La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha asegurado que el Gobierno regional trabaja en la puesta en marcha de una unidad para practicar interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en uno de los hospitales públicos de la comunidad autónoma, aunque ha precisado que “no va a haber un centro exclusivo” destinado a este fin.

Simón ha recordado que Castilla-La Mancha “siempre ha garantizado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, si bien ha reconocido que actualmente esta prestación no se realiza en ningún centro público de la región, según ha trasladado en declaraciones a Europa Press.

“Todas las mujeres tenían garantizado el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo”, ha señalado la consejera, explicando que en la actualidad las pacientes son derivadas a dos centros privados de Castilla-La Mancha y a otro ubicado en la Comunidad de Madrid.

La titular de Igualdad ha explicado que el Ejecutivo autonómico trabaja ahora para que “en uno de los centros públicos se ponga en marcha una unidad para poder realizar esta interrupción voluntaria del embarazo”, insistiendo en que algunas interpretaciones realizadas en los últimos días “desvirtúan” las declaraciones efectuadas por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández.

En este sentido, Simón ha rechazado que el proyecto pase por crear un centro independiente dedicado exclusivamente a la práctica de abortos. “No va a haber un centro exclusivo para realizar interrupciones voluntarias del embarazo, sino que en uno de nuestros centros públicos se va a poder realizar esa interrupción voluntaria del embarazo, en una unidad que se va a crear”, ha afirmado.

Preguntada por las críticas de Comisiones Obreras, que ha cuestionado que concentrar el servicio en un único recurso suponga una normalización plena de la prestación sanitaria, la consejera ha defendido que existen otros servicios especializados centralizados en hospitales concretos de la región.

Objeción de conciencia

Asimismo, ha subrayado la necesidad de compatibilizar la implantación de este servicio con el derecho de los profesionales sanitarios a acogerse a la objeción de conciencia.

En este contexto, ha recordado que Castilla-La Mancha cuenta con un registro oficial de objetores. “Hay que conjugar los dos aspectos: por un lado, respetar la voluntad de los sanitarios y, por otro lado, garantizar que en la sanidad pública de Castilla-La Mancha se pueda realizar la interrupción voluntaria del embarazo”, ha manifestado.

Sobre los plazos para la puesta en marcha de esta unidad, Simón ha indicado que el Gobierno regional continúa “trabajando en ello”, sin concretar fechas.

Podemos e Izquierda Unida han hecho publico un acuerdo entre ambas formaciones de cara a ofrecer al PSOE regional una nueva propuesta para reformar el Estatuto de Autonomía por la vía de las enmiendas parciales en el texto que actualmente está pendiente de tramitación en el Congreso de los Diputados.

Lo hacen una vez que se han celebrado las elecciones andaluzas porque, tal y como dijeron los socialistas hace unas semanas, se esperaría al término de estos comicios para tomar una decisión sobre si retirar o no la propuesta ante el bloqueo por parte del PP. El propio presidente del Parlamento regional Pablo Bellido dijo en abril que el Estatuto estaba “en muerte clínica”.

Ahora se trataría precisamente de intentar sortear ese bloqueo - aunque solo con sus votos no sería suficiente- tras la espantada del PP que había llegado a un pacto con el PSOE para propiciar la reforma y sin embargo lo rompió dando marcha atrás a la parte que tiene que ver con el número de diputados que han de tener las Cortes de Castilla-La Mancha. Fue en febrero. El PP lo hizo en mitad de procesos electorales -y conformación de gobiernos con Vox- en varias autonomías y los socialistas lo interpretaron como una forma de plegarse al partido ultra.

Tras aquello, partidos políticos como Movimiento Sumar, Podemos e IU salieron a la palestra ofreciendo al PSOE pactar un texto alternativo que permitiese sacar el nuevo Estatuto de Autonomía adelante. Solo es necesario que pase el filtro del Congreso, antes de regresar a las Cortes regionales, donde la mayoría absoluta del PSOE permitiría su aprobación.

Ahora IU y Podemos han presentado de forma conjunta un nuevo texto al PSOE. IU ya avanzó en marzo los detalles que ahora han sido matizados (entonces se hablaba de 65 diputados como máximo) tras acordarlo con la formación morada.

Se incluye un un total de cuatro enmiendas sobre vivienda, derechos LGTBIQA+, la idea de blindar derecho al aborto y una horquilla para las Cortes de Castilla-La Mancha de entre 55 y 75 diputados.

Invertir un 2% del presupuesto regional en vivienda pública

Según el acuerdo, se busca por un lado promover políticas públicas destinadas a evitar la especulación inmobiliaria, asegurar el acceso asequible al alquiler y favorecer el desarrollo de un parque público de vivienda, con una inversión en cada ejercicio presupuestario de al menos el 2% del presupuesto autonómico y con capacidad de atender las diferentes necesidades ante las dinámicas de crecimiento o de pérdida de población.

La enmienda número dos, sobre derechos de las personas LGTBIQA+, plantea incorporar al Estatuto que el colectivo vea reconocido el derecho a la dignidad, libertad y autonomía, incluida la autonomía corporal, que incluye el derecho de cada persona a la autodeterminación en relación con su cuerpo, sexo, género, prácticas u orientación sexual y a ser tratada con respeto a la misma.

Según la tercera enmienda, se plantea que el Estatuto, en el marco de los derechos fundamentales, establezca la obligación institucional de “garantizar los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”. Así pues, los poderes públicos garantizarán el ejercicio a una interrupción voluntaria del embarazo “que sea libre, segura, informada, plena y universal en los centros sanitarios públicos de Castilla-La Mancha, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos humanos de la dignidad, la integridad y la autonomía corporal”.

El tamaño del Parlamento regional: entre 55 y 75 diputados

Por último, proponen la modificación del número de representantes en las Cortes de Castilla-La Mancha, con una horquilla de entre 55 y 75 diputados.

En su exposición de motivos, explican ambos partidos que Castilla-La Mancha “se encuentra ante una oportunidad histórica para actualizar su marco estatutario y adaptarlo a las necesidades sociales, económicas y democráticas del siglo XXI” y añaden que tras meses de bloqueo ahora “resulta imprescindible avanzar hacia un nuevo consenso que sitúe en el centro los derechos de la ciudadanía, el fortalecimiento de los servicios públicos y la profundización democrática”.

Esta propuesta conjunta se presenta “como alternativa constructiva que permita desbloquear la situación actual”, y todo ello “incorporando avances en derechos sociales, civiles y políticos, así como mejoras en la representación democrática de las instituciones autonómicas”.

“Una propuesta que nace de fuerzas políticas radicadas en Castilla-La Mancha y pensadas para el bienestar de la ciudadanía a la que representamos en más de un centenar de municipios de nuestra región”, aseguran Podemos e Izquierda Unida.

Una propuesta que nace de fuerzas políticas radicadas en Castilla-La Mancha y pensadas para el bienestar de la ciudadanía a la que representamos en más de un centenar de municipios de nuestra región"

Como “principios rectores” de estas propuestas, apuntan a su interés en una “centralidad de los derechos sociales como base del bienestar y la cohesión territorial”; así como la “garantía de derechos fundamentales y libertades individuales, con especial atención a la diversidad”.

Pretenden igualmente “fortalecer los servicios públicos como pilares del Estado del bienestar”; el equilibrio territorial y lucha contra la despoblación; y la regeneración democrática y mejora de la representación institucional.

Una reforma en tiempo de descuento: la legislatura termina en un año

Ahora, aceptar la propuesta queda en manos del PSOE, aunque el presidente regional Emiliano García-Page siempre ha mantenido su intención de buscar el “consenso” con quien representa la mayoría de la oposición en el Parlamento, el Partido Popular, alejándose así de la postura de Dolores de Cospedal durante su etapa al frente de la Junta de Castilla-La Mancha que sacó adelante una reforma en lo que afecta a la ley electoral y el número de diputados sin consenso parlamentario.

Desde hace meses sobrevuela la idea de una retirada del texto para reformar el Estatuto de Autonomía. El pasado mes de abril, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha Pablo Bellido rechazó la idea de aprobar un texto “impuesto, cercenado y manipulado”.

Por otro lado, la legislatura se encuentra ya en tiempo de descuento. Queda un año para las elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha, casi lo mismo que resta para las elecciones generales (si no hay adelanto electoral) que disolverían el Congreso de los Diputados y la posibilidad de aprobar la reforma estatutaria.

El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere poner fin a la situación inédita que arrastra desde hace tiempo respecto a la imposibilidad de las mujeres de ejercer su derecho al aborto en la sanidad pública porque la totalidad de los médicos están sujetos a la objeción de conciencia. El Servicio regional de Salud (SESCAM) está estudiando la creación de un “centro público” para practicar la interrupción voluntaria del embarazo en la región.

Según ha adelantado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en una entrevista a Encastillalamancha.es y ha podido confirmar este medio en fuentes del Gobierno regional, el SESCAM trabaja en la apertura de este centro para dar cumplimiento a la ley que protege el derecho al aborto. Sanidad no precisa ni la ubicación ni los plazos para su puesta en funcionamiento.

En la entrevista, el consejero dice respetar a los y las profesionales que no quieren practicar abortos. “Estamos asegurando al 100% que la mujer que quiera abortar en Castilla-La Mancha lo pueda hacer. Y tercero, estamos a punto de hacer un centro público donde se puedan practicar abortos. Ahora mismo ofrecemos dos centros privados en la Comunidad para hacer interrupciones voluntarias del embarazo y uno más en la Comunidad de Madrid. Así aseguramos el derecho que tienen las mujeres. Ellas eligen dónde quieren que les realicen el procedimiento”.

En Castilla-La Mancha, el 99,94% de las interrupciones voluntarias del embarazo se producen en clínicas privadas o concertadas. Prácticamente ningún hospital ni centro público las realiza. Es una situación inédita que la comunidad arrastra desde hace años y que ha provocado decenas de protestas y concentraciones, muchas de ellas impulsadas por colectivos feministas y por Amnistía Internacional.

Abortar a 180 kilómetros de tu casa

La Plataforma 8M de Toledo ha denunciado en varias ocasiones que las mujeres, en la gran mayoría de los casos tienen que irse a otra comunidad para interrumpir un embarazo. “Hay gente que tiene medios y una red de apoyo muy cerca de donde vive, pero las personas que no los tienen no es normal que como ocurre en Cuenca tengas que irte a abortar a 180 kilómetros de tu domicilio”, indicó a este medio durante una de sus protestas.

Hace tres años, la entonces consejera de Igualdad, Blanca Fernández, reconoció en sede parlamentaria que hay dificultades para acceder a las interrupciones voluntarias de embarazo en la región. Y también aseguró que hay que “obligar” a que los abortos se hagan en el sistema público puede “complicar” la gestión autonómica. La portavoz también ha defendido la idea de “concertar” este servicio para ofrecerlo con “intimidad”.

Pero hasta día de hoy no ha habido avances en este sentido. La objeción de conciencia, que ya cuenta con un registro de objetores en Castilla-La Mancha como obliga la ley, ha derivado en una situación en la que juega un papel primordial la dispersión geográfica de la región.

Ahora, el Gobierno regional avanza este “centro público”, en singular, por lo que queda por saber cuál será su ubicación y las garantías que ofrecerá el SESCAM para que las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto con facilidades y sin enormes desplazamientos y costes.

Lo verdaderamente normalizado sería que esta prestación pudiera realizarse con garantías en cualquier centro hospitalario de la región y no concentrarse en un único recurso

CCOO de Castilla-La Mancha

Por el momento, este anuncio ha provocado el rechazo de CCOO. “Lo verdaderamente normalizado sería que esta prestación pudiera realizarse con garantías en cualquier centro hospitalario de la región y no concentrarse en un único recurso para toda Castilla-La Mancha”.

En palabras de la secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud, Ana Villaseñor, no basta con abrir un recurso público, hay que “garantizar que la sanidad pública de nuestra región funcione con calidad, estabilidad y seguridad para las mujeres y para el ejercicio efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos”.

Centralizar esta prestación en un único centro no es suficiente porque que “seguiría perpetuando la desigualdad territorial en el acceso a la interrupción del aborto voluntaria” además de desplazamientos “innecesarios” y “dificultades de acceso para muchas mujeres”, especialmente en una comunidad autónoma tan extensa y dispersa geográficamente como Castilla-La Mancha.

Por otro lado, señala la dirigente, se podría generar una “estigmatización” de las mujeres que acuden a dicho centro algo que “no ocurriría si la asistencia la recibieran en un hospital”. “Si realmente se quiere reforzar la sanidad pública, la apuesta debería pasar por integrar progresivamente esta atención en toda la red hospitalaria pública, con recursos suficientes, profesionales formados y garantías asistenciales homogéneas en toda la región”.

No se trata únicamente de anunciar que habrá un centro público, defienden desde CCOO, sino de “construir un modelo sanitario accesible, cercano y equitativo para todas las mujeres, vivan donde vivan”.

“Provida es el término del que se han apropiado los sectores que están en contra del derecho al aborto. Es el momento de cuestionar por qué se han apropiado de él”, expresaba Ana Requena Aguilar en la presentación de su nuevo libro, precisamente titulado Provida: un manifiesto a favor del aborto. La también periodista y escritora argentina Luciana Peker ha acompañado a la redactora de elDiario.es en el evento, donde han conversado sobre qué es realmente ser provida, por qué el discurso sobre la maternidad va unido al capitalismo, cómo se sienten realmente las mujeres que pasan por un aborto y si se aplica realmente este derecho en España.

“Ser provida es defender nuestro derecho a decidir sobre nuestros proyectos de vida”, ha definido Requena, que ha recordado que ya las feministas en los 80, cuando empezaron los debates para legalizar el aborto, decían que no podía ser “que estos sectores conservadores se arroguen la defensa de la vida cuando no se preocupan en sostener la vida”. “La vida hay que sostenerla, y preferiblemente no sufriendo. Para eso hay que hacer cosas, no dejar a la gente a su suerte”, ha afirmado. Y quienes “no se preocupan por las personas, no están defendiendo la vida”.

“La vida la defiende el feminismo, para que las vidas sean dignas, con derechos para todo el mundo”. La periodista ha criticado que los que se definen como “provida” luego “son los mismos que dicen que no podemos reducir la jornada laboral para trabajar menos, vivir mejor y cuidar mejor, que se oponen a que existan prestaciones universales, a que existan más permisos... Son la gente que después recorta en Dependencia”, ha resumido, para poner de ejemplo al Gobierno de Rajoy. “Se llaman provida, pero después a los menores no acompañados, a esas vidas, las llaman MENAS, unas siglas que deshumanizan”. La autora ha rechazado que puedan definirse así quienes crean que las vidas de las mujeres “puedan ser decididas desde otro lugar”.

La negación del derecho al aborto también lo es de la libertad sexual y del placer para las mujeres, ha señalado Peker. Requena ha coincidido: “No tener derecho al aborto es un castigo, es decir 'tú te lo has buscado', es una represión del goce, de la libertad sexual”. La argentina recordó al concejal de Vox en Castelló que dijo: “La mujer que aborta podría haberlo decidido antes de tener el orgasmo que le provoca el hijo”, lo que Requena calificó de “pura misoginia e ignorancia”, al estilo de frases que suenan a otra época, como “pues no haber abierto las piernas”. “Se hizo un totum revolutum de orgasmo y embarazo. Ojalá ambos coincidieran, pero sabemos que no es así”, bromeó.

La estigmatización e infantilización de las mujeres se mantiene en esto. También la culpabilización, en este caso por querer recibir placer, ha explicado Requena: “Nos despojan de nuestra capacidad de decidir y mandan el mensaje de que las mujeres somos irresponsables, que solo queremos pasarlo bien y no tener consecuencias. Y parece que la única manera de ser responsable es tener ese hijo, pero ser responsable también es decidir interrumpir ese embarazo y no tener un hijo” si esa mujer considera que eso es lo más adecuado para su vida.

La autora ha recabado testimonios de mujeres que han abortado, todas las cuales le han pedido anonimato por miedo, de nuevo, al estigma que permanece. “Una manera de acabar con eso es atrevernos a contarlo, y los hombres a escuchar y a pedir saberlo. Tienen que interesarse por nuestras experiencias”, ha sugerido. También se ha encontrado con que “no hay una manera sola de comportarse ante un aborto”, pues cada mujer lo vive de una forma: “A algunas les acompaña toda su vida, para otras es un recuerdo sin más, para otras es gratificante porque sienten que pudieron decidir sobre sus vidas...”. Ese es el factor común que ha visto en todas: “la liberación de haber podido tomar la decisión”.

Sin embargo, cuando una mujer decide abortar en España a partir de la semana 22, habitualmente por malformaciones del feto que lo hagan inviable, pese a tener el derecho de hacerlo, se encuentra muchas veces con que su comunidad autónoma le pone trabas. “Tienen que pasar por un comité bioético, que nombra cada comunidad” y está formado por profesionales, explica, los cuales no siempre son proclives a aprobar abortos. Eso hace que muchas mujeres activen el protocolo en dos comunidades a la vez para intentar que alguna se lo conceda pero, de no ser así, muchas se han visto forzadas a abortar en el extranjero, por ejemplo en un “exilio” en Bruselas “en condiciones muy dramáticas”, pues se trataba de “embarazos deseados”.

Peker ha lamentado que en Argentina se tardó en conseguir una ley del aborto y que otros países que aún no la tienen condenan incluso a las mujeres que sufren abortos espontáneos, como El Salvador, donde son encarceladas y llevadas a juicio, donde siempre se las condena, por haber perdido al bebé que esperaban sin haber hecho nada para ello. “Por supuesto, en esos países hay un sesgo de clase, pues las mujeres a las que les sucede eso pueden ir a un centro privado, donde las protegen”, ha señalado Requena, que ha explicado también cómo Irlanda llegó a tener una legislación que admitiera el aborto después de que los médicos dejaran morir a una mujer embarazada que buscó asistencia por tener sepsis en la placenta, aún con latido fetal. “El feto ya no era viable, pero como la legislación decía que no puede haber aborto, dejaron allí a la mujer hasta que paró el latido”, pero la septicemia había avanzado y acabó con su vida. “Gracias a ese caso, la población se movilizó, el feminismo consiguió que su discurso calara más y unos años después se aprobó esa legislación”.

Esa situación ocurre actualmente en Estados Unidos: “Estuve en Miami y pude hablar con mujeres que estaban organizando la resistencia, redes de cuidados para las mujeres que tuvieran que abortar y que hablaban de que cómo algo que parecía consolidado de un día para otro se esfumó”, relata la periodista.

Requena también ha citado a Silvia Federici (“El cuerpo de las mujeres es la última frontera del capitalismo”) para explicar cómo “la predisposición [de las mujeres] a cuidar no existe”. “No nacemos así, lo aceptamos porque desde pequeñas nos socializan para que todos creamos que lo mejor que podemos hacer las mujeres es cuidar y que lo mejor que pueden hacer los hombres está fuera del hogar”, ya que el sistema necesita que las mujeres sean madres: “El útero acaba siendo visto como una maquinaria al servicio de la reproducción del sistema y de la mano de obra, y el sistema necesita tener el control sobre esto”, ya que “para mantener esos cuidados que no se pagan necesitamos que la población crea que las mujeres estamos predispuestas a cuidar mejor”.

Mientras, en España no se ha blindado en la Constitución el derecho al aborto. “No daban los votos. El PP ya dijo que no iba a estar a favor”, explicaba la autora. “Con Feijóo parece que no pueden no defenderlo, pero como prestación sanitaria, no como un derecho”. Sin embargo, “la derecha en otros países sí que ha apostado por el aborto, por legislaciones garantistas”, por ejemplo en Francia, “donde se aprobó el aborto con una mayoría en la que también había diputadas de derechas”.

El Gobierno ha salvado el primer trámite en el Congreso de la reforma con la que quiere blindar el aborto en la Constitución. El pleno ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Vox, por lo que sigue su camino en la cámara. Lo hace, eso sí, entre las críticas de lo socios como PNV o ERC, que también han reprochado al Ejecutivo la vía elegida, aunque, a diferencia de las derechas, han reafirmado su compromiso con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

El texto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 7 de abril tras introducir los cambios propuestos por el Consejo de Estado, que aunque en términos generales avaló el proyecto de ley, cambió la redacción, que quedó así: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios”. De esta forma, la iniciativa dejaba atrás el reconocimiento expreso del derecho que sí contemplaba el anteproyecto de ley al inicio.

La fórmula escogida es la de incluir un añadido en el artículo 43 de la Constitución, el referido a la protección de la salud. En concreto, un punto cuarto entre los “principios rectores de la política social y económica”. De esta forma, el Gobierno renuncia a que figure entre las materias especialmente protegidas, entre las que están los derechos fundamentales y que requerirían un procedimiento reforzado de reforma, con disolución de las Cortes y convocatoria de referéndum incluida. La vía elegida, sin embargo, es la de la reforma ordinaria, que es más simple y ágil aunque, aún así, requiere mayorías amplias.

El debate en el pleno ha girado fundamentalmente en torno a ello. Porque, aunque por diferentes motivos, casi todos los grupos que han marcado posición difieren del criterio escogido por el Gobierno para reformar la Carta Magna. Eso dificulta todavía más un trámite que ya se preveía complicado –al menos, tal cual está el texto–: la reforma precisa de una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado, para lo que es imprescindible el voto a favor del Partido Popular, que se opone frontalmente al texto.

Las derechas apuntan al “fraude de ley”

Tanto la formación de Alberto Núñez Feijóo como Vox le han acusado de “fraude de ley” y de promover la reforma por “mero oportunismo político”. Así lo ha afirmado la diputada popular Silvia Franco, que ha atribuido al Ejecutivo una “estrategia partidista” que tiene la “única finalidad” de “ser un instrumento para la supervivencia de Pedro Sánchez”. Según Franco, el proyecto de ley trata de “evitar el procedimiento reforzado” de reforma agravado de la Constitución al no incluirlo como derecho fundamental, lo que implicaría la convocatoria de elecciones y un referéndum. Esto, ha apuntado la diputada, es “un trampantojo jurídico” que se hace “no por coherencia si no por conveniencia”.

Franco ha acusado al Gobierno de “traer” al Congreso una reforma “que es un brindis al sol” y que ha definido como “el último artificio de un Gobierno acorralado por la corrupción y los escándalos”. Más allá y posicionándose firmemente contra el derecho al aborto se ha expresado Joaquín Robles, de Vox, para el que el texto “responde a las necesidades del Gobierno y a prioridades de índole propagandística” con el objetivo de “ocultar su infeficacia y su corrupción”. Según Robles, el Ejecutivo “no se atreve a gestionar esta reforma por donde debería porque afecta a un derecho fundamental que es el derecho a la vida”.

El representante de la extrema derecha ha aprovechado también para desplegar su argumentario antiinmigración asegurando que un Gobierno que “permite la llegada masiva de individuos de culturas que consideran a la mujer inferior al varón y que luego regulariza con normalidad [...] no puede ser aliado de las mujeres”. Robles también se ha opuesto a la ley del aborto actual y ha defendido “una ley de plazos” como la de 1985, a la que Partido Popular intentó volver en 2014. “No vengan aquí hablando de progreso porque a veces es mejor regresar un poquito”, se ha dirigido al PSOE.

La diputada socialista Cristina Narbona ha respondido a las derechas asegurando que la reforma “no coloca el reconocimiento del derecho al aborto” en el artículo 43, sino que se trata del reconocimiento de “la ejecución efectiva del derecho” tal y como propuso el Consejo de Estado en su dictamen. De esta forma, justifican los socialistas no incorporar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como un derecho fundamental.

Así lo ha defendido también la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha calificado la reforma de paso “imprescindible” para “garantizar el acceso efectivo al derecho a la IVE en toda España y de forma equitativa” y, así, “blindar su dimensión prestacional”. Redondo ha explicado que el reconocimiento del derecho como tal “no está en riesgo”, pues está “plenamente integrado en nuestro ordenamiento jurídico” y ha sido avalado por el Tribunal Constitucional, pero “sí lo está ”su ejercicio“ igualitario para todas las mujeres, independientemente de dónde residan.

Según los últimos datos, casi el 80% de los abortos se realizan en clínicas privadas y en comunidades como Andalucía, Madrid o Castilla-La Mancha, las intervenciones en la pública no alcanzan ni el 1%. En otras, como La Rioja o Cantabria, el dato llega al 75%. La situación empuja, además, a que miles de mujeres sean obligadas a salir cada año de sus provincias para abortar. “Un Estado social y de derecho no puede permitir que haya mujeres de primera y de segunda”, ha añadido Redondo, que ha reclamado al PP y Vox que retiren sus enmiendas y permitan el diálogo porque “la sociedad española tiene derecho a un debate riguroso y honesto sobre este asunto”.

Las críticas de los socios

Los socios del Gobierno han votado en contra de PP y Vox, pero no tanto porque estén a favor de la propuesta de reforma. “Si esto se trata solo de un tema electoral, me bajo del estrado. Si hay una intención de impulsar el debate, lo han encarado mal y eso, con la derecha desbocada, es volvernos a condenar a las mujeres”, ha afirmado la diputada de ERC Pilar Valluguera.

Para los republicanos, “no es oportuno” incluir el aborto en el artículo 43 porque el Tribunal Constitucional ya lo ha garantizado como un derecho fundamental. Este contraste hace que, a su juicio, pueda llegar a degradarse su protección. “No deshagan lo que ya tenemos, no lo estropeen”, ha añadido la parlamentaria, que ha reclamado al Ejecutivo que “haga cumplir” la ley que “ya garantiza” que no puede haber desigualdad territorial en el acceso al derecho.

Es el mismo argumento que ha defendido Ione Belarra, de Podemos, y al que han apuntado algunas voces expertas, que temen que insertarlo en el 43 suponga una categoría inferior a la que ya le otorga, de facto, la jurisprudencia. “El aborto debe estar garantizado en la Constitución, pero no así”, ha afirmado la líder de la formación, que ha advertido de que “rebajar su nivel político y de protección es hacerlo más vulnerable a los posibles recortes de la derecha y la extrema derecha”.

Más contundente se ha mostrado la parlamentaria del PNV Maribel Vaquero, que ha afeado al Gobierno lo que, a su juicio, es un intento de “utilizar los derechos de las mujeres para alimentar la confrontación ideológica”. La diputada ha calificado la reforma de “irresponsable” y ha dudado de su necesidad.

“Si se quiere blindar el derecho debería reformarse el artículo 15, donde debería introducirse como derecho fundamental”, ha valorado Vaquero, que considera al igual que el PP y Vox que la vía es “un atajo para evitar el procedimiento agravado”. Aún así, y a pesar de las “reservas” que ha reconocido que le produce a su grupo “el oportunismo político” de la propuesta, “prevalece nuestro compromiso con las mujeres y su derecho a decidir libremente”, ha dicho para justificar su voto en contra a las enmiendas.

En la política tradicional hay momentos en los que lo más importante no es ganar una votación, sino conseguir que una cuestión llegue al centro del debate. La posible admisión a trámite de una reforma de la Constitución Española de 1978 para incluir el aborto es un ejemplo claro. Incluso antes de hablar de mayorías reforzadas o de resultados finales, hay una pregunta previa que es profundamente política: ¿tenemos derecho a debatirlo?

Durante demasiado tiempo, los derechos sexuales y reproductivos han sido tratados como una cuestión periférica, sujeta a mayorías coyunturales y a menudo expuesta a retrocesos. Llevar el derecho al aborto al corazón del debate parlamentario no es solo una iniciativa jurídica; es una declaración de prioridades. Significa reconocer que la soberanía corporal es un pilar de la democracia.

El Congreso no es solo un espacio de decisión, sino también de legitimación simbólica. Aquello que se discute en él adquiere centralidad en el imaginario colectivo y una relevancia política y social que va más allá del resultado inmediato. Debatir el aborto en sede parlamentaria implica sacarlo de la marginalidad, blindarlo en la agenda pública y obligar a todas las fuerzas políticas a posicionarse. Y eso, en un contexto global de regresión de derechos, no es menor.

Pero hay un elemento adicional que hace este debate especialmente urgente: la extrema derecha lleva tiempo situando el aborto en el centro de su ofensiva y lo ha convertido en batalla cultural. No es una cuestión teórica ni futura; es una realidad presente. En todo el mundo, actores políticos reaccionarios utilizan el aborto como puerta de entrada para cuestionar derechos más amplios y negar grandes avances sociales vinculados a la igualdad de género, las violencias machistas o la propia idea de autonomía personal.

Ante esto, no debatir no es una opción neutral. Es, en la práctica, dejar el marco en manos de quienes quieren restringir derechos. Cuando la extrema derecha marca la agenda y el resto de actores políticos se limita a reaccionar de forma tímida o defensiva, el terreno de juego ya está desplazado. Por eso, llevar el derecho al aborto al centro del debate institucional es también una forma de recuperar la iniciativa política y disputar el relato.

Además, abrir este debate permite confrontar argumentos, desmontar discursos desinformadores y generar una conversación pública más madura. Frente a la ofensiva de los movimientos antiderechos, que han convertido los cuerpos de las mujeres en un campo de batalla, el silencio institucional no es neutralidad: es una forma de renuncia. En cambio, el debate es una herramienta activa de defensa democrática.

Somos conscientes de que el recorrido parlamentario de una reforma constitucional puede ser largo y exigente. Las mayorías necesarias son amplias y los equilibrios políticos, complejos. Pero precisamente por eso, el primer paso —admitir a trámite la propuesta— tiene un valor propio. No compromete el resultado final, pero sí abre una ventana de oportunidad. Permite construir consensos, explorar alianzas y, sobre todo, situar el derecho al aborto y los derechos de las mujeres como una cuestión de Estado.

Habrá quien argumente que abrir este debate sin tener asegurada su aprobación final es inútil o incluso contraproducente. Pero esta mirada confunde la política con una simple aritmética parlamentaria. Quienes creemos y trabajamos en una política no tradicional sabemos que esta también es agenda, marco, narrativa y correlación de fuerzas. Y en ese terreno, poder debatir ya es avanzar. No tengamos miedo al debate: hablar de aborto es confrontar a la extrema derecha, romper el tabú y acabar con el estigma.

Porque cada vez que una institución democrática pone sobre la mesa el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, está enviando un mensaje claro: que ese derecho importa, que no es negociable en silencio y que merece ser protegido con las máximas garantías. Aunque el camino sea largo, el simple hecho de iniciarlo ya transforma el punto de partida.

En tiempos de incertidumbre y retrocesos, defender el debate es, en sí mismo, una forma de defensa de los derechos. Y eso, hoy, es más necesario que nunca.

Sílvia Aldavert García es politóloga y activista feminista, experta en Derechos Sexuales y Reproductivos. Es directora de L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius e impulsora del proyecto Quiero Abortar

El proyecto de ley de reforma del artículo 43 de la Constitución para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, con las prestaciones y servicios que sean necesarios para hacerlo efectivo, presentado por el Gobierno al Parlamento, culmina todo un esfuerzo del movimiento feminista durante 40 años de democracia para que se respete en España la libre autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo y los derechos reproductivos.

Forma parte de toda una lucha por la democracia, que no es concebible sin los plenos derechos de la mujer y la no discriminación por razón de género. La lucha feminista es la lucha por la democracia y los derechos humanos.

El fin de la clandestinidad para abortar empezó con la ley socialista 9/1985, que derogó la ley franquista de 1941 que consideraba el aborto “un crimen social”. Pero en 1985 solo se despenalizó el aborto en tres supuestos: violación; peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada; o malformación fetal. Hubo que esperar a la ley orgánica 2/2010 para pasar a una ley de plazos que reconoce la libre decisión de las mujeres para interrumpir el embarazo en las primeras 14 semanas de gestación. El Partido Popular, en 2015, introdujo la obligación de las mujeres de 16 y 17 años a obtener el permiso de los padres para abortar, pero esa limitación desapareció con la ley 1/2023. Sin embargo, aún hay limitaciones, en la práctica, para poder abortar en hospitales de la sanidad pública.

La garantía de la libre decisión de interrumpir el embarazo solo es completa si está garantizada al máximo nivel de legalidad. Y este es la Constitución. Solo así cabe asegurar la libertad de abortar frente a cambios legislativos. La evolución política de nuestro país muestra que esa libertad puede desaparecer ante la llegada al gobierno y al Parlamento de formaciones de derecha y ultraderecha, como así sucede ya en el nivel autonómico en España.

La presencia del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución significa que la autonomía de la mujer está garantizada frente a la aparición impetuosa de movimientos populistas y antifeministas. 

El derecho a la libre interrupción del embarazo tiene su base en el derecho fundamental de la mujer a la integridad física y moral (art. 15 CE), en conexión con su dignidad y el pleno desarrollo de su personalidad (art. 10.1). De acuerdo con ello, se exige del legislador “el reconocimiento de un ámbito de libertad en el que la mujer pueda adoptar razonablemente, de forma autónoma y sin coerción de ningún tipo, la decisión que considere más adecuada en cuanto a la continuación o no de la gestación” (Sentencia del Tribunal Constitucional 44/2023, de 9 de mayo de 2023). Siempre tutelando por vía penal la vida prenatal, que es un bien constitucionalmente protegido. De ahí que el derecho a abortar se extienda a las 14 primeras semanas de gestación.

Este modelo legal está en la línea de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una vez que el legislador ha autorizado el aborto, el Estado tiene la obligación de crear el marco normativo y los mecanismos de ejecución necesarios para permitir a la mujer embarazada ejercer su derecho a la interrupción legal del embarazo, constituyendo el incumplimiento de estas obligaciones una vulneración del derecho fundamental a la vida privada proclamado en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

Pues bien, el mejor marco normativo para asegurar a la mujer embarazada el ejercicio del derecho al aborto es la propia Constitución. De ahí la conveniencia de reformar su artículo 43 para recoger explícitamente la garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Ciertamente, la reforma del artículo 43 de la Constitución para garantizar el derecho a abortar en las condiciones legalmente establecidas no convierte al mismo en un derecho fundamental. Porque el artículo 43 está situado en el Capítulo Tercero del Título Primero de la Constitución referido a los llamados “Principios rectores de la política social y económica” y no en el Capítulo Segundo (“Derechos y libertades”). El artículo 43, su contenido, informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos (art. 53.3 CE). 

El proyecto de la ley de reforma del artículo 43 de la Constitución para garantizar el derecho de las mujeres a abortar no es una iniciativa única en Europa. Francia ya incorporó ese derecho a su Constitución en 2024. No sólo eso. Recientemente se hizo pública una “iniciativa ciudadana europea”, suscrita por más de 1,2 millones de europeos y europeas, con el título “Mi voz. Mi decisión”. Tiene un objetivo sencillo: permitir a 20 millones de mujeres en Europa que no tienen acceso legal y seguro al aborto en su país de residencia (por ejemplo, Malta, Polonia, Hungría, Italia) trasladarse a otro Estado miembro para interrumpir su embarazo.

La iniciativa fue aprobada por el Parlamento Europeo el 17 de diciembre 2025. La Comisión Europea exige que tres Estados miembros notifiquen su voluntad de unirse a esta iniciativa. Por el momento, la apoyan España y Eslovenia. En el pasado febrero, un colectivo de artistas, investigadores y escritores franceses se han dirigido al Presidente de la República para que también la apoye. 

La Comisión Europea ha aceptado que la interrupción voluntaria del embarazo se financie con el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), y que se garantice a mujeres que no necesariamente provengan del Estado dispuesto a utilizar ese Fondo para ese objetivo. 

Estas iniciativas ponen de relieve la demanda de millones de mujeres que desean que la interrupción del embarazo en condiciones seguras sea un derecho garantizado al máximo nivel legal. Por eso es tan importante que en nuestro país ese derecho sea recibido explícitamente en la Constitución española. Porque defender los derechos de la mujer es defender la democracia.

Aunque hace ya 40 años que el aborto es legal en España, sigue siendo difícil encontrar mujeres que quieran hablar abierta y públicamente sobre su experiencia de interrumpir voluntariamente un embarazo. Sin embargo, es cada vez más frecuente escuchar argumentos beligerantes en contra de este derecho que identifican con la “cultura de la muerte” y se llaman a sí mismos “provida”.

Con Ana Requena Aguilar, redactora jefa de Género en elDiario.es, y autora del ensayo ‘Provida. Un manifiesto a favor del aborto’, resignificamos el término que se han arrogado con mucha eficacia quienes se oponen a un derecho fundamental para que las mujeres puedan desarrollar una vida plena y en igualdad.

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“Llegué con toda la tensión de no saber de cuántas semanas estaba, ni cómo iba a ser el proceso; ningún médico me podía atender y esperé... Hasta que me di cuenta de que estaba esperando una sala incorrecta y fui al lugar que era. Dos horas después, cuando pregunté por el médico, me dijeron que no había nadie, y la sala... llena de gente esperando”. La mujer que habla, trató de abortar durante la huelga de médicos nacional en marzo, pero la ausencia de profesionales retrasó diez días la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que necesitaba realizarse en el Servicio Cántabro de Salud (SCS).

La mujer —que pide mantener el anonimato— tenía cita un lunes para abortar a las 10.40 horas en La Cagiga, el centro público de salud sexual y reproductiva del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander. Al no ser atendida por un profesional, tomó una decisión: “Bajé a Urgencias, estaba lleno de mujeres, yo me inventé que estaba sangrando, sinceramente, y ni con esas me hicieron caso”.

En Urgencias le hicieron una ecografía y le confirmaron que estaba de cinco semanas. “Me fui simplemente con la hoja de Urgencias: 'Mujer embarazada de cinco semanas que muestra sangrado', ponía. No me dieron ninguna medicación ni nada y me fui de Valdecilla a casa a las tres de la tarde, Fue muy bruto todo”, recuerda.

Cuando pasó la huelga, le citaron un miércoles y le dieron las pastillas abortivas y una pastilla para cortar los vómitos: el proceso se retrasó otros diez días. La mujer describe como “traumático” todo el trámite para abortar en medio de la huelga nacional que arrancó en diciembre.

El suyo es uno de las quejas por retrasos que ha recibido el Observatorio de la Violencia Obstétrica de Cantabria, tanto en los abortos como en las ecografías de primer y segundo trimestre, desde que empezaron unas huelgas en las que reclaman un estatuto específico, una limitación de las guardias a 17 horas y una equiparación del pago de la hora de guardia a la ordinaria, entre otros aspectos.

Pero las demandas de los médicos han tenido una consecuencia invisibilizada: retrasos en la atención que ponen en riesgo a mujeres gestantes y mujeres que abortan. Por eso, el Observatorio pide que se incorporen estas dos prestaciones en los servicios mínimos de las huelgas mientras no haya un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y el sector médico. “Se les retrasa la consulta a ciegas, sin saber de cuánto están”, advierte Charo Quintana, portavoz del Observatorio.

Dos advertencias a Salud

Esta organización se ha comunicado al menos en dos ocasiones con el consejero de Salud, César Pascual (PP) y los gerentes de los hospitales públicos de Cantabria —el 19 de febrero y el 23 de marzo— para advertir de la necesidad de servicios mínimos en estos casos, aunque haya huelga.

“Las ecografías prenatales del primer y segundo trimestre son pruebas diagnósticas esenciales que deben realizarse en momentos muy concretos de la gestación y cuya demora o cancelación puede tener consecuencias clínicas, psicológicas y legales de gran relevancia”, advierten desde el Observatorio sobre las afectaciones de las huelgas de la Confederación Española de Sindicatos Médicos que, de momento, se mantendrán hasta junio inclusive.

Esta desatención, señala Quintana, supone el incumplimiento de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria de embarazo, en su artículo 16 punto 6 dice lo siguiente: “Por su especial sujeción a plazos, la interrupción voluntaria de embarazo será considerada siempre un procedimiento sanitario de urgencia”.

La ausencia de las IVE en los servicios mínimos, advierte Quintana, supone “un trastorno por el aplazamiento de una prestación sanitaria muy sensible” porque puede conllevar que la gestación supere las semanas en las que esta permitido un aborto farmacológico. Si esto sucede, recuerda, “la mujer tiene que ser derivada a Valladolid o a Madrid”, donde están las clínicas con las que el Servicio Cántabro de Salud tiene concierto.

A la petición del Observatorio se ha sumado este lunes el PSOE con una pregunta al consejero de Salud en el pleno del Parlamento de Cantabria para saber la razón que excluye de los servicios mínimos las interrupciones voluntarias de embarazo durante las jornadas de huelga médica.

El diputado socialista Raúl Pesquera secunda la queja del Observatorio porque para la revisión del primer y del segundo semestre en embarazos “hay tiempos concretos”. En los casos de IVE, subraya que es el Gobierno de Cantabria, que tiene las competencias en Sanidad, “el que marca los servicios mínimos, que añada una adenda añadir estas situaciones a los servicios mínimos”.

“No consta ni un solo caso”

Pesquera ha interpelado sobre este asunto al consejero de Salud, César Pascual (PP), en el Pleno del Parlamento. “Su pregunta va de intentar construir un relato político sobre una supuesta desprotección a las mujeres que simplemente no existe”, ha reprochado el responsable sanitario, que ha afirmado que “no solo plantean una duda, insinúan un daño”.

“No es una opinión, es un dato clínico: en el Hospital Valdecilla no consta ni un solo caso de que en las cuatro semanas de huelga hayan modificado el tratamiento a una mujer que haya solicitado el IVE, ni un solo caso”, ha remachado.

“Con las ecografías, lo mismo, el intento es más evidente: generar alarma”. El consejero de Salud ha asegurado que se han realizado todas las ecografías del tercer trimestre, se han recuperado de forma rápida con programas extraordinarios y no se ha sustituido el análisis anatómico por pruebas alternativas.

“Todo lo contrario a lo que usted dice, se ha complementado con el test de ADN fetal mejorando el proceso diagnóstico”. “Solo dos gestantes”, ha admitido, “requirieron este test como consecuencia de la huelga médica”. El consejero ha concluido diciendo que no incluir estas prestaciones como servicio mínimo “no ha generado riesgo”.

El próximo sábado, día 18 de abril, la Archidiócesis de Toledo quiere convertir la ciudad en lo que ha llamado “epicentro del compromiso con la vida”. Se trata de una jornada antiabortista a la que denomina 'Fiesta por la Mujer y la Vida'. Tiene como objetivo principal la “defensa de la vida humana” y la recaudación de fondos para Proyecto Mater, una iniciativa toledana coordinada por Cáritas Diocesana para ayudar a mujeres “en riesgo de aborto o postaborto”.

No obstante, la Unión Popular de Estudiantes de la ciudad se ha movilizado para hacer frente a esta iniciativa y, ese mismo día, ha convocado una “contramanifestación” en la Puerta de Bisagra de la ciudad, a las 16.00 horas. Es una respuesta que coincide con la marcha antiabortista, con el objetivo concreto de responder a la jornada religiosa y que los y las jóvenes convocantes realizan bajo el lema 'Abortar es un derecho fundamental'.

El evento religioso, que cuenta además con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo, gobernado por PP y Vox, se desarrollará en cuatro puntos emblemáticos de la ciudad. Entre ellos está la mencionada Puerta de Bisagra, donde celebran una concentración a las 16.30 horas, es decir, poco antes de la convocatoria de la protesta estudiantil como respuesta a sus proclamas antiabortistas.

La Unión Popular de Estudiantes busca denunciar lo que consideran una “ofensiva” contra el derecho al aborto y criticar el “respaldo” institucional que recibe el evento religioso. Belén Garín, representante del colectivo estudiantil, precisa a este medio que la concentración religiosa “va en contra de derechos fundamentales”.

“Hemos convocado esta contramanifestación porque nos parece injustificable y muy alarmante que el Ayuntamiento, además, la responde y se destinen recursos públicos que atacan de manera directa a los derechos fundamentales de las mujeres, en vez de ofrecerlos para otras partidas necesarias”, argumenta.

Mientras se dificulta el acceso efectivo al aborto, se promocionan actos que cuestionan su legitimidad

Además, destaca el hecho de que se realice en una provincia donde, recuerdan, sigue sin garantizarse plenamente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Es una situación que, además, se produce en toda Castilla-La Mancha.

“Mientras se dificulta el acceso efectivo al aborto, se promocionan actos que cuestionan su legitimidad”, critica, y acusa a Proyecto Mater de formar parte de la red de organizaciones que buscan “presionar y señalar” a mujeres que desean interrumpir su embarazo.

El evento religioso ya tuvo su antecedente en marzo del año pasado también con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo. Aunque hace diez años, el papa Francisco decretó, por primera vez en la historia, que se perdonase el “pecado mortal” del aborto, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ya presentó esa edición de 2025 resaltando que el derecho al aborto es “un ataque a la vida humana”.

Respaldó estas declaraciones la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, Ana Pérez, del PP, que hasta su llegada al cargo presidió la asociación antiabortista Red Madre, además de la vicealcaldesa de Vox, Inés Cañizares.

En busca del “blindaje” del acceso al aborto en la Constitución

Este debate local coincide además con el impulso del Gobierno central a la reforma constitucional para blindar el acceso al aborto en España. El Consejo de Ministros aprobó este martes en segunda vuelta el proyecto de reforma con el que pretende introducir en la Constitución la obligación de los poderes públicos de garantizar el ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo “en condiciones de igualdad real y efectiva”.

La propuesta, defendida por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, busca reforzar especialmente la prestación pública de este derecho ante las desigualdades territoriales existentes.

Según recordó el Ejecutivo, en comunidades como Castilla-La Mancha las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en la sanidad pública no alcanzan el 1%. Una situación que el Gobierno considera incompatible con la garantía efectiva de este derecho.

El Gobierno avanza en su proyecto para blindar constitucionalmente el aborto. Después de haber aprobado el pasado octubre el anteproyecto para reformar la Constitución, el Consejo de Ministros de este martes ha dado luz verde a la ley en segunda vuelta con una redacción diferente tras los cambios sugeridos por el Consejo de Estado. El Ejecutivo envía así el texto al Congreso, donde tendrá un difícil recorrido para salir adelante por la dificultad de lograr las mayorías necesarias para reformar la Carta Magna con este objetivo.

En términos generales el Consejo de Estado avaló el proyecto, pero planteó una redacción distinta a la que propuso el Gobierno, que ha sido incorporada en el nuevo texto. Así, el redactado inicial era: “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”.

Finalmente, el proyecto aprobado por los ministros elimina la primera parte del texto, es decir, el reconocimiento expreso del derecho al aborto y deja la segunda parte casi igual: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio”.

Según ha explicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de esta forma se incluye en la Constitución “la vertiente prestacional del derecho” al aborto, que “queda reforzado” con la “obligación indisponible para los poderes públicos, incluido el legislador, de garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias apropiadas”. “La dimensión prestacional del derecho en la sanidad pública, en la cartera basica de servicios, es lo que está en riesgo”, ha apuntado la titular de Igualdad haciendo referencia a los datos que señalan que casi el 80% de los abortos se realizan en clínicas privadas y en comunidades como Andalucía, Madrid o Castilla-La Mancha, las intervenciones en la pública no alcanzan ni el 1%.

La situación “genera una diferencia sustancial entre mujeres de primera y de segunda en torno a sus derechos dependiendo donde residan”, ha lamentado Redondo, que ha señalado que “no hay una diferencia sustancial de contenido” entre la primera versión y la actual: “Lo que se pretende es el blindaje del aborto en su dimensión prestacional porque no está garantizado en la sanidad pública”.

La ministra ha explicado que el Consejo de Estado “ha validado” la reforma y ha estipulado que el blindaje “cabe” en la dimensión prestacional del derecho al aborto, es decir, en su dimensión “objetiva” porque “la subjetiva”, la que tiene que ver con el derecho individual de las mujeres, “ya está conectada con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres” que reconoce la Constitución, según estableció el propio Tribunal Constitucional en la sentencia de 2023 que avaló la ley de plazos de 2010 ante el recurso del PP.

Entre las razones para aprobar el proyecto se encuentra el auge reaccionario que “ha puesto en la diana” los derechos sexuales y reproductivos “a nivel global y también en nuestro país”. De hecho, la idea de incluir el aborto en la Constitución surgió el pasado octubre y fue anunciada por Pedro Sánchez en medio de la ofensiva antiabortista enarbolada por PP y Vox, especialmente en Madrid, donde el alcalde José Luis Martínez Almeida votó a favor de obligar a las mujeres a ser informadas del falso síndrome posaborto y la presidenta Isabel Díaz Ayuso se negaba a poner en marcha el registro de objetores de conciencia que finalmente la Justicia le ha obligado a crear.

El Gobierno marca así perfil político con un tema que goza de respaldo social y que tensiona y divide a las derechas. Y así lo ha reconocido Redondo, que ha esgrimido como motivo el hecho de que “la inmensa mayoría de la sociedad, en torno al 70 u 80%, es favorable a este derecho”.

Un añadido en el artículo 43

La fórmula escogida para incorporar el aborto a la Constitución es la de incluir un añadido en el artículo 43 de la Carta Magna, el referido a la protección de la salud. En concreto, un punto cuarto entre los “principios rectores de la política social y económica” de la Constitución. De esta forma, el Gobierno renuncia a que figure entre las materias especialmente protegidas, entre las que están los derechos fundamentales y que requerirían un procedimiento reforzado de reforma, con disolución de Cortes y convocatoria de referéndum incluida.

Esta vía elegida, sin embargo, es la de la reforma ordinaria, que es más simple y ágil pero aún así requiere mayorías amplias que serán difíciles de lograr sin el apoyo del PP, que anunció hace meses su oposición a la medida, al tiempo que también entre los socios habituales del Gobierno hubo voces que mostraron sus dudas. La reforma requerirá un mayoría de tres quintos en ambas cámaras y, en caso de desacuerdo, debería crearse una comisión mixta entre el Congreso y el Senado que propondría un nuevo texto para ser sometido a nueva votación. Si no se logran los apoyos, se podría aprobar por mayoría de dos tercios del Congreso y mayoría absoluta del Senado, que está actualmente controlada por los populares.

Consciente de que será una tramitación parlamentaria “compleja”, Redondo ha llamado “al diálogo” para lograr los apoyos necesarios. “Hablaremos con el PP y con las distintas comunidades para buscar el mayor consenso posible porque la ciudadanía así lo requiere”, ha dicho apelando al acuerdo –con la única excepción de Vox– que sirvió para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. “El PP no es ajeno a la mayoría de este país, tienen en sus filas mujeres que habrán pasado por la interrupción voluntaria del embarazo. El PP tiene que valorar si se debe a una idea o a sus propias mujeres y votantes”.

Lo ocurrido en Santander no es una anécdota ni una cuestión menor de agenda municipal. Es una decisión política consciente del Partido Popular: utilizar una institución pública para cuestionar derechos fundamentales y señalar a quienes los ejercen. Y conviene nombrarlo con claridad, porque solo así puede entenderse la gravedad de lo que está en juego.

La iluminación de la fachada del Ayuntamiento y la programación impulsada junto a organizaciones “provida” no son gestos simbólicos inocuos. Son la expresión de una agenda ideológica que el Partido Popular está trasladando al espacio institucional, utilizando recursos públicos, símbolos comunes y la legitimidad democrática para erosionar la autonomía de las mujeres y de las personas en situaciones de extrema vulnerabilidad. No estamos ante un ejercicio de pluralidad, sino ante una toma de partido desde lo público contra derechos reconocidos por la ley.

Este tipo de actuaciones desmonta, además, el relato que el propio Partido Popular y la Concejalía de Igualdad han intentado sostener en los últimos años: el de una supuesta defensa de los derechos de las mujeres. Porque no hay política de igualdad posible cuando se legitima a quienes trabajan activamente para limitar la capacidad de decidir. No se puede hablar de derechos mientras se cuestionan en la práctica. No se puede sostener una imagen de respeto institucional mientras se da cobertura a discursos que históricamente han servido para controlar, culpabilizar y disciplinar a las mujeres.

Las instituciones democráticas tienen un mandato inequívoco: garantizar derechos, no someterlos a disputa ni actuar como altavoces de quienes pretenden restringirlos. Cuando un gobierno municipal, con mayoría absoluta del Partido Popular, decide alinearse con organizaciones que cuestionan la interrupción voluntaria del embarazo o la eutanasia, está enviando un mensaje profundamente preocupante: que esos derechos, aunque legales, no son plenamente legítimos. Y convertir en discutible lo que es un derecho es el primer paso para debilitarlo.

No es un debate abstracto ni una confrontación ideológica sin consecuencias. Es la vida concreta de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo

Porque de eso se trata. No es un debate abstracto ni una confrontación ideológica sin consecuencias. Es la vida concreta de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, de las personas gravemente enfermas que reclaman una muerte digna, de quienes necesitan saber que las instituciones están de su lado y no en su contra. Cuando el Partido Popular utiliza el Ayuntamiento para cuestionar esas decisiones, introduce estigma, genera inseguridad y erosiona la confianza en lo público como espacio de protección.

Además, no estamos ante un hecho aislado. Este tipo de iniciativas se inscriben en una estrategia política más amplia que busca desplazar el marco de los derechos, reabrir debates que estaban resueltos y normalizar posiciones regresivas bajo una apariencia de institucionalidad. Se trata de un movimiento calculado: no derogar abiertamente derechos, sino debilitarlos, cuestionarlos y rodearlos de un clima social que los vuelva más frágiles. Y en ese proceso, las instituciones se convierten en herramientas clave.

El derecho a decidir —sobre el propio cuerpo, sobre la maternidad, sobre el final de la vida— no puede depender de mayorías coyunturales ni de la ideología de quien gobierna

La calidad de una democracia no se mide solo por la existencia formal de derechos, sino por el compromiso activo de las instituciones en garantizarlos. Y en ese sentido, la autonomía personal ocupa un lugar central. Sin autonomía no hay libertad real, y sin libertad no hay igualdad posible. El derecho a decidir —sobre el propio cuerpo, sobre la maternidad, sobre el final de la vida— no puede depender de mayorías coyunturales ni de la ideología de quien gobierna. Está reconocido en la ley y forma parte del núcleo irrenunciable de los derechos fundamentales.

Por eso es especialmente grave que el Partido Popular utilice las instituciones para cuestionarlo. No es neutralidad, no es pluralidad: es gobernar contra derechos. Es convertir el espacio público en una plataforma ideológica al servicio de quienes pretenden limitar libertades. Es, en definitiva, una forma de violencia institucional que, aunque no siempre se nombre así, tiene efectos reales en la vida de las personas.

Cuando esto ocurre, las instituciones dejan de ser garantes para convertirse en actores de parte. Dejan de representar a toda la ciudadanía para representar solo a una parte. Y en ese desplazamiento, lo que se debilita no es únicamente un derecho concreto, sino la propia idea de lo público como espacio común, como lugar de protección, como marco de convivencia basado en la igualdad y el respeto.

Frente a ello, no cabe la equidistancia ni el silencio. Los derechos no se sostienen por inercia, ni están a salvo de retrocesos. Requieren defensa activa, especialmente cuando son cuestionados desde las propias estructuras que deberían protegerlos. Señalar estas prácticas, denunciarlas y exigir responsabilidades forma parte de esa defensa democrática.

Porque lo que está en juego no es una fachada iluminada ni una jornada puntual. Es si aceptamos que un gobierno, en este caso del Partido Popular, puede utilizar las instituciones para atacar la autonomía de las mujeres y el derecho a decidir de las personas más vulnerables.

Y eso, sencillamente, no es compatible con una democracia que se pretenda digna de tal nombre.

Nadie suele ocultar una operación de rodilla. O la eliminación de un quiste. No solemos guardar bajo llave la endoscopia o la laparoscopia que nos hicieron un día, la extirpación de una mancha sospechosa o de una muela. Nadie tiende a disimular cuando acude al traumatólogo, al endocrino, al neurólogo. No mentimos sobre esas citas médicas, no escondemos los motivos de esas bajas laborales. No nos ocupamos con ahínco de que nuestras familias o amistades nunca sepan que fuimos a la consulta de un hematólogo o que necesitamos un tratamiento antibiótico durante dos semanas para controlar una infección que se fue de las manos. No sentimos temor de que descubran algo así en nuestro trabajo ni lo escondemos a nuestras parejas sentimentales, como si esa revelación fuera a cambiar la manera en la que nos ven y consideran. No tememos que su idea de la mujer que somos pueda cambiar si compartimos con la gente alguna de esas citas médicas, tratamientos, intervenciones.

Con el aborto es diferente. Con el aborto echamos las cortinas para que nadie nos vea. Se hace y se calla. Lo haces y lo guardas: queda ahí, en un rincón, a veces excluido para tu propia conciencia, como si hubiera que apartarlo de quién eres y de cuál es tu historia. Incluso para quienes lo vivieron como un acto de emancipación y autonomía —que son muchas, muchísimas—, el aborto no se pronuncia en voz alta, no se relata a los demás, puede que tampoco a una misma.

Podríamos pensar, entonces, que hablamos de un acto clandestino, de un hecho terrible, reprobable. Y, sin embargo, es un derecho: en algunos lugares, un derecho conseguido; en otros, un derecho por el que se pelea activamente. Sea como sea, es siempre un derecho en disputa, una práctica en entredicho. El silencio existe a pesar de que sabemos que la alternativa al aborto legal y seguro es la maternidad forzosa de mujeres e, incluso, de adolescentes y niñas. La alternativa es entender que las mujeres no tienen derecho a decidir sobre sus vidas. El tabú continúa a pesar de que la falta de acceso al aborto legal y seguro es una de las principales causas de muerte materna en el mundo.

¿Por qué? La respuesta muy resumida es que la interrupción voluntaria del embarazo es el corazón de la autonomía femenina, la rebelión contra la libertad sexual y la maternidad impuesta, pero también contra la idea de que la vida de las mujeres puede ser moldeada y controlada. La posibilidad de abortar voluntariamente amenaza el proyecto patriarcal que, en permanente alianza con el capitalismo y el racismo, genera (porque lo necesita) la existencia de ciudadanos de primera y segunda, también de tercera. Es por eso que existe la resistencia y el ataque feroz contra el aborto. Quienes lo lideran, en España y en el mundo, son los mismos que están empuñando la motosierra como símbolo. Su interés no es la vida, es el control de las mujeres, es el poder para imponer un proyecto que, precisamente, desmantela la vida.

Ni el silencio ni la palabra son actos individuales. Tampoco lo son la vergüenza o la culpa. Los grupos religiosos, las derechas y los ultra promueven ambas cosas como manera de recortar de facto el aborto. Sus discursos están llenos de comentarios ofensivos hacia las mujeres que han abortado. Sus propuestas nos señalan a todas como seres irreflexivos, egoístas e irresponsables que necesitan ser tutorizados. Alimentan un estigma que dificulta que muchas mujeres hablen en voz alta, y alientan, también, la desinformación y el miedo.

Cuando hice un llamamiento para que las mujeres que quisieran compartieran conmigo los relatos de sus abortos para este libro percibí alivio, como si la posibilidad de contar su historia fuera una especie de liberación. Participar en un relato colectivo sobre el aborto, con todos los matices y aristas de cada experiencia, generó la sensación de ser escuchadas, acogidas y comprendidas. Siempre oímos a mujeres quitar importancia a sus historias. Sus vivencias, dicen, no son relevantes ni tienen nada de particular. Así se ha construido la Historia, la que lleva mayúscula, y las historias con minúscula, bajo la idea de que lo importante nunca tiene que ver con las vidas ni las experiencias de las mujeres, hasta el punto de que nosotras mismas hemos interiorizado esa creencia. Si le sumamos el peso de la culpa y la vergüenza, el estigma, la combinación es demoledora. Es por eso que sabemos poco sobre embarazos, sobre partos, sobre pérdidas y duelos perinatales, sobre violencia sexual, sobre deseo femenino, sobre climaterio, sobre menopausia y, por supuesto, sobre abortos. Los nombres de todas las mujeres que cuentan sus historias en este libro han sido cambiados porque esa ha sido la petición mayoritaria. Diría que el deseo de todas es contribuir a una historia pública, compartida, sobre la interrupción voluntaria del embarazo que sirva para ayudar a otras y, sobre todo, para dar batalla al estigma y consolidar la importancia de este derecho.

La retórica de quienes buscan prohibir, limitar o entorpecer el derecho al aborto reivindica «la vida».

«Provida», se autoproclaman a sí mismos, con un lenguaje que la sociedad asumió y que el feminismo ha impugnado. Porque, ¿quién es provida?, ¿qué es ser provida? Hacernos estas preguntas y elaborar una res-puesta diferente a la habitual es el meollo de este libro. La paradoja es evidente. Quienes se reivindican a favor de la vida quieren decirnos que estar a favor del aborto es estar en contra de la existencia. Y, a la vez, son los mismos que parecen perder el interés por la vida una vez el feto nace y se convierte, ahora sí, en un ser humano con plenos derechos y una existencia por delante que debe ser sostenida y atendida con dignidad y garantías.

Los grupos e individuos que se reivindican activamente provida son los mismos que demonizan el gasto, los que rinden culto a la política del déficit y al Fondo Monetario Internacional, al individualismo que convierte al otro en amenaza y hace del «sálvese quien pueda» su máxima. Son los mismos que desmantelan los servicios públicos, que promueven privatizaciones, recortes en dependencia o reformas draconianas de pensiones o del mercado laboral; los mismos que se quejan de que el salario mínimo subió demasiado o de que los permisos para cuidar son excesivos; los mismos que renuncian a intervenir en el mercado de la vivienda, y que rechazan aprobar prestaciones universales para la infancia. Son los mismos que quieren monopolizar el concepto de familia y que criminalizan a quienes se cuidan y estrechan sus lazos de otras maneras. Quienes criminalizan a quienes tienen hijos y forman sus parejas y sus familias, pero no como ellos quieren.

Lo que quienes se llaman provida olvidan (un olvido nada casual, más bien absolutamente intencionado) es que la posibilidad de abortar afecta a mujeres vivas, seres completos con entidad jurídica propia y con autonomía, seres cuya existencia quedará marcada por la posibilidad o no de acceder a ese derecho. Nuestras vidas corren peligro allá donde el aborto seguro no puede ejercerse. Eso son vidas concretas que proteger. Defender la vida no es solo llegar aquí, estar aquí, nacer o respirar. La vida es vida si la podemos vivir con dignidad y con derechos, la vida es vida cuanta más capacidad tenemos de decidir sobre ella, cuanto más podemos cuidarnos y saber que existe un colchón sobre el que derramar la enfermedad, la discapacidad, las dificultades de todo tipo, los dolores, la soledad, las distintas etapas que atravesaremos. Ese colchón hay que construirlo y sostenerlo. Si no, dices defender la vida como quien anima a alguien a saltar de un trampolín a una piscina que sabe que está vacía.

Defender la interrupción voluntaria del embarazo es estar a favor de la vida. Defender el derecho al aborto es radicalmente provida.

El debate de una moción de Vox sobre la “defensa de la vida” ha acabado este jueves en un tenso enfrentamiento en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. La concejala de Zaragoza en Común, Elena Tomás, y la alcaldesa, Natalia Chueca, han protagonizado un choque a raíz de unas declaraciones sobre la Virgen María que la regidora ha considerado una “falta de respeto” que “roza el delito de odio”.

La iniciativa del grupo municipal Vox instaba al Consistorio a “manifestar su compromiso firme con la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural”, además de “promover campañas de sensibilización en defensa de la vida y protección del no nacido, la maternidad y la familia” y desarrollar medidas de “prevención del aborto”.

Durante su intervención, Tomás ha cargado con dureza contra el contenido de la moción y ha asegurado que no sabía “cuál de todas me provoca más asco”. La edil ha cuestionado el denominado “Día del Niño por Nacer” y su vinculación con la tradición católica, tras recordar que el 25 de marzo coincide con la Anunciación: “Para los no creyentes, cuando la paloma fecundó a la Virgen”, ha dicho, para añadir a continuación que “aunque suene a chiste también abre un debate filosófico” y que “un embrión puede llegar a ser una persona, pero no lo es plenamente”.

Eva Torres, portavoz de Vox, ha dicho que el comportamiento de Tomás es “zafio” e “intolerable”: “Usted habla y no se da cuenta de que roza el delito de odio, roza el ir contra la libertad religiosa, muestra tal cantidad de odio en su corazón que lo lamento muchísimo”.

Tras el debate entre los grupos y antes de la votación, la alcaldesa ha intervenido para pedirle que “retire sus palabras”. “Ha ridiculizado a la Virgen, a la Virgen María”, ha dicho Chueca, que ha considerado que esa afirmación “es una falta de respeto hacia todos los cristianos” e incluso “roza el delito de odio”. Además, le ha afeado que “es habitual escucharle pontificar sobre posicionamientos extremistas”. La regidora ha insistido en varias ocasiones en que la concejala rectificara y ha enmarcado el episodio en lo que considera un trato desigual hacia las religiones. “Se defiende a la religión musulmana y se ataca a la católica y no lo voy a consentir”, ha dicho. En la misma línea, ha asegurado que en la intervención de ZeC ha habido una “falta de respeto” hacia los cristianos.

Tomás ha rechazado retractarse y ha defendido su intervención. “Yo soy una persona no creyente, para mí tanto lo que dice la religión musulmana como la que dice la católica como la que dice la cristiana, para mí es un cuento”, ha dicho. “Hay que tener respeto por las personas”, ha añadido, antes de zanjar: “No tengo nada que retirar”.

“¿Sabe usted que ha hecho una mofa de la concepción de la Virgen? Usted tiene la posibilidad de retirar esas palabras y dejar que el tema trascienda”, ha reiterado la alcaldesa. A lo que Tomás ha respondido: “Denúncieme, denúncieme”.

Más allá del choque, la moción ha sido finalmente rechazada con los votos en contra de PSOE y Zaragoza en Común, la abstención del PP y el único apoyo de Vox y la concejal no adscrita.

Durante el debate, la portavoz de Vox, Eva Torres, ha defendido que la vida humana es el “fundamento” de todos los derechos y ha apelado a la “dignidad inviolable” de toda persona. Desde el PSOE, su portavoz, Lola Ranera, ha acusado a Vox de querer “controlar el cuerpo de las mujeres” y ha calificado la iniciativa de “involución”. Por su parte, el PP ha defendido la maternidad y la “libertad individual de cada mujer”, recordando que el aborto es “un derecho legal”.

Los grupos municipales PSOE e Izquierda Unida han protestado este jueves contra la jornada antiaborto celebrada con la presencia de la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), en un salón municipal del Ayuntamiento, con una asociación antiderechos, rodeadas de un grupo de escolares de un colegio católico.

El contenido de los carteles que ha portado la oposición ha tenido un foco común para cuestionar la decisión del equipo de gobierno del PP de promover la celebración del día elegido por el movimiento antiaborto mundial como emblema de su causa contra el derecho a decidir.

'Lo que es ley, no se cuestiona. El PP usa lo público para cuestionar derechos', 'Contra la autonomía de las mujeres, contra la dignidad al morir: Así gobierna el PP', 'Ni aborto ni eutanasia: el PP contra nuestra autonomía y nuestros derechos', 'El PP utiliza el Ayuntamiento para cuestionar el aborto y la eutanasia. Para atacar derechos', se podía leer en este carteles.

Previamente a la protesta, que ha tenido lugar durante el receso del pleno del Ayuntamiento —coincidiendo con el minuto de silencio que el Ayuntamiento de Santander organiza mensualmente contra la violencia machista—, un grupo de mujeres de diversas asociaciones feministas y colectivos sociales han acudido al salón de plenos también con carteles que portaban mensajes similares.

Al regreso al pleno, la alcaldesa Gema Igual ha iniciado el segundo bloque del orden del día cuestionando la concentración, que se ha hecho en paralelo al minuto de silencio.

“Pido disculpas a las víctimas de violencia de género y no apruebo que se aproveche una convocatoria que es para otra cosa, no bajo el amparo de la convocatoria. Total respeto a manifestaciones que se puedan hacer, total desaprobación a que se pongan con cualquier otro cartel. Libertad, pero también yo la tengo, y respeto”, ha dicho Igual.

En estas mismas concentraciones mensuales, en convocatorias anteriores, grupos feministas y asociaciones vecinales han protestado también contra la propia alcaldesa de Santander, que mantiene como asesor del equipo de gobierno del PP a un agente de la Policía Local condenado por dos delitos de violencia machista.

Izquierda Unida (IU) de Santander ha denunciado este miércoles en un comunicado la decisión del Ayuntamiento de Santander (PP) de “amparar” una programación contra el aborto y la muerte digna, con la celebración del 25 de marzo, fecha elegida por el movimiento mundial antiaborto y anti eutanasia para festejar su causa. La decisión del Partido Popular de Santander de acoger un acto antiaborto en el consistorio, además de iluminar la fachada consistorial en apoyo a estas posiciones, “ilustra la deriva reaccionaria del PP”, ha advertido IU.

IU ha anunciado que pedirá explicaciones en el próximo Pleno municipal y exigirá que el Ayuntamiento “deje de utilizar recursos públicos para difundir una agenda ideológica reaccionaria que ataca derechos reconocidos de las mujeres”.

El concejal de IU, Keruin Martínez, ha Martínez ha criticado además la colaboración con asociaciones que “no se limitan a expresar una opinión, sino que se dedican a acosar a mujeres en las puertas de las clínicas”, algo que ha calificado de “inaceptable en una institución pública”. afirmado en su comunicado que el PP “ha decidido quitarse definitivamente la careta de modernidad y de consenso”.

Según ha advertido, el PP “asumió”, en el último pleno municipal, el argumentario de Vox con sus propuestas sobre inmigración, “y queriendo condicionar el acceso a los servicios públicos de las personas migrantes en situación regular a sus años de cotización”. Por eso, ha alertado Martínez que “ahora lo vemos con este ataque directo a derechos fundamentales de las mujeres y a la libertad individual”, ha señalado.

Iluminación morada o verde

IU ha insistido en que no se trata de un hecho aislado, pese a tratarse de un Ayuntamiento con un Plan de Igualdad: “Mucho iluminar de morado el Ayuntamiento el 8M, mucho minuto de silencio por las víctimas de violencia machista, pero luego mantienen a hombres condenados por violencia machista en su entorno político más cercano y promueven discursos que cuestionan derechos conquistados”, ha denunciado Martínez.

El edil ha añadido que “este doble discurso es una práctica habitual del PP de Santander”. “Recurren al greenwashing para vender una falsa sostenibilidad, presumen de Ciudad Amiga de la Infancia mientras normalizan la presencia de menores en los toros y hablan de accesibilidad sin garantizar baños públicos ni medidas reales para las personas con movilidad reducida”, ha afirmado.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha celebrado este miércoles la fecha elegida por el movimiento antiaborto mundial como emblema de su causa contra el derecho a decidir. La elección se consensuó desde que el primer Congreso Internacional Provida, celebrado en Madrid en 2003, acordase el 25 de marzo como el Día la Vida “desde la concepción y hasta la muerte natural”, porque también incluye el rechazo al derecho a la eutanasia.

Acompañada por la asociación cántabra Pro-vida, que tiene su sede en la capital, Gema Igual ha recibido a un grupo de escolares de un colegio católico en el salón de recepciones del Ayuntamiento, donde se ha leído un manifiesto. A través de un comunicado, Igual ha indicado que festeja la fecha para “reafirmar el valor de la vida de todas las personas”

En el exterior del Ayuntamiento, el grupo de mujeres de la asociación cántabra Pro-vida, que además de su rechazo al aborto, están en contra del derecho a la eutanasia, han instalado una mesa con información del trabajo del colectivo antiaborto. Además, han repartido globos amarillos, han recogido “donaciones de productos de bebé” y han instalado huchas.

En la mesa informativa de la asociación, que forma parte de la Federación Española de Asociaciones Provida, que promueve acciones ante clínicas abortivas, también han colgado un cartel que rezaba “Ante el final de la vida, cuidados paliativos”. Junto con la agrupación, ha estado delante del consistorio la concejala de Vox, Laura Velasco, de cuya visita ha compartido una imagen el Ayuntamiento.

Además, en el comunicado se ha explicado que los escolares han recogido globos, para “hacerlos volar como símbolo de la libertad y la vida”, agregando que “como símbolo de apoyo a esta jornada”, la fachada del Ayuntamiento se ha iluminado este martes de verde, color que sin embargo, desde que Argentina se convirtiese en referente con su ley pro aborto, ha enarbolado el movimiento mundial por el derecho a decidir.

“Esto vale casi 500 euros y tú no vas a pagar nada”. Es la frase que escuchó Marta, el nombre ficticio de una mujer de 40 años que el pasado febrero acudió a la sanidad pública de la Comunidad de Madrid para abortar. En la unidad de Interrupción Voluntaria del Embarazo de la Comunidad, una oficina a la que tienen que acudir todas las mujeres que quieran abortar a través de la sanidad pública en Madrid, le atendió una persona que le remarcó el coste de la intervención y le aseguró que todos los hospitales de la región son objetores, a pesar de que la ley exige que la objeción sea una decisión individual de cada profesional.

Precisamente, hace solo unos días, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó a Isabel Díaz Ayuso poner en marcha el registro de objetores que establece la norma, pese al rechazo de la presidenta a cumplirlo.

En el audio de la conversación, que grabó la mujer y al que ha accedido elDiario.es, puede escucharse cómo personal de la unidad le hizo firmar un documento que hablaba de que su caso estaba dentro de los “supuestos despenalizados” para abortar, a pesar de que, desde 2010, España cuenta con una ley de plazos y no de supuestos. En el caso de Marta se trataba, además, de una interrupción del embarazo dentro de las primeras 14 semanas, un plazo en el que las mujeres no tienen que justificar su decisión ni demostrar que encajan en supuesto alguno. En el documento puede leerse cómo, tras los datos personales de la mujer, consta este texto: “Solicita la interrupción voluntaria del embarazo al estimar que se encuentra incluida en los supuestos despenalizados por la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria de embarazo”.

Marta acudió a la oficina que el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) tiene en la calle Sagasta de la capital después de pedir información en una de las clínicas privadas más conocidas de Madrid, Isadora. Allí le explicaron que para que la sanidad pública financiara su procedimiento debía acudir a esa oficina para que le dieran el documento de derivación. Fue allí donde la enfermera del SERMAS que la atendía le remarcó que esa prestación tenía un coste que ella no iba a pagar y que le iba a entregar “una factura” que su hospital debería abonar en el plazo de un mes.

“Tú vas a ir a Isadora, esto vale casi 500 euros y tú no vas a pagar nada (...) Esto es una factura, tú vas a Isadora, Isadora te lo hace sin cobrarte nada y luego le pasa la factura al hospital”, le explica a la mujer, que le expresa su malestar porque le haga saber el coste de la intervención y por tener ella que hacerse cargo de ese trámite. “Yo misma trabajo en el SERMAS y en ninguna otra prestación le hacen al paciente recoger una hoja de pago cuando le derivan a un centro privado ni le hacen saber lo que cuesta la prueba o la operación que les van a hacer”, explica Marta.

Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid aseguran, sin embargo, que no se trató de una factura, sino de un “reconocimiento del derecho a la financiación”. “Es decir, se informa a la paciente mediante un documento y el coste autorizado para proceder a la interrupción voluntaria del embarazo. A su vez acredita que la paciente cuenta con tarjeta sanitaria y cumple los criterios. Este es un procedimiento que precisa de control y rigor”, señalan. Sobre la ley, reconocen que se trata de una ley de plazos y no de supuestos, “y hasta esa semana la mujer no tienen por qué expresar los motivos de la interrupción”, pese a que a Marta sí se le obligó a firmar ese documento.

Burocracia para abortar

Fuentes de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción voluntaria del embarazo (ACAI) aseguran que son frecuentes las quejas de mujeres “que trasladan su malestar por la manera en la que les han atendido” en la oficina del Servicio Madrileño de Salud. “Tienen que pasar por este trámite burocrático, algo que no sucede si, por ejemplo, vas al traumatólogo y te derivan a la sanidad privada para alguna prueba o intervención. En otros casos, los pacientes no tienen que gestionar ellos mismos su carta de pago”, explican. El trato y el periplo que las mujeres tienen que pasar para abortar y que la sanidad pública madrileña se haga cargo del pago hace que algunas prefieran acudir directamente a un centro privado y abonar ellas el importe.

A pesar de que el aborto es una prestación sanitaria pública, el 78,7% de las interrupciones voluntarias de embarazo se realizan en clínicas privadas. En Madrid, esa cifra es del 99%, es decir, apenas el 1% de los abortos se realizan directamente en hospitales públicos. La mayoría de intervenciones las financia la sanidad pública de cada comunidad autónoma a través de conciertos con los centros. En el caso de la Comunidad de Madrid, sin embargo, no existe un concierto con clínicas privadas, sino que emiten facturas por cada intervención derivada. La comunidad gobernada por Ayuso es una de las regiones en la que más mujeres terminan pagando su aborto: el 27,5% de todas las intervenciones las abonan las pacientes, es decir, escapan a la financiación pública.

Hasta hace poco las cartas de pago contemplaban el coste de la intervención. “La mujer no tiene por qué saber nada de eso”, aseguran fuentes de ACAI, que critican que en este caso se le hiciera saber de palabra a la paciente. En los últimos meses, el grupo socialista en la Asamblea de Madrid lanzó una batería de preguntas sobre el servicio que se da en la unidad de IVE y reclamó que las hojas de derivación dejaran de incluir el coste de la intervención. “Les hemos reprochado que les den estas cartas y que tengan que llevarlas las propias mujeres, esto no pasa en ninguna otra prestación sanitaria”, subraya la diputada socialista en la Asamblea Lorena Morales, que critica que solo exista un único punto en toda la comunidad para hacer este trámite y con un horario reducido, algo que “dificulta que haya mujeres que puedan acudir”. “Te hacen sentir que estás haciendo algo mal”, resume Marta.

“Supuestos despenalizados”

En el audio de la conversación puede escucharse cómo la mujer dice sentirse sorprendida por tener que firmar un documento en el que se habla de supuestos despenalizados al tratarse, además, de un aborto libre dentro de las primeras 14 semanas. “Lo tenemos redactado así”, le responde la enfermera que, ante las quejas de la mujer, le ofrece hablar con una superior. La coordinadora de la oficina le asegura entonces a Marta que la ley actual es “de plazos y supuestos”. “Si no quieres firmarlo, no lo firmes, pero entonces no te lo podemos tramitar, son supuestos basados en los plazos, pero sí se mantienen los supuestos porque no es lo mismo un psiquiátrico que un cáncer que un comité, que es por riesgo del bebé; el tuyo es el 14, que es gestación antes de las 14 semanas”, le dice a la mujer, que finalmente firmó el documento.

Desde ACAI señalan la “mala redacción” de la carta al hablar de “supuestos despenalizados”: “Eso no debería aparecer así porque tenemos una ley de plazos y esa explicación no es adecuada”. La ley de aborto de 2010 habla de supuestos solo a partir de la semana 14. Antes de ese plazo, “se garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo, sin interferencia de terceros”. Es a partir de esa fecha cuando existen plazos para abortar si concurren algunas circunstancias, como la existencia de anomalías fetales incompatibles con la vida, un hecho que debe pasar el dictamen de un comité bioético, o el riesgo para la vida o la salud de la embarazada. En ningún caso la norma actual habla de un supuesto “psiquiátrico”.

Cuando la pareja de la mujer pregunta a la enfermera por qué no es posible realizar el aborto en el hospital público que les corresponde, esta asegura que todos los hospitales de Madrid son objetores. La nueva ley del aborto obliga a las comunidades autónomas a poner en marcha registros de objetores que garanticen que la objeción de conciencia se ejerce de manera individual por cada profesional sanitario y no de forma colectiva por cada servicio de ginecología y obstetricia. En 2024, el Ministerio de Sanidad y las comunidades, incluida Madrid, acordaron los requisitos para crear estos registros. Sin embargo, la oposición de Isabel Díaz Ayuso a ponerlo en marcha hizo que Sanidad llevara a la comunidad a los tribunales. Hace unos días, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó a la comunidad que iniciara los trámites para crear el registro.

Vox vuelve a solicitar al Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por el PP, que se posicione contra el aborto y desarrolle campañas de “sensibilización en defensa de la vida y de protección del no nacido”. Lo hace en una moción que se votará en el próximo pleno, el 26 de marzo, en la que el partido de ultraderecha solicita que “el Ayuntamiento de Zaragoza manifieste su compromiso firme con la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural”.

No es la primera vez que la posición de Vox contra el aborto llega a un pleno municipal, en 2023 el PP apoyó que Zaragoza fuese declarada 'Ciudad por la vida'. Esto se tradujo en posteriores convenios con entidades antiabortistas: RedMadre y Ainkaren, que han protagonizado momentos polémicos y han sido señaladas por Intervención al incumplir el convenio en la solicitud de ayudas. La presidenta de esta última entidad fue nombrada hija predilecta de la ciudad en Zaragoza en 2025, a propuesta de Vox.

Ahora, tras la reciente aprobación de los presupuestos de Zaragoza con el apoyo in extremis de Vox —anunciado la tarde antes de la votación después de haber dicho que votarían en contra—, el partido de ultraderecha lleva al pleno esta moción. En el texto, sostiene que la vida humana es “el fundamento de todos los demás derechos” y afirma que toda persona, “con independencia de su grado de desarrollo, condición social, estado de salud o circunstancia personal”, posee una “dignidad inviolable que debe ser protegida por los poderes públicos”.

El documento también define al aborto como “la interrupción deliberada de una vida humana en gestación” y considera “una grave quiebra del principio de protección de la vida”. En este sentido, Vox plantea que las administraciones públicas “refuercen las políticas de prevención, apoyo e información a las mujeres embarazadas”.

Entre las medidas propuestas, el grupo municipal solicita que el Ayuntamiento manifieste institucionalmente su “compromiso con la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, promueva campañas de “sensibilización sobre la protección del no nacido, la maternidad y la familia”, y mantenga la colaboración con “asociaciones y proyectos sociales que acompañan a mujeres con embarazos imprevistos o en situación de dificultad”, en referencia a los convenios con las entidades antiabortistas RedMadre y Ainkaren. Asimismo, la moción plantea desarrollar campañas institucionales “orientadas a la prevención del aborto mediante información, acompañamiento y apoyo integral”, con el objetivo de promover “alternativas reales” ante embarazos inesperados o complejos.

Marco legal

La propuesta de Vox de implementar campañas de “sensibilización” y “alternativas” al aborto se registra bajo un marco legal definido por la Ley Orgánica 2/2010, cuya reforma en 2023 eliminó la obligatoriedad de informar a la mujer sobre las ayudas a la maternidad —salvo que ella lo solicite— y el periodo de reflexión de tres días. Según el artículo 3 de dicha ley, se debe garantizar que la decisión de la mujer se adopte “sin injerencias de terceros”, estableciendo el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo como una prestación que las administraciones públicas deben asegurar en su red sanitaria.

Esta normativa cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, que en su sentencia 44/2023 ratificó el sistema de plazos y aclaró que, si bien el feto es un bien jurídico protegido, no es titular del derecho a la vida consagrado en el artículo 15 de la Constitución. Posteriormente, en la sentencia 92/2024, el tribunal desestimó un recurso interpuesto por el propio grupo Vox, dictaminando que la supresión de las trabas informativas y de los plazos de espera no vulnera la Constitución, al considerar que el Estado debe respetar la autonomía de la voluntad de la mujer sin imponer condiciones que dilaten el proceso.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha reconocido este miércoles que está buscando la “forma y manera” de cumplir con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de ordenar al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que inicie de inmediato los trámites para la creación del registro de médicos y médicas que, por razones de objeción de conciencia, se niegan a practicar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública. No obstante, el portavoz del gobierno autonómico, Miguel Ángel García, ha asegurado que consideran que la justicia “no ha entrado en el fondo del asunto” por lo que se ha negado a “anticipar cuál va a ser el sentido de la resolución judicial”.

Lo ocurrido es que el TSJM decidió el lunes aceptar la solicitud de medida cautelar planteada por el Ministerio de Sanidad ante la inactividad del gobierno regional sobre el citado registro de objetores. La resolución judicial precisa expresamente que, aunque la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación, en cumplimiento de la ley del aborto. La medida, prevista en esa norma, persigue conocer cuántos profesionales hay en los hospitales públicos disponibles para realizar esta intervención. El tribunal recuerda que la Comunidad de Madrid votó a favor de la creación de un protocolo común para crear dichos registros a nivel autonómico en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado en diciembre de 2024. Pero hasta ahora el Ejecutivo de Madrid no ha puesto en marcha los trámites para activar este registro.

Precisamente este miércoles la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, había instado esta misma mañana al Ejecutuiivo madrileño a “cumplir la ley” tras la decisión del TSJM, pero la respuesta del equipo de Ayuso ha sido de nuevo de un choque total. “La ministra está mintiendo, está engañando una vez más. Nosotros siempre hemos preferido que fuera una resolución judicial la que estableciera la forma de proceder de la Comunidad de Madrid siendo una ley sectaria, pero es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no entra al fondo del asunto, simplemente ha establecido una cautelar”, ha dicho García haciendo alusión a la ley estatal que obliga a la creación del citado registro.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, García ha asegurado que “en Madrid se garantiza el derecho a la objeción de conciencia de todos los médicos, pero también que las mujeres que quieren abortar pueden hacerlo en los puestos establecidos en la ley”. “No tiene que venir la ministra para decir lo que ya está sucediendo en la Comunidad de Madrid. Lo que tendrá que explicar a los ciudadanos la señora ministra es cómo puede ser que allí donde ella gestiona el Ceuta y Melilla no se practica ni un solo aborto en la pública y lo que se practica solo en la privada y en otra comunidad autónoma. Y es lo que está ocurriendo en aquellos lugares donde gestiona y donde tiene competencias la ministra García”, ha concluido.

El Ministerio de Sanidad acudió a los tribunales después de que la Comunidad de Madrid no respondiera a un requerimiento en el que le instaba a poner en marcha este registro y después de que la propia Ayuso confirmara que no crearía el registro de objetores como marca la ley del aborto aprobada en 2023: un listado de acceso reservado y sin pedir el motivo de facultativos objetores para poder organizar los servicios y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública.

Este martes, tras conocer la decisión del TSJM, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, instaba al Gobierno de Ayuso a cumplir el auto judicial que le ordena iniciar los trámites para poner en marcha el registro de sanitarios objetores al aborto. “Siempre hemos considerado que las decisiones judiciales se acatan. Por tanto, yo estoy convencida que la Comunidad Madrid acatará la decisión judicial”, aseguró, en una rueda de prensa. “La portavoz del Grupo Popular en el congreso no ha dicho más que lo que venimos diciendo todos, que el Partido Popular y este gobierno, como no puede ser de otra manera, siempre cumple”, ha matizado este miércoles Miguel Ángel García.