“Olegario, el duende empresario ya enseña a los niños y niñas cómo emprender”. Así ha anunciado la Fundación CEOE esta semana que su cómic, Olegario, el duende que se hizo empresario, está disponible en las aulas de Primaria de los colegios “de toda España”. La patronal pretende “acercar la figura del empresario” y “fomentar el espíritu emprendedor” a niños a partir de 8 años, desde 3º de Primaria. El duende celebra la iniciativa empresarial y la competencia privada, mientras que critica a la Administración pública, por ejemplo como un lastre por la burocracia. “El Gobierno no está a todo”, es uno de los capítulos y enseñanzas del cuento.

La Fundación CEOE, que preside la exministra de Empleo del Gobierno de Mariano Rajoy, Fátima Báñez, presentó la iniciativa en marzo, como el proyecto estrella para este 2025, en el que se celebra el 40 aniversario de la entidad. “Siempre hemos querido llegar a los niños con los valores reales de lo que es ser empresario y, con este proyecto, vamos a ir a los colegios con este mensaje”, explicó Antonio Garamendi, presidente de la CEOE. 

Esta semana, la fundación ha anunciado que el cuento, creado por el humorista gráfico José María Nieto, que trabaja en el periódico ABC, “ya es una realidad en las aulas de Primaria de los colegios de toda España”. También las unidades didácticas, actividades, recursos y materiales diseñadas en colaboración con la Fundación Diálogos y con las que la patronal “busca inculcar valores empresariales en niños de 8 a 12 años”.

Viva la competencia y el lastre de la burocracia

Antonio Garamendi subrayó en la presentación del cómic que el mundo de la empresa “está acostumbrado a ser objeto de mensajes negativos, cuando somos el pulmón de la sociedad”. La fundación de la patronal busca así inculcar mensajes positivos sobre los empresarios y el emprendimiento a través de este duende. La moraleja del cuento (spoiler): “Tendrás un mundo mejor si te haces emprendedor”.

El cuento sigue los pasos del duende Olegario, que quiere vender unas lámparas de nubes. La primera de las lecciones de Olegario es que “lo bueno siempre es escaso” y, en este caso, es muy caro y solo lo pueden tener los más pudientes. La segunda lección es que “el Gobierno no está a todo”. La fundación lanza este mensaje a propósito de que el rey de los duendes no suministra estas lámparas que quiere Olegario, porque si sube los impuestos para pagarlas “la historia dirá que eres un manirrota y un hortera”, le alertan sus consejeros.

Ante el 'no' de lo público, llega la “luz de la empresarialidad”. Olegario inicia su negocio, se convierte empresario –camiseta de superhéroe mediante–, primero en solitario y luego con una socia (Nazaría) y varios trabajadores y trabajadoras, ya que otra de las lecciones del cómic es que “no hay éxito sin equipo”.

La patronal traslada la “bendita competencia” a los niños y niñas, a los que se destaca que es la manera de evitar que suban mucho los precios, “obliga a ser excelente y beneficia al cliente”. En cambio, Olegario se relaciona con “un funcionario” con cara de pocos amigos y de nuevo el mensaje de lo público es negativo, un lastre, que el cuento retrata como “llenar formularios con diez mil trámites”, en los que engloba desde licencias, inspecciones, permisos al pago de impuestos. “Suele restar eficacia lidiar con la burocracia”. No aparecen ayudas públicas, ni subvenciones, otra relación de los empresarios con lo público, favorable para sus negocios, pero que no ha quedado ilustradas en el cuento.

También se enseña que hay “relaciones delicadas”, la del empresario con el comité de empresa. Aunque Olegario se ve que es un empresario ejemplar que cuida las “primordiales relaciones laborales” y el diálogo social, y es “muy cordial con el duende sindical”.

Estudiar es importante para “ganar más dinero”

El proyecto cuenta también con más material didáctico y actividades para los estudiantes de Primara, que van en dos direcciones. Por un lado, enseñan algunos conceptos sobre economía y educación financiera (qué es el dinero, el ahorro, un presupuesto, los impuestos) y, por otro, tratan de transmitir una “mentalidad” emprendedora, que “promueve la innovación, la resolución de problemas y la capacidad de adaptarse a los cambios”, según la patronal.

Entre las definiciones de conceptos en un concurso interactivo, destaca la de los impuestos que –al contrario de lo que difunden a menudo desde la propia patronal y la derecha económica– se define como el “dinero que pagamos al gobierno para que pueda ofrecer servicios como hospitales, colegios y carreteras”. Las respuestas “dinero que el gobierno nos quita” y “dinero que perdemos” son erróneas.

Las actividades transmiten a los niños que “el trabajo es una actividad que hacemos para ganar dinero” y después “podemos comprar lo que necesitamos, como comida y ropa”. Además, los empresarios trasladan a los menores que “estudiar es muy importante”, de nuevo, para “ganar dinero”: “Porque nos prepara para conseguir buenos trabajos y ganar más dinero en el futuro. Practicar y mejorar nuestras habilidades nos da más oportunidades de conseguir trabajos y ganar dinero”, explican.

La fundación empresarial destaca que “el desarrollo de habilidades emprendedoras y financieras desde una edad temprana se ha convertido en una necesidad educativa fundamental” y sitúa en concreto la etapa de 8 a 12 años como “un período crucial en el que los niños comienzan a formar su visión del mundo”. Por ello, la organización patronal se ha embarcado en este proyecto que trate de llevar estos mensajes a las aulas en estas edades de colegios públicos, concertados y privados.

El PP lo vuelve a intentar a ver si esta vez, a la tercera, va la vencida. Alberto Núñez Feijóo ha marcado como uno de sus grandes objetivos el de relanzar la fundación del PP. A punto de cumplir un año al frente del partido, el dirigente gallego acabó con otro legado de Pablo Casado y presentó este viernes Reformismo21, la nueva marca de lo que antes fue Concordia y Libertad. Mucho antes se llamó Humanismo y Democracia. Nombre remozado (mismo NIF), logo rediseñado y un recambio en los nombres propios, con un elenco anclado en el pasado que, en realidad, no formará parte del día a día del think tank con el que Feijóo pretende llenar el vacío que dejó FAES cuando José María Aznar rompió con Mariano Rajoy y se la llevó.

Ese espacio se intentó rellenar con la integración definitiva de Humanismo y Democracia en el organigrama del PP y el traslado de su sede social al edificio del número 13 de la madrileña calle de Génova. Languidecía 2016 y Rajoy recurrió a la vieja fundación creada por el expresidente del Congreso Fernando Álvarez de Miranda en los primeros años de la vuelta de España a la democracia. 

Relacionada siempre ideológica y políticamente con el PP, se integró definitivamente en el partido tras la ruptura política y personal de los dos presidentes del Gobierno de la derecha. Comenzó así una competición que Aznar va ganando por goleada. 

Y eso que, antes del cataclismo entre los dos grandes líderes que ha tenido el PP, la financiación pública que recibió Humanismo y Democracia de administraciones manejadas por el PP aumentó casi al mismo ritmo que descendió la de FAES. La práctica prosiguió en el tiempo mientras la Moncloa fue azul.

A Rajoy no le dio tiempo de hacer mucho con la fundación, más allá de regarla con dinero público. Pero su trabajo como laboratorio de ideas apenas arrancó. Año y medio después de la fusión con el partido, el líder del PP fue desalojado del Palacio de la Moncloa por una moción de censura. Era 1 de junio de 2018 y, ese mismo verano, un cruento congreso interno terminó con Pablo Casado aupado a la Presidencia del partido gracias al apoyo de María Dolores de Cospedal, para quien liderar el partido se convirtió muy pronto en su objetivo número dos. El primero era evitar el triunfo de Soraya Sáenz de Santamaría.

Casado sí tuvo tiempo, y dinero, gracias a sus gobiernos autonómicos, para invertir en la fundación del PP. Lo primero que hizo fue cambiarle el nombre: del original Humanismo y Democracia al nuevo Concordia y Libertad. Y puso al frente a Adolfo Suárez Illana, hijo del presidente del Gobierno durante la Transición y en cuyo partido acabó el fundador, Álvarez de Miranda.

Pero a Casado no le salió bien. Como casi nada durante su mandato. Dos años después de su refundación y sin que se le diera ninguna relevancia interna o externa, el PP se vio obligado a “reforzar” Concordia y Libertad ante el surgimiento de otras fundaciones o centros ideológicos afines al ideario de la derecha.

Nada sirvió para mejorar el conocimiento público ni la labor de la fundación, al menos hacia afuera. Su última memoria de actividades publicada, la de 2021, refleja una actividad muy limitada en España, centrada en cursos de formación para cuadros internos del partido, y casi más destacada en Latinoamérica. La pandemia no ayudó a que el equipo de Suárez Illana y de Teodoro García Egea (quien fue vicepresidente de la fundación) desarrollara su labor.

La actual dirección del PP no ha contado con el primero para nada y él solo ha optado por dejar la política y volver a su bien pagada actividad privada. En cuanto al que fue 'número' dos de Casado, esta semana anunció también su salida del Congreso antes de tiempo.

Quien también apoyó a Casado en el congreso extraordinario de 2018 fue Alberto Núñez Feijóo. El barón amagó con lanzarse él mismo, pero optó por permanecer en Galicia y respaldar la apuesta contraria a la de su autocalificado como “referente político”, Mariano Rajoy. Casi un lustro después, es Feijóo quien ocupa el despacho noble de la séptima planta de Génova, 13.

“Independencia” trufada de afines al PP

A punto de cumplirse un año de su ascenso a las cumbres del PP, el gallego ha optado por relanzar la fundación cuando apenas quedan unos meses para las elecciones generales que le pueden llevar a la Moncloa.

De momento, la dirección del PP ha tomado poco más que medidas cosméticas. Feijóo eligió como director general a un gallego, Pablo Vázquez, un economista de prestigio entre sus pares directamente ligado a los gobiernos de Aznar y de Rajoy: presidente de Ineco y de Renfe, pasó también por la Subsecretaría de Sanidad y Consumo y formó parte del gabinete del presidente en Moncloa. 

Vázquez ha sido director ejecutivo de Fedea, una fundación patrocinada por las grandes empresas del país. Antes de asumir el encargo de Feijóo, era directivo de la consultora McKinsey & Company y director general de otra fundación, Madrid Futuro, dependiente del Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez-Almeida.

De momento, es el único nombre del staff de Reformismo21 que se conoce. Su despacho de trabajo está en la sede nacional. La fundación no tiene presidente, vicepresidente, ni se ha informado de ningún miembro del patronato. La web que sigue activa es la de Concordia y Libertad (también Humanismo y Democracia, a efectos legales). 

De hecho, la fundación está “inoperativa” desde el pasado mes de noviembre. Pese a ello, en diciembre recibió 110.000 euros de la Comunidad de Madrid para sendos proyectos de los que nadie sabe nada en la fundación, según informaba el diario Público este viernes.

Los nombres que sí se conocen son los del Consejo Asesor de Refundación21, un órgano en realidad ajeno al quehacer de la fundación y cuyos miembros no tendrán ninguna relación real con los trabajos más allá de las cuestiones para las que les pueda ser requerida su opinión. O no.

¿Y quiénes son los integrantes de ese Consejo Asesor? Feijóo presumió este mismo viernes de la “independencia” del organismo, en un breve discurso que puso fin a un deslucido acto de presentación de Reformismo21 tras una corta reunión de minutos de ese supuesto Consejo Asesor.

A la cita acudió uno de los nombres más reconocibles: Toni Nadal. El que fuera entrenador del tenista Rafael Nadal se suma como asesor en materia deportiva. O Rafael Matesanz, fundador de la Organización Nacional de Trasplantes. Además de Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Entre los convencidos por Feijóo hay también representantes empresariales, según ha ido informando el PP en un goteo de fichajes que ha servido al líder para hablar este viernes de “selección nacional”, como si de un equipo de fútbol se tratara. Algunos nombres destacados: la directora de Alestis Aerospace, María Eugenia Clemente; la directora de ASTI Mobile Rotics, Verónica Pascual; Alicia Richart, directora general para España y Portugal de la empresa de inteligencia artificial Afiniti; Elena Pisonero, presidenta ejecutiva de Taldig y José María Abad, profesor de ICADE y consultor.

Pero los nombres afines al PP son muchos también. Como Ramón Gil-Casares, secretario de Estado de Asuntos Exteriores con Aznar. O Nuno Crato, exministro de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior de Portugal durante el Gobierno del derechista Pedro Passos Coelho, partido hermano del PP.

En el podio están tres exministros de Gobiernos del PP: Fátima Báñez, Josep Piqué y Ramón Escolano. Tres ausentes en el acto de este viernes, en el que Feijóo ha hablado de “salir de trincheras y capillas”, y de “huir de facciones ideológicas”. Báñez fue la ministra de Trabajo de Rajoy que aprobó, y aplicó, la reforma laboral de 2012 que 11 años después no se ha revertido del todo. Hoy trabaja para la CEOE e Iberdrola. En cuanto a Piqué, tras su paso por Industria es un habitual en consejos de administración de diferentes empresas y para distintos cargos. 

La fundación del PP ha echado a andar, por tercera vez, en pleno año electoral y solo como una colección de nombres más o menos reconocidos. El resultado de sus trabajos está por ver.

Siempre que a la derecha no le salen las cuentas, los números están mal; alguien lo ha manipulado, alguien está ocultando la verdad. Es un clásico de la política española.

Para Manuel Fraga las cifras de desarrollo económico de los ochenta -la década de mayor crecimiento de renta y salarial del siglo XX- no valían nada al lado del precio de los garbanzos que él mantenía monitorizado al detalle. Rodrigo Rato se cansó de denunciar aquella mítica amnistía fiscal de Felipe González, que nos había costado 200.000 millones de pesetas y había beneficiado a 600 amigos del PSOE. Soraya Saénz de Santamaría descubrió ella sola que, en España, había más de medio millón -520.000- de receptores fraudulentos del subsidio de desempleo. Fátima Báñez anunció que la Seguridad Social había entrado en déficit en 2011 y los cotizantes había caído en tres millones; apenas un mes después Mariano Rajoy nos descubría que, en realidad, el déficit era de 2010 y habíamos perdido 3.3 millones de pensionistas. Santiago Abascal nos sorprende a diario con cifras y datos sobre inmigración o delincuencia cuya validez estadística no superaría el examen de un niño de primaria. Toni Cantó llenó España de falsas denuncias de malos tratos presentadas por codiciosas mujeres en sus divorcios.

El tiempo puso a cada uno en su sitio. Pero ya daba igual. Rodrigo Rato no pudo probar la amnistía porque “los socialistas se había llevado las pruebas a casa”, aunque se metió tanto en el papel que acabó encausado por fraude fiscal. Los defraudadores de Soraya, en realidad, eran en su mayoría casos de problemas administrativos. Las creciente cifras del Gobierno Rajoy sobre las pensiones y la seguridad social fueron la coartada perfecta para el mayor recorte que ha vivido el sistema público de pensiones en España. Los casos de Abascal y Cantó van más allá de los problemas de cálculo para entrar directamente en los campos de la xenofobia y la misoginia.

Ahora le toca el turno a la inflación y al paro. La derecha anunciaba un otoño asolado por la madre de todas las inflaciones en España. Así que no puede ser que España sea uno de los países de la UE con la inflación más baja o que medidas como la excepción ibérica estén funcionando. Las cifras tienen que estar manipuladas. Da igual que la corrección se haya hecho para evitar seguir cometiendo un error denunciado por actores tan poco sospechosos de estar compinchadas con el gobierno rojosatánico como las compañías eléctricas.

Lo mismo con el paro. Desde la derecha se anunciaba el Armagedón del desempleo y llegar cerca de un 35% de paro. Así que no puede ser que el empleo mejore en España, muchos menos que lo haga la temporalidad gracias a una reforma laboral a la que se opusieron y advirtieron causaría, junto a la subida del SMI, un apocalipsis de desempleo. Como siempre, las cifras están mal o están manipuladas. Da igual que los datos los elaboren y validen las comunidades autónomas, o que se computen igual desde una orden ministerial de 1985. Da igual que las denuncias de manipulación vengan de unos investigadores cuya metodología de cálculo desatiende por completo los criterios establecidos por esa misma orden, inalterable bajo gobiernos de unos y de otros y que, como ellos mismos reconocen con ingenua sinceridad, les lleva a comportarse como detectives, no como científicos.

Con los datos del paro sucede algo muy parecido a lo que ya vimos acontecer con las previsiones sobre el impacto en el empleo de las subidas del SMI: el autor del informe tiene una idea previa -el paro es más de lo declarado, el SMI va a destruir empleo- y en función de esa tesis, construye su modelo para darse la razón a sí mismo. Porque, amigas, en España la derecha nunca se equivoca. Es la realidad la que está rematadamente mal. No es la derecha, somos nosotros, que nos engañan como a niños. 

“Podía inspirarse en el Pablo Iglesias fundador del PSOE o en Pablo Iglesias fundador de Podemos. Ha optado claramente en parecerse al Pablo Iglesias fundador de Podemos”. Así ha resumido Alberto Núñez Feijóo este miércoles los anuncios realizados por Pedro Sánchez en el debate sobre el estado de la nación. La réplica del jefe de la oposición al presidente del Gobierno ha llegado casi 24 horas después, en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Ante una treintena de alumnos matriculados en el curso organizado por su partido, el líder del PP se ha erigido en portavoz de un “progresismo” que, ha dicho, no acepta la “podemización” de los socialistas.

No tocaba hablar de ETA, que acaparó buena parte de la intervención de la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, el día anterior. Los dirigentes del PP que han acompañado a Feijóo en su primera visita a los cursos de verano de la UCM como presidente del partido se han esforzado en justificar la respuesta ofrecida el martes, y que estuvo dominada en buena parte por un terrorismo que depuso las armas hace ya cerca de 11 años.

Entre los presentes, el coordinador general, Elías Bendodo; el vicesecretario Institucional, Esteban González Pons; el de Economía, Juan Bravo; el de Organización, Miguel Tellado; la de Políticas Sociales, Carmen Navarro; o el portavoz en el Senado, Javier Maroto. Todos han defendido el discurso de su secretaria general en la coincidencia con la fecha del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Pero también han reconocido que la gente el día después “habla de otra cosa” y que era necesario “un cambio de foco”.

Feijóo comenzó el viraje a primera hora, en una entrevista en Onda Cero en la que rechazó de forma genérica los impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas comprometidos por Sánchez. Después, se montó en el coche oficial y se fue a San Lorenzo de El Escorial, donde le esperaba parte de su Comité de Dirección, además de cuadros medios y cargos municipales para arroparle en el arranque de las jornadas “Fortalecer Europa con una alternativa para la mayoría”.

A unos metros de donde se casaron hace ahora dos décadas Ana Aznar y Alejandro Agag, Feijóo insistió en la misma línea que ya había marcado unos minutos antes y que enmendaba en parte el discurso de Gamarra del día previo: “En el debate del estado de la nación quedó de relieve que una mayoría de los españoles que confiaron en el Gobierno ya no confían en el Gobierno. No es portavoz de la realidad ni de la moderación a la que se suman la mayoría de los españoles”.

Esa “moderación” sí la representa él mismo. Y a esa supuesta “España moderada” se ha dirigido en primer lugar. “Hay una España moderada que se ha ido alejando del señor Sánchez a medida que él se ha alejado de la moderación. En su huida hacia adelante, el Gobierno está centrado en cambiar el relato, pero no la realidad”.

Y, nuevamente, ha recuperado una acusación que el PP, y una parte del PSOE, han lanzado sistemáticamente a Sánchez ya desde 2016, cuando viró a la izquierda en la pelea de las primarias que le enfrentaron a Susana Díaz, Patxi López y el aparato del partido. “En su intento de parecerse cada vez más a Podemos acabará pareciéndose al expresidente Rodríguez Zapatero. Es doblemente preocupante”, ha expresado. ¿Y qué significa “podemizar el Gobierno”, según Feijóo?: “Activar el mayor populismo en política económica y fiscal de Europa” –pese a que hasta el BCE estudia limitar los beneficios extra de la banca– algo que “es un flaco favor al PSOE, a la moderación y al progresismo de nuestro país”, dice el líder del PP. Y sigue: “Esta España moderada en la que se incluye la mayoría de los españoles entienden que progresismo y moderación, progresismo y estabilidad, progresismo y política seria son compatibles y complementarias”. “Progresismo no es radicalismo, no es inestabilidad ni sobresalto permanente. Progresismo es trabajar por el bienestar y por el crecimiento frente a la miseria que vamos generando. Y progresismo es trabajar por el avance de la democracia frente al control de las instituciones que el Gobierno está practicando”.

Feijóo ha sostenido que el Gobierno está en una profunda “crisis”, lo que le impide “gobernar la crisis”, que “la división” en el seno del Ejecutivo “fue patente” en la primera jornada del estado de la nación. “Tenemos un conjunto de gobiernos de tres partidos que no son capaces de ponerse de acuerdo y compartir propuestas”, ha dicho, para arremeter contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien según el líder del PP “no disimuló que no conocía las propuestas”, lo que le lleva a sostener que “la situación interna es de descomposición”.

Pero, a la vez, Feijóo sostiene que las medidas anunciadas por Sánchez son las de Podemos, a quien el Gobierno “le ha copiado las propuestas económicas”, pese a que Podemos forma visiblemente parte del Ejecutivo. “Se da la paradoja de que no se las cuentan porque las quieren rentabilizar. Comprendo que Podemos esté enfadado de que le hayan plagiado sus propuestas”, ha zanjado.

Mapa y cantimplora para seguir al Gobierno

“Ayer esperaba algo más”, ha confesado Feijóo, quien asistió silente al duelo Sánchez-Gamarra, pese a poder utilizar las instalaciones del Congreso en tanto que senador. “Todavía me estoy preguntando cómo es posible que ante la mayor inflación en 40 años y el problema energético las propuestas estructurales fuesen ninguna. Y los planes y las reformas fueran ninguna”, ha añadido.

Tras sostener que el Gobierno no ofrece ninguna medida, Feijóo ha pasado a deslegitimar las planteadas por Sánchez al decir que va “de parche en parche”. Ha calificado el discurso del presidente de “rompecabezas” y ha reconocido que no sabe “muy bien cuáles son las medidas” porque “cada 15 días se traen medidas nuevas que enmiendan total o en parte las anteriores” con un objetivo: “Responder a los titulares de los medios o a los socios de Gobierno para mantener la coalición”.

Así, y pese a criticar de forma genérica el plan del Gobierno, ha evitado pronunciarse con precisión al no conocer los detalles. El PP lo hará cuando se sepa la letra pequeña “para no entrar en un juego que al Gobierno le interesa”, según ha apuntado Feijóo en una declaración posterior ante los periodistas. Eso sí, ha dejado una pista: “Ya anticipo que si la opinión es que los ciudadanos paguemos más a los bancos y las eléctricas, estaremos en contra”.

Ante los periodistas, en tono irónico, ha dicho necesitar “un mapa y una cantimplora” para seguir al Gobierno.

Y si quedaba alguna duda de cuáles son las intenciones de las grandes empresas del Ibex a las que van dirigidos los nuevos impuestos anunciados el martes por Sánchez, lo dejó claro la exministra de Trabajo Fátima Báñez, quien participó en el punto inmediatamente posterior al de Feijóo: “Retos del empleo y la fiscalidad en España”.

Las palabras de Báñez son interesantes no solo porque es una de las personas de referencia del PP de Feijóo, sino porque forma parte de la dirección de la CEOE y, además, cobra de Iberdrola, una de las empresas a las que afectará directamente el nuevo tributo a los beneficios extraordinarios de las eléctricas.

“Los impuestos a la carta desequilibran la salida de la crisis”, ha dicho Báñez, quien ha defendido el papel de las empresas como “solución” porque “generan riqueza y oportunidades”. En su opinión, “no hay que subir impuestos”, sino “apoyar que las empresas generen riqueza y empleo” para lo que ha reclamado “tomar medidas desde el consenso” y que incluyan “a todos los partidos”.

Báñez ha apostado por “el pacto de rentas” como “un pacto de país”. Y ha lanzado una advertencia, que entronca con lo dicho por su jefe, Antonio Garamendi: “Las medidas de ayer hacen perder a los ahorradores una parte muy sensible de los ahorros. Nos estamos jugando la creación de empleo de pasado mañana”. Dicho queda ante la plana mayor del PP.

Fátima Báñez, exministra de Empleo y Seguridad Social en el Gobierno de Mariano Rajoy y actual presidenta de la fundación de la patronal CEOE, se convertirá en nueva consejera de Avangrid, la filial estadounidense de Iberdrola.

La propuesta como consejera de Báñez figura en la convocatoria de junta general de accionistas de Avangrid, remitida al regulador estadounidense (SEC) y que se celebrará el próximo 20 de julio en Boston.

La exministra es uno de los dos nuevos miembros propuestos para ocupar un asiento en el órgano rector de la filial estadounidense, ya que los otros doce, incluido el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, repetirán como consejeros.

No es la primera vez que Báñez, de 55 años, ocupa un cargo dentro de la estructura del grupo Iberdrola, ya que ha sido consejera independiente de Iberdrola México desde septiembre de 2020, aunque ha dejado este asiento este mismo mes de junio.

En su propuesta a sus accionistas, Avangrid destaca de Báñez, Licenciada en Derecho y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE y MBA de la Universidad de Harvard, que aporta “experiencia en liderazgo ejecutivo, incluida su experiencia como Ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España, junto con una perspectiva comercial global y una amplia experiencia en relaciones gubernamentales, desarrollo económico, políticas públicas, y gestión del capital humano”.

Junto a Báñez, la otra nueva incorporación al consejo de Avangrid será la de Camile Joseph Varlack, de 46 años y que se ha desempeñado como socia fundadora y directora de operaciones de la firma de abogados Bradford Edwards & Varlack, LLP.

Avangrid ha nombrado recientemente a Pedro Azagra Blázquez, hasta entonces director de Desarrollo Corporativo de Iberdrola, como nuevo consejero delegado, relevando en el cargo a Dennis Arriola.

No cesan las críticas internas en CEOE sobre la reforma laboral pactada con el Gobierno de coalición. Este lunes incluso llegaban de una de las patronales que también ha alcanzado el acuerdo con el Ejecutivo, Cepyme. Su presidente, Gerardo Cuerva, asegura en una entrevista en El Mundo que la legislación es “una pena”. En este contexto, el líder de CEOE, Antonio Garamendi, ha sacado a escena a una relevante actora desde la retaguardia de la patronal para respaldar el acuerdo: la exministra del PP artífice de la reforma laboral de 2012, Fátima Báñez.

Báñez, que preside el patronato de la Fundación CEOE desde 2020, ha participado este lunes al lado del presidente de la patronal, Antonio Garamendi, en una reunión con Ciudadanos sobre la reforma del mercado de trabajo acordada en el diálogo social. El encuentro con Inés Arrimadas, que también ha versado sobre el futuro modelo de cotización de los autónomos que se negocia con el ministro Escrivá, ha contado con la participación también de Lorenzo Amor, presidente de la asociación de autónomos ATA.

La presencia de la exministra de Empleo del PP no es baladí. Primero porque por su cargo no parece explicar su participación en el encuentro. Báñez encabeza la fundación de la patronal para causas benéficas y de promoción empresarial. Preguntada por su presencia en el encuentro, desde CEOE responden a elDiario.es que Báñez ha acudido “porque iban a hablar también del tema de autónomos” y la exministra “les aclaró algún tema de tipo técnico”. “De todas formas, nosotros recibimos y atendemos, no hacemos gestión de apoyos parlamentarios”, añaden en la patronal.

En segundo lugar, que forme parte de la reunión es destacable por quién es Fátima Báñez. Se trata de la responsable política que acuñó la reforma laboral de Mariano Rajoy en 2012, enemigo 'número 1' para las fuerzas de izquierdas, y el líder de la patronal la ha sentado este lunes a su lado como rostro del acuerdo de la nueva legislación laboral pactada por empresarios y sindicatos con el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

La actual reforma busca reducir la temporalidad y desmonta básicamente en dos elementos la norma del PP (primacía del convenio de empresa y límite a la ultraactividad de los convenios colectivos). Así, para algunas voces de la izquierda la legislación resultante del acuerdo social tripartito es poco exigente por no tumbar más elementos de la reforma de Báñez, mientras que para otras voces en la derecha y entre los empresarios es “una pena” fruto de la “parte comunista del Gobierno en el Ministerio de Trabajo”, parafraseando a Gerardo Cuerva. Estas últimas son las que se dirigen y atacan a Antonio Garamendi como líder de los empresarios.

Una foto que funciona de mensaje

La aparición estelar de Fátima Báñez junto a Garamendi parece mandar un mensaje respecto a la reforma laboral acordada por la CEOE, minimizando su impacto contra la legislación que ella misma suscribió en el Gobierno de Rajoy. O así lo ha interpretado al menos la propia Inés Arrimadas al término del encuentro.

La líder de Ciudadanos ha anunciado su apoyo a la reforma laboral “si Sánchez no cede a las exigencias de sus socios separatistas” y, además, ha apuntado que el acuerdo tripartido ha supuesto “consolidar elementos de modernidad y flexibilización” de la reforma del PP de 2012. Como “prueba” de ello, Arrimadas ha destacado el apoyo a la reforma de la ministra de Empleo en la reunión de este lunes.

Las voces críticas contra Garamendi no solo llegan del entorno empresarial. La oposición del Partido Popular a la reforma laboral pactada por el Gobierno, los sindicatos y la CEOE ha agriado las relaciones entre el jefe de la oposición, Pablo Casado, y parte de la patronal. La propia Fátima Báñez ha defendido que la nueva norma es heredera de la suya, lo que no encaja con la negativa de su partido a rechazarla en el Congreso. También Rajoy calificó de “mínimos” los cambios.

Casado se reúne con patronales críticas

Casado y Antonio Garamendi han mostrado fuertes discrepancias en público. Por dos veces, ambos han intentado reconciliarse ante los focos. La última vez, alternaron los mimos dialécticos con el enquistamiento de sus respectivas posiciones.

En los últimos días, mientras intentaba mostrarse amable con el jefe de la patronal, el presidente del PP ha hecho una ronda de contactos con otros líderes de los empresarios. Algunos abiertamente opuestos a la reforma laboral.

Es el caso de los fabricantes de automóviles (Anfac), quienes se abstuvieron en la comisión ejecutiva de la CEOE que ratificó el apoyo a la nueva norma, o del sector del turismo. En unas jornadas organizadas por Exceltur, Casado reiteró sus promesas de rebajas generalizadas de impuestos para los empresarios del sector mientras criticaba el nuevo marco laboral, que tiene en la reducción de la temporalidad y la precariedad uno de sus principales objetivos.

Se ha dicho en muchas ocasiones que hay un PSOE en campaña electoral y otro cuando gobierna. La cita que da título a este artículo de opinión no es precisamente opinión mía, sino del propio Pedro Sánchez. Durante un encuentro con su militancia socialista en León en 2018, el entonces líder de la oposición criticó con estas palabras la propuesta de la ministra Fátima Báñez de aumentar los años de cotización de 25 a 35 para calcular las pensiones.

Y ojo, que no le faltaba razón en la crítica. La duda es si le habrá dicho lo mismo al que ahora es ministro de Seguridad Social de su Gobierno, José Luis Escrivá, tras dejar caer como un regalito prenavideño la misma medida que por entonces defendían Báñez y el Gobierno de Rajoy. No debe ser lo mismo coger el coche y pasearse por los pueblos y ciudades del Estado bajo el estandarte del 'No es No', que aplicárselo a los que aprietan, como entonces, para cargarse el sistema público de pensiones.

Escrivá ha sido especialmente sutil con las propuestas que pretende incluir en la futura reforma de las pensiones. Una vez que el Pacto de Toledo aprobó sus recomendaciones, con el foco de los medios y de los colectivos de pensionistas puesto en ellas, el ministro de Seguridad Social ha planteado medidas que fueron descartadas por el propio Pacto y que tienen el sello de Báñez y del PP, como es el caso de la ampliación de los años de cotización de 25 a 35 o la implementación de un nuevo sistema de revalorización.

No está mal recordar, en estos tiempos donde la memoria política llega a meses vista, qué es realmente el Pacto de Toledo. Se trata de una Comisión Parlamentaria que fue creada en 1995 con el objetivo de velar por la sostenibilidad del sistema de pensiones español,  sistema público de protección basado en la solidaridad intergeneracional. Todos los partidos con representación parlamentaria forman parte de dicha comisión. Sin embargo no tiene capacidad legislativa, solo emite informes con recomendaciones que no son vinculantes. Luego será el Gobierno de turno el que tome esas recomendaciones y elabore una Ley o una reforma de la Ley existente que deberá llevar al Congreso para ser votada (con o sin las recomendaciones).

Así por ejemplo, en el último informe emitido en octubre de este año se incluía una recomendación muy clara, que además es una victoria del movimiento de pensionistas. Se trata de la 'Recomendación nº2', que propone la revalorización anual de las pensiones en base al IPC real, para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de las y los pensionistas y mejorar las pensiones. Sin embargo, el ministro Escrivá ya ha ido desvelando su intención de implantar un nuevo sistema para la revalorización de las pensiones. La misma senda que tomó en su día Fátima Báñez con el llamado 'Factor de sostenibilidad'. Las llamas que quemaron las cartas enviadas por la ministra de Empleo para anunciar la subida del 0,25% a las pensiones en 2018 llegaron hasta la moción de censura. Si no, que le pregunten al PNV por los lunes en Sabin Etxea. Y aún siguen prendidas. 

Y de esas ha aprendido Escrivá, porque mientras el fuego apunta al Pacto de Toledo, él coge la M-30, sortea el informe, las protestas y se mete en la autovía de peaje que tomó Fátima Báñez, la ahora flamante presidenta de la Fundación CEOE. Aplicar una reforma de pensiones y una reforma laboral cómo la que aplicó cuando era ministra, tiene sus consecuencias para todas y todos, aunque para algunos más beneficiosas que para otros. 

Es el momento de recordarle a Escrivá que tenemos memoria, y que la senda para sostener el sistema público de pensiones va en sentido contrario al que tomó Fátima Báñez. Garantizar unas pensiones públicas dignas pasa por derogar la reforma laboral del PP, por subir el SMI y, sobre todo, pasa por acabar con la precariedad laboral que afecta sobre todo a las mujeres y a la gente joven, aquellos a quienes Escrivá recortará sus pensiones y condenará también a una precariedad futura si alarga el periodo de cotización de 25 a 35 años. En definitiva, y como bien sabe un ministro de Seguridad Social, (y hasta Pedro Sánchez en los mítines), las pensiones dignas se garantizan subiendo los salarios.

No voy a negar que las recomendaciones del Pacto de Toledo son muy mejorables, pero no es el Pacto quien legislará el futuro de las pensiones. Es necesario centrar el foco en quien verdaderamente tiene la capacidad de decidir si se garantiza el derecho de todos y todas a una jubilación digna. 

Por ello, como pensionista y afectado por las medidas que nos quiere imponer Escrivá desoyendo las recomendaciones, hago un llamamiento a todos los colectivos de pensionistas del Estado español a unirnos y exigir al ministro que dé marcha atrás con su plan, que de ningún modo vamos aceptar.

La exministra de Empleo Fátima Báñez cobra un sueldo como “personal directivo” de la patronal CEOE desde julio, cuando ocupó el cargo de presidenta de su fundación. Así lo confirman fuentes de la patronal, después de que La Razón publicara que la remuneración de la exministra del Gobierno de Rajoy, responsable de la reforma laboral, asciende a 240.000 euros. Desde CEOE desmienten a este medio que esa sea la remuneración de Báñez, aunque no desvelan cuánto percibe la expolítica. “Una retribución similar a la del personal directivo”, responden, sin ofrecer tampoco unas cifras aproximadas de cuánto ganan estos cargos.

En la patronal niegan la información de La Razón, pero argumentan que no van a desvelar salarios de su personal directivo, al igual que no ocurre “en las empresas privadas”, apuntan. La noticia publicada por el medio conservador recoge que la remuneración que percibe la exministra de Rajoy a cuenta de CEOE es motivo de enfado en algunos sectores de la patronal.

El propio fichaje de Fátima Báñez por parte del presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ya fue polémico y se retrasó durante meses. Algunas voces de la organización empresarial consideraban que su incorporación dejaba muy señalada ideológicamente a la CEOE. Báñez había anunciado que dejaba la política en marzo de 2019, pero el PP ha seguido tirando de la exministra en su defensa de la política laboral del anterior gobierno.

Después de meses de rumores, el dirigente de la CEOE fichó a la exministra en plena pandemia, como responsable del proyecto solidario 'Empresas que ayudan', pero entonces uno de los argumentos destacados por la patronal fue que Fátima Báñez no cobraría. “No tendrá nómina de la CEOE”, explicaban entonces a este medio.

Tres meses después de su incorporación, Garamendi aupó a Báñez a la presidencia de la Fundación CEOE, en el mes de julio. En ese momento, a la espera de que Fátima Báñez ocupara formalmente el puesto, la patronal no aclaró si la exministra de Empleo pasaría a cobrar un sueldo. No obstante, fuentes de la CEOE reconocían que el hasta entonces presidente de la fundación, José María Lacasa, sí tenía una nómina por este mismo cargo.

Ahora la patronal despeja al menos este tema: sí, la exministra de Empleo cobra una nómina como “personal directivo” de la patronal. Aunque la CEOE guarda silencio sobre la cantidad. La única remuneración conocida es la del presidente de la patronal, de 300.000 euros anuales, más otros 50.000 en conceptos variables. Antonio Garamendi afirmó en una entrevista en El País que la cantidad era “humilde en un ámbito empresarial de alto nivel”.

Como referencia, aunque desfasada (2013), en el pasado el anterior presidente de la CEOE, Juan Rosell, dio el dato de la remuneración del secretario general de la CEOE, de 250.000 euros anuales. Entonces el cargo lo ocupada José María Lacasa y era la mayor remuneración dentro de la patronal porque el presidente no recibía un salario.

Aun sin datos precisos, todo apunta que el actual salario de Báñez supera de largo lo que percibía como ministra de Empleo, 71.424,12 euros más los trienios, en el último mandato de Rajoy. Báñez, licenciada en Derecho y en Ciencas Económicas y Empresariales, además compagina su cargo en la presidencia de la Fundación CEOE con los cargos de consejera independiente en la farmacéutica Rovi y en Iberdrola.

El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, propuso esta semana a la Junta Directiva de la CEOE que la exministra de Empleo del PP Fátima Báñez presida la Fundación de la organización de empresarios. El órgano avaló este miércoles la decisión y ahora está pendiente de que el patronato de la fundación oficialice el nombramiento, según explican fuentes patronales a elDiario.es. Tras meses de rumores sobre la entrada de la expolítica del Partido Popular a la patronal, la CEOE fichó a Báñez en medio de la pandemia para coordinar el proyecto solidario 'Empresas que ayudan'. Tres meses después, Garamendi la ha situado al frente del organismo, que está presidido en estos momentos por José María Lacasa.

Ayer la exministra tuiteó su agradecimiento a un comentario de Gloria Lomana en el que la felicitaba por su nombramiento como presidenta de la Fundación CEOE, que habían publicado medios como El Economista y La Razón.

El nuevo cargo entra en el “ámbito directivo”

En CEOE insisten a este medio que aún es necesario que el patronato de la fundación valide el nuevo cargo, por lo que prefieren no adelantar detalles del mismo. La presidencia de la Fundación se encuentra dentro del “ámbito directivo” de la patronal, explican desde la entidad.

Una de las cuestiones relevantes es si Fátima Báñez pasará a cobrar de la CEOE por su nuevo cargo, ya que hasta el momento la patronal ha explicado que la exministra no recibía remuneración por su labor al frente de 'Empresas que ayudan'. En estos momentos, el presidente de la Fundación CEOE tiene una remuneración. Por los Estatutos de la patronal, el cargo lo debería ostentar Garamendi, el presidente de CEOE, que lo ha hace es proponer a otra persona para ello. En este último caso, a Fátima Báñez.

La responsable de la reforma laboral de 2012 del Gobierno de Mariano Rajoy dejó la política en marzo del año pasado y más tarde fichó por la farmacéutica Rovi, como consejera independiente. Aun así, ha participado en el debate público defendiendo la legislación laboral que aprobó el Ejecutivo del PP y que el actual Gobierno de coalición se comprometió a desmontar.

La incorporación de Fátima Báñez a la patronal suena desde hace mucho, marcó la asamblea general de la CEOE del año pasado, ya que el diario ABC publicó ese mismo día el fichaje de la exministra de Empleo para que se incorporara a la dirección como “asesora del presidente”, Antonio Garamendi. El líder de la patronal no negó la noticia, como había hecho en ocasiones anteriores, pero la dejó pendiente del mes de septiembre. Llegó la fecha y el nombramiento no se produjo. Varios medios de comunicación publicaron que la entrada de la exministra del PP responsable de la reforma laboral no convencía a todos los empresarios, por el hecho de dejar demasiado señalada ideológicamente a la patronal.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha recurrido este jueves a la exministra de Empleo del Gobierno de Rajoy, Fátima Báñez, para defender el mantenimiento de la reforma laboral de 2012 tras el acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para su derogación. Casado ha afirmado que ha hablado de las consecuencias que tendría su eliminación con Báñez, que anunció que dejaba la política el año pasado y a la que fichó la CEOE a principios de abril.

“Hoy he analizado con Fátima Báñez las consecuencias que su derogación pactada entre Sánchez y los batasunos tendría para los ERTE y las colas de ayuda social”, ha tuiteado Pablo Casado. El mensaje ha sido retuiteado por Báñez, que desde abril pertenece a la Fundación CEOE, donde coordina el proyecto 'Empresas que ayudan' en la emergencia del coronavirus.

El líder del PP pide el mantenimiento de la reforma laboral, a la que hace responsable de crear “casi tres millones de empleos para superar la recesión de Zapatero”. 

Las patronales CEOE y Cepyme han rechazado este jueves con rotundidad el acuerdo con EH Bildu, que han tachado de una “irresponsabilidad mayúscula” y un “desprecio indignante” al diálogo social. Los empresarios han suspendido por el momento el diálogo con el Gobierno a raíz del pacto. 

La exministra de Empleo defendió recientemente la reforma laboral que el PP aprobó unilateralmente durante su mandato en un artículo en el diario El Mundo, a propósito de su octavo aniversario. En él, Báñez subrayaba que la reforma supuso “una nueva cultura del empleo en España” y pedía “no dejarse llevar por la ideología” y articular “nuevos consensos que favorezcan soluciones compartidas” en materia laboral. 

Un fichaje controvertido

Apenas un mes más tarde, Fátima Báñez se incorporó al patronato de la fundación de la patronal, “sin nómina” de la CEOE, según explicaron fuentes patronales a este medio. Su fichaje por parte de Antonio Garamendi llevaba sonando muchos meses y generaba oposición en algunos sectores de la patronal por el temor a dejar a la CEOE vinculada al PP.

Esta idea fue rechazada por el presidente de la patronal en una entrevista con eldiario.es: “No me preocupa absolutamente nada. Fátima Báñez está fuera de la política, como anunció hace tiempo. Puede aportar mucho y conoce muy bien la situación de las empresas, de los empresarios, de los sectores y lo está haciendo generosamente”.

Fátima Báñez anunció que dejaba la política en marzo del año pasado para iniciar “una nueva etapa en el ámbito privado”, aunque no informó en ese momento de su incorporación a ninguna empresa en concreto. Su anuncio llegaba solo cuatro días después de que Soraya Sáenz de Santamaría, a la que apoyó en su carrera infructuosa para presidir el PP, informara de su fichaje por el bufete Cuatrecasas. 

Finalemente, en diciembre, la farmacéutica Rovi incorporó a la exministra de Empleo y Seguridad Social como nueva consejera, con la categoría de externa independiente. Fátima Báñez sucede en el cargo a Enrique Castellón Leal, médico y exviceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón, que ha presentado su renuncia tras cumplirse doce años desde su nombramiento como consejero, lo que le impedía continuar como consejero externo independiente.

La patronal CEOE ha anunciado este viernes el fichaje de la exministra de Empleo durante los gobiernos del PP de Mariano Rajoy, Fátima Báñez, que había adelantado La Información. La responsable de la reforma laboral de 2012 dirigirá un proyecto de colaboración entre empresas ante la crisis del coronavirus desde la fundación de la patronal. La incorporación de Báñez ya sonó en verano, cuando el propio presidente de la patronal, Antonio Garamendi, no la descartó, pero finalmente no se produjo.

El proyecto en concreto del que ha comunicado hoy la CEOE se denomina 'Empresas que Ayudan', que tiene como objetivo “coordinar, a través de su Fundación, las iniciativas solidarias que parten de las empresas para contribuir a hacer frente a la crisis del COVID-19”.

Para ello, la patronal informa de que la Fundación CEOE incorpora a su patronato al expresidente de CEIM Juan Pablo Lázaro, al miembro de la Junta Directiva de CEOE Joan Gaspart y “a la exministra de Empleo Fátima Báñez, que será la persona encargada de gestionar el proyecto en su conjunto”.

Báñez ha agradecido en Twitter a la patronal y su fundación permitirla “coordinar este gran proyecto de solidaridad de nuestras empresas con la sociedad española”.

El comunicado de la patronal cita a su presidente, Antonio Garamendi, sobre la necesidad de articular los canales necesarios para que el esfuerzo de las empresas se traduzca en unos mejores resultados. “Queremos que nuestro compromiso solidario vaya a más, llegue a más y funcione mejor”, sostiene el empresario.

Fuentes de la patronal explican a eldiario.es que el patronato de la Fundación, presidido por Jose María Lacasa y del que forma parte Antonio Garamendi como miembro nato (al ser presidente de la CEOE), ya ha dado su visto bueno a la incorporación de Báñez, que fichó por la farmacéutica Rovi como consejera independiente el pasado diciembre.

Fátima Báñez “no tendrá nómina de la CEOE”, añaden estas fuentes, que recuerdan que la fundación es una “entidad sin ánimo de lucro” independiente de la patronal.

La misión de la expolítica del PP va a ser coordinar las iniciativas de las empresas que quieren ayudar en la emergencia de la COVID-19 para poder organizar y dar salida a estos recursos allá donde se necesiten, explican en la CEOE, donde destacan que hay muchas compañías que se han puesto en contacto con la patronal para ver “cómo pueden ayudar” en estos momentos.

La exministra de Empleo anunció que dejaba la política en marzo del año pasado, aunque se ha mantenido activa como afiliada del Partido Popular en actos y declaraciones de apoyo al partido al que pertenece.

Un fichaje que suena desde hace mucho

La incorporación de la exresponsable de Empleo a la patronal lleva sonando mucho tiempo y, en concreto, marcó la asamblea general de la CEOE celebrada el pasado julio. El diario ABC publicó ese mismo día el fichaje de la patronal de la exministra de Empleo, para que se incorporara a la dirección como “asesora del presidente”, Antonio Garamendi.

Al igual que meses antes la CEOE, así como la propia Fátima Báñez, habían negado el fichaje, en julio el líder de la patronal no lo descartó. “Hoy no toca, dejémoslo en especulaciones”, intentó zanjar Garamendi. Ante la insistencia de los periodistas, el presidente de la CEOE afirmó finalmente: “Ni confirmo ni desmiento. Queda ahí, en septiembre lo decidiremos”.

Llegó septiembre y el fichaje no se produjo. Entonces varios medios de comunicación publicaron que la entrada de la exministra del PP responsable de la reforma laboral de 2012 no convencía a todos los empresarios, por el hecho de dejar demasiado señalada ideológicamente a la patronal.

Ocho años de la aprobación de la reforma laboral del PP, que dio luz verde el Gobierno de Mariano Rajoy en un real decreto-ley el 10 de febrero de 2012 sin consenso político ni de la patronal y los sindicatos. La entonces ministra de Trabajo, Fátima Báñez, ha publicado un artículo en El Mundo en el que celebra esta legislación, que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos se propone desmontar en varias fases, empezando por la derogación del despido por bajas médicas.

Fátima Báñez subraya que la reforma laboral supuso “una nueva cultura del empleo en España” y pide ahora “no dejarse llevar por la ideología” y articular “nuevos consensos que favorezcan soluciones compartidas” en materia laboral.

La exministra de Trabajo, que anunció que dejaba la política el pasado marzo y fichaba recientemente por la farmacéutica Rovi como consejera independiente, celebra en su artículo lo que considera varios “hitos” de la reforma laboral de 2012, que asegura que contribuyó a crear empleo y a mejorar su calidad.

Báñez subraya el aumento de la contratación indefinida como un signo de esa mejora en la calidad del empleo, pero lo cierto es durante su mandato la temporalidad (la proporción de asalariados con contratos indefinidos sobre el total) se incrementó. Aumentaba el número de trabajadores con contrato indefinido, pero lo hacía aún más el de los que tenían uno eventual, menos estable.

Así, en 2012 la tasa de temporalidad era del 23,4%, según los datos anuales de la EPA, mientras en el 2018, cuando Rajoy abandonó la Moncloa, era del 26,8%. Además, no solo aumentó la temporalidad, sino que se disparó la más precaria, la de menor duración. Los contratos temporales de menos de siete días se duplicaron respecto al inicio de la crisis. Estos contratos ultracortos se dispararon precisamente a partir de 2012.

La exministra destaca no obstante en su artículo que “la evidencia empírica muestra que la recuperación ha venido acompañada de empleo de más calidad” y adjudica el mérito a la normativa del Ejecutivo de Rajoy: “Hoy, tras ocho años de vigencia de la reforma laboral, podemos afirmar que, con 785.000 ocupados menos, hay más asalariados con contrato indefinido que nunca” y que “tres de cada cuatro asalariados (el 74%) tiene un contrato indefinido, casi seis puntos más que antes de la crisis”.

Es cierto que la temporalidad, un importante problema en el mercado laboral español desde los 80, es en la actualidad inferior a previa a la crisis. En 2007, era del 31,6%. Durante la recesión se destruyó antes y en mayor cantidad el empleo temporal que el fijo, pero con la recuperación económica la temporalidad volvió a aumentar. El Banco de España concluyó que la reforma laboral no había servido para solventar este problema.

Báñez también destaca que las medidas económicas del Gobierno de Rajoy, como la reforma laboral pero también “la consolidación fiscal y la reestructuración del sistema financiero”, impulsaron “una mejora sostenida de los indicadores de situación social”. La exministra no menciona a qué indicadores se refiere, aunque argumenta respecto al gran aumento del empleo en estos años, hasta acercarnos a los 20 millones de trabajadores, que “no hay un crecimiento más social que ese”.

Sin embargo, hay importantes indicadores de la “situación social” en España que no dan lugar a sacar pecho en este sentido. El riesgo de pobreza es ahora superior al que había en 2012 y al registrado antes de la crisis, con una tasa de pobreza general en 2018 del 21,5%. En 2012 era del 20,8% y en 2008 del 19,8%.

Además, existe un foco importante de pobreza en uno de los colectivos que dependía directamente de la ministra Báñez y que sufrió importantes recortes en su mandato: los desempleados. En la actualidad, casi la mitad de los parados vive con ingresos por debo del umbral de la pobreza, un 46,8%. En 2012 el dato era del 38,1% y en 2008, del 31,3%.

El Gobierno de Rajoy limitó, por ejemplo, el subsidio para desempleados mayores de 52 años, elevando la edad de acceso hasta los 55 años y pasaron a computar las rentas familiares en el hogar y no las personales para otorgarlo. El Tribunal Constitucional tumbó esta última medida por no respetar la Carta Magna.

Ahora apuesta por el consenso

Destaca en el artículo de Báñez que la exministra apuesta ahora –cuando el Gobierno de Sánchez pretende desmontar la reforma de 2012– por que las modificaciones de la legislación laboral se hagan desde el consenso, cuando las dos refomas legales más destacadas de su mandato (la laboral de 2012 y la de pensiones de 2013) se saltaron el acuerdo político y social.

“Ante estos nuevos desafíos deberíamos centrar todas nuestras energías y acciones en construir el futuro, más que en revisar el pasado; articulando nuevos consensos que favorezcan soluciones compartidas que preserven el crecimiento y la competitividad, fortalezcan el bienestar sin dejar a nadie atrás y, además, mantengan la confianza en España”, escribe la exministra.

En este sentido, Báñez recomienda para afrontar este debate “no dejarse llevar por la ideología, sino guiarse por la razón y la experiencia empírica”. “Es más sencillo acercarse a los acuerdos democráticos alejándose de la demagogia política”, concluye.

Farmacéuticos Rovi ha fichado a la exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez como nueva consejera, con la categoría de externa independiente, según ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa también ha nombrado consejero independiente coordinador al expresidente del Consejo Económico y Social (CES) Marcos Peña, al que fichó en mayo pasado.

Báñez, que dejó la política el pasado mes de marzo con la intención de incorporarse a la empresa privada, sucede en el cargo a Enrique Castellón Leal, médico y ex viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón, que ha presentado su renuncia tras cumplirse doce años desde su nombramiento como consejero, lo que le impedía continuar como consejero externo independiente.

Asimismo, la exministra de Empleo ha sido designada miembro de las comisiones de auditoría y de nombramientos y retribuciones.

De esta forma, la compañía refuerza su consejo con la incorporación de una profesional de “reconocido prestigio y dilatada experiencia en la gestión del talento y su compromiso con las personas”.

Báñez es licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y completó su formación con un Postgrado en Administración de Empresas en la Universidad de Harvard y el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública en el IESE Business School.

Desde diciembre de 2011 hasta junio de 2018, ocupó el cargo de ministra de Empleo y Seguridad Social; así como el de ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones desde agosto de 2016 hasta noviembre de ese mismo año.

Tras la incorporación de Báñez, el consejo de la farmacéutica cuenta con tres consejeros ejecutivos, un dominical y tres independientes. Con sede en Madrid, Rovi registró una facturación de más de 300 millones en 2018 y alcanzó un beneficio neto de 30,7 millones durante los nueve primeros meses de este año, lo que supone un crecimiento del 96%.

Sigue el goteo de ex altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy que abandonan la política. La ex ministra de Empleo de 2011 a 2018, Fátima Báñez, ha anunciado en Twitter que inicia “una nueva etapa en el ámbito privado”.

Según explica, ya ha comunicado su determinación al presidente del PP, Pablo Casado, y al del PP andaluz Juan Manuel Moreno. “He trabajado estos años con la máxima entrega por España y por el PP. Donde esté, seguiré sumando con el mismo compromiso. Gracias Huelva, gracias España”, asegura en referencia a la provincia en la que nació y por la que ha sido diputada en el Congreso de los Diputados desde el año 2000.

Báñez ha estado este mismo viernes en Sevilla junto a Casado en el Comité Ejecutivo del PP de Andalucía. Al partido en su provincia de nacimiento, Huelva, ha dedicado la ex ministra unas palabras de especial agradecimiento a través de las redes sociales.

La noticia llega unos días después de que el anterior portavoz del Gobierno de Mariano Rajoy y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, comunicara su adiós a la política. También del anuncio del fichaje de Soraya Sáenz de Santamaría, anterior vicepresidenta del Gobierno, por el bufete Cuatrecasas.

Muy próxima a Sáenz de Santamaría

Fátima Báñez, muy próxima a Soraya Sáenz de Santamaría, formó parte de su equipo en el intento de la 'número 2' de Rajoy de hacerse con la presidencia del PP frente a Pablo Casado. La ex vicepresidenta llegó a proponer a Báñez como secretaria general del partido dentro de su candidatura.

Tras la victoria de Casado, Báñez solo ejerció durante un tiempo su cargo como diputada rasa mientras otros ex ministros, como Rafael Catalá, Juan Ignacio Zoido, Cristóbal Montoro y Alvaro Nadal eran promovidos presidentes de comisión.

Finalmente, la renuncia de su escaño en el Congreso de María Dolores de Cospedal, tras filtrarse unos audios de ella y su marido con el ex comisario Villarejo, Fátima Báñez fue elegida para ocupar el caso de presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja.

Pese a que no irá en las listas del PP a las elecciones generales, que Pablo Casado presentará este sábado en un acto en Madrid, Báñez ha trasladado al líder del PP su intención de ayudar a la formación en campaña, según han informado a Europa Press fuentes del partido.

“El PP ha vuelto a Catalunya para quedarse”. Así se ha expresado el presidente del PP, Pablo Casado, tras presidir la primera reunión del nuevo Comité Ejecutivo Nacional en Barcelona. El nuevo líder de los populares ha revelado que la estrategia del partido para las municipales del año que viene pasa en Catalunya por candidaturas conjuntas con el resto de fuerzas constitucionalistas. “Tenemos que ir juntos”, ha dicho.

La mirada de Casado está puesta en desalojar a Ada Colau de la alcaldía de Barcelona. Casado ha expuesto la “triple disyuntiva” que cree que deben encontrarse los barceloneses a la hora de depositar su voto en las municipales: “Que Barcelona siga siendo la capital europea del populismo, una capital ruinosa de una república independiente o una capital de una ciudad europea cosmopolita”. Todo ello mientras el exprimer francés Manuel Valls baraja presentarse a la alcaldía de la capital catalana.

En el turno de preguntas, Casado ha rebajado lo expuesto inicialmente y ha apostado por una “actuación” y “estrategia coordinada” entre las fuerzas constitucionalistas. Y en vez de Barcelona ha enfocado esta coordinación para que el líder de los populares en Catalunya, Xavier García Albiol, recupere la alcaldía de Badalona y que el PP vuelva a gobernar en municipios del área metropolitana como Castelldefels. “La gente echa de menos a Xavier García Albiol en Badalona”, ha afirmado.

Mientras aboga por la unidad con el resto de partidos, Casado no ha logrado mantener la de su formación. El reparto de puestos directivos en el nuevo PP ha reavivado la batalla entre Casado y Sáenz de Santamaría. El nuevo presidente de los conservadores ha elegido a su jefe de campaña en las primarias, Teodoro García  Egea, como secretario general, y a la exministra Dolors Montserrat, que apoyó a Cospedal en la primera vuelta, como portavoz en el Congreso. 

Casado ha relegado a puestos de segunda y tercera fila a los populares que apoyaron a Santamaría. La exvicepresidenta ni siquiera forma parte del Comité Ejecutivo y no ha viajado a Barcelona, donde el presidente del PP ha desvelado su nuevo núcleo duro.

“El PP está listo, preparado, unido y dispuesto a afrontar cualquier cita electoral”, ha dicho Casado en rueda de prensa, en la que ha mostrado su disposición a “integrar” a la exvicepresidenta. “Mi teléfono está abierto para que me conteste si se quiere integrar”, ha añadido. Y al mismo que tiempo que ha implorado la necesidad de “unidad” en el partido, ha lanzado esta advertencia: “No voy a permitir ninguna corriente interna ni etiquetados de personas”.

El nuevo presidente del PP ha mantenido la dureza contra el independentismo de su campaña y ha reiterado que el primer proyecto de los populares en el Congreso será proponer una reforma del Código Penal para castigar la “sedición impropia” y la “convocatoria ilegal de referéndums”. Casado ha justificado estos cambios en que hay que “anticiparse” al independentismo, más en vísperas del primer aniversario del otoño soberanista catalán. 

“Si en la agenda de ruptura de los partidos independentistas se prepara cualquier tipo de ruptura de la legalidad hay que tener los mecanismos de defensa efectivos para que no pase lo que pasó el año pasado”, ha defendido. Además, ha mostrado su mano tendida al Gobierno de Pedro Sánchez para volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución ante el “mínimo desafío secesionista” del Govern.

Andalucía tiene un peso desigual en las listas que han presentado los candidatos a presidir al PP para formar parte de su núcleo duro. Abrumador en el equipo de Soraya Sáenz de Santamaría, y más residual en el de Pablo Casado. La ex vicepresidenta del Gobierno mantiene en la sala de máquinas del partido al hombre clave de su campaña, Javier Arenas; y el vicesecretario de Comunicación contará en su círculo de confianza con el ex ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido. Esto es lo que explica, en parte, por qué ha sido imposible la integración de ambas listas. La división de los candidatos es una prolongación de la honda fractura interna que divide al PP andaluz prácticamente desde que Juanma Moreno se convirtió en presidente regional (la gran victoria orgánica de Arenas sobre Dolores de Cospedal y Zoido).

El peso del PP andaluz en la ejecutiva virtual de Santamaría es proporcional al resultado que la candidata obtuvo en esta región. La ex vicepresidenta del Gobierno ganó con mayoría absoluta, recabó el 54% del voto de los afiliados, y llegó al XIX congreso nacional del partido como favorita. Es posible que este respaldo abrumador -que la ejecutiva regional de Juanma Moreno eleva al 65%- haya sido decisivo para el resultado final. Como consecuencia, Santamaría ha incluido 11 nombres andaluces en sus órganos de dirección -entre el Comité Ejecutivo Nacional y la Junta Directiva-, con la ex ministra de Empleo, Fátima Báñez, como futura secretaria general del partido, en sustitución de Dolores de Cospedal.

Además de Arenas, Santamaría ha elegido para su núcleo duro a su eterno número dos, Antonio Sanz, presidente del PP de Cádiz, que ha coordinado su campaña. También entra otro hombre clave en la actual dirección de los populares andaluces, el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, persona próxima a Moreno. Repiten en la cúpula del partido la ex alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y la secretaria general del PP andaluz, Dolores López.

Santamaría también contará con el ex portavoz popular en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, y con la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, recompensada tras cambiar su apoyo a Cospedal en primera ronda por un respaldo a la ex vicepresidenta. Otros dos regidores, la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, y el de Almería, Ramón Fernández Pacheco, así como la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, gran rival del clan Zoido en la capital andaluza. Pérez torció el brazo a la anterior ejecutiva provincial en un congreso muy convulso y a cara de perro en el que se evidenció un cisma drástico entre los populares sevillanos.

Pablo Casado ha presentado una lista con menos nombre significados, tratando de no identificarse tanto con el aparato como su rival. Zoido forma parte de su núcleo duro, dentro del Comité Ejecutivo Nacional, junto a la ex alcaldesa de Fuengirola y vicepresidenta del Parlamento andaluz, Esperanza Oña; y otros dos andaluces: Javier Aureliano García y Concha Santa Ana. Para la Junta Directiva, aparecen los nombres de Alberto Díaz, ex portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, y muy próximo a Zoido; Ana Vázquez García y el ex presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza, muy enfrentado al presidente provincial del PP, Antonio Sanz.

El PP andaluz ha seguido el recuento de papeletas aguantando la respiración. La división interna amenaza la campaña de los populares en unas elecciones que se prevén antes de tiempo, el próximo otoño. “Quiero que Juanma sea presidente de la Junta. Puede que nos queden sólo 12 semanas para las urnas en Andalucía, no podemos permitirnos más veleidades. Hay que unir el partido cuanto antes, es lo que está pidiendo la militancia”, dice el presidente provincial del PP de Granada, Sebastián Pérez.

El debate sobre las pensiones está en la calle y también en el Congreso. El Gobierno tiene ahí uno de sus puntos calientes de la legislatura: con miles de pensionistas en la calle pidiendo una subida “digna”, la oposición apretando en el Parlamento y unas cuentas de la Seguridad Social maltrechas, las pensiones se han convertido en un quebradero de cabeza que el Ejecutivo no puede ignorar. A pesar de que en los últimos años se han puesto sobre la mesa varias medidas para mejorar las cuentas de la Seguridad Social –algunas con bastante consenso– , el Ejecutivo no se ha decidido por ninguna de ellas. El Ministerio de Empleo asegura que no lo harán hasta que haya acuerdo en el Pacto de Toledo, pero los sindicatos y la oposición le acusan de inmovilismo.

Estas son tres medidas que el Gobierno podría haber puesto en marcha ya para aliviar el estado de las cuentas de la Seguridad Social, con un déficit de 18.800 millones de euros.

Pagar las ayudas a la contratación con los Presupuestos

La ministra Fátima Báñez abrió las negociaciones del Pacto de Toledo en noviembre de 2016 con una intervención en la que propuso algunas medidas. No fueron muchas, ni muy concretas, pero destacó una que sonó a decisión tomada: acabar con las reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social (las llamadas tarifas planas) y convertirlas en bonificaciones, que paga el Estado.

Una de las grandes apuestas del Gobierno para la creación de empleo fueron las reducciones y las bonificaciones a la contratación. En el caso de las primeras, tienen un gran impacto en las arcas de la Seguridad Social porque es dinero que deja de ingresar el sistema. En cuanto a las bonificaciones, las empresas no pagan pero sí lo hace por ellas el Servicio Público de Empleo, por lo que ese dinero sí se ingresa, aunque procede de los Presupuestos Generales y no de las cotizaciones.

Aunque Báñez anunció entonces la pretensión del Ejecutivo de convertir las reducciones en bonificaciones (y que, por tanto, las asuman los Presupuestos Generales), no la ha llevado a cabo. En 2017 estas reducciones supusieron unos 2.000 millones de euros. La medida cuenta con bastante consenso entre los grupos de la oposición en la Comisión del Pacto de Toledo, así como en los sindicatos, muy críticos con estas dos opciones para premiar la contratación de las empresas.

A esos 2.000 millones de euros se le podrían sumar otros 1.000 millones si, como plantea CCOO, se acabara con las reducciones a la cotización de las que disfrutan las empresas del sistema especial agrario. El sindicato sostiene que se trata de ayudas sectoriales y que, como tales, deben de ser sufragadas con presupuesto y no con cargo a la Seguridad Social.

“Podrían haberlo hecho ya perfectamente”, afirma Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, sobre el final de las reducciones a la contratación. Barrera considera que Rajoy está “haciendo partidismo con las pensiones” al vincular las mejoras de los pensionistas al apoyo de sus cuentas para 2018. “Hurta el debate de las pensiones del Pacto de Toledo y del diálogo social a través de los Presupuestos”.

Sacar los gastos administrativos de la Seguridad Social

De las cuentas de la Seguridad Social sale también el pago de sus gastos administrativos, que incluyen los salarios del personal, gastos corrientes de bienes y servicios y de inversión. La necesidad de derivar esta partida a los Presupuestos Generales es otra de las medidas con más consenso entre los grupos políticos y organizaciones sindicales, que señalan que el resto de ministerios sufragan sus gastos por esta vía y la Seguridad Social no debería ser una excepción.

Según los cálculos de UGT, en 2016 salieron de las arcas casi 2.500 millones en gastos de personal, cerca de 1.500 millones en bienes y servicios, más unos 223.618 euros en inversiones reales. En total, unos 4.000 millones de euros. Por su parte, CCOO cifra en unos 2.700 millones de euros al año la cantidad de gastos que podría dejar de asumir la caja Seguridad Social.

'Destopar' las cotizaciones máximas

Otra de las medidas es la de eliminar los topes máximos de cotización, lo que técnicamente se llama “destopar” las bases de cotización. De la misma manera que hay una base mínima por la que una persona puede cotizar, hay también una base máxima. En 2018 esa base es de 3.751 euros. Eso quiere decir que ese es el dinero tope por el que una persona contribuye a la Seguridad Social: aunque cobre más, contribuye como mucho con esa base de cotización.

Aunque el Gobierno ya ha elevado en dos ocasiones esa base máxima, CCOO reclama un “destope” de ese límite para que quien cobre por encima de esa cantidad tenga también una cotización proporcional. El secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, explica que la “ventaja” de esta medida es que implica “ingresar mucho dinero al sistema y de inmediato”. Debido a los costes laborales que generaría sobre las empresas, que son las que afrontarían en mayor medida el pago de esta medida, CCOO propone elimar el máximo de manera paulatina. El impacto final rondaría entre los 8.000 y 9.000 millones de euros, según los sindicatos.

Esa cantidad, eso sí, no tiene en cuenta lo que costaría subir también la pensión máxima: esto es, eliminar los límites de cotización también supondría subir la pensión máxima que paga el sistema. Una subida, dice CCOO, que no tendría por qué ser proporcional y que seguiría dejando cuantiosos ingresos al sistema.

Los sindicatos advierten de que, aunque son decisiones que pueden aliviar los gastos del sistema de manera bastante inmediata, su aplicación no resuelve los retos que deberá afrontar la Seguridad Social en los próximos años. Por ello, exigen al Gobierno una marcha atrás en su reforma de 2013, con especial énfasis en modificar la revalorización de las pensiones para volver a ligarla a los precios y derogar el factor de sostenibilidad que entrará en vigor en 2019. De lo contrario, insisten en la presión en la calle continuará. “Estamos barajando fechas, pero queremos que no se pase abril sin una gran manifestación”, sostiene Mari Camen Barrera.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha remarcado este lunes la necesitad de mejorar el crecimiento económico, las condiciones laborales y los pactos para que las pensiones “puedan mejorar en el presente y en el futuro”.

Báñez ha asegurado, en una entrevista en Los Desayunos de TVE, que el sistema de pensiones español tiene “un problema puntual” como consecuencia de la crisis de empleo derivada de la crisis económica. Pero ha remarcado que las pensiones se van a seguir pagando con “puntualidad” y que el sistema de pensiones está asegurado en el futuro. “El Gobierno siempre quiere mejorar las pensiones de nuestros mayores”, ha señalado Báñez, que ha destacado que el ejecutivo de Mariano Rajoy es “un Gobierno preocupado por el presente y el futuro de las pensiones”.

Por ello, la ministra de Empleo ha insistido en que, en el debate monográfico de las pensiones programado este miércoles en el Congreso de los Diputados y convocado a petición del presidente, Mariano Rajoy hará un debate “de la responsabilidad” sobre todo el sistema de pensiones en su conjunto. Un monográfico sobre el que no ha adelantado si el presidente propondrá nuevas medidas, pero sobre el que ha dejado la puerta abierta para las propuestas de otras formaciones políticas para mejorar los pactos.

“Estoy convencida de que a los pensionistas que nos están escuchando esta mañana y a los que van a ser pensionistas en el futuro, les tranquiliza que haya un Gobierno que piense en el sistema completo”, ha insistido Báñez, que ha remarcado la necesidad de mejorar pactos como el de Toledo, el crecimiento económico y las condiciones laborales para que las pensiones “puedan mejorar en el presente y en el futuro”.

Preguntada sobre si será necesario que los futuros pensionistas recurran a un plan de pensiones privado, la ministra ha señalado que es “una opción más”, pero ha recomendado que la gente “confíe” en el modelo público. “Yo recomiendo que la gente confíe en el modelo público porque es fuerte, porque es viable y depende del crecimiento económico, del empleo y de los pactos”.

Además del mensaje de tranquilidad, la ministra ha querido lanzar un mensaje de “gratitud” a todos los mayores porque “gracias a ellos” en España “ha cambiado mucho la situación de los últimos 40 años” y “son los que han traído prosperidad y el modelo económico que tenemos”.

Báñez ha asegurado que el modelo de pensiones español es “solvente” y que el Gobierno ha recibido peticiones de países como China para exportar el modelo. “Es un modelo bueno que incluso nos están queriendo copiar países como China”, he remarcado la ministra sobre un sistema, en su opinión, “ampliamente respaldado por la sociedad española”.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, quien no secundará la huelga feminista del próximo 8M, ha indicado que para ella “los 365 días del año son 8 de marzo” y que durante todos ellos trabaja “por la igualdad real entre hombres y mujeres”.

En declaraciones a los periodistas en Islantilla (Huelva), cuestionada por esta jornada, ha apuntado que tiene “algo positivo”, que es “la reacción de toda la sociedad, y eso tiene un carácter global en nuestro país, en Europa, pero también en todo el mundo”, de que “alcancemos por fin la igualdad real de oportunidades”.

Por ello, considera que “la conmemoración mundial del 8 de marzo es un motivo más para comprometernos todos, hombres y mujeres, en este gran objetivo, que es un objetivo de todos”.

Ha remarcado que respeta “cómo cada mujer ejerce ese compromiso” y ha añadido que “unas lo harán parando, a través del ejercicio del derecho a la huelga”, y otras, como ella, “trabajando, desde nuestra la libertad”.

Sin embargo, entiende que “igual de compromiso es elegir una que otra opción: lo importante es que en nuestro país cada día todos, hombres y mujeres, sepamos que para competir con lo mejor que tiene la sociedad española y España, que es el capital humano y el talento, necesitamos la igualdad real entre hombres y mujeres, y en eso trabajo todos los días”.

Unidos Podemos y Compromís pedirán este martes la comparecencia en Pleno tanto del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como de la ministra de empleo, Fátima Báñez, con el objetivo es que aclaren qué va a ocurrir con el factor de sostenibilidad y el futuro de las pensiones.

La petición de los partidos de izquierdas, a los que probablemente se unirá el PSOE, tiene lugar tras las masivas movilizaciones de personas mayores que pedían la paralización de la reforma de las pensiones que ha puesto en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy.

El pasado mes de enero, ante la Comisión del Pacto de Toledo, la ministra Báñez declinó responder ante los diputados cómo afectaría este nuevo factor de sostenibilidad, justificando que aún no disponían de los últimos datos de defunciones, pese a que la normativa sobre pensiones la aprobó su Gobierno hace cinco años y entra en vigor en enero de 2019 para las personas que se jubilen a partir de esa fecha.

Unidos Podemos ha pedido la supresión inmediata del factor de sostenibilidad, que supone realizar el cálculo de la pensión de jubilación teniendo en cuenta, además de las bases de cotización y del número de años cotizados, la evolución de la esperanza de vida de la población en el momento en la persona accede a la pensión. Según la formación de izquierdas, “esto va suponer nuevamente una rebaja importante de la cuantía de las pensiones del 5% por década, de manera que en el año 2050 se llegará a una reducción del 20% para los y las pensionistas”.

Ciudadanos aún no ha declarado si apoyará la iniciativa, de manera que podría bloquearla si suman sus votos a los del PP, aunque en teoría el reglamento del Congreso permite convocar un pleno tras la petición de dos formaciones políticas. En caso de que prospere, la fecha de celebración del pleno la decidirá la presidenta del Congreso, Ana Pastor.