La situación de Amaya Fernández, propuesta por Génova para ser la presidenta de la gestora que ha de reactivar el PP de Bizkaia, ha devuelto el foco a las cuotas que los diferentes partidos políticos disponen en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), el órgano auditor de la comunidad autónoma. Fernández es auditora-jefe en ese organismo desde 2022, un puesto de asesoría de una vocal elegida por su partido. El Parlamento Vasco, de quien depende esta institución, le ha denegado en los últimos días la compatibilidad para compaginar esa labor con la dirección de un partido. El informe recoge los riesgos de que acceda a información “confidencial” y que pueda usarla contra sus “rivales políticos”. También se alude a la importancia de la “apariencia” de “neutralidad” de los integrantes de un órgano auditor.

Fernández, desde que fue nombrada como asesora en el Tribunal de Cuentas, había recibido ya dos autorizaciones para compaginarlo con labores en el PP, primero como miembro del comité electoral nacional y después para participar en la organización del congreso de la formación de Alberto Núñez Feijóo. La tercera, sin embargo, ha sido negativa y eleva el listón sobre el papel no solamente de los vocales del plenario del Tribunal de Cuentas sino sobre sus asesores.

El actual plenario tiene siete miembros. Su composición fue pactada en la pasada legislatura vasca entre PNV y PSE-EE, los socios de Gobierno, y la ya extinta coalición PP+CS. De ese modo, entraron tres vocales a propuesta de los nacionalistas y dos nombrados por los socialistas, lo que da al bipartito el control de la mayoría, cinco de siete asientos. En las otras dos sillas, se cedió una al PP y EH Bildu, que no formó parte del acuerdo, se quedó con la séptima.

La presidenta la eligió el PNV. Es Ana Helguera. Su currículum oficial es el siguiente: “Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco. Funcionaria del TVCP-HKEE desde 1992, con anterioridad había trabajado en la firma de auditoría de Arthur Andersen, siendo miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Posee una amplia formación en los ámbitos de fiscalización y auditoría de cuentas, auditoría de eficacia y eficiencia en la gestión pública, contabilidad y gestión presupuestaria, contratación pública, subvenciones, transparencia y participación y políticas de igualdad. Euskaldun, habla además inglés y francés”. Se omite por completo que fue concejal en Getxo entre 2011 y 2015. Los otros dos vocales 'jeltzales' son Jaime Domínguez-Macaya y Josu Zubiaga, y sí indican los cargos públicos que han ocupado. Zubiaga es igualmente funcionario del tribunal. Los consejeros de cuentas del PSE-EE son Sonia Pérez Blanco e Inmaculada Anda. La del PP es María Teresa Crespo. Y Francisco Javier Txokarro fue designado por EH Bildu.

Cada vocal tiene un asesor o auditor-jefe. Según los datos recabados por este periódico, los de la cuota del PNV son José Ignacio Familiar, Haizea Orube y Álvaro Zulueta. María José García y Manuel Ríos son los auditores designados por el PSE-EE e Iñaki Penedo es el de EH Bildu. Antes era el “administrador” contable de la coalición. Todos ellos tienen el mismo rango que Amaya Fernández, que antes había ocupado varios cargos institucionales con el PP e incluso, transitoriamente, fue la presidenta en Euskadi.

Asimismo, la presidenta tiene una asistente adicional. Es Amaia Ruiz de Viñaspre. Ya dejó el cargo político en 2024, pero durante años simultaneó sus funciones en el Tribunal de Cuentas con ser la 'número dos' del PNV de Álava, la secretaria del Araba Buru Batzar. Nunca se detectó ninguna incompatibilidad, aunque las fuentes internas recalcan que no participa en la comisión de auditoría, a diferencia del resto de asesores. Sin embargo, sí trascendió que contrató como secretaria a su propia hija, Ane Miren Atín, también con diferentes responsabilidades en el partido. Fuentes de su propio partido admitieron que, siendo “legal” el movimiento, no fue muy “estético”.

El anterior presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas fue José Luis Bilbao. Llegó al cargo en medio de la polémica porque saltó directamente de ser diputado general de Bizkaia con el PNV a dirigir un órgano de control que emite informes sobre todas las instituciones. En la anterior etapa fue el PP el que propuso al máximo responsable de la institución, José Ignacio Martínez Churiaque. Fue uno de los puestos que el PSE-EE cedió a este partido a cambio del apoyo a la investidura de Patxi López.

El 6 de febrero de 2020, como el de 2025, era jueves. Hacia las 16.00 horas empezaron a llegar noticias sobre un “desprendimiento” en la autopista que une Bilbao y Donostia, que había quedado cortada al tráfico a la altura de Zaldibar, en la linde entre Bizkaia y Gipuzkoa. Conforme avanzaba la tarde, aquellos avisos infravalorados por muchos adquirieron otra dimensión. Euskadi había sufrido la mayor catástrofe natural posiblemente desde las inundaciones del verano de 1983. Dejó dos víctimas, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, y unas consecuencias ambientales que tardarán décadas en superarse, como mínimo hasta 2050. Ahora, muchas de las derivadas judiciales siguen abiertas, particularmente una nueva causa bajo secreto de sumario que investiga si el Ayuntamiento de Zaldibar accedió a ampliar irregularmente el vertedero.

El alud era en realidad el vertedero ubicado en la montaña, que se había venido abajo. La lengua de 800.000 toneladas de residuos que se desplomó precisaría de 32.000 camiones para su recogida. Puestos en fila, llegarían desde allí hasta Zaragoza. El menor de los problemas, por lo tanto, empezaba a ser ya el de la gestión de la autopista cortada. “Había columnas de humo y fuego y no había manera de apagarlas. Aquello no era normal. 24 horas lloviendo y seguía saliendo humo”, relató a este periódico un agente de la Ertzaintza que intervino aquella jornada.

Los incendios generaron emisiones tóxicas y obligaron a dar la orden de usar mascarillas en la zona pocas semanas antes de la llegada de la COVID-19, que se produjo a finales de aquel febrero negro. Un alto cargo de Salud del Gobierno vasco, en puertas de la mayor crisis sanitaria de la historia, quiso 'tranquilizar' a la población asegurando que los furanos no eran tan peligrosos porque, como se había visto con un opositor ruso envenado, el expresidente de Ucrania Victor Yushchenko, sólo desfiguraban la cara y no eran mortales. Hasta se tuvo que suspender el fútbol de Primera División en Ipurua, el estadio de Eibar, ya en Gipuzkoa pero pegado a la zona cero. Igualmente, aparecieron restos de amianto que se habían mezclados con otros residuos no peligrosos y se generó riesgo para el personal de emergencias. Había unas 16.000 toneladas de esa sustancia.

Pero, sobre todo, dos trabajadores quedaron sepultados. Los restos de Sololuze (Markina-Xemein, 62 años) aparecieron en agosto, medio año después. Pero nunca se encontró a Beltrán (Zalla, 51 años), el hombre que había avisado del riesgo que corría la infraestructura, emplazada en una ladera, sin que la empresa gestora del recinto, Verter Recycling, le hiciera caso. Este periódico publicó informes que probaban que la empresa conocía que días antes del suceso habían aparecido grietas y asentamientos. Lo despachó asegurando que era “lo normal” en vertederos.

Homenaje a las víctimas el domingo

Cinco años después se organiza un acto de recuerdo a las víctimas. Será el domingo a las 12.30 horas en la zona de Eitzaga. Zaldibar Argitu, la plataforma creada para denunciar lo ocurrido, señala que tan responables son los empresarios que realizaron las “barbaridades” en el vertedero durante años -después se descubrió que se estaba llenando a mucha más velocidad de la prevista- como quienes lo “permitieron” teniendo la obligación de “controlarlo”, es decir, el Gobierno vasco.

En 2025, aún muchas de las derivadas judiciales siguen abiertas. Es cierto que más o menos con celeridad, en 2021, los gestores de Zaldibar admitieron su responsabilidad e indemnizaron con elevadas cantidades a las familias de los fallecidos a cambio e evitar la cárcel . Fueron condenados por un delito contra los trabajadores, el equivalente a un homicidio imprudente, el empresario José Antonio Barinaga, su sobrina y administrativa de Verter Recycling, Arrate Bilbao, y el ingeniero-jefe de la planta, Juan Etxebarria.

En paralelo, eso sí, se abrió otra investigación penal por los delitos ambientales asociados a esta catástrofe. Volvieron a ser imputados Barinaga, Bilbao y Etxebarria, pero también tres funcionarios de Medio Ambiente del Gobierno vasco y trabajadores de las consultoras Lurtek y Geyser, de los que se sospecha que llegaron a falsificar documentación para justificar las irregularidades en Zaldibar. En el sumario, que alcanza ya los quince tomos, hay informes variados que señalan anomalías. Por ejemplo, uno de ellos era un peritaje del organismo estatal Cedex que estima que en los días previos al desplome se produjeron movimientos de entre 2,2 y 3,5 metros cuando lo ordinario son desplazamientos de entre 0,1 y 0,3 en el año. También se apunta a que existían problemas de impermeabilización y exceso de líquidos en el vaso de residuos.

La magistrada de la causa es Estefanía Carreño. Llegó al juzgado de Durango, el encargado de la investigación, hace solamente unos meses, en el verano de 2024. En octubre declaró un perito. Es lo último se ha movido en este sumario. En noviembre se acordó la enésima prórroga en la causa. Entre lo pendiente hay un informe de los expertos ambientales de la Fiscalía general del Estado. La nueva fecha final es junio de 2025. Fuentes de las acusaciones quieren “celeridad” porque entienden que ya hay base para celebrar un juicio. “Esto no puede eternizarse. Hay elementos para sentar en el banquillo a unas cuantas personas”, señalan un letrado conocedor de la causa. En el proceso están personados el Ayuntamiento de Zaldibar, la sociedad gestora de la autopista, Interbiak, el Consorcio de Aguas, compañías de seguros y entidades ecologistas y sociales. Los funcionarios de Medio Ambiente tienen abogados proporcionados por la Administración.

La catástrofe de Zaldibar también tuvo un contexto político. El lehendakari, Iñigo Urkullu, se retiró el fin de semana que siguió al alud para reflexionar sobre si convocaba o no elecciones. Finalmente lo hizo el lunes siguiente -pero aquellos comicios nunca se celebraron por el confinamiento de la pandemia- y dijo textualmente a los periodistas que no iría a Zaldibar porque no solía hacer caso a “campañas de Twitter” y que “a pesar de ser un suceso fatífico” no acudía habitualmente a “accidentes laborales”. El vicelehendakari, Josu Erkoreka, retiró una fotografía en aquella red social ahora conocida como X disfutando del fin de semana en el monte. Ese mismo jueves, eso sí, se había constituido una mesa de crisis. Había numerosos cargos y, entre ellos, el diputado foral de Bizkaia de Infraestructuras, el ahora lehendakari Imanol Pradales, y el gerente de Interbiak, Mikel Iriondo, ahora su mano derecha. Medio Ambiente era una de las carteras dirigidas por el PSE-EE en la coalición de Urkullu. El consejero era Iñaki Arriola, natural de Eibar. Él tampoco visitó Zaldibar. El peso de la comunicación pública en las primeras horas recayó en dos viceconsejeros, el de Seguridad, Josu Zubiaga, del PNV, y la de Medio Ambiente, Elena Moreno, socialista. Excepcionalmente, se celebró una comparecencia del lehendakari ante la diputación permanente del Parlamento para dar explicaciones.

La causa secreta

La Ertzaintza, además de liderar el operativo de emergencia, que se mantuvo activo hasta que en 2021 se dio por finalizada la búsqueda del cadáver de Beltrán, asumió las labores también de investigar los hechos. Es precisamente un informe de la Policía vasca el que descubrió que Verter Recycling había ampliado el vertedero “más allá de donde tenía autorización”. El diario 'Berria' informó de que estaba autorizada una zona de 137.000 metros cuadrados en Eitzaga pero que en realidad fueron 65.000 más. Allí se acumularon irregularmente residuos y se levantaron instalaciones auxiliares para la gestión de la planta.

El juzgado de Durango ordenó la apertura de una pieza separada, revelada por este periódico el pasado año. Esa instrucción sigue bajo secreto de sumario y fuentes judiciales solamente apuntan que, en efecto, se está analizando un posible delito de prevaricación en el ámbito urbanístico por parte de las autoridades locales a la luz de los informes aportados por la Ertzaintza. De hecho, aunque la sección de delitos ambientales de la Policía autonómica ha cambiado casi totalmente de agentes en estos años, la Fiscalía solicitó expresamente que los dos funcionarios asignados a Zaldibar siguieran con el caso para no complicar aún más los procesos judiciales.

Medio Ambiente -ahora dentro de una cartera de Industria capitaneada por Mikel Jauregi, del PNV- asegura desconocer la existencia de esta causa. “El Gobierno vasco únicamente tiene conocimiento de un único procedimiento judicial ambiental, para el que ha colaborado con la administración judicial aportando toda la información que dispone. En ese proceso se continúa con la fase de instrucción”, indican las fuentes consultadas.

El laberinto judicial se completa con el proceso contencioso-administrativos. El Gobierno vasco ha iniciado ya la reclamación de cantidades a los gestores de Verter Recycling por el coste de las labores de estabilización y reparación del vertedero. Además, recientemente hubo que acometer nuevos trabajos porque la estabilidad volvió a estar en riesgo en 2023. En su momento se manejaron cantidades próximas a los 30 millones de euros. Siempre se dejó claro que la Administración actuaba porque era urgente hacerlo pero que lo hacía de modo “subsidiario”, es decir, que la factura millonaria la repercutiría. El problema es que la empresa se disolvió. De hecho, hubo un proceso judicial (otro más) en la vía mercantil. Sin embargo, el Ejecutivo ya decidió que actuaría contra el patrimonio personal de sus antiguos gestores y es lo que ahora se persigue en los tribunales.

“Los administradores no han aportado voluntariamente ninguna cuantía. Existe un procedimiento para el apremio de las cantidades debidas que ha sido recurrido en el contencioso-administrativo por los administradores de Verter Recycling. El proceso judicial penal abierto condiciona la recuperación de los costes asumidos por el Gobierno vasco”, explican desde el Ejecutivo.

¿Cuál es la situación actual de Zaldibar? En su momento, un testigo de los hechos describió las labores que hubo que acometer como “un trabajo colosal”. “Se ha movido una montaña palmo a palmo”, narraba. Medio Ambiente indica que, en 2025, “la instalación es objeto de seguimiento para garantizar que no supone ningún problema ambiental ni de seguridad”.

“El vertedero debe disponer de un mantenimiento por parte de sus titulares, que son los administradores originarios de la empresa Verter Recycling. Por su parte, el Gobierno vasco, mediante la labor ordinaria de inspección, fiscaliza ese control y mantenimiento para garantizar las condiciones ambientales y de estabilidad del vertedero. De acuerdo a la normativa, en caso de que se detecte una situación que requiera la actuación sobre el vertedero se requiere a los titulares y, en caso de que sea necesario evitar cualquier contaminación y los titulares no den respuesta, se ejecuta por parte de la administración y por el procedimiento tasado por la ley, que es el procedimiento de emergencia, a cargo de los titulares. Ese fue el caso del sellado temporal ejecutado el año pasado”, explican.

El Ejecutivo deja claro que “no es titular de los suelos” sobre los que en su día operó el vertedero. En todo caso, recalcan que “la Administración garantizará que no se produce ninguna afección ni situación de riesgo”. “Cualquier uso que los titulares puedan prever sobre el vertedero debería ser previamente autorizado y respetar las condiciones de la autorización ambiental integrada”, abundan. En su momento, se aludió a posibles usos industriales, pero se trata de una ladera con fuertes pendientes que lo condiciona casi todo.

Los expertos sostienen que “es previsible” que la “recuperación” de la afección ambiental “sea rápida” en el entorno después de los trabajos realizados. “En todo caso las labores de seguimiento y control del vertedero deberán ser desarrolladas durante 30 años con posterioridad al sellado definitivo del vertedero”, puntualizan. La Euskadi de 2050 todavía seguirá recordando el gran alud de 2020.

La jubilación de Rodrigo Gartzia (Ermua, 1957) como 'número dos' de Seguridad, confirmada este viernes con su cese como viceconsejero de Bingen Zupiria, ha abierto la puerta a toda una reorganización en una de las carteras más simbólicas del Gobierno vasco. Zupiria, que asegura estar inspirado por los conceptos anglosajones “security” y “safety”, ha creado dos nuevas viceconsejerías para ello, una policial y otra de para emergencias. Están ya ocupadas por Ricardo Ituarte, que ya era 'número tres' y que ahora tendrá también la máxima dirección política de la Ertzaintza, y por Joana Egiluz, hasta ahora asesora y que asume un área denominada como Protección Civil y que centraliza todos los recursos.

Tradicionalmente, en Seguridad había un responsable de todos los recursos operativos y otro de toda la parte administrativa. Ahora Ituarte dirigirá la parte policial, tanto en lo tocante a las actuaciones de la Ertzaintza como en la parte de gestión de recursos humanos, una patata caliente en pleno conflicto con sindicatos y con el colectivo 'Ertzainas en lucha'. Y Egiluz controlará el resto de áreas, Emergencias, Tráfico, Meteorología, Juegos y Espectáculos o Procesos Electorales.

Gartzia, que entró a Seguridad en 2012 con el primer Gobierno de Iñigo Urkullu dentro del equipo de Estefanía Beltrán de Heredia, fue director de Coordinación. Con Josu Erkoreka, brevemente, ejerció como director de la Ertzaintza, un cargo en el que se alternan políticos y ertzainas. Desde 2021, ha sido viceconsejero de Seguridad, probablemente el puesto de más responsabilidad entre todos los de segundo nivel de la Administración vasca. Relevó a Josu Zubiaga, que estuvo dos legislaturas y media en el puesto antes de saltar al Tribunal de Cuentas.

Ituarte, que es muy cercano al lehendakari, Imanol Pradales, fue alcalde de la localidad natal de ambos, Santurtzi. Nacido en 1975, ya en el Gobierno tuvo cargos de responsabilidad en Osakidetza -de los que se marchó en 2018 coincidiendo en el tiempo con las dimisiones por las denuncias de irregularidades en las oposiciones médicas, aunque él siempre negó que tuviera relación- y luego reapareció en una reestructruación en Seguridad en la que se le encargó encauzar como viceconsejero el conflicto laboral en la Ertzaintza. Antes había sido responsable de Emergencias. Ahora, con la reorganización, no pierde esas competencias y gana todo el control de la Policía vasca. Su nombre llegó a figurar en las quinielas para ser el consejero, pero Pradales optó finalmente por quien había sido consejero de Cultura y portavoz con Iñigo Urkullu, el veterano Zupiria.

En el caso de Egiluz ha sido juntera del PNV de Álava y asume ahora su primer gran cargo de responsabilidad institucional. Lleva unos meses en el equipo de Zupiria como asesora. De hecho, ya participó en sustitución de Gartzia en la reciente presentación de los presupuestos de Seguridad para 2025 en el Parlamento Vasco.

A Roberto Seijo (Barakaldo, 1964) le quedan “veinte meses” para jubilarse como agente de la Ertzaintza pero solamente unos pocos días para abandonar su cargo como máximo responsable del principal sindicato de la Policía vasca, Erne. Es todo un cambio de ciclo en su organización, desde luego, pero también en el propio cuerpo porque entró en 1996 a la dirección de la central y, con diferentes denominaciones del cargo, es el secretario general y portavoz desde 2006. Desde ese puesto ha ejercido como contrapoder con hasta seis consejeros de Interior o Seguridad y un número amplio de viceconsejeros, directores, intendentes y comisarios, que en no pocas ocasiones le han telefoneado en momentos de crisis. Cuenta por “cientos” las demandas judiciales interpuestas -“conseguimos la única condena por vulneración de derechos fundamentales en la pandemia”-, movilizaciones, reuniones de negociación y comparecencias públicas. Sergio Gómez de Segura será su sustituto al frente de Erne, aunque Seijo ha recibido la petición de continuar como “adjunto” hasta su retiro efectivo, posición que ha aceptado. 

El sindicato celebra los días 17 y 18 de mayo en Bilbao su undécimo congreso y, según explican las fuentes consultadas, no se ha presentado una candidatura alternativa a la de Gómez de Segura, apadrinado por el propio Seijo. El secretario general saliente explica en una entrevista con este periódico que deja la organización “en el mejor momento de su historia” y tras haberse impuesto en las recientes elecciones sindicales, lo que supone “veinte años consecutivos como mayoritarios” entre la plantilla de la Ertzaintza, que siempre ha tenido un alto porcentaje de sindicación. “Los que se quedan son los que han estado en los últimos años conmigo y los que han llevado a este éxito. Viene una continuidad del trabajo de estos años”, indica Seijo.

El mapa sindical, en todo caso, ha cambiado en la Ertzaintza en los últimos años. En los recientes comicios, el último sindicato de clase, ELA, perdió toda su representación como antes les ocurrió a UGT y CCOO y Esan ha emergido como alternativa clara. ¿Sin Seijo Erne puede verse relegado? “La mayoría no está en riesgo. Tenemos 3.200 ertzainas en activo afiliados [de una plantilla de unos 7.500], más 600 agentes municipales y 600 jubilados pagando la cuota. Nunca en la historia de Erne hemos tenido este número de afiliados. Es el mejor momento económico, de afiliación y con la mayoría sindical durante 20 años. Y no es algo mío. Yo he estado a la cabeza pero es un éxito de todos”, apunta el todavía secretario general.

Seijo es agente de la séptima promoción de la Ertzaintza, la que se graduó en la academia de Arkaute en 1987. Tardó tres años en hacerlo, pero en 1990 se afilió a Erne, su única militancia. Entonces la única alternativa era ELA. “Veía que era un sindicato independiente, que estaba luchando con una confrontación muy fuerte por nuestros derechos”, explica. Rememora como dos hitos un “asalto” de protesta en 1989 durante otra graduación en Arkaute y cómo el Gobierno del PNV expulsó a la primera junta rectora del sindicato, lo que supuso un pleito y la readmisión por “despido ilegal”. Cuenta que, siendo agente en Zumarraga (Gipuzkoa), él fue solamente el segundo afiliado a Erne de toda la comisaría. Su colega se llamaba Alfonso, que ahora es delegado en Bilbao. Entonces los agentes trabajaban 2.000 horas anuales y ahora se ha negociado hasta llegar a 1.592. Si la huelga no estuviese prohibida para los funcionarios policiales, seguramente se habrían producido numerosas convocatorias.

El conflicto más tenso se produjo en 2001. ETA había asesinado en Beasain a los agentes Ana Isabel Arostegi y Javier Mijangos. “Tenía en la Ertzaintza un objetivo de prioritario. Y el tema de la 'kale borroka' era horrible. Nos quemaron cientos de coches. Aquello fue un antes y un después. Cuando estuve con [el consejero Javier] Balza y [el viceconsejero Mikel] Legarda en la comisaría tras lo ocurrido sólo había dos ertzainas trabajando. ¡Todo el mundo estaba de baja! Sentían que se había jugado con nuestra seguridad”, relata. Y pone un ejemplo: “Se amenazaba con expedientes a quienes llevaran verduguillos ignífugos”. A ello le siguió una reunión de 15 horas para adoptar medias. “Estuvimos desde las cuatro de la tarde hasta las siete de la mañana del día siguiente. Vi allí a gente llorando”, cuenta. De allí surgió una inversión de 120 millones para adquirir vehículos blindados -los Volkswagen Passat- o chalecos antibalas. También se creó la conocida como Instrucción 53, con todo un catálogo de medidas de autoprotección como que antes de la llegada de una patrulla a una incidencia uniformada un equipo de paisano hiciera una comprobación por si era una trama. “Fue un antes y un después”, repite. Seijo cree que Balza “solventó” un “mala relación” con Legarda y con quien estaba “detrás”, el mando policial Gervasio Gabirondo.

Antes, cuando Seijo accedió a los órganos de representación en la Ertzaintza, el consejero era Juan María Atutxa, del PNV como Balza. De él, el líder de Erne opina que “dio la cara ante ETA” y que “llamó a los terroristas por su nombre”, pero cree que su viceconsejero, José Manuel Martiarena, “ninguneaba” a los agentes y a sus sindicatos. En 2009, el PSE-EE lideró por vez primera el Gobierno vasco y Rodolfo Ares asumió la cartera de Interior. “Es el consejero con la mejor interlocución que ha existido. Siempre fue muy buena. Lo recuerdo como la mejor etapa a nivel laboral y de acuerdos”, señala. El abogado del sindicato, Ernesto Martínez de Lahidalga, pasó a ser viceconsejero durante dos años y medio. En 2012 se produjo otro antes y después en la Ertzaintza, el fallecimiento tras una carga con pelotas de goma en Bilbao del joven Íñigo Cabacas, en plena redefinición del modelo de seguridad tras el final de ETA.

En este momento puedo decir que Erkoreka es el peor consejero a nivel de interlocución con los sindicatos. Nunca he visto tanta vulneración de derechos sindicales

Transitoriamente, la socialista Idoia Mendia asumió Interior durante tres meses hasta que regresó el PNV a Ajuria Enea. Iñigo Urkullu situó a Estefanía Beltrán de Heredia como consejera ya no de Interior sino de Seguridad. “Los primeros años fueron de lo peor que ha habido, con grandes problemas en operativos en Bilbao o en el fútbol. Pero en la última etapa mejoró profundamente”, señala. Critica Seijo la figura de Gabirondo, director de la Policía en esta etapa, pero alaba la del viceconsejero Josu Zubiaga, “el mejor que hemos tenido”. Desde 2020 el consejero es Josu Erkoreka, que además tiene rango de vicelehendakari. “En este momento puedo decir que es el peor consejero a nivel de interlocución con los sindicatos. Nunca he visto tanta vulneración de derechos sindicales. Lo vimos con la fechas y los censos de las elecciones sindicales. Mi esperanza es la directora de la Ertzaintza”, señala mencionando a Victoria Landa, la primera mujer en la historia en esa responsabilidad. “¿Le van a permitir trabajar y ser ella misma? En los destinos en los que ha estado ha tenido siempre el apoyo de sus compañeros”, se pregunta Seijo.

El congreso de Erne se celebrará en dos jornadas y tiene como lema 'Zurekin' ('Contigo', en euskera). La primera tendrá lugar en la sede de la central en Bilbao con un perfil más interno y que incluye el balance de gestión y la votación de las ponencias y del nuevo equipo. El segundo día la cita se traslada al palacio Euskalduna, también en la capital vizcaína. El acto, ya abierto al público, lo inaugurará el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, que ahora ejerce como máxima responsable de la comisión creada para monitorizar las actuaciones policiales que puedan resultar polémicas. Y la cerrará su sucesos, el magistrado Iñaki Subijana. Han confirmado su asistencias sindicatos de la Policía Nacional, de los Mossos d'Esquadra o de la Policía Foral de Navarra, así como centrales como UGT o Satse.

Con unas semanas de retraso a causa de la COVID-19, las instituciones vascas han conmemorado este lunes en el BEC de Barakaldo -y con la mayor solemnidad- el cuadragésimo aniversario de la Ertzaintza, uno de los grandes pilares del autogobierno vasco y heredera de la primera Policía vasca surgida en la Guerra Civil, entonces llamada Ertzaña. “La Ertzaintza cuenta con una alta valoración de la sociedad vasca. Hoy sentimos el orgullo de celebrar juntos la fortaleza de una institución que nace del pueblo vasco y sirve al pueblo vasco. Vuestro compromiso, sacrificio y esfuerzo merece nuestro más profundo reconocimiento y agradecimiento. Las nuevas generaciones tomarán el testigo y serán receptoras de vuestra experiencia, conocimiento y valores. Sois imprescindibles nuestra sociedad”, ha señalado el lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha estado acompañado por dos de sus predecesores, Carlos Garaikoetxea, con quien se puso en marcha, y José Antonio Ardanza, con quien se completó la asunción de las competencias cedidas por las Fuerzas de Seguridad del Estado.

A la entrada del recinto, la Ertzaintza ha desplegado algunos de sus vehículos y hasta un helicóptero. También había francotiradores y unidades caninas. Decenas de agentes del cuerpo han acudido invitados con uniformes de gala -chaqueta roja y txapela- o incluso de gran gala -traje verde, guantes y txapela blanca y sable como arma-. Fuentes oficiales apuntan a 320 policías, de todas las promociones. Sin embargo, el principal sindicato policial, Erne, se ha quejado de que no se haya invitado a la “tropa”, a los agentes rasos de la primera promoción. De hecho, ellos organizaron un acto propio en Gernika en febrero, cuando realmente fue la fecha del cumpleaños. Uniformados de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, así como de los Mossos d’Esquadra, de la Gendarmerie francesa o de cuerpos municipales, entre otros, se han mezclado en las fotografías con los ertzainas. Un alto mando con tricornio se ha fundido en un abrazo con un amigo de rojo.

En cuanto a las autoridades, han arropado a Urkullu dos de sus cuatro antecesores. Se han ausentado Juan José Ibarretxe y Patxi López. También han acudido exconsejeros de Interior o Seguridad como José Manuel Martiarena, Juan María Atutxa, Javier Balza, Rodolfo Ares o Estefanía Beltrán de Heredia, actuales miembros del Gobierno como Gotzone Sagardui, Arantxa Tapia, Olatz Garamendi, Javier Hurtado o Jokin Bildarratz, cargos del Departamento de Seguridad actuales o pretéritos como Rodrigo Gartzia o Josu Zubiaga y autoridades forales y locales, entre ellos los tres diputados generales, Ramiro González, Unai Rementeria y Markel Olano, o el alcalde Bilbao, Juan María Aburto, y la de Barakaldo, Amaia del Campo. Estaba presente igualmente la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, así como representantes de grupos de la oposición como EH Bildu, con su portavoz Maddalen Iriarte a la cabeza, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs. Con los mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han estado el delegado del Gobierno de España, Denis Itxaso, y el subdelegado en Bizkaia, Vicente Reyes.

A las doce en punto, y con piezas musicales de banda de la Ertzaintza, el acto ha arrancado con el auditorio de la cuarta planta del BEC puesto en pie -los uniformados, además, se han retirado la txapela en señal de respeto y han realizado un saludo marcial- para recibir al lehendakari, al vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y al jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, uniformado. La directora del cuerpo, Victoria Landa, ha participado de paisano. Quien llegó a ser primera comisaria de un cuerpo que en su primera promoción vetó a las mujeres, Maite Salaberria, ha denunciado desde el escenario que todavía en 2022 la presencia femenina es “escasa”. Una ikurriña con la E gótica que lucen las matrículas policiales ha presidido la escena, en la una agente de uniforme y pies descalzos ha bailado un aurresku. Ellas representan el 17% de la plantilla actualmente.

Además de a los precursores de la Guerra Civil y de la unidad de Berrozi, se ha procurado un homenaje a los asesinados y heridos por ETA. “En este recorrido nos hemos detenido para recordar los años oscuros del terrorismo. Años en los que ETA asesinaba, amenazaba, coaccionaba, fijando entre sus objetivos también a la Ertzaintza. Asesinó a 15 ertzainas y dejó decenas de víctimas. Trató de amedrentar a la sociedad y a la Ertzaintza. No lo consiguió”, ha pronunciado Urkullu. “Nos quisieron acuartelar. Pero somos gente del pueblo. Eso les fastidiaba. Íbamos al pueblo y éramos uno más. Pasó el 2011, se acabó esta barbarie. Aunque miremos adelante, hay que mirar con los espejos retrovisores”, ha abundado Bujanda, recordando cómo ya en la década de 1980 un sector de la sociedad asimiló a los agentes autonómicos como “cipayos” y “enemigos del pueblo”. “Ahora la gente nos quiere”, ha apostillado el jefe policial.

“La Ertzaintza es una trainera que avanza con un esfuerzo colectivo. Mirando atrás avanzamos, reconociendo el patrimonio recibido. Ahora, 40 años después, hacemos frente a los retos de las sociedades modernas, integración en Europa, refuerzo de la prevención, extensión de la digitalización y promoción de la igualdad”, ha afirmado en euskera el lehendakari durante su parlamento. Antes, se han proyectado vídeos sobre la evolución del cuerpo. Del Seat 131 se ha pasado a equipos modernos. El presidente vasco, se ha dirigido así a la plantilla: “Felicidades a nuestra Ertzaintza. La Ertzaintza es nuestra. La palabra ‘nuestra’ refleja claramente qué representa la Ertzaintza. Es un servicio cercano, un pilar del autogobierno y una institución que la sociedad siente como propia”.

Sin la presencia del presidente saliente, José Luis Bilbao, los siete nuevos vocales del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), bajo la presidencia de Ana Helguera, han tomado posesión de su cargo en el Parlamento Vasco con promesas pero no juramentos. Tres de los siete han sido propuestos por el PNV, dos por el PSE-EE, uno por EH Bildu y otro por PP+Cs. En el anterior mandado fue polémico que Bilbao, dirigente del PNV, saltara directamente de un cargo público a un órgano fiscalizador. Los vocales, además de la presidenta, son Inmaculada Anda, María Teresa Crespo, Jaime Domínguez-Macaya, José Ángel Quintanilla, Xabier Txokarro y Josu Zubiaga, hasta este lunes viceconsejero de Seguridad. Tres han hecho la promesa en castellano y cuatro en euskera.

En un pequeño discurso, la presidenta del Parlamento Vascom Bakartxo Tejeria, ha tenido palabras de reconocimiento y gratitud hacia el equipo saliente -también para “José Luis”- “por su compromiso y dedicación”. Respecto al nuevo equipo, les ha recordado que el Tribunal de Cuentas, “con su labor, contribuye a garantizar el buen funcionamiento y la transparencia de las instituciones”. “Gracias a sus informes, se pueden certificar aspectos tan importantes y necesarios en el buen hacer de las instituciones como la legalidad de la actividad económico-financiera, la eficacia y la eficiencia de la gestión, o la correcta utilización de las ayudas públicas”, ha apostillado.

Los cambios en el Departamento de Seguridad motivados por la salida este lunes del que ha sido 'número dos' durante casi una década, Josu Zubiaga, a punto de tomar posesión como vocal en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas a propuesta del PNV, van a motivar que una mujer asuma por vez primera en la historia la dirección de la Ertzaintza. Fuentes internas consideran este movimiento como “histórico”. Además, el cargo volverá a recaer en un agente por tercera ocasión después de los precedentes de Toño Varela y Gervasio Gabirondo. La elegida es la comisaria Victoria Landa (Bilbao, 1962), que es la agente con mayor rango en un cuerpo tradicionalmente masculinizado. En la actualidad está habilitada como intendente de la comisaría de Vitoria. Solamente hay otra mujer comisaria, Miren Zamakola.

Landa lleva más de tres décadas en el cuerpo en destinos como Asuntos Internos o Zarautz, Bergara, Durango, Bilbao, Arrasate-Mondragón, Gernika, Erandio o Galdakao. Ha recibido una distinción nacional como mujer policía y también una felicitación por el plan de seguridad del Mundobasket de 2014 en la sede de Barakaldo, donde jugó la selección que luego resultó campeona, Estados Unidos, y que implicó protocolos especiales para las estrellas de la NBA. Ha participado también en actividades formativas en la academia de Arkaute. En su etapa en Vitoria, se ha destacado por acudir en primera persona a supervisar numerosos operativos complejos, desde visitas del jefe del Estado hasta actuaciones antidisturbios.

La agente ocupa el hueco dejado por Rodrigo Gartzia, que apenas ha estado un año en el cargo. Gartzia, que antes había asumido otras responsabilidades en Seguridad, asciende ahora a viceconsejero de Josu Erkoreka. Con Landa, el Gobierno vuelve a situar en la dirección política de la Policía vasca a un agente. El primer caso fue el de Varela con el consejero socialista Rodolfo Ares en 2009 y la nacionalista Estefanía Beltrán de Heredia -primera mujer al frente de la cartera con la excepción de la breve sustitución de Idoia Mendia en 2012- repitió el modelo con Gabirondo, cuya etapa tuvo gran contestación interna y sindical. Bajo su mando se situará el jefe policial del cuerpo, Josu Bujanda, máximo mando uniformado.

La designación se ha retrasado algunos días hasta descartar a otro candidato y que este perfil independiente recibiera el visto bueno del lehendakari, Iñigo Urkullu. Además, al no ser afiliada al PNV se requiere un proceso de consultas con el Euzkadi Buru Batzar que ya se ha dado recientemente en otros momentos, como cuando se eligió como asesor de Prisiones al magistrado Jaime Tapia o consejera de Salud a la doctora Nekane Murga.

El nombramiento da muestra del deseo manifiesto del consejero Erkoreka de impulsar el papel de la mujer en la Ertzaintza. Es ya el cuarto consejero con un plan de estas características. “Aunque la presencia de la mujer ha ido en aumento en los últimos años, sigue siendo muy inferior a la deseada”, lamentó en noviembre en el Parlamento Vasco. En esa fecha, hay 5.995 varones y 1.046 mujeres en la plantilla, 85,14% y 14,86%, respectivamente. Además, ese desequilibrio es más notable en algunas unidades de elite. Solamente en los últimos años han empezado a verse en las calles las patrullas compuestas por dos mujeres.

El problema de la desigualdad estructural entre sexos en la Policía vasca tiene un origen histórico. En su creación, se exigía el servicio militar, lo que 'de facto' era un veto para las mujeres. Ya con Javier Balza al frente de una cartera entonces llamada Interior se buscó justamente lo contrario, fijar una cuota del 50% en las plazas de las convocatorias, tanto en las de acceso como en las de promoción interna. Recursos judiciales del sindicato Sipe tumbaron ese sistema y obligaron a los consejeros Ares y Beltrán de Heredia a buscar otras alternativas. En los últimos años se han hecho campañas promocionales específicas para animar a las jóvenes a dar el salto al cuerpo, pero con avances limitados. En España, la Guardia Civil también tiene directora, María Gámez.

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha explicado este miércoles en el Parlamento Vasco que ninguno de los ertzainas que participó en el operativo del que resultó herido en la cabeza por el impacto de una pelota de goma el joven Íñigo Cabacas va a tener responsabilidades disciplinarias. Ya en la vía judicial solamente el agente con más galones en el lugar de los hechos, un callejón de la calle de María Díaz de Haro de Bilbao, fue condenado a una pena de dos años de cárcel, un tipo de pena que no suele comportar el ingreso efectivo en prisión. Es más, Erkoreka ha revelado que únicamente uno de los seis que fueron imputados en su día -un agente de base- continúa en el cuerpo, ya que la mayoría se ha retirado con una “incapacidad” mucho antes de la edad de jubilación.

El máximo responsable político de la Ertzaintza -que ha comparecido acompañado del ya cesado 'número dos', Josu Zubiaga- ha subrayado que el expediente de Asuntos Internos quedó paralizado hasta que concluyó todo el proceso penal con la sentencia del Tribunal Supremo tras los recursos al primer fallo de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que no cambiaron en nada la resolución de este caso. Es por ello que en 2021 se ha retomado un trabajo que, en todo caso, no acarreará ninguna consecuencia. Técnicamente, solamente podría tener un castigo disciplinario el único que mantiene la condición de funcionario pero Erkoreka ha adelantado que se limitó a cumplir una orden cuando disparó pelotas de goma y que precisamente la infracción habría sido no acatarla. No hay visos de que el expediente abarque a quienes no estuvieron inmersos en el proceso penal, aunque esa investigación judicial concluyó que fallaron con estrépito otros resortes.

¿Cómo murió Cabacas? El Jueves Santo de 2012, tras un partido europeo del Athletic contra el Schalke 04 alemán en el viejo San Mamés, la Ertzaintza movilizó a unidades de Seguridad Ciudadana (los antidisturbios de Brigada Móvil no intervinieron en ningún momento, ya que estaban en el estadio) para que se desplegaran en el callejón ante llamadas que alertaban de incidentes e incluso de un grupo de “cabezas rapadas” que luego nunca aparecieron. El impacto de una pelota de goma de las que allí se lanzaron durante tres minutos mató a Cabacas, aunque en un primer momento algunos sindicatos policiales lo pusieron en duda. Dispararon más agentes que los que lo admitieron y que los que fueron juzgados, pero no ha sido posible hallar al autor material. En el callejón había una 'herriko taberna', sede social de la izquierda abertzale, lo que ha dotado de un cariz también político al asunto. La abogada de la familia ha sido Jone Goirizelaia, histórica dirigente abertzale y que fue candidata a alcaldesa de Bilbao por EH Bildu en 2019 y quien ha demandado explicaciones a Erkoreka ha sido esta formación política.

Se sentaron en el banquillo el oficial con número profesional 3389, el agente con más galones en aquella intervención en la zona de María Díaz de Haro y único condenado, y los suboficiales 5351 y 1283, al mando de dos de las furgonetas (cada una de ellas de seis agentes) que fueron movilizadas. Los otros tres son agentes que empuñaron escopeta aquella noche y que, en la investigación interna llevada a cabo por la Ertzaintza, admitieron haber usado pelotas de goma: 15248, 11066 y 10216. Tienen en común que vestían de rojo, cuando el resto de actuantes iban de azul. Hay testigos -policiales y civiles- que vieron disparar a uniformados con ese color. Fallaron los protocolos porque se intervino con pelotas de goma en un callejón estrecho y casi sin escapatoria cuando la situación no revestía la gravedad para emplear ese tipo de munición que técnicamente es “no letal” pero ha demostrado que sí lo es (alcanza hasta 360 kilómetros por hora). Fallaron cuando se siguió interviniendo a pesar de que había gente pidiendo ayuda para el entonces herido, que murió varios días después en el hospital de Basurto. No hay causa-efecto entre la orden que se emitió por radio de “¡Entren con todo!” y el pelotazo letal, que fue previo a ese momento.

Y falló también la investigación posterior. Falló porque nunca se hizo una revisión de las armas que se emplearon y de las pelotas que se arrojaron, lo que habría permitido identificar a los que dispararon y, eventualmente, hallar al autor material. Sin ese análisis, es imposible saber a qué velocidad estaban configuradas las armas. Informes posteriores han demostrado que el material llevaba años sin ser revisado y que había cartuchos en mal estado. El comisario de Bilbao en aquel momento era Jorge Aldekoa, a quien meses después la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia (PNV), promocionó a jefe de la Ertzaintza. Lo hizo en dos ocasiones tras un primer ascenso que fue revocado. En 2018, tras conocerse la sentencia de primera instancia, Aldekoa se marchó. EH Bildu ha denunciado que tampoco en este caso se hayan analizado responsabilidades disciplinarias y que siga teniendo el rango de intendente, uno de los más altos en el cuerpo. El consejero de Interior en el momento de los hechos era el socialista Rodolfo Ares y su 'número dos' Miguel Buen. Una semana después de los hechos, en el Parlamento, Ares pidió perdón a la familia pero fuentes de aquel equipo reconocen que estuvieron a punto de defender políticamente como versión oficial que no se habían disparado pelotas de goma, que es una tesis que defendían algunos mandos.

Ha explicado Erkoreka que el Supremo “mandó un fax” el 23 de marzo de 2021 con la sentencia firme y que fue entonces cuando se retomó el expediente interno de 2012. Ya el 2 de junio el viceconsejero Zubiaga archivó el caso del único condenado. “No es posible ya la responsabilidad al haber perdido la condición de funcionario”, ha indicado Erkoreka. En el supuesto de los otros cinco ertzainas investigados “se reactivó la investigación interna desde el punto de partida de los hechos probados”. Los dos suboficiales y dos de los tres agentes de la escala básica “han dejado la Ertzaintza”, tres incluso “antes del juicio y no por edad” y otro al mes de la sentencia. Por lo tanto, tampoco para ellos puede haber medidas internas, ha asegurado el titular de Seguridad. ¿Y el sexto? Formalmente la investigación de Asuntos Internos sigue en marcha pero Erkoreka ha adelantado que “es muy difícil” que lo que hizo pueda ser “incardinado en las responsabilidades” previstas en la Ley de Policía autonómica. “Se limitó a cumplir una orden. Al revés, no cumplir la orden sería la infracción. ¿Quizá no la cumplió del todo bien? ¿Tuvo que tirar salvas [antes del disparo real]? Se me hace difícil ver las responsabilidades”, ha insistido el vicelehendakari y consejero. Erkoreka ha dejado claro, además, que no es que no tuvieran consecuencias personales los agentes implicados: “Han tenido afecciones graves en su trayectoria profesional”.

Las explicaciones de Erkoreka le han parecido “obscenas” al representante de EH Bildu, que ha denunciado la “total impunidad” con la que ha culminado el proceso casi una década después de que se iniciara. El grupo Elkarrekin Podemos-IU también ha mostrado su perplejidad. El PSE-EE, el partido que dirigía entonces la Ertzaintza, ha tenido una brevísima intervención en la que ha considerado “correctas” las “aclaraciones” de Erkoreka. Desde la bancada del PNV, Jon Andoni Atutxa ha indicado que “ir más allá no sería posible ni sería legal”. Se da la circunstancia de que en el momento de los hechos, desde la oposición, exigió las más altas responsabilidades a Ares y su equipo. El entonces líder del partido en Bizkaia, Andoni Ortuzar, aseguró que la investigación judicial no podía ser una “coartada” para las responsabilidades políticas y que Ares no se podía “esconder detrás de la toga del juez”. “Nos tememos que, detrás de este suceso, pueda estar una mala organización, una falta de profesionalización, que nos ha llevado a este tipo de situaciones”, manifestó entonces.

La muerte de Cabacas, eso sí, supuso cambios de raíz en la Ertzaintza. Desde entonces no se ha vuelto a disparar una pelota de goma en Euskadi. Aunque no están prohibidas, se prioriza un nuevo material, lanzadores de 'foam', aparentemente menos lesivos. Asimismo, Seguridad Ciudadana ha dejado de hacer orden público y se ha priorizado a la Brigada Móvil, que además ha variado de tácticas. Asimismo, se han aprobado protocolos para tratar de corregir esas disfunciones.

El director de la Ertzaintza, Rodrigo Gartzia, sustituirá a Josu Zubiaga como viceconsejero de Seguridad del Gobierno vasco después de que este último haya sido designado este jueves por el Parlamento Vasco como nuevo miembro del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP). La designación de Gartzia ha sido anunciada por el consejero de Seguridad y vicelehendakari, Josu Erkoreka, minutos después de que la Cámara haya dado su visto bueno al nuevo nombramiento de Zubiaga.

Erkoreka, en declaraciones a los medios de comunicación, ha agradecido la labor desarrollada por Zubiaga como 'número dos' de Seguridad desde 2012, primero al lado de Estefanía Beltrán de Heredia y en el último tramo con el propio Erkoreka como consejero. Se ha mostrado convencido de que desarrollará una “espléndida labor” en el Tribunal de Cuentas, informa Europa Press.

Respecto de Gartzia, que también formaba parte del equipo de Beltrán de Heredia y que fue reubicado como director de la Ertzaintza tras la salida de Gervasio Gabirondo, ha subrayado su larga trayectoria en la Administración autonómica y, especialmente, la labor desarrollada en los últimos ocho años en Seguridad, en el que se encargó de la coordinación con otros cuerpos policiales, y en la propia Ertzaintza. “Es el candidato idóneo”, ha asegurado.

En este contexto, el Parlamento ha aprobado ya este jueves de manera definitiva la designación de los nuevos vocales del Tribunal de Cuentas. La economista Ana Helguera Líbano, a propuesta del PNV y exedil por este partido, será la nueva presidenta, un cargo en el que sucederá a José Luis Bilbao y para cuyo nombramiento ha contado con el respaldo de todos los grupos de la Cámara salvo Elkarrekin Podemos-IU, que se ha abstenido en la votación. Junto a esta economista y a Zubiaga, formarán parte del órgano fiscalizador Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga (otro cargo del PNV), Xabier Txokarro Amunarriz (designado a instancias de EH Bildu), José Ángel Quintanilla Angulo e Inmaculada Anda Apodaca (propuestos por el PSE-EE), y María Teresa Crespo del Campo (designada a propuesta de PP+Cs).

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la UPV-EHU, Helguera cuenta con una formación específica en los ámbitos de la fiscalización y auditoría de cuentas, auditoría de eficacia y eficiencia en la gestión pública, contabilidad y gestión presupuestaria, contratación pública, subvenciones, software de auditoría, transparencia, participación y políticas de igualdad. Tras un recorrido profesional de cinco años en una firma de auditoría del sector privado, Helguera accedió en 1992 al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas como funcionaria interina, para pasar a ser funcionaria de carrera un año más tarde. En 2010 accedió a la condición de auditora-jefe, adscrita al área de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. Eso sí, entre 2011 y 2015 fue concejal de Hacienda, Promoción Económica y Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Getxo. Desde 2015 y hasta la actualidad, Helguera es auditora-jefe del tribunal, adscrita al área de Presidencia. Es, asimismo, miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas y del Consejo de Redacción de 'Auditoría Pública', revista de los Órganos de Control Externo.

Después de un mandato cargado de polémica por el salto de quien fuera dirigente del PNV y diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, directamente de su cargo a la presidencia del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), los nacionalistas han rebajado el perfil político de sus candidatos en este proceso de renovación con tres nombres de perfil muy técnico y experiencia económica pero, en todo caso vinculados, al partido. Relevarán a todos los vocales nacionalistas anteriores. La exconcejal en Getxo Ana Helguera encabeza la terna y se perfila como próxima presidenta de este organismo y la acompañarán otro edil guipuzcoano en activo, Jaime Domínguez-Macaya, concejal en Donostia, y, sobre todo, Josu Zubiaga, 'número dos' del Departamento de Seguridad en la última década con los consejeros Estefanía Beltrán de Heredia y Josu Erkoreka y que ha estado presente en todas las principales mesas de crisis en estos años, incluido el derrumbe del vertedero de Zaldibar o la gestión de la pandemia.

Aunque los tres son miembros del partido, tanto Helguera como Zubiaga son funcionarios de carrera del tribunal. Del tercero, Domínguez-Macaya, se ha querido remarcar que es miembro del Órgano de Coordinación Tributaria y del Consejo Territorial de Finanzas de Gipuzkoa. Con Bilbao se marchan un veterano, Eusebio Melero, y Begoña Marijuán, aunque en este caso ya había presentado su dimisión en fechas recientes. Según ha informado el PNV, quien podría ser la próxima presidenta, Ana Helguera Líbano, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la UPV-EHU y “cuenta con una formación específica en los ámbitos de la fiscalización y auditoría de cuentas, auditoría de eficacia y eficiencia en la gestión pública, contabilidad y gestión presupuestaria, contratación pública, subvenciones, software de auditoría, transparencia, participación y políticas de igualdad”. Desde 2015 ha ejercido como auditora-jefe del TVCP. El más conocido del trío es Zubiaga, que fue 20 años auditor en este organismo antes de pasar a ser director de Hacienda en Álava y viceconsejero de Seguridad salvo un paréntesis de dos años en el que regresó al Tribunal de Cuentas. Domínguez-Macaya ha sido director de Patrimonio y Contratación del Gobierno vasco, presidente de la Comisión Central de Contratación y director de Informática y Telecomunicaciones del Gobierno Vasco, todos ellos cargos de designación política. Desde 2015 es el concejal de Hacienda con Eneko Goia en Donostia.

La renovación de las siete vocalías del Tribunal de Cuentas responde a un pacto para el reparto de los puestos alcanzado entre PNV, PSE-EE y PP+Cs, que ya votaron juntos la reforma de la ley reguladora de este organismo que elevó a tres quintos el consenso exigido en el Parlamento para la aprobación de los nombramientos pero que no vetó expresamente fijar un plazo entre el final de un cargo político y la entrada en el órgano fiscalizador de esas mismas instituciones. El PNV se llevará tres de los siete puestos y dispondrá de mayoría en el plenario con los dos nombres propuestos por el PSE-EE, su socio de Gobierno en Euskadi. Son Miguel Ángel Quintanilla, que continúa otro mandato y que antes había estado en EiTB, e Inmaculada Anda, funcionaria de la Diputación de Álava en el área de Hacienda. La coalición PP+Cs, por su parte, dispondrá de un asiento que asignará a Teresa Crespo, que también continúa un segundo mandato. Con el acuerdo, salta por encima a EH Bildu -segunda fuerza política- que se quedará con la posibilidad de proponer un solo nombramiento y que apuesta por la continuidad de Xabier Txokarro. Elkarrekin Podemos-IU, con los mismos escaños que PP+Cs, ni siquiera ha propuesto nombres al verse fuera.

La Ertzaintza ha estrenado este miércoles Itsas-Lagun, un nuevo barco polivalente para vigilancia y rescate con base en el puerto de Pasaia (Gipuzkoa). Se trata de una embarcación rígida cabinada, de 12 metros de eslora y 3,5 metros de manga. Ha costado 319.000 euros y se suma a la flota acuática de ocho embarcaciones de la Policía vasca, informa Europa Press.

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha participado esta mañana en el estreno de Itsas-Lagun, que tendrá como tripulación mínima a un patrón y dos marineros, y cuenta con dos motores fuera borda de 300 caballos cada uno y una autonomía suficiente para adentrarse hasta 12 millas de la costa.

Esta compra, que ha supuesto una inversión de 319.000 euros, se enmarca en el proceso de actualización y modernización de la flota acuática de la Ertzaintza. La nueva Itsas-Lagun quedará atracada en el puerto de Pasaia y tiene similares características a la Itsas-Argi, una embarcación adquirida en el año 2019 y que tiene base en el puerto de Santurtzi. En el estreno de la embarcación también han participado el viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, además de mandos e integrantes de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza.

Se une a la flota de embarcaciones que utiliza la sección de Medio Acuático de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza, en la que trabajan 40 personas, entre patrones, mecánicos navales o buzos. Solamente el año pasado, este equipo realizó 204 movilizaciones. De ellas, 38 fueron actuaciones de rescate en medio acuático con riesgo para la víctima. Asimismo, este equipo colaboró en 100 pruebas deportivas en las que se solicitó apoyo acuático de la Ertzaintza.

En su faceta más policial los recursos acuáticos de la Ertzaintza, participaron en 43 actuaciones policiales preventivas y en un total de 23 operativos planificados o derivados de investigaciones policiales. Además, a lo largo del año pasado, las secciones de aeronáutica y medio acuático, aunaron sus fuerzas para optimizar los recursos en distintas movilizaciones en 23 actuaciones conjuntas.

A lo largo del primer semestre de este año 2021 la sección de Medio Acuático contabiliza ya 25 movilizaciones en materia de rescate acuático. En lo relacionado con la colaboración en pruebas deportivas, suman 86. Además, se han registrado 13 actuaciones policiales preventivas y 27 más en el marco de operativos policiales superando, así, en solo seis meses de este 2021 a los 23 realizados durante todo el año pasado.

Plentzia, Lekeitio y también Elorrio. La localidad vizcaína es la tercera en cerrar los accesos a todos los no residentes en una medida de limitación de movilidad adoptada sin estado de alarma y que tampoco ha pasado por la mesa de crisis de la emergencia sanitaria, el conocido como Labi. En este municipio, que en un año ordinario estaría de fiestas, ha habido incidentes y aglomeraciones en las últimas noches.

El viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, ha lamentado que una parte “muy minoritaria” de los jóvenes busque el enfrentamiento con la Ertzaintza como “vía de diversión”. Y, sobre el caso concreto de Elorrio, ha denunciado que en los incidentes “no hubo improvisación” sino que “estaba todo preparado, con material acumulado” para lanzarlo a la Policía. En declaraciones a Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Zubiaga ha explicado que del sábado al domingo, en Elorrio, al menos ha habido menos personas que en la jornada previa, aunque también ha tenido que actuar la Policía autonómica.

No obstante, ha destacado que los alborotadores estaban preparados para el enfrentamiento con los agentes. “Incluso habían cruzado barricadas con anterioridad a que la Ertzaintza se hubiese puesto en marcha hacia la zona, por lo que hay premeditación en los actos y un nivel de organización”, ha denunciado un Zubiaga a quien estos hechos le recuerdan a otros de hace unas semanas en la localidad guipuzcoana de Villabona. A su juicio, hay una parte “muy minoritaria” de los jóvenes que ha entendido que “el enfrentamiento con la Ertzaintza forma parte de esa fiesta que se organiza y ahí está el problema”. “En una época en que no hay que celebrar fiestas, una parte minoritaria busca el enfrentamiento como vía de diversión”, ha lamentado el 'número dos' de Josu Erkoreka, que ha puesto en valor el trabajo tanto de la Ertzaintza como de los cuerpos locales.

Roberto Seijo (Barakaldo, 1964) es el secretario general del principal sindicato de la Ertzaintza, Erne. La seguridad ha vuelto a primer plano este verano por las actuaciones contra los incumplimientos de las medidas sanitarias para prevenir la COVID-19, que en ocasiones han derivado en incidentes, y por episodios como la paliza a un joven de 23 años en Amorebieta-Etxano, que ha revelado el problema de las bandas juveniles. Asegura Seijo que la Policía vasca estaría “preparada” para responder mejor a estos retos pero que hay “mucha gente incompetente” que no prevé los operativos con el personal suficiente. Alerta también de la situación de algunos cuerpos locales.

¿Está capacitada la Ertzaintza para hacer cumplir las restricciones motivadas por la COVID-19?

Estaría preparada siempre y cuando haya modificaciones en los planteamientos de los dispositivos. Falta personal en los operativos y coordinación con las Policías locales para poder hacer mucho más conjuntamente. Hay que hacer mucho más en forma preventiva ahí donde se conozca que se van a hacer los botellones. Deberían acordonarse esas zonas y tener presencia policial antes de que se vayan masificando esos lugares. Creo que en este momento todo se realiza de forma reactiva. Por ejemplo, lo vimos en una de las finales de Copa del Athletic. En la siguiente final lo que se hizo fue algo preventivo a petición, además, de este sindicato. Hubo presencia policial desde muchas horas antes para que no se juntara la gente. Cuando quieren, lo pueden hacer. La Ertzaintza está preparada y puede hacerlo. Tenemos capacidad, pero tenemos mucha gente incompetente dentro del Departamento que es incapaz de hacer las cosas bien.

La plantilla oficial es de 8.000 efectivos y no se ha alcanzado prácticamente nunca. ¿Cuándo se conseguirá al fin ese objetivo? ¿Cuáles son los datos reales en la actualidad?

Tenemos un déficit de mil personas y significa un gran problema. Pero el Departamento puede hacer bolsas de trabajo con personal voluntario de toda la comunidad para refuerzos, porque hay mucha gente joven que ha ido entrando y que posiblemente se apuntaría para hacer esos dispositivos. Pero, claro, esto tiene un coste económico. Volviendo a la plantilla, posiblemente en noviembre baje de los 7.000 antes de que salga la siguiente promoción de Arkaute. Ésta va a paliar durante seis o siete meses este problema, pero luego volverá a bajar por las jubilaciones. El Gobierno vasco no está haciendo el esfuerzo necesario. Deberían solapar diferentes promociones porque, si no, nos vamos hasta el 2030 sin poder completar la plantilla de 8.000. Y son todos de escala básica de investigación y seguridad ciudadana, porque al final sí se completan todas las escalas superiores y algunas secciones de especialidades. En muchos casos es una situación insoportable: algunos comisarios nos trasladan que a veces hay una patrulla para 50.000 personas.

Respecto del tema de las policías locales, en el operativo especial de las fiestas de Vitoria la Policía Local tenía menos efectivos que la Ertzaintza. En otros municipios hay problemas para incorporar interinos y en algunos no hay turnos de noche.

La situación es caótica en las Policías locales en muchos sitios. Ni los ayuntamientos ni el Gobierno Vasco han sido capaces de generar la suficiente capacidad de OPE para poder garantizar un buen servicio de seguridad a los ciudadanos. Sí, hay muchas localidades sin gente de noche. No se quiere reforzar, no se quiere pagar a los policías que voluntariamente puedan ayudar a otros compañeros ante la falta de plantilla. En Vitoria, al final, la Brigada Móvil de la Ertzaintza echó una mano para poder solventar cualquier problema de orden público porque la Policía Local sin refuerzos poco puede hacer.

En los partes de los últimos fines de semana hay numerosos incidentes contra agentes, lanzamientos de botellas y similares. ¿Esto es un fenómeno nuevo?

Sí, así es. Desde mayo es un fenómeno nuevo en Euskadi y por el momento somos incapaces de pararlo y de detenerlo. Hemos visto las imágenes de Villabona, donde tristemente los compañeros tuvieron que retroceder. Estas imágenes no se pueden dar en Euskadi. Al final, es la falta de previsión de este Departamento de Seguridad y la falta de prevención de que toda esa gente no se vaya juntando. Insisto: o hacen llamamientos o hacen dispositivos con personal. Creemos que lo último que pueda hacer un Gobierno es descuidar a su Policía.

Usted ha mostrado su preocupación por la aparición de pandillas organizadas como la que dio una paliza en Amorebieta-Etxano a un joven.

Nosotros llevamos años hablando de esto con la judicatura en Euskadi y con la Fiscalía. Veíamos que había un problema con el tema de delincuencia de menores y de los grupos que se estaban organizando en bandas. Veíamos que el Departamento no daba una respuesta adecuada mientras nuestros compañeros de diferentes centros, de Bilbao, de Sestao o de Vitoria nos trasladaban esa preocupación. Pedimos una unidad que también estaría supeditada de alguna manera a la Fiscalía de Menores para poder realizar las cuestiones preventivas necesarias para evitar o en su caso disolver ese tipo de bandas organizadas y acciones delictivas como lo que ha pasado en Amorebieta-Etxano. Ha habido más peleas, como en los pinares de Plentzia, y otras palizas en Barakaldo o en Bilbao. Hay continuos robos a chavales de móviles. No entendemos que no se quiera hacer este tipo de unidad.

También hay denuncias, sobre todo por parte de la izquierda abertzale, de excesos policiales en las actuaciones de la Ertzaintza.

Creo que es una cosa errónea. Es una pena que la izquierda abertzale no entienda a su propia Policía o a las Policías locales. Ningún policía va a excederse en sus cometidos. Y, si ocurriera en algunos casos de forma individual, hay tribunales de Justicia para el control que se tiene que hacer de las propias actuaciones policiales. Cometen una torpeza para buscar unos votos o buscar un apoyo de una parte de la juventud.

Somos la Policía que laboralmente peor está en Euskadi. Hay compañeros que en algunos casos se van a las Policías locales para estar cerca de casa con mejores retribuciones o incluso a otro tipo de instituciones como son Bomberos.

¿La Ertzaintza es un trabajo atractivo para los jóvenes actualmente?

Viendo cómo estamos actualmente por la falta de trabajo, la verdad es que la Ertzaintza tiene muchas posibilidades. Podríamos hablar de la investigación, del orden público, de la seguridad ciudadana, de la Policía Científica o del rescate de montaña. Hay muchas tareas como para que a la juventud le pueda gustar el trabajo policial. Eso sí, creo que tenemos que mejorar en condiciones laborales. Somos la Policía que laboralmente peor está en Euskadi. Hay compañeros que en algunos casos se van a las Policías locales para estar cerca de casa con mejores retribuciones o incluso a otro tipo de instituciones como son Bomberos.

Ahora que ha pasado casi un año, ¿cómo valora el cambio de Estefanía Beltrán de Heredia por Josu Erkoreka y el de Gervasio Gabirondo por Rodrigo Gartzia?

La de Gervasio Gabirondo ha sido una etapa negra en la Ertzaintza. Han sido ocho años de una persona rechazada por parte de sus propios compañeros, de la mayoría de sus propios compañeros, y por parte de los sindicatos. Puso en marcha un modelo de investigación que ha sido caótico y cambios que estamos sufriendo. Ahora este Departamento de Seguridad ha sido incapaz en estos últimos nueve meses de modificarlos. ¿Gartzia? Es una persona gris. No tiene interlocución con sindicatos ni con el sindicato mayoritario, en este caso. Es una persona amable que en un momento dado no genera rechazo, pero tampoco sabemos verdaderamente ni sus funciones ni el trabajo que está realizando. La verdad es que en algunos momentos pienso que están haciendo buenos a los anteriores. Se ha visto burdamente con un acuerdo discriminatorio con la carrera profesional, porque se castigan las bajas laborales. Hay una diferencia de hasta el 40% con el modelo de Osakidetza.

¿Por esto en los últimos días han pedido apoyo al Ministerio del Interior frente a la gestión del Gobierno vasco?

En la carta que le enviamos al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le decimos que estamos viviendo una situación tremenda con el tema del botellón. Queríamos hacer pública la incompetencia para crear unos dispositivos adecuados que garanticen la seguridad de los ertzainas. Queríamos alzar la voz sobre este tema. Y queríamos trasladarle al ministro, como han hecho otros sindicatos policiales, que sería conveniente trasladar el Ministerio de Justicia que la Fiscalía actúe con mayor contundencia en la petición de atentados contra agentes de la autoridad. El Gobierno español tiene que hacer algunas modificaciones legislativas para defender adecuadamente a policías, que atacarles no sea gratuito. Y también queríamos llamar la atención pública del Departamento de Seguridad, porque estamos chocando contra un muro. Cuando resultamos agredidos por parte de las personas que sean, no se personan en nuestra defensa. Los ayuntamientos tampoco lo hacen con los policías locales. 

La de Gervasio Gabirondo ha sido una etapa negra en la Ertzaintza. Han sido ocho años de una persona rechazada por parte de sus propios compañeros

Bromeaba un veterano del Departamento de Seguridad que el Labi, un sistema ideado en 1997, había estado activado decenas de veces por emergencias meteorológicas o similares en Euskadi sin que nadie le haya prestado nunca la más mínima atención. Pero en la pandemia, reconvertido en mesa de crisis de la emergencia sanitaria y en órgano que endurece y suaviza las restricciones contra la COVID-19, las reuniones del Labi atraen miradas y son retransmitidas en directo por radio y televisión.

Hay que buscar un viejo Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) del 24 de junio de 1997 para hallar el decreto 153/1997 por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de Euskadi, al que se le pone el nombre en euskera de Larrialdiei Aurregiteko Bidea, de donde surgen las siglas Labi (que no LAB, como el sindicato). Esa norma permite al lehendakari asumir para sí la dirección de la emergencia en caso de que revista especial gravedad o en caso de que ejerza de autoridad delegada en aplicación de un estado de alarma, supuestos ambos que se han dado en estos meses. Y le acompaña un “consejo asesor”, en la que ha de estar representada la Administración del Estado por motivos de coordinación.

Ese consejo asesor del Labi -conocido como el Labi “político”- está presidido por el propio lehendakari y se ha reunido 30 veces en lo que va de pandemia, 12 en la primera fase (de marzo a mayo de 2020) y 18 desde que en pleno agosto de 2020 se retomó la emergencia sanitaria. Le acompañan los consejeros de Seguridad (el vicelehendakari Josu Erkoreka), de Salud (Gotzone Sagardui) y de Gobernanza Pública y Autogobierno (Olatz Garamendi, responsable el área que controla el desarrollo normativo y el BOPV). Hay otros cuatro consejeros en calidad de “invitados”, el de Educación (Jokin Bildarratz), el de Transportes (Iñaki Arriola), el de Cultura (Bingen Zupiria, que es también el portavoz) y el de Turismo, Comercio y Consumo (Javier Hurtado, al que compete el sector de la hostelería).

Representando a Salud también participan el ‘número dos’ de Sagardui, el viceconsejero José Luis Quintas, y la directora general de Osakidetza, Rosa Pérez Esquerdo. Asimismo, están presentes los tres diputados generales, Ramiro González (Álava), Markel Olano (Gipuzkoa) y Unai Rementeria (Bizkaia). Y, con ellos, los alcaldes de las capitales: Juan María Aburto (Bilbao), Eneko Goia (Donostia) y Gorka Urtaran (Vitoria). Este último es, al mismo tiempo, presidente de la asociación que engloba a todos los municipios, Eudel. El representante estatal es Denis Itxaso, delegado del Gobierno en la comunidad autónoma.

Con ellos se sienta también Jonan Fernández, asesor del lehendakari y comisionado como responsable de lo que se conoce como ‘Bizi Berri’, el documento que recoge los diferentes escenarios de la pandemia y que lleva ya cuatro versiones. A su vez, es el coordinador del comité científico-técnico que asesora al Labi político. Fernández, en las dos legislaturas anteriores de Urkullu, había sido el responsable de Derechos Humanos, cargo que daba continuidad a su trayectoria social anterior.

En noviembre, participaban en ese comité asesor Iñaki Berraondo (entonces viceconsejero de Salud), Josu Zubiaga (viceconsejero de Seguridad), Sabino Torre (viceconsejero de Régimen Jurídico), Ana Collazos (coordinadora de Prevención de Osakidetza), Koldo Cambra, Enrique Peiró y Joseba Bidauzarraga (todos cargos del área de Salud Pública), Esteban de Manuel (de Kronikgune), Iñaki Gutiérrez-Ibarluzea (de BIOEF), Arantzazu Arrospide y Gustavo Cilla (cargos de Osakidetza). Repite respecto a la mesa de crisis Rosa Pérez Esquerdo, la directora general del Servicio Vasco de Salud. Hubo de dimitir en febrero Ibon Etxeberria, que saltó las normas vigentes para ir a jugar al golf.

Esta semana el Labi político está convocado para el jueves, 22 de julio. Sobre la mesa, la posibilidad de endurecer las medidas en vigor en un contexto de gran subida de los contagios, particularmente entre la población más joven y no vacunada. Antes, lunes y miércoles probablemente, se celebrarán sesiones de trabajo del comité científico-técnico.

En nuestros especiales interactivos, se pueden consultar todos los datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre los positivos y fallecidos en todas y cada una de las residencias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el avance día a día de la campaña de vacunación. También tenemos mapas con los brotes más destacados.

La Ertzaintza ha salido reforzada de la Junta de Seguridad celebrada este viernes en Madrid y en la que se han sentado el ministro del Interior, el socialista Fernando Grande-Marlaska, y el vicelehendakari y consejero de Seguridad vasco, Josu Erkoreka, que han estado acompañados de sus respectivos equipos. Ya era conocido que el Estado iba a autorizar a que la Policía autonómica, como la Guardia Civil y la Ertzaintza, pudiera realizar sus investigaciones en Francia en aplicación de los convenios de Schengen, pero la delegación vasca ha salido con otras medidas que amplían la capacidad del cuerpo y que dan continuidad a las decisiones ya adoptadas en 2017 cuando gobernaba el PP.

Una de ellas es el refuerzo de la unidad 'verde' de la Ertzaintza frente al Seprona de la Guardia Civil en la investigación de delitos contra el medio ambiente. Este periódico publicó el pasado año el malestar que algunas operaciones asignadas por jueces y fiscales a las Fuerzas de Seguridad del Estado habían generado en ámbitos del Gobierno vasco, que recalca el carácter de cuerpo “integral” de la Ertzaintza y que las competencias establecen que Policía Nacional y Guardia Civil se encargan de casos de ámbito “suprautonómico”. Hasta noviembre, según un informe enviado al Parlamento, esta unidad especializada tenía una dotación de diez efectivos, aunque Erkoreka matizaba que se completaba con las patrullas rurales y otros equipos ordinarios de investigación que actuaban en delitos medioambientales.

Los Gobiernos central y vasco también han acordado conectar desde “este año” sus programas de violencia contra las mujeres, llamados VioGen y EBA, respetivamente. El objetivo es “reforzar la protección” de las víctimas y “facilitar su movilidad dentro de España”. Se homologarán los niveles de riesgo y se intercambiarán datos de las órdenes de protección para que no haya agujeros en el sistema en caso de desplazamientos. Asimismo, la Ertzaintza realizará labores de control de vuelo de drones -un campo nuevo que va adquiriendo importancia- y participará en foros nacionales contra la cibercriminalidad.

En 2017, uno de los acuerdos fue dar acceso a la Ertzaintza sin pasar por un enlace de Interior a las bases de datos de Interpol, Europol, Siena y Sirene. Las partes han coincidido en expresar su satisfacción por el desarrollo de esos pactos, aunque aún hoy hay dificultades en los desarrollos técnicos en algunos casos. Por ello, se ha creado un grupo de trabajo que “en el plan de tres meses” realizará un “análisis” de las “formas de acceso” a esa información y expedientes. No obstantes, fuentes policiales ya han manifestado que Euskadi ha logrado en estos años acceder a datos relevantes de sospechosos o vehículos con estos intercambios internacionales.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, se reúnirán el próximo viernes en Madrid en el marco de la Junta de Seguridad del País Vasco, que no se convocaba desde 2017, con Juan Ignacio Zoido y Estefanía Beltrán de Heredia.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Euskadi, en el encuentro se analizará la situación de la seguridad en Euskadi, se evaluará el cumplimiento de los acuerdos adoptados en este órgano en julio de 2017 en Vitoria y se debatirá sobre nuevos ámbitos de coordinación entre las fuerzas policiales dependientes de ambas administraciones, informa Europa Press.

Por parte del Estado, asistirán a la reunión, además de Grande-Marlaska, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso; el director general de Coordinación y Estudios, José Antonio Rodríguez; y el secretario general Técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver. En representación del Ejecutivo vasco, acompañarán a Erkoreka, el viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga; el director general de Policía, Rodrigo Gartzia; y el director de Coordinación de Seguridad, Aitor Lete.

La Junta de Seguridad se reunirá en el Ministerio del Interior a partir de las 12.00 horas y, con posterioridad, sobre las 13.00 horas, comparecerán públicamente el ministro y el vicelehendakari para dar a conocer los asuntos tratados y los acuerdos que se alcancen.

Dos años después por el estado de alarma del pasado año, la Ertzaintza ha recuperado su acto anual de entrega de medallas a las actuaciones más significativas y de homenaje a los fallecidos en acto de servicio, este año con el agente ahogado en Donostia el 30 de diciembre de 2020, Iñigo Echarri, como gran protagonista. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha felicitado al cuerpo por su labor durante la pandemia y también ha querido denunciar algunos ataques “puntuales” pero “inaceptables” que está sufriendo en la última época. Sin especificar a qué hechos concretos se refería ni a quién dirigía la crítica, el contexto marca que miraba a la izquierda abertzale con su reflexión, ya que la propia Policía ha abierto una investigación por “delito de odio” contra la organización juvenil Ernai y en el Parlamento ha habido varios cruces dialécticos sobre este particular.

“En el presente se han venido sucediendo determinados acontecimientos. Por desgracia, nos devuelven al pasado. Hay quien no quiere abjurar”, ha solemnizado Urkullu, que ha añadido su “más firme apoyo a la institución de la Ertzaintza”. Ha recordado que en su primer acto de este tipo, allá por 2013, ya viene apostando por la convivencia tras el final de ETA, entonces muy reciente. Ahora, en 2021, ha apelado a la “necesidad de seguir profundizando en los principios y valores fundacionales” del cuerpo, entre los que ha mencionado la “cercanía” y la “transparencia”.

Sobre la pandemia, ha destacado el trabajo de esta organización así como del resto de servicios “esenciales”. Urkullu ha agradecido al cuerpo que haya “velado por el cumplimiento de las medidas sanitarias sociales”, una tarea “que no ha sido sencilla”. El lehendakari ha dicho que los policías “han sancionado cuando ha sido necesario” pero que también han tirado de “responsabilidad” y de “pedagogía” ante “una sociedad que de forma mayoritaria ha cumplido” las sucesivas restricciones. El jefe de la Policia vasca, Josu Bujanda, ha querido enfatizar también que “no ha sido un año fácil” y que “junto a los sanitarios, allí ha estado la Ertzaintza”. Han participado también en el acto el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, el viceconsejero Josu Zubiaga y el director del cuerpo, Rodrigo Gartzia, entre otras autoridades.

El principal homenaje ha sido tributado a Echarri, cuyo coche-patrulla cayó al agua del Urumea poco antes del fin de año. Su colega pudo salir con vida. Ha recibido a título póstumo la medalla al reconocimiento a la labor policial con distintivo rojo, recogida por su hermano. Además, se ha felicitado a 36 agentes por su “buen trabajo” y ha habido 24 condecoraciones más por “actuaciones meritorias”. Cuatro de ellas han ido a parar a ertzainas que participaron en operaciones contra ETA hace dos décadas y que, en algunos casos, resultaron heridos. Ha habido espacio también para agradecer la colaboración de otros cuerpos. Se ha galardonado a la Policía de Irún por su colaboración en el dispositivo espacial del verano de 2019 con motivo del G-7 de Biarritz, a la Policía Foral por su cooperación -el uniforme de gala del agente que ha participado era casi indistinguible del de los ertzainas- y a un miembro de la Policía Judiciaria de Portugal, Fernando Viegas, por su cercanía con la Ertzaintza.

Cuentan desde Emergencias del Gobierno vasco que no conocen “ningún otro operativo” en el mundo que haya “movilizado, rastrillado y cribado” más de 400.000 metros cúbicos de residuos con el nivel de “detalle y meticulosidad” de la operación que se ha hecho en Zaldibar tras el derrumbe del vertedero en febrero de 2020. Han encontrado siete coches, un 'quad', móviles y hasta monedas y billetes. Pero no a uno de los dos trabajadores que quedaron sepultados por el alud, Joaquín Beltrán, natural de la localidad vizcaína de Zalla y de 51 años y que se desgañitó en los días previos al suceso tras haber detectado grietas en las instalaciones. Los restos de Alberto Sololuze fueron localizados en agosto, medio año después, pero este 14 de mayo ha supuesto la confirmación de que se detendrá la búsqueda para siempre y de que, en pocos meses, quedará sellado el vertedero también para siempre.

Alega el informe sobre el final de la búsqueda -que está fechado a 12 de mayo, 48 horas antes de que se hiciera pública la noticia del fin de los trabajos en Zaldibar- que “la totalidad de zonas que fueron determinadas como zonas de búsqueda han quedado libres de residuos, habiéndose cribado y analizado todo el material ubicado en ellas”. Los trabajos se han hecho “suavemente” y a la vez de manera presencial y grabando cada palmo que se extraía. “De los 461 transcurridos [del 6 de febrero al 12 de mayo], las labores se han interrumpido únicamente en cinco jornadas: Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y una jornada debido a las malas condiciones meteorológicas”, se puede leer en el informe. Entre 80 y 120 personas han estado sobre el terreno.

“Se ha buscado y cribado en todos los residuos situados a cota inferior a la última posición conocida de las víctimas e incluso, en esta última fase, se han realizado labores de búsqueda en instalaciones localizadas por encima de dicha cota”, argumenta el Gobierno, que ha destinado más de 21 millones de euros en unos trabajos de ingeniería que serán colmatados en “dos o tres” meses con la promesa de que Zaldibar nunca reabrirá como vertedero. La “metodología” no ha fallado, se escudan los rastreadores, que recuerdan que sí se halló el cuerpo de Sololuze. La explicación más plausible que encuentran es que el primero de los trabajadores estaba dentro de la caseta de la báscula, lo que le protegió del fortísimo impacto físico. Además, los incendios, temperaturas de hasta 70 grados, lixiviados y otros procesos químicos internos en la lengua de residuos han podido contribuir “a la descomposición de los restos” de Beltrán.

El vertedero de Zaldibar lo gestionaba la empresa Verter Recycling y estaba ubicado en la ladera de una montaña. Beltrán no trabajaba directamente para ella. Era el jefe de la subcontrata de los servicios de aplanamiento. A finales de enero de 2020, según consta en un informe de la propia empresa, se inició el sellado de la primera zona del vertedero, “la más cercana al dique de contención”. Se hicieron trabajos de desbroce y excavación superficial y, llegado febrero, el martes 4, dos días antes del desplome, Beltrán “trasladó que el lunes descubrió algunos cambios en diferentes puntos del vertedero”. Tras el eufemismo “cambios” se escondían en verdad grietas y desplazamientos. “Enseguida se acercan a verlo ambos. En esa esquina, junto a la limahoya, [Beltrán] dice que cree que se ha desplazado la tierra superficial. El director técnico comenta que no es capaz de ver la diferencia porque no tiene referencias”.

A las 13.00 horas de ese día, a 50 horas de que la montaña de residuos cayera, se llamó a la ingeniería Geyser HPC. Tras la visita, se estimó que “las grietas superiores pueden deberse a pequeños asentamientos diferenciales del vertedero entre zonas de mayor y menor potencia de residuos”. “Hay veces que la masa se recoloca y se da un movimiento y ya no se mueve más”, argumentaron en Verter Recycling. El miércoles 5 se personaron nueve topógrafos a tomar mediciones. “No se aprecia ningún movimiento nuevo con relación a los del día anterior”, defendía Verter Recycling. Pero los problemas iban a más: “La grieta inicial de la entrada del vertedero no se ve. Se ven los desplazamientos de tierra superficial en la parte baja del talud 1 y los otros dos puntos junto a la curva de hormigón y en la zona previa al acceso a la explotación [...]. Al verlos, se piensa que pueden ser asentamientos diferenciales”. Pero la empresa quita hierro a las alertas de Beltrán: “En los vertederos es normal observar este tipo de movimientos”.

El 6 de febrero la montaña se vino abajo. Lo ocurrido recuerda a Aberfan, la escombrera que en 1966 arrasó un pueblo en Gales, o al colapso del vertedero de Bens, en la localidad gallega de O Portiño. Aquello ocurrió en 1996 y una personas quedó sepultada para siempre bajo la basura. Nunca la localizaron. La familia Beltrán temía ese precedente y había implorado a las autoridades a que no cesaran las labores de búsqueda hasta dar con los restos del desaparecido. En Zalla y en otras localidades vascas, este viernes por la tarde, se ha insistido en mantener viva la llama de Joaquin y de Alberto quince meses después. “Esto es 25 veces el derrumbe de Bens, con la circunstancia añadida del riesgo a otro posible colapso de cerca de otro medio millón más de toneladas”, argumentan desde Emergencias. Y rematan: “Es un suceso inédito en el Estado y sin referencias similares en Europa o el resto del mundo”.

La relación entre la familia Beltrán y el lehendakari, Iñigo Urkullu, arrancó de manera muy tirante. Para entender lo ocurrido en el momento de la tragedia, hay que dibujar el contexto de aquel arranque de 2020 antes de la llegada del coronavirus. Zaldibar cayó justo cuando Urkullu se había dado unos días de reflexión para decidir si convocaba o no elecciones autonómicas para abril. Ese primer fin de semana ni el lehendakari ni el consejero de Medio Ambiente, el socialista Iñaki Arriola, natural de la vecina localidad de Eibar, se personaron en el lugar de los hechos o comparecieron. La portavocía recayó en dos viceconsejeros que estuvieron sobre el terreno desde el primer momento, el de Seguridad, Josu Zubiaga, el único cargo que ha estado desde el inicio hasta el final en el operativo, y la de Medio Ambiente, Elena Moreno. Ya en lunes, Urkullu citó a los medios de comunicación y convocó las elecciones. Solamente a preguntas posteriores de los periodistas, habló de Zaldibar. Dijo haber estado “al tanto de todo” pero remarcó que no tenía por costumbre acudir cuando se producían “accidentes laborales” en “empresas privadas”. Seis días después, en cambio, acudió al lugar de los hechos. Más tarde, la familia Beltrán llegó a emitir un comunicado aludiendo al “bochornoso espectáculo de las comparecencias, dimes y diretes” y criticando al lehendakari. Veían una “puesta en escena vacía de contenido con la que cubrir las apariencias ante la inminencia del escenario electoral. No vale la 'autocrítica' si no se critica nada, si no se corrige nada”.

Con los meses, el Gobierno vasco ha conseguido establecer un canal de comunicación fluido y regular con los allegados de la segunda de las víctimas. Con los familiares de Sololuze nunca hubo problemas. Fuentes del entorno de Beltrán explicaron hace unos meses a este periódico que, en efecto, había cambiado la situación y que recibían puntualmente, cada miércoles, un reporte de cómo avanzaban las labores de rastreo en Zaldibar, así como alertas cuando se produce cualquier incidencia. Urkullu, en persona, se citó el jueves por la noche con la viuda de Beltrán para comunicarle formalmente el final de las labores de búsqueda. “Al lehendakari le hubiera gustado poder transmitir un mensaje distinto pero no ha sido posible”.

Ahora toca que lo ocurrido en Zaldibar se dilucide en los tribunales. Un juzgado de Durango -no sin retrasos- tiene abierta una doble causa judicial. Por un lado se analiza el posible delito medioambiental pero, sobre todo, se trata de determinar si los gestores de la empresa titular de las instalaciones, Verter Recycling, fueron responsables de un homicidio imprudente.

Hubo un lugar en Europa en que la población empezó a usar mascarillas antes de la llegada del coronavirus. Fue en el entorno de Zaldibar, una localidad de Bizkaia pero pegada a Gipuzkoa. Es una comarca donde residen unas 50.000 personas con Eibar y Ermua como cabeceras. Allí, ahora hace un año –exactamente el 6 de febrero de 2020– se desplomó el vertedero que gestionaba la compañía Verter Recycling y que estaba ubicado en una ladera de la montaña. El formidable desastre natural provocó incendios y expulsión de gases tóxicos a la atmósfera durante días. Y, sobre todo, el alud de residuos se tragó la vida de dos operarios, Alberto Sololuze (Markina, 62 años), cuyos restos mortales fueron hallados en agosto, y Joaquín Beltrán (Zalla, 51 años), al que se sigue buscando palmo a palmo. En paralelo, una investigación judicial trata de depurar tanto el delito medioambiental como las posibles negligencias empresariales.

Se estima en 800.000 los metros cúbicos de tierra y basura que se desprendieron. Es el 28% de la capacidad total del vaso de Zaldibar pero el 47% de la ocupación hasta ese momento. Se necesitarían 32.000 camiones para recoger semejante cantidad de residuos. Si se pusieran todos en fila en la entrada de Verter Recycling, la cola ocuparía toda la carretera hasta Zaragoza. La empresa gestora tenía autorización para almacenar allí hasta 70 tipos de residuos. El vertedero abrió sus puertas en 2011 con una vida útil de 35 años, pero su actividad intensiva le habría llevado a cerrar ya en 2022 por sobreocupación. En Zaldibar también se desplomó un modelo.

Al frente de Verter Recycling se sitúa José Ignacio Barinaga, apodado 'Conde de Eibar' por sus muchos negocios, influencia y cercanía al poder. Él, su sobrina Arrate Bilbao y el ingeniero Juan Elosegui fueron arrestados a mediados de julio por la Ertzaintza. Tras tomarles declaración, quedaron en libertad con cargos. La vertiente judicial de este proceso no ha estado exenta de confusión al solaparse las actuaciones de dos juzgados diferentes de Durango y la de la propia Policía y al estar divididas las causas de la desaparición de Sololuze y Beltrán –indiciariamente un “homicidio imprudente”– y del desastre natural.

¿Cuál es la responsabilidad de Verter Recycling en lo ocurrido? ¿Y la del Gobierno vasco en su función de control? En el historial de Zaldibar consta que en 2014 fue considerado el segundo mejor vertedero de Euskadi y que en 2018 lideró la estadística de recepción de residuos. También que en el verano de 2019 una inspección sacó a la luz una veintena de deficiencias. “Es cierto que, cuantitativamente, es un número elevado de desviaciones. Pero, cualitativamente, ninguna de ellas tenía la clasificación de significativa o severa”, alegó tras los sucesos el entonces titular de Medio Ambiente, el consejero socialista y exalcalde de Eibar Iñaki Arriola, que inició la tramitación de estas irregularidades después del alud. Ya en 2020, el 21 de enero, solamente 17 días antes de los hechos, la compañía entregó a la Administración un “estudio de estabilidad” firmado por la empresa Lurtek y que concluía que el vertedero, pese a su ubicación particular, “era estable con la configuración actual”. Sin embargo, Beltrán, una de las dos víctimas, alertó 48 horas antes de los hechos de la inestabilidad del vaso.

Teníamos medios muy precarios: manos, pico y pala. Hubo un momento en el que fuimos conscientes de que estábamos moviendo una montaña a mano. Supimos entonces la imposibilidad de encontrar con vida a esas dos personas

La montaña se vino abajo hacia las 16.30 horas de aquel jueves. Las primeras noticias, en cambio, dieron más importancia a que el desprendimiento había cortado la autopista que une Bilbao y Donostia, originando largas colas de vehículos atascados. A unos 15 kilómetros de allí tiene su base la UVR de la Ertzaintza (Unidad de Vigilancia y Rescate). Los miembros de la sección de montaña tenían programado un entrenamiento en el Duranguesado para el 6 de febrero. “Pero nos indicaron que había habido un derrumbe sobre la AP-8 y que había personas desaparecidas. En aquel momento se hablaba de siete u ocho y luego ya supimos que eran dos porque el resto fueron siendo localizados. Nos movilizamos por tierra y los dos compañeros de guardia en la sección de helicópteros se dirigieron al lugar por aire. El entorno estaba colapsado a nivel de tráfico”, recuerda uno de ellos.

“La inestabilidad del terreno era grande. Olores había todos. Olía a gas y había polvo en suspensión. Había tantos estímulos que los perros detectaban muchos falsos positivos. No se podían comprobar todos. Teníamos medios muy precarios: manos, pico y pala. Hubo un momento en el que fuimos conscientes de que estábamos moviendo una montaña a mano. Supimos entonces la imposibilidad de encontrar con vida a esas dos personas”, relata. Se les hizo de noche sobre la lengua de residuos.

En las horas siguientes hubo que parar el operativo: entre los residuos había amianto. En Zaldibar se almacenaba encapsulado pero el derrumbe había podido hacer que se desprendieran sustancias tóxicas potencialmente cancerígenas y los rescatadores estuvieron horas expuestos a ellas. ¿Nadie conocía esa circunstancia para que los equipos trabajaran con protecciones? El ertzaina entrevistado recuerda haber visto a Barinaga en la zona aquella tarde y no les dijo nada. Tampoco el Departamento de Medio Ambiente alertó al de Seguridad. Los sindicatos de la Ertzaintza montaron en cólera. ¿Se hicieron revisiones? “Los médicos nos vinieron a decir que por unas pocas horas de exposición no se iba a generar un cáncer en el organismo”, señala este agente. En datos, los informes revelaron que allí había 16.148 toneladas de residuos con amianto, principalmente desechos de la construcción.

El segundo gran problema fueron los incendios, fuegos originados en el interior de la masa de residuos que salían a la superficie y que emitían dioxinas y furanos. El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) pidió a los vecinos de la comarca que cerraran las ventanas, que no hicieran deporte en la calle y que adquirieran mascarillas. Se llegó a suspender un partido de fútbol en Ipurua. Juan José Aurrekoetxea, el entonces director de Salud Pública –que luego en la pandemia no ofreció ni una sola comparecencia hasta que dejó el cargo en otoño–, 'tranquilizó' a la población señalando que Rusia trató de asesinar al expresidente ucraniano Victor Yushchenko con sustancias similares a las que emanaban de Zaldibar pero que no consiguieron su objetivo, 'solamente' “desfigurarle” la cara. “Había columnas de humo y fuego y no había manera de apagarlas. Aquello no era normal. 24 horas lloviendo y seguía saliendo humo”, cuenta otro agente de la Ertzaintza, este de Brigada Móvil, que ha participado en el operativo que se inició después de la primera búsqueda superficial de urgencia y que es el que continúa en marcha.

Por Zaldibar no pasó el lehendakari en aquellos días. Iñigo Urkullu, que el viernes siguiente afrontó un duro pleno de control en el Parlamento con preguntas de toda la oposición sobre los cientos de contratos a las empresas de un miembro del PNV, el grupo Montai, y sobre la reciente sentencia sobre el mayor caso de corrupción en Euskadi, el 'caso De Miguel', con elevadas condenas de prisión para exdirigentes nacionalistas, decidió recluirse ese fin de semana para decidir un adelanto electoral. El portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, tuvo que borrar una fotografía en Twitter en la que disfrutaba de un día de montaña. Tampoco el eibarrés Iñaki Arriola se pronunció. La cara de la Administración fueron los 'número dos' de Seguridad, Josu Zubiaga, y de Medio Ambiente, Elena Moreno. Urkullu manifestó que él no solía visitar lugares en que se producen accidentes laborales y que estaba en Zaldibar aun sin estar físicamente. Luego se autoenmendó e hizo una visita al lugar y a las familias de los desaparecidos. Como Isabel II en Aberfan.

Convocadas las elecciones y disuelto el Parlamento, la oposición forzó una comparecencia ante la diputación permanente del propio lehendakari y de cuatro consejeros: el de Medio Ambiente, Iñaki Arriola; la de Salud, Nekane Murga; la de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia; y la de Trabajo, María Jesús San José. Fue el 18 de febrero. Acudieron con sus respectivos 'número dos', Elena Moreno, Iñaki Berraondo, Josu Zubiaga y Jon Azkue. De todos ellos, solamente Zubiaga continúa en ese mismo puesto doce meses después. Singularmente, la cartera de Medio Ambiente ha pasado del PSE-EE al PNV con la reestructuración del Ejecutivo tras los comicios, que finalmente fueron el 12 de julio.

Había columnas de humo y fuego y no había manera de apagarlas. Aquello no era normal. 24 horas lloviendo y seguía saliendo humo

Ante la Cámara, Urkullu pidió disculpas, aunque defendió su gestión: “Siento mucho los errores que hemos podido cometer en este operativo al responder a una situación inédita y de la máxima complejidad. Comprendo la preocupación de la ciudadanía del entorno y, especialmente, de las familias de los dos trabajadores desaparecidos […]. [Pero] Por mi parte, he actuado siempre con la voluntad y la intención de ayudar a coordinar e impulsar todas las medidas para atender las necesidades que han surgido en esta tremenda desgracia y, ante todo, desde la más sincera empatía con el dolor de las familias de Alberto y Joaquín”. En aquellas jornadas, cargos del Gobierno llenaron auditorios en Zaldibar, Ermua o Eibar para dar explicaciones en primera persona a los vecinos. Desde entonces y hasta hoy se siguen produciendo movilizaciones. Las familias de las víctimas se han quejado en alguna ocasión de la actitud del Gobierno.

Ni el estado de alarma por la COVID-19 detuvo las actuaciones en el vertedero. “Cualquier compañero de Brigada Móvil ha pasado 50 veces por allí”, explica uno de ellos, que asegura que ahora sí que se cuenta con todo un protocolo y medidas de seguridad, a diferencia de las primeras jornadas. “Esto es un trabajo colosal. No se ha reparado en gastos. Cada máquina lleva una cámara. Todo lo que se ha encontrado se está registrando. La ingeniería es impresionante. Se ha movido una montaña palmo a palmo. Se está cribando por zonas, estabilizando el terreno siempre”, describe este policía, que recuerda jornadas saliendo de allí con “barro hasta la coronilla”.

Y el 16 de agosto, medio año después, se obtuvo un primer resultado. Zubiaga comunicó en una rueda de prensa celebrada en la tarde-noche de aquel domingo lo que cinco minutos antes de la comparecencia se había confirmado: en efecto, habían aparecido restos humanos. En concreto, estaban en la zona de lo que fue la báscula de pesaje. Se hallaban enterrados a 23 metros de profundidad. Días después se confirmó que era Alberto Sololuze mediante pruebas de ADN. Sin embargo, era la constatación también de que el operativo no podía detenerse porque faltaba por localizar el cadáver de Joaquín Beltrán. Este mismo jueves, a primera hora de la tarde, aparecieron en Zaldibar ropas y otros objetos. En los rescatadores generó esperanza, pero análisis posteriores descartaron que se tratase de Beltrán. Toca seguir.

A las 3.30 horas de este miércoles, un coche-patrulla de la Ertzaintza modelo Seat León se ha precipitado al río Urumea a su paso por el centro de Donostia desde un puente a la altura del hotel María Cristina por causas que se desconocen, según ha explicado el Departamento de Seguridad. Uno de los dos ocupantes del vehículo -el copiloto, un agente joven de la promoción 28 de la academia de Arkaute que apenas llevaba unos meses de servicio- ha conseguido salir a flote y ha sido hospitalizado tras el accidente con agua en los pulmones e hipotermia.

El conductor, en cambio, continuaba atrapado horas después del suceso. Un operativo de rastreo con efectivos de Cruz Roja y de la propia Policía vasca se ha activado incluso antes del amanecer para localizarlo, pero cuando han encontrado el automóvil solamente han podido certificar su fallecimiento. Iñigo Echarri tenía unos 50 años e ingresó en el cuerpo en la promoción 19, en 2004. Con las primeras luces del día, el equipo de rescate ha encontrado el vehículo bajo el agua. Ha sido sacado con una grúa de gran tonelaje.

A falta de hipótesis de lo ocurrido, Seguridad ha calificado los hechos como un “fatal accidente”. Según fuentes policiales, el copiloto -agente en prácticas todavía- ha conseguido dar la alerta del accidente y ha logrado salvar la vida porque un equipo de Intervención rápida de la Ertzaintza le ha lanzado una escalera. Ambos agentes estaban adscritos a la comisaría de El Antiguo y eran naturales de Gipuzkoa. Desde primera hora el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y el 'número dos' del Departamento, Josu Zubiaga, se han desplazado al lugar de los hechos para coordinar en vivo las labores de investigación y búsqueda.

El sindicato Erne -el de mayor implantación en la Ertzaintza- ha denunciado que en Euskadi no hay un retén nocturno de rescate “porque se estima que no es rentable”. “Ahora van a tener que dar muchas explicaciones. Ya les llegará su momento”, aseguran desde la central en un breve comunicado. Este sindicato y otros se concentrarán este jueves en Donostia para solidarizarse con el finado y con su compañero herido.