El enésimo intento por aprobar un nuevo decreto de vivienda que frene la especulación con alquileres de temporada y de habitaciones y potencie el parque público de casas volvió a fracasar en julio. Chocó con los reproches de Junts, pero también con la oposición frontal de Podemos y plataformas sociales como Greenpeace o el Sindicato de Inquilinas a las modificaciones incluidas a la Ley del Suelo, que, denuncian, la hacen más permisiva ante ilegalidades. Por ello, el decreto volvió al cajón y el Consejo de Ministros espera aprobar un nuevo texto este mes de septiembre, aunque no aclara por el momento si modificará estos puntos o cómo satisfará las reclamaciones de los socios.

Sumar, por su parte, estaba dispuesto a aprobar el texto con las modificaciones de la Ley de Suelo, aunque no le convencían, pero ahora espera un nuevo texto “a ver si lo afinan”, dicen fuentes del partido. Si este revés vuelve a dilatar un decreto de vivienda que Pedro Sánchez ya anunció hace siete meses, en febrero, aún retrasa más las medidas con respecto a la Ley de Suelo, que ya fue tumbada en el Congreso en mayo de 2024 y febrero de 2025, con críticas de oposición y de socios de Gobierno. A la oposición de los partidos se le suma ahora otro obstáculo: la crisis de Ceuta ha monopolizado los esfuerzos del ejecutivo y paralizado aún más las negociaciones.

Los artículos del nuevo decreto que levantan ampollas entre los colectivos sociales son las reformas del 13 y el 14 de la Ley de Suelo, que limitan el poder de las impugnaciones ante los proyectos. Con el fin de no empantanar proyectos enteros por irregularidades que no afectan a la totalidad, el artículo 13.6 de la Ley de Suelo queda modificado de forma que “se conservarán todas las actuaciones y trámites no afectados por el vicio cometido”.

Esto quiere decir que si un plan urbanístico es recurrido por irregularidades, se frenarán solo las partes del plan afectadas por las mismas, de forma que el resto de obras –entre las que puede haber, por ejemplo, vivienda protegida– no queden paralizadas.

El abogado especialista en vivienda Pablo Feu cree que “tiene sentido” que esto sea así, pero alerta de que solo dos epígrafes antes, en el 13.4, se abre la puerta a que “si una irregularidad se comete de acuerdo a una normativa vigente, aunque esta normativa esté mal, no se podrán frenar los proyectos”, apunta el experto, sobre uno de los puntos más técnicos pero a la vez más peligrosos, a su parecer, de la nueva norma.

Oposición de Podemos, Greenpeace y Sindicato de Inquilinas

Inés Díez, responsable del área jurídica de Greenpeace España, es más crítica todavía con este punto. “Básicamente, ninguna construcción va a poder ser declarada nula, el constructor tendrá que corregir solo algunas partes”, asevera. “En algunos casos, se darán por buenos proyectos que no lo son por tal que no queden paralizados y eso no nos gusta”, añade.

El rechazo de Podemos también se basa en que “la reforma afecta al sistema de recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico, lo que dificultará que organizaciones ecologistas puedan recurrir pelotazos urbanísticos”, según fuentes del partido, que añaden que se trata de un texto “prácticamente idéntico al presentado por el PP en 2018, por el propio PSOE en 2024 y por PSOE y PNV en 2025”. “En la práctica, esto implica convalidar ilegalidades en materia urbanística y que, incluso si un tribunal establece que la actuación urbanística es ilegal, pueda quedarse en las mismas condiciones”, dicen sobre las modificaciones

El otro artículo que despierta rechazo, incluso más frontal, es el 13.7 del borrador que “limita la capacidad de organizaciones de plantear recursos, lo que ahonda en la línea de que actuaciones urbanísticas ilegales puedan ser convalidadas”, dicen desde Podemos.

Para el abogado Pablo Feu, este punto es incluso peor que el anterior. Concretamente, el nuevo artículo dice que “la impugnación con carácter indirecto de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística solo será posible cuando no haya transcurrido el plazo de cuatro años, contados desde el día siguiente al de la publicación de su acuerdo de aprobación definitiva”.

Solo cuatro años para impugnar un plan

“Si se aprueba un plan urbanístico y el promotor espera cuatro años para pedir la licencia, que es cuando se evidencia lo que está haciendo, la nueva ley no permitirá impugnarlo. Aparte de ser injusto, se carga por completo el sistema de procedimiento administrativo”, denuncia Feu.

Las nuevas modificaciones también incluyen que la invalidez de las nulidades por recursos será aplicable también de manera retroactiva, ante proyectos urbanísticos iniciados antes de que la ley entre en vigor. Es más, establece que el juez deba permitir subsanar los errores al promotor incluso tras la sentencia contra un plan urbanístico. “Esto es una barbaridad jurídica”, dice Feu, que alerta como las plataformas del riesgo de “amnistías urbanísticas”.

Las modificaciones responden a una reivindicación histórica del sector de la construcción para agilizar la producción de vivienda. A finales de junio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó un informe que recomendaba reducir trabas burocráticas y regulatorias para agilizar la construcción de vivienda protegida, entre los cuales estaba limitar las nulidades totales de los planeamientos.

Pero incluso voces muy críticas con las patronales y constructoras asumen la importancia de esta medida. Es el caso de Ignacio Ezquiaga, economista experto en vivienda en Funcas, asegura que limitar las nulidades es algo “muy positivo” porque permitirá “desencallar” proyectos y que no se trunquen planes que estén bien por detalles que estén mal. “Cuatro años para impugnar es tiempo suficiente”, defiende sobre el otro punto.

Voces a favor de la norma

En la misma línea, Javier Burón, economista y director gerente de la empresa pública de vivienda de Navarra (Nasuvinsa), expresa que “es bueno que se diferencie entre vicios subsanables y no subsanables”. “Cambiar un plan general por cualquier error cuesta hoy muchos años y supone empezar de nuevo. Los inversores no van a poner dinero en un mercado donde todo puede cambiar en función de las impugnaciones. Debemos tener un urbanismo diligente sin caer en los vicios previos a la burbuja”, desarrolla Burón.

Las plataformas y la izquierda, mientras tanto, ponen como ejemplo el hotel del Algarrobico, en Almería, con 21 plantas a escasos metros del mar en el Cabo de Gata que fue declarada nula este mes de julio, 23 años después de que la licencia fuera concedida. Las obras quedaron paralizadas en el 95% de su ejecución en 2006, cuando un juzgado ordenó paralizarla tras las reivindicaciones de ecologistas. “Con esta ley, seguramente no se podría derribar El Algarrobico”, asevera Díez, de Greenpeace.

Los silencios administrativos positivos para edificar en zonas rurales o la eliminación del derecho de reversión para antiguos propietarios si en un tiempo no se ejecutan las obras planeadas de vivienda son otros de los aspectos que no convencen.

Las voces más críticas han visto similitudes entre las modificaciones de la Ley de Suelo estatal y la conocida como ley Líder aprobada el mes de julio por la Comunidad de Madrid. La Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región se votará en septiembre –y saldrá adelante, presumiblemente, con la mayoría absoluta del PP de Isabel Díaz Ayuso– y sustituye a la Ley de Suelo de 2001 y la Ley de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de 1995. La nueva norma unifica las normas de urbanismo y de reordenación del territorio y disminuye el plazo de los planeamientos urbanísticos de doce a unos cuatro años.

El Gobierno de Ayuso justificaba la necesidad de la norma para agilizar la construcción de vivienda, pero las plataformas ciudadanas se oponen. Tampoco lo ve con buenos ojos el Ministerio de Vivienda, que en abril presentó alegaciones alertando de que los cambios presentados pueden abrir la puerta a la “especulación”, a la “privatización del suelo” y a los “pelotazos urbanísticos”. Lo mismo que denuncian las voces a la izquierda del ejecutivo central de la Ley de Suelo, informa África Gelardo.

Más allá de la Ley del Suelo, otras medidas del nuevo decreto sí que gustan a plataformas sociales como Greenpeace o el Sindicato de Inquilinas. Las nuevas prórrogas de dos años para inquilinos, las facilidades para que Casa 47 se haga con suelos públicos, la limitación temporal y formal del alquiler de temporada y de habitaciones o un mayor impulso económico y financiero a la vivienda asequible deben contribuir a mejorar la situación actual de la vivienda en España, según estas voces.

Pero, por mucho que se modifiquen o se eliminen del decreto los cambios a la Ley del Suelo, el decreto sigue sin contar sin los apoyos suficientes en el Congreso sin los votos de Junts. Para la formación catalana, el problema no son los aspectos urbanísticos, sino la no inclusión de medidas para desgravar a inquilinos e hipotecados. El reto de la ministra Isabel Rodríguez de conseguir un texto que satisfaga a unos y a otros en este mes no es sencillo.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana destinará 5,1 millones de euros para las zonas tensionadas declaradas en las ciudades gallegas de A Coruña y Santiago de Compostela.

Forma parte del paquete de 90 millones de euros a las comunidades que han declarado zonas de mercado residencial tensionado para que puedan incrementar la oferta de vivienda asequible. Así lo ha anunciado este miércoles la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, tal y como recoge Europa Press.

Tras conocerse estas ayudas, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha valorado que se trata de “un paso más con nuevas medidas” para aumentar la oferta de la vivienda gracias al Estado mediante alquileres con “precios asequibles” en estas ciudades.

En un audio remitido a los medios, Blanco destaca que “este Gobierno actúa con recursos y con medidas concretas para facilitar el acceso a la vivienda en Galicia”.

Subvenciones directas

En concreto, las subvenciones directas serán para facilitar el acceso a la vivienda en 317 municipios de Catalunya (59,7 millones), Euskadi (15,5 millones), Navarra (6,6 millones), Galicia (5,1 millones) y Asturias (2,9 millones).

Desde este miércoles, el borrador del real decreto por el que se regulan estas subvenciones queda sometido al trámite de audiencia e información pública en la página web del Ministerio, antes de su posterior aprobación por el Consejo de Ministros.

La ministra, que ha realizado una visita a la localidad navarra de Lekunberri para conocer 34 viviendas que la entidad estatal Casa 47 va a poner a disposición de la ciudadanía a un precio de alquiler asequible, ha explicado que estos 90 millones de euros “van a servir para promover más vivienda pública, para construir más vivienda pública, para rehabilitar vivienda existente y dedicarla al alquiler asequible, para adquirir suelos de los ayuntamientos o de particulares y poder construir sobre esos suelos, o para desarrollar y urbanizar suelos”.

Rodríguez también ha explicado que las Administraciones podrán destinar este dinero a comprar vivienda. “Nosotros estamos en estos momentos, a través de Casa 47 en una opción de compra de vivienda privada para poner a disposición de la gente en alquiler asequible. Esto también entra dentro de este programa. Es decir, se trata de comprar vivienda para la gente, no de comprarse los áticos para las presidentas”, ha indicado.

La ministra ha señalado que “todos los ciudadanos que quieren que les congelen el precio del alquiler tienen que saber que si no se les congela es porque 'la del Ático' –en referencia a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid– no quiere congelar, y es porque el andaluz Moreno Bonilla no quiere congelar, o es porque Azcón –presidente de Aragón– no quiere congelar”.

Más de 600.000 catalanes dejarán de estar afectados en los próximos meses por la regulación de los alquileres. Algunos de ellos, de grandes ciudades como Reus, Granollers, o Lleida, capital de provincia y sexta urbe en población con unos 150.000 habitantes. La razón es que ya no cumplen con los requisitos para tener el tope a los precios, es decir, ya no tienen oficialmente un mercado tensionado. Algunos lo celebran, pero otros temen que a partir de ahora se disparen las mensualidades.

“Tendremos que estar alerta, esto no acaba aquí”, advierte por teléfono Begoña Iglesias, concejala de Agenda Urbana del Ayuntamiento de Lleida. “Tan difícil es salir de las zonas tensionadas como mantenerse fuera”, señala esta portavoz consistorial.

Igual que los otros 22 municipios que salen de la regulación –y a diferencia de los 53 que entran–, Lleida ya no cumple con ninguno de los requisitos para ser considerado un mercado residencial “tensionado”. Uno es que el esfuerzo que hacen los hogares para pagar la vivienda esté por debajo del 30% (en la ciudad es del 24,8% en alquiler y del 23,1% en hipoteca). El otro es que en cinco años no aumenten los precios tres puntos por encima del IPC, y así ha sido: desde 2021 el incremento ha sido del 20%, 1,1 puntos por debajo de la inflación.

La aplicación de la Ley de Vivienda ha tenido sus efectos en la ciudad. La mencionada subida del 20% se produjo antes de la entrada en vigor de la norma, cuando los precios pasaron de 468 euros de media a 562 euros. Desde entonces, se mantienen estables, y hoy alquilar un piso en Lleida cuesta 558 euros.

Para la Generalitat, responsable de declarar las zonas de mercado tensionado, esta es la prueba de que la regulación es capaz de “enfriar” el mercado inmobiliario. Pero las entidades que defienden el derecho a la vivienda advierten de que el levantamiento de los límites disparará los precios.

“Es un retroceso, parecido a la caída de la moratoria de los desahucios”, advierte Neus Valdellou, de la PAH de Lleida. “Es evidente que si retiran el tope los precios van a subir y volveremos a estar como antes”, critica. Además, añade que la salida de la regulación, sumada a la incógnita de sí se volverá a limitar el precio en el futuro, puede provocar subidas todavía más exageradas por parte de algunos caseros.

Aunque los precios leridanos no son los de Barcelona (1.130 euros de media, sin contar los de temporada), ni los de su área metropolitana, Valdellou asegura que también en su ciudad hay numerosas familias que sufren exclusión residencial. “Siguen llevándonos casos de finalizaciones de contrato para expulsar a vecinos, incluso subidas de precio por encima de lo permitido”, advierte esta activista.

Con todo, para Òscar Gorgues, gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y Lleida, la situación era previsible, puesto que considera que la ciudad nunca tuvo un mercado demasiado tensionado. “En Lleida el mercado del alquiler es más limitado, no hay tanta población flotante, la gente tiende a comprar más, y todo esto ayuda a que los precios sean más estables”, resume. Añade además que los pueblos de los alrededores disponen también de pisos accesibles, lo que “oxigena” el mercado.

Lo que critica Gorges es que la Generalitat haya decidido actualizar las zonas declaradas tensionadas antes de que se cumplan los tres años de vigencia, en marzo de 2027. El Departamento de Territori alega que es porque los trámites se alargan meses, pero aun así el gerente de la Cámara lamenta que, más allá de saber si cumplen o no los criterios para acogerse al tope, tampoco se acompañen estas novedades de una evaluación exhaustiva sobre la regulación. “Nadie está respondiendo a si ha funcionado el tope”.

Desde el Ayuntamiento barren para casa y aseguran que el estancamiento de los precios del alquiler en Lleida se debe a que han aumentado la oferta de vivienda disponible. Menciona Iglesias promociones de protección oficial de alquiler como la del barrio de Magraners (121 pisos recién entregados), o las licencias concedidas a promotoras para construir 1.225 viviendas en toda la ciudad.

Ante el temor de que se disparen precios, el consistorio confía en su apuesta por ampliar el parque de vivienda. “Cuando hay más oferta, por mucho que pongan precios fuera de mercado, no conseguirán alquilarlos”, argumenta Iglesias.

Al margen de Lleida, hay municipios que salen de la regulación con unos precios mucho más elevados, o incluso todavía al alza, aunque nada de esto les impide cumplir con los requisitos para considerarse como zonas no tensionadas. Destaca el caso de Cabrera de Mar, en el Maresme, donde el alquiler cuesta de media 1.092 euros al mes. Frenados los precios recientemente, aun así en los últimos cinco años registran una subida del 23,1%, esto es, 1,8 puntos por encima del IPC (no superan los 3 puntos que lo mantendrían como zona tensionada).

Por ejemplo, hay cuatro municipios en los que se observa un incremento desde 2021 de entre 2 y 3 puntos por encima del IPC: Figueres, Banyoles, Granollers y El Papiol.

La Orotava, en el norte de Tenerife, aprobó hace 33 meses solicitarle al Gobierno de Canarias la declaración de zona tensionada para, entre otras medidas, poder topar los precios de los alquileres, al menos, de la zona del casco histórico, pero sigue sin dar ese paso propuesto por los concejales de Asamblea por La Orotava y respaldado por el pleno local hace casi tres años.

Este importante municipio del norte de Tenerife, el de mayor superficie de la Isla y con el 72% del Parque Nacional del Teide, cuenta con una población de unos 42.500 habitantes, y su Ayuntamiento ha elaborado un reciente informe sobre los precios de las casas (de venta y alquileres) de 2020 a 2023 que fue expuesto en la comisión de Urbanismo del pasado 1 de julio y que constata que la localidad no sólo cumple los requisitos para la declaración de zona tensionada en el casco histórico, sino que también lo hace la mayoría de sus barrios, con aumentos de las cantidades que se piden de hasta el 129% en algunas de esas zonas periféricas, como ocurre en Pinolere, Aguamansa y La Florida. El límite exigido para declarar la zona tensionada es del 19%. Además, hay zonas con incrementos del 60 y 70%.

Cabe recordar que el Gobierno de Canarias no ha aprobado hasta ahora ninguna de las peticiones recibidas para declarar zona tensionada en ningún municipio de las Islas. El Ejecutivo de Clavijo no aplica la Ley estatal de Vivienda y, de hecho, cuando esta fue aprobada, anunció que la recurriría en los tribunales, cosa que después no hizo porque se le pasó el plazo para hacerlo. El Gobierno canario ha señalado en diversas ocasiones que su solución a la crisis de vivienda en las Islas pasa por construir más y más rápido, sin adoptar medidas para regular los precios de los alquileres o controlar la especulación.

En el pleno de este pasado martes, el gobierno local (CC) admitió que aún no ha remitido al Ejecutivo regional esa solicitud, en la que insiste desde hace mucho tiempo grupos como Asamblea por La Orotava. Una situación que critica el portavoz de esta coalición, Manuel Pacheco, que censura que “ni siquiera sepan el procedimiento para declarar el municipio zona tensionada pese a contar ya con ese informe del mercado inmobiliario, que nos mostraron en comisión, pero que aún no poseemos porque, como siempre, no lo adjuntaron a la convocatoria y que hemos pedido durante todo este mes de julio”.

“Aún no han abordado ni qué hacer con ese diagnóstico, si enviarlo o no a la Comunidad, pese a que la ley es clara y obliga a adjuntar un plan específico de medidas cuando se cumplen los requisitos de las llamadas zonas tensionadas”, comenta a Canarias Ahora. Además, compara a La Orotava con otros municipios que sí han enviado la solicitud en menos de un año.

Versión del gobierno local

Durante el pleno, el portavoz de CC y edil de Hacienda, entre otras áreas, David Felipe Benítez, explicó que ese estudio no se elaboró en exclusividad para la declaración de zona tensionada, sino que “es mucho más ambicioso sobre el mercado residencial en La Orotava, abarcando múltiples aspectos sector por sector, distrito por distrito en función de la población, edades, precios de la vivienda y cómo ha evolucionado. Incluso, planifica el futuro y prevé las nuevas viviendas a construir según el PGO y, por tanto, va mucho más allá que un simple informe sobre la declaración de zona tensionada”. Además, remarcó que “no es el ayuntamiento el que declara esa zona, sino el Gobierno regional el competente y no hemos enviado el acuerdo plenario porque no tendría ningún sentido y sería absurdo hacerlo sin los datos del estudio para que se puedan estudiar. Es ahora, cuando ya se ha informado en comisión, cuando ese acuerdo del pleno se enviará con ese estudio de forma conjunta y ya nos informarán sobre si procede o no procede”.

Sobre el plan de acción municipal en esta materia, y también a preguntas de Asamblea, indicó que se redactará en función de esa respuesta autonómica, “si cumplimos o no con lo de la zona tensionada para no empezar trabajos en balde. 33 meses después, no se han leído la ley”, les reprochó.

Grandes tenedores

El edil de Asamblea por La Orotava ya se quejó públicamente el pasado mes de junio de que el Consistorio villero lleve 18 años sin subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). No lo hace por la mayoría de contribuyentes, a los que beneficia una congelación así, sino por los grandes tenedores de inmuebles, sobre todo constructoras o grandes promotoras, así como bancos y, en muchos menos casos, propietarios aislados con más de nueve viviendas.

Según esgrime, el Plan General de Ordenación (PGO) orotavense calcula unas 2.500 casas vacías en la localidad. Si la mitad de estas propiedades pertenecen a grandes tenedores, “principalmente a entidades bancarias y empresas de la construcción con promociones muy conocidas que están vacías total o parcialmente, se podría recaudar millones de euros añadidos al año porque la Ley de Vivienda de 2023 permite subir el IBI hasta triplicarlo en los casos de grandes tenedores”. Esto permitiría ingresar un dinero considerable que, a su vez, se podría destinar a potenciar las políticas sociales o, precisamente, las de vivienda, “una de las grandes debilidades de la gestión local”.

Sin embargo, el gobierno orotavense se ha escudado hasta ahora, según denuncia, en sus dudas sobre cómo aplicar la norma y en cómo definir o considerar una casa vacía o cumplidora de las condiciones establecidas. En opinión de Pacheco, se trata de argumentos muy débiles “porque la norma deja muy claro cómo aplicarla en cada caso”, por lo que, a su juicio, sólo ha habido desidia o una clara intención de beneficiar o no perjudicar a estos grandes tenedores, entre los que se encuentran diversas constructoras con muchas promociones en la Villa.

Benítez explicó entonces a este periódico que Benítez, explica a este periódico que, “en realidad, el ayuntamiento aprobó un recargo del 50% en el IBI a los grandes tenedores en 2018 (grandes empresas y entidades bancarias)”, si bien reconoció que, desde entonces, no ha aplicado en la práctica ese incremento a través del consorcio de tributos porque la ley de Haciendas Locales “no detallaba, por ejemplo, qué se consideraba un gran tenedor o una vivienda vacía. Esto cambia con la ley de 2023 y el texto refundido de la de Haciendas Locales, que sí aclara estas cuestiones. A partir de ahí, nosotros llevamos meses trabajando con el consorcio de tributos para obtener datos de cuántas grandes empresas o bancos tienen más de diez viviendas desocupadas. Con todo esto, se está haciendo un estudio económico para ver el impacto de la medida, qué número de casas de uso residencial hay en ese caso para ver también la viabilidad de implantar esta medida, ya que lleva consigo también unos costes administrativos”.

El edil añadió que “hay que demostrar, a su vez, que esa vivienda está vacía, algo que previsiblemente se podrá hacer a través de los consumos de agua, para lo que habrá que interconectar el padrón del agua con el del IBI. Esto lleva, por tanto, un trabajo administrativo y unos costes, pero se necesita ese estudio económico para ver la viabilidad de la medida, ya que, si para el ayuntamiento es superior que lo que se va a obtener, pues no tiene ningún sentido, aparte de que el problema actual de la vivienda no se soluciona con esto. Esperamos que en unos meses tengamos ese estudio”.

La ciudad de Santander ha vuelto a ser escenario de la crudeza de la crisis de la vivienda. A primera hora de este miércoles, alrededor de las 7.15 horas, un despliegue de la Policía Nacional de dos furgones y siete agentes ha procedido a acordonar un perímetro de unos metros en torno al portal número 20 de la calle Antonio López en el centro de la ciudad.

Algo, al parecer, “habitual”, según ha justificado pasadas las 8.30 horas a elDiario.es uno de los efectivos, para que posteriormente la comisión judicial pudiera realizar su trabajo. El agente se refería al desalojo de Blanca, su hija y su perro de la vivienda que esta ciudadana santanderina sexagenaria habita desde que tenía 12 años.

A pesar de la resistencia civil pacífica convocada por el Sindicato de Vivienda de Cantabria, en cuya concentración se han escuchado proclamas como “todas bajo techo, la vivienda es un derecho” o “ no nos va a callar la violencia policial”, el desalojo se ha consumado pasadas las 10.30 horas, dejando a la familia en una situación que Blanca define como de “indefensión total”. De nada ha servido la conversación previa de Yolanda Ceballos, portavoz del Sindicato, con los miembros de la Comisión Judicial, para tratar de explicar la falta de solución habitacional de esta familia que se ve abocada a una situación de calle.

La jornada de este miércoles ha dejado un sabor amargo en el movimiento por la vivienda en Cantabria, entre los que había también miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). A la ejecución del desahucio se suma la denuncia del Sindicato de Vivienda sobre la agresión sufrida por una de sus activistas durante la carga policial para despejar la entrada del edificio que se ha producido a primera hora.

El sindicato ha querido dejar claro que lo ocurrido trasciende el caso individual de Blanca. “Nosotras desde el Sindicato de Vivienda lo único que podemos decir es que es una derrota para todas, tanto para Blanca y su hija, como para quienes han puesto el cuerpo hoy para intentar evitar el desalojo”, han valorado.

A pesar del golpe anímico que supone no haber podido frenar el lanzamiento y de ver cómo la familia queda hoy sin techo, la organización mantiene su compromiso de lucha: “La violencia policial no va a impedir que sigamos defendiendo el derecho de protesta y el derecho a una vivienda digna frente a la libertad para especular y hacer negocio de la miseria de otras”.

“Se han reído en mi cara”

Visiblemente afectada y tras presenciar cómo su hija sufría un ataque de ansiedad durante el proceso, Blanca ha denunciado ante los medios de comunicación y decenas de activistas presentes lo que considera una traición por parte de las instituciones que debían protegerla.

Su crítica más feroz ha ido dirigida a su representación legal de oficio: “La abogada ha sido cobarde, no está aquí. Se ha vendido al propietario de esta vivienda”, ha lamentado. Según Blanca, esta ausencia ha sido determinante, ya que la letrada no habría tramitado la renovación de su certificado de vulnerabilidad, un documento clave para frenar el lanzamiento.

La inquilina sostiene que tanto los Servicios Sociales como la Consejería de Vivienda han “ignorado” sistemáticamente sus recursos. Ambas subsisten con el Ingreso Mínimo Vital, ya que su hija está en situación de desempleo. “Se me ha ninguneado, no se me ha hecho ningún caso. Los Servicios Sociales se han reído en mi cara”, ha relatado con indignación, subrayando que mientras le dicen que no hay parque público disponible, ella tiene constancia de la existencia de “2000 viviendas cerradas para gente como yo”, ha clamado Blanca tras ser expulsada de su hogar. “La Constitución dice que todo español tiene derecho a una vivienda digna, ¿dónde están la mía y la de mi hija? Y la de mucha gente que está en esta condición como yo”.

“Para fiestas sí tenemos dinero”

La desesperación de Blanca se acrecienta ante los plazos administrativos que no coinciden con la urgencia de quien se queda en la calle. Según su testimonio, dispone de una calificación habitacional desde el pasado 28 de abril, pero la respuesta institucional sigue estancada. “La contestación ha sido: espérate porque todavía estamos calificando a los de febrero. O sea, me tendré que esperar al año que viene, si llego”, ha lamentado la afectada frente al portal de la que hasta hoy era su casa.

Blanca ha cargado duramente contra la gestión del Ayuntamiento de Santander, acusando al consistorio de “lavarse las manos” y priorizar el gasto en festejos sobre la necesidad de sus ciudadanos. “Lo gastamos en fiestas; para eso sí tenemos dinero, pero no para dar casa a quien se lo merece”, ha criticado. La sensación de ser tratada como ciudadana de segunda categoría ha sido una constante en su discurso, llegando a cuestionar si sus derechos como española están siendo vulnerados frente a otros colectivos, en un momento de máxima tensión emocional.

La alternativa: el albergue municipal

La alternativa habitacional ofrecida por el Ayuntamiento de Santander para Blanca y su hija ha sido el Centro de Acogida Princesa Letizia, una opción que la familia ha rechazado. Blanca alega que no es un entorno “seguro” para dos mujeres solas, citando supuestos incidentes recientes de violencia y delincuencia en el centro.

Tras el desalojo, Blanca y representantes del Sindicato de Vivienda han acudido a las dependencias municipales para pedir una solución de emergencia que no pasara por el centro Princesa Letizia. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido inflexible. Javier San Millán, del Sindicato de Vivienda, ha explicado que los responsables municipales “han dado largas” y finalmente han dado una respuesta negativa alegando que la solución no dependía directamente de ellos.

En los Servicios Sociales, la respuesta ha sido un ultimátum: o aceptan el ingreso en el Princesa Letizia o deberán dormir en la calle. La opción de RedEnlace, otro recurso habitacional, ha quedado descartada por criterios técnicos, ya que la prioridad de dicho programa son mujeres con hijos menores de edad, y al ser la hija de Blanca mayor de edad, el sistema las excluye.

Al cierre de esta información, Blanca, su hija y su perro se encuentran en la calle, sin una alternativa habitacional. El sindicato reconoce “haber agotado todas las vías institucionales posibles” y la administración, por ahora, solo ofrece un centro de acogida temporal, durante solo cuatro días, que la familia no considera una solución digna.

El Sindicato de Vivienda de Cantabria ha denunciado la agresión a una activista que milita en este colectivo durante una concentración convocada este miércoles en el número 20 de la Calle Antonio López de Santander para intentar parar un desahucio de una mujer y su hija, además de cuestionar la “vulneración del derecho a la protesta” por parte de la Policía Nacional, que ha impedido el paso a las personas que “voluntaria y pacíficamente” iban a manifestarse.

Según ha relatado esta organización sindical a través de una nota de prensa, dos horas antes de que llegara la comisión judicial encargada de realizar el lanzamiento de la vivienda en la que Blanca y su hija viven desde hace años, convocada para las 9.00 horas, dos furgones de la Policía Nacional con siete agentes han acudido de “forma violenta” al portal del domicilio.

“La agente responsable del dispositivo judicial ha agredido físicamente a una militante del Sindicato de Vivienda a pesar de que ningún miembro de la asamblea había ejercido violencia ni opuesto resistencia frente a los agentes: Han llegado con los furgones, han salido todos rápidamente y directamente nos han agredido. La agente me ha cogido del pelo y ha tirado intentando quitarme a la fuerza del portal de la vivienda”, ha denunciado la activista del Sindicato de la Vivienda.

“Pedro Casares dijo que quería 'limpiar las calles de toda persona que quiera alterar el orden' y parece que ya ha empezado. A mí no se me ocurre nada que altere más el orden que echar a una familia de su casa y dejarla en la calle, o que por defender el derecho fundamental a una vivienda digna te echen a palos”, ha explicado la militante afectada por esta situación que denuncia.

“Hemos informado a Delegación de Gobierno, tanto de la flagrante vulneración del derecho a protesta como de la agresión a nuestra compañera, y nos han animado a denunciarlo pero tampoco nos han dado ninguna solución”, ha apuntado otro militante del sindicato cántabro. “La agente que ha agredido a la militante ha reconocido la agresión frente a los miembros de la asamblea, pero ha retirado su número de placa del uniforme para continuar con el operativo policial”, han advertido los miembros del Sindicato de Vivienda.

“La vulneración del derecho a la protesta que se está efectuando contribuye a desplazar el foco de lo realmente importante en el dia hoy: una familia en situación de vulnerabilidad está a punto ser desahuciada de su casa sin alternativa habitacional, y sin que las instituciones sean capaces de dar una respuesta más allá de la violencia”, han señalado los participantes en la concentración convocada junto al portal del edificio.

El Gobierno de Aragón se suma a comunidades autónomas como Madrid, la Comunitat Valenciana o Extremadura y rechaza aplicar las zonas de mercado residencial tensionado previstas en la Ley estatal de Vivienda, incluso si los municipios las solicitan. El Consejo de Gobierno ha acordado de forma unánime no tramitar estas declaraciones al considerar que la limitación de los precios del alquiler “reduce la oferta de vivienda” y defender como alternativa el incremento del parque público.

El Gobierno de Aragón ha acordado de forma unánime rechazar la tramitación de procedimientos para declarar Zonas de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT), una decisión que impedirá su aplicación en la comunidad aunque los ayuntamientos la soliciten. El consejero de Vivienda, Octavio López, ha defendido este martes que no se trata de una “decisión ideológica”, sino adoptada “bajo los máximos criterios de responsabilidad pública”, al considerar que la solución al problema de acceso a la vivienda “no pasa por la regulación de precios privados, sino por el aumento de la oferta de promoción pública”.

El acuerdo, que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), se fundamenta, según el Ejecutivo autonómico, en las competencias exclusivas de la comunidad en materia de vivienda y en la naturaleza potestativa de estas declaraciones, recogida en la Ley estatal de Vivienda y avalada por el Tribunal Constitucional. López ha defendido que el Estado no puede imponer la aplicación de las zonas tensionadas y ha asegurado que limitar las rentas del alquiler supone trasladar a los propietarios una carga que corresponde a los poderes públicos.

El consejero ha explicado que la decisión se apoya también en los “efectos perjudiciales” que, a juicio del Gobierno aragonés, ha tenido el control de precios en los territorios donde ya se aplica. Como ejemplo ha citado Cataluña, donde las limitaciones están vigentes desde marzo de 2024. Basándose en un informe elaborado para la Cátedra Unesco de la Universitat Rovira i Virgili, el Ejecutivo sostiene que la medida ha provocado una reducción de la oferta de vivienda en alquiler, ha favorecido el trasvase hacia el alquiler turístico, de temporada o la compraventa, ha reducido el tamaño medio de las viviendas disponibles y ha generado un “efecto frontera” al encarecer los municipios limítrofes no regulados.

“No nos hemos cerrado en banda a aplicar los escasos aspectos positivos de la ley de vivienda estatal”, ha señalado López, quien ha calificado la norma en su conjunto de “nefasta”. Por ello, ha reafirmado que “en Aragón no se tramitarán procedimientos para la declaración de Zonas de Mercado Residencial Tensionado hasta que no se disponga de informes científicos que contradigan los efectos negativos derivados de estas regulaciones”.

En este sentido, el consejero se ha referido expresamente a municipios como Aínsa o Biescas, que han manifestado su intención de solicitar la declaración de zona tensionada por los problemas de acceso a la vivienda. Aunque ha precisado que esas solicitudes todavía no han llegado formalmente al Gobierno de Aragón, ha garantizado que no serán aprobadas porque el Ejecutivo entiende que esta medida “perjudica gravemente” al mercado del alquiler.

Como alternativa, el Gobierno autonómico ha vuelto a reivindicar el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030. López ha destacado que desde el inicio de la legislatura se han impulsado unas 3.000 viviendas públicas y ha reiterado el objetivo de alcanzar las 7.000 antes de que termine el mandato. También ha puesto en valor el programa Más Vivienda, Mejor Turismo, con el que se proyectan 488 viviendas de alquiler asequible para trabajadores en 43 municipios turísticos mediante una inversión superior a 80 millones de euros.

La decisión formaliza una postura que el Ejecutivo de Jorge Azcón ya había expresado en varias ocasiones y que comparte con la mayoría de comunidades autónomas gobernadas por el PP. En octubre de 2024, los consejeros de Vivienda de estos territorios suscribieron un comunicado conjunto en el que rechazaban declarar zonas tensionadas aunque los ayuntamientos las solicitaran, al considerar que se trata de una medida ineficaz. Desde entonces, comunidades como Madrid o la Comunitat Valenciana han rechazado peticiones de municipios como Getafe, Rivas Vaciamadrid, Fuenlabrada, Sagunto o Dénia. La principal excepción ha sido Galicia, cuya Xunta autorizó en mayo de 2025 la declaración de A Coruña, aunque insistió en que lo hacía por imperativo legal y manteniendo sus críticas a la Ley estatal de Vivienda.

El Gobierno de Castilla-La Mancha remarca que la política de vivienda “es una prioridad” y que por ello va a dedicar 135 millones de euros en los próximos cuatro años a generar más oferta a través de la reclasificación de fondos europeos.

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, durante la presetación del proyecto ‘Tecnove Custom Trucks. Innovación, industria y vivienda para una nueva generación’.

“Lo primero que hemos hecho, y esto es obra del consejero de Fomento y creo que es un buen dato, es reclasificar fondos europeos que teníamos para otros objetivos. Si es una prioridad y la Unión Europea nos lo permite, vamos a coger fondos que teníamos para otras actuaciones y los vamos a dedicar a vivienda”, ha explicado el vicepresidente segundo. Caballero ha señalado que “somos la comunidad autónoma de España que más fondos ha reconfigurado para este objetivo y no somos la que más problemas tiene en relación con la vivienda, pero desde luego sí somos la que tenemos más clara la prioridad”.

Cuatro ámbitos de respuesta a la vivienda

Por este motivo, tal y como ha explicado José Manuel Caballero, “desde el Gobierno de Catilla-La Mancha queremos actuar en los cuatro ámbitos que son necesarios para dar una respuesta al problema de la vivienda”. En primer lugar, ha señalado la importancia de generar más oferta: “Es evidente que hay que construir más viviendas y, si puede ser, de manera más rápida y además hacerlo a mejor precio”, ha señalado.

Por otro lado, Caballero ha puesto el acento en la importancia de desarrollar políticas públicas para reutilizar la vivienda que ya existe. “En este sentido, ya hemos sido una de las comunidades autónomas más dinámicas y que más fondos ha gestionado en ayudas para los particulares en la rehabilitación energética de vivienda, hasta el punto de que hemos utilizado fondos de otras comunidades que no han sido capaces de ejecutar”, ha explicado.

Sin embargo, ha señalado que hay que continuar en esta materia y para esto “hemos dispuesto 108 millones para rehabilitar viviendas, ya no solo en el centro de las ciudades, incluso en los pueblos”. Así, ha recordado el programa de vivienda rural al que, en estos momentos, tienen que adherirse los ayuntamientos interesados para poder, posteriormente, ayudar a rehabilitar las viviendas vacías en los pueblos y que éstas puedan ser puestas en alquiler asequible.

En tercer lugar, Caballero ha señalado que, una vez puestas en marcha estas políticas de generación de oferta y reutilización de la existente, “hay que ayudar a la gente a que pueda acceder a ellas”. Por eso, desde el Gobierno regional, tal y como ha detallado, “tenemos aproximadamente 100 millones de euros para poder facilitárselo, especialmente a los más vulnerables y a colectivos con problemas en esta materia, como son también los más jóvenes”.

Por último, José Manuel Caballero ha puesto en valor el trabajo que se está desarrollando para poner en marcha las modificaciones legislativas. “Estamos trabajando en la reformulación legislativa hasta un ámbito que va más allá de nuestras competencias y sin ninguna pereza por parte del Gobierno regional para llevar a las Cortes modificaciones, como las que ya hemos llevado hace unos meses y las que llevaremos las próximas semanas, para facilitar la posibilidad de construcción de vivienda, de utilización de suelos y de reglamentaciones que agilicen esta repuesta al problema”, ha explicado.

Industrialización de la vivienda en el nuevo Plan estatal

Por su parte, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha asegurado que hay que poder fabricar nuevas viviendas en España y ha puesto de relevancia cómo la falta de mano de obra y de relevo generacional en sectores como el de la construcción hace que “la industrialización en la construcción de la vivienda venga a dignificar la profesión, ya que hay que mejorar las condiciones para que estos sectores vuelvan a ser atractivos para jóvenes o mujeres”.

De esta manera, Hernando ha asegurado que el sector de vivienda industrializada es incipiente y tiene que tener apoyo. En esta línea, ha destacado que “en el nuevo Plan Estatal de Vivienda va a haber un plus de ayudas a la construcción de nuevas viviendas si incorporan algún proceso de industrialización”.

El consejero de Fomento ha explicado que “ya estamos en disposición de poder recibir el dinero por parte del Estado en el mes de julio o septiembre y podremos arrancar después de las convocatorias y los plazos de solicitud, para principios del año 2027. Entre medias vamos a poder destinar fondos FEDER para que este año no se quede en barbecho”.

Amnistía Internacional ha reclamado al Gobierno regional de Castilla-La Mancha que adopte “medidas urgentes” para garantizar el derecho a la vivienda frente a la “creciente crisis” de asequibilidad que afecta a miles de personas en la comunidad autónoma.

La organización ha trasladado estas demandas a Nacho Hernando, consejero de Fomento, junto con las conclusiones del informe '¿Soluciones a la crisis del derecho a la vivienda? Consideraciones sobre las recientes medidas del Gobierno y las iniciativas legislativas en tramitación y votadas en el Congreso', en el que recuerda que la asequibilidad constituye un elemento esencial del derecho a una vivienda adecuada. Explican que los gastos asociados a la vivienda “deben ser soportables y no impedir el disfrute de otros derechos humanos como la alimentación, la salud o la educación”. En una carta remitida al consejero, la organización también solicita una reunión para trasladarle personalmente las conclusiones del informe y las principales recomendaciones de la organización en materia de vivienda.

Castilla-La Mancha entre las regiones con mayor nivel de pobreza

Amnistía Internacional muestra su preocupación porque Castilla-La Mancha “sigue sin utilizar una de las principales herramientas previstas en la legislación estatal para contener el precio del alquiler y proteger a las personas inquilinas”. Apuntan que la comunidad autónoma no tiene declarada ninguna zona de mercado residencial tensionado, “pese al fuerte incremento del precio de los alquileres en los últimos años y a las crecientes dificultades de acceso a la vivienda que existen en distintos municipios”.

La organización subraya además que algunos ayuntamientos ya han manifestado la necesidad de avanzar en esta dirección. El Ayuntamiento de Cuenca ha elaborado y sometido a información pública un informe técnico para solicitar la declaración de zona de mercado residencial tensionado, al detectar riesgos de insuficiencia de vivienda asequible para la población residente y un importante incremento de los precios del alquiler. Asimismo, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha impulsado iniciativas para avanzar en la elaboración de la documentación necesaria para solicitar esta declaración. Estos pasos “evidencian que existe una preocupación real” por la evolución del mercado de la vivienda en municipios de la región y que corresponde a la Junta utilizar las competencias que le atribuye la Ley por el Derecho a la Vivienda.

La preocupación resulta “especialmente relevante” en una comunidad autónoma que se sitúa entre las que presentan mayores niveles de pobreza y exclusión social del país. Según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, Castilla-La Mancha registra una tasa AROPE del 34%, “muy por encima de la media estatal”, y una de las mayores tasas de riesgo de pobreza de España. Este indicador mide el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, teniendo en cuenta factores como los ingresos, las carencias materiales y la intensidad del empleo en los hogares, y sitúa a Castilla-La Mancha entre las comunidades autónomas con mayores niveles de vulnerabilidad social de España.

“En un contexto de elevada pobreza y dificultades crecientes para acceder a una vivienda, las administraciones públicas no pueden limitarse a observar la evolución del mercado. Deben activar mecanismos para contener los precios cuando sea necesario, garantizar alquileres asequibles y reforzar la protección de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad”, señala Rafaela Alonso, responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional Castilla-La Mancha.

La organización recuerda además que ya en mayo de 2024 pidió a la Junta de Comunidades que impulsara la declaración de zonas tensionadas allí donde se cumplieran los requisitos legales. Dos años después, Castilla-La Mancha continúa sin aplicar este instrumento mientras persisten los problemas de acceso a la vivienda en distintos municipios de la región.

Además de la escasez, deshaucios

Amnistía Internacional recuerda además que uno de los “principales déficits” estructurales en materia de vivienda es la escasez de vivienda social en alquiler. Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el parque social de alquiler representa en España apenas el 1,71% del total de viviendas, frente a una media cercana al 9% en la Unión Europea. En Castilla-La Mancha la situación es igualmente preocupante: de las aproximadamente 1.347.273 viviendas existentes en la comunidad autónoma, solo unas 22.392 tienen carácter de vivienda social, lo que supone alrededor del 1,66% del total.

Amnistía Internacional también insiste en que ninguna persona o familia en situación de vulnerabilidad debería sufrir un desalojo de su vivienda sin una alternativa habitacional adecuada. En este sentido, recuerda el caso de una madre y su hija menor desalojadas en Alovera, para quienes la organización solicitó a Junta de Comunidades y Ayuntamiento una solución urgente de vivienda el pasado mes de febrero.

Más recientemente, en el edificio de VPO conocido como Yedra 8, en el barrio toledano de Santa Martía de Benquerencia, se encuentran en curso varios procedimientos de desahucio derivados de las reclamaciones planteadas por la Junta de Comunidades y la empresa pública Gicaman ante los tribunales. Entre las personas afectadas figuran una familia monomarental con situación de vulnerabilidad reconocida por los Servicios Sociales y un joven con una discapacidad del 56%, cuyo desahucio está previsto este jueves 25 de junio a las 11:30h, según denuncia la Unión Popular de Inquilinos de Toledo.

Junto a la activación de mecanismos para mejorar la asequibilidad del alquiler, Amnistía Internacional reclama el incremento de forma sostenida del parque público y social de vivienda para ofrecer una alternativa real a aquellas personas y familias que no pueden acceder a una vivienda adecuada a través del mercado privado. Esta insuficiencia deja a miles de hogares expuestos a las dinámicas del mercado privado y limita gravemente la capacidad de las administraciones para garantizar el derecho a la vivienda de las personas con menos recursos.

“El derecho a la vivienda no puede depender exclusivamente de las reglas del mercado. Las autoridades tienen la obligación de adoptar medidas concretas para garantizar que todas las personas puedan acceder y mantener una vivienda adecuada en condiciones asequibles”, concluye la organización.

Alrededor de medio centenar de personas se han concentrado desde las 7.50 de este viernes en los bajos del bloque de la avenida de Bilbao 53-A, en una zona residencial de Muriedas, casi en la entrada de Maliaño.

José, la persona que la justicia pretende desahuciar, está en su casa. Está el Sindicato de la Vivienda de Cantabria, que ha coordinado el intento de paralización, la PAH y Stop Desahucios. Han venido vecinos de la calle Hermanos Calderón, cuyas viviendas de alquiler asequible ha comprado un fondo privado. El ambiente es distendido, pero los vecinos de Hermanos Calderon reconocen que están tensos. “No estamos acostumbrados a estas situaciones”, dicen antes de bajar a la entrada del edificio a colocarse por seguridad.

Desde el Sindicato de la Vivienda explican a eldiario.es que José y su familia alquilaron en 2017 a un particular la vivienda en Muriedas. En 2018 el propietario dejó de pagar la hipoteca y pasó a ser propiedad del banco Liberbank. Estando en conversaciones con el banco para que le concedan un alquiler en la misma vivienda, Liberbank vende el piso a un fondo buitre llamado Global Berbice. El fondo buitre vende la vivienda a un particular con Jose y su familia dentro en 2025. El 24 de abril de este año, la abogada de José recibió la notificación del lanzamiento de desahucio con fecha 19 de junio, sin un intento de conciliación o mediación previa a la demanda, cuestionan desde el Sindicato de la Vivienda.

El caso de la familia es particular porque Jose solo ha pedido dos meses de tiempo extra en su piso: ya tiene una vivienda apalabrada para septiembre. Con un hijo de 21 años con un 85% de discapacidad, otro de 19 y otra hija menor de edad, insisten, “Jose solo pide dos meses más, es consciente de que se tiene que marchar”, pero si le desahucian, “se queda en la calle”.

A las 8 llega puntual la Guardia Civil, que se queda enfrente del edificio. El Sindicato de la Vivienda da indicaciones diez minutos después de dónde ubicarse para garantizar que no saquen a José de su casa. “Hacemos resistencia pasiva”, advierten.

A las 8:50, el grupo se coloca delante del portal y empieza a gritar: “José se queda”, en teoría la comisión del juzgado que notifica al inquilino su desahucio, llega a las 9. Justo llega la abogada de José, que sube a ver a Jose. Las consignas siguen: “Todas bajo techo, la vivienda es un derecho”; “El desahuciar se va a acabar”; “Fuera rentistas de nuestros barrios”; “Vecina, alerta, hay buitres en tu puerta”.

A las 9.00 horas llega puntual la comisión del juzgado, el grupo grita antes de que entren al bloque: “Todas bajo techo, la vivienda es un derecho”.

La abogada y una representante del Sindicato de la Vivienda salen de la entrada del edificio, dejan a un lado al grupo de la calle Hermanos Calderon, cruzan la carretera y se acercan a hablar con la comisión mientras el grupo prosigue: “Ni casa sin gente, ni gente sin casa”.

Aguanta el grupo en la puerta y no entran, salen y vuelven a acercarse a tomar fotos los agentes de la Guardia Civil. Cada vez hay más vecinos de la zona enfrente del piso. “Van a mandar refuerzos”, alertan desde el Sindicato de la Vivienda. “Jose, vecino, estamos contigo”, continúan clamando.

“Las de la comisión no han querido negociar, aunque solo son dos meses, ni siquiera con la abogada de Jose”, explica la persona que se ha acercado a hablar con las representantes del Sindicato de la Vivienda.

“Vale, compas, hemos parado el desahucio”, gritan los concentrados a las 9:30 horas de la mañana.

“Toda esta gente maravillosa que ha venido a protestar... hacen lo que debían hacer las instituciones y el gobierno, que no hacen más que darnos la espalda”, señala José con alivio tras conocer que su desahucio no se ha llevado a cabo.

“Todo por un negocio, por especular, apoyados por el gobierno con mentiras... Y las familias se quedan en la calle sin alternativa, en mi caso, con dos discapacitados en casa”, añade. “Lo que estamos pidiendo no es quedarnos en la vivienda, es quedarnos dos meses hasta septiembre porque me ha salido una vivienda y hasta entonces no tengo donde ir”, explica. “El artículo 47 debería ser borrado. Dice que tenemos derecho a una vivienda digna. ¿Dónde está?”, se pregunta.

El viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, ha firmado una instrucción para que sea considerado como infracción de carácter “grave” (con sanciones que van desde los 3.000 hasta los 20.000 euros) la denegación de la prórroga de un contrato de alquiler en las zonas tensionadas, que ahora mismo son las tres capitales de la comunidad autónoma y otros catorce municipios. La medida responde a que algunos fondos titulares de inmuebles están expulsando a los inquilinos alegando que los contratos son previos a la normativa estatal de las zonas tensionadas de 2023, que habilita expresamente a que se puedan reclamar extensiones anuales del contrato -con un tope de tres años- y manteniendo las mismas condiciones.

Según la resolución de De los Toyos, firmada a comienzos de junio y ya en vigor, se han recibido ya algunas “denuncias” por la “denegación de prórrogas extraodinarias”. Las fuentes consultadas aluden a casos relacionados con fondos que son titulares de inmuebles y que alegan que los contratos que ahora quieren finalizar son previos a 2023 y, por lo tanto, supuestamente eximidos de la ley. Los problemas se concentran en Vitoria y en Tolosa, siempre según estas fuentes.

El Gobierno vasco, por el contrario, interpreta que, si la vivienda está en una zona tensionada, queda igualmente protegida independientemente de la antigüedad del acuerdo con el propietario. Sin ese carácter retroactivo, el escudo quedaría totalmente desvirtuado, entienden. Así, si existe ese documento firmado, si el municipio está en la lista de zonas tensionadas y si el inquilino ha solicitado la prórroga correctamente, como es su derecho, el propietario no podrá ni denegarlo ni adoptar medidas “concluyentes” como realizar un “requerimiento fehaciente de entrega de llaves” o incluso “la interposición de una demanda de desahucio”. La medida afecta tanto a viviendas libres como a las protegidas.

Más bien al contrario, la Administración interpreta que las delegaciones de Vivienda de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han de “admitir a trámite las denuncias y comunicaciones” e “iniciar las actuaciones” para incoar un procedimiento “sancionador”. Se pide expresamente a los inspectores que se aquieten a estas directrices para evitar “resoluciones dispares ante supuestos de hecho idénticos”. Se recalca que la reforma de 2025 de la normativa autonómica de vivienda, que retoca la ley de 2015, refuerza aún más las potestades del Gobierno vasco para gestionar en su territorio las zonas tensionadas de la ley estatal de 2023.

¿Cuáles son las zonas tensionadas? Además de Vitoria, Bilbao y Donostia, son Arrasate-Mondragón, Astigarraga, Barakaldo, Errenteria, Galdakao, Hernani, Irún, Lasarte-Oria, Lezo, Pasaia, Tolosa, Usurbil, Zestoa y Zumaia. “La población residente en los municipios tipificados como zonas tensionadas en su totalidad (1.486.171 personas) representa el 67,31% de la población total de la comunidad autónoma”, recoge un informe de abril sobre la aplicación de la normativa estatal en Euskadi.

Más de dos años después de la entrada en vigor en Canarias del decreto estrella del Gobierno de Fernando Clavijo, el de vivienda, el precio de los inmuebles en las Islas ha batido (una vez más) su récord histórico. Según la estadística de valor tasado del Ministerio de Vivienda, que arranca en 1995, el precio medio alcanzó en el primer trimestre del año los 2.234 euros/metro cuadrado en las Islas. Con este son ya tres trimestres encadenados con precios por encima de los 2.000 euros. Y con respecto a hace un año, la subida registrada en el archipiélago es del 13,6%. El decreto, que se anunció como la solución a la crisis habitacional en el archipiélago, no ha conseguido por ahora ningún resultado.

El decreto del Gobierno canario, sin ningún efecto

El Gobierno de Canarias declaró durante esta legislatura la emergencia habitacional, pero se ha negado en reiteradas ocasiones a aplicar en las Islas la Ley estatal de Vivienda. Pese a ello, el Ejecutivo de CC y PP insiste en culpar a esta ley nacional de la subida de precios en las Islas.

El Gobierno de CC y PP optó por desdeñar la ley nacional y preparar un decreto propio hace ya más de dos años que, en resumen, fía la solución del problema habitacional a construir más y más rápido. Además, no incluye ninguna medida para evitar la acumulación de viviendas, la venta de viviendas a extranjeros o la especulación.

Este decreto, muy aplaudido por las patronales de la construcción, nació de una lógica simple: ante la escasez de oferta, es necesario ampliar el parque de vivienda con más edificaciones, reconversiones de locales comerciales, finalización de inmuebles inacabados por el crac financiero de 2008 y hasta la habilitación de suelo dotacional, pensado en un principio para levantar escuelas, hospitales o parques, y que ahora servirá también construir bloques de pisos. Según expresó el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez (Coalición Canaria), al presentar dicho decreto, “hay una necesidad mayor de construir viviendas que parques”.

Y así, el precio de las viviendas y los alquileres sigue disparados en las Islas. De hecho, es la región donde más suben.

Nada más conocerse el decreto (febrero de 2024) diferentes expertos consultados por este periódico señalaron que la norma aportaba de todo menos soluciones a corto plazo. La mayoría de las fuentes consultadas echaron en falta actuaciones a corto plazo, como la captación de inmuebles vacíos o regulación de alquileres, pues la estrategia de apostarlo todo al ladrillo tardará muchos años en tener resultados, si es que los tiene, que eso tampoco está tan claro.

Y así, dos años y medio después de la entrada en vigor del decreto estrella del Gobierno de Clavijo se confirma que los precios, tanto de los alquileres como de la compraventa de inmuebles, sigue subiendo hasta cifras récord.

Clavijo culpa al Estado y a los ayuntamientos

Pese a estos datos, esta misma semana, Fernando Clavijo volvió a desechar la idea de declarar Las Palmas de Gran Canaria zona tensionada e incluso afirmó que en las Islas no hay grandes tenedores de vivienda y que los pocos que hay no tienen miles de viviendas.

Los datos desmienten a Clavijo. Un informe del Ministerio de Consumo en colaboración con el CSIC publicado este mes de abril desvela que las dos capitales canarias registran la mayor concentración de multiarrendadores de viviendas del país: el 64,9% de los caseros con más de dos propiedades. Otro dato: según el Catastro, en Canarias hay 81.632 casas en manos de grandes tenedores, propietarios que poseen más de diez inmuebles de uso residencial. Esa cifra supone el 8,2% del parque total de viviendas del Archipiélago (999.056), lo que sitúa a las Islas como la comunidad con el porcentaje más alto de concentración inmobiliaria del país, algo que Clavijo negó este martes en sede parlamentaria.

Tras culpar al Gobierno central del problema de la vivienda, Clavijo señaló después a las administraciones locales. Según él, su “Gobierno [canario] ha hecho lo que ha podido” en este ámbito, que es habilitar espacios para facilitar la obtención de licencias pero, ha añadido, los ayuntamientos “se han negado”.

El precio de la vivienda en el resto del país

Además de Canarias, marcaron sus récord históricos Andalucía, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra, País Vasco, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y Madrid, que fue la única comunidad que superó los 4.000 euros/m2.

Por el contrario, no se rebasaron los máximos alcanzados durante la burbuja inmobiliaria en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja y Extremadura, que es la única comunidad en la que el metro cuadrado no llega a los 1.000 euros

En los tres primeros meses del año, la Comunidad de Madrid no solo batió su récord sino que fue la más cara de toda España al alcanzar los 4.075 euros/m2. Este importe es un 16,4% superior al registrado un año antes y un 3,7 % más alto que el del trimestre previo.

La segunda más cara fue Baleares, que se aproxima a los 4.000 euros (3.885,6 euros), el 13% más que un año antes. El precio en las islas no superaba los 3.000 euros/m2 desde 2004.

El top 3 lo cierra País Vasco, que supera los máximos del boom con 3.036 euros/m2, el 12% más. Con este precio, la vivienda vuelve a batir los 3.000 euros por primera vez desde el tercer trimestre de 2008.

La siguiente comunidad más cara fue Cataluña con 2.749 euros/m2, el valor más alto de toda la serie histórica. Este importe arroja una subida interanual del 12%.

Andalucía también registró entre enero y marzo valores récord con 2.316 euros, el 14% más que un año antes. Canarias, por su parte, marcó máximos con 2.234 euros/m2.

Aunque no batió récord histórico este primer trimestre, el precio en el resto de comunidades españolas subió entre enero y marzo a doble dígito.

El Gobierno de Aragón ha reactivado este miércoles la tramitación de su futura ley de Vivienda. El Consejo de Gobierno ha aprobado la remisión a las Cortes del proyecto legislativo que ya inició su recorrido parlamentario en 2024 y cuya aprobación definitiva quedó paralizada por el adelanto electoral. El Ejecutivo de Jorge Azcón enviará al Parlamento exactamente el mismo texto que entonces, aunque PP y Vox prevén introducir nuevas enmiendas para adaptarlo al acuerdo de gobernabilidad alcanzado tras las elecciones autonómicas e incluir así el concepto de prioridad nacional o arraigo.

“Cumpliendo un compromiso político”, ha señalado López, el Ejecutivo ha decidido remitir a las Cortes el mismo texto que ya se aprobó para su tramitación en diciembre de 2024. El consejero ha defendido que esta decisión permitirá aprovechar el trabajo ya realizado y optimizar los plazos parlamentarios, aunque ha recordado que los grupos podrán presentar nuevas enmiendas durante el debate. Entre esas modificaciones figurará la incorporación del denominado principio de prioridad nacional para el acceso a la vivienda protegida y al alquiler asequible, una de las medidas incluidas en el pacto entre ambas formaciones. Según ha explicado el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, el objetivo es que la norma pueda quedar aprobada durante el primer trimestre de 2027.

En este sentido, ha avanzado que tanto el PP como Vox registrarán propuestas por separado y también conjuntamente para adaptar el proyecto al acuerdo programático firmado por ambos partidos. Entre ellas se encuentra la regulación de los criterios de arraigo para el acceso a la vivienda protegida.

Según recoge ese pacto, se establecería un sistema de adjudicación inspirado en el principio de prioridad nacional que otorgaría preferencia a quienes acrediten una vinculación duradera con el territorio. El acuerdo contempla un mínimo de diez años de residencia para acceder a la compra de vivienda protegida y cinco años para optar al alquiler asequible, además de valorar factores como la vinculación laboral, familiar, económica o social con Aragón.

Preguntado por esta cuestión, López ha señalado que el contenido definitivo deberá ajustarse a la realidad concreta de la ley durante la tramitación parlamentaria. “Está claro el concepto de arraigo, de vinculación, apostar por quien tenga un arraigo especial al margen de la nacionalidad”, ha afirmado.

La futura ley pretende convertirse en la primera norma autonómica específica en materia de vivienda, más de cuarenta años después de que Aragón asumiera las competencias en este ámbito. López ha recordado que el proyecto responde a uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno autonómico al inicio de la legislatura y ha lamentado que el adelanto electoral impidiera culminar su aprobación el pasado año.

Más vivienda pública y apoyo a la VPO

Entre los principales objetivos de la norma figura el incremento del parque público de vivienda y el impulso de la vivienda protegida. El consejero ha vinculado estas medidas a la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y ha recordado que en Aragón todavía hay alrededor de 47.000 personas que no han podido emanciparse.

El proyecto se enmarca además en el Plan Aragón Más Vivienda, una estrategia dotada con 400 millones de euros para los próximos seis años. Según ha explicado el consejero, la ley servirá de soporte normativo para medidas como la rehabilitación de vivienda pública en municipios pequeños, la movilización de suelo público para nuevas promociones o el impulso de la colaboración público-privada.

El texto también contempla la actualización del módulo de vivienda protegida para favorecer la viabilidad económica de las promociones y evitar que se paralice la construcción de nuevas viviendas asequibles. Asimismo, regula nuevas fórmulas residenciales adaptadas a las necesidades actuales y prevé soluciones específicas para colectivos vulnerables.

López ha defendido además el “blindaje” de la vivienda protegida en Aragón, una cuestión que, según ha asegurado, quedará recogida en la futura ley.

Oposición a la ley estatal

Durante su comparecencia, el consejero ha reiterado la oposición del Gobierno aragonés a la ley estatal de vivienda aprobada por el Ejecutivo central. También ha anunciado la creación de una cátedra especializada en vivienda en la Universidad de Zaragoza y de un Observatorio de la Vivienda para analizar la evolución del mercado y orientar las políticas públicas en este ámbito.

Además, el Ejecutivo prevé impulsar una reforma del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para facilitar el acceso a la vivienda, una medida que podría incorporarse en futuras leyes presupuestarias.

López ha defendido la gestión del Gobierno autonómico en esta materia y ha asegurado que Aragón es actualmente la primera comunidad autónoma en construcción de vivienda pública destinada al alquiler asequible en términos relativos. También ha destacado el impulso a la promoción de vivienda protegida desarrollado durante la legislatura.

El proyecto de ley remitido a las Cortes se estructura en un título preliminar, cuatro títulos que suman 78 artículos, tres disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y cinco disposiciones finales. Según el Ejecutivo, durante su elaboración se incorporaron 59 aportaciones completas y 184 parciales procedentes del proceso de participación pública.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha afirmado este martes que, si reúne las condiciones, se aceptará la petición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de declarar a la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, pero, ha advertido, “no va a servir de nada”.

Así ha respondido Clavijo este martes en el Parlamento al diputado del grupo Socialista Sebastián Franquis, quien ha acusado al presidente de actuar “como un medianero” de los intereses privados porque, en la crisis habitacional, ha elegido estar del lado de quienes se benefician de esta situación.

La petición de declarar zona tensionada a Las Palmas de Gran Canaria, realizada en diversas ocasiones por el Ayuntamiento al Gobierno de Canarias (que es la administración competente en el asunto), se ha encontrado con obstáculos desde el inicio, hace ya año y medio. El Ejecutivo que preside Clavijo ha requerido al Ayuntamiento informes y datos que no contempla la Ley estatal de Vivienda, retrasando con ello la tramitación solicitada por la administración local, una declaración de zona tensionada que permitiría, entre otras cuestiones, poner un límite a los precios de los alquileres.

Sin embargo, Fernando Clavijo sigue enrocado en su rechazo a la Ley estatal de Vivienda, que, cabe recordar, no se aplica en las Islas. De hecho, el Gobierno de Clavijo anunció que la recurriría en los tribunales, cosa que no hizo porque se le pasó el plazo para hacerlo. Ningún municipio en Canarias ha obtenido del Gobierno de Clavijo la declaración de zona tensionada, y eso pese a que el propio Ejecutivo de CC y PP declaró la emergencia habitacional en las Islas.

Su respuesta a esta crisis fue crear un decreto propio para construir más (incluso en suelo rústico o destinado a dotaciones como parques, jardines o centros de salud) y más rápido, dando alas al sector privado, pues “hay una necesidad mayor de construir viviendas que parques”, según lo expresó el consejero de Vivienda al presentarlo. Dicho decreto no incluye ninguna medida para evitar la acumulación de viviendas, la venta de viviendas a extranjeros o la especulación; tampoco el devolver al mercado las 200.000 viviendas varías que se calcula que hay en las Islas. Y así, el precio de las viviendas y los alquileres sigue disparado en las Islas. De hecho, es la región donde más suben.

Clavijo ha considerado “un poco cínico” que Franquis le cuestione por la política de vivienda tras “el fracaso absoluto”, según él, en esta materia del anterior Gobierno regional, en un área de la que era responsable el portavoz socialista. Sin embargo, hay que recordar que fue en la pasada legislatura cuando se pusieron en marcha nuevos proyectos de construcción de vivienda pública tras una década estancados, precisamente, con Clavijo de presidente. Algunas de esas viviendas, ahora terminadas, son las únicas que se han entregado en esta legislatura a sus propietarios.

Clavijo ha dicho que resolver este asunto es complicado, pero le ofrece dos soluciones “que están en sus manos” [del PSOE] para aliviar el problema. La primera es que el Gobierno estatal derogue la Ley de Vivienda, que a su juicio, es la responsable de expulsar del mercado del alquiler a cientos de miles de propietarios. De nuevo, hay que recordar que esta Ley no se aplica en Canarias. Y la segunda, que el silencio administrativo cuando se solicita una licencia sea positivo.

Clavijo ha afirmado que el mayor tenedor de vivienda en Canarias es Visocan (la empresa pública de vivienda), pues no hay grandes tenedores en las Islas y los pocos que hay no tienen miles de inmuebles. Los datos desmienten a Clavijo. Un informe del Ministerio de Consumo en colaboración con el CSIC publicado este mes de abril desvela que las dos capitales canarias registran la mayor concentración de multiarrendadores de viviendas del país: el 64,9% de los caseros con más de dos propiedades. Otro dato: según el Catastro, en Canarias hay 81.632 casas en manos de grandes tenedores, propietarios que poseen más de diez inmuebles de uso residencial. Esa cifra supone el 8,2% del parque total de viviendas del Archipiélago (999.056), lo que sitúa a las Islas como la comunidad con el porcentaje más alto de concentración inmobiliaria del país, algo que Clavijo ha negado este martes en sede parlamentaria.

Tras culpar al Gobierno central, Clavijo ha señalado después a las administraciones locales. Según él, su “Gobierno ha hecho lo que ha podido” en este ámbito, que es habilitar espacios para facilitar la obtención de licencias pero, ha añadido, los ayuntamientos “se han negado”.

Ha añadido al respecto que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lleva más de un año hablando de la solicitud de zona tensionada pero “no han sido capaces de presentar” el trámite oportuno hasta marzo de este año, por lo que ha ironizado con que “se han puesto nerviosos porque se acerca la campaña electoral”. Sin embargo, no ha explicado por qué no se ha aceptado aún esa solicitud.

Lo que deben reconocer los socialistas, ha añadido Clavijo, es “que fracasaron, se equivocaron y fue un error tremendo la ley de Vivienda” (que no se aplica en las Islas), para insistir en que para activar la construcción y aumentar la oferta deben regular el silencio administrativo positivo. 

Cantabria es una de las comunidades que no ha regulado la protección permanente de la vivienda protegida para impedir que transcurridos unos años acaben por venderse en el mercado libre, lo que no contribuye a solucionar los problemas para los que fueron creadas. Once comunidades lo han hecho ya y Asturias podría sumarse con su futura Ley de Vivienda. La que se tramita en Cantabria, por el momento, no entra a corregir esta posibilidad.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 establece la protección permanente como uno de los principales requisitos a la hora de financiar la construcción y compra de vivienda protegida. Una medida que supondrá que -independientemente de que la vivienda sea para propiedad o alquiler, o de promotor público o privado- mantenga sus límites de precio y uso para siempre. 

Un informe elaborado por Civio -una organización sin ánimo de lucro especializada en periodismo de investigación con datos públicos- constata que hay 17 modelos distintos de vivienda protegida y que las autonomías se debaten entre dos contrarios, literalmente opuestos. Por un lado, once comunidades ya han aprobado medidas de protección permanente para evitar que las viviendas protegidas acaben vendiéndose a precios de mercado. La primera fue el País Vasco, hace ya 24 años, que en 2002 declaró la protección permanente de todas las viviendas protegidas en su territorio, independientemente del régimen de tenencia o de si son de promoción pública o privada. El análisis realizado por Civio explica que hasta esta década Euskadi no ha dejado de perder viviendas protegidas.

Tiempo después -evidencian los datos del análisis- Baleares y más recientemente Navarra se unieron a estas políticas. El Parlamento de Asturias estudia esa posibilidad en su futura Ley de Vivienda mientras que Cantabria permanece de momento ajena al debate.

A ello se suman otras ocho comunidades autónomas que han declarado la protección permanente únicamente de las viviendas del parque público: Castilla-La Mancha, Cataluña, Canarias, Galicia y el bloque Madrid, Andalucía, Valencia y Extremadura que siguen política contrarias para las viviendas protegidas de promoción privada.

El infome asegura que realmente en los próximos cinco años, la única comunidad autónoma en la que ninguna vivienda protegida pasará al mercado libre es País Vasco y precisa la circunstancia de que Cataluña aprobó a finales de 2025 una ley que prohíbe descalificar vivienda protegida en municipios con mercado residencial tensionado.

El extremo contrario

De hecho, Madrid, Andalucía, Valencia y Extremadura han rebajado los plazos para que las viviendas protegidas de venta y alquiler salgan al mercado libre. En el caso de la capital de España, hasta 2009 los propietarios estaban sujetos a entre 20 y 25 años de permanencia. Ese año se rebajó el plazo a 15 años.

Más cercano en el tiempo, Andalucía aplicó la misma política hace seis años. Allí no se podían vender las viviendas protegidas hasta 30 años después de adquirlas, pero desde 2020 se dejó entre 7 y 15 años.

En Extremadura sucedió algo parecido. En 2013 se bajó de 30 a 20 años el nivel de protección y el años pasado se decretó que el nuevo plazo de aplicara retroactivamente.

La dificultad para acceder a una vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los municipios turísticos del Pirineo aragonés. Aínsa-Sobrarbe y Biescas han pedido esta semana al Gobierno de Aragón que impulse la declaración de estos municipios como zonas de mercado residencial tensionado, una figura contemplada en la Ley Estatal de Vivienda que permitiría acceder a nuevas ayudas para vivienda asequible, rehabilitación y alquiler social.

El pleno de Aínsa-Sobrarbe aprobó este miércoles solicitar al Ejecutivo autonómico que inicie de manera urgente los trámites necesarios para obtener esta declaración. La iniciativa llega apenas unos días después de que el Ayuntamiento de Biescas anunciara una propuesta similar —que también fue aprobada en el pleno del 3 de junio— y de que Canfranc solicitase en febrero de 2024 reclamar esta catalogación ante los problemas de acceso a la vivienda que afectan a buena parte del Pirineo, aunque posteriormente —el 2 de mayo de 2024— retiró esta vía y optó por impulsar el programa 'Más vivienda, mejor turismo'. El consistorio ha adoptado además medidas como la suspensión temporal de nuevas licencias para viviendas turísticas, la creación de una bolsa de alquiler y cambios urbanísticos para limitar este tipo de alojamientos en el futuro.

Los municipios coinciden en señalar el impacto que la presión turística, la proliferación de viviendas de uso turístico y de segunda residencia, así como el incremento de los precios de compra y alquiler, están teniendo sobre la población residente. El alcalde de Aínsa-Sobrarbe, Enrique Pueyo, ha defendido que localidades como la suya están viendo cómo el encarecimiento de la vivienda dificulta cada vez más la vida de quienes residen en ellas. “Los municipios con presión turística como éste y otros del Pirineo aragonés ven cómo se incrementa el precio de la vivienda y esta realidad limita a quienes vivimos en estas localidades”, ha señalado.

Una situación similar ha denunciado la alcaldesa de Biescas, Lorena Cajal, quien ha defendido la necesidad de que el municipio sea declarado zona tensionada para facilitar el acceso a ayudas públicas destinadas a vivienda asequible, rehabilitación y alquiler social. La regidora ha advertido de que “la creciente presión turística, la proliferación de viviendas de uso turístico o de segunda residencia, la escasez de vivienda habitual disponible y el incremento sostenido de los precios del alquiler y de compra dificultan mucho el acceso a una vivienda digna para vecinos, jóvenes, familias y trabajadores esenciales del municipio”.

Pueyo ha recordado además que Biescas ha dado el mismo paso y ha confiado en que más municipios reclamen medidas similares ante una situación que considera “insostenible”. La propuesta aprobada por el consistorio de Aínsa incluye también la solicitud de un estudio específico sobre la evolución de los precios de alquiler y compraventa, la disponibilidad de vivienda habitual y los efectos de la presión turística en el municipio. Según el alcalde, la falta de vivienda ya está condicionando el desarrollo local. “Hemos tocado techo en cifras de población desde hace dos años porque no hay vivienda disponible y los costes de construcción son actualmente altísimos”, ha asegurado.

Cajal ha argumentado además que la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda abre una oportunidad para que los municipios declarados zonas tensionadas puedan acceder a mayores incentivos económicos. “Pido al Gobierno aragonés la misma responsabilidad que tenemos los ayuntamientos: escuchar a los ciudadanos y, en este caso, iniciar de manera urgente los trámites para que Biescas pueda ser declarado como tal”, ha reclamado.

Medidas locales frente a un problema creciente

Desde el Ayuntamiento de Aínsa destacan que ya han impulsado diversas actuaciones dentro de sus competencias para tratar de aliviar la situación. Entre ellas figuran la regulación de las viviendas de uso turístico, el incremento del IBI a las viviendas permanentemente desocupadas, la rehabilitación de inmuebles municipales para destinarlos a nuevos habitantes y la cesión al Gobierno de Aragón de una parcela y un millón de euros para promover vivienda pública.

Entre los motivos esgrimidos por el Ayuntamiento de Biescas figuran el incremento continuado de los precios de compra y alquiler, la escasa oferta de arrendamientos de larga duración, el elevado peso de las segundas residencias y las dificultades de acceso a la vivienda para jóvenes y trabajadores, factores que, según el consistorio, amenazan la cohesión social y la fijación de población.

En Canfranc, el consistorio también ha adoptado medidas para contener el problema, como la suspensión temporal de nuevas licencias para viviendas turísticas, la creación de una bolsa de alquiler y la preparación de cambios urbanísticos para limitar este tipo de alojamientos en el futuro. Los ayuntamientos consideran que la escasez de vivienda habitual se ha convertido en uno de los principales obstáculos para fijar población y atraer nuevos residentes. En el caso de Canfranc, el alcalde, Fernando Sánchez, llegó a definir la vivienda como “el mayor problema del mundo rural”, advirtiendo de que la falta de oferta impide el crecimiento de muchos municipios turísticos.

Negativa del Gobierno de Aragón a aplicar la ley estatal

La creciente presión de los municipios pirenaicos coincide con la negativa del Gobierno de Aragón a aplicar algunas de las medidas más relevantes incluidas en la Ley Estatal de Vivienda. De hecho, Enrique Pueyo ha acusado al Ejecutivo autonómico de priorizar la confrontación política sobre la búsqueda de soluciones. “El Gobierno de Aragón que preside Jorge Azcón prefiere la confrontación y ser insumiso con la Ley Estatal de Vivienda antes que solucionar las necesidades de las personas”, ha afirmado.

La pasada semana, el consejero de Vivienda, Octavio López, aseguró en las Cortes de Aragón que el Ejecutivo autonómico solo participará en el futuro Plan Estatal de Vivienda 2027-2030 si este “encaja” con el programa Aragón Más Vivienda. Octavio López aseguró que ha “batallado” para conseguir que Aragón reciba el 3,8% de los fondos teniendo el 3% de la población nacional, precisando que se destinará el 40% a generar oferta, el 30% a rehabilitación y el 30% a las ayudas para el acceso a la vivienda, todo para “complementar y llevar adelante” los programas del Plan Aragón Más Vivienda.

El consejero de Vivienda, Roberto Media, ha reconocido en el Parlamento de Cantabria que las medidas antiocupación están marcadas por una ley nacional y por el código penal y que el Gobierno de Cantabria no puede regular los desalojos inmediatos, como inicialmente había anunciado el Gobierno del Partido Popular para frenar “la impunidad de los okupas”.

Media, en su comparecencia para debatir las enmiendas a la totalidad de PSOE y Vox contra la Ley de Vivienda, ha mantenido que va a generar más seguridad jurídica frente a la ocupación pero solo lo hará “asesorando a los afectados y tratando de dar más herramientas a los polícias locales”. “El desalojo final no es nuestra competencia”, ha subrayado.

La realidad de las limitaciones de la ley corrijen las declaraciones de la propia presidenta María José Sáenz de Buruaga que, cuando se presentó la Ley en septiembre, anunció que la norma establecía protocolos de desalojo inmediato, además de medidas de protección, asistencia gratuita a través de la Oficina de Apoyo a las Víctimas de la Ocupación y la Inquiocupación, y otras de protección social para dar soluciones habitacionales alternativas ante situaciones de vulnerabilidad real.

No obstante, el consejero ha insistido en que la Ley si tiene medidas para tratar de evitar la okupación ilegal, como protocolos de desalojo inmediato en caso de flagrante okupación, en cuyo caso la Policía Local podrá -en el ámbito de sus competencias- proceder al desalojo inmediato de los ocupantes, respetando los procedimientos legales.

También ha citado la oficina de apoyo a las víctimas de okupación, asistencia jurídica a propietarios afectados y medidas sociales para garantizar soluciones habitacionales alternativas cuando existan situaciones de vulnerabilidad real.

Para Vox, el enfoque sobre el problema de la 'okupación' es “blando e insuficiente”. En su opinión, la tibieza de la Ley elimina un principio fundamental “que es el derecho a la propiedad privada”. “No han sido capaces de introducir el concepto de propiedad privada en ninguno de los artículos de la Ley”, ha reprochado Armando Blanco. El diputado considera que se llega “al absurdo” de que solo garantiza ayudas a la 'okupación' a aquellos propietarios que entregan su vivienda al fondo del alquiler social. El resto, quien decida ofrecer su vivienda en el mercado libre de alquiler, “que sepa que esta Ley del Partido Popular no les protege”.

El consejero de Vivienda ha insistido en que “esta ley protege al propietario frente al okupa y no al revés”. Media sostiene que la ocupación “es un drama” que saca del mercado del alquiler multitud de viviendas.

En 2025 hubo 10 demandas en juzgados civiles por ocupaciones ilegales de vivienda en Cantabria. Casi la mitad que el año anterior. Pero en los últimos cinco años se ha doblado el número de denuncias: de 52 a 115 por allanamiento o usurpación de inmuebles. Normalmente se corresponden con pisos deteriorados, en desuso y sin acabar que llevan tiempo abandonados, según la Fiscalía de Cantabria.

El Gobierno de Cantabria, a través de la empresa pública Gesvican, puso en marcha a principios de año un teléfono para denunciar casos de 'okupación' ilegal de viviendas donde se les proporciona asistencia jurídica gratuita y se les aconseja presentar una denuncia ante la Guardia Civil o la Policía Nacional.

El debate político, alentado sobre todo por partidos de extrema derecha —aunque no solo—, sobre los requisitos de acceso de los inmigrantes a los servicios públicos ha llegado desde hace un tiempo a las Viviendas de Protección Oficial (VPO). En plena crisis de acceso al mercado inmobiliario, partidos como Vox y PP, en España, y Junts y Aliança Catalana, en Catalunya, cada uno con sus matices, proponen exigir más años de padrón a la hora de optar a uno de estos pisos. 

Es lo que Vox ha denominado “prioridad nacional” en sus pactos con el PP en Aragón o Extremadura. Pero, ¿qué peso tienen los extranjeros en la concesión de vivienda pública? En Catalunya, con los datos del Departamento de Territorio de la Generalitat en la mano, su peso dentro del conjunto de beneficiados por las adjudicaciones de viviendas de protección es inferior al que representan por población. 

De las 4.890 viviendas de esta tipología que se visaron en Catalunya en 2024, 688 fueron para extranjeros, lo que supone el 14,1% del total, un porcentaje por debajo del que representa la población migrante en la comunidad autónoma: actualmente son el 18%. “Hay una infrarrepresentación de la población migrante”, señala Albert Sales, investigador en políticas sociales y vivienda en el Institut Metròpoli. “Además, es más acusada si tenemos en cuenta que la población extranjera tiene una situación residencial sensiblemente peor”, añade.

En este sentido, la edad también ayuda a calibrar el acceso de la población migrante a la vivienda de protección oficial. Si se observa la franja entre 25 y 49 años, la más habitual para optar a pisos públicos de compra o alquiler, el peso relativo de los extranjeros se reduce aún más. Ese 14% de adjudicatarios inmigrantes de vivienda de protección en 2024 queda lejos del porcentaje que ocupa realmente este colectivo en la franja de edad mencionada: son el 28%.

Por qué acceden menos a la VPO los extranjeros que los autóctonos puede tener varias explicaciones. Sales apunta a algunas: por ejemplo, que no solo existen topes de ingresos máximos para entrar en el registro de solicitantes, sino también mínimos, para garantizar su pago (la vivienda de protección no está pensada para hogares en situación de pobreza). Otra explicación puede ser el menor conocimiento de los circuitos administrativos por parte de los extranjeros. 

Sea como sea, el debate sobre la prioridad de los autóctonos hace meses que existe en Catalunya, aunque no lo ha liderado Vox. Ha sido Junts quien ha puesto sobre la mesa la necesidad de aumentar los años que se exigen de padrón para poder optar a VPO, alegando que hay que premiar el arraigo. La demanda surgió desde uno de los municipios gobernados por esta formación, en Sant Cugat del Vallès, y se extendió a otras localidades y al Parlament, con la propuesta de excluir a quienes lleven menos de diez años de residencia en el municipio. 

Actualmente, de acuerdo con la Ley autonómica de Vivienda de 2007, las administraciones locales no pueden exigir más de tres años de padrón para acceder a la VPO. Algunas, como Barcelona, suelen pedir un año.

La propuesta de ampliarlo a 10 años, medida ya vigente en otras comunidades autónomas, se llegó a votar en el Parlament en octubre, pero fue rechazada, puesto que solo cosechó los votos de PP y Vox, y Aliança se abstuvo. De hecho, el partido que lidera Silvia Orriols, más beligerante, pide hasta 18 años de padrón. 

En un programa de TVE, la diputada xenófoba llegó a criticar el proyecto de construcción de vivienda pública del Govern al considerar que beneficiará a extranjeros. “La solución no puede ser construir 100.000 pisos con dinero de los contribuyentes catalanes para acabar otorgándolos a familias recién llegadas que pueden acreditar más hijos y menos ingresos”, afirmó. Los autóctonos, dijo, deben tener “preferencia”.

Los datos recabados por elDiario.es, a partir de los visados de VPO concedidos en los dos últimos años en Catalunya, también permiten detallar cómo se reparten en los 15 municipios con mayor población. En algunos, el peso de los extranjeros en las adjudicaciones es superior al que representan dentro del municipio; en la mayoría, sin embargo, es al contrario.

Pero si se compara con la franja de edad de 25 a 50 años, en todas las ciudades salvo una (Sant Cugat del Vallès) los inmigrantes acceden menos a estas viviendas de lo que les tocaría. 

Las diferencias más notables, si se tiene en cuenta esa franja de edad, están en L'Hospitalet de Llobregat (12,2% de beneficiados extranjeros, por un 40% de peso en el municipio); Mataró (4,2% frente a un 26%) o Cornellà de Llobregat (8% frente a 29%). Por contra, las más equilibradas son Sant Cugat (22,5% frente a 22,6%), Rubí (17,3% frente a 22,2%) o Tarragona (24,6% por 31,6%).

Sin dejar de manifestar su oposición a esta medida, la Xunta ha aprobado la declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado. La capital autonómica se convierte así, tras A Coruña –que la obtuvo en julio de 2025– en la segunda ciudad gallega en obtener este reconocimiento, algo que la alcaldesa, la nacionalista Goretti Sanmartín, ha celebrado como una “muy muy buena noticia”, aunque insiste en que “llega tarde”.

La resolución –avanzada por La Voz de Galicia y confirmada posteriormente por Europa Press antes de que lo valorase Sanmartín– se firmó a las 8:56:19 de este viernes, según manifestó la alcaldesa, que “lamentó” la forma en la que fueron informados, “primero con insinuaciones de Borja Verea [el portavoz local del PP] y, después, a través de los medios”. Cuando recibió la llamada de la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, “ya habíamos leído en los medios que a lo largo de la mañana íbamos a a recibir esta comunicación”. “Agradezco su llamada pero, igual que la aprobación, llega algo tarde”, añadió la regidora.

Sanmartín insistió en ese retraso porque “queda claro que Santiago cumplía de sobra los requisitos la primera vez y que también los cumple ahora”. Se refería a la decisión de la Xunta de desestimar la solicitud en agosto pasado, lo que obligó a reiniciar el proceso. “La subida del precio del alquiler en los ultimos cinco años supera en más de tres puntos porcentuales el incremento del IPC”, tanto que “duplica ese indicador” ya que el encarecimiento medio de los alquileres fue del 40% entre 2019 e 2024“.

Sanmartín felicitó al área de urbanismo del ayuntamiento antes de explicar que la declaración servirá para que ahora se puedan aplicar “medidas de contención” prevista en la Ley de Vivienda y, también, “que podamos recibir ayudas más cuantiosas del plan estatal que se aprobó esta semana”. “Estamos preparados y con los deberes hechos”, aseguró.

Ahora, el ayuntamiento tiene dos meses para aprobar de forma definitiva en junta de gobierno el plan de medidas correctoras y un calendario de actuaciones que habrá que actualizar cada seis meses. Sanmartín defendió que esa “contención”, en Santiago ya se estaba consiguiendo “respecto a otras localidades” gracias a las “medida que este gobierno fue aplicando”. Como ejemplo, contrapuso la subida del metro cuadrado de vivienda nueva desde enero de 2025 en la capital gallega, un 3%, y en el concello vecino de Ames, donde aumentó hasta el 16%. Al mismo tiempo, el alquiler creció un 8,5% en Santiago y casi un 22% en Ames.

La alcaldesa destacó que esa contención es aún mayor en A Coruña –que se queda en el 6,6%–, ya que allí hace nueve meses que la zona tensionada está en vigor. La Xunta, por su parte, insistió a Europa Press en que esta declaración no sirve para frenar los precios y destacaba que, desde su puesta en marcha, el número de contratos de alquiler en la ciudad herculina se redujo en 300, una cifra que el portavoz local del PP aumentó en cien más.

Borja Verea compareció para afirmar que, a partir de ahora, “las consecuencias derivadas de esta decisión serán responsabilidad sólo de BNG y Compostela Aberta”, las fuerzas que forman el gobierno local. “Está a la vista que no está funcionando en ninguna de las ciudades donde se implantó. No es opinión, es ciencia”. En el caso de la capital herculina, aseguró que en sólo 5 meses, desde la entrada en vigor de la zona tensionada, “se pasó de 718 contratos a 324” lo que supone, asegura “la desaparición del 55% de la oferta”.

La Junta de Castilla y León se ha sumado a otros Ejecutivos autonómicos del Partido Popular para marcar distancias con el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno central este martes pese a que prevé destinar 378 millones de euros a la comunidad —277 millones más que en el anterior programa—. El portavoz en funciones del Gobierno autonómico y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado que el modelo “obliga a aplicar políticas que han fracasado” y ha reclamado “diálogo y flexibilidad” frente a lo que considera una estrategia basada en la imposición.

La Junta ha rechazado el planteamiento global: “No puedo decir que el plan en su integridad sea negativo, pero se plantea como un todo o nada”, ha señalado Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En su opinión, el principal problema es que el Ejecutivo central no permite adaptar las medidas a la realidad de cada territorio y exige asumir el paquete completo de condiciones para acceder a los fondos.

El nuevo plan estatal, dotado con 7.000 millones de euros hasta 2030, triplica la inversión del periodo anterior y fija varias exigencias a las comunidades autónomas: blindar de forma permanente la vivienda de protección oficial (VPO), cofinanciar el 40% de las actuaciones y remitir datos en tiempo real sobre el mercado del alquiler. Además, establece criterios más estrictos en la adjudicación de vivienda pública y medidas para movilizar vivienda vacía.

Para la Junta, el problema no está tanto en las medidas concretas como en la falta de margen para aplicarlas de forma selectiva. “Seguramente cada comunidad puede ver bien algunas medidas y tener más dificultades con otras, pero el diseño no permite elegir”, ha explicado el portavoz, que ha insistido en que la política de vivienda debe tener en cuenta diferencias territoriales como las existentes entre el medio rural y las grandes ciudades.

“Ha faltado diálogo y ha sobrado imposición”

Carriedo ha reprochado la falta de participación de las comunidades en la elaboración del plan. “Ha faltado diálogo y ha sobrado imposición”, ha comentado, al tiempo que ha recordado que los gobiernos autonómicos son los encargados de gestionar buena parte de las políticas de vivienda y, por tanto, “los principales interesados en aportar soluciones”.

El portavoz ha culpado del alza del precio de la vivienda con las decisiones del Ejecutivo central en los últimos años. “La vivienda es hoy el primer problema de los españoles y nos ha llevado a ello una política equivocada”, ha indicado. Para Carriedo, seguir con el mismo enfoque “no es la vía adecuada”.

La “ventaja comparativa” de Castilla y León

Con el ejemplo del mercado del alquiler en Soria, donde la oferta disponible se reduce a menos de 40 anuncios en un portal de alquiler y los precios alcanzan en muchos casos entre 750 y 1.200 euros mensuales, y solos dos opciones por debajo de los 600 euros, Carriedo ha afirmado que aunque los precios han aumentado en los últimos años, Castilla y León tiene mejor posición que el resto del país. “No significa que la vivienda sea más barata que antes, es más cara, pero somos la segunda comunidad donde menos ha subido el precio en los últimos cinco años y la tercera con el precio más bajo”, argumentó.

A su juicio, esta situación constituye una “ventaja comparativa” frente a otros territorios, lo que, según afirmó, explica que haya ciudadanos que opten por residir en la comunidad incluso trabajando en otras autonomías.

La alternativa de la Junta: Más oferta y seguridad

Frente al modelo estatal, Carriedo ha defendido que la Junta por una estrategia centrada en el aumento de la oferta y en generar confianza en el mercado del alquiler. “Hay una oferta muy débil frente a una demanda muy alta, y eso tiene un impacto muy importante en los precios”, ha indicado el portavoz en funciones

La receta, en su opinión, pasa por facilitar la construcción de vivienda, incentivar que los propietarios saquen sus inmuebles al mercado y garantizar seguridad jurídica suficiente. “Es muy importante dar la seguridad necesaria para que quien quiera alquilar su vivienda lo haga”, ha apostillado.

Carriedo ha destacado que Castilla y León garantiza ayudas al alquiler a todas las personas que cumplen los requisitos, lo que beneficia a más de 20.000 familias cada año. Además, la Comunidad ha desarrollado líneas de avales públicos para complementar la financiación hipotecaria y mantiene incentivos fiscales para la compra de vivienda, especialmente dirigidos a jóvenes y al medio rural.

Uno de los ejemplos que puso sobre la mesa el portavoz es el tipo superreducido del impuesto de transmisiones patrimoniales en el ámbito rural, que permite a un joven pagar apenas 15 euros por la compra de una vivienda de 150.000 euros, frente a los miles de euros que se abonan en otras comunidades.

Las comunidades del PP, contrarias el plan del gobierno

El posicionamiento de Castilla y León se suma al de otras comunidades, como Madrid, que ya han mostrado su rechazo al plan estatal por considerar que invade competencias autonómicas. El debate continuará en las próximas semanas en el marco de la conferencia sectorial de vivienda, donde Gobierno y autonomías deberán negociar los términos de aplicación del programa.