de Derecho y Políticas Públicas de Cornell, y detalla las medidas impulsadas o aprobadas en estados como Alabama, Iowa, Kentucky o Florida. Georgia, por ejemplo, ha determinado que se puede incluir a un feto como “dependiente” en la declaración de impuestos. Según la investigadora, la personalidad jurídica del feto ha comenzado a tener ecos a nivel federal en este segundo mandato de Donald Trump y fue uno de los objetivos del Proyecto 2025, la iniciativa de la Fundación Heritage que sirve de base ideológica para la ultraderecha estadodunidense.

La estrategia, sin embargo, no pasa ya por reconocer al feto de manera explícita o hacerlo en grandes leyes e incluso en la Constitución, algo que sí era un objetivo antiaborto hace unos 15 años. La politóloga Silvia Aldavert, directora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, explica que el modus operandi “ha cambiado” y en esta nueva fase la idea es lograr una “construcción gradual”. “Lo que se intenta es avanzar mediante reconocimientos parciales en diferentes ámbitos como ayudas sociales, fiscalidad o responsabilidad civil. El proceso no es un reconocimiento de la personalidad fetal repentino, si no a través de estos pequeños pasos que parecen limitados pero que van construyendo un nuevo marco jurídico y cultural”, explica la experta.

Aunque la norma de Ayuso “no equivale a la personalidad jurídica fetal ni reconoce al concebido como persona en sentido constitucional o civil” sí lo declara “como un sujeto relevante por sí mismo, aunque solo sea para efectos administrativos”. “La enseñanza más interesante de lo que ha pasado en Estados Unidos es que el verdadero cambio no está en estas medidas concretas, sino en el marco cultural que se empieza a construir”, opina Aldavert.

Lourdes A.Rivera, presidenta de la organización estadounidense Pregnancy Justice, sostiene que, a la larga, “cualquier ley que otorgue derechos propios a fetos y embriones supone un peligro para los derechos fundamentales de las mujeres” y permite “vigilar sus embarazos”. Rivera explica que “todo comienza” con la puesta en marcha de normativas que “pueden parecer beneficiosas o inofensivas” como conceder ventajas fiscales por “hijos no nacidos”, pero, en el fondo, forman parte de “una estrategia para crear un marco que socave” derechos. “La idea de otorgar personalidad jurídica al feto se ha usado para desmantelar el derecho al aborto y justificar intervenciones médicas forzosas”, dice la experta, que cree que “hay formas” mejores de “brindar beneficios y apoyo a las mujeres y las familias” sin este riesgo.

“La letra de la ley”

Para José Antonio Bosch, abogado de la Asociación de Clínicas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), la relación “no es tan sencilla de hacer”. “Con el texto de la ley en la mano, lo que hace es otorgar beneficios a las familias creando una ficción jurídica, que se utiliza también en otros ámbitos. Por ejemplo, para acceder al título de familia numerosa, tener a un niño o niña con discapacidad cuenta como dos con el objetivo de proteger a esa unidad familiar”.

El abogado sí cree que la argumentación que utiliza la Comunidad de Madrid para “vender” la iniciativa, al referirse a la vida desde la concepción, “suena” al enfoque antiaborto habitual, pero rechaza “juzgar intenciones” debido a que “la letra de la ley” no va en esa dirección.

El texto asegura que el reconocimiento del concebido no nacido ya se ejecuta en la Comunidad de Madrid con las ayudas de 500 euros mensuales a mujeres gestantes menores de 30 años, otra de las medidas estrella de Ayuso para fomentar la natalidad. “Es una ley a favor, no va en contra de nadie ni nada, no colisiona con ningún otro texto legal, solo con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda”, ha dicho el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García Martín, durante el pleno.

Eso, mientras la región es una de la que menos interrupciones voluntarias del embarazo practica en centros públicos, que no llegan ni al 1%. “Váyanse a otro lado a abortar”, llegó a decir la presidenta madrileña en plena batalla con el Gobierno central por negarse a crear el registro de objetores de conciencia al que obliga la ley. Después de que el Ministerio de Sanidad acudiera a los tribunales, finalmente la Justicia ordenó a Ayuso ponerlo en marcha.

Aldavert insiste en “el marco ideológico claro” que, a su juicio, “sustenta” la nueva ley impulsada por el PP y aprobada entre las críticas de la oposición. “Desde el punto de vista jurídico no tiene efectos, pero política y discursivamente responde a una lógica muy similar a la de la estrategia que el movimiento antiaborto está llevando a cabo a nivel internacional”, opina. La politóloga afirma que el enfoque ya no pasa solo por intentar prohibir el aborto, algo que se dificulta en sociedades en las que ya está asentado, sino por “diversificar” la hoja de ruta y “transformar el significado jurídico del embarazo”. Un objetivo clave para un movimiento que no trabaja aislado y, cada vez más, comparte estrategias, ideas y argumentarios.

Hola,

Porsha Ngumezi tenía 35 años, era madre de dos hijos y vivía en Texas. En 2023 sufrió un aborto cuando estaba embarazada de 11 semanas. Acudió al hospital con una fuerte hemorragia. Texas había aprobado una de las leyes más restrictivas al aborto hasta el punto de que interrumpir un embarazo es casi imposible. Esa ley contempla penas de hasta 99 años de cárcel para los profesionales de la salud que la incumplan y ayuden a mujeres a abortar. Los doctores que atendieron a Porsha no le dieron el tratamiento más adecuado, porque temieron que administrárselo les implicara problemas legales. La mujer murió. 

El caso fue denunciado por ProPublica, una plataforma periodística que hasta ese momento contaba cinco mujeres muertas en EEUU por no ser bien atendidas cuando sufrían abortos o bien porque se les negó uno desde que en 2022 el Tribunal Supremo eliminara la protección federal a la interrupción voluntaria del embarazo. Hoy algunos cálculos estiman que esa cifra puede ser de 70 mujeres. 

Estos días se cumplen cuatro años de esa decisión judicial que nos demuestra que las derechas y los grupos ultra tienen como uno de sus objetivos los derechos sexuales y reproductivos. Y que sus estrategias puede conseguir lo que pretenden. Los datos muestran que la decisión del Supremo no ha reducido el número de abortos en EEUU, sino que se han distribuido de otra manera: las interrupciones prácticamente han desaparecido en los estados que han introducido prohibiciones, mientras crecen significativamente en los territorios en los que sigue siendo legal totalmente o con algunas limitaciones. La mortalidad infantil ha aumentado y la desigualdad racial en la atención ha crecido.

Lo dice la OMS y también organizaciones internacionales como Amnistía Internacional: las limitaciones y prohibiciones del aborto nunca reducen su número o hacen que desaparezcan, sino que empujan a las mujeres a la clandestinidad o el exilio, a arriesgar su salud y sus vidas. Y aumenta las desigualdades, porque quien puede viaja o paga para abortar, quien no, se apaña como puede.

“Sin duda, el aborto clandestino crecerá. Esta es una crisis de salud pública increíble. Están dividiendo a las mujeres en grupos: quienes pueden viajar a otros estados y quienes no”, me contaba la ginecóloga Cecilia Grande en su consulta de Miami, Florida, hace año y medio para este reportaje.

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Tenía pendiente descubrir a la premio Nobel de Literatura Han Kang y lo he hecho con 'La vegetariana', que me ha parecido un librazo. Llevaba tiempo queriendo recomendarte también la serie documental de Netflix con Newtral 'El depredador de Sevilla', basada en un caso real de un guía turístico español acusado por varias estudiantes extranjeras de agresión sexual. 

Prometo más recomendaciones en los próximos boletines, que se acerca la temporada de vacaciones y todo el mundo tiene más tiempo para esto el ocio y el esparcimiento.

Un abrazo.

Ana

Destinar al relevo generacional los fondos que la Consejería de Agricultura ha venido dedicando hasta ahora a las organizaciones ecologistas y subvencionar asociaciones provida son algunas de las enmiendas que Vox presentará al presupuesto extremeño de 2026, que contarán con el apoyo del PP, según ha adelantado este jueves.

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado siete enmiendas parciales al proyecto de cuentas regionales, un “buen presupuesto” pactado por los dos partidos de gobierno pero en las que mejorará, por esta vía, las áreas donde tiene responsabilidades de Gobierno, la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia y la de Agricultura, Ganadería y Medio Rural.

En el caso de este último departamento, defenderá dos enmiendas con las que se propone aumentar las ayudas a la contratación de los seguros agrarios, especialmente en el sector cerecero, “muy perjudicado con las prontas lluvias del pasado mes”, ha explicado el diputado Álvaro Sánchez Ocaña tras registrarlas este jueves en la Asamblea.

Además, se plantea retirar los fondos que la Consejería ha destinado a las asociaciones ecologistas para dedicarlos a fomentar la incorporación de los jóvenes a la actividad agrícola y ganadera.

“Son los mejores garantes en la protección y conservación de nuestro medioambiente”, por lo que “es innecesario ese gasto a las asociaciones ecologistas”, ha afirmado.

En este punto ha aclarado que si otra consejería subvenciona a este tipo de asociaciones “es su responsabilidad y su decisión”, pero no así de Vox, “que en su consejería lo que hace es priorizar a todos aquellos que nos dan de comer y, sobre todo, a los garantes y mejores guardianes de nuestro campo a cuanto al ecologismo se refiere”.

Respecto a la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, ha apuntado que han registrado cinco enmiendas para, entre otros fines, subvencionar a asociaciones “que fomentan la vida y no lo contrario”, como a su juicio hace la que ha denominado “cultura de la muerte”.

Además, ha indicado, se va a realizar un “gran esfuerzo” para facilitar la incorporación al mercado laboral de los jóvenes acogidos en el sistema de protección de menores de la Junta de Extremadura y para que lo hagan “en igualdad de oportunidades que el resto de jóvenes de nuestra región”.

Son enmiendas, ha subrayado Sánchez Ocaña, que ejecutan el discurso de Vox “que hemos venido aquí para cumplir, a eliminar el gasto superfluo y destinarlo a lo verdaderamente importante, que es nuestro campo, nuestros jóvenes y la natalidad”.

A preguntas de los periodistas sobre si estas enmiendas recibirán el respaldo del PP, ha contestado: “Somos un partido de coalición y somos un partido serio y un gobierno serio, leal, el uno con el otro, y todo lo que se registre, pues, obviamente, se va a aprobar”. “No tenemos ningún problema con el PP. Al contrario, son medidas que van a mejorar un presupuesto que es, de por sí, muy bueno”, ha subrayado el diputado.

En esta línea, respecto a las enmiendas que el PP presente a las cuentas, ha expresado que contarán con el apoyo de Vox “porque entendemos que son enmiendas que vienen a mejorar un presupuesto ya de por sí bueno”. 

Ahora que ya ha bajado la efervescencia en torno a la visita del Papa y sus palabras y sus actos durante los días que pasó en nuestro país, es cuando yo le doy vueltas a ciertas cosas que me parecen de mayor envergadura que las bendiciones, las inauguraciones y los conciertos masivos.

Que el máximo representante de la Iglesia Católica esté en contra del aborto es algo que ya no sorprende ni extraña a nadie a pesar de lo injusto y absurdo del planteamiento y de la idea, pero hay otra cosa que sí me resulta curiosa y muy preocupante: habla el Santo Pontífice del “fin natural de la vida”, de que toda vida es sagrada y debe ser protegida desde la concepción hasta el fin natural de la vida. Y yo aquí me pregunto -¿qué le voy a hacer si a mí las palabras me parecen importantes, cruciales, incluso?- a qué se refiere León XIV con eso de “natural”.

Es fundamental ponernos de acuerdo en el significado de las palabras que empleamos porque, de lo contrario, es imposible que lleguemos a entendernos.

Antes de la existencia de los antibióticos -por poner un ejemplo- morirse de cualquier infección que hoy se cura en unos días era algo perfectamente natural. Si Dios tenía a bien que contrajeras una enfermedad o te enviaba una infección o una sepsis, te morías cumpliendo su voluntad y ¡listos!, de modo “natural”, sin ningún tipo de injerencia humana.

¿Podemos considerar natural una operación a corazón abierto? ¿Un trasplante de órganos? ¿Una cadera de titanio? ¿Cuántos príncipes de la Iglesia, o clero de menor jerarquía o simples fieles católicos llevan un marcapasos? ¿Es “natural” un marcapasos?

Si Dios te ha creado con problemas cardíacos, lo natural es que te mueras cuando tu corazón deja “naturalmente” de latir. Pero no. Ahora te pueden implantar un motorcillo nuevo que hace que tu corazón siga latiendo incluso cuando el deterioro del resto de tu cuerpo está muy avanzado. E incluso si caes en coma, hoy en día se te puede mantener en ese estado crepuscular durante mucho más tiempo del que el propio paciente y su familia consideran llevadero. ¿No habíamos quedado en que hay que apoyar el fin natural de la vida? ¿Dónde está la naturalidad de llenar de tubos a una pobre persona que no volverá a poder llevar una vida consciente?

¿Por qué, ahora, de pronto, son naturales los implantes, las transfusiones, los trasplantes de órganos… y, sin embargo, el suicidio o la eutanasia no se consideran naturales? Retorcemos la lengua como mejor puede servir a nuestros fines y mucha gente ni siquiera se da cuenta de que se está produciendo ese retorcimiento para manipularnos.

También se decía hasta hace muy poco que la anticoncepción no era admisible porque no era natural mientras que un trasplante de hígado -pongamos por caso- sí era aceptable. ¿Qué tiene de natural -dentro de la mentalidad católica- que a una persona le cambien un órgano que Dios le había concedido (sabiendo que llegaría un momento en el que se iba a estropear; Dios es omnisciente y, por tanto, tenía que saberlo), y le pongan el de otra persona? 

Me parece maravilloso que hayamos progresado tanto en terrenos médicos, farmacológicos, biológicos, químicos, etc. Siempre he sido una entusiasta de las vacunas, de los fármacos, de la anestesia, de las técnicas que nos quitan el dolor, que, nos sanan y prolongan nuestra vida, cuando deseamos esa prolongación. Y, al parecer, a la Santa Madre Iglesia tampoco le parece mal que -contrariando la voluntad de Dios- tomemos medicinas creadas en laboratorios, nos operemos de toda clase de enfermedades, firmemos la aprobación a un trasplante y usemos todo tipo de medios “no naturales” para arañar unos años más sobre esta Tierra. Lo que sí les parece mal a los santos varones de la Iglesia es que una persona -en uso y disfrute del libre albedrío otorgado por Dios- decida poner fin a su vida cuando mejor le parezca. 

Lo más sorprendente es la “explicación” que dan: eso de que no es natural. ¿En qué quedamos, entonces? ¿Natural es lo que conviene a los hombres -todos son hombres- que toman las decisiones en la Iglesia? Al menos deberían molestarse en montar una argumentación intelectualmente aceptable y no despachar a la clientela con frases manidas y desprovistas de contenido como eso de lo que es o no es “natural”.

No me siento obligada a respetar la ideas e imposiciones de la jerarquía eclesiástica, pero me parece realmente grave que usen ese vocabulario para estigmatizar (como siempre han hecho) a las personas que usan su libertad para decidir lo que quieren hacer en su vida y con su vida. Me parece terrible que mucha gente sufra por ello y encuentro peligrosísimo que muchas de las leyes de países no confesionales (como es el nuestro) se vean influenciadas por ese tipo de pensamiento.

¿Durante cuánto tiempo hemos vivido aplastados por lo que a la Iglesia Católica le parecía natural o no? ¿Cuánto sufrimiento han causado a lo largo de los siglos la condena del aborto, de la anticoncepción, del divorcio, de la homosexualidad, del suicidio, de la eutanasia… todo lo que a los prelados les parecía “antinatural”?

Poco a poco se han ido consiguiendo ciertos triunfos, pero siempre muy despacio y con la constante amenaza de dar pasos atrás.

La verdad, yo tampoco encuentro natural que haya una institución exclusivamente masculina (salvo para los trabajos menos apreciados, sin voz y sin voto) que se arrogue el derecho a decirnos a todas y a todos lo que es natural y lo que no lo es.

Eso sí, desde que Juan Pablo II matizó las condiciones del Infierno, ya sin fuego, diablos y tormentos, y el papa Francisco lo calificó de “vacío”, ya no poseen el arma que tan bien les ha funcionado durante siglos: la amenaza y el terror. Vamos avanzando en dirección a la libertad individual, pero seguimos teniendo que saltar obstáculos, lo que resulta a veces estimulante, pero la mayor parte de las veces simplemente agotador.

Treinta colectivos sociales de la región han acusado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) de “falta de trasparencia” tras recibir una respuesta que consideran “incompleta e insuficiente” a una reciente solicitud de acceso a información pública sobre la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en la comunidad autónoma.

Las entidades, entra las que se encuentran colectivos feministas, LGTBI, sindicatos y ONG, sostienen que la Administración regional no ofrece datos “fundamentales para conocer la situación real de este derecho sanitario”.

Entre ellos, el número de profesionales objetores de conciencia, las derivaciones realizadas fuera de la comunidad autónoma, los recursos disponibles en la red pública o las medidas concretas previstas para implantar la prestación en hospitales públicos o centros de salud.

“Resulta especialmente grave que, después de años justificando la ausencia de abortos en hospitales públicos por una supuesta objeción generalizada del personal sanitario, el Gobierno regional siga negándose a facilitar siquiera datos agregados sobre el número de objetores”, señala el comunicado.

La plataforma recuerda que ninguna mujer puede acceder actualmente a una interrupción voluntaria del embarazo en ningún centro sanitario público de Castilla-La Mancha, una situación que consideran “incompatible con el espíritu y la letra de la legislación estatal”, que establece la obligación de garantizar esta prestación dentro del sistema sanitario público.

Los colectivos comparan la realidad en Castilla-La Mancha con la situación de otras comunidades autónomas, asegurando que la gran mayoría de interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en centros públicos (en Cantabria, el 88,49%; Galicia, 77,02%; La Rioja, 76,11%; Navarra, 74,82%).

Critican el centro único de referencia propuesto por el Gobierno

Los colectivos consideran que los anuncios realizados hasta la fecha por parte del gobierno regional de incorporar la interrupción voluntaria del embarazo a la red sanitaria pública son claramente insuficientes y carecen de garantías reales de ejecución.

En particular, critican la propuesta inicial de habilitar un único centro de referencia para toda Castilla-La Mancha, una medida que consideran incapaz de resolver los problemas de accesibilidad que sufren las mujeres de una comunidad autónoma extensa y dispersa territorialmente.

A juicio de las entidades, concentrar toda la actividad en un solo hospital “obligaría a muchas mujeres a recorrer largas distancias” y convertiría ese centro en “objetivo permanente de los grupos antielección que ya hostigan a pacientes y profesionales” en algunos de los centros privados donde actualmente se realizan las intervenciones.

Las organizaciones también cuestionan que el Ejecutivo autonómico haya hablado de plazos de “meses o años” sin concretar fechas, recursos ni planificación.

“Con la red hospitalaria existente no existe ninguna razón que justifique concentrar la prestación en un único punto. Lo que debe hacerse es integrarla en las unidades de ginecología de los hospitales públicos, igual que ocurre con cualquier otra prestación sanitaria”, sostienen. A su vez, reclaman la formación y capacitación de los equipos sanitarios para realizar esta actividad asistencial.

La Plataforma en Defensa del Derecho al Aborto en la Sanidad Pública de Castilla-La Mancha subraya además que las recientes declaraciones de profesionales sanitarios del Sescam “contradicen uno de los principales argumentos utilizados por la Administración regional durante años para justificar la ausencia de abortos en hospitales públicos”.

Según recoge el comunicado citando a declaraciones recogidas en medios de comunicación, existen médicos y médicas dispuestos a realizar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública, pero denuncian “obstáculos organizativos y decisiones internas que impiden poner en marcha el servicio”. Los profesionales también han advertido de que la objeción de conciencia “es un derecho individual y no puede convertirse en una objeción colectiva o institucional de servicios completos”.

Para las organizaciones firmantes, estas declaraciones evidencian que el principal problema no es la falta de profesionales, sino la ausencia de voluntad política y de planificación sanitaria para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley.

Exigen datos, calendario y compromisos

Las entidades han solicitado formalmente una reunión con el consejero de Sanidad y reclaman la publicación de un calendario concreto para la implantación de la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales públicos de todas las provincias de Castilla-La Mancha.

Asimismo, exigen que se hagan públicos los datos necesarios para evaluar la situación real de la prestación y que se adopten medidas efectivas para garantizar la protección de pacientes y profesionales frente a los actos de intimidación que continúan produciéndose en los centros donde actualmente se realizan las intervenciones.

“Después de más de quince años de vigencia de la ley y tres de su reforma, Castilla-La Mancha no puede seguir siendo una excepción. Las mujeres tienen derecho a acceder a esta prestación en su sanidad pública, cerca de su lugar de residencia y sin obstáculos añadidos. Lo contrario supone una vulneración de un derecho reconocido legalmente y una discriminación territorial que ya no admite más excusas”, concluyen las organizaciones.

Como suele ser habitual cuando viaja un pontífice, llega en loor de multitudes y por la patilla. Porque, aunque Dios puede proveer (así lo dice el Génesis), cuando se trata de pasar por caja tiene la costumbre de mostrarse esquivo. Será la virtud de no dar ante el vicio de pedir, o que no hay ninguna intención de aplicar lo que dice el concordato en materia de autofinanciación. No entiendo que los católicos no se pongan de acuerdo para quedar un día a rezar y que a la Iglesia le lluevan los millones que hoy le pagamos entre todos. Ni que pensaran que rezar es como bailar alrededor del tótem y que no sirve para nada.

Al Papa León XIV hay que concederle algunos puntos. Alguien a quien Trump considera un enemigo merece, como mínimo, cierto respeto. Son galones. Si, además, logra que Aznar se levante de su asiento y se marche a mitad de su intervención en el Congreso, ya estamos en nivel ovación de gala. En los tiempos en los que vivimos, también se agradece que se haya puesto del lado, sin ambages ni matices, de los inmigrantes, aunque los de la ‘prioridad nacional’, tan píos ellos, no le vayan a hacer ni caso. Solo hay que ver las entrevistas que Elena Reinés (de Woke Up) hizo a Carlos Flores Juberías (Vox) —estuvo muy amable, no la maltrató—y Rafael Hernando (PP), para darse cuenta de que la derecha cristiana, mucho Santo Padre, pero ha entendido lo que ha querido entender

Sus palabras, aquellas en las que pedía el fin de la polarización, fueron tenidas en cuenta durante casi veinte minutos. Algo es algo. En el tema de la pederastia, en cambio, falló estrepitosamente a las víctimas. Ocasión perdida para haber salido por la puerta grande, pero cuando en España hay 7 cardenales y 60 obispos sospechosos de haber encubierto casos, igual no quieres ganarte enemigos. Sobre la discriminación de la mujer, me suena que tampoco no dijo nada. De alguien que recorre el mundo en falda cabía esperar algo más.

En cambio, no despertó el interés que merecía que el pontífice batiera el récord mundial de bautismo de bebés, no menos de 80 en dos días, durante su visita a Madrid. Desde un punto de vista científico, el hecho no es menor. Sería interesante, desde ya, dedicarse a monitorizar la vida de los afortunados y de otros 80 que no hayan gozado de ese privilegio —a modo de grupo de control— para ver qué beneficios aporta una bendición papal. Las conclusiones te las publica Nature sí o sí. Pero creo que no se hará. Para la Iglesia, la ciencia está más cerca de demostrar que al cojo de Calanda le creció la pierna que de negar que haga falta un ser supremo para explicar el origen del Universo. Con las bendiciones pasa que no sirven para nada, son un fin en sí mismo. Pura psicomagia. No hay que darle más vueltas, pues es bien sabido que no se disfruta lo mismo de un kebab si ves cómo han cazado al gato.

Pero hubo más. En el Congreso, el representante de un estado teocrático se permitió pontificar —ventajas de ser pontífice— contra el aborto y la eutanasia. Viniendo de alguien que se hace llamar padre sin tener hijos, creo que en lo relativo a la interrupción del embarazo debería ser más cauto, y más viviendo de una institución que ha sembrado el mundo de sobrinos. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en 2025 se registraron 12,6 interrupciones del embarazo por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años. Mientras, entre el 20 y el 25% de los embarazos deseados acaba en aborto involuntario. Son los que Dios, todopoderoso él, decide que no deben seguir adelante y sin consultar a la afectada. Dejo ahí el dato por si quieren reflexionar.

Mentar la eutanasia también es ganas de tocar las narices. El que tiene un problema no es el que niega que la Biblia sea palabra de Dios, sino el que se la cree. Si alguien disfruta de una muerte lenta, intubado, sin posibilidad de curación y teniendo a toda la familia pendiente (más si hay herencia de por medio), que le aproveche, pero al resto que nos dejen en paz. Durante siglos, la Iglesia llenaba de pájaros las cabezas de los más pequeños con las aventuras, tan enternecedoras como falsas, de creyentes que habían sufrido el peor de los suplicios ante la más horrible de las muertes por no renunciar a su fe en su amigo invisible. Morir por fanatismo, bien; morir por voluntad propia, cuando el coste de la vida supera con creces a los beneficios, mal.

Podríamos estar así durante horas para describir un viaje pastoral que, como todos los anteriores, apenas tendrá más valor que el anecdótico por mucho que la televisión pública no haya parado de dar la turra (al menos, no ha habido latrocinio como cuando vino Benedicto XVI a la Comunitat Valenciana). En realidad, por mucho que se empeñaran algunos en inflar las presuntas muestras de fe, el legado va a ser más bien pírrico. Mucha fe y mucha pasión, pero los de Bad Bunny no les iban a la zaga, y encima habían pagado más de cien euros por ver a un tío que, eso sí es milagroso, algunos dicen que es cantante.

Y luego llegó la realidad, empezó el Mundial y en los medios, el Papa pasó de cabeza de cartel a telonero ante el empuje de un partido del calibre de un México-Sudáfrica. Al final, el santo artificio quedó al descubierto: la visita de un papa tiene menos que ver con su mensaje que con engordar las audiencias.

Una ovación de siete minutos al Papa en el Congreso podría hacernos creer que la Iglesia católica al fin ha reconocido el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y se ha deshecho de la idea del aborto como pecado. Que ha reconocido el matrimonio para las personas LGTBI y ha celebrado a las familias diversas. Que ha mostrado respeto por la posibilidad de que cada cual decida sobre su muerte. Que ha sido contundente contra las agresiones sexuales cometidas por miembros de la Iglesia y ha prometido reparación delante de la cámara que representa la voluntad del pueblo. Sin embargo, nada de eso ha sucedido, sino todo lo contrario: sobre algunas de esas cuestiones ha guardado silencio, sobre otras ha cargado con la misma claridad que siempre ha mostrado la Iglesia.

Era la primera vez que un Papa hablaba en el Congreso. En el mismo lugar en el que las mayorías han apoyado el derecho al aborto, al matrimonio igualitario o a la eutanasia hemos escuchado cómo un líder religioso, en una visita a un estado aconfesional, cargaba contra esos derechos o los omitía. Y cómo le aplaudían durante siete minutos.

Decía León XIV en su discurso que la defensa de la vida humana “no es una cuestión parcial ni un interés confesional”, pero eso es justo lo que ha hecho: un alegato a la vida parcial y sesgado.

“¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial un interés confesional: es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia”, pronunciaba.

Nada que no supiéramos: para la Iglesia, el embrión tiene los mismos derechos que quienes somos seres humanos nacidos y autónomos, aunque eso suponga considerar a quien le gesta un contenedor cuyo cuerpo y proyecto de vida pueden ser sacrificados. Es más, aunque eso implique que quien le lleva dentro deba renunciar a la libertad y la dignidad que el propio Papa ha mencionado varias veces en su discurso.

Los abortos clandestinos y sus complicaciones son una de las principales causas de muerte materna en el mundo. Algunas estimaciones hablan de al menos 22.000 mujeres muertas al año por esta causa, otras las cifran en 47.000. El aborto inseguro ocasiona también graves discapacidades a miles de mujeres, según la Organización Mundial de la Salud, que subraya que la prohibición o limitación de la interrupción voluntaria del embarazo no hace que desaparezca, sino que la empuja a una clandestinidad que amenaza la vida y la salud de las mujeres.

Dice la feminista argentina Rita Segato que es revelador que quienes defienden la vida desde la concepción no estén rezando ni protestando a las puertas de las clínicas privadas de fertilidad que tienen miles de embriones congelados, sino que centren su atención en los centros donde se practican abortos. Es ahí donde hacen su particular reivindicación de la vida, hostigando a profesionales y mujeres. Segato deja claro que no se trata tanto de un interés por 'la vida' como del interés por extender una pedagogía que, en el fondo, no reconoce a las mujeres el derecho a ejercer sus vidas íntegramente.

León XIV ha defendido estos días la acogida a las personas migrantes y refugiadas y ha pedido respuestas solidarias, compartidas e impregnadas de justicia social. En ese sentido, muchos esperaban sus palabras para resaltar las contradicciones de una derecha que impulsa la prioridad nacional y alienta el miedo y el odio hacia quienes vienen de fuera. Pero esa defensa ha sido pronunciada por alguien con un discurso en esencia contradictorio.

Si la defensa de la vida no es una cuestión parcial, ¿por qué la vida de las mujeres puede quedar en un segundo plan?, ¿cómo es posible no dotar del mismo amparo a quienes viven sus vidas en familias diversas? La respuesta es que no se trata de defender la vida, sino de mantener un sistema concreto de creencias. Por eso, más allá del respeto institucional que merece el Papa, sorprende que sus palabras sean recibidas por nada menos que siete minutos de aplausos de quienes deben velar por nuestros derechos.

La V Conferencia de Política Exterior Feminista se ha celebrado esta semana en Madrid con más de 700 personas procedentes de ministerios de asuntos exteriores, organismos internacionales y sociedad civil, y con críticas a su falta de interseccionalidad. Belén Sanz, responsable de ONU Mujeres para Europa y Asia Central, ha sido una de las participantes de un encuentro que ha tenido como ejes la participación política de las mujeres, la sociedad del cuidado, o la financiación de las políticas de igualdad. La declaración final, a la que se han sumado 28 Estados, alertaba sobre el impacto de la desinformación y los discursos antiderechos, e instaba a lograr la paridad y a aumentar los recursos para la igualdad.

¿Qué nivel de coherencia se puede pedir a la política exterior feminista? En la Conferencia han participado países en los que, por ejemplo, el aborto está prohibido o fuertemente limitado o que no reconocen políticas específicas para la violencia de género. ¿Es una manera de presionar a esos países o puede ser considerado pinkwashing?

Es importante recordar que uno de los objetivos de las políticas exteriores feministas o con enfoque de género es que avancen los compromisos internacionales en materia de igualdad. Todos los países que han suscrito acuerdos internacionales en ese sentido, particularmente la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, tienen que rendir cuentas sobre sus avances y en este sentido las conferencias internacionales son una oportunidad. Desde luego que nuestra aspiración es que haya una coherencia interna y externa, que los países que están desarrollando un apoyo al multilateralismo con enfoque de género, a su vez avancen en la implementación de esas políticas a nivel nacional. Este tipo de plataformas ayudan a generar un mayor nivel de cambio en los países y a que haya un intercambio de buenas prácticas.

Enfrentamos una corriente de retrocesos en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres que está generando que uno de cada cuatro países manifieste que hay algún tipo de retroceso en esa materia. A pesar de ello, la mayoría de los estados miembros de las Naciones Unidas sigue impulsando el avance en materia de derechos de las mujeres

Esta Conferencia tiene lugar en un mundo en el que están sucediendo alianzas muy opuestas. Hay una alianza internacional que tiene en el centro de su eje político una crítica al concepto de violencia de género o el cuestionamiento de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué diagnóstico hace del momento en el que estamos?

Desde ONU Mujeres hemos documentado ampliamente el hecho de que enfrentamos una corriente de retrocesos en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres que está generando que uno de cada cuatro países manifieste que hay algún tipo de retroceso en esa materia. Además, existe una disminución en la financiación de organizaciones de la sociedad civil que se encargan de tareas centrales de apoyo y acceso a servicios e incluso de salvar vidas en contextos de conflicto. Y vemos también que hay una corriente de oposición y de cuestionamiento a la esencia misma de los derechos de las mujeres. Nuestro diagnóstico es preocupante y tenemos que ser capaces de hacer frente a estos retrocesos.

A pesar de ello, la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas sigue impulsando el avance en materia de derechos de las mujeres. En la Comisión del Estatus de la Mujer de este año, que es el encuentro internacional más importante en esta materia, se generaron importantes debates. Algunos países trataron de cuestionar el enfoque mismo de la igualdad de género y otros conceptos que están avalados por los acuerdos internacionales. A pesar de ello, la mayoría abrumadora de países adoptó por consenso unas conclusiones que no solo reafirman los derechos de las mujeres, sino que avanzan en temas centrales como los cuidados, o la violencia contra las mujeres. Es decir, el contexto no es favorable en la medida en que hay corrientes muy fuertes opositoras a la agenda de igualdad, pero es importante que sigamos sumando voluntades y que recordemos que la mayoría abrumadora de países están comprometidos con este avance.

¿Está la interrupción voluntaria del embarazo en riesgo? ¿Con qué argumentos se puede o se debe ahora, digamos, contrarrestar esa corriente?

Los derechos sexuales y reproductivos son derechos fundamentales de las mujeres y que debemos proteger en todos los contextos. Son derechos asociados a la salud y a la violencia contra las mujeres y por lo tanto desde Naciones Unidas impulsamos que los países garanticen que las mujeres tengan derecho a elegir sobre su propia vida y sobre su propio cuerpo en condiciones de seguridad tanto jurídica como de acceso a la salud.

Ante cualquier riesgo de retroceso es importante recordar que los países cumplan con los estándares internacionales, y esos estándares indican que las mujeres tienen que tener sus derechos sexuales y reproductivos protegidos. Es importantísimo apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, que son quienes han impulsado y abogado por que los derechos sexuales y reproductivos se mantengan en la agenda. Los derechos de las mujeres no se pueden dividir en trocitos, son derechos interconectados, integrales.

La tendencia que estamos observando es que las organizaciones de la sociedad civil están sufriendo importantes recortes. Hemos hecho un análisis de más de 400 organizaciones a lo largo del mundo: al menos un 30% de las organizaciones de mujeres han tenido que interrumpir sus operaciones o cerrar del todo

Sobre la financiación, ¿ha habido un cambio de tendencia?, ¿se están desfinanciando organizaciones y proyectos con enfoque feminista en todo el mundo?

En financiacion vemos la brecha enorme que existe en el mundo, por ejemplo, entre defensa y gasto militar y desarrollo e igualdad de género. Esa brecha es inasumible. Si invirtiéramos esos recursos en igualdad de género, la aceleración en materia de desarrollo sostenible sería infinita. Es importante que revisemos cuáles son las prioridades de financiación de los países. La tendencia que estamos observando, además, es que las organizaciones de la sociedad civil están sufriendo importantes recortes.

Hemos hecho un análisis de más de 400 organizaciones a lo largo del mundo en distintas regiones y estos informes nos indicaron que al menos un 30% de las organizaciones de mujeres han tenido que interrumpir sus operaciones o cerrar del todo. Los países deben entender que mientras sigamos priorizando la financiación en gasto militar y desdeñando la inversión en desarrollo sostenible y derechos humanos, la verdadera paz que estamos buscando va a estar en riesgo.

En España se ha popularizado un término para descalificar a las organizaciones feministas que reciben dinero: chiringuitos feministas. ¿Puede explicar a qué se dedican muchas de estas organizaciones que ahora están dejando de recibir financiación, cuáles son sus objetivos, su función, sus actividades?

Estamos hablando de organizaciones que, por ejemplo, dan apoyo directo a víctimas de violencia, o a mujeres que han sido afectadas por una guerra, así que tiene que ver con salvar vidas. Pero hay que hablar sobre su tarea de abogacía: en todos los países del mundo donde ha habido avances en derechos, por ejemplo, al voto, a un salario igualitario, a una educación digna, al derecho a la salud... todos estos avances legislativos han tenido detrás un impulso de las asociaciones de mujeres, que se organizan en torno a una agenda estratégica y política para el avance de la igualdad.

Las organizaciones tienen una labor fundamental en acompañar a los gobiernos a nivel nacional y local para garantizar el acceso a servicios básicos por parte de las mujeres, para diseñar políticas públicas e incluso en la provisión de servicios directamente a mujeres. Por eso, desde ONU Mujeres insistimos en que no podemos desfinanciar a las organizaciones porque eso sería desfinanciar la agenda de igualdad y tendría un efecto directo no solo en los derechos de las mujeres, sino en los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En la Conferencia varias ponentes hablaron de la necesidad de ampliar o de cambiar el concepto de seguridad. ¿Es necesario que la seguridad se entienda no solo como un asunto de protección de territorios sino también de protección de las personas y de garantizar vidas dignas y libres de violencia?

Exactamente. Los derechos humanos tienen que centrarse en la seguridad humana. Naciones Unidas ha generado suficiente evidencia sobre el hecho de que la seguridad tiene que tener un enfoque integral, que no se centre solo en la defensa, sino también en la generación de oportunidades para la ciudadanía, para la sociedad en materia de desarrollo y de derechos humanos. Un enfoque de género en la seguridad permite entender que la seguridad implica acceso de las mujeres a la salud, acceso al trabajo, a la educación... y eso redunda en un mayor desarrollo para toda la sociedad. Y en un momento en el que tantas guerras y conflictos están activos en el mundo es más necesario que nunca que repensemos la seguridad con enfoque de género.

Nos preocupa profundamente el hecho de que en el ámbito digital esa violencia está aumentando en coordinación y sofisticación. El último estudio de ONU Mujeres mostró que el 70% de las defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas ha sufrido violencia en línea y el 41% afirma que esa violencia se trasladó al mundo físico mediante acoso, amenazas o agresiones.

¿Es la violencia digital una variante en auge de la violencia de género? ¿Está teniendo la relevancia que merece, estamos tomando en serio el asunto?

La violencia contra las mujeres sigue siendo un problema. A pesar de ello, es importante señalar que cuando existen legislaciones específicas, la violencia disminuye. Nos preocupa profundamente el hecho de que en el ámbito digital esa violencia está aumentando en coordinación y sofisticación. El último estudio de ONU Mujeres mostró que el 70% de las defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas ha sufrido violencia en línea y el 41% afirma que esa violencia se trasladó al mundo físico mediante acoso, amenazas o agresiones. Es un porcentaje altísimo y eso teniendo en cuenta que hay muchas mujeres que aún no reportan esta violencia.

Hay que hablar de cómo esta violencia está ejerciéndose sobre periodistas y mujeres con visibilidad pública, incluyendo mujeres en política, y señalar que tiene enormes consecuencias, como la autocensura, la posibilidad de ejercer su profesión, pero también consecuencias en salud mental. Es urgente atender este asunto, que haya protocolos específicos de apoyo. ONU Mujeres está trabajando en una estrategia global para apoyar a las profesionales en este sentido e impulsar que los países generen protocolos específicos de protección y de apoyo.

¿Es la Inteligencia Artificial un nuevo riesgo en este sentido?

La IA puede suponer avances, pero también riesgos. Sabemos que la manera en la que se diseñan las herramientas de IA reproduce sesgos de género y, además, se están utilizando para acosar directamente a las mujeres. El abuso por medio de inteligencia artificial no es casual, busca silenciar a las mujeres, desacreditarlas y expulsarlas de los espacios públicos y democráticos. La propiedad de mucha de estas empresas debe democratizarse, deben entrar muchas más mujeres en este sector y debemos tratar de que la mirada de género se introduzca.

Es hora de que una mujer asuma el liderazgo de la ONu. Estamos seguras de que en en el momento actual, con la cantidad de crisis y conflictos que se entrecruzan, que una mujer esté al frente del organismo internacional más importante que tiene la humanidad va a dar una señal al mundo de que es posible un liderazgo incluyente y comprometido con la igualdad de los derechos de las mujeres

Hay un movimiento internacional, del que España es parte, para que la próxima persona que lidere las Naciones Unidas sea una mujer. ¿Cuál es la posición de ONU Mujeres?

Nos parece que tras 80 años en los que no ha habido una sola mujer liderando esta organización ya es hora de que una mujer pueda asumir esta responsabilidad. Estamos seguras de que en el momento actual, con la cantidad de crisis y conflictos que se entrecruzan –guerras, cambio climático, derechos humanos...–, que una mujer esté al frente del organismo internacional más importante que tiene la humanidad va a dar una señal al mundo de que es posible un liderazgo incluyente y comprometido con la igualdad de los derechos de las mujeres. Así que esperamos que los Estados miembros en sus deliberaciones se den cuenta de que ya es hora de que una mujer lidere este organismo.

También hay liderazgos femeninos reaccionarios. ¿No es un riesgo pedir que sea una mujer sin poner otros requisitos? ¿No es esencializante reivindicar que sea una mujer sin hablar de qué principios e ideas debería tener esa persona?

Lo que hay que pedirle a todos los líderes del mundo, sean hombres o mujeres, es que tengan un compromiso con la igualdad de género y desde luego con los principios de derechos humanos que la ONU enarbola. Esperamos que quien sea que lidere el organismo defienda los derechos de las mujeres y que aproveche la oportunidad de esta nueva etapa de las Naciones Unidas para avanzar en la igualdad. Así que, desde luego, queremos un liderazgo transformador y comprometido con la igualdad de género, que quien llegue entienda que esa igualdad es una de las salidas a muchas de las crisis que atravesamos.

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha asegurado que el Gobierno regional trabaja en la puesta en marcha de una unidad para practicar interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en uno de los hospitales públicos de la comunidad autónoma, aunque ha precisado que “no va a haber un centro exclusivo” destinado a este fin.

Simón ha recordado que Castilla-La Mancha “siempre ha garantizado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, si bien ha reconocido que actualmente esta prestación no se realiza en ningún centro público de la región, según ha trasladado en declaraciones a Europa Press.

“Todas las mujeres tenían garantizado el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo”, ha señalado la consejera, explicando que en la actualidad las pacientes son derivadas a dos centros privados de Castilla-La Mancha y a otro ubicado en la Comunidad de Madrid.

La titular de Igualdad ha explicado que el Ejecutivo autonómico trabaja ahora para que “en uno de los centros públicos se ponga en marcha una unidad para poder realizar esta interrupción voluntaria del embarazo”, insistiendo en que algunas interpretaciones realizadas en los últimos días “desvirtúan” las declaraciones efectuadas por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández.

En este sentido, Simón ha rechazado que el proyecto pase por crear un centro independiente dedicado exclusivamente a la práctica de abortos. “No va a haber un centro exclusivo para realizar interrupciones voluntarias del embarazo, sino que en uno de nuestros centros públicos se va a poder realizar esa interrupción voluntaria del embarazo, en una unidad que se va a crear”, ha afirmado.

Preguntada por las críticas de Comisiones Obreras, que ha cuestionado que concentrar el servicio en un único recurso suponga una normalización plena de la prestación sanitaria, la consejera ha defendido que existen otros servicios especializados centralizados en hospitales concretos de la región.

Objeción de conciencia

Asimismo, ha subrayado la necesidad de compatibilizar la implantación de este servicio con el derecho de los profesionales sanitarios a acogerse a la objeción de conciencia.

En este contexto, ha recordado que Castilla-La Mancha cuenta con un registro oficial de objetores. “Hay que conjugar los dos aspectos: por un lado, respetar la voluntad de los sanitarios y, por otro lado, garantizar que en la sanidad pública de Castilla-La Mancha se pueda realizar la interrupción voluntaria del embarazo”, ha manifestado.

Sobre los plazos para la puesta en marcha de esta unidad, Simón ha indicado que el Gobierno regional continúa “trabajando en ello”, sin concretar fechas.

Podemos e Izquierda Unida han hecho publico un acuerdo entre ambas formaciones de cara a ofrecer al PSOE regional una nueva propuesta para reformar el Estatuto de Autonomía por la vía de las enmiendas parciales en el texto que actualmente está pendiente de tramitación en el Congreso de los Diputados.

Lo hacen una vez que se han celebrado las elecciones andaluzas porque, tal y como dijeron los socialistas hace unas semanas, se esperaría al término de estos comicios para tomar una decisión sobre si retirar o no la propuesta ante el bloqueo por parte del PP. El propio presidente del Parlamento regional Pablo Bellido dijo en abril que el Estatuto estaba “en muerte clínica”.

Ahora se trataría precisamente de intentar sortear ese bloqueo - aunque solo con sus votos no sería suficiente- tras la espantada del PP que había llegado a un pacto con el PSOE para propiciar la reforma y sin embargo lo rompió dando marcha atrás a la parte que tiene que ver con el número de diputados que han de tener las Cortes de Castilla-La Mancha. Fue en febrero. El PP lo hizo en mitad de procesos electorales -y conformación de gobiernos con Vox- en varias autonomías y los socialistas lo interpretaron como una forma de plegarse al partido ultra.

Tras aquello, partidos políticos como Movimiento Sumar, Podemos e IU salieron a la palestra ofreciendo al PSOE pactar un texto alternativo que permitiese sacar el nuevo Estatuto de Autonomía adelante. Solo es necesario que pase el filtro del Congreso, antes de regresar a las Cortes regionales, donde la mayoría absoluta del PSOE permitiría su aprobación.

Ahora IU y Podemos han presentado de forma conjunta un nuevo texto al PSOE. IU ya avanzó en marzo los detalles que ahora han sido matizados (entonces se hablaba de 65 diputados como máximo) tras acordarlo con la formación morada.

Se incluye un un total de cuatro enmiendas sobre vivienda, derechos LGTBIQA+, la idea de blindar derecho al aborto y una horquilla para las Cortes de Castilla-La Mancha de entre 55 y 75 diputados.

Invertir un 2% del presupuesto regional en vivienda pública

Según el acuerdo, se busca por un lado promover políticas públicas destinadas a evitar la especulación inmobiliaria, asegurar el acceso asequible al alquiler y favorecer el desarrollo de un parque público de vivienda, con una inversión en cada ejercicio presupuestario de al menos el 2% del presupuesto autonómico y con capacidad de atender las diferentes necesidades ante las dinámicas de crecimiento o de pérdida de población.

La enmienda número dos, sobre derechos de las personas LGTBIQA+, plantea incorporar al Estatuto que el colectivo vea reconocido el derecho a la dignidad, libertad y autonomía, incluida la autonomía corporal, que incluye el derecho de cada persona a la autodeterminación en relación con su cuerpo, sexo, género, prácticas u orientación sexual y a ser tratada con respeto a la misma.

Según la tercera enmienda, se plantea que el Estatuto, en el marco de los derechos fundamentales, establezca la obligación institucional de “garantizar los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”. Así pues, los poderes públicos garantizarán el ejercicio a una interrupción voluntaria del embarazo “que sea libre, segura, informada, plena y universal en los centros sanitarios públicos de Castilla-La Mancha, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos humanos de la dignidad, la integridad y la autonomía corporal”.

El tamaño del Parlamento regional: entre 55 y 75 diputados

Por último, proponen la modificación del número de representantes en las Cortes de Castilla-La Mancha, con una horquilla de entre 55 y 75 diputados.

En su exposición de motivos, explican ambos partidos que Castilla-La Mancha “se encuentra ante una oportunidad histórica para actualizar su marco estatutario y adaptarlo a las necesidades sociales, económicas y democráticas del siglo XXI” y añaden que tras meses de bloqueo ahora “resulta imprescindible avanzar hacia un nuevo consenso que sitúe en el centro los derechos de la ciudadanía, el fortalecimiento de los servicios públicos y la profundización democrática”.

Esta propuesta conjunta se presenta “como alternativa constructiva que permita desbloquear la situación actual”, y todo ello “incorporando avances en derechos sociales, civiles y políticos, así como mejoras en la representación democrática de las instituciones autonómicas”.

“Una propuesta que nace de fuerzas políticas radicadas en Castilla-La Mancha y pensadas para el bienestar de la ciudadanía a la que representamos en más de un centenar de municipios de nuestra región”, aseguran Podemos e Izquierda Unida.

Una propuesta que nace de fuerzas políticas radicadas en Castilla-La Mancha y pensadas para el bienestar de la ciudadanía a la que representamos en más de un centenar de municipios de nuestra región"

Como “principios rectores” de estas propuestas, apuntan a su interés en una “centralidad de los derechos sociales como base del bienestar y la cohesión territorial”; así como la “garantía de derechos fundamentales y libertades individuales, con especial atención a la diversidad”.

Pretenden igualmente “fortalecer los servicios públicos como pilares del Estado del bienestar”; el equilibrio territorial y lucha contra la despoblación; y la regeneración democrática y mejora de la representación institucional.

Una reforma en tiempo de descuento: la legislatura termina en un año

Ahora, aceptar la propuesta queda en manos del PSOE, aunque el presidente regional Emiliano García-Page siempre ha mantenido su intención de buscar el “consenso” con quien representa la mayoría de la oposición en el Parlamento, el Partido Popular, alejándose así de la postura de Dolores de Cospedal durante su etapa al frente de la Junta de Castilla-La Mancha que sacó adelante una reforma en lo que afecta a la ley electoral y el número de diputados sin consenso parlamentario.

Desde hace meses sobrevuela la idea de una retirada del texto para reformar el Estatuto de Autonomía. El pasado mes de abril, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha Pablo Bellido rechazó la idea de aprobar un texto “impuesto, cercenado y manipulado”.

Por otro lado, la legislatura se encuentra ya en tiempo de descuento. Queda un año para las elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha, casi lo mismo que resta para las elecciones generales (si no hay adelanto electoral) que disolverían el Congreso de los Diputados y la posibilidad de aprobar la reforma estatutaria.

El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere poner fin a la situación inédita que arrastra desde hace tiempo respecto a la imposibilidad de las mujeres de ejercer su derecho al aborto en la sanidad pública porque la totalidad de los médicos están sujetos a la objeción de conciencia. El Servicio regional de Salud (SESCAM) está estudiando la creación de un “centro público” para practicar la interrupción voluntaria del embarazo en la región.

Según ha adelantado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en una entrevista a Encastillalamancha.es y ha podido confirmar este medio en fuentes del Gobierno regional, el SESCAM trabaja en la apertura de este centro para dar cumplimiento a la ley que protege el derecho al aborto. Sanidad no precisa ni la ubicación ni los plazos para su puesta en funcionamiento.

En la entrevista, el consejero dice respetar a los y las profesionales que no quieren practicar abortos. “Estamos asegurando al 100% que la mujer que quiera abortar en Castilla-La Mancha lo pueda hacer. Y tercero, estamos a punto de hacer un centro público donde se puedan practicar abortos. Ahora mismo ofrecemos dos centros privados en la Comunidad para hacer interrupciones voluntarias del embarazo y uno más en la Comunidad de Madrid. Así aseguramos el derecho que tienen las mujeres. Ellas eligen dónde quieren que les realicen el procedimiento”.

En Castilla-La Mancha, el 99,94% de las interrupciones voluntarias del embarazo se producen en clínicas privadas o concertadas. Prácticamente ningún hospital ni centro público las realiza. Es una situación inédita que la comunidad arrastra desde hace años y que ha provocado decenas de protestas y concentraciones, muchas de ellas impulsadas por colectivos feministas y por Amnistía Internacional.

Abortar a 180 kilómetros de tu casa

La Plataforma 8M de Toledo ha denunciado en varias ocasiones que las mujeres, en la gran mayoría de los casos tienen que irse a otra comunidad para interrumpir un embarazo. “Hay gente que tiene medios y una red de apoyo muy cerca de donde vive, pero las personas que no los tienen no es normal que como ocurre en Cuenca tengas que irte a abortar a 180 kilómetros de tu domicilio”, indicó a este medio durante una de sus protestas.

Hace tres años, la entonces consejera de Igualdad, Blanca Fernández, reconoció en sede parlamentaria que hay dificultades para acceder a las interrupciones voluntarias de embarazo en la región. Y también aseguró que hay que “obligar” a que los abortos se hagan en el sistema público puede “complicar” la gestión autonómica. La portavoz también ha defendido la idea de “concertar” este servicio para ofrecerlo con “intimidad”.

Pero hasta día de hoy no ha habido avances en este sentido. La objeción de conciencia, que ya cuenta con un registro de objetores en Castilla-La Mancha como obliga la ley, ha derivado en una situación en la que juega un papel primordial la dispersión geográfica de la región.

Ahora, el Gobierno regional avanza este “centro público”, en singular, por lo que queda por saber cuál será su ubicación y las garantías que ofrecerá el SESCAM para que las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto con facilidades y sin enormes desplazamientos y costes.

Lo verdaderamente normalizado sería que esta prestación pudiera realizarse con garantías en cualquier centro hospitalario de la región y no concentrarse en un único recurso

CCOO de Castilla-La Mancha

Por el momento, este anuncio ha provocado el rechazo de CCOO. “Lo verdaderamente normalizado sería que esta prestación pudiera realizarse con garantías en cualquier centro hospitalario de la región y no concentrarse en un único recurso para toda Castilla-La Mancha”.

En palabras de la secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud, Ana Villaseñor, no basta con abrir un recurso público, hay que “garantizar que la sanidad pública de nuestra región funcione con calidad, estabilidad y seguridad para las mujeres y para el ejercicio efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos”.

Centralizar esta prestación en un único centro no es suficiente porque que “seguiría perpetuando la desigualdad territorial en el acceso a la interrupción del aborto voluntaria” además de desplazamientos “innecesarios” y “dificultades de acceso para muchas mujeres”, especialmente en una comunidad autónoma tan extensa y dispersa geográficamente como Castilla-La Mancha.

Por otro lado, señala la dirigente, se podría generar una “estigmatización” de las mujeres que acuden a dicho centro algo que “no ocurriría si la asistencia la recibieran en un hospital”. “Si realmente se quiere reforzar la sanidad pública, la apuesta debería pasar por integrar progresivamente esta atención en toda la red hospitalaria pública, con recursos suficientes, profesionales formados y garantías asistenciales homogéneas en toda la región”.

No se trata únicamente de anunciar que habrá un centro público, defienden desde CCOO, sino de “construir un modelo sanitario accesible, cercano y equitativo para todas las mujeres, vivan donde vivan”.

“Provida es el término del que se han apropiado los sectores que están en contra del derecho al aborto. Es el momento de cuestionar por qué se han apropiado de él”, expresaba Ana Requena Aguilar en la presentación de su nuevo libro, precisamente titulado Provida: un manifiesto a favor del aborto. La también periodista y escritora argentina Luciana Peker ha acompañado a la redactora de elDiario.es en el evento, donde han conversado sobre qué es realmente ser provida, por qué el discurso sobre la maternidad va unido al capitalismo, cómo se sienten realmente las mujeres que pasan por un aborto y si se aplica realmente este derecho en España.

“Ser provida es defender nuestro derecho a decidir sobre nuestros proyectos de vida”, ha definido Requena, que ha recordado que ya las feministas en los 80, cuando empezaron los debates para legalizar el aborto, decían que no podía ser “que estos sectores conservadores se arroguen la defensa de la vida cuando no se preocupan en sostener la vida”. “La vida hay que sostenerla, y preferiblemente no sufriendo. Para eso hay que hacer cosas, no dejar a la gente a su suerte”, ha afirmado. Y quienes “no se preocupan por las personas, no están defendiendo la vida”.

“La vida la defiende el feminismo, para que las vidas sean dignas, con derechos para todo el mundo”. La periodista ha criticado que los que se definen como “provida” luego “son los mismos que dicen que no podemos reducir la jornada laboral para trabajar menos, vivir mejor y cuidar mejor, que se oponen a que existan prestaciones universales, a que existan más permisos... Son la gente que después recorta en Dependencia”, ha resumido, para poner de ejemplo al Gobierno de Rajoy. “Se llaman provida, pero después a los menores no acompañados, a esas vidas, las llaman MENAS, unas siglas que deshumanizan”. La autora ha rechazado que puedan definirse así quienes crean que las vidas de las mujeres “puedan ser decididas desde otro lugar”.

La negación del derecho al aborto también lo es de la libertad sexual y del placer para las mujeres, ha señalado Peker. Requena ha coincidido: “No tener derecho al aborto es un castigo, es decir 'tú te lo has buscado', es una represión del goce, de la libertad sexual”. La argentina recordó al concejal de Vox en Castelló que dijo: “La mujer que aborta podría haberlo decidido antes de tener el orgasmo que le provoca el hijo”, lo que Requena calificó de “pura misoginia e ignorancia”, al estilo de frases que suenan a otra época, como “pues no haber abierto las piernas”. “Se hizo un totum revolutum de orgasmo y embarazo. Ojalá ambos coincidieran, pero sabemos que no es así”, bromeó.

La estigmatización e infantilización de las mujeres se mantiene en esto. También la culpabilización, en este caso por querer recibir placer, ha explicado Requena: “Nos despojan de nuestra capacidad de decidir y mandan el mensaje de que las mujeres somos irresponsables, que solo queremos pasarlo bien y no tener consecuencias. Y parece que la única manera de ser responsable es tener ese hijo, pero ser responsable también es decidir interrumpir ese embarazo y no tener un hijo” si esa mujer considera que eso es lo más adecuado para su vida.

La autora ha recabado testimonios de mujeres que han abortado, todas las cuales le han pedido anonimato por miedo, de nuevo, al estigma que permanece. “Una manera de acabar con eso es atrevernos a contarlo, y los hombres a escuchar y a pedir saberlo. Tienen que interesarse por nuestras experiencias”, ha sugerido. También se ha encontrado con que “no hay una manera sola de comportarse ante un aborto”, pues cada mujer lo vive de una forma: “A algunas les acompaña toda su vida, para otras es un recuerdo sin más, para otras es gratificante porque sienten que pudieron decidir sobre sus vidas...”. Ese es el factor común que ha visto en todas: “la liberación de haber podido tomar la decisión”.

Sin embargo, cuando una mujer decide abortar en España a partir de la semana 22, habitualmente por malformaciones del feto que lo hagan inviable, pese a tener el derecho de hacerlo, se encuentra muchas veces con que su comunidad autónoma le pone trabas. “Tienen que pasar por un comité bioético, que nombra cada comunidad” y está formado por profesionales, explica, los cuales no siempre son proclives a aprobar abortos. Eso hace que muchas mujeres activen el protocolo en dos comunidades a la vez para intentar que alguna se lo conceda pero, de no ser así, muchas se han visto forzadas a abortar en el extranjero, por ejemplo en un “exilio” en Bruselas “en condiciones muy dramáticas”, pues se trataba de “embarazos deseados”.

Peker ha lamentado que en Argentina se tardó en conseguir una ley del aborto y que otros países que aún no la tienen condenan incluso a las mujeres que sufren abortos espontáneos, como El Salvador, donde son encarceladas y llevadas a juicio, donde siempre se las condena, por haber perdido al bebé que esperaban sin haber hecho nada para ello. “Por supuesto, en esos países hay un sesgo de clase, pues las mujeres a las que les sucede eso pueden ir a un centro privado, donde las protegen”, ha señalado Requena, que ha explicado también cómo Irlanda llegó a tener una legislación que admitiera el aborto después de que los médicos dejaran morir a una mujer embarazada que buscó asistencia por tener sepsis en la placenta, aún con latido fetal. “El feto ya no era viable, pero como la legislación decía que no puede haber aborto, dejaron allí a la mujer hasta que paró el latido”, pero la septicemia había avanzado y acabó con su vida. “Gracias a ese caso, la población se movilizó, el feminismo consiguió que su discurso calara más y unos años después se aprobó esa legislación”.

Esa situación ocurre actualmente en Estados Unidos: “Estuve en Miami y pude hablar con mujeres que estaban organizando la resistencia, redes de cuidados para las mujeres que tuvieran que abortar y que hablaban de que cómo algo que parecía consolidado de un día para otro se esfumó”, relata la periodista.

Requena también ha citado a Silvia Federici (“El cuerpo de las mujeres es la última frontera del capitalismo”) para explicar cómo “la predisposición [de las mujeres] a cuidar no existe”. “No nacemos así, lo aceptamos porque desde pequeñas nos socializan para que todos creamos que lo mejor que podemos hacer las mujeres es cuidar y que lo mejor que pueden hacer los hombres está fuera del hogar”, ya que el sistema necesita que las mujeres sean madres: “El útero acaba siendo visto como una maquinaria al servicio de la reproducción del sistema y de la mano de obra, y el sistema necesita tener el control sobre esto”, ya que “para mantener esos cuidados que no se pagan necesitamos que la población crea que las mujeres estamos predispuestas a cuidar mejor”.

Mientras, en España no se ha blindado en la Constitución el derecho al aborto. “No daban los votos. El PP ya dijo que no iba a estar a favor”, explicaba la autora. “Con Feijóo parece que no pueden no defenderlo, pero como prestación sanitaria, no como un derecho”. Sin embargo, “la derecha en otros países sí que ha apostado por el aborto, por legislaciones garantistas”, por ejemplo en Francia, “donde se aprobó el aborto con una mayoría en la que también había diputadas de derechas”.

El Gobierno ha salvado el primer trámite en el Congreso de la reforma con la que quiere blindar el aborto en la Constitución. El pleno ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Vox, por lo que sigue su camino en la cámara. Lo hace, eso sí, entre las críticas de lo socios como PNV o ERC, que también han reprochado al Ejecutivo la vía elegida, aunque, a diferencia de las derechas, han reafirmado su compromiso con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

El texto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 7 de abril tras introducir los cambios propuestos por el Consejo de Estado, que aunque en términos generales avaló el proyecto de ley, cambió la redacción, que quedó así: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios”. De esta forma, la iniciativa dejaba atrás el reconocimiento expreso del derecho que sí contemplaba el anteproyecto de ley al inicio.

La fórmula escogida es la de incluir un añadido en el artículo 43 de la Constitución, el referido a la protección de la salud. En concreto, un punto cuarto entre los “principios rectores de la política social y económica”. De esta forma, el Gobierno renuncia a que figure entre las materias especialmente protegidas, entre las que están los derechos fundamentales y que requerirían un procedimiento reforzado de reforma, con disolución de las Cortes y convocatoria de referéndum incluida. La vía elegida, sin embargo, es la de la reforma ordinaria, que es más simple y ágil aunque, aún así, requiere mayorías amplias.

El debate en el pleno ha girado fundamentalmente en torno a ello. Porque, aunque por diferentes motivos, casi todos los grupos que han marcado posición difieren del criterio escogido por el Gobierno para reformar la Carta Magna. Eso dificulta todavía más un trámite que ya se preveía complicado –al menos, tal cual está el texto–: la reforma precisa de una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado, para lo que es imprescindible el voto a favor del Partido Popular, que se opone frontalmente al texto.

Las derechas apuntan al “fraude de ley”

Tanto la formación de Alberto Núñez Feijóo como Vox le han acusado de “fraude de ley” y de promover la reforma por “mero oportunismo político”. Así lo ha afirmado la diputada popular Silvia Franco, que ha atribuido al Ejecutivo una “estrategia partidista” que tiene la “única finalidad” de “ser un instrumento para la supervivencia de Pedro Sánchez”. Según Franco, el proyecto de ley trata de “evitar el procedimiento reforzado” de reforma agravado de la Constitución al no incluirlo como derecho fundamental, lo que implicaría la convocatoria de elecciones y un referéndum. Esto, ha apuntado la diputada, es “un trampantojo jurídico” que se hace “no por coherencia si no por conveniencia”.

Franco ha acusado al Gobierno de “traer” al Congreso una reforma “que es un brindis al sol” y que ha definido como “el último artificio de un Gobierno acorralado por la corrupción y los escándalos”. Más allá y posicionándose firmemente contra el derecho al aborto se ha expresado Joaquín Robles, de Vox, para el que el texto “responde a las necesidades del Gobierno y a prioridades de índole propagandística” con el objetivo de “ocultar su infeficacia y su corrupción”. Según Robles, el Ejecutivo “no se atreve a gestionar esta reforma por donde debería porque afecta a un derecho fundamental que es el derecho a la vida”.

El representante de la extrema derecha ha aprovechado también para desplegar su argumentario antiinmigración asegurando que un Gobierno que “permite la llegada masiva de individuos de culturas que consideran a la mujer inferior al varón y que luego regulariza con normalidad [...] no puede ser aliado de las mujeres”. Robles también se ha opuesto a la ley del aborto actual y ha defendido “una ley de plazos” como la de 1985, a la que Partido Popular intentó volver en 2014. “No vengan aquí hablando de progreso porque a veces es mejor regresar un poquito”, se ha dirigido al PSOE.

La diputada socialista Cristina Narbona ha respondido a las derechas asegurando que la reforma “no coloca el reconocimiento del derecho al aborto” en el artículo 43, sino que se trata del reconocimiento de “la ejecución efectiva del derecho” tal y como propuso el Consejo de Estado en su dictamen. De esta forma, justifican los socialistas no incorporar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como un derecho fundamental.

Así lo ha defendido también la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha calificado la reforma de paso “imprescindible” para “garantizar el acceso efectivo al derecho a la IVE en toda España y de forma equitativa” y, así, “blindar su dimensión prestacional”. Redondo ha explicado que el reconocimiento del derecho como tal “no está en riesgo”, pues está “plenamente integrado en nuestro ordenamiento jurídico” y ha sido avalado por el Tribunal Constitucional, pero “sí lo está ”su ejercicio“ igualitario para todas las mujeres, independientemente de dónde residan.

Según los últimos datos, casi el 80% de los abortos se realizan en clínicas privadas y en comunidades como Andalucía, Madrid o Castilla-La Mancha, las intervenciones en la pública no alcanzan ni el 1%. En otras, como La Rioja o Cantabria, el dato llega al 75%. La situación empuja, además, a que miles de mujeres sean obligadas a salir cada año de sus provincias para abortar. “Un Estado social y de derecho no puede permitir que haya mujeres de primera y de segunda”, ha añadido Redondo, que ha reclamado al PP y Vox que retiren sus enmiendas y permitan el diálogo porque “la sociedad española tiene derecho a un debate riguroso y honesto sobre este asunto”.

Las críticas de los socios

Los socios del Gobierno han votado en contra de PP y Vox, pero no tanto porque estén a favor de la propuesta de reforma. “Si esto se trata solo de un tema electoral, me bajo del estrado. Si hay una intención de impulsar el debate, lo han encarado mal y eso, con la derecha desbocada, es volvernos a condenar a las mujeres”, ha afirmado la diputada de ERC Pilar Valluguera.

Para los republicanos, “no es oportuno” incluir el aborto en el artículo 43 porque el Tribunal Constitucional ya lo ha garantizado como un derecho fundamental. Este contraste hace que, a su juicio, pueda llegar a degradarse su protección. “No deshagan lo que ya tenemos, no lo estropeen”, ha añadido la parlamentaria, que ha reclamado al Ejecutivo que “haga cumplir” la ley que “ya garantiza” que no puede haber desigualdad territorial en el acceso al derecho.

Es el mismo argumento que ha defendido Ione Belarra, de Podemos, y al que han apuntado algunas voces expertas, que temen que insertarlo en el 43 suponga una categoría inferior a la que ya le otorga, de facto, la jurisprudencia. “El aborto debe estar garantizado en la Constitución, pero no así”, ha afirmado la líder de la formación, que ha advertido de que “rebajar su nivel político y de protección es hacerlo más vulnerable a los posibles recortes de la derecha y la extrema derecha”.

Más contundente se ha mostrado la parlamentaria del PNV Maribel Vaquero, que ha afeado al Gobierno lo que, a su juicio, es un intento de “utilizar los derechos de las mujeres para alimentar la confrontación ideológica”. La diputada ha calificado la reforma de “irresponsable” y ha dudado de su necesidad.

“Si se quiere blindar el derecho debería reformarse el artículo 15, donde debería introducirse como derecho fundamental”, ha valorado Vaquero, que considera al igual que el PP y Vox que la vía es “un atajo para evitar el procedimiento agravado”. Aún así, y a pesar de las “reservas” que ha reconocido que le produce a su grupo “el oportunismo político” de la propuesta, “prevalece nuestro compromiso con las mujeres y su derecho a decidir libremente”, ha dicho para justificar su voto en contra a las enmiendas.

En la política tradicional hay momentos en los que lo más importante no es ganar una votación, sino conseguir que una cuestión llegue al centro del debate. La posible admisión a trámite de una reforma de la Constitución Española de 1978 para incluir el aborto es un ejemplo claro. Incluso antes de hablar de mayorías reforzadas o de resultados finales, hay una pregunta previa que es profundamente política: ¿tenemos derecho a debatirlo?

Durante demasiado tiempo, los derechos sexuales y reproductivos han sido tratados como una cuestión periférica, sujeta a mayorías coyunturales y a menudo expuesta a retrocesos. Llevar el derecho al aborto al corazón del debate parlamentario no es solo una iniciativa jurídica; es una declaración de prioridades. Significa reconocer que la soberanía corporal es un pilar de la democracia.

El Congreso no es solo un espacio de decisión, sino también de legitimación simbólica. Aquello que se discute en él adquiere centralidad en el imaginario colectivo y una relevancia política y social que va más allá del resultado inmediato. Debatir el aborto en sede parlamentaria implica sacarlo de la marginalidad, blindarlo en la agenda pública y obligar a todas las fuerzas políticas a posicionarse. Y eso, en un contexto global de regresión de derechos, no es menor.

Pero hay un elemento adicional que hace este debate especialmente urgente: la extrema derecha lleva tiempo situando el aborto en el centro de su ofensiva y lo ha convertido en batalla cultural. No es una cuestión teórica ni futura; es una realidad presente. En todo el mundo, actores políticos reaccionarios utilizan el aborto como puerta de entrada para cuestionar derechos más amplios y negar grandes avances sociales vinculados a la igualdad de género, las violencias machistas o la propia idea de autonomía personal.

Ante esto, no debatir no es una opción neutral. Es, en la práctica, dejar el marco en manos de quienes quieren restringir derechos. Cuando la extrema derecha marca la agenda y el resto de actores políticos se limita a reaccionar de forma tímida o defensiva, el terreno de juego ya está desplazado. Por eso, llevar el derecho al aborto al centro del debate institucional es también una forma de recuperar la iniciativa política y disputar el relato.

Además, abrir este debate permite confrontar argumentos, desmontar discursos desinformadores y generar una conversación pública más madura. Frente a la ofensiva de los movimientos antiderechos, que han convertido los cuerpos de las mujeres en un campo de batalla, el silencio institucional no es neutralidad: es una forma de renuncia. En cambio, el debate es una herramienta activa de defensa democrática.

Somos conscientes de que el recorrido parlamentario de una reforma constitucional puede ser largo y exigente. Las mayorías necesarias son amplias y los equilibrios políticos, complejos. Pero precisamente por eso, el primer paso —admitir a trámite la propuesta— tiene un valor propio. No compromete el resultado final, pero sí abre una ventana de oportunidad. Permite construir consensos, explorar alianzas y, sobre todo, situar el derecho al aborto y los derechos de las mujeres como una cuestión de Estado.

Habrá quien argumente que abrir este debate sin tener asegurada su aprobación final es inútil o incluso contraproducente. Pero esta mirada confunde la política con una simple aritmética parlamentaria. Quienes creemos y trabajamos en una política no tradicional sabemos que esta también es agenda, marco, narrativa y correlación de fuerzas. Y en ese terreno, poder debatir ya es avanzar. No tengamos miedo al debate: hablar de aborto es confrontar a la extrema derecha, romper el tabú y acabar con el estigma.

Porque cada vez que una institución democrática pone sobre la mesa el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, está enviando un mensaje claro: que ese derecho importa, que no es negociable en silencio y que merece ser protegido con las máximas garantías. Aunque el camino sea largo, el simple hecho de iniciarlo ya transforma el punto de partida.

En tiempos de incertidumbre y retrocesos, defender el debate es, en sí mismo, una forma de defensa de los derechos. Y eso, hoy, es más necesario que nunca.

Sílvia Aldavert García es politóloga y activista feminista, experta en Derechos Sexuales y Reproductivos. Es directora de L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius e impulsora del proyecto Quiero Abortar

El proyecto de ley de reforma del artículo 43 de la Constitución para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, con las prestaciones y servicios que sean necesarios para hacerlo efectivo, presentado por el Gobierno al Parlamento, culmina todo un esfuerzo del movimiento feminista durante 40 años de democracia para que se respete en España la libre autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo y los derechos reproductivos.

Forma parte de toda una lucha por la democracia, que no es concebible sin los plenos derechos de la mujer y la no discriminación por razón de género. La lucha feminista es la lucha por la democracia y los derechos humanos.

El fin de la clandestinidad para abortar empezó con la ley socialista 9/1985, que derogó la ley franquista de 1941 que consideraba el aborto “un crimen social”. Pero en 1985 solo se despenalizó el aborto en tres supuestos: violación; peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada; o malformación fetal. Hubo que esperar a la ley orgánica 2/2010 para pasar a una ley de plazos que reconoce la libre decisión de las mujeres para interrumpir el embarazo en las primeras 14 semanas de gestación. El Partido Popular, en 2015, introdujo la obligación de las mujeres de 16 y 17 años a obtener el permiso de los padres para abortar, pero esa limitación desapareció con la ley 1/2023. Sin embargo, aún hay limitaciones, en la práctica, para poder abortar en hospitales de la sanidad pública.

La garantía de la libre decisión de interrumpir el embarazo solo es completa si está garantizada al máximo nivel de legalidad. Y este es la Constitución. Solo así cabe asegurar la libertad de abortar frente a cambios legislativos. La evolución política de nuestro país muestra que esa libertad puede desaparecer ante la llegada al gobierno y al Parlamento de formaciones de derecha y ultraderecha, como así sucede ya en el nivel autonómico en España.

La presencia del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución significa que la autonomía de la mujer está garantizada frente a la aparición impetuosa de movimientos populistas y antifeministas. 

El derecho a la libre interrupción del embarazo tiene su base en el derecho fundamental de la mujer a la integridad física y moral (art. 15 CE), en conexión con su dignidad y el pleno desarrollo de su personalidad (art. 10.1). De acuerdo con ello, se exige del legislador “el reconocimiento de un ámbito de libertad en el que la mujer pueda adoptar razonablemente, de forma autónoma y sin coerción de ningún tipo, la decisión que considere más adecuada en cuanto a la continuación o no de la gestación” (Sentencia del Tribunal Constitucional 44/2023, de 9 de mayo de 2023). Siempre tutelando por vía penal la vida prenatal, que es un bien constitucionalmente protegido. De ahí que el derecho a abortar se extienda a las 14 primeras semanas de gestación.

Este modelo legal está en la línea de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una vez que el legislador ha autorizado el aborto, el Estado tiene la obligación de crear el marco normativo y los mecanismos de ejecución necesarios para permitir a la mujer embarazada ejercer su derecho a la interrupción legal del embarazo, constituyendo el incumplimiento de estas obligaciones una vulneración del derecho fundamental a la vida privada proclamado en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

Pues bien, el mejor marco normativo para asegurar a la mujer embarazada el ejercicio del derecho al aborto es la propia Constitución. De ahí la conveniencia de reformar su artículo 43 para recoger explícitamente la garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Ciertamente, la reforma del artículo 43 de la Constitución para garantizar el derecho a abortar en las condiciones legalmente establecidas no convierte al mismo en un derecho fundamental. Porque el artículo 43 está situado en el Capítulo Tercero del Título Primero de la Constitución referido a los llamados “Principios rectores de la política social y económica” y no en el Capítulo Segundo (“Derechos y libertades”). El artículo 43, su contenido, informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos (art. 53.3 CE). 

El proyecto de la ley de reforma del artículo 43 de la Constitución para garantizar el derecho de las mujeres a abortar no es una iniciativa única en Europa. Francia ya incorporó ese derecho a su Constitución en 2024. No sólo eso. Recientemente se hizo pública una “iniciativa ciudadana europea”, suscrita por más de 1,2 millones de europeos y europeas, con el título “Mi voz. Mi decisión”. Tiene un objetivo sencillo: permitir a 20 millones de mujeres en Europa que no tienen acceso legal y seguro al aborto en su país de residencia (por ejemplo, Malta, Polonia, Hungría, Italia) trasladarse a otro Estado miembro para interrumpir su embarazo.

La iniciativa fue aprobada por el Parlamento Europeo el 17 de diciembre 2025. La Comisión Europea exige que tres Estados miembros notifiquen su voluntad de unirse a esta iniciativa. Por el momento, la apoyan España y Eslovenia. En el pasado febrero, un colectivo de artistas, investigadores y escritores franceses se han dirigido al Presidente de la República para que también la apoye. 

La Comisión Europea ha aceptado que la interrupción voluntaria del embarazo se financie con el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), y que se garantice a mujeres que no necesariamente provengan del Estado dispuesto a utilizar ese Fondo para ese objetivo. 

Estas iniciativas ponen de relieve la demanda de millones de mujeres que desean que la interrupción del embarazo en condiciones seguras sea un derecho garantizado al máximo nivel legal. Por eso es tan importante que en nuestro país ese derecho sea recibido explícitamente en la Constitución española. Porque defender los derechos de la mujer es defender la democracia.