Las más de 400 viviendas del complejo residencial de la calle Parcerisa, 25-27, en Barcelona, abrieron sus puertas en 2021 con la promesa de una vida de confort para sus inquilinos: con piscina, gimnasio, espacios de coworking, seguridad... Pero cinco años después, el proyecto acumula demandas por condiciones abusivas en los contratos y quejas por falta de mantenimiento, mientras el malestar se extiende entre sus cada vez más escasos residentes.

Uno de ellos es Anthony Mercolino, que recaló en estas viviendas propiedad de BCN Housing Place en 2025, con un contrato de 1.505 euros al mes —1.640 con IBI y gastos de comunidad— para un piso de 50 m². Con su pareja y su hija recién adoptada, asegura que no encontraba nada que no fuera alquiler temporal, o a precios parecidos, y optó por alquilar en este complejo de cuatro edificios del barrio de Sants. 

“Se consideraba una categoría de lujo, así que pensé que habría buena gente y estarían pendientes de todo”, relata, desde el balcón de su casa. “Uno hace un sacrificio pensando que merece la pena”, añade.

Su sorpresa llegó cuando comenzó a comprobar la dejadez de la propiedad en el mantenimiento, una queja que repiten otros vecinos con los que ha hablado este diario. Pero no solo eso: también se dio cuenta de que el alquiler que pagaba estaba muy por encima del índice máximo de precios al que obliga la Ley de Vivienda en Catalunya. Para su apartamento, con su tamaño y servicios, debería oscilar entre 764,22 y 905,69 euros. 

Anthony relata además que en su contrato de arrendamiento, en un apartado anexo, constan los detalles de su piso y figura que tiene 100 m². O 120 m², dice él, porque en realidad la imagen donde aparece referenciado es borrosa y no se aprecia con claridad. “Tuvimos que ampliarla con Inteligencia Artificial, lo hicieron para justificar el precio del alquiler”, se muestra convencido este inquilino.

En la demanda que ha interpuesto contra BCN Housing Place SL, pide que le devuelvan casi 6.000 euros que considera que ha pagado de más. 

La de Anthony Mercolino, conocido además por ser autor de El Diario de AJ, un libro sobre su propia historia de superación, y por su activismo dentro del colectivo LGTBI+, es una de las últimas denuncias presentadas. Desde 2022 se cuentan por decenas.

Al menos así lo asegura Arnau Baqué, quien fuera también inquilino en la calle Parcerisa y abogado que ha llevado a la propiedad a los tribunales para impugnar su contrato y el de otros vecinos. La mayoría de las denuncias son por lo que se conoce como cláusulas abusivas en los contratos, es decir, por condiciones impuestas por BCN Housing y que chocan con la ley.

De la media docena de sentencias que ha podido consultar elDiario.es, destaca cómo los jueces han declarado la nulidad de cláusulas como el seguro de impago que deben abonar los inquilinos, el pago del IBI y la comunidad (al no justificar el casero la cuantía), la penalización por devolver tarde las llaves al dejar el piso o la obligación de contratar una misma empresa para mantenimiento.

También algunos jueces decretaron nulas las bonificaciones en el alquiler durante el primer año, que consideraron una forma encubierta de subirlo mientras dura el contrato. Aun así, en varios de los fallos se estima parcialmente la demanda, y no siempre se declaran nulas todas las cláusulas.

“Su modus operandi es coger el dinero y correr. Hacen trampas, y como saben que reclaman solo una de diez personas, ya verán que hacen luego. Es siempre ganar tiempo y huir hacia adelante”, sostiene Baqué, que asegura haber obtenido sentencias favorables también en casos de desahucios.

elDiario.es se ha puesto en contacto con BCN Housing para recabar su versión. La firma y su cartera de pisos fue adquirida este 2026 por Azora, una de las grandes gestoras de alquiler de España. Fuentes de la empresa aseguran que sus contratos se ciñen a lo que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos, y aseguran que “más de la mitad” de las demandas han sido “inadmitidas” o “desestimadas de forma total o parcial”. 

Sobre el precio de los alquileres, defienden que son “completamente legales”, y en cuanto a las cláusulas que impugnan los arrendatarios, argumentan que son “perfectamente válidas” y reforzadas por sentencias de audiencias provinciales de Madrid o Barcelona. Con todo, si Baqué defiende haber interpuesto más de cien demandas, la propiedad lo rechaza y afirma simplemente que esa cifra no les consta.

Del oasis del alquiler a las quejas

BCN Housing Place estrenó sus 420 viviendas de la calle Parcerisa en 2021, una flamante comunidad de cuatro edificios de nueva construcción en el barrio popular de Sants, destinados todos al alquiler, con jardín y piscina, espacio de coworking, parking para coches y bicis, vigilancia de seguridad, y otros servicios. La estructura cilíndrica de dos de los inmuebles, con hasta 12 plantas de altura, hace que no pasen desapercibidos en el barrio.  

Los construyó BeCorp, promotora vinculada a la familia Grífols, pero pronto adquirió toda su cartera el fondo alemán Patrizia, por 600 millones de euros. 

Con un modelo parecido, BCN Housing cuenta con otras edificaciones en los barrios de La Sagrera y Sarrià, en Barcelona, y en Badalona, Terrassa o Abrera. Sus inquilinos, además de barceloneses con cierto poder adquisitivo, son sobre todo extranjeros (los llamados expats). En concreto, en la de Sants residen tantos ucranianos que algunos la llaman en broma Little Kiev. 

Pero los planes del fondo Patrizia se torcieron con la entrada en vigor del tope a los precios del alquiler. Según desveló El Confidencial, la norma descuadró sus previsiones y pusieron a la venta las viviendas adquiridas, un proceso que culminaría este 2026 con la compra de 1.200 de sus pisos por parte de Azora. 

Por el camino, las cuentas de BCN Housing Place no han salido de los números rojos. Entre 2022 y 2024 perdieron entre 13 y 15 millones de euros anuales, y en 2025 —último año con cuentas presentadas— cerraron el ejercicio con 3,6 millones de pérdidas.

Durante todos estos años, las quejas de los vecinos no han hecho más que incrementarse. No solo por las condiciones del contrato, sino también por la falta de mantenimiento por parte de la empresa a pesar de lo que pagan. Es un tema de conversación habitual entre los vecinos, sobre todo en el grupo de WhatsApp que comparten los más veteranos en el lugar.

“En mi caso, fue entrar y se me fundieron todas las luces de la casa”, explica Anthony Mercolino. Al llamar a la empresa, dice, le respondieron que todas las peticiones se gestionaban a través de su app. “Enviaba mensajes constantemente, pero no contestaban ni venía ningún técnico”, explica.

Lo mismo le ocurrió en invierno con una “cascada” de agua asegura que le entraba en el baño desde el piso de arriba. “No hicieron absolutamente nada”, relata.

Vecinos consultados por este diario, que pagan entre 1.400 y 1.700 euros de alquiler, relatan haber estado semanas sin que les arreglaran la falta de agua caliente. Una vecina relata que estuvo también todo el verano con el aire acondicionado estropeado. Mercolino lo describe como una “pesadilla”.

Y todo ello a pesar de que BCN Housing les hace contratar una empresa, Sunflower, vinculada a los suministros. Una inquilina que prefiere no aparecer con su nombre, y que también ha demandado, critica que esta firma les cobraba 50 euros mensuales de mantenimiento. “Al final, devolvimos tres recibos porque no hacían nada”, explica. La respuesta, denuncia, fue que les cortaron el agua caliente. 

Explica también que estuvieron tres semanas sin vitrocerámica, y varios meses sin aire acondicionado en plena ola de calor. “Con una hija de 3 años, estuve a punto de ir a los Mossos”, afirma. 

Azora, por su parte, rechaza también estas acusaciones. “Los estándares de calidad y atención al cliente no han variado desde hace años”, afirman, y defienden ofrecer una “atención personalizada”. Sobre la contratación obligatoria de Sunflower, alegan que se trata de una “instalación comunitaria centralizada” que gestiona una empresa externa “de reconocido prestigio”.

Pero Baqué insiste en la falta de cuidado en los servicios. “Hay vecinos que se fueron en invierno por culpa de la falta de agua caliente”. Como ejemplo de dejadez, señala que la zona común solía ser punto de reunión para ver los partidos de futbol, pero ya no. “El router se estropeó hace mes y medio y nadie lo ha arreglado”. 

Pese a todos los inconvenientes, y a que los vecinos perciben que el recinto está cada vez más vacío de inquilinos y abundan los turistas realquilados, Anthony Mercolino asegura que quiere quedarse en su piso. Su hija, con necesidades educativas especiales, está escolarizada en el barrio y no quiere cambiarla de centro ni afrontar otra mudanza. 

Desde su casa, reflexiona que su lucha como inquilino no es contra todos los caseros, sino contra los fondos de inversión como el que posee su hogar. “Antes asfixiaban a las clases más pobres y ahora se ha ampliado a la clase media”, concluye. 

El Partido Popular de Cantabria propone utilizar la futura Ley de Vivienda para modificar otra dos leyes. El grupo parlamentario popular ha presentado dos enmiendas a su propia Ley de Vivienda para incluir dos modificaciones del Plan de Ordenación del Litoral (POL) y de la Ley de Carreteras.

El proyecto de ley, que tramita en estos momentos el Parlamento de Cantabria, ha sido redactado por el Gobierno de Buruaga pero, aún así, su propio grupo parlamentario ha presentado 27 enmiendas parciales al texto para añadir o modificar el texto inicial remitido desde la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de Roberto Media.

Así, el Partido Popular plantea aprovechar la futura Ley de Vivienda para modificar el POL e incluir la nueva actuación integral estratégica productiva Solía, el futuro y polémico polígono industrial donde se ejecutarán la segunda y tercera fase del Centro de Datos Altamira.

Una área de 61 hectáreas entre Astillero, Piélagos, Villaescusa y Camargo de suelo rústico protegido donde no se puede actuar. Para ello, el Gobierno de Cantabria necesita recalificar el terreno. De ahí que se plantee esta modificación del POL para desproteger el terreno y poder utilizarlo para usos industriales. el PP aprovechará la Ley de Vivienda para corregir otra Ley, la del POL.

La operación estaba impulsada también inicialmente por el PRC mediante otra vía más rápida, aunque finalmente renunció a ello. Los afectados por el PSIR -que supone recalificaciones y expropiaciones- se han unido en una plataforma ciudadana bautizada como La mancha gris que alerta sobre “las modificaciones ad hoc”, es decir, a medida de los intereses de los promotores interesados en el proyecto.

La iniciativa del Partido Popular justifica que ya se ha agotado el polígono industrial de Morero y que hace falta más espacio: reservas de suelo “para implantar nuevas actividades económicas”.

Por ello, propone sacar del POL los terrenos, excepto una avenida arbolada con plátanos que conduce a la casa palacio de Juenga y añade que en los 200 metros alrededor de la ribera de la ría “solo se ubicarán los sistemas de espacios libres”.

La idea de convertir una zona protegida en suelo urbanizable necesita que se modifique la Ley del Plan de Ordenación del Litoral y que se plantee un PSIR, un Plan Singular de Interés Regional protegido junto a la ría que ejecutará la recalificación y, en su caso, las expropiaciones donde se ubicarán las fases dos y tres del Proyecto Altamira.

Modificación de la Ley de Carreteras

La Ley de Vivienda también servirá de comodín para aprobar otra modificación de la Ley de Carreteras, que el grupo parlamentario popular ha planteado como otra enmienda al proyecto.

En concreto pretenden modificar un artículo de la Ley para que, a partir de ahora, solo se necesite una declaración responsable -comunicar a la administración la buena voluntad de cumplir con la normativa- para hacer obras en las edificaciones que invaden la zona de protección de la carreteras. Es decir, aquellas que quedan dentro de las franjas que hay a cada lado de la vía y que delimitan la línea a partir de la cual se puede construir.

También se permitiría levantar -en estos márgenes de las vías- levantar “instalaciones fácilmente desmontables y aquellas otras destinadas al servicio de la carretera”, solo con una declaración responsable. Hasta ahora, para ello, era necesario el permiso de la Consejería de Obras Públicas.

Con la modificación de la Ley que plantea el PP, se podrían pintar fachadas, reparar tejados, cambiar ventanas y puertas, reparar el interior o hacer otras de mantenimiento, sin permiso, solo con la declaración responsable.

Una Ley de Vivienda en cuestión

El PSOE ya ha anunciado su rechazo: “queremos una ley que ponga en el centro a las personas y no al mercado como prioridad”, argumentó. Los socialistas dicen que el PP propone lo de siempre: liberalizar y confiar en que el mercado lo resolverá. Pero, en su opinión, si no se interviene el problema no se resuelve, empeora. 

La postura del PRC es un poco más ambigua, inicialmente facilitó su tramitación y votó en contra de las enmiendas a la totalidad para que el proyecto siguiese adelante, pero consideran que es insuficiente y que necesita cambios. Los regionalistas han presentado cien aportaciones que consideran “imprescindibles” y ha advertido de que, si no son incorporadas, la futura norma no contará con su apoyo.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha advertido de que la continuación del procedimiento para declarar la capital como zona de mercado residencial tensionado será, según ella, “una medida contraproducente”.

En su opinión, lejos de solucionar los problemas de acceso a la vivienda, esta incitativa, que permite poner límites a los precios de los alquileres, “puede reducir todavía más la oferta disponible de alquiler”.

Así lo ha indicado la popular en un comunicado después de que el Instituto Canario de la Vivienda haya anunciado que el expediente para la declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona tensionada continuará su tramitación y saldrá próximamente a información pública, tras las reiteradas peticiones de la alcaldesa, Carolina Darias (PSOE), administración que impulsa la declaración, pero que depende en última instancia del Gobierno canario (CC y PP).

“Siempre hemos sido claros. La ley es la ley y las administraciones deben tramitar y resolver los procedimientos conforme a ella, pero eso no significa que tengamos que compartir una medida que consideramos equivocada y cuyos efectos pueden terminar siendo justamente los contrarios de los que se anuncian”, dijo Delgado, sin aportar ninguna base para fundamentar su afirmación.

Para la portavoz, “el principal problema que tiene actualmente Las Palmas de Gran Canaria es la enorme dificultad para encontrar una vivienda disponible a un precio asumible, y ante un problema de falta de oferta, la respuesta no puede consistir en introducir cada vez más restricciones, obligaciones e incertidumbre sobre quienes pueden poner una vivienda en alquiler”.

Además, comentó que la consecuencia previsible es que habrá propietarios que opten por retirar sus viviendas del alquiler residencial, mantenerlas vacías o directamente venderlas. “Y cada vivienda que desaparece del mercado del alquiler supone una oportunidad menos para una familia, un joven o cualquier persona que esté buscando dónde vivir”, matizó.

En este sentido, recordó que el último Censo de Población y Viviendas contabiliza 24.822 viviendas vacías en Las Palmas de Gran Canaria, aproximadamente el 14% del parque residencial de la ciudad.

La portavoz del PP consideró “especialmente preocupante” que la tramitación de la zona tensionada coincida además con la decisión del Gobierno de España de volver a aprobar los dos decretos de vivienda que habían sido rechazados días antes por el Congreso de los Diputados. Cabe recordar que la petición por parte del Ayuntamiento se realizó hace ya dos años, pero el Gobierno regional no ha movido ficha hasta este mes de octubre.

“Estamos entrando en un escenario especialmente peligroso para el mercado de la vivienda. A la declaración de zona tensionada que impulsa Carolina Darias se suma un Gobierno de España que, después de que el poder legislativo rechazara sus decretos, vuelve a aprobar prácticamente las mismas medidas para intentar sacarlas adelante a través de la Diputación Permanente”, expuso.

Por último Delgado consideró que esta actuación supone “forzar políticamente el mecanismo del decreto ley después de que el Congreso haya expresado claramente su rechazo” y genera “un nuevo episodio de inseguridad jurídica en un mercado que precisamente necesita estabilidad y normas previsibles”.

El decreto que el Congreso votará este viernes y que Junts tiene previsto tumbar, incluía medidas para empezar a poner coto al auge de los alquileres de temporada. Según los últimos datos recopilados por elDiario.es, el 40% de la oferta anunciada en la principal plataforma (Idealista) se alquila solo por meses. La medida, que pretende limitar este tipo de arrendamiento, llega después de dos años de ascenso imparable de la vivienda de temporada en las ciudades españolas.

Si buscas alquilar en Idealista en alguna de las 52 capitales de provincia es casi imposible no encontrarse con este tipo de expresiones en los anuncios: “Alquiler de temporada con estancia mínima”, “perfecto para profesores visitantes o estudiantes”, “estancias de 11 meses renovables”, “disponible de septiembre a junio”, “solo curso escolar”.

A mediados de septiembre de 2026 se podían encontrar en Idealista casi 34.000 anuncios de pisos en alquiler entre todas las ciudades capitales de provincia, tal y como se desprende del análisis de los datos recopilados por elDiario.es. De ellos, 14.361 eran ofertas donde, o bien se mencionaba explícitamente que se trataba de un alquiler de temporada, o se usaban otras fórmulas para indicar que no se firmaría un contrato de residencia habitual acorde con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

La ley hasta ahora no definía expresamente qué era vivienda de temporada. Pero el nuevo decreto buscaba resolver este agujero en la normativa: el texto señala que para firmar un contrato de esta modalidad debe de existir “una causa real y acreditable” que justifique esa temporalidad. En pleno boom de esta modalidad de alquiler, el decreto añade que la duración de estos contratos debe superar los 31 días, pero no exceder los doce meses, como norma general. Algo que hasta ahora no se definía. Según el texto, en caso de que, sin justificación, o bien se superen esos doce meses o bien se hagan varias renovaciones del contrato, convierten ese contrato temporal en contrato de alquiler residencial.

Este alquiler, creado inicialmente para cubrir la necesidad de personas que estudian o trabajan temporalmente fuera de su residencia habitual, se ha convertido en los últimos años en una alternativa cada vez más extendida. Desde septiembre de 2024, el número de anuncios que se ofertan por meses fuera del paraguas de la ley de alquiler ha subido del 31% al 42%.

Durante los dos últimos años, elDiario.es ha recopilado, mes a mes, todos los anuncios de alquileres en las capitales de provincia para comprobar cómo ha ido cambiando el perfil de la oferta en la principal plataforma en España que se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Hasta ahora, alquilar la vivenda con un contrato temporal había permitido a los caseros escapar a las reglas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como la duración mínima de los contratos, condiciones específicas para los grandes tenedores en las zonas tensionadas y, sobre todo, la limitación de las subidas de precio mediante un índice de referencia (el IRAV).

El texto que incluye el decreto limitaría este margen. Además de establecer una duración y unas causas concretas para los alquileres de temporada, el decreto limitaba también las subidas de renta cuando se suceden contratos temporales sobre una misma vivienda. Sin embargo, esta normativa -que Junts ya ha anunciado que va a tumbar- solo se aplicaría a los nuevos contratos de esta modalidad que se firmen a partir del 1 de octubre de 2026.

A falta de nueva legislación, los expertos señalan las limitaciones de la norma actual. “Lo que vemos es que lo que buscan los caseros cada vez más es no solo ir a estos mercados obteniendo por lo general una rentabilidad mayor, sino también tener más flexibilidad sobre las viviendas. No tener que cumplir con las legislaciones que dan derechos a los inquilinos y ponen más obligaciones a los caseros”, explica el investigador del CSIC, Javier Gil.

“Es un buen ejemplo de cómo se aplica una norma con una finalidad contraria a la que le es propia”, apunta la profesora de derecho civil en la Universidad Complutense de Madrid, Cristina Areglich. “Yo no quiero que se me aplique la regulación del arrendamiento de vivienda habitual, así que celebro este contrato de alquiler por once meses. Evidentemente, ese es un contrato en fraude de ley”, explica.

Si colocamos las 52 capitales de provincia en un mapa según el peso que tiene el alquiler de temporada en la ciudad, destacan Donostia y Bilbao, con más de un 85% de anuncios para alquileres a corto plazo. En Pamplona, Barcelona y A Coruña también superan el 70% de la oferta.

¿Qué tienen en común? Todas han declarado zonas de mercado residencial tensionado, que tiene limitaciones más estrictas que la ley general. “Se ve muy claro: donde más ha subido es en Catalunya, Euskadi o Galicia”, apunta Argelich. La comparación entre las dos grandes ciudades lo resume: “Si haces la comparativa Barcelona-Madrid, la oferta se reduce menos en Madrid precisamente porque no aplica el control de rentas”.

Dado que uno de los principales incentivos para intentar esquivar la ley de vivienda es económico, los alquileres de temporada son, por norma general, bastante más caros. Esto se aprecia al comparar el precio mediano por metro cuadrado. Si un piso en alquiler habitual en Madrid es de 23,4 euros, la cifra se eleva a 31,6 bajo un contrato temporal; es decir, un 34% más. Lo mismo ocurre en Barcelona (+14%) o Donostia (+17%), ciudades donde están los precios más elevados del mercado.

Hay zonas con una diferencia todavía mayor: en Toledo supera el 50% y en Zaragoza y Valladolid la diferencia es más de un tercio.

Pablo Tucat, Director de Estrategia en KSNET y economista especializado en políticas públicas, advierte de que es una comparación que hay que matizar. “No estamos comparando exactamente el mismo producto. Por ejemplo, las características del piso tienden a ser distintas y la ubicación no es la misma. los alquileres de temporada se concentran en las zonas más caras de la ciudad, y eso infla su precio por metro cuadrado frente al de larga estancia”, apunta.

Aunque el número de anuncios apenas ha subido en los últimos años, los alquileres de corto plazo sí lo han hecho. En septiembre de 2024 había 22.000 anuncios de larga estancia en Idealista, el mismo mes de este año había 2.000 anuncios menos. Mientras, los anuncios de alquileres de temporada se han disparado de los 10.000 a los 14.000.

También hay que tener en cuenta que los cálculos de elDiario.es son una foto fija de un momento concreto en cada mes. O que los anuncios de larga estancia se republican con mayor frecuencia que los de temporada -por tanto, están más tiempo visibles- y que son cálculos conservadores. Por ejemplo, no consideramos temporales los que se ofrecen “para estudiantes” a no ser que especifique que la duración es menor de 12 meses. Tampoco los pisos que se ofrecen tanto para larga estancia o temporada y fórmulas ambiguas como: “¡PISO PARA LARGA TEMPORADA! ¡ESTANCIAS DE 11 MESES RENOVABLES!”.

Aun así, los datos sí permiten ver que no es que haya más oferta, sino que caen los de larga duración y se sustituyen por los de temporada. Al mismo tiempo, cada vez son más las viviendas que aparecen en Idealista ligadas a compañías profesionales que se dedican a gestionar precisamente viviendas de temporada.

Son plataformas online como Spacest, Spotahome o Homespace que publican anuncios de este estilo: “DISPONIBLE EN: Octubre. Reserve en línea haciendo clic bajo el mapa. No se aceptan alquileres inferiores a 2 meses”. Describen su nicho de mercado como “alquileres de media-larga estancia” y están más enfocadas en estudiantes o profesionales desplazados que en turistas.

La posibilidad de utilizar un contrato de corto plazo para sortear la ley de vivienda ya es incluso parte de una estrategia en redes sociales: “¿Cómo vas a evitar el índice de alquiler? Te doy tres formas para saltártelo [...] la primera y la más obvia: haces un alquiler temporal de 11 meses”, comparte un usuario de Tiktok.

Se presentan como expertos en el sector inmobiliario y recomiendan a los caseros pasarse al alquiler temporal. “Así puedes saltarte la ley de vivienda de forma legal, como inversores inmobiliarios”, anuncia otra cuenta.

¿Si se trata de un fraude de ley, por qué siguen siendo habituales este tipo de alquileres y cómo pueden incluso anunciarse en redes sociales? Porque corregirlo depende del inquilino y no es barato. “Para calificar ese contrato como correspondería lo que procede es demandar, y es caro”, apunta la jurista. No hay, por tanto, una capacidad real de oposición: “El que necesita una vivienda y se tiene que mudar firma un contrato por temporada aunque sea un fraude de ley, porque en algún lugar tiene que vivir”.

Son también muchos los anunciantes que dirigen sus ofertas a colectivos que abandonan la ciudad durante los meses de verano. Así, predominan las ofertas para el “curso escolar”, “estudiantes universitarios” o “profesionales desplazados”, lo que permite cobrar unas mensualidades más elevadas durante el verano en ciudades turísticas.

Es una realidad que se deja ver en los datos. En el siguiente gráfico puedes ver la evolución del porcentaje de alquiler de temporada en cada ciudad y cómo condicionan los meses de verano en regiones costeras y turísticas. Por ejemplo, en Santander, Almería o Cádiz el alquiler temporal es hasta 20 puntos más alto en comparación con la temporada de invierno en la misma ciudad.

En el lado contrario a estos destinos tenemos las ciudades con zonas tensionadas como Donostia, A Coruña y Oviedo con un avance casi lineal entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026.

Si solo tenemos en cuenta el cambio total de cada ciudad en el último año, las cuatro ciudades que más aumentan tienen activadas las zonas tensionadas: A Coruña, Vitoria, Bilbao y Pamplona. “La literatura científica que estudia el control de rentas detecta unos efectos comunes que son la reducción de la oferta, el incremento de los precios en aquellas zonas que no son tensionadas y la fuga del mercado de alquiler de vivienda habitual al alquiler de temporada”, apunta Cristina Argelich.

Sin embargo, aunque Madrid tiene menos porcentaje de alquileres temporales ha crecido mucho más que Barcelona en el último año, que ha servido como laboratorio de regulación de la vivienda. De hecho, Barcelona es una de las 5 capitales en las que este septiembre ha reducido el porcentaje de alquileres temporales respecto al año anterior junto con Soria, Santa Cruz de Tenerife, Lleida y Tarragona.

“Es algo que puede parecer hasta contraintuitivo ¿no?”, señala el economista Pablo Tucat, “en el caso de Barcelona viene directamente de intentar atacar ese segmento. En el caso catalán lo hicieron creo que de una manera creativa: en lugar de prohibir o monitorear (que también se hace), lo que hacen es aplicar también el precio de referencia. Ahí lo que ocurre es que quitas el incentivo económico que tenía pasar al alquiler de temporada”.

Incluso dentro de la misma ciudad, la situación es igual para todos las zonas. En Barcelona el alquiler de temporada abarca casi toda la ciudad aunque los barrios con más oferta (las burbujas más grandes) son también donde más temporalidad encontramos, con zonas como el barrio Gòtic en las que las viviendas para corto plazo superan el 80% de la oferta.

Madrid y Valencia tienen una distribución un poco más variada. El centro, y la costa en el caso de Valencia, concentran la mayor parte de la temporalidad mientras que los distritos periféricos y residenciales como el Ensanche de Vallecas (Madrid) o Sant Pau (Valencia) tienen menos oferta tanto general como de temporada.

Cómo está la regulación

Antes del estallido social que ha tenido lugar este mes de septiembre, el Gobierno calculó que cerca de un millón de personas viven ya en un piso de alquiler de temporada y más de un tercio lo hacen por no poder acceder a otro de larga estancia. Son cifras que ya habían colocado la regulación de este tipo de alquiler en el centro del debate y que se han materializado con el “decreto Maricarmen”.

Los decretos llegan después de las protestas en la Puerta del Sol y también del rechazo a principios de septriembre del texto promovía el sindicato de inquilinas para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN tumbaron la propuesta. Son las mismas formaciones que previsiblemente tumbarán el decreto este viernes.

La nueva regulación tenía como objetivo que tras la etiqueta de “temporada” se encubran contratos que, en la práctica, responden a una residencia habitual. Es el mismo tipo de regulación que ya se aplica en Catalunya. Allí, la nueva norma hizo que durante el primer trimestre del año cayeran los contratos de alquiler temporal firmados un 32% en comparación al año anterior, caída que también se refleja en el total de anuncios de temporada de Idealista en Barcelona.

¿Y medidas así funcionan? Las opiniones de los expertos varían. El investigador Javier Gil considera que son determinantes: “significa que no se pueda utilizar de manera fraudulenta el alquiler de temporada, también se van a controlar los precios de los alquileres, pero sobre todo se tiene que inspeccionar y sancionar a quien los utilice de esa manera”, sentencia.

En el otro extremo está Argelich. La profesora de la Complutense cree que la evidencia es suficiente prueba para demostrar que a golpe de sanción no se arregla nada. “Expropiar, multar o sancionar son palabras que en materia de vivienda no funcionan y que acaban volviéndose en contra de la propia norma. Mientras no haya incentivos positivos, la oferta de alquileres no va a aumentar”.

Frente a las sanciones tanto ella como Tucat abren la puerta a otro tipo de políticas: la gestión de los alquileres vacíos por parte de la administración, los incentivos fiscales o la reserva de suelo para la construcción de más vivienda social. Si bien, no se puede prever el impacto real de cualquiera de estas alternativas hasta que no haya información real de la situación de cada comunidad de España.

Y ahí, avisa Tucat, sigue faltando lo básico: datos. El registro único de alquileres que se anuló era “una fuente de información bastante importante”, y sin referencias reales que digan qué ocurre en cada comunidad se legisla a ciegas. “Algo esencial para poder mejorar las políticas es tener datos e información”, zanja. Sin ellos, difícil saber si el próximo zanjará el problema o acabará generando otro.

La plataforma Derecho al Techo, que ha iniciado en Las Palmas de Gran Canaria una acampada que secundan medio centenar de personas con 28 casetas, ha manifestado este miércoles que el llamado decreto Maricarmen con medidas sobre los alquileres “no servirá de nada en Canarias si Clavijo no aplica la Ley de Vivienda”, vigente desde hace tres años en todo el país pero sin consecuencias en las Islas porque el Ejecutivo regional se niega a aplicarla.

Así lo han expuesto en una rueda de prensa los representantes de este colectivo Sonia Olivares, Javier Marrero y Sandra Navarro, quienes han avanzado que, como ocurrirá esta tarde en Santa Cruz de Tenerife, donde está prevista una manifestación, en la capital grancanaria tendrá lugar otra movilización similar el sábado desde el barrio de Schamann.

Tras una primera noche de acampada en la plaza de La Feria, ante la sede de la Delegación del Gobierno en Canarias, los promotores de esa protesta, que se suma a la iniciada en Sol (Madrid) y a las que se han impulsado en otras ciudades españolas, han destacado la solidaria respuesta que han encontrado en los vecinos del barrio de Arenales, quienes les han brindado desde muebles hasta víveres.

Además de subrayar que esta acampada, para la que se han instaurado normas y diseñado un programa de actividades, que incluirá en la mañana de este jueves una clase de Trabajo Social a cargo de profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, está abierta a quien quiera sumarse, sus impulsores han advertido de que esta movilización por el derecho a la vivienda irá más allá de lo que pueda aprobarse o no el viernes en el Congreso de los Diputados.

Una vez en vigor el decreto ley sobre los desahucios, y a expensas de lo que pueda ocurrir con el segundo, denominado Maricarmen por la mujer de 87 años que perdió su vivienda en Madrid hace unos días, la plataforma denuncia que este último “no servirá de nada” si el presidente de Canarias “sigue sin aplicar la Ley de Vivienda”.

Así ha exigido Derecho al Techo al Gobierno de Canarias que sustentan CC y el PP que “deje de echar balones fuera y aplique de una vez” esta norma nacional aprobada hace tres años, al considerar que “sin ella, las nuevas medidas de protección no servirán para garantizar el derecho a la vivienda” en las islas.

“Ninguna nueva medida podrá resolver la emergencia habitacional en Canarias mientras el gobierno de Clavijo siga poniendo pegas”, ha aseverado Sofía Olivares, quien ha resaltado que esta ley estatal “ya tiene herramientas para revertir parcialmente el mercado especulativo”, como la declaración de zonas tensionadas con límites al alquiler, por lo que si se aprueba el decreto Maricarmen en el Congreso, “quedará más reforzada todavía”.

Canarias, sin zonas tensionadas

Marrero ha estimado que “ya no hay excusas” para no declarar en Canarias zonas tensionadas que permitirían “aplicar los mecanismos de regulación de los alquileres ordinarios”, como reclaman varios ayuntamientos, entre ellos el de Las Palmas de Gran Canaria.

No hacerlo, como ha ocurrido hasta ahora, implica que Canarias “no ha podido acceder a 90 millones de euros del fondo estatal destinado a territorios con zonas tensionadas”, en los que se podría recuperar para vivir muchos inmuebles destinados ahora al uso turístico.

“Exigimos a Fernando Clavijo que deje de decir que la solución depende de Madrid. La emergencia habitacional no ha llegado a Canarias con el decreto de Maricarmen, lleva años aquí y llevamos años exigiendo al Gobierno de Canarias que actúe”, ha referido Marrero.

A su juicio, “la crisis de la vivienda no se puede entender separada del modelo económico de las islas, donde se ha convertido en un activo financiero en un territorio que se turistifica y en el que la población residente es expulsada de sus barrios”.

Derecho al Techo insta también al Ejecutivo regional “que explique el modelo de vivienda pública que está construyendo y por qué el actual director gerente de Visocan, Javier Terán, ”procede de Aliceda, inmobiliaria participada mayoritariamente por el fondo Blackstone“, ha aseverado Marrero, quien ha precisado que el colectivo ”reclama transparencia sobre qué intereses y qué modelo de vivienda quiere impulsar el Ejecutivo canario“.

Este movimiento contra la “planificación rentista que atraviesa el modelo económico de Canarias no va a permitir que el decreto Maricarmen se convierta en un parche que sirva para ocultar la inacción del Gobierno” de Clavijo, por lo que seguirá reclamando “que se declaren zonas tensionadas, que se regulen los alquileres, que se recupere vivienda para uso residencial y que se ponga en marcha de una vez el plan de emergencia habitacional que lleva años” demandando.

De la crisis de las hipotecas a la del alquiler

Sandra Navarro ha precisado que, frente a la burbuja de 2008 a la que siguió el movimiento del 15M, la protesta que se secunda ahora en España “es intergeneracional porque el problema no son solamente las hipotecas, es el alquiler”.

“No podemos acceder a una vivienda, no podemos independizarnos porque el alquiler en las islas está por las nubes”, ha enfatizado.

Por ello, ha hecho un llamamiento a las personas jóvenes, mayores y de todas las edades para que apoyen esta protestas “para que siga avanzando y que se acabe con el negocio de la vivienda”.

La acampada de Las Palmas de Gran Canaria, que está informada de más de una decena de desahucios previstos próximamente, organizará una cacerolada a las 20.00 horas de este jueves, ya que “la letra pequeña” del decreto ya en vigor no alude a “topar los alquileres y sí establece la concesión de ”ayudas compensatorias a los propietarios que se vean“ afectados por ”impagos“, por lo que entiende que se les permitirá seguir arrendando un piso por 1.500 euros mensuales.

Los promotores de esta iniciativa organizarán una nueva asamblea el 8 de octubre para acordar “nuevas propuestas para que esta lucha no caiga” y logre que “el derecho al techo se cumpla”. 

20.000 manifestantes, según los convocantes, una cifra que la Guardia Urbana rebaja hasta 2.000, se han concentrado este lunes por la tarde frente al Palau de Congressos de Barcelona para exigir al Gobierno que apruebe “medidas valientes” para poner fin a la crisis de la vivienda. Aprovechando la visita del presidente Pedro Sánchez a la capital catalana, diversos grupos de activistas se han sumado a las protestas que el pasado miércoles se iniciaron en Madrid, tras el desahucio de Maricarmen.

Llegados de diversos barrios de Barcelona y ciudades colindantes, los manifestantes han llegado hasta el Palacio cantando y coreando consignas que llaman a la “huelga general” y al “fin de la especulación”. Desde el otro lado de la calle, fuertemente protegida por un dispositivo de los Mossos d'Esquadra, los asistentes a los Premis Vanguardia, evento al que ha asistido Sánchez, observaban a los manifestantes.

“Vergüenza me daría desahuciar a una familia”, gritaba Verónica, una joven en la concentración. Tiene 27 años y lleva casi ocho yendo de piso en piso. “Ya van seis casas”, lamenta esta barcelonesa, que asegura que ha subarrendado, ha estado (irregularmente) en un contrato de temporada y ha sido expulsada de su casa sin previo aviso. “Ya basta, ¿No?”, se pregunta, desesperada.

“Se ha encendido una chispa que no se va a apagar”, asegura Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres. A su aparición ante los medios, ha sido recibida con aplausos y cánticos de los asistentes, que se preguntaban “¿Dónde está el Gobierno progresista?”. Arcarazo ha asegurado que la acción en Barcelona tiene un peso especial al coincidir con la visita de Sánchez. “Hemos venido a decirle a la cara que no queremos migas ni un decreto farsa. Queremos el 'decreto Maricarmen'”.

La jornada ha empezado con cortes de carreteras en diversos puntos neurálgicos de la ciudad y ha acabado con una manifestación convocada por el Sindicat de Llogateres, la PAH, el Sindicat d’Habitatge Socialista, y la Confederació Sindical d’Habitatge (COSHAC) para exigir al Gobierno que el decreto de vivienda que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros sea “verdaderamente efectivo”.

Los concentrados aseguran que no dejarán de salir a las calles hasta que se acabe “de una vez por todas con los desahucios” y se plantee una “respuesta efectiva a la emergencia habitacional”, ha afirmado Juanjo Ramón, de la PAH. “Mientras haya personas perdiendo su hogar para que otras se lucren, no podremos dar por buena ninguna medida legislativa”, ha añadido.

Los convocantes temen que las propuestas que el Ejecutivo propondrá para el llamado ‘decreto Maricarmen’ sean “vagas y cosméticas”, en vista de que deben contentar tanto a Podemos como a Junts. La suspensión de los desahucios para los inquilinos de fondos buitre, la prórroga de los contratos o la prohibición de compra especulativa son las medidas más contundentes a las que los independentistas estarían dispuestos a llegar. Pero para los activistas son solo propuestas “de mínimos”.

Las diferentes asambleas dedicadas a la vivienda exigen que se apueste por la expropiación de los 700.000 pisos de grandes tenedores -una medida que Podemos también ha puesto sobre la mesa-, así como que se recorte al 50% el precio del alquiler. Por otro lado, también se oponen a las “transferencias de dinero público al rentismo y la especulación”, en referencia a la intención del Gobierno de aplicar bonificaciones fiscales a la compra de primera vivienda, así como para inquilinos o propietarios.

“El fracaso estrepitoso de la que debía ser la legislatura de la vivienda ha sido gasolina para la extrema derecha y las medidas de los partidos progresistas no han sido más que fracasos”, insisten desde el Sindicat d’Habitatge Socialista.

“Por todas las Maricarmen”

Los concentrados han exhibido pancartas en las que se podían leer lemas como “Por todas las Maricarmen” y han querido recordar que la historia de esta anciana “no es una excepción”. Han recordado otros casos “flagrantes” como el de la vecina de Gràcia que fue desahuciada justo el día antes que Maricarmen, a pesar de tener reconocida una discapacidad por motivos de salud mental.

También ha resonado el nombre de Blanca, una anciana de 88 años a la que expulsaron de su piso del barrio Gòtic por un retraso en el pago de una deuda de menos de 100 euros. O el de Olga, una vecina de L'Hospitalet que se suicidó pocos meses después de ser desahuciada junto a sus dos hijas, una de ellas menor de edad.

“Maricarmen es el rostro de una emergencia habitacional que, cada día, deja a más de 70 familias fuera de sus casas y ya dura demasiado. Seguir permitiendo que esto ocurra es un crimen”, han remachado desde la PAH.

El caso de Maricarmen, la anciana que acaba de ser desahuciada en Madrid por un fondo buitre, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la crisis de vivienda que se vive en todo el país y ha desencadenado una acampada improvisada que exige en la capital una ley que proteja a las personas frente a los especuladores de los bienes inmuebles y que anteponga el derecho a vivir en una casa a los intereses económicos de empresas y particulares. Canarias no se libra de este panorama y, de hecho, es una de las comunidades autónomas con mayores problemas de acceso a una vivienda, ya que concurren varias circunstancias: los sueldos más bajos del país, niveles récord de turismo, con aumento exponencial de las viviendas dedicadas al alquiler vacacional, y un crecimiento imparable de los precios inmobiliarios, con más del 30% de los compradores de origen extranjero y el precio del metro cuadrado urbano entre los más elevados del país.

Ante esto, el Gobierno regional, de Coalición Canaria y el PP, declaró al inicio de la legislatura la emergencia habitacional. Con este argumento, tramitó y aprobó una nueva ley de vivienda regional con el objetivo de paliar la dificultad para acceder a una vivienda a un precio asequible. La fórmula, constuir más y más rápido. El argumento del Gobierno canario es que basta con aumentar la oferta para reducir los precios. Por eso la ley no ha incluído ninguna medida específica para contener precios, eludir la especulación, o evitar que grandes tenedores acaparen inmuebles. De hecho, las medidas contenidas en la ley están orientadas solo a acelerar trámites burocráticos y licencias para que pueda construirse más rápido, con menos controles, y legalizando los cambios en el uso del suelo, perdiendo, por ejemplo, suelo destinado a dotaciones como centros de salud o parques, para poder destinarlo a construir edificios.

El resultado es que por ahora la crisis en las islas, lejos de vencerse, se está agravando. Los constructores aplaudieron la nueva ley, pero los precios no dejan de crecer. El Gobierno regional culpa a la Ley estatal de Vivienda, pero hay que recordar que en las Islas no se aplica, ni se ha aplicado nunca.

Tal y como han señalado algunos expertos y repetido desde la oposición parlamentaria, el problema de la vivienda en Canarias no es de falta de viviendas construidas, sino de problemas económicos para acceder a ellas. De hecho, se estima que en el Archipiélago hay más de 200.000 viviendas vacías fuera del mercado. La ley canaria tampoco incluye ninguna medida para incentivar que esas propiedades salgan al mercado.

Zonas tensionadas

Pero ¿qué pasa con las zonas tensionadas en Canarias? La respuesta es sencilla: no hay ninguna zona tensionada reconocida en las Islas, pero no por no cumplir los requisitos, sino porque el Gobierno canario no ha aceptado ninguna solicitud para hacerlo, porque se niega a aplicar en las Islas la Ley estatal de Vivienda. Según esta, el municipio debe solicitar la declaración al Gobierno regional, ya que este es el que tiene la competencia para hacerlo. Hasta ahora, solo tres lo han hecho formalmente (Las Palmas de Gran Canaria, Granadilla, que entonces estaba gobernada por el PSOE y Adeje), pero el Gobierno canario no ha aceptado ninguna petición.

Otros municipios, como Santa Cruz de Tenerife, San Bartolomé de Tirajana, La Orotava y Los Llanos de Aridane, hicieron un tímido intento de “estudiar” si hacer la solicitud, pero ahí quedó el asunto y ninguno dio el paso para realizar la solicitud formal. Otros directamente lo han rechazado en sus plenos municipales, como La Laguna o Los Llanos de Aridane.

El caso más llamativo es el de Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento realizó la petición formal al Gobierno de CC-PP ya en 2024 para que hiciera los informes necesarios para saber si se cumplían los requisitos. El Ejecutivo respondió que los informes debía hacerlos el consistorio. Este los hizo y los remitió, pero de nuevo el Gobierno respondió con evasivas. Según el Ayuntamiento, se le requirieron informes que no eran preceptivos según la Ley tan solo para dilatar el proceso. El resultado es que, dos años después de iniciar el proceso, el Gobierno canario sigue sin declarar ninguna zona tensionada en las Islas.

Teniendo en cuenta los requisitos de la ley, al menos diez municipios de las Islas (San Bartolomé de Tirajana, Adeje, Mogán, Arona, San Miguel de Abona, La Oliva, Antigua, Arico, Puerto de la Cruz y Granadilla de Abona) podrían ser declarados como zonas tensionadas. Todos ellos son municipios turísticos.

En las cuatro ciudades más pobladas de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Telde, algunos distritos también serían clasificados como tensionados por el arrendamiento. En el municipio canario que más turistas recibe, San Bartolomé de Tirajana, dos de sus cuatro distritos también recibirían esa identificación.

Zonas tensionadas, según la UE

Esto, respecto a la Ley estatal de Vivienda, pero ¿y la Ley de Vivienda Asequible que prepara la Unión Europea? Según los criterios presentados hace apenas dos semanas, la mayoría de los municipios más poblados de Canarias también cumplirían los requisitos para ser considerados zonas tensionadas.

Esa norma, que todavía tiene que pasar por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la UE, considera zona tensionada aquellas ubicaciones en las que el precio medio de una vivienda equivale, como mínimo, a ocho años de la renta media de sus habitantes. Además, esa proporción entre precio y renta debe haber aumentado en la última década. Este último requisito, sin embargo, no sería necesario acreditarlo si el esfuerzo para comprar una vivienda equivale a diez o más años de renta.

La conclusión, tras analizar Canarias Ahora los datos del Consejo General del Notariado y del Instituto Nacional de Estadística (INE) entre 2015 y 2023, es que 26 de los 30 municipios más poblados de Canarias podrían ser declarados zonas tensionadas con la futura ley comunitaria.

La demarcación más tensionada es Adeje, en el sur de Tenerife, donde conviven el turismo de lujo y el mayor asentamiento de chabolas de toda Canarias. En 2023, el último año con datos actualizados de renta media, el esfuerzo para comprar una vivienda equivalía a 24,57 años de salario. En segundo lugar se sitúa Guía de Isora, también en el sur de Tenerife, con 24,32 años de renta necesarios. Le siguen San Miguel de Abona (18,02), también en el sur tinerfeño; Mogán (17,28), en el sur de Gran Canaria, y Tías (17,27), en Lanzarote.

Las cuatro ciudades de Canarias con más de 100.000 habitantes también cumplirían los criterios para ser declaradas zona tensionada. En Las Palmas de Gran Canaria, el precio de una vivienda equivale a 10,75 años de salario; en Santa Cruz de Tenerife, a 12,32. En La Laguna y Telde, el esfuerzo alcanza los 12,55 y 10,46 años, respectivamente.

Qué implica la zona tensionada

Con la Ley estatal, en dicha zona se deja de tomar el IPC como referencia para la subida de los precios de los alquileres, se pone un tope y se regulan los precios en esas zonas, sean propiedad de grandes tenedores (con 5 viviendas o más) o de pequeños propietarios, tanto para contratos de inmuebles que estén en el mercado de alquiler como para nuevos contratos.

Esos topes dependerán del tipo de contrato y propiedad, teniendo en cuenta la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores.

Con la futura ley europea, en caso de obtener la declaración de zona tensionada, los ayuntamientos podrían imponer restricciones a las viviendas vacacionales que no constituyan la residencia habitual del propietario. Podrían limitar la compra o el uso de inmuebles para fines no residenciales; penalizar fiscalmente las viviendas vacías o exigir declaraciones previas de uso antes de la compra.

Las restricciones solo afectarían a las propiedades adquiridas después de la entrada en vigor de la ley, sin efecto retroactivo.

Bruselas señala directamente a las Islas

En los argumentos de Bruselas para impulsar esta ley se encuentran el que entre 2013 y 2024 el precio medio de la vivienda en la UE se incrementó casi un 60%, mientras que la renta de los hogares solo lo hizo un 40%. Esto, añade, está afectando especialmente a los hogares de rentas bajas y medias, a los jóvenes y a trabajadores esenciales (como docentes, sanitarios o personal de emergencias) y de temporada, que no pueden permitirse vivir en los municipios donde trabajan.

Y pone el foco directamente en Canarias: la propuesta de la UE identifica a las islas y los destinos turísticos como las zonas con mayores desequilibrios en este sentido. Señala que la escasez de suelo en estos territorios dificulta que la oferta de vivienda pueda reaccionar con rapidez ante incrementos de la demanda. Y recuerda también el impacto de la vivienda vacacional, que representa un porcentaje elevado del parque residencial en estos lugares.

Y mientras toda Europa debate sobre las zonas tensionadas, en Canarias, el Gobierno de CC-PP sigue eludiendo el tema fiándolo todo a la construcción.

La paradoja está servida. De las 317 zonas de mercado residencial tensionado declaradas en todo el Estado, sólo dos están en una comunidad gobernada por el PP. Son las ciudades de A Coruña y Santiago, en Galicia. La Xunta las aprobó a regañadientes, cumpliendo una Ley de Vivienda que, al igual que otras autonomías populares, recurrió sin éxito ante el Constitucional y poniendo —según los afectados— numerosas trabas a ambos procesos. Ahora, mientras los candidatos conservadores a esas alcaldías atacan los efectos de la medida, sobre todo sobre el alquiler, al gobierno gallego le acaba de caer una sustanciosa pedrea: 5,1 millones de euros de los 90 que el Ministerio destina a los territorios que han implantado el tope de precios. Las regidoras de Coruña y Compostela quieren gestionar ese dinero, pero Alfonso Rueda les ha dicho que no y que será él quien decida en qué se invierten en cada urbe. La tensión en la zona está servida.

A finales de mayo de 2025, A Coruña (251.000 habitantes, 38 km²) se convertía en la primera ciudad gallega en recibir la luz verde para convertirse en zona tensionada. La Xunta, sin muchas ganas, dijo hacerlo “en cumplimiento de la ley”. Y así era: la urbe herculina cumplía los dos requisitos exigidos: que el coste de la hipoteca o alquiler y los gastos derivados de la vivienda superasen el 30% de la renta media de los hogares y que el precio de esa compra o ese alquiler experimentase, en los últimos cinco años, un crecimiento de tres puntos por encima del IPC. La declaración se consumó dos meses después, en julio. En la nota informativa sobre su decisión, la Consellería de Vivenda no ahorraba críticas a la medida: “no va a solucionar el problema de acceso a la vivienda” porque los “agravó” en los lugares donde se había implantado.

A Santiago (100.000 habitantes, 220 km²), que había iniciado el proceso antes, le costó casi un año más finalizarlo. Tuvo incluso que volver a la casilla de salida después de que los técnicos de la administración autonómica tumbasen su primera propuesta. El anuncio del visto bueno de la Xunta da pistas de cómo fue todo: primero, el portavoz local del PP, Borja Verea, lo dio a entender; después, la prensa lo publicó y sólo entonces, la alcaldesa Goretti Sanmartín (BNG) recibió un telefonazo de la conselleira, María Martínez Allegue. “Agradezco su llamada pero, como la decisión, llega tarde”, declaró después.

Desde entonces, los populares no han dejado de lanzar dardos sobre las consecuencias de la zona tensionada. Lo han hecho Verea y su homólogo coruñés, Miguel Lorenzo —que aspira a arrebatar en mayo el bastón de mando a la socialista Inés Rey—, pero también el gobierno autonómico. Ya a finales de 2024, Rueda tiraba de argumentario en una sesión de control en el Parlamento para asegurar que “la gente tiene miedo de alquilar sus pisos” por culpa de la Ley de Vivienda. Este miércoles, ha querido refrendarlo con los datos de la caída en el número de contratos de alquiler en A Coruña, un 52% de julio a julio –de 734 a 349–, y ha vaticinado que en Santiago pasará lo mismo. La líder de la oposición, la nacionalista Ana Pontón, le achacó que no hablase de otras ciudades: “¿Por qué en Vigo, Pontevedra, Ourense y Lugo también ha bajado la oferta si no hay zonas tensionadas? ¿Será porque la gente está en tan mala situación que no quiere cambiar de piso porque cada vez que lo hace el contrato es más alto...?”.

Lo que Rueda no mencionó fueron los otros efectos de la zona tensionada en A Coruña, los que sí está teniendo sobre el precio. En 2025, el coste de los alquileres se incrementó un 2,6%, frente a la subida del 16,29% en 2024 y del 13,65% en 2023. Según el Observatorio Galego da Vivenda, en junio de 2025 –justo antes de la declaración–, el precio medio de los arrendamientos en la ciudad era de 771 euros; en febrero había caído por debajo de los 704. El diario La Opinión, citando también al Observatorio, publicó que en junio habían vuelto a remontar parcialmente y rondaban los 735 euros.

Repartir los fondos más allá de A Coruña y Santiago

Con estas posiciones enconadas, estaba claro que, en Galicia, la decisión del Ministerio de Vivienda de entregar las subvenciones a las comunidades autónomas y no a las ciudades, iba a suponer una declaración de guerra. Una situación que no se daba en el resto de comunidades donde se está aplicando la ley estatal: Catalunya, Euskadi, Navarra y Asturias, gobernadas o cogobernadas por el PSOE y en las que, en conjunto, suman 315 ayuntamientos con zonas tensionadas frente a los dos gallegos.

“Si la Xunta renunció a hacer directamente sus trabajos, sus estudios y sus planes de medidas y dijo que lo hiciesen los ayuntamientos porque ellos no estaban de acuerdo, parece que lo lógico es que se gestionen esos recursos desde el Ayuntamiento”, reaccionó Sanmartín al anuncio de la ministra Isabel Rodríguez. La conselleira no tardó en darle réplica: “En caso de recibirlos, los fondos serán gestionados por la Xunta de forma correcta”. Y eso, añadió, quería decir que no tendrían que destinarse solamente a las ciudades que obtuvieron la declaración de zona tensionada.

Rueda salió a corregirla, pero el daño ya estaba hecho. Esa quiebra del espíritu del decreto no sólo hizo poner el grito en el cielo a la regidora compostelana, que amenazó con acciones legales. También provocó una carta de la directora general de Vivienda y Suelo, Inés Sandoval, a su homólogo gallego: “Conviene aclarar que la cuantía prevista para Galicia, por importe máximo de 5.112.304 euros, no constituye una transferencia genérica para la política autonómica de vivienda”. “La subvención se prevé a favor de la Comunidad Autónoma de Galicia, pero está específicamente vinculada a las zonas de mercado residencial tensionado declaradas en A Coruña y Santiago de Compostela”, plasmaba negro sobre blanco.

Una vez fijado el ámbito, llega el choque por el uso. El presidente gallego, que insiste en el “fracaso” de ambas ciudades, quiere utilizar los fondos para su propio plan, ese que ha erigido en bandera desde que se convirtió en un ferviente creyente en la vivienda pública. Sucedió en la primavera de 2023, durante su presidencia interina tras la marcha de Feijóo a liderar el PP estatal. Fue entonces cuando Rueda anunció un plan para poner en el mercado 2.000 pisos de alquiler social, una cifra que después duplicaría y que ahora triplica en el horizonte de 2030. En aquel momento llevaba catorce años en el gobierno autonómico, la práctica totalidad como vicepresidente, un período en el que la promoción de vivienda pública fue casi inexistente.

Aunque las cifras oficiales hablan de unos 2.500 pisos –nuevos o rehabilitados– entregados por la Xunta desde 2009, la realidad es que la gran mayoría se pusieron en el mercado en los primeros años de mandato, es decir, cuando finalizaron las promociones impulsadas por el gobierno bipartito (2005-2009). A partir de ahí, las cifras decaen hasta casi desaparecer: una vivienda en 2018, ninguna en 2019, 11 en 2020, ninguna en 2021, tres en ese 2023 en el que Rueda cayó del caballo inmobiliario. Preguntado por ese brusco cambio, afirmó que, hasta ese momento, no habían detectado que existiese esa necesidad. “Qué perspicacia, vaya gurú”, ironizaba este miércoles Pontón antes de recordarle que, de las 1.800 viviendas comprometidas para este 2026, se han entregado 98. Aún así, cada lunes, en su comparecencia tras la reunión del gobierno gallego, el presidente anuncia alguna nueva licitación.

Mientras, las alcaldesas han solicitado al Ministerio que el real decreto deje claro, de forma “rigurosa”, cómo se transferirán los fondos a las comunidades y que controle su entrega “inmediata” a los ayuntamientos. Sanmartín y Rey se reunieron en Santiago el pasado viernes para fijar un frente común. “El papel de la Xunta es facilísimo. Es muchísimo más fácil que ejercer las competencias de vivienda. El papel de la Xunta consiste en recibir los fondos y, al día siguiente, transferir el porcentaje a los ayuntamientos que se establezca en el Real Decreto”, resumía la regidora herculina. Como su colega, defendió “los frutos” de las zonas tensionadas. Y eso que, según sus palabras “son muchos menos de los que nos gustaría por el boicot permanente de la Xunta”.

La Junta de Castilla y León (PP y Vox) cree que el desahucio de Maricarmen, la anciana madrileña de 87 años, demuestra “el manifiesto fracaso del Gobierno en materia de Vivienda”, según ha manifestado este jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. “En los últimos años, en España ha sobrado ideología y han faltado resultados”, ha manifestado.

El también consejero de Economía ha explicado que, en el caso concreto de Maricarmen, una sentencia judicial ha aplicado una Ley cuya modificación “corresponde al Congreso de los Diputados”, con una Ley Estatal de Vivienda que Castilla y León no aplica –y que permite el tope de los precios en el alquiler– porque “ha demostrado sus consecuencias negativas”. “La comunidad con más número de desahucios es una comunidad que aplica la Ley de Vivienda, es Catalunya, donde se refleja claramente el fracaso de esas medidas”, ha ejemplificado ante los medios.

El desahucio de esta mujer, que se ejecutó este miércoles por la mañana, derivó en grandes movilizaciones en varias ciudades del país y ha provocado un aceleramiento en el Gobierno para aprobar el decreto de vivienda en el próximo Consejo de Ministros. “Lo que hay que hacer es promocionar la oferta de vivienda y suelo, que se dé seguridad y confianza a las personas para que pongan a disposición sus viviendas para el alquiler y esto disminuye el precio”, ha suscrito.

“A las comunidades autónomas nos corresponde apoyar en el acceso a la vivienda”, ha defendido Fernández Carriedo, quien ha puesto en valor algunas medidas del Ejecutivo autonómico. El portavoz del Ejecutivo autonómico ha destacado que en esta legislatura se ha “elevado el rango de la Vivienda a la Vicepresidencia”, que ahora ostenta la 'popular' Isabel Blanco.

El consejero del PP ha subrayado que el precio de la vivienda en Castilla y León es “más económico” respecto al resto del territorio español y que ha registrado un incremento menor al del conjunto de España. Fernández Carriedo ha defendido que esto permite a Castilla y León ser una comunidad “atractiva para atraer inversiones”, cuyo gobierno está “abierto al Diálogo Social y a encontrar puntos de encuentro”, con medidas “ambiciosas y novedosas” como las rebajas fiscales y el programa TUYA dirigido a los jóvenes, que en sus dos primeros años de aplicación permitió avalar 678 hipotecas.

“Alquiler de temporada con estancia mínima”, “perfecto para profesores visitantes o estudiantes”, “estancias de 11 meses renovables”, “disponible de septiembre a junio”, “solo curso escolar”. Si buscas un piso en alquiler en Idealista en alguna de las 52 capitales de provincia, es casi imposible no encontrarse con frases similares: casi la mitad (45%) de los anuncios ya son ofertas que incluyen estas expresiones para indicar que solo se alquila para estancias cortas.

Lo que podía ser una situación normal para cubrir la necesidad de personas que estudian o trabajan temporalmente en otras ciudades se convierte en una alternativa a la que recurren cada vez más caseros para evitar las regulaciones introducidas por la ley de vivienda. Principalmente, la duración mínima del contrato o el control de precios, en una práctica que los expertos califican como “fraude de ley”.

A mediados de agosto de 2026 se podían encontrar en Idealista casi 37.800 anuncios de pisos en alquiler entre todas las ciudades capitales de provincia, tal y como se desprende del análisis de los datos recopilados por elDiario.es. De ellos, 17.050 eran ofertas donde, o bien se mencionaba explícitamente que se trataba de un alquiler de temporada, o se usaban otras fórmulas para indicar que no se firmaría un contrato de residencia habitual acorde con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Durante los dos últimos años, elDiario.es ha estado recopilando, mes a mes, todos los anuncios de alquileres en las 52 capitales de provincia para comprobar cómo ha ido cambiando el perfil de la oferta en la principal plataforma en España. Desde septiembre de 2024, el número de anuncios que se ofertan por meses fuera del paraguas de la ley ha subido del 31% al 45%.

Este cambio coincide en el tiempo con más regulaciones para los alquileres de vivienda habitual, que han acercado el poder de los inquilinos al de los caseros. Entre ellos, la duración mínima de los contratos, condiciones específicas para los grandes tenedores en las zonas tensionadas y, sobre todo, la limitación de las subidas de precio mediante un índice de referencia (el IRAV). Los contratos de temporada escapan a estas reglas.

Y muchos caseros lo aprovechan. “Lo que vemos es que lo que buscan los caseros cada vez más es no solo ir a estos mercados obteniendo por lo general una rentabilidad mayor, sino también tener más flexibilidad sobre las viviendas. No tener que cumplir con las legislaciones que dan derechos a los inquilinos y ponen más obligaciones a los caseros”, explica el investigador del CSIC, Javier Gil.

“Es un buen ejemplo de cómo se aplica una norma con una finalidad contraria a la que le es propia”, apunta la profesora de derecho civil en la Universidad Complutense de Madrid, Cristina Areglich. “Yo no quiero que se me aplique la regulación del arrendamiento de vivienda habitual, así que celebro este contrato de alquiler por once meses. Evidentemente, ese es un contrato en fraude de ley”, explica.

Si colocamos las 52 capitales de provincia en un mapa según el peso que tiene el alquiler de temporada en la ciudad, destacan Donostia y Bilbao, con más de un 85% de anuncios para alquileres a corto plazo. En Pamplona, Barcelona y A Coruña también superan el 70% de la oferta.

¿Qué tienen en común? Todas han declarado zonas de mercado residencial tensionado, que tiene limitaciones más estrictas que la ley general. “Se ve muy claro: donde más ha subido es en Catalunya, Euskadi o Galicia”, apunta Argelich. La comparación entre las dos grandes ciudades lo resume: “Si haces la comparativa Barcelona-Madrid, la oferta se reduce menos en Madrid precisamente porque no aplica el control de rentas”.

Uno de los principales incentivos para intentar esquivar la ley de vivienda es económico. Los alquileres de temporada son, por norma general, bastante más caros, algo que se aprecia bien al comparar el precio mediano por metro cuadrado. Sobre todo en las ciudades con más presencia de esta modalidad de contratos, como Madrid, Barcelona y Donostia, que tienen los precios más elevados del mercado.

En comparación con los alquileres de larga duración, en la capital madrileña es un 34% más caro, en la capital catalana, un 14% y en la ciudad vasca, un 17%. Pero hay ciudades con una diferencia todavía mayor: en Toledo supera el 50% y en Zaragoza y Valladolid la diferencia es más de un tercio.

Pablo Tucat, Director de Estrategia en KSNET y economista especializado en políticas públicas, advierte de que es una comparación que hay que matizar. “No estamos comparando exactamente el mismo producto. Por ejemplo, las características del piso tienden a ser distintas y la ubicación no es la misma. los alquileres de temporada se concentran en las zonas más caras de la ciudad, y eso infla su precio por metro cuadrado frente al de larga estancia”, apunta.

Aunque el número de anuncios apenas ha subido en los últimos años, los alquileres de corto plazo sí lo han hecho. En julio de 2025 había 42.000 anuncios en Idealista, el mismo mes de este año apenas 400 anuncios más. Sin embargo, había 1.200 pisos de temporada nuevos.

También hay que tener en cuenta que los cálculos de elDiario.es son una foto fija de un momento concreto en cada mes. O que los anuncios de larga estancia se republican con mayor frecuencia que los de temporada -por tanto, están más tiempo visibles- y que son cálculos conservadores. Por ejemplo, no consideramos temporales los que se ofrecen “para estudiantes” a no ser que especifique que la duración es menor de 12 meses. Tampoco los pisos que se ofrecen tanto para larga estancia o temporada y fórmulas ambiguas como: “¡PISO PARA LARGA TEMPORADA! ¡ESTANCIAS DE 11 MESES RENOVABLES!”.

Aun así, los datos sí permiten ver que no es que haya más oferta, sino que caen los de larga duración y se sustituyen por los de temporada. Al mismo tiempo, cada vez son más las viviendas que aparecen en Idealista ligadas a compañías profesionales que se dedican a gestionar precisamente viviendas de temporada.

Son plataformas online como Spacest, Spotahome o Homespace que publican anuncios de este estilo: “DISPONIBLE EN: Octubre. Reserve en línea haciendo clic bajo el mapa. No se aceptan alquileres inferiores a 2 meses”. Describen su nicho de mercado como “alquileres de media-larga estancia” y están más enfocadas en estudiantes o profesionales desplazados que en turistas.

La posibilidad de utilizar un contrato de corto plazo para sortear la ley de vivienda ya es incluso parte de una estrategia en redes sociales: “¿Cómo vas a evitar el índice de alquiler? Te doy tres formas para saltártelo [...] la primera y la más obvia: haces un alquiler temporal de 11 meses”, comparte un usuario de Tiktok.

Se presentan como expertos en el sector inmobiliario y recomiendan a los caseros pasarse al alquiler temporal. “Así puedes saltarte la ley de vivienda de forma legal, como inversores inmobiliarios”, anuncia otra cuenta.

¿Si se trata de un fraude de ley, por qué siguen siendo habituales este tipo de alquileres y cómo pueden incluso anunciarse en redes sociales? Porque corregirlo depende del inquilino y no es barato. “Para calificar ese contrato como correspondería lo que procede es demandar, y es caro”, apunta la jurista. No hay, por tanto, una capacidad real de oposición: “El que necesita una vivienda y se tiene que mudar firma un contrato por temporada aunque sea un fraude de ley, porque en algún lugar tiene que vivir”.

Son también muchos los anunciantes que dirigen sus ofertas a colectivos que abandonan la ciudad durante los meses de verano. Así, predominan las ofertas para el “curso escolar”, “estudiantes universitarios” o “profesionales desplazados”, lo que permite cobrar unas mensualidades más elevadas durante el verano en ciudades turísticas.

Es una realidad que se deja ver en los datos. En el siguiente gráfico puedes ver la evolución del porcentaje de alquiler de temporada en cada ciudad y cómo condicionan los meses de verano en regiones costeras y turísticas. Por ejemplo, en Santander, Almería o Cádiz el alquiler temporal es hasta 20 puntos más alto en comparación con la temporada de invierno en la misma ciudad.

En el lado contrario a estos destinos tenemos las ciudades con zonas tensionadas como Donostia, A Coruña y Oviedo con un avance casi lineal entre septiembre de 2024 y agosto de 2026.

Si solo tenemos en cuenta el cambio total de cada ciudad en el último año, las cuatro ciudades que más aumentan tienen activadas las zonas tensionadas: A Coruña, Vitoria, Bilbao y Pamplona. “La literatura científica que estudia el control de rentas detecta unos efectos comunes que son la reducción de la oferta, el incremento de los precios en aquellas zonas que no son tensionadas y la fuga del mercado de alquiler de vivienda habitual al alquiler de temporada”, apunta Cristina Argelich.

Sin embargo, aunque Madrid tiene menos porcentaje de alquileres temporales ha crecido mucho más que Barcelona en el último año. 8 puntos más frente a los 0,4 puntos de la capital catalana, a pesar de no haber activado las zonas tensionadas. De hecho, en Barcelona aunque el porcentaje se mantiene más o menos estable desde enero de 2026, con la entrada en vigor de una norma para controlar el alquiler temporal, el número de anuncios para estancias cortas sí que se ha reducido, pasando de 5.000 en diciembre de 2025 (un mes antes de que se aprobara la ley) a 3.200 el último mes.

“Es algo que puede parecer hasta contraintuitivo ¿no?”, señala el economista Pablo Tucat, “en el caso de Barcelona viene directamente de intentar atacar ese segmento. En el caso catalán lo hicieron creo que de una manera creativa: en lugar de prohibir o monitorear (que también se hace), lo que hacen es aplicar también el precio de referencia. Ahí lo que ocurre es que quitas el incentivo económico que tenía pasar al alquiler de temporada”.

Incluso dentro de la misma ciudad, la situación es igual para todos las zonas. En Barcelona el alquiler de temporada abarca casi toda la ciudad aunque los barrios con más oferta (las burbujas más grandes) son también donde más temporalidad encontramos, con zonas como el barrio Gòtic en las que las viviendas para corto plazo superan el 80% de la oferta.

Madrid y Valencia tienen una distribución un poco más variada. El centro, y la costa en el caso de Valencia, concentran la mayor parte de la temporalidad mientras que los distritos periféricos y residenciales como el Ensanche de Vallecas (Madrid) o Sant Pau (Valencia) tienen menos oferta tanto general como de temporada.

Cómo abordar el problema de la regulación

El cambio del tipo de alquiler a una modalidad distinta o el aumento de precios en viviendas no reguladas eran impactos prácticamente asegurados. La revisión más ambiciosa que se ha hecho hasta la fecha por el economista alemán Konstantin Kholodilin repasó más de doscientos trabajos sobre control de alquileres publicados en distintos países confirmaba que la medida funciona en aquello para lo que se diseña: las viviendas reguladas frenaban sus precios, pero advertía de que iba ligado a estos otros efectos.

El propio Gobierno calcula que cerca de un millón de personas viven ya en un piso de alquiler de temporada y más de un tercio lo hacen por no poder acceder a otro de larga estancia. Son cifras suficientemente relevantes como para colocar este tipo de alquiler en el centro del debate con un decreto que pretende regularlo.

De hecho, este decreto se lleva aplazando desde hace meses por la falta de apoyos entre las exigencias no cumplidas de Junts y los reproches de Podemos por los cambios en la ley de suelo. El pasado mes de julio, el Gobierno hizo circular un amplio borrador por los grupos parlamentarios, pero los rechazos aplazaron la iniciativa hasta septiembre. Llegado septiembre, la crisis de Ceuta vuelve a demorar las negociaciones de manera indefinida.

La nueva regulación exigirá que se demuestre con documentos que la persona que va a vivir en un alquiler temporal tan solo estará entre uno y 12 meses. Superado ese período, si el inquilino sigue viviendo en el piso, su contrato pasará a ser de vivienda habitual.

Ese tipo de regulación ya se aplica en Catalunya, con el añadido de que el tope a los precios también se aplica allí al alquiler temporal. La nueva norma hizo que durante el primer trimestre del año cayeran los contratos de alquiler temporal firmados un 32% en comparación al año anterior, caída que también se refleja, aunque en menor medida, en el total de anuncios de temporada de Idealista en Barcelona.

¿Y tiene posibilidades de funcionar? Las opiniones de los expertos varían. El investigador Javier Gil considera que son unas medidas determinantes: “significa que no se pueda utilizar de manera fraudulenta el alquiler de temporada, también se van a controlar los precios de los alquileres, pero sobre todo se tiene que inspeccionar y sancionar a quien los utilice de esa manera”, sentencia.

En el otro extremo está Argelich. La profesora de la Complutense cree que la evidencia es suficiente prueba para demostrar que a golpe de sanción no se arregla nada. “Expropiar, multar o sancionar son palabras que en materia de vivienda no funcionan y que acaban volviéndose en contra de la propia norma. Mientras no haya incentivos positivos, la oferta de alquileres no va a aumentar”.

Frente a las sanciones tanto ella como Tucat abren la puerta a otro tipo de políticas: la gestión de los alquileres vacíos por parte de la administración, los incentivos fiscales o la reserva de suelo para la construcción de más vivienda social. Si bien, no se puede prever el impacto real de cualquiera de estas alternativas hasta que no haya información real de la situación de cada comunidad de España.

Y ahí, avisa Tucat, sigue faltando lo básico: datos. El registro único de alquileres que se anuló era “una fuente de información bastante importante”, y sin referencias reales que digan qué ocurre en cada comunidad se legisla a ciegas. “Algo esencial para poder mejorar las políticas es tener datos e información”, zanja. Sin ellos, difícil saber si el próximo zanjará el problema o acabará generando otro.

El precio de la vivienda libre subió un 11,7% en Castilla-La Mancha en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este lunes.

A nivel nacional, el precio de la vivienda aumentó un 12,2% en el segundo trimestre del año respecto al pasado ejercicio, siete décimas menos que en el trimestre previo y su menor tasa desde el primer trimestre del año pasado, cuando también aumentó un 12,2%.

Con la subida del segundo trimestre, el precio de la vivienda libre acumula 49 trimestres consecutivos de alzas interanuales, es decir, que lleva subiendo de manera interrumpida algo más de 12 años.

Datos nacionales

Según Estadística, el precio de la vivienda nueva subió un 7,4% interanual en el segundo trimestre, 1,7 puntos menos que en el trimestre anterior y su tasa más moderada desde el primer trimestre de 2023, mientras que el precio de la vivienda usada se incrementó un 12,9%, seis décimas menos que en el trimestre previo y su menor avance en un año.

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas presentaron en el segundo trimestre tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre y todas además fueron de dos dígitos salvo en el caso de Navarra, donde el aumento fue del 9,5%.

Las mayores subidas de precios se produjeron en la ciudad autónoma de Ceuta (+15,2%), Asturias (+15%), Castilla y León (+14,8%) y Aragón (+14,6%).

Por su parte, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Navarra (+9,5%), País Vasco (+10%), Cataluña (+10,1%) y Canarias (+11%).

UGT pide introducir el precio de la vivienda en la negociación colectiva

UGT Castilla-La Mancha considera “absolutamente necesario” implementar medidas para garantizar el derecho a la adquisición de una vivienda, en base a los datos publicados por el INE.

“Con los salarios actuales, no es posible garantizar el derecho a la adquisición o alquiler de una vivienda, es una realidad el que, de media en España, las personas trabajadoras necesitan más de 47 años de salario neto (dedicando el 40% del mismo) para comprar una vivienda media. El precio de este bien básico se come los salarios, por lo que debemos adoptar soluciones urgentes para solucionar este grave problema”.

Desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores proponen introducir el precio de la vivienda como parámetro importante a tener en cuenta a la hora de fijar salarios en la negociación colectiva.

“El crecimiento económico y la creación de empleo son imprescindibles, pero no suficientes. Las subidas del SMI, la reforma laboral, el refuerzo de determinadas prestaciones y el Ingreso Mínimo Vital han contribuido a evitar un escenario peor. Sin embargo, continuamos teniendo problemas estructurales como son los salarios insuficientes; la parcialidad; la desigualdad territorial…problemas que debemos solucionar. La vivienda ha dejado de ser solo un problema de acceso para determinados colectivos y se ha convertido en un problema central de redistribución de la riqueza y de pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora”.

Desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores hacen un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que antepongan el derecho a la vivienda de millones de personas y se de seguridad jurídica al nuevo Decreto Ley sobre vivienda.

El enésimo intento por aprobar un nuevo decreto de vivienda que frene la especulación con alquileres de temporada y de habitaciones y potencie el parque público de casas volvió a fracasar en julio. Chocó con los reproches de Junts, pero también con la oposición frontal de Podemos y plataformas sociales como Greenpeace o el Sindicato de Inquilinas a las modificaciones incluidas a la Ley del Suelo, que, denuncian, la hacen más permisiva ante ilegalidades. Por ello, el decreto volvió al cajón y el Consejo de Ministros espera aprobar un nuevo texto este mes de septiembre, aunque no aclara por el momento si modificará estos puntos o cómo satisfará las reclamaciones de los socios.

Sumar, por su parte, estaba dispuesto a aprobar el texto con las modificaciones de la Ley de Suelo, aunque no le convencían, pero ahora espera un nuevo texto “a ver si lo afinan”, dicen fuentes del partido. Si este revés vuelve a dilatar un decreto de vivienda que Pedro Sánchez ya anunció hace siete meses, en febrero, aún retrasa más las medidas con respecto a la Ley de Suelo, que ya fue tumbada en el Congreso en mayo de 2024 y febrero de 2025, con críticas de oposición y de socios de Gobierno. A la oposición de los partidos se le suma ahora otro obstáculo: la crisis de Ceuta ha monopolizado los esfuerzos del ejecutivo y paralizado aún más las negociaciones.

Los artículos del nuevo decreto que levantan ampollas entre los colectivos sociales son las reformas del 13 y el 14 de la Ley de Suelo, que limitan el poder de las impugnaciones ante los proyectos. Con el fin de no empantanar proyectos enteros por irregularidades que no afectan a la totalidad, el artículo 13.6 de la Ley de Suelo queda modificado de forma que “se conservarán todas las actuaciones y trámites no afectados por el vicio cometido”.

Esto quiere decir que si un plan urbanístico es recurrido por irregularidades, se frenarán solo las partes del plan afectadas por las mismas, de forma que el resto de obras –entre las que puede haber, por ejemplo, vivienda protegida– no queden paralizadas.

El abogado especialista en vivienda Pablo Feu cree que “tiene sentido” que esto sea así, pero alerta de que solo dos epígrafes antes, en el 13.4, se abre la puerta a que “si una irregularidad se comete de acuerdo a una normativa vigente, aunque esta normativa esté mal, no se podrán frenar los proyectos”, apunta el experto, sobre uno de los puntos más técnicos pero a la vez más peligrosos, a su parecer, de la nueva norma.

Oposición de Podemos, Greenpeace y Sindicato de Inquilinas

Inés Díez, responsable del área jurídica de Greenpeace España, es más crítica todavía con este punto. “Básicamente, ninguna construcción va a poder ser declarada nula, el constructor tendrá que corregir solo algunas partes”, asevera. “En algunos casos, se darán por buenos proyectos que no lo son por tal que no queden paralizados y eso no nos gusta”, añade.

El rechazo de Podemos también se basa en que “la reforma afecta al sistema de recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico, lo que dificultará que organizaciones ecologistas puedan recurrir pelotazos urbanísticos”, según fuentes del partido, que añaden que se trata de un texto “prácticamente idéntico al presentado por el PP en 2018, por el propio PSOE en 2024 y por PSOE y PNV en 2025”. “En la práctica, esto implica convalidar ilegalidades en materia urbanística y que, incluso si un tribunal establece que la actuación urbanística es ilegal, pueda quedarse en las mismas condiciones”, dicen sobre las modificaciones

El otro artículo que despierta rechazo, incluso más frontal, es el 13.7 del borrador que “limita la capacidad de organizaciones de plantear recursos, lo que ahonda en la línea de que actuaciones urbanísticas ilegales puedan ser convalidadas”, dicen desde Podemos.

Para el abogado Pablo Feu, este punto es incluso peor que el anterior. Concretamente, el nuevo artículo dice que “la impugnación con carácter indirecto de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística solo será posible cuando no haya transcurrido el plazo de cuatro años, contados desde el día siguiente al de la publicación de su acuerdo de aprobación definitiva”.

Solo cuatro años para impugnar un plan

“Si se aprueba un plan urbanístico y el promotor espera cuatro años para pedir la licencia, que es cuando se evidencia lo que está haciendo, la nueva ley no permitirá impugnarlo. Aparte de ser injusto, se carga por completo el sistema de procedimiento administrativo”, denuncia Feu.

Las nuevas modificaciones también incluyen que la invalidez de las nulidades por recursos será aplicable también de manera retroactiva, ante proyectos urbanísticos iniciados antes de que la ley entre en vigor. Es más, establece que el juez deba permitir subsanar los errores al promotor incluso tras la sentencia contra un plan urbanístico. “Esto es una barbaridad jurídica”, dice Feu, que alerta como las plataformas del riesgo de “amnistías urbanísticas”.

Las modificaciones responden a una reivindicación histórica del sector de la construcción para agilizar la producción de vivienda. A finales de junio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó un informe que recomendaba reducir trabas burocráticas y regulatorias para agilizar la construcción de vivienda protegida, entre los cuales estaba limitar las nulidades totales de los planeamientos.

Pero incluso voces muy críticas con las patronales y constructoras asumen la importancia de esta medida. Es el caso de Ignacio Ezquiaga, economista experto en vivienda en Funcas, asegura que limitar las nulidades es algo “muy positivo” porque permitirá “desencallar” proyectos y que no se trunquen planes que estén bien por detalles que estén mal. “Cuatro años para impugnar es tiempo suficiente”, defiende sobre el otro punto.

Voces a favor de la norma

En la misma línea, Javier Burón, economista y director gerente de la empresa pública de vivienda de Navarra (Nasuvinsa), expresa que “es bueno que se diferencie entre vicios subsanables y no subsanables”. “Cambiar un plan general por cualquier error cuesta hoy muchos años y supone empezar de nuevo. Los inversores no van a poner dinero en un mercado donde todo puede cambiar en función de las impugnaciones. Debemos tener un urbanismo diligente sin caer en los vicios previos a la burbuja”, desarrolla Burón.

Las plataformas y la izquierda, mientras tanto, ponen como ejemplo el hotel del Algarrobico, en Almería, con 21 plantas a escasos metros del mar en el Cabo de Gata que fue declarada nula este mes de julio, 23 años después de que la licencia fuera concedida. Las obras quedaron paralizadas en el 95% de su ejecución en 2006, cuando un juzgado ordenó paralizarla tras las reivindicaciones de ecologistas. “Con esta ley, seguramente no se podría derribar El Algarrobico”, asevera Díez, de Greenpeace.

Los silencios administrativos positivos para edificar en zonas rurales o la eliminación del derecho de reversión para antiguos propietarios si en un tiempo no se ejecutan las obras planeadas de vivienda son otros de los aspectos que no convencen.

Las voces más críticas han visto similitudes entre las modificaciones de la Ley de Suelo estatal y la conocida como ley Líder aprobada el mes de julio por la Comunidad de Madrid. La Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región se votará en septiembre –y saldrá adelante, presumiblemente, con la mayoría absoluta del PP de Isabel Díaz Ayuso– y sustituye a la Ley de Suelo de 2001 y la Ley de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de 1995. La nueva norma unifica las normas de urbanismo y de reordenación del territorio y disminuye el plazo de los planeamientos urbanísticos de doce a unos cuatro años.

El Gobierno de Ayuso justificaba la necesidad de la norma para agilizar la construcción de vivienda, pero las plataformas ciudadanas se oponen. Tampoco lo ve con buenos ojos el Ministerio de Vivienda, que en abril presentó alegaciones alertando de que los cambios presentados pueden abrir la puerta a la “especulación”, a la “privatización del suelo” y a los “pelotazos urbanísticos”. Lo mismo que denuncian las voces a la izquierda del ejecutivo central de la Ley de Suelo, informa África Gelardo.

Más allá de la Ley del Suelo, otras medidas del nuevo decreto sí que gustan a plataformas sociales como Greenpeace o el Sindicato de Inquilinas. Las nuevas prórrogas de dos años para inquilinos, las facilidades para que Casa 47 se haga con suelos públicos, la limitación temporal y formal del alquiler de temporada y de habitaciones o un mayor impulso económico y financiero a la vivienda asequible deben contribuir a mejorar la situación actual de la vivienda en España, según estas voces.

Pero, por mucho que se modifiquen o se eliminen del decreto los cambios a la Ley del Suelo, el decreto sigue sin contar sin los apoyos suficientes en el Congreso sin los votos de Junts. Para la formación catalana, el problema no son los aspectos urbanísticos, sino la no inclusión de medidas para desgravar a inquilinos e hipotecados. El reto de la ministra Isabel Rodríguez de conseguir un texto que satisfaga a unos y a otros en este mes no es sencillo.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana destinará 5,1 millones de euros para las zonas tensionadas declaradas en las ciudades gallegas de A Coruña y Santiago de Compostela.

Forma parte del paquete de 90 millones de euros a las comunidades que han declarado zonas de mercado residencial tensionado para que puedan incrementar la oferta de vivienda asequible. Así lo ha anunciado este miércoles la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, tal y como recoge Europa Press.

Tras conocerse estas ayudas, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha valorado que se trata de “un paso más con nuevas medidas” para aumentar la oferta de la vivienda gracias al Estado mediante alquileres con “precios asequibles” en estas ciudades.

En un audio remitido a los medios, Blanco destaca que “este Gobierno actúa con recursos y con medidas concretas para facilitar el acceso a la vivienda en Galicia”.

Subvenciones directas

En concreto, las subvenciones directas serán para facilitar el acceso a la vivienda en 317 municipios de Catalunya (59,7 millones), Euskadi (15,5 millones), Navarra (6,6 millones), Galicia (5,1 millones) y Asturias (2,9 millones).

Desde este miércoles, el borrador del real decreto por el que se regulan estas subvenciones queda sometido al trámite de audiencia e información pública en la página web del Ministerio, antes de su posterior aprobación por el Consejo de Ministros.

La ministra, que ha realizado una visita a la localidad navarra de Lekunberri para conocer 34 viviendas que la entidad estatal Casa 47 va a poner a disposición de la ciudadanía a un precio de alquiler asequible, ha explicado que estos 90 millones de euros “van a servir para promover más vivienda pública, para construir más vivienda pública, para rehabilitar vivienda existente y dedicarla al alquiler asequible, para adquirir suelos de los ayuntamientos o de particulares y poder construir sobre esos suelos, o para desarrollar y urbanizar suelos”.

Rodríguez también ha explicado que las Administraciones podrán destinar este dinero a comprar vivienda. “Nosotros estamos en estos momentos, a través de Casa 47 en una opción de compra de vivienda privada para poner a disposición de la gente en alquiler asequible. Esto también entra dentro de este programa. Es decir, se trata de comprar vivienda para la gente, no de comprarse los áticos para las presidentas”, ha indicado.

La ministra ha señalado que “todos los ciudadanos que quieren que les congelen el precio del alquiler tienen que saber que si no se les congela es porque 'la del Ático' –en referencia a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid– no quiere congelar, y es porque el andaluz Moreno Bonilla no quiere congelar, o es porque Azcón –presidente de Aragón– no quiere congelar”.

Más de 600.000 catalanes dejarán de estar afectados en los próximos meses por la regulación de los alquileres. Algunos de ellos, de grandes ciudades como Reus, Granollers, o Lleida, capital de provincia y sexta urbe en población con unos 150.000 habitantes. La razón es que ya no cumplen con los requisitos para tener el tope a los precios, es decir, ya no tienen oficialmente un mercado tensionado. Algunos lo celebran, pero otros temen que a partir de ahora se disparen las mensualidades.

“Tendremos que estar alerta, esto no acaba aquí”, advierte por teléfono Begoña Iglesias, concejala de Agenda Urbana del Ayuntamiento de Lleida. “Tan difícil es salir de las zonas tensionadas como mantenerse fuera”, señala esta portavoz consistorial.

Igual que los otros 22 municipios que salen de la regulación –y a diferencia de los 53 que entran–, Lleida ya no cumple con ninguno de los requisitos para ser considerado un mercado residencial “tensionado”. Uno es que el esfuerzo que hacen los hogares para pagar la vivienda esté por debajo del 30% (en la ciudad es del 24,8% en alquiler y del 23,1% en hipoteca). El otro es que en cinco años no aumenten los precios tres puntos por encima del IPC, y así ha sido: desde 2021 el incremento ha sido del 20%, 1,1 puntos por debajo de la inflación.

La aplicación de la Ley de Vivienda ha tenido sus efectos en la ciudad. La mencionada subida del 20% se produjo antes de la entrada en vigor de la norma, cuando los precios pasaron de 468 euros de media a 562 euros. Desde entonces, se mantienen estables, y hoy alquilar un piso en Lleida cuesta 558 euros.

Para la Generalitat, responsable de declarar las zonas de mercado tensionado, esta es la prueba de que la regulación es capaz de “enfriar” el mercado inmobiliario. Pero las entidades que defienden el derecho a la vivienda advierten de que el levantamiento de los límites disparará los precios.

“Es un retroceso, parecido a la caída de la moratoria de los desahucios”, advierte Neus Valdellou, de la PAH de Lleida. “Es evidente que si retiran el tope los precios van a subir y volveremos a estar como antes”, critica. Además, añade que la salida de la regulación, sumada a la incógnita de sí se volverá a limitar el precio en el futuro, puede provocar subidas todavía más exageradas por parte de algunos caseros.

Aunque los precios leridanos no son los de Barcelona (1.130 euros de media, sin contar los de temporada), ni los de su área metropolitana, Valdellou asegura que también en su ciudad hay numerosas familias que sufren exclusión residencial. “Siguen llevándonos casos de finalizaciones de contrato para expulsar a vecinos, incluso subidas de precio por encima de lo permitido”, advierte esta activista.

Con todo, para Òscar Gorgues, gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y Lleida, la situación era previsible, puesto que considera que la ciudad nunca tuvo un mercado demasiado tensionado. “En Lleida el mercado del alquiler es más limitado, no hay tanta población flotante, la gente tiende a comprar más, y todo esto ayuda a que los precios sean más estables”, resume. Añade además que los pueblos de los alrededores disponen también de pisos accesibles, lo que “oxigena” el mercado.

Lo que critica Gorges es que la Generalitat haya decidido actualizar las zonas declaradas tensionadas antes de que se cumplan los tres años de vigencia, en marzo de 2027. El Departamento de Territori alega que es porque los trámites se alargan meses, pero aun así el gerente de la Cámara lamenta que, más allá de saber si cumplen o no los criterios para acogerse al tope, tampoco se acompañen estas novedades de una evaluación exhaustiva sobre la regulación. “Nadie está respondiendo a si ha funcionado el tope”.

Desde el Ayuntamiento barren para casa y aseguran que el estancamiento de los precios del alquiler en Lleida se debe a que han aumentado la oferta de vivienda disponible. Menciona Iglesias promociones de protección oficial de alquiler como la del barrio de Magraners (121 pisos recién entregados), o las licencias concedidas a promotoras para construir 1.225 viviendas en toda la ciudad.

Ante el temor de que se disparen precios, el consistorio confía en su apuesta por ampliar el parque de vivienda. “Cuando hay más oferta, por mucho que pongan precios fuera de mercado, no conseguirán alquilarlos”, argumenta Iglesias.

Al margen de Lleida, hay municipios que salen de la regulación con unos precios mucho más elevados, o incluso todavía al alza, aunque nada de esto les impide cumplir con los requisitos para considerarse como zonas no tensionadas. Destaca el caso de Cabrera de Mar, en el Maresme, donde el alquiler cuesta de media 1.092 euros al mes. Frenados los precios recientemente, aun así en los últimos cinco años registran una subida del 23,1%, esto es, 1,8 puntos por encima del IPC (no superan los 3 puntos que lo mantendrían como zona tensionada).

Por ejemplo, hay cuatro municipios en los que se observa un incremento desde 2021 de entre 2 y 3 puntos por encima del IPC: Figueres, Banyoles, Granollers y El Papiol.

La Orotava, en el norte de Tenerife, aprobó hace 33 meses solicitarle al Gobierno de Canarias la declaración de zona tensionada para, entre otras medidas, poder topar los precios de los alquileres, al menos, de la zona del casco histórico, pero sigue sin dar ese paso propuesto por los concejales de Asamblea por La Orotava y respaldado por el pleno local hace casi tres años.

Este importante municipio del norte de Tenerife, el de mayor superficie de la Isla y con el 72% del Parque Nacional del Teide, cuenta con una población de unos 42.500 habitantes, y su Ayuntamiento ha elaborado un reciente informe sobre los precios de las casas (de venta y alquileres) de 2020 a 2023 que fue expuesto en la comisión de Urbanismo del pasado 1 de julio y que constata que la localidad no sólo cumple los requisitos para la declaración de zona tensionada en el casco histórico, sino que también lo hace la mayoría de sus barrios, con aumentos de las cantidades que se piden de hasta el 129% en algunas de esas zonas periféricas, como ocurre en Pinolere, Aguamansa y La Florida. El límite exigido para declarar la zona tensionada es del 19%. Además, hay zonas con incrementos del 60 y 70%.

Cabe recordar que el Gobierno de Canarias no ha aprobado hasta ahora ninguna de las peticiones recibidas para declarar zona tensionada en ningún municipio de las Islas. El Ejecutivo de Clavijo no aplica la Ley estatal de Vivienda y, de hecho, cuando esta fue aprobada, anunció que la recurriría en los tribunales, cosa que después no hizo porque se le pasó el plazo para hacerlo. El Gobierno canario ha señalado en diversas ocasiones que su solución a la crisis de vivienda en las Islas pasa por construir más y más rápido, sin adoptar medidas para regular los precios de los alquileres o controlar la especulación.

En el pleno de este pasado martes, el gobierno local (CC) admitió que aún no ha remitido al Ejecutivo regional esa solicitud, en la que insiste desde hace mucho tiempo grupos como Asamblea por La Orotava. Una situación que critica el portavoz de esta coalición, Manuel Pacheco, que censura que “ni siquiera sepan el procedimiento para declarar el municipio zona tensionada pese a contar ya con ese informe del mercado inmobiliario, que nos mostraron en comisión, pero que aún no poseemos porque, como siempre, no lo adjuntaron a la convocatoria y que hemos pedido durante todo este mes de julio”.

“Aún no han abordado ni qué hacer con ese diagnóstico, si enviarlo o no a la Comunidad, pese a que la ley es clara y obliga a adjuntar un plan específico de medidas cuando se cumplen los requisitos de las llamadas zonas tensionadas”, comenta a Canarias Ahora. Además, compara a La Orotava con otros municipios que sí han enviado la solicitud en menos de un año.

Versión del gobierno local

Durante el pleno, el portavoz de CC y edil de Hacienda, entre otras áreas, David Felipe Benítez, explicó que ese estudio no se elaboró en exclusividad para la declaración de zona tensionada, sino que “es mucho más ambicioso sobre el mercado residencial en La Orotava, abarcando múltiples aspectos sector por sector, distrito por distrito en función de la población, edades, precios de la vivienda y cómo ha evolucionado. Incluso, planifica el futuro y prevé las nuevas viviendas a construir según el PGO y, por tanto, va mucho más allá que un simple informe sobre la declaración de zona tensionada”. Además, remarcó que “no es el ayuntamiento el que declara esa zona, sino el Gobierno regional el competente y no hemos enviado el acuerdo plenario porque no tendría ningún sentido y sería absurdo hacerlo sin los datos del estudio para que se puedan estudiar. Es ahora, cuando ya se ha informado en comisión, cuando ese acuerdo del pleno se enviará con ese estudio de forma conjunta y ya nos informarán sobre si procede o no procede”.

Sobre el plan de acción municipal en esta materia, y también a preguntas de Asamblea, indicó que se redactará en función de esa respuesta autonómica, “si cumplimos o no con lo de la zona tensionada para no empezar trabajos en balde. 33 meses después, no se han leído la ley”, les reprochó.

Grandes tenedores

El edil de Asamblea por La Orotava ya se quejó públicamente el pasado mes de junio de que el Consistorio villero lleve 18 años sin subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). No lo hace por la mayoría de contribuyentes, a los que beneficia una congelación así, sino por los grandes tenedores de inmuebles, sobre todo constructoras o grandes promotoras, así como bancos y, en muchos menos casos, propietarios aislados con más de nueve viviendas.

Según esgrime, el Plan General de Ordenación (PGO) orotavense calcula unas 2.500 casas vacías en la localidad. Si la mitad de estas propiedades pertenecen a grandes tenedores, “principalmente a entidades bancarias y empresas de la construcción con promociones muy conocidas que están vacías total o parcialmente, se podría recaudar millones de euros añadidos al año porque la Ley de Vivienda de 2023 permite subir el IBI hasta triplicarlo en los casos de grandes tenedores”. Esto permitiría ingresar un dinero considerable que, a su vez, se podría destinar a potenciar las políticas sociales o, precisamente, las de vivienda, “una de las grandes debilidades de la gestión local”.

Sin embargo, el gobierno orotavense se ha escudado hasta ahora, según denuncia, en sus dudas sobre cómo aplicar la norma y en cómo definir o considerar una casa vacía o cumplidora de las condiciones establecidas. En opinión de Pacheco, se trata de argumentos muy débiles “porque la norma deja muy claro cómo aplicarla en cada caso”, por lo que, a su juicio, sólo ha habido desidia o una clara intención de beneficiar o no perjudicar a estos grandes tenedores, entre los que se encuentran diversas constructoras con muchas promociones en la Villa.

Benítez explicó entonces a este periódico que Benítez, explica a este periódico que, “en realidad, el ayuntamiento aprobó un recargo del 50% en el IBI a los grandes tenedores en 2018 (grandes empresas y entidades bancarias)”, si bien reconoció que, desde entonces, no ha aplicado en la práctica ese incremento a través del consorcio de tributos porque la ley de Haciendas Locales “no detallaba, por ejemplo, qué se consideraba un gran tenedor o una vivienda vacía. Esto cambia con la ley de 2023 y el texto refundido de la de Haciendas Locales, que sí aclara estas cuestiones. A partir de ahí, nosotros llevamos meses trabajando con el consorcio de tributos para obtener datos de cuántas grandes empresas o bancos tienen más de diez viviendas desocupadas. Con todo esto, se está haciendo un estudio económico para ver el impacto de la medida, qué número de casas de uso residencial hay en ese caso para ver también la viabilidad de implantar esta medida, ya que lleva consigo también unos costes administrativos”.

El edil añadió que “hay que demostrar, a su vez, que esa vivienda está vacía, algo que previsiblemente se podrá hacer a través de los consumos de agua, para lo que habrá que interconectar el padrón del agua con el del IBI. Esto lleva, por tanto, un trabajo administrativo y unos costes, pero se necesita ese estudio económico para ver la viabilidad de la medida, ya que, si para el ayuntamiento es superior que lo que se va a obtener, pues no tiene ningún sentido, aparte de que el problema actual de la vivienda no se soluciona con esto. Esperamos que en unos meses tengamos ese estudio”.

La ciudad de Santander ha vuelto a ser escenario de la crudeza de la crisis de la vivienda. A primera hora de este miércoles, alrededor de las 7.15 horas, un despliegue de la Policía Nacional de dos furgones y siete agentes ha procedido a acordonar un perímetro de unos metros en torno al portal número 20 de la calle Antonio López en el centro de la ciudad.

Algo, al parecer, “habitual”, según ha justificado pasadas las 8.30 horas a elDiario.es uno de los efectivos, para que posteriormente la comisión judicial pudiera realizar su trabajo. El agente se refería al desalojo de Blanca, su hija y su perro de la vivienda que esta ciudadana santanderina sexagenaria habita desde que tenía 12 años.

A pesar de la resistencia civil pacífica convocada por el Sindicato de Vivienda de Cantabria, en cuya concentración se han escuchado proclamas como “todas bajo techo, la vivienda es un derecho” o “ no nos va a callar la violencia policial”, el desalojo se ha consumado pasadas las 10.30 horas, dejando a la familia en una situación que Blanca define como de “indefensión total”. De nada ha servido la conversación previa de Yolanda Ceballos, portavoz del Sindicato, con los miembros de la Comisión Judicial, para tratar de explicar la falta de solución habitacional de esta familia que se ve abocada a una situación de calle.

La jornada de este miércoles ha dejado un sabor amargo en el movimiento por la vivienda en Cantabria, entre los que había también miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). A la ejecución del desahucio se suma la denuncia del Sindicato de Vivienda sobre la agresión sufrida por una de sus activistas durante la carga policial para despejar la entrada del edificio que se ha producido a primera hora.

El sindicato ha querido dejar claro que lo ocurrido trasciende el caso individual de Blanca. “Nosotras desde el Sindicato de Vivienda lo único que podemos decir es que es una derrota para todas, tanto para Blanca y su hija, como para quienes han puesto el cuerpo hoy para intentar evitar el desalojo”, han valorado.

A pesar del golpe anímico que supone no haber podido frenar el lanzamiento y de ver cómo la familia queda hoy sin techo, la organización mantiene su compromiso de lucha: “La violencia policial no va a impedir que sigamos defendiendo el derecho de protesta y el derecho a una vivienda digna frente a la libertad para especular y hacer negocio de la miseria de otras”.

“Se han reído en mi cara”

Visiblemente afectada y tras presenciar cómo su hija sufría un ataque de ansiedad durante el proceso, Blanca ha denunciado ante los medios de comunicación y decenas de activistas presentes lo que considera una traición por parte de las instituciones que debían protegerla.

Su crítica más feroz ha ido dirigida a su representación legal de oficio: “La abogada ha sido cobarde, no está aquí. Se ha vendido al propietario de esta vivienda”, ha lamentado. Según Blanca, esta ausencia ha sido determinante, ya que la letrada no habría tramitado la renovación de su certificado de vulnerabilidad, un documento clave para frenar el lanzamiento.

La inquilina sostiene que tanto los Servicios Sociales como la Consejería de Vivienda han “ignorado” sistemáticamente sus recursos. Ambas subsisten con el Ingreso Mínimo Vital, ya que su hija está en situación de desempleo. “Se me ha ninguneado, no se me ha hecho ningún caso. Los Servicios Sociales se han reído en mi cara”, ha relatado con indignación, subrayando que mientras le dicen que no hay parque público disponible, ella tiene constancia de la existencia de “2000 viviendas cerradas para gente como yo”, ha clamado Blanca tras ser expulsada de su hogar. “La Constitución dice que todo español tiene derecho a una vivienda digna, ¿dónde están la mía y la de mi hija? Y la de mucha gente que está en esta condición como yo”.

“Para fiestas sí tenemos dinero”

La desesperación de Blanca se acrecienta ante los plazos administrativos que no coinciden con la urgencia de quien se queda en la calle. Según su testimonio, dispone de una calificación habitacional desde el pasado 28 de abril, pero la respuesta institucional sigue estancada. “La contestación ha sido: espérate porque todavía estamos calificando a los de febrero. O sea, me tendré que esperar al año que viene, si llego”, ha lamentado la afectada frente al portal de la que hasta hoy era su casa.

Blanca ha cargado duramente contra la gestión del Ayuntamiento de Santander, acusando al consistorio de “lavarse las manos” y priorizar el gasto en festejos sobre la necesidad de sus ciudadanos. “Lo gastamos en fiestas; para eso sí tenemos dinero, pero no para dar casa a quien se lo merece”, ha criticado. La sensación de ser tratada como ciudadana de segunda categoría ha sido una constante en su discurso, llegando a cuestionar si sus derechos como española están siendo vulnerados frente a otros colectivos, en un momento de máxima tensión emocional.

La alternativa: el albergue municipal

La alternativa habitacional ofrecida por el Ayuntamiento de Santander para Blanca y su hija ha sido el Centro de Acogida Princesa Letizia, una opción que la familia ha rechazado. Blanca alega que no es un entorno “seguro” para dos mujeres solas, citando supuestos incidentes recientes de violencia y delincuencia en el centro.

Tras el desalojo, Blanca y representantes del Sindicato de Vivienda han acudido a las dependencias municipales para pedir una solución de emergencia que no pasara por el centro Princesa Letizia. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido inflexible. Javier San Millán, del Sindicato de Vivienda, ha explicado que los responsables municipales “han dado largas” y finalmente han dado una respuesta negativa alegando que la solución no dependía directamente de ellos.

En los Servicios Sociales, la respuesta ha sido un ultimátum: o aceptan el ingreso en el Princesa Letizia o deberán dormir en la calle. La opción de RedEnlace, otro recurso habitacional, ha quedado descartada por criterios técnicos, ya que la prioridad de dicho programa son mujeres con hijos menores de edad, y al ser la hija de Blanca mayor de edad, el sistema las excluye.

Al cierre de esta información, Blanca, su hija y su perro se encuentran en la calle, sin una alternativa habitacional. El sindicato reconoce “haber agotado todas las vías institucionales posibles” y la administración, por ahora, solo ofrece un centro de acogida temporal, durante solo cuatro días, que la familia no considera una solución digna.

El Sindicato de Vivienda de Cantabria ha denunciado la agresión a una activista que milita en este colectivo durante una concentración convocada este miércoles en el número 20 de la Calle Antonio López de Santander para intentar parar un desahucio de una mujer y su hija, además de cuestionar la “vulneración del derecho a la protesta” por parte de la Policía Nacional, que ha impedido el paso a las personas que “voluntaria y pacíficamente” iban a manifestarse.

Según ha relatado esta organización sindical a través de una nota de prensa, dos horas antes de que llegara la comisión judicial encargada de realizar el lanzamiento de la vivienda en la que Blanca y su hija viven desde hace años, convocada para las 9.00 horas, dos furgones de la Policía Nacional con siete agentes han acudido de “forma violenta” al portal del domicilio.

“La agente responsable del dispositivo judicial ha agredido físicamente a una militante del Sindicato de Vivienda a pesar de que ningún miembro de la asamblea había ejercido violencia ni opuesto resistencia frente a los agentes: Han llegado con los furgones, han salido todos rápidamente y directamente nos han agredido. La agente me ha cogido del pelo y ha tirado intentando quitarme a la fuerza del portal de la vivienda”, ha denunciado la activista del Sindicato de la Vivienda.

“Pedro Casares dijo que quería 'limpiar las calles de toda persona que quiera alterar el orden' y parece que ya ha empezado. A mí no se me ocurre nada que altere más el orden que echar a una familia de su casa y dejarla en la calle, o que por defender el derecho fundamental a una vivienda digna te echen a palos”, ha explicado la militante afectada por esta situación que denuncia.

“Hemos informado a Delegación de Gobierno, tanto de la flagrante vulneración del derecho a protesta como de la agresión a nuestra compañera, y nos han animado a denunciarlo pero tampoco nos han dado ninguna solución”, ha apuntado otro militante del sindicato cántabro. “La agente que ha agredido a la militante ha reconocido la agresión frente a los miembros de la asamblea, pero ha retirado su número de placa del uniforme para continuar con el operativo policial”, han advertido los miembros del Sindicato de Vivienda.

“La vulneración del derecho a la protesta que se está efectuando contribuye a desplazar el foco de lo realmente importante en el dia hoy: una familia en situación de vulnerabilidad está a punto ser desahuciada de su casa sin alternativa habitacional, y sin que las instituciones sean capaces de dar una respuesta más allá de la violencia”, han señalado los participantes en la concentración convocada junto al portal del edificio.

El Gobierno de Aragón se suma a comunidades autónomas como Madrid, la Comunitat Valenciana o Extremadura y rechaza aplicar las zonas de mercado residencial tensionado previstas en la Ley estatal de Vivienda, incluso si los municipios las solicitan. El Consejo de Gobierno ha acordado de forma unánime no tramitar estas declaraciones al considerar que la limitación de los precios del alquiler “reduce la oferta de vivienda” y defender como alternativa el incremento del parque público.

El Gobierno de Aragón ha acordado de forma unánime rechazar la tramitación de procedimientos para declarar Zonas de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT), una decisión que impedirá su aplicación en la comunidad aunque los ayuntamientos la soliciten. El consejero de Vivienda, Octavio López, ha defendido este martes que no se trata de una “decisión ideológica”, sino adoptada “bajo los máximos criterios de responsabilidad pública”, al considerar que la solución al problema de acceso a la vivienda “no pasa por la regulación de precios privados, sino por el aumento de la oferta de promoción pública”.

El acuerdo, que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), se fundamenta, según el Ejecutivo autonómico, en las competencias exclusivas de la comunidad en materia de vivienda y en la naturaleza potestativa de estas declaraciones, recogida en la Ley estatal de Vivienda y avalada por el Tribunal Constitucional. López ha defendido que el Estado no puede imponer la aplicación de las zonas tensionadas y ha asegurado que limitar las rentas del alquiler supone trasladar a los propietarios una carga que corresponde a los poderes públicos.

El consejero ha explicado que la decisión se apoya también en los “efectos perjudiciales” que, a juicio del Gobierno aragonés, ha tenido el control de precios en los territorios donde ya se aplica. Como ejemplo ha citado Cataluña, donde las limitaciones están vigentes desde marzo de 2024. Basándose en un informe elaborado para la Cátedra Unesco de la Universitat Rovira i Virgili, el Ejecutivo sostiene que la medida ha provocado una reducción de la oferta de vivienda en alquiler, ha favorecido el trasvase hacia el alquiler turístico, de temporada o la compraventa, ha reducido el tamaño medio de las viviendas disponibles y ha generado un “efecto frontera” al encarecer los municipios limítrofes no regulados.

“No nos hemos cerrado en banda a aplicar los escasos aspectos positivos de la ley de vivienda estatal”, ha señalado López, quien ha calificado la norma en su conjunto de “nefasta”. Por ello, ha reafirmado que “en Aragón no se tramitarán procedimientos para la declaración de Zonas de Mercado Residencial Tensionado hasta que no se disponga de informes científicos que contradigan los efectos negativos derivados de estas regulaciones”.

En este sentido, el consejero se ha referido expresamente a municipios como Aínsa o Biescas, que han manifestado su intención de solicitar la declaración de zona tensionada por los problemas de acceso a la vivienda. Aunque ha precisado que esas solicitudes todavía no han llegado formalmente al Gobierno de Aragón, ha garantizado que no serán aprobadas porque el Ejecutivo entiende que esta medida “perjudica gravemente” al mercado del alquiler.

Como alternativa, el Gobierno autonómico ha vuelto a reivindicar el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030. López ha destacado que desde el inicio de la legislatura se han impulsado unas 3.000 viviendas públicas y ha reiterado el objetivo de alcanzar las 7.000 antes de que termine el mandato. También ha puesto en valor el programa Más Vivienda, Mejor Turismo, con el que se proyectan 488 viviendas de alquiler asequible para trabajadores en 43 municipios turísticos mediante una inversión superior a 80 millones de euros.

La decisión formaliza una postura que el Ejecutivo de Jorge Azcón ya había expresado en varias ocasiones y que comparte con la mayoría de comunidades autónomas gobernadas por el PP. En octubre de 2024, los consejeros de Vivienda de estos territorios suscribieron un comunicado conjunto en el que rechazaban declarar zonas tensionadas aunque los ayuntamientos las solicitaran, al considerar que se trata de una medida ineficaz. Desde entonces, comunidades como Madrid o la Comunitat Valenciana han rechazado peticiones de municipios como Getafe, Rivas Vaciamadrid, Fuenlabrada, Sagunto o Dénia. La principal excepción ha sido Galicia, cuya Xunta autorizó en mayo de 2025 la declaración de A Coruña, aunque insistió en que lo hacía por imperativo legal y manteniendo sus críticas a la Ley estatal de Vivienda.

El Gobierno de Castilla-La Mancha remarca que la política de vivienda “es una prioridad” y que por ello va a dedicar 135 millones de euros en los próximos cuatro años a generar más oferta a través de la reclasificación de fondos europeos.

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, durante la presetación del proyecto ‘Tecnove Custom Trucks. Innovación, industria y vivienda para una nueva generación’.

“Lo primero que hemos hecho, y esto es obra del consejero de Fomento y creo que es un buen dato, es reclasificar fondos europeos que teníamos para otros objetivos. Si es una prioridad y la Unión Europea nos lo permite, vamos a coger fondos que teníamos para otras actuaciones y los vamos a dedicar a vivienda”, ha explicado el vicepresidente segundo. Caballero ha señalado que “somos la comunidad autónoma de España que más fondos ha reconfigurado para este objetivo y no somos la que más problemas tiene en relación con la vivienda, pero desde luego sí somos la que tenemos más clara la prioridad”.

Cuatro ámbitos de respuesta a la vivienda

Por este motivo, tal y como ha explicado José Manuel Caballero, “desde el Gobierno de Catilla-La Mancha queremos actuar en los cuatro ámbitos que son necesarios para dar una respuesta al problema de la vivienda”. En primer lugar, ha señalado la importancia de generar más oferta: “Es evidente que hay que construir más viviendas y, si puede ser, de manera más rápida y además hacerlo a mejor precio”, ha señalado.

Por otro lado, Caballero ha puesto el acento en la importancia de desarrollar políticas públicas para reutilizar la vivienda que ya existe. “En este sentido, ya hemos sido una de las comunidades autónomas más dinámicas y que más fondos ha gestionado en ayudas para los particulares en la rehabilitación energética de vivienda, hasta el punto de que hemos utilizado fondos de otras comunidades que no han sido capaces de ejecutar”, ha explicado.

Sin embargo, ha señalado que hay que continuar en esta materia y para esto “hemos dispuesto 108 millones para rehabilitar viviendas, ya no solo en el centro de las ciudades, incluso en los pueblos”. Así, ha recordado el programa de vivienda rural al que, en estos momentos, tienen que adherirse los ayuntamientos interesados para poder, posteriormente, ayudar a rehabilitar las viviendas vacías en los pueblos y que éstas puedan ser puestas en alquiler asequible.

En tercer lugar, Caballero ha señalado que, una vez puestas en marcha estas políticas de generación de oferta y reutilización de la existente, “hay que ayudar a la gente a que pueda acceder a ellas”. Por eso, desde el Gobierno regional, tal y como ha detallado, “tenemos aproximadamente 100 millones de euros para poder facilitárselo, especialmente a los más vulnerables y a colectivos con problemas en esta materia, como son también los más jóvenes”.

Por último, José Manuel Caballero ha puesto en valor el trabajo que se está desarrollando para poner en marcha las modificaciones legislativas. “Estamos trabajando en la reformulación legislativa hasta un ámbito que va más allá de nuestras competencias y sin ninguna pereza por parte del Gobierno regional para llevar a las Cortes modificaciones, como las que ya hemos llevado hace unos meses y las que llevaremos las próximas semanas, para facilitar la posibilidad de construcción de vivienda, de utilización de suelos y de reglamentaciones que agilicen esta repuesta al problema”, ha explicado.

Industrialización de la vivienda en el nuevo Plan estatal

Por su parte, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha asegurado que hay que poder fabricar nuevas viviendas en España y ha puesto de relevancia cómo la falta de mano de obra y de relevo generacional en sectores como el de la construcción hace que “la industrialización en la construcción de la vivienda venga a dignificar la profesión, ya que hay que mejorar las condiciones para que estos sectores vuelvan a ser atractivos para jóvenes o mujeres”.

De esta manera, Hernando ha asegurado que el sector de vivienda industrializada es incipiente y tiene que tener apoyo. En esta línea, ha destacado que “en el nuevo Plan Estatal de Vivienda va a haber un plus de ayudas a la construcción de nuevas viviendas si incorporan algún proceso de industrialización”.

El consejero de Fomento ha explicado que “ya estamos en disposición de poder recibir el dinero por parte del Estado en el mes de julio o septiembre y podremos arrancar después de las convocatorias y los plazos de solicitud, para principios del año 2027. Entre medias vamos a poder destinar fondos FEDER para que este año no se quede en barbecho”.

Amnistía Internacional ha reclamado al Gobierno regional de Castilla-La Mancha que adopte “medidas urgentes” para garantizar el derecho a la vivienda frente a la “creciente crisis” de asequibilidad que afecta a miles de personas en la comunidad autónoma.

La organización ha trasladado estas demandas a Nacho Hernando, consejero de Fomento, junto con las conclusiones del informe '¿Soluciones a la crisis del derecho a la vivienda? Consideraciones sobre las recientes medidas del Gobierno y las iniciativas legislativas en tramitación y votadas en el Congreso', en el que recuerda que la asequibilidad constituye un elemento esencial del derecho a una vivienda adecuada. Explican que los gastos asociados a la vivienda “deben ser soportables y no impedir el disfrute de otros derechos humanos como la alimentación, la salud o la educación”. En una carta remitida al consejero, la organización también solicita una reunión para trasladarle personalmente las conclusiones del informe y las principales recomendaciones de la organización en materia de vivienda.

Castilla-La Mancha entre las regiones con mayor nivel de pobreza

Amnistía Internacional muestra su preocupación porque Castilla-La Mancha “sigue sin utilizar una de las principales herramientas previstas en la legislación estatal para contener el precio del alquiler y proteger a las personas inquilinas”. Apuntan que la comunidad autónoma no tiene declarada ninguna zona de mercado residencial tensionado, “pese al fuerte incremento del precio de los alquileres en los últimos años y a las crecientes dificultades de acceso a la vivienda que existen en distintos municipios”.

La organización subraya además que algunos ayuntamientos ya han manifestado la necesidad de avanzar en esta dirección. El Ayuntamiento de Cuenca ha elaborado y sometido a información pública un informe técnico para solicitar la declaración de zona de mercado residencial tensionado, al detectar riesgos de insuficiencia de vivienda asequible para la población residente y un importante incremento de los precios del alquiler. Asimismo, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha impulsado iniciativas para avanzar en la elaboración de la documentación necesaria para solicitar esta declaración. Estos pasos “evidencian que existe una preocupación real” por la evolución del mercado de la vivienda en municipios de la región y que corresponde a la Junta utilizar las competencias que le atribuye la Ley por el Derecho a la Vivienda.

La preocupación resulta “especialmente relevante” en una comunidad autónoma que se sitúa entre las que presentan mayores niveles de pobreza y exclusión social del país. Según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, Castilla-La Mancha registra una tasa AROPE del 34%, “muy por encima de la media estatal”, y una de las mayores tasas de riesgo de pobreza de España. Este indicador mide el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, teniendo en cuenta factores como los ingresos, las carencias materiales y la intensidad del empleo en los hogares, y sitúa a Castilla-La Mancha entre las comunidades autónomas con mayores niveles de vulnerabilidad social de España.

“En un contexto de elevada pobreza y dificultades crecientes para acceder a una vivienda, las administraciones públicas no pueden limitarse a observar la evolución del mercado. Deben activar mecanismos para contener los precios cuando sea necesario, garantizar alquileres asequibles y reforzar la protección de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad”, señala Rafaela Alonso, responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional Castilla-La Mancha.

La organización recuerda además que ya en mayo de 2024 pidió a la Junta de Comunidades que impulsara la declaración de zonas tensionadas allí donde se cumplieran los requisitos legales. Dos años después, Castilla-La Mancha continúa sin aplicar este instrumento mientras persisten los problemas de acceso a la vivienda en distintos municipios de la región.

Además de la escasez, deshaucios

Amnistía Internacional recuerda además que uno de los “principales déficits” estructurales en materia de vivienda es la escasez de vivienda social en alquiler. Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el parque social de alquiler representa en España apenas el 1,71% del total de viviendas, frente a una media cercana al 9% en la Unión Europea. En Castilla-La Mancha la situación es igualmente preocupante: de las aproximadamente 1.347.273 viviendas existentes en la comunidad autónoma, solo unas 22.392 tienen carácter de vivienda social, lo que supone alrededor del 1,66% del total.

Amnistía Internacional también insiste en que ninguna persona o familia en situación de vulnerabilidad debería sufrir un desalojo de su vivienda sin una alternativa habitacional adecuada. En este sentido, recuerda el caso de una madre y su hija menor desalojadas en Alovera, para quienes la organización solicitó a Junta de Comunidades y Ayuntamiento una solución urgente de vivienda el pasado mes de febrero.

Más recientemente, en el edificio de VPO conocido como Yedra 8, en el barrio toledano de Santa Martía de Benquerencia, se encuentran en curso varios procedimientos de desahucio derivados de las reclamaciones planteadas por la Junta de Comunidades y la empresa pública Gicaman ante los tribunales. Entre las personas afectadas figuran una familia monomarental con situación de vulnerabilidad reconocida por los Servicios Sociales y un joven con una discapacidad del 56%, cuyo desahucio está previsto este jueves 25 de junio a las 11:30h, según denuncia la Unión Popular de Inquilinos de Toledo.

Junto a la activación de mecanismos para mejorar la asequibilidad del alquiler, Amnistía Internacional reclama el incremento de forma sostenida del parque público y social de vivienda para ofrecer una alternativa real a aquellas personas y familias que no pueden acceder a una vivienda adecuada a través del mercado privado. Esta insuficiencia deja a miles de hogares expuestos a las dinámicas del mercado privado y limita gravemente la capacidad de las administraciones para garantizar el derecho a la vivienda de las personas con menos recursos.

“El derecho a la vivienda no puede depender exclusivamente de las reglas del mercado. Las autoridades tienen la obligación de adoptar medidas concretas para garantizar que todas las personas puedan acceder y mantener una vivienda adecuada en condiciones asequibles”, concluye la organización.