El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la tramitación urgente de un real decreto para regular la información que reciben las mujeres antes de abortar. El Ministerio de Igualdad quiere de esta forma dar luz verde definitiva antes de las elecciones a la norma para dejar tasado qué datos debe dar el personal sanitario a quienes manifiesten su intención de someterse a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y “con independencia del territorio en el que vivan”.

El objetivo es que las mujeres reciban una información “veraz, clara, objetiva, accesible y adecuada al régimen legal vigente” antes de adoptar una decisión “libre e informada”, según explica el departamento dirigido por Ana Redondo. La ministra adelantó hace unos días que estudiaba esta posibilidad para “incidir” en que la información debe estar “basada en la ciencia y sin bulos” para que las mujeres elijan “sin tutelas ni paternalismo”.

Esta cuestión tiene antedecendes como la idea de Vox en Castilla y León de que las mujeres escucharan el “latido fetal” antes de abortar o la propuesta aprobada en el Ayuntamiento de Madrid con los votos del PP y la extrema derecha para informarles del inexistente “síndrome postaborto”. Un supuesto trastorno sin evidencia científica que explotan con frecuencia los grupos ultracatólicos, en España y fuera, para tumbar el derecho a la IVE y ante el que finalmente el PP de José Luis Martínez Almeida dio marcha atrás.

El real decreto es el desarrollo de la reforma de la Ley del Aborto de 2023, que estableció la obligación de regular la información y diferenciarla entre la obligatoria y la voluntaria. Entre la que los profesionales sanitarios deben ofrecer en todas las situaciones está la naturaleza de la intervención, los distintos métodos, centros sanitarios acreditados, derechos, trámites... Además, el proyecto aclara que el profesional “no debe establecer preferencia” por el método farmacológico o quirúrgico a no ser que las circunstancias clínicas lo indiquen.

El proyecto también regula algunas cuestiones de los comités clínicos que autorizan o no los abortos por causas médicas. De esta forma, se obliga a que tengan una “presencia equilibrada” de hombres y mujeres “salvo por razones fundadas y objetivas” e impide que formen parte de estos comités los profesionales que estén inscritos en los registros de objetores o lo hayan estado en los últimos tres años, tal y como estipuló ya la ley.

Por otro lado, se regula qué deben contener en todos los casos el dictamen que emiten estos órganos: será por escrito y en él figurarán el diagnóstico previo, los informes y pruebas examinadas, la valoración clínica, las conclusiones y las razones que han llevado a la decisión.

Paralelamente, el Ministerio de Sanidad abrió la semana pasada la consulta pública para llevar a cabo las reformas con las que prevé llevar a los centros de salud el aborto con pastillas. El objetivo era obligar a las comunidades autónomas que no hacen casi intervenciones en la pública —entre ellas Madrid, Andalucía o Castilla-La Mancha— a que impulsaran una medida que, ante la convocatoria adelantada de los comicios, está ahora en el aire.

El adelanto electoral, anunciado este lunes por el presidente Pedro Sánchez, hace decaer decenas de leyes y reformas de calado en el Congreso. La decisión de resetear el parlamento con la llamada a las urnas pone el contador a cero de normas en las que el Ejecutivo lleva meses trabajando —algunas no exentas de polémica—, como la nueva financiación autonómica o el Estatuto Marco sanitario, la condonación de la deuda a las comunidades autónomas, la ley mordaza o varios cambios en educación, que el Ejecutivo había dejado para el último tramo de la legislatura.

A la espera de que el Consejo de Ministros vuelva a aprobar este martes los decretos de vivienda, que el Congreso tumbó el viernes con los votos de PP, Vox y Junts, estos son los proyectos en marcha que se quedan en el aire con la convocatoria electoral:

Se retrasa la reforma de la financiación autonómica

Del ámbito económico, quedan en el aire las grandes promesas en las que La Moncloa había cimentado el futuro de la legislatura. No se aprobará ni la reforma de la financiación autonómica, caducada desde 2014 —y que el Gobierno había sacado adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera— ni la condonación de 80.000 millones de deuda pública de las comunidades, que lleva desde finales de 2025 atascada en la Comisión de Hacienda del Congreso. Y de los Presupuestos, ni rastro.

En materia laboral, no salió adelante la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, pero el Gobierno aún tiene en sus manos la posibilidad de reforzar el registro horario mediante un reglamento. Confían en hacerlo en octubre. Pero por el camino se quedan otras reformas clave, como la de transparencia salarial por sexos o la absorción de pluses del salario mínimo. A dos meses de que acabe el año, los autónomos tampoco saben cuánto pagarán en cuotas a la Seguridad Social en 2027, algo que podrían lanzar a través de un Real Decreto-Ley.

Sin protección de menores en redes sociales

En La Moncloa sí tenían la esperanza de hacer avanzar la que era su gran apuesta de la legislatura: la Ley Orgánica para la protección de personas menores de edad en los entornos digitales, la que elevaba hasta los 16 años el mínimo legal para abrir una cuenta en redes sociales, creaba una app para verificarla y hacía responsables a las tecnológicas de los daños que causan los algoritmos.

Al vicepresidente Carlos Cuerpo le quedará la espina de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, un proyecto que quería retomar a la vuelta del verano y que ya decayó con el adelanto electoral de 2023, entonces impulsado por Nadia Calviño. La reforma del FROB queda en el aire, como también la única ley del ministro de Industria, Jordi Hereu, la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, en el Congreso desde 2024. El campo esperaba que la Ley de Agricultura Familiar, del ministro Luis Planas, permitiera garantizar la continuidad de explotaciones agrarias familiares. También decae, en plenas protestas del sector.

Las grandes reformas en Educación y Sanidad, en el aire

El Estatuto Marco es una de las normas que más quebraderos de cabeza ha dado al Ministerio de Sanidad. El Consejo de Ministros aprobó hace unas semanas la primera gran reforma de las condiciones laborales de todo el sistema público de salud en 23 años. Unos cambios que las comunidades autónomas pidieron retirar y que no cuenta con el beneplácito de los sindicatos médicos, que han convocado una huelga indefinida para el próximo 28 de octubre. La norma, que queda ahora en el limbo, reducía las guardias médicas obligatorias de 24 a 17 horas, la jornada laboral máxima a 45 semanales y forzaba la convocatoria de oposiciones cada dos años.

La labor legislativa de Sanidad se ve interrumpida por más frentes. Otra de las grandes reformas era la Ley de Gestión Pública, que buscaba “blindar” la sanidad pública frente a los fondos de inversión, limitar la colaboración público-privada y frenar la privatización de hospitales. En periodo de enmiendas está también la ley del medicamento y la que buscaba dar más peso a las organizaciones de pacientes. Y la reforma de la ley del tabaco, con la que Sanidad quería prohibir fumar en playas y terrazas y equiparar los vapers al tabaco. Este sería el primer gran cambio en esta materia en 16 años, pese a que las anteriores reformas redujeron notablemente el hábito tabáquico y —pese a las disputas políticas— se aprobaron por consenso.

La “legislatura del profesorado” se va a cerrar en el mejor de los casos diluida y en el peor, sin ninguna medida aprobada que mejore la situación de los docentes. El Gobierno tenía cuatro grandes reformas pendientes. La reducción de las ratios de alumnos por clase en Primaria y Secundaria y la rebaja de horas lectivas semanales, que se tramita en el Congreso en forma de ley, decaerá por el adelanto electoral. Las bajadas de ratios en el resto de enseñanzas, el fin de los “chiringuitos” de Formación Profesional y la reforma de las oposiciones ni siquiera han llegado al Consejo de Ministros, aunque podrían aprobarse como real decreto.

Para la etapa universitaria, Sánchez había anunciado su intención de regular que todos los títulos tuvieran al menos un 50% de doctores y un 40% de trabajadores indefinidos. La ministra Milagros Tolón anunció que iba a convocar por fin los sexenios de transferencia para el personal investigador. Ambas cuestiones quedan ahora en el aire.

Freno al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática

Sánchez comenzó el curso político con un acto sobre el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que llegó al Congreso en septiembre y se ve frustrado apenas un mes después. La propuesta, lanzada en agosto de 2025 en plena oleada de incendios, ha sido una de las prioridades de la vicepresidenta Sara Aagesen y ha necesitado un proceso de consulta, análisis y redacción de muchos meses. A la negativa de base del PP y Vox, se habían unido las reticencias del PNV, BNG y también Junts. Tampoco se hará realidad, al menos de momento, el Parque Nacional del Mar de las Calmas (El Hierro), el primero 100% marino de Europa.

En energía, la medida pendiente más importante es la nueva Planificación de las redes de alta tensión hasta 2030 (más de 17.000 millones de euros de inversión) anunciada para antes de 2027. Si bien esta tramitación no se hace a través de ley —la aprueba el Consejo de Ministros—, todavía se está presentando a las Comunidades Autónomas y parece difícil que se apruebe. Por otro lado, este mes se cerró la consulta pública para un decreto de regulación de los centros de datos con exigentes criterios de consumo de renovables, que ha puesto en contra a todo el sector.

También está pendiente la nueva regulación del autoconsumo y de las comunidades energéticas. Y un procedimiento de operación para el nuevo mecanismo de capacidad (antiapagones). Entre lo que no verá la luz está un anteproyecto de ley de hidrógeno y gases renovables anunciado en enero. O la recuperación de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE).

El blindaje del aborto en la Constitución

El Ministerio de Igualdad tiene en el Congreso, aún en tramitación, su ley más importante: la de violencia vicaria, que preveía incorporar una agravante específica en el Código Penal y que estaba en pleno debate entre los grupos con visos de prosperar. Lo que era difícil que saliera adelante era la reforma de la Constitución para blindar el derecho al aborto, para la que se requieren unas mayorías que exigen el apoyo de un Partido Popular que se opuso desde el primer momento. En el aire quedan el Pacto de Estado contra los discursos de odio y la ley que castiga con penas de cárcel las terapias de conversión LGTBI, cuya tramitación estaba avanzada al estar ya en el Senado.

También decaerá la Ley de Familias, si bien el Ministerio de Derechos Sociales había conseguido aprobar los nuevos permisos por hijo.

La Ley Mordaza sigue sin ser derogada

En el mismo sentido, se queda sin aprobar la ley que iba a eliminar los delitos de injurias al rey y de ofensa a los sentimientos religiosos, una norma que había comenzado su andadura este 2026 y que no verá la luz, al menos en esta legislatura. Como decae, otra vez, la imposible derogación de la ‘ley mordaza’ en todos sus términos. Aunque en las últimas legislaturas sí se ha rebajado la dureza de las sanciones que contempla y se han eliminado algunos de sus artículos más lesivos —como el que ponía en duda derechos sindicales— el PSOE ha bloqueado los intentos de desmontar esta norma puesta en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Tampoco saldrá ya adelante la ampliación de las indemnizaciones a las víctimas o sus familiares que fallecieron o padecen lesiones incapacitantes debido a su lucha por la democracia en el tardofranquismo y la Transición. El Gobierno aprobó estas ayudas el pasado marzo, a través de un Real-decreto ley que fue convalidado por el Congreso, por lo que está en vigor. Sin embargo, los grupos acordaron tramitarlo como proyecto de ley para que su ámbito temporal se alargara hasta 1983 y no solo hasta 1978, como está reconocido ahora.

Otro clásico que no podrá tramitarse es la reforma de la franquista Ley de Secretos Oficiales. En cada legislatura, el PNV lidera los embates parlamentarios contra esta norma. En las dos últimas, además, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha presentado sendos proyectos del Gobierno para reformular una ley que aleja a España de la transparencia de los países de nuestro entorno. La nueva ley tendrá que esperar.

Saharauis sin nacionalidad

El adelanto electoral implicará el final de la tramitación de la ley que reconoce la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo dominio español, pero también a sus descendientes. Aprobada en el Congreso con 168 ‘síes’, 31 ‘noes’ y 145 abstenciones, estaba pendiente de la tramitación en el Senado, donde el PP había presentado enmiendas.

Tampoco se podrá tramitar el nuevo sistema de asilo y la reforma de la Ley de Extranjería a cuenta del recientemente aprobado pacto migratorio en la Unión Europea, y que dificulta la entrada en Europa de personas migrantes, facilita las devoluciones en caliente o a terceros países y limita las solicitudes de asilo. Sí se mantiene en vigor la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que obliga a las comunidades autónomas a acoger a menores migrantes.

Otro varapalo para la Ley del Cine

La Ley del Cine, que llevaba desde diciembre de 2022 esperando a ser aprobada, seguirá durmiendo el sueño de los justos. Los sucesivos adelantos electorales fueron retrasando la norma, que se aprobó en Consejo de Ministros en 2024. Entonces, Vox y PP presentaron una enmienda a la totalidad que fue rechazada el pasado 18 de junio, y los principales interlocutores del sector se encontraban analizando las enmiendas presentadas por el resto de partidos. El adelanto deja de nuevo paralizada una ley que venía a modernizar una industria que ha cambiado radicalmente en los últimos diez años, con la entrada de las series y la inteligencia artificial y a redefinir la figura del productor independiente frente a las grandes plataformas.

Esta información se ha elaborado con la colaboración de las secciones de Sociedad, Política, Economía y Cultura de elDiario.es.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) comenzará este mes de octubre a cumplir con recursos propios la cobertura del derecho al aborto de las mujeres, hasta ahora privatizadas en más de un 90% de los casos. El cambio se hará de manera progresiva en sus centros de salud y hospitales, arrancando con un proyecto piloto en las actuaciones farmacológicas con mujeres que lleven menos de diez semanas de gestación. Se extenderá al conjunto de la red pública a lo largo de 2027, informa Europa Press.

Dice Osakidetza que la iniciativa se enmarca en el compromiso de Osakidetza con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que da cumplimiento al denominado Pacto Vasco de Salud, pero la evidencia es que desde hace años era un servicio prácticamente enteramente privatizado. En este momento, más del 94% de las aproximadamente 4.000 interrupciones voluntarias del embarazo que se realizan cada año a mujeres residentes en Euskadi son derivadas a clínicas privadas autorizadas, aunque financiadas por el sistema sanitario público.

El pilotaje, que dará cobertura a los tres territorios históricos de Euskadi, se desarrollará entre los meses de octubre y diciembre en cinco OSI o comarcas de Osakidetza. Posteriormente, se desplegará en 2027 a toda la red. Como primer paso, el proyecto piloto estará orientado a incorporar a la red pública la atención a las interrupciones voluntarias del embarazo farmacológicas de menos de diez semanas de gestación. El pilotaje permitirá evaluar los resultados clínicos, la organización asistencial, las necesidades de recursos y la experiencia de las mujeres usuarias antes de extender el modelo al conjunto de Euskadi.

El nuevo modelo se ha diseñado a partir de los datos del Registro Vasco de Interrupciones Voluntarias del Embarazo, que reflejan que cerca de la mitad de los procedimientos se realizan actualmente mediante tratamiento farmacológico y que la mayoría de las interrupciones tienen lugar en etapas tempranas de la gestación, cuando este método constituye una alternativa clínica consolidada.

El protocolo diseñado por Osakidetza fija a las matronas como profesionales de referencia y puerta de entrada al proceso. Las mujeres que decidan solicitar una interrupción voluntaria del embarazo deberán acudir a su centro de salud y solicitar una cita prioritaria con estos profesionales. Durante la consulta, se ofrecerá información personalizada sobre las distintas opciones disponibles, los procedimientos, las garantías legales y los recursos asistenciales existentes. Posteriormente, se activará el circuito asistencial que corresponda.

El nuevo protocolo refuerza, asimismo, aspectos como la confidencialidad, la intimidad, la seguridad clínica y el respeto a la autonomía de decisión de cada mujer respecto a la interrupción de su embarazo. Osakidetza ha incidido también en la necesidad de continuar reforzando las políticas de educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos eficaces para prevenir embarazos no planificados. En 2024, más del 60% de las mujeres que solicitaron una interrupción voluntaria del embarazo no utilizaban ningún método anticonceptivo, mientras que aproximadamente un tercio de los procedimientos correspondieron a interrupciones de repetición.

El Ministerio de Sanidad quiere generalizar el aborto con pastillas en la Atención Primaria. Así lo ha afirmado la ministra Mónica García este lunes en el acto por el Día Internacional del Aborto, en el que ha anunciado que impulsará varias reformas para que las mujeres accedan a este método en los centros de salud. Con esta medida, Sanidad busca forzar a aquellas comunidades que no hacen apenas interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública, como Madrid o Andalucía, a empezar por el aborto farmacológico, uno de los dos métodos que las mujeres deben poder elegir para abortar.

Esta es la intención que, según fuentes del Ministerio, tiene Mónica García con esta reforma, que se concreta en una triple iniciativa: por un lado, la modificación del Real Decreto que regula las bases generales sobre autorización de centros sanitarios y por otro, el cambio de la ficha de la mifepristona, el fármaco utilizado en el procedimiento, para que se use fuera del ámbito hospitalario. Además, se actualizará la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente el aborto en la Atención Primaria.

El objetivo es empezar a cambiar el mapa del aborto en España, donde la inmensa mayoría de intervenciones se hacen en centros privados concertados. Aunque el número no deja de aumentar año tras año y cada vez son más, según los últimos datos en 2024 solo el 21,3% se hicieron en centros sanitarios de titularidad pública.

La situación es especialmente llamativa en territorios en los que la tasa de abortos en la pública no alcanza ni el 1%: Extremadura, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Madrid, en la que su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se ha resistido explícitamente a cumplir la ley y poner en marcha el registro de objetores al aborto. Aun así, hay que tener en cuenta que el panorama ha podido cambiar en estos dos últimos años, por ejemplo, según los datos de 2024, Ceuta no practicó ningún aborto en centros públicos, pero desde diciembre de 2025 ha asumido el 90%.

La cuestión es que será también con estas comunidades gobernadas en su mayoría por la derecha con las que Sanidad tendrá que debatir algunos de los cambios, puesto que tendrán que pasar por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Según fuentes de Sanidad, la modificación de la cartera de servicios es la clave para que el mecanismo sea obligatorio y es la que deberá someterse a votación, aunque puede salir adelante con mayoría.

El Ministerio lleva tiempo aplaudiendo en público los pasos dados por algunas comunidades en las que esto ya ocurre y en los que la Atención Primaria ya está asumiendo los abortos farmacológicos. Aunque en general, se recurre más al método instrumental o quirúrgico (en un 68% de los casos), si ponemos el foco en los territorios se da un doble fenómeno que crece paralelamente: aquellas autonomías que hacen más intervenciones en la sanidad pública, son también las que hacen más abortos con pastillas que en el quirófano.

Esto es algo que se ve claramente en los casos de Galicia, Catalunya, La Rioja, Cantabria, Baleares y Navarra. En los últimos años, estas comunidades han apostado por incluir el aborto en los centros de salud u otro tipo de unidades de planificación familiar de la red de Atención Primaria, pero solo los farmacológicos. El resultado es que son las autonomías que más porcentaje de prestaciones en la pública hacen: desde el 88% de Cantabria a más del 70% de Galicia, Navarra y La Rioja o el 61% de Baleares.

Al mismo tiempo, la inmensa mayoría de las interrupciones del embarazo que se hacen en estos lugares, son mediante fármacos, como se puede ver en el siguiente gráfico:

El riesgo de desplazar el quirúrgico

La realidad es que estas medidas profundizan en el objetivo de llevar la prestación a los centros de titularidad pública, como exige la ley, pero deja abierta otra dimensión del problema, según las expertas: y es que de acuerdo con la misma legislación, las mujeres deben poder elegir el método con el que quieren abortar y estos deben ofrecerse en las mismas condiciones. Además, el quirúrgico sigue siendo el que se utiliza para gestaciones de más de diez semanas.

Silvia Aldavert, coordinadora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, considera que la propuesta de Sanidad es “positiva” porque “amplía los puntos de acceso para las mujeres de todo el territorio”, pero considera que “debe acompañarse de otras medidas”. Si no, el riesgo, será comprometer la libertad de las mujeres para decidir de qué forma quieren abortar, cree la experta. “Es un paso adelante, pero si nos quedamos ahí y no profundizamos, puede ocurrir lo que ya pasa en muchos sitios, que es que la elección del método está condicionada y se generan inequidades territoriales porque no son igual de accesibles las dos técnicas”.

Es lo que ocurre en algunas de las comunidades que han apostado únicamente por el farmacológico en la pública. En La Rioja, por ejemplo, las mujeres que quieran abortar de forma instrumental, deben salir de su comunidad porque los hospitales no lo asumen ni existen clínicas concertadas que ofrezcan la prestación. En Catalunya, quienes viven cerca de Barcelona “tienen más posibilidades de elegir el método” que quienes viven en el Pirineo porque estas “tendrán que desplazarse muchos kilómetros” para hacer un quirúrgico, ejemplifica Aldavert. Según la Asociación de Clínicas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), Cantabria las deriva a Madrid o Valladolid.

El problema sigue siendo que los hospitales públicos, que es donde deben hacerse las intervenciones instrumentales, apenas las asumen. Por eso Aldavert cree que la medida debe ir acompañada de “formación” para los profesionales en ambas técnicas y una apuesta decidida por “normalizar” el aborto. “Debemos colocarlo dentro de la práctica sanitaria habitual y que el sistema introduzca el doble método en los centros de referencia de las mujeres. Si tú puedes ir a un hospital a parir, debes poder acceder al aborto. El sistema ya tiene a su disposición los centros en los que debe hacerse”, añade la experta.

El aborto farmacológico suele ser más 'digerible' por el sistema porque distancia al personal sanitario del proceso y requiere menos práctica, incluso el registro de objetores da la posibilidad a los profesionales de objetar solo a la técnica instrumental y no a esta. “Se ha hecho una objeción a la carta y se ha sobreprotegido”, opina Francisca García, médica directora de dos clínicas andaluzas y presidenta de ACAI. Ante la medida anunciada por Sanidad este lunes, García cree que aún “no se han hecho los deberes” y que la prioridad debe ser “formar a los profesionales y que las mismas unidades puedan garantizar ambos métodos”. Si no, dice, seguirá siendo “una prestación sanitaria de segunda”.

Gráficos elaborados por Yuly Jara.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que va a impulsar los “cambios necesarios” para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de Atención Primaria. Así lo ha anunciado en la inauguración del acto Abortar sin barreras, organizado por su Ministerio y el de Igualdad en el Día Internacional del Aborto. “Queremos que las mujeres elijan el método y puedan acceder a él en sus centros de salud, con información precisa y acompañamiento”, ha afirmado García.

El aborto farmacológico es el que se lleva a cabo únicamente mediante medicamentos y hasta la semana novena de gestación. Es uno de los dos métodos con los que las mujeres pueden interrumpir su embarazo: el otro es el instrumental o quirúrgico, que siempre se lleva a cabo en hospitales. La idea de Sanidad es modificar el Real Decreto que regula las bases generales sobre autorización de centros sanitarios y también la ficha técnica de la mifepristona, el fármaco utilizado en el procedimiento, para “permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario”. Además, Sanidad quiere actualizar la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente el aborto en Atención Primaria.

El objetivo es que las mujeres que elijan este método —la ley obliga a ofrecer los dos— y siempre que “sea adecuado para su situación”, puedan acceder a él “desde sus centros de salud, con información, profesionales preparados y acompañamiento antes, durante y después”, ha justificado García, que ha resumido su intención en que “cueste menos decidir con libertad”.

La medida busca fortalecer la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, algo que establece la Ley del Aborto pero que no se cumple en la mayoría de ocasiones: según los últimos datos, casi el 80% de las intervenciones se llevaron a cabo en clínicas privadas concertadas. En algunas comunidades como Madrid, Andalucía o Castilla-La Mancha, los abortos en la pública no alcanzan ni el 1%. La situación de desigualdad territorial lleva a que miles de mujeres deban desplazarse cada año de sus provincias para poder abortar.

“Queremos que las mujeres sepan dónde tienen que acudir, reciban información y siempre tengan un equipo al que acceder. Que se ahorren desplazamiento y sientan que hay un equipo que les acompaña y conoce”, ha afirmado García. Esta semana, el Ministerio ha puesto en marcha la campaña sobre el aborto con la que pretende combatir “el estigma y la culpa” en las mujeres y que ha sido rechazada por Metro de Madrid para ser instalada en la Puerta del Sol bajo el argumento de la cercanía de esta estación con la sede de la presidencia de Isabel Díaz Ayuso.

En el acto también ha participado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha avanzado que su departamento está “estudiando” el impulso de un “reglamento o decreto” con el objetivo de “incidir” en la información que reciben las mujeres que van a interrumpir voluntariamente su embarazo. “Es imprescindible que las mujeres tengan la información necesaria y suficiente para que tomen la decisión sin tutelas y sin paternalismo”, ha afirmado Redondo, que ha recordado que el Gobierno ha impulsado el blindaje del derecho “en su dimensión prestacional” en la Constitución.

Un total de 41 profesionales sanitarios se han inscrito en el registro de objetores habilitado por el Servicio de Sanidad de Castilla-La Mancha para rechazar la práctica profesional del aborto en el sistema público de la comunidad autónoma.

Es el dato que, según informa Amnistía Internacional, ha facilitado “por primera vez” el SESCAM a la Plataforma por el Derecho al Aborto en la Pública de Castilla-La Mancha a través del Portal de Transparencia.

Según esa misma información, hay un total de 198 médicos en el conjunto de los servicios de Ginecología y Obstetricia de los hospitales de Castilla-La Mancha, aunque no ha concretado cuántas de las 41 personas objetoras son médicas ni cuál es el número total de profesionales de estos servicios.

“Incluso tomando el supuesto más desfavorable —que las 41 personas objetoras fueran médicas— representarían el 20,7 % de los 198 médicos, lo que significa que casi ocho de cada diez no estarían inscritos en el registro de objetores”.

La Plataforma por el Derecho al Aborto en la Pública de Castilla-La Mancha se concentró este domingo en Alcázar de San Juan, con motivo del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, que se conmemora hoy, para reclamar que ninguna mujer tenga que salir de la sanidad pública para ejercer un derecho reconocido por ley. Desde hace un año las movilizaciones arrecian en la comunidad autónoma para lograrlo: “No es normal tener que ir a abortar a 180 kilómetros”, decían hace ahora un año.

En este tiempo, la Consejería de Sanidad ha anunciado que planea un “centro público” para abortos ante la objeción de conciencia casi total de sus médicos, según se decía el pasado mes de mayo. Con los datos de hoy en la mano, esa afirmación no es del todo cierta.

El colectivo ciudadano considera “especialmente relevante” que, después de años reclamando información, el SESCAM haya facilitado por primera vez datos oficiales sobre las personas inscritas en el registro de objetores de conciencia, pero cree que los datos que se proporcionan son “insuficientes” para conocer “con precisión” la dimensión de la objeción, al no especificarse las categorías profesionales ni la distribución por hospitales y áreas sanitarias. Creen que saberlo introduciría “datos objetivos en un debate en el que durante años se ha hablado de una supuesta objeción generalizada”.

Para la Plataforma, “este dato refuerza la necesidad de dejar de utilizar la objeción de conciencia como argumento para no organizar la prestación”. En su opinión, la obligación de la Administración es “organizar los servicios sanitarios de forma que una objeción individual no impida ni retrase el acceso de las mujeres al aborto en la sanidad pública”.

También inciden en que “la objeción de conciencia es un derecho individual de los profesionales, no una objeción de los servicios, unidades u hospitales” y en que “corresponde, por tanto, al SESCAM planificar los recursos humanos y asistenciales necesarios para garantizar la prestación”.

Además, vuelven a situar el foco en una reivindicación que se considera “pendiente” en Castilla-La Mancha: que el aborto se garantice de manera efectiva en la sanidad pública, con recursos, profesionales y una organización que permita acceder a la prestación sin tener que recurrir a centros privados y sin que las mujeres sean derivadas a otras comunidades autónomas, como ocurre actualmente en la mayoría de los casos.

El 99,95% de los abortos, en el sistema privado en 2024

Las organizaciones que integran la Plataforma han vuelto a denunciar que las mujeres de Castilla-La Mancha continúan encontrándose con una prestación que, pese a estar reconocida legalmente, se realiza fuera de la red pública. En 2024, el 99,95 % de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en Castilla-La Mancha se practicaron en clínicas privadas, según datos del Ministerio de Sanidad. Y alrededor del 60 % de las mujeres que han decidido abortar en los últimos 15 años han tenido que salir de la región para hacerlo.

Por ello, reclaman de nuevo “una red pública de interrupción voluntaria del embarazo integrada en el SESCAM, con recursos y profesionales suficientes y accesible en todas las provincias y áreas sanitarias.”

Durante la movilización, la Plataforma reclamaba al Gobierno de Castilla-La Mancha una red pública de aborto en todas las provincias, un calendario concreto, público y verificable para la implantación de la prestación, recursos y profesionales suficientes, garantizando que la objeción de conciencia individual no impida ni retrase el acceso, datos públicos y transparentes sobre profesionales objetores, recursos, derivaciones y prestación realizada dentro y fuera de Castilla-La Mancha, información pública, clara y accesible sobre el derecho al aborto, el itinerario asistencial y los recursos disponibles y protección efectiva frente al acoso y la intimidación para mujeres y profesionales.

Este lunes se celebra el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, y la Plataforma reafirma una reivindicación clara: “Abortar es un derecho, la sanidad pública debe garantizarlo”.

A estas peticiones se han sumado hasta 25 colectivos como Amnistía Internacional, Feministas de Pueblo o CCOO. Este sindicato reclama una “verdadera red pública” para poder acceder al servicio.

Las mujeres ya estamos sufriendo las políticas que están poniendo en marcha las comunidades autónomas gobernadas por las derechas, ya sea en coalición —Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura— o en solitario, como en Madrid. Su ataque a nuestros derechos reconocidos consiste en impedir que podamos ejercerlos en condiciones materiales de libertad e igualdad. Las feministas volvemos a estar en pie de guerra: ha vuelto Marea Violeta.

El 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, obliga a examinar las políticas que están ideando y ejecutando los dos partidos de derechas en las comunidades autónomas para saber qué harán si llegan a gobernar España.

Hablo de las derechas porque, en relación con los derechos de las mujeres, no es necesario especular sobre las condiciones que Vox podría imponer al Partido Popular. Basta con atender a sus propias decisiones. Núñez Feijóo ha anunciado que, si gobierna, extenderá al conjunto del Estado la ley madrileña del “concebido no nacido” y, al mismo tiempo, asegura que mantendrá la actual ley de plazos. Esta es la estrategia —y no solo en relación con el aborto—: erosionar los derechos sin necesidad de derogarlos.

Quizá haya quien crea que ambas posiciones son compatibles. No lo son. Las palabras crean categorías jurídicas y las categorías jurídicas producen consecuencias materiales. Reconocer al concebido como integrante de la familia “desde la concepción” introduce en el ordenamiento la ficción de dos sujetos con intereses diferenciados. De este modo, la interrupción del embarazo deja de presentarse como el ejercicio de la autonomía reproductiva de las mujeres y comienza a construirse como un conflicto entre sus derechos y los supuestos derechos de quien todavía no ha nacido.

Feijóo parece haber aprendido de la derrota de la reforma de Alberto Ruiz-Gallardón. En 2014, el Tren de la Libertad convirtió la defensa del aborto en una movilización estatal, obligó al Gobierno de Mariano Rajoy a retirar el anteproyecto y precipitó la dimisión del ministro. La estrategia actual evita aquella confrontación directa: mantiene formalmente la ley de plazos mientras introduce, por otras vías, el marco jurídico y político del “concebido no nacido”.

Los cuatro acuerdos autonómicos de gobierno suscritos por PP y Vox comparten esa misma concepción política y forman parte de una ofensiva nacional e internacional dirigida a deslegitimar el feminismo y revertir los derechos conquistados.

En todos ellos, las mujeres dejamos de aparecer como sujetos autónomos de derechos sexuales y reproductivos y somos situadas fundamentalmente en relación con la familia, la maternidad y la natalidad. Ninguno articula una política integral de salud sexual y reproductiva basada en nuestra autonomía y en el acceso efectivo al aborto, a la anticoncepción y a la educación sexual.

Quiero detenerme en Andalucía, no solo porque es el territorio desde el que Marea Violeta Andalucía convoca la movilización de este 28 de septiembre, sino porque —como le sucedió en su día a Gallardón— el presidente andaluz goza de una imagen de moderación que el acuerdo de gobierno desmiente. El pacto proclama una “cultura de la vida”, prevé un Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada que no reconoce nuestros derechos y convierte la “perspectiva de familia” en un criterio transversal de la acción pública.

Me detengo en esta última cuestión porque estas palabras también generan categorías jurídicas. La perspectiva de familia significa que las normas y las políticas deben evaluarse por sus efectos sobre una institución presentada como una unidad armónica. Desaparece así la obligación política de examinar sus consecuencias específicas sobre las mujeres. La perspectiva de género es sustituida por formulaciones aparentemente neutras que ocultan las relaciones de poder entre los sexos, diluyen los derechos individuales de las mujeres y excluyen la diversidad familiar y vital.

Los cuatro pactos demuestran que la ofensiva contra el derecho a decidir no necesita comenzar con la derogación de la ley del aborto. Puede avanzar mediante políticas que convierten la natalidad en un objetivo público y expulsan la libertad reproductiva de las prioridades gubernamentales. Después puede materializarse dificultando el acceso al aborto en la sanidad pública, tolerando desigualdades territoriales, ampliando los efectos de la objeción de conciencia o sometiendo a las mujeres a itinerarios administrativos diseñados para disuadirlas.

Vox radicaliza el discurso, acelera las medidas y amplía la ofensiva antifeminista, pero atribuirle en exclusiva el proyecto antiabortista permite al Partido Popular presentarse como un límite moderado. Su trayectoria y sus propios compromisos muestran lo contrario. La promesa de Feijóo de extender a todo el Estado la ley madrileña del “concebido no nacido” no constituye una concesión aislada a Vox, sino la formulación nacional de un marco que ambos partidos ya comparten en sus acuerdos autonómicos.

El precedente del Tren de la Libertad contiene, además, una enseñanza política: estas medidas pueden ser derrotadas. El movimiento feminista consiguió detener la reforma de Gallardón y hacer dimitir a un ministro. Marea Violeta Andalucía vuelve a movilizarse este 28 de septiembre con el mismo objetivo: frenar unas políticas que atentan contra los derechos de las mujeres.

La reforma de 2023, impulsada por el actual Gobierno de coalición de izquierdas, reforzó el derecho al aborto y obligó a las comunidades autónomas a garantizar su prestación pública y accesible. Por eso, los acuerdos autonómicos de PP y Vox pueden vaciar materialmente este derecho mediante la gestión sanitaria y de la objeción de conciencia.

La reforma prolonga los avances promovidos por Gobiernos socialistas con la despenalización parcial de 1985 y la ley de plazos de 2010. Aunque con una lentitud denunciada por el feminismo, han sido las políticas de izquierdas las que han ampliado los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Frente a quienes atacan nuestra libertad, necesitamos políticas de izquierdas que sean verdaderamente feministas.

La Plataforma por el Derecho al Aborto en la Pública de Castilla-La Mancha saldrá a la calle el próximo 27 de septiembre para “recordar algo que debería ser evidente”: que el aborto “es un derecho y la sanidad pública debe garantizarlo”.

Convocada por organizaciones feministas, sindicales y de derechos humanos, la cita será en la Plaza de España de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) el próximo domingo a las 12:30 horas, coincidiendo con el Día Internacional del Aborto Seguro, que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre.

Las entidades convocantes denuncian que “las mujeres de Castilla-La Mancha siguen encontrándose con una realidad difícil de entender: cuando necesitan interrumpir un embarazo, tienen que salir de la red sanitaria pública y ser derivadas a centros privados”.

Una situación que, en su opinión, “no solo supone” externalizar una prestación sanitaria que “debería estar garantizada en la pública”, sino que también introduce “desigualdades en el acceso a un derecho”.

“No todas las mujeres cuentan con las mismas posibilidades para desplazarse, asumir los gastos que pueda implicar, pedir permisos en el trabajo o contar con alguien que las acompañe. El lugar en el que viven, especialmente si residen en una zona rural, su situación económica o sus circunstancias personales no pueden determinar las condiciones en las que van a poder ejercer su derecho a abortar. Las dificultades que genera este modelo afectan especialmente a las mujeres que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y pueden hacer que un derecho reconocido legalmente resulte mucho más difícil -o incluso imposible- de ejercer en condiciones de igualdad”, afirman las entidades convocantes en un comunicado.

La Plataforma considera “insuficiente” el anuncio de la creación de un único recurso hospitalario y reclama “una red pública integrada en el SESCAM y accesible en todas las provincias y áreas sanitarias”.

También proporciona datos que, asegura, “evidencian la dimensión del problema”. En 2024, el 100 % de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en Castilla-La Mancha se practicaron en clínicas privadas. Además, alrededor del 60 % de las mujeres que han decidido abortar en Castilla-La Mancha durante los últimos 15 años han tenido que desplazarse fuera de la región para poder ejercer su derecho.

“Falta poder abortar con normalidad”

Para Movimiento Sumar, esta situación evidencia la necesidad de avanzar hacia una red pública para la interrupción voluntaria del embarazo con profesionales y recursos suficientes, que permita garantizar el acceso a la prestación con independencia del lugar de residencia o de las circunstancias económicas y personales de cada mujer.

Desde Izquierda Unida Toledo y la Unión Popular de Estudiantes de Toledo también se han sumado a estas reivindicaciones afirmando que “el derecho al aborto existe. Lo que sigue faltando en Castilla-La Mancha es poder ejercerlo con normalidad en la sanidad pública”.

Ambas organizaciones recuerdan que la región dispone desde 2025 de un registro de profesionales sanitarios objetores matizando que la objeción es un derecho individual y no puede convertirse, de hecho, en la objeción de hospitales, servicios completos o de toda una comunidad autónoma.

“Durante años se ha utilizado la objeción como explicación. El registro ya existe. Ahora corresponde a la Junta organizar sus plantillas, formar profesionales y garantizar el servicio. La objeción de algunos no puede convertirse en la pérdida de derechos de todas”, sentencian.

La Comisión 8 de Marzo de Cantabria conmemorará un año más este lunes 28 de septiembre el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, “un derecho que debemos defender todos los días”.

En un comunicado, la plataforma feminista ha reiterado su reivindicación de que la interrupción voluntaria del embarazo se garantice en la sanidad pública y en este sentido ha advertido de los “obstáculos que todavía dificultan el ejercicio efectivo de este derecho en el conjunto del Estado”.

“El derecho a decidir sobre la propia maternidad está reconocido legalmente en España, pero sigue enfrentándose a barreras de todo tipo”, ha criticado la Comisión, que ha advertido que “el reconocimiento legal de un derecho no garantiza, por sí solo, su ejercicio efectivo”.

En este sentido, para la plataforma feminista, “la garantía de una atención sanitaria pública en condiciones de seguridad, igualdad, intimidad y respeto a la autonomía de las mujeres, junto con la eliminación de obstáculos y la protección frente a las presiones ideológicas, son condiciones imprescindibles para que este derecho sea una realidad”.

La plataforma ha incidido en que la atención al aborto en España presenta “profundas desigualdades territoriales”, y ha recordado los datos oficiales del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2024, en los que el 78,74% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados, frente al 21,25% en los públicos.

Según estos mismos datos, Cantabria es la comunidad que mayor porcentaje de interrupciones voluntarias del embarazo realizó en el sistema público en 2024, el 88,5%, frente a una media nacional del 21,25%. Además, atiende en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla todas las interrupciones motivadas por enfermedades maternas o anomalías fetales.

La Comisión 8 de Marzo considera que esta prestación sanitaria “debe formar parte de la cartera de servicios de la sanidad pública y ”Cantabria constituye un ejemplo de ello, aunque todavía le queden situaciones por resolver ya que aunque el Servicio Cántabro de Salud atiende a la inmensa mayoría de las mujeres que solicitan una interrupción, persisten derivaciones a clínicas concertadas de otras Comunidades Autónomas“.

Así, en 2024, fueron derivadas 62 mujeres y en 2025, 71, a clínicas de Valladolid y Madrid, lo que a su juicio plantea la necesidad de “seguir avanzando para que todas las interrupciones se realicen en la red pública cántabra”.

Finalmente, la Comisión ha alertado de los intentos de “debilitar el apoyo ciudadano” a la interrupción voluntaria del embarazo mediante iniciativas legislativas que, bajo la denominación de protección del concebido no nacido, “pretenden atribuir al feto una titularidad de derechos equiparable a la de las mujeres. Esta concepción no se corresponde con el marco constitucional y legal vigente”, ha sostenido, por lo que ha insistido en que “los derechos conquistados pueden verse amenazados por cambios en las mayorías parlamentarias y en las decisiones de los gobiernos”.

La primera campaña del Ministerio de Sanidad sobre el aborto en democracia no estará en el Metro de Madrid. La empresa pública de transportes ha rechazado la propuesta de colocar un anuncio que recuerda que el aborto es un derecho que se puede ejercer en la sanidad pública, tal y como reconoce la ley. Según ha podido saber elDiario.es, el departamento dirigido por Mónica García propuso que la campaña se colocara en la estación de la Puerta del Sol, pero Metro no lo aprobó y pidió expresamente un cambio de mensaje por otro que “no genere controversia” al estar esta estación al lado de la sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Esta es la razón que se desprende de la comunicación a la que ha accedido este medio, en la que la empresa adjudicataria contratada por Sanidad para gestionar la campaña y buscar espacios en la que desplegarla informa de que Metro rechaza el contenido tal cual está ideado: “Realizada la consulta con el exclusivista, Metro no nos aprueba el mensaje”. En el documento al que ha tenido acceso elDiario.es, la agencia publicitaria copia y pega lo que le ha dicho la empresa que ha gestionado la publicidad de Metro en este caso –a quienes se refieren como “el exclusivista”–: “Ya está consultado y nada con este mensaje imposible, nos piden que además, ya que el pórtico está al lado de la sede de la CAM, que el mensaje no genere controversia”.

La campaña, presentada este miércoles por la ministra de Sanidad, pretende “combatir el estigma y la culpa” en torno al aborto. Aunque el vídeo es la pieza clave de la estrategia, la idea del Ministerio era desplegar paneles estáticos en el acceso al Metro con una adaptación del siguiente mensaje: “Quizás te cuestionen y decidas seguir. Y estará bien. Quizás no quieras explicar el motivo y estará bien. Quizás tengas 16 años, decidas hacerlo y estará bien. Decidas lo que decidas todo estará bien. Porque tienes derecho a abortar y a hacerlo en la pública”. Según fuentes de Sanidad, la campaña sí estará presente en otros espacios de Madrid como las pantallas de Callao.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Metro de Madrid, que ha remitido a la Consejería de Transportes del Gobierno madrileño, de quien depende la empresa pública. Una portavoz negó inicialmente conocer la campaña y luego rechazó que Metro haya podido vetar la campaña porque “no la conoce ni gestiona la contratación de esa publicidad”. La Consejería apunta a JCDecaux, la empresa que tiene la concesión publicitaria de Metro. “La explotación publicitaria corresponde a JCDecaux, que es quien mantiene la relación con los anunciantes y gestiona este tipo de campañas”, afirma. Este medio se ha puesto en contacto con esta compañía sin obtener respuesta.

En este caso, la comunicación comercial sobre la colocación de la campaña en la Puerta del Sol se hizo a través de la agencia de publicidad H2Ó Digital & DOOH, según informan fuentes conocedoras del proceso. H2Ó se encarga de la publicidad de los pórticos de las estaciones, es decir, la instalada en el exterior de las bocas de metro, y esta era la propuesta del Ministerio de Sanidad: colocar paneles estáticos con el mensaje de la campaña en la estación de Sol-Carretas por ser “uno de los accesos con mayor notoriedad” del Metro. Además, la idea era desplegar imágenes también en la canaleta interior situada en las escaleras mecánicas.

Cuando la empresa adjudicataria del Ministerio de Sanidad hizo la propuesta, la respuesta de H2Ó fue negativa, asegurando que tras consultarlo, era “imposible” colocar el mensaje, haciendo referencia a la cercanía de esta estación con la Real Casa de Correos, el edificio en el que se ubica la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. “Metro no nos aprueba el mensaje”, le dijo entonces la adjudicataria al departamento dirigido por Mónica García, que se negó a modificar el contenido. H2Ó no ha respondido a las preguntas de elDiario.es al respecto.

Fuentes del Ministerio de Sanidad tachan de “incomprensible” que Metro “se niegue a reproducir una campaña institucional destinada a informar sobre el derecho a una prestación ofrecida por el Sistema Nacional de Salud y reconocida por ley” y advierten de que estudiarán “todas las acciones” frente a una medida que califican de “arbitraria”.

Las campañas que sí acogió Metro

No es la primera vez que la publicidad en Metro de Madrid es objeto de polémica y, de hecho, las dos únicas campañas sobre interrupción voluntaria del embarazo que ha acogido en los últimos años han sido antiabortistas: en 2022, Jóvenes por España lanzó una con imágenes de un feto bajo el epígrafe “mi vida vale tanto como la tuya. ¡Déjame nacer!”. Ese mismo año, varias estaciones instalaron paneles de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) contra la prohibición del acoso ultra a las puertas de las clínicas de aborto.

También ha generado controversia la publicidad de la Asociación de Familias Numerosas, que ha lanzado hasta tres campañas en los dos últimos años. “¿Te parece divertido ir de flor en flor? Ahora todo son risas, pero en unos años comerás tu solo el día de Navidad”, colocó en la estación de Chueca en 2025 para “cuestionar los estilos de vida actuales basados en relaciones sin compromiso, promovidos desde las redes sociales y aplicaciones de citas y que esconden un futuro marcado por la soledad”. Antes, había desplegado otras dos en la misma línea y que tenían como lema “Ten más hijos, salva el planeta” y “¿Se te está pasando el arroz?”.

La presentación de la campaña sobre el derecho al aborto del Ministerio de Sanidad ha sido aprovechada por la ministra Mónica García para informar de que ha pedido a la Abogacía del Estado que “lleve a cabo todas las medidas adecuadas para exigir” a la Comunidad de Madrid la puesta en marcha del registro de objetores al aborto tras “constatar” que “no ha avanzado más allá de los trámites iniciales”.

La pugna abierta entre Sanidad y el Gobierno de Ayuso a cuenta de la interrupción voluntaria del embarazo se recrudeció en el último trimestre del año pasado, ante la negativa de Madrid de poner en marcha la medida a la que obliga la ley de 2022. Su objetivo es poder organizar los servicios sanitarios para asumir los abortos en la sanidad pública, un mandato que algunas comunidades como la madrileña llevan años incumpliendo al no registrar ni el 1% de las intervenciones en este tipo de centros.

“Que se vayan a abortar a otro lado”, llegó a decir la presidenta madrileña en respuesta a los partidos de la oposición que le urgían a crear el registro. Ante su resistencia reiterada a crear el registro de objetores, Sanidad llevó al Ejecutivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le obligó el pasado a marzo a ponerlo en marcha.

La Audiencia Provincial de Álava ha confirmado la sentencia de la magistrada de Vitoria Beatriz Eva Román Gobernado de diciembre del pasado año que absolvió a 21 personas -doce mujeres y nueve varones- acusadas de un delito de coacciones por concentrarse y rezar ante la clínica Askabide de la capital en la que se realizan interrupciones del embarazo. Era la primera vez en Euskadi, España y Europa en la que se llevaba a juicio un caso en virtud de la reforma legal de 2022 para proteger el ejercicio de un derecho frente a las campañas de organizaciones ultracatólicas, como las que se convocaron en Vitoria. La sentencia fue recurrida y ahora, la Audiencia alavesa en una sentencia del magistrado Jesús Alfonso Poncela García, ha rechazado el recurso interpuesto por la acusación particular ejercida por la clínica Askabide, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, y ha confirmado la sentencia absolutoria dictada por la plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Vitoria. Contra el fallo cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

A pesar de que la sentencia reconoce que entre el 28 de septiembre y el 6 de noviembre de 2022 los acusados acudieron a rezar ante una clínica de Vitoria en la que mujeres ejercen su derecho al aborto, el juzgado ha acordado la absolución debido a que considera que “no hubo actos ofensivos, de intimidación, ni coactivos, ni insultos; ni tampoco prueba de la existencia de hechos ”con una gravedad apreciable“ que pudieran considerarse ”actos molestos“ susceptibles de ser sancionados penalmente. Las personas, como ha quedado probado, se situaban en una acera frente a la clínica, en diagonal respecto a la misma, rezaban unas veces en silencio y otras en voz alta, ”sin que en este último caso los rezos fueran audibles para los usuarios“ que estaban dentro de la clínica, aunque algunas de esas personas portaban carteles ”DIN A4“ con frases como ”no estás sola“, ”estamos aquí para ayudarte“, ”rezamos por ti“.

La sentencia del Juzgado de lo Penal, ahora ratificada por la Audiencia Provincial de Álava, sostiene que “el juzgado considera que no puede tildarse el comportamiento de los acusados de coactivo, porque nunca observaron actitudes violentas contra las potenciales víctimas” y también “descarta completamente la existencia de hostigamiento ni ambiental, ni de ninguna otra naturaleza” por parte de los acusados, contra el criterio sostenido por la Fiscalía y por testigos aportados por la clínica Askabide. “No consta que se haya abordado, increpado o agredido a ninguna persona, ni que se constituyeran cadenas humanas impidiendo el paso a mujeres o trabajadores o cortado suministros de la clínica, ni que los manifestantes hayan realizado gestos o proclamado eslóganes amenazantes”, detalla la sentencia.

En esta ocasión, la Audiencia Provincial de Álava reconoce que comparte el mismo criterio. “Este tribunal comparte el criterio de la magistrada de la instancia de que la conducta probada llevada a cabo por los acusados no puede considerarse como acoso, ni tiene la entidad suficiente como para crear un acoso ambiental”, afirma ahora la Audiencia alavesa, que detalla que “sería exigible algo más que la conducta llevada a cabo por los acusados para poder ser típica y situarse en un escalón inmediatamente inferior a una conducta coactiva” y constituir así ese “acoso o integrar ese concepto de acto molesto”.

No obstante, el propio tribunal reconoce en la sentencia que está “ante el análisis de un tipo penal novedoso, de escaso desarrollo jurisprudencial y en el que se ha tenido que analizar su interpretación a la vista del conflicto existente entre distintos derechos: derecho de reunión, y libertad de expresión, de culto y de religión frente a la libertad de decisión” e insiste en que “la misma magistrada del Juzgado de lo Penal -Beatriz Eva Román Gobernado- hizo alusión a la escasez de sentencias sobre la materia, y lo novedoso de la situación”. “En este contexto deducir una temeridad manifiesta por la parte recurrente no es proporcionado a la complejidad de la cuestión jurídica que se ha planteado en este procedimiento”, concluye.

Nunca antes, en los convulsos primeros cuatro meses del Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast en Chile, la llamada batalla cultural había irrumpido con tanta fuerza en la agenda pública. No ha sido prioridad de su Ejecutivo, enfocado casi con obsesión en reflotar la economía; ni tampoco lo fue durante la campaña, en la que lo evitó, a pesar de la insistencia de los periodistas.

Sin embargo, un proyecto para obligar a las mujeres a escuchar el latido del feto antes de abortar, presentado en el Parlamento por diputados del Partido Republicano —la formación fundada por Kast— y del Partido Nacional Libertario, situado aún más a la derecha, ha vuelto a colocar los derechos sexuales y reproductivos en el centro del debate público.

Kast, ultracatólico, padre de nueve hijos y reconocido antiabortista, se verá obligado a posicionarse –ahora como presidente– sobre un frente que prometió no abrir durante su mandato y que ha evitado desde la campaña.

“Llama la atención la poca estrategia del Partido Republicano en un proyecto de esta naturaleza, considerando que el Gobierno evitó avanzar en una agenda 'valórica', entre otras cosas por la polémica que puede abrir un proyecto de este tipo”, dice a elDiario.es Octavio Avendaño, de la Universidad de Chile.

Según el texto, que tiene un único artículo, la mujer podrá rechazar escuchar el latido. Sin embargo, si eso ocurre, “el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo” y dejar constancia por escrito en su ficha clínica.

Una iniciativa “contra la humanidad”

La propuesta ha levantado duras críticas de la oposición, del movimiento feminista, de expertas e incluso de sectores más moderados del oficialismo. El Colegio Médico ha defendido el consentimiento informado sin coerción y “sin revictimizar a las mujeres”. La exministra Antonia Orellana, al frente de la cartera de la Mujer y Equidad de Género en el Gobierno del progresista Gabriel Boric, ha publicado una carta en la que señala que más que en contra del aborto, la iniciativa “está en contra de la más mínima humanidad”.

Chile aprobó en 2017 la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos básicos (inviabilidad fetal, riesgo para la madre y violación), tras años de pulso del movimiento feminista contra los sectores conservadores, que incluso llevaron la ley al Tribunal Constitucional. La Administración de Boric presentó un proyecto para despenalizar el aborto hasta la semana 14, pero su tramitación está estancada en el Congreso y sin posibilidades de prosperar en esta legislatura.

La nueva iniciativa, bautizada como “Escucha tu corazón”, no es inédita. Se basa en una medida del Gobierno húngaro del ex primer ministro Víctor Orbán, uno de los aliados europeos de Kast. En 2023, Vox también imitó ese protocolo para Castilla y León, pero en este caso acabó como una recomendación que las mujeres no están obligadas a seguir.

Según los expertos, es muy difícil que el proyecto prospere en el Congreso porque, además de la oposición, algunos sectores liberales y moderados de la derecha se manifestarán en contra. De avanzar, supondría “un retroceso respecto del proyecto de las tres causales y en los de derechos reproductivos de las mujeres”, apunta Avendaño.

El proyecto ha irrumpido, además, en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo. Cuatro meses después de asumir el poder, Kast atraviesa un periodo de fuerte desgaste de su mandato y con una agenda económica que aún no logra mostrar resultados.

“El gobierno de emergencia, en el olvido”

Las expectativas sobre Kast –que llegó al poder presentándose como el salvador de la peor crisis de Chile– se han desinflado con el paso de los meses. Varias polémicas, torpezas y errores han empañado su debut, que afrontó el primer cambio de gabinete apenas dos meses después de asumir el cargo, el más rápido desde el retorno a la democracia, en 1990.

La mala racha de Kast empezó con el anuncio de una alza histórica de los precios de los combustibles provocada por la guerra en Irán y que golpeó con fuerza al bolsillo de los consumidores. Luego llegó la salida de las exministras Trinidad Steiner, al frente de Seguridad, pero sin un plan concreto para mejorar el orden público; y la portavoz Mara Sedini, que protagonizó varias declaraciones polémicas.

También pincharon las esperanzas en la mejora de la gestión migratoria, otra de las urgencias del llamado “gobierno de emergencia” levantado por Kast. El presidente justificó su incapacidad alegando que la advertencia tan repetida durante la campaña de expulsar a las personas migrantes en situación irregular fue “una metáfora” y que si alguien cree que “en un día se podrán expulsar a 300.000” es que “entendió mal”.

La idea del 'gobierno de emergencia' quedó prácticamente en el olvido

Héctor Ríos — Investigador de la Universidad Central de Chile

“Ni la delincuencia ni la inmigración han sido prioridad en los primeros meses para el Ejecutivo, por lo tanto, la idea del gobierno de emergencia quedó prácticamente en el olvido”, opina en declaraciones a elDiario.es el académico de la Universidad Central de Chile Héctor Ríos. Para él, el principal desafío del actual Ejecutivo pasa por “resolver los coletazos financieros” que han dejado “las decisiones del primer mes de su gestión”.

La popularidad del ultraderechista ha ido cada vez más a la baja hasta el punto de atravesar su peor momento en las últimas semanas, cuando los indicadores de creación de empleo y crecimiento económico han apuntado a los pronósticos más desalentadores, por debajo del 2% para 2026. La última encuesta Criteria sitúa su aprobación en el 32%, la cifra más baja desde el inicio de su administración.

De vuelta la “neoliberalismo a ultranza”

Kast arrancó su mandato con la ambiciosa propuesta de una megarreforma económica y tributaria para reducir el impuesto a las empresas (del 27% al 23 %), garantizar la invariabilidad tributaria a las grandes inversiones y flexibilizar los permisos para acelerar inversiones, entre otros.

Para el Ejecutivo, su aprobación, que se enfrenta a los últimos trámites en el Congreso, es clave para reactivar la economía, elevar el crecimiento y reducir la tasa de desempleo. Pero la oposición, que no ha logrado actuar unida contra la propuesta, critica que la futura ley solo beneficiará a los ricos y ya ha avanzado que la elevará al Tribunal Constitucional.

Además de esa medida, el presidente ha promovido una reducción “abrupta” de la inversión y el gasto social y “una agenda de austeridad”, señala Ríos, que quedó de manifiesto con la rebaja del 3% de los presupuestos de todos los ministerios.

“El destino de Kast estará determinado por el desempeño de la economía”, dice a elDiario.es el investigador Benjamin Gedan, del Wilson Center, en EEUU.

En este escenario, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, un economista ultraliberal y señalado hace años en una causa de colusión de precios en el sector avícola, se ha convertido en el hombre fuerte del Gobierno.

“Hay un sesgo ideológico, un neoliberalismo a ultranza de Quiroz que lo lleva a defender la implementación de políticas de choque que no se conocían desde la época de la dictadura, cuando se implementó el modelo”, dice Avendaño.

Para Ríos, la gestión de Kast apunta a una “nueva versión de la batalla cultural” que apuesta por “retomar el camino del progreso y del orden a través de la defensa del legado de la dictadura y del éxito económico de los 90, cuando el país logró construir consensos bajo una agenda conservadora”.

La politóloga Javiera Arce, de la Universidad de Valparaíso, dice a elDiario.es que “esta ola de autocratización” se cuece en un proceso lento de “deterioro y erosión de la democracia” del que la sociedad “no se da cuenta”. “Es una batalla cultural –cierra– sofocada por los aspectos económicos, pero que tiene un anclaje muy fuerte en el neoliberalismo”, concluye.

La conocida como “ley del concebido” de Isabel Díaz Ayuso, que entra en vigor este sábado y se presenta como una gran norma de apoyo a la vida, la natalidad y las familias, es un buen instrumento de propaganda con bastantes lagunas jurídicas. Quizá la primera y más evidente es la que pone en entredicho el propio discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando quiere dar a entender que su norma protegerá al concebido desde el primer momento de la gestación. No es cierto, si tenemos en cuenta que la propia ley, para cualquier ayuda o beneficio económico (disp. adicional 2ª.d), fija un umbral muy distinto al de la concepción: “En todo caso posterior a la finalización de la semana 14”, es decir, a partir de la semana quince de embarazo. Un cómputo que coincide exactamente con el momento en que deja de ser posible la interrupción voluntaria del embarazo por libre decisión de la mujer conforme a la Ley Orgánica 2/2010. La retórica de Ayuso es “desde la concepción”. Sin embargo, la eficacia económica de su norma comienza cuando termina el plazo de la IVE libre.

La ley, además, no se atreve a decir aquello que pretende sugerir y que en el discurso político se alardea. En ningún momento afirma la norma que el concebido sea una persona, ni que tenga personalidad jurídica, ni que sea sujeto de derechos. No puede hacerlo porque chocaría frontalmente con los artículos 29 y 30 del Código Civil y con una consolidada doctrina constitucional, desde la STC 53/1985 hasta la STC 34/2023. En su lugar, utiliza una fórmula de asimilación (“se le tendrá por nacido”) que no es más que una ficción jurídica que intenta proyectar sobre el plano administrativo y simbólico la equiparación entre concebido e hijo nacido. A estos efectos, resulta sorprendente la forma en que el preámbulo invoca la STC 271/2015 al afirmar que esa sentencia “avala que, al considerar al concebido como ya nacido, se puedan fijar beneficios”. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en aquella resolución nunca reconoció una potestad general para equiparar concebido e hijo nacido. Lo que declaró constitucional fue una medida muy concreta de la Comunidad Valenciana relativa al baremo de admisión escolar, insistiendo expresamente en que no atribuía personalidad jurídica al concebido, no modificaba el Código Civil y no establecía una regla general aplicable a cualquier procedimiento administrativo. Convertir aquella sentencia del TC en el fundamento de una equiparación administrativa de alcance general supone llevar mucho más lejos de la realidad lo que realmente viene a decir la doctrina constitucional.

Quizá por eso la ley deja al descubierto la paradoja de que la supuesta protección del concebido no se traduce en el reconocimiento de derechos para ello, porque constitucionalmente no puede hacerse. Los verdaderos beneficiarios de la norma son terceras personas adultas que podrán acceder a determinados beneficios administrativos mientras que el concebido funciona, en realidad, como un presupuesto ideológico para, supuestamente, apoyar a la natalidad y a la familia a través de políticas muy cuestionables a efectos prácticos, como la ayuda de 500 euros mensuales a madres gestantes que la Comunidad aplica desde 2022, y menciona el preámbulo como ejemplo. Parémonos un momento en esta.

Esta ayuda solo se cobra desde la semana 21 de gestación (es decir, desde el quinto mes, no la concepción), solo hasta los 30 años (cuando la edad media de la maternidad en España supera los 32), solo con cinco años de empadronamiento en la región dentro de los últimos diez (lo que expulsa a las mujeres migrantes de llegada reciente), solo bajo umbrales de renta que, además, castigan a las madres solas y no es un derecho subjetivo está condicionada a que haya crédito presupuestario cada año. ¿En cuántas ayudas se ha traducido esta política a favor de la natalidad en estos cuatro años? En algo más de 30.000, un dato ridículo.

Pero quizá el detalle más inquietante a mi juicio es el artículo 2.5, que obliga a comunicar a la Comunidad de Madrid cuando el concebido “no llegue a nacer”. Una obligación que alcanza necesariamente los supuestos de pérdida gestacional, cualquiera que sea su causa, y obliga a las mujeres a trasladar a la Administración un dato especialmente sensible sobre su salud reproductiva. La ley no establece un régimen específico de garantías, no precisa la finalidad de esa información ni regula su tratamiento posterior. Resulta llamativo que una norma presentada como instrumento de apoyo a las familias introduzca, al mismo tiempo, un deber de comunicación sobre un acontecimiento íntimo cuya protección forma parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y disidencias sexuales. Una inferencia inaceptable y peligrosa que no puede pasar desapercibida, especialmente en un contexto donde los registros de embarazos y pérdidas gestacionales están siendo la antesala de políticas de control sobre la vida sexual y reproductiva de las mujeres. Normalizar esa comunicación obligatoria no es un tecnicismo, es una línea que no debería cruzarse y que debería alertarnos.

Por último, y no debe servir como alivio, conviene señalar que esta ley incorpora mecanismos que aplazan su eficacia y que la “asimilación del concebido al hijo ya nacido” que proclama el artículo 2 no es autoejecutiva y solo será operativa “con el alcance y las condiciones que se regulen en cada procedimiento concreto”. Es más, la medida estrella (la condición de familia asimilada a familia numerosa) no entrará en vigor hasta dentro de seis meses y los beneficios fiscales asociados dependen de un certificado que todavía no puede expedirse.

Lo que entra en vigor en la Comunidad de Madrid con la gran ley ideológica de Ayuso no son nuevos derechos para las familias. Entra en vigor una determinada forma de concebir el embarazo desde los poderes públicos. Aparentemente, el discurso político quiere situar al concebido en el centro de la norma, sin embargo, toda arquitectura jurídica gira, en realidad, sobre el cuerpo de las mujeres, puesto que son las semanas de gestación las que determinan el acceso a las ayudas, los certificados médicos los que acreditan el embarazo y, en caso de aborto o pérdida gestacional debe comunicarse a la Administración esa situación. Esta no es tanto una ley sobre el concebido sino una ley sobre el embarazo y sobre la manera en que los poderes públicos deciden intervenir en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Si Margaret Atwood quisiera escribir otra secuela de El cuento de la criada, le bastaría con darse una vuelta por la Puerta del Sol.

Aquí llevamos años oyendo hablar de libertad. Libertad para elegir colegio o médico privado. Libertad para elegir una caña… si puedes pagarla, claro.

Pero cuando la libertad consiste en que una mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo y su maternidad, la libertad deja de estar de moda.

Núñez Feijóo ya ha anunciado que quiere extender a toda España la ley del concebido no nacido de Díaz Ayuso.

Y con ese anuncio quedó claro que esto no iba solo de Madrid.

Cuando Ayuso presentó la ley dijo que era para apoyar a las familias. Sonaba bien. ¿Quién va a estar en contra de ayudar a las familias?

El problema empieza cuando te la lees.

Las familias son la excusa. El objetivo es otro.

La ley intentó disimularlo. Miguel Ángel Rodríguez no.

“Según termina de fecundar, antes de ducharse, lo que tiene la mujer en su vientre es una persona con derechos.”

Hasta entonces hablaban de familias. Miguel Ángel Rodríguez habló del aborto. Y ahí se quitaron la careta.

Aquel tuit confirmó lo que llevábamos meses denunciando y que no se habían atrevido a escribir en su norma: no era para apoyar a las familias. Era para cuestionar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Pero aquel tuit revelaba algo más: el desprecio hacia las mujeres. Como si, desde la fecundación, dejaran de importar. Como si fueran una incubadora.

En cualquier otro gobierno, unas palabras así habrían supuesto un cese. En el de Ayuso no pasó nada. ¿Por qué iba a pasar? Miguel Ángel Rodríguez no se salió del guion de su jefa. Lo estaba recitando.

Y si esta era una ley para ayudar a las familias, hay una pregunta que sigue sin respuesta.

¿Dónde están?

La prometida Ley de Familias sigue sin aparecer. Debe de estar cogiendo polvo en algún cajón de la Puerta del Sol. Probablemente al lado de la Ley de Igualdad.

Madrid sigue siendo la única comunidad sin una Ley de Igualdad. Y eso tiene consecuencias. Tenemos la mayor brecha salarial entre mujeres y hombres de España. Y somos la región donde más mujeres dejan su empleo para cuidar.

Las madres que crían solas son el rostro de la pobreza en Madrid. En esta ley no existen.

En Madrid hay cerca de 155.000 niños y niñas viviendo en pobreza severa.

Ciento cincuenta y cinco mil. Esa sí debería ser la obsesión de un gobierno que dice defender la vida.

Pero, una vez nacen, dejan de importarles.

Las familias hacen malabares todo el año. Para cuidar. Para llegar a fin de mes. Cuando termina el colegio, todavía más.

Y, casi siempre, somos nosotras.

Les dicen a las mujeres que tengan hijos. Después, que se apañen.

Ayuso usa la maternidad para su batalla ideológica.

Frente a esto, el Gobierno de España aprueba medidas que cambian la vida de las mujeres y de las familias: permisos de maternidad y paternidad, la subida del salario mínimo, que beneficia especialmente a las mujeres, y escuelas infantiles públicas.

Con esa misma idea el PSOE hemos presentado en Madrid una Ley de Corresponsabilidad y Cuidados: que ninguna madre tenga que elegir entre cuidar a su hijo o conservar su empleo. Y que el futuro de un niño o una niña no dependa del bolsillo de su familia.

Feijóo ha dicho que quiere llevar el modelo de Ayuso a toda España.

Ya les hemos visto la patita: las familias son la excusa. El objetivo es otro.

Por eso, recurriremos esta ley retrógrada donde haga falta para pararla.

Pero la decisión más importante la tomarán las mujeres con su voto.

Ellas decidirán qué Madrid quieren. Y también qué España.

Porque ningún derecho está garantizado para siempre.

Me he levantado con el ánimo conciliador y, como sé que nuestro moderadísimo Juanma Moreno lo estará pasando fatal por el pacto de gobierno con Vox, le traigo una propuesta para aliviarle el verano. Es cierto que a este preclaro centrista le cabe el honor de haber alcanzado el primer acuerdo con Vox en España, allá en el lejano 2019. Sin embargo, en esta ocasión al pobre no le ha quedado más remedio que tragarse la ocurrencia de la prioridad nacional y meter a la extrema derecha en el gobierno. Eso sí, ha tenido el tino, el muy pillo, de entregar a los ultras una Consejería sin importancia alguna, la de Turismo, que en Andalucía no pinta nada. ¿O es que alguien ha visto en los últimos años un turista por aquí? En Málaga ni sabemos lo que es eso.

Por otro lado, ahora su jefe, el gallego con afición a los bulos, ha anunciado que si alguna vez toca poder, ejem, va a extender a todo el país lo del concebido no nacido, última salida antiabortista llegada desde Madrid. A nuestro querido Juanma le están saliendo iniciativas por todos lados, y él no lidera ninguna, pero vengo a proponerle una que le haga ganar enteros. En realidad, más que una iniciativa, se trata de la combinación de esas dos medidas tan particulares. Unamos, por tanto, la prioridad nacional con el concebido no nacido. Si alguien sabe cómo cuadrar el círculo, ese eres tú, Juanma, ¿o acaso no acabas de pactar la derogación de la ley andaluza de memoria al tiempo que rendías homenaje a Blas Infante?

En esta ocasión, querido Juanma, se trata de eliminar, en primera instancia, ese incómodo tufillo a racismo de la prioridad nacional que nos has impuesto en Andalucía. Si el racismo se define por la discriminación de personas, ojo ahí, en función de criterios étnicos, actuemos, en lugar de sobre personas… ¡sobre los embriones!, o mejor, sobre las intenciones de gestar. La propuesta es sencilla, pero exige algunas consideraciones previas.

A fin de cuentas, como sabemos, si algo nos caracteriza a los españoles de abolengo es nuestra histórica pureza genética, libre de mezclas ni contactos entre pueblos. Se me ocurre un eslogan: “Andalucía para los andaluces. Libra a tu descendiente de la prioridad nacional”. ¡Que se chupen esa los de Vox y todos los demás!

Igual te crees que estoy promoviendo un “aborto pantone”, ya sabes, solo entre aquellos que se sitúan en lado más oscurito de la paleta de colores. Dios me libre, que sé que tú eres “provida” (aunque sea principalmente vida nacional). Ahora bien, piensa un momento, ¿cuál fue tu punto débil en la campaña electoral? Exacto, la sanidad pública. Pues bien, podemos matar dos pájaros de un tiro, que la caza sí te mola más. ¿Ves por dónde voy? En España los católicos somos legión enfervorecida, como hemos visto con la visita del Papa Progre II. No obstante, admitamos que también llevamos muchos años, en concreto desde 1968, obviando algunas doctrinas que nos pillan un poco a trasmano. Aquel fue el año de la célebre encíclica Humanae vitae, ese jarro de agua fría que Pablo VI arrojó sobre todos los listos que querían seguir la línea aperturista de Juan XXIII. Bajo el explícito subtítulo de “Sobre la regulación de los nacimientos”, la Iglesia rechazaba la contracepción artificial. Ni el Papa Progre I ni ahora el II le han tocado una sola coma, pero vamos, que menos los kikos, aquí la que más o el que menos se pone un DIU o un condón. Y de momento Dios, pese a Pablo VI, lo ve con buenos ojos. ¿Lo pillas ya o tengo que ser más explícito? Bueno, te lo pongo negro sobre blanco en el siguiente párrafo.

Reflotemos algunos servicios de la Sanidad Pública mediante una campaña fuerte, con eficiencia y sin listas de espera. Esta es la campaña que te propongo, y que va a dejar boquiabiertos, ojipláticos, a la de Madrid y al gallego: ligaduras de trompa y vasectomías a cargo de la seguridad social andaluza para todos los que no sean españoles de pura cepa. A fin de cuentas, como sabemos, si algo nos caracteriza a los españoles de abolengo es nuestra histórica pureza genética, libre de mezclas ni contactos entre pueblos. Se me ocurre un eslogan: “Andalucía para los andaluces. Libra a tu descendiente de la prioridad nacional”. ¡Que se chupen esa los de Vox y todos los demás!

De nada, Juanma.

La Comunidad de Madrid va a reconocer administrativamente al embrión como un integrante más de la unidad familiar. La Asamblea regional aprobó la semana pasada la denominada ley del concebido no nacido, la iniciativa estrella impulsada por Isabel Díaz Ayuso. Y Miguel Ángel Rodríguez decidió explicar la norma en X dejando clarísimo todo su matiz ideológico. Según escribió, en cuanto concluye la fecundación —incluso “antes de ducharse”, precisó con rigor bioético—, lo que existe en el vientre de una mujer ya es una persona con derechos. Esa es, añadió, “la revolución frente a la cultura woke e izquierdista”.

Las mujeres somos seres fecundados y duchados, en ese preciso orden y no otro. El mensaje no parece solo una nueva boutade provocadora del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Detrás del tuit asoma una estrategia política que en Estados Unidos ya ha alcanzado cotas mucho más ambiciosas como las de atribuir personalidad jurídica plena al embrión o al feto. Bajo el concepto de fetal personhood, distintos estados han impulsado iniciativas destinadas a reconocer a los óvulos fecundados derechos constitucionales equivalentes a los de cualquier persona.

En 2018, Alabama se convirtió en el primer Estado en consagrar una cláusula sobre la personalidad jurídica del feto en su constitución estatal, con consecuencias muy profundas en cuanto a la vigilancia y control draconiano de las mujeres embarazadas. La norma no implica únicamente prohibir el aborto de facto, también restringe potencialmente determinados métodos anticonceptivos, complica el tratamiento jurídico de los abortos espontáneos, pone bajo sospecha técnicas de reproducción asistida e introduce restricciones sobre la autonomía de las mujeres durante el embarazo.

Y, como ocurre a menudo con las construcciones jurídicas maximalistas, sus efectos pueden extenderse a ámbitos completamente inesperados. En Missouri, donde existe una legislación especialmente amplia sobre la personalidad jurídica del feto, condenados por delitos de abuso sexual infantil llegaron a sostener ante los tribunales que la edad de sus víctimas debía calcularse desde la concepción y no desde el nacimiento. Si ese argumento hubiera prosperado, las víctimas serían jurídicamente nueve meses mayores y algunos acusados podrían haber obtenido ventajas procesales. Los jueces rechazaron esa interpretación, pero la simple posibilidad dejó al descubierto cómo una formulación de este tipo puede acabar siendo utilizada con fines que no estaban en la mente del legislador.

No hay nada del fetal personhood en la ley madrileña. La norma aquí se limita a anticipar el acceso a determinadas ayudas públicas desde que el embarazo pueda acreditarse, pero cuando Miguel Ángel Rodríguez decide envolver la medida en el lenguaje de la guerra cultural y convertirla en una declaración sobre cuándo empieza la vida o cuándo existe una persona con derechos, resulta inevitable pensar que su objetivo va más allá.

Una vez reguladas las ayudas post-fecundación, algún día convendría que legislaran sobre conciliación, climatización de las aulas, plazas en escuelas infantiles públicas o la carencia de 44 pediatras en la Comunidad de Madrid, según los cálculos de los propios sindicatos sanitarios. Llamadme peligrosa woke, pero tal vez los niños y las mujeres importen más que un cigoto unicelular, aunque esté recién duchado.

Ayudar a las familias que decidan tener un hijo y “proteger la vida”. Con estos objetivos ha aprobado el Partido Popular de Madrid este jueves su ley del concebido no nacido, que reconoce al embrión como un miembro más de la unidad familiar. La norma, que ha salido adelante en la Asamblea con el apoyo de Vox, permitirá acceder a ayudas y beneficios fiscales desde el momento “en que se acredite el embarazo”, mientras el gobierno de Ayuso saca pecho porque “situará a Madrid” a la cabeza de España “en esta materia”.

La ley, que ya fue anunciada en 2019 por la presidenta popular, se enmarca en la estrategia desplegada en la Comunidad para fomentar la natalidad y ha sido aprobada en un pleno extraordinario, después de que se suspendiera su tramitación el pasado 17 de junio debido a un defecto de forma.

Según ha explicado el Gobierno madrileño, las mujeres deberán acreditar el embarazo mediante un informe médico y, en la práctica, podrán tener “los mismos beneficios y derechos en la concesión de subvenciones que utilizan como criterio la renta de la unidad familiar” aunque aún no se haya producido el parto. Entre ellas, becas para las escuelas infantiles privadas, comedor, abono transporte o alquiler joven. También se podrá acceder al título de familia numerosa y a las ayudas fiscales de forma temprana, en estos casos desde la semana 14.

Más allá del literal de la ley, Ayuso ha dejado claro al menos uno de los motivos que mueve a su gobierno a lanzar la medida: “Cada vida importa desde el primer suspiro y por eso estamos legislando para el no nacido”, aseguró hace unas semanas en el pleno. La intención entronca con la estrategia que el movimiento antiabortista lleva algunos años ensayando a nivel global, especialmente en Estados Unidos, donde varios estados han dado luz verde a medidas encaminadas a reconocer la llamada fetal personhood (la personalidad jurídica del feto).

El objetivo de estas iniciativas es otorgar una especie de estatus jurídico al embrión desde el momento de la concepción, lo que lleva tiempo siendo analizado como una amenaza al derecho al aborto y la anticoncepción. “Si un embrión o un feto es una persona, el aborto podría considerarse legalmente un asesinato”, avanza Johanna Hussain, de la Universidad de Cornell (Nueva York), que apunta a que la personalidad jurídica del feto es “una teoría legal” del movimiento antiaborto que “antes era marginal” y que ha ido ganando terreno a partir de que el Tribunal Supremo tumbara la sentencia que garantizaba el aborto en el país.

Hussain ha estudiado el alcance de esta nueva ola en este artículo, publicado en la Revista de Derecho y Políticas Públicas de Cornell, y detalla las medidas impulsadas o aprobadas en estados como Alabama, Iowa, Kentucky o Florida. Georgia, por ejemplo, ha determinado que se puede incluir a un feto como “dependiente” en la declaración de impuestos. Según la investigadora, la personalidad jurídica del feto ha comenzado a tener ecos a nivel federal en este segundo mandato de Donald Trump y fue uno de los objetivos del Proyecto 2025, la iniciativa de la Fundación Heritage que sirve de base ideológica para la ultraderecha estadodunidense.

La estrategia, sin embargo, no pasa ya por reconocer al feto de manera explícita o hacerlo en grandes leyes e incluso en la Constitución, algo que sí era un objetivo antiaborto hace unos 15 años. La politóloga Silvia Aldavert, directora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, explica que el modus operandi “ha cambiado” y en esta nueva fase la idea es lograr una “construcción gradual”. “Lo que se intenta es avanzar mediante reconocimientos parciales en diferentes ámbitos como ayudas sociales, fiscalidad o responsabilidad civil. El proceso no es un reconocimiento de la personalidad fetal repentino, si no a través de estos pequeños pasos que parecen limitados pero que van construyendo un nuevo marco jurídico y cultural”, explica la experta.

Aunque la norma de Ayuso “no equivale a la personalidad jurídica fetal ni reconoce al concebido como persona en sentido constitucional o civil” sí lo declara “como un sujeto relevante por sí mismo, aunque solo sea para efectos administrativos”. “La enseñanza más interesante de lo que ha pasado en Estados Unidos es que el verdadero cambio no está en estas medidas concretas, sino en el marco cultural que se empieza a construir”, opina Aldavert.

Lourdes A.Rivera, presidenta de la organización estadounidense Pregnancy Justice, sostiene que, a la larga, “cualquier ley que otorgue derechos propios a fetos y embriones supone un peligro para los derechos fundamentales de las mujeres” y permite “vigilar sus embarazos”. Rivera explica que “todo comienza” con la puesta en marcha de normativas que “pueden parecer beneficiosas o inofensivas” como conceder ventajas fiscales por “hijos no nacidos”, pero, en el fondo, forman parte de “una estrategia para crear un marco que socave” derechos. “La idea de otorgar personalidad jurídica al feto se ha usado para desmantelar el derecho al aborto y justificar intervenciones médicas forzosas”, dice la experta, que cree que “hay formas” mejores de “brindar beneficios y apoyo a las mujeres y las familias” sin este riesgo.

“La letra de la ley”

Para José Antonio Bosch, abogado de la Asociación de Clínicas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), la relación “no es tan sencilla de hacer”. “Con el texto de la ley en la mano, lo que hace es otorgar beneficios a las familias creando una ficción jurídica, que se utiliza también en otros ámbitos. Por ejemplo, para acceder al título de familia numerosa, tener a un niño o niña con discapacidad cuenta como dos con el objetivo de proteger a esa unidad familiar”.

El abogado sí cree que la argumentación que utiliza la Comunidad de Madrid para “vender” la iniciativa, al referirse a la vida desde la concepción, “suena” al enfoque antiaborto habitual, pero rechaza “juzgar intenciones” debido a que “la letra de la ley” no va en esa dirección.

El texto asegura que el reconocimiento del concebido no nacido ya se ejecuta en la Comunidad de Madrid con las ayudas de 500 euros mensuales a mujeres gestantes menores de 30 años, otra de las medidas estrella de Ayuso para fomentar la natalidad. “Es una ley a favor, no va en contra de nadie ni nada, no colisiona con ningún otro texto legal, solo con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda”, ha dicho el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García Martín, durante el pleno.

Eso, mientras la región es una de la que menos interrupciones voluntarias del embarazo practica en centros públicos, que no llegan ni al 1%. “Váyanse a otro lado a abortar”, llegó a decir la presidenta madrileña en plena batalla con el Gobierno central por negarse a crear el registro de objetores de conciencia al que obliga la ley. Después de que el Ministerio de Sanidad acudiera a los tribunales, finalmente la Justicia ordenó a Ayuso ponerlo en marcha.

Aldavert insiste en “el marco ideológico claro” que, a su juicio, “sustenta” la nueva ley impulsada por el PP y aprobada entre las críticas de la oposición. “Desde el punto de vista jurídico no tiene efectos, pero política y discursivamente responde a una lógica muy similar a la de la estrategia que el movimiento antiaborto está llevando a cabo a nivel internacional”, opina. La politóloga afirma que el enfoque ya no pasa solo por intentar prohibir el aborto, algo que se dificulta en sociedades en las que ya está asentado, sino por “diversificar” la hoja de ruta y “transformar el significado jurídico del embarazo”. Un objetivo clave para un movimiento que no trabaja aislado y, cada vez más, comparte estrategias, ideas y argumentarios.

Hola,

Porsha Ngumezi tenía 35 años, era madre de dos hijos y vivía en Texas. En 2023 sufrió un aborto cuando estaba embarazada de 11 semanas. Acudió al hospital con una fuerte hemorragia. Texas había aprobado una de las leyes más restrictivas al aborto hasta el punto de que interrumpir un embarazo es casi imposible. Esa ley contempla penas de hasta 99 años de cárcel para los profesionales de la salud que la incumplan y ayuden a mujeres a abortar. Los doctores que atendieron a Porsha no le dieron el tratamiento más adecuado, porque temieron que administrárselo les implicara problemas legales. La mujer murió. 

El caso fue denunciado por ProPublica, una plataforma periodística que hasta ese momento contaba cinco mujeres muertas en EEUU por no ser bien atendidas cuando sufrían abortos o bien porque se les negó uno desde que en 2022 el Tribunal Supremo eliminara la protección federal a la interrupción voluntaria del embarazo. Hoy algunos cálculos estiman que esa cifra puede ser de 70 mujeres. 

Estos días se cumplen cuatro años de esa decisión judicial que nos demuestra que las derechas y los grupos ultra tienen como uno de sus objetivos los derechos sexuales y reproductivos. Y que sus estrategias puede conseguir lo que pretenden. Los datos muestran que la decisión del Supremo no ha reducido el número de abortos en EEUU, sino que se han distribuido de otra manera: las interrupciones prácticamente han desaparecido en los estados que han introducido prohibiciones, mientras crecen significativamente en los territorios en los que sigue siendo legal totalmente o con algunas limitaciones. La mortalidad infantil ha aumentado y la desigualdad racial en la atención ha crecido.

Lo dice la OMS y también organizaciones internacionales como Amnistía Internacional: las limitaciones y prohibiciones del aborto nunca reducen su número o hacen que desaparezcan, sino que empujan a las mujeres a la clandestinidad o el exilio, a arriesgar su salud y sus vidas. Y aumenta las desigualdades, porque quien puede viaja o paga para abortar, quien no, se apaña como puede.

“Sin duda, el aborto clandestino crecerá. Esta es una crisis de salud pública increíble. Están dividiendo a las mujeres en grupos: quienes pueden viajar a otros estados y quienes no”, me contaba la ginecóloga Cecilia Grande en su consulta de Miami, Florida, hace año y medio para este reportaje.

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Tenía pendiente descubrir a la premio Nobel de Literatura Han Kang y lo he hecho con 'La vegetariana', que me ha parecido un librazo. Llevaba tiempo queriendo recomendarte también la serie documental de Netflix con Newtral 'El depredador de Sevilla', basada en un caso real de un guía turístico español acusado por varias estudiantes extranjeras de agresión sexual. 

Prometo más recomendaciones en los próximos boletines, que se acerca la temporada de vacaciones y todo el mundo tiene más tiempo para esto el ocio y el esparcimiento.

Un abrazo.

Ana

Destinar al relevo generacional los fondos que la Consejería de Agricultura ha venido dedicando hasta ahora a las organizaciones ecologistas y subvencionar asociaciones provida son algunas de las enmiendas que Vox presentará al presupuesto extremeño de 2026, que contarán con el apoyo del PP, según ha adelantado este jueves.

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado siete enmiendas parciales al proyecto de cuentas regionales, un “buen presupuesto” pactado por los dos partidos de gobierno pero en las que mejorará, por esta vía, las áreas donde tiene responsabilidades de Gobierno, la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia y la de Agricultura, Ganadería y Medio Rural.

En el caso de este último departamento, defenderá dos enmiendas con las que se propone aumentar las ayudas a la contratación de los seguros agrarios, especialmente en el sector cerecero, “muy perjudicado con las prontas lluvias del pasado mes”, ha explicado el diputado Álvaro Sánchez Ocaña tras registrarlas este jueves en la Asamblea.

Además, se plantea retirar los fondos que la Consejería ha destinado a las asociaciones ecologistas para dedicarlos a fomentar la incorporación de los jóvenes a la actividad agrícola y ganadera.

“Son los mejores garantes en la protección y conservación de nuestro medioambiente”, por lo que “es innecesario ese gasto a las asociaciones ecologistas”, ha afirmado.

En este punto ha aclarado que si otra consejería subvenciona a este tipo de asociaciones “es su responsabilidad y su decisión”, pero no así de Vox, “que en su consejería lo que hace es priorizar a todos aquellos que nos dan de comer y, sobre todo, a los garantes y mejores guardianes de nuestro campo a cuanto al ecologismo se refiere”.

Respecto a la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, ha apuntado que han registrado cinco enmiendas para, entre otros fines, subvencionar a asociaciones “que fomentan la vida y no lo contrario”, como a su juicio hace la que ha denominado “cultura de la muerte”.

Además, ha indicado, se va a realizar un “gran esfuerzo” para facilitar la incorporación al mercado laboral de los jóvenes acogidos en el sistema de protección de menores de la Junta de Extremadura y para que lo hagan “en igualdad de oportunidades que el resto de jóvenes de nuestra región”.

Son enmiendas, ha subrayado Sánchez Ocaña, que ejecutan el discurso de Vox “que hemos venido aquí para cumplir, a eliminar el gasto superfluo y destinarlo a lo verdaderamente importante, que es nuestro campo, nuestros jóvenes y la natalidad”.

A preguntas de los periodistas sobre si estas enmiendas recibirán el respaldo del PP, ha contestado: “Somos un partido de coalición y somos un partido serio y un gobierno serio, leal, el uno con el otro, y todo lo que se registre, pues, obviamente, se va a aprobar”. “No tenemos ningún problema con el PP. Al contrario, son medidas que van a mejorar un presupuesto que es, de por sí, muy bueno”, ha subrayado el diputado.

En esta línea, respecto a las enmiendas que el PP presente a las cuentas, ha expresado que contarán con el apoyo de Vox “porque entendemos que son enmiendas que vienen a mejorar un presupuesto ya de por sí bueno”. 

Ahora que ya ha bajado la efervescencia en torno a la visita del Papa y sus palabras y sus actos durante los días que pasó en nuestro país, es cuando yo le doy vueltas a ciertas cosas que me parecen de mayor envergadura que las bendiciones, las inauguraciones y los conciertos masivos.

Que el máximo representante de la Iglesia Católica esté en contra del aborto es algo que ya no sorprende ni extraña a nadie a pesar de lo injusto y absurdo del planteamiento y de la idea, pero hay otra cosa que sí me resulta curiosa y muy preocupante: habla el Santo Pontífice del “fin natural de la vida”, de que toda vida es sagrada y debe ser protegida desde la concepción hasta el fin natural de la vida. Y yo aquí me pregunto -¿qué le voy a hacer si a mí las palabras me parecen importantes, cruciales, incluso?- a qué se refiere León XIV con eso de “natural”.

Es fundamental ponernos de acuerdo en el significado de las palabras que empleamos porque, de lo contrario, es imposible que lleguemos a entendernos.

Antes de la existencia de los antibióticos -por poner un ejemplo- morirse de cualquier infección que hoy se cura en unos días era algo perfectamente natural. Si Dios tenía a bien que contrajeras una enfermedad o te enviaba una infección o una sepsis, te morías cumpliendo su voluntad y ¡listos!, de modo “natural”, sin ningún tipo de injerencia humana.

¿Podemos considerar natural una operación a corazón abierto? ¿Un trasplante de órganos? ¿Una cadera de titanio? ¿Cuántos príncipes de la Iglesia, o clero de menor jerarquía o simples fieles católicos llevan un marcapasos? ¿Es “natural” un marcapasos?

Si Dios te ha creado con problemas cardíacos, lo natural es que te mueras cuando tu corazón deja “naturalmente” de latir. Pero no. Ahora te pueden implantar un motorcillo nuevo que hace que tu corazón siga latiendo incluso cuando el deterioro del resto de tu cuerpo está muy avanzado. E incluso si caes en coma, hoy en día se te puede mantener en ese estado crepuscular durante mucho más tiempo del que el propio paciente y su familia consideran llevadero. ¿No habíamos quedado en que hay que apoyar el fin natural de la vida? ¿Dónde está la naturalidad de llenar de tubos a una pobre persona que no volverá a poder llevar una vida consciente?

¿Por qué, ahora, de pronto, son naturales los implantes, las transfusiones, los trasplantes de órganos… y, sin embargo, el suicidio o la eutanasia no se consideran naturales? Retorcemos la lengua como mejor puede servir a nuestros fines y mucha gente ni siquiera se da cuenta de que se está produciendo ese retorcimiento para manipularnos.

También se decía hasta hace muy poco que la anticoncepción no era admisible porque no era natural mientras que un trasplante de hígado -pongamos por caso- sí era aceptable. ¿Qué tiene de natural -dentro de la mentalidad católica- que a una persona le cambien un órgano que Dios le había concedido (sabiendo que llegaría un momento en el que se iba a estropear; Dios es omnisciente y, por tanto, tenía que saberlo), y le pongan el de otra persona? 

Me parece maravilloso que hayamos progresado tanto en terrenos médicos, farmacológicos, biológicos, químicos, etc. Siempre he sido una entusiasta de las vacunas, de los fármacos, de la anestesia, de las técnicas que nos quitan el dolor, que, nos sanan y prolongan nuestra vida, cuando deseamos esa prolongación. Y, al parecer, a la Santa Madre Iglesia tampoco le parece mal que -contrariando la voluntad de Dios- tomemos medicinas creadas en laboratorios, nos operemos de toda clase de enfermedades, firmemos la aprobación a un trasplante y usemos todo tipo de medios “no naturales” para arañar unos años más sobre esta Tierra. Lo que sí les parece mal a los santos varones de la Iglesia es que una persona -en uso y disfrute del libre albedrío otorgado por Dios- decida poner fin a su vida cuando mejor le parezca. 

Lo más sorprendente es la “explicación” que dan: eso de que no es natural. ¿En qué quedamos, entonces? ¿Natural es lo que conviene a los hombres -todos son hombres- que toman las decisiones en la Iglesia? Al menos deberían molestarse en montar una argumentación intelectualmente aceptable y no despachar a la clientela con frases manidas y desprovistas de contenido como eso de lo que es o no es “natural”.

No me siento obligada a respetar la ideas e imposiciones de la jerarquía eclesiástica, pero me parece realmente grave que usen ese vocabulario para estigmatizar (como siempre han hecho) a las personas que usan su libertad para decidir lo que quieren hacer en su vida y con su vida. Me parece terrible que mucha gente sufra por ello y encuentro peligrosísimo que muchas de las leyes de países no confesionales (como es el nuestro) se vean influenciadas por ese tipo de pensamiento.

¿Durante cuánto tiempo hemos vivido aplastados por lo que a la Iglesia Católica le parecía natural o no? ¿Cuánto sufrimiento han causado a lo largo de los siglos la condena del aborto, de la anticoncepción, del divorcio, de la homosexualidad, del suicidio, de la eutanasia… todo lo que a los prelados les parecía “antinatural”?

Poco a poco se han ido consiguiendo ciertos triunfos, pero siempre muy despacio y con la constante amenaza de dar pasos atrás.

La verdad, yo tampoco encuentro natural que haya una institución exclusivamente masculina (salvo para los trabajos menos apreciados, sin voz y sin voto) que se arrogue el derecho a decirnos a todas y a todos lo que es natural y lo que no lo es.

Eso sí, desde que Juan Pablo II matizó las condiciones del Infierno, ya sin fuego, diablos y tormentos, y el papa Francisco lo calificó de “vacío”, ya no poseen el arma que tan bien les ha funcionado durante siglos: la amenaza y el terror. Vamos avanzando en dirección a la libertad individual, pero seguimos teniendo que saltar obstáculos, lo que resulta a veces estimulante, pero la mayor parte de las veces simplemente agotador.