La aplicación práctica de la Ley de Memoria Democrática dará un paso inédito en Cádiz el próximo 17 de junio. Ese día comenzarán en los juzgados de San José las primeras vistas destinadas a declarar ilegítimas y nulas las condenas y represalias sufridas por cinco víctimas del franquismo, en unos procedimientos impulsados por la Asociación para la Recuperación y la Divulgación de la Memoria Histórica en Cádiz y la Fiscalía de Memoria Democrática. Es un paso que los colectivos memorialistas consideran histórico porque abre una vía judicial novedosa para reparar, aunque sea simbólicamente, a quienes fueron represaliados tras el golpe militar de julio de 1936.

No habrá acusados en el banquillo ni responsabilidades penales que depurar. Lo que se juzgará será la posibilidad de que el Estado reconozca oficialmente que cinco víctimas de la represión franquista nunca debieron ser perseguidas, condenadas o castigadas. La iniciativa parte de la Fiscalía de Memoria Democrática de Cádiz, creada al amparo de la legislación estatal aprobada en 2022.

Según explica el presidente de la Asociación para la Recuperación y Divulgación de la Memoria Histórica de Cádiz, Felipe Barbosa, el origen de estos procedimientos se remonta a una reunión celebrada en otoño de 2024 con el entonces recién nombrado fiscal de Memoria, José Miguel Ruiz de Molina. Los memorialistas plantearon entonces una cuestión evidente: si la persecución penal de los responsables era ya imposible por el tiempo transcurrido, ¿qué mecanismos quedaban para hacer justicia?

La respuesta fue explorar la vía de los expedientes de jurisdicción voluntaria. Un procedimiento civil que permite revisar y declarar ilegítimas las actuaciones represivas sufridas por determinadas personas durante la dictadura. El objetivo no es castigar a nadie, sino restaurar oficialmente el honor y la dignidad de quienes fueron convertidos en enemigos por defender la legalidad republicana o por su actividad profesional, sindical o política.

“Fueron asesinados, apartados de sus trabajos, humillados, y sus familias tuvieron que pasar un calvario muy grande”, resume Barbosa. Lo que se busca ahora es “recuperar su anterior estatus profesional y familiar”.

Una represión sistemática

Los colectivos memorialistas ven en estas vistas la apertura de una vía judicial que nunca existió para cientos de represaliados gaditanos. Durante décadas, historiadores, investigadores y familiares han reconstruido sus historias en libros, archivos y testimonios. Ahora será un juez quien reciba esa documentación, la incorpore a un procedimiento y determine institucionalmente que aquellas condenas y represalias fueron ilegítimas.

La historia de estos expedientes comienza en una provincia donde la violencia franquista se desplegó con rapidez tras el golpe militar de julio de 1936. Cádiz fue una de las primeras ciudades en caer en manos de los sublevados. La resistencia apenas pudo sostenerse durante unas horas. Hubo barricadas, enfrentamientos armados, el Gobierno Civil cercado y el Ayuntamiento convertido en uno de los objetivos prioritarios de los golpistas. Después llegó la represión sistemática. Historiadores como José Luis Gutiérrez Molina han documentado cómo jueces, abogados y fiscales militarizados instruyeron en 1937 un total de 456 procedimientos sumarísimos de urgencia que afectaron a unas 1.300 personas. Muchos otros represaliados nunca llegaron siquiera a tener un juicio formal.

Los cinco casos seleccionados pretenden representar distintas formas de esa represión. Uno de ellos es Mariano Zapico, gobernador civil de Cádiz cuando se produjo el golpe de Estado. Como máxima autoridad del Gobierno de la República en la provincia, intentó coordinar la resistencia frente a los militares sublevados. Su caso simboliza el derrumbe violento de las instituciones democráticas y la persecución de quienes intentaron mantener la legalidad constitucional en aquellos días decisivos de julio de 1936. Barbosa lo define como la figura que trató de organizar la respuesta de ciudadanos y fuerzas leales frente a unos golpistas que contaban con una aplastante superioridad militar.

El diputado y el médico

Junto a él figura Manuel Muñoz Martínez, probablemente el dirigente republicano más relevante de la provincia de Cádiz durante la II República. Diputado en Cortes y una de las figuras políticas más influyentes del republicanismo gaditano, su incorporación a estas diligencias ha sido promovida también por su familia, encabezada por su nieta Lola Esteban. Su caso representa la persecución contra quienes encarnaron el proyecto político derrotado por la fuerza de las armas.

La historia más detalladamente documentada es quizás la de Pablo Bauzano Guillén. Nacido en Chipiona en 1904, médico municipal, miembro de Izquierda Republicana y masón desde 1927, fue jefe del Servicio de Desinfección de la Beneficencia Municipal de Cádiz. Tras el golpe siguió atendiendo a heridos en la Casa de Socorro. Primero fue sometido a arresto domiciliario y después detenido de nuevo. Entre los hechos utilizados contra él figuraba la escucha de emisoras gubernamentales a través de un aparato de radio instalado en el Parque de Desinfección Municipal.

Aquellas acusaciones desembocaron en un consejo de guerra celebrado en mayo de 1937. Bauzano fue condenado a muerte por “rebelión militar”, una paradoja jurídica que convirtió en rebeldes a quienes permanecieron fieles al Gobierno legítimo. La sentencia fue anulada por defectos formales, pero la persecución continuó. Volvió a ser juzgado, fue condenado por el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, sometido a un expediente de responsabilidades políticas y depurado profesionalmente. Su trayectoria resume el funcionamiento de una maquinaria represiva que no se limitó a los fusilamientos, sino que buscó la exclusión social, profesional y económica de los vencidos.

El capitán y el sindicalista

Otro de los expedientes corresponde a Julio Ramos Hermoso, capitán de Artillería destinado en Cádiz. Fue condenado a seis años de prisión. Su presencia en estas vistas recuerda que la represión también alcanzó a militares que permanecieron leales a la República y que fueron castigados precisamente por no secundar el golpe.

La quinta historia es la de José Díaz Díaz, secretario del metal de UGT de Cádiz. Fue asesinado y se ha convertido en el representante simbólico de miles de trabajadores, sindicalistas y dirigentes obreros perseguidos tras el triunfo de los sublevados. Su nombre lleva ahora ante los tribunales la memoria de un movimiento obrero que sufrió una de las represiones más intensas de toda la provincia.

Felipe Barbosa reconoce el carácter simbólico de estos procedimientos, pero rechaza que se trate únicamente de un gesto. Él y miembros de la asociación comparecerán como testigos para ratificar la documentación histórica aportada a la Fiscalía. También participarán familiares de las víctimas. El objetivo es que los tribunales declaren la ilegalidad y la ilegitimidad de las sanciones y condenas impuestas a estas personas y que esa declaración sirva de precedente para otros muchos casos.

La importancia de lo que ocurrirá el 17 de junio reside precisamente ahí. Durante décadas, estas historias sobrevivieron en archivos, investigaciones académicas y recuerdos familiares. Ahora pasarán a formar parte de un procedimiento judicial. La aspiración de quienes han impulsado el proceso es sencilla y ambiciosa al mismo tiempo: que un juez afirme oficialmente que aquellas personas no fueron culpables de nada. Fueron víctimas. Que se haga justicia, aunque sea 90 años después.

El Govern central portarà davant del Tribunal Constitucional la derogació de la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Balears, suprimida el passat mes de març per PP i Vox. La norma, aprovada el 2016, va articular un marc institucional per investigar els crims del franquisme i el reconeixement públic dels qui van ser represaliats després del cop militar de 1936. Segons ha defensat el Consell de Ministres, l'eliminació de la llei autonòmica suposa una vulneració dels drets de les víctimes del franquisme i dificulta el compliment de la legislació estatal en matèria de memòria democràtica.

La portaveu de l'Executiu espanyol, Elma Saiz, ha anunciat aquest dimarts la interposició del recurs després que fracassassin les negociacions obertes amb el Govern balear per intentar revertir la derogació del text, que preveia mesures com l'elaboració d'un cens de símbols franquistes per facilitar-ne la retirada, la prohibició d'actes d'exaltació de la dictadura, la conservació d'arxius vinculats a la memòria democràtica i la garantia d'accés a la documentació relacionada amb la repressió franquista.

El Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, dirigit per Ángel Víctor Torres, va oferir al Govern obrir una via de negociació per restituir la llei. Tanmateix, les converses no varen fructificar i l'Executiu central ha optat finalment per acudir al Constitucional amb la intenció, a més, que la suspensió de la derogació es pugui aplicar de manera cautelar mentre es resol el procediment.

El Govern sosté que la decisió compta amb l'aval del Consell d'Estat, que considera que la supressió de la norma balear vulnera el deure de col·laboració de les comunitats autònomes en el desplegament de la Llei estatal de Memòria Democràtica. L'òrgan consultiu entén, a més, que la derogació afecta drets fonamentals relacionats amb la dignitat de les persones i la integritat moral de les víctimes.

L'ofensiva judicial contra la decisió adoptada a les Balears s'emmarca en la línia ja iniciada per l'Executiu de Pedro Sánchez amb comunitats autònomes com Comunitat Valenciana, Aragó i Cantàbria, les normatives de memòria històrica de les quals han estat substituïdes per “lleis de la concòrdia” que, amb el pretext de “reconciliar” els espanyols en lloc de “reobrir ferides”, equiparen el franquisme amb la democràcia, mentre manté negociacions sobre iniciatives impulsades en altres territoris com Extremadura.

El Govern central considera que aquests textos “blanquegen la dictadura franquista, neguen l'existència del cop d'Estat com a causant de la Guerra d'Espanya de 1936 a 1939, pretenen que no es conegui la veritat del que va succeir i, el que és pitjor, condemnen les víctimes novament a l'oblit”. Així mateix, sosté que aquestes reformes mantenen aspectes vinculats a les exhumacions però eliminen elements essencials relacionats amb el dret a la veritat, la reparació i les garanties de no repetició.

L'esquerra celebra la impugnació

La decisió ha estat celebrada pels grups d'esquerra a les Balears. El portaveu del PSIB-PSOE al Parlament, Iago Negueruela, ha acusat la presidenta autonòmica, Marga Prohens (PP), d'haver cedit davant Vox, defensant que el recurs suposa un fre a l'extrema dreta i assegurant que, si el Constitucional admet la impugnació i acorda mesures cautelars, la derogació podria quedar suspesa i la llei autonòmica tornaria temporalment a estar vigent.

També Més per Mallorca ha acollit positivament l'anunci. La diputada Maria Ramon ha assenyalat que recuperar la norma és especialment rellevant quan es compleixen deu anys de l'aprovació de la llei de fosses de les Balears, i ha defensat que ambdues legislacions formen part d'una mateixa política pública destinada al reconeixement i la reparació de les víctimes.

Vox, per contra, ha carregat durament contra la iniciativa de l'Executiu estatal. La seva portaveu parlamentària, Manuela Cañadas, ha qualificat el recurs de “rebequeria” i ha qüestionat que el Govern pugui impedir que una majoria parlamentària autonòmica derogui una llei aprovada pel Parlament. La diputada ha titllat, a més, d'“antidemocràtica” la possibilitat que la derogació quedi suspesa cautelarment i ha insistit que la norma eliminada era, al seu parer, “injusta i sectària”.

La derogació de la Llei de Memòria Democràtica va ser aprovada definitivament pel Parlament el març passat i va entrar en vigor després de la seva publicació al BOE el 10 d'abril. La mesura va formar part de les exigències plantejades per Vox al PP durant la legislatura i va convertir les Balears en una de les comunitats autònomes on l'agenda memorialista impulsada pel Govern central ha patit un major retrocés institucional.

El Gobierno central llevará ante el Tribunal Constitucional la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Balears, suprimida el pasado mes de marzo por PP y Vox. La norma, aprobada en 2016, articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936. Según ha defendido el Consejo de Ministros, la eliminación de la ley autonómica supone una vulneración de los derechos de las víctimas del franquismo y dificulta el cumplimiento de la legislación estatal en materia de memoria democrática.

La portavoz del Ejecutivo español, Elma Saiz, ha anunciado este martes la interposición del recurso después de que fracasaran las negociaciones abiertas con el Govern balear para intentar revertir la derogación del texto, que contemplaba medidas como la elaboración de un censo de símbolos franquistas para facilitar su retirada, la prohibición de actos de exaltación de la dictadura, la conservación de archivos vinculados a la memoria democrática y la garantía de acceso a la documentación relacionada con la represión franquista.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, ofreció al Govern abrir una vía de negociación para restituir la ley. Sin embargo, las conversaciones no fructificaron y el Ejecutivo central ha optado finalmente por acudir al Constitucional con la intención además de que la suspensión de la derogación pueda aplicarse de forma cautelar mientras se resuelve el procedimiento.

El Gobierno sostiene que la decisión cuenta con el aval del Consejo de Estado, que considera que la supresión de la norma balear vulnera el deber de colaboración de las comunidades autónomas en el desarrollo de la Ley estatal de Memoria Democrática. El órgano consultivo entiende además que la derogación afecta a derechos fundamentales relacionados con la dignidad de las personas y la integridad moral de las víctimas.

La ofensiva judicial contra la decisión adoptada en Balears se enmarca en la senda ya iniciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con autonomías como Comunitat Valenciana, Aragón y Cantabria, cuyas normativas de memoria histórica han sido sustituidas por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia, mientras mantiene negociaciones sobre iniciativas impulsadas en otros territorios como Extremadura. El Gobierno considera que estos textos “blanquean la dictadura franquista, niegan la existencia del golpe de Estado como causante de la Guerra de España de 1936 a 1939, pretenden que no se conozca la verdad de lo que ocurrió y, lo que es peor, condenan a las víctimas de nuevo al olvido”. Asimismo, sostiene que estas reformas mantienen aspectos vinculados a las exhumaciones pero eliminan elementos esenciales relacionados con el derecho a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.

La izquierda celebra la impugnación

La decisión ha sido celebrada por los grupos de izquierda en Balears. El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, ha acusado a la presidenta autonómica, Marga Prohens (PP), de haber cedido ante Vox, defendiendo que el recurso supone un freno a la extrema derecha y aseverando que, si el Constitucional admite la impugnación y acuerda medidas cautelares, la derogación podría quedar suspendida y la ley autonómica volvería temporalmente a estar en vigor.

También Més per Mallorca ha acogido positivamente el anuncio. La diputada Maria Ramon ha señalado que recuperar la norma es especialmente relevante cuando se cumplen diez años de la aprobación de la ley de fosas de Baleares, y ha defendido que ambas legislaciones forman parte de una misma política pública destinada al reconocimiento y reparación de las víctimas.

Vox, por el contrario, ha cargado duramente contra la iniciativa del Ejecutivo estatal. Su portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas, ha calificado el recurso de “pataleta” y ha cuestionado que el Gobierno pueda impedir que una mayoría parlamentaria autonómica derogue una ley aprobada por el Parlament. La diputada ha tildado además de “antidemocrática” la posibilidad de que la derogación quede suspendida cautelarmente y ha insistido en que la norma eliminada era, a su juicio, “injusta y sectaria”.

La derogación de la Ley de Memoria Democrática fue aprobada definitivamente por el Parlament el pasado marzo y entró en vigor tras su publicación en el BOE el 10 de abril. La medida formó parte de las exigencias planteadas por Vox al PP durante la legislatura y convirtió a Balears en una de las comunidades donde la agenda memorialista impulsada por el Gobierno central ha sufrido un mayor retroceso institucional.

Casi noventa años después de que el miedo y el silencio se instalaran en Zarza la Mayor, en la provincia de Cáceres, los pozos de la antigua explotación de fosforita vuelven a convertirse en un lugar de búsqueda y memoria. En este enclave, tras el golpe de Estado de julio de 1936, las fuerzas franquistas ejecutaron y arrojaron a una veintena de vecinos de la zona y de municipios cercanos. En la actualidad, un grupo multidisciplinar de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la Universidad de Extremadura, con el respaldo de la Diputación cacereña, afronta una labor técnica de enorme dificultad para recuperar los cuerpos y restituir la dignidad de sus familias.

Tras décadas marcadas por mutismos, relatos orales y movilizaciones, las intervenciones arqueológicas iniciadas hace tres años en este paraje lograron un avance relevante el pasado octubre, cuando se localizaron restos humanos en la fosa situada bajo 300 toneladas de roca, a 36 metros de profundidad. Junto a los huesos aparecieron monedas, una cartera, un mechero y la suela de un zapato, además de otros efectos personales. No obstante, durante los últimos días no han surgido nuevas pistas, aunque los especialistas continuarán trabajando hasta el domingo con la esperanza de hallar más evidencias y culminar la recuperación de quienes fueron asesinados, un anhelo que sus descendientes mantienen con firmeza.

Del éxito de la cota 36 al vacío del pozo 3

En este nuevo intento, la búsqueda de las víctimas de La Paloma se ha vuelto a estructurar en torno a las investigaciones del historiador Julián Chaves. El plan original contemplaba la prospección de tres conductos de ventilación y pozos verticales que conectan con galerías subterráneas orientadas de norte a sur.

Los primeros trabajos en el Pozo 1 arrojaron un resultado esperanzador: tras remover toneladas de sedimentos y descender hasta una cota de 36 metros de profundidad, los técnicos de Aranzadi localizaron objetos personales y recuperaron los cuerpos de varias personas aún sin identificar. Aquel hallazgo confirmó de manera científica que la “leyenda” de la mina de La Paloma era una terrible realidad histórica.

Sin embargo, el número de cuerpos recuperados en el primer pozo fue inferior al esperado, lo que obligó a ampliar el radio de acción. El equipo se trasladó en esta nueva operación al Pozo 3, la estructura con un acceso más cómodo por su cercanía a la carretera, donde se sospechaba que también podían haberse arrojado cuerpos. “Empezamos a excavar a -19 metros. Hemos llegado a -26 metros de profundidad y no hay nada; hemos alcanzado el fin de la mina”, explica Asier Izaguirre Pasabán, técnico y especialista en progresión vertical de Aranzadi. “Una pena que no estén allí, pero al menos se confirma y se descarta definitivamente ese lugar”.

La batalla contra el agua en el Pozo 2: una repisa a cinco metros

Con el Pozo 3 descartado, todas las expectativas se centran ahora en el Pozo 2, una chimenea minera vertical que el equipo ha encontrado completamente inundada en todas sus visitas anteriores. Para poder acceder a ella, los técnicos han tenido que meter bombas de extracción y evacuar unos 500 metros cúbicos de agua —el equivalente a 500 cubos de un metro de lado—, aunque todavía queda una lámina de agua por retirar antes de poder excavar el lodo del fondo.

La gran esperanza del equipo radica en un hallazgo estructural inesperado en este pozo. Aunque la vertical del conducto debería caer directamente a 25 metros de profundidad, las tareas de vaciado han revelado una repisa de roca a tan solo 5 metros del brocal. “La esperanza que tenemos es que, si echaron los cuerpos por este pozo, rebotaran en esa repisa a 5 metros antes de caer al agua profunda”, detalla Izaguirre. Aunque los procesos de descomposición y las corrientes de agua suelen desplazar los restos hacia zonas más profundas y estrechas, el equipo confía en encontrar algún indicio óseo o pertenencia personal atrapada en este saliente rocoso antes de que expire la campaña actual el próximo domingo.

El compromiso de un voluntario de altura

La presencia de Asier Izaguirre en las exhumaciones más complejas del país no es casual. Formado en la cultura de la montaña vasca, Izaguirre compaginó durante años el himalayismo profesional junto a Edurne Pasabán y el soporte técnico en altura de expediciones de élite, con su labor de campo en Aranzadi. No obstante, su implicación en Zarza la Mayor responde a una vocación puramente humanitaria.

“Yo no me dedico a esto profesionalmente; pero colaboro como socio activo”, aclara Izaguirre, quien ha trabajado durante años en la poda de árboles de gran altura y actualmente instala líneas de vida en edificios, sistemas de anclaje anticaídas que protegen a los trabajadores que realizan tareas en altura en fachadas, cubiertas y tejados, evitando caídas mortales. “Cojo las vacaciones de mi trabajo para venir aquí a colaborar de manera voluntaria”. Su relación con Zarza comenzó en 2021, cuando visitó el terreno junto a los directores del proyecto, Paco Echeverria y Lourdes Herrasti, confirmando la viabilidad de una operación que hoy encara su fase más decisiva. “Cada vez que venimos a Zarza es una pasada; la gente del pueblo nos trata de manera espectacular y no nos han dejado cenar solos ni un solo día”.

Tensión política y seguridad bajo tierra

Los trabajos en la mina de La Paloma avanzan rodeados de una notable tensión política a la que nadie es ajeno. Recientemente, el pleno de la Asamblea de Extremadura aprobó, con los votos de PP y Vox, la denominada 'Ley de Concordia', que deroga la anterior 'Ley de Memoria Histórica y Democrática' de la región de 2019. Esta situación ha generado una profunda preocupación en las asociaciones de víctimas y familiares, ya que la nueva normativa paraliza las intervenciones que no estuvieran previamente iniciadas.

A esta incertidumbre política se añade la presión técnica de trabajar en espacios confinados y de alta inestabilidad. Un accidente en un pozo de 26 metros de profundidad no solo pondría en peligro la vida de los trabajadores, sino que sería utilizado políticamente por los sectores opuestos a los procesos de memoria. “Para nosotros, y para todo el mundo, lo más importante es la seguridad”.

La campaña actual tiene como límite el próximo domingo. Si el agua del Pozo 2 no se vacía a tiempo o las excavaciones preliminares no arrojan restos antes de esa fecha, el equipo de Aranzadi se verá obligado a suspender las labores y esperar al próximo año por motivos de logística. Sin embargo, la persistencia de las familias y el compromiso de profesionales como Izaguirre garantizan que, tarde o temprano, la fosa de La Paloma terminará de revelar todos sus tristes y crueles secretos. Por más que, inexplicablemente, le moleste a algunos.

El 11 de agosto de 1975, el militante nacionalista Moncho Reboiras fue asesinado a tiros por la policía en Ferrol. Se convirtió en la última víctima mortal de la dictadura en Galicia. Un mes y medio después, el 28 de septiembre, su hermano Manuel era detenido y torturado en Padrón. Medio siglo más tarde, la suya fue la primera querella contra crímenes del franquismo admitida a trámite por un juzgado gallego. Hoy, es la única que “sigue viva”, debido a los obstáculos que la justicia sigue interponiendo a estas causas, hasta el punto de merecer un toque de atención de la ONU. A Moncho, desde hace un mes, lo recuerda en el centro de Santiago una estatua pagada por suscripción popular. El monumento no tardó en sufrir actos vandálicos y el candidato del PP ha prometido retirarlo si llega a la alcaldía.

Tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, el centro para la defensa de los derechos humanos Iridia y la Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua) impulsaron al menos 18 casos en los tribunales que se toparon con problemas para la instrucción. Eso fue lo que motivó su queja ante la ONU que cuatro relatores recogieron en una declaración conjunta para recordar al Gobierno español que “estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

El documento recoge varias causas gallegas, empezando por el asesinato de Moncho “en un contexto de crímenes de lesa humanidad”. La querella de su familia contra 26 agentes fue archivada por los juzgados de Ferrol. Tras agotar todos la vía judicial –incluido el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional–  se interpuso denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La misma suerte siguió la demanda de Xosé María Brañas Pérez, detenido en Lugo y torturado en A Coruña en el mismo operativo que acabó con Reboiras. También las de los vigueses Jesús Vázquez González y Francisco Domingo García Montes, torturados en la comisaría de su ciudad. En febrero, cuando los relatores redactaron el informe que se acaba de conocer, su caso estaba pendiente de que el juzgado se pronunciase sobre su admisión. Hoy, según confirma Irene A. Francés, integrante del equipo jurídico de Ceaqua en Galicia, ya espera que el Constitucional se pronuncie sobre su recurso de amparo.

Es por eso que la única “causa viva” en Galicia, según Francés, es la de Manuel Reboiras. Aquel 28 de septiembre del 75, cuando tenía 18 años, fue detenido durante un día y torturado en el cuartel de la Guardia Civil de Padrón (A Coruña). Unos meses después, el 18 de junio de 1976, ya muerto el dictador, era arrestado de nuevo y sometido a torturas en la comisaría de policía de Vigo (Pontevedra).

Ceaqua presentó la querella de Manuel en octubre de 2024, denunciando un delito de torturas en concurso con un delito de lesa humanidad. “Lo presentamos por su detención en Vigo, en el Monte do Castro pero, en el relato de los hechos, hablamos también de su detención previa, en Padrón”, relata la letrada. “El juzgado de Vigo no admitió la causa pero se inhibió de las actuaciones sobre lo sucedido en Padrón y se lo pasó al juzgado de la localidad. Esta es la única parte que aún sigue abierta”. La otra, la tortura en la comisaría viguesa, llegó hasta la apelación a la Audiencia y fue trasladada al Comité contra la Tortura de la ONU.

“Lo que trasladan los relatores de la ONU es la ausencia de investigación en casos denunciados ante los juzgados. No se está cumpliendo la obligación de perseguir, investigar y enjuiciar los crímenes internacionales cometidos en su territorio. Seguimos chocando contra un muro de impunidad”, explica por teléfono Francés a elDiario.es.

La comunicación señala que, cuando estas causas se archivan, se hace basándose en normativas internas como la Ley de Amnistia o la prescripción de delitos, algo que “el derecho internacional no permite aplicar a crímenes internacionales, de lesa humanidad y que afectan a los derechos humanos”.

La abogada achaca “a los tres poderes del Estado” la “falta de voluntad” para aplicar ese derecho internacional: “el Judicial archiva, el Ejecutivo no responde y el Legislativo sigue sin derogar la Ley de Amnistía, mantiene una Ley de Secretos Oficiales en la que falta transparencia y normativas como la Ley Mordaza”.

La estatua de Moncho

El 18 de abril se inauguró en la Carreira do Conde de Santiago, una transitada calle peatonal en el límite entre la Alameda, el Casco Histórico y el Ensanche, la estatua en homenaje a Moncho Reboiras. Esculpida en bronce, a tamaño natural, fue sufragada por las aportaciones de unas 200 personas. Su inauguración estuvo presidida por la alcaldesa de la capital gallega, la nacionalista Goretti Sanmartín.

Reboiras tenía 25 años cuando fue asesinado por la policía. Era un destacado militante de la UPG –la formación que hoy nuclea el BNG– muy activo tanto en el ámbito político como en el sindical, defensor de la creación de un frente armado para combatir el franquismo. Su figura se elevó rápidamente a la categoría de mito. En 2009, el gobierno lo reconoció como víctima de la dictadura.

Su figura comenzó a ser reivindicada, con libros como Reboiras. O camiño da rebeldía, del historiador Xurxo Martínez y el periodista Xosé Manuel Pereiro, donde se desmontan tanto la hipótesis del tiroteo como del suicidio del activista, que falleció con tres balas en la espalda. Las fundaciones Moncho Reboiras, Galiza Sempre y Terra e Tempo colocaron en diciembre un busto en su honor en Lugo, al lado del Centro Cultural O Vello Cárcere, la antigua prisión de la ciudad, convertida en símbolo de memoria. Allí ondeaba la bandera palestina que la popular Elena Candia ordenó retirar tres horas después de hacerse con el gobierno local con la ayuda de una tránsfuga.

Mientras el busto lucense no generó gran controversia, la estatua compostelana –impulsada por las mismas entidades– estuvo desde el primer momento en el centro de la polémica. Tres días después de su inauguración, la número dos del PP gallego, Paula Prado, tildó a Reboiras de “delincuente” en el Parlamento gallego. “Al único delincuente al que se le ha hecho un homenaje” y “se han dado honores” en la Cámara es “al asesino fascista Manuel Fraga”, le replicó el diputado del BNG Paulo Ríos. La Iniciativa Galega pola Memoria pidió, sin éxito, a Prado que retirase sus palabras. La respuesta desde las filas populares llegó del candidato a la alcaldía, Borja Verea, quien prometió retirarla si llega a alcalde ya que considera que “divide” a la sociedad compostelana.

Verea “retó” a la regidora a que explicase “cuál es la vinculación de Reboiras con Santiago”. Sanmartín respondió que el pleno municipal alcanzó un acuerdo “mayoritario” para rendir homenaje a Reboiras y, por eso, el ayuntamiento colaboró “en su colocación”, después de que la comisión de Patrimonio propusiese varias ubicaciones. “El PP usa la mentira y la difamación. Es un tema de memoria histórica. Reboiras fue el último asesinado por la dictadura franquista en Galicia”, concluyó.

Dos semanas después, la estatua apareció vandalizada con pintura roja. A sus pies, un texto en árabe: “No hay Dios sino comunismo. La democracia y la libertad no se consiguen con violencia, el terrorismo nunca es la solución. Los antifascistas del presente son los fascistas del futuro”. La Fundación Moncho Reboiras lo consideró un “atentado fascista”. Acusó al PP de provocar un “efecto llamada”. Prado condenó “cualquier vandalización” pero dejó claro que, en su opinión, el monumento “rompió la convivencia”.

En octubre de 1977, el Parlamento español daba luz verde a la Ley de Amnistía, celebrada entonces, tras casi cuatro décadas de dictadura, como uno de los hitos de la transición en el camino hacia la democracia. Aquella norma, que permitió la liberación de miles de presos políticos y el retorno de los exiliados, acabó blindando en la práctica la impunidad judicial de funcionarios, agentes del orden público y otros responsables de los crímenes cometidos por el aparato franquista. En aras a la “reconciliación” nacional, el texto amnistiaba no solo a las víctimas, sino también a los verdugos, una decisión que colisionaba con el compromiso asumido por España apenas unos meses antes: en abril de ese mismo año, el Estado había ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obliga a investigar y garantizar justicia ante las violaciones de los derechos humanos. España, sin embargo, decidió olvidar.

Sobre ello puso negro sobre blanco, en 2014, el relator de la ONU Pablo de Greiff. En un demoledor informe, puso de manifiesto la deuda estructural del país con las víctimas del franquismo, marcada por la ausencia de una política de Estado en materia de verdad, justicia y reparación. Recriminaba, asimismo, que algunos de los capítulos más oscuros de la contienda y el régimen franquista continuaban envueltos en silencio, como los trabajos forzosos de presos, las muertes en bombardeos y los niños robados. Reprochaba la “indiferencia” institucional que delegó en las familias y las asociaciones la exhumación de sus muertos. Y denunciaba las restrictivas interpretaciones que los tribunales habían realizado de la Ley de Amnistía. Pablo de Greiff lo dejó claro: una democracia no se fortalece evitando estos debates, sino afrontándolos, por muy “complejos e incómodos” que sean.

“El derecho a la Justicia ha sido denegado en España”, resume desde Mallorca Catalina Moragues, autora de uno de los quince estudios inéditos sobre memoria democrática que el Govern balear encargó durante la pasada legislatura y que el actual Ejecutivo del PP mantiene sin difundir -según su versión, porque uno de los trabajos está pendiente de ser “enmendado”-. La jurista, la primera autora de los quince estudios 'ocultados' que decide hablar con un medio de comunicación, concede, sin embargo, que el escenario comenzó a cambiar con la ley estatal de memoria democrática de 2022, que, por primera vez, incorpora de forma expresa los principios de verdad, justicia y reparación.

Figura clave para entender el antifranquismo y la lucha obrera en Mallorca, Moragues (Alaró, 1951) fue elegida en las listas del Partido Comunista en las primeras elecciones municipales democráticas y formó parte del primer despacho laboralista de Balears, desde donde defendió los derechos de los trabajadores en plena Transición. Su trayectoria combina compromiso político, ejercicio del derecho -fue magistrada en la Audiencia Provincial de Palma- y activismo social, y ofrece un testimonio directo sobre la resistencia al franquismo, la construcción del sindicalismo y los retos actuales de la izquierda.

Entre libros e ingente documentación, Moragues recibe a elDiario.es en su vivienda, donde desgrana con precisión jurídica y memoria militante las grietas de un sistema que, a su juicio, continúa sin garantizar plenamente los derechos de las víctimas del franquismo. Moragues sitúa su análisis en el ámbito de la llamada justicia transicional -el marco desarrollado por Naciones Unidas para abordar violaciones masivas de derechos humanos en contextos de dictaduras o conflictos- y analiza hasta qué punto España ha respondido ante los crímenes del régimen franquista a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. La conclusión es contundente: España no solo arrastra el legado de una represión que impuso una memoria oficial que “solo hablaba de los caídos por Dios y por España”, sino que mantiene un bloqueo estructural que impide investigar judicialmente estos crímenes, evidenciando una deuda democrática aún no resuelta.

Su diagnóstico se apoya en el análisis de la práctica judicial de las últimas décadas, durante las cuales tribunales y fiscalías han mantenido una interpretación uniforme que ha impedido aplicar plenamente los estándares internacionales de derechos humanos y abrir la vía penal a estas investigaciones, recurriendo de forma reiterada a dos argumentos: la prescripción de los delitos y la aplicación de la Ley de Amnistía. La jurista asevera que esta interpretación entra de lleno en conflicto con el derecho internacional, que considera imprescriptibles los crímenes contra la humanidad y define la desaparición forzada como un delito permanente mientras no se esclarezca el destino de la víctima. A pesar de que la propia Constitución, en su artículo 10.2, insta a interpretar los derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales ratificados por España, esa cláusula apenas ha tenido efectos en la práctica judicial cuando se trata de investigar los crímenes del franquismo.

¿Qué aborda específicamente su informe?

El estudio analiza las obligaciones que tiene el Estado español, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, para dar respuesta a las violaciones masivas, sistemáticas y generalizadas que se produjeron durante la guerra civil y la dictadura franquista. Estas obligaciones se encuadran en lo que Naciones Unidas denomina justicia transicional, es decir, el conjunto de mecanismos que deben aplicarse en contextos de transición de un régimen autoritario a uno democrático.

Este marco se articula en torno a cuatro pilares fundamentales: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Mi trabajo examina hasta qué punto estos principios se han aplicado en España y, más en concreto, en Balears, a raíz de las dos leyes autonómicas de fosas y memoria democrática, tanto desde el punto de vista legislativo como judicial. Y la conclusión es clara: en lo que respecta al derecho a la justicia, este derecho ha sido denegado en España, es decir, no han sido investigadas judicialmente las violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo pese a que existe una obligación internacional de hacerlo.

La conclusión es clara: en lo que respecta al derecho a la justicia, este derecho ha sido denegado en España para las víctimas del franquismo

Los tribunales españoles han venido argumentando que esos delitos estarían prescritos o amparados por la Ley de Amnistía de 1977. ¿Es compatible esa interpretación con el derecho internacional?

No. El derecho internacional establece que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles y que la desaparición forzada es un delito permanente, mientras no se esclarezca el destino de la víctima. Por tanto, no se puede cerrar la puerta a la investigación con esos argumentos. Además, hay una cuestión jurídica de fondo que considero especialmente relevante: España ratificó en abril de 1977 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que a través de su artículo 2 obliga a los Estados a garantizar recursos efectivos ante violaciones de derechos humanos, es decir, a investigar, perseguir y reparar. Sin embargo, apenas unos meses después, en octubre de 1977, se aprobó la Ley de Amnistía. En su artículo 2.f se incluían los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. Es decir, la amnistía se extendía también a quienes habían vulnerado derechos humanos.

Desde mi punto de vista, esta inclusión plantea una contradicción clara con el propio Pacto Internacional. Si el Estado asume la obligación de investigar esas violaciones, no puede al mismo tiempo aprobar una norma que impida hacerlo. Esa tensión entre el derecho internacional y la normativa interna ha sido señalada reiteradamente por organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha advertido en varias ocasiones de que España contraviene sus obligaciones al aplicar la Ley de Amnistía en estos casos. Ya lo advirtió en 2014 relator de la ONU Pablo de Greiff: en España este tema se estaba tratando como una cuestión política, cuando debería estar por encima de cualquier interés partidista.

Si el Estado asume la obligación de investigar esas violaciones [del franquismo], no puede al mismo tiempo aprobar una norma que impida hacerlo. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha advertido en varias ocasiones de que España contraviene sus obligaciones al aplicar la Ley de Amnistía en estos casos

Javier Pérez Royo, jurista y catedrático de Derecho Constitucional, apunta que si los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura no han sido perseguidos en la España democrática no es a causa de la Ley de Amnistía, sino por la interpretación que de la misma han hechos los jueces y magistrados del Poder Judicial en general, y del Tribunal Supremo y del Constitucional en particular. ¿Qué opina? ¿Cuáles han sido las consecuencias de esa interpretación por parte de los tribunales?

Estoy totalmente de acuerdo con él. Miles de denuncias presentadas por víctimas y asociaciones han sido inadmitidas o archivadas sin investigación. Hasta el punto de que puede decirse que la noticia es cuando alguna no se archiva. Esto no responde a decisiones puntuales, sino a una práctica consolidada en el sistema judicial. La consecuencia más importe, la desprotección de las víctimas, lo que supone revictimizarla.

Historiadores como Miguel Ángel del Arco, Paul Preston y Julián Casanova, y el propio informe de elaborado por Pablo Greiff, han analizado cómo el franquismo construyó un relato oficial de la guerra e incluso moldeó los libros de texto y la enseñanza para legitimar la dictadura, imponiendo una narración de vencedores y vencidos.

Efectivamente. Durante la dictadura se desarrolló una memoria de imposición basada en la exaltación de los vencedores -los llamados “caídos por Dios y por España”- y en el silenciamiento sistemático de las víctimas republicanas. Ese relato ocupó el espacio público durante cuarenta años. Consecuentemente, las víctimas de los vencidos no comenzaron a ser visibles públicamente hasta después de la muerte del dictador.

Durante la dictatura se desarrolló una memoria de imposición basada en la exaltación de los vencedores -los llamados "caídos por Dios y por España"- y en el silenciamiento sistemático de las víctimas republicanas. Ese relato ocupó el espacio público durante cuarenta años, por lo que las víctimas de los vencidos no comenzaron a ser visibles públicamente hasta después de la muerte del dictador

¿Hasta qué punto la Transición rompió con ese modelo de memoria impuesto por la dictadura?

En términos de justicia no se produjo una ruptura con ese modelo. El Estado no ofreció a los ciudadanos otro relato que no fuera el que existió durante el franquismo. No hubo investigaciones judiciales sobre los crímenes, ni se impulsaron mecanismos como una comisión de la verdad que permitiera esclarecer lo ocurrido de forma institucional. Tampoco se desarrolló una política pública orientada a garantizar el derecho a la verdad desde una perspectiva de derechos humanos.

La Ley de Amnistía tuvo como finalidad principal devolver las libertades a todos y todas aquellos que habían perdido la libertad en su lucha por la democracia. Pero también fue una ley, en cierto, de punto final, con unas consecuencias que todavía hoy perduran. En la práctica, lo que se consolidó fue un modelo basado en la no intervención judicial. Ese vacío inicial ha tenido efectos duraderos: ha condicionado la actuación de los tribunales, ha limitado las posibilidades de las víctimas y ha contribuido a que, décadas después, el acceso a la justicia siga siendo excepcional en lugar de la norma.

¿Se puede decir que hubo un pacto de silencio en relación con los crímenes del franquismo?

Totalmente. Hubo un pacto de silencio e inacción respecto a la necesidad de investigar los crímenes y las graves violaciones de los derechos humanos perpetrados durante la guerra civil y la dictadura. Fue un acuerdo político y social en el que participaron fuerzas políticas, sindicales y otros actores, orientado a priorizar la estabilidad y el cierre del pasado.

Los representantes designados por el pueblo en unas elecciones libres pasaron la esponja sobre la inmensa mayoría de los agravios y de las injusticias. Decían que la amnistía era un acto excepcional justificado por la razón de Estado y por la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva. Hay que tener en cuenta que en ese momento había miles de personas encarceladas por motivos políticos, lo que explica en parte el consenso en torno a la amnistía. Pero esa decisión tuvo también consecuencias duraderas: supuso dejar sin respuesta judicial las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Durante la transición, hubo un pacto de silencio e inacción respecto a la necesidad de investigar los crímenes y las graves violaciones de los derechos humanos perpetrados durante la guerra civil y la dictadura. Fue un acuerdo político y social en el que participaron fuerzas políticas, sindicales y otros actores, orientado a priorizar la estabilidad y el cierre del pasado

Las consecuencias de aquel pacto de silencio siguen siendo muy visibles. A diferencia de otros países que atravesaron procesos similares, en España nunca se desarrollaron mecanismos como una comisión de la verdad, y eso ha condicionado completamente la respuesta judicial a las demandas de las víctimas. Lo paradójico es que los tribunales españoles han avalado la anulación de leyes de amnistía en países como Argentina o Chile, donde sí se han podido juzgar los crímenes de las dictaduras, mientras aquí se sigue utilizando la Ley de Amnistía como un muro para impedir investigaciones.

Es verdad que la Ley de Memoria Democrática de 2022 incorpora explícitamente los principios de verdad, justicia y reparación y obliga a interpretar las normas conforme al derecho internacional y también que la creación de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha abierto una cierta ventana de oportunidad. Pero, en la práctica, eso todavía no ha cambiado de forma sustancial la dinámica judicial previa ni la tendencia al archivo sistemático de las denuncias.

Desde la muerte del dictador hasta bien entrada la década de los noventa se continuaba hablando de una “memoria de reconciliación”. ¿Qué diferencia hay entre la “reconciliación” de la Transición y el concepto de reconciliación en el derecho internacional?

Es importante matizar qué significa realmente ese concepto, que desde luego no se corresponde con la idea de reconciliación que manejan hoy los organismos internacionales de derechos humanos, como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o los relatores especiales. En el ámbito internacional, la reconciliación no puede construirse sin verdad, justicia y reconocimiento de las víctimas. Sin embargo, en el caso español, la reconciliación se planteó sobre una lógica distinta, basada en el olvido y en la idea de que “todos fuimos culpables” o de que se trató de una guerra entre hermanos.

Ese enfoque, aunque pudo tener una función política en el contexto de la Transición, implicaba diluir una cuestión fundamental: la diferencia entre víctimas y verdugos. Y una reconciliación basada en el olvido difícilmente puede sostenerse desde el punto de vista de los derechos humanos, porque deja sin resolver cuestiones esenciales como el reconocimiento de las víctimas y la exigencia de responsabilidades. Solo el pleno respeto de los derechos humanos genera verdad, justicia, paz y seguridad. En definitiva, la posibilidad de reconciliación.

Solo el pleno respeto de los derechos humanos genera verdad, justicia, paz y seguridad. En definitiva, la posibilidad de reconciliación

La ley estatal de memoria democrática aprobada en 2007 fue presentada como el primer gran intento institucional de abordar el legado del franquismo, pero juristas, asociaciones memorialistas y organismos internacionales cuestionaron desde el inicio su alcance, principalmente por no declarar la nulidad jurídica de los juicios y sentencias dictados por los tribunales franquistas contra republicanos -algo que sí llegó con la ley de memoria de 2022- así como por el limitado papel que el Estado asumía en la búsqueda de las víctimas. ¿Qué carencias cree que arrastraba aquella norma?

En mi opinión era bastante incompleta, porque hacía descansar sobre las familias la apertura de fosas y la identificación de las víctimas, cuando esta labor, de acuerdo a todos los estándares internacionales, es una obligación del Estado. El propio relator de la ONU Pablo de Greiff criticó duramente este modelo y advirtió de que esa 'privatización' alimentaba la indiferencia institucional. No puede depender de la capacidad o los recursos de una familia recuperar a una víctima de desaparición forzada. Aun así, la ley empezó a desplegarse y generó un cierto impulso, sobre todo en las comunidades autónomas, donde ya existía un movimiento fuerte que pasó de hablar de memoria histórica a memoria democrática, porque estamos hablando de quienes lucharon por la libertad y eso es una columna fundamental de cualquier Estado democrático.

En mi informe explico cómo en Balears, por ejemplo, se creó en 2009 la Fundació Balear de la Memòria. No existían todavía leyes autonómicas ni una Conselleria específica, pero se impulsó como una política pública desde el Govern, adscrita a Asuntos Sociales, con un objetivo muy claro: localizar fosas, asesorar jurídicamente a las familias y acompañar a los municipios. En ese sentido fuimos bastante pioneros, aunque Catalunya ya llevaba algo de ventaja. La Fundación fue clave porque permitió firmar convenios con entidades como la Asociación Memòria de Mallorca y el Fòrum de Eivissa y Formentera, y gracias a ese trabajo previo se pudieron iniciar las primeras excavaciones.

De hecho, en 2014 se llevó a cabo la primera exhumación en Balears, antes incluso de que hubiera una ley. Eso aceleró la aprobación de la ley de fosas de 2016, que por primera vez implicaba que una comunidad autónoma asumiera oficialmente estas actuaciones. Es importante entender este recorrido porque muestra cómo, ante la inacción del Estado, fueron los territorios los que empezaron a construir políticas públicas de memoria.

El informe de la ONU también habla de la escasa atención a la represión específica sufrida por las mujeres. ¿Cree que sigue siendo una dimensión poco abordada?

Sí, aunque en la actualidad el panorama se está modificando en positivo: existen grupos de investigadoras y grupos de divulgación sobre la represión específica durante la guerra civil y el franquismo. Las mujeres fueron invisibilizadas, victimizadas, humilladas y no pudieron llorar a sus muertos, de manera que mientras se nieguen las desapariciones no existe duelo. Porque, ¿cómo se lloran muertos que no existen?

Las mujeres fueron invisibilizadas, victimizadas, humilladas y no pudieron llorar a sus muertos, de manera que mientras se nieguen las desapariciones no existe duelo. Porque, ¿cómo se lloran muertos que no existen?

¿Fue el caso Baltasar Garzón un punto de inflexión en el tratamiento judicial de los crímenes del franquismo?

Claramente. Las asociaciones de memoria, entre ellas la Asociación Memòria de Mallorca, decidieron dar un paso adelante cuando vieron que la ley de memoria de 2007 no incluía la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos. Era una ley claramente incompleta. Por eso, en diciembre de 2006, muchas asociaciones de todo el Estado presentaron denuncias por desapariciones forzadas ante la Audiencia Nacional invocando el derecho internacional como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El caso recayó en el juzgado número 5, el de Baltasar Garzón.

Pero en enero de 2008, la Fiscalía, siguiendo instrucciones del Fiscal General del Estado, emitió un dictamen en contra de admitir esas denuncias. Aun así, Garzón dictó un auto en octubre de ese mismo año asumiendo la competencia para investigar los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad e intentando aplicar el derecho internacional. Esa decisión fue recurrida y, en diciembre de 2008, el pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional decidió por mayoría que no era competente para investigar. Hubo votos discrepantes que advertían que esa decisión iba en contra de los criterios de la ONU. Y, poco después, Garzón fue perseguido penalmente por haber admitido a trámite estas denuncias. Para mí, eso fue un aviso clarísimo: a partir de ahí, ningún juez se ha atrevido a investigar estos crímenes. Se consolidó un cierre judicial que explica por qué hoy la inmensa mayoría de las denuncias siguen siendo archivadas sin investigación.

A eso se sumó que en 2011, con la llegada de Mariano Rajoy, se eliminó el presupuesto destinado a memoria y se cerró la Oficina de Víctimas que había creado la ley. Es decir, desaparece la estructura institucional y, en la práctica, desaparecen también las víctimas del ámbito público.

¿Se han producido avances reales en los últimos años en materia de memoria democrática?

Sí, tanto en Balears con la ley de memoria democrática de 2018 [recientemente derogada por PP y Vox] como a nivel estatal con la de 2022. En el archipiélago, con la norma se avanzó enormemente en las políticas públicas de memoria. La norma consolidó numerosas iniciativas que ya se habían empezado a impulsar años antes, como las exhumaciones, los mapas de fosas, el reconocimiento institucional de las víctimas o la retirada de símbolos franquistas, y permitió abordar la memoria democrática como una política pública estable y no como actuaciones aisladas.

A nivel estatal, la ley de memoria democrática de 2022 también representa un avance relevante porque incorpora expresamente los principios de verdad, justicia y reparación y establece la obligación de interpretar las normas conforme al derecho internacional. Sin embargo, ese avance normativo no se ha traducido todavía en una transformación sustancial de la respuesta judicial. La creación de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha abierto también una cierta ventana de oportunidad, aunque de momento no ha alterado el bloqueo judicial de fondo. Seguimos lejos de una respuesta equiparable a la que se ha dado en otros países que sí han afrontado judicialmente los crímenes de sus dictaduras.

¿Cree que el debate sobre memoria democrática sigue siendo visto como una cuestión partidista?

Sí, y ese ha sido uno de los grandes problemas desde la Transición. Se ha tendido a presentar la memoria democrática como una cuestión ideológica o partidista, cuando en realidad estamos hablando de derechos humanos y de obligaciones del Estado. Eso es precisamente lo que criticó el relator de la ONU Pablo de Greiff: que determinados partidos políticos españoles siguieran tratando este tema como un problema político en lugar de abordarlo desde la verdad, la justicia y la reparación. La memoria democrática no consiste en reabrir heridas, sino en garantizar derechos y fortalecer la democracia. Derogar la ley de memoria democrática como ha ocurrido en Balears no es hacer política, ni siquiera mala política, es simplemente vulnerar los derechos humanos y revictimizar a las víctimas. La memoria democrática no es hacer política, es hacer justicia para las víctimas.

L'octubre de 1977, el Parlament espanyol donava llum verda a la Llei d'Amnistia, celebrada aleshores, després de gairebé quatre dècades de dictadura, com una de les fites de la Transició en el camí cap a la democràcia. Aquella norma, que va permetre l'alliberament de milers de presos polítics i el retorn dels exiliats, va acabar blindant, en la pràctica, la impunitat judicial de funcionaris, agents de l'ordre públic i altres responsables dels crims comesos per l'aparell franquista. En nom de la “reconciliació” nacional, el text amnistià no només les víctimes, sinó també els responsables de la repressió, una decisió que col·lidia amb el compromís assumit per Espanya tot just uns mesos abans: l'abril d'aquell mateix any, l'Estat havia ratificat el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que obliga a investigar i garantir justícia davant les violacions dels dreis humans. Espanya, però, va decidir oblidar.

Sobre això va posar negre sobre blanc, el 2014, el relator de l'ONU Pablo de Greiff. En un demolidor informe, va posar de manifest el deute estructural del país amb les víctimes del franquisme, marcat per l'absència d'una política d'Estat en matèria de veritat, justícia i reparació. Recriminava, així mateix, que alguns dels capítols més foscos de la contesa i del règim franquista continuaven envoltats de silenci, com els treballs forçats de presos, les morts en bombardeigs i els nens robats. Retreia la “indiferència” institucional que va delegar en les famílies i les associacions l'exhumació dels seus morts. I denunciava les restrictives interpretacions que els tribunals havien realitzat de la Llei d'Amnistia. Pablo de Greiff ho va deixar clar: una democràcia no s'enforteix evitant aquests debats, sinó afrontant-los, per molt “complexos i incòmodes” que siguin.

“El dret a la Justícia ha estat denegat a Espanya”, resumeix des de Mallorca Catalina Moragues, autora d'un dels quinze estudis inèdits sobre memòria democràtica que el Govern balear va encarregar durant la passada legislatura i que l'actual Executiu del PP manté sense difondre -segons la seva versió, perquè un dels treballs està pendent de ser “esmenat”-. La jurista, la primera autora dels quinze estudis 'ocultats' que decideix parlar amb un mitjà de comunicació, concedeix, però, que l'escenari va començar a canviar amb la llei estatal de memòria democràtica de 2022, que, per primera vegada, incorpora de forma expressa els principis de veritat, justícia i reparació.

Figura clau per entendre l'antifranquisme i la lluita obrera a Mallorca, Moragues (Alaró, 1951) va ser elegida a les llistes del Partit Comunista a les primeres eleccions municipals democràtiques i va formar part del primer despatx laboralista de Balears, des d'on va defensar els drets dels treballadors en plena Transició. La seva trajectòria combina compromís polític, exercici del dret —va ser magistrada a l'Audiència Provincial de Palma— i activisme social, i ofereix un testimoni directe sobre la resistència al franquisme, la construcció del sindicalisme i els reptes actuals de l'esquerra.

Entre llibres i ingent documentació, Moragues rep elDiario.es al seu habitatge, on desgrana amb precisió jurídica i memòria militant les escletxes d'un sistema que, al seu parer, continua sense garantir plenament els drets de les víctimes del franquisme. Moragues situa la seva anàlisi en l'àmbit de l'anomenada justícia transicional —el marc desenvolupat per les Nacions Unides per abordar violacions massives de drets humans en contextos de dictadures o conflictes— i analitza fins a quin punt Espanya ha respost davant els crims del règim franquista a la llum del dret internacional dels drets humans. La conclusió és contundent: Espanya no només arrossega el llegat d'una repressió que va imposar una memòria oficial que “només parlava dels caiguts per Déu i per Espanya”, sinó que manté un bloqueig estructural que impedeix investigar judicialment aquests crims, evidenciant un deute democràtic encara no resolt.

El seu diagnòstic es basa en l'anàlisi de la pràctica judicial de les últimes dècades, durant les quals tribunals i fiscalies han mantingut una interpretació uniforme que ha impedit aplicar plenament els estàndards internacionals de drets humans i obrir la via penal a aquestes investigacions, recorrent de forma reiterada a dos arguments: la prescripció dels delictes i l'aplicació de la Llei d'Amnistia. La jurista sosté que aquesta interpretació entra de ple en conflicte amb el dret internacional, que considera imprescriptibles els crims contra la humanitat i defineix la desaparició forçada com un delicte permanent mentre no s'aclareixi el destí de la víctima. Malgrat que la pròpia Constitució, en el seu article 10.2, insta a interpretar els drets fonamentals conforme als tractats internacionals ratificats per Espanya, aquesta clàusula amb prou feines ha tingut efectes en la pràctica judicial quan es tracta d'investigar els crims del franquisme.

Què aborda específicament el seu informe?

L'estudi analitza les obligacions que té l'Estat espanyol, des del punt de vista del dret internacional dels drets humans, per donar resposta a les violacions massives, sistemàtiques i generalitzades que es van produir durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. Aquestes obligacions s'emmarquen en el que les Nacions Unides denominen justícia transicional, és a dir, el conjunt de mecanismes que s'han d'aplicar en contextos de transició d'un règim autoritari a un de democràtic.

Aquest marc s'articula al voltant de quatre pilars fonamentals: veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició. El meu treball examina fins a quin punt aquests principis s'han aplicat a Espanya i, més concretament, a les Balears, arran de les dues lleis autonòmiques de fosses i memòria democràtica, tant des del punt de vista legislatiu com judicial. I la conclusió és clara: pel que fa al dret a la justícia, aquest dret ha estat denegat a Espanya. És a dir, les violacions de drets humans comeses durant el franquisme no han estat investigades judicialment malgrat que existeix una obligació internacional de fer-ho.

La conclusió és clara: pel que fa al dret a la justícia, aquest dret ha estat denegat a Espanya per a les víctimes del franquisme

Els tribunals espanyols han argumentat que aquests delictes estarien prescrits o emparats per la Llei d'Amnistia de 1977. És compatible aquesta interpretació amb el dret internacional?

No. El dret internacional estableix que els crims contra la humanitat són imprescriptibles i que la desaparició forçada és un delicte permanent mentre no s'esclareixi el destí de la víctima. Per tant, no es pot tancar la porta a la investigació amb aquests arguments. A més, hi ha una qüestió jurídica de fons que considero especialment rellevant: Espanya va ratificar l'abril de 1977 el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que, a través del seu article 2, obliga els estats a garantir recursos efectius davant les violacions de drets humans, és a dir, a investigar, perseguir i reparar. No obstant això, tot just uns mesos després, l'octubre de 1977, es va aprovar la Llei d'Amnistia. En el seu article 2.f s'incloïen els delictes comesos per funcionaris i agents de l'ordre públic contra l'exercici dels drets de les persones. És a dir, l'amnistia s'estenia també a qui havia vulnerat drets humans.

Des del meu punt de vista, aquesta inclusió planteja una contradicció clara amb el mateix Pacte Internacional. Si l'Estat assumeix l'obligació d'investigar aquestes violacions, no pot al mateix temps aprovar una norma que impedeixi fer-ho. Aquesta tensió entre el dret internacional i la normativa interna ha estat assenyalada reiteradament per organismes internacionals, com el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, que ha advertit en diverses ocasions que Espanya contravé les seves obligacions aplicant la Llei d'Amnistia en aquests casos. Ja ho va advertir el 2014 el relator de l'ONU Pablo de Greiff: a Espanya aquest tema s'estava tractant com una qüestió política, quan hauria d'estar per damunt de qualsevol interès partidista.

Si l'Estat assumeix l'obligació d'investigar aquestes violacions [del franquisme], no pot al mateix temps aprovar una norma que impedeixi fer-ho. El Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides ha advertit en diverses ocasions que Espanya contravé les seves obligacions en aplicar la Llei d'Amnistia en aquests casos

Javier Pérez Royo, jurista i catedràtic de Dret Constitucional, apunta que si els crims de guerra, de lesa humanitat, genocidi i tortura no han estat perseguits en l'Espanya democràtica no és a causa de la Llei d'Amnistia, sinó per la interpretació que de la mateixa han fet els jutges i magistrats del Poder Judicial en general, i del Tribunal Suprem i del Constitucional en particular. Què opina? Quins han estat les conseqüències d'aquesta interpretació per part dels tribunals?

Hi estic totalment d'acord. Milers de denúncies presentades per víctimes i associacions han estat inadmeses o arxivades sense investigació. Fins al punt que es pot dir que la notícia és quan alguna no s'arxiva. Això no respon a decisions puntuals, sinó a una pràctica consolidada dins el sistema judicial. La conseqüència més important és la desprotecció de les víctimes, cosa que suposa revictimitzar-les.

Historiadors com Miguel Ángel del Arco, Paul Preston i Julián Casanova, i el propi informe elaborat per Pablo Greiff, han analitzat com el franquisme va construir un relat oficial de la guerra i fins i tot va modelar els llibres de text i l'ensenyament per legitimar la dictadura, imposant una narració de vencedors i vençuts.

Efectivament. Durant la dictadura es va desenvolupar una memòria d'imposició basada en l'exaltació dels vencedors —els anomenats “caídos por Dios y por España”— i en el silenciament sistemàtic de les víctimes republicanes. Aquest relat va ocupar l'espai públic durant quaranta anys. Conseqüentment, les víctimes dels vençuts no van començar a ser visibles públicament fins després de la mort del dictador.

Durant la dictadura es va desenvolupar una memòria d'imposició basada en l'exaltació dels vencedors -els anomenats "caídos por Dios y por España"- i en el silenciament sistemàtic de les víctimes republicanes. Aquest relat va ocupar l'espai públic durant quaranta anys, per la qual cosa les víctimes dels vençuts no van començar a ser visibles públicament fins després de la mort del dictador

Fins a quin punt la Transició va trencar amb aquell model de memòria imposat per la dictadura?

En termes de justícia no es va produir una ruptura amb aquest model. L'Estat no va oferir als ciutadans un altre relat que no fos el que havia existit durant el franquisme. No hi va haver investigacions judicials sobre els crims, ni es van impulsar mecanismes com una comissió de la veritat que permetessin esclarir el que va passar de manera institucional. Tampoc es va desenvolupar una política pública orientada a garantir el dret a la veritat des d'una perspectiva de drets humans.

La Llei d'Amnistia va tenir com a finalitat principal retornar les llibertats a totes aquelles persones que havien perdut la llibertat en la seva lluita per la democràcia. Però també va ser, en certa manera, una llei de punt final, amb unes conseqüències que encara avui perduren. En la pràctica, el que es va consolidar va ser un model basat en la no-intervenció judicial. Aquest buit inicial ha tingut efectes duradors: ha condicionat l'actuació dels tribunals, ha limitat les possibilitats de les víctimes i ha contribuït que, dècades després, l'accés a la justícia continuï sent excepcional en lloc de la norma.

És es pot dir que hi va haver un pacte de silenci en relació amb els crims del franquisme?

Totalment. Hi va haver un pacte de silenci i inacció respecte de la necessitat d'investigar els crims i les greus violacions dels drets humans perpetrades durant la Guerra Civil i la dictadura. Va ser un acord polític i social en què van participar forces polítiques, sindicals i altres actors, orientat a prioritzar l'estabilitat i el tancament del passat.

Els representants escollits pel poble en unes eleccions lliures van optar per passar pàgina davant la immensa majoria dels greuges i les injustícies. Deien que l'amnistia era un acte excepcional justificat per la raó d'Estat i per la necessitat de fer net i començar de zero. Cal tenir en compte que en aquell moment hi havia milers de persones empresonades per motius polítics, cosa que explica en part el consens al voltant de l'amnistia. Però aquesta decisió va tenir també conseqüències duradores: va suposar deixar sense resposta judicial les violacions de drets humans comeses durant la dictadura.

Durant la transició, hi va haver un pacte de silenci i inacció respecte a la necessitat d'investigar els crims i les greus violacions dels drets humans perpetrats durant la guerra civil i la dictadura. Va ser un acord polític i social en què van participar forces polítiques, sindicals i altres actors, orientat a prioritzar l'estabilitat i el tancament del passat

Les conseqüències d'aquell pacte de silenci continuen sent molt visibles. A diferència d'altres països que van travessar processos similars, a Espanya mai no es van desenvolupar mecanismes com una comissió de la veritat, i això ha condicionat completament la resposta judicial a les demandes de les víctimes. El més paradoxal és que els tribunals espanyols han avalat l'anul·lació de lleis d'amnistia en països com l'Argentina o Xile, on sí que s'han pogut jutjar els crims de les dictadures, mentre aquí se segueix utilitzant la Llei d'Amnistia com un mur per impedir investigacions.

És veritat que la Llei de Memòria Democràtica de 2022 incorpora explícitament els principis de veritat, justícia i reparació i obliga a interpretar les normes conforme al dret internacional, i també que la creació de la Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica ha obert una certa finestra d'oportunitat. Però, en la pràctica, això encara no ha canviat de manera substancial la dinàmica judicial prèvia ni la tendència a l'arxivament sistemàtic de les denúncies.

Des de la mort del dictador fins ben entrada la dècada dels noranta es continuava parlant d'una “memòria de reconciliació”. Quina diferència hi ha entre la “reconciliació” de la Transició i el concepte de reconciliació en el dret internacional?

Cal matisar què significa realment aquest concepte, que sens dubte no es correspon amb la idea de reconciliació que fan servir avui els organismes internacionals de drets humans, com el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides o els relators especials. Àmbit internacional, la reconciliació no pot construir-se sense veritat, justícia i reconeixement de les víctimes. No obstant això, en el cas espanyol, la reconciliació es va plantejar sobre una lògica diferent, basada en l'oblit i en la idea que “tots vam ser culpables” o que es va tractar d'una guerra entre germans.

Aquest enfocament, tot i que va poder tenir una funció política en el context de la Transició, implicava diluir una qüestió fonamental: la diferència entre víctimes i botxins. I una reconciliació basada en l'oblit difícilment es pot sostenir des del punt de vista dels drets humans, perquè deixa sense resoldre qüestions essencials com el reconeixement de les víctimes i l'exigència de responsabilitats. Només el ple respecte dels drets humans genera veritat, justícia, pau i seguretat. En definitiva, la possibilitat de reconciliació.

Només el ple respecte dels drets humans genera veritat, justícia, pau i seguretat. En definitiva, la possibilitat de reconciliació

La llei estatal de memòria democràtica aprovada el 2007 va ser presentada com el primer gran intent institucional d'abordar el llegat del franquisme, però juristes, associacions memorialistes i organismes internacionals van qüestionar des de l'inici el seu abast, principalment per no declarar la nul·litat jurídica dels judicis i sentències dictats pels tribunals franquistes contra republicans -cosa que sí va arribar amb la llei de memòria del 2022- així com pel limitat paper que l'Estat assumia en la cerca de les víctimes. Üuines mancances creu que arrossegava aquella norma?

En la meva opinió era bastant incompleta, perquè feia descansar sobre les famílies l' obertura de fosses i la identificació de les víctimes, quan aquesta tasca, d'acord a tots els estàndards internacionals, és una obligació de l'Estat. El propi relator de l'ONU Pablo de Greiff va criticar durament aquest model i va advertir que aquesta 'privatització' alimentava la indiferència institucional. No pot dependre de la capacitat o els recursos d'una família recuperar una víctima de desaparició forçada. Aun així, la llei va començar a desplegar-se i va generar un cert impuls, sobretot a les comunitats autònomes, on ja existia un moviment fort que va passar de parlar de memòria històrica a memòria democràtica, perquè estem parlant dels qui van lluitar per la llibertat i això és una columna fonamental de qualsevol Estat democràtic.

En el meu informe explico com a Balears, per exemple, es va crear el 2009 la Fundació Balear de la Memòria. No existien encara lleis autonòmiques ni una Conselleria específica, però es va impulsar com una política pública des del Govern, adscrita a Afers Socials, amb un objectiu molt clar: localitzar fosses, assessorar jurídicament les famílies i acompanyar els municipis. En aquest sentit vam ser bastant pioners, encara que Catalunya ja portava avantatge. La Fundació va ser clau perquè va permetre signar convenis amb entitats com l'Associació Memòria de Mallorca i el Fòrum d'Eivissa i Formentera, i gràcies a aquesta feina prèvia es van poder iniciar les primeres excavacions.

De fet, el 2014 es va dur a terme la primera exhumació a Balears, abans fins i tot que hi hagués una llei. Això va accelerar l'aprovació de la llei de fosses de 2016, que per primera vegada implicava que una comunitat autònoma assumís oficialment aquestes actuacions. És important entendre aquest recorregut perquè mostra com, davant la inacció de l'Estat, van ser els territoris els que van començar a construir polítiques públiques de memòria.

L'informe de l'ONU també parla de l'escassa atenció a la repressió específica patida per les dones. Creu que continua sent una dimensió poc abordada?

Sí, encara que en l'actualitat el panorama s'està modificant en positiu: existeixen grups d'investigadores i grups de divulgació sobre la repressió específica durant la guerra civil i el franquisme. Les dones van ser invisibilitzades, victimitzades, humiliades i no van poder plorar els seus morts, de manera que mentre es neguin les desaparicions no existeix dol. Perquè, com es ploren morts que no existeixen?

Les dones van ser invisibilitzades, victimitzades, humiliades i no van poder plorar els seus morts, de manera que mentre es neguin les desaparicions no existeix dol. Perquè, com es ploren morts que no existeixen?

El cas Baltasar Garzón va ser un punt d'inflexió en el tractament judicial dels crims del franquisme?

Clarament. Les associacions de memòria, entre elles l'Associació Memòria de Mallorca, van decidir fer una passa endavant quan van veure que la llei de memòria de 2007 no incloïa l'obligació d'investigar les violacions de drets humans. Era una llei clarament incompleta. Per això, el desembre de 2006, moltes associacions de tot l'Estat van presentar denúncies per desaparicions forçades davant l'Audiència Nacional invocant el dret internacional, com el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. El cas va recaure en el jutjat número 5, el de Baltasar Garzón.

Però el gener de 2008, la Fiscalia, seguint instruccions del fiscal general de l'Estat, va emetre un dictamen contrari a l'admissió d'aquestes denúncies. Tot i això, Garzón va dictar una interlocutòria l'octubre d'aquell mateix any assumint la competència per investigar els crims del franquisme com a crims contra la humanitat i intentant aplicar el dret internacional. Aquella decisió va ser recorreguda i, el desembre de 2008, el ple de la Sala Penal de l'Audiència Nacional va decidir per majoria que no era competent per investigar. Hi va haver vots discrepants que advertien que aquella decisió anava en contra dels criteris de l'ONU. I, poc després, Garzón va ser perseguit penalment per haver admès a tràmit aquestes denúncies. Per a mi, això va ser un avís claríssim: a partir d'aquí, cap jutge s'ha atrevit a investigar aquests crims. Es va consolidar un tancament judicial que explica per què avui la immensa majoria de les denúncies continuen essent arxivades sense investigació.

A això s'hi va afegir que el 2011, amb l'arribada de Mariano Rajoy, es va eliminar el pressupost destinat a memòria i es va tancar l'Oficina de Víctimes que havia creat la llei. És a dir, desapareix l'estructura institucional i, en la pràctica, desapareixen també les víctimes de l'espai públic.

S'han produït avenços reals en els últims anys en matèria de memòria democràtica?

Sí, tant a les Balears amb la llei de memòria democràtica de 2018 [recentment derogada per PP i Vox] com a nivell estatal amb la de 2022. A l'arxipèlag, amb aquesta norma es va avançar enormement en les polítiques públiques de memòria. La llei va consolidar nombroses iniciatives que ja s'havien començat a impulsar anys abans, com les exhumacions, els mapes de fosses, el reconeixement institucional de les víctimes o la retirada de símbols franquistes, i va permetre abordar la memòria democràtica com una política pública estable i no com actuacions aïllades.

A nivell estatal, la llei de memòria democràtica de 2022 també representa un avanç rellevant perquè incorpora expressament els principis de veritat, justícia i reparació i estableix l'obligació d'interpretar les normes conforme al dret internacional. No obstant això, aquest avanç normatiu encara no s'ha traduït en una transformació substancial de la resposta judicial. La creació de la Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica ha obert també una certa finestra d'oportunitat, encara que, de moment, no ha alterat el bloqueig judicial de fons. Seguim lluny d'una resposta equiparable a la que s'ha donat en altres països que sí han afrontat judicialment els crims de les seves dictadures.

Creu que el debat sobre memòria democràtica continua sent vist com una qüestió partidista?

Sí, i aquest ha estat un dels grans problemes des de la Transició. S'ha tendit a presentar la memòria democràtica com una qüestió ideològica o partidista, quan en realitat estem parlant de drets humans i d'obligacions de l'Estat. Això és precisament el que va criticar el relator de l'ONU Pablo de Greiff: que determinats partits polítics espanyols continuassin tractant aquest tema com un problema polític en lloc d'abordar-lo des de la veritat, la justícia i la reparació.

La memòria democràtica no consisteix a reobrir ferides, sinó a garantir drets i enfortir la democràcia. Derogar la llei de memòria democràtica, com ha passat a les Balears, no és fer política —ni tan sols mala política—, és simplement vulnerar els drets humans i revictimitzar les víctimes. La memòria democràtica no és fer política: és fer justícia per a les víctimes.

L'Associació per la Revitalització de Centres Antics de Mallorca (ARCA) ha acudit als tribunals per impugnar la resolució del Govern central de declarar element contrari a la memòria democràtica el monument erigit al parc de sa Feixina, a Palma, en homenatge als “herois” del Crucero Baleares, un dels responsables del bombardeig dut a terme el 1937 contra la població que fugia de Màlaga a Almería en plena ofensiva feixista -episodi històricament conegut com 'la Desbandá'-. 

L’anunci es produeix tot just uns dies després que l’Ajuntament de Palma, governat pel PP amb el suport de Vox, aprovàs una moció destinada a recórrer la mateixa decisió, adoptada el passat mes de març per la Secretaria d’Estat de Memòria Democràtica. El departament al·lega que el monòlit s’ha d’entendre com un exemple del “culte als caiguts”, una de les principals eines que va emprar el franquisme per justificar la seva legitimació política i que va excloure de facto les víctimes del bàndol republicà.

El monument, la presència del qual fa anys que està en disputa política, social i judicial a la capital balear, va ser erigit en plena dictadura, el 1947, per homenatjar els prop de 800 combatents sublevats que van morir deu anys abans en l'enfonsament del vaixell durant la batalla del cap de Palos, el major combat naval de la Guerra d'Espanya. Un any abans, el Crucero Baleares va protagonitzar una de les majors massacres aprés el cop d'Estat de 1936: la duta a terme contra els milers de civils que el 7 de febrer de 1937 es van llançar a la carretera en direcció est per escapar de les tropes sublevades que, recolzades per les forces italianes i els regulars marroquins, avançaven des de l'oest. En la seva fugida, els civils van ser metrallats pels avions Heinkel de la Luftwaffe i bombardejats per tres vaixells que els canonejaven des del mar: l'Almirante Cervera, el Baleares i el Canarias. Els historiadors calculen que van morir més de 5.000.

Des d'ARCA rebutgen la interpretació del monument com un homenatge franquista i subratllen que “mai no va ser un monument a un ‘vaixell assassí’”, sinó que recorda “més de 800 homes que van morir ofegats o cremats després del seu bombardeig i enfonsament”.

L’entitat sosté, així mateix, que la decisió de l’Executiu central contradiu la Llei estatal de memòria democràtica en ignorar la resignificació que el 2010 es va dur a terme per unanimitat del ple de l’Ajuntament de Palma, que, emparant-se en la norma vigent, va acordar despullar l’estructura de la seva simbologia franquista, transformant el sentit del monument, segons ARCA, “en un símbol contra les guerres i les dictadures”.

El debat sobre el seu enderrocament, assenyala l’entitat, va ressorgir anys després, quan la coalició d’esquerres que governava el Consistori va impulsar la seva eliminació. “Va ser un fet gratuït i generador de polèmiques estèrils”, recrimina ARCA, que aleshores va iniciar un procés judicial per defensar el valor patrimonial del monument, considerat “un exemple únic d’art déco a Palma”. Des del col·lectiu conservacionista incideixen que el Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) va avalar la protecció del conjunt, mentre el Consell de Mallorca va acabar catalogant-lo com a monument.

Els conservacionistes recriminen, en aquesta línia, el que consideren una “instrumentalització política” continuada d’aquest element patrimonial i demanen que “tots els partits deixin d’utilitzar-lo en funció dels seus interessos”. “La Secretaria d’Estat està fent un ús capciós de la llei”, considera l’entitat, que també adverteix de possibles vulneracions constitucionals —en referència als articles 24 i 46— i de la Llei de Patrimoni Històric de les Balears, que obliga a conservar els béns catalogats en el seu entorn original.

“El patrimoni és un rastre que ens ajuda a explicar la història i a aprendre’n. Destruir-lo és un símptoma d’incivilització i barbàrie”, conclou l’associació, que insisteix que comparteix els principis de la llei de memòria però rebutja “falsejar el significat d’un monument i el seu valor”.

La resolució impugnada recorda que, ja des del moment en què s’estava desenvolupant el conflicte bèl·lic, els denominats “caiguts per Déu i per Espanya” van comptar amb monuments, misses i homenatges de diferents tipus com a part de l’estratègia legitimadora de la dictadura. “En ser glorificats, la seva mort es convertia en una mort necessària per a la salvació d’Espanya, quedant justificada la guerra (mitificada com a 'Cruzada') i la violència perpetrada contra l’enemic”, incideix.

D’aquesta manera, mentre el règim franquista va convertir l’enfonsament del Baleares en emblema d’heroisme i martiri nacional, utilitzant-lo com a eina de propaganda a tot el país, les víctimes de ‘la Desbandá’ van ser abocades a l’oblit.

La Asociación para la Revitalización de Centros Antiguos de Mallorca (ARCA) ha acudido a los tribunales para impugnar la resolución del Gobierno central de declarar elemento contrario a la memoria democrática el monumento erigido en el parque de sa Feixina, en Palma, en homenaje a los “héroes” del Crucero Baleares, uno de los responsables del bombardeo llevado a cabo en 1937 contra la población que huía de Málaga a Almería en plena ofensiva fascista -episodio históricamente conocido como 'la Desbandá'-. 

El anuncio se produce apenas unos días después de que el Ayuntamiento de Palma, gobernado por el PP con el apoyo de Vox, aprobase una moción dirigida a recurrir la misma decisión, adoptada el pasado mes de marzo por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. El departamento alega que el monolito debe entenderse como un ejemplo del “culto a los caídos”, una de las principales herramientas que empleó el franquismo para justificar su legitimación política y que excluyó de facto a las víctimas del bando republicano.

En aras a blindar el monumento, los de Santiago Abascal también han presentado en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar que se garantice la conservación del monolito al considerarlo “patrimonio de todos los españoles”.

El monumento, cuya presencia lleva años en disputa política, social y judicial en la capital balear, fue levantado en plena dictadura, en 1947, para homenajear a los cerca de 800 combatientes sublevados que murieron diez años antes en el hundimiento del buque durante la batalla del cabo de Palos, el mayor combate naval de la Guerra de España. Un año antes, el Crucero Baleares protagonizó una de las mayores masacres tras el golpe de Estado de 1936: la llevada a cabo contra los miles de civiles que el 7 de febrero de 1937 se arrojaron a la carretera en dirección este para escapar de las tropas sublevadas que, apoyadas por las fuerzas italianas y los regulares marroquíes, avanzaban desde el oeste. En su huida, los civiles fueron ametrallados por los aviones Heinkel de la Luftwaffe y bombardeados por tres buques que los cañoneaban desde el mar: el Almirante Cervera, el Baleares y el Canarias. Los historiadores calculan que fallecieron más de 5.000.

Desde ARCA rechazan la interpretación del monumento como un homenaje franquista y subraya que “nunca fue un monumento a un ‘barco asesino’”, sino que recuerda “a más de 800 hombres que murieron ahogados o quemados tras su bombardeo y hundimiento”.

La entidad sostiene, asimismo, que la decisión del Ejecutivo central contradice la Ley estatal de memoria democrática al ignorar la resignificación que en 2010 se llevó a cabo por unanimidad del pleno del Ayuntamiento de Palma, que, amparándose en la norma vigente, acordó despojar la estructura de su simbología franquista, tranformando el sentido del monumento, según ARCA, “en un símbolo contra las guerras y las dictaduras”.

El debate sobre su derribo, señala la entidad, resurgió años después, cuando la coalición de izquierdas que gobernaba el Consistorio que impulsó su eliminación. “Fue un hecho gratuito y generador de polémicas estériles”, recrimina ARCA, que entonces inició un proceso judicial para defender el valor patrimonial del monumento, considerado “un ejemplo único de art déco en Palma”. Desde el colectivo conservacionista inciden en que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) avaló la protección del conjunto, mientras el Consell de Mallorca acabó catalogándolo como monumento.

Los conservacionistas recriminan, en esta línea, lo que consideran una “instrumentalización política” continuada de este elemento patrimonial y piden que “todos los partidos dejen de utilizarlo en función de sus intereses”. “La Secretaría de Estado está haciendo un uso capcioso de la ley”, considera la entidad, que también advierte de posibles vulneraciones constitucionales -en referencia a los artículos 24 y 46- y de la Ley de Patrimonio Histórico de Baleares, que obliga a conservar los bienes catalogados en su entorno original.

“El patrimonio es un rastro que nos ayuda a explicar la historia y aprender de ella. Destruirlo es un síntoma de incivilización y barbarie”, concluye la asociación, que insiste en que comparte los principios de la ley de memoria pero rechaza “falsear el significado de un monumento y su valor”.

La resolución impugnada recuerda que, ya desde el momento en el que se estaba desarrollando el conflicto bélico, los denominados como “caídos por Dios y por España” contaron con monumentos, misas y homenajes de diferentes tipos como parte de la estrategia legitimadora de la dictadura. “Al ser glorificados, su muerte se convertía en una muerte necesaria por la salvación de España, quedando justificada la guerra (mitificada como Cruzada) y la violencia perpetrada contra el enemigo”, incide.

De este modo, mientras el régimen franquista convirtió el hundimiento del Baleares en emblema de heroísmo y martirio nacional, utilizándolo como herramienta de propaganda en todo el país, las víctimas de 'La Desbandá' fueron abocadas al olvido.

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un Plan estratégico de memoria que plantea la creación de diversos espacios memoriales y actividades para “contrarrestar una cierta falta de transmisión pública y educativa de la historia del siglo XX”. Entre las principales propuestas destaca la inauguración de un espacio memorial en el Castillo de Montjuïc sobre el terrorismo.

Este museo, que también funcionará como archivo y centro de investigación, zanja una larga negociación con las víctimas del terrorismo, que hace años que piden a diversas instituciones -entre ellas el Ayuntamiento- más reconocimiento y acompañamiento. El consistorio se comprometió a crear este espacio ya en 2024 y ahora queda financiado bajo el paraguas de este Plan estratégico.

Se espera que las obras finalicen durante el primer semestre de este 2026, aunque el espacio de memoria y museo no se estrenará hasta 2027. La idea es que este castillo, históricamente vinculado a la represión militar y en el que se llevaron a cabo diversas ejecuciones durante el franquismo, tenga 200 metros cuadrados dedicados a la divulgación sobre estos episodios.

El consistorio apunta que combinará una exposición permanente con actividades de investigación y educativas. “Barcelona ha estado marcada por episodios de alto impacto, como los atentados multitudinarios de Hipercor, en 1987, y de la Rambla, en 2017, que han dejado una profunda huella humana, social y emocional en la ciudad”, apuntan desde el Ayuntamiento. Por ello, el memorial pretende ser un espacio que explique “con rigor y sensibilidad” el terrorismo “en toda su complejidad, situando a las víctimas en el centro y contribuyendo a su reconocimiento”.

La teniente de Alcaldía del área de Derechos Sociales y Memoria Democrática, Raquel Gil, considera que “se debe preservar el pasado para fortalecer el futuro” y destaca que el Plan de memoria es “fruto de un proceso colectivo”. A él han contribuido diversas entidades como el Observatorio Europeo de Memorias (EUROM), la Asociación Pro-Memoria de los Inmolados por la Libertad en Catalunya, el Ateneu de Memoria Popular, el Amical de Mauthausen, el de las Brigadas Internacionales, el espacio feminista Ca la Dona o la Fundación Cipriano García.

Y es que, además del memorial de terrorismo, el Plan -financiado con 6.151.280 euros- contempla otros proyectos, como el Centro Model de la Memoria, que transformará la antigua galería 4 de la cárcel en un espacio museístico. También se revisará la normativa del nomenclátor de la ciudad para “garantizar la coherencia y la precisión historiográfica”, así como para impulsar nombres que, hasta ahora, han sido “poco visibles”, con especial atención a la “necesaria feminización” de las calles.

Por último, también se reactivará la Junta de Valoración del Tardofranquismo, que revisará los protocolos e incorporará perfiles no contemplados hasta la fecha, como el de las mujeres internadas en el Patronato de Protección a la Mujer, las represaliadas por motivos políticos o morales o las perseguidas por su orientación sexual y de género.

Además, se prevé realizar un ciclo de actividades, con diversas propuestas educativas, así como la creación de una web interactiva sobre el pasado esclavista de Barcelona. En él, se identificarán los espacios de la ciudad vinculados al tráfico de esclavos. “Son memorias que han estado largamente silenciadas y la ciudad conserva numerosas trazas de esta participación, desde los domicilios de armadores de indianos hasta aquellos financiados con capitales procedentes de la explotación”, apuntan desde el Ayuntamiento.

A Javier Verdejo nadie le iba a frenar su ímpetu por vivir en una democracia en España. Con la muerte del dictador Francisco Franco, este joven estudiante almeriense de la Universidad de Granada sabía que estaba ante la oportunidad perfecta para reivindicar un nuevo tiempo para su país. Nadie, ni siquiera su padre, un reconocido alcalde franquista de Almería, le iba a impedir militar hacia una transición política en la que la dictadura fuese historia. Nadie, hasta que una bala de un guardia civil le atravesó el cuerpo y le cercenó la vida. Era el verano de 1976, pero su asesinato pareció teñir de invierno las ambiciones de quienes, como Javier, soñaban con una España democrática.

Tenía tan solo 19 años cuando esa bala acabó con su futuro en la playa del Zapillo de su Almería natal. Militante de la Joven Guardia Roja de España (JGRE), la organización juvenil del Partido de los Trabajadores de España (PTE), Verdejo apenas llevaba un año estudiando Biología en la universidad cuando fue sorprendido en una caseta de baño próxima a la orilla escribiendo en un muro, con letras rojas: “Pan, trabajo y libertad”. No llegó a escribir más que la “t” de trabajo cuando un agente de la Guardia Civil le persiguió, mientras trataba de huir, hasta darle alcance con su fusil. En apenas unos segundos, el joven murió, convirtiéndose en una de las casi 800 víctimas que se produjeron en los primeros años de la transición española tras la muerte de Franco en noviembre de 1975.

Quizá por eso, por parecer tan solo un número, Javier Verdejo no ocupa los recuerdos que sí logran otros como Manuel García Caparrós, asesinado el 4 de diciembre de 1977 mientras luchaba por la autonomía de Andalucía. Quizá por eso, la de Verdejo es la historia de un chaval que tuvo la mala suerte de soñar con una democracia cuando la dictadura aún seguía existiendo, pese a la muerte de Franco.

Ahora, 50 años después de su asesinato, la Universidad de Granada le hace un homenaje para que la comunidad académica y la población en general, que empieza a ser mayoría la que no vivió el franquismo, no olvide lo que pasó en los primeros años de la transición que permitió que España sea hoy una democracia. Porque el contexto de aquel tiempo merece ser recordado para entender quién era Javier Verdejo y qué pasaba en el país en aquellas fechas. En ese sentido, Rafael Gil Bracero, profesor de Historia en la Universidad de Granada, que tenía casi la misma edad que Verdejo cuando fue asesinado, es una de las personas que más ha estudiado sobre su figura y de las que más luces puede aportar a los vacíos que la versión oficial arrojó sobre la muerte del joven.

Una transición que no fue modélica

“Ni fue una transición ni mucho menos modélica. Fue sangrienta”, resume Gil. El historiador sitúa el asesinato de Verdejo en un momento de enorme tensión política y social, apenas meses después de la llegada de Adolfo Suárez al Gobierno. En aquel 1976, ni los partidos políticos ni los sindicatos estaban legalizados, y la movilización en las calles –especialmente de estudiantes y trabajadores– formaba parte de la lucha por conquistar libertades básicas.

Ese clima tenía en la universidad uno de sus principales epicentros. “El ambiente universitario estaba muy politizado”, explica Gil, que vivió aquellos años como estudiante. “En la Universidad de Granada, el Partido Comunista era casi lo más a la derecha”. La frase, provocadora, ilustra hasta qué punto el espacio universitario estaba dominado por organizaciones de izquierda y extrema izquierda, donde militaban buena parte del alumnado.

Lejos de ser una excepción, la implicación política formaba parte de la vida cotidiana. Carteles, asambleas y panfletos articulaban un movimiento estudiantil que se organizaba al margen de la legalidad vigente. “La mayoría de estudiantes estaban vinculados a organizaciones políticas”, recuerda el historiador. En ese contexto, la militancia de Javier Verdejo no tenía nada de extraordinario: era, en realidad, la norma entre quienes protagonizaban la oposición al franquismo en las aulas.

Pero esa efervescencia chocaba de frente con un aparato estatal que apenas había cambiado. Gil insiste en que la transición política no vino acompañada de una depuración real de las fuerzas de orden público. “Podían disparar y no pasaba nada”, asegura. La combinación de movilización social y continuidad represiva explica, en parte, la violencia de aquellos años. En cifras, el balance es contundente. “Del 75 al 83 hubo al menos setecientas muertes violentas”, señala. De ellas, al menos 178 corresponden a violencia ejercida por el propio Estado. “Son muertes que apenas han tenido investigación, reparación ni reconocimiento”, añade. La de Javier Verdejo fue una más de esa lista, aunque con el paso del tiempo haya quedado diluida en el relato oficial de una transición pacífica.

La versión oficial sostuvo que el disparo fue accidental: el agente habría caído mientras perseguía al joven y el arma se habría disparado de forma fortuita. Sin embargo, Gil cuestiona esa explicación. “Si te caes con el arma, el disparo no va al cuello”, apunta. Para el historiador, se construyó un relato para evitar responsabilidades. “No fue una muerte, fue un asesinato”, afirma con rotundidad.

La impunidad de su asesinato

El caso nunca se investigó en profundidad y quedó impune. La respuesta en la propia universidad, aunque existente, fue limitada. Hubo comunicados y protestas, pero no una movilización sostenida. “Se hicieron panfletos denunciando el asesinato, pero no hubo más”, admite Gil. Aun así, el impacto fue profundo entre quienes compartían generación con Verdejo: la constatación de que la represión seguía operando incluso en plena transición.

A diferencia de otros nombres que sí han logrado cierto reconocimiento institucional, la figura de Javier Verdejo quedó marcada por el olvido. Algunas fuentes han sostenido que existió un distanciamiento por parte de su familia debido a su militancia política, en un contexto marcado por profundas divisiones ideológicas. Sin embargo, sus hermanos han querido matizar esta interpretación y subrayan que su familia siempre se ha sentido “muy orgullosa” de Javier, al que consideran “querido, recordado y añorado”.

“Una tragedia de tal envergadura marcó a sus padres y a toda su familia, la cual ha sido víctima, al igual que lo fue Javier, de falta de respeto y solidaridad”, explican los hermanos Verdejo Lucas. Asimismo, recuerdan que en 2010 fue reconocido oficialmente como “víctima de la violencia estatal” a petición de la propia familia. Y aseguran haber participado “en todos los actos en reconocimiento a Javier a los que la familia ha sido invitada, y también ha asistido a muchos otros eventos, aunque lo ha hecho sin significarse, respetando así, la iniciativa de los convocantes”.  

Memoria y presente

Medio siglo después, el homenaje impulsado ahora desde la Universidad de Granada, con participación institucional, supone un cambio respecto a décadas anteriores. “Ya era hora de que el Estado reconociera a quienes dieron su vida por la democracia”, sostiene Gil.

Para el historiador, la recuperación de estas historias no es solo una cuestión de memoria, sino también de presente. “Esto no se enseña en las aulas, aunque la ley diga que es obligatorio”, advierte. En un contexto en el que las nuevas generaciones consumen información de forma fragmentaria y rápida, reivindica el papel de la divulgación y del periodismo para reconstruir estos relatos.

Porque la historia de Javier Verdejo no es solo la de un estudiante asesinado en una playa de Almería. Es también la de una universidad que fue motor de cambio político, la de una generación que se jugó la libertad en las aulas y en la calle, y la de un país que, durante demasiado tiempo, prefirió no hacerse preguntas. Medio siglo después, su nombre vuelve a aparecer para recordarlas.

Vox ha sacado pecho este miércoles de la derogación de la ley balear de memoria democrática que, con toda probabilidad, se materializará la próxima semana. Lo ha hecho, de nuevo, apelado a la narrativa de la extrema derecha según la cual las normas aprobadas en esta materia buscan reescribir el relato del golpe franquista, la guerra civil y la dictadura: “Esta ley nunca ha buscado justicia, sino venganza y borrar a media España de los libros de historia con dinero público”, ha proclamado de la portavoz del partido en el Parlament balear, Manuela Cañadas, a pesar de que el texto autonómico rechaza cualquier tipo de totalitarismo y régimen antidemocrático, se inscribe en las políticas de reparación impulsadas en Europa y ha sido señalado por organizaciones y expertos como un ejemplo de desarrollo de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

“Se acabó el tiempo del revanchismo y se acabó la dictadura del pensamiento único”, ha espetado Cañadas, quien ya elevó la tensión en el pleno del Parlament de este martes al acusar a los partidos de izquierda de ser “cómplices” de “violaciones”, de “tráfico de seres humanos” y del “terrorismo yihadista” por apoyar la regularización extraordinaria de personas migrantes, sin que el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne (Vox), reprobara o retirara sus imputaciones del libro de sesiones.

La institución ha estado de nuevo este miércoles marcada por la controversia a tenor del debate de una proposición no de ley del PSIB-PSOE que reclamaba al Govern de Marga Prohens (PP) no derogar la ley de memoria. Durante la defensa de la iniciativa en la Comisión de Asuntos Institucionales, el diputado socialista Omar Lamin ha recriminado que la supresión de la norma, pactada por PP y Vox a inicios de legislatura, supone “una involución moral y política sin precedentes”. “Utilizar la memoria de las víctimas como moneda de cambio para mantener el poder político es un acto de indignidad y una traición a los valores democráticos”, ha aseverado.

El parlamentario ha recordado, además, que la derogación supone la ruptura del acuerdo con el que, en diciembre de 2024, los populares se comprometieron con los partidos de izquierdas a no eliminar la norma a cambio de poder contar con el apoyo de la oposición para corregir una votación. Apenas seis meses después, el PP incumplió el pacto: la necesidad de contar con los votos de Vox para sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025 los llevó a ceder finalmente a la agenda ultra de su socio de investidura. Un cambio de postura que la izquierda recrimina con dureza a los conservadores.

“Tras una crisis política e institucional, el Govern de Marga Prohens y el PP se comprometieron y acordaron con las fuerzas progresistas y con la sociedad balear a no derogar la ley de memoria y a mantener las políticas de verdad, justicia y reparación”, ha recalcado Lamin, quien ha reprochado que el incumplimiento de este acuerdo “es una traición manifiesta a aquel compromiso, una falta de respeto hacia las víctimas y sus familias y una ruptura de confianza con toda la ciudadanía”.

Por su parte, Vox ha reivindicado nuevamente y sin ambages la supresión de la ley. “Yo me sentiré muy orgulloso de mi paso por este Parlament si una de mis aportaciones a la política de estas islas ha sido la derogación de la ley de memoria democrática”, ha espetado el diputado Sergio Rodríguez, quien ha advertido de que su grupo “nunca aceptará una ley que diga que en nuestra guerra civil había un bando bueno y un bando malo”. “No les compramos esa mercancía averiada”, ha proseguido, mostrándose “dispuesto, con estoicismo, paciencia y rigor, a aguantar su culebrón venezolano sin ningún tipo de problema”, en alusión al pleno en el que, el próximo martes, será sometida a voto la revocación del texto. El diputado ha deslizado finalmente que eliminar la ley de memoria “de antidemocrático no tiene absolutamente nada, porque cualquier decisión que en un parlamento democráticamente elegido se toma por mayoría es una decisión democrática”.

“No es lo mismo ser democrático que demócrata”

Frente a ello, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha replicado la intervención de Vox cuestionando su interpretación del concepto de democracia. “No es lo mismo ser democrático que ser demócrata”, ha señalado, antes de ilustrarlo con un ejemplo histórico: “Podríamos coincidir en que Hitler fue elegido democráticamente, pero difícilmente coincidiremos en que Hitler era una persona demócrata”. A su juicio, confundir ambos conceptos conduce a lecturas simplistas del pasado, cuando precisamente el estudio de la historia debe servir para aprender de los errores y evitar que se repitan.

En ese sentido, el parlamentario ecosoberanista ha defendido la importancia de recordar el pasado para evitar repetir los errores históricos y a la necesidad de contextualizar la Guerra Civil y el franquismo, recordando que numerosas “personas inocentes del bando republicano acabaron en los campos de concentración nazis, compartiendo espacio con judíos y con homosexuales”, mientras que “las personas del bando nacional fueron a luchar con los nazis en la División Azul”. Se trata de unos hechos que, ha incidido, evidencian que el franquismo “no es un champiñón histórico que surge de forma aislada”, sino que se inscribe en un contexto internacional y en alianzas con regímenes hoy considerados incompatibles con los valores democráticos.

Mientras tanto, el diputado del Grupo Mixto Josep Castells ha recordado que la ley se aprobó con consenso y suprimirla supondría romper ese marco. “Una cosa es mejorar una norma y otra es derogarla, romper continuidades y dejar procesos a medio camino”.

El diputado independiente Llorenç Córdoba se ha sumado a las críticas relativas a la “instrumentalización política” del debate memorialista. “Cuando la memoria democrática se usa como herramienta partidista, en lugar de reparar se polariza”, ha advertido, aunque ha insistido en que la solución no es eliminar la ley sino “despolitizar”.

Por parte del PP, Rafael Nadal ha evitado entrar en el fondo del debate “más allá del relato que se ha querido construir”, defendiendo que la derogación de la ley debe discutirse en el pleno de la Cámara. “Una y otra vez estamos debatiendo sobre lo mismo con iniciativas que repiten el mismo planteamiento. Y, sinceramente, no nos parece la mejor manera de utilizar el tiempo de este Parlament”, ha señalado el popular, reconociendo, con todo, que se trata de “un tema sensible que merece ser tratado con rigor y serenidad

Finalmente, la comisión ha rechazado, con los votos en contra de PP y Vox, el punto central de la iniciativa socialista, que instaba al Govern a no derogar la ley de memoria democrática y a mantener las políticas públicas de memoria. Populares y extrema derecha también han tumbado el punto que pedía impulsar desde el ámbito local acciones de memoria democrática, como la localización de fosas o la conmemoración de las víctimas del franquismo. La comisión sí ha aprobado otros tres puntos de la proposición, entre ellos reafirmar el compromiso con la verdad, la justicia y la reparación, mantener las políticas de memoria democrática y expresar apoyo a las familias de las víctimas y a las entidades memorialistas.

El Parlament balear ha aprovat una proposició no de llei (PNL) del PSIB-PSOE que insta el Govern a organitzar un acte institucional de reconeixement i homenatge a totes les víctimes civils, “sense distinció de bàndol”, dels bombardejos patits a les illes durant la Guerra Civil. La iniciativa, que ha tirat endavant amb el suport unànime de tots els grups -inclosos PP i Vox-, assevera que “aquestes víctimes formen part de la tragèdia compartida que va suposar la guerra i mereixen totes el reconeixement i la reparació moral de les institucions democràtiques”. “El seu dolor no té bàndol, i la seva memòria ha de contribuir a reforçar la convivència i la pau”, afegeix el text.

La votació ha tingut lloc tot just uns dies abans que, amb tota probabilitat, conservadors i extrema dreta utilitzin la seva majoria parlamentària per rebutjar l'esmena a la totalitat de l'esquerra contra la derogació de la Llei de Memòria Democràtica, l'entramat legal que, precisament, dóna cobertura institucional i continuïtat a aquest tipus d'homenatges. No en va, PP, Vox i el diputat del Grup Mixt han avançat aquest dimecres en el desmantellament d'aquest marc normatiu en rebutjar diverses mesures clau, incloses en la mateixa PNL, vinculades a la memòria històrica. Entre elles, el punt que reclamava que l'homenatge se celebri de manera descentralitzada a cada illa amb la participació dels Consells Insulars, els ajuntaments i les entitats memorialistes, mantenint un caràcter comú per a tot l'arxipèlag.

Del mateix mode, també ha estat tombada la incorporació d'aquests fets històrics als continguts educatius, el reforç de les polítiques públiques de memòria i els programes d'exhumacions, la preservació dels espais de memòria, així com la defensa expressa de la llei vigent. El resultat ha estat l'aprovació d'una iniciativa aïllada, la celebració del reconeixement conjunt, sense que aquest es vegi acompanyat d'un marc estable d'actuació institucional.

Els bombardejos que van sacsejar les illes

El document aprovat aquest dimecres recorda com Balears va patir, després del cop franquista que va desembocar en el conflicte bèl·lic, diversos bombardejos que “van afectar greument la població civil”. A Palma, una esquadrilla de les Forces Aèries de la República va bombardejar el 1937 la ciutat, “causant prop d'un centenar de víctimes, entre elles nombrosos nens”. A Eivissa, al migdia del 13 de setembre del 1936, els bombardejos de l'aviació feixista italiana instal·lada a Mallorca “van provocar morts i ferits entre la població civil i la destrucció d'infraestructures al port i a la ciutat”.

Al mateix temps, el 29 de maig del 1937, després d'un bombardeig sobre el creuer alemany Deutschland, una esquadra republicana va canonar la ciutat d'Eivissa, provocant diverses víctimes mortals entre la població civil. A Menorca, durant els últims mesos del conflicte, també es van produir bombardejos aeris i navals que “van afectar ciutadans innocents”.

La iniciativa socialista recorda que recentment es va anunciar la voluntat de retre homenatge a les víctimes dels bombardejos republicans sobre Palma, coincidint amb el 90 aniversari d'aquells fets. “Aquest record és just i necessari”, subratlla el text, que assevera a continuació que “el reconeixement de la memòria democràtica no pot ser selectiu”. “Si volem construir una memòria comuna i inclusiva, cal també recordar i homenatjar a les víctimes dels bombardejos feixistes a Eivissa i a Menorca, així com a totes les persones innocents que van patir la violència i la repressió de qualsevol bàndol”.

“Greu retrocés en la garantia dels drets humans”

La proposta assenyala, tanmateix, que “aquest deure de memòria no pot desvincular-se del marc legal que el fa possible”. Es refereix a la llei de memòria democràtica, aprovada el 2018 sota el mandat de la socialista Francina Armengol i que -afegeix el document- “ha permès avançar en la veritat, la justícia i la reparació de les víctimes”. “La seva derogació, impulsada per Vox amb el suport del Partit Popular, suposaria un greu retrocés en la garantia dels drets humans i en el reconeixement institucional de totes les víctimes del conflicte”, incideix el text, fent èmfasi, de nou, en què la memòria democràtica “ha de servir per unir, no per dividir; per reconèixer el dolor de tots, no per jerarquitzar-lo. Només des del respecte, la veritat i el compromís de no repetició podrem construir una convivència sòlida i justa”.

En aquesta línia, el Parlament ha donat llum verda a la proposta d'impulsar estudis i projectes d'investigació històrica sobre els bombardejos, “tant republicans com franquistes”, amb la col·laboració de les universitats, arxius i associacions de memòria, i de fer públics els resultats “per garantir el dret a la veritat”. Aquest punt ha obtingut el suport majoritari de la Cambra, amb l'única abstenció de Vox.

Per últim, la Cambra ha reafirmat el seu compromís amb “una memòria democràtica plural, inclusiva i reconciliadora, que no oblidi ni silenci cap víctima i que mantingui viva la dignitat de totes les persones innocents que van perdre la vida a les nostres illes durant la Guerra Civil”. “Només des del respecte a totes les víctimes podrem construir una societat que recordi sense odi, repari sense distincions i aprengui per sempre més a no repetir”, sentencia el text.

El Parlament balear ha aprobado una proposición no de ley (PNL) del PSIB-PSOE que insta al Govern a organizar un acto institucional de reconocimiento y homenaje a todas las víctimas civiles, “sin distinción de bando”, de los bombardeos sufridos en las islas durante la Guerra Civil. La iniciativa, que ha salido adelante con el apoyo unánime de todos los grupos -incluidos PP y Vox-, asevera que “estas víctimas forman parte de la tragedia compartida que supuso la guerra y merecen todas el reconocimiento y la reparación moral de las instituciones democráticas”. “Su dolor no tiene bando, y su memoria tiene que contribuir a reforzar la convivencia y la paz”, añade el texto.

La votación ha tenido lugar apenas unos días antes de que, con toda probabilidad, conservadores y extrema derecha utilicen su mayoría parlamentaria para rechazar la enmienda a la totalidad de la izquierda contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática, el armazón legal que, precisamente, da cobertura institucional y continuidad a este tipo de homenajes. No en vano, PP, Vox y el diputado del Grupo Mixto han avanzado este miércoles en el desmantelamiento de ese marco normativo al rechazar varias medidas clave, incluidas en la misma PNL, vinculadas a la memoria histórica. Entre ellas, el punto que reclamaba que el homenaje se celebre de forma descentralizada en cada isla con la participación de los Consells Insulars, los ayuntamientos y las entidades memorialistas, manteniendo un carácter común para todo el archipiélago.

Del mismo modo, también ha sido tumbada la incorporación de estos hechos históricos a los contenidos educativos, el refuerzo de las políticas públicas de memoria y los programas de exhumaciones, la preservación de los espacios de memoria, así como la defensa expresa de la ley vigente. El resultado ha sido la aprobación de una iniciativa aislada, la celebración del reconocimiento conjunto, sin que éste se vea acompañado de un marco estable de actuación institucional.

Los bombardeos que sacudieron las islas

El documento aprobado este miércoles recuerda cómo Balears sufrió, tras el golpe franquista que desembocó en el conflicto bélico, diversos varios bombardeos que “afectaron gravemente a la población civil”. En Palma, una escuadrilla de las Fuerzas Aéreas de la República bombardeó en 1937 la ciudad, “causando cerca de un centenar de víctimas, entre ellas numerosos niños”. En Eivissa, al mediodía del 13 de septiembre del 1936, los bombardeos de la aviación fascista italiana instalada en Mallorca “provocaron muertes y heridos entre la población civil y la destrucción de infraestructuras en el puerto y en la ciudad”.

Asimismo, el 29 de mayo del 1937, tras un bombardeo sobre el crucero alemán Deutschland, una escuadra republicana encañonó la ciudad de Eivissa, provocando varias víctimas mortales entre la población civil. En Menorca, durante los últimos meses del conflicto, también se produjeron bombardeos aéreos y navales que “afectaron a ciudadanos inocentes”.

La iniciativa socialista recuerda que recientemente se anunció la voluntad de rendir homenaje a las víctimas de los bombardeos republicanos sobre Palma, coincidiendo con el 90 aniversario de aquellos hechos: “Este recuerdo es justo y necesario”, subraya el texto, que asevera a continuación que “el reconocimiento de la memoria democrática no puede ser selectivo”. “Si queremos construir una memoria común e inclusiva, hace falta también recordar y homenajear a las víctimas de los bombardeos fascistas en Eivissa y Menorca, así como a todas las personas inocentes que sufrieron la violencia y la represión de cualquier bando”.

“Grave retroceso en la garantía de los derechos humanos”

La propuesta señala, con todo, que “este deber de memoria no puede desvincularse del marco legal que lo hace posible”. Se refiere a la ley de memoria democrática, aprobada en 2018 bajo el mandato de la socialista Francina Armengol y que -añade el documento- “ha permitido avanzar en la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas”. “Su derogación, impulsada por Vox con el apoyo del Partido Popular, supondría un grave retroceso en la garantía de los derechos humanos y en el reconocimiento institucional de todas las víctimas del conflicto”, incide el texto, haciendo énfasis, de nuevo, en que la memoria democrática “debe servir para unir, no para dividir; para reconocer el dolor de todos, no para jerarquizarlo. Solo desde el respeto, la verdad y el compromiso de no repetición podremos construir una convivencia sólida y justa”.

En esta línea, el Parlament ha dado luz verde a la propuesta de impulsar estudios y proyectos de investigación histórica sobre los bombardeos, “tanto republicanos como franquistas”, con la colaboración de las universidades, archivos y asociaciones de memoria, y de hacer públicos los resultados “para garantizar el derecho a la verdad”. Este punto ha obtenido el respaldo mayoritario de la Cámara, con la única abstención de Vox.

Por último, la Cámara ha reafirmado su compromiso con “una memoria democrática plural, inclusiva y reconciliadora, que no olvide ni silencie a ninguna víctima y que mantenga viva la dignidad de todas las personas inocentes que perdieron la vida en nuestras islas durante la Guerra Civil”. “Solo desde el respecto a todas las víctimas podremos construir una sociedad que recuerde sin odio, repare sin distinciones y aprenda por siempre jamás a no repetir”, sentencia el texto.

Esta semana se ha hablado mucho en España de diálogo y guerra civil. Arturo Pérez- Reverte había organizado unas jornadas en Sevilla tituladas “La guerra que todos perdimos”. Este título ya era problemático, pero la polémica estalló cuando uno de los asistentes, el escritor David Uclés, anunció que se retiraba. No quería formar parte de un cartel (y debatir) en el que están el expresidente del Gobierno, José María Aznar, y el fundador de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. 

¿Y si salimos de ese bucle? ¿Y si dejamos de tratar la Guerra Civil Española como un debate entre nietos de republicanos y nietos de franquistas? ‘Historias Desobedientes de España' reúne a familiares de personas que tuvieron alguna responsabilidad en el franquismo. Pero no para glorificarles, sino para cuestionarles, para denunciar lo que supuso la dictadura que ellos ayudaron a sostener. Hablamos con tres de ellos: Anna Velasco, Loreto Urraca y Tomás Gil. 

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Hijos y nietos de franquistas que denuncian en público sus crímenes: “Me moriré tranquilo con mi conciencia”

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Trece familias de presos republicanos que trabajaron como esclavos del franquismo en la construcción de una carretera en el Pirineo navarro —representadas por Valentín Esteban, hijo de uno de los trabajadores forzosos— junto con la asociación memorialista Memoriaren Bidean y la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), llevarán su caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Reclaman el reconocimiento como víctimas del franquismo de los prisioneros obligados a trabajar en la construcción de la carretera Igal-Vidángoz-Roncal. La decisión se toma después de que los tribunales españoles no admitieran la querella presentada, que define lo ocurrido como “crímenes de lesa humanidad”.

Más de 2.000 prisioneros republicanos trabajaron entre 1939 y 1941 de manera forzosa y en condiciones extremas durante la construcción de la carretera que une los valles del Roncal y Salazar en el Pirineo navarro. En octubre de 2023 el colectivo presentó la primera querella en España por trabajos forzosos durante el franquismo, respaldada por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) y la asociación Memoriaren Bideak, en el juzgado de Aoiz (Navarra). La Fiscalía consideró que los hechos relatados eran constitutivos de delito, pero la denuncia no fue apreciada al estimar el juez que los crímenes denunciados habían prescrito.

En el resto de instancias a las que recurrieron posteriormente, Audiencia Provincial de Navarra y Tribunal Constitucional, “tampoco han considerado la querella o han considerado los crímenes aministiados por la Ley de 1978”, ha lamentado Valentín Esteban, representante de las familias.

Sin embargo, según los familiares y colectivos que les apoyan, “la Ley de Memoria Democrática de 2022 establece que La Ley de Amnistía de 1978 debe interpretarse conforme al Derecho Internacional” cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, representando la desestimación de la querella, según ellos, “un déficit democrático y una transición [del sistema franquista] inacabada”.

Tras agotar las vías en la Justicia española, han presentado la denuncia a la ONU al considerar “sin duda” un marco legal “bastante más favorable” que el existente en España “en relación con estos crímenes”. Sabino Cuadra Lasarte, abogado y miembro de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), impulsora de la queja, señala que es posible “obtener una resolución positiva” porque “hay precedentes”. “El Comité de Derechos Humanos ya ha señalado anteriormente que no puede aplicarse [a casos de esta naturaleza] ni la prescriptividad ni la aprobación de leyes de amnistía”.

Los familiares exigen “verdad, justicia y reparación”. “Jamás han dicho lo que han dicho para crear enfrentamiento, por miedo o por revancha. Simplemente, han trabajado para que aquello que pasaron [sus padres] no se repitiera”, añadía Ana Barrena, representante de Memoriaren Bidean.

Trabajos en condiciones de esclavitud

Durante los primeros años de la dictadura, trabajaron en la fortificación de la frontera francesa unos 15.000 prisioneros republicanos, los conocidos como “desafectos”, personas que no tenían imputaciones por delitos graves en contra del régimen, pero que no apoyaban el sistema franquista. Se encontraban en campos de concentración y, sin ser juzgados, fueron organizadas en batallones para realizar trabajos en condiciones de esclavitud que se prolongarían durante años. En el caso de esta carretera pirenaica se estima que trabajaron más de 2.500 presos.

Las condiciones en las que trabajaban y vivían eran extremas y precarias, con picos, palas y martillos como único material para picar la piedra y hacer los caminos bajo la atenta mirada de los soldados. Dormían hacinados en barracones sin apenas comida más allá que unos “tallos de berzas o raíces”, provocando que, en ocasiones “el compañero que dormía al lado estaba vivo a la noche y por la mañana amanecía cadáver”, como describió en una carta remitida a sus familiares el prisionero José Barajas Galindo.

En estas condiciones, muchos de ellos morían por enfermedades como la tuberculosis o eran fusilados por intentar huir. Solo hay trece muertes registradas de trabajadores en la carretera Igal-Vidángoz-Roncal, aunque se cree que fueron muchas más.

Tras varios años de prisioneros esclavos,quienes sobrevivieron y fueron liberados, quedaron “marcados” para el resto de sus vidas. A muchos les costó encontrar trabajo por la mancha de “desafecto” que figuraba en sus expedientes. Ahora sus familias quedan a la espera para su reconocimiento como víctimas de la dictadura.

Más de 20 querellas en España desde 2022 y más de 120 desde 2016

Jacinto Lara Bonilla, abogado y expresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), ha afirmado que desde que se aprobó la Ley de Memoria Democrática en 2022 se habían presentado más de 20 querellas denunciando crímenes del franquismo, tres de ellas por trabajos forzados. Además, ha explicado que desde 2016, “que se empezaron a presentar querellas como una campaña propia y específica de la CEAQUA”, en España se han presentado más de 120.

Ahora mismo hay admitidas a trámite cuatro querellas criminales. Una de ellas por un juzgado de Padrón (Galicia), por torturas; otra en Madrid, también por torturas, que se investiga en los tribunales de instancia; una en Paterna, por enterramientos en fosas comunes; y una última por el asesinato de Teófilo del Valle, primera víctima de la Transición, en la que se le tomará declaración a Martín Villa y a Daniel Aroca en calidad de investigados en ese proceso penal. 

A pesar de que las cuatro mencionadas anteriormente han sido admitidas a trámite, el resto están todas archivadas y gran parte de ellas “han agotado la vía judicial interna”, como el caso de los presos de la carretera Igal-Vidángoz-Roncal, explica Jacinto Lara.

Más de 1.000 personas fallecieron fusiladas o en las cárceles franquistas en la ciudad de Albacete. Al igual que ocurre en otros lugares de España, poco a poco se van recuperando restos de estas personas represaliadas para que sus familias puedan, de alguna forma, cerrar esa herida que permanece latente. La Asociación Fosa de Alcaraz, que desarrolla su actividad de investigación en la provincia albaceteña, ha logrado realizar la “primera exhumación con rigor científico” de la ciudad de Albacete, al analizar e identificar los restos de cuatro personas que fueron ejecutadas por el franquismo y que permanecían juntos en un nicho común.

El próximo sábado 17 de enero tendrá lugar la entrega de los restos a las familias de Francisco Fenoll Lozano, Eleazar Navarro Rodríguez, Antonio Andrés García y Antonio Poveda Ruiz ejecutados el 14 de enero de 1940, en la sala del tanatorio municipal de Albacete.

La Asociación Fosa de Alcaraz y el Grupo Amigos y Amigas de Antonio Machado señalan que durante la represión franquista, en Albacete se “asesinó ante un pelotón de fusilamiento a 758 personas en las tapias del cementerio, de la cuales 15 eran mujeres”, en un periodo comprendido entre 1939 y 1951. Además, explican que más de 300 personas fallecieron en las cárceles franquistas de la capital, y que en total, esas más de 1.000 víctimas fueron enterradas en tres fosas comunes ubicadas en el cementerio, cada una ubicada en uno de los tres patios.

Manuel Ramírez, portavoz de la asociación explica en la entrevista que ha mantenido con elDiario.es Castilla-La Mancha que a partir del año 1945 “las autoridades franquistas decidieron unilateralmente, no sabemos aún la razón, exhumar a las personas de las fosas”. Expone que lo hicieron “sin rigor científico” y que después informaron a las familias, hasta 418 en total, donde algunas decidieron que sus familiares se quedasen juntos “agrupándolos en un mismo nicho, y otras que decidieron separarlos y trasladarlos a su localidad de origen”. Ramírez señala también que otras familias “bien porque no tenían claro las garantías o porque no fueron localizadas, alrededor de 340, fueron depositados en el osario en el fondo del cementerio”.

Nos cuenta que a lo largo del tiempo, gracias a los conocimientos que “nos brinda la ciencia, gracias a la investigación y el ADN, las familias se han ido haciendo preguntas lógicas, para saber si realmente les entregaron a sus familiares o no”.

En primer lugar, familias decidieron juntar los restos de sus familiares, donde “pusieron por ejemplo a las cuatro personas que entregamos próximamente, algunos de ellos estaban en condición anatómica, y los metieron en una caja”, y otras que decidieron disgregarlos y “que ahora son más difíciles de identificar, porque se pusieron sin rigor científico”.

En el caso de Francisco Fenoll Lozano, Eleazar Navarro Rodríguez, Antonio Andrés García y Antonio Poveda Ruiz han podido sacarlos e identificar sus restos de manera individualizada. “En este caso, las exhumaciones que realizaron las autoridades en aquel entonces son correctas, porque los restos corresponden a estas personas”, explica Ramírez. De igual forma, señala que entienden que “si esta exhumación de cuatro personas que se realizó en una misma fecha es correcta, es posible que las que se han realizado en los años anteriores y posteriores también lo sean, que sea un acierto en cascada”, un hecho que “tranquiliza un poco a las familias”.

Ramírez señala que este es un fenómeno que no ha ocurrido en otros lugares. “Hemos hablado con otras asociaciones, se conoce que en otros lugares levantaron un parcial de las fosas para un traslado al Valle de Cuelgamuros, pero lo que ocurrió en Albacete no”. Considera que se trata de una incógnita, y aunque existen varias hipótesis, donde “una historiadora de la asociación apunta a que como en 1945 venía el fin de la Segunda Guerra Mundial les pudo entrar miedo a las autoridades, sin embargo, no entendemos por qué no se pararon en ese caso las ejecuciones hasta 1951” lo que produzca que esta hipótesis “se quede un poco descolgada”.

El portavoz de la Asociación Fosa de Alcaraz explica que por el momento no hay establecido contacto con otras familias: “Hablaron con nosotros varias familias, de 30 personas que ejecutaron en el cementerio de Albacete, la mayor ejecución que se hizo, y que están en un nicho todos juntos, pero por el momento no sabemos nada, se ha quedado parado”, aunque plantea que quizá “alguna familia se animará a arrancar a raíz de este hallazgo”.

El Gobierno de España ha reconocido a los miembros de ETA Juan Paredes Manot, 'Txiki', y Ángel Otaegi, fusilados al final del franquismo, como víctimas al no haber tenido un juicio justo y ha anulado sus condenas tras declarar “ilegal” el Consejo de Guerra al que fueron sometidos, por el que fueron ejecutados hace 50 años, según los documentos oficiales a los que ha tenido acceso Europa Press.

Las familias de 'Txiki' y Otaegi solicitaron la reparación, a principios de este año, ante la Delegación del Gobierno del País Vasco en base a la Ley de Memoria Democrática. En respuesta, el Ejecutivo español ha aprobado, con fecha del pasado 25 de noviembre, sendas Declaraciones de Reconocimiento y Reparación Personal a favor de Paredes Manot y Otaegi, por el que se les reconoce su condición de víctimas, al no haber tenido un juicio justo, y se anulan las condenas.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha entregado a sus familias los escritos de reparación por “la persecución y violencia padecidas por razones políticas, ideológicas y de conciencia durante la dictadura” de Franco, y en reconocimiento a su condición de “víctimas” por haber sido vulneradas, en su caso, “las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo”.

También se refiere a la concurrencia de “intimidación e indefensión en su proceso”, según establece la Ley 20/2022 del 19 de octubre de Memoria Democrática, que reconoce y declara “la ilegalidad y la ilegitimidad del Consejo de Guerra que les juzgó”. De esta forma, “reconoce y declara ilegítimas y nulas, por vicios de forma y fondo”, las resoluciones del régimen franquista que “dictó y que tuvo como consecuencia su fusilamiento”.

L’antropòloga Almudena García-Rubio té un Crist entre les mans. La figura –els braços estesos a esquerra i dreta, els peus units pel clau que travessa les empenyes– és de metall i ha sobreviscut als tèrmits que es van menjar la fusta de la creu a la qual estava unit el cos i del taüt al qual estava unida la creu. Els pinzells i les brotxes netegen la terra que queda sobre les restes del fèretre. Una càmera de fotos i diversos bolígrafs documenten les troballes, que es retiren –amb summa delicadesa– i es guarden –en unes capses de plàstic, ja sobre la superfície– per continuar reobrint, centímetre a centímetre, una rasa que, segons sospiten els investigadors, s’hauria pogut obrir diverses vegades –entre 1937 i 1938– per llençar-hi cadàvers: desenes de víctimes de la repressió franquista durant la Guerra Civil. Hores després de retirar el crucifix, allà mateix apareixeran unes restes que encaixen amb allò que es busca. Hi ha un crani amb –a simple vista– ferides de bala.

L’escena va tenir lloc fa pocs dies al Cementiri Vell d’Eivissa i, tot i que no és ni de bon tros la primera vegada que succeeix (ja s’hi va buscar republicans desapareguts el 2018, 2020 i 2024), ara té una transcendència especial. Representa l’inici de la primera campanya del nou Pla de Fosses que aprova el Govern. El quint en els últims deu anys –342 restes recuperades, 67 morts identificats–, però el primer des que el Partit Popular ha reconegut que cedirà a les pressions de Vox per derogar la Llei de Memòria Democràtica. A l’octubre van començar els tràmits. Per eliminar-la, els populars hauran de votar a favor d’una exigència que es presenta clau perquè els representants d’un partit que enalteix la dictadura –Vox– aprovin el proper pressupost per a la comunitat autònoma. El PP va fer marxa enrere el desembre de 2024, quan la temptativa dels diputats ultres va arribar al ple del Parlament, i l’arxipèlag no va tenir partida de despesa fins a l’estiu de 2025.

La Llei de Memòria Democràtica es va aprovar el 2018 –quatre anys abans que l’estatal– i ara pateix un seriós perill de desaparició. Des que el pacte de centreesquerra que presidia Francina Armengol va deixar pas al Consolat de Mar –seu del Govern balear– al PP de Marga Prohens, que governa en minoria d’ençà les últimes eleccions, la seua derogació és un tema recurrent als plens i a les comissions que es celebren a la cambra autonòmica. L’última vegada, la passada setmana, arran d’una petició llançada pels socialistes per retirar un monòlit –que el Generalísimo en persona va inaugurar el 1947 per honrar els ofegats d’un creuer feixista torpedinat pels destructors de la Marina lleial a la República– del Parc de sa Feixina, a Palma.

Segons Vox, la Llei de Memòria Democràtica “promou la rancúnia”. L’esperit amb què es redactà la norma, però, concorda amb les indicacions que l’ONU va fer al Govern d’Espanya durant anys per “garantir veritat i justícia a les víctimes de la dictadura”. Aprofundeix, també, en la Llei de Fosses, que no serà derogada –de moment– i que des del 2016 permet cavar als llocs on se sabia –per fonts documentals– o sovint s’intuïa –per testimonis orals– que s’havien obert fosses comunes durant la Guerra Civil i els primers anys de la postguerra.

–Dóna un sentit de reparació, que no pas de revenja, a les famílies que no s’han resignat a saber què va passar amb l’avantpassat que van matar a la Guerra Civil. El Govern anterior sí que va fer una política de reparació, donant certificats als familiars de les víctimes, reconeixent que havien estat represaliades de manera injusta. Que és simbòlic? Sí, però ho reconeixia la màxima autoritat de la comunitat autònoma. Això és el que el PP vol derogar perquè quedi com una cosa discreta, amagada, exhumant en silenci, sense actes públics.

Diu en Luis Ruiz. Igual que en les anteriors exhumacions –i, ara, amb més temps disponible perquè ja s’ha jubilat després de donar classes d’Història durant dècades en diversos instituts de l’illa–, el president del Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera passa moltes hores al costat dels nou tècnics –contractats per la Societat de Ciències Aranzadi i l’Associació de Tècnics d’Investigacions Culturals i Socials– que treballen al Cementiri Vell. A més de traginar els cubs que carreguen la terra que es treu a la superfície per engrandir el clot, l’historiador aporta dades i dates –vitals per traçar una cronologia fiable– i fa d’enllaç entre qui busca i qui anhela que trobin: els familiars dels morts.

La comunicació –amb els descendents de set desapareguts– és fluida. Tanmateix, Ruiz diu que els ponts entre el Govern i les associacions memorialistes de les Illes Balears han saltat pels aires: “El PP va entrar a governar sabent que la memòria històrica ni els beneficia ni els dóna vots, que fins i tot podia crear divisió entre el seu electorat. La Llei de Fosses ja contemplava la creació d’una comissió, de la qual naltros formem part, que havia d’aprovar el calendari d’exhumacions, proposar noms per elegir els tècnics que havien de treballar en tot el procés, determinar les dotacions del pressupost… Aquest tipus de decisions ha passat a prendre-les unilateralment el Govern”.

–Com?

–És molt simple: la comissió de fosses no funciona perquè no es convoquen reunions perquè funcioni.

El PP va entrar a governar sabent que la memòria històrica ni els beneficia ni els dóna vots, que fins i tot podia crear divisió entre el seu electorat

Luis Ruiz — Historiador i president del Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera

Memòria de Mallorca i el Govern: dues visions oposades

Dos telèfons es despenjen a Mallorca per parlar amb elDiario.es. Les veus –femenines– donen versions oposades sobre el panorama que descriu Luis Ruiz. Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca –i néta de represaliats pel franquisme–, és molt gràfica a l’hora de confirmar allò que afirma el seu col·lega: “Amb l’anterior Govern es van convocar setanta reunions en una legislatura. Amb l’actual, en duim dues en dos anys. I no és perquè no haguem demanat audiència amb la presidenta del Govern –que l’hem demanada, tres voltes–, però no ens ha pogut veure, encara, aquesta senyora; quan tengui un espai a la seva agenda, ja ens rebrà. Som la primera comunitat autònoma que té gairebé fetes totes les fosses de la repressió que eren viables d’exhumar. El que està fet no ens ho prendran, però ens preocupa que tot el coneixement acumulat es perdi si no se li dóna un sentit”.

Oliver envia per WhatsApp captures dels correus que el col·lectiu que representa va enviar fa temps –al setembre de 2023, al gener de 2024– al Govern plantejant diverses qüestions –pregunten per la denúncia que l’executiu d’Armengol va presentar a la Fiscalia al final de l’anterior mandat, proposen un ordre del dia en la següent comissió de fosses…— i afegeix: “No ens han respost. A cap mail. És molt mallorquí això de passar pena, però és el que hi ha. Ens menystenen”.

Hem demanat audiència amb la presidenta del Govern [Marga Prohens, del PP], però aquesta senyora encara no ens ha pogut rebre. El que ja s’ha fet no ens ho trauran [les exhumacions anteriors], però ens preocupa que tot el coneixement acumulat es perdi si no se li dóna un sentit

Maria Antònia Oliver — Presidenta de Memòria de Mallorca

En canvi, Xesca Ramis té una visió completament diferent. A aquesta política del PP –directora general de Relacions Institucionals en l’Executiu de Prohens i portaveu de l’oposició a l’Ajuntament de Lloseta, un municipi on els falangistes van matar funcionaris públics i on la dictadura va depurar mestres de l’escola republicana– la sorprenen les acusacions dels presidents de les associacions memorialistes: “El meu desconeixement del que diuen és total. Des del principi, les reunions han estat híbrides. En cap moment m’han demanat que siguin presencials. No ho puc entendre”.

Ramis tampoc té constància dels correus sense respondre –“Els funcionaris del servei de memòria contesten ràpid”– i afegeix: “Noltros continuam treballant en tot allò que contempla la Llei de Fosses. Hem encarregat més pedres de la memòria, estam esperant resposta de les associacions memorialistes per etiquetar els nínxols [per enterrar-hi les víctimes identificades] i tenim pendent la inauguració d’un columbari al Cementeri de Palma, que per problemes d’humitat no s’ha pogut fer encara. Els arquitectes que es varen encarregar del projecte no se n’han fet càrrec [d’arranjar-lo], no ens varen contestar els correus, però el tema va passar a la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura i s’hi han posat. Calcul que al febrer estarà enllestit”.

–Directora general, ¿els tràmits per derogar la Llei de Memòria Democràtica i el debat encès que es viu al Parlament sobre el tema afecta d’alguna manera la feina que es fa des del seu departament?

–Que no fem les polítiques de l’esquerra no vol dir que no fem polítiques de memòria. Noltros intentam fer polítiques que siguin útils, amb rigor, i respectuoses amb les famílies per retornar la dignitat a les persones que van patir la guerra. No cercam la foto, sinó conhortar les famílies. La memòria no es pot considerar un element de confrontació. Aquí no ens hi trobaran.

Que no fem les polítiques de l’esquerra no vol dir que no fem polítiques de memòria. Nosaltres intentam realitzar polítiques que siguin útils, amb rigor i respectuoses amb les famílies per retornar la dignitat a les persones que van patir la guerra

Xesca Ramis — Directora general de Relacions Institucionals del Govern

–Creu que això, la confrontació, és el que diferencia les polítiques de memòria del PP de les que aplicava el pacte de centreesquerra que va governar les Illes Balears entre 2015 i 2023?

–Noltros no valoram el que va fer l’esquerra. Sabem que no ha de ser un element de confrontació i així són les nostres actuacions, que corresponen a memòria democràtica dins la Direcció General de Relacions Institucionals.

Avis que “mai no es ficaren en política”

De tornada al Cementeri Vell, Luis Ruiz deixa l’actualitat política de banda i descriu quin era el perfil dels morts que es buscaran, almenys, fins al 12 de desembre, quan està previst que acabi la campanya iniciada a Eivissa. “Les tretze restes que van aparèixer en l’exhumació anterior”, diu l’historiador, “creim que corresponen, com en el cas dels tres que hem pogut identificar, a víctimes del terror calent: matances en grup que es van dur a terme els darrers mesos del 36, després de la retirada republicana durant la qual, el 13 de setembre, els milicians assassinen noranta-tres presos [als quals metrallaren a sang freda per considerar-los simpatitzants dels colpistes] al Castell de Dalt Vila”.

“Ara, en canvi, sospitam que els morts que poden aparèixer a la franja del cementeri que s’està excavant, paral·lela a la que es s’obrí l’any passat, moriren al llarg del 37 i, fins i tot, durant el 38. No va ser senzill aconseguir documentació, però quan el 2015 vam elaborar el mapa de fosses d’Eivissa, vam reunir més d’un centenar d’actes de defunció. Amb noms, llinatges i dates de les defuncions. Així podem saber que, un any o fins i tot dos anys més tard, els falangistes seguien prenent-se la revenja pels fets des Castell i mataven de tres en tres, de dos en dos, o d’un en un”, afegeix.

–Molts dels militants o sindicalistes que s’havien convertit en milicians i s’havien vist involucrats en delictes de sang havien fugit de l’illa amb les tropes del capità Bayo. Qui eren les víctimes?

–Quan el 1999 vam crear el Fòrum per la Memòria i vam començar a contactar amb familiars –llavors encara quedaven molts fills vius– era normal sentir: “Es güelo mai s’havia ficat en política”. Però després rascaves una mica i trobaves que, moltes voltes, la persona de qui asseguraven que era apolítica resulta que estava afiliada a un sindicat. Alerta: en aquella època calia estar-hi per poder treballar en alguns oficis. Però, més enllà de la seua ideologia o simpaties, creim que en molts casos allò que pesava per assenyalar l’un o l’altre eren simples qüestions personals, rancúnies o enveges a les quals se’ls buscava un acompanyament per justificar aquests crims. Un familiar amb qui mantenim molt de contacte i que té esperances de trobar el seu avi és, per exemple, el nét d’un pescador de Sant Antoni de Portmany a qui varen assassinar per ser amic del darrer batle republicà.

Moltes vegades, la persona de qui asseguraven que era apolítica resulta que estava afiliada a un sindicat. Però, més enllà de la seua ideologia o simpaties, creim que en molts casos el que pesava per assenyalar l’un o l’altre eren simples qüestions personals, rancúnies o enveges a les quals es buscava un acompanyament per justificar aquests crims

Luis Ruiz — Historiador i president del Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera

Republicans entre tombes de noms estrangers

Els nou investigadors surten de les dos rases que han cavat durant les primeres jornades, quan, abans dels pinzells i les brotxes, s’usaren pics i pales. Colpegen les botes contra el terra per desfer-se del fang. Són les deu i quart, l’hora del bocata. La meitat del grup s’acosta a un súper que queda a l’altra banda del carrer per comprar la berenada i la resta, els més joves, la duen de casa. Dos al·lotes i un al·lot peleen unes mandarines i obren un tupper ple de menjar. Parlen amb accent valencià. Ell viu a l’illa, elles han vengut expressament.

Han passat uns quants matins de pluja i fred, però avui fins i tot fa calor. El cel és serè. Anyil. El sol els dóna a la cara, la llum rebota a la tàpia on recolzen l’esquena, berenen. No gaire lluny, en una altra paret del cementeri, encara poden palpar-se, sobre la calç, els impactes de les bales que dispararen els botxins que varen netejar de “subversius”, com afirmava la propaganda franquista, la rereguarda d’una Eivissa que –igual que Mallorca, o les Canàries, d’on va enlairar-se el general Franco per sublevar els exèrcits africans, també amb èxit del complot–, mentre a la península encara quedaven dos anys llargs de bombardejos i batalles, ja travessava, de fet, la seua posguerra particular.

“Per a alguns membres de l’equip”, explica Almudena García-Rubio, “aquesta és la seua primera campanya a Eivissa”. “Igual que passa amb les de Mallorca, aquest cementeri té unes condicions molt particulars. La humitat i la salinitat fan difícil trobar restes en tan bon estat com en altres zones d’Espanya. A més, com que va estar en ús fins als anys vuitanta, s’hi va enterrar damunt les fosses i la terra està molt remoguda. Apareixen molt pocs ossos en posició primària i, per això, als nous els insistim que allò important no són les tombes que puguin trobar, sinó la terra que queda entre elles: allà hi poden ser les persones que cercam”, afegeix.

Aquest cementeri té unes condicions molt particulars. La humitat i la salinitat fan difícil trobar restes en tan bon estat com en altres zones de l’Estat. A més, com que va estar en ús fins als anys vuitanta, es va enterrar damunt les fosses i la terra està molt remoguda

Almudena García-Rubio — Historiadora i osteoarqueòloga

L’osteoarqueòloga eivissenca –llicenciada en Història per la Complutense el 2001 i màster en Antropologia Física i Forense per la Universitat de Granada el 2007, especialitat en què va basar la seva tesi doctoral, defensada a l’Autònoma de Madrid el 2017– fa exhumacions de fosses comunes de la Guerra Civil des de 2003. El 2016 va participar en el primer Pla de Fosses del Govern balear. Quan, d’aquí a uns mesos, intentin localitzar els esquelets sepultats a son Servera, un municipi on encara no s’ha exhumat tot i haver estat un dels escenaris de la Batalla de Mallorca, a tocar amb els deu anys de la primera actuació: l’obertura de la fossa comuna de Porreres, l’epicentre de la repressió franquista a les Illes Balears.

Paco Etxeberria es posà al capdavant d’aquella actuació. Aquest forense és una referència mundial entre els professionals dedicats a esclarir on anaren a parar els desapareguts de guerres, genocidis i neteges ètniques. Etxeberria és, a més, una mena de mentor per a García-Rubio. Ella va descobrir què s’havia de fer –i què s’havia d’evitar– durant una exhumació dirigida pel guipuscoà, ja fa més de dos dècades. L’antropòloga en va recollir el testimoni i, després de Porreres, ha coordinat les campanyes finançades pel Govern balear.

“Encara queden moltes coses per fer, però ja anam recollint algunes alegries”, diu García-Rubio, “i tant de bo en venguin més els pròxims mesos”. “Als laboratoris d’Aranzadi, a Vitòria, i Àtics, a Barcelona, se segueix treballant amb mostres d’ADN de familiars per obtenir més identificacions. Ara hem estat a Badajoz lliurant les restes a les famílies dels presos republicans que tancaren a Formentera en acabar la Guerra Civil. Que les associacions d’una província on s’ha reivindicat amb tanta força la memòria històrica des de fa tant de temps alabassin el mètode de treball que hem desenvolupat a les Illes Balears és el millor reconeixement que podríem rebre”, afegeix.

L’antropòloga torna a la feina i baixa a una de les rases per ajudar els seus companys a prendre les mesures –amb uns tubs articulats als quals diuen jalons– i l’orientació –amb un cartellet que indica el nord i un GPS– d’un taüt que comença a intuir-se sota el mantell terrós. El forat que han obert els exhumadors està envoltat de més tombes, que queden a la vista tot i ser al subsòl. Hi ha làpides –horitzontals i verticals– i creus, xinxetes que marquen la ubicació dels darrers cossos que es varen enterrar –damunt d’altres– al mateix rectangle del cementeri on creuen que podrien localitzar noves fosses de la Guerra Civil. Temps ençà, era una parcel·la comunitària on no calia comprar un nínxol per dipositar un cadàver. La pràctica va durar fins a finals dels anys setanta, quan es va esgotar l’espai. Potser això explica per què les identitats que es llegeixen a les làpides són estrangeres –anglosaxones, franceses, alemanyes– i –relativament– jóvens. Entre els morts del boom turístic hi ha un parell d’excepcions. Una d’elles, molt relacionada amb el record dels represaliats:

MARGARITA ROIG COLOMAR. 28-6-1966. A LOS 57 AÑOS. R.I.P. TU ESPOSO, HIJOS, HERMANOS Y SOBRINOS NO TE OLVIDARAN.

Sota aquesta inscripció descansa Margalida Llogat, la sindicalista empresonada i torturada durant la Guerra Civil, que es va lliurar del tir al clatell, però a qui la dictadura va humiliar durant dècades. Cinquanta anys després de la seva mort –per causes naturals–, l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia li va dedicar un carrer. Era l’agost del 2020. Al novembre del 2023, el PP va acceptar una moció de Vox per retirar-li el nom al·legant que “Google Maps no havia canviat el nom” de la via i això “creava confusió entre els repartidors”. L’alcalde va fer marxa enrere quan va veure que el gegant tecnològic actualitzava els seus plànols davant la reacció popular a les xarxes socials.

La antropóloga Almudena García-Rubio tiene un Cristo entre las manos. La figura –los brazos extendidos a izquierda y derecha, los pies reunidos por el clavo que atraviesa los empeines– es de metal y ha sobrevivido a las termitas que se comieron la madera de la cruz a la que estaba unida el cuerpo y del ataúd a la que estaba unida la cruz. Los pinceles y las brochas limpian la tierra que queda sobre los despojos del féretro. Una cámara de fotos y varios bolígrafos documentan los hallazgos, que se retiran –con suma delicadeza– y se guardan –en unas cajas de plástico, ya sobre la superficie– para seguir reabriendo, centímetro a centímetro, una zanja que, según sospechan los investigadores, pudo abrirse varias veces –entre 1937 y 1938– para arrojar cadáveres: decenas de víctimas de la represión franquista durante la Guerra Civil. Horas después de retirar el crucifijo, aparecerán unos restos que encajan con lo que se busca. Hay un cráneo con –a simple vista– heridas de bala.

La escena ocurrió hace pocos días en el Cementeri Vell de Eivissa y, aunque no es ni mucho menos la primera vez que sucede (ya se buscó allí a republicanos desaparecidos en 2018, 2020 y 2024), ahora tiene una trascendencia especial. Representa el arranque de la primera campaña del nuevo Pla de Fosses que aprueba el Govern. El quinto en los últimos diez años –342 restos recuperados, 67 muertos identificados–, pero el primero desde que el Partido Popular reconoció que cederá a las presiones de Vox para derogar la Llei de Memòria Democràtica. En octubre comenzaron los trámites. Para eliminarla, los populares deberán votar a favor de una exigencia que se antoja clave para que los representantes de un partido que ensalza la dictadura –Vox– aprueben el próximo presupuesto para la comunidad autónoma. El PP se echó atrás en diciembre de 2024, cuando la intentona de los diputados ultraderechistas llegó al pleno del Parlament, y el archipiélago no tuvo partida de gastos hasta el verano de 2025.

La Llei de Memòria Democràtica se aprobó en 2018 –cuatro años antes que la estatal– y ahora corre serio peligro de desaparición. Desde que el pacto de centroizquierda que presidía Francina Armengol dejó paso en el Consolat de Mar –sede del Govern balear– al PP de Marga Prohens, que gobierna en minoría desde las últimas elecciones, su derogación es un tema recurrente en los plenos y en las comisiones que se celebran en la cámara autonómica. La última vez, la semana pasada, a propósito de una petición lanzada por los socialistas para retirar un monolito –que el Generalísimo en persona inauguró en 1947 para honrar a los ahogados de un crucero fascista que torpedearon los destructores de la Marina leal a la República– del Parc de sa Feixina, en Palma.

Según Vox, la Llei de Memòria Democràtica “promueve el rencor”. El espíritu con el que se redactó la norma, no obstante, concuerda con las indicaciones que la ONU hizo al Gobierno de España durante años para “garantizar verdad y justicia a las víctimas de la dictadura”. Profundiza, también, en la Llei de Fosses, que no será derogada –por el momento– y que desde 2016 permite cavar en los lugares donde se sabía –por fuentes documentales– o, a menudo, se intuía –por testimonios orales– que se abrieron fosas comunes durante la Guerra Civil y los primeros años de la posguerra.

– Le da un sentido de reparación, que no de revancha, a las familias que no se han resignado a saber qué ocurrió con el antepasado al que mataron en la Guerra Civil. El Govern anterior sí que hizo una política de reparación, dando certificados a los familiares de las víctimas, reconociendo que habían sido represaliados de forma injusta. ¿Que es simbólico? Sí, pero lo reconocía la máxima autoridad de la comunidad autónoma. Eso es lo que el PP quiere derogar para que quede como algo discreto, escondido, exhumando en silencio, sin actos públicos.

Dice Luis Ruiz. Igual que en las anteriores exhumaciones –y, ahora, con más tiempo disponible porque ya se jubiló después de dar clases de Historia durante décadas en varios institutos de la isla–, el presidente del Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera pasa muchas horas junto a los nueve antropólogos –contratados por la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la Associació de Tècnics d’Investigacions Culturals i Socials– que trabajan en el Cementeri Vell. Además de arrimar el hombro cuando le piden que trajine los cubos que cargan la tierra que se saca a la superficie para agrandar el hoyo, el historiador aporta datos y fechas –vitales para trazar una cronología fiable– y sirve de enlace entre quien busca y quien anhela que encuentren: los familiares de los muertos. 

La comunicación –con los descendientes de siete desaparecidos– es fluida. Sin embargo, Ruiz dice que los puentes entre el Govern y las asociaciones memorialistas de las Illes Balears han saltado por los aires: “El PP entró a gobernar sabiendo que la memoria histórica ni les beneficia ni les da votos, que incluso podía crear división entre su electorado. La Llei de Fosses ya contemplaba la creación de una comisión, de la que nosotros formamos parte, que debía aprobar el calendario de exhumaciones, proponer nombres para elegir a los técnicos que iban a trabajar en todo el proceso, determinar las dotaciones del presupuesto… Ese tipo de decisiones ha pasado a tomarlas unilateralmente el Govern”.

–¿Cómo?

–Es muy simple: la comisión de fosas no funciona porque no se convocan reuniones para que funcione.

El PP entró a gobernar sabiendo que la memoria histórica ni les beneficia ni les da votos, que incluso podía crear división entre su electorado

Luis Ruiz — Historiador y presidente del Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera

Memòria de Mallorca y el Govern: dos visiones opuestas

Dos teléfonos se descuelgan en Mallorca para hablar con elDiario.es. Las voces –femeninas– dan versiones contrapuestas sobre el panorama que pinta Luis Ruiz. Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca –y nieta de represaliados por el franquismo–, es muy gráfica a la hora de refrendar lo que afirma su colega: “Con el anterior Govern se convocaron setenta reuniones en una legislatura. Con el actual, llevamos dos en dos años. Y no es porque no hayamos pedido audiencia con la presidenta del Govern –que la hemos pedido, tres veces–, pero no nos ha podido ver, todavía, esta señora; cuando tenga un hueco en su agenda, ya nos recibirá. Somos la primera comunidad autónoma que las fosas de la represión que era viable exhumar las tiene casi todas hechas. Lo que está hecho no nos lo quitarán, pero nos preocupa que todo el conocimiento acumulado se pierda si no se le da un sentido”.

Oliver manda por WhatsApp pantallazos de los correos que el colectivo que representa envió hace tiempo –en septiembre de 2023, en enero de 2024– al Govern planteando distintas cuestiones –preguntar por la denuncia que presentó el ejecutivo de Armengol a la Fiscalía al final del pasado mandato, proponer un orden del día en la siguiente comisión de fosas– y añade: “No nos han respondido. A ningún mail. Es muy mallorquín lo de passar pena [sufrir], pero es lo que hay. Nos ningunean”.

Hemos pedido audiencia con la presidenta del Govern [Marga Prohens, del PP], pero no nos ha podido ver, todavía, esta señora. Lo que está hecho no nos lo quitarán [las anteriores exhumaciones], pero nos preocupa que todo el conocimiento acumulado se pierda si no se le da un sentido

Maria Antònia Oliver — Presidenta de Memòria de Mallorca

En cambio, Xesca Ramis tiene una visión completamente distinta. A esta política del PP –directora general de Relacions Institucionals en el Ejecutivo de Prohens y portavoz de la oposición en el Ajuntament de Lloseta, un municipio donde los falangistas mataron a funcionarios públicos y donde la dictadura depuró a maestras de la escuela republicana– le sorprenden las acusaciones de los presidentes de las asociaciones memorialistas: “Mi desconocimiento de lo que dicen es total. Desde el principio, las reuniones han sido híbridas. En ningún momento me han pedido que sean presenciales. No puedo entenderlo”.

Ramis tampoco tiene constancia de los correos sin responder –“Los funcionarios del servicio de memoria contestan rápido”– y añade: “Nosotros seguimos trabajando en todo lo que contempla la Llei de Fosses. Hemos encargado más piedras de la memoria, estamos esperando respuesta de las asociaciones memorialistas para etiquetar los nichos [para enterrar a las víctimas identificadas] y tenemos pendiente la inauguración de un columbario en el Cementeri de Palma, que por problemas de humedad no se ha podido realizar todavía. Los arquitectos que se encargaron del proyecto no se han hecho cargo [de arreglarlo], no nos contestaron los correos, pero el tema pasó a la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura y se han puesto manos a la obra. Calculo que en febrero estará terminado”.

–Directora general, ¿los trámites para derogar la Llei de Memòria Democràtica y el encendido debate que se vive en el Parlament sobre el tema afecta de alguna forma al trabajo que se hace desde su departamento?

–Que no hagamos las políticas de la izquierda no quiere decir que no hagamos políticas de memoria. Nosotros tratamos de realizar políticas que sean útiles, con rigor, y respetuosas con las familias para devolver la dignidad a las personas que sufrieron la guerra. No buscamos la foto, sino confortar a las familias. La memoria no se puede considerar un elemento de confrontación. Aquí no nos van a encontrar.

Que no hagamos las políticas de la izquierda no quiere decir que no hagamos políticas de memoria. Nosotros tratamos de realizar políticas que sean útiles, con rigor, y respetuosas con las familias para devolver la dignidad a las personas que sufrieron la guerra

Xesca Ramis — Directora general de Relacions Institucionals del Govern

–¿Cree que eso, la confrontación, es lo que diferencia las políticas de memoria del PP de las que aplicaba el pacto de centroizquierda que gobernó las Illes Balears entre 2015 y 2023?

–Nosotros no valoramos lo que hizo la izquierda. Sabemos que no debe ser un elemento de confrontación y así son nuestras actuaciones que corresponden a memoria democrática dentro de la dirección general de Relaciones Institucionales.

Abuelos que “nunca se metieron en política”

De vuelta en el Cementeri Vell, Luis Ruiz deja la actualidad política a un lado y describe cuál era el perfil de los muertos que se buscarán, al menos, hasta el 12 de diciembre, cuando está previsto que termine la campaña iniciada en Eivissa. “Los trece restos que aparecieron en la anterior exhumación”, dice el historiador, “creemos que corresponden, como en el caso de los tres que hemos podido identificar, a víctimas del terror caliente: matanzas en grupo que se llevaron a cabo en los últimos meses del 36, tras la retirada republicana durante la que, el 13 de septiembre, los milicianos asesinan a noventa y tres presos [a los que ametrallaron a sangre fría por considerarlos simpatizantes de los golpistas] en el Castell de Dalt Vila”.

“Ahora, en cambio, sospechamos que los muertos que pueden aparecer en la franja de cementerio que se está excavando, paralela a la que se abrió el año pasado, murieron a lo largo del 37 e, incluso, durante el 38. No fue sencillo conseguir documentación, pero cuando en 2015 elaboramos el mapa de fosas de Eivissa, reunimos más de un centenar de actas de defunción. Con nombres, apellidos y fechas de los fallecimientos. Así podemos saber que, un año o incluso dos años más tarde, los falangistas seguían tomándose la revancha por los fets des Castell y mataban de tres en tres, de dos en dos, o de uno en uno”, añade.

–Muchos de los militantes o sindicalistas que se habían convertido en milicianos y se habían visto envuelto en delitos de sangre habían escapado de la isla con las tropas del capitán Bayo. ¿Quiénes eran las víctimas? 

–Cuando en 1999 creamos el Fòrum per la Memòria y empezamos a contactar con familiares –quedaban entonces muchos hijos vivos– era normal escuchar: “Es güelo mai s’havia ficat en política” [“El abuelo nunca se metió en política”] Pero luego rascabas un poco y encontrabas que, muchas veces, la persona de la que aseguraban que era apolítico resulta que estaba afiliada a un sindicato. Ojo: en esa época había que estarlo para poder trabajar en algunos oficios. Pero, más allá de su ideología o simpatías, creemos que en muchos casos lo que pesaba para señalar a uno u otro eran simples cuestiones personales, rencillas o envidias a las que se buscaba un acompañamiento para justificar estos crímenes. Un familiar con el que mantenemos mucho contacto y que tiene esperanzas de encontrar a su abuelo es, por ejemplo, el nieto de un pescador de Sant Antoni de Portmany al que asesinaron por ser amigo del último alcalde republicano.

Muchas veces, la persona de la que aseguraban que era apolítico resulta que estaba afiliada a un sindicato. Pero, más allá de su ideología o simpatías, creemos que en muchos casos lo que pesaba para señalar a uno u otro eran simples cuestiones personales, rencillas o envidias a las que se buscaba un acompañamiento para justificar estos crímenes

Luis Ruiz — Historiador y presidente del Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera

Republicanos entre tumbas de nombres extranjeros

Los nueve investigadores salen de las dos zanjas que han cavado durante las primeras jornadas, cuando, antes de los pinceles y las brochas, se usaron picos y palas. Golpean sus botas contra el suelo para deshacerse del barro. Son las diez y cuarto, la pausa del bocata. La mitad del grupo se acerca a un súper que queda al otro lado de la calle para comprar la merienda y el resto, los más jóvenes, la traen de casa. Dos chicas y un chico pelan unas mandarinas y abren un táper lleno de comida. Hablan con acento valenciano. Él vive en la isla, ellas han venido ex profeso.

Se han comido varias mañanas de lluvia y frío, pero esta mañana hace hasta calor. El cielo está despejado. Añil. El sol les da en la cara, la luz rebota en la tapia donde apoyan la espalda, almuerzan. No demasiado lejos, en otra pared del camposanto, todavía pueden palparse, sobre la cal, los impactos de las balas que dispararon los verdugos que limpiaron de “subversivos”, como afirmaba la propaganda franquista, la retaguardia en una Eivissa que –como Mallorca, o las Canarias, de donde despegó el general Franco para sublevar a los ejércitos africanos, también tuvo éxito el complot militar–, mientras que en la península aún quedaban dos años largos de bombardeos y batallas, ya atravesaba, de facto, su posguerra particular.

“Para algunos miembros del equipo”, explica Almudena García-Rubio, “esta es su primera campaña en Eivissa”. “Igual que ocurre con los de Mallorca, este cementerio tiene unas condiciones muy particulares. La humedad y la salinidad hacen difícil encontrar restos en tan buen estado como en otras zonas de España. Además, al haber estado en uso hasta los años ochenta, se enterró sobre las fosas y la tierra está muy removida. Aparecen muy pocos huesos en posición primaria y, por eso, a los nuevos les insistimos en que lo importante no son las tumbas que puedan encontrar, sino la tierra que queda entre ellas: ahí pueden estar las personas que buscamos”, añade.

Este cementerio tiene unas condiciones muy particulares. La humedad y la salinidad hacen difícil encontrar restos en tan buen estado como en otras zonas de España. Además, al haber estado en uso hasta los años ochenta, se enterró sobre las fosas y la tierra está muy removida

Almudena García-Rubio — Historiadora y osteoarqueóloga

La osteoarqueóloga ibicenca –licenciada en Historia por la Complutense, en 2001 y máster en Antropología Física y Forense por la Universidad de Granada, en 2007, especialidad en la que basó su tesis doctoral, refrendada por la Autónoma de Madrid en 2017– lleva exhumando fosas comunes de la Guerra Civil desde 2003. En 2016 participó en el primer Pla de Fosses del Govern balear. Cuando, dentro de unos meses, traten de localizar los esqueletos sepultados en son Servera, un municipio donde todavía no se han exhumado pese a que fue uno de los escenarios de la Batalla de Mallorca, estarán a punto de cumplirse diez años de la primera actuación: la apertura de la fosa común de Porreres, el epicentro de la represión franquista en las Illes Balears. 

Paco Etxeberria se puso al frente de aquella actuación. Este forense es una referencia a nivel mundial entre los profesionales que se dedican a esclarecer el paradero de los desaparecidos de guerras, genocidios y limpiezas étnicas. Etxeberria es, además, una suerte de mentor para García-Rubio. Ella descubrió qué debía hacerse –y qué debía evitarse– durante una exhumación dirigida por el guipuzcoano, hace ya más de dos décadas. La antropóloga recogió el testigo y, tras Porreres, ha coordinado las campañas financiadas por el Govern balear.

“Todavía quedan muchas cosas por hacer, pero ya vamos recogiendo algunas alegrías”, dice García-Rubio, “y ojalá vengan más en los próximos meses”. “En los laboratorios de Aranzadi, en Vitoria, y Àtics, en Barcelona, se sigue trabajando con muestras de ADN de familiares para conseguir más identificaciones. Ahora hemos estado en Badajoz entregando los restos a las familias de los presos republicanos que encerraron en Formentera al acabar la Guerra Civil. Que las asociaciones de una provincia donde se ha reivindicado con tanta fuerza la memoria histórica desde hace tanto tiempo alaben el método de trabajo que hemos desarrollado en las Illes Balears es el mayor reconocimiento que podríamos recibir”, añade.

La antropóloga vuelve al trabajo y desciende a una de las zanjas para ayudar a sus compañeros a tomar las medidas –con unos tubos articulables a los que llaman jalones– y la orientación –con un cartelito que indica el norte y un GPS– de un ataúd que se empieza a intuir bajo el manto terroso. El agujero que han cavado los exhumadores está rodeado de más tumbas, que quedan a la vista pese a estar en el subsuelo. Hay lápidas –horizontales y verticales– y cruces, chinchetas que marcan la ubicación de los últimos cuerpos que se enterraron –sobre otros– en el mismo rectángulo del cementerio donde creen que podrían localizar nuevas fosas de la Guerra Civil. Desde antaño, fue una parcela comunitaria donde no era preciso comprar un nicho para depositar un cadáver. La práctica duró hasta finales de los setenta, cuando se agotó el espacio. Quizás explique por qué las identidades que se leen en las lápidas son extranjeras –anglosajonas, francesas, alemanas– y –relativamente– jóvenes. Entre los muertos del boom turístico hay un par de excepciones. Una de ellas, muy relacionada con el recuerdo de los represaliados:

MARGARITA ROIG COLOMAR. 28-6-1966. A LOS 57 AÑOS. R.I.P. TU ESPOSO, HIJOS, HERMANOS Y SOBRINOS NO TE OLVIDARAN.

Bajo esa inscripción descansa Margalida Llogat, la sindicalista encarcelada y torturada durante la Guerra Civil, que se libró del tiro en la nuca, pero a la que la dictadura humilló durante décadas. Cincuenta años después de su muerte –por causas naturales– el Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia le dedicó una calle. Era agosto de 2020. En noviembre de 2023, el PP aceptó una moción de Vox para retirarle el nombre alegando que “Google Maps no había cambiado el nombre” de la vía y eso “creaba confusión entre los repartidores”. El alcalde reculó cuando vio que el gigante tecnológico actualizaba sus planos ante la reacción popular en redes sociales.