Medio centenar de personas han ocupado este viernes la sede de la Socimi Vandor en Barcelona, propiedad del fondo de inversión británico Patron SL, en protesta por la compra de 14 bloques de la ciudad –con 193 pisos– que en los últimos ocho años han sido transformados en colivings gestionados por la empresa Cotown. “Seguiré luchando para que sean ellos quienes se vayan, yo no me iré de mi casa”, ha dicho Rosario Castelló, la única inquilina que sigue en el bloque de la calle Entença 69, en el barrio de l’Esquerra de l’Eixample.

El resto de viviendas del edificio han ido transformándose en colivings desde 2019. La mujer, de 63 años, convive ahora con decenas de chicos y chicas jóvenes, en su mayoría norteamericanos, que vienen a estudiar a Barcelona durante unos tres meses. “Vienen a pasárselo bien, y eso es comprensible, pero hacen mucho ruido y ensucian las zonas comunes del edificio”, lamenta. 

En otro de los bloques en el barrio de Les Corts, Kheira Nahal, de 65 años, continúa con otras tres familias que se niegan a aceptar la compensación ofrecida; los otros seis pisos ya se han convertido en coliving. “Por 30.000 euros no dejo el piso donde llevo 30 años”, afirma. Por su parte, Joan —nombre ficticio—, vecino de otra finca afectada en Sant Gervasi, denuncia que los colivings multiplican de cinco a diez veces el precio que pagaba el antiguo inquilino. “A este ritmo, no quedará ningún vecino en Barcelona”, lamenta. 

Esta es la tercera vez que algunas de las familias de los bloques afectados, junto con activistas del Sindicat de Llogateres, entran a las oficinas de Cotown en protesta. Reclaman principalmente la renovación de los contratos de alquiler, que se han ido paralizando a medida que la inmobiliaria adquiría las fincas. Desde el Sindicat advierten que Vandor está “incumpliendo las órdenes administrativas del Ayuntamiento de Barcelona, que obligan a revertir las obras ilegales y garantizar que las viviendas mantengan su uso residencial”.

Desde Vandor han respondido a lo que consideran un “asalto” a sus oficinas asegurando que llevan a cabo la comunicación con los inquilinos de forma “directa e individualizada”. “El 94% de los contratos preexistentes se han resuelto mediante acuerdos negociados”, aseguran sobre la situación de los inmuebles, y añaden que han ofrecido viviendas alternativas con contratos de siete años a algunos de los inquilinos. 

En un comunicado aseguran que estas opciones “de estabilidad” que dicen ofrecer a los inquilinos van más allá de lo que dicta la ley, y lamentan que “no hayan sido aceptadas”.

Por su parte, el Sindicat ha presentado una denuncia ante la Agència Catalana de Consum contra Vandor al consdierar que anuncian habitaciones a un precio superior al que establece la ley aprobada hace un mes por el Parlament de Catalunya. La normativa indica que la suma de lo que pagan todas las habitaciones no puede superar el precio máximo que tendría el piso si se alquilara entero, que en este caso equivaldría al importe que pagaba el antiguo inquilino. Sin embargo, señalan que los precios por habitación en la empresa Cotown pueden llegar a los 900 euros, lo que supera el límite establecido.

Durante el acto, los inquilinos han pedido varias veces sentarse a negociar con la inmobiliaria para intentar llegar a un acuerdo. Pero al igual que las otras tres veces donde lo han intentado, tanto la CEO de Cotown, Vanesa Esteban, como el representante legal de Vandor, Francesc Puiggalí, se han opuesto a ello. “La voluntad de negociación la tenemos, pero individualmente”, ha afirmado Esteban.

Por su parte, Puiggalí ha condenado el acto alegando que los manifestantes le estaban “intimidando” y haciendo “mobbing” en su “propia casa”. Ha reiterado lo dicho por Esteban y ha pedido a las personas abandonar el edificio y “dejar de hacer el numerito”. Sin embargo, tanto los inquilinos como los activistas del Sindicat de Llogateres han permanecido, sin causar altercados, en la entrada del inmueble sosteniendo pancartas.

El próximo febrero se votará una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que permitirá blindar la regulación catalana frente a los intentos de la oposición de recurrirla ante el Constitucional. La reforma incluirá también una prórroga de tres años en los contratos de alquiler, lo que aseguran, desde el Sindicat de Llogateres, que “protegerá a los inquilinos de los fondos buitre frente a futuras expulsiones”.

La firma PwC ha puesto de manifiesto la existencia de una “incertidumbre material sobre la continuidad del negocio” de Orbis Properties, inmobiliaria en la que tiene una pequeña participación la familia de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. Esta empresa tiene como inquilino al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que amplió los contratos con ella en plena pandemia.

Las dudas de PwC, auditor de Orbis, costan en auditoría sobre las cuentas de 2024, que la compañía acaba de publicar. Están relacionadas con la devolución de un préstamo de 131,2 millones de euros con las entidades Caixabank y Deutsche Pfandbriefbank que vence el próximo 31 de octubre.

El informe, fechado el pasado viernes, no tiene salvedades, pero el auditor indica que “el grupo está en conversaciones con las entidades financieras para obtener una extensión adicional de al menos 12 meses” en el plazo de devolución de ese préstamo.

Aunque la compañía estima que obtendrá esa dispensa “a corto plazo”, no la había logrado a la fecha del informe. Esto, según PwC, arroja “dudas significativas sobre la capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamiento”.

En sus cuentas, Orbis subraya que su “accionista último”, una firma británica ligada al fondo Tristan Capital Partners LLP, European Property Investors Special Opportunities 4 LP, “ha asegurado por escrito que proporcionará el apoyo financiero necesario para permitir a la empresa matriz y sus filiales seguir operando y cumplir sus obligaciones”.

El aviso de PwC es una advertencia habitual en estos casos. Los auditores deben incluirla por obligación legal. Llega después de otro ejercicio de pérdidas para Orbis, cuyos números rojos en 2024 se quedaron en 412.000 euros. Es su mejor resultado hasta ahora, pese a que facturó un 7,2% menos, 15,8 millones, como consecuencia “del reconocimiento de ciertos periodos de gracia acordados con antiguos y nuevos inquilinos, la implementación parcial del trabajo en remoto y la inflación provocada por los conflictos armados”, dice en sus cuentas.

La mejora de los resultados en 2024 llega tras las pérdidas récord de casi 26 millones que Orbis registró en el ejercicio 2023, cuando tuvo que reconocer deterioros millonarios en el valor de casi todos sus inmuebles. Todos, salvo el que tiene alquilado a la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid. La empresa nunca ha declarado beneficios desde su creación en 2018. Sus pérdidas acumuladas superan ya los 70 millones.

Esta inmobiliaria cotizada (socimi) sin empleados tiene sus acciones a cotización en París. Pero sus títulos no tienen liquidez porque pertenecen a una instrumental en Luxemburgo. Su sede está en Madrid, donde se ubican todos sus activos.

A la venta

El más céntrico es el inmueble alquilado al Gobierno de Ayuso en la calle Agustín de Foxá 29, junto a la estación de Chamartín, construido en 1975, y que es la sede de la Agencia Madrileña de Atención Social, organismo autónomo que se dedica a atender a los colectivos más vulnerables de Madrid.

El activo, ubicado junto al que será uno de los grandes desarrollos inmobiliarios de Madrid, la conocida como Operación Madrid Nuevo Norte (u Operación Chamartín), ha sido puesto en venta este año, según informó en abril El Confidencial, que apuntó que su uso podría cambiar al de hotelero o residencial. El precio: unos 30 millones de euros. A día de hoy sigue perteneciendo a Orbis.

Esta empresa es una de las muchas socimis vinculadas a miembros del clan Aguirre. Como reveló elDiario.es, esta rama de la familia se convirtió en accionista de esta inmobiliaria en noviembre de 2020 a través de una sociedad en Luxemburgo, EPISO 4 Rebound Holding, mediante la mercantil La Granjilla de la Fresneda SL.

Esta empresa española, recientemente extinguida, estuvo años inactiva, hasta que en 2022 empezó a facturar por primera vez desde su creación en 2008. Su administrador único era el consultor inmobiliario Santiago Aguirre Gil de Biedma, hermano de Esperanza Aguirre. Como apoderada figuraba otra hermana de la expresidenta, Piedad Aguirre. En teoría, y como su propio nombre indicaba, se dedicaba a “la explotación de uso de la finca denominada La Granjilla” en El Escorial (Madrid), perteneciente a la expresidenta y su familia y donde estaba domiciliada.

Sin embargo, a comienzos de 2024 La Granjilla de la Freneda SL fue absorbida por Sancrismalu SL, administrada por la artista María Avilés, esposa de Santiago Aguirre, quien todavía figura como apoderado y es su anterior administrador único. El pasado 24 de octubre, Episo 4 comunicó al Registro de Luxemburgo que Sancrismalu había sustituido como accionista de la dueña de Orbis a La Granjilla de la Fresneda SL como consecuencia de su absorción.

Una absorción que fue inscrita ante el notario de Madrid Miguel Ruiz-Gallardón García de la Rasilla, primo del exministro de Justicia, ex alcalde de Madrid y antecesor de Esperanza Aguirre en la presidencia de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.

Como comprobó elDiario.es en 2023 tras una petición de información al amparo de la Ley de Transparencia, los contratos adjudicados a Orbis por el Gobierno de Ayuso se pactaron a precios superiores a los del mercado en ese momento. La empresa de los Aguirre se convirtió en accionista de esa empresa poco después de que el Ejecutivo madrileño ampliara la superficie alquilada a esta socimi en 2020. Lo hizo en pleno confinamiento, en lo peor de la pandemia y en un momento crítico para el mercado de oficinas, con toda España en modo teletrabajo.

La Comunidad de Madrid es inquilina de este inmueble desde 2010, cuando Esperanza Aguirre era presidenta madrileña. La Agencia Madrileña de Atención Social tiene también dependencias en el número 31 de Agustín de Foxa.

Orbis había comprado el edificio al casero original, Colonial. Y el penúltimo día de 2021 la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, que entonces dirigía Javier Fernández-Lasquetty, ex pupilo de Aguirre, refundió los contratos anteriores y pactó una subida de la renta del 20% respecto al contrato firmado en 2016 con Colonial, que entonces todavía tenía entre sus principales accionistas al fallecido empresario y exministro Juan Miguel Villar Mir.

El contrato de Lasquetty, uno de los de mayor importe que ha firmado la Comunidad de Madrid como inquilina durante la etapa de Ayuso, estaba valorado en 2,8 millones. Se adjudicó por el procedimiento negociado sin publicidad, lo habitual en este tipo de contrataciones con la Comunidad de Madrid. Comprende el alquiler de 2.242,44 metros cuadrados del edificio de Agustín de Foxá 29.

El hermano de la expresidenta creó Sancrismalu en 2018, año en el que el fundador de la consultora inmobiliaria Aguirre Newman vendió su empresa a la multinacional Savills.

Domiciliada en plena milla de oro madrileña, en la calle Serrano, Sancrismalu, actual accionista minoritario de Orbis, tiene una web que explica que se dedica a la promoción inmobiliaria y al private equity mediante la inversión en “capital y deuda de empresas inmobiliarias, tecnológicas, restauración y moda”.

Su web no publicita bodas en La Granjilla, pero sí una promoción de viviendas en un elegante edificio de principios del siglo XX en el centro de San Sebastián, en la calle Prim 10. El inmueble se lo compró al Gobierno vasco en subasta pública en 2018 por más de 10 millones otra empresa de Santiago Aguirre, Boyton Invest. En ella era socio el multimillonario mexicano Allen Sanginés-Krause, al que la Fiscalía llegó a investigar por pagar gastos opacos al rey emérito, Juan Carlos I.

Entre las inversiones de Sancrismalu está, según su web, el restaurante en Madrid de José Luis García-Berlanga, hijo del aclamado director Luis García-Berlanga, responsable de obras maestras como La escopeta nacional. También la firma de moda Romualda, de Cristina y Mariana Aguirre, las hijas de Santiago Aguirre, cuyos sombreros han vestido figuras tan dispares como Nathy Peluso o la ex primera ministra de Canadá, Kim Campbell.

Como contaba Vanity Fair en 2023, “Mariana lleva la imagen de marca y Cristina se encarga de la dirección artística y de pintar los tejidos con los que luego crean los sombreros”. “La familia Aguirre presume de ser una piña en la que arte y negocios (y política) van de la mano”, añadía la publicación.

Es poco habitual que el sector inmobiliario innove y se le ocurran soluciones imaginativas que contribuyan a paliar el grave problema de la vivienda que sufre España, más allá de la búsqueda de la rentabilidad. Llegan soluciones alternativas desde la economía social, como la Fundación Hàbitat 3, por ejemplo, la gestora de vivienda social que ha acaba de protagonizar, junto al Ayuntamiento de Barcelona, la controvertida compra de la Casa Orsola. Pero pocas iniciativas surgen del mercado y de inversores privados. Una de ellas es TuTechô, que opera en España desde hace unos meses.

TuTechô es una empresa y se dedica a comprar viviendas para alquilarlas a los que carecen de medios para alquilar una y que forman parte de la amplia categoría de personas sin hogar. Los precios a los que arrendan los pisos son un 30% por debajo del mercado en las zonas en las que operan. El inquilino de cada una de esas viviendas es una de las más de 50 sociedades, organizaciones, fundaciones y demás instituciones que se dedican a ayudar a colectivos de personas sin hogar, que los alojan en ellas: desde Hijas de la Caridad (en Sevilla), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Fundación Cepaim, Accem, Rescate, Mambré o Sant Joan de Déu, o la misma Hábitat 3, cita a modo de ejemplo la impulsora y presidenta de TuTechô, Blanca Hernández.

Lo que hace singular a esta iniciativa son dos cosas. La primera es que su perspectiva es esencialmente empresarial. TuTechô cotiza en Bolsa. Se trata de una socimi (sociedad anónima cotizada de inversión, con amplias ventajas fiscales) cuyas acciones operan en el BME Growth, el mercado de valores español —anteriormente denominado Mercado Alternativo Bursátil— orientado a pymes en expansión, y promete una rentabilidad del 3% a través de dividendos.

Se trata de un proyecto muy parecido al de Pimero H, que fue lanzada a finales de 2023 por la patronal de las socimis, Asocimi, y por la Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (RAIS), que a través de Hogar Sí se ha convertido en referente en la lucha contra el problema del sinhogarismo desde hace más de dos décadas. Primero H está controlada por la familia Álvarez Otero, dueña de un 33% de la aseguradora Santalucía, con un multimillonario patrimonio inmobiliario y una de las más ricas de España.

La segunda particularidad de TuTechô es que ha llamado la atención de empresas y familias de inversores notables. El primer accionista es la propia familia Hernández, socio principal de Ebro Foods, los reyes mundiales del arroz y de la pasta, que ostenta el 33,48% a través de la sociedad Techo Raíces. Y, según el detalle de los accionistas más relevantes a 31 de diciembre de 2024, tienen una participación directa o indirecta superior al 5% del capital: Omega, la family office de Alicia Koplowitz (5,48%); Olmogara, de Jesús Olmos, al frente de Asterion, el mayor fondo de capital privado español (5,25%); y la familia Cosentino (5%), a través de la sociedad Surister del Arroyo.

También aparece la gestora de activos inmobiliarios y de infraestructuras Azora (5,01%), fundada y controlada por Fernando Gumuzio y Concha Osácar. Azora está considerada como un fondo buitre por varios sectores y cuenta con varias en demandas y una sentencia desfavorable por malas prácticas durante la crisis de la vivienda. Orilla Asset Management, el holding familiar de la familia Riberas, a través de la cual controla la participación en la multinacional Gestamp, también figura entre los accionistas, aunque hoy su participación no alcanza el 5%. La familia de origen burgalés participa en varios proyectos inmobiliarios. En concreto Jon Riberas, a través de la sociedad Ion Ion, es el dueño de All Iron, una socimi que tiene más de un millar de apartamentos turísticos.

Hernández niega que TuTechô contribuya a blanquear la imagen del sector. “No nacimos para dar un tinte social a ninguna inmobiliaria, no venimos del sector. Es más”, añade, “nos ha costado sumar a muchas empresas porque estaban convencidas de que las iban a acusar de querer lavar su imagen”. Hernández apela al “alma” de las empresas. “Las que están en el proyecto es porque se lo creen, pero, mira: si lo hacen por otro motivo, mientras lo hagan te diré que me da igual”, zanja la empresaria, cuya familia tiene a través de su holding Hercalianz un 8,18% de la cotizada andaluza Inmobiliaria del Sur (Insur).

La marcha de TuTechô es positiva. Tras haber empezado a cotizar en Bolsa el pasado 26 de abril a 1,02 euros el título, ya ha ampliado su capital dos veces, hasta 11,2 millones de euros, por lo que la compañía ha alcanzado un valor de casi 40 millones. La socimi se estrenó en el parqué madrileño con 28,4 millones de euros de capital. El objetivo es alcanzar los 100 millones en los dos próximos años. El precio de la acción es hoy un 2,9% superior al de hace diez meses.

Mundos mezclados

“TuTechô nace de dos mundos mezclados, el de las inversiones y el de la marginalidad y demuestra que no son incompatibles”, explica Hernández, que es presidenta de la fundación Ebro y fundadora de la gestora Magallanes Value Investors junto a Iván Martín, sociedad que gestiona 3.000 millones de euros (datos de septiembre de 2024).

“Y nace -prosigue- porque conocí a Alejandro de León y su empresa Ánima Ventures”, un holding a caballo entre la incubación y la inversión en proyectos de impacto social y medioambiental. Algunas de las empresas sociales que ha apoyado son TuuuLibrería, (acceso a libros de segunda mano donde el cliente decide lo que paga), Microwd (microcréditos para que mujeres nicaragüenses salgan de la pobreza), y Kiddobytes, (educación en programación para niños en Madrid).

Hernández cuenta que le “inspiró conocer algunas historias de éxito de personas que habían salido adelante, no solo con un itinerario de inserción, sino gracias a una vivienda, eso les dignificaba. Me hizo un ‘click’ y me di cuenta de que, si diéramos más viviendas, más personas podrían salir de la calle, que eso no se estaba haciendo y que se podría escalar para acabar con el sinhogarismo”.

Hernández y De León estuvieron un año entero barruntando cómo desarrollar el proyecto y conociendo la “envergadura del problema que tenemos en España con el sinhogarismo, que no solo afecta a la persona que vive al raso, sino a las mujeres que huyen de casa por violencia, o las que han caído en redes de trata, o a los chicos jóvenes que están en centros de acogida y que a los 18 años saben que van a la calle, a refugiados, asilados políticos… Es muy amplio”. Un estudio de la consultora EY hecho a propósito para TuTechô identificó tres millones y medio de viviendas vacías en España y 40.000 personas sin hogar. “Paradójico, ¿no?”, interpela la directiva andaluza.

369 inmuebles en cartera

La receta pasaba por combinar filantropía con solución empresarial y vieron que el mejor vehículo era una socimi. “Si hubiéramos creado una fundación ¿quién nos iba a regalar las casas? Necesitábamos una solución empresarial para que el proyecto fuera escalable y tuviera más impacto, y donde el inversor esté dispuesto a ganar algo menos y poner el foco en un problema social”.

Encontró la colaboración de una treintena de empresas como parte de su política de responsabilidad social corporativa, como EY, Azora (ayuda en la compra de los inmuebles), Almar (realiza la consultoría urbanística), Alquiler Seguro (gestiona los alquileres), National Nederlanden (asegura las viviendas), CVBR (las tasas), Cementos Molins o Cosentino, que ha empujado para que se construyan viviendas para los inmigrantes africanos que malviven en los asentamientos en torno a los invernaderos de fruta y verdura en Níjar (Almería).

La cartera inmobiliaria de la socimi está compuesta hoy por 360 inmuebles distribuidos en doce provincias españolas (Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Córdoba, Madrid, Málaga, Murcia, Palencia, Sevilla) que acogen a casi 1.800 personas. El piso tipo es de tres habitaciones, se ubica en un barrio humilde, bien comunicado para que los inquilinos tengan facilidades de desplazarse para trabajar y nunca más arriba de un segundo sin ascensor “porque normalmente hay muchas mamás con niños”.

La compañía acaba de comunicar a principios de febrero la adquisición de 40 inmuebles, con una inversión total de 5 millones de euros, en distintas localidades de las provincias de Almería, Barcelona, Córdoba, Madrid, Palencia y Sevilla. Y a finales de septiembre anunció la compra de otros 33 inmuebles por casi 6 millones en Barcelona, Palencia, Sevilla, Madrid, Cáceres y Málaga.

España vaciada: dos pájaros de un tiro

TuTechô se ha unido recientemente a la iniciativa del Ayuntamiento de Paredes de Nava para repoblar la provincia de Palencia. Gracias a su pionera Oficina de Repoblación, esta localidad de 1.950 habitantes, según su alcalde, Luis Antonio Calderón, ha conseguido ganar 120 vecinos nuevos en dos años, mantener aulas y profesores y despertar el interés de pueblos de la provincia.

Un estudio encargado recientemente por el alcalde a la Universidad de Valladolid concluyó que la provincia de Palencia necesitaba 1.200 trabajadores para cubrir las necesidades de sus empresas, y una de las soluciones que proponía era atraer talento internacional. La mayoría de las nuevas familias de Paredes de Nava proceden de Latinoamérica y de Ucrania. “Pero nos quedamos sin vivienda de alquiler, estábamos atascados y TuTechô nos ha ayudado con la compra de 7 viviendas”, agradece Calderón. TuTechô ha trasladado una familia que llevaba dos años en Madrid con la ONG Mundo Justo.

Grandes fondos, fortunas españolas y extranjeras, alguna empresa del Ibex, futbolistas o familiares de Esperanza Aguirre son algunos inversores tras las inmobiliarias cotizadas (socimis) que alquilan vivienda, para las que el Gobierno quiere recortar sus generosas ventajas fiscales limitándolas a la promoción de casas asequibles en alquiler.

A falta de que se concrete, la medida del nuevo plan del Ejecutivo para hacer frente a la emergencia habitacional no afectará directamente a las mayores socimis de España, como Merlin y Colonial, que cotizan en el Ibex y se dedican fundamentalmente a oficinas, comercial o logístico. Pero su impacto puede ser relevante para las más de 70 socimis españolas dedicadas a alquilar vivienda que cotizan en Bolsa, requisito indispensable para no pagar Impuesto de Sociedades.

Según información de las empresas y estimaciones a partir del Catastro, estos vehículos controlan más de 41.000 viviendas, con más de 34.000 en manos de socimis de grandes fondos, encabezados por el mayor del mundo, Blackstone, que tiene tres.

Destaca Testa Residencial, la mayor socimi de vivienda, más de 10.000 tasadas en más de 2.700 millones y Madrid como principal mercado (58% de sus ingresos). El fondo la compró a Merlin, Santander y BBVA en 2019, un año después de que, en su última salida a bolsa, Testa usara como gancho la promesa de subir los alquileres hasta un 25%.

Blackstone controla también Fidere Patrimonio, que a cierre de 2023 tenía unas 5.500 viviendas (casi todas en la Comunidad de Madrid) valoradas en unos 1.000 millones, de las que solo un 4% eran protegidas. Y Albirana Properties, cuya cartera ha menguado mucho en los últimos años: de 10.000 activos a unos 1.000 a cierre del primer semestre de 2024, tras vender otros 780 en año y medio por unos 105 millones.

Otro conocido fondo con socimis de vivienda es Cerberus: son Promontoria Macc, cotizada en Euronext (París) y con una cartera de 3.495 activos valorados en 3.221 millones a cierre de 2023; y Optimum RE, que a esa fecha tenía unas 174 viviendas, casi todas en el centro de Barcelona.

También en Euronext cotiza Global Piélago, del fondo paneuropeo DFI y que bajo la marca Niding tiene 5.000 viviendas, según su web. 4.100 tiene Vivenio, de un fondo de pensiones holandés y el australiano Aware Super. Y 2.500 gestiona Tempore Properties, antigua socimi de la Sareb propiedad de TPG. Otras 925 en comercialización y 1.400 en construcción tiene Iante, del estadounidense Ares.

En París cotizan dos socimis españolas de la aseguradora Axa, Core Spain y Aref Thalassa, con más de 600 viviendas en Madrid, Boadilla del Monte y Majadahonda.

Otro relevante actor son nombres habituales de las listas de mayores fortunas españolas. En varios vehículos de Inbest GPF con presencia en residencial han invertido los Sainz de Vicuña (históricamente ligados a la Coca-Cola y con la matriz de sus negocios en Malta), los Serratosa, los Ybarra o los Mahou.

Menos conocidos pero también muy ricos son los Isidro Rincón, que tras vender su papelera Europac destinaron parte de las millonarias plusvalías a su socimi Ibervalles, objeto de un reciente varapalo judicial en un pleito fiscal. La socimi de los Isidro, que tuvieron como asesor durante 25 años a Vicente Guilarte, anterior presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se dedica sobre todo a oficinas, aunque ha entrado en “vivienda flexible” para los llamados nómadas digitales, “con alto potencial de revalorización en zonas consolidadas de España y Lisboa”, y es primer accionista (25,82%) de Inversa Prime, “que permite a las personas mayores monetizar los ahorros acumulados en su vivienda y seguir viviendo en la misma hasta que lo deseen” con un contrato de alquiler a largo plazo.

Con una cartera de 248 viviendas (la mayoría en Madrid y Barcelona) valorada en 160 millones, en julio los accionistas de Inversa Prime acordaron liquidarla tras la “venta ordenada” de sus activos en un máximo de tres años. En 2024 esta socimi tenía 532 socios. Entre ellos Onchena (6,51%), de los Ybarra Careaga (dueños de un 5,5% de la socimi Vitruvio, con más de 300 viviendas y participada por una pata de la familia Borbón), o los Alcaraz, fundadores de la empresa de alquiler de coches Goldcar. También son accionistas de Inversa, a través de otra socimi (AC Residencial) los Gómez-Trenor, históricamente vinculados a la Coca-Cola en Valencia, los Carceller (Disa, Damm...), o los Navarro, históricamente ligados al negocio hidroeléctrico. En este segmento también opera Inhome Prime, participada por varias mutualidades profesionales o los Oriol Ibarra (10%).

Otros apellidos conocidos con socimis de vivienda son los Quiralte Abelló, sobrinos de Juan Abelló, dueño de Torreal (la suya es Apodaca Inversiones); los Rodríguez San Pedro, aristócratas y dueños de Iposa, con ocho edificios en Oviedo valorados en más de 80 millones; o los Riberas (Gestamp), dueños de un 6% de All Iron Re, con 1.105 apartamentos turísticos y otros socios como los Gassó, ex dueños de Gaes, el empresario David Sala (que en 2019 vendió el gigante catalán de la comida congelada Audens a un grupo holandés) o Luis Gómez Laguna, fundador de las academias de opositores Master D.

Aguirre y socimis

Gómez Laguna, socio de KKR en su negocio educativo en España, también es primer accionista (15,78%), de Gavari Properties, una de las socimis en las que participan familiares de Esperanza Aguirre. En ella es accionista (11,68%) y consejero su sobrino Francisco de Borja Cavero de Carondelet y Aguirre, con un 6,63% a través de VK Vazquez Krasnow, a nombre de su esposa, Ana Marta Malo, y otro 5,05% a través de Loncito SL (5,05%), que hasta 2024 presidía Francisco Javier Cavero Carondelet y Chirstou, duque de Bailén, Grande de España y ex marido de Piedad Aguirre, hermana de la expresidenta madrileña. 

Otros socios de Gavari son Josep Font (9,49%), fundador de los supermercados catalanes Bonpreu, a los que se ha señalado como independentistas; y los dueños de Grupo Ibaizabal o las bodegas Marqués de Riscal (5,05%), cuyo cabeza visible, Alejandro Aznar, es el marido de la polémica expresidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol. Con 211 viviendas en Madrid y Málaga, Gavari prevé facturar más de 2,2 millones este año. Para sus activos alquilados “consideramos actualizar las rentas en función del Índice de Referencia de Arrendamiento de Vivienda manteniendo una media para el ejercicio del 2,0%”, dijo hace unos días.

También invierte en residencial la socimi Silicius, con 25 viviendas en cuatro edificios en la calle Los Madrazo de Madrid. Su primer accionista (24,59%) es El Arverjal SL, de una rama de la familia política de Aguirre, los Valdés Mencos, que a principios de siglo dieron un pelotazo millonario con los terrenos para construir Valdeluz, junto a la estación del AVE de Guadalajara. En Silicius participa Merlin Properties (17,91%), donde es consejera la abogada laboralista Pilar Cavero, cuñada del expresidente madrileño Ignacio González y pareja de un hermano de Esperanza Aguirre, el artista José Luis Aguirre, alias Jaelius.

Vinculados al ladrillo desde hace décadas, los Aguirre tienen presencia histórica en socimis, catapultadas por el Gobierno de Mariano Rajoy tras el reventón inmobiliario. A la deficitaria Orbis, dedicada a oficinas, casera del Gobierno de Ayuso y participada por otro hermano de la expresidenta, el consultor inmobiliario Santiago Aguirre, se suma Lauthon, dedicada a logística. Presidida por su hijo Fernando Ramírez de Haro, cotiza en el mercado de empresas emergentes de BME. Entre sus accionistas está el Gobierno de Corea del Sur y el fondo de pensiones de la Policía de ese país.

En vivienda ha sido muy activo el fondo Altamar, del financiero Claudio Aguirre, primo de Esperanza Aguirre. Hace años lanzó Elix Vintage, adquirida por la aseguradora Allianz (hoy se llama Living Residential y tiene unas 800 viviendas). En sus inicios invirtieron en ella KKR o los Polanco. Los fundadores de Prisa son hoy principales accionistas a través de Timón SA (26,61%) de Home Capital Rentals, dedicada a alquiler de media estancia y con 161 viviendas en Madrid, Barcelona y Lisboa.

Altamar tiene cotizando en Euronext a Elix Rental Housing, que lanzó con socios como los Cosentino, dueños del famoso fabricante de encimeras. Con un edificio de 29 viviendas de lujo en Chamberí (Madrid), su cartera podría superar ya fácilmente el centenar. El año pasado compró seis edificios en la capital y en Barcelona (no precisó dónde) con una inversión de más de 42 millones.

El fondo que preside Claudio Aguirre vendió en 2021 a un grupo belga Students Properties, dedicada a residencias de estudiantes, la especialidad de Atolon, socimi lanzada por directivos de Orienta Capital, la banca privada de fortunas vascas que compró Mutua Madrileña. Gestionan más de 60 pisos en los barrios madrileños de Aluche, Puente de Vallecas, Lucero, Carabanchel o Pueblo Nuevo.

También han invertido en socimis nombres ligados al fútbol. El brasileño Ronaldo (actual dueño del Valladolid FC) lanzó hace años junto a otros deportistas Mistral, casera en un complejo de ultralujo en Madrid de un famoso ex ejecutivo del Ibex recién retornado a España. En ella participan Juan Mata (11,26%), Fernando Llorente (9,99%) y el venezolano Salomón Rondón (6,81%).

Otro caso es Edificio Rostower, de Leo Messi, centrada sobre todo en hoteles y oficinas pero con una pequeña cartera de viviendas de lujo en Barcelona, Baleares y Londres. Ha aterrizado en Portfolio, bolsa con requisitos más laxos copada por socimis e impulsada por empresarios ligados a estos vehículos como Ángel Soria, uno de los grandes propietarios de oficinas de Madrid, que opina que el Gobierno tiene periodistas "comprados", y una sociedad de Eduardo Losada, CEO de la socimi Matritense, en la que tiene un 16,5% Rafael Tous Godia, único hijo varón de la multimillonaria Carmen Godia.

En Portfolio cotiza Round Robin, con 110 apartamentos adquiridos en subastas, de los Ventero, cuyo patriarca, el empresario inmobiliario y ex accionista del Atlético de Madrid Enrique Ventero, fue condenado por cohecho en el caso Malaya de corrupción en Marbella. Otros históricos del ladrillo con socimis son la constructora Ortiz, que en 2018 reconoció donaciones a CiU en el caso 3%, con 484 viviendas en Madrid; los Chover, muy vinculados al ladrillo en Alicante y dueños de Urcolesa (más de 350 viviendas); o Resydenza, del grupo Pryconsa (de los Colomer Barrigón), especializada en alquiler con derecho a compra.

Menos conocido es Santiago Barrena, cuyo empeño en derribar la modesta casita en Puente de Vallecas que fotografió Robert Capa en la Guerra Civil fue noticia en 2017. Es socio de Oronis Inversiones, especializada en alquiler de corta y larga distancia y con más de 200 viviendas.

Mención aparte merecen las socimis de grandes patrimonios extranjeros. Destacan las israelíes: Urban View (centrada en Catalunya y con más de 300 apartamentos); Galil Capital (del fundador de la tecnológica Check Point, Gil Avraham Shwed, y con una cartera valorada en 45 millones que incluye 151 viviendas en Madrid y Barcelona), Genesis, con 86 viviendas (casi todas en Madrid) y presidida por Ilan Arzooan, director general de Guardian Spain, proveedor de balas de la Guardia Civil; y Next Point Capital, con 41 viviendas de alquiler turístico y residencial.

ADN venezolano tiene Orinoquia, centrada en coliving y “alojamiento alternativo”, de los Capriles y Hernán Sifontes, cuñado del opositor Leopoldo López; y V Bare, con 216 viviendas en la capital y su periferia, y de un fondo que preside Roberto Perri, pionero en la inversión venezolana en el lujo madrileño que lideró la rehabilitación del centro comercial Sambil Outlet, en Leganés (Madrid).

Y ADN mexicano tiene Quonia, con edificios de viviendas en Barcelona y Sevilla y en la que es socio Alfonso de Angoitia, presidente de Televisa; o Mistral Iberia Real Estate, centrada en Madrid y participada por Hipólito Valentín Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari. 

En alquiler vacacional y coliving las hay con inversores de origen chileno (Park Rose), francés (Elaia, de la familia Ruggieri) saudí (RSR) o británico (Arimelia, de alojamiento de lujo en Marbella).

El tajo a las socimis no afectaría, según lo anunciado, a las que ofrecen alquiler asequible como Ktesios. Pilotada por el financiero colombiano Henry Gallego, vende “vocación social y rentabilidades altas que invierte en zonas non prime ofertando alquileres asequibles”. Con 831 activos en propiedad (el 26% en la Comunidad de Madrid), en 2023 absorbió la antigua socimi de Alquiler Seguro, que acaba de lanzar otra con 38 viviendas.

Navalmoral de la Mata, en Cáceres, y Valdecaballeros, en Badajoz, han sido las ubicaciones elegidas por Merlin-Edged, filial de la socimi Melin Properties y Edged Energy, para levantar en Extremadura dos grandes campus de centros de datos, enfocados en Inteligencia Artificial generativa y computación avanzada. Se trata de instalaciones ultra-eficientes de última generación, sin consumo de agua y alimentadas por energía renovable.

La presisdenta de la Junta, María Guardiola, y el CEO de MERLIN Properties, Ismael Clemente, han firmado sendos protocolos para la promoción de estas infraestructuras, que se levantarán en estas zonas del norte y este de la comunidad por “la abundante potencia eléctrica disponible, que permitirá el desarrollo progresivo de varios edificios de data centers con aproximadamente 1GW de potencia crítica en cada emplazamiento”.

En concreto, la empresa ha materializado ya la reserva del terreno del centro de datos que se ubicará en el parque empresarial Expacio Navalmoral, donde también se levantará la gigafactoría de baterías. Según Merlin-Edge, por la condición de suelo finalista de estos terrenos será el primer campus objeto de promoción internacional.

El otro campus se construirá en los terrenos pertenecientes a la central nuclear de Valdecaballeros, que está desmantelada. Este proyecto necesita obras previas de infraestructura en materia de conectividad viaria y de fibra, y el suelo requiere “tramitación urbanística a nivel local y regional”, explica la empresa.

Tanto la Junta como la promotora han destacado que se trata de un “proyecto pionero de colaboración público-privada”, que pondrá en valor “la enorme capacidad de generación energética sostenible de la región, procedente de fuentes renovables y de energía nuclear”.

En la actualidad, Extremadura produce aproximadamente seis veces la energía eléctrica que consume y muchas de sus instalaciones no pueden verter a la red la totalidad de su producción. Pero, según la empresa, el desarrollo de tecnología punta en una actividad industrial eminentemente electro-intensiva como los centros de datos supondría reequilibrar sustancialmente la relación entre generación y consumo, creando puestos de trabajo de alta capacitación y remuneración, tanto en la construcción de las instalaciones como en su operación posterior.

Por su parte, Guardiola ha destacado que con este acuerdo “se consigue aprovechar las ventajas competitivas de Extremadura en materia energética”. Asimismo, ha expresado que “con estos dos campus de centros de datos, la región inicia un tiempo nuevo en el que estamos enseñando al mundo que un medio tradicionalmente rural puede ser puntero gracias a las nuevas tecnologías”. 

El CEO de Merlin Properties ha subrayado que, por primera vez, la región tiene una gran ventaja competitiva respecto a otros territorios basada en su capacidad de generación de energía. “Podemos contribuir a desarrollarla con infraestructuras digitales de última tecnología, que fijen población y empleo de alto valor añadido”, ha dicho, al tiempo que ha destacado que esta “oportunidad” surgió “a partir de una serie de conversaciones previas mantenidas con la anterior Administración sobre logística en Navalmoral de la Mata”.

Varapalo judicial a una de las familias más ricas de España, los Isidro Rincón, a los que asesoró durante 25 años el jurista Vicente Guilarte hasta que en julio de 2023 fue nombrado presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su inmobiliaria cotizada (socimi), Ibervalles, acaba de perder en la Audiencia Nacional un viejo pleito fiscal de 734.000 euros (sin contar intereses) que arrastraba desde hace más de una década.

El contencioso se remonta a 2013, cuando la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) sancionó a Ibervalles por un pleito que, según ha trascendido ahora, tiene su origen en las deducciones ilegales que se anotaron en el Impuesto de Sociedades de 2007 con las plusvalías obtenidas por la venta de una vivienda de lujo en Madrid.

Dueños de la papelera Europac hasta 2018, cuando la vendieron al gigante británico DS Smith (por esa operación ingresaron 640 millones), los Isidro Rincón son poco conocidos pero han llegado a figurar en el top 100 de mayores fortunas españolas. En 2021 entraron en la Lista Forbes y el último ranking de ricos de El Mundo los sitúa en el puesto 108, con un patrimonio estimado de 600 millones.

Esta numerosa familia, dueña de la finca Rinconada y la bodega Barcolobo, está entre los grandes patrimonios pioneros en apostar por las sociedades de inversión libre (SIL), herederas de las sicav con las que pagan un 1% en el Impuesto de Sociedades. La mayor parte de su fortuna la canalizan con Ibervalles, cotizada en el mercado de pymes de BME Growth que se acogió al régimen de las socimi (con amplias ventajas fiscales) en 2022.

Con el 77% de sus acciones en manos de ocho miembros de la familia, la empresa invierte en oficinas y, desde este año, hoteles de lujo y “flex living”, la conocida como “vivienda flexible” para perfiles como los llamados nómadas digitales, “con alto potencial de revalorización en zonas consolidadas de España y Lisboa”, según su web.

Ibervalles, que ha declinado atender a elDiario.es, facturó hasta junio 7,2 millones y declaró 5 millones de beneficios, según las cuentas semestrales que formuló el 24 de octubre. En ellas no constan provisiones por este litigio con Hacienda, del que lleva años informando con escasa concreción y que, como suele ocurrir en estos casos, se ha dirimido en los tribunales.

En septiembre de 2020, Ibervalles logró que la Audiencia Nacional suspendiera el pago de la reclamación de la AEAT. Entonces se cifró el pleito en 523.334,81 euros de liquidación y otros 209.959,71 euros de sanción. Ahora, la Audiencia acaba de rechazar el recurso de la empresa, confirmando una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) de marzo de 2020.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso del pasado 18 de noviembre revela que el pleito estaba relacionado con la deducción de las plusvalías por la venta de un unifamiliar de la empresa en Madrid en el que vivía la matriarca de esta familia de multimillonarios, María Victoria Rincón.

Ibervalles se desgravó 419.919,41 euros por la reinversión de beneficios extraordinarios obtenidos con esa operación, con la que logró “una ganancia que se integra en la base imponible de 2.565.729,33 euros”.

Esas plusvalías y las de la venta de un local y un garaje en Mallorca las reinvirtió en dos inmuebles en Madrid: la construcción de un edificio de oficinas en Alcobendas y la compra de una nave industrial en Torres de la Alameda. Pero la AEAT tumbó la mayor parte de las desgravaciones por varios motivos que ahora la Audiencia confirma. 

No hubo alquiler

El primero es que el alquiler de esa vivienda no existió: “No se acreditó que estuviera arrendada y, por tanto, que estuviera afecta a la actividad económica de la empresa”, según determinó la AEAT, que calificó de “precario” el vínculo jurídico “entre la propiedad y la pretendida arrendataria, madre de los diez hermanos propietarios de esta empresa”. 

Los jueces coinciden: “Lo cierto es que confluyen una serie de indicios, hechos base, perfectamente acreditados, de los que inferir la conclusión de que no hubo tal arrendamiento”.

El primero, “la ausencia de capacidad económica para satisfacer las rentas” de la matriarca, que en esos años “no presentó declaración del IRPF, ni se le conoció otras fuentes de ingresos”. “Argumentos más que suficientes” para concluir, como hizo la AEAT, que aquello no fue un alquiler, sino “una situación de precario, comodato o cesión a título gratuito”. 

Además, no había evidencia documental de ese alquiler: “La contabilidad no prueba la realidad de las relaciones jurídicas” entre las partes. Para intentar tumbar los argumentos de Hacienda, los asesores de los Isidro Rincón aportaron un contrato de arrendamiento fechado en noviembre de 1989 y diversas facturas a nombre de Victoria Rincón con pagos de la renta entre 1995 y 2005. 

Pagos que, según la empresa, se hacían en metálico. Los jueces concluyen que “las entregas de efectivo pudieron hacerse o no” y que las facturas presentadas “no son sino un justificante formal, elaborado a conveniencia de las partes, del que no se puede colegir, sin más, la realidad subyacente, por no mencionar que el contrato de arrendamiento figura en documento privado”.

El engaño a Hacienda no quedó ahí. La AEAT también comprobó que el edificio en Alcobendas en el que supuestamente reinvirtieron las plusvalías ya se había construido cuando se vendió la casa; y “sobre esto la demanda no ha planteado controversia alguna”.

También constató que la nave adquirida por Ibervalles en Torres de la Alameda pertenecía a Europac. Y la normativa prohíbe aplicarse esas deducciones cuando las operaciones afectan a entidades de un mismo grupo, como en este caso.

La AEAT inició una inspección de carácter “limitado” a Ibervalles en abril de 2012, que amplió dos meses después, y la sancionó el 21 de noviembre de 2013, días antes de que Guilarte fuera nombrado vocal del CGPJ como jurista de reconocido prestigio a propuesta del PP.

Ante la Audiencia, Ibervalles intentó alegar que se le había pedido documentación ajena a la inspección. “Resulta difícil de entender la afirmación de la demanda” si “no se particulariza a qué documentación se refiere”, dice la sentencia.

El recurso se interpuso el 25 de noviembre de 2020 y se ha resuelto casi cuatro años después, pese a que el asunto no reviste especial complejidad. En la sentencia ha sido ponente el juez Gerardo Martínez Tristán, nombrado en 2013 vocal del CGPJ a propuesta del PP, como Guilarte.

Abogado en ejercicio desde 1979, el anterior presidente del órgano de gobierno de los jueces es catedrático de Derecho Civil en las universidades de Burgos y Valladolid.

Es muy cercano a la familia de Mariano Rajoy por su labor como asesor del colegio de Registradores de la Propiedad, cuerpo al que accedieron el expresidente del Gobierno y dos de sus hermanos. Fue hasta el pasado 4 septiembre presidente interino del CGPJ, cargo al que llegó tras jubilarse su antecesor y en un contexto de más de 2.000 días de bloqueo de la renovación de este órgano por parte del PP. 

Antes de ser consejero de Ibervalles, Guilarte fue vocal de Europac desde 1998 hasta su venta en 2018. Junto a su esposa, la jueza Felisa Herrero, tenía cerca de 30.000 títulos de la papelera a cierre de 2017. Al precio de la oferta pública de adquisición (opa) de DS Smith, esas acciones, un 0,05% de Europac, estaban valoradas en casi medio millón. Guilarte vendió sus títulos antes de liquidarse la oferta.

El jurista recibió además 288.000 euros como consejero de Europac solo en los cinco ejercicios en los que esta empresa desglosó su retribución como sociedad cotizada (2013-2017), según la información disponible en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En enero de 2021 el regulador sancionó a Ibervalles con 60.000 euros por una infracción “muy grave”, incumplir los deberes de información al supervisor sobre una participación en la cotizada Cartera Industrial Rea.

En esta firma de inversiones, que fue accionista de Europac y se disolvió en 2020, participaban entre otros Juan Luis Arregui (fundador de Gamesa, ex vicepresidente de Iberdrola y principal accionista de la papelera Ence), el fallecido histórico del capital riesgo y exvicepresidente de ACS José María Loizaga, otro empresario muy vinculado al inmobiliario madrileño, Ángel Soria, y una cara muy conocida, la presentadora Ana Rosa Quintana.

Ibervalles, que aspira a que su cartera de activos alcance un valor de 550 millones a finales de 2025, tiene un 25,76% de Inversa Prime Socimi, especializada en adquirir viviendas de gama alta a personas mayores para luego alquilárselas de forma vitalicia, y un 2,99% de Árima Real Estate Socimi, dedicada a las oficinas.

Sus cuentas incluyen desde hace años una “cuenta a cobrar” a la sociedad Royal Class Resort SL “por las cantidades aportadas al desarrollo de una promoción inmobiliaria que no llegó a iniciarse” en El Plantío (Alicante). Allí esa empresa, del promotor local Manuel Ferri, promovió un complejo de golf y apartamentos turísticos gracias a que el consistorio alicantino (del PP) le dio una licencia ilegal en 2005.

El consejero delegado de Merlin, Ismael Clemente, ha asegurado que “los comunistas de Sumar”, junto con el PSOE, “abrieron la puertas del infierno” a las socimis, al proponer el pasado lunes la eliminación de este régimen fiscal del que se benefician este tipo de empresas.

Así lo ha manifestado en una conferencia con analistas, que normalmente se convocan para explicar las cuentas de la empresa pero que este viernes ha comenzado dando su opinión sobre este acuerdo político, que motivó una caída superior del 7% en Bolsa para Merlin Properties el martes, tras conocerse el acuerdo.

Clemente ha asegurado que el Ibex 35, índice en el que Merlin cotiza, se ha visto afectado por este “populismo” y que, pese a que la eliminación de las socimis es solo una propuesta y no se ha materializado, su cotización todavía no se ha recuperado de esa caída.

El directivo ha defendido que la ley en la que se enmarca esta propuesta, una trasposición de una directiva europea para aplicar un tipo mínimo de tasación a las multinacionales, ya dejaba fuera de ese mínimo a las socimis, algo que el PSOE respetaba inicialmente.

Sin embargo, Sumar, partido al que Clemente se ha referido como comunistas, acordó posteriormente con el PSOE esta medida, pese a que el directivo ha trasladado que los socialistas “siempre han manifestado que entienden la motivación social y económica de las socimis”.

Según Clemente, el acuerdo no ha tenido aún el consenso suficiente para ser aprobado, “ya que no fue consultado ni apoyado por los cuerpos técnicos del Gobierno ni de la oficina económica de la presidencia, así como tampoco por los partidos conservadores catalán y vasco”, en referencia a Junts y PNV.

Impacto del 8,5% del beneficio operativo

En cualquier caso, la compañía ha calculado que, en caso de aprobarse finalmente, el impacto se traduciría este 2024 en una merma máxima del 8,5% del beneficio operativo, lo que reduciría en igual proporción el dividendo.

El directivo ha explicado que los créditos fiscales que todavía tiene en su balance desde la adquisición de una serie de activos de Metrovacesa en 2016 permitirían limitar el impacto “durante unos cuantos años y hasta que se recupere el sentido común”.

También ha admitido que no habría ninguna diferencia entre que la empresa se quedase en España o se trasladase a otro país, ya que sus activos españoles quedarían supeditados a los impuestos españoles, aunque sí ha señalado que, con sus actuales activos portugueses y los que tienen en desarrollo en ese país, el porcentaje de su cartera fuera de España llegaría al 20%, lo que reduciría el impacto.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Aunque te parezca insólito, Carlos Mazón se aferra al cargo de presidente de la Generalitat valenciana y se niega a dimitir pese a su desastrosa gestión de la catástrofe de la DANA en Valencia, que ya suma más de 200 muertos. Como comenta en este artículo mi compañera Esther Palomera, Mazón no se plantea el cese pese a que lo piden los valencianos y lo desea su partido, pero él no tiene intención de hacerlo ni el PP de pedírselo ni siquiera tras la multitudinaria manifestación que reivindicó su salida. Es una auténtica vergüenza.

Mientras, hay una lucha soterrada de gran intensidad en el seno del Gobierno. Una pugna de fuerte calado ideológico provocada por la falta de apoyo parlamentario que sufre el Ejecutivo de Pedro Sánchez en un asunto tan importante como los impuestos. Por un lado, el PSOE ha pactado una serie de temas impositivos con el PNV y Junts, con el principal objetivo de eliminar el impuesto especial a las energéticas. Este movimiento fue asumido por los socios de los socialistas como un claro ejemplo de derechización. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya había admitido hace unas semanas el cambio de paso en el Gobierno.

En ese momento, Montero se escudaba en que si el Gobierno “no cuenta con la mayoría suficiente no podrá cumplir con la vocación de que los impuestos a las energéticas y a la banca permanezcan a lo largo del tiempo”. De su renovación o caída dependen las negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.

Ante la decepción de los socios de Sumar, la parte socialista del Gobierno optó por otro giro que llevó a cerrar un acuerdo para convertir el gravamen temporal a la banca en un impuesto permanente, un nuevo tributo al lujo y subir dos puntos el IRPF a las rentas del capital de más de 300.000 euros, entre otras medidas. “Sumar y el PSOE hemos alcanzado un acuerdo sobre el paquete fiscal para 2025 con el fin de mejorar la suficiencia de recursos para seguir ampliando derechos, políticas sociales y financiar la transición ecológica y digital, y el conjunto de retos que ha de abordar nuestro país”, apuntaba el texto del pacto.

En teoría, el lunes se iba a celebrar una comisión de Hacienda en el Congreso donde se trataba de buscar el cierre de un acuerdo que permitiera avanzar con el paquete fiscal, pero ERC puso pie en pared. “Esquerra Republicana había comunicado al PSOE su voto en contra de este Proyecto de Ley. Cualquier medida que pretenda favorecer a la banca y a las eléctricas no va encontrar nuestro apoyo. El PSOE debe volver a negociar”, defendieron los republicanos.

No eran los únicos que se habían opuesto. Ni EH Bildu ni Podemos estaban dispuestos a dar sus votos a un texto que no haga permanente el gravamen a las eléctricas. A la vez, Junts y PNV avisaban de que estaban completamente en contra de las medidas del acuerdo entre Sumar y el PSOE. 

Mientras tanto, una revuelta empresarial se comenzaba a gestar ante el acuerdo impositivo entre los socialistas y la confluencia de partidos de izquierdas. Merlin y Colonial amenazaron al Gobierno con marcharse de España si se aprueba el plan fiscal para las socimis. Ambas empresas seguían el guion de Repsol y otras energéticas, una postura que había terminado por tumbar el impuesto especial. Entre las medidas acordadas también está la trasposición de la directiva europea que obliga a que el impuesto mínimo de Sociedades sea del 15%, pendiente de ratificar en el Congreso, y que si no se aprueba provocará que la Unión Europea nos abra un expediente sancionador.

Un directivo de una multinacional extranjera me asegura que el movimiento corporativo es más amplio: “No es solo una cuestión de impuestos. El objetivo es que este Gobierno no siga, se trata de desestabilizar los apoyos de sus socios, que no haya acuerdos, ni con unos ni con otros, que no se pueda avanzar, y, sobre todo, que sea imposible que aprueben los Presupuestos”.

La subida de impuestos se podría hacer sin problemas. Hay que recordar que tras la corrección del cálculo del PIB (Producto Interior Bruto) por parte del INE, el peso de la recaudación de impuestos y de las cotizaciones sociales en España cayó del 38% en el que se había quedado en 2022 al 36,8% en 2023. Es decir, la caída de la contribución fiscal en España deja margen para subir impuestos a ricos y grandes empresas que nos igualen con Europa.

Ante esta tesitura, el PSOE se ha quedado entre dos aguas. Va a ser difícil contentar a todos. Hay mucho empeño e intereses en que fracase, pero hay que elegir: ser un Gobierno progresista o ser un Ejecutivo con los impuestos que marca la derecha nacionalista.

El gráfico

Los grandes bancos (Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankinter) han sumando un beneficio de 23.656 millones entre enero y septiembre de 2024, estamos hablando del triple que en 2021, cuando ganaron 11.972 millones. Lo vuelvo a repetir: 23.656 millones de euros de ganancias y no ha terminado el año. Sin embargo, pese a la buena marcha del negocio, las entidades financieras han continuado cerrando sucursales en los últimos tres años. Los cinco grandes bancos sumaban casi 8.900 sucursales en España en septiembre de este año frente a las 11.400 oficinas que contabilizaban ese mismo mes de 2021. Menos personal y la comunicación más digital, con el problema de exclusión que conlleva para las personas mayores. En este enlace tienes la sangría de sucursales que no para: los grandes bancos han cerrado 2.500 oficinas en tres años.

El dato

700 millones de euros

anuales más pretenden cobrar las compañías de electricidad a través de una fuerte subida de la retribución de las redes eléctricas de conexión. El problema es que es el Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, quién presiona a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que apruebe este elevado incremento de la remuneración a estas empresas, como reclama el sector. Se trata de una subida que la patronal Aelec, a la que pertenecen Endesa, Iberdrola o EdP, defiende por las inversiones para atender al crecimiento previsto de la demanda, aunque la demanda eléctrica cayó a su mínimo desde 2003 y la CNMC descarta que remonte en 2024. Tampoco hay que olvidar que las cuatro mayores energéticas cotizadas de España ganaron 10.247 millones hasta septiembre y superan el récord de 2022 y que su lobby actúa con tanta fuerza que son capaces de doblarle el brazo al Gobierno con el impuesto especial, que acabaron por tumbar. En esta información te explicamos cómo el Gobierno presiona a la CNMC para que suba la retribución de las redes como piden las eléctricas.

Entrepreneur

No es oro todo lo que reluce. Aunque parezca que todo le va fenomenal a Amancio Ortega en sus negocios, ni mucho menos es así. La horma del zapato se la ha encontrado en la filial británica de su firma patrimonial, Pontegadea. La compañía, con sede en Luxemburgo, es la dueña de Pontegadea UK, la filial que tuvo pérdidas por primera vez en 2023. Todo viene por un conflicto con el auditor, EY, que ha dimitido tras “difíciles discusiones” sobre el valor de los inmuebles en el Reino Unido, a los que apunta un fuerte deterioro. Las cuentas de 2022, aprobadas con gran retraso este año, obligaban a Pontegadea UK a multiplicar las provisiones. Aquí te explicamos cómo la inmobiliaria británica de Amancio Ortega entra en pérdidas y cambia de auditor tras solo un año.

Incluso cuando las empresas van bien hay cierto desorden en sus consejos de administración. Este es el caso de Grupo Carrefour. ¿Por qué una empresa que ganó 1.659 millones de euros en 2023 busca operaciones corporativas de venta o fusión? El gigante francés está analizando opciones para su negocio: una fusión, reorganizar su actividad o vender divisiones, entre las que estaría su filial española, que en 2023 obtuvo un beneficio de 348 millones. En estos movimientos se ve la cara real del capitalismo más despiadado: nunca es suficiente, siempre hay que crecer más con el objetivo de alcanzar el monopolio o simplemente los miembros del consejo de administración buscan operaciones corporativas que se traduzcan en un dividendo más suculento. En esta información te contamos qué está ocurriendo en Carrefour para no conformarse con un beneficio de 1.659 millones.

Cada vez que habla sube el pan

Vemos riesgos a la baja para el crecimiento. La mayoría de los datos son bastante débiles, especialmente en manufactura

Olli Rehn — Responsable de política monetaria del BCE

Sorprenden las declaraciones del responsable de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). ¿Ahora se enteran de que sus decisiones alrededor de los tipos de interés han ido encaminadas a ahogar la economía como fórmula para rebajar la inflación? ¿Ahora se dan cuenta de que con su subida de tipos las empresas tienen menos margen de contratación y de hacer negocios y que los ciudadanos, al subir sus préstamos e hipotecas, tienen menos dinero para gastar de manera que afecta al consumo interno? La economía española, es decir, las compañías y los ciudadanos, han visto muy mermados sus bolsillos y sus cuentas de resultados (salvo los bancos) con la estrategia contra la inflación del BCE. El Banco de España calcula que el daño de la austeridad monetaria a la economía real va a alcanzar cerca de 40.000 millones de euros en total de 2022 a 2025. Aquí te explicamos cómo las subidas de los tipos de interés del BCE han restado 2,5 puntos al crecimiento económico de España en los últimos tres años.

Verde que te quiero verde

“Las grandes tecnológicas están alimentando activamente la crisis climática al permitir que las grandes petroleras y los actores de la desinformación difundan mentiras y socaven la acción por el clima”. Esta es una de las conclusiones del informe de Coalición de Acción Climática Contra la Desinformación (CAAD, por sus siglas en inglés) presentado con motivo de la COP29, la reunión de países para luchar contra el cambio climático, aunque más bien es un cónclave para que la industria petrolífera consiga que nada cambie. El estudio señala que las plataformas promocionan a los difusores de bulos climáticos, ocultan datos a los investigadores y cobran millones de petroleras por mostrar publicidad engañosa. Aquí te contamos cómo las redes sociales funcionan para boicotear el freno al cambio climático.

Bien público

Aunque hemos empezado este boletín haciendo una llamada al Gobierno de coalición para que en el terreno impositivo haga políticas de izquierdas, es cierto que en los peores momentos ha respondido como un Ejecutivo progresista. Así ha sido con la tragedia de la DANA. Tras el primer real decreto ley con ayudas urgentes, por valor de 10.600 millones de euros, se ha aprobado un segundo real decreto en el que destacan las medidas laborales, lo que Yolanda Díaz ha denominado el “escudo laboral” ante la emergencia. Las ayudas aprobadas por el Ejecutivo central ya alcanzan los 14.373 millones de euros. Recordamos lo que nos contó Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: “Las pensiones no contributivas de afectados por la DANA van a tener una paga extra este 18 de noviembre”. El segundo decreto recoge 110 medidas con una “inversión agregada de 3.765 millones de euros” que van desde la ampliación del teletrabajo a permisos retribuidos y restricciones al despido. Aquí te explicamos la letra pequeña de los permisos con el 100% del salario, la devolución de ayudas si se despide, la ampliación de los ERTE o la prioridad de teletrabajo. Y en este enlace te recordamos en qué casos se puede no ir a trabajar cuando hay alerta roja de la AEMET por una DANA.

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Se acabó el boletín por esta semana. Nos volvemos a ver el próximo jueves con más información económica. Hasta entonces, nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es con propuestas, quejas o ideas.

¡Buena semana!

Apúntate a Contraoferta, todos los jueves en tu buzón

Acepto las condiciones de uso y privacidad

Apúntate

Merlin y Colonial, las dos mayores sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) de España, han amenazado este miércoles al Gobierno con marcharse del país si se aprueba el plan fiscal acordado entre el PSOE y Sumar. El pasado lunes ambas formaciones pactaron “suprimir” el régimen fiscal especial de estas empresas (por el que tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades), “que no ha servido para mejorar la oferta de viviendas”.

Merlin y Colonial, las dos únicas socimis que cotizan en el Ibex 35, y que se dedican fundamentalmente a alquilar oficinas, han salido en tromba contra este plan tras liderar el martes las caídas en el Ibex y desplomarse un 7,3% y un 5%, respectivamente. 

La más madrugadora ha sido Merlin. La mayor inmobiliaria del Ibex ha anunciado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que estudia distintos escenarios y planes de contingencia, en defensa de sus accionistas, clientes y empleados, “sin excluir ninguna posibilidad legal a su alcance”. 

Aunque no tiene constancia de que a día de hoy el acuerdo fiscal entre PSOE y Sumar vaya a contar con “suficiente consenso político y técnico para su aprobación”, Merlin calculará, a corto plazo, el impacto efectivo en el 'cash flow' de dicha propuesta fiscal, que, en todo caso, prevé que sea “limitado” por el efecto conjunto de diversas normas fiscales.

A medio y largo plazo, Merlin centrará su evaluación en determinar las medidas a adoptar para salvaguardar el interés de los accionistas, clientes y empleados, sin excluir acciones legales.

La compañía recuerda que las socimi equivalen en España a fondos de inversión inmobiliarios (REITs) y lamenta que las modificaciones fiscales introducidas en el acuerdo PSOE-Sumar “suponen, en la práctica, la supresión del régimen de las socimi”.

La compañía que fundó y pilota el financiero extremeño Ismael Clemente ha defendido que existe una “clara” justificación económica para la versión española del régimen conocido como REIT internacional, “basada en introducir en el mercado estructuras empresariales activas, con medios y personal directamente afectos a la actividad (por contraposición a los fondos), que se ocupan de promover, construir, adquirir y operar infraestructuras necesarias para los diferentes sectores económicos (oficinas, centros comerciales, logística, centros de datos, hoteles, parkings o torres de telefonía)”.

Todo ello, añade, “con liquidez diaria y como forma de ahorro popular para los particulares e indispensable para el correcto funcionamiento de fondos de pensiones, fondos de inversión, mutuas, aseguradoras, family offices y fondos soberanos”.

“Muy grave”

Por su parte, el presidente de Colonial, Juan José Brugera, ha señalado en declaraciones a Europa Press que el acuerdo es “muy grave” y convertiría a España en “territorio prohibido” para la inversión internacional y que, en caso de aprobarse, se replanteará su estrategia y la ubicación de sus actividades. 

“Los cambios que algunos proponen son muy graves. El régimen de las socimis no es más que la adaptación al caso español de la norma establecida en los mercados internacionales. Este tipo de modificaciones convierten al mercado español en territorio prohibido para la inversión internacional”.

En su opinión, el marco legal debería proteger a las compañías que han apostado por atraer inversión internacional, y hacerlo compatible con los mejores fines sociales.

En cualquier caso, Brugera defiende que el modelo del negocio actual de Colonial está diversificado en distintas geografías, con una relevante presencia en el mercado de París, lo que le permite al grupo “una gran fortaleza en escenarios de fragilidad del marco normativo”.

“En caso de aprobarse la reforma del régimen legal de las socimis, Colonial reevaluará su estrategia de inversiones y la ubicación de sus actividades y de su estructura jurídica, y adoptará, en su caso, las medidas que mejor convengan al interés de sus accionistas e inversores, todo ello con el objeto de que estas potenciales medidas no tengan un impacto negativo en la sociedad”.

PSOE y Sumar cerraron el lunes un acuerdo fiscal para gravar a la banca, los apartamentos turísticos y los yates, que también incluye la supresión del régimen fiscal especial de las socimis. Estas sociedades se dedican a comprar activos inmobiliarios, como pisos, oficinas o centros comerciales para alquilar sus espacios a inquilinos, empresas o tiendas a cambio de una renta, sin tener que pagar impuestos sobre los beneficios que reparten a sus accionistas.

El régimen de socimis está supeditado a que estas empresas distribuyan a sus accionistas, como mínimo, el 80% de los beneficios, tener en cartera todas sus adquisiciones un mínimo de tres años, cotizar en Bolsa, contar con un capital flotante del 25% y distribuir un mínimo del 50% de los beneficios generados por la transmisión de inmuebles o participaciones.

La regulación de las socimi en España se fijó en una ley de 2009, en el contexto creado por el estallido de la burbuja inmobiliaria, con el fin de dotar de liquidez a las inversiones en el sector inmobiliario, asegurando un flujo continuo de inversiones a través del ahorro de los inversores, aunque su explosión se produjo tras un cambio normativo introducido por el Gobierno de Mariano Rajoy.

A cierre del ejercicio de 2023, había 116 socimis cotizando en España, lo que posiciona al país como el principal mercado de Europa en número de socimis, con una capitalización bursátil de 24.000 millones de euros.

Nuevo récord de pérdidas para Orbis Properties, inmobiliaria en la que tiene una participación minoritaria la familia de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y que es casero del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

La empresa, dedicada al alquiler de oficinas en Madrid, perdió el año pasado 25,9 millones de euros, un 73,8% más, tras apuntarse nuevos deterioros millonarios en el valor de sus inmuebles. De ellos solo se salvó el edificio que tiene alquilado a la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid.

El año pasado la facturación de Orbis creció un 4,3%, hasta 16 millones, según sus cuentas, que acaba de remitir al mercado francés Euronext, donde están admitidos a cotización sus títulos.

El aumento de las ventas “pudiera deberse principalmente al mayor porcentaje de ocupación de los activos por la entrada de nuevos inquilinos aun considerando la implementación parcial del teletrabajo o la inflación derivada de los conflictos bélicos”, dice en su informe de gestión.

Y hasta ahí el optimismo, porque la empresa batió otro récord de números rojos, al dotar nuevos deterioros en el valor de sus activos por importe de otros 23,3 millones. Además, con el Euríbor disparado, los gastos financieros se duplicaron con creces hasta más de 11,1 millones.

Con ello las pérdidas acumuladas desde la creación de Orbis en 2018 rondan ya los 70 millones. La empresa, que nunca ha declarado beneficios, es una inmobiliaria cotizada (socimi) sin empleados que cotiza en París, aunque sus títulos no tienen liquidez porque su socio único es una empresa de Luxemburgo. Tiene su sede en Madrid, donde están todos sus activos.

Orbis opera en un sector sometido a una fuerte incertidumbre desde el estallido de la pandemia. De hecho, el gobierno madrileño presentó en febrero un “plan de choque” que prevé la reconversión de oficinas en desuso en viviendas para alquiler asequible.

La socimi reconoce en sus últimas cuentas que las circunstancias del mercado pueden “ralentizar la reversión del deterioro de las inversiones inmobiliarias deterioradas”. El año pasado el valor neto contable de estos activos (siete edificios de oficinas en la capital) se recortó en 25 millones, hasta 206 millones.

La empresa tuvo que volver a apuntarse esos deterioros por normativa contable, basándose en los análisis de recuperabilidad de las inversiones a partir de las valoraciones de expertos independientes y aspectos como la ocupación, antigüedad, estado o ubicación de los inmuebles.

Esos deterioros afectaron en 2023 a todos sus activos, menos uno: el que Orbis tiene alquilado a la Comunidad de Madrid en la calle Agustín de Foxá, junto a la estación de Chamartín. Este inmueble, el más céntrico de su cartera, y que data de 1975, es la sede de la Agencia Madrileña de Atención Social. Este organismo autónomo se dedica a atender a los colectivos de mayor vulnerabilidad de la región. 

El edificio fue de los pocos de Orbis que aumentaron su ocupación en 2023. Subió tres puntos, hasta el 82,3%. En uno de sus edificios en el parque empresarial Cristalia, a las afueras de la capital, hubo desbandada de inquilinos y la ocupación se desplomó en un año del 83,3% al 41,8%.

Como reveló elDiario.es, los Aguirre se convirtieron en accionistas de Orbis en noviembre de 2020 a través de una sociedad en Luxemburgo, EPISO 4 Rebound Holding, mediante la española La Granjilla de la Fresneda SL.

Esta empresa estuvo años inactiva, hasta que en 2022 empezó a facturar por primera vez desde su creación en 2008. Su administrador único era el consultor inmobiliario Santiago Aguirre Gil de Biedma, hermano de Esperanza Aguirre. Como apoderada figuraba otra hermana de la expresidenta, Piedad Aguirre. En teoría se dedicaba a “la explotación de uso de la finca denominada La Granjilla” en El Escorial (Madrid), perteneciente a la expresidenta y su familia y donde estaba domiciliada.

Sin embargo, ha sido extinguida este mismo año. A comienzos de 2024 La Granjilla de la Freneda SL fue absorbida por Sancrismalu SL. Domiciliada en la calle Serrano de Madrid, esta empresa la administra una cuñada de Esperanza Aguirre, la artista María Avilés. Como apoderado todavía figura su marido y anterior administrador único, Santiago Aguirre.

El hermano de la expresidenta creó Sancrismalu en 2018, año en el que el fundador de la consultora inmobiliaria Aguirre Newman vendió su empresa a la multinacional Savills.

Sancrismalu, que no ha querido hacer comentarios, tiene una web que explica que se dedica a la promoción inmobiliaria y al private equity mediante la inversión en “capital y deuda de empresas inmobiliarias, tecnológicas, restauración y moda”.

Cuando se les llama por teléfono, lo primero que ofrecen al interlocutor es contratar la finca de los Aguirre para una boda en ese privilegiado enclave, que adquirió el tatarabuelo de Esperanza Aguirre a finales del siglo XIX. Diseñado por Juan Bautista de Toledo, primer arquitecto del Monasterio de El Escorial, el monje escurialiense Fray José de Sigüenza describió esa finca como un parque que evocaba el Paraíso.

La web de Sancrismalu no publicita bodas en La Granjilla, pero sí una promoción de viviendas en un elegante edificio de principios del siglo XX en el centro de San Sebastián, en la calle Prim 10. El inmueble se lo compró al Gobierno vasco en subasta pública en 2018 por más de 10 millones otra empresa de Santiago Aguirre, Boyton Invest. En ella era socio el multimillonario mexicano Allen Sanginés-Krause, al que la Fiscalía llegó a investigar por pagar gastos opacos al rey emérito, Juan Carlos I.

Tras una reforma integral, en el edificio en la capital guipuzcoana ya solo quedan sin vender cuatro viviendas. Los pisos de tres habitaciones con dos baños se venden a partir de 1,25 millones, explican desde la inmobiliaria que los comercializa.

La web de Sancrismalu también promociona la firma de moda Romualda, de Cristina y Mariana Aguirre, las hijas de Santiago Aguirre. Lo contaba Vanity Fair en 2023: “Mariana lleva la imagen de marca y Cristina se encarga de la dirección artística y de pintar los tejidos con los que luego crean los sombreros”. “La familia Aguirre presume de ser una piña en la que arte y negocios (y política) van de la mano”, añadía la publicación.

Intereses “no pagados”

La Granjilla de la Fresneda, ahora absorbida por Sancrismalu, era además de accionista minoritario, prestamista de la dueña de Orbis. A cierre de 2022, esa instrumental de Luxemburgo tenía contraído con la empresa de los Aguirre un préstamo de 261.447 euros. A esa fecha había devengado 15.522 euros en intereses acumulados.

En sus últimas cuentas, Orbis explica que el año pasado dejó de pagar intereses a su dueño luxemburgués. A cierre de 2023, su fondo de maniobra negativo se había multiplicado por 14 respecto a 2022. Ya alcanzaba 65 millones, “debido principalmente a la deuda y los intereses devengados y no pagados” de los préstamos concedidos por esa instrumental del Gran Ducado.

Deudas de 65 millones que en principio vencían el 31 de marzo de este año. Pero el pasado 19 de junio se extendió el vencimiento en 21 meses. Como tiene el apoyo “por escrito” de su dueño, Orbis ha formulado sus cuentas bajo el principio de empresa en funcionamiento. A las deudas con su accionista luxemburgués se suman otros 134,5 millones con las entidades financieras Caixabank y Deutsche Pfandriefbank.

El año pasado, la dueña del edificio que tiene como inquilino al gobierno madrileño fue, con gran diferencia, la filial de Orbis que más incrementó sus rentas anuales, según sus cuentas. Estas subieron un 8,6%, hasta 1,8 millones. Fue también la que menos pérdidas aportó al resultado de la socimi, algo más de 248.000 euros. 

Como comprobó elDiario.es tras una petición de información al amparo de la Ley de Transparencia, los contratos adjudicados a Orbis por la Comunidad de Madrid se pactaron a precios superiores a los del mercado en ese momento. La empresa de los Aguirre se convirtió en accionista tras ampliar el Gobierno de Ayuso la superficie alquilada a esta socimi en 2020. En pleno confinamiento y en lo peor de la pandemia.

Orbis había comprado el edificio al casero original, Colonial. El penúltimo día de 2021 la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, que entonces dirigía Javier Fernández-Lasquetty, ex pupilo de Aguirre, refundió los contratos anteriores y pactó una subida de la renta del 20% respecto al contrato firmado en 2016 con Colonial. Eso no impidió que en 2022 Orbis se anotase unas pérdidas récord. Hasta ahora.

El contrato de Lasquetty, uno de los de mayor importe que ha firmado la Comunidad de Madrid como inquilina durante el mandato de Ayuso, estaba valorado en 2,8 millones. Se adjudicó por el procedimiento negociado sin publicidad, lo habitual en este tipo de contrataciones con la Comunidad de Madrid. Comprende el alquiler de 2.242,44 metros cuadrados del edificio de Agustín de Foxá 29. La consejería ocupa este inmueble desde 2010. También tiene oficinas en el número 31.

Decenas de chalets en Aravaca, caseros de lujo de Caixabank o Inditex y propietarios de la antigua sede de Banco Madrid en la capital. Asesores de la élite, algún antecedente oscuro y sociedades procedentes de los paraísos fiscales de Barbados y Bahamas con ramificaciones en Holanda o Luxemburgo.

Es el discreto viaje que han hecho desde México los Guillermo Prieto, históricamente vinculados al negocio de la Coca-Cola en ese país y ahora, entre los mayores productores mundiales de mezcal, bebida alcohólica muy de moda desde hace tiempo en mercados como Estados Unidos. 

Mediante varias sociedades con sede en la calle Serrano de Madrid, han ejecutado un silencioso aterrizaje en el inmobiliario español. Con muchos millones en la chequera, se han hecho con edificios de oficinas emblemáticos como el Axis de la Plaza de Colón, que alberga el centro ‘flagship’ de Caixabank en la capital diseñado por Norman Foster, o la antigua sede del extinto banco de la Banca Privada de Andorra (BPA), a unos metros de allí.

Es un desembarco sin rostro. En las webs vinculadas a sus empresas, como Mezcales Casa Armando, no hay imágenes de sus ejecutivos o propietarios. Pero tras varias de sus sociedades destaca el nombre de Pura Leonor Guillermo Prieto Rivera, también conocida como Purita, a la que en 2011 se identificaba como la concesionaria de Coca-Cola en los estados de Morelos y Guerrero a través de la embotelladora CIMSA, integrada ese año en el gigante Femsa. Algunos medios valoraron la operación en 2.000 millones de dólares. 

Femsa cotiza en México y Nueva York. Es el mayor embotellador del refresco más consumido del mundo. “Producimos y distribuimos bebidas de las marcas registradas de The Coca-Cola Company, ofreciendo un amplio portafolio de 134 marcas a más de 270 millones de consumidores cada día”, dice en su web.

Los negocios de la familia se remontan a hace casi un siglo, cuando Antonio Rivera Venegas fundó el fabricante de tapones de botellas Corcho & Lata. Poco después compró la primera franquicia mexicana de Coca-Cola para la zona centro de México, según contaba Forbes en 2011.

La inversión más visible de este desembarco en España la han hecho con la mexicana AGPCH, SA de CV, cuya administradora única, según el Registro de México, es Pura Leonor Guillermo Prieto Rivera. Esa sociedad participa en tres pequeñas inmobiliarias cotizadas españolas (socimis). Su inversión más reciente ha sido Primero H, diminuta empresa en la que participan algunos de los mayores patrimonios de España y que dice que quiere “combatir el sinhogarismo” alquilando inmuebles a personas sin recursos. 

Más relevantes son sus posiciones en otras dos socimis lanzadas por Inbest, gestora que maneja inversiones en ladrillo de grandes fortunas españolas. AGPCH es primer accionista (28%) de Inbest Prime IV Inmuebles Socimi SA, que tiene, entre otros activos, la mayor tienda de Zara en el mundo, inaugurada en los bajos del Edificio España de Madrid en 2022.

AGPCH también tiene un 90,9% de Inbest Prime VIII Inmuebles Socimi SA, lanzada en noviembre de 2020 y que gestiona 15.000 metros cuadrados de superficie comercial en el Edificio España.

La presencia de los Guillermo Prieto en el inmobiliario español va más allá. El 23 de septiembre de 2021 compraron por 25 millones la antigua sede de la filial del banco andorrano BPA, intervenido en 2015 por sospechas de blanqueo de capitales. El edificio, que llegó a okupar en 2017 el grupo neonazi Hogar Social, pertenece a Inbest GPF PC2 SL.

El objeto social de esta empresa es, aparentemente, fabricar bebidas alcohólicas, pero su verdadera actividad es la inmobiliaria. Según sus últimas cuentas, “el local cuenta con una superficie total construida de 1.576 m2 y su objetivo último es el arrendamiento”. El edificio sonó recientemente como sede de la Comisión Europea en España.

Inicialmente la dueña de Inbest GPF era AGPCH SA de CV, pero recientemente ha pasado a estar controlada indirectamente por la holandesa AGP Holding BV, con 64,4 millones en activos, según datos de Insight View. La dueña de la sede del Banco Madrid estuvo presidida hasta finales de 2023 por Javier Enrique Flores Cortes, directivo vinculado a muchas sociedades de la familia que es dueño del 50% de AGPCH, según el registro mexicano, y administra esa sociedad holandesa. Actualmente Inbest GPF PC2 SL está administrada por el máximo responsable de Inbest y presidente de la patronal de las socimis, Javier Basagoiti. 

También controla indirectamente esa sociedad en Holanda la española PEC Recoletos Colón SL, dueña de esa moderna oficina de Caixabank a escasos metros de la sede del Banco Madrid que reformó Foster, uno de los arquitectos más reputados del mundo.

En este caso, la inversión la gestiona otra firma acostumbrada a manejar el patrimonio de las mayores fortunas españolas, GPF. Este fondo, presentado en septiembre de 2021 como nuevo propietario de la sede de Banco Madrid, lo lanzaron hace una década varios jóvenes financieros muy cercanos al núcleo del Ibex 35. GPF ha gestionado una reciente inversión de Juan Roig (dueño de Mercadona) en la academia de Rafa Nadal a través de una sociedad en Luxemburgo.

Según sus últimas cuentas, PEC Recoletos Colón es la propietaria de ese edificio alquilado a Caixabank en la Plaza de Colón, 1, y del aparcamiento de Paseo Recoletos, 39. Esos inmuebles estaban tasados en 106,5 millones a cierre de 2022. El contrato de arrendamiento con Caixabank se firmó en julio de 2019 por un plazo de 12 años. A su vez Caixabank concedió a PEC una línea de crédito de 50 millones en abril de 2020, según sus cuentas.

Otro de los vehículos para este desembarco tiene el curioso nombre de Checho Holdings SLU, que en 2022 compró el 66,74% de Valdemarín Real Estate SL. Esta empresa ha desarrollado 30 chalés unifamiliares en Aravaca (Madrid). Según sus últimas cuentas, compró los terrenos en febrero de 2019 por 15,45 millones, “estimando la culminación de viviendas durante el 2022 y la entrega para el primer semestre de 2024”. “Se espera que la venta de las 30 viviendas se culmine durante el año 2023”.

Origen offshore

Su principal accionista, Checho Holdings, es española, pero tiene origen offshore. Administrada por Javier Flores, se creó en diciembre de 2012 en Bahamas. En abril de 2016 se trasladó a Barbados. Y en diciembre de 2020 se mudó a Luxemburgo, justo cuando APGCH entraba en esas dos socimis cotizadas. En el Gran Ducado duró días. El 16 de diciembre de 2020 aprobó su traslado a Madrid, que pudo completar pese a que en enero de 2021, un registrador español, Fernando Trigo, “notificó una serie de defectos que pudieron ser remediados”, según documentación oficial. 

Cuando se mudó a Luxemburgo, la dueña de Checho Holdings era otra offshore de nombre peculiar, Tizumo Miyuka, que en 2020 manejaba activos de 114 millones y también hizo el viaje Bahamas-Barbados-Luxemburgo-Madrid en las mismas fechas. Ya en España la absorbió Checho Holdings. Al mudarse al Gran Ducado, su dueño era Checho México SA de CV, domiciliada en la misma sede en el DF que AGPCH SA de CV. A siete minutos a pie de la Torre Grupo Salinas, donde están muchos negocios del polémico multimillonario ultraliberal Ricardo Salinas, tercera fortuna mexicana, que ha elegido España para eludir impuestos mientras el Fisco de su país le reclama miles de millones.

Ya en España, Checho Holdings SLU llegó a tener en 2021 más de 200 millones en activos y declaró 31 millones de beneficios.

Según sus cuentas, “la actividad actual de la empresa consiste en la gestión y administración de carteras muy diversificadas de acciones cotizadas en bolsa y otros valores negociables”: inversiones millonarias en fondos de UBS, JP Morgan, Citibank y un vehículo de GFP en Luxemburgo que participa en pymes españolas como Gestair (vuelos para ejecutivos), Somos (organización de eventos), Malasa (mobiliario para tiendas) o Golderos (dispensadores de cerveza).

Cuando se mudó a Luxemburgo, la administradora de Checho Holdings era Natalia Sisnett, venezolana que ha gestionado decenas de sociedades en Panamá y es vicepresidenta de Cidel, firma canadiense especializada en gestión de grandes patrimonios con oficinas en Barbados. Al aprobarse el traslado de Checho a España, se designó como representante a un abogado de PwC en Luxemburgo, Marc Albasser.

Otra sociedad española de este entramado es Cimsa Controladora, también administrada por Javier Flores, sede en Serrano y 128 millones en activos. Su dueña es Promed Resources, inscrita en Barbados en diciembre de 2016 y domiciliada en las oficinas de Cidel en ese paraíso fiscal.

Según sus cuentas de 2022, en diciembre de 2019 Cimsa compró por 8,1 millones tres naves industriales en la Ciudad del Transporte de Pamplona (Navarra) a la empresa logística Vicarli, que se quedó como inquilina con un contrato hasta diciembre de 2029. Vicarli es otra participada del fondo GPF.

La mayoría de estas sociedades en España las administra Javier Flores. En varias figura junto a Héctor Covarrubias, también con cargos en AGPCH SA o Controladora Cimsacv de CV, domiciliada en Cuernavaca (Morelos) y cuya máxima accionista es Purita Leonor Guillermo Prieto Rivera.

Flores y Covarrubias administran en Miami (Florida, Estados Unidos) sociedades con denominaciones como El Vengador Intergaláctico Inc, Chicharrón USA Inc, Papaton USA Inc, Alguien dijo Mezcal? Corp o De Aquí soy USA LLC.

Javier Flores, con el que elDiario.es contactó por correo electrónico sin obtener respuesta, ha estado muchos años vinculado a Casa Armando Guillermo Prieto. En 2013 era su director de Operaciones y la presentaba como una empresa familiar “100 por ciento mexicana que tiene como objetivo participar activamente dentro de la industria alcoholera a nivel nacional”. 

Tras la Coca-Cola, la familia diversificó inversiones con el mezcal, centenaria bebida ritual producida a partir del agave y prohibida durante años en Estados Unidos (la consideraba una droga ilegal). Con un fuerte impacto medioambiental, mueve un negocio millonario. Según datos oficiales del Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal (Comercam), esta industria genera 40.000 empleos directos y más de 190.000 indirectos.

Solo en 2022, la producción de mezcal se disparó un 75%, hasta 14,16 millones de litros. En diez años, se ha multiplicado por más de diez. El 91,3% de la producción se concentra en Oaxaca. 

Casa Armando Guillermo Prieto es, según su web, “líder de mezcal en México” y “con presencia cada vez mayor en Centroamérica, Europa, Australia, Asia”. “Representa la continuidad de un sueño de 5 generaciones, creado con valores familiares, una rica herencia cultural y gran amor por Oaxaca y por México”. “Nuestras marcas de Mezcal están en el Top 10 de las marcas más vendidas y reconocidas en México”, afirma la empresa, con la que elDiario.es contactó sin obtener respuesta.

La prensa mexicana ha recogido en los últimos años episodios oscuros sobre los Guillermo Prieto. Purita fue señalada hace años por donaciones opacas a la campaña del conservador Vicente Fox, antiguo directivo de Coca-Cola en Latinoamérica, para las presidenciales de 2000. En 2001, la prensa se hizo eco de la detención en Morelos de su hijo César Gómez Lince Prieto por cargos de delincuencia organizada, falsificación de documentos y fraude.

En julio de 2011, volvieron a ser noticia en las páginas de Sucesos por el asesinato de la esposa de César Gómez, Karina Flores. La prensa local manejó primero la versión de un secuestro, perfectamente creíble en un estado muy golpeado por la violencia y el narcotráfico. Karina Flores, que tenía 35 años, mantenía con su suegra, Purita Leonor Guillermo Prieto Rivera, un litigio por la patria potestad del único nieto y heredero del imperio refresquero del sur del país. Fue acribillada a balazos en Cuernavaca (Morelos).

¡Buenos días!

¿Cómo estás? Nosotros un tanto sorprendidos por la sarta de mentiras que se han lanzado aprovechando el inicio de la campaña de la declaración de la renta de 2023. A decir verdad, la han protagonizado los sospechosos habituales del neoliberalismo patrio. Desde la vuelta al “¡España es un infierno fiscal!”, que reitera Manuel Llamas, director del instituto Juan de Mariana, al asegurar que un trabajador paga un 50% de impuestos de su nómina, a los exabruptos de Daniel Lacalle o los informes carentes de rigor del Instituto de Estudios Económicos.   

¿Cuál es la realidad?  Nueve de cada diez contribuyentes en nuestro país pagan menos del 22% de sus ingresos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Del salario bruto de cada trabajador, se destina un 6,35% para las cotizaciones sociales. Cuidado, que no se trata de un dinero que vaya a engordar los salarios de los políticos, como asegura Lacalle, sino que es el dinero que va a financiar desde las pensiones, al subsidio de paro o las prestaciones de maternidad o paternidad.

Para encontrar un tipo de retención en el IRPF por encima del 40% tenemos que ir a las 32.000 personas con salarios por encima de los 200.000 euros. Representan un 0,2% de todos los contribuyentes.

Lo que si es una vergüenza es que en España haya tanta diferencia entre lo que pagan las rentas del trabajo y las rentas del capital. Casualmente de las rentas del capital no se suelen preocupar toda la banda neoliberal. Mientras que el tramo más alto del IRPF llega a un tipo impositivo del 47%, las rentas del capital (dividendos, ganancias por compraventas, productos financieros) tributan como máximo un 28%. Aquí tienes mucha más información que tira por tierra la falacia de que los trabajadores pagan un 50% de su salario en impuestos.

Cada vez que habla sube el pan

Lo que habría que hacer es que las empresas pudiéramos pagar a cada uno de los trabajadores el coste real y que cada trabajador fuera el que realizara su declaración ante la Seguridad Social

Antonio Garamendi — Presidente de la CEOE 

Aquí seguimos con los mensajes confusos. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha recuperado la vieja idea de que las empresas dejen de abonar lo que les corresponde a la Seguridad Social, se pague el sueldo completo al trabajador y que sea el empleado quien abone las cotizaciones sociales. La excusa es que el trabajador así sepa cuál es su salario total con transparencia... Pero si en las nóminas ya se recoge cuánto se paga de IRPF y de cotizaciones sociales. Viejas ideas que persiguen lo de siempre: evitar que las compañías hagan su contribución para mantener el Estado del Bienestar que ya llegará el momento de rebajar el sueldo lo que se pueda al trabajador. Insostenible. Aquí tienes más información sobre la propuesta de la CEOE para que sean los trabajadores quienes paguen sus cotizaciones sociales.

El Gráfico

Frente a los discursos neoliberales que pretenden impulsar los recortes apoyándose en la recuperación de las reglas fiscales en la UE, hay propuestas alternativas. En este caso, los economistas Jorge Uxó, Eladio Febrero, Iván Ayala y Paloma Villanueva han realizado una investigación que prueba mantener como objetivo principal la reducción de la tasa de desempleo es mejor para la sostenibilidad de la deuda pública y para el crecimiento económico que una política fiscal volcada en rebajar el déficit estructural. Aquí puedes leer otra forma de política económica que busca el equilibrio presupuestario mediante la reducción del paro.

El Dato

6.272 'Golden Visa'

Se han concedido en España desde su aprobación por el Gobierno de Mariano Rajoy. El polémico mecanismo lleva en vigor más de una década y permite a inversores extranjeros lograr un permiso de residencia gracias a la compra de inmuebles por encima de los 500.000 euros. Desde 2018, millonarios extranjeros han realizado inversiones inmobiliarias por un valor de al menos 4.800 millones de euros. Esta fórmula de inversión ha tenido un claro papel en el encarecimiento del mercado inmobiliario de determinadas zonas. El Ministerio de Vivienda reconoce que la concesión de estos permisos se disparó en 2022 y 2023. El 90% de las 'Golden Visa' se han dado por comprar viviendas en Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Illes Balears y València.

Letras que son un Tesoro

Esta semana recomendamos el libro del doctor y divulgador Eduardo Vara: Maldito trabajo. Sobrevivir a la cultura del sacrificio y repensar la vocación (Editorial Ariel). Vara ha escrito un ensayo en el que aborda el papel del trabajo en nuestras vidas y desmitifica aspectos como la vocación, que define como “una excusa para que los trabajadores se comprometan más allá de lo razonable”. También avisa sobre los problemas de salud mental que implica una dedicación absoluta al empleo: “Sacrificar el presente por un futuro hipotético de progreso, puede no ser una idea muy inteligente”. Aquí tienes una interesante entrevista a Eduardo Vara sobre su libro.

Entrepreneur

Les presento un nuevo oxímoron: “socimi social”. La familia Álvarez Otero, dueña de un 33% de la aseguradora Santalucía, con un multimillonario patrimonio inmobiliario, se ha convertido en primer accionista de Primero H, una pequeña inmobiliaria cotizada acogida el régimen de las socimi (con amplias ventajas fiscales) en la que han invertido decenas de grandes patrimonios y que se define como “la primera socimi social en España”. A ver, es imposible definirse como social y luego utilizar un instrumento inversor para pagar los menos impuestos posibles, pero con los 'entrepreneurs' todo es posible. El patriarca es Modesto Álvarez, de 81 años, con una fortuna estimada de 1.175 millones, fruto de su participación en la aseguradora y de un impresionante patrimonio inmobiliario. Mucho más sobre la inmobiliaria de ricos que desgravan con vivienda “social” en este enlace.

Bien público

En este periódico hemos publicado muchas informaciones sobre el bloqueo de la derecha a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las consecuencias que tiene sobre el Tribunal Supremo: casi una de cada tres plazas está sin cubrir en el Alto Tribunal. Este no es un juzgado normal, es el órgano jurisdiccional encargado de fijar los criterios sobre cómo deben interpretarse y aplicarse las normas que rigen para todos los ciudadanos. Pues bien, el Tribunal Supremo ha anulado varios aspectos clave de la normativa que el Gobierno puso en marcha en 2020 para limitar la publicidad de las casas de apuestas: limitación de la aparición de famosos en esos anuncios, la publicidad en plataformas de vídeo y redes sociales, la captación de nuevos clientes y la prohibición de anunciar estas apuestas en medios de comunicación. Estamos ante otra situación rocambolesca de la justicia en nuestro país: no se pueden renovar a los miembros del CGPJ que deben designar a jueces y magistrado del Tribunal Supremo pero luego un vocal conservador del Consejo General del Poder Judicial José María Macías Castaño es el abogado que representa a la Asociación Española de Juego Digital que gana en el Supremo que tumben parte de una Ley que era claramente beneficiosa para la sociedad. Ya me dirán ustedes. Aquí puedes leer la información de Alberto Pozas sobre la decisión del Supremo que anula puntos clave de la norma del Gobierno que limita la publicidad de las casas de apuestas.

Nos gusta la competencia

Para terminar os dejamos una serie de artículos que nos han parecido interesantes y han publicado otros medios de comunicación.

Aquí acabamos. Nos vemos el jueves que viene. Si tienes cualquier propuesta o ideas nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana!

Apúntate a Contraoferta, todos los jueves en tu buzón

Acepto las condiciones de uso y privacidad

Apúntate

La familia Álvarez Otero, dueña de un 33% de la aseguradora Santalucía, con un multimillonario patrimonio inmobiliario y una de las más ricas de España, se ha convertido en primer accionista de Primero H, una pequeña inmobiliaria cotizada acogida el régimen de las socimi (con amplias ventajas fiscales) en la que han invertido decenas de grandes patrimonios y que se define como “la primera socimi social en España”.

Los Álvarez Otero han tomado, a través de su sociedad Fida SL, algo más del 41% de esta socimi, según un documento remitido recientemente a Portfolio, la nueva Bolsa en la que cotiza esta firma.

Este mercado, que ha abierto otra vía más laxa para que puedan salir a cotizar este tipo de vehículos, está participado por varios inversores del ladrillo y pretende ser alternativa al índice de pymes que gestiona Bolsas y Mercados Españoles (BME). Portfolio se lanzó el año pasado y de momento solo cotizan en él seis empresas, todas socimi.

Estos vehículos, dedicados al alquiler de inmuebles, están exentos del impuesto de Sociedades a cambio de cotizar y de repartir anualmente todo el dividendo, por el que sí tributan individualmente sus perceptores.

Primero H fue lanzada en septiembre por la patronal de las socimis, Asocimi, y por la Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (RAIS), que a través de Hogar Sí se ha convertido en referente en la lucha contra el problema del sinhogarismo desde hace más de dos décadas. La inmobiliaria tiene como objetivo “combatir el sinhogarismo y garantizar el acceso a viviendas de alquiler asequible a aquellas personas en situación de vulnerabilidad residencial”. 

Los Álvarez Otero, con los que elDiario.es intentó contactar a través de Santalucía, se han convertido de largo en sus primeros accionistas. Ya participaban en Primero H de forma indirecta a través de varios vehículos de la gestora Inbest, que pilota el presidente de Asocimi, Javier Basagoiti.

El cabeza visible de los Álvarez es el discreto Modesto Álvarez Otero, ex consejero delegado de Santalucía, que se repartió durante décadas el control de la centenaria aseguradora con su primo Carlos Álvarez, actual presidente. Santalucía es el quinto mayor grupo en el ranking del sector por primas, con 1.896 millones de euros en 2023, según datos de ICEA. También es accionista del quinto banco español, Unicaja, con un 5%.

A Modesto Álvarez, de 81 años, el último ranking de El Mundo le coloca en el puesto 53 de personas más ricas de España, con una fortuna estimada de 1.175 millones, fruto de su participación en la aseguradora (que solo en 2022 repartió casi 43 millones en dividendos a sus accionistas) y de un impresionante patrimonio inmobiliario. 

Los Álvarez Otero son dueños de su propia ganadería, Buenavista, y de varias fincas agrícolas. Una de las inmobiliarias de la familia, Regato SL, figura en el listado de mayores tenedores de inmuebles en alquiler de la Comunidad de Madrid, con 53 fianzas depositadas y activos cercanos a los 300 millones, según datos obtenidos por la Fundación Civio.

Dueños de una docena de edificios y de locales comerciales en algunas de las mejores zonas de Madrid, también son propietarios de hoteles, viviendas y oficinas en Marbella, Murcia, Pozuelo de Alarcón, Valencia, Toledo, Londres, Nueva York, Luxemburgo o Suiza. Allí abrieron una filial hace un lustro desde una instrumental en el Gran Ducado luxemburgués.

Ahora se han convertido en los mayores accionistas de esta socimi “social”, que lleva tiempo sin publicar datos sobre su actividad ya que en Portfolio los requisitos de información son mucho menos exigentes que en BME.

Primero H asegura que “su finalidad es mejorar el acceso a la vivienda de colectivos en riesgo de exclusión residencial mediante la atracción de inversión privada. Así, la Sociedad busca mantener un equilibrio entre inversión y acción social, fomentando el crecimiento del parque de vivienda en alquiler asequible en España”. Según su web, actualmente “cuenta con 9 viviendas en propiedad y el objetivo es alcanzar un parque de 45-50 viviendas”. 

Creada en 2021, señala que “nace con el objetivo de generar mayores posibilidades de acceso a la vivienda en alquiler asequible a personas en situación de vulnerabilidad residencial y, especialmente, a aquellas en situación de sinhogarismo, un problema que afecta a más de 37.000 personas en España. La actividad de la primera SOCIMI social de nuestro país permitirá contribuir al crecimiento del parque de viviendas en alquiler asequible para hacer frente a estas necesidades”, asegura.

La socimi se inspiró en vehículos similares lanzados en Reino Unido o España. Empezó a cotizar en Portfolio en septiembre. Entonces anunció el objetivo de “invertir cinco millones de euros en los próximos meses” hasta alcanzar ese parque de 45-50 viviendas, “aproximadamente el 15% de las necesidades de vivienda de las fundaciones con las que trabaja”. 

Según explicó entonces, “actualmente la renta media del alquiler de las viviendas está en 513 €/mes, una cifra sensiblemente por debajo de la del mercado. Entre las características esenciales de los pisos objeto de adquisición destacan su situación dispersa en entornos comunitarios para facilitar los procesos de inclusión de las personas atendidas por los programas que harán uso de estas viviendas, contando con entre uno y tres dormitorios”.

El pasado febrero, Primero H dio entrada a Fida SL, de los Álvarez Otero, en una junta extraordinaria en la que los accionistas existentes renunciaron expresamente al derecho de suscripción preferente, con lo que su participación se diluyó ligeramente.

Ybarra y Borbones

Entre esos socios también destaca con un 12,4% otra socimi, Vitruvio, en la que participa Onchena (vehículo de la familia Ybarra Careaga, otra de las más ricas de España) y de la que son socios desde hace años dos miembros de la familia Borbón.

Según explicaba Vitruvio recientemente en un documento remitido a BME, Primero H “adquiere viviendas granulares (nunca edificios) para alquilarlos a fundaciones y ONG que luchan contra el sinhogarismo en España, siendo esas organizaciones las que proporcionan la vivienda a la persona o familia sin hogar para que salga de los albergues públicos o, directamente, de la calle”, donde han acabado “a menudo, por circunstancias personales no tan distintas a las que le podría pasar a cualquier persona de clase media”.

El tercer mayor accionista de Primero H, con un 10,3%, es Javier Entrecanales Franco, de la tercera generación de la familia propietaria de la constructora Acciona, en la que es consejero en representación de la sociedad holandesa Tussen de Grachten, dueña del 29,02% de esa compañía del Ibex.

Un 25,4% de esta socimi se lo reparten seis vehículos cotizados de la gestora Inbest. Otro 2,1% tiene una sociedad del propio Javier Basatoiti (Katal Iniciativas Empresariales SL). Y Asocimi cuenta con un 0,3%.

En esos vehículos de Inbest figuran varias grandes fortunas españolas además de los Álvarez, a través de Fida SL. Entre ellos, las familias valencianas Serratosa, Martinavarro, Dolz o Usó Ferrera, los andaluces Masaveu Mora-Figueroa, los García-Baquero (dueños de la famosa quesera manchega) o los Sainz de Vicuña Bemberg. 

También participan de forma indirecta a través de vehículos de Inbest grandes empresas como Línea Directa o la mexicana AGPCH, vinculada a Casa Armando Guillermo Prieto, líder mundial en producción de mezcal.

Otros nombres son los Gregori, dueños del fabricante de aperitivos Grefusa, el abogado laboralista Íñigo Sagardoy (que asesoró al gobierno de Mariano Rajoy en la reforma laboral de 2012 que abarató drásticamente la indemnización por despido), los Álvarez Giesso (de la rama menos conocida de los fundadores de Prosegur) o Mistral Iberia Real Estate, socimi lanzada hace años por los exfutbolistas Ronaldo Nazario, Juan Mata y Fernando Llorente. 

Entre los socios de Primero H figuran asimismo con un 2,1% la Fundación RAIS y Open Value Foundation, entidad filantrópica impulsada por Francisco García Paramés, uno de los gestores de fondos más famosos de España, y su esposa, Ángeles León; y el empresario chino Maodong Chen, que se hizo millonario como uno de los principales proveedores de las tiendas de alimentación regentadas por ciudadanos chinos en España y que ahora ha aprovechado el boom de las bebidas energéticas bajo la marca Eneryeti, según contaba recientemente El Confidencial.

También tiene un 2,1% de Primero H la socimi hotelera y de apartamentos turísticos Quonia, de inversores mexicanos como el empresario inmobiliario Divo Milán o el actual presidente de Televisa, Alfonso de Angoitia.

Un nuevo mercado de capitales español, Portfolio Stock Exchange, quiere hacer frente al monopolio de Bolsas y Mercados Españoles (BME), de la suiza Six. Tras obtener en enero el permiso definitivo para operar de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por ahora en su plataforma de negociación suma cinco firmas. Todas son cotizadas de inversión inmobiliaria, las conocidas como socimis.

Portfolio se presenta como “una Bolsa de nueva generación que cambia completamente la forma de operar de las bolsas tradicionales”. Muy basada en la digitalización, y con “requisitos de admisión sencillos”, promete ahorros de costes de hasta el 90% porque elimina muchos intermediarios tradicionales.

En un intento por competir con mercados como Euronext, en Portfolio no hay mínimo inicial de inversores para salir a cotizar, como en BME Scale, el mercado para pymes emergentes que BME lanzó en julio en respuesta a este nuevo mercado. En BME Growth, el mercado para pymes de BME, se exigen 20 accionistas, y en el Mercado Continuo, sacar a Bolsa un 25% del capital desde el inicio.

Tampoco se exige una capitalización mínima, ni publicar un folleto si el instrumento se dirige solo a inversores cualificados, ni que la empresa tenga web específica. Sí se requiere tener las cuentas auditadas durante dos años por una gran firma del sector y contratar un despacho de abogados experto en mercados de capitales.

Tras evaluar “casos como Gowex o Pocoyó”, dos de los episodios más destacados del creciente historial de fiascos de BME Growth, en Portfolio “los clientes que aceptamos tienen que estar auditados por una Big Four. No sirve un Pepe y Asociados Auditoría, como pasó con Gowex”, explica al teléfono su CEO y cofundador, Santiago Navarro, que señala que los auditores “se pueden equivocar” pero “es un primer filtro relevante”. 

En cuanto a los abogados, recomiendan 15 bufetes “trusteed partners”, de primer nivel, con los que “no existe ninguna relación económica”, que realizan los documentos de emisión y due diligence y “se juegan su reputación”.

La clave de esa reducción de costes es eliminar intermediarios externos como Asesor Registrado, Banco Agente, Agente de pagos, proveedor de liquidez o custodio. “Portfolio se ocupa de todas esas tareas y así nuestros clientes pueden ahorrar hasta el 90% de los costes totales”, asegura Navarro.

El plazo de admisión a cotización es muy corto (una semana). Los costes de emisión rondan los 76.000 euros para una emisión de acciones de 40 millones de euros, frente a los cerca de 400.000 de las “bolsas de valores tradicionales”. También ofrecen plataformas de crowdfunding de Equity o Inmobiliario. Las operaciones están exentas del Impuesto sobre Transacciones Financieras.

Portfolio se convierte así en un destino atractivo para las socimis, vehículos muy utilizados por grandes fondos y multimillonarios que alquilan patrimonio inmobiliario con grandes ventajas fiscales, con la condición de cotizar en un plazo de dos años desde que se acogen a ese régimen especial. 

Aunque cuando se presentó en 2022 fue descrita como aspirante al Nasdaq europeo (en alusión al famoso índice tecnológico estadounidense), Portfolio ha arrancado con un monocultivo de este tipo de firmas. Su fundador lo atribuye a que en este tipo de empresas “el riesgo es muy bajo”, es un cliente “con muy poco riesgo reputacional” y “muy fácil de supervisar”.

Las últimas en llegar son dos procedentes de BME Growth: la socimi logística P3, del fondo soberano de Singapur, y Elix Vintage, de Allianz, que impulsó el fondo Altamar (de un primo de Esperanza Aguirre) con los Polanco (ex dueños de Prisa) como accionistas.

Se han sumado a Primero H, la socimi “social” para personas sin hogar que ha lanzado el propio sector; RAV En7, de un fondo de Luxemburgo, y la primera en debutar, Round Robin, especializada en comprar inmuebles vía subasta. Esta última tiene detrás a la familia Ventero, cuyo patriarca, el empresario inmobiliario y ex accionista del Atlético de Madrid Enrique Ventero, fue condenado a ocho meses por cohecho en el caso Malaya.

Tan atractivo es Portfolio para las socimi que, además de monopolizar por ahora ese índice, entre los cerca de ochenta accionistas de esta nueva bolsa hay dos vinculados a este tipo de inmobiliarias: el madrileño Ángel Soria, uno de los grandes propietarios de oficinas de Madrid, y una sociedad de Eduardo Losada, CEO de la socimi Matritense, cotizada en BME Growth, controlada por una sociedad de Jersey y con un hijo de la multimillonaria Carmen Godia, Rafael Tous Godia, en su consejo de administración.

El CEO de Portfolio explica que Ángel Soria, un discreto multimillonario que no hace mucho acusaba al Gobierno de tener a los periodistas “comprados” y arremetía contra su gestión del COVID, ya tenía en mente lanzar su socimi cuando se convirtió en accionista, conocía los costes y “lo entendió a la primera”.

Losada “estaba sufriendo en sus carnes el proceso de cotizar en BME Growth”, con un coste de salida “de 600.000 euros”, y ha visto “los ahorros de costes económicos y burocráticos” de esta plataforma. “Estamos encantados de que haya inversores que luego se conviertan en futuros clientes”, dice el CEO de Portfolio, en cuyo accionariado hay también abogados y directivos de sociedades gestoras o bancos “a título personal”. 

El ejecutivo niega conflicto de interés en la presencia en su accionariado de empresas susceptibles de cotizar ahí. Subraya que, tras pasar el filtro de auditor y asesor, las emisiones las aprueba el consejo de administración de Portfolio. Compuesto por ahora por seis consejeros (a la espera de que la CNMV les apruebe ampliarlo a 12), entre ellos hay un ex director de Mercados en la Bolsa de Londres y el ex CEO de la bolsa británica Turquise. El presidente es Rafael de Cascante, ex director Jurídico de Santander Investment Bolsa.

Acompañando toda la due diligence (no es consejero) y vigilando todo el proceso está el director del departamento de Entidades Participantes, Javier Rodríguez, que lleva 25 años haciendo M&A de small caps [empresas con acciones de baja capitalización] y mid caps [empresa cotizada cuya capitalización bursátil se considera de tamaño mediano en relación con otras empresas cotizadas en el mercado]. “Ha visto 300 compañías cuanto menos”, dice el CEO de Portfolio.

Navarro defiende que las socimis son un asunto “geoestratégico” para atraer inversión a España, líder europeo en estos vehículos. “Cuando un fondo extranjero decide invertir en la UE para ellos al final es un número. Si Italia les da un 17% y España el 13%, se van a Italia sin ningún problema, a ellos les da igual”, razona.

Recuerda que los dividendos de estos vehículos tributan (al 10%) y defiende que con ellos “tienes todo el patrimonio inmobiliario auditado, valorado de forma actualizada, generas mucha rotación de los activos” y se incentiva la inversión en renovar inmuebles.

“Esa operativa lleva ingenieros, constructores, tasadores, abogados, auditores, banqueros…. sirve para dinamizar muchísimo el ecosistema. Yo entiendo que se pueda ver como un vehículo de eficiencia fiscal, pero el impacto que tiene en la sociedad y la transparencia que da a la valoración y la gestión de los activos compensa”.

Un parto y salvedades

Impulsado por un grupo de profesionales con experiencia en la industria financiera, encabezados por Navarro (abogado de 42 años, ex del bufete Ashurst en Londres en temas de mercado de capitales) y el emprendedor tecnológico Mariano Torrecilla, el nacimiento de Portfolio ha sido casi un parto. Su génesis data de hace ya cinco años. 

El lento proceso de autorización de la CNMV para supervisar la solvencia, ratios, capital, recursos propios, plan de negocio o la plantilla que gestiona el sistema multilateral de negociación es la razón que explica, según Navarro, que las cuentas de la empresa del ejercicio 2022, primeras auditadas, tengan salvedades e incluyan varios párrafos de énfasis.

En su informe del 16 de junio, la firma BDO avisa de que las cuentas de Portfolio se reformularon dos días antes “no explicando en la memoria adjunta los motivos”. Y llama la atención sobre la “situación patrimonial delicada” de la empresa que, a cierre de 2022 no tenía ingresos, lo que siembra dudas sobre su capacidad para seguir en funcionamiento.

Según el CEO de Portfolio, es un tema meramente técnico ya solventado. Explica que tras obtener la primera licencia de la CNMV en junio de 2022, inscribir cambios en el capital social, el accionariado o incluso la plantilla habrían obligado “a repetir otra vez el proceso de autorización subsanando los cambios”. 

“Como el proceso era tan largo, no teníamos visibilidad sobre cuánto iba a durar y no sabíamos cuánto teníamos que levantar”. “Sobre la marcha, lo que ideamos con los inversores fue ir firmando préstamos participativos”, conforme los fueran necesitando, para convertirlos todos juntos en acciones en una junta celebrada justo después de la emisión de ese informe de auditoría.

En las cuentas, accesibles a través de Insight View, Portfolio confía en alcanzar “85 operaciones para 2023 y 2024 hasta llegar al punto de break-even y comenzar a generar beneficios”. De aquí a fin de año esperan, explica su CEO, “sacar tres o cuatro vehículos más”, con lo que en 2023 no van a alcanzar las 40 compañías que confiaban en alcanzar en febrero o las 15 que se fijaban en septiembre.

Pero Navarro es optimista y afirma que el primer semestre de 2024 “viene muy cargado”. Las migraciones de Elix y P3 han dado “confianza” a “socimis, empresas y gestores que estaban mirándolo desde fuera”. “Para antes de julio del año que viene va a haber una buena cantidad”, con “15 nuevas ejecutadas perfectamente”. Este miércoles tienen un evento en Málaga con el bufete Martínez Echevarría para presentar su propuesta a empresas familiares andaluzas. 

Tras las socimis, el siguiente paso será captar grupos familiares y firmas de capital riesgo. Por ahora se proponen convencer a grupos familiares que facturen más de 100 millones anuales. “A lo mejor son proveedores de un Consum, Mercadona, Inditex, con mucho track record, facturación comprobada, clientela estable…”. El enfoque a medio plazo es “global: estamos intentando traer empresas mexicanas, de Países Bajos, de Portugal, de Francia…”.

Al admitir a un nuevo miembro, analizan “caso por caso, hacemos la due diligence que consideramos oportuna al margen de la que haga el despacho”, para tener “el menor número de riesgos posibles. Somos conscientes de que más aún siendo un mercado nuevo no nos podemos permitir un cliente que luego sea un pufo”.

Un sector del que desconfían es el de las renovables: “Hay un poco de burbuja y pueden pasar cosas raras”. También el tecnológico, “en el que es fácil que pueda haber un poco de humo o te vendan gato por liebre”. Ahora toca “construir buena reputación”.

La Comunidad de Madrid contrató a finales de 2021 por 2,8 millones de euros a una inmobiliaria en la que participa la familia de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, mentora política de Isabel Díaz Ayuso. La empresa es el casero de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, que dirige Concepción Dancausa.

Según el portal de contratos de la Comunidad de Madrid, el 30 de diciembre de 2021 la Dirección General de Patrimonio y Contratación de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, que dirige otro antiguo pupilo de Aguirre, Javier Fernández-Lasquetty, autorizó el arrendamiento del local A (entreplanta y altillo) y de las plantas 2ª, 3ª, 4ª y 11ª del edificio de la calle Agustín de Foxá 29 de Madrid por un importe de 2.859.671,53 euros, más IVA.

El contrato fue adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad a Orbis Foxá 29, SLU, perteneciente a Orbis Properties, una sociedad cotizada de inversión inmobiliaria (socimi) radicada en Madrid en la que participa la familia de Aguirre a través de una sociedad en Luxemburgo.

Según el Registro del Gran Ducado, la mercantil La Granjilla de la Fresneda, SL, domiciliada en la finca La Granjilla de la familia Aguirre en El Escorial (Madrid), es uno de los socios de EPISO 4 Rebound Holding, dueña de Orbis Properties Socimi. Controla la totalidad de los títulos de clase B1, 2.880 acciones, de esa instrumental.

La empresa de los Aguirre tiene como objeto social, según sus cuentas, “la explotación de uso de la finca denominada La Granjilla”, perteneciente a la expresidenta y su familia, cuya vinculación con esta propiedad de recreo mandada construir por Felipe II en las inmediaciones de El Escorial (Madrid) es conocida.

Sin ir más lejos, el pasado 22 de abril, en vísperas de la exhumación de José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos (en el término de San Lorenzo de El Escorial), a Aguirre, de 71 años, se la pudo ver al volante de un vehículo merodeando por el municipio de Galapagar, preguntando a los lugareños cómo llegar hasta el vecino El Escorial.

Seis días después, el 28 de abril, los socios de la propietaria de la socimi, entre ellos, la sociedad de los Aguirre, acordaron en una asamblea extraordinaria cambiar sus estatutos y renovar el consejo de administración de su instrumental luxemburguesa. Nombraron por tiempo indefinido a una ciudadana rusa, Ana Schmitt, como administradora.

Inactiva hasta 2020

Sin empleados, La Granjilla de la Fresneda SL tiene como administrador desde su creación en 2008 al empresario y consultor inmobiliario Santiago Aguirre, hermano de la expresidenta. Como apoderada figura su hermana Piedad. La empresa estuvo aparentemente inactiva hasta 2020.

Pero ese año, meses después de que la Comunidad de Madrid adjudicase (de nuevo, sin concurso público) dos contratos a Orbis por importe de cerca de medio millón de euros (en diciembre de 2019 y en junio de 2020), La Granjilla de la Fresneda SL se convirtió en accionista de la dueña de la socimi. Su entrada en el capital de la matriz luxemburguesa se produjo el 24 de noviembre de 2020, dos meses después de aprobar en España una ampliación de 200.000 euros que fue directa a la partida de “inversiones financieras a largo plazo”, según se desprende de sus cuentas de 2020, disponibles a través de Insight View.

En 2021, esta partida, cuyos activos la empresa de los Aguirre no detalla, se triplicó y alcanzaba 610.117 euros. La Granjilla de la Fresneda es, además de accionista minoritario, prestamista de la dueña de Orbis Properties. A cierre de 2021, esa instrumental de Luxemburgo tenía contraído con la sociedad de los Aguirre un préstamo a largo plazo de 259.209 euros que ese año devengó unos 8.000 euros en intereses, según sus cuentas de ese ejercicio.

Junto a La Granjilla de la Fresneda SL, en la dueña de Orbis figuran otros dos socios. El mayor accionista es otra entidad luxemburguesa, EPISO 4 Luxembourg Holding Sarl, con 1.185.000 acciones tipo A. El rastro de esta instrumental lleva hasta la británica European Property Investors Special Opportunities 4 LP. Tras ella hay fondos de pensiones de Estados Unidos y firmas como Arango Investment Fund (en Vaduz, Liechtenstein), según el Registro de Reino Unido.

El otro socio es la firma de Reino Unido Savills IM Investment Limited propietaria de otros 11.520 títulos de clase B2, y filial de la consultora inmobiliaria Savills, cuya división en España preside Santiago Aguirre. El empresario vendió en 2018 su antigua consultora, Aguirre Newman, a esa firma de origen británico. Ingresó junto a su socio, Stephen Newman, 67 millones de euros. Aguirre se asoció con Allen Sanginés-Krause, el millonario mexicano que pagó gastos opacos de Juan Carlos I que llegó a investigar la Fiscalía.

elDiario.es contactó con Savills y con un portavoz de Santiago Aguirre para precisar su participación en Orbis Properties y el detalle de los socios de La Granjilla de la Fresneda SL. La consultora y el empresario han declinado hacer comentarios. La socimi tampoco ha atendido una consulta de este medio.

Cotizada en París

El contrato con Orbis, uno de los de mayor importe que ha firmado la Comunidad de Madrid como inquilina durante el mandato de Ayuso, comprende el alquiler de 2.242,44 metros cuadrados del edificio de Agustín de Foxá 29. La consejería ocupa este inmueble desde 2010 y también tiene oficinas en el número 31. En la resolución de adjudicación se explica que ya era arrendataria de algunos de esos locales en virtud de un contrato adjudicado en diciembre de 2016. Entonces el edificio pertenecía a la inmobiliaria Colonial, en la que participaba el empresario Juan Miguel Villar Mir.

A ese contrato se sumó otro el 30 de diciembre de 2019, cuando el inmueble ya era de Orbis, para el local A de entreplanta y altillo, y otro en junio de 2020 para el módulo B de la Planta 4ª. “Algunos de esos contratos finalizaban el 31 de diciembre de 2021, y con el objeto también de unificar en un solo documento todos los contratos actuales”, las partes decidieron firmar este nuevo contrato. Este entró en vigor el 1 de enero de 2022 y tiene una duración inicial “de obligado cumplimiento” de cinco años, hasta el 30 de noviembre de 2026, con posibilidad de prorrogarlo hasta 2028.

La renta mensual pactada es de 43.727,58 euros, más IVA, hasta el tercer año, con una carencia del 100% en los seis primeros meses; el cuarto y quinto año de vigencia, subirá a 44.288,19 euros mensuales, y el sexto y séptimo año, a 44.848,8 euros. De ello resulta un precio del metro cuadrado de unos 18 euros, contando esos seis meses de gracia. El contrato especifica que los servicios y gastos generales del inmueble serán gestionados, contratados y satisfechos directamente por la Comunidad de Madrid.

El contrato se firmó en un momento de elevada incertidumbre en el mercado de oficinas por el auge del teletrabajo a causa de la pandemia, con las rentas a la baja y la ocupación al alza, en el entorno del 9,75% en 2022, según datos de Savills. A la pregunta de por qué no se abrió un concurso nuevo, la Consejería de Economía indica que “los contratos de arrendamiento no se rigen por la Ley de Contratos. Es un contrato patrimonial, se puede adjudicar de manera directa como se informa y justifica en el propio contrato”.

Es el procedimiento que suele utilizar la Comunidad de Madrid para alquilar sus oficinas, aunque nada impide a la Administración abrir el proceso a varias empresas en un concurso público. La resolución que dio publicidad al contrato, que firmó Jorge Jiménez de Cisneros Bailly-Baillière, director general de Patrimonio y Contratación de la Comunidad de Madrid y secretario General del PP de Chamberí, indica que la Ley de Patrimonio madrileña “permite la contratación directa” en atención a la “singularidad del bien o derecho que se pretenda adquirir”.

En este caso “viene determinada por encontrarse la Comunidad de Madrid ya implantada en el mismo espacio, no considerándose la alternativa de arrendar otro local de características similares”.

“No se considera que la alternativa de arrendar otro local de características similares produzca a día de hoy ventajas económicas y prácticas que la hagan deseable para la Administración ya que no se encuentran inmuebles similares con rentas suficientemente bajas para que compensen los costes de la inversión para la implantación, mudanza y duplicidad temporal de alquileres durante la fase de proyecto, legalización y obras”, argumentó la Comunidad.

Orbis Properties Socimi se constituyó en julio de 2018 y se acogió al régimen socimi en septiembre de ese año. En lugar de cotizar en España (es imprescindible salir a Bolsa para disfrutar de las ventajas fiscales de estos vehículos de inversión), eligió Francia, un camino similar al de otras como Montepino, socimi participada por Bankinter, cuya primera ejecutiva es Dolores Dancausa, hermana de la consejera madrileña de Familia. El pasado viernes, Montepino anunció que ha recibido 'luz verde' para comenzar a cotizar en el Euronext Access de París.

Lo mismo que hizo en su momento Orbis, cuya salida al parqué pasó completamente desapercibida. La socimi adoptó su actual denominación en pleno confinamiento, el 26 de marzo de 2020, y empezó a cotizar en Euronext el 30 de julio de 2020 a un precio de 13,6 euros por acción. Como explica en sus cuentas, todos sus ingresos proceden “de inversiones inmobiliarias en régimen de alquiler localizadas en la Comunidad de Madrid”. Según su web, tiene cinco edificios de oficinas con 72.289 metros cuadrados de superficie en el parque empresarial Cristalia, Campo de las Naciones, Alcobendas, en la calle Juan Ignacio Luca de Tena y en Agustín de Foxa, 29.

Este último lo adquirió por 29,5 millones y se ubica en el eje del futuro Distrito Castellana Norte, frente a la estación de tren de Chamartín, una localización “muy buena para compañías de tamaño mediano”, dice Orbis en su web. Alberga unidades administrativas de la consejería de Dancausa y de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).

Este organismo autónomo ofrece “servicios sociales especializados a los colectivos de especial vulnerabilidad”, según la web del gobierno regional, y gestiona residencias para la tercera edad, centros de día de mayores, centros para personas con discapacidad intelectual, comedores sociales o residencias maternales.

La socimi Orbis tenía valorados sus inmuebles en 246 millones en 2021. Sin empleados, como suele ocurrir en este sector, en ese ejercicio (último del que ha presentado cuentas) facturó 12,76 millones, un 8,2% menos, “debido al reconocimiento de diferentes periodos de gracia con inquilinos nuevos o existentes a causa del impacto de la Covid-19, y el impacto del gradual incremento del trabajo remoto en aquellos clientes cuya actividad lo permite”. El bajón de facturación fue del 17% comparado con los 15,35 millones de 2019.

La socimi nunca ha dado beneficios. Desde su creación hasta 2021, acumula números rojos de más de 28,7 millones. En 2021 las pérdidas fueron de 2,96 millones, en 2020, de otros 8,13 millones. Foxa 29, la dueña del inmueble que aloja a la consejería de Dancausa, fue una de las dos sociedades de Orbis que sí dio beneficios en 2021. Esto le permitió repartir dividendos a su matriz, explica en sus cuentas.

En ellas indicaba que, a causa de la pandemia “y el descenso de las rentas actuales y esperadas”, algunas de sus filiales “podrían experimentar tensiones de liquidez en los próximos meses”, aunque tenía el apoyo de sus accionistas para hacerles frente. Con una deuda bancaria de más de 146 millones, en 2021 Orbis acordó con sus acreedores, Caixabank y Deutsche Pfandbriefbank AG, un periodo de gracia de dos años para amortizar el principal de la deuda a costa de subir la parte a tipo fijo al 2%, medio punto más, hasta el 30 de julio de este año.

------------------------------

Te necesitamos más que nunca

El resultado electoral de las elecciones municipales y autonómicas no deja lugar a dudas. Viene una ola reaccionaria y la mayoría de los medios nadan en esa misma dirección. elDiario.es se ha convertido en uno de los pocos periódicos de referencia, con capacidad de marcar la agenda y destapar investigaciones exclusivas, que sigue siendo independiente y no está capturado por la derecha. Si crees que el periodismo importa y afecta a nuestras vidas, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es

“Bonitos no son. Tienen que ser robustos”. Así valoraba este miércoles el consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Clemente, el negocio en el que ha puesto el foco la compañía inmobiliaria, los centros de datos. Lo hizo durante la junta anual de accionistas de la compañía, en la que renovó su puesto como primer ejecutivo de la sociedad. Un cargo que estuvo en la cuerda floja hace solo unos meses.

“Es una categoría en la que llevamos trabajando casi tres años antes de lanzarnos”, reconoció durante su discurso. “Es un mercado en claro auge, donde hay escasez de producto y además hay un catalizador temporal, que es el 'timing' de entrada; porque está llegando un importante número de cables submarinos a la Península. Cuando se produzca, aumentará el tráfico de datos”, concluyó Clemente.

Para la sociedad cotizada de inversión inmobiliaria  (Socimi), los 'data center' se están convirtiendo en “el activo estrella”, explica a elDiario.es Enrique Fonseca, uno de los responsables de su negocio de centros de datos. Lo son porque “hay mucho interés inversor, sobre todo institucional, porque los retornos que generan son muy atractivos, son de doble dígito; y son proyectos a muy largo plazo, con inquilinos que son de la mejor solvencia, que dan mucha seguridad”. 

Hasta ahora, sobre todo antes de la pandemia, esos fondos y firmas de inversión ponían el foco en activos como las oficinas, principalmente las situadas en ejes clave de las grandes ciudades. Ahora la prioridad vira a conseguir inquilinos a muy largo plazo en negocios que, a priori, no van a ir a menos.

Cuatro proyectos

En el caso de Merlin, estos centros de datos están en una fase inicial. La sociedad cotizada enfocada en el alquiler tiene en marcha cuatro desarrollos: en Bilbao-Arasur, Barcelona-PLZF, Madrid-Getafe y Lisboa-VFX. A día de hoy, solo tiene licencia para el primero de ellos, que previsiblemente estará construido en 2023 y espera contar con las otras tres licencias de construcción antes de que acabe este año.

Detrás de este cambio de prioridades en un sector como el de la inversión en ladrillo es que se buscan contratos de arrendamiento donde el subyacente, el negocio que hay detrás del contrato inmobiliario, ya no está tanto en la actividad analógica, sino digital. Y esta puede ser un negocio logístico ligado al comercio electrónico o centros de datos de una tecnológica 100% digital. “Ahí las grandes empresas se cuentan con los dedos de una mano”, incide Francisco Porras, también, responsable del negocio de ‘data center’ de Merlin.

No hay tantos nombres -básicamente, multinacionales tecnológicas- pero Merlin no habla de posibles clientes. Sí indica que se trata de empresas donde los ‘data center’ son la base de la pirámide que sustenta todo su negocio, ya sean empresas que trabajan con 'cloud' pública o enfocadas en las redes sociales. Sí cuentan con un cliente para su proyecto en Bilbao, que no desvelan, el primero en echar a andar, que podría ampliarse a Madrid y Barcelona. Un contrato que tendrá una duración de 45 años.

Como prueba de ese giro de negocio y de ese cambio de prioridades, los directivos mencionan la venta a BBVA de una cartera de más de 600 sucursales de la entidad financiera, que permanecía en ellas en alquiler. Una operación valorada en 1.987 millones de euros, según indicó Merlin a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Un negocio donde España va con retraso

Merlin reconoce que el negocio de los centros de datos en España es muy incipiente si se compara con otros países. En su mercado doméstico, aún no se llega a centros que suman 86 MW, cuando la media en las capitales europeas es de 2.000 MW. Vamos con retraso. 

El objetivo que persigue la Socimi, según desglosó en su junta de accionistas, es desarrollar primero los cuatro ‘data center’ mencionados que alcanzarán los 70 MW en cinco años. Eso le supondrá, apunta, una inversión de 596 millones de euros y unos ingresos netos brutos anuales de 75,2 millones. 

Ese es el plan inicial, pero la compañía asume que puede acelerar y alcanzar inversiones que le permitan llegar a los 200 MW. De momento, esta segunda meta no está sobre la mesa, aunque tenga la puerta abierta a buscar y encontrar más suelo para nuevos desarrollos de centros de datos. 

El consumo de energía y agua

El asterisco en esta búsqueda es que no vale cualquier terreno. Los responsable de Merlin indican que, tanto en este negocio como en el de logística, la Socimi es propietaria de los suelos y estos, en el caso de los ‘data center’, tienen que tener viabilidad desde el punto de vista de suministro energético, acceso a la red de telecomunicaciones, proximidad a núcleos de población y una morfología de sismicidad segura. 

Es ahí donde entran también otras exigencias de suministro, como que la electricidad de estos centros tiene que ser de origen renovable. “Este es un sector electrointensivo aunque a día de hoy no se considera así”, explican los directivos de la compañía. “Necesitamos que la energía sea verde, renovable”, asume; porque ante el elevado uso de energía de estas instalaciones, la cotizada no lograría los objetivos de descarbonización, de cero emisiones de CO2 en 2050, que ha marcado Bruselas. “Los acuerdos con las compañías energéticas van en paralelo. Estamos en negociaciones con diversos proveedores”, acotan sobre la cuestión eléctrica.

El otro gran consumo es el de agua. La Socimi asume que los centros de datos consumen altos recursos hídricos. Sin embargo, su caso es diferente porque, asegura, no consumen agua sino glicol, un químico que se emplea para la refrigeración. La tecnología no es de la Socimi, sino de Endeavour su socio estadounidense en esta actividad, donde la cotizada inmobiliaria aporta el suelo y la inversión y la norteamericana el modelo de gestión y tecnológico.

Clave geográfica

Los responsables de ‘data center’ de la inmobiliaria reconocen que este es un segmento de mercado nuevo donde hacer previsiones a futuro no es fácil. Su baza, analizan los directivos, está en la posición geográfica de España, respecto al conjunto de la Unión Europea, América y África. 

“Por un lado, la Unión Europea ha lanzado el proyecto de soberanía del dato. Por otro, la situación de la Península Ibérica es estratégica, porque estamos en la misma latitud que Nueva York y, desde Lisboa, hay menos distancia a Fortaleza [Brasil] que la que hay desde Miami”, argumenta Francisco Porras. “Y somos el nexo con África”, añade.

Precisamente, Ismael Clemente desglosó en la junta el potencial de esos cables. Apuntó como eje ya operativo, desde 2017, el Marea, que une Estados Unidos con Europa (por Bilbao) y que está impulsado por Meta (Facebook) y Microsoft. Para este año, indicó, está previsto el Grace Hopper, que también une el país norteamericano con la UE a través de Euskadi, e impulsado por Google; y el EllaLink, que llega a Lisboa desde Fortaleza, financiado por la firma de inversión Marguerite.

Quedan otros dos cables submarinos pendientes. Para 2023 está previsto el 2Africa que rodeará todo el continente y llegará hasta la capital portuguesa, que desarrolla China Telecom, según indicó Clemente; y el Meduse, que ligará Israel con Barcelona y Lisboa, del operador de telecomunicaciones AFR-IX. Y, si hay cables, tiene que haber centros de datos para operarlos. “De cara a futuro, van a ser clave en nuestros ingresos”, concluyó el CEO de Merlin.

Un expresidente del Gobierno que ejerce como registrador mercantil y que choca de pleno con una sociedad de inversión inmobiliaria (una socimi) por no cumplir los requisitos exigibles a la hora de presentar sus cuentas de resultados.

Eso ha ocurrido con el expresidente Mariano Rajoy Brey, que, desde su plaza en el Registro Mercantil número cinco de Madrid, no ha permitido el depósito de cuentas de la empresa Renta y Valores 80 Socimi, principalmente, por no presentar un informe de auditoría. 

El eje del choque de opiniones entre el Registro Mercantil y la empresa de inversión en el sector inmobiliario es la naturaleza de este tipo de compañías. Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (las socimis) por su propia naturaleza deben cotizar pero, en el caso de Renta y Valores 80, pese a que se constituyó en 2013, no ha llegado a dar el salto al mercado de compraventa de acciones.

Y, por ese motivo de no ser cotizada, la empresa justifica que no tenía que cumplir ese requisito de revisión de cuentas por parte de un auditor externo, según la información publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

Las socimis, desde su creación hace casi una década, han sido una de las figuras empresariales que provocan controversia porque su forma jurídica les permite una exención total del Impuesto de Sociedades respecto a las rentas que obtienen del alquiler de inmuebles. En cambio, son los accionistas los que tributan por los dividendos que obtienen, siempre que tengan beneficios.

Los dos 'noes' de Rajoy

El primer 'no' del expresidente a Renta y Valores 80 Socimi lo dijo el 12 de julio del pasado año. Entonces, Rajoy, en calidad de registrador mercantil de Madrid y “previo examen” de los documentos presentados por la empresa, “resuelve no practicar el depósito de cuentas por haber observado” diferentes “defectos que impiden su práctica”, según recoge la información publicada en BOE.

En concreto, porque en las cuentas “no se expresa la aplicación del resultado, no consta la firma del certificante”. También, enumera, porque “no tiene validez la firma digital en presentación en papel, no figura inscrito ningún auditor, para esta sociedad y no se acompaña original del informe de auditoría”.

El segundo rechazo del registrador Mariano Rajoy a la socimi se produjo semanas después, el 4 de agosto. Entonces se centró solo en la falta de la revisión de cuentas. En este caso, la empresa debía “aportar el informe del auditor de cuentas, el cual ha de constar inscrito en este registro”.

Fuentes de la empresa explican a elDiario.es que sí está constituida como socimi, pero que no cotiza y que en el pasado ya había presentado cuatro cuentas de resultados en el Registro Mercantil sin informe de auditoría y que estos no habían sido rechazados. Hasta que el registrador de sus cuentas fue Mariano Rajoy.

Tras esos dos rechazos, la empresa solicitó una “calificación sustitutoria”, a finales de agosto de 2021, que recayó en la registradora de la Propiedad de Torrejón de Ardoz, Sara Pilar Fernández Álvarez.

Esta emitió en septiembre una “resolución confirmatoria” y Renta y Valores 80 Socimi SA interpuso recurso en octubre, donde afirmaba, según consta en el BOE, que la sociedad es una socimi y, como tal, “se encuentra sujeta a su regulación especial, que carece de referencia alguna a la auditoría de cuentas y que, de las normas citadas por el registrador, la sociedad no cumple con los límites que se exigen para que sus cuentas tengan que ser auditadas”.

Ese recurso no prosperó, se ratificó el rechazo de las cuentas y el informe ha acabado en manos de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que depende del Ministerio de Justicia y que, básicamente, da la razón a los motivos por los que el registrador Mariano Rajoy rechazó el registro de las cuentas de la socimi.

Debe cotizar y no importa que no cotice

En su resolución, la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago, desglosa que “el hecho de que toda socimi se encuentre estructuralmente obligada a cotizar en mercado secundario le impone el carácter de sociedad obligada y, en consecuencia, sujeta a los requisitos que para su depósito de cuentas se determinan en la Ley de Sociedades de Capital”. 

“En nada altera la afirmación anterior el hecho de que la sociedad que da lugar a la presente no sea objeto de cotización en mercado alguno, según afirma el recurrente”, argumenta la resolución. “Dicha circunstancia, que no resulta del expediente, ni altera su naturaleza ni impide la aplicación del régimen legal a que se ha sometido voluntariamente, sin perjuicio de otros efectos previstos en la norma”. Por ello, resume, procede la desestimación del recurso.

Se agota así la posibilidad de recurso por la vía administrativa, pero no la opción de acudir a los tribunales, porque la resolución sí puede recurrirse ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid durante un plazo de dos meses. 

La socimi, según indican las citadas fuentes de la empresa, no va a optar por esa vía y va a presentar el informe de auditoría que le ha exigido el Registro. De hecho, la empresa está planteándose mantener o no el carácter de socimi.

Una empresa con 15 millones en inversiones inmobiliarias

Renta y Valores 80 Socimi se constituyó en 2013, enfocada en la actividad propia de una sociedad de este tipo, “el arrendamiento de inmuebles por cuenta propia”, según figura en sus últimas cuentas de resultados que sí están en el Registro y que no tienen informe de auditoría, las del año prepandemia.

En ese 2019, la socimi obtuvo un beneficio de 13.695 euros que no se destinó a dividendos, sino a compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Esas cuentas indican que la compañía contaba con un patrimonio neto superior a los 8 millones de euros e inversiones inmobiliarias, que no identifica en esa memoria anual, por importe de 15 millones.

Actualmente, la compañía tiene como administrador único a Iván Ildefonso Pavón Castro y, hace una década, esta sociedad no era el único vehículo inversor de su familia. Según la información publicada por El Confidencial, el grupo familiar Pavón Olid, que había sido dueño de Cambios Sol (Money Gram) y de la empresa de autobuses de rutas turísticas Madrid Visión, constituyó Promociones, Renta y Mantenimiento Socimi también en 2013. Una firma que vendieron en 2019 al Grupo Iffe, según el portal especializado en inmobiliario 'Ejeprime'.

Una pequeña sanción en cuantía pero por una “infracción muy grave”, según el criterio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El supervisor del mercado bursátil confirmó la pasada semana una sanción de 15.000 euros a Fulgencio Tomás Olivo Sánchez, hijo del accionista mayoritario de la socimi General de Galerías Comerciales que, según indica la compañía, no tiene vinculación con la empresa.

General de Galerías Comerciales es una de las inmobiliarias que no está entre las grandes del Ibex, sino que cotiza en el BME Growth, el mercado que concentra a las empresas en expansión, y de la que Tomás Olivo López, conocido como 'el rey de los centros comerciales', controla más del 99% del capital y es presidente y consejero delegado.

Puede que sea una compañía en fase de crecimiento, pero la sociedad de inversión inmobiliaria especializada en centros comerciales tiene un valor en bolsa superior a los 3.600 millones de euros. 

General de Galerías Comerciales vale en el parqué más que siete compañías del Ibex, entre otras, más que Indra o Meliá Hotels, y está cerca de alguno de los pesos pesados del sector inmobiliario, como Colonial, que roza los 4.000 millones de euros.

Una evolución en el parqué que ha colocado a Tomás Olivo en los listados de 'los más ricos' o de 'los grandes millonarios' de España. Esta semana, el diario 'El Mundo' ha situado a Tomás Olivo como la decimosegunda mayor fortuna de España, estimada en 2.615 millones de euros. Un patrimonio que no está exento de controversias. Por ejemplo, los negocios que habría realizado el empresario en Marbella durante las alcaldías de Jesús Gil, Marisol Yagüe y Julián Muñoz, así como una condena por maltrato a su exmujer, según la información publicada por el diario 'El País'.

Una sanción por manipulación de mercado

La CNMV confirmó el 3 de febrero, vía publicación en el BOE, la resolución de su consejo del pasado 25 de marzo, en el que impuso una sanción muy grave a Fulgencio Tomás Olivo Sánchez.

La CNMV justificó la multa en una “práctica de manipulación de mercado sobre acciones de General de Galerías Comerciales Socimi, SA, en las sesiones del 15 y 16 de noviembre de 2017”.

El supervisor hace referencia al artículo 282.5 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, que recoge la “alteración significativa de la cotización”; y al Reglamento europeo de abuso de mercado, aprobado en 2014. Respecto a este, recoge diferentes operativas o movimientos accionariales. Bien “ejecutar una operación, dar una orden de negociación o cualquier otra conducta” que o “transmita o pueda transmitir señales falsas o engañosas en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de un instrumento financiero o de un contrato de contado sobre materias primas relacionado con él” o “fije o pueda fijar en un nivel anormal o artificial el precio de uno o varios instrumentos financieros o de un contrato de contado sobre materias primas relacionado con ellos”.

Entre el 14 y el 16 de noviembre de 2017, los títulos de la socimi se dispararon más de un 11,3%, al pasar en esas dos sesiones de los 97,9 euros a los 109 por acción. La socimi alcanzó su máximo en bolsa en diciembre de 2019, cuanto llegó a 144 euros el título. Actualmente, permanece en los 140 euros.

La multa de 15.000 euros es firme en vía administrativa, pero “susceptible de revisión jurisdiccional por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional”, según la información publicada en el BOE. En cuanto al porqué de esa cifra, la CNMV no lo desglosa.

Cómo actúa la CNMV

El organismo no entra en casos concretos, pero sí explica cómo actúa. Señala que, “para la detección y prevención de posibles conductas de abuso de mercado, la CNMV dispone de diversas fuentes de información, entre las que la más relevante es la comunicación diaria de operaciones sobre instrumentos financieros que realizan las empresas de servicios de inversión, las entidades de crédito y los mercados”.

Con la “información contenida en estas comunicaciones alimenta un sistema electrónico de alarmas que utiliza el Departamento de Mercados Secundarios para detectar posibles casos de abuso de mercado. Otra importante fuente de información es la comunicación de operaciones sospechosas por parte de las entidades”, añade el organismo presidido por Rodrigo Buenaventura.

“La CNMV, a través de su Unidad de Vigilancia de los Mercados (UVM), investiga en profundidad aquellas situaciones en las que se han podido realizar prácticas contrarias a la integridad del mercado. Por un lado, las investigaciones persiguen detectar casos de realización o intento de realización de operaciones con información privilegiada, o de recomendación de operaciones basadas en esta o de su comunicación ilícita; y, por otro, prácticas de manipulación de mercado o intento de manipulación”.

Además, el supervisor también revisa otros aspectos, “como la adecuada elaboración y mantenimiento de las listas de iniciados o la eficacia de los mecanismos, sistemas y procedimientos de las entidades que prestan servicios de inversión para la identificación y comunicación a la CNMV de operaciones sospechosas de abuso de mercado. Tras la finalización de las investigaciones de la UVM, la CNMV decide la posible aplicación de medidas, entre ellas las disciplinarias”.

Respecto a cómo determina las sanciones, según la Ley del Mercado de Valores, puede ser la mayor de las siguientes cantidades: “el quíntuplo del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista la infracción”, o “un 5% de los recursos propios de la entidad infractora o de los fondos totales, propios o ajenos, utilizados en la infracción”; o, por último, de hasta 600.000 euros.

Una decena de centros comerciales

General de Galerías Comerciales nació como compañía en 1995, pero no fue hasta 2017 cuando dio el salto al parqué, al entonces denominado Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Cuenta con una cartera de nueve centros comerciales en Andalucía, Catalunya, Islas Canarias y la Región de Murcia. Uno de ellos, el Nevada Shopping, en Granada, conllevó una batalla judicial con la Junta de Andalucía, que retrasó su construcción, y que se saldó con una victoria para el empresario, incluida una indemnización por importe de 165,6 millones de euros.

Al cierre de 2020, el último ejercicio con datos publicados, General de Galerías Comerciales contaba con un patrimonio neto superior a los 585 millones de euros. Un año, el de los confinamientos, en el que la sociedad de inversión inmobiliaria obtuvo una cifra neta de negocio de 128,8 millones de euros (un 4,2% menos que en el año prepandemia) y un beneficio neto de 78,7 millones de euros (un 51% inferior). De esa última cifra, 63 millones de euros fueron dividendos para su accionista mayoritario.

General de Galerías Comerciales no es la única actividad empresarial de Tomás Olivo, ya que también preside la sociedad Cartagena Parque, Emasa Empresa Constructora y es administrador único de Desarrollos La Coronela y Tolivo Corporation 2011.

En su folleto de salida a bolsa hace casi cinco años, la compañía definía el perfil de Tomás Olivo, de quien destacaba su “amplia trayectoria profesional siempre orientado al sector de la construcción, promoción y en especial al desarrollo, tenencia y explotación de grandes centros comerciales”. 

“Dirige todas y cada una de las fases del proceso de su compañía, en el que sobresale su capacidad para desarrollar (construir) los distintos centros comerciales que en la actualidad integran la sociedad”, argumentaba en 2017. “Uno de los principios básicos que han regido su trayectoria profesional ha sido llevar a cabo un análisis completo, y previo a la toma de decisión sobre una inversión a realizar desde la prudencia, no utilizando la financiación bancaria. Otro principio básico de su forma de entender los negocios, es el de no vender ninguno de los activos que se van incorporando al patrimonio de sus sociedades”, añadía.

No tira de financiación bancaria pero sí invierte en el sector. El pasado año, Tomás Olivo se convirtió en el principal accionista individual de Unicaja, tras su integración con Liberbank, con una participación del 3,57%, según figura en los registros de la CNMV.

Una guerra interna empresarial escenificada en plena semana de Navidad. Una pelea por el control de Merlin Properties, la mayor sociedad de inversión inmobiliaria (socimi) cotizada en España. A un lado, el Banco Santander, que controla casi el 25% del capital de Merlin, que es su principal accionista y quiere marcar el paso. A otro, su consejero delegado, Ismael Clemente, fundador y voz visible de la considerada como principal inmobiliaria del Ibex.

No es una guerra nueva, porque la disparidad de criterios y las diferencias en el modelo de gestión entre Clemente y Santander -de la mano del presidente no ejecutivo de Merlin, Javier García-Carranza- vienen de lejos, según indican fuentes conocedoras. Pero ahora, en esta recta final de 2021, las divergencias en estrategia y formas de gestionar se han hecho patentes y han sorprendido por su dimensión, añaden.

De momento, hay tregua. Este lunes, el consejo de administración de Merlin convocó una reunión de emergencia con el cese de Clemente como único punto del día. Un consejo, donde Santander cuenta con tres de los 13 asientos. Otro es para Ana Forner, en representación del otro accionista de referencia, Nortia (el grupo del ex empresario del sector del juego Manuel Lao), que suma el 6,2%. Además, se sientan en la dirección el propio Clemente, su mano derecha en las últimas décadas, Manuel Ollero; y siete independientes.

Las aguas volvieron a su cauce, en una decisión unánime de mantener al CEO, aunque todo indica que no es el final de la pelea, porque los problemas de fondo siguen ahí y buscar una solución que satisfaga a todos los implicados que quieren llevar la batuta no parece sencillo. 

“El consejo de administración, su presidente y su consejero delegado, reiteran su respeto mutuo y su expresa decisión de poner en marcha mecanismos precisos y medidas concretas para la gestión acorde con la mejor gobernanza de la sociedad”, rezaba el comunicado remitido a última hora del lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ni una palabra sobre qué mecanismos y medidas se implementarán porque, de momento, no hay decisión tomada.

El pacto de cerrar la batalla (en falso o no) fue unánime por parte de todo el consejo, después de que trascendieran las divergencias, que serían de calado, sobre el futuro modelo de Merlin como compañía cotizada; y sobre quién tiene que estar al frente. 

El hombre que puso Madrid en el foco de Blackstone

En el sector definen a Ismael Clemente como cercano en el trato, locuaz y, al mismo tiempo, ambicioso. Una locuacidad que ha quedado plasmada en numerosas entrevistas e intervenciones públicas donde Clemente ha desvelado opiniones que, en muchas ocasiones, nadaban contra corriente en un Ibex que, casi siempre, prefiere el perfil bajo.

Pero Clemente no ha ejercido perfil bajo, prácticamente, en ningún momento de la última década. 

Uno de los pasos clave fue su mediación en 2013 para que el fondo Blackstone se convirtiera en uno de los grandes propietarios de pisos sociales de Madrid, que sentó en el banquillo a la alcaldesa Ana Botella. 

Entonces, Clemente encabezaba la firma Magic Real Estate. Antes ya había estado en la gestora inmobiliaria de Deutsche Bank. Fue el mediador clave para que el megafondo estadounidense se fijara en los 1.860 pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), que compró por debajo del precio tasado. Blackstone pagó cerca de 130 millones de euros. De hecho, la acusación citó a declarar a Clemente en la causa, por su labor de asesoramiento a Blackstone, según recoge 'El Confidencial'. 

Precisamente, su mano derecha en esa operación Miguel Oñate, actual director general corporativo de Merlin, ha sido uno de sus defensores en la pelea en la cúpula de la socimi. En una misiva, Oñate, el equipo directivo y la plantilla respaldaron a Clemente antes de la reunión del consejo. Aseguraron que la sociedad de inversión inmobiliaria “no se merece comportamientos abusivos y feudales por parte de minoritarios”, en una clara referencia a la mar de fondo que arrastra la cotizada.

En esa carta, aseguran que Clemente impulsó el proyecto de Merlin “desde la nada” y que su equipo directivo “velará por los intereses de la sociedad hasta el final”. “No cederemos ante el abuso”, concluyen en su misiva.

De momento, los inversores parecen estar de su lado. Castigaron el valor ante su previsible marcha y lo respaldaron al saber que se queda. Este lunes, tras confirmarse la 'guerra' en el consejo, la acción se desplomó un 6,34%. Y este martes se recuperó un más de un 4%, lo que deja el precio de la compañía en el parqué por encima de los 4.300 millones de euros.

Como contexto sobre la dimensión de Merlin, es la mayor inmobiliaria cotizada y la mayor socimi de España, cuyos activos -más de 1.000- tienen que estar exclusivamente ligados al alquiler. En su caso, con un valor aproximado de 12.900 millones de euros.

Las declaraciones de Clemente

El CEO de Merlin Properties no suele ser parco en calificativos en sus intervenciones públicas. Este otoño, en vísperas de que el Gobierno presentara el anteproyecto de Ley de Vivienda, que busca controlar los precios en las zonas con tensión en los alquileres, Clemente abogó por convertir locales comerciales en pisos.

“Lo necesitamos como el comer, porque intentamos controlar los precios de la vivienda con medidas ocurrentes y absurdas, cuando podemos transformar el comercio en vivienda”, aseguró en octubre en un evento organizado por Barcelona New Economy Week.

Meses antes, en plena primera ola de la pandemia, aseguró en una entrevista a elDiario.es que la menor carga fiscal de España respecto al PIB, en comparación a otros países europeos, está vinculada a la “existencia tremenda de una economía sumergida”.

“Hay que ser sensato, saber cómo actuar sobre el sistema tributario sin romperlo, porque tiene unos equilibrios muy frágiles. Hay que tratar bien a quien paga impuestos en España, tiene su negocio en España, sus barcos con bandera española, vive aquí, que gasta aquí, que tiene obviamente unos trenes de vida altos como consecuencia de sus ingresos. Déjalos que funcionen. Lo que sería maravilloso es que España tuviera cincuenta Amancio Ortega, porque irradian riqueza a su alrededor”, aseguró.

También han estado en el foco sus retribuciones como CEO. En 2019, fue el sexto ejecutivo del Ibex con el sueldo más alto. Retribución que en 2020, rebajó a la mitad. Desde 2014, con la salida a bolsa de Merlin, ha percibido cerca de 35 millones de euros. Además, si finalmente sale de la socimi, Clemente recibiría una indemnización de 4 millones. De momento, su salida aún no tiene fecha.

“Creación de un ambiente de terror”, medios de comunicación “comprados” por el Gobierno, violación de los derechos fundamentales sin amparo legal y unos resultados en la gestión de la pandemia que define como “posiblemente los peores del mundo”.  

Así describe en sus últimas cuentas anuales Torre Rioja, inmobiliaria perteneciente al multimillonario madrileño Ángel Soria, las medidas adoptadas por el Gobierno español en 2020 para frenar la crisis sanitaria, que han tenido, según afirma, un importante impacto sobre esta empresa, dedicada al alquiler de oficinas y hoteles, y una de las últimas que se ha acogido al régimen de ventajas fiscales de las socimi (sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria).

Tras despacharse contra el Ejecutivo, Soria, un empresario con un perfil subterráneo que pasa por ser uno de los grandes propietarios de oficinas y solares en Madrid, acaba de aprobar el traslado a España de Matra Investments, sociedad instrumental con orígenes en Curaçao con la que desde Luxemburgo ha controlado Torre Rioja durante años.

Según documentación oficial, el pasado 28 de septiembre Soria aprobó la mudanza a España de esa empresa, que tenía activos de 271 millones y tras su traslado se llamará Torre Matra Invest SL. Estará domiciliada no en Madrid, donde Torre Rioja ha tenido históricamente casi toda su actividad, sino en el número 101 del Paseo de Gracia de Barcelona, una de las arterias más importantes de la capital catalana.

La operación se ha aprobado después de que esa firma luxemburguesa 100% propiedad de Soria y ahora trasladada a España llevase a cabo el pasado 31 de diciembre una ampliación de capital de 69 millones de euros mediante la aportación de acciones de la sociedad de cabecera de Soria, la española RA, SL.

Matra Investments, una sociedad sin empleados, fue migrada a finales de 2009 a Luxemburgo desde Curaçao, donde se creó el 29 de diciembre de 2000. La firma multiplicó su tamaño a finales de 2018, al absorber Hemmingstreet Corporation SA. Esta última había sido creada originalmente en 1992 también en ese paraíso fiscal en Antillas Holandesas. Su traslado a España se ha realizado tras aprobar Torre Rioja su conversión en socimi en una junta celebrada nada más decretarse el confinamiento, el 26 de marzo de 2020.

Uno de los 200 más ricos

Soria, que en diciembre cumplirá 67 años, es una de las grandes fortunas españolas, pese a ser desconocido para el gran público. El último ranking de ricos españoles de El Mundo le atribuía un patrimonio de 335 millones de euros, en el puesto 154 de las personas más adineradas del país.

Su inmobiliaria, Torre Rioja, cerró el ejercicio 2020 (concluido en noviembre) con inmuebles con un valor de tasación aproximado de 610 millones. El grupo en el que consolida, Ra SL, acabó el ejercicio con activos de más de 566 millones.

Según sus últimas cuentas, disponibles a través de Insight View, Torre Rioja declaró en 2020 pérdidas de 20,6 millones, frente al beneficio de 8,7 millones de un año antes. El 29 de marzo de 2020 “se presentó el correspondiente recibo a la Agencia Tributaria” para la conversión en socimi “con efectos retroactivos a partir del periodo impositivo de 1 de diciembre de 2019” para beneficiarse de las exenciones fiscales de estas sociedades.

En sus cuentas, la empresa cifra en el 8,17% la caída en sus ingresos por arrendamiento y, en un tono inusual en los documentos que se depositan en el Registro Mercantil, arremete contra las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la pandemia. Si en público Soria es discreto, en las cuentas de su empresa se explaya.

Tanto RA SL como Torre Rioja, que ha declinado hacer comentarios, indican en sus cuentas que las medidas de contención de la COVID adoptadas por el Gobierno se tradujeron en “cierres de numerosas actividades, limitaciones y/o prohibiciones de circulación de personas, limitación de los horarios de apertura, creación de un ambiente de terror a través de los medios de comunicación públicos y privados (comprados con ayudas directas e indirectas) con graves consecuencias sociales, paralización de la Administración, Educación y parte de la Sanidad”.

En suma, “un conjunto de medidas que atentaban contra derechos fundamentales sin que el rango de estado de alarma lo permitiera”. “Igualmente se disminuyeron los controles de tipo político y judicial de las medidas tomadas por el Gobierno”. “Otros países, como Taiwan o Corea mantuvieron su actividad económica y social con bastante normalidad, teniendo unos resultados económicos y sanitarios mucho mejor que los de España (posiblemente los peores del mundo)”.

El pasado ejercicio estuvo “claramente condicionado por la pandemia”. “España ha sufrido un frenazo en lo que a arrendamiento de espacio de oficinas se refiere”. El stock disponible aumentó un 22,4% como consecuencia del teletrabajo y la incertidumbre económica. En 2019 “el número de oficinas disponibles para alquilar en todo el territorio nacional era de 22.300, mientras que, al cierre del año 2020, esta cifra se sitúa en 27.290”. En Madrid, la oferta a cierre de 2020 era “de 8.800 oficinas en alquiler, lo que se traduce en un 27% más que el año anterior”. El grupo dice que la ocupación de sus inmuebles al cierre del ejercicio era del 85%.

“Como consecuencia de la caída de los ingresos del año pasado y la continuación de la situación, a 26 de febrero de 2021, dentro de un entorno de empobrecimiento de la sociedad española se producirá previsiblemente una disminución del valor de los inmuebles”, advierte.

Torre Rioja tiene más de 180.000 metros cuadrados de superficie sobre rasante en oficinas, suelo con más de 80.000 metros cuadrados de edificabilidad y hoteles en Madrid, donde es casero de multinacionales como Roche, BNP o General Electric.

La empresa concentra su cartera de edificios en el eje de la Castellana y el este de la capital. Tiene también hoteles, un inmueble en Budapest y cientos de plazas de garaje. Cuenta con una filial en Andorra y controla un 3% del grupo industrial Tubacex. Soria preside una sicav, Menara Capital, con un patrimonio de 3,8 millones. Ante la caída del negocio inmobiliario, el empresario ha optado por diversificar. En diciembre de 2020, a través de Torre Rioja, compró el 9% de Creand Wealth Management, antiguo Banco Alcalá, del Grupo Crèdit Andorra, por 6,12 millones.

Soria heredó su inmobiliaria, creada en 1971, de su padre, José Soria Velasco, fallecido en 2002 y que hace cuatro décadas ya era una de las 100 personas más ricas de España, por delante de Rafael del Pino, fundador de Ferrovial: aparecía en el puesto 78, con una fortuna de 1.590 millones de pesetas de la época, que teniendo en cuenta el IPC acumulado desde entonces equivalen a unos 670 millones de euros. Figuraba en el listado de mayores fortunas del país que, en un alarde de transparencia impensable en estos días, publicó el Ministerio de Hacienda a finales de los años 70. La lista la encabezaba el fallecido José María Ruiz-Mateos.

En una de las pocas entrevistas que el actual dueño de Torre Rioja ha concedido (al diario Expansión, en 2018), Ángel Soria se definía así: “Soy economista pero he estado siempre en obra. Siempre digo que no soy financiero sino un albañil con corbata”. También presumía de no haber repartido nunca dividendo con Torre Rioja, política que tendrá que cambiar para disfrutar de los beneficios fiscales de las socimi. Estas firmas están exentas del Impuesto de Sociedades si una vez salen a bolsa distribuyen el 100% de su beneficio a sus socios.