Las entidades memorialistas de Balears han abandonado en bloque las comisiones técnicas del Govern de Marga Prohens (PP) tras denunciar que el Ejecutivo margina a las asociaciones y a los familiares de las víctimas del franquismo, ignora sus propuestas y toma decisiones al margen del marco legal, es decir, de espaldas a los órganos competentes en materia de memoria democrática. Memòria de Mallorca, el Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera y Memòries de Menorca han presentado este jueves su renuncia al considerar que estos órganos han quedado vaciadas de sus funciones y que la presencia de las tres organizaciones se ha convertido en una presencia meramente testimonial y sin capacidad real para influir en las decisiones que afectan a las víctimas del golpe militar de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista.

Así lo han dado a conocer en un comunicado conjunto, en el que denuncian el incumplimiento de los compromisos institucionales por parte del Govern en relación a la organización de memoriales y homenajes y alertan del desmantelamiento de instrumentos esenciales para garantizar sus derechos.

La decisión se produce tras meses de controversia por las políticas memorialistas del Ejecutivo de Prohens, que, de la mano de Vox, derogó el pasado mes de marzo la Ley de memoria democrática de Balears. El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra la medida y suspendió cautelarmente la eliminación de la norma mientras se resuelve el procedimiento.

En un escrito presentado durante la reunión de la Comisión de la Ley de Fosas, Memòria de Mallorca relata los detalla los episodios que, asevera, ilustran esa pérdida de capacidad de intervención. La asociación precisa que la ruptura “no es fruto de un desacuerdo puntual”, sino “de la constatación” de que el funcionamiento de este órgano y la gestión de las políticas de memoria democrática del Govern “se han alejado de las finalidades por las cuales fueron creados”.

La entidad critica que las actuaciones del Ejecutivo se deciden y, en ocasiones, se ejecutan antes de que las comisiones puedan valorarlas. También denuncia que sus propuestas y preguntas son ignoradas de forma reiterada, que no se incorporan asuntos al orden del día y que las entidades no reciben información adecuada sobre decisiones que las afectan directamente. “La participación no puede limitarse a asistir a reuniones y expresar opiniones que después no tienen ninguna incidencia real”, advierte la entidad en el documento. Su renuncia afecta tanto a la comisión vinculada a la ley para la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo -más conocida como 'ley de fosas' como a la de la Ley de Memoria y Reconocimientos Democráticos de las Illes Balears.

La asociación también cuestiona el funcionamiento interno de estos órganos. Asegura que el Govern no aplica un reglamento aprobado por mayoría absoluta porque sostiene que no se ha localizado el acta de su aprobación, pero tampoco ha procedido a aprobarlo de nuevo por el procedimiento legalmente exigido. Asimismo, denuncia que no se incorporan al orden del día asuntos que las entidades solicitan tratar y que se impulsan actuaciones sin recabar previamente el parecer de las comisiones correspondientes.

Uno de los ejemplos que aporta es la información sobre la derogación de la ley autonómica. Memòria de Mallorca asegura que tuvo que conocer por los medios de comunicación tanto la decisión de suprimirla como su posterior suspensión cautelar pese a formar parte de las comisiones y ser una de las organizaciones directamente afectadas. La entidad también critica que el Govern haya promovido actuaciones relativas a los bombardeos de la aviación republicana sin consultar previamente a la comisión de memoria democrática pese al papel que la legislación atribuye a este órgano.

El choque por el Columbari de la Dignitat

Entre los incumplimientos que han contribuido a la ruptura, Memòria de Mallorca señala el caso del Columbari de la Dignitat, inaugurado el pasado 28 de septiembre en el cementerio de Palma. La asociación afirma que presentó una propuesta para el texto del memorial y fijó dos condiciones irrenunciables: que se incluyera una referencia expresa al golpe de Estado de 1936 y que la comisión asumiera el texto como propio, de modo que así constara en la placa. Según alega, el Govern les aseguró verbalmente que ambas condiciones se habían incorporado. Sin embargo, el memorial se inauguró y la placa se descubrió sin respetar ninguno de esos dos requisitos.

Para la entidad, la discrepancia va más allá de una cuestión de redacción. La referencia al golpe de Estado es, sostiene, fundamental para contextualizar la represión franquista y reconocer a sus víctimas. La participación de la comisión debía garantizar, además, que el texto fuese resultado de un proceso colectivo y de un acuerdo institucional, y no de una decisión unilateral. “No podemos aceptar que se nos asegure que unos compromisos se cumplirán y que, finalmente, se incumplan”, arguye la asociación.

Otro de los episodios que denuncia se remonta al pasado 2 de septiembre, cuando registró una propuesta para instalar memoriales en las vías públicas de Palma. La iniciativa pretendía recordar a las más de 2.000 víctimas de desaparición forzada en Mallorca y a las más de 6.000 víctimas mortales de los bombardeos de la aviación fascista procedente de la isla contra otros territorios. Según Memòria de Mallorca, la propuesta ni siquiera se incluyó en el orden del día de la reunión de este jueves. La entidad también asegura que se elaboran planes de fosas sin la gestión ni la participación de las comisiones correspondientes.

El desmantelamiento de los instrumentos de memoria

La renuncia no responde únicamente a los problemas de funcionamiento de las comisiones. Memòria de Mallorca la vincula también a la política general del Govern, que, según denuncia, ha debilitado los instrumentos públicos destinados a garantizar los derechos de las víctimas del franquismo y sus familias. La asociación señala expresamente la eliminación de la Dirección General de Memoria Democrática y de la oficina de información y atención a las víctimas y sus familiares. Considera que ambos instrumentos fueron posibles tras años de reivindicación y que resultan esenciales para mantener una política pública de memoria continuada.

A ello suma la derogación de la ley autonómica, una decisión que las entidades consideran incompatible con el reconocimiento y la defensa de los derechos de las víctimas. La suspensión cautelar acordada por el TC mantiene la norma vigente mientras se estudia el recurso del Gobierno central, pero no ha resuelto el enfrentamiento político sobre el modelo de memoria democrática que debe aplicar la comunidad.

La salida de las tres organizaciones supone un nuevo revés para los mecanismos de participación vinculados a estas políticas. Las asociaciones, que trabajan en la localización de desaparecidos, la investigación y la reparación de las víctimas consideran que no pueden seguir formando parte de unos órganos en los que, según denuncian, no se les permite intervenir de manera efectiva.

Más de veinte años de trabajo por la memoria

Por otro lado, Memòria de Mallorca reivindica una trayectoria de más de dos décadas en la defensa de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En su escrito recuerda que ha participado en más de sesenta reuniones relacionadas con las dos leyes autonómicas y que ha aportado testimonios, documentación, contactos de especialistas y familiares de víctimas. La asociación destaca su contribución a proyectos de investigación y exhumación como los de las fosas de Porreres y Son Coletes. También señala que consiguió incorporar por primera vez veinte estudios al último Plan de Fosas y Memoria Democrática desde una perspectiva transversal.

Entre sus propuestas figuran la elaboración de un censo de víctimas, la incorporación de la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y el estudio del trauma transgeneracional. La entidad reivindica estas aportaciones para subrayar que su participación en las comisiones nunca fue testimonial y que ha contribuido activamente a construir las políticas autonómicas de memoria. Por ello, la entidad considera que mantener su presencia sin capacidad de decisión podría terminar legitimando una forma de actuar con la que discrepa profundamente.

La renuncia, sin embargo, no supone un cierre definitivo a la participación institucional. Memòria de Mallorca no descarta regresar si se produce un cambio efectivo en el funcionamiento de las comisiones, se respetan las normas vigentes y se garantiza a las entidades memorialistas y a las víctimas una capacidad real de intervención. “El diálogo exige voluntad de escuchar, la participación exige capacidad de incidencia y la confianza exige que los compromisos se cumplan”, resume la asociación, que asegura que continuará trabajando de forma independiente y fiscalizando la actuación de las administraciones públicas.

“Por respecto a las víctimas del franquismo, a sus familias y a los más de veinte años de trabajo de Memoria de Mallorca, no podemos continuar legitimando con nuestra presencia una situación que se ha alejado de los objetivos y del espíritu de las leyes autonómicas de memoria democrática”, concluye el documento.

24 de maig de 1931. La Segona República fa tot just unes setmanes que està en marxa i un grup de joves treballadors d'Esporles (Mallorca) ha decidit organitzar-se políticament. Congregats a la Casa del Poble, funden l'Agrupació Socialista del municipi, que es presenta com un instrument per “educar cívicament la classe treballadora” i “capacitar-la per a la conquesta de tots els seus drets” mentre criden els treballadors a trencar les cadenes de la seva explotació econòmica. Entre ells es troba José Comes Ferrà, elegit secretari.

Jornaler, es convertirà en una de les figures més reconegudes del moviment obrer de la Serra de Tramuntana. Tant, que els seus companys acabaran anomenant-lo 'Largo Caballero': igual que l'històric dirigent socialista espanyol, defensa posicions revolucionàries i és un dels principals referents del socialisme en un municipi que, per la seva intensa activitat obrera i sindical, és conegut com la “petita Rússia” de Mallorca. Els qui el coneixen asseguren que Josep Comes porta tatuada al pit una imatge de Karl Marx.

El seu compromís polític i les seves idees revolucionàries acabarien convertint-lo en un dels objectius de la repressió desencadenada després del cop militar de juliol de 1936. En l'ofensiva per desarticular el moviment obrer i esborrar qualsevol rastre d'organització col·lectiva, els colpistes van perseguir, empresonar i assassinar dirigents sindicals, militants socialistes i republicans. Entre ells hi havia Josep Comes Ferrà, que encarnava precisament allò que pretenien eradicar: l'aspiració dels treballadors a transformar la societat. Aquesta setmana s'han complert 90 anys del seu assassinat al crit de “Visca Rússia!”, juntament amb el d'altres joves que compartien aquell anhel i que van pagar amb la vida el desafiament a l'ordre que els colpistes volien imposar.

Les investigacions dutes a terme pel grup de memòria històrica d'Esporles permeten rastrejar la trajectòria de Comes Ferrà des de la seva activitat política durant la Segona República fins al seu assassinat. El treball de Guillem Mir, Arnau Alemany i Bartomeu Garau, plasmat en el llibre Les petjades dels oblidats. La repressió a Esporles ('Les petjades dels oblidats. La repressió a Esporles'), reconstrueix la vida de fins a 157 veïns represaliats després del cop militar franquista en un poble que, més enllà del seu teixit de fàbriques tèxtils, es va convertir en un dels grans focus obrers i socialistes de la Mallorca d'entreguerres.

La concentració de treballadors, l'organització sindical i la inauguració de la 'Casa del Poble' el 1930 van alimentar una consciència de classe que va fer d'Esporles un símbol de la mobilització obrera a l'illa. Va ser allà on va néixer, el 12 de juliol de 1909, el 'Largo Caballero' mallorquí, un nom durant dècades relegat a la memòria familiar i al record d'antics militants obrers i que els investigadors han recuperat dels arxius, els expedients judicials i els testimonis orals.

L'activitat de Comes a l'Agrupació Socialista d'Esporles anava molt més enllà d'un càrrec orgànic. Exercia com a propagandista i divulgador del socialisme i utilitzava les pàgines d'El Obrero Balear per intervenir en els debats polítics i ideològics de l'època. Al llarg d'aquells anys, Comes va deixar impresa la seva visió materialista de la societat, la seva crítica de la propietat privada i del capitalisme, la seva defensa de l'organització obrera i una preocupació explícita per la formació política dels treballadors.

Del sindicat a la Casa del Poble

La seva activitat es va desenvolupar també en el moviment sindical. El gener de 1932 El Obrero Balear l'identifica com a representant de la Federació Gremial d'Esporles, una organització que comptava llavors amb 200 afiliats. El seu nom apareix entre els delegats de les organitzacions obreres representades en el congrés socialista balear.

La Casa del Poble d'Esporles havia estat inaugurada el 20 d'abril de 1930, culminant un projecte iniciat el 1923 per un grup de treballadors de la Federació Gremial Esporlerina que va impulsar la construcció d'un local destinat a la classe treballadora sobre uns terrenys cedits per l'escriptor i polític Alexandre Jaume Rosselló. Durant anys, nombrosos veïns van contribuir a aixecar l'edifici amb petites aportacions econòmiques i jornades de treball, convertint-lo en un símbol de l'esforç col·lectiu i de la lluita per la dignitat. La Casa del Poble es va convertir en un espai de trobada, formació, alfabetització, participació política i activitat cultural i recreativa, fonamental per a la identitat del moviment obrer local. Comes formava part d'aquest entramat.

La seva militància tenia, a més, una marcada dimensió laica. El Obrero Balear recollia diverses informacions procedents d'Esporles sobre matrimonis i actes civils. El maig de 1935, per exemple, Comes va signar, en nom de l'Agrupació Socialista, una crònica sobre el matrimoni civil de dos militants. Hi destacava les dificultats que la parella havia hagut de superar davant la tradició i els prejudicis familiars, i presentava la celebració com una ruptura amb el “clericalisme”. La defensa d'una vida civil al marge de l'Església formava part del projecte polític d'aquell socialisme. Comas no era únicament un organitzador sindical: també contribuïa a construir una cultura política socialista que pretenia transformar les relacions econòmiques, l'educació i els costums.

Aquella notorietat va assolir fins i tot una dimensió insòlita per a un jove obrer mallorquí. El 1934, Comes, a qui les fonts de l'època el descriuen com un home de forta presència física, amb un notable prestigi entre els treballadors d'Esporles i d'altres municipis de Mallorca, va ser seleccionat per participar en un viatge a la Unió Soviètica. El Obrero Balear va obrir una subscripció per sufragar el trajecte. Les organitzacions obreres i particulars de Mallorca van anar realitzant aportacions per cobrir el cost. El maig, el periòdic explicava que s'havien recaptat 409,30 pessetes i que el viatge podia costar al voltant de mil.

Com anunciava la publicació, al seu retorn Comes oferiria diverses conferències per compartir les seves impressions a la Rússia soviètica amb l'objectiu de traslladar al moviment obrer els debats internacionals del socialisme i convertiria la seva experiència en material de divulgació per a altres treballadors. Durant la seva estada a l'URSS va participar en diverses intervencions radiofòniques des de Moscou que van ser escoltades pels seus companys d'Esporles. A la seva tornada, va emprendre una gira per diversos pobles de Mallorca per explicar el que havia vist i après durant el viatge. Aquella experiència va reforçar encara més el seu prestigi entre la militància socialista i va alimentar l'hostilitat que despertava entre els seus adversaris polítics. No en va, la seva influència preocupava especialment els sectors conservadors del municipi, que l'identificaven com un dels dirigents més destacats de l'esquerra local.

El jove obrer mallorquí va participar en un viatge a la Unió Soviètica, sufragat en part per El Obrero Balear, per traslladar al moviment obrer els debats internacionals del socialisme

Tot just unes setmanes abans del cop militar, durant el Congrés de la Federació Socialista Balear celebrat a la Casa del Poble de Palma, Comes va formar part de la ponència encarregada d'examinar les credencials de les agrupacions i apareix com a representant d'Esporles, amb 50 afiliats. Així mateix, El Obrero Balear el situa per aquestes mateixes dates en un míting celebrat a Alaró amb motiu de la unificació de les Joventuts Socialistes i Comunistes. L'acte va concloure amb la creació d'una organització marxista unificada de les joventuts. El seu últim període d'activitat política documentada coincideix amb una creixent radicalització del moviment obrer i amb la crisi que va precedir el cop de juliol de 1936.

La resistència al cop

Una investigació publicada a Llucmajor. De Pinte en Ample reconstrueix els seus últims mesos i relata com durant la nit del 18 al 19 de juliol de 1936, quan van començar a arribar les notícies de la revolta militar, Comes va participar activament en l'organització de la resistència republicana a Esporles. Va organitzar guàrdies a la Casa del Poble i a l'Ajuntament, va impulsar piquets en diversos punts del municipi i va supervisar grups de vigilància pels carrers de la localitat.

La resistència, tanmateix, fou breu. El 20 de juliol, una vegada consumat el triomf del cop militar a Mallorca i lliurat l'Ajuntament a la Guàrdia Civil, Comes va comprendre que la seva situació era extremadament perillosa. Juntament amb el sindicalista Miquel Seguí es va refugiar a la muntanya, on va romandre ocult durant prop de tres mesos. La seva captura es va convertir en una obsessió per als falangistes locals. Els dirigents obrers més visibles figuraven entre els principals objectius de la repressió que s'estava desplegant per tota l'illa.

Després del cop militar a Mallorca, Comes es va refugiar a la muntanya, on va romandre ocult durant prop de tres mesos. La seva captura es va convertir en una obsessió per als falangistes locals

A mitjan octubre de 1936, després de mesos amagat, Comes es trobava exhaust. Però hi havia un altre motiu que l'empentava a abandonar el refugi: volia tornar a veure el seu fill Tomeu, de tot just tres mesos, a qui pràcticament no havia pogut conèixer. El 13 d'octubre va descendir de la muntanya acompanyat d'altres fugits. Va buscar refugi a casa d'un veí, Pere Bonet, conegut com a Palla Llarga. El propietari ja havia estat detingut. La seva esposa els va donar aixopluc, però una denúncia veïnal va acabar precipitant-ho tot.

Aquell mateix matí, falangistes i guàrdies civils van localitzar l'amagatall i van procedir a la detenció. Els arrestats van ser conduïts primer a la caserna de la Guàrdia Civil d'Esporles. Segons la documentació conservada, els falangistes van exigir al comandant que els lliurés els detinguts. L'oficial s'hi va negar i va ordenar el seu trasllat a Palma, on van quedar a disposició de la Direcció General de Seguretat.

“Visca Rússia!”

Les hores següents van estar marcades per les tortures. Durant els interrogatoris, els seus botxins li van arrencar el tatuatge de Karl Marx a ganivetades. També van intentar obligar-lo a cridar “Visca Espanya!”, al que ell responia reiteradament: “Visca Rússia!”. L'endemà, 14 d'octubre de 1936, va aparèixer mort.

El seu cadàver va ser trobat al costat del de Miquel Seguí a prop de les portes del cementiri de Palma. L'autòpsia va atribuir la mort a diversos impactes de bala. El cos va ser identificat pel seu pare, Josep Comes Arbós. Entre les seves pertinences va aparèixer un petit retrat de la seva vida truncada: a la butxaca de l'americana portava el rebut d'unes entrades per a les pel·lícules Sin rumbo i Justicia del fuego, projectades a la Casa del Poble el 19 de juliol, així com un plànol del futur habitatge que projectava construir per a la seva família a la costa des Rafal. Dies després, un falangista local va arribar a jactar-se públicament de les tortures infligides al dirigent socialista. “Quin gran gust he passat estirant dels cabells a Largo Caballero”, va dir en un cafè del poble.

Un enemic prioritari

La importància política de Josep Comes Ferrà queda reflectida en la pròpia documentació repressiva. En un informe, les autoritats franquistes el descrivien com “un dels principals dirigents marxistes d'aquesta localitat”. Recordaven el seu viatge a la Unió Soviètica, les seves intervencions radiofòniques des de Moscou i les conferències que va impartir al seu retorn. També destacaven el seu paper en l'organització sindical i la seva influència entre els treballadors d'Esporles.

Segons el document, havia participat activament en les mobilitzacions obreres dels anys republicans i era considerat “el major responsable de la propaganda marxista d'aquesta vila” i una persona “molt perillosa”. Paradoxalment, la burocràcia franquista va deixar una mostra més del caràcter arbitrari de la repressió: un escrit policial datat el 22 de desembre de 1936 afirmava que Josep Comes havia estat posat en llibertat perquè no s'havia trobat cap càrrec contra ell. Aleshores feia més de dos mesos que era mort. El 22 de setembre de 1937, les autoritats militars van emetre un requeriment perquè comparegués davant el jutjat en un termini de cinc dies, sota amenaça de ser declarat rebel. El destinatari d'aquella citació havia estat executat feia gairebé un any.

Noranta anys després del seu assassinat, el sobrenom amb el qual era conegut continua ressonant en la memòria d'Esporles. La figura de Josep Comes Ferrà roman lligada a aquella generació de treballadors que es van organitzar per conquerir drets i defensar els seus ideals polítics, i que van acabar convertint-se en objectiu de la repressió deslligada després del cop militar de 1936. La seva història, com la de tants altres militants perseguits i assassinats, forma part d'una memòria col·lectiva que encara mira de recuperar els seus noms, reconstruir les seves trajectòries i tornar-los el lloc que els va ser arrabassat.

Al juliol de l'any passat, l'Ajuntament d'Esporles va aprovar la primera ordenança municipal de memòria democràtica de l'Estat, en resposta a la derogació de la llei autonòmica per part de PP i Vox. La norma local estableix un marc normatiu propi per reconèixer, reparar i preservar la memòria de les víctimes de la repressió franquista. El Grup de Memòria Democràtica d'Esporles —constituït com a delegació local de l'associació Memòria de Mallorca— eleva a prop de 300 les dones i homes que van ser represaliats al municipi “per tenir unes idees diferents de les d'aquells que es van revoltar contra la Segona República”.

24 de mayo de 1931. La Segunda República lleva apenas unas semanas en marcha y un grupo de jóvenes trabajadores de Esporles (Mallorca) ha decidido organizarse políticamente. Congregados en la Casa del Pueblo, fundan la Agrupación Socialista del municipio, que se presenta como un instrumento para “educar cívicamente a la clase trabajadora” y “capacitarle para la conquista de todos sus derechos” mientras llaman a los trabajadores a romper las cadenas de su explotación económica. Entre ellos se encuentra José Comes Ferrà, elegido secretario.

Jornalero, se convertirá en una de las figuras más reconocidas del movimiento obrero de la Serra de Tramuntana. Tanto, que sus compañeros acabarán apodándolo 'Largo Caballero': al igual que el histórico dirigente socialista español, defiende posiciones revolucionarias y es uno de los principales referentes del socialismo en un municipio que, por su intensa actividad obrera y sindical, es conocido como la “pequeña Rusia” de Mallorca. Quienes le conocen aseguran que Josep Comes lleva tatuada en el pecho una imagen de Karl Marx.

Su compromiso político y sus ideas revolucionarias acabarán convirtiéndolo en uno de los objetivos de la represión desatada tras el golpe militar de julio de 1936. En su ofensiva por desarticular el movimiento obrero y borrar cualquier rastro de organización colectiva, los sublevados perseguirán, encarcelarán y matarán a dirigentes sindicales, militantes socialistas y republicanos. Entre ellos se encuentra Josep Comes Ferrà, quien encarna precisamente aquello que los fascistas pretenden erradicar: la aspiración de los trabajadores a transformar la sociedad. Esta semana se han cumplido 90 años de su asesinato, junto al de otros jóvenes que compartían ese anhelo y que pagaron con su vida el desafío al orden que los golpistas pretendían imponer.

Las investigaciones llevadas a cabo por el grupo de memoria histórica de Esporles permiten rastrear la trayectoria de Comes Ferrà desde su actividad política durante la Segunda República hasta su asesinato. El trabajo de Guillem Mir, Arnau Alemany y Bartomeu Garau, plasmado en el libro Les petjades dels oblidats. La repressió a Esporles ('Las huellas de los olvidados. La represión en Esporles'), reconstruye la vida de hasta 157 vecinos represaliados tras el golpe militar franquista en un pueblo que, más allá de su tejido de fábricas textiles, se convirtió en uno de los grandes focos obreros y socialistas de la Mallorca de entreguerras.

La concentración de trabajadores, la organización sindical y la inauguración de la 'Casa del Poble' en 1930 alimentaron una conciencia de clase que hizo de Esporles un símbolo de la movilización obrera en la isla. Fue allí donde nació, el 12 de julio de 1909, el 'Largo Caballero' mallorquín, un nombre durante décadas relegado a la memoria familiar y al recuerdo de antiguos militantes obreros y que los investigadores han recuperado de los archivos, los expedientes judiciales y los testimonios orales.

La actividad de Comes en la Agrupación Socialista de Esporles iba mucho más allá de un cargo orgánico. Ejercía como propagandista y divulgador del socialismo y utilizaba las páginas de El Obrero Balear para intervenir en los debates políticos e ideológicos de la época. A lo largo de aquellos años, Comes dejó impresa su visión materialista de la sociedad, su crítica de la propiedad privada y del capitalismo, su defensa de la organización obrera y una preocupación explícita por la formación política de los trabajadores.

Del sindicato a la Casa del Pueblo

Su actividad se desarrolló también en el movimiento sindical. En enero de 1932 El Obrero Balear lo identifica como representante de la Federación Gremial de Esporles, una organización que contaba entonces con 200 afiliados. Su nombre aparece entre los delegados de las organizaciones obreras representadas en el congreso socialista balear.

La Casa del Pueblo de Esporles había sido inaugurada el 20 de abril de 1930, culminando un proyecto iniciado en 1923 por un grupo de trabajadores de la Federación Gremial Esporlerense que impulsó la construcción de un local destinado a la clase trabajadora sobre unos terrenos cedidos por el escritor y político Alexandre Jaume Rosselló. Durante años, numerosos vecinos contribuyeron a levantar el edificio con pequeñas aportaciones económicas y jornadas de trabajo, convirtiéndolo en un símbolo del esfuerzo colectivo y de la lucha por la dignidad. La Casa del Pueblo se convirtió en un espacio de encuentro, formación, alfabetización, participación política y actividad cultural y recreativa, fundamental para la identidad del movimiento obrero local. Comes formaba parte de ese entramado.

Su militancia tenía además una marcada dimensión laica. El Obrero Balear recoge distintas informaciones procedentes de Esporles sobre matrimonios y actos civiles. En mayo de 1935, por ejemplo, Comes firmó en nombre de la Agrupación Socialista una crónica sobre el matrimonio civil de dos militantes y destacó las dificultades que la pareja había tenido que superar frente a la tradición y los prejuicios familiares y relata la celebración como una ruptura con el “clericalismo”. La defensa de una vida civil al margen de la Iglesia formaba parte del proyecto político de aquel socialismo. Comes no era únicamente un organizador sindical: intervenía también en la construcción de una cultura política socialista que pretendía transformar las relaciones económicas, la educación y las costumbres.

Aquella notoriedad alcanzó incluso una dimensión insólita para un joven obrero mallorquín. En 1934, Comes, a quien las fuentes de la época lo describen como un hombre de fuerte presencia física, con un notable prestigio entre los trabajadores de Esporles y de otros municipios de Mallorca, fue seleccionado para participar en un viaje a la Unión Soviética. El Obrero Balear abrió una suscripción para sufragar el trayecto. Las organizaciones obreras y particulares de Mallorca fueron realizando aportaciones para cubrir el coste. En mayo, el periódico explicaba que se habían recaudado 409,30 pesetas y que el viaje podía costar alrededor de mil.

Como anunciaba la publicación, a su regreso Comes ofrecería varias conferencias para compartir sus impresiones en la Rusia soviética con el objetivo de trasladar al movimiento obrero los debates internacionales del socialismo y convertiría su experiencia en material de divulgación para otros trabajadores. Durante su estancia en la URSS participó en varias intervenciones radiofónicas desde Moscú que fueron escuchadas por sus compañeros de Esporles. A su vuelta, emprendió una gira por distintos pueblos de Mallorca para explicar lo que había visto y aprendido durante el viaje. Aquella experiencia reforzó aún más su prestigio entre la militancia socialista y alimentó la hostilidad que despertaba entre sus adversarios políticos. No en vano, su influencia preocupaba especialmente a los sectores conservadores del municipio, que lo identificaban como uno de los dirigentes más destacados de la izquierda local.

El joven obrero mallorquín participó en un viaje a la Unión Soviética, sufragado en parte por El Obrero Balear, para trasladar al movimiento obrero los debates internacionales del socialismo

Apenas unas semanas antes del golpe militar, durante el Congreso de la Federación Socialista Balear celebrado en la Casa del Pueblo de Palma, Comes formó parte de la ponencia encargada de examinar las credenciales de las agrupaciones y aparece como representante de Esporles, con 50 afiliados. Asimismo, El Obrero Balear lo sitúa por esas mismas fechas en un mitin celebrado en Alaró con motivo de la unificación de las Juventudes Socialistas y Comunistas. El acto concluyó con la creación de una organización marxista unificada de las juventudes. Su último periodo de actividad política documentada coincide con una creciente radicalización del movimiento obrero y con la crisis que precedió al golpe de julio de 1936.

La resistencia al golpe

Una investigación histórica publicada en Llucmajor. De Pinte en Ample reconstruye sus últimos meses y relata cómo durante la noche del 18 al 19 de julio de 1936, cuando comenzaron a llegar las noticias de la sublevación militar, Comes participó activamente en la organización de la resistencia republicana en Esporles. Organizó guardias en la Casa del Pueblo y en el Ayuntamiento, impulsó piquetes en diversos puntos del municipio y supervisó grupos de vigilancia por las calles de la localidad.

La resistencia, sin embargo, fue breve. El 20 de julio, una vez consumado el triunfo del golpe militar en Mallorca y entregado el Ayuntamiento a la Guardia Civil, Comes comprendió que su situación era extremadamente peligrosa. Junto al sindicalista Miquel Seguí se refugió en la montaña, donde permaneció oculto durante cerca de tres meses. Su captura se convirtió en una obsesión para los falangistas locales. Los dirigentes obreros más visibles figuraban entre los principales objetivos de la represión que se estaba desplegando por toda la isla.

Tras el golpe militar en Mallorca, Comes se refugió en la montaña, donde permaneció oculto durante cerca de tres meses. Su captura se convirtió en una obsesión para los falangistas locales

A mediados de octubre de 1936, tras meses escondido, Comes se encontraba exhausto. Pero había otro motivo que lo empujaba a abandonar el refugio: quería volver a ver a su hijo Tomeu, de apenas tres meses, a quien prácticamente no había podido conocer. El 13 de octubre descendió de la montaña acompañado de otros huidos. Buscó refugio en casa de un vecino, Pere Bonet, conocido como Palla Llarga. El propietario ya había sido detenido. Su esposa les dio cobijo, pero una denuncia vecinal acabó precipitándolo todo.

Aquella misma mañana, falangistas y guardias civiles localizaron el escondite y procedieron a la detención. Los arrestados fueron conducidos primero al cuartel de la Guardia Civil de Esporles. Según la documentación conservada, los falangistas exigieron al comandante que les entregara a los detenidos. El oficial se negó y ordenó su traslado a Palma, donde quedaron a disposición de la Dirección General de Seguridad.

“¡Viva Rusia!”

Las horas siguientes estuvieron marcadas por las torturas. Durante los interrogatorios, sus verdugos le arrancaron el tatuaje de Karl Marx a cuchilladas. También intentaron obligarlo a gritar “¡Viva España!”, a lo que él respondía reiteradamente: “¡Viva Rusia!”. Al día siguiente, 14 de octubre de 1936, apareció muerto.

Su cadáver fue hallado junto al de Miquel Seguí cerca de las puertas del cementerio de Palma. La autopsia atribuyó la muerte a diversos impactos de bala. El cuerpo fue identificado por su padre, Josep Comes Arbós. Entre sus pertenencias apareció un pequeño retrato de su vida truncada: en el bolsillo de la americana llevaba el recibo de unas entradas para las películas Sin rumbo y Justicia del fuego, proyectadas en la Casa del Pueblo el 19 de julio, así como un plano de la futura vivienda que proyectaba construir para su familia en la costa des Rafal. Días después, un falangista local llegó a jactarse públicamente de las torturas infligidas al dirigente socialista. “Qué gran gusto he pasado estirando de los cabellos a Largo Caballero”, dijo en un café del pueblo.

Un enemigo prioritario

La importancia política de Josep Comes Ferrà queda reflejada en la propia documentación represiva. En un informe, las autoridades franquistas lo describían como “uno de los principales dirigentes marxistas de esta localidad”. Recordaban su viaje a la Unión Soviética, sus intervenciones radiofónicas desde Moscú y las conferencias que impartió a su regreso. También destacaban su papel en la organización sindical y su influencia entre los trabajadores de Esporles.

Según el documento, había participado activamente en las movilizaciones obreras de los años republicanos y era considerado “el mayor responsable de la propaganda marxista de esta villa” y una persona “muy peligrosa”. Paradójicamente, la burocracia franquista dejó una muestra más del carácter arbitrario de la represión: un escrito policial fechado el 22 de diciembre de 1936 afirmaba que Josep Comes había sido puesto en libertad porque no se había hallado ningún cargo contra él. Para entonces llevaba más de dos meses muerto. El 22 de septiembre de 1937, las autoridades militares emitieron un requerimiento para que compareciera ante el juzgado en un plazo de cinco días, bajo amenaza de ser declarado rebelde. El destinatario de aquella citación había sido ejecutado hacía casi un año.

Noventa años después de su asesinato, el sobrenombre con el que era conocido continúa resonando en la memoria de Esporles. La figura de Josep Comes Ferrà permanece ligada a aquella generación de trabajadores que se organizaron para conquistar derechos y defender sus ideales políticos, y que acabaron convirtiéndose en objetivo de la represión desatada tras el golpe militar de 1936. Su historia, como la de tantos otros militantes perseguidos y asesinados, forma parte de una memoria colectiva que todavía trata de recuperar sus nombres, reconstruir sus trayectorias y devolverles el lugar que les fue arrebatado.

En julio del año pasado, el Ayuntamiento de Esporles aprobó la primera ordenanza municipal de memoria democrática del Estado, en respuesta a la derogación de la ley autonómica por parte de PP y Vox. La norma local establece un marco normativo propio para reconocer, reparar y preservar la memoria de las víctimas de la represión franquista. El Grupo de Memoria Democrática de Esporles —constituida como delegación local de la asociación Memòria de Mallorca— eleva a cerca de 300 las mujeres y hombres que fueron represaliados en el municipio “por tener unas ideas diferentes de quienes se sublevaron contra la Segunda República”.

El silenci del cementiri de Son Valentí s'ha omplert aquest dilluns de noms, absències i memòria. Un total de 225 víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista -onze d'elles identificades, les altres 214, no- han rebut sepultura al cementiri palmesà, on les seves restes, recuperades de fosses comunes després de dècades d'oblit, descansen ja al nou Columbari de la Dignitat. L'acte, organitzat pel Govern, ha posat rostre a un deute històric que continua obert a Balears enmig de la polèmica per la derogació de la llei de memòria democràtica i les crítiques de les associacions: Memòria de Mallorca denuncia que l'Executiu del PP no ha donat marge de decisió algun a l'entitat ni a les famílies de les víctimes en l'organització de l'esdeveniment i recrimina la forma en què els populars estan gestionant les polítiques de memòria.

L'acte, en el qual no ha estat present la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha estat marcat per l'emoció de les famílies que han pogut recuperar les restes dels seus éssers estimats, però també per la reivindicació d'aquells que fa anys que reclamen veritat, justícia i reparació. Després de dècades d'espera, moltes de les víctimes han comptat per fi amb un lloc on reposar i ser recordades.

La cerimònia ha reunit representants institucionals i ha posat el focus en el treball de recuperació i identificació de les víctimes, una tasca que durant anys va recaure en mans de les associacions i de les pròpies famílies. Les víctimes han estat dipositades en caixes de fusta individualitzades, amb les seves respectives plaques identificatives, en un espai que aspira a convertir-se en un lloc de memòria i de trobada per als seus familiars.

Entre els noms que s'han recordat durant l'acte figuren els d'Aurora Picornell, símbol de la repressió franquista a Mallorca; el seu pare, Gabriel Picornell Femenías, i el seu germà Gabriel Picornell Serra. També s'han esmentat Francesca Llull i la seva filla Francesca Salas Llull, Macià Salvà Coll i José Luis San Toribio del Castillo. Bartomeu Cabanellas, una altra de les persones identificades, roman provisionalment al columbari a l'espera que la seva família decideixi la seva destinació definitiva.

Durant l'acte, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha denunciat que les famílies, l'associació i la resta de membres de la Comissió Tècnica de Persones Desaparegudes i Fosses no han pogut participar com haurien volgut en l'elaboració i organització de la cerimònia. “Com a familiar de dues d'aquestes víctimes, i sense voler llevar protagonisme a aquest moment, permeteu-me que digui que no han pogut participar com haurien volgut en l'elaboració i organització d'aquest acte”, ha subratllat durant la seva intervenció. La representant memorialista ha lamentat que les famílies no hagin tingut el paper que els correspon en un procés que, ha defensat, ha de situar-les al centre.

Oliver ha insistit que la inauguració no pot entendre's com l'obertura d'un espai qualsevol, sinó com la restitució d'un dret que les víctimes del franquisme no han tingut fins fa poc i que moltes encara esperen: el de recuperar les seves restes i disposar d'un espai públic que preservi la seva memòria.

“Les exhumacions no acaben quan es troben les víctimes. Abans i després hi ha un llarg procés en el qual els familiars no han de ser uns actors més, sinó la seva raó de ser”, ha assenyalat. La presidenta de Memòria de Mallorca ha recordat que l'associació i les famílies han recorregut un llarg camí, en ocasions en soledat, per localitzar els desapareguts i aconseguir que les seves restes siguin recuperades. La dirigent memorialista ha reivindicat així mateix la dignitat de les víctimes davant les calúmnies i els insults que, ha denunciat, han sofert fins i tot després de mortes. “Van intentar arrabassar-los fins i tot la dignitat, però no ho han aconseguit”, ha afirmat. Oliver ha definit el columbari com la tornada a casa de les persones desaparegudes i ha dedicat unes paraules a qui encara no té una tomba i a les famílies que continuen esperant respostes.

Un espai per a les dones assassinades pel franquisme

Per la seva banda, l'arqueòleg Cesc Busquets, director de les excavacions dels plans de fosses del Govern i representant dels equips tècnics d'Aranzadi i Amics, ha reservat un missatge a les dones assassinades pels feixistes i que des d'aquest dilluns reposen al columbari, com les conegudes com a Roges del Molinar, entre les quals es troben Aurora Picornell i Belarmina González. També hi reposen les restes de Francesca Llull i la seva filla, així com tres de les cinc milicianes infermeres assassinades a Manacor el 5 de setembre de 1936.

Busquets ha explicat que les restes procedeixen de diferents intervencions realitzades a Mallorca, principalment de les grans exhumacions de Porreres i Son Coletes, però també d'actuacions en cementiris de Marratxí, Calvià, Llucmajor, Inca i Selva, així com del pou de s'Àguila i de llocs vinculats a la batalla de Mallorca d'agost i setembre de 1936. A Porreres es van recuperar almenys 114 víctimes i a Son Coletes, on es va intervenir entre 2018 i 2023, almenys 129. Busquets ha subratllat que Son Coletes, a Manacor, ha estat un dels principals escenaris de la repressió contra les dones a Mallorca.

L'arqueòleg ha recordat que els plans de fosses han permès exhumar 273 víctimes a Mallorca, de les aproximadament 850 de les quals es té constància que van ser assassinades o van morir durant la Guerra Civil i la repressió feixista. De les 225 persones que reposen ara al columbari, només 11 han pogut ser identificades, per la qual cosa en queden 214 pendents d'identificació.

El director de les excavacions ha advertit que el pas del temps dificulta cada vegada més les identificacions, a causa de la pèrdua de familiars de primera generació que puguin aportar mostres d'ADN i a les dificultats que presenta la conservació del material genètic en les restes òssies. Malgrat això, ha assegurat que els equips continuen treballant amb noves mostres, tècniques i col·laboracions per augmentar el nombre de persones identificades. “Sabem que anem tard i que el procés està tardant molt, massa”, ha reconegut Busquets, que ha agraït a les famílies la seva confiança i paciència i ha expressat el seu compromís de continuar treballant per posar nom a les persones desaparegudes.

“Recuperar unes restes és recuperar una persona”

En darrer lloc ha intervingut la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarellas, durant el discurs de la qual diversos membres del col·lectiu Aurora s'han girat en senyal de protesta per les polítiques de memòria del Govern. Estarellas ha assenyalat que la recuperació de les restes suposa molt més que una intervenció arqueològica. “Recuperar unes restes és recuperar una persona, un nom, una història i, sobretot, poder donar una resposta a una família”, ha afirmat. La consellera ha subratllat que els columbaris és “un lloc per a les víctimes, per a les persones que van perdre la vida assassinades durant la Guerra Civil i la repressió franquista, i també per a les seves famílies”.

“Entre els noms que avui hem escoltat hi ha els de la família Picornell, que recorden d'una manera especialment dura les conseqüències que pot arribar a tenir una guerra i la seva repressió”, ha assenyalat. La titular de Presidència ha convidat a no pensar únicament en cada víctima individual, sinó també en el buit que va deixar i en tot el que la violència i la repressió posterior van arrabassar a les seves famílies. La referència expressa a les víctimes de la repressió franquista ha estat un dels elements significatius del discurs d'Estarellas, la qual ha defensat que el nou espai representa una forma de reparació després de dècades de desaparicions i silenci. “No saber què ha passat amb una persona, i més amb una persona a qui estimem, és una de les formes més dures de sofriment”, ha assenyalat.

La titular de Presidència ha recordat que algunes famílies han rebut, després de molts anys, la trucada que els ha permès conèixer finalment el parador dels seus éssers estimats. “És una alegria difícil d'explicar, perquè és l'alegria de saber finalment on és aquesta persona estimada. Però també és el dolor de recordar, una vegada més, que va ser assassinada i que durant dècades va romandre en una fossa. És una alegria fosca, però és una resposta”, ha afirmat. “Després de tants anys, tenir una resposta també és una forma de reparació”.

Durant la seva intervenció, ha agraït, així mateix, la feina de la Comissió Tècnica de Desapareguts i Fosses, els equips d'exhumació i identificació i els serveis de memòria democràtica, així com la dels treballadors de la Funerària Municipal que han traslladat les restes fins a la seva ubicació definitiva.

La consellera ha reconegut el paper de Memòria de Mallorca, a la qual ha definit com una entitat pionera a les illes en la reivindicació de la recuperació de les víctimes, la identificació dels seus familiars i l'acompanyament a les famílies. “No sempre hem coincidit, no sempre hem vist les coses de la mateixa manera, però crec que avui sí que hi ha una cosa que tots compartim: que les famílies mereixen respostes i que totes les persones que van morir i van ser enterrades en fosses ocultes han de poder descansar amb dignitat”, ha afirmat.

Estarellas ha recordat que el columbari se suma a altres espais de memòria ja existents a Son Valentí, com el Mur de la Memòria i l'Arbre de la Memòria, amb l'objectiu comú d'evitar que les víctimes siguin oblidades. També ha recordat que el projecte ha requerit anys de feina, obres, modificacions i tràmits, i ha reivindicat que el Govern ha mantingut el seu compromís de fer-ho realitat. “Una guerra mai no és una victòria”, ha assenyalat la consellera, que ha advertit que les guerres deixen famílies trencades, veïnats enfrontats i vides perdudes. “Precisament per això tenim l'obligació de recordar-ho i aprendre'n, i transmetre a les generacions que vénen que la violència, l'odi i l'enfrontament mai no poden ser el camí”.

La cerimònia ha conclòs amb una crida a mantenir la feina d'identificació de les restes i a continuar donant respostes a les famílies. Estarellas ha assegurat que el Govern continuarà posant a disposició dels familiars un servei d'atenció psicològica, conscient del dolor que pot reobrir el procés de recuperació i identificació.

Un “Visca la República!” en descobrir la placa

A la placa del columbari, descoberta per Estarellas i Oliver mentre aquesta cridava “Visca la República!”, ha quedat gravat el compromís que l'espai sigui un llegat de memòria, veritat, justícia, reparació i dignitat per a les generacions presents i futures. Un lloc al qual les famílies puguin acudir, deixar una flor i pronunciar el nom d'aquells que durant dècades van romandre desapareguts.

“Que sigui un lloc de pau, un lloc de memòria, un lloc de dignitat i, sobretot, un lloc on aquestes persones deixin de ser desaparegudes, on les seves famílies puguin venir a buscar-les i on, després de tants anys, puguem dir: aquí descansen”, ha conclòs Estarellas.

L'acte arribava precedit de les crítiques de Memòria de Mallorca pel fet que el Govern no hagi comptat amb els que fa anys que treballen en la recuperació de les restes i acompanyant a les famílies, que han quedat al marge de l'organització de l'acte: l'entitat assegura que va tenir coneixement de la seva celebració a través de tercers i que, després de sol·licitar informació i una reunió amb la Conselleria de Presidència -competent en la matèria-, va rebre la invitació quan els preparatius ja estaven en marxa.

No només això. La invitació a l'acte de Son Valentí no incloïa les paraules “víctimes” ni “homenatge”, a diferència de la comunicació emprada pel Govern per a l'acte celebrat el passat mes de juliol a Palma en record dels civils morts en els bombardejos republicans, en memòria dels quals va ser instal·lada una làpida commemorativa. Aquella cerimònia, encapçalada per Prohens, va incloure la inauguració de l'anomenat Mur de la Dignitat, un memorial amb 73 perforacions, una per cada una de les víctimes mortals documentades a la capital balear, i els noms i edats dels morts.

La presidenta de Memòria de Mallorca no qüestiona el dret de les víctimes dels bombardejos a rebre reconeixement institucional, però considera que els actes organitzats pel Govern evidencien un tracte desigual entre les diferents víctimes del conflicte bèl·lic, tenint en compte, a més, que les persones les restes de les quals s'han recuperat de les fosses de Mallorca van ser, en molts casos, persones assassinades per la repressió desencadenada després del cop militar de juliol de 1936 i durant la dictadura franquista i els seus familiars fa dècades que reclamen veritat, justícia i reparació.

L'acte de Son Valentí s'emmarca, a més, en l'enfrontament polític obert a les Balears per la derogació de la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics de 2018. La supressió de la norma, no obstant això, es troba suspesa cautelarment pel Tribunal Constitucional després que el Govern central recorregués la seva eliminació, deixant-la cautelarment en vigor mentre el tribunal resol la impugnació. La situació jurídica afegeix un element d'incertesa a les polítiques de memòria a les illes en un moment en què el Govern manté actuacions d'exhumació i organitza homenatges a víctimes de la contesa.

El silencio del cementerio de Son Valentí se ha llenado este lunes de nombres, ausencias y memoria. Un total de 225 víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista -once de ellas identificadas, las otras 214, no- han recibido sepultura en el camposanto palmesano, donde sus restos, recuperados de fosas comunes tras décadas de olvido, descansan ya en el nuevo Columbari de la Dignitat. El acto, organizado por el Govern balear, ha puesto rostro a una deuda histórica que continúa abierta en Balears en medio de la polémica por la derogación de la ley de memoria democrática y las críticas de las asociaciones: Memòria de Mallorca denuncia que el Ejecutivo del PP no ha dado margen de decisión alguno a la entidad ni a las familias de las víctimas en la organización del evento y recrimina la forma en que los populares están gestionando las políticas de memoria.

El acto, en el que no ha estado presente la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha estado marcada por la emoción de las familias que han podido recuperar los restos de sus seres queridos, pero también por la reivindicación de quienes llevan años reclamando verdad, justicia y reparación. Después de décadas de espera, muchas de las víctimas han contado por fin con un lugar donde reposar y ser recordadas.

La ceremonia ha reunido a representantes institucionales y ha puesto el foco en el trabajo de recuperación e identificación de las víctimas, una tarea que durante años recayó en manos de las asociaciones y de las propias familias. Las víctimas han sido depositadas en cajas de madera individualizadas, con sus respectivas placas identificativas, en un espacio que aspira a convertirse en un lugar de memoria y de encuentro para sus familiares.

Entre los nombres que se han recordado durante el acto figuran los de Aurora Picornell, símbolo de la represión franquista en Mallorca; su padre, Gabriel Picornell Femenías, y su hermano Gabriel Picornell Serra. También se han mencionado a Francesca Llull y su hija Francesca Salas Llull, Macià Salvà Coll y José Luis San Toribio del Castillo. Bartomeu Cabanellas, otra de las personas identificadas, permanece provisionalmente en el columbario a la espera de que su familia decida su destino definitivo.

Durante el acto, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha denunciado que las familias, la asociación y el resto de miembros de la Comisión Técnica de Personas Desaparecidas y Fosas no han podido participar como hubieran querido en la elaboración y organización de la ceremonia. “Como familiar de dos de estas víctimas, y sin querer quitar protagonismo a este momento, permitidme que diga que no han podido participar como hubieran querido en la elaboración y organización de este acto”, ha subrayado durante su intervención. La representante memorialista ha lamentado que las familias no hayan tenido el papel que les corresponde en un proceso que, ha defendido, debe situarlas en el centro.

Oliver ha insistido en que la inauguración no puede entenderse como la apertura de un espacio cualquiera, sino como la restitución de un derecho que las víctimas del franquismo no han tenido hasta hace poco y que muchas todavía esperan: el de recuperar sus restos y disponer de un espacio público que preserve su memoria.

“Las exhumaciones no acaban cuando se encuentran las víctimas. Antes y después hay un largo proceso en el que los familiares no son unos actores más, sino su razón de ser”, ha señalado. La presidenta de Memòria de Mallorca ha recordado que la asociación y las familias han recorrido un largo camino, en ocasiones en soledad, para localizar a los desaparecidos y conseguir que sus restos sean recuperados. La dirigente memorialista ha reivindicado asimismo la dignidad de las víctimas frente a las calumnias y los insultos que, ha denunciado, han sufrido incluso después de muertas. “Intentaron arrebatarles hasta la dignidad, pero no lo han conseguido”, ha afirmado. Oliver ha definido el columbario como el regreso a casa de las personas desaparecidas y ha dedicado unas palabras a quienes todavía no tienen una tumba y a las familias que continúan esperando respuestas.

Un espacio para las mujeres asesinadas por el franquismo

Por su parte, el arqueólogo Cesc Busquets, director de las excavaciones de los planes de fosas del Govern y representante de los equipos técnicos de Aranzadi y Amics, ha reservado un mensaje a las mujeres asesinadas por los fascistas y que desde este lunes reposan en el columbario, como las conocidas como Roges del Molinar, entre las que se encuentran Aurora Picornell y Belarmina González. También reposan los restos de Francesca Llull y su hija, así como los de tres de las cinco milicianas enfermeras asesinadas en Manacor el 5 de septiembre de 1936.

Busquets ha explicado que los restos proceden de distintas intervenciones realizadas en Mallorca, principalmente de las grandes exhumaciones de Porreres y Son Coletes, pero también de actuaciones en cementerios de Marratxí, Calvià, Llucmajor, Inca y Selva, así como del pozo de s'Àguila y de lugares vinculados a la batalla de Mallorca de agosto y septiembre de 1936. En Porreres se recuperaron al menos 114 víctimas y en Son Coletes, donde se intervino entre 2018 y 2023, al menos 129. Busquets ha subrayado que Son Coletes, en Manacor, ha sido uno de los principales escenarios de la represión contra las mujeres en Mallorca.

El arqueólogo ha recordado que los planes de fosas han permitido exhumar 273 víctimas en Mallorca, de las aproximadamente 850 de las que se tiene constancia que fueron asesinadas o murieron durante la Guerra Civil y la represión fascista. De las 225 personas que reposan ahora en el columbario, solo 11 han podido ser identificadas, por lo que quedan 214 pendientes de identificación.

El director de las excavaciones ha advertido de que el paso del tiempo dificulta cada vez más las identificaciones, debido a la pérdida de familiares de primera generación que puedan aportar muestras de ADN y a las dificultades que presenta la conservación del material genético en los restos óseos. Pese a ello, ha asegurado que los equipos siguen trabajando con nuevas muestras, técnicas y colaboraciones para aumentar el número de personas identificadas. “Sabemos que vamos tarde y que el proceso está tardando mucho, demasiado”, ha reconocido Busquets, que ha agradecido a las familias su confianza y paciencia y ha expresado su compromiso de seguir trabajando para poner nombre a las personas desaparecidas.

“Recuperar unos restos es recuperar a una persona, un nombre, una historia”

En último lugar ha intervenido la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarellas, durante cuyo discurso varios miembros del colectivo Aurora se han dado la vuelta en señal de protesta por las políticas de memoria del Govern. Estarellas ha señalado que la recuperación de los restos supone mucho más que una intervención arqueológica. “Recuperar unos restos es recuperar a una persona, un nombre, una historia y, sobre todo, poder dar una respuesta a una familia”, ha afirmado. La consellera ha subrayado que el columbario es “un lugar para las personas que fueron asesinadas durante la Guerra Civil y la represión franquista, y también para sus familias”.

La referencia expresa a las víctimas de la represión franquista ha sido uno de los elementos significativos del discurso de Estarellas, quien ha defendido que el nuevo espacio representa una forma de reparación tras décadas de desapariciones y silencio. “No saber qué ha pasado con una persona, y más con una persona a la que queremos, es una de las formas más duras de sufrimiento”, ha señalado, manifestando que “entre los nombres que hoy hemos escuchado están los de la familia Picornell, que recuerda de una manera especialmente dura las consecuencias que puede llegar a tener una guerra y su represión”. “Es difícil imaginar el dolor que puede suponer que una familia entera sea golpeada de esta manera”, ha añadido.

La titular de Presidencia ha invitado a no pensar únicamente en cada víctima individual, sino también en el vacío que dejó y en todo lo que la violencia y la represión posterior arrebataron a sus familias. Asimismo, ha puesto énfasis en el hecho de que algunas familias hayan recibido, después de muchos años, la llamada que les ha permitido conocer finalmente el paradero de sus seres queridos. “Es una alegría difícil de explicar, porque es la alegría de saber finalmente dónde está esa persona querida. Pero también es el dolor de recordar, una vez más, que fue asesinada y que durante décadas permaneció en una fosa. Es una alegría oscura, pero es una respuesta”, ha afirmado: “Después de tantos años, tener una respuesta también es una forma de reparación”.

Durante su intervención, ha agradecido, asimismo, el trabajo de la Comisión Técnica de Desaparecidos y Fosas, los equipos de exhumación e identificación y los servicios de memoria democrática, así como el de los trabajadores de la Funeraria Municipal que han trasladado los restos hasta su ubicación definitiva.

La consellera ha reconocido el papel de Memòria de Mallorca, a la que ha definido como una entidad pionera en las islas en la reivindicación de la recuperación de las víctimas, la identificación de sus familiares y el acompañamiento a las familias. “No siempre hemos coincidido, no siempre hemos visto las cosas de la misma manera, pero creo que hoy sí hay algo que todos compartimos: que las familias merecen respuestas y que todas las personas que murieron y fueron enterradas en fosas ocultas deben poder descansar con dignidad”, ha afirmado.

Estarellas ha recordado que el columbario se suma a otros espacios de memoria ya existentes en Son Valentí, como el Muro de la Memoria y el Árbol de la Memoria, con el objetivo común de evitar que las víctimas sean olvidadas. También ha recordado que el proyecto ha requerido años de trabajo, obras, modificaciones y trámites, y ha reivindicado que el Govern ha mantenido su compromiso de hacerlo realidad. “Una guerra nunca es una victoria”, ha señalado la consellera, que ha advertido de que las guerras dejan familias rotas, vecindarios enfrentados y vidas perdidas. “Precisamente por eso tenemos la obligación de recordarlo y aprender de ello, y transmitir a las generaciones que vienen que la violencia, el odio y el enfrentamiento nunca pueden ser el camino”.

La ceremonia ha concluido con un llamamiento a mantener el trabajo de identificación de los restos y a seguir dando respuestas a las familias. Estarellas ha asegurado que el Govern continuará poniendo a disposición de los familiares un servicio de atención psicológica, consciente del dolor que puede reabrir el proceso de recuperación e identificación.

Un “¡Viva la República!” al descubrir la placa

En la placa del columbario, descubierta por Estarellas y Oliver mientras ésta gritaba “¡Viva la República!”, ha quedado grabado el compromiso de que el espacio sea un legado de memoria, verdad, justicia, reparación y dignidad para las generaciones presentes y futuras. Un lugar al que las familias puedan acudir, dejar una flor y pronunciar el nombre de quienes durante décadas permanecieron desaparecidos.

“Que sea un lugar de paz, un lugar de memoria, un lugar de dignidad y, sobre todo, un lugar donde estas personas dejen de ser desaparecidas, donde sus familias puedan venir a buscarlas y donde, después de tantos años, podamos decir: aquí descansan”, ha concluido Estarellas.

El acto llegaba precedido de las críticas de Memòria de Mallorca por el hecho de que el Govern no haya contado con quienes llevan años trabajando en la recuperación de los restos y acompañando a las familias, que han quedado al margen de la organización del acto: la entidad asegura que tuvo conocimiento de su celebración a través de terceros y que, tras solicitar información y una reunión con la Conselleria de Presidencia -competente en la materia-, recibió la invitación cuando los preparativos ya estaban en marcha.

No solo eso. La invitación al acto de Son Valentí no incluía las palabras “víctimas” ni “homenaje”, a diferencia de la comunicación empleada por el Govern para el acto celebrado el pasado mes de julio en Palma en recuerdo de los civiles muertos en los bombardeos republicanos, en cuya memoria fue instalada una lápida conmemorativa. Aquella ceremonia, encabezada por Prohens, incluyó la inauguración del llamado Muro de la Dignidad, un memorial con 73 perforaciones, una por cada una de las víctimas mortales documentadas en la capital balear, y los nombres y edades de los fallecidos.

La presidenta de Memòria de Mallorca no cuestiona el derecho de las víctimas de los bombardeos a recibir reconocimiento institucional, pero considera que los actos organizados por el Govern evidencian un trato desigual entre las distintas víctimas del conflicto bélico, teniendo en cuenta, además, que las personas cuyos restos se han recuperado de las fosas de Mallorca fueron, en muchos casos, personas asesinadas por la represión desencadenada tras el golpe militar de julio de 1936 y durante la dictadura franquista y sus familiares llevan décadas reclamando verdad, justicia y reparación.

El acto de Son Valentí se enmarca, además, en el enfrentamiento político abierto en Balears por la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de 2018. La supresión de la norma, no obstante, se encuentra suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional después de que el Gobierno central recurriera su eliminación, dejándola cautelarmente en vigor mientras el tribunal resuelve la impugnación. La situación jurídica añade un elemento de incertidumbre a las políticas de memoria en las islas en un momento en que el Govern mantiene actuaciones de exhumación y organiza homenajes a víctimas de la contienda.

18 de setembre de 1936. El cadàver d'una dona ha aparegut rere uns arbustos a Sencelles (Mallorca). El cos presenta diversos impactes de bala i, segons les autoritats, es troba en avançat estat de descomposició (les investigacions posteriors llançaran que presenta signes d'haver estat arrossegada per un cotxe). Finalment, l'enterren, sense identificar, en una fossa comuna del cementiri del municipi. Però darrere del cos hi ha la història d'una dona de Palma que ha participat activament en la vida política de la Segona República i que, després del cop militar feixista de juliol, va haver d'amagar-se per evitar ser detinguda. El seu nom era Pilar Sánchez Llabrés, tenia 33 anys, i el seu assassinat, segons fonts memorialistes, va ser “un dels més cruels que es coneixen” a l'illa.

Noranta anys després, l'Ajuntament de Palma continua sense donar resposta a la petició perquè sigui declarada Filla Il·lustre de la ciutat. Memòria de Mallorca va registrar la primera sol·licitud el 18 de setembre de 2024, coincidint amb el 88è aniversari del seu assassinat, i va tornar a presentar-la un any després en no haver obtingut contestació. Ara, l'associació ha iniciat una campanya de recollida de signatures per reclamar al Consistori que tramiti el reconeixement.

“El reconeixement de Pilar Sánchez Llabrés com a Filla Il·lustre no pretén únicament homenatjar una víctima de la repressió franquista. Significa també reconèixer la trajectòria d'una dona palmesana compromesa amb la democràcia, la igualtat, els drets de les dones i els drets de la classe treballadora, i incorporar aquesta trajectòria al patrimoni cívic i democràtic de la ciutat”, defensa l'entitat memorialista.

El reconeixement de Pilar Sánchez Llabrés com a Filla Il·lustre no pretén únicament homenatjar una víctima de la repressió franquista. Significa també reconèixer la trajectòria d'una dona palmesana compromesa amb la democràcia, la igualtat, els drets de les dones i els drets de la classe treballadora, i incorporar aquesta trajectòria al patrimoni cívic i democràtic de la ciutat

Memòria de Mallorca

Pilar Sánchez Llabrés va néixer a Palma el 1903 i vivia al barri obrer de la Soledat. Era coneguda com a Na Pilar Revulla i treballava com a venedora de comestibles en una parada de la plaça Major. Des d'allà feia visible també la seva militància política. Estava casada amb Miquel Borel, treballador de la construcció i sabater, amb qui va tenir quatre fills: Rafel, Joan, Miquel i Francesca.

La documentació posterior, consultada per elDiario.es, la presenta com una dona d'intensa activitat política que aprofitava el seu lloc al mercat per expressar públicament les seves idees, un fet que, en paraules de l'historiador Bartomeu Garí, “va provocar la por i, al mateix temps, l'odi dels seus adversaris”. En les seves investigacions sobre la repressió franquista a Mallorca, Garí la recorda com una dona que no s'arronsava davant les adversitats, com va succeir el 16 de febrer de 1936, quan va ser detinguda per protestar davant un possible frau electoral, estavellant una urna al mig del carrer.

El seu perfil apareix, així mateix, especialment definit a les pàgines d'El Obrero Balear, el periòdic de l'organització socialista mallorquina. El setmanari recull la seva intervenció en un míting celebrat el 9 de març de 1936 a la 'Casa del Poble' de Palma amb motiu de la jornada internacional per l'emancipació de la dona. Juntament amb Pilar Sánchez van participar dones de distintes organitzacions del Front Popular, entre elles Rosa Ros, Rosa Colom, Rosa Hurtado, Catalina Alós i Aurora Picornell. La crònica d'El Obrero Balear, publicada el 13 de març, destacava la novetat d'aquella presència femenina i la presentava com una ruptura amb les “ràncies concepcions” sobre el paper de la dona en la vida pública.

La publicació es va fer ressò de la intervenció de Sánchez: durant aquesta, l'activista es va estendre en consideracions sobre “la perniciosa influència de l'Església en la dona” i sobre els avantatges de l'organització política i sindical. El seu paper se situava al voltant de l'emancipació femenina, l'organització política i sindical i la crítica a la influència de l'Església.

La detenció

La vida de Pilar va canviar radicalment després del cop militar de juliol de 1936. Es va amagar al domicili de Joan Real, amic de la família i regidor de l'Ajuntament de Palma vinculat al Front Popular, al barri dels Hostalets. Els falangistes van acudir inicialment al seu domicili per localitzar-la. En no trobar-la, es van endur el seu marit i els seus fills a la comissaria de la plaça de Santa Magdalena, on Miquel Borel va ser torturat.

La vida de la Pilar va canviar radicalment després del cop militar de juliol de 1936. Es va amagar al domicili de Joan Real, regidor del Front Popular. En no trobar-la a casa seva, els falangistes es van emportar el seu marit i els seus fills a la comissaria de la plaça de Santa Magdalena de Palma, on en Miquel Borel va ser torturat

La filla del matrimoni, Francisca Borel Sánchez, recordaria anys després el terror viscut per la família després de la detenció del seu pare: “La sensació de terror i el mal que ens van fer les beates i els falangistes va ser molt gran. Recordo quan els feixistes ens van empresonar i ens van portar, al meu pare, als meus germans i a mi, a un immoble que estava a la carretera de La Soledat, on servien berenars. Després vam anar a una casa a prop de la costa de l'Hospital de la Sang [en al·lusió a la comissaria de Francisco Barrado Zorilla, cap de la policia secreta de Falange]. Allà vaig escoltar els gemecs del meu pare”. El seu testimoni va ser recollit per Bartomeu Garí en una de les seves investigacions.

Pilar, per la seva part, seria finalment localitzada i detinguda per quatre falangistes juntament amb Joan Real, que seria assassinat al cementiri de Porreres. Els seus botxins la van portar en un automòbil per la carretera de Sineu i, a prop de la possessió de Son Ganvada, la van fer baixar per la força. D'acord amb els testimonis recollits posteriorment, es va resistir i va ser violada pels seus captors. Després la van lligar pels peus a la part posterior del vehicle i la van arrossegar fins a la garriga de Son Palou, on li van disparar cinc vegades.

La sensació de terror i el dany que ens van fer les beatas i els falangistes va ser molt gran. Recordo quan els feixistes ens van empresonar i ens van portar, al meu pare, als meus germans i a mi, a un immoble. Després vam anar a una casa. Allà vaig escoltar els gemecs del meu pare

Francisca Borel Sánchez — Filla de Pilar Sánchez

Els fets van ser presenciats per dos testimonis. Un era un home que es trobava caçant a la zona. En escoltar l'automòbil es va amagar i va poder observar el que havia passat. L'altre es trobava als voltants del cementiri de Sencelles i va reconèixer la Pilar perquè també era veí de la Soledat. La reconstrucció dels últims moments de la Pilar procedeix fonamentalment de la causa judicial 901/1936 -l'expedient judicial que va documentar l'assassinat de Pilar Sánchez- i del testimoni de tots dos testimonis.

L'escriptor Llorenç Capellà ho va il·lustrar així al seu Diccionari Vermell (1989), una de les obres de referència de la memòria històrica mallorquina: “A les tres i mitja de la matinada, un home que vetllava en el cementiri de Sencelles, un parent seu mort, va sentir gemecs i insults de dona. Espaordit va apagar el llum i, procurant no fer renou, anà apropant-se a l’indret del qual procedien les veus. Ho sentia tot. A l’empar de la paret era un protagonista passiu i invisible del que succeïa. Cercà a les palpentes i trobà una escletxa per on guaitar”.

“De sobte la sang se li glaçà a les venes. Ell vivia a La Soledat i va reconèixer Pilar que també hi vivia. I va reconèixer els quatre homes que la martiritzaven, que també hi vivien. Tot l’escàndol quedava entre veïnats. Els homes violaren Pilar i quan era estesa en terra, retuda, li descarregaren el carregador de les pistoles a sobre. Morta, l’arrossegaren pels peus fins a les portes del cementiri”, prosseguia la reconstrucció de Capellà.

Els homes violaren Pilar i quan era estesa en terra, retuda, li descarregaren el carregador de les pistoles a sobre. Morta, l’arrossegaren pels peus fins a les portes del cementiri

Llorenç Capellà — Autor del 'Diccionari Vermell'

Les investigacions posteriors sobre la repressió franquista contra les dones han situat el cas de Sánchez Llabrés com un exemple extrem d'una violència que incorporava humiliacions, agressions sexuals i càstigs físics com a part del mecanisme repressiu.

Després de la mort de Pilar, les autoritats van posar en llibertat els seus fills, però Miquel Borel, el seu espòs, va ser tancat a Can Mir, una de les presons franquistes més fosques de les que van posar en marxa a Mallorca. Després va passar per diferents camps de concentració de l'illa fins que, el 1940, va ser finalment posat en llibertat.

Les investigacions sobre la repressió franquista contra les dones han il·lustrat el cas de Pilar Sánchez com a exemple extrem d'una violència que incorporava humiliacions, agressions sexuals i càstigs físics com a part del mecanisme repressiu

Les anomalies de la causa 901/1936

La pròpia documentació oficial del Govern assenyala que la causa 901/1936, instruïda pel jutge i alferes Joan Guardiola Homar, va estar envoltada d'“irregularitats en el procediment i la implicació de les autoritats en la repressió”. Entre altres anomalies, les investigacions i l'ordre per practicar l'autòpsia es van realitzar a requeriment del cap de Falange, malgrat que es tractava d'una tasca que corresponia a l'autoritat judicial. La documentació afegeix que les informacions aportades pel cap falangista “no concorden amb les d'altres testimonis i informes”.

Malgrat aquestes contradiccions, la investigació no va arribar a establir responsabilitats. A l'octubre de 1936, els fets van quedar sobreseïts i la causa va ser tancada, la qual cosa va suposar, d'acord amb la mateixa documentació, la “total impunitat” dels responsables del crim.

La causa 901/1936 es va poder recuperar dècades després gràcies al treball d'investigació i digitalització de les causes judicials franquistes. Memòria de Mallorca va impulsar el projecte Totes les causes, que va permetre digitalitzar 295.332 documents corresponents a 2.761 casos, oberts entre juliol de 1936 i 1939 i que afecten 4.653 persones. L'associació va cedir el resultat d'aquest treball al Govern el 2020, durant la passada legislatura progressista.

L'anterior Executiu, presidit per Francina Armengol i amb Juan Pedro Yllanes com a conseller de Memòria Democràtica, va incorporar Pilar a la Ruta de la Memòria Feminista i Antifeixista de Palma i, el 2022, va instal·lar una Stolpersteine (pedra de la memòria) a la Soledat, on havia viscut. La inscripció recorda el seu nom, l'any de naixement i les dates i circumstàncies de la seva mort.

Sense resposta de l'Ajuntament

Fa dos anys, Memòria de Mallorca va sol·licitar per primera vegada a l'Ajuntament de Palma, governat per PP i Vox, que Pilar Sánchez Llabrés fos declarada Filla Il·lustre de la ciutat el 18 de setembre de 2024. L'associació argumentava que el reconeixement no s'havia de limitar a la seva condició de víctima de la repressió, sinó que havia de reconèixer també la seva trajectòria com a dona compromesa amb la democràcia, la igualtat, els drets de les dones i els drets de la classe treballadora. Un any després, el 18 de setembre de 2025, va tornar a registrar la petició perquè no havia rebut cap resposta del consistori.

Al contrari del Consistori palmesà, l'Ajuntament de Sencelles va debatre el 2021 una moció de Més per Mallorca per incloure el nom de Pilar Sánchez al nomenclàtor del municipi. El ple va aprovar la proposta amb l'abstenció del PP.

Noranta anys després del seu assassinat, les restes de Pilar no han estat trobades. El seu cos va ser enterrat a la fossa comuna del cementiri de Sencelles, però les successives remodelacions de l'espai van dificultar posteriorment la seva localització. Les excavacions realitzades el 2018 i 2020 no van aconseguir trobar-lo. Les investigacions posteriors, tanmateix, han anat reconstruint una figura que durant dècades va quedar reduïda fonamentalment al record dels seus familiars i d'aquells que van conèixer la repressió de la Palma republicana.

18 de septiembre de 1936. El cadáver de una mujer ha aparecido tras unos arbustos en Sencelles (Mallorca). El cuerpo presenta varios impactos de bala y, según las autoridades, se encuentra en avanzado estado de descomposición (las investigaciones posteriores arrojarán que presenta signos de haber sido arrastrada por un coche). Finalmente, lo entierran, sin identificar, en una fosa común del cementerio del municipio. Pero detrás del cuerpo está la historia de una mujer de Palma que ha participado activamente en la vida política de la Segunda República y que, tras el golpe militar fascista de julio, tuvo que esconderse para evitar ser detenida. Su nombre era Pilar Sánchez Llabrés, tenía 33 años, y su asesinato, según fuentes memorialistas, fue “uno de los más crueles que se conocen” en la isla.

Noventa años después, el Ayuntamiento de Palma continúa sin dar respuesta a la petición para que sea declarada Hija Ilustre de la ciudad. Memòria de Mallorca registró la primera solicitud el 18 de septiembre de 2024, coincidiendo con el 88 aniversario de su asesinato, y volvió a presentarla un año después al no haber obtenido contestación. Ahora, la asociación ha iniciado una campaña de recogida de firmas para reclamar al Consistorio que tramite el reconocimiento.

“El reconocimiento de Pilar Sánchez Llabrés como Hija Ilustre no pretende únicamente homenajear una víctima de la represión franquista. Significa también reconocer la trayectoria de una mujer palmesana comprometida con la democracia, la igualdad, los derechos de las mujeres y los derechos de la clase trabajadora, e incorporar esta trayectoria al patrimonio cívico y democrático de la ciudad”, defiende la entidad memorialista.

El reconocimiento de Pilar Sánchez Llabrés como Hija Ilustre no pretende únicamente homenajear una víctima de la represión franquista. Significa también reconocer la trayectoria de una mujer palmesana comprometida con la democracia, la igualdad, los derechos de las mujeres y los derechos de la clase trabajadora, e incorporar esta trayectoria al patrimonio cívico y democrático de la ciudad

Memòria de Mallorca

Pilar Sánchez Llabrés nació en Palma en 1903 y vivía en el barrio obrero de la Soledat. Era conocida como Na Pilar Revulla y trabajaba como vendedora de comestibles en una parada de la Plaça Major. Desde allí hacía visible también su militancia política. Estaba casada con Miquel Borel, trabajador de la construcción y zapatero, con quien tuvo cuatro hijos: Rafel, Joan, Miquel y Francesca.

La documentación posterior, consultada por elDiario.es, la presenta como una mujer de intensa actividad política que aprovechaba su puesto en el mercado para expresar públicamente sus ideas, un hecho que, en palabras del historiador Bartomeu Garí, “provocó el temor y, al mismo tiempo, el odio de sus adversarios”. En sus investigaciones sobre la represión franquista en Mallorca, Garí la recuerda como una mujer que no se achantaba ante las adversidades, como sucedió el 16 de febrero de 1936, cuando fue detenida por protestar ante un posible fraude electoral, estrellando una urna en medio de la calle.

Su perfil aparece, asimismo, especialmente definido en las páginas de El Obrero Balear, el periódico de la organización socialista mallorquina. El semanario recoge su intervención en un mitin celebrado el 9 de marzo de 1936 en la 'Casa del Poble' de Palma con motivo de la jornada internacional por la emancipación de la mujer. Junto a Pilar Sánchez participaron mujeres de distintas organizaciones del Frente Popular, entre ellas Rosa Ros, Rosa Colom, Rosa Hurtado, Catalina Alós y Aurora Picornell. La crónica de El Obrero Balear, publicada el 13 de marzo, destacaba la novedad de aquella presencia femenina y la presentaba como una ruptura con las “rancias concepciones” sobre el papel de la mujer en la vida pública.

La publicación se hizo eco de la intervención de Sánchez: durante la misma, la activista se extendió en consideraciones sobre “la perniciosa influencia de la Iglesia en la mujer” y sobre las ventajas de la organización política y sindical. Su papel se situaba en torno a la emancipación femenina, la organización política y sindical y la crítica a la influencia de la Iglesia.

La detención

La vida de Pilar cambió radicalmente tras el golpe militar de julio de 1936. Se escondió en el domicilio de Joan Real, amigo de la familia y concejal del Ayuntamiento de Palma vinculado al Frente Popular, en el barrio de los Hostalets. Los falangistas acudieron inicialmente a su domicilio para localizarla. Al no encontrarla, se llevaron a su marido y a sus hijos a la comisaría de la plaza de Santa Magdalena, donde Miquel Borel fue torturado.

La vida de Pilar cambió radicalmente tras el golpe militar de julio de 1936. Se escondió en el domicilio de Joan Real, concejal del Frente Popular. Al no encontrarla en su domicilio, los falangistas se llevaron a su marido y a sus hijos a la comisaría de la plaza de Santa Magdalena de Palma, donde Miquel Borel fue torturado

La hija del matrimonio, Francisca Borel Sánchez, recordaría años después el terror vivido por la familia tras la detención de su padre: “La sensación de terror y el daño que nos hicieron las beatas y los falangistas fue muy grande. Recuerdo cuando los fascistas nos apresaron y nos llevaron, a mi padre, a mis hermanos y a mí, a un inmueble que estaba en la carretera de La Soledad, donde servían meriendas. Después fuimos a una casa cerca de la cuesta del Hospital de la Sang [en alusión a la comisaría de Francisco Barrado Zorilla, jefe de la policía secreta de Falange]. Allí escuché los gemidos de mi padre”. Su testimonio fue recogido por Bartomeu Garí en una de sus investigaciones.

Pilar, por su parte, sería finalmente localizada y detenida por cuatro falangistas junto a Joan Real, quien sería asesinado en el cementerio de Porreres. Sus verdugos la llevaron en un automóvil por la carretera de Sineu y, cerca de la posesión de Son Ganvada, la hicieron bajar por la fuerza. De acuerdo a los testimonios recogidos posteriormente, se resistió y fue violada por sus captores. Después la ataron por los pies a la parte trasera del vehículo y la arrastraron hasta la garriga de Son Palou, donde le dispararon cinco veces.

La sensación de terror y el daño que nos hicieron las beatas y los falangistas fue muy grande. Recuerdo cuando los fascistas nos apresaron y nos llevaron, a mi padre, a mis hermanos y a mí, a un inmueble. Después fuimos a una casa. Allí escuché los gemidos de mi padre

Francisca Borel Sánchez — Hija de Pilar Sánchez

Los hechos fueron presenciados por dos testigos. Uno era un hombre que se encontraba cazando en la zona. Al escuchar el automóvil se escondió y pudo observar lo sucedido. El otro se hallaba en las inmediaciones del cementerio de Sencelles y reconoció a Pilar porque también era vecino de la Soledat. La reconstrucción de los últimos momentos de Pilar procede fundamentalmente de la causa judicial 901/1936 -el expediente judicial que documentó el asesinato de Pilar Sánchez- y del testimonio de ambos testigos.

El escritor Llorenç Capellà lo ilustró así en su Diccionari Vermell (1989), una de las obras de referencia de la memoria histórica mallorquina: “A las tres y media de la madrugada, un hombre que velaba en el cementerio de Sencelles a un familiar suyo fallecido oyó gemidos e insultos de una mujer. Asustado, apagó la luz y, procurando no hacer ruido, fue acercándose al lugar del que procedían las voces. Lo oyó todo. Al amparo de la pared, era un protagonista pasivo e invisible de lo que estaba sucediendo. Buscó a tientas y encontró una grieta por la que mirar”.

“De repente, la sangre se le heló en las venas. Vivía en La Soledat y reconoció a Pilar, que también vivía allí. Y reconoció a los cuatro hombres que la martirizaban, que también vivían allí. Todo el escándalo quedaba entre vecinos. Los hombres violaron a Pilar y, cuando estaba tendida en el suelo, exhausta, descargaron los cargadores de sus pistolas sobre ella. Muerta, la arrastraron por los pies hasta las puertas del cementerio”, proseguía la reconstrucción de Capellà.

Los hombres violaron a Pilar y, cuando estaba tendida en el suelo, exhausta, descargaron los cargadores de sus pistolas sobre ella. Muerta, la arrastraron por los pies hasta las puertas del cementerio

Llorenç Capellà — Autor del 'Diccionari Vermell'

Las investigaciones posteriores sobre la represión franquista contra las mujeres han ilustrado el caso de Sánchez Llabrés como ejemplo extremo de una violencia que incorporaba humillaciones, agresiones sexuales y castigos físicos como parte del mecanismo represivo.

Tras la muerte de Pilar, las autoridades pusieron en libertad a sus hijos, pero Miquel Borel, su esposo, fue encerrado en la prisión de Can Mir, una de las cárceles franquistas más oscuras de las que pusieron en marcha en Mallorca. Después pasó por distintos campos de concentración de la isla hasta que, en 1940, fue finalmente puesto en libertad.

Las investigaciones sobre la represión franquista contra las mujeres han ilustrado el caso de Pilar Sánchez como ejemplo extremo de una violencia que incorporaba humillaciones, agresiones sexuales y castigos físicos como parte del mecanismo represivo

Las anomalías de la causa 901/1936

La propia documentación oficial del Govern señala que la causa 901/1936, instruida por el juez y alférez Joan Guardiola Homar, estuvo rodeada de “irregularidades en el procedimiento y la implicación de las autoridades en la represión”. Entre otras anomalías, las investigaciones y la orden para practicar la autopsia se realizaron a requerimiento del jefe de Falange pese a que se trataba de una tarea que correspondía a la autoridad judicial. La documentación añade que las informaciones aportadas por el jefe falangista “no concuerdan con las de otros testigos e informes”.

Pese a estas contradicciones, la investigación no llegó a establecer responsabilidades. En octubre de 1936 los hechos quedaron sobreseídos y la causa fue cerrada, lo que supuso, de acuerdo a la misma documentación, la “total impunidad” de los responsables del crimen.

La causa 901/1936 fue recuperada décadas después gracias al trabajo de investigación y digitalización de las causas judiciales franquistas. Memòria de Mallorca impulsó el proyecto 'Todas las causas', que permitió digitalizar 295.332 documentos correspondientes a 2.761 casos, abiertos entre julio de 1936 y 1939 y que afectan a 4.653 personas. La asociación cedió el resultado de ese trabajo al Govern en 2020, durante la pasada legislatura progresista.

El anterior Ejecutivo, presidido por Francina Armengol y con Juan Pedro Yllanes como conseller de Memoria Democrática, incorporó a Pilar a la Ruta de la Memòria Feminista i Antifeixista de Palma y en 2022 instaló una Stolpersteine (piedra de la memoria) en la Soledat, donde había vivido. La inscripción recuerda su nombre, el año de nacimiento y las fechas y circunstancias de su muerte.

Sin respuesta del Ayuntamiento

Hace dos años, Memòria de Mallorca solicitó por primera vez al Ayuntamiento de Palma, gobernado por PP y Vox, que Pilar Sánchez Llabrés fuera declarada Hija Ilustre de la ciudad el 18 de septiembre de 2024. La asociación argumentaba que el reconocimiento no debía limitarse a su condición de víctima de la represión, sino que debía reconocer también su trayectoria como mujer comprometida con la democracia, la igualdad, los derechos de las mujeres y los derechos de la clase trabajadora. Un año después, el 18 de septiembre de 2025, volvió a registrar la petición porque no había recibido ninguna respuesta del consistorio.

Al contrario del Consistorio palmesano, el Ayuntamiento de Sencelles debatió en 2021 una moción de Més per Mallorca para incluir el nombre de Pilar Sánchez en el nomenclátor del municipio. El pleno aprobó la propuesta con la abstención del PP.

Noventa años después de su asesinato, los restos de Pilar no han sido encontrados. Su cuerpo fue enterrado en la fosa común del cementerio de Sencelles, pero las sucesivas remodelaciones del espacio dificultaron posteriormente su localización. Las excavaciones realizadas en 2018 y 2020 no lograron hallarlo. Las investigaciones posteriores, sin embargo, han ido reconstruyendo una figura que durante décadas quedó reducida fundamentalmente al recuerdo de sus familiares y de quienes conocieron la represión de la Palma republicana.

“La historia de nuestra familia es como la de muchas otras de nuestro país”, ha comenzado su intervención Fernando Zamora, sobrino nieto de Jesús Esteban, fusilado y enterrado en una fosa común tras intentar fugarse del Fuerte de San Cristóbal en mayo de 1938, al igual que Gerardo Gómez Lorenzo, preso fugado y capturado en la misma huida. Ambos han estado perdidos 88 años, 3 meses y 23 días. En total 32.257 jornadas que han estado sepultados sin nombre, “historia” y “dignidad”. Zamora asegura que encontrar los restos de los fusilados no solo alivia a la familia, sino que “es más bien que los huesos, que cada resto, tengan su nombre”. “Es importante también para ellos mismos y por la dignidad humana [de quién fue asesinado]”, expresa.

En un acto celebrado este lunes en el recién inaugurado ‘Rozalejo, Espacio de Memoria y Convivencia’ del casco antiguo de la capital navarra, la vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha entregado a sus familiares los restos de Jesús Esteban Muñoz y de Gerardo Gómez Lorenzo, identificados por el banco de ADN del Ejecutivo foral, tras las exhumaciones llevadas a cabo en 2017 y 2018 en las fosas de Urtasun y de Leranotz respectivamente. Un nutrido grupo de familiares de ambos represaliados, desplazado a Pamplona desde Galicia y Bizkaia, representantes institucionales, asociaciones memorialistas, parte del equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y Nasertic y del Instituto Navarro de la Memoria han participado en el acto.

“Esperamos y deseamos que este hecho [la entrega de los restos a sus familiares], contribuya a cerrar ese círculo que nunca se tuvo que abrir. Ese círculo que de forma terrible ocurrió hace 80 años”, ha declarado en su intervención la consejera Ana Ollo, que a su vez ha querido trasmitir a los asistentes la contribución de esta entrega “a la esperanza de cientos de familias que todavía no han encontrado a sus familiares asesinados”.

“Mi madre siempre hablaba de Gerardo porque era de su edad. Se le venían las lágrimas a los ojos porque eran como hermanos. Vivían en la misma finca de sus abuelos a 50 metros el uno del otro”, cuenta Julio Suárez, hijo de la prima de Gerardo Gómez Lorenzo. Frente a los asistentes, ha recordado que “era un niño” de tan solo unos cuatro o cinco años cuando los militares aparecieron en la casa familiar y preguntaron por el primo de su madre. “Su casa ya tenía cocina” y en ella había “una manilla dorada”. “Y yo me acuerdo de estar agarrado ahí mientras se marchaban los agentes”, narra Suárez. Años después, supo que su tío Gerardo intentó escapar “cuando fueron a buscarlo” y finalmente “fue apresado”. A partir de entonces “no supieron nada más de él”. “Ni mi madre, ni mi abuela, ni las primas de Buenos Aires. No supieron ni si estaba muerto o ni si estaba vivo”, describe.

La madre de Suárez murió sin saber qué le ocurrió a su primo, apresado con 18 años. El joven carpintero, natural y vecino de Bergondo (A Coruña) ingresó en el Fuerte el 14 de junio de 1937, donde permaneció hasta la fecha de la fuga, 22 de mayo de 1938. Su cuerpo fue exhumado 80 años después de este intento de huida. “Lo enterraron con su pipa y el anillo, que llevaba sus iniciales”, describe Suárez.

Jesús Esteban Muñoz, nació el 22 de junio de 1906 en Villaverde de Íscar (Segovia) y era vecino de Portillo (Valladolid). Para Maite Méndez, hija de la sobrina de este, la entrega de sus restos supone “recobrar la historia” de su familia. “Nuestro tío abuelo estaba en el limbo, no sabíamos nada de él. Sabíamos que había participado en la fuga, pero nunca supimos más”, afirma. Su madre, que ahora tiene 99 años y hubiera querido haber asistido, porque a pesar de la edad “la cabeza la tiene muy lúcida” y, sobre todo, “para esta memoria, siempre se acordó de su tío Jesús”. Fue ella, de hecho, quien aportó la mayoría de información sobre el segoviano al saber que había participado en la huida, hecho que conocía por “otros presos que no participaron en la fuga” y que vivían cerca de los abuelos de Méndez, explica ella misma.

“Para mi madre ha sido muy emocionante”, explica Méndez. Tras las investigaciones, se supo que Jesús Esteban formaba parte de un grupo de fugados del que tres fueron detenidos en Eugi y otros dos, en el paraje de Bardegi, entre Usetxi y el alto de Egozkue. Después de ser asesinados fueron llevados al cementerio de Urtasun (Esteribar), donde fueron enterrados en una fosa común. En mayo de 2017, se llevó a cabo la exhumación de los cinco cuerpos inhumados en esa fosa del cementerio.

“Esas familias que durante muchos años han visto su círculo maldito abierto y hace décadas que no se les ha cerrado, es el momento de darles protagonismo”, ha reivindicado la consejera Ollo. “Reconoceros esa trasmisión de la memoria que ha conseguido que muchos años después estéis aquí, con la intención de reivindicar a vuestros familiares. Porque no eran personas que murieron por nada, por no haber hecho nada. Habían luchado por una sociedad más justa, más libre, más social y con más derechos para todas y todos. Y los mataron por eso”.

Con los de Jesús Esteban y Gerardo Gómez son ya 53 los cuerpos devueltos por el Gobierno de Navarra a sus familiares tras su exhumación e identificación. Según el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, hasta la fecha se han abierto 444 expedientes de personas represaliadas. Desde el Instituto Navarro de la Memoria recuerdan que las familias de personas desaparecidas tras el golpe de estado militar de 1936 pueden contactar con el banco público de ADN a través del correo “para que se pueda continuar con nuevas identificaciones y restitución de cuerpos a sus familias, así como con la localización de emplazamientos donde puedan encontrarse nuevas fosas”.

El Govern balear ha alegado ante el Tribunal Constitucional que derogar la ley de memoria es legítimo y que las víctimas no quedan desamparadas porque otras leyes las protegen. Y además con esta declaración el Govern demuestra varias cosas: ignorancia, sectarismo, inutilidad, crueldad y que no va a trabajar por la cohesión social en las Illes Balears.

Cuando se habla de la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Illes Balears, el debate suele centrarse en la política, en las víctimas del franquismo o en el enfrentamiento ideológico entre partidos. Sin embargo, existe una dimensión mucho menos visible y extraordinariamente importante: el impacto que esta decisión puede tener sobre los niños, las niñas y las personas adolescentes.

La memoria democrática no es únicamente una política de reparación hacia quienes sufrieron la Guerra Civil o la dictadura franquista. También es una herramienta educativa y social que ayuda a las nuevas generaciones a comprender quiénes son, de dónde vienen y cuáles son los valores sobre los que se construye una sociedad democrática.

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a conocer la historia de su comunidad y de sus familias. Para muchos de ellos, las consecuencias de la represión franquista no son una realidad lejana. Existen familias que todavía buscan respuestas sobre familiares desaparecidos, exiliados o perseguidos y que siguen esperando reconocimiento institucional.

La memoria democrática cumple además una función fundamental en la construcción de la identidad personal. El conocimiento de los propios orígenes y de la historia familiar favorece el bienestar emocional, el sentido de pertenencia y la autoestima.

La derogación de las leyes de memoria democrática tiene también consecuencias directas en el ámbito educativo. Sin una protección legislativa clara, los contenidos relacionados con la represión franquista, los derechos humanos o la transición democrática corren el riesgo de depender de la voluntad individual del profesorado.

Esto significa que miles de alumnos podrían finalizar su escolarización sin comprender cómo se perdió la democracia en España, cuáles fueron las consecuencias de la dictadura o por qué los derechos y libertades actuales son conquistas que deben protegerse.

La memoria democrática actúa además como una vacuna frente a la desinformación. En una época marcada por las redes sociales y la circulación de discursos extremistas, la educación histórica proporciona herramientas para identificar la manipulación, los mensajes de odio y las posiciones antidemocráticas.

Desde Esquerra Unida de las Illes Balears se defiende que educar en memoria democrática no busca imponer una ideología, sino formar ciudadanos capaces de reconocer las vulneraciones de derechos humanos y comprender los riesgos del autoritarismo.

Los testimonios de las víctimas y las visitas a espacios de memoria poseen un enorme potencial educativo. Permiten desarrollar empatía, sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno y compromiso con los valores democráticos.

Por todo ello, la derogación de la Ley de Memoria Democrática no afecta únicamente a quienes vivieron la dictadura o a sus descendientes directos. También afecta a quienes están creciendo hoy, a la calidad de la educación que reciben y a la fortaleza de los valores democráticos con los que construirán el futuro.

La memoria democrática no es una cuestión del pasado. Es una inversión en la infancia, en la juventud y en la salud democrática de las generaciones que algún día tendrán la responsabilidad de defender las libertades de todos.

Jaume Serra Cardell no té prou paper per escriure a la seva família, així que busca un altre suport: la roba. Acaba omplint de paraules la tela de l'esquena de dues camises. No és l'únic que acut a les formes més inimaginables de deixar constància del que passa rere els murs de la Presó Provincial de Palma. Ricardo Ordinas Fuster, a més d'escriure sobre el seu tancament, ho dibuixa. Per fer-ho, utilitza petits trossos de paper de fumar que li fa arribar la seva família. En un d'ells identifica pel seu nom els presos que comparteixen l'espai i deixa constància de la distribució de la cel·la. El que sembla una escena quotidiana acaba convertida en una radiografia del massificació, amb noms i cossos encaixats en un espai mínim.

Julio López Bermejo, per la seva banda, aprofita els documents que té a mà a les oficines de la presó, on es troba destinat, i utilitza els seus revessos per dibuixar, convertint-los en un suport clandestí. De sobte, comencen a florir desenes de caricatures tant dels seus companys com dels guardes i els capellans, conformant una col·lecció improvisada que, molt de temps després, permetrà recuperar els rostres dels qui van compartir aquella vida penitenciària. Joan Cortès Cànaves farà una cosa semblant a Can Mir, una de les presons més fosques i tràgiques de l'època, reproduint també l'interior del recinte.

Són petits gestos de resistència enfront d'un sistema que intenta controlar fins a l'última paraula que surt de les presons franquistes de Mallorca. En elles, fins i tot una peça de roba pot convertir-se en una via clandestina de comunicació amb l'exterior. Les cartes estan censurades, els presos tenen limitat quan i quant poden escriure i qualsevol missatge considerat inconvenient pot ser destruït. Per això busquen escletxes: amaguen notes al coll de les camises, entre els plecs dels pantalons o als cinturons, dibuixen en papers destinats a altres usos i aprofiten qualsevol superfície que pugui sobreviure als murs de la presó.

Són petits gestos de resistència davant un sistema que intenta controlar fins a l'última paraula que surt de les presons franquistes de Mallorca. En elles, fins i tot una peça de roba pot convertir-se en una via clandestina de comunicació amb l'exterior

Dècades després, aquells diminuts dibuixos, les cartes i els escrits sobre roba obren una finestra a una realitat que el règim franquista va intentar mantenir a l'altre costat dels murs i rescaten aspectes de la vida quotidiana que difícilment apareixen en els expedients administratius. Són rastres mínims, però eloqüents, que han recopilat els investigadors Manel Suárez Salvà i Maria Eugènia Jaume Esteva en un estudi sobre els llocs de la repressió franquista a les Balears. Entre els documents conservats hi ha un dibuix d'Ordinas: està datat el 29 d'agost de 1936, tot just unes setmanes després del cop militar, i representa el pati de la Presó Provincial de Palma.

73 llocs per tancar els “enemics”

La investigació, encarregada pel Govern durant la passada legislatura progressista, recorda com van començar els empresonaments sistemàtics de Mallorca després de l'alçament feixista de juliol: no van ser una reacció improvisada a l'esclat del cop, sinó que van respondre a una planificació prèvia, seguint les instruccions que el general Emilio Mola Vidal havia fixat el 25 de maig: “Es tindrà en compte que l'acció ha de ser en extrem violenta per reduir com més aviat millor l'enemic, que és fort i ben organitzat. Sens dubte, seran empresonats tots els directius dels partits polítics, societats o sindicats no afectes al moviment, aplicant-los càstigs exemplars a els dits individus per estrangular els moviments de rebel·lia o vagues”.

A partir d'aquell moment, l'informe, de 366 pàgines, identifica fins a 73 llocs de reclosa i concentració de presos a l'arxipèlag -65 a Mallorca, quatre a Menorca, tres a Eivissa i un a Formentera- i mostra una xarxa molt més extensa del que suggereixen les presons que han quedat en la memòria col·lectiva, com la de Can Mir. La raó és que no es tractava únicament de presons: el règim va reutilitzar magatzems, convents, hospicis, hospitals, fortaleses, vaixells, edificis públics i altres espais per tancar aquells a qui considerava enemics. La mateixa arquitectura del sistema revela la improvisació com una característica del mateix: la majoria dels centres habilitats com a presons o camps de concentració van ser espais preexistents reutilitzats, a vegades mitjançant expropiacions o lloguers a baix cost.

El règim franquista va reutilitzar magatzems, convents, hospicis, hospitals, fortaleses, vaixells, edificis públics i altres espais per tancar els qui considerava enemics

Com documenten Suárez i Jaume, l'empresonament no només buscava aïllar físicament els presos. També pretenia convertir-los en paries socials. Heinz Kraschutzki, pacifista i antifeixista alemany, recordava, per exemple, la humiliació que suposava rebre diaris dins la presó. La lectura podia ser un entreteniment, però també els recordava diàriament com els presentava la propaganda del nou règim.

“Érem 'gentussa' que no tenia cap valor”

Kraschutzki, autor de Memòries a les presons de la Guerra Civil a Mallorca, ho evocava així: “Podíem rebre periòdics i no era una lectura agradable. Podíem llegir pàgines i més pàgines de com 'els rojos', és a dir, nosaltres, no érem altra cosa que 'gentussa' que no tenia cap valor”. En algunes ocasions, i assumint un gran risc, els presos aconseguien introduir a la presó periódics republicans, una de les escasses vies que tenien per accedir a una informació distinta de la propaganda que difonia el nou règim.

Podíem rebre diaris i no era una lectura agradable. Podíem llegir pàgines i més pàgines de com 'els rojos', és a dir, nosaltres, no érem res més que 'gentussa' que no tenia cap valor

Heinz Kraschutzki — Pacifista i antifeixista alemany

La mateixa presó es convertia així en un espai d'exclusió. L'estudi explica que rebre una visita, un paquet de menjar o fins i tot una carta depenia que la direcció considerés que el pres acceptava les regles del nou Estat. Les famílies quedaven atrapades també al voltant de les presons, desplaçant-se per portar roba, menjar o qualsevol ajuda que pogués evitar que els seus familiars morissin de fam.

La Presó Provincial de Palma resumeix aquesta precarietat. El 1936, l'augment de detinguts va obligar a utilitzar fins i tot la capella com a espai de reclusió. Presos comuns i polítics van arribar a conviure aclaparats i els calabossos no tenien lavabos: els interns havien de fer servir grans recipients coneguts com a “zambullos”. Un informe posterior va descriure la “pútrida olor i emanacions perjudicials” provocada per aquelles condicions. A finals de 1941, hi havia 277 reclusos i prop d'un miler d'homes havien passat pel centre des del 1936. Deu van morir dins la presó o durant el seu trasllat a l'Hospital Provincial, víctimes de la mala alimentació, les malalties, l'angoixa i la manca d'higiene.

Les “nits tristes” de Can Mir

La imatge més brutal d'aquell sistema potser sigui la de Can Mir. El recinte no havia estat construït com a presó: era un magatzem de fusta. La investigació actualitza les xifres d'aquell espai i permet dimensionar la magnitud delTheorem i les condicions en què foren reclosos els presos. Entre el 19 de juliol de 1936 i començaments de 1941, hi passaren 2.081 homes i una dona. D'ells, 128 moriren víctimes de les anomenades “tretes” (“sacas”), altres 54 foren afusellats i deu moriren per malalties contretes durant el seu empresonament. En total, 192 homes no varen sobreviure al seu pas per la presó, gairebé el 10% dels reclusos.

Dins d'aquella nau, els presos amb prou feines podien sortir a l'exterior. Els qui aconseguien alguna feina -els coneguts com a “peladors de patates”- podien escombrar el pati, descarregar camions o treballar a la cuina. Era una de les escasses oportunitats per respirar aire lliure i, amb sort, intentar veure els seus familiars a l'altre costat de la tanca.

Entre el 19 de juliol de 1936 i principis de 1941, per Can Mir van passar 2.081 homes i una dona. D'ells, 128 van morir víctimes de les anomenades "tretes" ("sacas"), altres 54 van ser afusellats i deu van morir per malalties contretes durant el seu empresonament

El menjar tampoc arribava a Can Mir. El menú habitual estava compost per patates, moniatos, mongetes i algun os bullit. Els presos passaven fam i depenien dels paquets que enviaven les seves famílies. L'estudi explica que aquells paquets arribaven de vegades oberts i amb part del seu contingut desaparegut, fins al punt que els familiars van començar a enganxar a les caixes una llista del que havien introduït. En aquella presó, a més, hi va haver moments en què fins i tot s'interrompia el subministrament d'aigua, especialment durant l'estiu.

Les “tretes” van seguir un patró particularment sinistre. De nit, algú entrava a la presó i llegia una llista de noms. Als presos se'ls deia que serien posats en llibertat. Quan arribaven a la porta, en molts casos els lligaven les mans uns amb els altres amb filferro o manilles i els pujaven a un camió. Alguns eren alliberats. Altres eren conduïts cap a la mort. Més de 300 persones van morir a conseqüència d'aquestes sacs o “tretes”, segons l'estudi. Entre les presons de les quals van sortir presos per ser assassinats hi havia Can Mir, Bellver, Manacor i Can Sales. Quan van acabar les “tretes” generalitzades, el nou governador civil, Víctor Enseñat, va pronunciar una frase que va quedar associada a Can Mir: “S'han acabat les nits tristes en aquesta casa”.

Un miler de dones entre quatre parets

La repressió va tenir també un escenari específicament femení. Can Sales, antic hospici gestionat per les Germanetes dels Pobres, es va convertir des de 1940 en la Presó Central de Dones de Palma i va començar a rebre internes procedents d'altres punts de l'Estat. El que havia començat amb 31 dones repartides en dos dormitoris d'uns 66 metres quadrats va acabar convertint-se en un espai que va arribar a albergar al voltant d'un miler de recloses entre 1941 i 1942. L'alimentació es va tornar escassa i de mala qualitat i les malalties es van estendre entre les internes.

Algunes van ser tancades sense una acusació concreta. Altres van ser utilitzades com a “hostatges” per intentar localitzar familiars amagats. I cinc dones -Aurora Picornell, Catalina Flaquer, Maria Pascual Flaquer, Antònia Pascual Flaquer i Belarmina González- van ser tretes de Can Sales sota una ordre que formalment deia que quedaven “en llibertat, a disposició” del governador civil. Poc després van ser assassinades a Son Coletes. El document que va ordenar aquella falsa alliberació conserva encara els seus cinc noms mecanografiats i la signatura del governador civil Mateu Torres Bestard.

A Can Sales, algunes dones van ser tancades sense una acusació concreta. Altres van ser utilitzades com a "hostatges" per intentar localitzar familiars amagats. I cinc preses -Aurora Picornell, Catalina Flaquer, Maria Pascual Flaquer, Antònia Pascual Flaquer i Belarmina González- van ser posades "a disposició" del governador civil. Poc després van ser assassinades

Un camp de concentració al costat del mar

A Formentera, el tancament va adquirir una altra dimensió. La colònia penitenciària de La Savina va rebre entre 1940 i 1942 al voltant de 2.133 presos. Un mur de més de dos metres envoltava les instal·lacions i fins i tot un filferro travessava la zona de mar per impedir les fugues. Els barracons estaven alineats al costat de la costa i les latrines consistien en simples barres de fusta: les deposicions queien a una canaleta que les conduïa directament a l'aigua.

En total, 58 homes van morir allà. L'estudi assenyala que un percentatge elevat de les morts es va produir per tuberculosi i caquèxia, és a dir, per fam. La manca d'higiene, d'aigua potable i l'alimentació deficient van agreujar les malalties entre uns presos sotmesos a condemnes de llarga durada. D'aquell camp encara queden restes físiques: part del mur, els terres d'alguns barracons, les canaletes que conduïen les deposicions des de les latrines fins al mar i dos pous d'aigua construïts pels mateixos presos, que encara conserven les inicials d'alguns.

A Formentera, el tancament va adquirir una altra dimensió. La colònia penitenciària de La Savina va rebre entre 1940 i 1942 al voltant de 2.133 presos. 58 homes hi van morir, molts d'ells per tuberculosi i caquèxia, és a dir, per fam

Aules i claustres convertits en presons

La repressió, però, no es va quedar a les presons. Va sortir-ne per instal·lar-se en espais quotidians com les escoles, les aules de les quals van deixar de ser espais per ensenyar per albergar adults detinguts, com la de Santanyí, La Salle de Llucmajor i la de Santa Margalida.

A Santanyí, la Guàrdia Civil i la Falange van utilitzar el col·legi com a centre de detenció durant les primeres setmanes del cop. Dinou persones hi van ser tancades fins a finals d'agost de 1936 abans de ser traslladades a altres presons de l'illa. L'edifici, construït entre 1926 i 1931 i amb una superfície de 1.503 metres quadrats, va continuar funcionant com a escola després de la guerra. La mateixa construcció que havia acollit alumnes es va convertir així, durant aquelles setmanes, en un espai de tancament.

L'Escola Graduada de Manacor es va sumar a aquests enclaus. Allà hi van ser retingudes cinc infermeres catalanes i altres milicians republicans després del fracàs del desembarcament del capità Alberto Bayo el setembre de 1936. També hi va passar Magdalena Bassa Galmés, “na Mora”, esposa de Jaume Pompeia, alcalde de Son Carrió. Es va negar a facilitar informació sobre el parador del seu marit i va ser detinguda el 4 de setembre de 1936. Va ser alliberada aquest mateix dia i assassinada poc després.

Magdalena Bassa Galmés, "na Mora", es va negar a proporcionar informació sobre el parador del seu marit, Jaume Pompeia, alcalde republicà de Son Carrió. Va ser detinguda el 4 de setembre de 1936, alliberada el mateix dia i assassinada poc després

Mentrestant, el dipòsit municipal de Palma es va convertir, des del cop d'Estat, en una de les primeres estacions de la maquinària repressiva. Entre el 20 de juliol i finals d'agost de 1936, al voltant de 60 veïns de Palma, homes i dones, van passar pels seus calabossos, la majoria detinguts simplement com a “sospitosos”. Entre ells figuren Antoni Perales Hernández i Francesc Veny Nadal, arrestats sota l'acusació de ser “polítics”, i Hellmuth Kaiser, assenyalat per ser “alemany”. Altres cinc van ser detinguts per secundar la vaga convocada pels sindicats.

L'estada solia ser breu: la majoria recuperava la llibertat el mateix dia i la resta hi romania, com a màxim, dos dies, abans de ser traslladat principalment a Can Mir o al castell de Bellver. El dipòsit va continuar funcionant com a centre de detenció almenys fins al 1938.

Convents i hospitals

Mentrestant, a Palma, el franquisme va habilitar com a espais de detenció el convent del carrer Missió i el de la Pietat; a Porreres va utilitzar Cals Germans; a Artà, el claustre dels franciscans; i a Inca, el claustre de Sant Domingo. Fins i tot els vaixells es van convertir en presons: el Cala Gat i el Jaume I van ser emprats com a presons habilitades al costat d'espais tan distints com el mercat de Felanitx o el cinema Modern d'Inca, on, tal com consta en els registres de la repressió a les illes, van ser retinguts, entre d'altres, els socialistes Jaume Beltran Munar i Antoni Muntaner Sampol.

També hospitals com els de Manacor, el Provincial de Palma -on arribaven presos des de totes les illes, majoritàriament des de Can Mir o de Formentera- i l'hospital militar van acollir desenes de reclusos. El cas de Bernat Colomar Martorell, també recuperat en la investigació, mostra fins a quin punt el tancament podia acabar destruint els mateixos presos. Electricista d'Inca, tenia 30 anys quan va ser condemnat a mort per adhesió a la rebel·lió, una pena que posteriorment li va ser commutada per 30 anys de reclusió. Durant la seva estada a Can Mir va acabar perdent la raó i va ser traslladat al manicomi de Palma, on finalment va morir.

Es Pujol, una finca convertida en campament de presos

Es Pujol, una finca del terme de Santanyí, va ser també un dels espais que el franquisme va incorporar a la seva xarxa de camps de concentració i treballs forçats. L'estudi situa allí un dels enclaus utilitzats per recloure presos durant la Guerra Civil i la postguerra, dins d'un sistema que va aprofitar grans propietats rurals per concentrar els captius i destinar-los a treballs.

Les seves primeres construccions es remunten a finals de l'Edat Mitjana, encara que la major part dels edificis actuals van ser lle- vantats entre el segle XVI i principis del XX. El 26 de febrer de 1940, tanmateix, el lloc va adquirir una funció radicalment distinta: va obrir allí un camp de concentració de postguerra. Per aquest camp van passar almenys 357 presoners del Batalló Disciplinari de Soldats Treballadors número 39, tots ells presos de postguerra que havien retornat de l'exili. Després de ser classificats en els principals dipòsits de la Península, entre ells Miranda de Ebro (Burgos) o Miguel de Unamuno (Madrid), van ser distribuïts per distints punts d'Espanya per fer treballs forçats.

Es Pujol, una finca del terme de Santanyí, va ser també un dels espais que el franquisme va incorporar a la seva xarxa de camps de concentració i treballs forçats. L'estudi el situa dins d'un sistema que va aprofitar grans propietats rurals per concentrar els captius i destinar-los a treballs

A Es Pujol, el seu destí va estar lligat a la construcció de carreteres incloses en l'anomenat Circuit Estratègic, entre elles la carretera de Santanyí a Portocolom. La proximitat del camp a les obres no era casual: el mateix projecte justificava evitar desplaçaments llargs a uns homes que havien de recórrer el trajecte d'anada i tornada cada dia. El juny de 1940 van arribar a destinar-se 150 homes a aquestes obres, mentre que un altre destacament d'un centenar de presos va ser emprat durant un temps en els treballs del Circuit Estratègic del far de Cap de ses Salines i en la construcció del camí militar entre el far i la bateria de Salines.

El pressupost inicial del campament, aprovat el 23 d'abril de 1940, pujava a 4.710 pessetes per a les denominades obres majors. Es Pujol era així molt més que un lloc de tancament: formava part d'un sistema que utilitzava els presos com a mà d'obra per transformar infraestructures estratègiques de l'illa.

El castell de Sant Felip

A Menorca, una antiga fortificació del segle XVI va acabar convertida en presó. El castell de Sant Felip, a Maó,es va fer servir com a presó entre abril i novembre de 1939. Les cartes del pres Jaume Bestard Mateu permeten reconstruir fins i tot el moment del desallotjament: “La notícia del meu trasllat a La Mola t'havia causat gran pesar [...] s'havia de buidar Sant Felip i tots vam ser traslladats aquí a la Mola”. No tots van acabar allà: alguns van ser enviats a l'Hospital de Sang i altres a la Presó Provincial de Palma. El mateix Hospital de Sang ofereix una altra imatge insòlita: havia estat projectat com un hospital subterrani i, en quedar inacabat el 1939, les noves autoritats el van transformar primer en camp de concentració de classificació i després en presó.

Una xarxa de repressió que va ocupar tota la geografia

El nou mapa que dibuixa l'estudi mostra que la repressió franquista a les Balears no va tenir un únic centre ni es va limitar a les presons. Va ser una xarxa que va aprofitar edificis existents, va desplaçar presos d'uns centres a uns altres i va convertir espais quotidians en llocs de tancament. El mateix informe considera que la investigació haurà de completar-se amb estudis locals capaços de treure a la llum altres llocs encara desconeguts.

Però potser els documents més eloqüents no siguin els mapes ni les estadístiques. Són aquelles petites traces que els presos van deixar per demostrar que hi van ser: un dibuix fet sobre paper de fumar, els noms escrits dins d'una cel·la, una caricatura amagada al revers d'un document, una carta cosida a una camisa o les inicials gravades en un pou de Formentera. La dictadura va voler convertir-los en números. Ells van deixar, en canvi, els seus noms, els seus dibuixos i les seves paraules.

Jaume Serra Cardell no tiene suficiente papel para escribir a su familia, así que busca otro soporte: la ropa. Termina llenando de palabras la tela de la espalda de dos camisas. No es el único que acude a las formas más inimaginables de dejar constancia de lo que ocurre tras los muros de la Prisión Provincial de Palma. Ricardo Ordinas Fuster, además de escribir sobre su encierro, lo dibuja. Para ello, utiliza pequeños trozos de papel de fumar que le hace llegar su familia. En uno de ellos identifica por su nombre a los presos que comparten el espacio y deja constancia de la distribución de la celda. Lo que parece una escena cotidiana acaba convertida en una radiografía del hacinamiento, con nombres y cuerpos encajados en un espacio mínimo.

Julio López Bermejo, por su parte, aprovecha los documentos que tiene a mano en las oficinas de la cárcel, donde se encuentra destinado, y utiliza sus reversos para dibujar, convirtiéndolos en un soporte clandestino. De repente, comienzan a florecer decenas de caricaturas tanto de sus compañeros como de los guardias y los capellanes, conformando una colección improvisada que, mucho tiempo después, permitirá recuperar los rostros de quienes compartieron aquella vida penitenciaria. Joan Cortès Cànaves hará algo parecido en Can Mir, una de las prisiones más oscuras y trágicas de la época, reproduciendo también el interior del recinto.

Son pequeños gestos de resistencia frente a un sistema que intenta controlar hasta la última palabra que sale de las cárceles franquistas de Mallorca. En ellas, hasta una prenda puede convertirse en una vía clandestina de comunicación con el exterior. Las cartas están censuradas, los presos tienen limitado cuándo y cuánto pueden escribir y cualquier mensaje considerado inconveniente puede ser destruido. Por eso buscan resquicios: esconden notas en los cuellos de las camisas, entre los dobleces de los pantalones o en los cinturones, dibujan en papeles destinados a otros usos y aprovechan cualquier superficie que pueda sobrevivir a los muros de la prisión.

Son pequeños gestos de resistencia frente a un sistema que intenta controlar hasta la última palabra que sale de las cárceles franquistas de Mallorca. En ellas, hasta una prenda puede convertirse en una vía clandestina de comunicación con el exterior

Décadas después, aquellos diminutos dibujos, las cartas y los escritos sobre ropa abren una ventana a una realidad que el régimen franquista trató de mantener al otro lado de los muros y rescatan aspectos de la vida cotidiana que difícilmente aparecen en los expedientes administrativos. Son rastros mínimos, pero elocuentes, que han recopilado los investigadores Manel Suárez Salvà y Maria Eugènia Jaume Esteva en un estudio sobre los lugares de la represión franquista en Balears. Entre los documentos conservados hay un dibujo de Ordinas: está fechado el 29 de agosto de 1936, apenas unas semanas después del golpe militar, y representa el patio de la Prisión Provincial de Palma.

73 lugares para encerrar a los “enemigos”

La investigación, encargada por el Govern durante la pasada legislatura progresista, recuerda cómo comenzaron las detenciones sistemáticas de Mallorca tras el alzamiento fascista de julio: no fueron una reacción improvisada al estallido del golpe, sino que respondieron a una planificación previa, siguiendo las instrucciones que el general Emilio Mola Vidal había fijado el 25 de mayo: “Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”.

A partir de ese momento, el informe, de 366 páginas, identifica hasta 73 lugares de reclusión y concentración de presos en el archipiélago -65 en Mallorca, cuatro en Menorca, tres en Eivissa y uno en Formentera- y muestra una red mucho más extensa de lo que sugieren las prisiones que han quedado en la memoria colectiva, como la de Can Mir. Y es que no se trataba únicamente de cárceles: el régimen reutilizó almacenes, conventos, hospicios, hospitales, fortalezas, barcos, edificios públicos y otros espacios para encerrar a quienes consideraba enemigos. La propia arquitectura del sistema revela la improvisación como una característica del mismo: la mayoría de los centros habilitados como prisiones o campos de concentración fueron espacios preexistentes reutilizados, en ocasiones mediante expropiaciones o alquileres a bajo coste.

El régimen franquista reutilizó almacenes, conventos, hospicios, hospitales, fortalezas, barcos, edificios públicos y otros espacios para encerrar a quienes consideraba enemigos

Como documentan Suárez y Jaume, el encierro no solo buscaba aislar físicamente a los presos. También pretendía convertirlos en parias sociales. Heinz Kraschutzki, pacifista y antifascista alemán, recordaba, por ejemplo, la humillación que suponía recibir periódicos dentro de la prisión. La lectura podía ser un entretenimiento, pero también les recordaba diariamente cómo los presentaba la propaganda del nuevo régimen.

“Éramos 'gentuza' que no tenía ningún valor”

Kraschutzki, autor de Memòries a les presons de la Guerra Civil a Mallorca, lo evocaba así: “Podíamos recibir periódicos y no era una lectura agradable. Podíamos leer páginas y más páginas de cómo 'los rojos', es decir, nosotros, no éramos otra cosa que 'gentuza' que no tenía ningún valor”. En algunas ocasiones, y asumiendo un gran riesgo, los presos conseguían introducir en la cárcel periódicos republicanos, una de las escasas vías que tenían para acceder a una información distinta de la propaganda que difundía el nuevo régimen.

Podíamos recibir periódicos y no era una lectura agradable. Podíamos leer páginas y más páginas de cómo 'los rojos', es decir, nosotros, no éramos otra cosa que 'gentuza' que no tenía ningún valor

Heinz Kraschutzki — Pacifista y antifascista alemán

La propia prisión se convertía así en un espacio de exclusión. El estudio explica que recibir una visita, un paquete de comida o incluso una carta dependía de que la dirección considerara que el preso aceptaba las reglas del nuevo Estado. Las familias quedaban atrapadas también alrededor de las cárceles, desplazándose para llevar ropa, comida o cualquier ayuda que pudiera evitar que sus familiares murieran de hambre.

La Prisión Provincial de Palma resume esa precariedad. En 1936, el aumento de detenidos obligó a utilizar incluso la capilla como espacio de reclusión. Presos comunes y políticos llegaron a convivir hacinados y las celdas carecían de retretes: los internos tenían que utilizar grandes recipientes conocidos como “zambullos”. Un informe posterior describió el “hedor y emanaciones perjudiciales” provocado por aquellas condiciones. A finales de 1941, había 277 reclusos y cerca de un millar de hombres habían pasado por el centro desde 1936. Diez murieron dentro de la prisión o durante su traslado al Hospital Provincial, víctimas de la mala alimentación, las enfermedades, la angustia y la falta de higiene.

Las “noches tristes” de Can Mir

La imagen más brutal de ese sistema quizá sea la de Can Mir. El recinto no había sido construido como prisión: era un almacén de madera. La investigación actualiza las cifras de aquel espacio y permite dimensionar la magnitud del hacinamiento y las condiciones en las que fueron recluidos los presos. Entre el 19 de julio de 1936 y comienzos de 1941, pasaron 2.081 hombres y una mujer. De ellos, 128 murieron víctimas de las llamadas “tretes” (“sacas”), otros 54 fueron fusilados y diez fallecieron por enfermedades contraídas durante su encarcelamiento. En total, 192 hombres no sobrevivieron a su paso por la prisión, casi el 10% de los reclusos.

Dentro de aquella nave, los presos apenas podían salir al exterior. Los que conseguían algún trabajo -los conocidos como “peladores de patatas”- podían barrer el patio, descargar camiones o trabajar en la cocina. Era una de las escasas oportunidades para respirar aire libre y, con suerte, intentar ver a sus familiares al otro lado de la valla.

Entre el 19 de julio de 1936 y comienzos de 1941, por Can Mir pasaron 2.081 hombres y una mujer. De ellos, 128 murieron víctimas de las llamadas "tretes" ("sacas"), otros 54 fueron fusilados y diez fallecieron por enfermedades contraídas durante su encarcelamiento

La comida tampoco alcanzaba en Can Mir. El menú habitual estaba compuesto por patatas, boniatos, judías y algún hueso hervido. Los presos pasaban hambre y dependían de los paquetes que enviaban sus familias. El estudio explica que esos paquetes llegaban a veces abiertos y con parte de su contenido desaparecido, hasta el punto de que los familiares comenzaron a pegar en las cajas una lista de lo que habían introducido. En aquella cárcel, además, hubo momentos en que incluso se interrumpía el suministro de agua, especialmente durante el verano.

Las “tretes” siguieron un patrón particularmente siniestro. De noche, alguien entraba en la prisión y leía una lista de nombres. A los presos se les decía que iban a ser puestos en libertad. Cuando llegaban a la puerta, en muchos casos les ataban las manos unos a otros con alambre o esposas y los subían a un camión. Algunos eran liberados. Otros eran conducidos hacia la muerte. Más de 300 personas murieron como consecuencia de estas sacas o “tretes”, según el estudio. Entre las prisiones de las que salieron presos para ser asesinados estaban Can Mir, Bellver, Manacor y Can Sales. Cuando terminaron las “tretes” generalizadas, el nuevo gobernador civil, Víctor Enseñat, pronunció una frase que quedó asociada a Can Mir: “Se han acabado las noches tristes en esta casa”.

Un millar de mujeres entre cuatro paredes

La represión tuvo también un escenario específicamente femenino. Can Sales, antiguo hospicio gestionado por las Hermanitas de los Pobres, se convirtió desde 1940 en la Prisión Central de Mujeres de Palma y comenzó a recibir internas procedentes de otros puntos del Estado. Lo que había comenzado con 31 mujeres repartidas en dos dormitorios de unos 66 metros cuadrados terminó convirtiéndose en un espacio que llegó a albergar alrededor de un millar de reclusas entre 1941 y 1942. La alimentación se volvió escasa y de mala calidad y las enfermedades se extendieron entre las internas.

Algunas fueron encerradas sin una acusación concreta. Otras fueron utilizadas como “rehenes” para intentar localizar a familiares escondidos. Y cinco mujeres -Aurora Picornell, Catalina Flaquer, Maria Pascual Flaquer, Antònia Pascual Flaquer y Belarmina González- fueron sacadas de Can Sales bajo una orden que formalmente decía que quedaban “en libertad, a disposición” del gobernador civil. Poco después fueron asesinadas en Son Coletes. El documento que ordenó aquella falsa liberación conserva todavía sus cinco nombres mecanografiados y la firma del gobernador civil Mateu Torres Bestard.

En Can Sales, algunas mujeres fueron encerradas sin una acusación concreta. Otras fueron utilizadas como "rehenes" para intentar localizar a familiares escondidos. Y cinco presas -Aurora Picornell, Catalina Flaquer, Maria Pascual Flaquer, Antònia Pascual Flaquer y Belarmina González- fueron puestas "a disposición" del gobernador civil. Poco después fueron asesinadas

Un campo de concentración frente al mar

En Formentera, el encierro adquirió otra dimensión. La colonia penitenciaria de La Savina recibió entre 1940 y 1942 alrededor de 2.133 presos. Un muro de más de dos metros rodeaba las instalaciones y hasta un alambre atravesaba la zona de mar para impedir las fugas. Los barracones estaban alineados junto a la costa y las letrinas consistían en simples barras de madera: las deposiciones caían a una canaleta que las conducía directamente al agua.

En total, 58 hombres murieron allí. El estudio señala que un porcentaje elevado de las muertes se produjo por tuberculosis y caquexia, es decir, por hambre. La falta de higiene, de agua potable y la alimentación deficiente agravaron las enfermedades entre unos presos sometidos a condenas de larga duración. De aquel campo todavía quedan restos físicos: parte del muro, los suelos de algunos barracones, las canaletas que conducían las deposiciones desde las letrinas hasta el mar y dos pozos de agua construidos por los propios presos, que aún conservan las iniciales de algunos de ellos.

En Formentera, el encierro adquirió otra dimensión. La colonia penitenciaria de La Savina recibió entre 1940 y 1942 alrededor de 2.133 presos. 58 hombres murieron allí, muchos de ellos por tuberculosis y caquexia, es decir, por hambre

Aulas y claustros convertidos en cárceles

La represión, sin embargo, no se quedó en las cárceles. Salió de ellas para instalarse en espacios cotidianos como las escuelas, cuyas aulas dejaron de ser espacios para enseñar para albergar a adultos detenidos, como la de Santanyí, La Salle de Llucmajor y la de Santa Margalida.

En Santanyí, la Guardia Civil y Falange utilizaron el colegio como centro de detención durante las primeras semanas del golpe. Diecinueve personas fueron encerradas allí hasta finales de agosto de 1936 antes de ser trasladadas a otras prisiones de la isla. El edificio, construido entre 1926 y 1931 y con una superficie de 1.503 metros cuadrados, continuó funcionando como escuela después de la guerra. La misma construcción que había acogido a alumnos se convirtió así, durante aquellas semanas, en un espacio de encierro.

La Escola Graduada de Manacor se sumó a estos enclaves. Allí fueron retenidas cinco enfermeras catalanas y otros milicianos republicanos tras el fracaso del desembarco del capitán Alberto Bayo en septiembre de 1936. También pasó por allí Magdalena Bassa Galmés, “na Mora”, esposa de Jaume Pompeia, alcalde de Son Carrió. Se negó a facilitar información sobre el paradero de su marido y fue detenida el 4 de septiembre de 1936. Fue liberada ese mismo día y asesinada poco después.

Magdalena Bassa Galmés, "na Mora", se negó a proporcionar información sobre el paradero de su marido, Jaume Pompeia, alcalde republicano de Son Carrió. Fue detenida el 4 de septiembre de 1936, liberada ese mismo día y asesinada poco después

Mientras tanto, el depósito municipal de Palma se convirtió, desde el golpe de Estado, en una de las primeras estaciones de la maquinaria represiva. Entre el 20 de julio y finales de agosto de 1936, alrededor de 60 vecinos de Palma, hombres y mujeres, pasaron por sus calabozos, la mayoría detenidos simplemente como “sospechosos”. Entre ellos figuran Antoni Perales Hernández y Francesc Veny Nadal, arrestados bajo la acusación de ser “políticos”, y Hellmuth Kaiser, señalado por ser “alemán”. Otros cinco fueron detenidos por secundar la huelga convocada por los sindicatos.

La estancia solía ser breve: la mayoría recuperaba la libertad el mismo día y el resto permanecía allí, como máximo, dos días, antes de ser trasladado principalmente a Can Mir o al castillo de Bellver. El depósito siguió funcionando como centro de detención al menos hasta 1938.

Conventos y hospitales

Mientras tanto, en Palma, el franquismo habilitó como espacios de detención el convento del carrer Missió y el de la Pietat; en Porreres utilizó Cals Hermanos; en Artà, el claustro de los franciscanos; y en Inca, el claustro de Sant Domingo. Incluso los barcos se convirtieron en cárceles: el Cala Gat y el Jaume I fueron empleados como prisiones habilitadas junto a espacios tan distintos como el mercado de Felanitx o el cine Moderno de Inca, donde, tal como consta en los registros de la represión en las islas, fueron retenidos, entre otros, los socialistas Jaume Beltran Munar y Antoni Muntaner Sampol.

También hospitales como los de Manacor, el Provincial de Palma -a donde llegaban presos desde todas las islas, mayoritariamente desde Can Mir o de Formentera- y el hospital militar acogieron a decenas de reclusos. El caso de Bernat Colomar Martorell, también recuperado en la investigación, muestra hasta qué punto el encierro podía acabar destruyendo a los propios presos. Electricista de Inca, tenía 30 años cuando fue condenado a muerte por adhesión a la rebelión, una pena que posteriormente le fue conmutada por 30 años de reclusión. Durante su estancia en Can Mir acabó perdiendo la razón y fue trasladado al manicomio de Palma, donde finalmente murió.

Es Pujol, una finca convertida en campo de presos

Es Pujol, una finca del término de Santanyí, fue también uno de los espacios que el franquismo incorporó a su red de campos de concentración y trabajos forzados. El estudio sitúa allí uno de los enclaves utilizados para recluir a presos durante la Guerra Civil y la posguerra, dentro de un sistema que aprovechó grandes propiedades rurales para concentrar a los cautivos y destinarlos a trabajos.

Sus primeras construcciones se remontan a finales de la Edad Media, aunque la mayor parte de los edificios actuales fueron levantados entre el siglo XVI y comienzos del XX. El 26 de febrero de 1940, sin embargo, el lugar adquirió una función radicalmente distinta: abrió allí un campo de concentración de posguerra. Por este campo pasaron al menos 357 prisioneros del Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores número 39, todos ellos presos de posguerra que habían regresado del exilio. Tras ser clasificados en los principales depósitos de la Península, entre ellos Miranda de Ebro (Burgos) o Miguel de Unamuno (Madrid), fueron distribuidos por distintos puntos de España para realizar trabajos forzados.

Es Pujol, una finca del término de Santanyí, fue también uno de los espacios que el franquismo incorporó a su red de campos de concentración y trabajos forzados. El estudio lo sitúa dentro de un sistema que aprovechó grandes propiedades rurales para concentrar a los cautivos y destinarlos a trabajos

En Es Pujol, su destino estuvo ligado a la construcción de carreteras incluidas en el llamado Circuito Estratégico, entre ellas la carretera de Santanyí a Portocolom. La proximidad del campo a las obras no era casual: el propio proyecto justificaba evitar desplazamientos largos a unos hombres que debían recorrer el trayecto de ida y vuelta cada día. En junio de 1940 llegaron a destinarse 150 hombres a estas obras, mientras que otro destacamento de un centenar de presos fue empleado durante un tiempo en los trabajos del Circuito Estratégico del faro de Cap de Ses Salines y en la construcción del camino militar entre el faro y la batería de Salines.

El presupuesto inicial del campamento, aprobado el 23 de abril de 1940, ascendía a 4.710 pesetas para las denominadas obras mayores. Es Pujol era así mucho más que un lugar de encierro: formaba parte de un sistema que utilizaba a los presos como mano de obra para transformar infraestructuras estratégicas de la isla.

El castillo de Sant Felip

En Menorca, una antigua fortificación del siglo XVI acabó convertida en cárcel. El castillo de Sant Felip, en Maó, fue utilizado como prisión entre abril y noviembre de 1939. Las cartas del preso Jaume Bestard Mateu permiten reconstruir incluso el momento del desalojo: “La noticia de mi traslado a La Mola te había causado gran pesar [...] se tenía que vaciar San Felipe y todos fuimos trasladados aquí en La Mola”. No todos terminaron allí: algunos fueron enviados al Hospital de Sang y otros a la Prisión Provincial de Palma. El propio Hospital de Sang ofrece otra imagen insólita: había sido proyectado como un hospital subterráneo y, al quedar inacabado en 1939, las nuevas autoridades lo transformaron primero en campo de concentración de clasificación y después en prisión.

Una red de represión que ocupó toda la geografía

El nuevo mapa que dibuja el estudio muestra que la represión franquista en Balears no tuvo un único centro ni se limitó a las cárceles. Fue una red que aprovechó edificios existentes, desplazó presos de unos centros a otros y convirtió espacios cotidianos en lugares de encierro. El propio informe considera que la investigación deberá completarse con estudios locales capaces de sacar a la luz otros lugares todavía desconocidos.

Pero quizá los documentos más elocuentes no sean los mapas ni las estadísticas. Son aquellos pequeños rastros que los presos dejaron para demostrar que estuvieron allí: un dibujo hecho sobre papel de fumar, los nombres escritos dentro de una celda, una caricatura escondida en el reverso de un documento, una carta cosida a una camisa o las iniciales grabadas en un pozo de Formentera. La dictadura quiso convertirlos en números. Ellos dejaron, en cambio, sus nombres, sus dibujos y sus palabras.

“A nivel personal, como represaliado, no iré a un espacio declarado como lugar de memoria que sea una comisaría, porque todavía supone un lugar de dolor”. Así se expresa Carles Vallejo, histórico integrante del PSUC y CCOO que en 1970 sufrió 20 días de torturas por su militancia política y sindical en la comisaría de Via Laietana de Barcelona, conocida como 'la casa de los horrores'.

El Gobierno oficializó el pasado 17 de julio la declaración de Via Laietana 43 como “lugar de memoria democrática”. En la misma disposición se recogió que esta denominación “no altera el uso actual” del edificio como sede de la Jefatura Superior de Policía de Catalunya.

El Ejecutivo ha desoído una de las reivindicaciones históricas de los represaliados por el franquismo y ha mantenido a la Policía Nacional en el edificio. Los planes para cesar el uso policial de Via Laietana se remontan al año 2006, con un pacto entre el entonces president, Pasqual Maragall, y el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, pero nunca se han materializado. Ni con Gobiernos del PP ni del PSOE.

Los distintos colectivos de represaliados no se dan por vencidos y han presentado un recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que sostienen que la decisión del Ejecutivo supone “mantener la impunidad”.

La impugnación tiene pocos visos de prosperar, pues se presenta ante la misma secretaría de Estado de Memoria Democrática que justificó mantener la comisaría en el edificio y ensalzó a la Policía “plenamente comprometida con la protección de los derechos y libertades de la ciudadanía”.

“El argumento de que los policías que hay ahora no son los mismos que durante el franquismo no me vale. La Policía tendría que ser la primera en ser consciente de que una comisaría es incompatible con un lugar de memoria”, reflexiona Vallejo.

Las entidades adjuntaron varios informes psicológicos y de especialistas de la Universitat de Barcelona (UB) y la Autònoma de Barcelona (UAB) que justificaban el traslado policial, pero el Gobierno no los mencionó en su resolución. “Es bastante evidente que mientras la Policía siga en Via Laietana la sombra del franquismo seguirá proyectándose sobre ellos. El traslado forma parte de nuestra reparación como represaliados”, expone Vallejo.

La resolución del Ejecutivo ha generado malestar y decepción entre los represaliados y los colectivos de memoria. Las víctimas son conscientes de que el traslado de la comisaría sería casi imposible con un eventual Gobierno de PP y Vox, pero confiaban en una mayor sensibilidad del PSOE y más presión de sus socios parlamentarios para lograrlo.

“El Gobierno tiene un discurso favorable al traslado, pero cuando el balón llega al Ministerio del Interior todo se encalla. Creo que el Gobierno teme a los sindicatos policiales que han hecho de Via Laietana un caballo de batalla en sus negociaciones laborales”, asevera Vallejo en conversación telefónica con este diario.

De todos los espacios de represión franquista de Barcelona, la comisaría de Via Laietana de Barcelona es el que más se le atraganta al PSOE. En cambio, la antigua prisión Modelo, el Camp de la Bota o el castillo de Montjuic se han reconvertido en lugares de memoria.

A día de hoy, la comisaría tiene casi siempre usos institucionales y de oficinas, pues la mayoría de trámites policiales se realizan en la sede de la Policía Nacional de La Verneda. El edificio, además, presenta déficits de climatización. “No pasaría una inspección de Trabajo, querer seguir allí es un 'sostenella y no enmendalla'”, resume Vallejo.

El recurso de los represaliados, que firma el abogado Josep Cruanyes, se ha presentado en nombre de distintas entidades de memoria catalanas: la Comissió de la Dignitat, la Amical Mauthausen, la Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, el Ateneu de Memòria Popular, la Comissió de la Memòria Històrica, la Fundació Cipriano García-CCOO, Irídia y Òmnium Cultural.

El escrito recoge hasta nueve ejemplos internacionales de centros de represión durante dictaduras en países europeos y latinoamericanos que, tras la llegada de la democracia, se reconvirtieron en museos para recordar las torturas. Por ejemplo, la antigua sede de la Stasi en Berlín, la prisión de Pitesti de Rumanía o la ESMA de Buenos Aires.

“No encontramos ningún caso en el mundo de centros de represión política declarados lugares de memoria que sigan prestando servicios de policía o prisión en los mismos términos”, enfatiza el escrito de las entidades. Esta excepcionalidad, agregan, “pone en evidencia” la “incompatibilidad” de mantener a la Policía en Via Laietana y que el edificio sea declarado, al mismo tiempo, lugar de memoria.

Los represaliados recuerdan al Gobierno que, a nivel internacional, la conversión de las celdas de tortura en museos “busca romper y tomar distancia de las instituciones represoras” y “abrir a la ciudadanía” los espacios, algo “materialmente imposible” de conseguir en el caso de Via Laietana con la Policía en el edificio.

El recurso también considera incompleta la declaración de Via Laietana como lugar de memoria, pues la resolución del Gobierno no identifica como espacios a preservar las celdas de detención, las dependencias de los grupos de la Brigada Político Social y las habitaciones donde se practicaban los interrogatorios y las torturas. Los represaliados no se dan por vencidos. “Mientras haya energía, insistiremos”, concluye Vallejo.

Participaron en el “pequeño intento de resistencia” con el que se encontró en la comarca de Terra de Montes, en el interior de la provincia de Pontevedra, el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Tuvieron que huir al monte y terminaron siendo detenidos. Los asesinaron falangistas el 13 de agosto de ese año, tras someterlos a torturas. Y dejaron sus cuerpos bien visibles en la cuneta, con los genitales mutilados, para asegurarse de que el mensaje de terror se iba a extender por la zona. Hoy, en ese punto, una placa los recuerda: “Secundino Bugallo Iglesias. Francisco Arca Valiñas. Morreron por defender as súas ideas republicanas [Murieron por defender sus ideas republicanas]”.

Si en su asesinato hay aspectos especialmente crudos se debe, probablemente, a que ambos eran líderes destacados a nivel local, señala Anjo Torres, vecino de la comarca e integrante del colectivo A Lumieira, que se implica desde hace años en una labor voluntaria para recuperar la memoria de la represión del franquismo en Terra de Montes y que convoca un homenaje a Bugallo y a Arca coincidiendo con el 90 aniversario de su ejecución, el 13 de agosto. Torres indica que, aunque se centra en estos dos dirigentes sindicalistas y militantes de Izquierda Republicana, la intención es que el acto sirva para recordar a todos los hombres y mujeres asesinados o perseguidos durante la guerra y el franquismo.

Secundino Bugallo y Francisco Arca eran canteros y tratantes de ganado. Ambos habían nacido en la década de los 80 del siglo XIX y tenían en común la parroquia de Figueiroa, en Cerdedo (hoy, Cerdedo-Cotobade, en el interior de la provincia de Pontevedra), en donde vivían. También compartían posturas políticas y activismo. Los dos fueron dirigentes de la Sociedad Agraria y de Oficios Varios El Trabajo, integrada en el sindicato CNT y que formaba parte de la federación de agricultores y obreros de Cerdedo, como recoge en uno de sus escritos Calros Solla, uno de los vecinos que, junto al historiador Dionisio Pereira, más ha investigado la represión en Terra de Montes. Bugallo y Arca tuvieron también cargos a nivel local en Izquierda Republicana, el partido que fundó en 1934 Manuel Azaña.

Sus posturas y sus actividades los enfrentaban a los caciques locales, que se mantenían en la zona desde la época de la Restauración. “Destacaron porque eran dirigentes y gente muy implicada”, recalca Torres, que relata que los dos se sumaron al intento de resistencia al golpe de Estado que lideró Franco. Bugallo, añade Solla, se encargó que requisarles las armas, yendo puerta por puerta, a los derechistas más exaltados. Vecinos de Figueiroa se enfrentaron a un destacamento de la Guardia Civil que se había desplazado desde Pontevedra para apresar a las autoridades republicanas. Una parte fueron detenidos, otros escaparon o se ocultaron en el monte. Sus esposas, recuerda Solla, también sufrirán la represión, con continuas coerciones y vejaciones.

Tanto Bugallo como Arca se escondieron y fueron apresados unos días después. Los llevaron al cuartel de la Guardia Civil de Cerdedo. Y en la noche del 12 al 13 de agosto, como en muchos otros puntos de Galicia aquellos días, los pasearon: se los llevaron fuera para matarlos. En su caso, el destino fue el kilómetro 74 de la carretera de Ourense, en donde primero los torturaron y luego los mataron.

Sus cadáveres fueron abandonados, mutilados, en la cuneta. Allí mismo se los encontraron por la mañana los pasajeros de un coche de línea, entre los que estaba la mujer de Arca, que se dirigía a Pontevedra para intentar localizar a su marido. Y ahí, en A Ponte do Barco, es donde ahora se les hace un homenaje anual, en el que llegó a participar un hijo de Francisco Arca, Rogelio Arca, fallecido en 2010 -y que combatió en las filas republicanas-. Él fue quien señaló el lugar exacto y sugirió que una placa recordase lo ocurrido. Ese monumento, instalado en 2006, también ha sufrido ataques, relata Anjo Torres. Dos veces se encontraron con que alguien había arrancado y hecho desaparecer la placa. Ahora la sustituye un monolito con el mensaje grabado en la piedra.

La memoria casi perdida de las Casas do Pobo

El borrado de la II República se extendió también a los espacios que se utilizaban para las reuniones sociales, sindicales o políticas. Fue lo que ocurrió también con las Casas do Pobo que había en Terra de Montes. Anjo Torres indica que estos locales habían empezado a aparecer desde principios del siglo XX. La de Deán, de referencia en la comarca, era la sede de la federación de agricultores y obreros en la que militaban Bugallo y Arca. Se inauguró en 1907, tras una colecta popular para recaudar fondos, y, según recoge Dionisio Pereira, tenía botica y médico. Los falangistas le prendieron fuego y la dejaron en ruinas.

Muchas otras Casas do Pobo corrieron la misma suerte. Anjo Torres señala que lo habitual era que fuesen arrasadas o requisadas por los franquistas. Algunas se perdieron y también se esfumó la noción de lo que eran. Este vecino cuenta que, recabando datos para sus indagaciones, habló con una vecina que decía que recordaba una de esas casas, la de Bugarín, ya en ruinas cuando era niña y solo tenía una vaga idea de que aquello lo había creado la gente de la aldea. El colectivo Lumieira ha ido registrando en una web los datos de estos espacios, en un trabajo que sigue en marcha.

El Govern balear va retre homenatge ahir a la nit al prop de centenasr de civils que van morir sota els bombardejos republicans registrats a Mallorca entre 1936 i 1938. L'acte institucional, celebrat a la capital balear, va tenir lloc, però, tot just quatre mesos després que PP i Vox derogessin la Llei balear de memòria democràtica, el contingut de la qual donava cobertura a aquest tipus de tributs i al reconeixement institucional de les víctimes de la guerra civil i la dictadura franquista.

A la cerimònia hi van assistir els descendents de diverses d'aquelles víctimes, com també la presidenta de l'Executiu autonòmic, Marga Prohens (PP), i altres alts càrrecs conservadors i d'extrema dreta. Cap formació d'esquerres no va ser-hi present, com tampoc Memòria de Mallorca, que havia supeditat la seva presència al fet que el Govern renunciés públicament a la derogació de la llei autonòmica de memòria democràtica, exigència que l'Executiu en cap moment no ha atès. Per la seva banda, el PSIB-PSOE va criticar que el PP pretengui “donar lliçons de memòria” tot just uns mesos després d'haver derogat la norma que empara els drets de les víctimes i “d'haver menyspreat les famílies i les entitats memorialistes”.

Durant l'homenatge, Prohens, que mai no ha expressat una condemna pública específica a les víctimes de la repressió franquista desfermada a les Balears després del cop militar de juliol de 1936 -unes 2.000 persones assassinades- i a les violacions de drets humans comeses durant la dictadura, ha defensat durant l'acte que la societat balear ha pres consciència de la necessitat de “tancar ferides restituint la dignitat” de les persones assassinades durant la guerra civil, reconduint després el seu discurs cap als bombardejos de l'Exèrcit republicà.

“No parlem de víctimes col·laterals. Parlem d'un atac sistemàtic contra població civil, contra una illa que es trobava indefensa amb l'únic objectiu de minar la moral i de forçar la rendició de Mallorca que havia quedat en el bàndol revoltat, però aïllada”, va incidir.

En un altre moment, la presidenta s'ha referit al mur inaugurat aquest dilluns amb els noms de les víctimes, asseverant que la frase inscrita en ell permetrà conservar “per sempre” el record de “les víctimes dels bombardejos republicans a la ciutat de Palma”. No obstant això, la inscripció col·locada al·ludeix de forma genèrica a les “víctimes de la Guerra Civil”, una formulació més àmplia que la utilitzada per la líder autonòmica.

Prohens va posar xifres als atacs aeris dels republicans: entre el juliol i l'agost de 1936, Mallorca va patir 46 bombardejos, dels quals 25 van afectar directament Palma. Durant el conflicte es van produir onze atacs aeris més, especialment intensos el 1937. En total, va dir, els atemptats van causar 97 morts i 224 ferits a tota l'illa. Entre els finats hi havia 32 dones i 17 nens.

La líder autonòmica va al·ludir així mateix al paper de la “llei de fosses -la seva aprovació va complir recentment deu anys-, una norma que, ha recordat, ha permès recuperar ”334 cossos i identificar 67 víctimes“, sense mencionar en cap moment que la mort d'aquestes va ser causada per la repressió franquista, una violència que, com assenyalen els historiadors, ja havia estat planificada mesos abans de la guerra civil i va ser executada per falangistes, militars, autoritats civils, xarxes clientelars de dretes, capellans fins i tot després de finalitzar el conflicte bèl·lic.

Malgrat que la llei de fosses manca de l'abast de la llei de memòria democràtica, que també regulava les polítiques públiques de veritat, reconeixement, divulgació, retirada de simbologia franquista, règim sancionador i garanties de no repetició, Prohens va apel·lar reiteradament a ella i la va reivindicar com el principal instrument de reparació de les víctimes, ignorant la derogació del principal marc legal de memòria de les Illes.

Fa dues setmanes, el Constitucional va admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel Govern central contra la derogació de la norma balear i va acordar suspendre cautelarment la seva aplicació. La decisió de l'alt tribunal implica que la llei continua vigent mentre resol sobre el fons del recurs, en considerar l'Executiu que la seva eliminació podria vulnerar els drets de les víctimes de greus violacions de drets humans.

L'alt càrrec del PP ha asseverat que “la recuperació de les víctimes i de la seva memòria no ha d'anar de bàndols”, insistint que no es tracta de “buscar culpables” ni de recordar els bombardejos “des de l'odi o el revanxisme”, sinó de “recordar amb respecte a cadascuna d'aquestes víctimes i recordar les seves històries i les seves vides truncades i interrompudes per aquests fets” i de treure de l'oblit un episodi que va qualificar de “un dels esdeveniments bèl·lics més durs i alhora més desconeguts de la història tant de Balears com d'Espanya”.

Avançar “sense rancors, bàndols ni divisions”

En cap moment de la seva intervenció Prohens va efectuar una condemna expressa al cop militar de 1936, a la dictadura franquista ni a la repressió exercida durant gairebé quatre dècades. Sí que va apel·lar a la necessitat d'avançar “sense rancors, sense bàndols i sense divisions, sent conscients i tenint presents els errors del passat”, en línia del discurs de populars i extrema dreta, que en altres CCAA també han tombat els seus textos memorialistes, substituïts en alguns casos per 'lleis de la concòrdia' que, sota text d'excusa de “reconciliar” els espanyols en lloc de “reobrir ferides”, equiparen el franquisme amb la democràcia.

El Mur de la Dignitat instal·lat aquest dilluns al Passeig Sagrera és una obra concebuda, exposa el Govern en una nota de premsa, “per transmetre la dualitat entre la destrucció representada per la guerra i l'esperança simbolitzada per la memòria”. “L'ombra evoca el dolor, les absències i la tragèdia que van deixar els atemptats, mentre que la llum representa la memòria permanent de les víctimes, la seva dignitat i el compromís de la societat de no oblidar-les”, prossegueix el comunicat.

La cerimònia va començar amb la lectura, un a un, dels noms i les edats de les 73 víctimes civils identificades dels bombardeigs republicans sobre Palma. Després de l'enumeració, els assistents van guardar un minut de silenci abans que es recordés que el nou Mur de la Dignitat neix amb l'objectiu de reconèixer, reparar i dignificar la memòria de les víctimes i de les seves famílies perquè els seus noms i les seves històries perdurin en el temps.

Tot seguit va intervenir l'historiador Manuel Aguilera, impulsor de la investigació que ha permès identificar les víctimes, qui va afirmar que amb la inauguració del memorial es salda “un deute històric”. Va recordar que les víctimes dels bombardeigs sobre Palma no havien rebut “cap homenatge ni durant els 40 anys de dictadura ni en els 50 de democràcia” i va defensar que “en una democràcia no hi pot haver silencis” perquè “la veritat ha d'estar per sobre de tot”.

Aguilera, autor del llibre Mallorca en llamas. Las víctimas del primer terror aéreo de la Guerra Civil, va repassar a més el context històric dels atacs aeris sobre Mallorca i va assenyalar que Palma va ser una de les primeres ciutats a patir bombardejos sistemàtics contra la rereguarda durant la Guerra Civil. Tot i que els objectius eren inicialment militars, va explicar, les bombes van acabar caient sobre barris obrers i zones comercials, causant nombroses víctimes civils. A continuació va posar rostre a diverses de les persones traspassades relatant les seves històries i va agrair la presència dels seus familiars, abans de concloure que actes com el celebrat constitueixen “una forma de reparació”, ja que les conseqüències de la guerra “de vegades perduren durant generacions”.

El Govern balear rindió anoche homenaje al cerca de centenar de civiles que fallecieron bajo los bombardeos republicanos registrados en Mallorca entre 1936 y 1938. El acto institucional, celebrado en la capital balear, tuvo lugar, sin embargo, apenas cuatro meses después de que PP y Vox derogasen la Ley balear de memoria democrática, cuyo contenido daba cobertura a este tipo de tributos y al reconocimiento institucional de las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista.

A la ceremonia asistieron los descendientes de varias de aquellas víctimas así como la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens (PP), y otros altos cargos conservadores y de extrema derecha. Ninguna formación de izquierdas estuvo presente como tampoco Memòria de Mallorca, que había supeditado su presencia a que el Govern renunciase públicamente a la derogación de la ley autonómica de memoria democrática, exigencia que el Ejecutivo en ningún momento ha atendido. Por su parte, el PSIB-PSOE criticó que el PP pretenda “dar lecciones de memoria” apenas unos meses después de haber derogado la norma que ampara los derechos de las víctimas y de “haber menospreciado a las familias y a las entidades memorialistas”.

Durante el homenaje, Prohens, que nunca ha expresado una condena pública específica a las víctimas de la represión franquista desatada en Balears tras el golpe militar de julio de 1936 -unas 2.000 personas asesinadas- y a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, ha defendido durante el acto que la sociedad balear ha tomado conciencia de la necesidad de “cerrar heridas restituyendo la dignidad” de las personas asesinadas durante la guerra civil, reconduciendo tras ello su discurso hacia los bombardeos del Ejército republicano.

“No hablamos de víctimas colaterales. Hablamos de un ataque sistemático contra población civil, contra una isla que se encontraba indefensa con el único objetivo de minar la moral y de forzar la rendición de Mallorca que había quedado en el bando sublevado pero aislada”, incidió.

En otro momento, la presidenta se ha referido al muro inaugurado este lunes con los nombres de las víctimas, aseverando que la frase inscrita en él permitirá conservar “para siempre” el recuerdo de “las víctimas de los bombardeos republicanos en la ciudad de Palma”. Sin embargo, la inscripción colocada alude de forma genérica a las “víctimas de la Guerra Civil”, una formulación más amplia que la utilizada por la líder autonómica.

Prohens puso cifras a los ataques aéreos de los republicanos: entre julio y agosto de 1936, Mallorca sufrió 46 bombardeos, de los que 25 afectaron directamente a Palma. Durante el conflicto se produjeron once ataques aéreos más, especialmente intensos en 1937. En total, dijo, los atentados causaron 97 muertes y 224 heridos en toda la isla. Entre los fallecidos había 32 mujeres y 17 niños.

La líder autonómica aludió asimismo al papel de la ley de fosas -cuya aprobación cumplió recientemente diez años-, una norma que, ha recordado, ha permitido recuperar “334 cuerpos e identificar a 67 víctimas”, sin mencionar en momento alguno que la muerte de éstas fue causada por la represión franquista, una violencia que, como señalan los historiadores, ya había sido planificada meses antes de la guerra civil y fue ejecutada por falangistas, militares, autoridades civiles, redes clientelares de derechas, capellanes incluso después de finalizar el conflicto bélico.

Pese a que la ley de fosas carece del alcance de la ley de memoria democrática, que también regulaba las políticas públicas de verdad, reconocimiento, divulgación, retirada de simbología franquista, régimen sancionador y garantías de no repetición, Prohens apeló reiteradamente a ella y la reivindicó como el principal instrumento de reparación de las víctimas, obviando la derogación del principal marco legal de memoria de las Islas.

Hace dos semanas, el Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la derogación de la norma balear y acordó suspender cautelarmente su aplicación. La decisión del alto tribunal implica que la ley continúa vigente mientras resuelve sobre el fondo del recurso, al considerar el Ejecutivo que su eliminación podría vulnerar los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

La alto cargo del PP ha aseveró que “la recuperación de las víctimas y de su memoria no debe ir de bandos”, insistiendo en que no se trata de “buscar culpables” ni de recordar los bombardeos “desde el odio o el revanchismo”, sino de “recordar con respeto a cada una de estas víctimas y recordar sus historias y sus vidas truncadas e interrumpidas por estos hechos” y de sacar del olvido un episodio que calificó como “uno de los acontecimientos bélicos más duros y a la vez más desconocidos de la historia tanto de Balears como de España”.

Avanzar “sin rencores, bandos ni divisiones”

En ningún momento de su intervención Prohens efectuó una condena expresa al golpe militar de 1936, a la dictadura franquista ni a la represión ejercida durante casi cuatro décadas. Sí apeló a la necesidad de avanzar “sin rencores, sin bandos y sin divisiones, siendo conscientes y teniendo presentes los errores del pasado”, en línea del discurso de populares y extrema derecha, que en otras CCAA también han tumbado sus textos memorialistas, sustituidos en algunos casos por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia.

El Muro de la Dignidad instalado este lunes en el Passeig Sagrera es una obra concebida, expone el Govern en una nota de prensa, “para transmitir la dualidad entre la destrucción representada por la guerra y la esperanza simbolizada por la memoria”. “La sombra evoca el dolor, las ausencias y la tragedia que dejaron los atentados, mientras que la luz representa la memoria permanente de las víctimas, su dignidad y el compromiso de la sociedad de no olvidarlas”, prosigue el comunicado.

La ceremonia dio comienzo con la lectura, uno a uno, de los nombres y las edades de las 73 víctimas civiles identificadas de los bombardeos republicanos sobre Palma. Tras la enumeración, los asistentes guardaron un minuto de silencio antes de que se recordara que el nuevo Muro de la Dignidad nace con el objetivo de reconocer, reparar y dignificar la memoria de las víctimas y de sus familias para que sus nombres y sus historias perduren en el tiempo.

Acto seguido intervino el historiador Manuel Aguilera, impulsor de la investigación que ha permitido identificar a las víctimas, quien afirmó que con la inauguración del memorial se salda “una deuda histórica”. Recordó que las víctimas de los bombardeos sobre Palma no habían recibido “ningún homenaje ni durante los 40 años de dictadura ni en los 50 de democracia” y defendió que “en una democracia no puede haber silencios” porque “la verdad debe estar por encima de todo”.

Aguilera, autor del libro Mallorca en llamas. Las víctimas del primer terror aéreo de la Guerra Civil, repasó además el contexto histórico de los ataques aéreos sobre Mallorca y señaló que Palma fue una de las primeras ciudades en sufrir bombardeos sistemáticos contra la retaguardia durante la Guerra Civil. Aunque los objetivos eran inicialmente militares, explicó, las bombas acabaron cayendo sobre barrios obreros y zonas comerciales, causando numerosas víctimas civiles. A continuación puso rostro a varias de las personas fallecidas relatando sus historias y agradeció la presencia de sus familiares, antes de concluir que actos como el celebrado constituyen “una forma de reparación”, ya que las consecuencias de la guerra “a veces perduran durante generaciones”.

El Govern balear ha fet públics aquest dimarts els 15 estudis de memòria democràtica encarregats durant la passada legislatura sobre aspectes clau de la repressió franquista a les Illes. Es tracta d'informes inèdits que l'Executiu de Marga Prohens (PP) mantenia sense difondre des que va començar l'actual legislatura, circumstància de la qual elDiario.es va informar en exclusiva el passat mes d'abril.

Els treballs, de gran abast -amb milers de pàgines en conjunt- i de caràcter multidisciplinari -des d'una perspectiva històrica, psicològica i jurídica-, reconstrueixen els episodis menys explorats del cop militar de 1936, la guerra civil i la dictadura franquista i van ser concebuts, de fet, com una de les peces centrals de la política pública de memòria democràtica a Balears. No només van ser encarregats, sinó també executats i remunerats: en total, l'Administració autonòmica ha abonat 218.000 euros als diferents autors sense que les seves investigacions veiessin la llum fins ara.

Les investigacions van ser promogudes per l'anterior Executiu progressista en el marc del IV Pla de Fosses, desenvolupat a l'empara de la llei autonòmica de recuperació de persones desaparegudes durant la guerra civil i el franquisme -més coneguda com a 'llei de fosses'-. D'acord al propi disseny del pla, aquests treballs han de revertir en la societat a través d'exposicions, materials pedagògics i presentacions públiques.

La Conselleria de Presidència, Coordinació de l'Acció de Govern i Cooperació Local ha anunciat la publicació d'aquests informes juntament amb altres cinc treballs, fins a un total de vint investigacions, que ja poden consultar-se a través del portal institucional del Govern. La iniciativa es presenta com una mesura per facilitar l'accés públic a les investigacions realitzades sobre la guerra civil, la repressió franquista i les polítiques de memòria democràtica.

Entre els estudis ara publicats figuren investigacions de caràcter històric, jurídic, antropològic i psicològic, com un informe sobre la resposta de l'Estat espanyol als crims del franquisme des de la perspectiva del dret internacional dels drets humans, així com treballs sobre els refugis antiaeris, els espais de memòria, els arxius de memòria democràtica o la presència de nazis i feixistes italians refugiats a Balears després de la Segona Guerra Mundial.

També aborden qüestions com la relació de l'arxipèlag amb la Vall de Cuelgamuros, els bombardejos durant la guerra civil, l'actualització del cens de víctimes de la repressió franquista, les polítiques memorialistes del franquisme, el desembarcament del capità Bayo, l'exili o el trauma transgeneracional derivat del cop d'estat de 1936.

L'absència de difusió contrastava a més amb els objectius amb què van ser concebuts. Quan l'anterior Govern va presentar el IV Pla de Fosses, va defensar que les investigacions tindrien un retorn social mitjançant exposicions, materials pedagògics i activitats divulgatives, amb el propòsit de consolidar Balears com a referent estatal en polítiques de memòria democràtica.

Una “reivindicació històrica”

Després de conèixer l'anunci, l'associació de Memòria de Mallorca ha celebrat el fet que, “per primera vegada, s'aconsegueix una de les reivindicacions històriques” de l'entitat en publicar-se un cens de víctimes des de la perspectiva del Dret Internacional dels Drets Humans amb la inclusió de la tipologia del delicte comès.

La publicació dels informes arriba en un context de forta controvèrsia al voltant de les polítiques memorialistes de l'Executiu de Prohens. El passat mes de març, el PP i Vox van derogar la Llei balear de Memòria i Reconeixement Democràtics, una decisió que el Govern central ha recorregut davant el Tribunal Constitucional. Aquesta setmana, l'alt tribunal admetia a tràmit el recurs, la qual cosa deixa sense efecte, de forma provisional, l'eliminació de la norma.

Precisament, Memòria de Mallorca assevera que la pretensió d'aquests estudis havia de ser un fonament per desenvolupar la llei balear de memòria mitjançant la realització de reconeixements, actes i divulgació en pro de “garantir els drets a la veritat, la justícia i la reparació” i, especialment, “pedagogia per garantir la no repetició dels fets ocorreguts arran del cop d'estat de 1936”.

Malgrat que -afegeix- nombroses de les incorporacions proposades per l'entitat no han estat acceptades i que l'Executiu del PP “ha fet cas omis” a les mateixes, l'entitat considera que la publicació dels estudis “és un primer pas”. “Després de la notícia [de l'admissió a tràmit] per part del Tribunal Constitucional i la publicació avui dels 20 estudis encarregats per l'anterior Executiu, seguirem vigilants perquè s'apliqui la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de Memòria i Reconeixements Democràtics de Balears”, sentencien des de Memòria de Mallorca.

El Govern balear ha hecho públicos este martes los 15 estudios de memoria democrática encargados durante la pasada legislatura sobre aspectos clave de la represión franquista en las islas. Se trata de informes inéditos que el Ejecutivo de Marga Prohens (PP) mantenía sin difundir desde que arrancó la actualidad legislatura, circunstancia de la que elDiario.es informó en exclusiva el pasado mes de abril.

Los trabajos, de gran alcance -con miles de páginas en conjunto- y de carácter multidisciplinar -a nivel histórico, psicológico y jurídico, entre otros-, reconstruyen los episodios menos explorados del golpe militar de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista y fueron concebidos, de hecho, como una de las piezas centrales de la política pública de memoria democrática en Balears. No solo fueron encargados, sino también ejecutados y remunerados: en total, la Administración autonómica ha abonado 218.000 euros a los distintos autores de los mismos sin que sus investigaciones viesen la luz hasta ahora.

Las investigaciones fueron promovidas por el anterior Ejecutivo progresista en el marco del IV Plan de Fosas, desarrollado al amparo de la ley autonómica de recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo -más conocida como 'ley de fosas'-. De acuerdo al propio diseño del plan, estos trabajos deben revertir en la sociedad a través de exposiciones, materiales pedagógicos y presentaciones públicas.

La Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha anunciado la publicación de estos informes junto con otros cinco trabajos, hasta un total de veinte investigaciones, que ya pueden consultarse a través del portal institucional del Govern. La iniciativa se presenta como una medida para facilitar el acceso público a las investigaciones realizadas sobre la guerra civil, la represión franquista y las políticas de memoria democrática.

Entre los estudios ahora publicados figuran investigaciones de carácter histórico, jurídico, antropológico y psicológico, entre ellas un informe sobre la respuesta del Estado español a los crímenes del franquismo desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, así como trabajos sobre los refugios antiaéreos, los espacios de memoria, los archivos de memoria democrática o la presencia de nazis y fascistas italianos refugiados en Balears tras la Segunda Guerra Mundial.

También abordan cuestiones como la relación del archipiélago con el Valle de Cuelgamuros, los bombardeos durante la guerra civil, la actualización del censo de víctimas de la represión franquista, las políticas memorialistas del franquismo, el desembarco del capitán Bayo, el exilio o el trauma transgeneracional derivado del golpe de Estado de 1936.

La ausencia de difusión contrastaba además con los objetivos con los que fueron concebidos. Cuando el anterior Govern presentó el IV Plan de Fosas, defendió que las investigaciones tendrían un retorno social mediante exposiciones, materiales pedagógicos y actividades divulgativas, con el propósito de consolidar a Balears como referente estatal en políticas de memoria democrática.

Una “reivindicación histórica”

Tras conocer el anuncio, la asociación de Memòria de Mallorca ha celebrado el hecho de que, “por primera vez, se logra una de las reivindicaciones históricas” de la entidad al publicarse un censo de víctimas desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos con la inclusión de la tipología del delito cometido.

La publicación de los informes llega en un contexto de fuerte controversia en torno a las políticas memorialistas del Ejecutivo de Prohens. El pasado mes de marzo, PP y Vox derogaron la Ley balear de Memoria y Reconocimiento Democráticos, una decisión que el Gobierno central ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. Esta semana, el alto tribunal admitía a trámite el recurso, lo que deja sin efecto, de forma provisional, la eliminación de la norma.

Precisamente, Memòria de Mallorca asevera que la pretensión de estos estudios debía ser un fundamento para desarrollar la ley balear de memoria mediante la realización de reconocimientos, actos y divulgación en aras a “garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación” y, en especial, “pedagogía para garantizar la no repetición de los hechos ocurridos raíz del golpe de estado de 1936”.

A pesar de que -apostilla- numerosas de las incorporaciones propuestas por la entidad no han sido aceptadas y de que el Ejecutivo del PP “ha hecho caso omiso” a las mismas, la entidad considera que la publicación de los estudios “es un primer paso”. “Tras la noticia [de la admisión a trámite] por parte del Tribunal Constitucional y la publicación hoy de los 20 estudios encargados por el anterior Ejecutivo, seguiremos vigilantes para que se aplique la Ley 2/2018, de 13 de abril, de Memoria y Reconocimientos Democráticos de Balears”, sentencian desde Memòria de Mallorca.

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel president del Govern espanyol contra la derogació de la Llei balear de memòria i reconeixement democràtics.

La decisió suposa, de manera provisional, deixar sense efecte la derogació aprovada el març passat amb els vots de PP i Vox. Serà el mateix Tribunal Constitucional qui haurà de pronunciar-se ara sobre el fons del recurs i decidir si la derogació s'ajusta o no a la Constitució.

La norma, aprovada el 2018, va articular un marc institucional per investigar els crims del franquisme i promoure el reconeixement públic de les persones represaliades després del cop militar de 1936. En el seu recurs, l'Executiu central assenyala que l'eliminació de la llei suposa una vulneració dels articles 15 i 10.1 de la Constitució, en suprimir l'estatut jurídic de les víctimes de greus vulneracions dels drets humans, a més de dificultar el compliment de la legislació estatal en matèria de memòria democràtica.

Així mateix, considera que la llei podria envair competències estatals, vulnerar el principi de col·laboració entre administracions i infringir els principis de seguretat jurídica i d'interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics.

La derogació de la Llei de memòria democràtica va ser un dels principals acords assolits entre el PP i Vox durant l'actual legislatura i va provocar un ampli rebuig d'associacions memorialistes, familiars de víctimes i organitzacions de drets humans. Tot i que el desembre de 2024 els populars varen assolir insòlit pacte amb els partits d'esquerres per no suprimir la normativa balear, només mig any després varen incomplir el seu compromís en pactar novament amb Vox la seva eliminació a canvi d'assegurar-se el suport dels de Santiago Abascal per poder tirar endavant els pressupostos autonòmics de 2025.

El març passat, lluny d'expressar cap mena de condemna a la sublevació feixista i a les violacions de drets humans comeses durant la dictadura, PP i Vox varen sumar els seus vots per derogar una norma que rebutja expressament “qualsevol totalitarisme i règim antidemocràtic”.

Entre altres fites, la Llei balear de memòria democràtica ha permès delimitar i ampliar la consideració de víctimes de la Guerra Civil i la dictadura: no només ha fet possible reconèixer persones represaliades directament, sinó també organitzacions socials, professionals o culturals, partits polítics, sindicats, lògies maçòniques, moviments feministes o col·lectius LGTBI, així com víctimes de bombardejos, nadons robats o persones perseguides per motius ideològics.

A l'empara d'aquesta normativa també es va declarar la nul·litat de ple dret de totes les sentències i resolucions dictades per motius polítics en causes penals, civils o administratives durant la dictadura a les Illes, una mesura simbòlica destinada a reparar jurídicament les persones condemnades pels tribunals franquistes. La llei també va introduir mesures en l'àmbit educatiu per garantir la transmissió d'aquest període històric a les noves generacions. Entre altres disposicions, establia la incorporació de la memòria democràtica als currículums escolars, l'impuls de programes pedagògics sobre el conflicte bèl·lic i el règim franquista, així com activitats de recerca i divulgació en col·laboració amb centres educatius i universitats.

La suspensió de la derogació es produeix després que l'Executiu central invoqués l'article 161.2 de la Constitució, que permet paralitzar automàticament una disposició autonòmica quan el Govern espanyol interposa un recurs d'inconstitucionalitat. La mesura tindrà efectes des del 9 de juny per a les parts del procediment i des de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat per a tercers.

La resolució del Tribunal Constitucional encara no entra a valorar la constitucionalitat de la llei, però garanteix que la derogació romandrà suspesa mentre el tribunal estudia el recurs presentat pel Govern espanyol.

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno contra la derogación de la Ley balear de memoria y reconocimiento democráticos de Balears.

La decisión supone, de forma provisional, dejar sin efecto la derogación aprobada el pasado mes de marzo con los votos de PP. Será el propio Constitucional el que deba pronunciarse ahora sobre el fondo del recurso y decidir si la derogación se ajusta o no a la Carta Magna.

La norma, aprobada en 2016, articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936. En su recurso, el Ejecutivo central señala que la eliminación de la ley supone una vulneración de los artículos 15 y 10.1 de la Constitución, al eliminar el estatuto jurídico de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, además de dificultar el cumplimiento de la legislación estatal en materia de memoria democrática.

Asimismo, considera que la ley podría invadir competencias estatales, quebrantar el principio de colaboración entre administraciones y vulnerar los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

La derogación de la Ley de memoria democrática fue uno de los principales acuerdos alcanzados entre PP y Vox durante la presente legislatura y provocó un amplio rechazo de asociaciones memorialistas, familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos. A pesar de que en diciembre de 2024 los conservadores alcanzaron un insólito pacto con los partidos de izquierdas para no suprimir la normativa balear, tan solo medio año después incumplieron su compromiso al pactar nuevamente con Vox su eliminación a cambio de granjearse el apoyo de los de Santiago Abascal para poder sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025.

En marzo, lejos de expresar cualquier tipo de condena a la sublevación fascista y a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, PP y Vox sumaron sus votos para echar abajo un documento que rechaza expresamente “cualquier totalitarismo y régimen antidemocrático”.

Entre otros hitos, la ley balear de memoria democrática ha permitido delimitar y ampliar la consideración de víctimas de la guerra civil y la dictadura: no solo ha posibilitado reconocer a personas represaliadas directamente, sino también a organizaciones sociales, profesionales o culturales, partidos políticos, sindicatos, logias masónicas, movimientos feministas o colectivos LGTBI, además de víctimas de bombardeos, bebés robados o personas perseguidas por motivos ideológicos.

Bajo el amparo de esta normativa también se declaró la nulidad de pleno derecho de todas las sentencias y resoluciones dictadas por razones políticas en causas penales, civiles o administrativas durante la dictadura en las islas, una medida simbólica destinada a reparar jurídicamente a quienes fueron condenados por tribunales franquistas. La ley también introdujo medidas en el ámbito educativo para garantizar la transmisión de este periodo histórico a las nuevas generaciones. Entre otras disposiciones, establecía la incorporación de la memoria democrática en los currículos escolares, el impulso de programas pedagógicos sobre el conflicto bélico y el régimen franquista, así como actividades de investigación y divulgación en colaboración con centros educativos y universidades.

La suspensión de la derogación se produce después de que el Ejecutivo invocara el artículo 161.2 de la Constitución, que permite paralizar automáticamente una disposición autonómica cuando el Gobierno interpone un recurso de inconstitucionalidad. La medida tendrá efectos desde el 9 de junio para las partes del procedimiento y desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado para terceros.

La resolución del Constitucional no entra todavía a valorar la constitucionalidad de la ley, pero garantiza que la derogación permanecerá suspendida mientras el tribunal estudia el recurso presentado por el Gobierno.

Balears no ha facilitat a la Comissió Tècnica de la Llei de Memòria Democràtica informació qualitativa sobre les indemnitzacions concedides per reparar econòmicament les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista, tal com consta en un informe fet públic aquest dijous per aquest òrgan, encarregat d'avaluar les mesures de reparació impulsades per les diferents administracions públiques.

El document analitza les iniciatives desenvolupades per diverses comunitats autònomes per complementar les compensacions estatals a les persones represaliades per motius polítics. Tanmateix, en el cas de Balears -igual que passa a Aragó, Euskadi, Extremadura, Cantàbria, Castella i Lleó, La Rioja, Madrid, Múrcia i la Comunitat Valenciana— la comissió no ha rebut informació suficient per determinar quantes persones van ser indemnitzades ni quines quantitats van percebre.

El Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica matisa que aquesta absència de dades no implica necessàriament que no s'hagin desenvolupat actuacions de reparació econòmica, sinó que la informació no estava disponible o no va ser remesa a la comissió.

L'informe, el contingut del qual recull Europa Press, revela a més una notable desigualtat territorial en les polítiques de compensació. Catalunya encapçala amb diferència el volum d'ajudes autonòmiques, amb més de 52,7 milions d'euros destinats a complementar les indemnitzacions estatals a més de 22.500 víctimes del franquisme. Andalusia figura en segon lloc, amb més de 9,4 milions d'euros repartits entre 2.522 beneficiaris, mentre que Astúries supera els 3,4 milions d'euros en ajudes.

La publicació d'aquestes dades coincideix amb un moment especialment sensible per a les polítiques memorialístiques a Balears. El març passat, el Parlament va derogar la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics amb els vots del PP i Vox, una decisió que el Govern central ha anunciat que recorrerà davant el Tribunal Constitucional en considerar que pot vulnerar els drets de les víctimes.

Malgrat això, la Llei de Fosses continua vigent a la comunitat autònoma. Gràcies a aquesta normativa, aprovada el 2016, s'han impulsat exhumacions i identificacions de víctimes del franquisme mitjançant tècniques arqueològiques i genètiques, convertint Balears en un dels territoris amb més activitat en la localització i recuperació de desapareguts.

D'altra banda, l'Executiu central ha anunciat també un conjunt de propostes de reparació simbòlica dirigides al poble gitano després de segles de discriminació institucional i exclusió social.

Entre les recomanacions figura la celebració d'un congrés específic sobre la memòria històrica del poble gitano i l'organització d'un gran acte d'Estat al Congrés dels Diputats amb la presència del rei Felip VI. L'objectiu seria reconèixer públicament la persecució patida per aquesta comunitat i avançar en una reparació simbòlica d'unes vulneracions de drets que, segons conclou l'informe, es van prolongar durant segles i també van arribar al franquisme.

L'estudi, elaborat per la comissió de treball sobre memòria i reconciliació amb el poble gitano, repassa episodis com la Gran Batuda de 1749, definida com un intent d'extermini burocràtic de la població gitana, i documenta la vigilància i persecució que va continuar durant la dictadura franquista. Els experts conclouen que l'antigitanisme ha estat un fenomen estructural a Espanya i recomanen reforçar les mesures educatives, institucionals i de reconeixement públic per combatre'n els efectes actuals.

La proposta s'afegeix a altres actes institucionals celebrats en els darrers anys per visibilitzar la història i les aportacions del poble gitano. El 2025, amb motiu del 600è aniversari de la seva arribada a la Península, els Reis van presidir al Congrés un homenatge en què Felip VI va reclamar una “plena integració” de la comunitat gitana i va denunciar la persistència de la discriminació.