El próximo sábado, día 18 de abril, la Archidiócesis de Toledo quiere convertir la ciudad en lo que ha llamado “epicentro del compromiso con la vida”. Se trata de una jornada antiabortista a la que denomina 'Fiesta por la Mujer y la Vida'. Tiene como objetivo principal la “defensa de la vida humana” y la recaudación de fondos para Proyecto Mater, una iniciativa toledana coordinada por Cáritas Diocesana para ayudar a mujeres “en riesgo de aborto o postaborto”.

No obstante, la Unión Popular de Estudiantes de la ciudad se ha movilizado para hacer frente a esta iniciativa y, ese mismo día, ha convocado una “contramanifestación” en la Puerta de Bisagra de la ciudad, a las 16.00 horas. Es una respuesta que coincide con la marcha antiabortista, con el objetivo concreto de responder a la jornada religiosa y que los y las jóvenes convocantes realizan bajo el lema 'Abortar es un derecho fundamental'.

El evento religioso, que cuenta además con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo, gobernado por PP y Vox, se desarrollará en cuatro puntos emblemáticos de la ciudad. Entre ellos está la mencionada Puerta de Bisagra, donde celebran una concentración a las 16.30 horas, es decir, poco antes de la convocatoria de la protesta estudiantil como respuesta a sus proclamas antiabortistas.

La Unión Popular de Estudiantes busca denunciar lo que consideran una “ofensiva” contra el derecho al aborto y criticar el “respaldo” institucional que recibe el evento religioso. Belén Garín, representante del colectivo estudiantil, precisa a este medio que la concentración religiosa “va en contra de derechos fundamentales”.

“Hemos convocado esta contramanifestación porque nos parece injustificable y muy alarmante que el Ayuntamiento, además, la responde y se destinen recursos públicos que atacan de manera directa a los derechos fundamentales de las mujeres, en vez de ofrecerlos para otras partidas necesarias”, argumenta.

Mientras se dificulta el acceso efectivo al aborto, se promocionan actos que cuestionan su legitimidad

Además, destaca el hecho de que se realice en una provincia donde, recuerdan, sigue sin garantizarse plenamente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Es una situación que, además, se produce en toda Castilla-La Mancha.

“Mientras se dificulta el acceso efectivo al aborto, se promocionan actos que cuestionan su legitimidad”, critica, y acusa a Proyecto Mater de formar parte de la red de organizaciones que buscan “presionar y señalar” a mujeres que desean interrumpir su embarazo.

El evento religioso ya tuvo su antecedente en marzo del año pasado también con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo. Aunque hace diez años, el papa Francisco decretó, por primera vez en la historia, que se perdonase el “pecado mortal” del aborto, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ya presentó esa edición de 2025 resaltando que el derecho al aborto es “un ataque a la vida humana”.

Respaldó estas declaraciones la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, Ana Pérez, del PP, que hasta su llegada al cargo presidió la asociación antiabortista Red Madre, además de la vicealcaldesa de Vox, Inés Cañizares.

En busca del “blindaje” del acceso al aborto en la Constitución

Este debate local coincide además con el impulso del Gobierno central a la reforma constitucional para blindar el acceso al aborto en España. El Consejo de Ministros aprobó este martes en segunda vuelta el proyecto de reforma con el que pretende introducir en la Constitución la obligación de los poderes públicos de garantizar el ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo “en condiciones de igualdad real y efectiva”.

La propuesta, defendida por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, busca reforzar especialmente la prestación pública de este derecho ante las desigualdades territoriales existentes.

Según recordó el Ejecutivo, en comunidades como Castilla-La Mancha las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en la sanidad pública no alcanzan el 1%. Una situación que el Gobierno considera incompatible con la garantía efectiva de este derecho.

El Gobierno avanza en su proyecto para blindar constitucionalmente el aborto. Después de haber aprobado el pasado octubre el anteproyecto para reformar la Constitución, el Consejo de Ministros de este martes ha dado luz verde a la ley en segunda vuelta con una redacción diferente tras los cambios sugeridos por el Consejo de Estado. El Ejecutivo envía así el texto al Congreso, donde tendrá un difícil recorrido para salir adelante por la dificultad de lograr las mayorías necesarias para reformar la Carta Magna con este objetivo.

En términos generales el Consejo de Estado avaló el proyecto, pero planteó una redacción distinta a la que propuso el Gobierno, que ha sido incorporada en el nuevo texto. Así, el redactado inicial era: “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”.

Finalmente, el proyecto aprobado por los ministros elimina la primera parte del texto, es decir, el reconocimiento expreso del derecho al aborto y deja la segunda parte casi igual: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio”.

Según ha explicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de esta forma se incluye en la Constitución “la vertiente prestacional del derecho” al aborto, que “queda reforzado” con la “obligación indisponible para los poderes públicos, incluido el legislador, de garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias apropiadas”. “La dimensión prestacional del derecho en la sanidad pública, en la cartera basica de servicios, es lo que está en riesgo”, ha apuntado la titular de Igualdad haciendo referencia a los datos que señalan que casi el 80% de los abortos se realizan en clínicas privadas y en comunidades como Andalucía, Madrid o Castilla-La Mancha, las intervenciones en la pública no alcanzan ni el 1%.

La situación “genera una diferencia sustancial entre mujeres de primera y de segunda en torno a sus derechos dependiendo donde residan”, ha lamentado Redondo, que ha señalado que “no hay una diferencia sustancial de contenido” entre la primera versión y la actual: “Lo que se pretende es el blindaje del aborto en su dimensión prestacional porque no está garantizado en la sanidad pública”.

La ministra ha explicado que el Consejo de Estado “ha validado” la reforma y ha estipulado que el blindaje “cabe” en la dimensión prestacional del derecho al aborto, es decir, en su dimensión “objetiva” porque “la subjetiva”, la que tiene que ver con el derecho individual de las mujeres, “ya está conectada con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres” que reconoce la Constitución, según estableció el propio Tribunal Constitucional en la sentencia de 2023 que avaló la ley de plazos de 2010 ante el recurso del PP.

Entre las razones para aprobar el proyecto se encuentra el auge reaccionario que “ha puesto en la diana” los derechos sexuales y reproductivos “a nivel global y también en nuestro país”. De hecho, la idea de incluir el aborto en la Constitución surgió el pasado octubre y fue anunciada por Pedro Sánchez en medio de la ofensiva antiabortista enarbolada por PP y Vox, especialmente en Madrid, donde el alcalde José Luis Martínez Almeida votó a favor de obligar a las mujeres a ser informadas del falso síndrome posaborto y la presidenta Isabel Díaz Ayuso se negaba a poner en marcha el registro de objetores de conciencia que finalmente la Justicia le ha obligado a crear.

El Gobierno marca así perfil político con un tema que goza de respaldo social y que tensiona y divide a las derechas. Y así lo ha reconocido Redondo, que ha esgrimido como motivo el hecho de que “la inmensa mayoría de la sociedad, en torno al 70 u 80%, es favorable a este derecho”.

Un añadido en el artículo 43

La fórmula escogida para incorporar el aborto a la Constitución es la de incluir un añadido en el artículo 43 de la Carta Magna, el referido a la protección de la salud. En concreto, un punto cuarto entre los “principios rectores de la política social y económica” de la Constitución. De esta forma, el Gobierno renuncia a que figure entre las materias especialmente protegidas, entre las que están los derechos fundamentales y que requerirían un procedimiento reforzado de reforma, con disolución de Cortes y convocatoria de referéndum incluida.

Esta vía elegida, sin embargo, es la de la reforma ordinaria, que es más simple y ágil pero aún así requiere mayorías amplias que serán difíciles de lograr sin el apoyo del PP, que anunció hace meses su oposición a la medida, al tiempo que también entre los socios habituales del Gobierno hubo voces que mostraron sus dudas. La reforma requerirá un mayoría de tres quintos en ambas cámaras y, en caso de desacuerdo, debería crearse una comisión mixta entre el Congreso y el Senado que propondría un nuevo texto para ser sometido a nueva votación. Si no se logran los apoyos, se podría aprobar por mayoría de dos tercios del Congreso y mayoría absoluta del Senado, que está actualmente controlada por los populares.

Consciente de que será una tramitación parlamentaria “compleja”, Redondo ha llamado “al diálogo” para lograr los apoyos necesarios. “Hablaremos con el PP y con las distintas comunidades para buscar el mayor consenso posible porque la ciudadanía así lo requiere”, ha dicho apelando al acuerdo –con la única excepción de Vox– que sirvió para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. “El PP no es ajeno a la mayoría de este país, tienen en sus filas mujeres que habrán pasado por la interrupción voluntaria del embarazo. El PP tiene que valorar si se debe a una idea o a sus propias mujeres y votantes”.

Lo ocurrido en Santander no es una anécdota ni una cuestión menor de agenda municipal. Es una decisión política consciente del Partido Popular: utilizar una institución pública para cuestionar derechos fundamentales y señalar a quienes los ejercen. Y conviene nombrarlo con claridad, porque solo así puede entenderse la gravedad de lo que está en juego.

La iluminación de la fachada del Ayuntamiento y la programación impulsada junto a organizaciones “provida” no son gestos simbólicos inocuos. Son la expresión de una agenda ideológica que el Partido Popular está trasladando al espacio institucional, utilizando recursos públicos, símbolos comunes y la legitimidad democrática para erosionar la autonomía de las mujeres y de las personas en situaciones de extrema vulnerabilidad. No estamos ante un ejercicio de pluralidad, sino ante una toma de partido desde lo público contra derechos reconocidos por la ley.

Este tipo de actuaciones desmonta, además, el relato que el propio Partido Popular y la Concejalía de Igualdad han intentado sostener en los últimos años: el de una supuesta defensa de los derechos de las mujeres. Porque no hay política de igualdad posible cuando se legitima a quienes trabajan activamente para limitar la capacidad de decidir. No se puede hablar de derechos mientras se cuestionan en la práctica. No se puede sostener una imagen de respeto institucional mientras se da cobertura a discursos que históricamente han servido para controlar, culpabilizar y disciplinar a las mujeres.

Las instituciones democráticas tienen un mandato inequívoco: garantizar derechos, no someterlos a disputa ni actuar como altavoces de quienes pretenden restringirlos. Cuando un gobierno municipal, con mayoría absoluta del Partido Popular, decide alinearse con organizaciones que cuestionan la interrupción voluntaria del embarazo o la eutanasia, está enviando un mensaje profundamente preocupante: que esos derechos, aunque legales, no son plenamente legítimos. Y convertir en discutible lo que es un derecho es el primer paso para debilitarlo.

No es un debate abstracto ni una confrontación ideológica sin consecuencias. Es la vida concreta de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo

Porque de eso se trata. No es un debate abstracto ni una confrontación ideológica sin consecuencias. Es la vida concreta de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, de las personas gravemente enfermas que reclaman una muerte digna, de quienes necesitan saber que las instituciones están de su lado y no en su contra. Cuando el Partido Popular utiliza el Ayuntamiento para cuestionar esas decisiones, introduce estigma, genera inseguridad y erosiona la confianza en lo público como espacio de protección.

Además, no estamos ante un hecho aislado. Este tipo de iniciativas se inscriben en una estrategia política más amplia que busca desplazar el marco de los derechos, reabrir debates que estaban resueltos y normalizar posiciones regresivas bajo una apariencia de institucionalidad. Se trata de un movimiento calculado: no derogar abiertamente derechos, sino debilitarlos, cuestionarlos y rodearlos de un clima social que los vuelva más frágiles. Y en ese proceso, las instituciones se convierten en herramientas clave.

El derecho a decidir —sobre el propio cuerpo, sobre la maternidad, sobre el final de la vida— no puede depender de mayorías coyunturales ni de la ideología de quien gobierna

La calidad de una democracia no se mide solo por la existencia formal de derechos, sino por el compromiso activo de las instituciones en garantizarlos. Y en ese sentido, la autonomía personal ocupa un lugar central. Sin autonomía no hay libertad real, y sin libertad no hay igualdad posible. El derecho a decidir —sobre el propio cuerpo, sobre la maternidad, sobre el final de la vida— no puede depender de mayorías coyunturales ni de la ideología de quien gobierna. Está reconocido en la ley y forma parte del núcleo irrenunciable de los derechos fundamentales.

Por eso es especialmente grave que el Partido Popular utilice las instituciones para cuestionarlo. No es neutralidad, no es pluralidad: es gobernar contra derechos. Es convertir el espacio público en una plataforma ideológica al servicio de quienes pretenden limitar libertades. Es, en definitiva, una forma de violencia institucional que, aunque no siempre se nombre así, tiene efectos reales en la vida de las personas.

Cuando esto ocurre, las instituciones dejan de ser garantes para convertirse en actores de parte. Dejan de representar a toda la ciudadanía para representar solo a una parte. Y en ese desplazamiento, lo que se debilita no es únicamente un derecho concreto, sino la propia idea de lo público como espacio común, como lugar de protección, como marco de convivencia basado en la igualdad y el respeto.

Frente a ello, no cabe la equidistancia ni el silencio. Los derechos no se sostienen por inercia, ni están a salvo de retrocesos. Requieren defensa activa, especialmente cuando son cuestionados desde las propias estructuras que deberían protegerlos. Señalar estas prácticas, denunciarlas y exigir responsabilidades forma parte de esa defensa democrática.

Porque lo que está en juego no es una fachada iluminada ni una jornada puntual. Es si aceptamos que un gobierno, en este caso del Partido Popular, puede utilizar las instituciones para atacar la autonomía de las mujeres y el derecho a decidir de las personas más vulnerables.

Y eso, sencillamente, no es compatible con una democracia que se pretenda digna de tal nombre.

Nadie suele ocultar una operación de rodilla. O la eliminación de un quiste. No solemos guardar bajo llave la endoscopia o la laparoscopia que nos hicieron un día, la extirpación de una mancha sospechosa o de una muela. Nadie tiende a disimular cuando acude al traumatólogo, al endocrino, al neurólogo. No mentimos sobre esas citas médicas, no escondemos los motivos de esas bajas laborales. No nos ocupamos con ahínco de que nuestras familias o amistades nunca sepan que fuimos a la consulta de un hematólogo o que necesitamos un tratamiento antibiótico durante dos semanas para controlar una infección que se fue de las manos. No sentimos temor de que descubran algo así en nuestro trabajo ni lo escondemos a nuestras parejas sentimentales, como si esa revelación fuera a cambiar la manera en la que nos ven y consideran. No tememos que su idea de la mujer que somos pueda cambiar si compartimos con la gente alguna de esas citas médicas, tratamientos, intervenciones.

Con el aborto es diferente. Con el aborto echamos las cortinas para que nadie nos vea. Se hace y se calla. Lo haces y lo guardas: queda ahí, en un rincón, a veces excluido para tu propia conciencia, como si hubiera que apartarlo de quién eres y de cuál es tu historia. Incluso para quienes lo vivieron como un acto de emancipación y autonomía —que son muchas, muchísimas—, el aborto no se pronuncia en voz alta, no se relata a los demás, puede que tampoco a una misma.

Podríamos pensar, entonces, que hablamos de un acto clandestino, de un hecho terrible, reprobable. Y, sin embargo, es un derecho: en algunos lugares, un derecho conseguido; en otros, un derecho por el que se pelea activamente. Sea como sea, es siempre un derecho en disputa, una práctica en entredicho. El silencio existe a pesar de que sabemos que la alternativa al aborto legal y seguro es la maternidad forzosa de mujeres e, incluso, de adolescentes y niñas. La alternativa es entender que las mujeres no tienen derecho a decidir sobre sus vidas. El tabú continúa a pesar de que la falta de acceso al aborto legal y seguro es una de las principales causas de muerte materna en el mundo.

¿Por qué? La respuesta muy resumida es que la interrupción voluntaria del embarazo es el corazón de la autonomía femenina, la rebelión contra la libertad sexual y la maternidad impuesta, pero también contra la idea de que la vida de las mujeres puede ser moldeada y controlada. La posibilidad de abortar voluntariamente amenaza el proyecto patriarcal que, en permanente alianza con el capitalismo y el racismo, genera (porque lo necesita) la existencia de ciudadanos de primera y segunda, también de tercera. Es por eso que existe la resistencia y el ataque feroz contra el aborto. Quienes lo lideran, en España y en el mundo, son los mismos que están empuñando la motosierra como símbolo. Su interés no es la vida, es el control de las mujeres, es el poder para imponer un proyecto que, precisamente, desmantela la vida.

Ni el silencio ni la palabra son actos individuales. Tampoco lo son la vergüenza o la culpa. Los grupos religiosos, las derechas y los ultra promueven ambas cosas como manera de recortar de facto el aborto. Sus discursos están llenos de comentarios ofensivos hacia las mujeres que han abortado. Sus propuestas nos señalan a todas como seres irreflexivos, egoístas e irresponsables que necesitan ser tutorizados. Alimentan un estigma que dificulta que muchas mujeres hablen en voz alta, y alientan, también, la desinformación y el miedo.

Cuando hice un llamamiento para que las mujeres que quisieran compartieran conmigo los relatos de sus abortos para este libro percibí alivio, como si la posibilidad de contar su historia fuera una especie de liberación. Participar en un relato colectivo sobre el aborto, con todos los matices y aristas de cada experiencia, generó la sensación de ser escuchadas, acogidas y comprendidas. Siempre oímos a mujeres quitar importancia a sus historias. Sus vivencias, dicen, no son relevantes ni tienen nada de particular. Así se ha construido la Historia, la que lleva mayúscula, y las historias con minúscula, bajo la idea de que lo importante nunca tiene que ver con las vidas ni las experiencias de las mujeres, hasta el punto de que nosotras mismas hemos interiorizado esa creencia. Si le sumamos el peso de la culpa y la vergüenza, el estigma, la combinación es demoledora. Es por eso que sabemos poco sobre embarazos, sobre partos, sobre pérdidas y duelos perinatales, sobre violencia sexual, sobre deseo femenino, sobre climaterio, sobre menopausia y, por supuesto, sobre abortos. Los nombres de todas las mujeres que cuentan sus historias en este libro han sido cambiados porque esa ha sido la petición mayoritaria. Diría que el deseo de todas es contribuir a una historia pública, compartida, sobre la interrupción voluntaria del embarazo que sirva para ayudar a otras y, sobre todo, para dar batalla al estigma y consolidar la importancia de este derecho.

La retórica de quienes buscan prohibir, limitar o entorpecer el derecho al aborto reivindica «la vida».

«Provida», se autoproclaman a sí mismos, con un lenguaje que la sociedad asumió y que el feminismo ha impugnado. Porque, ¿quién es provida?, ¿qué es ser provida? Hacernos estas preguntas y elaborar una res-puesta diferente a la habitual es el meollo de este libro. La paradoja es evidente. Quienes se reivindican a favor de la vida quieren decirnos que estar a favor del aborto es estar en contra de la existencia. Y, a la vez, son los mismos que parecen perder el interés por la vida una vez el feto nace y se convierte, ahora sí, en un ser humano con plenos derechos y una existencia por delante que debe ser sostenida y atendida con dignidad y garantías.

Los grupos e individuos que se reivindican activamente provida son los mismos que demonizan el gasto, los que rinden culto a la política del déficit y al Fondo Monetario Internacional, al individualismo que convierte al otro en amenaza y hace del «sálvese quien pueda» su máxima. Son los mismos que desmantelan los servicios públicos, que promueven privatizaciones, recortes en dependencia o reformas draconianas de pensiones o del mercado laboral; los mismos que se quejan de que el salario mínimo subió demasiado o de que los permisos para cuidar son excesivos; los mismos que renuncian a intervenir en el mercado de la vivienda, y que rechazan aprobar prestaciones universales para la infancia. Son los mismos que quieren monopolizar el concepto de familia y que criminalizan a quienes se cuidan y estrechan sus lazos de otras maneras. Quienes criminalizan a quienes tienen hijos y forman sus parejas y sus familias, pero no como ellos quieren.

Lo que quienes se llaman provida olvidan (un olvido nada casual, más bien absolutamente intencionado) es que la posibilidad de abortar afecta a mujeres vivas, seres completos con entidad jurídica propia y con autonomía, seres cuya existencia quedará marcada por la posibilidad o no de acceder a ese derecho. Nuestras vidas corren peligro allá donde el aborto seguro no puede ejercerse. Eso son vidas concretas que proteger. Defender la vida no es solo llegar aquí, estar aquí, nacer o respirar. La vida es vida si la podemos vivir con dignidad y con derechos, la vida es vida cuanta más capacidad tenemos de decidir sobre ella, cuanto más podemos cuidarnos y saber que existe un colchón sobre el que derramar la enfermedad, la discapacidad, las dificultades de todo tipo, los dolores, la soledad, las distintas etapas que atravesaremos. Ese colchón hay que construirlo y sostenerlo. Si no, dices defender la vida como quien anima a alguien a saltar de un trampolín a una piscina que sabe que está vacía.

Defender la interrupción voluntaria del embarazo es estar a favor de la vida. Defender el derecho al aborto es radicalmente provida.

El debate de una moción de Vox sobre la “defensa de la vida” ha acabado este jueves en un tenso enfrentamiento en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. La concejala de Zaragoza en Común, Elena Tomás, y la alcaldesa, Natalia Chueca, han protagonizado un choque a raíz de unas declaraciones sobre la Virgen María que la regidora ha considerado una “falta de respeto” que “roza el delito de odio”.

La iniciativa del grupo municipal Vox instaba al Consistorio a “manifestar su compromiso firme con la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural”, además de “promover campañas de sensibilización en defensa de la vida y protección del no nacido, la maternidad y la familia” y desarrollar medidas de “prevención del aborto”.

Durante su intervención, Tomás ha cargado con dureza contra el contenido de la moción y ha asegurado que no sabía “cuál de todas me provoca más asco”. La edil ha cuestionado el denominado “Día del Niño por Nacer” y su vinculación con la tradición católica, tras recordar que el 25 de marzo coincide con la Anunciación: “Para los no creyentes, cuando la paloma fecundó a la Virgen”, ha dicho, para añadir a continuación que “aunque suene a chiste también abre un debate filosófico” y que “un embrión puede llegar a ser una persona, pero no lo es plenamente”.

Eva Torres, portavoz de Vox, ha dicho que el comportamiento de Tomás es “zafio” e “intolerable”: “Usted habla y no se da cuenta de que roza el delito de odio, roza el ir contra la libertad religiosa, muestra tal cantidad de odio en su corazón que lo lamento muchísimo”.

Tras el debate entre los grupos y antes de la votación, la alcaldesa ha intervenido para pedirle que “retire sus palabras”. “Ha ridiculizado a la Virgen, a la Virgen María”, ha dicho Chueca, que ha considerado que esa afirmación “es una falta de respeto hacia todos los cristianos” e incluso “roza el delito de odio”. Además, le ha afeado que “es habitual escucharle pontificar sobre posicionamientos extremistas”. La regidora ha insistido en varias ocasiones en que la concejala rectificara y ha enmarcado el episodio en lo que considera un trato desigual hacia las religiones. “Se defiende a la religión musulmana y se ataca a la católica y no lo voy a consentir”, ha dicho. En la misma línea, ha asegurado que en la intervención de ZeC ha habido una “falta de respeto” hacia los cristianos.

Tomás ha rechazado retractarse y ha defendido su intervención. “Yo soy una persona no creyente, para mí tanto lo que dice la religión musulmana como la que dice la católica como la que dice la cristiana, para mí es un cuento”, ha dicho. “Hay que tener respeto por las personas”, ha añadido, antes de zanjar: “No tengo nada que retirar”.

“¿Sabe usted que ha hecho una mofa de la concepción de la Virgen? Usted tiene la posibilidad de retirar esas palabras y dejar que el tema trascienda”, ha reiterado la alcaldesa. A lo que Tomás ha respondido: “Denúncieme, denúncieme”.

Más allá del choque, la moción ha sido finalmente rechazada con los votos en contra de PSOE y Zaragoza en Común, la abstención del PP y el único apoyo de Vox y la concejal no adscrita.

Durante el debate, la portavoz de Vox, Eva Torres, ha defendido que la vida humana es el “fundamento” de todos los derechos y ha apelado a la “dignidad inviolable” de toda persona. Desde el PSOE, su portavoz, Lola Ranera, ha acusado a Vox de querer “controlar el cuerpo de las mujeres” y ha calificado la iniciativa de “involución”. Por su parte, el PP ha defendido la maternidad y la “libertad individual de cada mujer”, recordando que el aborto es “un derecho legal”.

Los grupos municipales PSOE e Izquierda Unida han protestado este jueves contra la jornada antiaborto celebrada con la presencia de la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), en un salón municipal del Ayuntamiento, con una asociación antiderechos, rodeadas de un grupo de escolares de un colegio católico.

El contenido de los carteles que ha portado la oposición ha tenido un foco común para cuestionar la decisión del equipo de gobierno del PP de promover la celebración del día elegido por el movimiento antiaborto mundial como emblema de su causa contra el derecho a decidir.

'Lo que es ley, no se cuestiona. El PP usa lo público para cuestionar derechos', 'Contra la autonomía de las mujeres, contra la dignidad al morir: Así gobierna el PP', 'Ni aborto ni eutanasia: el PP contra nuestra autonomía y nuestros derechos', 'El PP utiliza el Ayuntamiento para cuestionar el aborto y la eutanasia. Para atacar derechos', se podía leer en este carteles.

Previamente a la protesta, que ha tenido lugar durante el receso del pleno del Ayuntamiento —coincidiendo con el minuto de silencio que el Ayuntamiento de Santander organiza mensualmente contra la violencia machista—, un grupo de mujeres de diversas asociaciones feministas y colectivos sociales han acudido al salón de plenos también con carteles que portaban mensajes similares.

Al regreso al pleno, la alcaldesa Gema Igual ha iniciado el segundo bloque del orden del día cuestionando la concentración, que se ha hecho en paralelo al minuto de silencio.

“Pido disculpas a las víctimas de violencia de género y no apruebo que se aproveche una convocatoria que es para otra cosa, no bajo el amparo de la convocatoria. Total respeto a manifestaciones que se puedan hacer, total desaprobación a que se pongan con cualquier otro cartel. Libertad, pero también yo la tengo, y respeto”, ha dicho Igual.

En estas mismas concentraciones mensuales, en convocatorias anteriores, grupos feministas y asociaciones vecinales han protestado también contra la propia alcaldesa de Santander, que mantiene como asesor del equipo de gobierno del PP a un agente de la Policía Local condenado por dos delitos de violencia machista.

Izquierda Unida (IU) de Santander ha denunciado este miércoles en un comunicado la decisión del Ayuntamiento de Santander (PP) de “amparar” una programación contra el aborto y la muerte digna, con la celebración del 25 de marzo, fecha elegida por el movimiento mundial antiaborto y anti eutanasia para festejar su causa. La decisión del Partido Popular de Santander de acoger un acto antiaborto en el consistorio, además de iluminar la fachada consistorial en apoyo a estas posiciones, “ilustra la deriva reaccionaria del PP”, ha advertido IU.

IU ha anunciado que pedirá explicaciones en el próximo Pleno municipal y exigirá que el Ayuntamiento “deje de utilizar recursos públicos para difundir una agenda ideológica reaccionaria que ataca derechos reconocidos de las mujeres”.

El concejal de IU, Keruin Martínez, ha Martínez ha criticado además la colaboración con asociaciones que “no se limitan a expresar una opinión, sino que se dedican a acosar a mujeres en las puertas de las clínicas”, algo que ha calificado de “inaceptable en una institución pública”. afirmado en su comunicado que el PP “ha decidido quitarse definitivamente la careta de modernidad y de consenso”.

Según ha advertido, el PP “asumió”, en el último pleno municipal, el argumentario de Vox con sus propuestas sobre inmigración, “y queriendo condicionar el acceso a los servicios públicos de las personas migrantes en situación regular a sus años de cotización”. Por eso, ha alertado Martínez que “ahora lo vemos con este ataque directo a derechos fundamentales de las mujeres y a la libertad individual”, ha señalado.

Iluminación morada o verde

IU ha insistido en que no se trata de un hecho aislado, pese a tratarse de un Ayuntamiento con un Plan de Igualdad: “Mucho iluminar de morado el Ayuntamiento el 8M, mucho minuto de silencio por las víctimas de violencia machista, pero luego mantienen a hombres condenados por violencia machista en su entorno político más cercano y promueven discursos que cuestionan derechos conquistados”, ha denunciado Martínez.

El edil ha añadido que “este doble discurso es una práctica habitual del PP de Santander”. “Recurren al greenwashing para vender una falsa sostenibilidad, presumen de Ciudad Amiga de la Infancia mientras normalizan la presencia de menores en los toros y hablan de accesibilidad sin garantizar baños públicos ni medidas reales para las personas con movilidad reducida”, ha afirmado.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha celebrado este miércoles la fecha elegida por el movimiento antiaborto mundial como emblema de su causa contra el derecho a decidir. La elección se consensuó desde que el primer Congreso Internacional Provida, celebrado en Madrid en 2003, acordase el 25 de marzo como el Día la Vida “desde la concepción y hasta la muerte natural”, porque también incluye el rechazo al derecho a la eutanasia.

Acompañada por la asociación cántabra Pro-vida, que tiene su sede en la capital, Gema Igual ha recibido a un grupo de escolares de un colegio católico en el salón de recepciones del Ayuntamiento, donde se ha leído un manifiesto. A través de un comunicado, Igual ha indicado que festeja la fecha para “reafirmar el valor de la vida de todas las personas”

En el exterior del Ayuntamiento, el grupo de mujeres de la asociación cántabra Pro-vida, que además de su rechazo al aborto, están en contra del derecho a la eutanasia, han instalado una mesa con información del trabajo del colectivo antiaborto. Además, han repartido globos amarillos, han recogido “donaciones de productos de bebé” y han instalado huchas.

En la mesa informativa de la asociación, que forma parte de la Federación Española de Asociaciones Provida, que promueve acciones ante clínicas abortivas, también han colgado un cartel que rezaba “Ante el final de la vida, cuidados paliativos”. Junto con la agrupación, ha estado delante del consistorio la concejala de Vox, Laura Velasco, de cuya visita ha compartido una imagen el Ayuntamiento.

Además, en el comunicado se ha explicado que los escolares han recogido globos, para “hacerlos volar como símbolo de la libertad y la vida”, agregando que “como símbolo de apoyo a esta jornada”, la fachada del Ayuntamiento se ha iluminado este martes de verde, color que sin embargo, desde que Argentina se convirtiese en referente con su ley pro aborto, ha enarbolado el movimiento mundial por el derecho a decidir.

“Esto vale casi 500 euros y tú no vas a pagar nada”. Es la frase que escuchó Marta, el nombre ficticio de una mujer de 40 años que el pasado febrero acudió a la sanidad pública de la Comunidad de Madrid para abortar. En la unidad de Interrupción Voluntaria del Embarazo de la Comunidad, una oficina a la que tienen que acudir todas las mujeres que quieran abortar a través de la sanidad pública en Madrid, le atendió una persona que le remarcó el coste de la intervención y le aseguró que todos los hospitales de la región son objetores, a pesar de que la ley exige que la objeción sea una decisión individual de cada profesional.

Precisamente, hace solo unos días, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó a Isabel Díaz Ayuso poner en marcha el registro de objetores que establece la norma, pese al rechazo de la presidenta a cumplirlo.

En el audio de la conversación, que grabó la mujer y al que ha accedido elDiario.es, puede escucharse cómo personal de la unidad le hizo firmar un documento que hablaba de que su caso estaba dentro de los “supuestos despenalizados” para abortar, a pesar de que, desde 2010, España cuenta con una ley de plazos y no de supuestos. En el caso de Marta se trataba, además, de una interrupción del embarazo dentro de las primeras 14 semanas, un plazo en el que las mujeres no tienen que justificar su decisión ni demostrar que encajan en supuesto alguno. En el documento puede leerse cómo, tras los datos personales de la mujer, consta este texto: “Solicita la interrupción voluntaria del embarazo al estimar que se encuentra incluida en los supuestos despenalizados por la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria de embarazo”.

Marta acudió a la oficina que el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) tiene en la calle Sagasta de la capital después de pedir información en una de las clínicas privadas más conocidas de Madrid, Isadora. Allí le explicaron que para que la sanidad pública financiara su procedimiento debía acudir a esa oficina para que le dieran el documento de derivación. Fue allí donde la enfermera del SERMAS que la atendía le remarcó que esa prestación tenía un coste que ella no iba a pagar y que le iba a entregar “una factura” que su hospital debería abonar en el plazo de un mes.

“Tú vas a ir a Isadora, esto vale casi 500 euros y tú no vas a pagar nada (...) Esto es una factura, tú vas a Isadora, Isadora te lo hace sin cobrarte nada y luego le pasa la factura al hospital”, le explica a la mujer, que le expresa su malestar porque le haga saber el coste de la intervención y por tener ella que hacerse cargo de ese trámite. “Yo misma trabajo en el SERMAS y en ninguna otra prestación le hacen al paciente recoger una hoja de pago cuando le derivan a un centro privado ni le hacen saber lo que cuesta la prueba o la operación que les van a hacer”, explica Marta.

Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid aseguran, sin embargo, que no se trató de una factura, sino de un “reconocimiento del derecho a la financiación”. “Es decir, se informa a la paciente mediante un documento y el coste autorizado para proceder a la interrupción voluntaria del embarazo. A su vez acredita que la paciente cuenta con tarjeta sanitaria y cumple los criterios. Este es un procedimiento que precisa de control y rigor”, señalan. Sobre la ley, reconocen que se trata de una ley de plazos y no de supuestos, “y hasta esa semana la mujer no tienen por qué expresar los motivos de la interrupción”, pese a que a Marta sí se le obligó a firmar ese documento.

Burocracia para abortar

Fuentes de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción voluntaria del embarazo (ACAI) aseguran que son frecuentes las quejas de mujeres “que trasladan su malestar por la manera en la que les han atendido” en la oficina del Servicio Madrileño de Salud. “Tienen que pasar por este trámite burocrático, algo que no sucede si, por ejemplo, vas al traumatólogo y te derivan a la sanidad privada para alguna prueba o intervención. En otros casos, los pacientes no tienen que gestionar ellos mismos su carta de pago”, explican. El trato y el periplo que las mujeres tienen que pasar para abortar y que la sanidad pública madrileña se haga cargo del pago hace que algunas prefieran acudir directamente a un centro privado y abonar ellas el importe.

A pesar de que el aborto es una prestación sanitaria pública, el 78,7% de las interrupciones voluntarias de embarazo se realizan en clínicas privadas. En Madrid, esa cifra es del 99%, es decir, apenas el 1% de los abortos se realizan directamente en hospitales públicos. La mayoría de intervenciones las financia la sanidad pública de cada comunidad autónoma a través de conciertos con los centros. En el caso de la Comunidad de Madrid, sin embargo, no existe un concierto con clínicas privadas, sino que emiten facturas por cada intervención derivada. La comunidad gobernada por Ayuso es una de las regiones en la que más mujeres terminan pagando su aborto: el 27,5% de todas las intervenciones las abonan las pacientes, es decir, escapan a la financiación pública.

Hasta hace poco las cartas de pago contemplaban el coste de la intervención. “La mujer no tiene por qué saber nada de eso”, aseguran fuentes de ACAI, que critican que en este caso se le hiciera saber de palabra a la paciente. En los últimos meses, el grupo socialista en la Asamblea de Madrid lanzó una batería de preguntas sobre el servicio que se da en la unidad de IVE y reclamó que las hojas de derivación dejaran de incluir el coste de la intervención. “Les hemos reprochado que les den estas cartas y que tengan que llevarlas las propias mujeres, esto no pasa en ninguna otra prestación sanitaria”, subraya la diputada socialista en la Asamblea Lorena Morales, que critica que solo exista un único punto en toda la comunidad para hacer este trámite y con un horario reducido, algo que “dificulta que haya mujeres que puedan acudir”. “Te hacen sentir que estás haciendo algo mal”, resume Marta.

“Supuestos despenalizados”

En el audio de la conversación puede escucharse cómo la mujer dice sentirse sorprendida por tener que firmar un documento en el que se habla de supuestos despenalizados al tratarse, además, de un aborto libre dentro de las primeras 14 semanas. “Lo tenemos redactado así”, le responde la enfermera que, ante las quejas de la mujer, le ofrece hablar con una superior. La coordinadora de la oficina le asegura entonces a Marta que la ley actual es “de plazos y supuestos”. “Si no quieres firmarlo, no lo firmes, pero entonces no te lo podemos tramitar, son supuestos basados en los plazos, pero sí se mantienen los supuestos porque no es lo mismo un psiquiátrico que un cáncer que un comité, que es por riesgo del bebé; el tuyo es el 14, que es gestación antes de las 14 semanas”, le dice a la mujer, que finalmente firmó el documento.

Desde ACAI señalan la “mala redacción” de la carta al hablar de “supuestos despenalizados”: “Eso no debería aparecer así porque tenemos una ley de plazos y esa explicación no es adecuada”. La ley de aborto de 2010 habla de supuestos solo a partir de la semana 14. Antes de ese plazo, “se garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo, sin interferencia de terceros”. Es a partir de esa fecha cuando existen plazos para abortar si concurren algunas circunstancias, como la existencia de anomalías fetales incompatibles con la vida, un hecho que debe pasar el dictamen de un comité bioético, o el riesgo para la vida o la salud de la embarazada. En ningún caso la norma actual habla de un supuesto “psiquiátrico”.

Cuando la pareja de la mujer pregunta a la enfermera por qué no es posible realizar el aborto en el hospital público que les corresponde, esta asegura que todos los hospitales de Madrid son objetores. La nueva ley del aborto obliga a las comunidades autónomas a poner en marcha registros de objetores que garanticen que la objeción de conciencia se ejerce de manera individual por cada profesional sanitario y no de forma colectiva por cada servicio de ginecología y obstetricia. En 2024, el Ministerio de Sanidad y las comunidades, incluida Madrid, acordaron los requisitos para crear estos registros. Sin embargo, la oposición de Isabel Díaz Ayuso a ponerlo en marcha hizo que Sanidad llevara a la comunidad a los tribunales. Hace unos días, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó a la comunidad que iniciara los trámites para crear el registro.

Vox vuelve a solicitar al Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por el PP, que se posicione contra el aborto y desarrolle campañas de “sensibilización en defensa de la vida y de protección del no nacido”. Lo hace en una moción que se votará en el próximo pleno, el 26 de marzo, en la que el partido de ultraderecha solicita que “el Ayuntamiento de Zaragoza manifieste su compromiso firme con la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural”.

No es la primera vez que la posición de Vox contra el aborto llega a un pleno municipal, en 2023 el PP apoyó que Zaragoza fuese declarada 'Ciudad por la vida'. Esto se tradujo en posteriores convenios con entidades antiabortistas: RedMadre y Ainkaren, que han protagonizado momentos polémicos y han sido señaladas por Intervención al incumplir el convenio en la solicitud de ayudas. La presidenta de esta última entidad fue nombrada hija predilecta de la ciudad en Zaragoza en 2025, a propuesta de Vox.

Ahora, tras la reciente aprobación de los presupuestos de Zaragoza con el apoyo in extremis de Vox —anunciado la tarde antes de la votación después de haber dicho que votarían en contra—, el partido de ultraderecha lleva al pleno esta moción. En el texto, sostiene que la vida humana es “el fundamento de todos los demás derechos” y afirma que toda persona, “con independencia de su grado de desarrollo, condición social, estado de salud o circunstancia personal”, posee una “dignidad inviolable que debe ser protegida por los poderes públicos”.

El documento también define al aborto como “la interrupción deliberada de una vida humana en gestación” y considera “una grave quiebra del principio de protección de la vida”. En este sentido, Vox plantea que las administraciones públicas “refuercen las políticas de prevención, apoyo e información a las mujeres embarazadas”.

Entre las medidas propuestas, el grupo municipal solicita que el Ayuntamiento manifieste institucionalmente su “compromiso con la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, promueva campañas de “sensibilización sobre la protección del no nacido, la maternidad y la familia”, y mantenga la colaboración con “asociaciones y proyectos sociales que acompañan a mujeres con embarazos imprevistos o en situación de dificultad”, en referencia a los convenios con las entidades antiabortistas RedMadre y Ainkaren. Asimismo, la moción plantea desarrollar campañas institucionales “orientadas a la prevención del aborto mediante información, acompañamiento y apoyo integral”, con el objetivo de promover “alternativas reales” ante embarazos inesperados o complejos.

Marco legal

La propuesta de Vox de implementar campañas de “sensibilización” y “alternativas” al aborto se registra bajo un marco legal definido por la Ley Orgánica 2/2010, cuya reforma en 2023 eliminó la obligatoriedad de informar a la mujer sobre las ayudas a la maternidad —salvo que ella lo solicite— y el periodo de reflexión de tres días. Según el artículo 3 de dicha ley, se debe garantizar que la decisión de la mujer se adopte “sin injerencias de terceros”, estableciendo el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo como una prestación que las administraciones públicas deben asegurar en su red sanitaria.

Esta normativa cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, que en su sentencia 44/2023 ratificó el sistema de plazos y aclaró que, si bien el feto es un bien jurídico protegido, no es titular del derecho a la vida consagrado en el artículo 15 de la Constitución. Posteriormente, en la sentencia 92/2024, el tribunal desestimó un recurso interpuesto por el propio grupo Vox, dictaminando que la supresión de las trabas informativas y de los plazos de espera no vulnera la Constitución, al considerar que el Estado debe respetar la autonomía de la voluntad de la mujer sin imponer condiciones que dilaten el proceso.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha reconocido este miércoles que está buscando la “forma y manera” de cumplir con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de ordenar al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que inicie de inmediato los trámites para la creación del registro de médicos y médicas que, por razones de objeción de conciencia, se niegan a practicar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública. No obstante, el portavoz del gobierno autonómico, Miguel Ángel García, ha asegurado que consideran que la justicia “no ha entrado en el fondo del asunto” por lo que se ha negado a “anticipar cuál va a ser el sentido de la resolución judicial”.

Lo ocurrido es que el TSJM decidió el lunes aceptar la solicitud de medida cautelar planteada por el Ministerio de Sanidad ante la inactividad del gobierno regional sobre el citado registro de objetores. La resolución judicial precisa expresamente que, aunque la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación, en cumplimiento de la ley del aborto. La medida, prevista en esa norma, persigue conocer cuántos profesionales hay en los hospitales públicos disponibles para realizar esta intervención. El tribunal recuerda que la Comunidad de Madrid votó a favor de la creación de un protocolo común para crear dichos registros a nivel autonómico en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado en diciembre de 2024. Pero hasta ahora el Ejecutivo de Madrid no ha puesto en marcha los trámites para activar este registro.

Precisamente este miércoles la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, había instado esta misma mañana al Ejecutuiivo madrileño a “cumplir la ley” tras la decisión del TSJM, pero la respuesta del equipo de Ayuso ha sido de nuevo de un choque total. “La ministra está mintiendo, está engañando una vez más. Nosotros siempre hemos preferido que fuera una resolución judicial la que estableciera la forma de proceder de la Comunidad de Madrid siendo una ley sectaria, pero es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no entra al fondo del asunto, simplemente ha establecido una cautelar”, ha dicho García haciendo alusión a la ley estatal que obliga a la creación del citado registro.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, García ha asegurado que “en Madrid se garantiza el derecho a la objeción de conciencia de todos los médicos, pero también que las mujeres que quieren abortar pueden hacerlo en los puestos establecidos en la ley”. “No tiene que venir la ministra para decir lo que ya está sucediendo en la Comunidad de Madrid. Lo que tendrá que explicar a los ciudadanos la señora ministra es cómo puede ser que allí donde ella gestiona el Ceuta y Melilla no se practica ni un solo aborto en la pública y lo que se practica solo en la privada y en otra comunidad autónoma. Y es lo que está ocurriendo en aquellos lugares donde gestiona y donde tiene competencias la ministra García”, ha concluido.

El Ministerio de Sanidad acudió a los tribunales después de que la Comunidad de Madrid no respondiera a un requerimiento en el que le instaba a poner en marcha este registro y después de que la propia Ayuso confirmara que no crearía el registro de objetores como marca la ley del aborto aprobada en 2023: un listado de acceso reservado y sin pedir el motivo de facultativos objetores para poder organizar los servicios y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública.

Este martes, tras conocer la decisión del TSJM, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, instaba al Gobierno de Ayuso a cumplir el auto judicial que le ordena iniciar los trámites para poner en marcha el registro de sanitarios objetores al aborto. “Siempre hemos considerado que las decisiones judiciales se acatan. Por tanto, yo estoy convencida que la Comunidad Madrid acatará la decisión judicial”, aseguró, en una rueda de prensa. “La portavoz del Grupo Popular en el congreso no ha dicho más que lo que venimos diciendo todos, que el Partido Popular y este gobierno, como no puede ser de otra manera, siempre cumple”, ha matizado este miércoles Miguel Ángel García.

La experiencia de cientos de mujeres que ven limitado o negado su derecho al aborto en España nos demuestra que ningún derecho está plenamente garantizado solo por figurar en una ley. Ojalá bastara con eso. Así, además de problemas de acceso, falta de información, burocracia excesiva y desesperante, traslados forzosos a otras provincias, el ejercicio real del derecho al aborto es restringido cuando cada día, a las puertas de clínicas acreditadas, las mujeres siguen teniendo que atravesar un pasillo de presión y de señalamiento de quienes quieren decidir por ellas.

Hace ya más de cuarenta años que, en España, gracias a la lucha del movimiento feminista, se legalizó el aborto. Y, sin embargo, aún hoy las mujeres que quieren ejercer este derecho siguen sufriendo hostigamiento y acoso. Siguen teniendo que enfrentarse a grupos de personas que quieren coartar su libertad.

Esto, además, pese a que en 2023 se logró reformar la ley para considerar como delito los actos intimidatorios o coactivos que intentasen obstaculizar este derecho. Así, mediante el artículo 172 quater del Código Penal, se reconoció que las pacientes y las profesionales de las clínicas vivían cada día una intimidación que tenía un fin: señalar a las mujeres, generar miedo, culpa, angustia, coartar e impedir el acceso a una prestación sanitaria legalmente reconocida.

Esta reforma recibió el aval del Tribunal Constitucional, que consideró que esta tipificación persigue un fin constitucionalmente legítimo —la protección de un derecho fundamental—; resulta proporcionada, necesaria y adecuada para evitar formas específicas de coacción ambiental; y no vulnera la libertad de expresión ni el derecho de reunión ya que no sanciona la manifestación de ideas, sino aquellas conductas que, por su contexto, reiteración o finalidad, pretenden perturbar gravemente la libertad de decisión de las mujeres.

Pese a lo bien intencionado de la reforma, las resoluciones judiciales interpretan de manera restrictiva este artículo. La sentencia más reciente, la del caso Askabide, en Gasteiz, ha absuelto a 21 personas que participaron en concentraciones frente a esta clínica. Según la jueza, se limitaron a “rezar por la vida y ofrecer su ayuda” en las inmediaciones del centro, actuando “de forma exquisitamente pacífica”.

Esta sentencia, vacía el artículo 172, resulta contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional y, sobre todo, supone una amenaza a la libertad de cualquier mujer, ya que justifica la intimidación y el acoso ante el ejercicio de un derecho.

Implica, además, una inversión de la carga de la prueba. No corresponde ni a las mujeres ni a las trabajadoras de las clínicas demostrar que estas concentraciones les causan malestar, les intimidan o les impiden acceder a esta prestación sanitaria. El acto en sí, la presencia de estos ultras, es una forma de acoso.

Por eso, para cerrar estas grietas y para que la protección frente al hostigamiento se cumpla, nuestro grupo parlamentario ha registrado una propuesta de modificación del artículo 172 quater.

En concreto, por un lado, perseguimos definir con total claridad que la generación de “un entorno intimidatorio, hostil o coactivo, mediante actos molestos u ofensivos” supone una limitación a la libertad de las mujeres. No se concentran en las clínicas para “cantar y rezar”, se concentran para influir y coaccionar a las mujeres que quieren ejercer un derecho básico.

Y por otro lado, prohibir la realización de concentraciones, manifestaciones, vigilias, etc., dentro de un perímetro de seguridad de doscientos metros alrededor de las clínicas.

Debe existir un espacio protegido en torno a las clínicas para que las mujeres puedan abortar con tranquilidad, sin intromisiones ni condicionamientos. Un espacio protegido para garantizar el derecho efectivo, algo que es responsabilidad de los poderes públicos.

El aborto debe poder ejercerse como un derecho, como una prestación sanitaria, y no como una carrera de obstáculos y hostigamientos. Y para que eso ocurra, el Estado no puede mirar hacia otro lado, tiene que proteger.

La obligación del Estado es estar al lado de quienes quieren ejercer el derecho a decidir sobre su cuerpo. Es asegurar que el ejercicio de ningún derecho dependa del miedo, de la culpa o de la determinación para soportar la presión.

En el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar lo tenemos claro. No vamos a permitir que se vulneren derechos, menos aún que se retroceda en ellos.

Una sociedad democrática no deja solas a las mujeres. No permite que acceder a un centro sanitario se convierta en una prueba de resistencia emocional frente al acoso.

Porque si la libertad depende del miedo, no es libertad. Y si la ley no basta para garantizarla, entonces la ley debe cambiar. Y eso es lo que vamos a hacer.

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Yolanda Díaz, Verónica Barbero, Esther Gil de Reboleño, Laura Vergara, Candela López, Aina Vidal, Júlia Boada, Viviane Ougou, Engracia Rivera, Tesh Sidi, Alda Recas y Mar González.

La Intervención General del Ayuntamiento de Zaragoza ha detectado “incumplimientos formales”, “deficiencias” en la justificación económica y falta de indicadores de resultados en las subvenciones concedidas en 2024 a las entidades antiabortistas Ainkaren (Casa Cuna) y Red Madre. Los informes de control financiero permanente advierten de la omisión en la documentación presentada por Ainkaren de una ayuda autonómica de 60.000 euros con el mismo objetivo que la municipal, lo que incumple el convenio del Consistorio. También obligan a Red Madre a devolver parte de la subvención tras rechazar varios gastos. Al hilo de estos informes, Zaragoza en Común ha denunciado “alarmantes irregularidades”, “proyectos financiados dos veces” y “ayudas públicas sin declarar”. Fuentes del Ayuntamiento aseguran que los convenios son “totalmente legales y de interés público”.

Las conclusiones forman parte del Plan Anual de Control Financiero 2025 y analizan la legalidad, eficacia y correcta aplicación de los fondos públicos destinados a estos convenios, integrados en la Línea Estratégica de Acción Social del Plan de Subvenciones 2024-2027.

En el caso de la Asociación Ainkaren, que gestiona el recurso residencial Casa Cuna Madre Teresa, Intervención detecta que la entidad no declaró en el expediente municipal la existencia de un convenio firmado el 3 de julio de 2024 con el Gobierno de Aragón por importe de 60.000 euros. La documentación presentada ante el Ayuntamiento está fechada cinco días después, el 8 de julio, cuando la ayuda autonómica ya estaba formalizada. El informe concluye que esta omisión supone un “incumplimiento formal” de la cláusula octava del convenio municipal y de la normativa general de subvenciones, al no haberse comunicado la concurrencia de otras ayudas públicas.

Además, el órgano de control señala que el convenio municipal y el autonómico financian “en la práctica el mismo dispositivo asistencial”, es decir, la Casa Cuna gestionada por la entidad. Ambos son definidos como “financiaciones estructurales complementarias de una misma actividad continuada” con idéntico destino funcional. No obstante, Intervención descarta que exista sobrefinanciación. Los gastos totales de la asociación en 2024 ascendieron a 176.052,11 euros, por encima de los 91.050 euros recibidos en subvenciones públicas, lo que arroja un ligero déficit. El informe precisa que no ha tenido acceso a la justificación presentada ante la Administración autonómica, por lo que no puede verificar si hay facturas imputadas simultáneamente a ambas ayudas.

Zaragoza en Común considera la situación “especialmente grave” y sostiene que la falta de declaración impide comprobar adecuadamente la financiación global del recurso. La formación subraya que la entidad pasó de percibir alrededor de 10.000 euros a contar en 2024 con dos convenios nominativos que suman 91.000 euros y denuncia que en 2025 la cuantía pública se ha elevado hasta 103.500 euros.

Además, ZeC cuestiona la diferencia entre el coste efectivo declarado —25,4 euros por madre y día— y los módulos de referencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que sitúan recursos similares en 203,42 euros por unidad familiar y día. A su juicio, esa brecha evidencia “baja calidad de la intervención”, “precarización” y una posible selección de perfiles menos complejos.

RedMadre: gastos rechazados

En cuanto a RedMadre Zaragoza, la Intervención detectó “incidencias relevantes” en la fase de justificación económica. La entidad presentó inicialmente documentación incompleta y tuvo que atender distintos requerimientos antes de que se validara el gasto final. Entre las partidas cuestionadas figuraban indemnizaciones por despido, servicios de cátering y determinados gastos de mudanza que no se consideraron directamente vinculados al proyecto subvencionado. Tras el análisis técnico, solo se validaron 22.108,74 euros, lo que supuso la anulación del pago pendiente del 20% de la subvención y el reintegro de 1.891,26 euros correspondientes al exceso percibido en el anticipo.

El informe también cuestiona la actuación del servicio gestor del área de Políticas Sociales, que propuso en dos ocasiones la aprobación de la justificación pese a las advertencias técnicas. Zaragoza en Común afirma que desde la consejería existía “un mayor interés en resolver esta subvención de acuerdo a los intereses de esta entidad que en garantizar el cumplimiento de la legalidad”.

La formación añade que, pese a estas incidencias, en diciembre de 2025 se firmó un nuevo convenio que cubre el 100% del proyecto, frente al 80% habitual en ejercicios anteriores, lo que considera un trato diferenciado respecto a otras entidades sociales.

Más allá de los aspectos económicos concretos, Intervención identifica deficiencias comunes en ambos expedientes. Las memorias presentadas son fundamentalmente “narrativas” y carecen de “indicadores cuantitativos que permitan medir de forma objetiva la demanda atendida, la cobertura o los resultados alcanzados”. Para Zaragoza en Común, esta ausencia de métricas refuerza su denuncia de falta de transparencia. La formación enmarca estos convenios en lo que califica como una asunción de la “agenda ideológica de Vox” y habla de “fórmulas claramente clientelistas en la gestión de los fondos públicos.

Las críticas también han llegado desde el grupo municipal del PSOE. Han recordado que el convenio con RedMadre fue “una de las exigencias de la ultraderecha para aprobar el presupuesto municipal” y las declaraciones polémicas de su presidenta en la sala de prensa institucional, cuando vinculó a los hijos de madres migrantes con “quinquis y pandilleros”, llevó ya entonces al PSOE a pedir la reprobación de la consejera del ramo. El PSOE critica que ahora “nos encontramos con que no han sido capaces ni de justificar el gasto de este convenio que el Gobierno de Chueca llevó adelante como pago al apoyo de la ultraderecha, a pesar de que lo presentaran a bombo y platillo en rueda de prensa, algo que no han hecho con los otros 41 convenios que tenían firmados para ese año”.

Desde el grupo del PSOE han dicho que las dos entidades “han demostrado que no son capaces de justificar el dinero que se les ha asignado; un dinero que podría haber sido utilizado para mejorar los datos de la pobreza infantil o apoyar a familias frágiles, algo muy preocupante” y han anunciado que pedirán explicaciones en la próxima comisión de Políticas Sociales.

Por su parte, el equipo de gobierno municipal defiende que los convenios son “totalmente legales y de interés público”, que cuentan con el aval técnico de Intervención en términos generales y que estos recursos cubren necesidades sociales.

Los juzgados de Barcelona se han convertido en el principal campo de batalla de Abogados Cristianos contra la eutanasia. Además de los recursos contenciosos contra la muerte digna, la entidad ultracatólica ha emprendido ahora la vía penal contra dos de los profesionales que avalaron la eutanasia de la joven N., quien desde hace casi un año y medio espera, mientras su sufrimiento crece a diario, la respuesta de los tribunales para poder materializar su derecho a morir.

“Las acciones judiciales contra la eutanasia solo buscan atemorizar a los profesionales que evalúan las solicitudes, pero no lo conseguirán”, afirma el abogado y miembro de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Catalunya Ramon Riu, que anticipa un archivo del caso penal y un aval del Supremo a la eutanasia de N., pero con un perjuicio: “Se prolonga el tema solo para hacer ruido y alargar el sufrimiento de los pacientes”.

Acudir a los tribunales para extender a la Justicia una batalla política que no se gana en la calle o el Parlamento no es algo inédito entre los colectivos ultracatólicos: hace 20 años, el caballo de batalla fue el aborto, con la causa penal del doctor Morín (fallecido en 2022) como exponente. En aquella ocasión, fue la entidad E-Cristians, con un amplio historial de campañas y pronunciamientos antiabortistas en Catalunya, quien acudió a los tribunales contra el médico y empresario de dos clínicas privadas de interrupción del embarazo. 

A caballo de reportajes sensacionalistas en la prensa británica y danesa sobre los abortos que se practicaban en las clínicas y de testigos protegidos que se retractaron en el juicio, E-Cristians presentó una denuncia en 2007 contra Morín, los psiquiatras y anestesistas que colaboraban con sus centros. Y hasta pidió imputar a 21 mujeres, que llegaron a tener que comparecer como investigadas. La causa se terminó archivando para ellas, pero luego tuvieron que testificar y rememorar su traumática experiencia en la vista oral.

En 2013 la Audiencia de Barcelona absolvió a Morín y al resto de acusados, aunque el juicio tuvo que repetirse tres años después ya que el Supremo anuló la primera sentencia al considerar que no se habían valorado a los periodistas de la televisión danesa que habían hecho un reportaje con cámara oculta en sus clínicas. 

Tras un nuevo juicio, Morín fue condenado por tres abortos ilegales al considerar “defectuosa o insuficiente” la elaboración del dictamen psiquiátrico que debía acompañarles, pero lejos de los relatos de terror planteados por las acusaciones, a quien la primera sentencia llegó a reprochar su “insistencia casi obsesiva” en la presencia de un triturador en la clínica, algo evidente en un centro médico.

Junto a Morín, la otra diana de los colectivos antiabortistas fue la clínica Isidora de Madrid. Tras una denuncia de la plataforma antiabortista La Vida Sí Importa, un juez abrió un caso en el que 25 mujeres, usuarias del centro, fueron llamadas a declarar como testigos, y tres médicos fueron imputados. El caso se terminó archivando por ausencia “del más mínimo indicio de delito”, según el auto del juez.

Las acciones judiciales ultracatólicas terminaron empujando al histórico cambio legal de 2010, actualmente en vigor y que permite el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación. Así se abandonó la anterior ley de 1985, que despenalizó el abortó en solo tres supuestos: violación, riesgo para la salud física y psíquica de la madre y malformación el feto.

Las recientes acciones judiciales de Abogados Cristianos contra la eutanasia provocan que, desde hace 16 meses, tanto la joven N. como un hombre de Barcelona de 54 años no puedan ver materializado su derecho a morir dignamente. Ello incrementa a diario sus padecimientos físicos y psicológicos, tal y como trasladó a los jueces la joven en una carta en la que denunció las presiones para que renunciara a la eutanasia de colectivos católicos vinculados al centro de menores en el que pasó parte de su infancia.

Desde Derecho a Morir Dignamente en Catalunya, Ramon Riu ha planteado a los partidos una reforma en la ley de la jurisdicción contenciosa para que los recursos contra la eutanasia (ya sean de familiares en contra o de pacientes a los que la Comisión de Garantía ha rechazado su solicitud) se solventen con mucha más celeridad y evitar así que se repitan casos como el de N.

“Los recursos por la ley electoral u otros derechos como el de reunión y manifestación se sustancian en 20 días y después solo se pueden recurrir ante el Constitucional. ¿Por qué no hacerlo en contextos de sufrimiento como el eutanásico?”, reflexiona Riu. Acortar los plazos para resolver los recursos permitiría, argumenta el abogado, achicar la grieta hallada por Abogados Cristianos a la ley de eutanasia.

Además de los plazos, la otra disputa jurídica que se resolverá en 2026 es la de la legitimación de los familiares para recurrir eutanasias: el Supremo determinará si un padre u otro familiar puede impugnar judicialmente el reconocimiento de la prestación de eutanasia realizada por el comité científico y jurídico “a un solicitante mayor de edad con plenas capacidades para decidir sobre su vida”. La ley estaba pensada para que los recursos los interpusieran los pacientes con solicitudes denegadas, y no los familiares que se oponen a la eutanasia (el derecho es del paciente, no del familiar).

En paralelo al Supremo, un juzgado de Barcelona tendrá que decidir si imputa a un médico y una jurista de la Comisión de Garantía y Evaluación que aprobó la eutanasia de la joven N., a los que Abogados Cristianos acusa de un delito de prevaricación y otro de falsedad documental.

Antes de resolver si investiga formalmente por primera vez en España a dos profesionales que evalúan las eutanasias, la magistrada ha pedido el expediente completo de la causa en el juzgado contencioso del caso de N. En el juicio, los profesionales explicaron que, como la de N. era una petición compleja, tuvieron que manifestar un desacuerdo entre ellos para que el caso fuera elevado al pleno de 19 profesionales de la Comisión.

La magistrada de lo contencioso avaló por completo la actuación de los profesionales, pero aun así Abogados Cristianos se ha querellado contra ellos. “No se aprecia ningún indicio de delito en la actuación de los profesionales de la dupla. En el informe se hace constar que la jurista considera que el caso genera dudas, lo que concuerda con el carácter complejo del caso que, según han manifestado en juicio, les llevó a elevar la decisión al pleno de la comisión”, resolvió la magistrada en la sentencia que avaló la eutanasia a la joven.

Para Riu, esta querella “quedará en nada”, aunque destaca el “tiempo y dinero perdido” que ocasionará la acción legal de Abogados Cristianos. La preocupación del abogado está en los dos pacientes que esperan al Supremo para poder morir en paz: “Están sufriendo cada día, llevan casi un año y medio, y van a peor”. 

El caso de Vanesa muestra con crudeza la situación actual de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en buena parte de Argentina. De la provincia de Catamarca, de bajos recursos y madre de seis hijos, la mujer de 42 años no sabe con certeza si va a sobrevivir a su embarazo. Tiene una diabetes descompensada que le provoca sangrados, coágulos y dolores intensos.

Tras múltiples dilaciones en el sistema de salud, alcanzó las 16 semanas de gestación. Ya le avisaron de que no hay medicación para un aborto y fue rechazada en una derivación. La médica le pasó el contacto de las 'socorristas' [grupos feministas que ofrecen acompañamiento a quienes quieren abortar] de esa provincia. “¿Qué me va a pasar?”, se pregunta Vanesa.

Una ley con barreras crecientes

Según un informe del Equipo Latinoamericano de Igualdad y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable no tuvo casi financiación en 2024. Su ejecución representó apenas el 20% de lo invertido en 2023 y solo el 8% del nivel de 2021. 

Aunque en 2025 hubo una recuperación parcial, el Presupuesto 2026 consolida un cambio de enfoque que impacta de lleno en la IVE: se eliminan metas de provisión de medicamentos, asesoramiento y capacitación, y se reduce la cobertura de métodos anticonceptivos del 54% al 34% de la población.

“En muchas provincias es como si la ley estuviese derogada en la práctica”, afirma Ruth Zurbriggen, 'socorrista' de Neuquén. “Lo más grave es que se suspendieron los fondos para misoprostol y mifepristona y se desmanteló la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva”, agrega Lucía de la Vega, de la Agenda Transversal Feminista del CELS. 

“Ya no hay acceso a la información porque se eliminaron las campañas oficiales y los canales de difusión; el 60% de las denuncias que recibimos está vinculado a mujeres que no saben cómo ni dónde acceder a un aborto”, señala Lucila Galkin, directora del Área de Género y Diversidad de Amnistía Internacional.

Sin datos, sin política pública

A ese escenario se suma la falta de estadísticas oficiales actualizadas. Desde el cambio de gestión, “no hay datos ni estadísticas ni nada”, advierten desde el CELS, y los últimos registros nacionales son de 2023. “Sin datos, no se pueden evaluar políticas ni comprar insumos adecuadamente”, alertan organismos de derechos humanos.

La ausencia de información también invisibiliza las barreras de acceso, sobre todo en las provincias con menos recursos. Según las organizaciones territoriales entrevistadas, no hay registros que permitan dimensionar cuántas personas quedan fuera del sistema o deben desplazarse para abortar. “No lo sabemos”, reconocen. Y aseguran que cada vez atienden más casos de personas que no pueden acceder a un aborto. 

“En Catamarca, por ejemplo, la IVE dejó de estar garantizada en la Maternidad Provincial; por eso hoy la salud de Vanesa corre riesgo”, advierte Victoria Llarens, 'socorrista' de esa provincia. 

Vanesa sospechó que estaba embarazada una tarde a principios de noviembre, mientras limpiaba una casa en Tinogasta, Catamarca. Consiguió 26.000 pesos (15 euros) prestados para una ecografía. A las diez semanas volvió a la médica, que le recetó una medicación que no pudo pagar. En la tercera consulta le informaron que el equipo de Intervención estaba suspendido por tiempo indeterminado. Las barreras para acceder a un aborto se multiplicaron y Vanesa alcanzó las 16 semanas de embarazo. 

Las barreras para acceder al aborto

Durante 2025 se triplicaron las denuncias por barreras de acceso al aborto respecto de 2024, según Amnistía Internacional. Los principales obstáculos siguen siendo la falta de misoprostol y mifepristona, que el Estado argentino dejó de comprar, y la desinformación dentro del propio sistema de salud, que deriva en recorridos innecesarios y demoras injustificadas. 

El relevamiento también expone consejerías disuasivas, maltratos y uso abusivo de la objeción de conciencia, prácticas que reducen la disponibilidad de prestadores, sobre todo en zonas alejadas. Obras sociales (seguro social obligatorio para trabajadores) y prepagas (aseguradoras médicas privadas) replican esas obstrucciones con negativas de cobertura y trabas administrativas.

“En Formosa, por ejemplo, equipos que antes garantizaban abortos hoy se declaran objetores de conciencia”, asegura De la Vega, del CELS. “En muchos casos es ideológico y se envalentonan con el discurso oficial, pero en otros tiene que ver con la falta de insumos, el empeoramiento de las condiciones laborales y el temor a enfrentar problemas legales si algo sale mal. Ser objetor termina siendo más fácil porque es menos trabajo y menos riesgo”. 

La especialista agrega: “Hay menos personal, sueldos deteriorados, más carga laboral. Muchos médicos tienen tres o cuatro trabajos. En ese contexto, la atención se vuelve rápida, fragmentada, y en algunos casos se evitan prácticas que implican más tiempo y responsabilidad, como la atención de abortos”. 

Aplicación desigual

“La atención depende mucho de la jurisdicción”, explica Galkin, directora de Género de Amnistía. La implementación de la IVE es desigual entre provincias y las brechas se profundizaron tras el anuncio del Estado en el Consejo Federal de Salud de que dejará de ejercer la rectoría sanitaria. “No es lo mismo garantizar derechos en la provincia de Buenos Aires que en Misiones o Santiago del Estero”, advierte De la Vega, del CELS. El lugar de residencia, remarca, condiciona el acceso.

Entre las provincias más críticas aparecen Misiones, con alta tasa de embarazo adolescente y pocos servicios, y Santiago del Estero, donde los mayores obstáculos se concentran en abortos de segundo trimestre. Problemas similares se repiten en Santa Cruz, San Juan, Jujuy y zonas rurales, donde las distancias, la falta de equipos, la discontinuidad en la atención postaborto y la reducción del programa Remediar (que brinda acceso y cobertura de medicamentos esenciales) provocan mayor desigualdad.  

Al resguardo de las 'socorristas'

Trabajadora informal, sin estudios primarios completos, sin obra social y sostén de seis hijos y una sobrina, Vanesa es oriunda de Tinogasta, una localidad del oeste de Catamarca, rodeada por cordones montañosos que condicionan la vida cotidiana. Con un clima árido templado, de grandes distancias y escasa conectividad y servicios, su paisaje refleja una identidad andina que, al mismo tiempo, evidencia las dificultades de acceso a la salud.

“La ley fue hecha, sobre todo, para situaciones de vulnerabilidad como la de Vanesa, que creció sin derechos. Ahora el Estado vuelve a fallarle, cuando la ley debería protegerla”, dice Llarens, 'socorrista' de Catamarca, con la voz quebrada. Fue ella quien recibió el caso a partir de la recomendación de la médica que no pudo garantizar insumos y equipo para un aborto.

Según advierten las especialistas, en muchas regiones las organizaciones 'socorristas' están retomando el rol que cumplían antes de la sanción de la Ley 27.610, al hacerse cargo de los casos que el sistema de salud no puede atender. “Estamos desbordadas, se nos vino encima, literalmente, todo el sistema de salud”, alerta Llarens.

“Acompañamos decisiones de aborto, con o sin ley”, resume Zurbriggen, 'socorrista' de La Revuelta de Neuquén. “El derecho al aborto se sostiene todavía porque hay capas de la sociedad que lo cuidan”.

El desmantelamiento de una política clave

El Plan ENIA, central para la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, también fue desmantelado. Según los especialistas, entre 2017 y 2023 redujo la tasa de fecundidad adolescente en un 58% y permitió al Estado ahorrar 140 millones de dólares al año. 

El Gobierno de Javier Milei ha despedido al 80% del personal y ha reducido en 85% su presupuesto entre 2023 y 2025. El Equipo Latinoamericano de Igualdad y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierten que para 2026 la ejecución proyectada equivale a menos del 3% de lo invertido en 2023, junto con la eliminación de metas clave como asesoramientos a adolescentes, capacitaciones en Educación Sexual Integral (ESI) y acciones comunitarias.

“Es una política de descuido hacia niñas y adolescentes”, advierten organizaciones territoriales, que recuerdan que obligar a niñas a parir fue considerado por organismos internacionales como un trato cruel, inhumano y degradante. 

“Logró reducir a la mitad la tasa de fecundidad adolescente”, señala Galkin, de Amnistía. “Es lo fundamental por lo que tenemos que pelear para que se garantice porque profundiza las desigualdades y expone a niñas y adolescentes a riesgos físicos y emocionales”, concluye De la Vega.

Al momento del cierre de este texto, Vanesa había dejado de atender el teléfono a las 'socorristas' de Catamarca, que tenían preparada una denuncia. “Tenía que pedirle permiso al marido para seguir con el trámite en la Justicia. Capaz que no la dejó”, lamenta Llarens.

Una de las primeras medidas de la presidencia de Donald Trump fue anunciar despidos y recortes en la agencia del Gobierno de Estados Unidos que gestiona la cooperación internacional y la ayuda humanitaria y al desarrollo en países de todo el mundo (USAID). La medida, anunciada poco después de su llegada a la Casa Blanca, causó conmoción en todo el mundo. Muchas clínicas de salud cerraron inmediatamente, dejando a millones de personas sin acceso a medicamentos e instalaciones de importancia vital, con consecuencias potencialmente mortales, especialmente para los pacientes con VIH, niños y adolescentes, y mujeres.

Para muchos, la posterior supresión del 83% de los programas de USAID pareció puro nihilismo, orquestado por ideólogos que querían acabar con la agencia. Pero tras esta destrucción había una visión a largo plazo, según alertan los expertos. El desmantelamiento de USAID ha allanado el camino para la siguiente fase de un plan para transformar el panorama mundial de la salud, según afirman los defensores de la justicia reproductiva.

“Los primeros nueve meses [de la presidencia de DonaldTrump] se deben interpretar como la primera ronda”, afirmó Beth Schlachter, directora de relaciones exteriores de Estados Unidos en MSI Reproductive Choices -una organización internacional de salud que defiende y presta servicios de salud sexual y reproductiva- ante los delegados de la reciente Conferencia Internacional sobre Planificación Familiar (ICFP) celebrada en Bogotá, (Colombia). “Ahora que han desmantelado el sistema de ayuda exterior estadounidense, el siguiente paso es reconstruirlo y ocupar ese vacío”, añadió.

La clave para “llenar este vacío” son los nuevos acuerdos bilaterales de ayuda que Estados Unidos está negociando con los gobiernos. Según Schlachter, es casi seguro que estos acuerdos incluirán condiciones que dificultarán a las organizaciones la prestación de servicios de planificación familiar. Schlachter no es la única experta que advierte a los gobiernos y a las ONG que estén muy alerta ante los intentos de Estados Unidos y de las organizaciones cristianas ultraconservadoras de socavar los avances en materia de salud sexual y reproductiva.

The Guardian ha hablado con líderes de organizaciones de justicia reproductiva sobre lo que se avecina, para entender el efecto que estos planes podrían tener en las mujeres y las niñas de todo el mundo.

El plan antiabortista 'Protego'

En octubre, el Instituto para la Salud de la Mujer (IWH) de Washington DC (un think tank conservador que promueve una agenda contraria al aborto y a los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito de la política internacional) celebró el quinto aniversario de la Declaración de Consenso de Ginebra (GCD). Se trata de un manifiesto firmado en 2020, durante la primera administración Trump, que sostiene que “no existe un derecho internacional al aborto, ni ninguna obligación internacional por parte de los Estados de financiar o facilitar el aborto”.

La declaración fue inmediatamente condenada por los gobiernos más progresistas y las organizaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional ha señalado que la GCD pone en peligro vidas, va en contra de los derechos humanos y de décadas de investigación en materia de salud.

Durante el evento, Hungría, uno de los países que ha impulsado la GCD desde sus inicios, dio la bienvenida a Guinea como último signatario. Con este país africano, el número total de Estados firmantes asciende a 40, la mitad de ellos en África. Valerie Huber, presidenta del Instituto para la Salud de la Mujer y artífice del GCD, afirmó que el objetivo es llegar a 80 países en los próximos tres años. Su objetivo es crear “una fuerza invencible para la salud de las mujeres, las familias fuertes y la soberanía nacional que ninguna presión internacional pueda quebrantar”, según sus palabras.

Huber lidera los esfuerzos para convertir las bases de la GCD en políticas activas de los países socios a través de su proyecto Protego, una estrategia que ha alarmado a muchos expertos y activistas. “Cualquier política basada en la GCD tiene un impacto catastrófico para la autonomía corporal y los derechos reproductivos. Todos deberíamos estar preocupados y atentos a las acciones que se están impulsando desde Estados Unidos”, alerta Jamie Vernaelde, investigador principal de la ONG de justicia reproductiva Ipas.

En declaraciones a The Guardian, Huber rechaza la idea de que la GCD represente una amenaza para la salud de las mujeres. “Los objetivos reales declarados de la GCD incluyen la reducción de la mortalidad materna, la mejora de los resultados de salud a lo largo de toda la vida y la promoción de la cobertura sanitaria para todos. Las afirmaciones de que 'pone en peligro vidas' contradicen el propio documento”, defiende la líder del grupo antiabortista.

Los objetivos del proyecto Protego se describen en una guía de 62 páginas titulada 'Marco para la salud óptima de las mujeres'. Vernaelde señala que el documento contiene “un lenguaje que reivindica el valor de las mujeres y las niñas”, pero con “pocas recomendaciones específicas”. La estrategia, añade, va en contra de las políticas de salud pública basadas en la ciencia y “apenas menciona ningún método anticonceptivo moderno, excluyendo a las comunidades marginadas, como las personas con VIH, las personas que consumen drogas, las trabajadoras sexuales y las minorías sexuales y de género”. El investigador añade que, además, “no se hace ninguna mención al acceso de los adolescentes a una educación sexual integral; se da prioridad a los derechos de los padres sobre los derechos de los niños”.

“Está tratando de suplantar los marcos [de derechos humanos] existentes”, lamenta. En este sentido, Huber ha negado que no se concreten los detalles y que el proyecto intentara sustituir el consenso existente en materia de derechos humanos. “El marco contiene más de 1.000 citas y proporciona información exhaustiva y basada en pruebas... y ofrece a los países alternativas basadas en la investigación que se ajustan a sus valores culturales y su soberanía”, afirma.

El marco no menciona el aborto, salvo para decir que no es una forma de anticoncepción, pero asegura que es “coherente con los pilares fundamentales de la GCD”. Huber ha hablado públicamente sobre el potencial del proyecto para apoyar a los países en su defensa contra los donantes que, según ella, tratan de imponer a los países una “ideología” progresista, como el acceso al aborto seguro y legal.

Según Huber, el enfoque del IWH “se centra en reducir las circunstancias que llevan a las mujeres a considerar el aborto mediante sistemas de apoyo sólidos, una atención sanitaria de calidad y la educación. Este enfoque favorable a las mujeres aborda las causas fundamentales”. Huber aboga por una educación basada en la abstinencia en lugar de una educación sexual integral (ESI), el proceso respaldado por la ONU y la Organización Mundial de la Salud que consiste en enseñar información adecuada a la edad sobre la sexualidad y la salud sexual y reproductiva

Las investigaciones sobre el impacto de la educación sexual integral muestran que dota a los jóvenes de los conocimientos y habilidades necesarios para mantenerse seguros, mantener relaciones saludables, asumir menos riesgos y comprender la equidad y los derechos de género.

Proyecto piloto en Guatemala

En octubre de 2023 se puso en marcha un proyecto piloto de Protego en Guatemala, que tiene una de las tasas más altas de embarazos adolescentes de América Latina y fue designada “capital provida de América Latina” por el expresidente Alejandro Giammattei.

Una de las primeras iniciativas de Protego en el país centroamericano ha sido una “guía de comunicación entre padres e hijos” impulsada por Huber y el entonces ministro de Educación guatemalteco. En este documento se ofrecen consejos sobre cómo abordar temas delicados, incluyendo consejos sobre las relaciones sexuales. En ella se hace hincapié en los derechos de los padres, lo que parece alimentar el pánico moral de la derecha ante la idea de que los padres están perdiendo el control sobre sus hijos.

Los esfuerzos por introducir la educación sexual en las escuelas de Guatemala ya se enfrentaban a numerosas barreras. La guía para padres de Protego socavará aún más esos esfuerzos, al situar el control parental por encima de los derechos de los niños.

Ahora, la atención de Protego se centra en África. Uganda, uno de los primeros patrocinadores del GCD, ha sido uno de los primeros países en adoptar Protego. Su primera dama y ministra de Educación, Janet Museveni, se sumó a este proyecto en febrero de 2024. Al igual que en Guatemala, una de las primeras iniciativas fue un plan de estudios escolar que servirá como alternativa a la ESI y que, según se informa, se ha entregado a Huber para su revisión. Burundi dio su apoyo en octubre de 2025. Vernaelde señala que “este proyecto está ganando terreno”.

“El hecho de que algunas organizaciones se opongan a nuestro enfoque refleja diferencias ideológicas y quizás incomodidad con nuestro rechazo al colonialismo ideológico, no deficiencias en nuestros marcos o enfoque”, señala Huber.

Rahom Maria Bukirwa, directora de programas de la Women's Probono Initiative (WPI), una organización ugandesa de asistencia legal centrada en los derechos de la mujer, alerta los peligros que esconde 'Protego'. Según advierte, este proyecto es solo el último avance de un ataque múltiple por parte de grupos religiosos conservadores. “Como mujer, he experimentado el patriarcado a nivel familiar —soy la primogénita y tengo un hermano menor— y ha estado presente constantemente. Pero al estar en este sector [de organizaciones que promueven derechos], veo cómo se desarrolla a mayor escala”.

Para Bujirwa, los discursos en torno al matrimonio y las relaciones entre personas del mismo sexo —estrictamente prohibidos en el país—, los valores familiares, la soberanía nacional y las críticas a la educación sexual integral están influyendo en las leyes, las políticas y las actitudes sociales.

Según señala, ste impacto se debe en parte al acceso directo que tienen estos grupos ultracatólicos a los legisladores, mientras que las ONG como WPI suelen quedar excluidas de los debates. “En el Gobierno, las alianzas se construyen en torno al dinero. La ventaja que tienen los grupos contrarios a los derechos es que cuentan con una red de financiación flexible. Nosotras [las ONG que trabajamos desde un enfoque de derechos] operamos en un entorno de financiación muy restrictivo, lo que dificulta acceder a esos espacios”, añade Bukirwa.

Más riesgo para las mujeres

Tras suspender abruptamente la financiación de USAID en enero, el Gobierno de Estados Unidos está negociando nuevos paquetes de ayuda con gobiernos de todo el mundo. El plan, recogido en la estrategia sanitaria global 'America First', pasa por firmar acuerdos bilaterales con 71 países que, según Washington, serán autosuficientes en unos años. El objetivo principal es la lucha contra el VIH y la prevención y el tratamiento de la malaria, la tuberculosis y la poliomielitis. El borrador del memorando de entendimiento prácticamente no hace mención alguna a la salud sexual y reproductiva.

“Sabemos que la planificación familiar no será una prioridad; el aborto quedará fuera del debate y se pondrá el acento en la abstinencia”, afirma Nelly Munyasia, directora ejecutiva de la organización keniata Reproductive Health Network Kenya.

Kenia dependía en gran medida de USAID para los programas de planificación familiar. La pérdida de esa financiación ha provocado una grave escasez de anticonceptivos. Las estanterías están vacías y las mujeres que acuden a renovar medicamentos o métodos anticonceptivos se encuentran con una puerta cerrada. Sin nuevos fondos, la escasez continuará.

Pero la preocupación no solo se centra en los recortes de la financiación para la salud sexual y reproductiva. También se teme que los acuerdos bilaterales vengan acompañados de condiciones que obliguen a los gobiernos a alinearse con los valores de la Administración estadounidense. “Muchos gobiernos están entusiasmados con la llegada de la financiación estadounidense”, afirma Schlachter. «[Pero] Estados Unidos no da nada sin nada a cambio, [y] no sabemos hasta qué punto llegará la administración Trump a la hora de pedir una contrapartida por la inversión. Es como un caballo de Troya“, añade.

Es probable que estas condiciones se ajusten a la ampliación de la denominada “ley mordaza global”, una política de Estados Unidos que condiciona la ayuda sanitaria internacional a que las organizaciones receptoras renuncien a ofrecer, promover o incluso informar sobre el aborto, aunque lo hagan con fondos propios y sea legal en su país. Cuando la medida entre en vigor a principios de 2026, incluirá por primera vez en su articulado que cualquier receptor de fondos sanitarios estadounidenses debe certificar que ni él ni ninguna otra ONG con la que trabaje promueve o practica el aborto.

A Munyaisa le preocupa que, si la ayuda sanitaria estadounidense pasa a estar condicionada a la ley mordaza global, grupos como el suyo, el mayor proveedor de servicios de planificación familiar del país, corran peligro. Estados Unidos ha declarado que solo canalizará fondos a través de grupos religiosos, y no de ONG, a las que acusa de malgastar el dinero. “Veremos un mayor control sobre las organizaciones que trabajan en torno al aborto y los anticonceptivos para adolescentes”, afirma Munyaisa. “Va a ser terrible; ya es terrible”.

“Si el Gobierno de Kenia acata estas condiciones, veremos cómo muchas organizaciones pierden su registro y aumenta el número de mujeres que mueren a causa de abortos clandestinos. Esto nos preocupa como sociedad civil y nos preocupa por las mujeres y las niñas”.

“Si el Gobierno de Kenia acata estas condiciones, veremos cómo muchas organizaciones pierden su registro y aumenta el número de mujeres que mueren a causa de abortos clandestinos. Esto nos preocupa como sociedad civil y nos preocupa por las mujeres y las niñas”, alerta.

Schlachter se hace eco de los temores de Munyasia. “Los acuerdos bilaterales son la siguiente etapa que limitará aún más el acceso a los servicios [de planificación familiar]. Si los programas se reducen, habrá más embarazos, más abortos inseguros, más mujeres que mueren... Es una continuación de esa fase de destrucción, con más destrucción”, lamenta.

Algunos países, más recientemente Zambia, Zimbabue y la República Democrática del Congo, están aumentando sus propios presupuestos de planificación familiar. Kenia no se encuentra entre ellos. Munyasia cree que esto sitúa a Kenia en una posición especialmente vulnerable. “Los países que ya han encontrado formas de mitigar la situación pueden negociar [con Estados Unidos], tienen la sartén por el mango. Analizarán el memorando de entendimiento y dirán sí a esto y no a aquello. Pero países como Kenia, mi querido país, están a cero [en cuanto a financiación nacional para la planificación familiar]”, señala.

La fase de “diseño”

“Destrucción, consolidación y diseño”, resume Neil Datta, director ejecutivo del Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos, para explicar el modus operandi de la Administración Trump. Si el cierre de USAID es la destrucción y los nuevos acuerdos bilaterales son la consolidación, la fase de “diseño” dará lugar a un nuevo sistema de servicios que ofrecen alternativas a los centros de salud sexual y reproductiva establecidos.

Entre los ejemplos que ya existen se encuentran los centros de crisis para embarazadas, que tratan de disuadir a las mujeres y adolescentes de acceder a los servicios de aborto; los programas educativos basados en la abstinencia, en lugar de una educación sexual integral; y las llamadas clínicas de planificación familiar “natural”, como sustituto de los métodos anticonceptivos modernos.

La mayoría de estos servicios están financiados por gobiernos u ONG gestionadas por iglesias o entidades religiosas que prestan servicios sociales o humanitarios desde una perspectiva confesional, pero no siempre es así. La Unión Europea retiró recientemente la financiación a tres proyectos de World Youth Alliance (WYA), una organización internacional conservadora que promueve una agenda contraria a los derechos sexuales y reproductivos, tras concluir que no se ajustaban a los valores de la UE y presentaban un enfoque parcial o sesgado sobre estos derechos. WYA niega las acusaciones. Uno de los principales servicios que impulsa la alianza es Femm, una aplicación de salud y fertilidad financiada por activistas católicos contrarios al aborto.

Otro de los programas impulsados es Teen Star, un currículo educativo centrado en la fertilidad “natural” que se imparte ya en una treintena de países. “Estos servicios contrarios al enfoque de género no solo se presentan como una alternativa, sino que suponen riesgos reales para la salud”, advierte Datta.

Si antes los servicios contrarios al enfoque de género se consideraban simplemente “molestos” o “peculiares”, hoy en día están ganando apoyo político.

Según un informe elaborado por Datta, entre 2019 y 2023 este “marco alternativo” canalizó en Europa alrededor de 121 millones de euros en financiación, repartidos entre 80 organizaciones. La renovación de la ayuda estadounidense, la ampliación de la ley mordaza global y el apoyo a proyectos como Protego significan que existe un “marco financiero y legal potencial listo para impulsar los servicios contrarios al enfoque de género en todo el mundo. [Esto es] para lo que debemos estar preparados en los próximos meses”, afirma Datta.

Cinco, diez o quince personas se sitúan frente a la clínica. En algunos sitios, en la misma acera, en otros, enfrente, un poco más alejados. Portan carteles con frases como “no estás sola, podemos ayudarte” o “rezo por tu bebé y por ti” y tienen rosarios en las manos mientras pasan horas orando “por el fin del aborto” frente a las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo. La escena, repetida durante años a las puertas de las clínicas, acaba de llegar por primera vez a los tribunales a la luz de la reforma del Código Penal que en 2022 creó un delito específico para intentar frenar el acoso.

Ha ocurrido en Vitoria y Donosti, donde, cansada de soportar la presión y el hostigamiento que sufre “desde 2014”, la clínica Askabide ha llevado a juicio a una veintena de activistas antiabortistas que en septiembre, octubre y noviembre de 2022 se concentraron frente al centro en ambas ciudades. Las dos sentencias, emitidas en las últimas semanas por el Juzgado de lo Penal 1 de Vitoria y el 2 de Donosti, absuelven a los acusados y no consideran que cometieran el delito de acoso con el objetivo de obstaculizar el derecho al aborto: en el primer caso, se trataba de un grupo de 21 antiabortistas y en el segundo, una mujer.

Es la primera vez que un juzgado evalúa la aplicación del nuevo delito introducido en la reforma de 2022 pese al rechazo de PP y Vox. La norma prevé penas de entre tres meses y un año de cárcel o trabajos en beneficio de la comunidad para quienes acosen a las mujeres con actos “molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos” que menoscaben la libertad de quienes acuden a abortar. Pero las resoluciones judiciales apuntan tres años más tarde a lo que algunas voces advirtieron entonces: que el delito podía volverse ineficaz para conductas en las que los antiabortistas no utilizan una violencia explícita.

“Es difícil que vayamos a ver condenas”, apunta José Antonio Bosch, abogado de la Asociación de Clínicas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), que lleva años denunciando la actividad de estos grupos. Entre sus acciones, está la de rezar a escasos metros de los centros, pero también exponer pancartas, intentar convencer a las mujeres de que no aborten o darles fetos de juguete y folletos con información falsa en los que les prometen “ayuda” si siguen con su embarazo. El hostigamiento de este tipo se ha reducido en los últimos años, según las clínicas, pero sigue existiendo y convive con el mayor peso que le dan actualmente a las campañas orquestadas de rezos.

Rezos “exquisitamente pacíficos”

Las presiones frente a Askabide en Vitoria fueron organizadas por la iniciativa 40 días por la vida, cuyo lema es “el principio del fin del aborto” y que reúne frente a las clínicas a grupos que rezan “para que pare el crimen del aborto”, contra el que la plataforma se posiciona incluso en caso de violación. Trabajadores de la clínica contaron en el juicio el ambiente de “hostigamiento” que sufrían, con pacientes “alteradas y sometidas a presión”. Una empleada que estaba embarazada sostuvo que se sentía “juzgada” y “mirada mal” por los antiabortistas y que llegó a cambiar sus rutinas para evitarlos. Otra paciente –que no iba a abortar– aseguró que el grupo se le acercó y llegó a escuchar palabras como “madre” y “perdónale”, sintiéndose “intimidada”.

Aunque la jueza no da credibilidad en todos los casos a los testimonios, va más allá y considera que los acusados, que se concentraban en grupos de cinco que iban turnándose para estar durante horas frente al centro, “no hicieron otra cosa que ejercer su libre derecho de reunión”. Y para ello, escogieron una clínica de abortos “al entender que expresar sus reivindicaciones ahí era la vía más apropiada” para que su mensaje –“rezar por la vida y ofrecer su ayuda”– “llegara directamente a los destinatarios”, lo cual se hizo “de forma exquisitamente pacífica”, concluye la magistrada.

En el caso de Donosti, se trató de una mujer que estuvo durante una hora rezando frente a la clínica “mirando fijamente al interior” a través de la cristalera y a las personas que entraban y salían mientras “elevaba el tono ante” ellas, según los hechos probados de la sentencia. Varios trabajadores explicaron que una paciente acudió para hacerse una revisión tras un aborto, pero decidió irse por este motivo y a pesar de que contactaron con ella al día siguiente, nunca volvió. “No es la primera vez que ocurre”, apuntaron las empleadas.

Pero el fallo absuelve a la acusada porque considera que para acreditar que hubo “obstaculización al aborto” es necesario contar con el testimonio de la propia paciente a pesar de que considera probado que “el fin pretendido por la acusada excedía de la mera oración”. El delito puede ser también aplicado por impedir el trabajo de los empleados de las clínicas, algo que la jueza de Donosti sí avala poniendo el foco en que la mujer decidió rezar frente a la clínica y no, por ejemplo, en la iglesia que está justo al lado. Pero descarta finalmente condenarla debido a que el acoso “sugiere una pluralidad de actos” y ella estuvo un día durante una hora.

Un delito ya existente

La reiteración de la conducta y la declaración de mujeres que se hayan visto afectadas son dos de los requisitos que cree José Antonio Bosch que más aplicarán los jueces. “El tipo penal no va a garantizar que las mujeres ejerzan su derecho con intimidad y libertad”, afirma el abogado, que considera “muy complicado” la prueba y que recuerda que, al iniciarse el trámite de la iniciativa a propuesta del PSOE, ya advirtió de que “quedaría en agua de borrajas”. “La jurisdicción penal es la última ratio que tiene un Estado para sancionar conductas y eso quiere decir que debe ser muy garantista y exigir mayor certeza a la hora de castigar a un ciudadano porque contempla penas de privación de derechos”.

La Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, Miriam Cugat, reconoce que hay “obstáculos aplicativos”, entre ellos, la suma del carácter reiterativo del acoso y la exigencia de que vaya dirigido contra una mujer en concreto. “Debe descartarse cuando un día se molesta a una y otro día a otra sin que lleguen a reiterarse los actos sobre ninguna, como suele suceder”, explica la experta, que cree que existe una “indeterminación” en la redacción del delito que lo dificulta aún más porque “se corre el riesgo” de que los jueces y juezas “exijan la gravedad” propia de otros delitos como las injurias, amenazas y coacciones.

En la práctica, esto es lo que hace la jueza de Donosti, que concluye que los antiabortistas no increparon, insultaron, amenazaron o coaccionaron a las mujeres, no les mostraron fotografías ni les entregaron fetos de juguete mientras lanzaban proclamas contra el aborto y que por eso sus conductas “no revestían de gravedad” suficiente.

Sin embargo, estas conductas, si entran en el terreno del acoso o las coacciones, “ya estaban recogidas en el Código Penal antes de la reforma”, esgrime la abogada de Askabide Beatriz Ilardia, que argumenta que la medida se introdujo para frenar “el acoso ambiental” que hasta ese momento estaba siendo muy difícil de atajar. “Las concentraciones todos los días frente a la clínica rezando no encajaban en esos tipos y para ello se supone que se impulsó la reforma, pero es muy subjetiva y está demasiado abierta a interpretación”, asegura la abogada.

Aun así, está convencida de que ambas juezas podrían haber condenado a los acusados por lo sucedido en las dos ciudades vascas porque considera que las sentencias “suman requisitos” al delito que el Código Penal “no pide”. “Es un delito de actividad, no de resultado. Es decir no debería hacer falta tener a una mujer que ha decidido no abortar por ello, sino que debe probarse la intención de obstaculizar el aborto de estos grupos”. En el caso de Vitoria, en el que se acusaba a 21 personas, era incluso “más viable” porque se les juzgaba a todas de una vez “como parte de una campaña organizada y por turnos”.

Zonas de seguridad frente a las clínicas

Clínicas de abortos de toda España siguen enfrentando la presencia de antiabortistas en diferentes intensidades: en la clínica Dator de Madrid HazteOir ha instalado incluso un “Refugio Provida” en la acera de enfrente. El acoso continúa y genera “malestar, intimidación, sensación de acecho y control permanente” en las mujeres y los trabajadores, afirma Ilardia. “A mí un día que iba con mis hijos a recoger una cosa a la clínica me llegaron a decir 'ah, tú tienes hijos pero matas a los de los demás”, recuerda Naroa Iturri, gerente de las clínicas Askabide. En Albacete, otra de las trabajadoras de una clínica fue increpada por una de las antiabortistas al reconocerla en el supermercado, cuenta Bosch.

Los ejemplos de hostigamiento son innumerables y todos tienen un mismo objetivo: lograr que las mujeres cambien de decisión y presionar para que las clínicas cierren. La plataforma '40 días por la vida' ya anuncia que el febrero que viene iniciará una nueva campaña y anima a los ultras a apuntarse al calendario en el que, por ciudades, buscan cubrir todos los turnos de rezo para permanecer frente a los centros desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde todos los días. Junto al número de “voluntarios” que hay para cada clínica, recuerdan en su web el “número de vidas salvadas” en cada centro, es decir, las mujeres que han decidido finalmente no abortar: en Dator aseguran que son 16.

Ante esta situación permanente que dura varias décadas, clínicas, asociaciones y expertas creen que, más eficaz que el delito, es crear las llamadas “zonas de seguridad”, algo que en su momento propuso el PNV incorporar a la norma y que fue rechazado. Se trata de evitar por ley que en un “perímetro” de 100 o 200 metros alrededor de las clínicas puedan llevarse a cabo este tipo de actividades. “Me parece una solución mucho más interesante y que está implantada en otros países como Reino Unido o algunos estados de Estados Unidos”, apunta Gema Fernández, abogada de Women's Link, que lamenta que hasta ahora las soluciones hayan sido ineficaces mientras los antiabortistas “se victimizan” presentándose como “cristianos perseguidos”.

Bosch califica los rezos de “anormalidad democrática” y, frente a quienes enarbolan el derecho a la reunión o a la libertad religiosa para defenderlos, asegura que “hay muchos derechos restringidos en beneficio de los demás”. “Aquí lo que está pasando es que unos ejercen el suyo al 100% y a otras, las mujeres que abortan, no se les garantiza ejercerlo con libertad”, resume el abogado, que cree que “la única explicación” de que lleven a cabo sus acciones frente a los centros “es incordiar, molestar y hacer que las mujeres cambien de criterio”, algo que “no es delito, pero sí una obstaculización a un derecho”. Y compara: “Si yo durante dos domingos seguidos me coloco frente a la catedral de la Almudena de Madrid con otros nueve compañeros rezando a La Meca, te garantizo que no puedo ir un tercer domingo”.

Hola,

La polémica de estos días tiene que ver con Rosalía. En una entrevista con Radio 3 la artista decía: “Creo que me rodeo de ideas feministas, creo que no me considero moralmente lo suficientemente perfecta como para considerarme dentro de un 'ismo' pero sí me inspiran y me rodeo de ideas feministas, desde siempre”. La rabia de muchas se disparaba.

Tiene sentido que nos moleste. En un tiempo en el que las derechas pegan fuerte con su agenda antiderechos y su antifeminismo, en un momento en el que volvemos a defender lo más básico -que la violencia de género existe, que el derecho al aborto es un derecho humano-, que una artista de su entidad esquive de esa manera la identificación con el feminismo escuece. Da la sensación de que la etiqueta moleste o vuelva a ser problemática.

Rosalía tiene derecho a no autodenominarse feminista, aunque el argumento con el que lo hace no tiene sentido. Desde luego que no hace falta ser moralmente perfecta para considerarse feminista. El feminismo no es un programa personal de rectitud moral ni un compendio de principios o dogmas que seguir fielmente. El feminismo no es una religión. Es más bien ese marco de ideas que ella menciona, una mirada y un pensamiento crítico, un movimiento que aspira a transformar el orden de cosas en el que vivimos. 

En medio de las críticas, algo me chirriaba. Era la sensación de que el estándar siempre es más alto para nosotras: siempre somos nosotras las interpeladas, las que tenemos que definirnos, pronunciarnos, hacer algo. ¿Y ellos? Recordaba estos días aquellos tiempos en los que los hombres firmaban manifiestos comprometiéndose, por ejemplo, a no participar en congresos, mesas redondas, tertulias o espacios en los que no hubiera paridad o representación femenina. Se sentían interpelados, la presión social les empujaba a hacer algo, a plantear cierta autocrítica y acción.

¿Dónde ha quedado todo eso? Sin minusvalorar la importancia de que una referente como Rosalía se llame feminista, sin tapujos, me parece que la interpelación y la presión deben estar, sobre todo, en otros frentes, en otros lados. Tampoco es que Rosalía reniegue del feminismo, solo que se nombra desde otro lugar, un lugar que a muchas no nos gusta, pero que es el que ella escoge. 

En la revista Volcánicas han publicado un artículo muy interesante hablando del feminismo adyacente: “Un discurso o posicionamiento que se ubica cerca del feminismo, pero sin asumirse ella misma feminista. El feminismo adyacente se beneficia de las conquistas del feminismo, pero evita el conflicto, la crítica y la disputa que conlleva la militancia o el activismo feminista, y es muy común en figuras públicas”. El artículo explica que eso de estar 'cerca' del feminismo no es lo mismo que sostener una práctica feminista. Elegir la tibieza busca evitar las consecuencias de decirse feminista. Mientras, muchas mujeres en el mundo, con mucho menos poder y recursos, se llaman feministas y ponen el cuerpo con los costes que conlleva.

Aún así, sigo pensando que tiene algo de distracción que la atención se centre en si una artista se considera feminista y que no ejerzamos esa interpelación de manera más extensa y no solo hacia ellas. Podemos, por ejemplo, interpelar igualmente a los cantantes y músicos - ¿por qué acuden a festivales donde solo tocan tíos?, ¿cómo concilian?- a las discográficas y editoriales -¿qué porcentaje de autoras y autores están publicando?, ¿qué temas están eligiendo para publicar?-, o los medios de comunicación -¿a quiénes les hacemos qué preguntas y por qué?-

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Ana

Todos los grupos del Parlamento Vasco, salvo PP y Vox, han aprobado una enmienda que insta al Gobierno autonómico a definir, en el primer trimestre de 2026, un calendario y una cuantificación de los recursos económicos y de personal necesarios para avanzar de forma “progresiva” hacia el objetivo de que Osakidetza atienda con recursos propios a todas las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.

Esta enmienda, acordada a partir de un texto original de Sumar, ha sido aprobada por el Pleno de la Cámara vasca, en un debate en el que varias formaciones han expresado su rechazo a la reciente sentencia de un juzgado de Vitoria que absuelve a un grupo de antiabortistas que, en diversas ocasiones durante 2022, se concentraron frente a una clínica de la capital alavesa en la que se practican interrupciones voluntarias del embarazo.

La enmienda ha salido adelante por 65 votos a favor (Sumar, PNV, EH Bildu, PSE) y ocho en contra (PP y Vox). El texto califica de “positivo” el anuncio del Gobierno vasco de que a partir de 2026, y de manera progresiva, Osakidetza atenderá con sus propios recursos a todas las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.

En este sentido, el Parlamento insta al Gobierno autonómico a “garantizar el acceso efectivo al derecho al aborto en los servicios públicos de salud en todo el territorio”. Con ese fin, pide que en el primer trimestre de 2026 defina un calendario “para avanzar progresivamente en atender con recursos propios a todas las mujeres que deseen interrumpir su embarazo de manera voluntaria”. Asimismo, la Cámara pide que -en ese mismo plazo-- el Gobierno adopte otra serie de medidas, como la aprobación de un plan integral “que recoja los objetivos, la hoja de ruta, los recursos materiales y la reorganización de los recursos humanos necesarios para garantizar el ejercicio del derecho al aborto en las estructuras del sistema sanitario público vasco”.

Dicho plan -añade la enmienda- se diseñará “teniendo en cuenta las aportaciones de profesionales, personas expertas y agentes implicados”. A su vez, la Cámara pide al Ejecutivo que estudie la posibilidad de crear una línea telefónica especializada en información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, “que preste información sobre el derecho a la interrupción del embarazo y el itinerario de la prestación en los servicios públicos”.

El parlamentario de Sumar Jon Hernández ha dedicado una parte de su intervención a expresar su “rechazo profundo” a la reciente sentencia de un juzgado de Vitoria-Gasteiz que ha absuelto a un grupo de antiabortistas que se concentraban frente a una clínica privada que practica interrupciones voluntarias del embarazo en la capital alavesa. Hernández ha destacado la importancia de que los abortos se practiquen en la sanidad pública en lugar de derivarlos a clínicas privadas, por lo que se ha felicitado por el “cambio de posición” realizado por el Gobierno vasco en este sentido. No obstante, ha afirmado que esta enmienda ha de contribuir a que el compromiso adoptado por el Ejecutivo “no se quede en un anuncio”.

La parlamentaria del PNV Maitane Ipiñazar ha lamentado que esta sentencia “ha sido favorable al movimiento antiabortista” y resulta “contraria a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, por lo que se trata de una resolución que “no es lícita”. En todo caso, ha destacado que en Euskadi, el derecho al aborto “está garantizado, porque el acceso al aborto seguro es una garantía de justicia social, de salud pública y de respeto a los derechos humanos”.

Por parte de EH Bildu, Ohiana Etxebarrieta también ha denunciado el “hostigamiento” padecido por la clínica Askabide de Vitoria por parte de “grupos ultracatólicos y fascistas”, que “han puesto en el punto de mira el derecho a decidir las mujeres”. En la misma línea, ha criticado la sentencia que absuelve a las personas que se concentraban frente a dicho centro.

La parlamentaria del PSE-EE Patricia Campelo ha manifestado que la referida sentencia demuestra “lo que nos estamos jugando” a la hora de tratar de preservar un derecho que, como el del aborto, “ha costado” mucho lograr, por lo que ha defendido la importancia de profundizar en las garantías para asegurar este derecho.

Desde el PP, Laura Garrido ha afirmado que ya se ha debatido “en numerosas ocasiones” sobre este tema, y ha rechazado volver a “entrar” en “la posición frente al aborto”. Además, ha criticado que con esta iniciativa se pretenda “demonizar la colaboración público privada” en esta materia.

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha criticado que a los impulsores de esta iniciativa “no les importan los problemas emocionales y secuelas profundas de estas mujeres después de someterse a un aborto”, un derecho ante el que -según ha recordado- su partido está “en contra”.

La magistrada de Vitoria Beatriz Eva Román Gobernado ha absuelto a las 21 personas -doce mujeres y nueve varones- denunciadas por presuntas coacciones a sanitarios y mujeres que ejercieron el derecho al aborto con sus protestas frente a una clínica de Vitoria, Askabide, según confirman fuentes judiciales. Era la primera vez en Euskadi, España y Europa en la que se llevaba a juicio un caso en virtud de la reforma legal de 2022 para proteger el ejercicio de un derecho frente a las campañas de organizaciones ultracatólicas, como la que se convocaron en Vitoria. El fallo no es firme y cabe recurso.

“El juzgado considera que no puede tildarse el comportamiento de los acusados de coactivo, porque nunca observaron actitudes violentas contra las potenciales víctimas”. Añade también que la prueba practicada durante el juicio por estos hechos permite “descartar completamente la existencia de hostigamiento ni ambiental, ni de ninguna otra naturaleza” por parte de los acusados, contra el criterio sostenido por la Fiscalía y por testigos aportados por la clínica Askabide.

“No consta que se haya abordado, increpado o agredido a ninguna persona, ni que se constituyeran cadenas humanas impidiendo el paso a mujeres o trabajadores o cortado suministros de la clínica, ni que los manifestantes hayan realizado gestos o proclamado eslóganes amenazantes”, afirma el juzgado, siempre según fuentes judiciales. La sentencia completa aún no ha sido hecha pública.

La Fiscalía y la acusación particular ejercida por la clínica Askabide consideraban probadas las “coacciones” de este grupo de antiabortistas ultracatólicos. El ministerio público pedía cinco meses de cárcel para cada uno de ellos, una pena más simbólica que efectiva, ya que no habría comportado la entrada en prisión. Además, se planteaba su sustitución por cien días de trabajos para la comunidad. La clínica Askabide, de su lado, solicitaba además 20.000 euros de indemnización y, como pena accesoria, que los encausados “no puedan aproximarse a menos de 100 metros” del centro médico “ni comunicarse con sus trabajadores y usuarias en un período de dos años desde que se emita la sentencia”.