Los gestores del vertedero de Zaldibar pagan una fianza por la posible responsabilidad por las muertes de los dos operarios sepultados

Los tres gestores de la empresa Verter Recycling, propietaria del vertedero de Zaldibar que se desplomó hace justamente un año dejando sepultados a dos operarios, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán -cuyo cadáver aún no ha aparecido-, se exponen a una pena de prisión por un presunto delito de homicidio imprudente. El propio Beltrán, días antes del suceso, alertó de la inestabilidad de una instalación que ocupaba la ladera de una montaña y se analiza si, efectivamente, lo ocurrido no fue un accidente y sí una negligencia. En paralelo, la magistrada de Durango que dirige esta investigación judicial ha iniciado ya un procedimiento para la determinación de los posibles responsabilidades económicas civiles. Los imputados, el empresario José Ignacio Barinaga -apodado el Conde de Eibar-, su sobrina Arrate Bilbao y el ingeniero Juan Elosegui, han abonado ya una fianza por una elevada suma de dinero, según confirman a elDiario.es/Euskadi fuentes judiciales.

No se ha precisado la cuantía exacta que han abonado. En el juzgado se ha acordado un cerrojazo para evitar filtraciones del sumario. En un comunicado, en todo caso, Verter Recycling ha rebajado la catástrofe a “fatal accidente”. Y ha añadido: “Desde los primeros momentos, la empresa ha mantenido su compromiso de colaboración con las autoridades competentes que consiguieron recuperar a Alberto y actualmente continúan con las labores de búsqueda del cuerpo de Joaquín y desarrollan las tareas de estabilización del terreno”. El trío fue arrestado -no sin polémica por la indefinición de quién autorizó la operación, si la Policía o la magistrada- y no respondió a ninguna pregunta ni en comisaría ni en el juzgado. Actualmente, se hallan en libertad con cargos.

¿En qué punto se encuentra la investigación judicial? Son dos las causas abiertas en los juzgados de Durango, una con expediente 79/2020 en la que están imputados Barinaga, Bilbao y Elosegui, y otra con código 301/2020 centrada en los posibles delitos medioambientales ocasionados por el alud de hasta 800.000 metros cúbicos de residuos que se ha convertido ya en una de las mayores crisis ecológicas de Euskadi. Ambas causas siguen caminos separados aunque comparten instructora, la titular del juzgado número 1 de la localidad vizcaína, Sofía María Sánchez Ortega. La primera está más avanzada: el sumario ocupa ya 10 tomos y hay pendientes 39 testificales. Fuentes judiciales indican que no avanza al ritmo deseado -la pandemia ha ralentizado en general el funcionamiento ya de por sí lento de la Administración de Justicia- aunque hay bases para avanzar en las pesquisas. El Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (Osalan) trabaja ya desde noviembre en un informe sobre el apartado estrictamente laboral de lo ocurrido y la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha explicado este viernes en el Parlamento Vasco que ya se ha entregado un dictamen de las Universidades de Cantabria y de Barcelona sobre la “causalidad” de lo ocurrido. No ha ofrecido ningún detalle sobre sus conclusiones.

La pieza medioambiental sí que va más al ralentí. De hecho, solamente se iniciaron las diligencias a finales de enero y hay 19 escritos pendientes, según la propia magistrada. Un informe del Gobierno vasco, eso sí, apunta a que Verter Recycling es responsable de afecciones severas a los suelos y aguas -superficiales y subterráneas- del entono del vertedero. En este contexto, la juez Sánchez Ortega ha solicitado un refuerzo ante la complejidad de ambos procedimientos y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) autorizó el pasado 29 de enero el envío de un magistrado en prácticas tras haberlo denegado la semana anterior. Serán nueve los jueces noveles que llegarán a Euskadi -siete a Bizkaia y dos a Gipuzkoa- y uno de ellos tendrá como destino Durango. Una comisión de la Sala de Gobierno del alto tribunal vasco realizó una visita al juzgado de Durango antes de acordar la medida.

En el plano político, el caso Zaldibar ha tenido eco en las vísperas del aniversario con sendas preguntas de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU al Gobierno sobre sus actuaciones en el marco de la sesión de control del Parlamento. Mikel Otero (EH Bildu) ha lamentado que el Ejecutivo centre sus miras en señalar la responsabilidad de Verter Recycling con el ánimo de tapar la falta de control de la Administración sobre una instalación que en 2019 fue inspeccionada y en la que aparecieron numerosas irregularidades. “Además de esos presuntos ilícitos, para hacer que un vertedero se caiga, cosa que no sucede ni en un día ni en dos, tienen que fallar los sistemas públicos de control, bien porque los instrumentos de control no se aplicaron con diligencia o bien porque eran insuficientes”, ha argumentado Otero. “Todavía hoy existen muchísimas preguntas sin responder, que tienen que ver con la actuación del Gobierno”, ha abundado en la misma línea Miren Gorrotxategi (Elkarrekin Podemos-IU).

“Hemos abierto diligencias para que la verdad prevalezca y los hechos sean juzgados. El Gobierno va a exigir todas las responsabilidades de modo exhaustivo, riguroso y completo. Transparencia. Mejora de las políticas de gestión de residuos y vertederos. Nuestra determinación es mejorar la gestión, y tratar de evitar que algo así se vuelva a repetir. Responsabilidad, rigor y transparencia. Éste es el comportamiento del Gobierno Vasco”, ha respondido el lehendakari, Iñigo Urkullu.

El Gobierno de Urkullu ha retomado el canal de comunicación con la familia Beltrán

Urkullu también ha destacado su empatía y cercanía hacia las familias de Sololuze y Beltrán. En el primer caso la comunicación siempre fue fluida pero no ocurrió lo mismo con la segunda familia. Fuentes del entorno de Beltrán indican que, en efecto, ahora ha cambiado la situación y que reciben puntualmente, cada miércoles, un reporte de cómo avanzan las labores de rastreo en Zaldibar, así como alertas cuando se produce cualquier incidencia. En declaraciones a ETB, una familiar del desaparecido ha reclamado que se mantenga activa la búsqueda del operario del vertedero y que no se sellen los residuos hasta que se localicen sus restos mortales.

Este sábado, con motivo del aniversario de los hechos, los actuales consejeros de Seguridad, Josu Erkoreka, y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ofrecerán una rueda de prensa en las instalaciones de Verter Recycling. Se permitirá también el acceso de los medios de comunicación a las zonas donde se está buscando a Beltrán. Han pasado ya seis meses desde que se localizaron los restos de su compañero Sololuze. Asimismo, hay convocadas movilizaciones en recuerdo a las víctimas en las localidades de origen de los trabajadores sepultados (Zalla y Markina), así como en Eibar y Ermua, localidades muy próximas a Zaldibar.