El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un Plan estratégico de memoria que plantea la creación de diversos espacios memoriales y actividades para “contrarrestar una cierta falta de transmisión pública y educativa de la historia del siglo XX”. Entre las principales propuestas destaca la inauguración de un espacio memorial en el Castillo de Montjuïc sobre el terrorismo.

Este museo, que también funcionará como archivo y centro de investigación, zanja una larga negociación con las víctimas del terrorismo, que hace años que piden a diversas instituciones -entre ellas el Ayuntamiento- más reconocimiento y acompañamiento. El consistorio se comprometió a crear este espacio ya en 2024 y ahora queda financiado bajo el paraguas de este Plan estratégico.

Se espera que las obras finalicen durante el primer semestre de este 2026, aunque el espacio de memoria y museo no se estrenará hasta 2027. La idea es que este castillo, históricamente vinculado a la represión militar y en el que se llevaron a cabo diversas ejecuciones durante el franquismo, tenga 200 metros cuadrados dedicados a la divulgación sobre estos episodios.

El consistorio apunta que combinará una exposición permanente con actividades de investigación y educativas. “Barcelona ha estado marcada por episodios de alto impacto, como los atentados multitudinarios de Hipercor, en 1987, y de la Rambla, en 2017, que han dejado una profunda huella humana, social y emocional en la ciudad”, apuntan desde el Ayuntamiento. Por ello, el memorial pretende ser un espacio que explique “con rigor y sensibilidad” el terrorismo “en toda su complejidad, situando a las víctimas en el centro y contribuyendo a su reconocimiento”.

La teniente de Alcaldía del área de Derechos Sociales y Memoria Democrática, Raquel Gil, considera que “se debe preservar el pasado para fortalecer el futuro” y destaca que el Plan de memoria es “fruto de un proceso colectivo”. A él han contribuido diversas entidades como el Observatorio Europeo de Memorias (EUROM), la Asociación Pro-Memoria de los Inmolados por la Libertad en Catalunya, el Ateneu de Memoria Popular, el Amical de Mauthausen, el de las Brigadas Internacionales, el espacio feminista Ca la Dona o la Fundación Cipriano García.

Y es que, además del memorial de terrorismo, el Plan -financiado con 6.151.280 euros- contempla otros proyectos, como el Centro Model de la Memoria, que transformará la antigua galería 4 de la cárcel en un espacio museístico. También se revisará la normativa del nomenclátor de la ciudad para “garantizar la coherencia y la precisión historiográfica”, así como para impulsar nombres que, hasta ahora, han sido “poco visibles”, con especial atención a la “necesaria feminización” de las calles.

Por último, también se reactivará la Junta de Valoración del Tardofranquismo, que revisará los protocolos e incorporará perfiles no contemplados hasta la fecha, como el de las mujeres internadas en el Patronato de Protección a la Mujer, las represaliadas por motivos políticos o morales o las perseguidas por su orientación sexual y de género.

Además, se prevé realizar un ciclo de actividades, con diversas propuestas educativas, así como la creación de una web interactiva sobre el pasado esclavista de Barcelona. En él, se identificarán los espacios de la ciudad vinculados al tráfico de esclavos. “Son memorias que han estado largamente silenciadas y la ciudad conserva numerosas trazas de esta participación, desde los domicilios de armadores de indianos hasta aquellos financiados con capitales procedentes de la explotación”, apuntan desde el Ayuntamiento.

A Javier Verdejo nadie le iba a frenar su ímpetu por vivir en una democracia en España. Con la muerte del dictador Francisco Franco, este joven estudiante almeriense de la Universidad de Granada sabía que estaba ante la oportunidad perfecta para reivindicar un nuevo tiempo para su país. Nadie, ni siquiera su padre, un reconocido alcalde franquista de Almería, le iba a impedir militar hacia una transición política en la que la dictadura fuese historia. Nadie, hasta que una bala de un guardia civil le atravesó el cuerpo y le cercenó la vida. Era el verano de 1976, pero su asesinato pareció teñir de invierno las ambiciones de quienes, como Javier, soñaban con una España democrática.

Tenía tan solo 19 años cuando esa bala acabó con su futuro en la playa del Zapillo de su Almería natal. Militante de la Joven Guardia Roja de España (JGRE), la organización juvenil del Partido de los Trabajadores de España (PTE), Verdejo apenas llevaba un año estudiando Biología en la universidad cuando fue sorprendido en una caseta de baño próxima a la orilla escribiendo en un muro, con letras rojas: “Pan, trabajo y libertad”. No llegó a escribir más que la “t” de trabajo cuando un agente de la Guardia Civil le persiguió, mientras trataba de huir, hasta darle alcance con su fusil. En apenas unos segundos, el joven murió, convirtiéndose en una de las casi 800 víctimas que se produjeron en los primeros años de la transición española tras la muerte de Franco en noviembre de 1975.

Quizá por eso, por parecer tan solo un número, Javier Verdejo no ocupa los recuerdos que sí logran otros como Manuel García Caparrós, asesinado el 4 de diciembre de 1977 mientras luchaba por la autonomía de Andalucía. Quizá por eso, la de Verdejo es la historia de un chaval que tuvo la mala suerte de soñar con una democracia cuando la dictadura aún seguía existiendo, pese a la muerte de Franco.

Ahora, 50 años después de su asesinato, la Universidad de Granada le hace un homenaje para que la comunidad académica y la población en general, que empieza a ser mayoría la que no vivió el franquismo, no olvide lo que pasó en los primeros años de la transición que permitió que España sea hoy una democracia. Porque el contexto de aquel tiempo merece ser recordado para entender quién era Javier Verdejo y qué pasaba en el país en aquellas fechas. En ese sentido, Rafael Gil Bracero, profesor de Historia en la Universidad de Granada, que tenía casi la misma edad que Verdejo cuando fue asesinado, es una de las personas que más ha estudiado sobre su figura y de las que más luces puede aportar a los vacíos que la versión oficial arrojó sobre la muerte del joven.

Una transición que no fue modélica

“Ni fue una transición ni mucho menos modélica. Fue sangrienta”, resume Gil. El historiador sitúa el asesinato de Verdejo en un momento de enorme tensión política y social, apenas meses después de la llegada de Adolfo Suárez al Gobierno. En aquel 1976, ni los partidos políticos ni los sindicatos estaban legalizados, y la movilización en las calles –especialmente de estudiantes y trabajadores– formaba parte de la lucha por conquistar libertades básicas.

Ese clima tenía en la universidad uno de sus principales epicentros. “El ambiente universitario estaba muy politizado”, explica Gil, que vivió aquellos años como estudiante. “En la Universidad de Granada, el Partido Comunista era casi lo más a la derecha”. La frase, provocadora, ilustra hasta qué punto el espacio universitario estaba dominado por organizaciones de izquierda y extrema izquierda, donde militaban buena parte del alumnado.

Lejos de ser una excepción, la implicación política formaba parte de la vida cotidiana. Carteles, asambleas y panfletos articulaban un movimiento estudiantil que se organizaba al margen de la legalidad vigente. “La mayoría de estudiantes estaban vinculados a organizaciones políticas”, recuerda el historiador. En ese contexto, la militancia de Javier Verdejo no tenía nada de extraordinario: era, en realidad, la norma entre quienes protagonizaban la oposición al franquismo en las aulas.

Pero esa efervescencia chocaba de frente con un aparato estatal que apenas había cambiado. Gil insiste en que la transición política no vino acompañada de una depuración real de las fuerzas de orden público. “Podían disparar y no pasaba nada”, asegura. La combinación de movilización social y continuidad represiva explica, en parte, la violencia de aquellos años. En cifras, el balance es contundente. “Del 75 al 83 hubo al menos setecientas muertes violentas”, señala. De ellas, al menos 178 corresponden a violencia ejercida por el propio Estado. “Son muertes que apenas han tenido investigación, reparación ni reconocimiento”, añade. La de Javier Verdejo fue una más de esa lista, aunque con el paso del tiempo haya quedado diluida en el relato oficial de una transición pacífica.

La versión oficial sostuvo que el disparo fue accidental: el agente habría caído mientras perseguía al joven y el arma se habría disparado de forma fortuita. Sin embargo, Gil cuestiona esa explicación. “Si te caes con el arma, el disparo no va al cuello”, apunta. Para el historiador, se construyó un relato para evitar responsabilidades. “No fue una muerte, fue un asesinato”, afirma con rotundidad.

La impunidad de su asesinato

El caso nunca se investigó en profundidad y quedó impune. La respuesta en la propia universidad, aunque existente, fue limitada. Hubo comunicados y protestas, pero no una movilización sostenida. “Se hicieron panfletos denunciando el asesinato, pero no hubo más”, admite Gil. Aun así, el impacto fue profundo entre quienes compartían generación con Verdejo: la constatación de que la represión seguía operando incluso en plena transición.

A diferencia de otros nombres que sí han logrado cierto reconocimiento institucional, la figura de Javier Verdejo quedó marcada por el olvido. Algunas fuentes han sostenido que existió un distanciamiento por parte de su familia debido a su militancia política, en un contexto marcado por profundas divisiones ideológicas. Sin embargo, sus hermanos han querido matizar esta interpretación y subrayan que su familia siempre se ha sentido “muy orgullosa” de Javier, al que consideran “querido, recordado y añorado”.

“Una tragedia de tal envergadura marcó a sus padres y a toda su familia, la cual ha sido víctima, al igual que lo fue Javier, de falta de respeto y solidaridad”, explican los hermanos Verdejo Lucas. Asimismo, recuerdan que en 2010 fue reconocido oficialmente como “víctima de la violencia estatal” a petición de la propia familia. Y aseguran haber participado “en todos los actos en reconocimiento a Javier a los que la familia ha sido invitada, y también ha asistido a muchos otros eventos, aunque lo ha hecho sin significarse, respetando así, la iniciativa de los convocantes”.  

Memoria y presente

Medio siglo después, el homenaje impulsado ahora desde la Universidad de Granada, con participación institucional, supone un cambio respecto a décadas anteriores. “Ya era hora de que el Estado reconociera a quienes dieron su vida por la democracia”, sostiene Gil.

Para el historiador, la recuperación de estas historias no es solo una cuestión de memoria, sino también de presente. “Esto no se enseña en las aulas, aunque la ley diga que es obligatorio”, advierte. En un contexto en el que las nuevas generaciones consumen información de forma fragmentaria y rápida, reivindica el papel de la divulgación y del periodismo para reconstruir estos relatos.

Porque la historia de Javier Verdejo no es solo la de un estudiante asesinado en una playa de Almería. Es también la de una universidad que fue motor de cambio político, la de una generación que se jugó la libertad en las aulas y en la calle, y la de un país que, durante demasiado tiempo, prefirió no hacerse preguntas. Medio siglo después, su nombre vuelve a aparecer para recordarlas.

Vox ha sacado pecho este miércoles de la derogación de la ley balear de memoria democrática que, con toda probabilidad, se materializará la próxima semana. Lo ha hecho, de nuevo, apelado a la narrativa de la extrema derecha según la cual las normas aprobadas en esta materia buscan reescribir el relato del golpe franquista, la guerra civil y la dictadura: “Esta ley nunca ha buscado justicia, sino venganza y borrar a media España de los libros de historia con dinero público”, ha proclamado de la portavoz del partido en el Parlament balear, Manuela Cañadas, a pesar de que el texto autonómico rechaza cualquier tipo de totalitarismo y régimen antidemocrático, se inscribe en las políticas de reparación impulsadas en Europa y ha sido señalado por organizaciones y expertos como un ejemplo de desarrollo de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

“Se acabó el tiempo del revanchismo y se acabó la dictadura del pensamiento único”, ha espetado Cañadas, quien ya elevó la tensión en el pleno del Parlament de este martes al acusar a los partidos de izquierda de ser “cómplices” de “violaciones”, de “tráfico de seres humanos” y del “terrorismo yihadista” por apoyar la regularización extraordinaria de personas migrantes, sin que el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne (Vox), reprobara o retirara sus imputaciones del libro de sesiones.

La institución ha estado de nuevo este miércoles marcada por la controversia a tenor del debate de una proposición no de ley del PSIB-PSOE que reclamaba al Govern de Marga Prohens (PP) no derogar la ley de memoria. Durante la defensa de la iniciativa en la Comisión de Asuntos Institucionales, el diputado socialista Omar Lamin ha recriminado que la supresión de la norma, pactada por PP y Vox a inicios de legislatura, supone “una involución moral y política sin precedentes”. “Utilizar la memoria de las víctimas como moneda de cambio para mantener el poder político es un acto de indignidad y una traición a los valores democráticos”, ha aseverado.

El parlamentario ha recordado, además, que la derogación supone la ruptura del acuerdo con el que, en diciembre de 2024, los populares se comprometieron con los partidos de izquierdas a no eliminar la norma a cambio de poder contar con el apoyo de la oposición para corregir una votación. Apenas seis meses después, el PP incumplió el pacto: la necesidad de contar con los votos de Vox para sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025 los llevó a ceder finalmente a la agenda ultra de su socio de investidura. Un cambio de postura que la izquierda recrimina con dureza a los conservadores.

“Tras una crisis política e institucional, el Govern de Marga Prohens y el PP se comprometieron y acordaron con las fuerzas progresistas y con la sociedad balear a no derogar la ley de memoria y a mantener las políticas de verdad, justicia y reparación”, ha recalcado Lamin, quien ha reprochado que el incumplimiento de este acuerdo “es una traición manifiesta a aquel compromiso, una falta de respeto hacia las víctimas y sus familias y una ruptura de confianza con toda la ciudadanía”.

Por su parte, Vox ha reivindicado nuevamente y sin ambages la supresión de la ley. “Yo me sentiré muy orgulloso de mi paso por este Parlament si una de mis aportaciones a la política de estas islas ha sido la derogación de la ley de memoria democrática”, ha espetado el diputado Sergio Rodríguez, quien ha advertido de que su grupo “nunca aceptará una ley que diga que en nuestra guerra civil había un bando bueno y un bando malo”. “No les compramos esa mercancía averiada”, ha proseguido, mostrándose “dispuesto, con estoicismo, paciencia y rigor, a aguantar su culebrón venezolano sin ningún tipo de problema”, en alusión al pleno en el que, el próximo martes, será sometida a voto la revocación del texto. El diputado ha deslizado finalmente que eliminar la ley de memoria “de antidemocrático no tiene absolutamente nada, porque cualquier decisión que en un parlamento democráticamente elegido se toma por mayoría es una decisión democrática”.

“No es lo mismo ser democrático que demócrata”

Frente a ello, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha replicado la intervención de Vox cuestionando su interpretación del concepto de democracia. “No es lo mismo ser democrático que ser demócrata”, ha señalado, antes de ilustrarlo con un ejemplo histórico: “Podríamos coincidir en que Hitler fue elegido democráticamente, pero difícilmente coincidiremos en que Hitler era una persona demócrata”. A su juicio, confundir ambos conceptos conduce a lecturas simplistas del pasado, cuando precisamente el estudio de la historia debe servir para aprender de los errores y evitar que se repitan.

En ese sentido, el parlamentario ecosoberanista ha defendido la importancia de recordar el pasado para evitar repetir los errores históricos y a la necesidad de contextualizar la Guerra Civil y el franquismo, recordando que numerosas “personas inocentes del bando republicano acabaron en los campos de concentración nazis, compartiendo espacio con judíos y con homosexuales”, mientras que “las personas del bando nacional fueron a luchar con los nazis en la División Azul”. Se trata de unos hechos que, ha incidido, evidencian que el franquismo “no es un champiñón histórico que surge de forma aislada”, sino que se inscribe en un contexto internacional y en alianzas con regímenes hoy considerados incompatibles con los valores democráticos.

Mientras tanto, el diputado del Grupo Mixto Josep Castells ha recordado que la ley se aprobó con consenso y suprimirla supondría romper ese marco. “Una cosa es mejorar una norma y otra es derogarla, romper continuidades y dejar procesos a medio camino”.

El diputado independiente Llorenç Córdoba se ha sumado a las críticas relativas a la “instrumentalización política” del debate memorialista. “Cuando la memoria democrática se usa como herramienta partidista, en lugar de reparar se polariza”, ha advertido, aunque ha insistido en que la solución no es eliminar la ley sino “despolitizar”.

Por parte del PP, Rafael Nadal ha evitado entrar en el fondo del debate “más allá del relato que se ha querido construir”, defendiendo que la derogación de la ley debe discutirse en el pleno de la Cámara. “Una y otra vez estamos debatiendo sobre lo mismo con iniciativas que repiten el mismo planteamiento. Y, sinceramente, no nos parece la mejor manera de utilizar el tiempo de este Parlament”, ha señalado el popular, reconociendo, con todo, que se trata de “un tema sensible que merece ser tratado con rigor y serenidad

Finalmente, la comisión ha rechazado, con los votos en contra de PP y Vox, el punto central de la iniciativa socialista, que instaba al Govern a no derogar la ley de memoria democrática y a mantener las políticas públicas de memoria. Populares y extrema derecha también han tumbado el punto que pedía impulsar desde el ámbito local acciones de memoria democrática, como la localización de fosas o la conmemoración de las víctimas del franquismo. La comisión sí ha aprobado otros tres puntos de la proposición, entre ellos reafirmar el compromiso con la verdad, la justicia y la reparación, mantener las políticas de memoria democrática y expresar apoyo a las familias de las víctimas y a las entidades memorialistas.

El Parlament balear ha aprovat una proposició no de llei (PNL) del PSIB-PSOE que insta el Govern a organitzar un acte institucional de reconeixement i homenatge a totes les víctimes civils, “sense distinció de bàndol”, dels bombardejos patits a les illes durant la Guerra Civil. La iniciativa, que ha tirat endavant amb el suport unànime de tots els grups -inclosos PP i Vox-, assevera que “aquestes víctimes formen part de la tragèdia compartida que va suposar la guerra i mereixen totes el reconeixement i la reparació moral de les institucions democràtiques”. “El seu dolor no té bàndol, i la seva memòria ha de contribuir a reforçar la convivència i la pau”, afegeix el text.

La votació ha tingut lloc tot just uns dies abans que, amb tota probabilitat, conservadors i extrema dreta utilitzin la seva majoria parlamentària per rebutjar l'esmena a la totalitat de l'esquerra contra la derogació de la Llei de Memòria Democràtica, l'entramat legal que, precisament, dóna cobertura institucional i continuïtat a aquest tipus d'homenatges. No en va, PP, Vox i el diputat del Grup Mixt han avançat aquest dimecres en el desmantellament d'aquest marc normatiu en rebutjar diverses mesures clau, incloses en la mateixa PNL, vinculades a la memòria històrica. Entre elles, el punt que reclamava que l'homenatge se celebri de manera descentralitzada a cada illa amb la participació dels Consells Insulars, els ajuntaments i les entitats memorialistes, mantenint un caràcter comú per a tot l'arxipèlag.

Del mateix mode, també ha estat tombada la incorporació d'aquests fets històrics als continguts educatius, el reforç de les polítiques públiques de memòria i els programes d'exhumacions, la preservació dels espais de memòria, així com la defensa expressa de la llei vigent. El resultat ha estat l'aprovació d'una iniciativa aïllada, la celebració del reconeixement conjunt, sense que aquest es vegi acompanyat d'un marc estable d'actuació institucional.

Els bombardejos que van sacsejar les illes

El document aprovat aquest dimecres recorda com Balears va patir, després del cop franquista que va desembocar en el conflicte bèl·lic, diversos bombardejos que “van afectar greument la població civil”. A Palma, una esquadrilla de les Forces Aèries de la República va bombardejar el 1937 la ciutat, “causant prop d'un centenar de víctimes, entre elles nombrosos nens”. A Eivissa, al migdia del 13 de setembre del 1936, els bombardejos de l'aviació feixista italiana instal·lada a Mallorca “van provocar morts i ferits entre la població civil i la destrucció d'infraestructures al port i a la ciutat”.

Al mateix temps, el 29 de maig del 1937, després d'un bombardeig sobre el creuer alemany Deutschland, una esquadra republicana va canonar la ciutat d'Eivissa, provocant diverses víctimes mortals entre la població civil. A Menorca, durant els últims mesos del conflicte, també es van produir bombardejos aeris i navals que “van afectar ciutadans innocents”.

La iniciativa socialista recorda que recentment es va anunciar la voluntat de retre homenatge a les víctimes dels bombardejos republicans sobre Palma, coincidint amb el 90 aniversari d'aquells fets. “Aquest record és just i necessari”, subratlla el text, que assevera a continuació que “el reconeixement de la memòria democràtica no pot ser selectiu”. “Si volem construir una memòria comuna i inclusiva, cal també recordar i homenatjar a les víctimes dels bombardejos feixistes a Eivissa i a Menorca, així com a totes les persones innocents que van patir la violència i la repressió de qualsevol bàndol”.

“Greu retrocés en la garantia dels drets humans”

La proposta assenyala, tanmateix, que “aquest deure de memòria no pot desvincular-se del marc legal que el fa possible”. Es refereix a la llei de memòria democràtica, aprovada el 2018 sota el mandat de la socialista Francina Armengol i que -afegeix el document- “ha permès avançar en la veritat, la justícia i la reparació de les víctimes”. “La seva derogació, impulsada per Vox amb el suport del Partit Popular, suposaria un greu retrocés en la garantia dels drets humans i en el reconeixement institucional de totes les víctimes del conflicte”, incideix el text, fent èmfasi, de nou, en què la memòria democràtica “ha de servir per unir, no per dividir; per reconèixer el dolor de tots, no per jerarquitzar-lo. Només des del respecte, la veritat i el compromís de no repetició podrem construir una convivència sòlida i justa”.

En aquesta línia, el Parlament ha donat llum verda a la proposta d'impulsar estudis i projectes d'investigació històrica sobre els bombardejos, “tant republicans com franquistes”, amb la col·laboració de les universitats, arxius i associacions de memòria, i de fer públics els resultats “per garantir el dret a la veritat”. Aquest punt ha obtingut el suport majoritari de la Cambra, amb l'única abstenció de Vox.

Per últim, la Cambra ha reafirmat el seu compromís amb “una memòria democràtica plural, inclusiva i reconciliadora, que no oblidi ni silenci cap víctima i que mantingui viva la dignitat de totes les persones innocents que van perdre la vida a les nostres illes durant la Guerra Civil”. “Només des del respecte a totes les víctimes podrem construir una societat que recordi sense odi, repari sense distincions i aprengui per sempre més a no repetir”, sentencia el text.

El Parlament balear ha aprobado una proposición no de ley (PNL) del PSIB-PSOE que insta al Govern a organizar un acto institucional de reconocimiento y homenaje a todas las víctimas civiles, “sin distinción de bando”, de los bombardeos sufridos en las islas durante la Guerra Civil. La iniciativa, que ha salido adelante con el apoyo unánime de todos los grupos -incluidos PP y Vox-, asevera que “estas víctimas forman parte de la tragedia compartida que supuso la guerra y merecen todas el reconocimiento y la reparación moral de las instituciones democráticas”. “Su dolor no tiene bando, y su memoria tiene que contribuir a reforzar la convivencia y la paz”, añade el texto.

La votación ha tenido lugar apenas unos días antes de que, con toda probabilidad, conservadores y extrema derecha utilicen su mayoría parlamentaria para rechazar la enmienda a la totalidad de la izquierda contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática, el armazón legal que, precisamente, da cobertura institucional y continuidad a este tipo de homenajes. No en vano, PP, Vox y el diputado del Grupo Mixto han avanzado este miércoles en el desmantelamiento de ese marco normativo al rechazar varias medidas clave, incluidas en la misma PNL, vinculadas a la memoria histórica. Entre ellas, el punto que reclamaba que el homenaje se celebre de forma descentralizada en cada isla con la participación de los Consells Insulars, los ayuntamientos y las entidades memorialistas, manteniendo un carácter común para todo el archipiélago.

Del mismo modo, también ha sido tumbada la incorporación de estos hechos históricos a los contenidos educativos, el refuerzo de las políticas públicas de memoria y los programas de exhumaciones, la preservación de los espacios de memoria, así como la defensa expresa de la ley vigente. El resultado ha sido la aprobación de una iniciativa aislada, la celebración del reconocimiento conjunto, sin que éste se vea acompañado de un marco estable de actuación institucional.

Los bombardeos que sacudieron las islas

El documento aprobado este miércoles recuerda cómo Balears sufrió, tras el golpe franquista que desembocó en el conflicto bélico, diversos varios bombardeos que “afectaron gravemente a la población civil”. En Palma, una escuadrilla de las Fuerzas Aéreas de la República bombardeó en 1937 la ciudad, “causando cerca de un centenar de víctimas, entre ellas numerosos niños”. En Eivissa, al mediodía del 13 de septiembre del 1936, los bombardeos de la aviación fascista italiana instalada en Mallorca “provocaron muertes y heridos entre la población civil y la destrucción de infraestructuras en el puerto y en la ciudad”.

Asimismo, el 29 de mayo del 1937, tras un bombardeo sobre el crucero alemán Deutschland, una escuadra republicana encañonó la ciudad de Eivissa, provocando varias víctimas mortales entre la población civil. En Menorca, durante los últimos meses del conflicto, también se produjeron bombardeos aéreos y navales que “afectaron a ciudadanos inocentes”.

La iniciativa socialista recuerda que recientemente se anunció la voluntad de rendir homenaje a las víctimas de los bombardeos republicanos sobre Palma, coincidiendo con el 90 aniversario de aquellos hechos: “Este recuerdo es justo y necesario”, subraya el texto, que asevera a continuación que “el reconocimiento de la memoria democrática no puede ser selectivo”. “Si queremos construir una memoria común e inclusiva, hace falta también recordar y homenajear a las víctimas de los bombardeos fascistas en Eivissa y Menorca, así como a todas las personas inocentes que sufrieron la violencia y la represión de cualquier bando”.

“Grave retroceso en la garantía de los derechos humanos”

La propuesta señala, con todo, que “este deber de memoria no puede desvincularse del marco legal que lo hace posible”. Se refiere a la ley de memoria democrática, aprobada en 2018 bajo el mandato de la socialista Francina Armengol y que -añade el documento- “ha permitido avanzar en la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas”. “Su derogación, impulsada por Vox con el apoyo del Partido Popular, supondría un grave retroceso en la garantía de los derechos humanos y en el reconocimiento institucional de todas las víctimas del conflicto”, incide el texto, haciendo énfasis, de nuevo, en que la memoria democrática “debe servir para unir, no para dividir; para reconocer el dolor de todos, no para jerarquizarlo. Solo desde el respeto, la verdad y el compromiso de no repetición podremos construir una convivencia sólida y justa”.

En esta línea, el Parlament ha dado luz verde a la propuesta de impulsar estudios y proyectos de investigación histórica sobre los bombardeos, “tanto republicanos como franquistas”, con la colaboración de las universidades, archivos y asociaciones de memoria, y de hacer públicos los resultados “para garantizar el derecho a la verdad”. Este punto ha obtenido el respaldo mayoritario de la Cámara, con la única abstención de Vox.

Por último, la Cámara ha reafirmado su compromiso con “una memoria democrática plural, inclusiva y reconciliadora, que no olvide ni silencie a ninguna víctima y que mantenga viva la dignidad de todas las personas inocentes que perdieron la vida en nuestras islas durante la Guerra Civil”. “Solo desde el respecto a todas las víctimas podremos construir una sociedad que recuerde sin odio, repare sin distinciones y aprenda por siempre jamás a no repetir”, sentencia el texto.

Esta semana se ha hablado mucho en España de diálogo y guerra civil. Arturo Pérez- Reverte había organizado unas jornadas en Sevilla tituladas “La guerra que todos perdimos”. Este título ya era problemático, pero la polémica estalló cuando uno de los asistentes, el escritor David Uclés, anunció que se retiraba. No quería formar parte de un cartel (y debatir) en el que están el expresidente del Gobierno, José María Aznar, y el fundador de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. 

¿Y si salimos de ese bucle? ¿Y si dejamos de tratar la Guerra Civil Española como un debate entre nietos de republicanos y nietos de franquistas? ‘Historias Desobedientes de España' reúne a familiares de personas que tuvieron alguna responsabilidad en el franquismo. Pero no para glorificarles, sino para cuestionarles, para denunciar lo que supuso la dictadura que ellos ayudaron a sostener. Hablamos con tres de ellos: Anna Velasco, Loreto Urraca y Tomás Gil. 

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Hijos y nietos de franquistas que denuncian en público sus crímenes: “Me moriré tranquilo con mi conciencia”

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Trece familias de presos republicanos que trabajaron como esclavos del franquismo en la construcción de una carretera en el Pirineo navarro —representadas por Valentín Esteban, hijo de uno de los trabajadores forzosos— junto con la asociación memorialista Memoriaren Bidean y la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), llevarán su caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Reclaman el reconocimiento como víctimas del franquismo de los prisioneros obligados a trabajar en la construcción de la carretera Igal-Vidángoz-Roncal. La decisión se toma después de que los tribunales españoles no admitieran la querella presentada, que define lo ocurrido como “crímenes de lesa humanidad”.

Más de 2.000 prisioneros republicanos trabajaron entre 1939 y 1941 de manera forzosa y en condiciones extremas durante la construcción de la carretera que une los valles del Roncal y Salazar en el Pirineo navarro. En octubre de 2023 el colectivo presentó la primera querella en España por trabajos forzosos durante el franquismo, respaldada por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) y la asociación Memoriaren Bideak, en el juzgado de Aoiz (Navarra). La Fiscalía consideró que los hechos relatados eran constitutivos de delito, pero la denuncia no fue apreciada al estimar el juez que los crímenes denunciados habían prescrito.

En el resto de instancias a las que recurrieron posteriormente, Audiencia Provincial de Navarra y Tribunal Constitucional, “tampoco han considerado la querella o han considerado los crímenes aministiados por la Ley de 1978”, ha lamentado Valentín Esteban, representante de las familias.

Sin embargo, según los familiares y colectivos que les apoyan, “la Ley de Memoria Democrática de 2022 establece que La Ley de Amnistía de 1978 debe interpretarse conforme al Derecho Internacional” cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, representando la desestimación de la querella, según ellos, “un déficit democrático y una transición [del sistema franquista] inacabada”.

Tras agotar las vías en la Justicia española, han presentado la denuncia a la ONU al considerar “sin duda” un marco legal “bastante más favorable” que el existente en España “en relación con estos crímenes”. Sabino Cuadra Lasarte, abogado y miembro de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), impulsora de la queja, señala que es posible “obtener una resolución positiva” porque “hay precedentes”. “El Comité de Derechos Humanos ya ha señalado anteriormente que no puede aplicarse [a casos de esta naturaleza] ni la prescriptividad ni la aprobación de leyes de amnistía”.

Los familiares exigen “verdad, justicia y reparación”. “Jamás han dicho lo que han dicho para crear enfrentamiento, por miedo o por revancha. Simplemente, han trabajado para que aquello que pasaron [sus padres] no se repitiera”, añadía Ana Barrena, representante de Memoriaren Bidean.

Trabajos en condiciones de esclavitud

Durante los primeros años de la dictadura, trabajaron en la fortificación de la frontera francesa unos 15.000 prisioneros republicanos, los conocidos como “desafectos”, personas que no tenían imputaciones por delitos graves en contra del régimen, pero que no apoyaban el sistema franquista. Se encontraban en campos de concentración y, sin ser juzgados, fueron organizadas en batallones para realizar trabajos en condiciones de esclavitud que se prolongarían durante años. En el caso de esta carretera pirenaica se estima que trabajaron más de 2.500 presos.

Las condiciones en las que trabajaban y vivían eran extremas y precarias, con picos, palas y martillos como único material para picar la piedra y hacer los caminos bajo la atenta mirada de los soldados. Dormían hacinados en barracones sin apenas comida más allá que unos “tallos de berzas o raíces”, provocando que, en ocasiones “el compañero que dormía al lado estaba vivo a la noche y por la mañana amanecía cadáver”, como describió en una carta remitida a sus familiares el prisionero José Barajas Galindo.

En estas condiciones, muchos de ellos morían por enfermedades como la tuberculosis o eran fusilados por intentar huir. Solo hay trece muertes registradas de trabajadores en la carretera Igal-Vidángoz-Roncal, aunque se cree que fueron muchas más.

Tras varios años de prisioneros esclavos,quienes sobrevivieron y fueron liberados, quedaron “marcados” para el resto de sus vidas. A muchos les costó encontrar trabajo por la mancha de “desafecto” que figuraba en sus expedientes. Ahora sus familias quedan a la espera para su reconocimiento como víctimas de la dictadura.

Más de 20 querellas en España desde 2022 y más de 120 desde 2016

Jacinto Lara Bonilla, abogado y expresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), ha afirmado que desde que se aprobó la Ley de Memoria Democrática en 2022 se habían presentado más de 20 querellas denunciando crímenes del franquismo, tres de ellas por trabajos forzados. Además, ha explicado que desde 2016, “que se empezaron a presentar querellas como una campaña propia y específica de la CEAQUA”, en España se han presentado más de 120.

Ahora mismo hay admitidas a trámite cuatro querellas criminales. Una de ellas por un juzgado de Padrón (Galicia), por torturas; otra en Madrid, también por torturas, que se investiga en los tribunales de instancia; una en Paterna, por enterramientos en fosas comunes; y una última por el asesinato de Teófilo del Valle, primera víctima de la Transición, en la que se le tomará declaración a Martín Villa y a Daniel Aroca en calidad de investigados en ese proceso penal. 

A pesar de que las cuatro mencionadas anteriormente han sido admitidas a trámite, el resto están todas archivadas y gran parte de ellas “han agotado la vía judicial interna”, como el caso de los presos de la carretera Igal-Vidángoz-Roncal, explica Jacinto Lara.

Más de 1.000 personas fallecieron fusiladas o en las cárceles franquistas en la ciudad de Albacete. Al igual que ocurre en otros lugares de España, poco a poco se van recuperando restos de estas personas represaliadas para que sus familias puedan, de alguna forma, cerrar esa herida que permanece latente. La Asociación Fosa de Alcaraz, que desarrolla su actividad de investigación en la provincia albaceteña, ha logrado realizar la “primera exhumación con rigor científico” de la ciudad de Albacete, al analizar e identificar los restos de cuatro personas que fueron ejecutadas por el franquismo y que permanecían juntos en un nicho común.

El próximo sábado 17 de enero tendrá lugar la entrega de los restos a las familias de Francisco Fenoll Lozano, Eleazar Navarro Rodríguez, Antonio Andrés García y Antonio Poveda Ruiz ejecutados el 14 de enero de 1940, en la sala del tanatorio municipal de Albacete.

La Asociación Fosa de Alcaraz y el Grupo Amigos y Amigas de Antonio Machado señalan que durante la represión franquista, en Albacete se “asesinó ante un pelotón de fusilamiento a 758 personas en las tapias del cementerio, de la cuales 15 eran mujeres”, en un periodo comprendido entre 1939 y 1951. Además, explican que más de 300 personas fallecieron en las cárceles franquistas de la capital, y que en total, esas más de 1.000 víctimas fueron enterradas en tres fosas comunes ubicadas en el cementerio, cada una ubicada en uno de los tres patios.

Manuel Ramírez, portavoz de la asociación explica en la entrevista que ha mantenido con elDiario.es Castilla-La Mancha que a partir del año 1945 “las autoridades franquistas decidieron unilateralmente, no sabemos aún la razón, exhumar a las personas de las fosas”. Expone que lo hicieron “sin rigor científico” y que después informaron a las familias, hasta 418 en total, donde algunas decidieron que sus familiares se quedasen juntos “agrupándolos en un mismo nicho, y otras que decidieron separarlos y trasladarlos a su localidad de origen”. Ramírez señala también que otras familias “bien porque no tenían claro las garantías o porque no fueron localizadas, alrededor de 340, fueron depositados en el osario en el fondo del cementerio”.

Nos cuenta que a lo largo del tiempo, gracias a los conocimientos que “nos brinda la ciencia, gracias a la investigación y el ADN, las familias se han ido haciendo preguntas lógicas, para saber si realmente les entregaron a sus familiares o no”.

En primer lugar, familias decidieron juntar los restos de sus familiares, donde “pusieron por ejemplo a las cuatro personas que entregamos próximamente, algunos de ellos estaban en condición anatómica, y los metieron en una caja”, y otras que decidieron disgregarlos y “que ahora son más difíciles de identificar, porque se pusieron sin rigor científico”.

En el caso de Francisco Fenoll Lozano, Eleazar Navarro Rodríguez, Antonio Andrés García y Antonio Poveda Ruiz han podido sacarlos e identificar sus restos de manera individualizada. “En este caso, las exhumaciones que realizaron las autoridades en aquel entonces son correctas, porque los restos corresponden a estas personas”, explica Ramírez. De igual forma, señala que entienden que “si esta exhumación de cuatro personas que se realizó en una misma fecha es correcta, es posible que las que se han realizado en los años anteriores y posteriores también lo sean, que sea un acierto en cascada”, un hecho que “tranquiliza un poco a las familias”.

Ramírez señala que este es un fenómeno que no ha ocurrido en otros lugares. “Hemos hablado con otras asociaciones, se conoce que en otros lugares levantaron un parcial de las fosas para un traslado al Valle de Cuelgamuros, pero lo que ocurrió en Albacete no”. Considera que se trata de una incógnita, y aunque existen varias hipótesis, donde “una historiadora de la asociación apunta a que como en 1945 venía el fin de la Segunda Guerra Mundial les pudo entrar miedo a las autoridades, sin embargo, no entendemos por qué no se pararon en ese caso las ejecuciones hasta 1951” lo que produzca que esta hipótesis “se quede un poco descolgada”.

El portavoz de la Asociación Fosa de Alcaraz explica que por el momento no hay establecido contacto con otras familias: “Hablaron con nosotros varias familias, de 30 personas que ejecutaron en el cementerio de Albacete, la mayor ejecución que se hizo, y que están en un nicho todos juntos, pero por el momento no sabemos nada, se ha quedado parado”, aunque plantea que quizá “alguna familia se animará a arrancar a raíz de este hallazgo”.

El Gobierno de España ha reconocido a los miembros de ETA Juan Paredes Manot, 'Txiki', y Ángel Otaegi, fusilados al final del franquismo, como víctimas al no haber tenido un juicio justo y ha anulado sus condenas tras declarar “ilegal” el Consejo de Guerra al que fueron sometidos, por el que fueron ejecutados hace 50 años, según los documentos oficiales a los que ha tenido acceso Europa Press.

Las familias de 'Txiki' y Otaegi solicitaron la reparación, a principios de este año, ante la Delegación del Gobierno del País Vasco en base a la Ley de Memoria Democrática. En respuesta, el Ejecutivo español ha aprobado, con fecha del pasado 25 de noviembre, sendas Declaraciones de Reconocimiento y Reparación Personal a favor de Paredes Manot y Otaegi, por el que se les reconoce su condición de víctimas, al no haber tenido un juicio justo, y se anulan las condenas.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha entregado a sus familias los escritos de reparación por “la persecución y violencia padecidas por razones políticas, ideológicas y de conciencia durante la dictadura” de Franco, y en reconocimiento a su condición de “víctimas” por haber sido vulneradas, en su caso, “las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo”.

También se refiere a la concurrencia de “intimidación e indefensión en su proceso”, según establece la Ley 20/2022 del 19 de octubre de Memoria Democrática, que reconoce y declara “la ilegalidad y la ilegitimidad del Consejo de Guerra que les juzgó”. De esta forma, “reconoce y declara ilegítimas y nulas, por vicios de forma y fondo”, las resoluciones del régimen franquista que “dictó y que tuvo como consecuencia su fusilamiento”.

L’antropòloga Almudena García-Rubio té un Crist entre les mans. La figura –els braços estesos a esquerra i dreta, els peus units pel clau que travessa les empenyes– és de metall i ha sobreviscut als tèrmits que es van menjar la fusta de la creu a la qual estava unit el cos i del taüt al qual estava unida la creu. Els pinzells i les brotxes netegen la terra que queda sobre les restes del fèretre. Una càmera de fotos i diversos bolígrafs documenten les troballes, que es retiren –amb summa delicadesa– i es guarden –en unes capses de plàstic, ja sobre la superfície– per continuar reobrint, centímetre a centímetre, una rasa que, segons sospiten els investigadors, s’hauria pogut obrir diverses vegades –entre 1937 i 1938– per llençar-hi cadàvers: desenes de víctimes de la repressió franquista durant la Guerra Civil. Hores després de retirar el crucifix, allà mateix apareixeran unes restes que encaixen amb allò que es busca. Hi ha un crani amb –a simple vista– ferides de bala.

L’escena va tenir lloc fa pocs dies al Cementiri Vell d’Eivissa i, tot i que no és ni de bon tros la primera vegada que succeeix (ja s’hi va buscar republicans desapareguts el 2018, 2020 i 2024), ara té una transcendència especial. Representa l’inici de la primera campanya del nou Pla de Fosses que aprova el Govern. El quint en els últims deu anys –342 restes recuperades, 67 morts identificats–, però el primer des que el Partit Popular ha reconegut que cedirà a les pressions de Vox per derogar la Llei de Memòria Democràtica. A l’octubre van començar els tràmits. Per eliminar-la, els populars hauran de votar a favor d’una exigència que es presenta clau perquè els representants d’un partit que enalteix la dictadura –Vox– aprovin el proper pressupost per a la comunitat autònoma. El PP va fer marxa enrere el desembre de 2024, quan la temptativa dels diputats ultres va arribar al ple del Parlament, i l’arxipèlag no va tenir partida de despesa fins a l’estiu de 2025.

La Llei de Memòria Democràtica es va aprovar el 2018 –quatre anys abans que l’estatal– i ara pateix un seriós perill de desaparició. Des que el pacte de centreesquerra que presidia Francina Armengol va deixar pas al Consolat de Mar –seu del Govern balear– al PP de Marga Prohens, que governa en minoria d’ençà les últimes eleccions, la seua derogació és un tema recurrent als plens i a les comissions que es celebren a la cambra autonòmica. L’última vegada, la passada setmana, arran d’una petició llançada pels socialistes per retirar un monòlit –que el Generalísimo en persona va inaugurar el 1947 per honrar els ofegats d’un creuer feixista torpedinat pels destructors de la Marina lleial a la República– del Parc de sa Feixina, a Palma.

Segons Vox, la Llei de Memòria Democràtica “promou la rancúnia”. L’esperit amb què es redactà la norma, però, concorda amb les indicacions que l’ONU va fer al Govern d’Espanya durant anys per “garantir veritat i justícia a les víctimes de la dictadura”. Aprofundeix, també, en la Llei de Fosses, que no serà derogada –de moment– i que des del 2016 permet cavar als llocs on se sabia –per fonts documentals– o sovint s’intuïa –per testimonis orals– que s’havien obert fosses comunes durant la Guerra Civil i els primers anys de la postguerra.

–Dóna un sentit de reparació, que no pas de revenja, a les famílies que no s’han resignat a saber què va passar amb l’avantpassat que van matar a la Guerra Civil. El Govern anterior sí que va fer una política de reparació, donant certificats als familiars de les víctimes, reconeixent que havien estat represaliades de manera injusta. Que és simbòlic? Sí, però ho reconeixia la màxima autoritat de la comunitat autònoma. Això és el que el PP vol derogar perquè quedi com una cosa discreta, amagada, exhumant en silenci, sense actes públics.

Diu en Luis Ruiz. Igual que en les anteriors exhumacions –i, ara, amb més temps disponible perquè ja s’ha jubilat després de donar classes d’Història durant dècades en diversos instituts de l’illa–, el president del Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera passa moltes hores al costat dels nou tècnics –contractats per la Societat de Ciències Aranzadi i l’Associació de Tècnics d’Investigacions Culturals i Socials– que treballen al Cementiri Vell. A més de traginar els cubs que carreguen la terra que es treu a la superfície per engrandir el clot, l’historiador aporta dades i dates –vitals per traçar una cronologia fiable– i fa d’enllaç entre qui busca i qui anhela que trobin: els familiars dels morts.

La comunicació –amb els descendents de set desapareguts– és fluida. Tanmateix, Ruiz diu que els ponts entre el Govern i les associacions memorialistes de les Illes Balears han saltat pels aires: “El PP va entrar a governar sabent que la memòria històrica ni els beneficia ni els dóna vots, que fins i tot podia crear divisió entre el seu electorat. La Llei de Fosses ja contemplava la creació d’una comissió, de la qual naltros formem part, que havia d’aprovar el calendari d’exhumacions, proposar noms per elegir els tècnics que havien de treballar en tot el procés, determinar les dotacions del pressupost… Aquest tipus de decisions ha passat a prendre-les unilateralment el Govern”.

–Com?

–És molt simple: la comissió de fosses no funciona perquè no es convoquen reunions perquè funcioni.

El PP va entrar a governar sabent que la memòria històrica ni els beneficia ni els dóna vots, que fins i tot podia crear divisió entre el seu electorat

Luis Ruiz — Historiador i president del Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera

Memòria de Mallorca i el Govern: dues visions oposades

Dos telèfons es despenjen a Mallorca per parlar amb elDiario.es. Les veus –femenines– donen versions oposades sobre el panorama que descriu Luis Ruiz. Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca –i néta de represaliats pel franquisme–, és molt gràfica a l’hora de confirmar allò que afirma el seu col·lega: “Amb l’anterior Govern es van convocar setanta reunions en una legislatura. Amb l’actual, en duim dues en dos anys. I no és perquè no haguem demanat audiència amb la presidenta del Govern –que l’hem demanada, tres voltes–, però no ens ha pogut veure, encara, aquesta senyora; quan tengui un espai a la seva agenda, ja ens rebrà. Som la primera comunitat autònoma que té gairebé fetes totes les fosses de la repressió que eren viables d’exhumar. El que està fet no ens ho prendran, però ens preocupa que tot el coneixement acumulat es perdi si no se li dóna un sentit”.

Oliver envia per WhatsApp captures dels correus que el col·lectiu que representa va enviar fa temps –al setembre de 2023, al gener de 2024– al Govern plantejant diverses qüestions –pregunten per la denúncia que l’executiu d’Armengol va presentar a la Fiscalia al final de l’anterior mandat, proposen un ordre del dia en la següent comissió de fosses…— i afegeix: “No ens han respost. A cap mail. És molt mallorquí això de passar pena, però és el que hi ha. Ens menystenen”.

Hem demanat audiència amb la presidenta del Govern [Marga Prohens, del PP], però aquesta senyora encara no ens ha pogut rebre. El que ja s’ha fet no ens ho trauran [les exhumacions anteriors], però ens preocupa que tot el coneixement acumulat es perdi si no se li dóna un sentit

Maria Antònia Oliver — Presidenta de Memòria de Mallorca

En canvi, Xesca Ramis té una visió completament diferent. A aquesta política del PP –directora general de Relacions Institucionals en l’Executiu de Prohens i portaveu de l’oposició a l’Ajuntament de Lloseta, un municipi on els falangistes van matar funcionaris públics i on la dictadura va depurar mestres de l’escola republicana– la sorprenen les acusacions dels presidents de les associacions memorialistes: “El meu desconeixement del que diuen és total. Des del principi, les reunions han estat híbrides. En cap moment m’han demanat que siguin presencials. No ho puc entendre”.

Ramis tampoc té constància dels correus sense respondre –“Els funcionaris del servei de memòria contesten ràpid”– i afegeix: “Noltros continuam treballant en tot allò que contempla la Llei de Fosses. Hem encarregat més pedres de la memòria, estam esperant resposta de les associacions memorialistes per etiquetar els nínxols [per enterrar-hi les víctimes identificades] i tenim pendent la inauguració d’un columbari al Cementeri de Palma, que per problemes d’humitat no s’ha pogut fer encara. Els arquitectes que es varen encarregar del projecte no se n’han fet càrrec [d’arranjar-lo], no ens varen contestar els correus, però el tema va passar a la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura i s’hi han posat. Calcul que al febrer estarà enllestit”.

–Directora general, ¿els tràmits per derogar la Llei de Memòria Democràtica i el debat encès que es viu al Parlament sobre el tema afecta d’alguna manera la feina que es fa des del seu departament?

–Que no fem les polítiques de l’esquerra no vol dir que no fem polítiques de memòria. Noltros intentam fer polítiques que siguin útils, amb rigor, i respectuoses amb les famílies per retornar la dignitat a les persones que van patir la guerra. No cercam la foto, sinó conhortar les famílies. La memòria no es pot considerar un element de confrontació. Aquí no ens hi trobaran.

Que no fem les polítiques de l’esquerra no vol dir que no fem polítiques de memòria. Nosaltres intentam realitzar polítiques que siguin útils, amb rigor i respectuoses amb les famílies per retornar la dignitat a les persones que van patir la guerra

Xesca Ramis — Directora general de Relacions Institucionals del Govern

–Creu que això, la confrontació, és el que diferencia les polítiques de memòria del PP de les que aplicava el pacte de centreesquerra que va governar les Illes Balears entre 2015 i 2023?

–Noltros no valoram el que va fer l’esquerra. Sabem que no ha de ser un element de confrontació i així són les nostres actuacions, que corresponen a memòria democràtica dins la Direcció General de Relacions Institucionals.

Avis que “mai no es ficaren en política”

De tornada al Cementeri Vell, Luis Ruiz deixa l’actualitat política de banda i descriu quin era el perfil dels morts que es buscaran, almenys, fins al 12 de desembre, quan està previst que acabi la campanya iniciada a Eivissa. “Les tretze restes que van aparèixer en l’exhumació anterior”, diu l’historiador, “creim que corresponen, com en el cas dels tres que hem pogut identificar, a víctimes del terror calent: matances en grup que es van dur a terme els darrers mesos del 36, després de la retirada republicana durant la qual, el 13 de setembre, els milicians assassinen noranta-tres presos [als quals metrallaren a sang freda per considerar-los simpatitzants dels colpistes] al Castell de Dalt Vila”.

“Ara, en canvi, sospitam que els morts que poden aparèixer a la franja del cementeri que s’està excavant, paral·lela a la que es s’obrí l’any passat, moriren al llarg del 37 i, fins i tot, durant el 38. No va ser senzill aconseguir documentació, però quan el 2015 vam elaborar el mapa de fosses d’Eivissa, vam reunir més d’un centenar d’actes de defunció. Amb noms, llinatges i dates de les defuncions. Així podem saber que, un any o fins i tot dos anys més tard, els falangistes seguien prenent-se la revenja pels fets des Castell i mataven de tres en tres, de dos en dos, o d’un en un”, afegeix.

–Molts dels militants o sindicalistes que s’havien convertit en milicians i s’havien vist involucrats en delictes de sang havien fugit de l’illa amb les tropes del capità Bayo. Qui eren les víctimes?

–Quan el 1999 vam crear el Fòrum per la Memòria i vam començar a contactar amb familiars –llavors encara quedaven molts fills vius– era normal sentir: “Es güelo mai s’havia ficat en política”. Però després rascaves una mica i trobaves que, moltes voltes, la persona de qui asseguraven que era apolítica resulta que estava afiliada a un sindicat. Alerta: en aquella època calia estar-hi per poder treballar en alguns oficis. Però, més enllà de la seua ideologia o simpaties, creim que en molts casos allò que pesava per assenyalar l’un o l’altre eren simples qüestions personals, rancúnies o enveges a les quals se’ls buscava un acompanyament per justificar aquests crims. Un familiar amb qui mantenim molt de contacte i que té esperances de trobar el seu avi és, per exemple, el nét d’un pescador de Sant Antoni de Portmany a qui varen assassinar per ser amic del darrer batle republicà.

Moltes vegades, la persona de qui asseguraven que era apolítica resulta que estava afiliada a un sindicat. Però, més enllà de la seua ideologia o simpaties, creim que en molts casos el que pesava per assenyalar l’un o l’altre eren simples qüestions personals, rancúnies o enveges a les quals es buscava un acompanyament per justificar aquests crims

Luis Ruiz — Historiador i president del Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera

Republicans entre tombes de noms estrangers

Els nou investigadors surten de les dos rases que han cavat durant les primeres jornades, quan, abans dels pinzells i les brotxes, s’usaren pics i pales. Colpegen les botes contra el terra per desfer-se del fang. Són les deu i quart, l’hora del bocata. La meitat del grup s’acosta a un súper que queda a l’altra banda del carrer per comprar la berenada i la resta, els més joves, la duen de casa. Dos al·lotes i un al·lot peleen unes mandarines i obren un tupper ple de menjar. Parlen amb accent valencià. Ell viu a l’illa, elles han vengut expressament.

Han passat uns quants matins de pluja i fred, però avui fins i tot fa calor. El cel és serè. Anyil. El sol els dóna a la cara, la llum rebota a la tàpia on recolzen l’esquena, berenen. No gaire lluny, en una altra paret del cementeri, encara poden palpar-se, sobre la calç, els impactes de les bales que dispararen els botxins que varen netejar de “subversius”, com afirmava la propaganda franquista, la rereguarda d’una Eivissa que –igual que Mallorca, o les Canàries, d’on va enlairar-se el general Franco per sublevar els exèrcits africans, també amb èxit del complot–, mentre a la península encara quedaven dos anys llargs de bombardejos i batalles, ja travessava, de fet, la seua posguerra particular.

“Per a alguns membres de l’equip”, explica Almudena García-Rubio, “aquesta és la seua primera campanya a Eivissa”. “Igual que passa amb les de Mallorca, aquest cementeri té unes condicions molt particulars. La humitat i la salinitat fan difícil trobar restes en tan bon estat com en altres zones d’Espanya. A més, com que va estar en ús fins als anys vuitanta, s’hi va enterrar damunt les fosses i la terra està molt remoguda. Apareixen molt pocs ossos en posició primària i, per això, als nous els insistim que allò important no són les tombes que puguin trobar, sinó la terra que queda entre elles: allà hi poden ser les persones que cercam”, afegeix.

Aquest cementeri té unes condicions molt particulars. La humitat i la salinitat fan difícil trobar restes en tan bon estat com en altres zones de l’Estat. A més, com que va estar en ús fins als anys vuitanta, es va enterrar damunt les fosses i la terra està molt remoguda

Almudena García-Rubio — Historiadora i osteoarqueòloga

L’osteoarqueòloga eivissenca –llicenciada en Història per la Complutense el 2001 i màster en Antropologia Física i Forense per la Universitat de Granada el 2007, especialitat en què va basar la seva tesi doctoral, defensada a l’Autònoma de Madrid el 2017– fa exhumacions de fosses comunes de la Guerra Civil des de 2003. El 2016 va participar en el primer Pla de Fosses del Govern balear. Quan, d’aquí a uns mesos, intentin localitzar els esquelets sepultats a son Servera, un municipi on encara no s’ha exhumat tot i haver estat un dels escenaris de la Batalla de Mallorca, a tocar amb els deu anys de la primera actuació: l’obertura de la fossa comuna de Porreres, l’epicentre de la repressió franquista a les Illes Balears.

Paco Etxeberria es posà al capdavant d’aquella actuació. Aquest forense és una referència mundial entre els professionals dedicats a esclarir on anaren a parar els desapareguts de guerres, genocidis i neteges ètniques. Etxeberria és, a més, una mena de mentor per a García-Rubio. Ella va descobrir què s’havia de fer –i què s’havia d’evitar– durant una exhumació dirigida pel guipuscoà, ja fa més de dos dècades. L’antropòloga en va recollir el testimoni i, després de Porreres, ha coordinat les campanyes finançades pel Govern balear.

“Encara queden moltes coses per fer, però ja anam recollint algunes alegries”, diu García-Rubio, “i tant de bo en venguin més els pròxims mesos”. “Als laboratoris d’Aranzadi, a Vitòria, i Àtics, a Barcelona, se segueix treballant amb mostres d’ADN de familiars per obtenir més identificacions. Ara hem estat a Badajoz lliurant les restes a les famílies dels presos republicans que tancaren a Formentera en acabar la Guerra Civil. Que les associacions d’una província on s’ha reivindicat amb tanta força la memòria històrica des de fa tant de temps alabassin el mètode de treball que hem desenvolupat a les Illes Balears és el millor reconeixement que podríem rebre”, afegeix.

L’antropòloga torna a la feina i baixa a una de les rases per ajudar els seus companys a prendre les mesures –amb uns tubs articulats als quals diuen jalons– i l’orientació –amb un cartellet que indica el nord i un GPS– d’un taüt que comença a intuir-se sota el mantell terrós. El forat que han obert els exhumadors està envoltat de més tombes, que queden a la vista tot i ser al subsòl. Hi ha làpides –horitzontals i verticals– i creus, xinxetes que marquen la ubicació dels darrers cossos que es varen enterrar –damunt d’altres– al mateix rectangle del cementeri on creuen que podrien localitzar noves fosses de la Guerra Civil. Temps ençà, era una parcel·la comunitària on no calia comprar un nínxol per dipositar un cadàver. La pràctica va durar fins a finals dels anys setanta, quan es va esgotar l’espai. Potser això explica per què les identitats que es llegeixen a les làpides són estrangeres –anglosaxones, franceses, alemanyes– i –relativament– jóvens. Entre els morts del boom turístic hi ha un parell d’excepcions. Una d’elles, molt relacionada amb el record dels represaliats:

MARGARITA ROIG COLOMAR. 28-6-1966. A LOS 57 AÑOS. R.I.P. TU ESPOSO, HIJOS, HERMANOS Y SOBRINOS NO TE OLVIDARAN.

Sota aquesta inscripció descansa Margalida Llogat, la sindicalista empresonada i torturada durant la Guerra Civil, que es va lliurar del tir al clatell, però a qui la dictadura va humiliar durant dècades. Cinquanta anys després de la seva mort –per causes naturals–, l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia li va dedicar un carrer. Era l’agost del 2020. Al novembre del 2023, el PP va acceptar una moció de Vox per retirar-li el nom al·legant que “Google Maps no havia canviat el nom” de la via i això “creava confusió entre els repartidors”. L’alcalde va fer marxa enrere quan va veure que el gegant tecnològic actualitzava els seus plànols davant la reacció popular a les xarxes socials.

La antropóloga Almudena García-Rubio tiene un Cristo entre las manos. La figura –los brazos extendidos a izquierda y derecha, los pies reunidos por el clavo que atraviesa los empeines– es de metal y ha sobrevivido a las termitas que se comieron la madera de la cruz a la que estaba unida el cuerpo y del ataúd a la que estaba unida la cruz. Los pinceles y las brochas limpian la tierra que queda sobre los despojos del féretro. Una cámara de fotos y varios bolígrafos documentan los hallazgos, que se retiran –con suma delicadeza– y se guardan –en unas cajas de plástico, ya sobre la superficie– para seguir reabriendo, centímetro a centímetro, una zanja que, según sospechan los investigadores, pudo abrirse varias veces –entre 1937 y 1938– para arrojar cadáveres: decenas de víctimas de la represión franquista durante la Guerra Civil. Horas después de retirar el crucifijo, aparecerán unos restos que encajan con lo que se busca. Hay un cráneo con –a simple vista– heridas de bala.

La escena ocurrió hace pocos días en el Cementeri Vell de Eivissa y, aunque no es ni mucho menos la primera vez que sucede (ya se buscó allí a republicanos desaparecidos en 2018, 2020 y 2024), ahora tiene una trascendencia especial. Representa el arranque de la primera campaña del nuevo Pla de Fosses que aprueba el Govern. El quinto en los últimos diez años –342 restos recuperados, 67 muertos identificados–, pero el primero desde que el Partido Popular reconoció que cederá a las presiones de Vox para derogar la Llei de Memòria Democràtica. En octubre comenzaron los trámites. Para eliminarla, los populares deberán votar a favor de una exigencia que se antoja clave para que los representantes de un partido que ensalza la dictadura –Vox– aprueben el próximo presupuesto para la comunidad autónoma. El PP se echó atrás en diciembre de 2024, cuando la intentona de los diputados ultraderechistas llegó al pleno del Parlament, y el archipiélago no tuvo partida de gastos hasta el verano de 2025.

La Llei de Memòria Democràtica se aprobó en 2018 –cuatro años antes que la estatal– y ahora corre serio peligro de desaparición. Desde que el pacto de centroizquierda que presidía Francina Armengol dejó paso en el Consolat de Mar –sede del Govern balear– al PP de Marga Prohens, que gobierna en minoría desde las últimas elecciones, su derogación es un tema recurrente en los plenos y en las comisiones que se celebran en la cámara autonómica. La última vez, la semana pasada, a propósito de una petición lanzada por los socialistas para retirar un monolito –que el Generalísimo en persona inauguró en 1947 para honrar a los ahogados de un crucero fascista que torpedearon los destructores de la Marina leal a la República– del Parc de sa Feixina, en Palma.

Según Vox, la Llei de Memòria Democràtica “promueve el rencor”. El espíritu con el que se redactó la norma, no obstante, concuerda con las indicaciones que la ONU hizo al Gobierno de España durante años para “garantizar verdad y justicia a las víctimas de la dictadura”. Profundiza, también, en la Llei de Fosses, que no será derogada –por el momento– y que desde 2016 permite cavar en los lugares donde se sabía –por fuentes documentales– o, a menudo, se intuía –por testimonios orales– que se abrieron fosas comunes durante la Guerra Civil y los primeros años de la posguerra.

– Le da un sentido de reparación, que no de revancha, a las familias que no se han resignado a saber qué ocurrió con el antepasado al que mataron en la Guerra Civil. El Govern anterior sí que hizo una política de reparación, dando certificados a los familiares de las víctimas, reconociendo que habían sido represaliados de forma injusta. ¿Que es simbólico? Sí, pero lo reconocía la máxima autoridad de la comunidad autónoma. Eso es lo que el PP quiere derogar para que quede como algo discreto, escondido, exhumando en silencio, sin actos públicos.

Dice Luis Ruiz. Igual que en las anteriores exhumaciones –y, ahora, con más tiempo disponible porque ya se jubiló después de dar clases de Historia durante décadas en varios institutos de la isla–, el presidente del Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera pasa muchas horas junto a los nueve antropólogos –contratados por la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la Associació de Tècnics d’Investigacions Culturals i Socials– que trabajan en el Cementeri Vell. Además de arrimar el hombro cuando le piden que trajine los cubos que cargan la tierra que se saca a la superficie para agrandar el hoyo, el historiador aporta datos y fechas –vitales para trazar una cronología fiable– y sirve de enlace entre quien busca y quien anhela que encuentren: los familiares de los muertos. 

La comunicación –con los descendientes de siete desaparecidos– es fluida. Sin embargo, Ruiz dice que los puentes entre el Govern y las asociaciones memorialistas de las Illes Balears han saltado por los aires: “El PP entró a gobernar sabiendo que la memoria histórica ni les beneficia ni les da votos, que incluso podía crear división entre su electorado. La Llei de Fosses ya contemplaba la creación de una comisión, de la que nosotros formamos parte, que debía aprobar el calendario de exhumaciones, proponer nombres para elegir a los técnicos que iban a trabajar en todo el proceso, determinar las dotaciones del presupuesto… Ese tipo de decisiones ha pasado a tomarlas unilateralmente el Govern”.

–¿Cómo?

–Es muy simple: la comisión de fosas no funciona porque no se convocan reuniones para que funcione.

El PP entró a gobernar sabiendo que la memoria histórica ni les beneficia ni les da votos, que incluso podía crear división entre su electorado

Luis Ruiz — Historiador y presidente del Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera

Memòria de Mallorca y el Govern: dos visiones opuestas

Dos teléfonos se descuelgan en Mallorca para hablar con elDiario.es. Las voces –femeninas– dan versiones contrapuestas sobre el panorama que pinta Luis Ruiz. Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca –y nieta de represaliados por el franquismo–, es muy gráfica a la hora de refrendar lo que afirma su colega: “Con el anterior Govern se convocaron setenta reuniones en una legislatura. Con el actual, llevamos dos en dos años. Y no es porque no hayamos pedido audiencia con la presidenta del Govern –que la hemos pedido, tres veces–, pero no nos ha podido ver, todavía, esta señora; cuando tenga un hueco en su agenda, ya nos recibirá. Somos la primera comunidad autónoma que las fosas de la represión que era viable exhumar las tiene casi todas hechas. Lo que está hecho no nos lo quitarán, pero nos preocupa que todo el conocimiento acumulado se pierda si no se le da un sentido”.

Oliver manda por WhatsApp pantallazos de los correos que el colectivo que representa envió hace tiempo –en septiembre de 2023, en enero de 2024– al Govern planteando distintas cuestiones –preguntar por la denuncia que presentó el ejecutivo de Armengol a la Fiscalía al final del pasado mandato, proponer un orden del día en la siguiente comisión de fosas– y añade: “No nos han respondido. A ningún mail. Es muy mallorquín lo de passar pena [sufrir], pero es lo que hay. Nos ningunean”.

Hemos pedido audiencia con la presidenta del Govern [Marga Prohens, del PP], pero no nos ha podido ver, todavía, esta señora. Lo que está hecho no nos lo quitarán [las anteriores exhumaciones], pero nos preocupa que todo el conocimiento acumulado se pierda si no se le da un sentido

Maria Antònia Oliver — Presidenta de Memòria de Mallorca

En cambio, Xesca Ramis tiene una visión completamente distinta. A esta política del PP –directora general de Relacions Institucionals en el Ejecutivo de Prohens y portavoz de la oposición en el Ajuntament de Lloseta, un municipio donde los falangistas mataron a funcionarios públicos y donde la dictadura depuró a maestras de la escuela republicana– le sorprenden las acusaciones de los presidentes de las asociaciones memorialistas: “Mi desconocimiento de lo que dicen es total. Desde el principio, las reuniones han sido híbridas. En ningún momento me han pedido que sean presenciales. No puedo entenderlo”.

Ramis tampoco tiene constancia de los correos sin responder –“Los funcionarios del servicio de memoria contestan rápido”– y añade: “Nosotros seguimos trabajando en todo lo que contempla la Llei de Fosses. Hemos encargado más piedras de la memoria, estamos esperando respuesta de las asociaciones memorialistas para etiquetar los nichos [para enterrar a las víctimas identificadas] y tenemos pendiente la inauguración de un columbario en el Cementeri de Palma, que por problemas de humedad no se ha podido realizar todavía. Los arquitectos que se encargaron del proyecto no se han hecho cargo [de arreglarlo], no nos contestaron los correos, pero el tema pasó a la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura y se han puesto manos a la obra. Calculo que en febrero estará terminado”.

–Directora general, ¿los trámites para derogar la Llei de Memòria Democràtica y el encendido debate que se vive en el Parlament sobre el tema afecta de alguna forma al trabajo que se hace desde su departamento?

–Que no hagamos las políticas de la izquierda no quiere decir que no hagamos políticas de memoria. Nosotros tratamos de realizar políticas que sean útiles, con rigor, y respetuosas con las familias para devolver la dignidad a las personas que sufrieron la guerra. No buscamos la foto, sino confortar a las familias. La memoria no se puede considerar un elemento de confrontación. Aquí no nos van a encontrar.

Que no hagamos las políticas de la izquierda no quiere decir que no hagamos políticas de memoria. Nosotros tratamos de realizar políticas que sean útiles, con rigor, y respetuosas con las familias para devolver la dignidad a las personas que sufrieron la guerra

Xesca Ramis — Directora general de Relacions Institucionals del Govern

–¿Cree que eso, la confrontación, es lo que diferencia las políticas de memoria del PP de las que aplicaba el pacto de centroizquierda que gobernó las Illes Balears entre 2015 y 2023?

–Nosotros no valoramos lo que hizo la izquierda. Sabemos que no debe ser un elemento de confrontación y así son nuestras actuaciones que corresponden a memoria democrática dentro de la dirección general de Relaciones Institucionales.

Abuelos que “nunca se metieron en política”

De vuelta en el Cementeri Vell, Luis Ruiz deja la actualidad política a un lado y describe cuál era el perfil de los muertos que se buscarán, al menos, hasta el 12 de diciembre, cuando está previsto que termine la campaña iniciada en Eivissa. “Los trece restos que aparecieron en la anterior exhumación”, dice el historiador, “creemos que corresponden, como en el caso de los tres que hemos podido identificar, a víctimas del terror caliente: matanzas en grupo que se llevaron a cabo en los últimos meses del 36, tras la retirada republicana durante la que, el 13 de septiembre, los milicianos asesinan a noventa y tres presos [a los que ametrallaron a sangre fría por considerarlos simpatizantes de los golpistas] en el Castell de Dalt Vila”.

“Ahora, en cambio, sospechamos que los muertos que pueden aparecer en la franja de cementerio que se está excavando, paralela a la que se abrió el año pasado, murieron a lo largo del 37 e, incluso, durante el 38. No fue sencillo conseguir documentación, pero cuando en 2015 elaboramos el mapa de fosas de Eivissa, reunimos más de un centenar de actas de defunción. Con nombres, apellidos y fechas de los fallecimientos. Así podemos saber que, un año o incluso dos años más tarde, los falangistas seguían tomándose la revancha por los fets des Castell y mataban de tres en tres, de dos en dos, o de uno en uno”, añade.

–Muchos de los militantes o sindicalistas que se habían convertido en milicianos y se habían visto envuelto en delitos de sangre habían escapado de la isla con las tropas del capitán Bayo. ¿Quiénes eran las víctimas? 

–Cuando en 1999 creamos el Fòrum per la Memòria y empezamos a contactar con familiares –quedaban entonces muchos hijos vivos– era normal escuchar: “Es güelo mai s’havia ficat en política” [“El abuelo nunca se metió en política”] Pero luego rascabas un poco y encontrabas que, muchas veces, la persona de la que aseguraban que era apolítico resulta que estaba afiliada a un sindicato. Ojo: en esa época había que estarlo para poder trabajar en algunos oficios. Pero, más allá de su ideología o simpatías, creemos que en muchos casos lo que pesaba para señalar a uno u otro eran simples cuestiones personales, rencillas o envidias a las que se buscaba un acompañamiento para justificar estos crímenes. Un familiar con el que mantenemos mucho contacto y que tiene esperanzas de encontrar a su abuelo es, por ejemplo, el nieto de un pescador de Sant Antoni de Portmany al que asesinaron por ser amigo del último alcalde republicano.

Muchas veces, la persona de la que aseguraban que era apolítico resulta que estaba afiliada a un sindicato. Pero, más allá de su ideología o simpatías, creemos que en muchos casos lo que pesaba para señalar a uno u otro eran simples cuestiones personales, rencillas o envidias a las que se buscaba un acompañamiento para justificar estos crímenes

Luis Ruiz — Historiador y presidente del Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera

Republicanos entre tumbas de nombres extranjeros

Los nueve investigadores salen de las dos zanjas que han cavado durante las primeras jornadas, cuando, antes de los pinceles y las brochas, se usaron picos y palas. Golpean sus botas contra el suelo para deshacerse del barro. Son las diez y cuarto, la pausa del bocata. La mitad del grupo se acerca a un súper que queda al otro lado de la calle para comprar la merienda y el resto, los más jóvenes, la traen de casa. Dos chicas y un chico pelan unas mandarinas y abren un táper lleno de comida. Hablan con acento valenciano. Él vive en la isla, ellas han venido ex profeso.

Se han comido varias mañanas de lluvia y frío, pero esta mañana hace hasta calor. El cielo está despejado. Añil. El sol les da en la cara, la luz rebota en la tapia donde apoyan la espalda, almuerzan. No demasiado lejos, en otra pared del camposanto, todavía pueden palparse, sobre la cal, los impactos de las balas que dispararon los verdugos que limpiaron de “subversivos”, como afirmaba la propaganda franquista, la retaguardia en una Eivissa que –como Mallorca, o las Canarias, de donde despegó el general Franco para sublevar a los ejércitos africanos, también tuvo éxito el complot militar–, mientras que en la península aún quedaban dos años largos de bombardeos y batallas, ya atravesaba, de facto, su posguerra particular.

“Para algunos miembros del equipo”, explica Almudena García-Rubio, “esta es su primera campaña en Eivissa”. “Igual que ocurre con los de Mallorca, este cementerio tiene unas condiciones muy particulares. La humedad y la salinidad hacen difícil encontrar restos en tan buen estado como en otras zonas de España. Además, al haber estado en uso hasta los años ochenta, se enterró sobre las fosas y la tierra está muy removida. Aparecen muy pocos huesos en posición primaria y, por eso, a los nuevos les insistimos en que lo importante no son las tumbas que puedan encontrar, sino la tierra que queda entre ellas: ahí pueden estar las personas que buscamos”, añade.

Este cementerio tiene unas condiciones muy particulares. La humedad y la salinidad hacen difícil encontrar restos en tan buen estado como en otras zonas de España. Además, al haber estado en uso hasta los años ochenta, se enterró sobre las fosas y la tierra está muy removida

Almudena García-Rubio — Historiadora y osteoarqueóloga

La osteoarqueóloga ibicenca –licenciada en Historia por la Complutense, en 2001 y máster en Antropología Física y Forense por la Universidad de Granada, en 2007, especialidad en la que basó su tesis doctoral, refrendada por la Autónoma de Madrid en 2017– lleva exhumando fosas comunes de la Guerra Civil desde 2003. En 2016 participó en el primer Pla de Fosses del Govern balear. Cuando, dentro de unos meses, traten de localizar los esqueletos sepultados en son Servera, un municipio donde todavía no se han exhumado pese a que fue uno de los escenarios de la Batalla de Mallorca, estarán a punto de cumplirse diez años de la primera actuación: la apertura de la fosa común de Porreres, el epicentro de la represión franquista en las Illes Balears. 

Paco Etxeberria se puso al frente de aquella actuación. Este forense es una referencia a nivel mundial entre los profesionales que se dedican a esclarecer el paradero de los desaparecidos de guerras, genocidios y limpiezas étnicas. Etxeberria es, además, una suerte de mentor para García-Rubio. Ella descubrió qué debía hacerse –y qué debía evitarse– durante una exhumación dirigida por el guipuzcoano, hace ya más de dos décadas. La antropóloga recogió el testigo y, tras Porreres, ha coordinado las campañas financiadas por el Govern balear.

“Todavía quedan muchas cosas por hacer, pero ya vamos recogiendo algunas alegrías”, dice García-Rubio, “y ojalá vengan más en los próximos meses”. “En los laboratorios de Aranzadi, en Vitoria, y Àtics, en Barcelona, se sigue trabajando con muestras de ADN de familiares para conseguir más identificaciones. Ahora hemos estado en Badajoz entregando los restos a las familias de los presos republicanos que encerraron en Formentera al acabar la Guerra Civil. Que las asociaciones de una provincia donde se ha reivindicado con tanta fuerza la memoria histórica desde hace tanto tiempo alaben el método de trabajo que hemos desarrollado en las Illes Balears es el mayor reconocimiento que podríamos recibir”, añade.

La antropóloga vuelve al trabajo y desciende a una de las zanjas para ayudar a sus compañeros a tomar las medidas –con unos tubos articulables a los que llaman jalones– y la orientación –con un cartelito que indica el norte y un GPS– de un ataúd que se empieza a intuir bajo el manto terroso. El agujero que han cavado los exhumadores está rodeado de más tumbas, que quedan a la vista pese a estar en el subsuelo. Hay lápidas –horizontales y verticales– y cruces, chinchetas que marcan la ubicación de los últimos cuerpos que se enterraron –sobre otros– en el mismo rectángulo del cementerio donde creen que podrían localizar nuevas fosas de la Guerra Civil. Desde antaño, fue una parcela comunitaria donde no era preciso comprar un nicho para depositar un cadáver. La práctica duró hasta finales de los setenta, cuando se agotó el espacio. Quizás explique por qué las identidades que se leen en las lápidas son extranjeras –anglosajonas, francesas, alemanas– y –relativamente– jóvenes. Entre los muertos del boom turístico hay un par de excepciones. Una de ellas, muy relacionada con el recuerdo de los represaliados:

MARGARITA ROIG COLOMAR. 28-6-1966. A LOS 57 AÑOS. R.I.P. TU ESPOSO, HIJOS, HERMANOS Y SOBRINOS NO TE OLVIDARAN.

Bajo esa inscripción descansa Margalida Llogat, la sindicalista encarcelada y torturada durante la Guerra Civil, que se libró del tiro en la nuca, pero a la que la dictadura humilló durante décadas. Cincuenta años después de su muerte –por causas naturales– el Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia le dedicó una calle. Era agosto de 2020. En noviembre de 2023, el PP aceptó una moción de Vox para retirarle el nombre alegando que “Google Maps no había cambiado el nombre” de la vía y eso “creaba confusión entre los repartidores”. El alcalde reculó cuando vio que el gigante tecnológico actualizaba sus planos ante la reacción popular en redes sociales.

PP i Vox s'han oposat a l'enderrocament del major monument franquista de les Balears, erigit el 1947 al parc palmesà de Sa Feixina per glorificar els “herois” del Creuer Baleares, que el 1937 havia dut a terme un bombardeig contra la població civil que fugia de Màlaga a Almeria en plena ofensiva feixista –episodi històricament conegut com 'la Desbandada'– i va acabar enfonsat un any després. “Hi ha informes que li atorguen un valor artístic digne a protegir i se li considera un exponent de l'art déco”, ha defensat la diputada del Grup Popular Cristina Gil.

Tant conservadors com extrema dreta han votat aquest dimarts contra una Proposició No de Llei (PNL) amb què el Grup Socialista pretenia instar el Govern balear a promoure la retirada de l'estructura per crear-hi un espai de memòria que reconegui les víctimes de la dictadura, i a recolçar la seva inclusió al cens estatal de simbologia franquista. La iniciativa, rebutjada en la seva totalitat, també cercava emplaçar l'Ajuntament de Palma a no incloure el monument al catàleg municipal d'elements protegits.

Durant la seva defensa de la proposta a la Comissió d'Assumptes Institucionals, el parlamentari del PSIB-PSOE Omar Lamin ha recriminat que el fet de posar en valor el monument és “un problema de democràcia, de drets i de dignitat de les víctimes i els seus familiars, que han de veure com se'ls està humiliant cada dia que passegen per cadascuna de les places i llocs públics, recordant els feixistes que les assassinaren, perseguiren i maltractaren”.

El socialista ha asseverat que el monolít “té la significació que té” i, de fet, ha recordat que la seva part “més simbòlica” rau en el fet que “cada any els ultres feixistes d'aquesta terra fan en ell un acte d'exaltació i de record a la dictadura i als qui provocaren que tantes persones romanguin encara dins cunetes”. El diputat ha recordat que sa Feixina ha servit també d'escenari per a alguns dels actes polítics de Vox, el president del qual, Santiago Abascal, va celebrar l'abril de 2023 el míting principal de precampanya del partit a Balears.

Per la seva banda, el parlamentari de Vox Sergio Rodríguez ha expressat la seva postura contrària subratllant que el monument “està resignificat i avui dia es dedica a totes les víctimes de la Guerra Civil”. “És com si volguessin vostès retirar un monument d'Aurora Picornell”, ha etzibat en al·lusió a l'activista sindical assassinada pel franquisme la nit de Reis de 1937 i icona del republicanisme a Mallorca, l'escultura de la qual, precisament, ha amanegut vandalitzada fins a dues ocasions les últimes setmanes amb pintades de simbologia nazi i el seu rostre martellejat.

“Amb els problemes que tenim d'habitatge, d'ocupació precària, de sous baixos i d'inflació, vostès prefereixen, amb aquesta fúria iconoclasta, enderrocar monuments, com si a més les pedres tinguessin una mena de forces tel·lúriques que fossin capaces de ressuscitar Franco”, ha incidit Rodríguez, qui ha recalcat que “les pedres són pedres” i ha aprofitat per criticar el projecte per a resignificar el Valle de Cuelgamuros (antic Valle de los Caídos), al qual “volen convertir en una mena de semitemple maçònic” perquè “la lleona Ayuso, del PP, que de vegades més que lleona és gateta, no s'ha atrevit a protegir-lo”.

Mentrestant, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha cridat l'atenció sobre el fet que el parlamentari d'extrema dreta al·ludeixi a la necessitat de parlar de l'actual crisi de l'habitatge quan des de Vox “ja han presentat dues vegades la seva proposta de derogar la Llei de Memòria Democràtica i la fixen com un element primordial en les seves negociacions amb el PP. Crida l'atenció perquè els sentim parlar força poc d'habitatge en les seves negociacions i força de memòria democràtica”.

L'ecosobiranista ha considerat, tot seguit, que el revisionisme aplicat als elements arquitectònics i artístics del carrer “és delicat” perquè “ens pot induir a amagar foscos aspectes de la nostra història”. En aquest sentit, ha apel·lat que aquest revisionisme es faci des del consens, tenint en compte, entre altres elements “clau”, que en l'actualitat hi ha “víctimes vives del règim exaltat pel monument”, el que, ha incidit, “suposa una ofensa” per a elles.

Convertit en un dels símbols més controvertits del paisatge urbà de Palma, el monument de Sa Feixina ha estat, durant dècades, focus de diversos intents de resignificació, campanyes a favor de la seva demolició i diferents batalles judicials. Amb tot, l'Ajuntament de la capital balear, governat per PP i Vox, l'ha inclòs, amb la màxima protecció integral, al catàleg municipal de béns d'interès històric, artístic i arquitectònic.

El monolít, inaugurat el 1947 amb la presència del dictador Francisco Franco i dissenyat pels arquitectes Francisco Roca Simó i Antoni Roca Cabanellas, va ser construït gràcies a les abundants donacions de particulars i empreses que van reunir les 100.000 pessetes que va costar la seva execució en record dels mariners morts en l'enfonsament del Baleares: el creuer del bàndol revoltat havia estat torpedejat per la flota republicana el 1938 durant la batalla del cap de Palos, a la Guerra Civil. El vaixell es va enfonsar amb més de 700 homes a bord, molts d'ells reclutats a Mallorca.

L'entitat Memòria de Mallorca ha reclamat, sense èxit, que el monument s'inclogui al cens estatal de simbologia franquista. “Per molt que es pretengui disfressar de democràtic o justificar com un element protegible, continua sent un monument franquista que vulnera la memòria democràtica del nostre poble i ofèn la dignitat de les milers de víctimes civils innocents que foren bombardejades per la tripulació d'aquest creuer militar que s'honra”, asseveren des de l'entitat, bolcada des de fa més de vint anys en la recerca de les restes de víctimes del franquisme a Balears.

PP y Vox se han opuesto al derribo del mayor monumento franquista de Balears, erigido en 1947 en el parque palmesano de Sa Feixina para glorificar a los “héroes” del Crucero Baleares, que en 1937 había llevado a cabo un bombardeo contra la población civil que huía de Málaga a Almería en plena ofensiva fascista –episodio históricamente conocido como 'la Desbandá'– y acabó hundido un año después. “Hay informes que le otorgan un valor artístico digno a proteger y se le considera un exponente del art déco”, ha defendido la diputada del Grupo Popular Cristina Gil.

Tanto conservadores como extrema derecha han votado este martes contra una Proposición No de ley (PNL) con la que el Grupo Socialista pretendía instar al Govern balear a promover la retirada de la estructura para crear en su lugar un espacio de memoria que reconozca a las víctimas de la dictadura, apoyando asimismo su inclusión en el censo estatal de simbología franquista. La iniciativa, rechazada en su totalidad, también buscaba emplazar al Ayuntamiento de Palma a no incluir el monumento en el catálogo municipal de elementos protegidos.

Durante su defensa de la propuesta en la Comisión de Asuntos Institucionales, el parlamentario del PSIB-PSOE Omar Lamin ha recriminado que el hecho de poner en valor el monumento es “un problema de democracia, de derechos y de dignidad de las víctimas y sus familiares, que tienen que ver cómo se les humilla cada día que pasean por cada una de las plazas y lugares públicos, recordando a los fascistas que las asesinaron, persiguieron y maltrataron”.

El socialista ha aseverado que el monolito “tiene la significación que tiene” y, de hecho, ha recordado que su parte “más simbólica” radica en que “cada año los ultras fascistas de esta tierra hacen en él un acto de exaltación y de recuerdo a la dictadura y a quienes provocaron que tantas personas permanezcan todavía dentro de cunetas”. El diputado ha recordado que sa Feixina ha servido también de escenario para algunos de los actos políticos de Vox, cuyo presidente, Santiago Abascal, celebró en abril de 2023 el mitin principal de precampaña del partido en Balears.

Por su parte, el parlamentario de Vox Sergio Rodríguez ha expresado su postura contraria subrayando que monumento “está resignificado y hoy en día se dedica a todas las víctimas de la Guerra Civil”. “Es como si quisieran ustedes retirar un monumento de Aurora Picornell”, ha espetado en alusión a la activista sindical asesinada por el franquismo en la noche de reyes de 1937 e icono del republicanismo en Mallorca, cuya escultura, precisamente, ha amanecido vandalizada hasta en dos ocasiones en las últimas semanas con pintadas de simbología nazi y su rostro martilleado.

“Con los problemas que tenemos de vivienda, de empleo precario, de sueldos bajos y de inflación, ustedes prefieren, con esta furia iconoclasta, derribar monumentos, como si además las piedras tuvieran una especie de fuerzas telúricas que fueran capaces de resucitar a Franco”, ha incidido Rodríguez, quien ha recalcado que “las piedras son piedras” y ha aprovechado para criticar el proyecto para resignificar el Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos), al que “quieren convertir en una especie de semitemplo masónico” porque “la leona Ayuso, del PP, que a veces más que leona es gatita, no se ha atrevido a protegerlo”.

Mientras tanto, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha llamado la atención sobre el hecho de que el parlamentario de extrema derecha aluda a la necesidad de hablar de la actual crisis de la vivienda cuando desde Vox “ya han presentado dos veces su propuesta de derogar la Ley de Memoria Democrática y la fijan como un elemento primordial en sus negociaciones con el PP. Llama la atención porque les oímos hablar bastante poco de vivienda en sus negociaciones y bastante de memoria democrática”.

El ecosoberanista ha considerado, a continuación, que el revisionismo aplicado a los elementos arquitectónicos y artísticos de la calle “es delicado” porque “nos puede inducir a esconder oscuros aspectos de nuestra historia”. En este sentido, ha apelado a que este revisionismo se realice desde el consenso, teniendo en cuenta, entre otros elementos “clave”, que en la actualidad hay “víctimas vivas del régimen exaltado por el monumento”, lo que, ha incidido, “supone una ofensa” para ellas.

Convertido en uno de los símbolos más controvertidos del paisaje urbano de Palma, el monumento de Sa Feixina ha sido, durante décadas, foco de varios intentos de resignificación, campañas en pro de su demolición y distintas batallas judiciales. Con todo, el Ayuntamiento de la capital balear, gobernado por PP y Vox, lo ha incluido, con la máxima protección integral, en el catálogo municipal de bienes de interés histórico, artístico y arquitectónico.

El monolito, inaugurado en 1947 con la presencia del dictador Francisco Franco y diseñado por los arquitectos Francisco Roca Simó y Antoni Roca Cabanellas, fue construido gracias a las abundantes donaciones de particulares y empresas que reunieron las 100.000 pesetas que costó su ejecución en recuerdo de los marineros fallecidos en el hundimiento del Baleares: el crucero del bando sublevado había sido torpedeado por la flota republicana en 1938 durante la batalla del cabo de Palos, en la Guerra Civil. El barco se hundió con más de 700 hombres a bordo, muchos de ellos reclutados en Mallorca.

La entidad Memòria de Mallorca ha reclamado, sin éxito, que el monumento se incluya en el censo estatal de simbología franquista. “Por mucho que se pretenda disfrazar de democrático o justificar como un elemento protegible, sigue siendo un monumento franquista que vulnera la memoria democrática de nuestro pueblo y ofende la dignidad de las miles de víctimas civiles inocentes que fueron bombardeadas por la tripulación de este crucero militar que se honra”, aseveran desde la entidad, volcada desde hace más de veinte años en la búsqueda de los restos de víctimas del franquismo de Balears.

El bust que recorda Aurora Picornell, activista sindical assassinada pel franquisme en la nit de reis de 1937 i icona del republicanisme i a Mallorca, ha aparegut aquest matí vandalitzat amb pintades de simbologia nazi, uns fets que es produeixen tot just un dia abans que el Parlament balear debati la derogació de la llei de memòria democràtica, la supressió de la qual ha estat promoguda per Vox a través d'una Proposició de Llei (PL) a favor de la qual preveu votar el PP.

Després de conèixer el succés, l'associació Memòria de Mallorca ha anunciat la interposició d'una denúncia davant la Fiscalia General i la Fiscal Delegada de Memòria Democràtica de Balears en considerar que aquest nou atac “afecta a la memòria de les víctimes de la guerra civil i el franquisme” i, en concret, de Picornell. L'entitat recorda que la jove, al costat d'altres quatre dones -les conegudes com 'les roges del Molinar'- ,“va ser víctima de desaparició forçada i posterior assassinat el dia 5 de gener de 1937”, uns fets que, afegeix, “constitueixen greus violacions dels drets humans”.

La presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, reclama així l'obertura de diligències d'investigació amb l'objectiu d'identificar els autors dels fets i determinar la seva responsabilitat. “No podem permetre que s'atempti contra la memòria de les víctimes i contra els drets humans, no podem permetre que es vulnerin els seus drets i els drets de tots i totes, i, per tant, continuarem denunciant on faci falta i demanant veritat, justícia, reparació, garanties de no repetició i memòria”, recalca l'associació.

Per part seva, el grup municipal del PSIB-PSOE ha condemnat “amb rotunditat” l'acte vandàlic i ha reafirmat el seu “compromís amb la llibertat, la justícia social i el llegat d'Aurora, símbol de dignitat, democràcia i lluita”. “Atacar el bust d'Aurora Picornell és atacar la memòria democràtica del nostre poble”, sentencia en un missatge publicat en 'X'.

No és la primera vegada que els elements erigits en memòria de la popularment coneguda com 'La Passionera de Mallorca' són objecte d'atacs vandàlics. El 26 d'agost de 2024, Memòria de Mallorca va denunciar la vandalització de la placa homenatge a Picornell instal·lada en 2019 al Mur de Sa Petrolera, en la barriada palmesana de Es Molinar, d'on era originària.

Mentrestant, PP i Vox donaran aquest dimarts el primer pas per a derogar de manera íntegra la llei de memòria, aprovada durant la primera legislatura del pacte d'esquerres liderat per la socialista Francina Armengol (2015-2019). L'eliminació d'aquesta llei es troba, de fet, entre les les 110 mesures contemplades a l'acord que conservadors i extrema dreta van firmar a l'inici de l'actual mandat: a canvi d'acceptar la supressió de la norma, Vox es va comprometre a abstenir-se en la investidura de la popular Marga Prohens com a presidenta del Govern, com així va acabar ocorrent.

Malgrat que al desembre de 2024 els populars van aconseguir un insòlit pacte amb els partits d'esquerres per a no derogar la llei de memòria, el PP va incomplir el seu compromís tan sols mig any després a canvi de comptar amb el suport Vox per a poder tirar endavant els pressupostos autonòmics de 2025. Revocar les legislacions que pretenen garantir els drets de les víctimes del conflicte bèl·lic i la dictadura s'ha convertit així en un dels compromisos clau que han segellat les dretes amb l'objectiu de substituir-les per lleis que anomenen “de concòrdia”.

Enfront d'això, el Govern central ja ha dut a terme diverses accions contra el retrocés de tots dos partits en matèria de memòria: el Consell de Ministres ha aprovat la interposició de sengles recursos davant el Tribunal Constitucional contra la derogació de la llei autonòmica d'Aragó així com contra l'aprovació de la 'Llei de Concòrdia' pactada pel PP de Carlos Mazón i l'extrema dreta de Vox en la Comunitat Valenciana.

D'altra banda, el president del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), es troba pendent de ser jutjat per un delicte d'odi per trencar, el 18 de juny de l'any passat, una fotografia de Picornell i d'altres dues víctimes del franquisme mentre tenia lloc un debat sobre la llei de memòria. Els fets van provocar una onada d'indignació dins i fora de l'arxipèlag, amb peticions de dimissió que Le Senne mai ha atès. El Govern de Marga Prohens (PP) tampoc li ha forçat a abandonar el càrrec.

El busto que recuerda a Aurora Picornell, activista sindical asesinada por el franquismo en la noche de reyes de 1937 e icono del republicanismo y en Mallorca, ha amanecido vandalizado con pintadas de simbología nazi, unos hechos que se producen apenas un día antes de que el Parlament balear debata la derogación de la ley de memoria democrática, cuya supresión ha sido promovida por Vox a través de una Proposición de Ley (PL) a favor de la cual prevé votar el PP.

Tras conocer el suceso, la asociación Memòria de Mallorca ha anunciado la interposición de una denuncia ante la Fiscalía General y la Fiscal Delegada de Memoria Democrática de Balears al considerar que este nuevo ataque “afecta a la memoria de las víctimas de la guerra civil y el franquismo” y, en concreto, de Picornell. La entidad recuerda que la joven, junto a otras cuatro mujeres -las conocidas como 'las rojas del Molinar'- ,“fue víctima de desaparición forzada y posterior asesinato el día 5 de enero de 1937”, unos hechos que, añade, “constituyen graves violaciones de los derechos humanos”.

La presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, reclama así la apertura de diligencias de investigación con el objetivo de identificar a los autores de los hechos y determinar su responsabilidad. “No podemos permitir que se atente contra la memoria de las víctimas y contra los derechos humanos, no podemos permitir que se vulneren sus derechos y los derechos de todos y todas, y, por tanto, seguiremos denunciando donde haga falta y demandando verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y memoria”, recalca la asociación.

Por su parte, el grupo municipal del PSIB-PSOE ha condenado “con rotundidad” el acto vandálico y ha reafirmado su “compromiso con la libertad, la justicia social y el legado de Aurora, símbolo de dignidad, democracia y lucha”. “Atacar el busto de Aurora Picornell es atacar la memoria democrática de nuestro pueblo”, sentencia en un mensaje publicado en 'X'.

No es la primera vez que los elementos erigidos en memoria de la popularmente conocida como 'La Pasionaria de Mallorca' son objeto de ataques vandálicos. El 26 de agosto de 2024, Memòria de Mallorca denunció la vandalización de la placa homenaje a Picornell instalada en 2019 en el Mur de Sa Petrolera, en la barriada palmesana de Es Molinar, de donde era originaria.

Mientras tanto, PP y Vox darán este martes el primer paso para derogar de forma íntegra la ley de memoria, aprobada durante la primera legislatura del pacto de izquierdas liderado por la socialista Francina Armengol (2015-2019). La eliminación de esta ley se encuentra, de hecho, entre las las 110 medidas contempladas en el acuerdo que conservadores y extrema derecha alcanzaron al inicio del actual mandato: a cambio de aceptar la supresión de la norma, Vox se comprometió a abstenerse en la investidura de la popular Marga Prohens como presidenta del Govern, como así acabó ocurriendo.

A pesar de que en diciembre de 2024 los populares alcanzaron un insólito pacto con los partidos de izquierdas para no derogar la ley de memoria, el PP incumplió su compromiso tan solo medio año después a cambio de contar con el apoyo Vox para poder sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025. Revocar las legislaciones que pretenden garantizar los derechos de las víctimas del conflicto bélico y la dictadura se ha convertido en uno de los compromisos clave que han sellado las derechas y su objetivo pasa por sustituirlas por leyes que llaman “de concordia”.

Frente a ello, el Gobierno central ya ha llevado a cabo varias acciones contra el retroceso de ambos partidos en materia de memoria: el Consejo de Ministros ha aprobado la interposición de sendos recursos ante el Tribunal Constitucional contra la derogación de la ley autonómica de Aragón así como contra la aprobación de la 'Ley de Concordia' pactada por el PP de Carlos Mazón y la extrema derecha de Vox en la Comunitat Valenciana.

Por otro lado, el presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), se encuentra pendiente de ser juzgado por un delito de odio por romper, el 18 de junio del año pasado, una fotografía de Picornell y de otras dos víctimas del franquismo mientras tenía lugar un debate sobre la ley de memoria. Los hechos provocaron una oleada de indignación dentro y fuera del archipiélago, con peticiones de dimisión que Le Senne nunca ha atendido. El Govern de Prohens tampoco le ha forzado a abandonar el cargo. 

Tras décadas de silencios, testimonios y movilizaciones, los trabajos arqueológicos iniciados hace tres años en la mina La Paloma han dado sus primeros frutos: este miércoles se han desenterrado restos humanos en la fosa común de la mina, situada bajo 300 toneladas de piedra, a 36 metros de profundidad. Junto a los huesos, se han hallado monedas, una cartera, un mechero y la suela de un zapato, entre otros objetos personales.

El equipo responsable, Aranzadi, impulsado por la Universidad de Extremadura y la Diputación de Cáceres, ha informado de que los restos encontrados corresponderían a los últimos cuerpos arrojados a la mina, y que se identificarán a personas de Zarza la Mayor, Ceclavín u otros municipios cercanos, incluso de la comarca de Sierra de Gata.

Los trabajos, exigentes y complejos, han requerido maquinaria especializada. Hasta ahora se habían alcanzado profundidades de entre 25 y 30 metros, pero para continuar fue necesario instalar una nueva grúa que permitiera acceder más abajo.

El origen de este proyecto se remonta a historias recogidas durante décadas por el catedrático Julián Chaves (Universidad de Extremadura), familiares y vecinos, que desde los años ochenta y noventa reunieron testimonios que aseguraban que vecinos del lugar y de otros pueblos próximos habían sido asesinados en el verano de 1936 y arrojados a la mina.

El presupuesto para continuar la exhumación fue aprobado por la Diputación de Cáceres, que reservó 75.000 euros para la segunda fase. También han existido tensiones institucionales: recientemente el Ayuntamiento de Zarza la Mayor denunció “ataques y presiones” y obstaculización burocrática por permisos medioambientales relacionados con la Red Natura 2000, paralizando temporalmente los trabajos.

“Esto nos ha devuelto la esperanza”, se escuchaba entre los familiares que se acercaron al lugar. Luisa, por ejemplo, confía en encontrar los restos de su suegro: “Al menos yo, porque su hijo, mi marido, murió cuando acabábamos de comenzar este trabajo, sin tiempo para tener esta alegría. Él fue uno de los que empezó a mover todo esto, porque tenía esa espinita”.

María también busca a su padre. “Mi padre no desapareció, lo sacaron de casa y no volvió. Crecí sin él… Nunca podíamos decir qué le habían hecho, solo que estaba desaparecido. Pero estoy esperanzada, a ver si tenemos suerte y mi padre está aquí”.

La vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres y concejala del Ayuntamiento de Zarza la Mayor, Esther Gutiérrez, quiso acompañar a las familias, junto con el responsable del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación, Fernando Ayala.

Gutiérrez expresó su satisfacción por los avances: “Lo hemos conseguido, entre todos hemos dado un paso más hacia la verdad, la justicia y la reparación. La Diputación mantiene un compromiso total con la defensa de los derechos humanos y con la Ley de Memoria Histórica. Estamos empeñados en sensibilizar a las nuevas generaciones sobre lo que supuso aquel régimen. No se trata de ideología, sino de responsabilidad colectiva: de conocer la verdad, asumir la historia y evitar que se repita”.

El descubrimiento ha provocado una gran emoción entre los familiares de los desaparecidos. “Por fin los hemos encontrado” se escuchaba entre quienes desde hace generaciones han reclamado verdad y reparación. El hallazgo abre la esperanza de poder identificar los cuerpos, entregar los restos a los familiares y avanzar en la memoria histórica y la justicia. Y en la paz, por fin, para las familias.

José Castro Aragón (Còrdova, 1945) porta tatuada a la seva biografia l'etiqueta de“jutge del cas Nóos”, la causa que va posar en escac la monarquia i que, per primera vegada, va asseure a la banqueta un fill de la família real, la infanta Cristina, una fita sense precedents en la història judicial espanyola. Al capdavant del Jutjat d'Instrucció número 3 de Palma, es va convertir, a més, en assot de l'expresident del Govern balear Jaume Matas (PP), es va endinsar de ple als secrets del finançament irregular del partit i va tenir davant seu investigats com l'arquitecte Santiago Calatrava, autor de l'avantprojecte d'una òpera pel qual l'Executiu autonòmic va pagar 1,2 milions d'euros. Aquella construcció mai no va veure la llum.

Afable i trempat en el tracte, Castro, Pepe per als amics i coneguts, assegura que hauria investigat el rei Joan Carles si no existís l'article 56.3 de la Constitució, que blinda la inviolabilitat del cap de l'Estat. Ara, el grup de jutges i juristes amb què treballa reclama cada any al Govern d'Espanya que insti el rei a renunciar a aquest privilegi, “però ni punyeter cas”, assenyala. Retirat de la judicatura, acaba de publicar El caso Nóos. Toda la verdad del proceso que conmocionó España, contada por su juez protagonista (Roca Editorial), on repassa la instrucció d'un procediment que va marcar un abans i un després en la percepció ciutadana de la Justícia i la monarquia.

En una entrevista concedida a elDiario.es a la seu de la delegació balear d'aquest diari, sosté que “la Justícia mima més el poderós que el desvalgut”, encara que el que més el preocupa és l'arbitrarietat legal, protegida per la mateixa llei, com la doctrina Botín. Es mostra severament crític amb l'encausament de Begoña Gómez –“el que haurà fet la senyora Gómez d'encarregar el seu assistent personal a través d'uns correus electrònics podrà ser correcte o no, però no es pot elevar a la categoria de delicte”– i amb el processament del Fiscal General de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per la suposada filtració d'un correu de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso -“condemnar això em semblaria absurd”-, mentre recrimina el retrocés democràtic que pateix el país: “Tenim joventuts amb uns valors tan feixistes, retrògrads i absurds al món en què vivim...”.

Parla sense embuts, a més, de la politització de la Justícia: “El Consell General del Poder Judicial és un òrgan de control que per als altres poders és indesitjable. Indesitjable perquè controla i els altres poders no volen ser controlats”.

Què us ha portat a publicar un llibre sobre el cas Nóos? Què aporta que no s'hagi explicat fins ara?

Bé, he de dir que jo no vaig tenir mai intenció d'escriure un llibre sobre el cas Nóos, com tampoc ho he escrit sobre el cas Calvià [per un intent de suborn per part del PP a un regidor socialista perquè recolzés una moció de censura contra la llavors alcaldessa, Margarita Nájera] o sobre la adjudicació de l'hospital Son Espases. No, no tenia aquesta intenció, però una editorial es va interessar pel tema. M'ho vaig pensar durant un temps. Entenia que si no ho escrivia jo, ho escriurien altres persones des d'òptiques molt diferents de la meva. Realment aquest llibre el podria haver escrit vostè, que en va fer el seguiment, el fiscal Pedro Horrach o qualsevol lletrat que intervingués en la causa. Al final em vaig decidir a escriure'l. És una obra sobre un procés judicial, i per això no em puc inventar un judici diferent. Relato el que va passar des de la meva òptica, però sense apartar-me del que és el sumari. Pel que fa al que diu el llibre que no se sabés... Hi ha una mica de trastienda sobre la causa, com la part més nova en què, per fer-lo més digerible, sotmeto a un diàleg determinats passatges. És un diàleg purament imaginat i potser no gaire diferent del que hauria pogut ser. Cada lector ho anirà descobrint.

La dedicatòria del llibre diu: “Als que no es van atrevir a fer el que devien per por a la repercussió de les seves pròpies decisions, perquè recapacitin fins on la seva consciència els ho permeti”. A qui es refereix?

Va dirigit a terceres persones, entre les quals m'hi incloc. Realment aquesta dedicatòria no és més que una recomanació als qui llegeixin el llibre i als qui van intervenir en aquest cas perquè reflexionin sobre si van fer el que havien de fer.

Si Joan Carles I no hagués gaudit del privilegi de la inviolabilitat –de què continua gaudint Felip VI–, fins on hauria arribat la instrucció?

Mai no se sap fins on pot arribar una instrucció. Se sap com comença, però mai no se sap com pot acabar. El que sí que és cert és que una de les línies de recerca que hauria pogut desenvolupar és el paper que va tenir el rei Joan Carles si l'article 56.3 de la Constitució, que blinda la seva inviolabilitat, no existís. Aquest article impedia iniciar la menor investigació sobre el llavors rei. Que pensés d'una manera o d'una altra, que abrigés els meus dubtes sobre la intervenció que aquest senyor va tenir en el cas, no conduïa a res. No sé fins on hagués pogut arribar, però que ho vaig abrigar en un moment sí que és cert.

Mai se sap fins a on pot arribar una instrucció. Se sap com comença, però mai com pot acabar. El que sí que és cert és que una de les línies de recerca que hauria pogut desenvolupar és el paper que va tenir el rei Joan Carles si l'article 56.3 de la Constitució, el que blinda la seva inviolabilitat, no existís. No sé fins a on hauria pogut arribar, però que ho vaig abrigar en un moment donat sí que és cert

José Castro — Exjutge juez del cas Nóos

Aleshores, es pot induir de la seva resposta que comptava amb indicis suficients per imputar el rei emèrit, però l'article 56.3 ho impedia?

Si no eren indicis, sí que eren objectius clars, però no es va desenvolupar cap investigació. A priori jo podia tenir una línia de recerca que s'alineava amb la causa, però la vaig menysprear perquè, atesa l'existència d'aquest article, no tenia sentit ni conduïa enlloc.

Precisament, un grup de jutges, juristes i altres professionals de Balears, entre els que vostè es troba, han reclamat al Govern d'Espanya instar el rei Felip VI a que, en algun dels seus discursos de Nadal, anunciï la seva renúncia a la inviolabilitat...

Cada any enviem un escrit al president del Govern [central], però ni punyeter cas. I en aquest escrit li diem: “Recomani a sa Majestat el Rei que aprofiti el discurs de Nadal per renunciar”. Ja sabem que el que renunciï no significa que el precepte s'elimini, però almenys el Tribunal Constitucional es podrà sentir més tranquil concordant que la interpretació més lògica no és la que se li ha donat. Aquesta interpretació és que és inviolable pels actes propis de la seva funció com a rei, que és allò que diu la pròpia Constitució.

Cada any enviem un escrit al president del Govern, però ni punyeter cas. I en aquest escrit li diem: 'Recomani a la seva Majestat el Rei que aprofiti el discurs de Nadal per a renunciar a la inviolabilitat'

José Castro — Jutge del cas Nóos

No si comet altres fets delictius fora d'aquestes funcions...

És que no té cap sentit.

Tornant al cas Nóos, fa uns diez va comentar que les causes amb aforat eren com “trepitjar una mina antipersona”. Vostè va enviar una exposició raonada al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) perquè Francisco Camps i Rita Barberá fossin imputats en el cas Nóos. El TSJCV ho va rebutjar. També va quedar fora del cas l'exconseller valencià i exvicesecretari general del PP Esteban González Pons tot i que va afavorir amb la seva firma uns Jocs europeus que mai no van arribar a celebrar-se. Al final, la branca valenciana del cas Nóos va quedar pràcticament en foc d'encenalls en comparació de la branca balear. A què ho atribueix?

Jo vaig oferir al tribunal sentenciador tot l'elenc de persones que podien haver contret algun tipus de responsabilitat i entre elles hi havia la trama valenciana, que no diferia gaire de la que després es va desenvolupar aquí a les Balears. El tribunal, que és amo i senyor per valorar les proves que s'obtinguin al plenari, va optar per relativitzar tots els indicis amb què es comptaven i els va absoldre. No hi tinc res a dir. No és la primera vegada que un tribunal sentenciador no acull els plantejaments d'un jutge instructor i, bé, el que volem és que els nostres plantejaments siguin acollits. Però si no ho són, hi estem acostumats.

Jo li vaig oferir al tribunal sentenciador tot l'elenc de persones que podien haver contret algun tipus de responsabilitat i entre elles estava la trama valenciana [del cas Nóos]. El tribunal, que és amo i senyor per a valorar les proves que s'obtinguin en el plenari, va optar per relativitzar tots els indicis amb els quals es comptaven i els va absoldre

José Castro — Exjutge del cas Nóos

Van influir interessos polítics en el fet que el TSJCV no assumís les competències per investigar aquesta part del cas Nóos?

Jo he de pensar bé del tribunal. No tinc cap altra alternativa...

A la interlocutòria amb què, el març del 2010, va imposar l'expresident del Govern balear Jaume Matas una fiança de tres milions d'euros, la més alta decretada fins aleshores per a un polític a Espanya, va assenyalar que l'exlíder del PP va venir “a burlar-se dels simples mortals” segons les justificacions que va oferir al seu dia al voltant del sobrecost d'un dels seus grans projectes, el velòdrom Palma Arena, i el descomunal increment del seu patrimoni. Creu que continua burlant-se després de lliurar-se de possibles condemnes per enriquiment il·lícit o per blanquejar diners amb l'adquisició del seu palauet de Palma?

Sempre que algú a qui el poble ha encimbellat d'alguna manera, si no compleix el seu deure de procurar el benestar dels ciutadans, se n'està rient.

Es va enriquir il·lícitament Matas?

No rastregem tot el que es podia rastrejar. Comptes corrents, comprovar si hi havia caixes fortes... No ja a nom d'ell, sinó de testaferros. Degueren cuidar-se molt. O potser no hi havia res... No es va trobar absolutament res. Però les obres del palauet del carrer Feliu, aquestes es van sufragar amb diners opacs al fisc [nombrosos proveïdors que van declarar com a testimonis van manifestar que Matas els va arribar a abonar més de 300.000 euros en efectiu pels treballs que van dur a terme]. I on estaven residenciats aquests fons? Jo vaig enviar als Estats Units una comissió rogatòria, però la veritat és que no em van fer gaire cas. Deu haver-hi algun lloc on estan atapeïts aquests diners.

Les obres del palauet [de Jaume Matas], aquestes es van sufragar amb diners opacs al fisc. I on estaven residenciats aquests fons? Jo vaig enviar als Estats Units una comissió rogatòria, però la veritat és que no em van fer massa cas. Ha d'haver-hi algun lloc on estigui aquests diners

José Castro — Exjutge del cas Palma Arena

A la recent presentació del seu llibre va comentar que, durant la segona legislatura de Matas (2003–2007), cada adjudicatari “havia de passar per caixa”, és a dir, pagar un suborn per cada concessió. Una de les causes derivades d'aquella època va ser el cas Son Espades, en el sumari del qual van aflorar noms com els de Juan Miguel Villar Mir i Florentino Pérez per presumptes favors al PP a canvi de ser-los adjudicades les obres de l'hospital. Va arribar a apuntar, fins i tot, que aquests suposats suborns es van destinar als treballs de reforma de la seu nacional del PP. A la interlocutòria amb què va arxivar aquesta línia de recerca va admetre no haver pogut demostrar aquests pagaments, però va lliscar que “no seria desgavellat sospitar que diners obtinguts en ocasió d'aquest concurs fossin la font d'alimentació de la caixa B del PP”. Què li va impedir acreditar-ho?

Quan un es troba davant d'un mur que ja no pot travessar, cal reconèixer-ho. Això vol dir que l'instructor ha de renunciar a la seva línia de recerca, als seus plantejaments del que realment va passar? No. I fixeu-vos fins a quin punt que el cunyat del senyor Matas, Fernando Areal Montesinos [extresorer del PP balear], qui davant meu es va mostrar virulent en dir-me que jo la tenia presa amb ell i que ja el tenia condemnat a priori, en una altra causa va arribar a un pacte amb la Fiscalia i va reconèixer que el partit manejava diners negres [amb els qual es van sufragar les campanyes municipals i autonòmiques de 2007]. Si, com ell va confessar, hi havia diners negres, una caixa B, que algú em digui d'on es nodreix, d'on s'alimenta aquesta caixa. No es va poder demostrar d'on sortien aquests diners, però, si tu t'estàs relacionant amb persones que adjudiquen contractes milionaris, no és difícil imaginar-ho.

Si, com va confessar Fernando Areal [extesorero del PP balear i cunyat de Matas], hi havia diners negres, una caixa B en el partit, que algú em digui d'on es nodreix, d'on s'alimenta aquesta caixa. No es va poder demostrar d'on sortia aquests diners, però, si tu t'estàs relacionant amb persones que adjudiquen contractes milionaris, no és difícil imaginar-lo

José Castro — Exjutge del cas Palma Arena

En el cas de la reforma de la seu balear del PP, l'exregidor Javier Rodrigo de Santos ha assegurat que les obres havien estat sufragades en part per l'empresari Antonio Pinal, qui li hauria confessat que havia “ajudat” en el finançament dels treballs a canvi de ser-li adjudicat el desenvolupament d'un projecte urbanístic a les casernes de Son Busquets, a Palma. L'extresorer del PP Luis Bárcenas també va al·ludir a les suposades 'aportacions' d'aquest empresari, a qui es va referir com a un “donant generós”amb el PP. Alguns adjudicataris van confessar també pagaments en negre. De nou, vostè va arxivar la causa a contracor després que així ho demanés la Fiscalia Anticorrupció i l'Advocacia de la Comunitat Autònoma s'apartés del procediment. En la seva interlocutòria de sobreseïment, tot i això, va insinuar que els que haguessin finançat les obres “ja s'afanyarien per fer els lliuraments de manera que no deixessin rastre”.

Efectivament, em vaig fer ressò que el senyor Pinal buscaria la manera de no deixar rastre. I no és que jo li estigui imputant una cosa inexistent. És que si circulen diners negres [com havia confessat Areal] ja es cuidarien els que exerceixen aquesta circulació que no quedés rastre. Això és una manera habitual i normal en l'ésser humà, sobretot si tria el camí de la corrupció. També el cas Son Dureta [en què es va investigar el desviament de fons públics a través de la gestió d'aquest hospital i la implantació de marcapassos a pacients morts] es va haver d'arxivar perquè ningú va col·laborar. No vam aconseguir indicis clars malgrat que allò era un autèntic desastre, com la custòdia de les pròtesis: algunes, molt cares, es perdien i ningú sabia on anaven. I és clar, jo ho vaig arxivar perquè no tenia indicis. Però ningú no em pot privar del dret a fer constar que ho arxivo perquè no tinc més remei.

Creu que la justícia espanyola protegeix els poderosos?

L'espanyola, la francesa, la nord-americana, tota la justícia del món mima més el poderós que al desvalgut. Això és clar. De fet, no ho podem evitar: el desvalgut té el seu advocat del torn d'ofici. Són dolents els del torn d'ofici? No. Però qualsevol persona acabalada contracta el seu propi advocat, com el cas de la infanta Cristina, que crec que en tenia tres. Naturalment, a tres ments se li acudeixen més recursos. Se'ls il·lumina la ment a tres més que a un. O almenys hi ha més possibilitats que això sigui així. Aquest tipus d'injustícia no es pot evitar, però el que sí que es pot evitar és l'arbitrarietat legal que està protegida per la mateixa llei. Es poden evitar els aforats, es poden evitar línies jurisprudencials com la doctrina Botín: que es pretengués privar de legitimitat l'acusació popular perquè acusava el senyor Botín [president del Banc de Santander]. El Tribunal Suprem va elaborar una línia jurisprudencial que tirava per terra tota la que havia seguit fins aleshores, que deia que l'acusació popular té les mateixes atribucions i les mateixes competències que l'acusació pública. Aquesta arbitrarietat és la que s'hauria d'evitar, no pas que hi hagi rics i pobres. Podem repartir millor la riquesa, però sempre hi haurà rics i pobres. Això no ho podem canviar.

La Justícia espanyola, la francesa, la nord-americana, tota la justícia del món mima més al poderós que al desvalgut. Aquest tipus d'injustícia no es pot evitar, però el que sí que es pot evitar és l'arbitrarietat legal que ve protegida per la pròpia llei. Es poden evitar els aforats i es poden evitar línies jurisprudencials com ara la doctrina Botín

José Castro — Exjutge

El Fiscal General de l'Estat, Álvaro García Ortiz, s'asseurà a la banqueta per la filtració d'un correu de la parella d'Isabel Díaz Ayuso, després que la Sala Penal del Tribunal Suprem confirmés el seu processament amb un dels magistrats en contra...

Jo entenc que no ho poden condemnar. Si el condemnessin, em causaria molta més sorpresa encara que el que ho hagin assegut a la banqueta, que també m'ha causat sorpresa. Ningú no pot ser condemnat per revelar un secret quan aquest secret ja ha deixat de ser-ho. Quan ja s'ha fet públic. Condemnar això em semblaria absurd. Però, cosa absurda, estan prosperant els qui així ho desitgen. Esperem que s'acabi la ratxa.

Jo entenc que no ho poden condemnar [al Fiscal General de l'Estat, Álvaro García Ortiz]. Si ho condemnessin, em causaria molta més sorpresa encara que el que ho hagin assegut en la banqueta. Ningú pot ser condemnat per revelar un secret quan aquest secret ja ha deixat de ser-ho

José Castro — Exjutge del cas Nóos

La presidenta de Madrid, Isabel Ayuso, i la seva mà dreta, Miguel Ángel Rodríguez, fa més d'un any que desacrediten els jutges i fiscals que han investigat la seva parella, Alberto González Amador, per frau fiscal. I tot això davant la passivitat de les associacions majoritàries i conservadores, d'altres jutges i fiscals i del mateix Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Què opina sobre això?

Sembla que la societat s'ha dividit, s'ha polaritzat i ara n'hi ha uns que defensen un delinqüent confés. No ho han condemnat, però ell s'ha confessat com a autor de dos delictes contra la hisenda pública. Però ara resulta que és el govern del senyor Pedro Sánchez qui ha organitzat totes les institucions públiques perquè l'Agència Tributària pugui atacar aquest senyor per ser la parella sentimental d'Ayuso. Això és ridícul, és absurd. Però és que tot allò que diu aquesta senyora té una visió alterada de la realitat que l'envolta. Té una agressivitat desaforada. I bé, hi ha persones a qui els encanta. És lamentable que la societat avui dia estigui com estigui. La veritat és que és descoratjador el que està passant.

Sembla ser que la societat s'ha dividit, s'ha polaritzat i ara hi ha uns que defensen un delinqüent confés [Alberto González Amador]. Ara resulta que és el govern del senyor Pedro Sánchez el que ha organitzat totes les institucions públiques perquè l'Agència Tributària pugui atacar a aquest senyor per ser la parella sentimental d'Ayuso. Això és ridícul, absurd

Begoña Gómez està a punt d'asseure's a la banqueta, i amb jurat popular, per suposada malversació arran de les tasques realitzades per la seva assessora per a la càtedra que dirigia a la Complutense...

El dret penal es regeix per un principi i un és el de la intervenció mínima, però sembla que a ningú se li ha acudit al·legar que el dret penal està per a fets que tinguin rellevància punitiva criminal. Cada cop que no t'agrada una cosa, cada cop que creus que algú ha actuat de manera no totalment correcta, ho pots elevar a delicte. I el que haurà fet la senyora Gómez d'encarregar al seu assistent personal, diguem-ho així, a través d'una sèrie de correus electrònics podrà ser correcte o no, podrà semblar innocu a alguns o els podrà semblar malament als altres, però no es pot elevar a la categoria de delicte. Ho he dit més d'una vegada. Si una persona, un funcionari públic, encarrega a un subordinat que vagi a comprar tabac, és clar que és incorrecte. Però organitzarem un judici amb jurat per malversació? Estem bojos. Això no té cap sentit. En el cas del Fiscal General ja sabem que s'hi asseurà. Haurà de suportar un judici. I jo espero que en el cas de la senyora Begoña Gómez això no arribi a passar. Per seny, per sentit comú, això no pot arribar a passar.

El que haurà fet la senyora Begoña Gómez podrà ser correcte o no, però no es pot elevar a la categoria de delicte. Estem bojos. No té sentit. Espero que no arribi a anar a judici. Per sensatesa, per sentit comú, això no pot arribar a ocórrer

José Castro — Exjjutge del cas Nóos

El ministre Félix Bolaños defensa que cal limitar la figura de l'acusació popular perquè en aquests moments és “una fira d'ultres amb ganes de fer publicitat”. Està instrumentalitzada aquesta figura?“

Si algú digués que es farà servir un judici per publicitar una instrucció perquè algú se'n fes publicitat, tots diríem que això és una aberració, no? Però està passant. En el meu cas van pretendre constituir-se en acusació popular un munt de persones i a la majoria li vaig denegar la personació perquè l'única cosa que volien era fer-se sentir. Igual que Hazte Oír, però fer-se oír de veritat [riu]. Volien fer publicitat a les seves pretensions, com ara l'Església Evangèlica Jesús, Amor i Llibertat. Aleshores el primer garbell l'ha de fer el jutge d'instrucció, negant la personació a aquelles preteses acusacions populars que no responguin als criteris per als quals es va instituir aquesta figura. I després cal fer un control de la intervenció d'aquestes acusacions davant de peticions que l'únic que persegueixen és el lluïment. Van arribar a demanar-me que vingués Corina... Ara, eliminar o limitar la figura de l'acusador popular mai no em pot semblar bé. Per què? Doncs perquè seria tant com dir que sense Ministeri Fiscal ja no cal fer justícia. Hi ha casos en què hi ha fundats recels. No ho estic dient jo. Ho van dir els set o vuit magistrats del Suprem quan aquest pretenia o va decidir deslegitimar Manos Limpias. Es van queixar que això conduiria a lliurar les causes completament al Ministeri Fiscal, quan hi pot haver casos en què hi hagi un legítim dubte sobre l'actuació de la mateixa Fiscalia. Aleshores, l'acusació popular està cridada a intervenir per posar remei a això. Ara, el circ que estan muntant les acusacions populars avui dia em sembla indesitjable. Però és clar, si pel fet que han muntat un circ eliminarem aquesta figura, que a més està contemplada a l'article 125 de la Constitució...

Als noranta alguns països europeus van crear òrgans encarregats de vetllar per la independència de la justícia mentre que a Espanya el CGPJ no aconsegueix consolidar-se com a garant de la independència, amb denúncies alternes de corporativisme o de politització...

L'òrgan el tenim, el CGPJ, que ni té atribucions pressupostàries sobre la justícia en general, ni pot fer una llei, ni, per descomptat, dictar la creació de nous tribunals i jutjats. El CGPJ hauria de ser en dos sentits òrgan de control –no de control jurisdiccional, sinó de control disciplinari real i autèntic dels jutges– i, d'altra banda, ser òrgan de pressió davant el Ministeri de Justícia perquè les mancances que actualment tenim s'eliminin d'una vegada, perquè la Justícia encomanada exclusivament al Ministeri de Justícia, i no em refereixo a tots cap, absolutament cap no ha fet res en favor de la Justícia ni de la seva celeritat. I llavors es fa més necessari que hi hagi un òrgan de pressió davant el Govern [d'Espanya] perquè aquesta situació de carència absoluta acabi d'una punyetera vegada.

El Ministeri de Justícia, i no em refereixo a l'actual ministre, sinó a tots els que li han precedit, cap, absolutament cap d'ells ha fet res en favor de la Justícia ni de la seva celeritat. I llavors es fa més necessari que hi hagi un òrgan de pressió davant el Govern perquè aquesta situació d'absoluta manca acabi d'una punyetera vegada

José Castro — Exjutge

I sobre el sistema de proposta dels vocals del CGPJ?

Durant molt de temps s'ha confitat aquest sistema. Els pares de la Constitució podrien haver deixat resolt el tema, van preferir no fer-ho. Van deixar en blanc el sistema de proposició dels vocals remetent-ho a una llei orgànica. Aleshores, què passa? Que cada Govern porta l'aigua al seu molí. Aleshores, en funció de fins a quin punt pensaments conservadors o progressistes poden dominar el CGPJ, s'aprofiten perquè entri o surti aquell. Perquè, en definitiva, no oblidem que el Consell Geneal del Poder Judicial, la Justícia, és un òrgan de control que per als altres poders és indesitjable. És indesitjable perquè controla i els altres poders no volen ser controlats. I, a més, a la Justícia se la culpa, igual que els altres poders tenen un origen democràtic, de no tenir-ho clar. El poble no anomena els jutges. Però es pretén que sigui la sobirania popular la que controli d'alguna manera el CGPJ. Però és un control polític de la jurisdicció i això va contranatura. No pot ser.

Durant moltíssim temps s'ha porfidiejat el sistema d'elecció dels vocals del CGPJ. Els pares de la Constitució podrien haver deixat resolt el tema, però van preferir no fer-lo. Llavors, què ocorre? Que cada Govern porta l'aigua al seu molí. En funció de fins a quin punt pensaments conservadors o progressistes poden dominar en el CGPJ, s'aprofiten perquè entre aquest o surti aquell

L'exfiscal anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo sosté, al llibre Jutges, però parcials, que la Transició va deixar intactes molts ressorts del franquisme, sobretot en l'àmbit judicial. Quines petjades persisteixen d'aquesta herència, si creu que persisteixen?

Quan accedim a la democràcia eliminem coses que formalment no concorden amb una democràcia. Eliminem un tribunal d'ordre públic, però allò que no es pot eliminar és el pensament. Moltes persones instal·lades en institucions fonamentals a la democràcia segueixen mantenint pensament dictatorials. I això, fins que no passin gaires, molts anys, continuarà passant. Hi ha joves que no han conegut la dictadura ni Franco, que no en saben res, però en la mesura que pertanyen a famílies que sospiren per aquestes idees, segueixen mantenint una postura de rebuig cap a valors els democràtics. Perquè en democràcia hi cap tothom, tant el que té un pensament progressista com el que té un pensament més conservador, però respectant-se. Lamentablement, el pas del temps no està tornant els valors democràtics al ritme que a un li agradaria, perquè tenim joventuts amb uns valors tan feixistes, retrògrads i absurds al món en què vivim...

En el cas dels jutges, sempre he dit que tenim les nostres idees. Efectivament, pensar que els jutges tenen el cap buit d'idees polítiques, morals, socials o religioses és pretendre allò que és impossible. El que cal és no contaminar amb les nostres idees. Les nostres resolucions han d'estar totalment ajustades a dret. Encara que desitgem que el dret fos diferent, és el dret que hem d'aplicar.

Quan vam accedir a la democràcia eliminem coses que formalment no concorden amb una democràcia. Eliminem un tribunal d'ordre públic, però el que no es pot eliminar és el pensament. Moltes persones instal·lades en institucions fonamentals en la democràcia continuen mantenint pensaments dictatorials

José Castro — Exjutge

Ha de ser condemnat el president del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), per trencar la fotografia de tres víctimes del franquisme?

Ha de ser condemnat, però si la pregunta és si ho serà, penso que no. És una opinió, no estic anunciant una sentència: sí que mereix ser condemnat, però no ho serà perquè les conseqüències d'una decisió d'aquest calibre poden fer atemorir els que la dicten. I sobre els fets: no s'ho inventa ningú, estan enregistrats. El seu tarannà, la seva resposta desabrida hi són gravats. Que això s'interpreti com una sortida de to d'un senyor que aquell dia estava emprenyat o com un delicte d'odi, ens podem inclinar pel segon.

Seguint a Balears, el cas Cursach va acabar amb l'absolució del magnat Bartomeu Cursach i amb el jutge instructor i el fiscal condemnats... Què creu que va fallar?

L'assumpte es troba a cassació davant el Tribunal Suprem [la condemna de nou anys de presó a l'exjutge Manuel Penalva ia l'exfiscal Miguel Ángel Subirán]. Jo lamento de debò que hagin acabat així. Crec que ells mai no van pensar que això podia passar. Però es van excedir al zel investigador. I quan investigues, has de patir i experimentar les limitacions de la pròpia llei. Em sap greu perquè a més els considero amics, però no tot s'hi val en una investigació per aconseguir una finalitat determinada. Aquest és el plantejament que jo faig arran que el Tribunal Superior de Justícia de Balears els condemnés. Tant de bo el Suprem vegi raons per disminuir la pena o absoldre'ls.

Què els diria als que pensen que, en aquest cas, el 'poderós' s'ha escapolit?

És com la lluita entre el delinqüent i els que el persegueixen. En aquest cas va guanyar el delinqüent, que jo no dic que ho sigui. I a la trama 'policia i lladre' resulta que guanya el lladre. Però no és aquesta la lectura que cal donar-hi. Si en aquest repartiment de rols el delinqüent ha sortit guanyant –que, repeteixo, jo no dic que el senyor Cursach ho sigui–, és perquè altres no ho han fet bé. I quan les coses no es fan bé, hi surt guanyant aquell que ha estat investigat. Si un entra al domicili d'una persona investigada, sense desar ni mantenir els requisits que estableix la Llei d'Enjudiciament Criminal, pot trobar el que sigui, però no serà vàlid. I llavors és quan assistim a l'escena esperpèntica del fiscal plorant al final del judici contra Cursach. No entenc com passen aquestes coses.

Per acabar, l'expresident del Govern d'Espanya Adolfo Suárez va encarregar, uns quants anys abans de l'aprovació de la Constitució espanyola, unes enquestes per conèixer si l'opinió pública, en el context de la Transició, preferia un Estat monàrquic o republicà. Els sondejos donaven la victòria a la proclamació d'una nova República, però els documents no han sortit mai a la llum. El grup de jutges i juristes amb què vostè treballa reclama que es desclassifiqui tota la informació relativa a aquests sondejos. Com es troba aquesta qüestió?

Estem esperant que s'aprovi la nova Llei d'Informació Classificada [que pretén substituir la Llei de Secrets Oficials franquista actual] perquè a aquestes enquestes els afecti el transcurs dels terminis que marca la normativa. Espero que a partir d'aquí es desclassifiqui tota aquesta documentació i sapiguem qui va fer l'enquesta i quin perfil tenien els enquestats.

Per què creu que des del primer moment s'han mantingut en secret els sondejos?

Perquè sortia guanyadora la República. I per a Adolfo Suárez això no podia ser.

José Castro Aragón (Córdoba, 1945) lleva tatuada en su biografía la etiqueta de “juez del caso Nóos”, la causa que puso en jaque a la monarquía y que, por primera vez, sentó en el banquillo a un miembro de la familia real, la infanta Cristina, un hito sin precedentes en la historia judicial española. Al frente del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, se convirtió, además, en azote del expresidente balear Jaume Matas (PP), se adentró de lleno en los entresijos de la financiación irregular del partido y tuvo frente a él a investigados como el arquitecto Santiago Calatrava, autor del anteproyecto de una ópera por el que el Ejecutivo autonómico pagó 1,2 millones de euros. Aquella construcción nunca vio la luz.

Afable y campechano en el trato, Castro, Pepe para los conocidos y amigos, asegura que habría investigado al rey Juan Carlos si no existiera el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inviolabilidad del jefe del Estado. Ahora, el grupo de jueces y juristas con el que trabaja reclama cada año al Gobierno que inste al rey a renunciar a este privilegio, “pero ni puñetero caso”, señala. Retirado de la judicatura, acaba de publicar El caso Nóos. Toda la verdad del proceso que conmocionó España, contada por su juez protagonista (Roca Editorial), en el que repasa la instrucción de un procedimiento que marcó un antes y un después en la percepción ciudadana de la Justicia y la monarquía.

En una entrevista concedida a elDiario.es en la sede de la delegación balear de este periódico, sostiene que “la Justicia mima más al poderoso que al desvalido”, aunque lo que más le preocupa es la arbitrariedad legal, protegida por la propia ley, como la doctrina Botín. Se muestra severamente crítico con el encausamiento de Begoña Gómez –“lo que habrá hecho la señora Gómez de encargar a su asistente personal a través de unos correos electrónicos podrá ser correcto o no, pero no se puede elevar a la categoría de delito”– y con el procesamiento del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta filtración de un correo de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso -“condenar esto me parecería absurdo”-, mientras recrimina el retroceso democrático que sufre el país: “Tenemos juventudes con unos valores tan fascistas, retrógrados y absurdos en el mundo en que vivimos...”.

Habla sin tapujos, además, de la politización de la Justicia: “El Consejo General del Poder Judicial es un órgano de control que para los demás poderes es indeseable. Indeseable porque controla y los demás poderes no quieren ser controlados”.

¿Qué le ha llevado a publicar un libro sobre el caso Nóos? ¿Qué aporta que no se haya contado hasta ahora?

Bueno, tengo que decir que yo no tuve nunca intención de escribir un libro sobre el caso Nóos, como tampoco lo he escrito sobre el caso Calvià [por un intento de soborno por parte del PP a un concejal socialista para que apoyase una moción de censura contra la entonces alcaldesa, Margarita Nájera] o sobre la adjudicación del hospital Son Espases. No, no tenía esa intención, pero una editorial se interesó por el tema. Me lo pensé durante un tiempo. Entendía que si no lo escribía yo, lo escribirían otras personas desde ópticas muy diferentes a la mía. Realmente este libro lo podría haber escrito usted, que hizo el seguimiento, el fiscal Pedro Horrach o cualquier letrado que interviniera en la causa. Al final me decidí a escribirlo. Es una obra sobre un proceso judicial, por lo que no me puedo inventar un juicio distinto. Relato lo que ocurrió desde mi óptica, pero sin apartarme de lo que es el sumario. En cuanto a lo que dice el libro que no se supiera... Hay un poco de trastienda sobre la causa, como la parte más novedosa en la que, para hacerlo más digerible, someto a un diálogo determinados pasajes. Es un diálogo puramente imaginado y quizás no muy distinto de lo que hubiera podido ser. Cada lector lo irá descubriendo.

La dedicatoria del libro reza: “A quienes no se atrevieron a hacer lo que debían por temor a la repercusión de sus propias decisiones, para que recapaciten hasta donde su conciencia se lo permita”. ¿A quiénes se refiere?

Va dirigido a terceras personas, entre las que me incluyo. Realmente esa dedicatoria no es más que una recomendación a quienes lean el libro y a quienes intervinieron en este caso para que reflexionen sobre si hicieron lo que debían hacer.

Si Juan Carlos I no hubiera disfrutado del privilegio de la inviolabilidad –de la que sigue disfrutando Felipe VI–, ¿hasta dónde habría llegado la instrucción?

Nunca se sabe hasta dónde puede llegar una instrucción. Se sabe cómo comienza, pero nunca se sabe cómo puede terminar. Lo que sí es cierto es que una de las líneas de investigación que habría podido desarrollar es el papel que tuvo el rey Juan Carlos si el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda su inviolabilidad, no existiera. Ese artículo impedía iniciar la menor investigación acerca del entonces rey. El que yo pensara de una manera o de otra, el que yo abrigara mis dudas sobre la intervención que este señor tuvo en el caso, no conducía a nada. No sé hasta dónde hubiera podido llegar, pero que lo abrigué en un momento sí es cierto.

Nunca se sabe hasta dónde puede llegar una instrucción. Se sabe cómo comienza, pero nunca cómo puede terminar. Lo que sí es cierto es que una de las líneas de investigación que habría podido desarrollar es el papel que tuvo el rey Juan Carlos si el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda su inviolabilidad, no existiera. No sé hasta dónde habría podido llegar, pero que lo abrigué en un momento dado sí es cierto

José Castro — Exjuez del caso Nóos

Entonces, ¿se puede inducir de su respuesta que contaba con indicios suficientes para imputar al rey emérito, pero el artículo 56.3 lo impedía?

Si no eran indicios, sí eran objetivos claros, pero no se desarrolló ninguna investigación. A priori yo podía tener una línea de investigación que se alineaba con la causa, pero la desprecié porque, dada la existencia de ese artículo, no tenía sentido ni conducía a ningún lado.

Precisamente, un grupo de jueces, juristas y otros profesionales de Balears, entre quienes usted se encuentra, han reclamado al Gobierno instar al rey Felipe VI a que, en alguno de sus discursos de Navidad, anuncie su renuncia a la inviolabilidad...

Cada año enviamos un escrito al presidente del Gobierno, pero ni puñetero caso. Y en ese escrito le decimos: “Recomiende a su Majestad el Rey que aproveche el discurso de Navidad para renunciar a la inviolabilidad”. Ya sabemos que el que renuncie no significa que el precepto se elimine, pero al menos el Tribunal Constitucional se podrá sentir más tranquilo concordando con que la interpretación más lógica no es la que se le ha venido dando. Esta interpretación es que es inviolable por los actos propios de su función como rey, que es lo que dice la propia Constitución.

Cada año enviamos un escrito al presidente del Gobierno, pero ni puñetero caso. Y en ese escrito le decimos: 'Recomiende a su Majestad el Rey que aproveche el discurso de Navidad para renunciar a la inviolabilidad'

José Castro — Juez del caso Nóos

No si comete otros hechos delictivos fuera de esas funciones...

Es que no tiene sentido.

Volviendo al caso Nóos, en alguna ocasión ha comentado que las causas con aforado eran como “pisar una mina antipersona”. Usted envió una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que Francisco Camps y Rita Barberá fuesen imputados en el caso Nóos. El TSJCV lo rechazó. También quedó fuera del caso el exconseller valenciano y exvicesecretario general del PP Esteban González Pons a pesar de que auspició con su firma unos Juegos europeos que nunca llegaron a celebrarse. Al final, la rama valenciana del caso Nóos quedó prácticamente en agua de borrajas en comparación con la rama balear. ¿A qué lo atribuye?

Yo le ofrecí al tribunal sentenciador todo el elenco de personas que podían haber contraído algún tipo de responsabilidad y entre ellas estaba la trama valenciana, que no difería mucho de la que luego se desarrolló aquí en Balears. El tribunal, que es dueño y señor para valorar las pruebas que se obtengan en el plenario, optó por relativizar todos los indicios con los que se contaban y los absolvió. No tengo nada que decir. No es la primera vez que un tribunal sentenciador no acoge los planteamientos de un juez instructor y, bueno, lo que queremos es que nuestros planteamientos sean acogidos. Pero si no lo son, estamos acostumbrados.

Yo le ofrecí al tribunal sentenciador todo el elenco de personas que podían haber contraído algún tipo de responsabilidad y entre ellas estaba la trama valenciana [del caso Nóos]. El tribunal, que es dueño y señor para valorar las pruebas que se obtengan en el plenario, optó por relativizar todos los indicios con los que se contaban y los absolvió

José Castro — Exjuez del caso Nóos

¿Influyeron intereses políticos en el hecho de que el TSJCV no asumiera las competencias para investigar esa parte del caso Nóos?

Yo tengo que pensar bien del tribunal. No tengo otra alternativa...

En el auto con el que, en marzo de 2010, impuso al expresidente del Govern balear Jaume Matas una fianza de tres millones de euros, la más alta decretada hasta entonces para un político en España, señaló que el exlíder del PP vino “a burlarse de los simples mortales” a tenor de las justificaciones que ofreció en su día en torno al sobrecoste de uno de sus grandes proyectos, el velódromo Palma Arena, y el descomunal incremento de su patrimonio, cuyo origen nunca llegó a justificarse. ¿Cree que continúa burlándose tras librarse de posibles condenas por enriquecimiento ilícito o por blanquear dinero con la adquisición de su palacete de Palma?

Siempre que alguien al que el pueblo ha encumbrado de alguna manera, si no cumple con su deber de procurar el bienestar de los ciudadanos, se está riendo de ellos.

¿Se enriqueció ilícitamente Matas?

No rastreamos todo lo que se podía rastrear. Cuentas corrientes, comprobar si había cajas fuertes... No ya a nombre de él, sino de testaferros. Debieron de cuidarse mucho. O a lo mejor no había nada... No se encontró absolutamente nada. Pero las obras del palacete de la calle Feliu, esas se sufragaron con dinero opaco al fisco [numerosos proveedores que declararon como testigos manifestaron que Matas llegó a abonarles más de 300.000 euros en efectivo por los trabajos que llevaron a cabo]. ¿Y dónde estaban residenciados esos fondos? Yo mandé a Estados Unidos una comisión rogatoria, pero la verdad es que no me hicieron demasiado caso. Debe de haber algún sitio donde está remansado ese dinero.

Las obras del palacete [de Jaume Matas], esas se sufragaron con dinero opaco al fisco. ¿Y dónde estaban residenciados esos fondos? Yo mandé a Estados Unidos una comisión rogatoria, pero la verdad es que no me hicieron demasiado caso. Debe de haber algún sitio donde esté ese dinero

José Castro — Exjuez del caso Palma Arena

En la reciente presentación de su libro comentó que, durante la segunda legislatura de Matas (2003–2007), cada adjudicatario “tenía que pasar por caja”, es decir, pagar un soborno por cada concesión. Una de las causas derivadas de aquella época fue el caso Son Espases, en cuyo sumario afloraron nombres como los de Juan Miguel Villar Mir y Florentino Pérez por presuntos favores al PP a cambio de serles adjudicadas las obras del hospital. Llegó a apuntar, incluso, que estos supuestos sobornos se destinaron a los trabajos de reforma de la sede nacional del PP. En el auto con el que archivó esta línea de investigación admitió no haber podido demostrar esos pagos, pero deslizó que “no sería descabellado sospechar que dinero obtenido con ocasión de ese concurso fuera la fuente de alimentación de la caja B del PP”. ¿Qué le impidió acreditarlo?

Cuando uno se encuentra frente a un muro que ya no puede atravesar, hay que reconocerlo. ¿Significa esto que el instructor debe renunciar a su línea de investigación, a sus planteamientos de lo que realmente ocurrió? No. Y fíjese hasta qué punto que el cuñado del señor Matas, Fernando Areal Montesinos [extesorero del PP balear], quien ante mí se mostró virulento al decirme que yo la tenía tomada con él y que ya le tenía condenado a priori, en otra causa llegó a un pacto con la Fiscalía y reconoció que el partido manejaba dinero negro [con el que se sufragaron las campañas municipales y autonómicas de 2007]. Si, como él confesó, había dinero negro, una caja B, que alguien me diga de dónde se nutre, de dónde se alimenta esa caja. No se pudo demostrar de dónde salía este dinero, pero, si tú te estás relacionando con personas que adjudican contratos millonarios, no es difícil imaginarlo.

Si, como confesó Fernando Areal [extesorero del PP balear y cuñado de Matas], había dinero negro, una caja B en el partido, que alguien me diga de dónde se nutre, de dónde se alimenta esa caja. No se pudo demostrar de dónde salía este dinero, pero, si tú te estás relacionando con personas que adjudican contratos millonarios, no es difícil imaginarlo

José Castro — Exjuez del caso Palma Arena

En el caso de la reforma de la sede balear del PP, el exconcejal Javier Rodrigo de Santos aseguró que las obras habían sido sufragadas en parte por el empresario Antonio Pinal, quien le habría confesado que había “ayudado” en la financiación de los trabajos a cambio de serle adjudicado el desarrollo de un proyecto urbanístico en los cuarteles de Son Busquets, en Palma. El extesorero del PP Luis Bárcenas también aludió a las supuestas 'aportaciones' de este empresario, a quien se refirió como un “donante generoso” con el PP. Incluso algunos adjudicatarios confesaron pagos en negro. De nuevo, usted archivó la causa a regañadientes después de que así lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Comunidad Autónoma se apartase del procedimiento. En su auto de sobreseimiento, sin embargo, insinuó que quienes hubieran financiado las obras “ya se afanarían por hacer las entregas de manera que no dejasen rastro”.

Efectivamente, me hice eco de que el señor Pinal buscaría la manera de no dejar rastro. Y no es que yo le esté imputando algo inexistente. Es que si circula dinero negro [como había confesado Areal] ya se cuidarían quienes ejercen esa circulación de que no quedase rastro. Eso es un proceder habitual y normal en el ser humano, sobre todo si elige el camino de la corrupción. También el caso Son Dureta [en el que se investigó el desvío de fondos públicos a través de la gestión de este hospital y la implantación de marcapasos a fallecidos] se tuvo que archivar porque nadie colaboró. No logramos indicios claros a pesar de que aquello era un auténtico desastre, como la custodia de las prótesis: algunas de ellas, muy caras, se perdían y nadie sabía dónde iban. Y claro, yo lo archivé porque no tenía indicios. Pero nadie me puede privar del derecho a hacer constar que lo archivo porque no tengo más remedio.

¿Cree que la justicia española protege a los poderosos?

La española, la francesa, la estadounidense, toda la justicia del mundo, mima más al poderoso que al desvalido. Eso está claro. De hecho, hay algo que no podemos evitar: el desvalido tiene su abogado del turno de oficio. ¿Son malos los del turno de oficio? No. Pero cualquier persona acaudalada contrata a su propio abogado, como el caso de la infanta Cristina, que creo que tenía tres. Naturalmente, a tres mentes se le ocurren más recursos. Se les ilumina la mente a tres más que a uno. O al menos hay más posibilidades de que eso sea así. Ese tipo de injusticia no se puede evitar, pero lo que sí se puede evitar es la arbitrariedad legal que viene protegida por la propia ley. Se pueden evitar los aforados, se pueden evitar líneas jurisprudenciales tales como la doctrina Botín: que se pretendiese privar de legitimidad a la acusación popular porque acusaba al señor Botín [presidente del Banco de Santander]. El Tribunal Supremo elaboró una línea jurisprudencial que echaba por tierra toda la que había seguido hasta entonces, que decía que la acusación popular tiene las mismas atribuciones y las mismas competencias que la acusación pública. Esa arbitrariedad es la que se debiera evitar, no la de que haya ricos y pobres. Podemos repartir mejor la riqueza, pero siempre habrá ricos y pobres. Esto no lo podemos cambiar.

La Justicia española, la francesa, la estadounidense, toda la justicia del mundo, mima más al poderoso que al desvalido. Ese tipo de injusticia no se puede evitar, pero lo que sí se puede evitar es la arbitrariedad legal que viene protegida por la propia ley. Se pueden evitar los aforados y se pueden evitar líneas jurisprudenciales tales como la doctrina Botín

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, se sentará en el banquillo por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmara su procesamiento con uno de los magistrados en contra...

Yo entiendo que no lo pueden condenar. Si lo condenaran, me causaría mucha más sorpresa aún que el que lo hayan sentado en el banquillo, que también me ha causado sorpresa. Nadie puede ser condenado por revelar un secreto cuando ese secreto ya ha dejado de serlo. Cuando ya se ha hecho público. Condenar esto me parecería absurdo. Pero ojo, cosa absurda, están prosperando quienes así lo desean. Esperemos que se termine la racha.

Yo entiendo que no lo pueden condenar [al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz]. Si lo condenaran, me causaría mucha más sorpresa aún que el que lo hayan sentado en el banquillo. Nadie puede ser condenado por revelar un secreto cuando ese secreto ya ha dejado de serlo

José Castro — Exjuez del caso Nóos

Díaz Ayuso y su mano derecha, Miguel Ángel Rodríguez, llevan más de un año desacreditando a los jueces y fiscales que han investigado a su pareja, Alberto González Amador, por fraude fiscal. Y todo ello ante la pasividad de las asociaciones mayoritarias y conservadoras, de otros jueces y fiscales y del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). ¿Qué opina al respecto?

Parece ser que la sociedad se ha dividido, se ha polarizado y ahora hay unos que defienden a un delincuente confeso. No lo han condenado, pero él se ha confesado. Autor de dos delitos contra la Hacienda Pública. Pero ahora resulta que es el gobierno del señor Pedro Sánchez el que ha organizado todas las instituciones públicas para que la Agencia Tributaria pueda atacar a este señor por ser la pareja sentimental de Ayuso. Eso es ridículo, es absurdo. Pero es que todo lo que dice esta señora tiene una visión alterada de la realidad que la rodea. Tiene una agresividad desaforada. Y bueno, hay personas a las que les encanta. Es lamentable que la sociedad hoy día esté como esté. La verdad es que es desalentador lo que está ocurriendo.

Parece ser que la sociedad se ha dividido, se ha polarizado y ahora hay unos que defienden a un delincuente confeso [Alberto González Amador]. Ahora resulta que es el gobierno del señor Pedro Sánchez el que ha organizado todas las instituciones públicas para que la Agencia Tributaria pueda atacar a este señor por ser la pareja sentimental de Ayuso. Eso es ridículo, absurdo

Begoña Gómez está a punto de sentarse en el banquillo, y con jurado popular, por supuesta malversación a raíz de las labores realizadas por su asesora para la cátedra que dirigía en la Complutense...

El derecho penal se rige por un principio y uno de ellos es el de la intervención mínima, pero parece que a nadie se le ha ocurrido alegar que el derecho penal está para hechos que tengan relevancia punitiva criminal. Cada vez que no te gusta una cosa, cada vez que crees que alguien ha actuado de manera no totalmente correcta, no lo puedes elevar a delito. Y lo que habrá hecho la señora Gómez de encargar a su asistente personal, llamémoslo así, a través de una serie de correos electrónicos podrá ser correcto o no, podrá parecerles inocuo a algunos o les podrá parecer mal a otros, pero no se puede elevar a la categoría de delito. Lo he dicho más de una vez. Si una persona, un funcionario público, encarga a un subordinado que vaya a comprar tabaco, por supuesto que es incorrecto. ¿Pero vamos a organizar un juicio con jurado por malversación? Estamos locos. No tiene sentido. En el caso del Fiscal General ya sabemos que se va a sentar en el banquillo. Va a tener que soportar un juicio. Y yo espero que en el caso de la señora Begoña Gómez eso no llegue a ocurrir. Por sensatez, por sentido común, eso no puede llegar a ocurrir.

El derecho penal se rige por un principio y uno de ellos es el de la intervención mínima. Lo que habrá hecho la señora Begoña Gómez podrá ser correcto o no, pero no se puede elevar a la categoría de delito. Estamos locos. No tiene sentido. Espero que no llegue a ir a juicio. Por sensatez, por sentido común, eso no puede llegar a ocurrir

José Castro — Exjuez del caso Nóos

El ministro Félix Bolaños defiende que hay que limitar la figura de la acusación popular porque en estos momentos es “una feria de ultras con ganas de publicitarse”. ¿Está instrumentalizada esta figura?

Si alguien dijera que se utilizará un juicio para publicitar una instrucción para que alguien se hiciera publicidad, todos diríamos que eso es una aberración, ¿no? Pero está ocurriendo. En mi caso pretendieron constituirse en acusación popular un montón de personas y a la mayoría le denegué la personación porque lo único que querían era hacerse oír. Igual que Hazte Oír, pero hacerse oír de verdad [ríe]. Querían hacer publicidad a sus pretensiones, como la Iglesia Evangélica Jesús, Amor y Libertad. Entonces la primera criba debe hacerla el juez de instrucción, negando la personación a aquellas pretendidas acusaciones populares que no respondan a los criterios para los que se instituyó esta figura. Y luego hay que hacer un control de la intervención de estas acusaciones ante peticiones que lo único que persiguen es el lucimiento. Llegaron a pedirme que viniera Corina...

Ahora, eliminar o limitar la figura del acusador popular nunca me puede parecer bien. ¿Por qué? Pues porque sería tanto como decir que sin Ministerio Fiscal ya no cabe hacer justicia. Y ojo, hay casos en lo que existen fundados recelos. No lo estoy diciendo yo. Lo dijeron los siete u ocho magistrados del Supremo cuando éste pretendía o decidió deslegitimar a Manos Limpias. Se quejaron de que eso conduciría a entregar las causas por completo al Ministerio Fiscal, cuando puede haber casos en que haya una legítima duda sobre la actuación de la propia Fiscalía. Entonces, la acusación popular está llamada a intervenir para remediar esto. Ahora, el circo que están montando las acusaciones populares hoy en día me parece indeseable. Pero claro, si por el hecho de que han montado un circo vamos a eliminar esta figura, que además está contemplada en el artículo 125 de la Constitución...

Hay que hacer un control de la intervención de estas acusaciones ante peticiones que lo único que persiguen es el lucimiento. Pero si por el hecho de que en la actualidad están montando un circo vamos a eliminar esta figura no me puede parecer bien

José Castro — Exjuez

En los noventa algunos países europeos crearon órganos encargados de velar por la independencia de la justicia mientras que en España el CGPJ no logra consolidarse como garante de la independencia, con denuncias alternas de corporativismo o de politización... 

El órgano lo tenemos, el CGPJ, que ni tiene atribuciones presupuestarias sobre la justicia en general, ni puede elaborar una ley, ni, por supuesto, dictar la creación de nuevos tribunales y juzgados. El CGPJ debiera ser en dos sentidos órgano de control –no de control jurisdiccional, sino de control disciplinario real y auténtico de los jueces– y, por otro lado, ser órgano de presión ante el Ministerio de Justicia para que las carencias que actualmente tenemos se eliminen de una vez, porque la Justicia encomendada exclusivamente al Ministerio de Justicia, y no me refiero al actual ministro de Justicia, sino a todos los que le han precedido, ninguno, absolutamente ninguno de ellos ha hecho nada en favor de la Justicia ni de su celeridad. Y entonces se hace más necesario que haya un órgano de presión ante el Gobierno para que esta situación de absoluta carencia termine de una puñetera vez.

El Ministerio de Justicia, y no me refiero al actual ministro, sino a todos los que le han precedido, ninguno, absolutamente ninguno de ellos ha hecho nada en favor de la Justicia ni de su celeridad. Y entonces se hace más necesario que haya un órgano de presión ante el Gobierno para que esta situación de absoluta carencia termine de una puñetera vez

José Castro — Exjuez

¿Y sobre el sistema de propuesta de los vocales del CGPJ?

Durante muchísimo tiempo se ha porfiado este sistema. Los padres de la Constitución podrían haber dejado resuelto el tema, prefirieron no hacerlo. Dejaron en blanco el sistema de proposición de los vocales remitiéndolo a una ley orgánica. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada Gobierno arrima el ascua a su sardina y entonces, en función de hasta qué punto pensamientos conservadores o progresistas pueden dominar en el Consejo, se aprovechan para que entre este o salga aquel. Porque, en definitiva, no olvidemos que el Consejo, la Justicia, es un órgano de control que para los demás poderes es indeseable. Es indeseable porque controla y los demás poderes no quieren ser controlados. Y, además, a la Justicia se la culpa, al igual que los demás poderes tienen un origen democrático, de no tenerlo claro. El pueblo no nombra a los jueces. Pero se pretende que sea la soberanía popular la que controle de alguna manera el Consejo General del Poder Judicial. Pero es un control político de la jurisdicción y eso va contranatura. No puede ser.

Durante muchísimo tiempo se ha porfiado el sistema de elección de los vocales del CGPJ. Los padres de la Constitución podrían haber dejado resuelto el tema, pero prefirieron no hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada Gobierno arrima el ascua a su sardina. En función de hasta qué punto pensamientos conservadores o progresistas pueden dominar en el Consejo, se aprovechan para que entre este o salga aquel

El exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo sostiene, en su libro Jueces, pero parciales, que la Transición dejó intactos muchos resortes del franquismo, sobre todo en el ámbito judicial. ¿Qué huellas persisten de esa herencia, si es que cree que persisten?

Cuando accedimos a la democracia eliminamos cosas que formalmente no concuerdan con una democracia. Eliminamos un tribunal de orden público, pero lo que no se puede eliminar es el pensamiento. Muchas personas instaladas en instituciones fundamentales de la democracia siguen manteniendo pensamientos dictatoriales. Y eso, hasta que no pasen muchos, muchos años, seguirá pasando. Hay jóvenes que no han conocido la dictadura ni a Franco, que no saben nada de él, pero en la medida en que pertenecen a familias que suspiran por esas ideas, siguen manteniendo una postura de rechazo hacia valores los democráticos. Porque en democracia cabe todo el mundo, tanto el que tiene un pensamiento progresista como el que tiene un pensamiento más conservador, pero respetándose. Lamentablemente, el paso del tiempo no está devolviendo los valores democráticos al ritmo que a uno le gustaría, porque tenemos juventudes con unos valores tan fascistas, retrógrados y absurdos en el mundo en que vivimos...

En el caso de los jueces, siempre he dicho que tenemos nuestras ideas. Efectivamente, pensar que los jueces tienen la cabeza vacía de ideas políticas, morales, sociales o religiosas es pretender lo imposible. Lo que hay que hacer es no contaminar con nuestras ideas. Nuestras resoluciones deben estar totalmente ajustadas a derecho. Aunque deseáramos que el Derecho fuera distinto, es el Derecho que tenemos que aplicar.

Cuando accedimos a la democracia eliminamos cosas que formalmente no concuerdan con una democracia. Eliminamos un tribunal de orden público, pero lo que no se puede eliminar es el pensamiento. Muchas personas instaladas en instituciones fundamentales en la democracia siguen manteniendo pensamiento dictatoriales

José Castro — Exjuez

¿Debe ser condenado el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), por romper la fotografía de tres víctimas del franquismo?

Debe ser condenado, pero si la pregunta es si lo será, pienso que no. Es una opinión, no estoy anunciando una sentencia: sí merece ser condenado, pero no lo será porque las consecuencias de una decisión de este calibre pueden hacer atemorizar a quienes la dictan. Y sobre los hechos: no se lo inventa nadie, están grabados. Su talante, su desabrida respuesta están ahí grabados. Que esto se interprete como una salida de tono de un señor que aquel día estaba cabreado o como un delito de odio, nos podemos inclinar por lo segundo.

Continuando en Balears, el caso Cursach terminó con la absolución del magnate Bartolomé Cursach y con el juez instructor y el fiscal condenados... ¿Qué cree que falló?

El asunto se encuentra en casación ante el Tribunal Supremo [la condena de nueve años de prisión al exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán]. Yo lamento de verdad que hayan acabado así. Creo que ellos nunca pensaron que esto podía ocurrir. Pero se excedieron en el celo investigador. Y cuando investigas, tienes que sufrir y experimentar las limitaciones de la propia ley. Me sabe mal porque además los considero amigos, pero no todo vale en una investigación para conseguir un fin determinado. Este es el planteamiento que yo hago a raíz de que el Tribunal Superior de Justicia de Balears los condenase. Ojalá el Supremo vea razones para disminuir la pena o absolverlos.

¿Qué les diría a quienes piensan que, en este caso, el 'poderoso' “se ha ido de rositas”?

Es como la lucha entre el delincuente y los que lo persiguen. En este caso ganó el delincuente, que yo no digo que lo sea. Y en la trama 'policía y ladrón' resulta que gana el ladrón. Pero no es esta la lectura que hay que darle. Si en este reparto de roles el delincuente ha salido ganando –que, repito, yo no digo que el señor Cursach lo sea–, es porque otros no lo han hecho bien. Y cuando las cosas no se hacen bien, sale ganando aquel que ha sido investigado. Si usted entra en el domicilio de una persona investigada, sin guardar ni mantener los requisitos que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puede encontrar lo que sea, pero no será válido. Y entonces es cuando asistimos a la escena esperpéntica del fiscal llorando al término del juicio contra Cursach. No entiendo cómo pasan estas cosas.

Para terminar, el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez encargó, varios años antes de la aprobación de la Constitución española, unas encuestas para conocer si la opinión pública, en el contexto de la Transición, prefería un Estado monárquico o republicano. Los sondeos daban la victoria a la proclamación de una nueva República en España, pero los documentos no han salido nunca a la luz. El grupo de jueces y juristas con el que usted trabaja reclama que se desclasifique toda la información relativa a esos sondeos. ¿Cómo se encuentra el asunto?

Estamos esperando a que se apruebe la nueva Ley de Información Clasificada [que pretende sustituir la actual Ley de Secretos Oficiales franquista] para que a esas encuestas les afecte el transcurso de los plazos que marca la normativa. Espero que a partir de ahí se desclasifique toda esa documentación y sepamos quién hizo la encuesta y qué perfil tenían los encuestados.

¿Por qué cree que, desde el primer momento, se han mantenido en secreto los sondeos?

Porque salía ganadora la República. Y para Adolfo Suárez eso no podía ser.

Medidas legislativas para “poner fin a la impunidad” de los crímenes franquistas. Es la petición que han lanzado las más de 100 organizaciones firmantes de un manifiesto que han presentado este miércoles a los partidos políticos en el Congreso. Aprovechando que este año se cumple medio siglo de la muerte de Franco y de los últimos fusilamientos que ordenó una semana como esta pero de 1975, el texto denuncia que “el poder se mantuvo en las mismas manos sin depuración”, el mismo, asegura, que “construyó un muro de impunidad” frente a los fusilamientos, las detenciones, la tortura, el trabajo forzado o las desapariciones durante más de 40 años de dictadura.

“El sistema de impunidad construido por los tres poderes del Estado tras la muerte de Franco se ha mantenido básicamente hasta hoy en día”, sostienen los firmantes, que hacen referencia al mantenimiento de la Ley de Amnistía o la Ley de Secretos Oficiales, de la que actualmente el Congreso tramita una reforma. También apuntan a que las políticas de memoria histórica están “más orientadas a reconocimientos institucionales” que a “facilitar el acceso a la justicia” y censuran que el poder judicial “se niegue reiteradamente a investigar y enjuiciar los crímenes contra la humanidad cometidos” durante el franquismo.

El manifiesto, impulsado por la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), lo rubrican entidades memorialistas y de derechos humanos como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de varias localidades, la de Memoria Militar Democrática o La Comuna, a las que se suman sindicatos, entre ellos CCOO y UGT. A la presentación del texto en las escalinatas del Congreso han acudido representantes de ERC, Sumar, Bildu, Podemos y el BNG.

“Seguir manteniendo políticas de impunidad que impiden la investigación de los crímenes franquistas resulta incompatible con políticas de regeneración democrática”, reza el texto, que pone sobre la mesa “la inadmisión” de 115 querellas presentadas en España por este tipo de hechos en los últimos años. Este ha sido el modus operandi habitual, hasta el punto que la única causa penal abierta contra el franquismo que ha permanecido viva ha sido la argentina. Sin embargo, este verano una jueza de Elda (Alicante) imputó al exministro Rodolfo Martín Villa junto a un policía por la muerte en 1976 de Teófilo del Valle. Si nada cambia, ambos tendrán que declarar el próximo noviembre.

La citación es una insólita grieta en el muro de impunidad que denuncian las organizaciones porque “sistemáticamente” las querellas son “desestimadas” con argumentos como la Ley de Amnistía, la prescripción de los delitos y el principio de legalidad. Una triada que en la práctica ha impedido que los responsables de alguno de aquellos hechos se sienten en el banquillo. “Ni el Gobierno ni Congreso han promovido reformas legales que permitan superar el actual marco de impunidad. Además, el Tribunal Constitucional ha establecido recientemente que la vigente Ley de Memoria Democrática no habilita a los jueces para investigar estos crímenes”, añaden desde CEAQUA.

Por ello, las organizaciones firmantes hacen un llamamiento a los partidos políticos, a los que reclaman entre otras cosas la modificación de la Ley de Amnistía de 1977 o la modificación del Código Penal para introducir el principio de legalidad internacional, algo que ha sido rechazado en el Congreso en varias ocasiones. Por otro lado, frente al recelo que entre historiadores y asociaciones produjo la nueva Ley de Secretos Oficiales presentada por el Gobierno, piden una “acorde a los principios democráticos de transparencia” y también una censo sobre violaciones de derechos humanos en el franquismo.

L'estiu del 1936, quan el cop militar contra la Segona República es va estendre per Espanya i Mallorca va quedar sota control revoltat, un col·lectiu de treballadors va decidir plantar cara als insurgents protagonitzant una de les resistències més decidides contra l'avenç del feixisme a l'illa. Van ser els empleats del ferrocarril els qui, en un context de repressió fulminant, es van organitzar en una vaga que per a molts suposaria l'assassinat i la represàlia: l'aparell franquista va emprendre una depuració sistemàtica fruit de la qual una quarta part de la plantilla -gairebé 200 dels seus 800 treballadors- va quedar aniquilada o marcada per la violència en els primers mesos de la contesa.

Ho documenta la historiadora i arxivera Maria Antònia Fernández Pizà al seu estudi La Companyia dels Ferrocarrils de Mallorca durant la Guerra Civil: la seva contribució a la defensa passiva de l'illa, en què explica el destacat pes que van tenir els ferroviaris tant en el moviment obrer com en la defensa de Mallorca acabat d'esclatar el conflicte bèl·lic.

Entre el 19 i el 20 de juliol de 1936, els trens de l'illa van quedar paralitzats en una acció breu però suficient per a posar en dificultats el bàndol franquista, que necessitava controlar la xarxa ferroviària de l'illa per transportar tropes i presoners i assegurar els subministraments. Va ser, com remarca la investigadora, “el pitjor maldecap” dels militars franquistes en els primers moments de la guerra.

El 19 i 20 de juliol de 1936, els trens de l'illa van quedar paralitzats en una acció breu però suficient per a posar en destrets el bàndol franquista, que necessitava controlar la xarxa ferroviària de l'illa per a transportar tropes i presoners i assegurar els subministraments

Tot i això, la derrota del moviment obrer a l'illa va tenir conseqüències devastadores i els ferroviaris van pagar un preu especialment alt. D'acord amb les indagacions efectuades per la historiadora, 78 persones (el 10% del personal) van ser assassinades o acomiadades i 102 més (el 13%) van ser assenyalades, investigades i apartades. La Companyia dels Ferrocarrils de Mallorca es va convertir en un espai de control ferri, on qualsevol sospita de simpatia republicana o de militància sindical era suficient per perdre la feina o la vida. A nivell estatal, la repressió franquista es va acarnissar amb prop de 83.000 professionals, sotmesos tots ells a sancions, presó, exili, internament en camps nazis i penes de mort.

El mapa ferroviari que va modernitzar Mallorca

Des del 1875, el ferrocarril havia impulsat la modernització de Mallorca. D'acord amb les investigacions dutes a terme pel doctor en Història Econòmica per la UIB Ramon Molina -recollides per Fernández al seu estudi-, el primer terç del segle XX va ser, de fet, el moment de màxima esplendor del sector: l'illa comptava amb una important xarxa ferroviària que enllaçava els principals pobles de l'illa. Amb una extensió de 281 km, el mapa ferroviari va assolir una densitat de 12,95 km quadrats, molt superior a la mitjana peninsular. En cinquanta anys, el tren havia aconseguit un gran èxit social i comercial amb la connexió de més de 40 estacions.

El primer terç del segle XX va ser el moment de màxima esplendor del ferrocarril a Mallorca: l'illa comptava amb una important xarxa ferroviària que enllaçava els principals pobles de l'illa. Amb una extensió de 281 km, el mapa ferroviari va aconseguir una densitat de 12,95 km quadrats, molt superior a la mitjana peninsular

No obstant això, la competència del transport per carretera, molt més ràpid i flexible, i el fet que la indústria tradicional de Mallorca anés a poc a poc perdent pes en favor del turisme, que ràpidament esdevindria el principal motor econòmic de l'illa, van provocar que el transport ferroviari acabés sent un mitjà de transport residual. Quan va esclatar la guerra, el ferrocarril es trobava en una situació precària, afectada pel tancament de línies com la d'Alaró i una severa crisi econòmica. Davant d'això, els ferroviaris, que comptaven amb una forta implantació sindical, eren en aquests moments un col·lectiu habituat a defensar els seus drets en un clima laboral de conflictivitat creixent que va propiciar la presa d'una gran consciència de classe. El ferrocarril no era només una infraestructura de transport aquells anys, sinó també un camp de batalla polític i social. Per això, quan es va desfermar el cop, subratlla l'autora, “van emprendre una iniciativa que, per a molts, seria suïcida: oposar-se mitjançant una vaga”.

Així, tot just un dia després que l'aixecament militar s'estengués per Espanya, la plantilla dels ferrocarrils va iniciar l'atur en un gest de solidaritat amb el Govern legítim de la República i en un intent de desestabilitzar el pla militar dels revoltats, que necessitaven els trens per moure tropes i assegurar el control de l'illa. Els ferroviaris no es van limitar a abandonar els seus llocs de treball: es van organitzar per custodiar les instal·lacions, vigilar els trens i evitar que els colpistes els poguessin fer servir amb llibertat. Molts van participar en els comitès obrers que van sorgir de manera espontània, seguint la dinàmica d'autoorganització que es replicava a altres zones del país on la resistència republicana tenia més força.

L'estació de Palma, el punt neuràlgic de la protesta

Convocada pels sectors d'esquerra com a resposta a la insurrecció a Barcelona, la vaga va aconseguir en un primer moment paralitzar Palma, amb el sector de transports esdevenint el més afectat, seguit per les fàbriques. L'estació de tren de la capital balear es va erigir així en un punt neuràlgic de la protesta: hi van confluir ferroviaris, tramviaris i obrers que exigien resistir al cop.

Davant d'aquesta situació, el nou governador civil, Luis García Ruiz, immediatament, va actuar amb contundència, detenint i amenaçant de mort els promotors de la vaga. Tot i això, i fins i tot després que el recent proclamat comandant militar de Balears Manuel Goded declarés l'estat de guerra a les illes i assumís el control absolut de Mallorca i Eivissa, els ferroviaris van aconseguir mantenir la protesta durant diversos dies aprofitant el pes estratègic que tenien en el transport, tal com recorda Molina.

La repressió va ser immediata i brutal -amb l'exèrcit i la Guàrdia Civil ràpidament alineats amb els revoltats-, però durant dos dies els ferroviaris van mantenir el pols, resistint-se a tornar a la feina i mostrant que, malgrat l'aïllament de Mallorca, la seva voluntat passava per plantar cara al feixisme. Els vaguistes, no obstant, van començar a ser fortament pressionats pel general García Ruiz, que des de la premsa local arengava els treballadors a reprendre el servei “en benefici del públic i d'ells mateixos”. Les detencions i les represàlies van començar a succeir-se, amb especial duresa contra els que havien tingut responsabilitats sindicals els mesos anteriors, com els ferroviaris lligats a la UGT. La pressió militar va acabar sent insostenible: la presència de soldats a l'estació de Palma i als dipòsits de tramvies va dissuadir molts treballadors de continuar l'atur i la circulació de trens va tornar de manera progressiva a la 'normalitat'.

La majoria dels vaguistes van ser depurats, empresonats o assassinats. El que va començar com un acte de resistència col·lectiva en defensa de la República es va convertir en el pretext per dur a terme una onada de persecució política i d'aniquilació de bona part del moviment obrer ferroviari mallorquí. Les autoritats militars van obrir expedients contra tots aquells que no es van presentar als seus llocs els dies 20 i 21 de juliol, investigant fins i tot els qui s'havien absentat per por o inseguretat.

La majoria dels vaguistes van ser depurats, empresonats o assassinats. El que va començar com un acte de resistència col·lectiva en defensa de la República es va convertir en el pretext per a dur a terme una ona de persecució política i d'anihilació de bona part del moviment obrer ferroviari mallorquí

El líder sindical Miquel Femenias Mas, president del Consell Obrer Ferroviari de Mallorca, va ser assassinat pels colpistes el 1936. Aquest mateix any, els revoltats també van treure la vida a l'administratiu ferroviari Antoni Tomàs Prats, pertanyent al Partit Socialista i qui havia estat jugador de futbol amb l'equip Alfons XIII: la nit del 9 al 10 d'agost d'aquest any el van matar a tirs en la carretera de Sóller.

Les depuracions es van formalitzar en expedients judicials. El jutge especial Francisco de Bonilla va certificar el setembre de 1936 que, dels 713 agents amb què comptava la Companyia de Ferrocarrils de Mallorca el 31 juliol de 1936, van ser acomiadats 58, mentre que 94 van ser “corregits amb advertència d'expulsió”. Segons l'historiador David Ginard, les depuracions van continuar: només a l'apèndix de Memòria Civil figuren un total de 206 ferroviaris depurats, entre els treballadors del ferrocarril i els del tramvia.

Una història silenciada durant dècades

Mentrestant, la circulació de trens es va convertir durant la guerra en un element essencial per sostenir la rereguarda i, després de cada combat, es treballava amb urgència per restablir les comunicacions. Amb això, es va construir una complexa xarxa de refugis subterranis i el subsòl de l'estació de Palma es va convertir en un laberint de galeries destinades a garantir la resistència davant dels atacs aeris. El túnel de la línia que unia el centre de la ciutat amb el port es va erigir en el refugi antiaeri més gran de la ciutat, mentre que altres espais, com el Pont d'Inca, van ser reforçats davant l'amenaça d'atacs per la seva proximitat a instal·lacions militars.

La circulació de trens es va convertir durant la guerra en un element essencial per a sostenir la rereguarda i, després de cada combat, es treballava amb urgència per a restablir les comunicacions. Al costat d'això, es va construir una complexa xarxa de refugis subterranis per a garantir la resistència davant els atacs aeris

La pròpia contesa i l'escassetat de combustibles van donar un respir temporal al sector i, durant els anys que es van prolongar el conflicte i la postguerra, la situació del ferrocarril va millorar gràcies a la limitació dels vehicles de motor, recuperant el volum de mercaderies i fins i tot el nombre de viatgers.

Durant dècades, la memòria dels treballadors del ferrocarril va quedar soterrada. El relat oficial parlava de la “normalització” del servei ferroviari després del cop, però ometia que aquesta normalitat es va construir sobre acomiadaments, presons i sang. La història de com els treballadors del tren es van organitzar per defensar la legalitat republicana i es van atrevir a desafiar el feixisme amb prou feines va circular en àmbits familiars i sindicals. Només les investigacions posteriors han permès recuperar una part d'aquesta memòria. Tot i que els ferroviaris de Mallorca no van poder evitar la consolidació del feixisme a l'illa amb la seva vaga, el seu gest va ser molt més que un acte fallit: amb la seva protesta van demostrar que, fins i tot en un dels territoris més controlats pels colpistes, hi va haver els que van estar disposats a jugar-se tot per la democràcia i per la República.