La Junta de Castilla y León se ha sumado a otros Ejecutivos autonómicos del Partido Popular para marcar distancias con el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno central este martes pese a que prevé destinar 378 millones de euros a la comunidad —277 millones más que en el anterior programa—. El portavoz en funciones del Gobierno autonómico y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado que el modelo “obliga a aplicar políticas que han fracasado” y ha reclamado “diálogo y flexibilidad” frente a lo que considera una estrategia basada en la imposición.

La Junta ha rechazado el planteamiento global: “No puedo decir que el plan en su integridad sea negativo, pero se plantea como un todo o nada”, ha señalado Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En su opinión, el principal problema es que el Ejecutivo central no permite adaptar las medidas a la realidad de cada territorio y exige asumir el paquete completo de condiciones para acceder a los fondos.

El nuevo plan estatal, dotado con 7.000 millones de euros hasta 2030, triplica la inversión del periodo anterior y fija varias exigencias a las comunidades autónomas: blindar de forma permanente la vivienda de protección oficial (VPO), cofinanciar el 40% de las actuaciones y remitir datos en tiempo real sobre el mercado del alquiler. Además, establece criterios más estrictos en la adjudicación de vivienda pública y medidas para movilizar vivienda vacía.

Para la Junta, el problema no está tanto en las medidas concretas como en la falta de margen para aplicarlas de forma selectiva. “Seguramente cada comunidad puede ver bien algunas medidas y tener más dificultades con otras, pero el diseño no permite elegir”, ha explicado el portavoz, que ha insistido en que la política de vivienda debe tener en cuenta diferencias territoriales como las existentes entre el medio rural y las grandes ciudades.

“Ha faltado diálogo y ha sobrado imposición”

Carriedo ha reprochado la falta de participación de las comunidades en la elaboración del plan. “Ha faltado diálogo y ha sobrado imposición”, ha comentado, al tiempo que ha recordado que los gobiernos autonómicos son los encargados de gestionar buena parte de las políticas de vivienda y, por tanto, “los principales interesados en aportar soluciones”.

El portavoz ha culpado del alza del precio de la vivienda con las decisiones del Ejecutivo central en los últimos años. “La vivienda es hoy el primer problema de los españoles y nos ha llevado a ello una política equivocada”, ha indicado. Para Carriedo, seguir con el mismo enfoque “no es la vía adecuada”.

La “ventaja comparativa” de Castilla y León

Con el ejemplo del mercado del alquiler en Soria, donde la oferta disponible se reduce a menos de 40 anuncios en un portal de alquiler y los precios alcanzan en muchos casos entre 750 y 1.200 euros mensuales, y solos dos opciones por debajo de los 600 euros, Carriedo ha afirmado que aunque los precios han aumentado en los últimos años, Castilla y León tiene mejor posición que el resto del país. “No significa que la vivienda sea más barata que antes, es más cara, pero somos la segunda comunidad donde menos ha subido el precio en los últimos cinco años y la tercera con el precio más bajo”, argumentó.

A su juicio, esta situación constituye una “ventaja comparativa” frente a otros territorios, lo que, según afirmó, explica que haya ciudadanos que opten por residir en la comunidad incluso trabajando en otras autonomías.

La alternativa de la Junta: Más oferta y seguridad

Frente al modelo estatal, Carriedo ha defendido que la Junta por una estrategia centrada en el aumento de la oferta y en generar confianza en el mercado del alquiler. “Hay una oferta muy débil frente a una demanda muy alta, y eso tiene un impacto muy importante en los precios”, ha indicado el portavoz en funciones

La receta, en su opinión, pasa por facilitar la construcción de vivienda, incentivar que los propietarios saquen sus inmuebles al mercado y garantizar seguridad jurídica suficiente. “Es muy importante dar la seguridad necesaria para que quien quiera alquilar su vivienda lo haga”, ha apostillado.

Carriedo ha destacado que Castilla y León garantiza ayudas al alquiler a todas las personas que cumplen los requisitos, lo que beneficia a más de 20.000 familias cada año. Además, la Comunidad ha desarrollado líneas de avales públicos para complementar la financiación hipotecaria y mantiene incentivos fiscales para la compra de vivienda, especialmente dirigidos a jóvenes y al medio rural.

Uno de los ejemplos que puso sobre la mesa el portavoz es el tipo superreducido del impuesto de transmisiones patrimoniales en el ámbito rural, que permite a un joven pagar apenas 15 euros por la compra de una vivienda de 150.000 euros, frente a los miles de euros que se abonan en otras comunidades.

Las comunidades del PP, contrarias el plan del gobierno

El posicionamiento de Castilla y León se suma al de otras comunidades, como Madrid, que ya han mostrado su rechazo al plan estatal por considerar que invade competencias autonómicas. El debate continuará en las próximas semanas en el marco de la conferencia sectorial de vivienda, donde Gobierno y autonomías deberán negociar los términos de aplicación del programa.

Primera bola de partido salvada. El desahucio de Txema Escorsa, un profesor de secundaria de 31 años y vecino del bloque Sant Agustí 14 en el barrio de Gràcia de Barcelona, se ha aplazado para el próximo 15 de abril tras una movilización vecinal contra el lanzamiento instado por el fondo New Amsterdam Developers.

El caso de este vecino de Gràcia es una realidad cada vez más frecuente en Barcelona: fondos de inversión compran fincas enteras o varias viviendas donde antes residían vecinos para destinarlos a 'coliving', esto es, trocear los pisos para arrendarlos por habitaciones. La principal diferencia es que esta modalidad es mucho más lucrativa que el alquiler tradicional y esquiva el tope de precios.

La comitiva judicial y un representante del fondo (que ha rechazado atender a los medios de comunicación) han comparecido pasadas las 9.30h. Tras constatar que la presencia de manifestantes impedía el desahucio, el lanzamiento se ha aplazado para el próximo 15 de abril, según el Sindicato de Inquilinos.

Desde la entidad han reclamado a New Amsterdam Developers empezar la negociación instada por el Ayuntamiento de Barcelona y la Sindicatura de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, para llegar a un acuerdo antes de la nueva fecha prevista para el lanzamiento.

“El próximo desahucio de este bloque será el 15 de abril. Nosotros estaremos aquí otra vez para demostrar la fuerza de la lucha por la vivienda”, ha dicho Escorsa desde el balcón de su casa. El inquilino, que ha sido recibido entre vítores tras conocer la decisión del aplazamiento, ha agradecido la movilización y el apoyo de los vecinos y miembros del sindicato.

“De las 11 familias que éramos, solo quedamos cinco. Pero las que decidimos quedarnos plantamos cara y seguimos resistiendo contra este negocio”, ha señalado Escorsa en declaraciones a los medios este miércoles. “Hoy soy yo, pero podría haber sido cualquier otro vecino. Los colivings nos están expulsando a todos”, ha denunciado.

Vecinos de otros bloques adquiridos por fondos de inversiones para hacer colivings también se han han intervenido desde el balcón de Txema explicando sus situaciones. Marga Aguilar, quien también enfrenta un juicio por negarse a abandonar su piso del edificio de La Papallona (también comprado por NAD), ha explicado que también tiene ya una fecha de desahucio prevista. “Hoy estamos aquí por Txema, porque estos lanzamientos solo se pueden frenar desde la movilización vecinal”, ha señalado la mujer a través del megáfono.

Otra vecina de las que ha hablado ha sido Rosario Castelló, la única vecina que aún persiste en el bloque de la calle Entença 69, después de que otro fondo de inversión comprara el edificio para hacer colivings. La mujer, de 63 años, convive ahora con decenas de chicos y chicas jóvenes, en su mayoría norteamericanos, que vienen a estudiar a Barcelona durante unos tres meses.

Para el lanzamiento de hoy, varios activistas se han concentrado desde las 7:30 frente al edificio sosteniendo pancartas pintadas con lemas como “Basta colivings ilegales”. Desde el Sindicato de Inquilinas de Catalunya habían organizado acciones reivindicativas previas. “Lo que se plantea no es solo un desahucio. Es un pulso entre los co-livings y los barrios donde desarrollar nuestra vida”, ha remachado el portavoz del sindicato, Enric Aragonès.

Entre sacos de dormir y esterillas, varios de los activistas han pasado la noche acampados en la calle peatonal de Sant Agustí como protesta. Además, durante la tarde del martes, se celebraron varios conciertos de artistas como Maria Hein o Ginestà, mientras actrices como Elisabet Casanovas, Betsy Túrnez o Joana Vilapuig han compartido vídeos en sus redes sociales animando a la movilización vecinal para frenar el desahucio.

Desde la compra del edificio por parte de New Amsterdam Development (NAD), los vecinos han enfrentado un verdadero vía crucis después de que la propiedad descartase renovar los contratos existentes. Los pisos se gestionan ahora desde la empresa New Nomads, creada por el propio fondo de inversión después de que la antigua empresa que lo hacía (Enter Coliving) optara por dejar de trabajar con NAD a finales de 2025, según explican desde el sindicato.

Seis familias del edificio optaron por marcharse meses atrás –algunas con niños– para evitar futuros desahucios, pero Escorsa y otros cuatro inquilinos más se resisten a abandonar sus hogares. Aunque su contrato venció en agosto de 2025, se niega a irse de su piso como protesta contra la especulación inmobiliaria.

Cuatro de los pisos ya se encuentran alquilados como coliving, habitados principalmente por estudiantes extranjeros. Dos inmuebles aún están vacíos, y desde el sindicato alertan de que las habitaciones –de menos de 10 m²– se alquilan por entre 800 y 930 euros, mientras Escorsa paga 810 euros por todo el piso, prácticamente lo mismo que la empresa cobra por una sola habitación.

La mayoría de los pisos tienen tres habitaciones. Con esto, la propiedad podría llegar a ingresar casi 2.700 euros por cada inmueble, una cifra que prácticamente triplica el tope fijado por la Generalitat de Catalunya el 1 de enero, según denuncian desde el sindicato. “Incluso con la ley en vigor siguen infringiendo conscientemente la regulación”, ha lamentado Escorsa.

La portavoz del Govern y consellera de Territori, Silvia Paneque, ha explicado en una entrevista en RAC 1 que la Generalitat realizó una inspección en el bloque este martes donde detectaron que podría haber un “incumplimiento de la normativa” al superar el límite máximo del precio del alquiler fijado por ley. Por este motivo, ha añadido que el Govern abrirá expedientes en todas las viviendas del bloque. Según el régimen sancionador, podrían haber multas de hasta 90.000 euros por piso.

Sin embargo, el Sindicato de Inquilinas denuncia que, en tres años, no se haya realizado ninguna inspección adecuada del edificio hasta el día antes del intento de desahucio. “Lo que pedimos a las administraciones es que sean contundentes. Es necesario aplicar el régimen sancionador correspondiente para que este modelo de coliving no les salga a cuenta”, ha subrayado el profesor de secundaria. New Amsterdam Development ya controla 11 edificios en Barcelona, en barrios como Gràcia, Eixample, Ciutat Vella y Sants-Montjuïc.

Tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat de Catalunya han rechazado el desahucio. “En ninguna ciudad permitiremos actuaciones abusivas contra el derecho de los vecinos y vecinas de vivir en sus barrios”, ha manifestado en X el president de la Generalitat, Salvador Illa.

El comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramón Riera, ha calificado de “inadmisible” continuar con el desahucio sin volver a la vía de diálogo que el consistorio abrió el otoño pasado. En octubre, el gobierno municipal se reunió con los vecinos del bloque y trasladó a la propiedad la necesidad de que los pisos se destinen a uso residencial.

El fondo ya ha recibido sanciones por valor de 20.000 euros por obras sin licencia. “A pesar de que las obras se han declarado ilegales, se han impuesto multas y hemos informado a la Generalitat sobre la vulneración de la regulación de precios, nada de lo hecho hasta ahora ha sido suficiente para evitar el desahucio de Txema”, ha agregado Aragonès.

Este martes, el Síndic de Greuges aceptó la propuesta del sindicato de actuar como mediador entre propiedad e inquilinos, medida también valoró positivamente el Ayuntamiento de Barcelona. El Síndic ya ha intervenido en casos como la Casa Orsola y las fincas municipales de Vallcarca, donde logró paralizar desahucios y reconvertir inmuebles en viviendas de protección oficial.

Sin embargo, Riera lamenta que la empresa no se haya mostrado abierta a negociar en ningún momento. “Para poder hacer como con la Casa Orsola, es necesario que la propiedad manifieste la voluntad de vender, y no es el caso”. ElDiario.es ha intentado contactar con New Amsterdam Developers para recabar su versión de los hechos pero no se ha obtenido respuesta.

La crisis de la vivienda sigue golpeando nuestro país. Jóvenes que no pueden emanciparse, personas de mediana edad que siguen haciendo números cada mes para afrontar los alquileres y, en definitiva, hogares cada vez más empobrecidos por hacer frente a una problemática que para el CIS “era el principal problema para el 42,6% de los españoles y españolas”, según el Barómetro de enero de 2026.

A partir del Informe de Vivienda y Bienestar 2025, elaborado por CCOO Castilla-La Mancha, conocemos que el parque total de vivienda en la región se sitúa en más de un millón (1.347.273), de las cuales 303.226 se encuentran vacías -el 8% de todas las que existen en España- y 135.783 son viviendas de uso esporádico, teniendo en cuenta datos de 2024.

La provincia de Toledo tiene casi 90.000 viviendas vacías

El mayor parque de viviendas a nivel provincial se encuentra en Toledo, con 439.385 viviendas, de las cuales 88.866 están vacías. Cuenca es la provincia con menor parque de viviendas, con 165.616, de las que 41.000 se encuentran vacías. Por otro lado, en lo que respecta a viviendas vacías, Ciudad Real se sitúa a la cabeza de provincias con mayor porcentaje, el 29% de su parque de viviendas.

En el caso de la provincia de Albacete, la capital provincial es la que cuenta con más viviendas vacías, más de 5.400. Seguidamente, Villarrobledo (2.735 viviendas vacías), Hellín (2.643) y Tobarra (1.448), entre otros.

Después, en la provincia de Ciudad Real, la capital provincial es la que cuenta con más viviendas vacías (6.384), seguida de cerca por Puertollano (6.380), Tomelloso (5.304) y Valdepeñas (4.354), entre otros.

En la provincia de Cuenca, la capital conquense es la que posee más viviendas vacías (3.240), Tarancón (844), Mota del Cuervo (561) y San Clemente (510), entre otros.

En la provincia de Guadalajara, la capital alcarreña cuenta con 3.232 viviendas vacías, seguida por Azuqueca de Henares (596), Marchamalo (385) y El Casar (382), entre otros.

Por último la provincia de Toledo, la localidad de Talavera de la Reina es la que cuenta con más viviendas vacías (5.049), seguida por Toledo (2.672), Fuensalida (2.089) y Ocaña (2.054).

Pocas viviendas de protección oficial

En Castilla-La Mancha, además de la “escasa producción de vivienda”, también destacan la escasez de Vivienda de Protección Oficial (VPO). Mientras que en 2008, previamente al estallido de la burbuja inmobiliaria, el peso de la VPO era del 8,63% construido, una “tasa insignificante”, en 2024 se construyeron 4.003 viviendas, de las cuales 159 eran VPO.

Desde CCOO Castilla-La Mancha apuntan que el problema de “la baja capacidad de generar vivienda protegida ha existido siempre, incluso en los años en los que la VPO alcanza sus porcentajes más altos, ese aumento no se debe a un impulso real de las políticas públicas, sino que coincide con el hundimiento de la vivienda libre por la desaparición del crédito”.

El 57,64% de titulares de vivienda tenían una única propiedad, donde los grandes tenedores (con más de 10 viviendas) representaban el 0,62%

Por otro lado, en Castilla-La Mancha la compraventa de vivienda es un fenómeno en ascenso. Esta tendencia, que se mantiene a la alza en los últimos diez años, refleja en septiembre de 2025 que a lo largo del año se compraron un total de 26.397 viviendas, de las cuales más de 25.000 fueron libres y 1.372 protegidas. El patrón provincial es homogéneo: Toledo, muy por encima de los demás, presenta la mayor parte de las operaciones, mientras Cuenca se mantiene como el mercado más reducido.

Por lo que respecta a la concentración de la vivienda en Castilla-La Mancha, en 2025 el 57,64% de titulares de vivienda tenían una única propiedad, donde los grandes tenedores (con más de 10 viviendas) representaban el 0,62%.

En este caso, los grandes tenedores con más viviendas por provincias se concentran en Albacete en la capital albaceteña, Hellín, Almansa y La Roda. Para la provincia de Ciudad Real, principalmente en la capital, Puertollano, Valdepeñas y Tomelloso.

Con respecto a la provincia de Cuenca, en la capital conquense, Tarancón, Las Pedroñeras y San Clemente. En Guadalajara, la propia capital alcarreña, Azuqueca de Henares, Alovera y Cabanillas del Campo. Por último, en la provincia de Toledo radican en la capital toledana, Talavera de la Reina, Ocaña y Seseña.

Baja el stock de vivienda nueva y se dispara el precio del suelo

Castilla-La Mancha poseía en stock, en el año 2024 y según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, más de 37.000 viviendas nuevas. La oferta de nueva vivienda está cayendo cada año, una tendencia que se observa desde 2011. El stock baja porque cada año se ofrecen menos viviendas nuevas, mientras que las disponibles se van vendiendo. Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo muestran caidas de entre el 20% y el 46%, lo que refleja una disminución continua del stock de vivienda nueva disponible. Un fenómeno llamativo es Guadalajara, donde su caída es cercana al 99%, y en 2024 solo poseía 35 viviendas nuevas disponibles.

El precio del metro cuadrado en Castilla-La Mancha se ha ido encareciendo en la última década, pasando en 2014 de 82,6 euros a 109,7 euros en 2025 -en este caso más de 66 euros por debajo de la media nacional-.

Si desglosamos este dato por provincias, los precios más altos de suelo urbano se dan en Ciudad Real (126,9 euros/m²), Toledo (118,2 euros/m²) y Albacete (108,8 euros/m²). Las provincias más económicas son Cuenca (108,9 euros/m²) -a pesar del fuerte crecimiento desde 2020- y Guadalajara (85,5 euros/m²).

¿Quién accede a la vivienda?

A partir del estudio realizado por CCOO Castilla-La Mancha, la distribución del régimen de la vivienda en la región por tramos de ingreso refleja que está concentrada en los niveles de renta media-baja.

De los 793.438 hogares existentes en la región, más de 67% se encuentra por debajo de los 2.000 euros mensuales, concentrándose en tramos de 500 a 1.000 euros. Una pauta que se repite igualmente en términos poblacionales, ya que más de 63% de las personas reside en hogares con ingresos inferiores a 2.000 euros mensuales.

El régimen de tenencia de la vivienda en Castilla-La Mancha presenta un marcado predominio de la propiedad, hasta el 78,9%, que radica en diferentes modalidades como: herencia, compra pagada al contado y la compra con hipoteca. Todo ello frente al alquiler estructuralmente minoritario, 11,5%.

Por lo que respecta a los alquileres, el 37% de los hogares inquilinos dispone de menos de 1.000 mensuales y casi un 29% se sitúa entre los 1.000 y 1.500 euros.

Las provincias de Guadalajara y Toledo lideran las zonas tensionadas donde la ciudadanía dedica el 50% de los ingresos al pago del alquiler

Más esfuerzo para hacer frente al alquiler

Si tomamos datos de octubre de 2025, el precio medio de alquiler por metro cuadrado en Castilla-La Mancha era de 8 euros: un piso de 90 metros cuadrados costaría alquilarlo alrededor de 720 euros mensuales.

La provincia de Guadalajara está a la cabeza en lo que se refiere al precio del alquiler: 9,6 euros el metro cuadrado, seguida de Toledo (8,4 euros), Albacete (7,9 euros), Cuenca (7,4 euros) y Ciudad Real (6,4 euros).

En el caso del esfuerzo por parte de la ciudadanía castellanomanchega para alquilar una vivienda se muestra un patrón claro en el periodo de 2010 a 2024, tomando como ejemplo un domicilio de 90 metros cuadrados. Castilla-La Mancha pasa de valores cercanos al 30% a superar el 40% de sus ingresos en 2024, superando el umbral que la Ley de Vivienda utiliza para definir zonas tensionadas, según CCOO.

Guadalajara y Toledo lideran la tensión, alcanzando ratios superiores al 50% de los ingresos del arrendatario, con un crecimiento muy fuerte a partir de 2021.

Vivienda turística y gentrificación con Toledo a la cabeza

Castilla-La Mancha poseía en mayo de 2025 más de 5.200 viviendas turísticas registradas. La provincia de Toledo representa el 31,93% de esas viviendas turísticas, Albacete (21,29%), Cuenca (18,20%) Ciudad Real (15.58%) y Guadalajara (13%).

¿Cómo hacer frente a la crisis de vivienda?

CCOO Castilla-La Mancha sigue defendiendo la intervención de los precios del alquiler a nivel regional. Aseguran que el modelo de Viena, “con más de 120 años es el único que ha sido capaz de generar unos precios a la baja en su zona de influencia, mantiene alquileres moderados pese a las subidas de las urbes más desarrolladas de Europa”.

Apunta el sindicato que el 43% de las viviendas son públicas y con carácter permanente, pertenecientes a las administraciones o a promotores sociales de vivienda sin ánimo de lucro o con lucro limitado. En este caso han conseguido precios accesibles y un mercado estable, donde a los inquilinos el alquiler les supone el 26% de sus ingresos de media.

Estas medidas de intervención también han llegado a otros lugares como Países Bajos, ciudades como París, Lille o Berlín.

Desde CCOO Castilla-La Mancha consideran que, a través de lo expuesto en este análisis, la región no cuenta con la suficiencia para la generación de vivienda nueva, y “hay que apostar por rehabilitar el parque más antiguo con el requisito de ponerla en alquiler a precios razonables”.

Aseguran que ante la “situación límite” de los jóvenes de entre 20 y 30 años la medida “más drástica sería intervenir el precio de la vivienda, sobre todo los alquileres que no deberían superar el 30% del salario de una familia, porque si no es imposible afrontarlo”.

El sindicato critica que las líneas puestas en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha “no sirven para abordar la crisis del precio y acceso a la vivienda ni a corto, medio ni largo plazo”. Sin embargo, señalan medidas que pueden aportar soluciones y que pasan por la constitución de forma “inmediata” del Fondo de Inversión Público para la Vivienda Asequible (FIVA), destinado a la financiación de políticas públicas en material de vivienda a nivel estatal.

Por otro lado, piden la promulgación de la ley de vivienda regional, así como constituir las empresas municipales de vivienda en las principales capitales de provincia, con contratos de alquileres a 75 años y con financiación vía impuestos especiales en materias de turismo, aplicando una carga impositiva a la vivienda vacía vía IBI.

Otra medida que proponen es generar junto a la empresa de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman) y las diferentes diputaciones provinciales un programa de vivienda rural con un tipo cualificado de protección oficial. También hablan de opciones como modificar la tipología de vivienda, vía ley de vivienda regional, eliminando la figura de vivienda protegida de iniciativa público-privada.

Por otra parte, sugieren la creación de un órgano conjunto en materia sancionadora que coordine las competencias de turismo en materia de vivienda turística, las de consumo en materia de contratos y las de vivienda o la creación de un cuerpo inspector de vivienda y suelo, fomentando también la coordinación con los ayuntamientos para que las policías municipales puedan sancionar.

Apuntan también a restringir temporalmente las bonificaciones en materia de IRPF y por renta, así como vehicular dichas cuantías a un programa de promoción de VPO y alientan a desarrollar un programa de bolsa de alquiler de vivienda asequible y desarrollar un modelo urbanístico más eficiente para Castilla-La Mancha, centrado en la movilidad eficiente dentro de las ciudades.

Por último, desarrollar un modelo profesional del sector de la construcción e inmobiliario, que esté ligado con la Fundación Laboral de la Construcción, que dote de soluciones a los problemas de falta de relevo y profesionalización de la construcción y rehabilitación.

Esporles vuelve a ir a contracorriente. Este pueblo mallorquín enclavado en plena Serra de Tramuntana, varios de cuyos vecinos batallan desde hace más de dos años por la desclasificación de los sondeos que habría encargado Adolfo Suárez para conocer si la opinión pública prefería un Estado monárquico o republicano, ha decidido desafiar las políticas del Govern de Marga Prohens (PP) en materia de vivienda. El pleno municipal aprobó a última hora de este miércoles la autodeclaración simbólica de la localidad como zona tensionada, una figura prevista en la ley estatal de vivienda que el Ejecutivo autonómico, con el apoyo de Vox, se niega a aplicar a pesar de la creciente presión inmobiliaria y del imparable encarecimiento de los alquileres. Esporles es, de hecho, uno de los municipios que de forma más acusada ha visto transformado su equilibrio social como consecuencia de la escalada de precios, la irrupción de inversores extranjeros de alto poder adquisitivo y el desplazamiento gradual de sus vecinos.

“El Ayuntamiento está obligado moralmente a hacer todo lo que sea posible para defender el derecho al acceso a la vivienda de los vecinos de nuestro pueblo”, subraya el alcalde de Esporles, Josep Ferrà, representante de la coalición ecosoberanista PAS-Més. En declaraciones a elDiario.es, señala que la autodeclaración como municipio tensionado es “un acto de autodefensa como pueblo” y de protección “de los derechos de aquellas personas que no llegan a final de mes para poder pagar un alquiler”.

Aunque las competencias en cuanto a la regulación de la vivienda corresponden al Govern, el gesto permite convertir un problema estructural en un conflicto político visible. No en vano, el acuerdo aprobado por el pleno no se limita a la autodeclaración como mercado tensionado, sino que traza una hoja de ruta institucional y jurídica: el Ayuntamiento trasladará formalmente al Ejecutivo la solicitud para que inicie el procedimiento oficial de declaración de zona tensionada y le instará a emitir una resolución motivada basada en datos objetivos. Asimismo, impulsará la elaboración de una memoria municipal específica sobre la situación del mercado residencial y, además, se reservará el derecho de estudiar acciones jurídicas contra la negativa del gabinete de Prohens a desplegar en Balears la Ley estatal 12/2023 por el derecho a la vivienda -más conocida como ley de vivienda-.

El Ayuntamiento está obligado moralmente a hacer todo lo que sea posible para defender el derecho al acceso a la vivienda de los vecinos de nuestro pueblo

Josep Ferrà — Alcalde de Esporles

Mediante la iniciativa sacada adelante con los votos de la mayoría de izquierdas, el consistorio también se compromete a continuar desplegando políticas locales de acceso a la vivienda y a reforzar el arraigo de la población residente. La propuesta precisa que la declaración de zona tensionada “no es únicamente un mecanismo de limitación de precios”, sino “un instrumento integral de política pública”, y desliza que la “negativa genérica” del Govern a aplicar la ley estatal “puede suponer una vulneración del principio de buena administración”. Asimismo, aclara que la declaración es compatible con las políticas de aumento de la oferta de vivienda. El Ayuntamiento prevé trasladar sus acuerdos al Ejecutivo balear, al Consell de Mallorca, a los grupos parlamentarios y a las entidades municipalistas.

Fincas de lujo, vecinos desplazados

Esporles, como otros pueblos de la Serra -el pulmón verde de Mallorca declarado en 2011 Patrimonio Mundial por la UNESCO-, ha pasado en menos de una década de ser un refugio discreto a convertirse en objetivo del capital internacional y los compradores extranjeros de alto poder adquisitivo. Algunos adquieren fincas para transformarlas en una más de sus múltiples y lujosas residencias; otros, para maximizar su rentabilidad mediante su reconversión en hoteles boutique u otros negocios vinculados al turismo de alto nivel. Un proceso que no solo ha disparado los precios de la vivienda con la consiguiente expulsión de su población residente, sino que también ha acelerado la privatización progresiva del entorno debido al cierre de caminos y las restricciones de acceso a espacios que durante generaciones fueron de uso común, agravando con ello el proceso de segregación social del municipio.

En estos momentos, el alquiler más barato es el de un “exclusivo piso” que, según el anuncio que lo publicita en Idealista, destaca por su “diseño”, “tranquilidad” y sus “vistas a la montaña”. El precio: 1.500 euros.

En estos momentos, el alquiler más barato es el de un "exclusivo piso" que, según el anuncio que lo publicita en Idealista, destaca por su "diseño", "tranquilidad" y sus "vistas a la montaña". El precio: 1.500 euros

Tal como subraya la moción de PAS-Més, la situación de emergencia habitacional se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad y expulsión residencial tanto en Esporles como en el resto de Balears. “Nuestro municipio ha experimentado en los últimos años un incremento sostenido y desproporcionado de los precios del alquiler y de la compra. Este aumento, junto con la presión especulativa, la escasez de oferta residencial y la conversión de viviendas en usos turísticos, ha provocado que muchas familias se encuentren en una situación límite”, prosigue el texto. El resultado, según el propio documento, es un proceso de expulsión residencial que afecta especialmente a jóvenes y familias trabajadoras, obligadas a destinar “una parte inasumible de sus ingresos al alquiler”, o bien a abandonar el municipio “en el que han crecido, trabajan o mantienen sus vínculos sociales y familiares”.

El Ayuntamiento solicitó formalmente al Govern la declaración oficial de zona tensionada, pero la respuesta fue negativa. La Dirección General de Vivienda argumentó que la medida es una potestad, no una obligación, y sostuvo que la limitación de precios podría reducir la oferta de alquiler en el mercado balear.

El Consistorio, sin embargo, rechaza ese razonamiento. La moción se ampara en la ley estatal de vivienda, que establece que un municipio puede ser declarado zona tensionada cuando el coste medio del alquiler o la hipoteca supere el 30 % de la renta media de los hogares, los precios hayan crecido de forma sostenida por encima del IPC, y exista un riesgo acreditado de exclusión residencial. El Ayuntamiento considera que Esporles cumple estos indicadores y que la declaración es necesaria para proteger a la población residente y garantizar el derecho a la vivienda. La autodeclaración simbólica es, en ese sentido, un acto de presión institucional: una forma de forzar al Govern a motivar su negativa con datos concretos o a asumir el coste político de ignorar la situación.

La moción se ampara en la ley estatal de vivienda, que establece que un municipio puede ser declarado zona tensionada cuando el coste medio del alquiler o la hipoteca supere el 30 % de la renta media de los hogares, los precios hayan crecido de forma sostenida por encima del IPC, y exista un riesgo acreditado de exclusión residencial

Esporles, símbolo de resistencia municipal

No es la primera vez que Esporles adopta decisiones institucionales que lo sitúan en el centro del debate político, en abierta contradicción, además, con el rumbo político del Govern de Prohens. En julio del año pasado, el Ayuntamiento aprobó la primera ordenanza municipal de memoria democrática del Estado, en respuesta a la derogación de la ley autonómica que prevén materializar populares y Vox. La norma local establece un marco normativo propio para reconocer, reparar y preservar la memoria de las víctimas del golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista: de acuerdo a las investigaciones memorialistas, entre el alzamiento fascista y 1939, los sublevados se llevaron por delante, de forma directa o indirecta, la vida de al menos 21 personas: diez de ellas fueron ejecutadas, nueve fueron víctimas de desaparición forzada -tres de las cuales han sido localizadas y exhumadas-, y dos más se suicidaron.

El año pasado, el Ayuntamiento de Esporles aprobó la primera ordenanza municipal de memoria democrática del Estado, en respuesta a la derogación de la ley autonómica que prevén materializar populares y Vox. La norma local establece un marco normativo propio para reconocer, reparar y preservar la memoria de las víctimas del golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista

El Grupo de Memoria Democrática de Esporles -constituida como delegación local de la asociación Memòria de Mallorca, eleva a cerca de 300 las mujeres y hombres que fueron represaliados “por tener unas ideas diferentes de quienes se sublevaron contra la Segunda República”. Entre otras medidas, la ordenanza contempla el reconocimiento institucional de las víctimas, la instalación de placas y elementos conmemorativos en espacios públicos, la revisión del callejero y de los honores municipales para eliminar referencias contrarias a los valores democráticos, y la creación de un registro local de quienes fueron perseguidos o sufrieron la confiscación de sus bienes.

También en Esporles, un grupo de 74 personas emprendió hace más de dos años una insólita batalla: que el Gobierno haga públicas las encuestas que el expresidente Adolfo Suárez habría encargado en 1976 para preguntar a la opinión pública si prefería un Estado monárquico o republicano, como el propio mandatario de UCD confesaría décadas después: “Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república... hacíamos encuestas y perdíamos”, señaló. La iniciativa convirtió al municipio en un actor inesperado en el debate histórico y político de la Transición.

Esporles torna a anar a contracorrent. Aquest poble mallorquí emplaçat en plena Serra de Tramuntana, alguns veïns del qual lluiten des de fa més de dos anys per la desclassificació dels sondejos que el 1976 hauria encarregat Adolfo Suárez per conèixer si l'opinió pública preferia un Estat monàrquic o republicà, ha decidit desafiar les polítiques del Govern de Marga Prohens (PP) en matèria d'habitatge. El ple municipal ha aprovat aquest dijous a darrera hora l'autodeclaració simbòlica de la localitat com a zona tensionada, una figura prevista en la llei estatal d'habitatge que l'Executiu autonòmic, amb el suport de Vox, es nega a aplicar malgrat la creixent pressió immobiliària i de l'imparable encariment dels lloguers. Esporles és, de fet, un dels municipis que de forma més acusada ha vist transformat el seu equilibri social com a conseqüència de l'escalada de preus, la irrupció d'inversors estrangers d'alt poder adquisitiu i el desplaçament gradual dels seus veïns.

“L'Ajuntament està obligat moralment a fer tot el que sigui possible per defensar el dret a l'accés a l'habitatge dels veïns del nostre poble”, subratlla el batle d'Esporles, Josep Ferrà, representant de la coalició ecosobiranista PAS-Més. En declaracions a elDiario.es, assenyala que l'autodeclaració com a municipi tensionat és “un acte d'autodefensa com a poble” i de protecció “dels drets d'aquelles persones que no arriben a final de mes per poder pagar un lloguer”.

Encara que les competències quant a la regulació de l'habitatge corresponen al Govern, el gest permet convertir un problema estructural en un conflicte polític visible. No en va, l'acord aprovat pel ple no es limita a l'autodeclaració com a mercat tensionat, sinó que traça un full de ruta institucional i jurídica: l'Ajuntament traslladarà formalment a l'Executiu la sol·licitud perquè inicii el procediment oficial de declaració de zona tensionada i l'instarà a emetre una resolució motivada basada en dades objectives. Així mateix, impulsarà l'elaboració d'una memòria municipal específica sobre la situació del mercat residencial i, a més, es reservarà el dret d'estudiar accions jurídiques contra la negativa del Govern a desenvolupar a Balears la Llei estatal 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge -més coneguda com a llei d'habitatge.

El Consistori també es compromet a continuar desplegant polítiques locals d'accés a l'habitatge i a reforçar l'arrelament de la població resident, i traslladarà els seus acords al Govern, al Consell de Mallorca, als grups parlamentaris i a les entitats municipalistes. La proposta precisa que la declaració de zona tensionada “no és únicament un mecanisme de limitació de preus”, sinó “un instrument integral de política pública”, i llisca que la “negativa genèrica” del Govern a aplicar la llei estatal “pot suposar una vulneració del principi de bona administració”. Així mateix, aclareix que la declaració és compatible amb les polítiques d'augment de l'oferta d'habitatge. L'Ajuntament preveu traslladar els seus acords a l'Executiu balear, al Consell de Mallorca, als grups parlamentaris i a les entitats municipalistes.

Finques de luxe, veïns desplaçats

Esporles, com altres pobles de la Serra --el pulmó verd de Mallorca declarat en 2011 Patrimoni Mundial per la UNESCO-, ha passat en menys d'una dècada de ser un refugi discret a convertir-se en objectiu del capital internacional i els compradors estrangers d'alt poder adquisitiu. Alguns adquireixen finques per transformar-les en una més de les seves múltiples i luxoses residències; altres, per maximitzar-ne la rendibilitat mitjançant la seva reconversió en hotels boutique o altres negocis vinculats al turisme d'alt nivell. Un procés que no només ha disparat els preus de l'habitatge amb la consegüent expulsió de la seva població resident, sinó que també ha accelerat la privatització progressiva de l'entorn degut al tancament de camins i les restriccions d'accés a espais que durant generacions van ser d'us comú, agreujant amb això el procés de segregació social del municipi.

En aquests moments, el lloguer més barat és el d'un “exclusiu pis” que, segons l'anunci que el publicita a Idealista, destaca pel seu “disseny”, “tranquil·litat” i les seves “vistes a la muntanya”. El preu: 1.500 euros.

Tal com subratlla la moció de PAS-Més, la situació d'emergència habitacional s'ha convertit en un dels principals factors de desigualtat i expulsió residencial tant a Esporles com a la resta de Balears. “El nostre municipi ha experimentat en els últims anys un increment sostingut i desproporcionat dels preus del lloguer i de la compra. Aquest augment, juntament amb la pressió especulativa, l'escassetat d'oferta residencial i la conversió d'habitatges en usos turístics, ha provocat que moltes famílies es trobin en una situació límit”, prossegueix el text. El resultat, segons el propi document, és un procés d'expulsió residencial que afecta especialment joves i famílies treballadores, obligades a destinar “una part inassumible dels seus ingressos al lloguer”, o bé a abandonar el municipi “en el qual han crescut, treballen o mantenen els seus vincles socials i familiars”.

L'Ajuntament va sol·licitar formalment al Govern la declaració oficial de zona tensionada, però la resposta va ser negativa. La Direcció General d'Habitatge va argumentar que la mesura és una potestat, no una obligació, i va sostenir que la limitació de preus podria reduir l'oferta de lloguer al mercat balear.

El Consistori rebutja aquest raonament. La moció s'empara en la llei estatal d'habitatge, que estableix que un municipi pot ser declarat zona tensionada quan el cost mitjà del lloguer o la hipoteca supera el 30% de la renda mitjana de les llars, els preus hagin crescut de forma sostinguda per sobre de l'IPC, i hi hagi un risc acreditat d'exclusió residencial. L'Ajuntament considera que Esporles compleix aquests indicadors i que la declaració és necessària per protegir la població resident i garantir el dret a l'habitatge. L'autodeclaració simbòlica és, en aquest sentit, un acte de pressió institucional: una forma de forçar el Govern a motivar la seva negativa amb dades concretes o a assumir el cost polític d'ignorar la situació.

Esporles, símbol de resistència municipal

No és el primer cop que Esporles adopta decisions institucionals que el situen en el centre del debat polític, en oberta contradicció, a més, amb el rumb polític del Govern de Prohens. Al juliol de l'any passat, l'Ajuntament va aprovar la primera ordenança municipal de memòria democràtica de l'Estat, en resposta a la derogació de la llei autonòmica que preveuen materialitzar populars i Vox. La norma local estableix un marc normatiu propi per reconèixer, reparar i preservar la memòria de les víctimes del cop d'Estat de 1936 i la dictadura franquista: d'acord amb les investigacions memorialistes, entre l'aixecament feixista i 1939, els sublevats es van endur, de forma directa o indirecta, la vida d'almenys 21 persones: deu d'elles van ser executades, nou van ser víctimes de desaparició forçada -tres de les quals han estat localitzades i exhumades-, i dues més es van suïcidar.

El Grup de Memòria Democràtica d'Esporles -constituït com a delegació local de l'associació Memòria de Mallorca- eleva a prop de 300 les dones i homes que van ser represaliats “per tenir unes idees diferents de qui es van sublevar contra la Segona República”. Entre altres mesures, l'ordenança preveu el reconeixement institucional de les víctimes, la instal·lació de plaques i elements commemoratius en espais públics, la revisió dels carrers i dels honors municipals per eliminar referències contràries als valors democràtics, i la creació d'un registre local dels qui van ser perseguits o van patir la confiscació dels seus béns.

També a Esporles, un grup de 74 persones va emprendre fa més de dos anys una insòlita batalla: que el Govern faci públiques les enquestes que l'expresident Adolfo Suárez hauria encarregat el 1976 per preguntar a l'opinió pública si preferia un Estat monàrquic o republicà, com el propi mandatari d'UCD confessaria dècades després: “Quan la major part dels caps de Govern estrangers em demanaven un referèndum sobre monarquia o república... fèiem enquestes i perdíem”, va assenyalar. La iniciativa va convertir el municipi en un actor inesperat en el debat històric i polític de la Transició.

José Manuel López (Madrid, 1966) llega con una ristra de propuestas para resolver el problema de la vivienda. Todas pasan por una premisa clave: ser imaginativo, inventar nuevas ideas. “Pasar de pantalla”, resume. Su nuevo libro, 'Casas. Hacer política con (la, nuestra, tu) vivienda' (Editorial Akal), es una radiografía del mercado inmobiliario y del alquiler actual. También una guía que evita vender balas de plata, pero que apunta a una consecuencia irrefutable: una sociedad que se divide entre “una parte a la que le cayó una casa y tiene la vida hecha y el resto”.

López es ingeniero de formación, especializado en planificación y urbanismo, con una amplia experiencia como gestor tanto en las administraciones públicas como en el sector privado. También en el ámbito político. Fue candidato de Podemos en la Comunidad de Madrid en 2015; director del plan de innovación Justicia 2030 del Ministerio de Justicia en 2020; y actualmente es director del gabinete de la ministra de Sanidad, Mónica García.

Propone sustituir el concepto ‘vivienda’ por el de ‘casa’.

Al escribir, me fijé en el término. Cuando invitas a alguien a cenar, lo invitas “a tu casa”, pero al preguntar a gente que tiene una vivienda que alquila, siempre me decían: “Yo vivo en una casa y alquilo una vivienda”. El concepto ‘casa’ nos permite pensar de otra manera, porque esa vivienda que se alquila es la casa de alguien. En torno a ese concepto, es mucho más fácil plantear cualquier tipo de política.

¿Se puede salir del relato de que la crisis de vivienda no tiene solución?

Sí, pero hay que cambiar de mirada. Cuando hablamos de vivienda encontramos dos salidas: construir mucho más o esa idea melancólica de ‘si fuéramos como Austria…’. No podemos construir mucho más y Austria ha tardado 100 años en lograr ese modelo. Tenemos que ver las casas como un ecosistema con cuatro elementos. Uno es el acceso, lo que está ahora encima de la mesa. Otro tiene que ver con el uso; con más de un millón de personas que no pueden bajar a la calle o que se han ido a una residencia porque no tienen ascensor. Está el impacto ambiental. Y un cuarto elemento, que tiene que ver con la economía. La construcción tenía un peso en la productividad, pero que ahora tiene más que ver con lo financiero, tanto para los fondos como para los hogares, que desde hace 60 años ahorran en ladrillo.

Hay otro elemento, la innovación. Estamos pensando en construir como siempre, pero la industrialización nos permite tener casas en cuatro meses. Si levantas la cabeza en ciudades como Madrid, Barcelona o València, verás que se están recreciendo los edificios. Si sales de la pantalla del acceso, aparecen otros elementos que pueden funcionar.

¿Eso debería ir acompañado de otras medidas? ¿Hasta dónde pueden crecer en alto las ciudades si no hay un aumento de los servicios públicos?

Hemos estado haciendo ciudades extensivas, que son las que no tienen transporte ni servicios públicos. Cuando montas un sistema de chalés adosados lejos del centro, las administraciones no tienen capacidad de generar servicios y el centro de salud llega 15 años después. Si lo haces sobre la ciudad consolidada, los servicios ya están ahí. En la Conferencia de Quito, en 2016, Naciones Unidas ya dijo que había que densificar en lugar de extender. Cualquier ciudad está llena de ‘agujeros’, de solares pendientes de algo, con los que puedes reconfigurar la ciudad. El recrecimiento te lo permite, siempre y cuando haya un control. Ahora lo hacen las élites, pero puedes sacar una ley que diga que todo lo nuevo es VPO permanente. Hay que volver a un sistema en el que la vivienda pase a ser redistribución y no un mercado libre, como lo es desde los años 80.

La sociedad se divide en dos, los ‘mochileros’ que han recibido ladrillo y los que no

¿Cómo ha influido el contexto social e ideológico en las políticas de vivienda de las últimas décadas?

El 80% de nuestras viviendas están construidas después del año 1960. Hay un primer ciclo, en el que Franco ve que se le está yendo la dictadura y reparte 8 millones de VPOs. No sé si mi padre tenía en la mano un lápiz o un cóctel molotov, pero cuando le dieron la casa, un quinto sin ascensor de 68 metros, lo soltó. Cuando en 2011 se cumplieron los 50 años de mi barrio, se hizo una reunión y ocho de cada diez vecinos, entre ellos mi padre, decían que conocían a alguien en el Ministerio de Vivienda. Les habían convencido de que era un favor personal. Ahí se consigue que empecemos a ahorrar en ladrillo y que la propiedad sea un valor para los españoles.

Luego llegó el segundo ciclo, con Felipe González, donde se pasa a las ayudas en el IRPF, que supusieron una transferencia de 160.000 millones. El gran problema entonces fue la descalificación. Mis padres estaban muy contentos, porque pasaron de vivir en una casa de 300.000 pesetas a una de tres millones. Fue la gran redistribución, pero el Estado estaba diciendo que, desde ese momento, cada familia se ocupa de su siguiente generación. A partir de ahí, la sociedad se divide en dos: los mochileros que han recibido ladrillo y los que no.

¿Qué tiene de generacional esta crisis?

Tiene una parte generacional, pero también territorial. Los precios de las VPO estaban tasados, daba igual si tenías casa en Palencia o en Madrid. Cuando levantas la protección, tu casa en Palencia vale una cosa y en Madrid, otra. Si te tocó en el centro tienes una herencia; si te tocó en un barrio, otra. Y tiene una parte de vulnerabilidad, que no afecta solo a los jóvenes, sino a quienes tienen menos renta o a ese 14% de la población que llegó después a nuestro país y no estaba el día que se repartieron las mochilas.

Como la cultura es el ladrillo, según caen las herencias del primer ciclo, mucha gente decide comprar una casa, para sus hijos o para alquilarla. Eso sube los precios, el que ahorra [para su primera vivienda] no llega y el que compra, como paga más, lo carga al alquiler, así que la división se hace todavía más grande. Hay que controlar este sistema para que eso no siga creciendo.

En el libro dice que las decisiones de cada uno van a influir en el resto, “alteran el ecosistema”. En un país donde alrededor del 90% del parque de alquiler está en manos de pequeños propietarios, ¿hasta qué punto afectan las decisiones personales en la crisis de la vivienda?

Tienes una crisis, no puedes ponerte en manos de decisiones personales. Las estadísticas dicen que el 75% de la población tiene vivienda en propiedad y un 18% vive de alquiler. De estos, el 15% está en el mercado y un 3% son rentas antiguas o gente que las alquila a un familiar o un conocido por debajo de mercado. ¿Y el otro 7%? El dato no es fácil de encontrar, pero es gente que ha comprado una casa y se la está dejando a sus hijos o a sus nietos. Es decir, cuatro de cada diez casas en alquiler están fuera del mercado. Es una masa social que no está especulando, que te apoyarían si tomas la decisión de regular. El conflicto no es entre casero e inquilino, sino de especuladores contra el resto.

Habla también de las viviendas vacías.

Tenemos casi cuatro millones de viviendas vacías y ese relato de que están donde la gente no quiere vivir no es cierto. En Madrid hay 97.000 y en Barcelona, 75,000, pero la gente no las saca [en alquiler] por miedo a impagos o porque es mucho lío. Prefieren no ganar dinero. Si la Administración es capaz de darles tranquilidad, por ejemplo, a través de una agencia pública que alquile viviendas privadas, mientras le pones un impuesto a la vivienda vacía, estás movilizando miles de casas.

¿Cómo se puede llegar a esas personas que necesitan rehabilitar sus edificios sin que eso suponga una transferencia de recursos públicos a manos privadas?

La vía más fácil para resolver el tema de la vivienda es la rehabilitación. Imagina un edificio sin ascensor en un barrio donde la población mayor no puede bajar a la calle y, además, tiene frío porque es ineficiente. Se puede sacar una normativa que permita recrecer el edificio con dos VPO, a condición de que las plusvalías se destinen a rehabilitar la finca. En una sola intervención estás generando un mercado nuevo de vivienda protegida, mientras resuelves los problemas de los vecinos. Y además pones condiciones: si tienes la vivienda vacía o la estás alquilando por encima del rango de precios que yo decida, no te puedo ayudar. Si para una rehabilitación de 40.000 euros yo te pongo 25.000, si no cumples estas condiciones y tienes que ponerlo todo de tu bolsillo, enseguida te salen las cuentas.

En el libro aborda la fiscalidad. ¿Qué le parece la propuesta del PSOE de modular la bonificación del IRPF de la que disfrutan los caseros si bajan los precios?

Es un error. La vivienda tiene que volver a ser un sistema de redistribución. Si transfieres impuestos al que ya tiene, estás haciendo un sistema de redistribución inverso, que amplía un poquito más la brecha entre los que pueden y los que no pueden. Además, no va a funcionar: a quien puede subir el precio todo lo que quiera, le da igual la bonificación, porque siempre podrá subirlo por encima. El marco político no tiene que ser inquilinos y caseros, sino especuladores contra el resto. Una amiga me decía que alquilaba su vivienda por un precio adecuado, 1.100 euros al mes. Al preguntarle cuánto cobraba antes, me respondía que 700. Entonces es una especuladora. Un ahorrador aspira a ganar un 5%, no un 30%. El ahorro es correcto, la especulación, no.

Este discurso de no enfrentar a inquilinos con caseros es también el del presidente Sánchez. ¿No aleja a una parte de los inquilinos, ahogados por el alquiler?

Aleja a una parte de los inquilinos y no interpela a una parte de los caseros, a ese 40% que han sacado sus casas del mercado y se las alquilan a sus entornos. El problema es quién quiere especular. Los fondos siempre quieren; los grandes tenedores siempre quieren; y los pequeños tenedores, ¿cómo les ayudamos a que estén en el lado correcto de la historia? No lo vamos a hacer apelando a su solidaridad, sino tomando una decisión política y empezando a sacar normas. Yo hago una propuesta: una ley de beneficios razonables, como la que dice cuánto ganan las eléctricas. Bastaría con meter al sector de la vivienda, para que todo el mundo estuviera tranquilo. ¿Este año se gana un 5%? Pues se gana un 5%, que no es lo mismo que que te suban el alquiler un 5%.

Las próximas elecciones van de resolver el problema de la vivienda

Hay mucho diagnóstico, pero ¿se está actuando sobre el problema?

No lo suficiente. Hay una especie de miedo a abordarlo y poca capacidad para salir de ese punto melancólico o de construir más. Hay más cosas que hacer, tenemos que pasar de pantalla. Nos hemos metido en la cabeza que la vivienda es escasa, que la única manera de solucionar el problema es por la vía ortodoxa, aunque tardemos años en hacerlo.

Últimamente se habla de recuperar la ilusión en la izquierda. En los últimos años los precios del alquiler se han disparado, miles de familias dedican buena parte de sus ingresos a pagar la renta y a los jóvenes les cuesta cada vez más emanciparse. Esto ha pasado en ocho años de Gobierno de coalición progresista. ¿Se podía haber hecho más?

La ilusión pasa por resolver este tema. Las próximas elecciones van de cosas, pero la central es resolver el problema de la vivienda. El 15M surge por la vivienda [tras el estallido de la burbuja inmobiliaria], pero la crisis en ese momento estaba centrada en la corrupción, era una crisis política, económica, de cierre del modelo. En 2015 empezamos a hablar de emergencia climática, inteligencia artificial, cuidados y feminismo. La vivienda sigue estando ahí, pero estábamos en otra. En política las decisiones no se toman de un día para otro, hay una presión social que te va llevando al borde del precipicio. Hace ocho años la sociedad no estaba con esto en la agenda e igual la prioridad no era la vivienda. Ahora mismo es la prioridad máxima y hay que resolverlo con valentía. Se está dividiendo a la sociedad en dos, la mitad de la población que está bastante contenta cuando llega a su casa y quien vive esto con ansiedad.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid contra varios preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, al considerar que el Estado tiene competencias para regular aspectos básicos. Se trata de la cuarta ocasión en la que el Tribunal se pronuncia sobre la constitucionalidad de dicha norma estatal, informa Europa Press.

La resolución, que cuenta con cinco votos particulares discrepantes, esgrime que el Estado puede definir la vivienda como derecho subjetivo y quiénes son sus titulares, para garantizar la igualdad en su ejercicio en todo el país. Además, señala que también puede extender ese derecho a ciudadanos extranjeros, dentro de sus competencias para regular el estatuto jurídico de los extranjeros y las condiciones de igualdad. El Gobierno de Ayuso se niega a aplicar la ley que intenta, entre otros objetivos, reducir el precio de los alquileres en las zonas tensionadas.

El recurso del Gobierno madrileño, de carácter íntegramente competencial, reprochaba a los preceptos impugnados su falta de cobertura en los títulos invocados por el Estado para su aprobación, así como la correlativa invasión de las competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid. Se centraba muy especialmente en la competencia sobre vivienda y urbanismo prevista en el artículo 26.1.4 de su Estatuto de Autonomía y en el de las competencias municipales en materia de urbanismo.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado progresista Ramón Sáez Valcárcel, ha confirmado la constitucionalidad del artículo 8.a) de la Ley 12/2023, según el cual “todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, ya sea en régimen de propiedad, de arrendamiento, de cesión de uso, o de cualquier otro régimen legal de tenencia”.

Frente a lo señalado en la demanda, el Tribunal ha concluido que el legislador estatal goza de competencias, por una parte, para configurar a la vivienda como derecho subjetivo y delimitar el círculo de sus titulares, así como para, de otro lado, extender la titularidad del derecho a los ciudadanos extranjeros

En cuanto a lo primero, la sentencia concluye que tanto la naturaleza técnico-jurídica como la titularidad del derecho a la vivienda son extremos cuya determinación “resulta trascendental a la hora de garantizar la igualdad de todos los españoles en su ejercicio en tanto que derecho constitucional, finalidad a la que sirve la competencia reconocida al Estado en el artículo 149.1.1ª de la Constitución Española y que dota así de cobertura al precepto impugnado”.

Por lo que respecta a lo segundo, el Tribunal ha confirmado que el legislador estatal actúa en legítimo ejercicio de sus competencias al extender la titularidad del derecho de “todos los españoles” a “todos los ciudadanos” (alusión en la que podrían entenderse incluidos los ciudadanos extranjeros).

Señala que “el mencionado artículo 149.1.1ª le permite regular las condiciones básicas necesarias para garantizar la igualdad de todos los españoles, el artículo 149.1.2ª le habilita, en una lectura integrada con el artículo 13 CE y según ha establecido la doctrina constitucional (en especial, STC 87/2017, de 4 de julio), para fijar el ”estatuto jurídico del ciudadano extranjero“.

Aspecto este en el que se incluye, por lo que ahora especialmente importa, “la determinación, en cuanto cuestión más primordial del régimen jurídico del extranjero en España, de los derechos que, correspondiendo, en principio, a los españoles, deben ser extendidos a los ciudadanos de otras nacionalidades radicados en nuestro país”, o, lo que es lo mismo, a la fijación de las condiciones de igualdad entre extranjeros y españoles en la titularidad de los derechos constitucionales.

Desde el Ministerio de Vivienda celebran que la Justicia haya “avalado por cuarta ver la constitucionalidad” de la ley y reclaman a las comunidades autónomas que la apliquen. “Es plenamente constitucional y funciona, harían un favor al interés general si aparcaran sus intentos de zancadillear la acción del Gobierno y se sumaran a las soluciones, aprovechando todas las herramientas a su alcance”.

El precio medio del alquiler en Catalunya se situó en los 876,83 euros en el tercer trimestre de 2025, según los datos oficiales del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) publicados este domingo. Se trata de un aumento del 2,5% respecto al trimestre anterior, cuando la renta media era de 854,7 euros, y de un repunte del 0,9% respecto al primer trimestre de 2024, el último sin aplicarse el tope de precios. En Barcelona ciudad, el importe medio alcanzó los 1.153,11 euros, un 1,5% más que en el trimestre anterior (1.135,55 euros), pero un 3,3% por debajo desde que se regula el precio (1.193,5 euros en el primer trimestre de 2024). En las áreas tensionadas, el precio medio fue de 894,78 euros, un 2,7% más que en el trimestre anterior.

Los datos ofrecidos por el Govern calculan estas medias teniendo en cuenta únicamente los alquileres de vivienda habitual y no los que se ofrecen como arrendamiento de temporada, una modalidad que desde la entrada de la regulación se ha disparado en toda Catalunya pero muy especialmente en Barcelona.

Según el Govern, la variación trimestral de los precios es “coherente” con el mecanismo de fijación de precios porque los nuevos contratos toman como referencia el precio de los contratos anteriores más el IPC acumulado o el índice. En consecuencia, las variaciones trimestrales tienden a heredar las producidas cuando se firmaron estos contratos anteriores, hace entre cinco y siete años, actualizadas con el IPC, según ha indicado el Departamento de Territorio en una nota de prensa.

En los municipios de zonas no tensionadas, es decir, donde no se aplica el tope, el precio medio del alquiler fue de 617,41 euros, un ligero descenso del 0,8% respecto al trimestre anterior (622,49 euros), según los datos de fianzas en Incasòl.

Si se observan los contratos, durante el tercer trimestre se firmaron 26.962 en Catalunya, un 2% más que en el trimestre anterior (26.416). Ahora bien, la cifra se sitúa bastante por debajo de lo habitual antes de la aplicación de la ley estatal de vivienda y la declaración de zonas de mercado residencial tensionado (34.495 contratos en el primer trimestre de 2024).

En Barcelona ciudad, se firmaron 7.855 contratos entre julio y septiembre, un 6% más que en el trimestre anterior (7.411), pero, de nuevo, por debajo de la cifra registrada antes de la aplicación del tope (9.827 contratos en el primer trimestre de 2024).

Tarragona, la única demarcación en la que los alquileres bajan

Por demarcaciones, resalta que Tarragona fue la única donde los alquileres descendieron durante el tercer trimestre, aunque de forma muy ligera. En concreto, el importe medio se situó en 595,05 euros, 1,39 euros menos que entre abril y junio (596,44 euros).

Barcelona se mantuvo como la demarcación con el mayor precio, hasta los 969,32 euros de media, un 2,47% trimestral más (vs. 945,94 euros). Le siguió Girona, con 696,3 euros, un 4,11% más que en el trimestre anterior (vs. 668,8 euros). En términos porcentuales, Lleida fue la que registró un mayor incremento, del 5,66%, hasta los 530,7 euros (vs. 502,27 en el segundo trimestre).

En cuanto al número de contratos, Girona fue la única que registró una caída trimestral, del 8,7%, hasta las 2.558 firmas (vs. 2.802 entre abril y junio). En Lleida se registró el mayor repunte, del 7,5%, hasta los 1.542 contratos; en Barcelona aumentaron un 2,8%, hasta 19.872 y en Tarragona un 4,7%, hasta 2.990.

Según los datos difundidos por el Govern este domingo, el tercer trimestre de 2025 fue el segundo con menor incremento en el número total de contratos de temporada desde el inicio de la contención de rentas. En concreto, se registraron 341 viviendas.

En la nota de prensa, el Govern destacó la “tendencia a la moderación” de los precios en el tercer trimestre, que continuaron “con un crecimiento sostenido, por debajo de la inflación”. Según los cálculos del Departamento de Territorio, en promedio los alquileres se mantuvieron “prácticamente estables” en el conjunto de los municipios declarados zona de mercado residencial tensado, con un repunte de los precios del 0,8%. Por el contrario, han asegurado que fuera de los municipios regulados los importes subieron un 5,7% por encima de la inflación entre el primer trimestre de 2024, el último sin contención de rentas, hasta el tercer trimestre de 2025.

Vilablareix, el municipio con el alquiler más elevado

Los datos del Incasol también muestran datos por municipios. Entre los alquileres más elevados, la primera posición del ranking la ocupó Vilablareix (Gironès), con una media de 1.627,78 euros mensuales. Le siguieron Alella (Maresme), con 1.622,73 euros; San Vicente de Montalt (Maresme), con 1.611,27 euros; Sant Just Desvern (Baix Llobregat), con 1.547,64 euros; Fornells de la Selva (Gironès), con 1.540,33 euros; y Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), con 1.483,06 euros.

Hace unos cinco años ya escribíamos sobre uno de los grandes problemas de nuestro país, pues el acceso a una vivienda digna era misión imposible para la clase trabajadora, dado que el derecho a la vivienda chocaba con lo que las élites y el sistema capitalista salvaje defendían: considerarlo como un instrumento de negocio, un producto estratégico de los mercados.

El tiempo pasa muy rápido y la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones para la mayoría de la ciudadanía. España se enfrenta a una crisis de acceso a la vivienda que se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos del país en los inicios de 2026. Los precios de compraventa y, especialmente, de alquiler han alcanzado niveles récord en muchas ciudades, mientras que los salarios no crecen al mismo ritmo. Esto genera exclusión residencial, sobrecarga económica en las familias (con alquileres que absorben hasta el 50-60% de los ingresos en algunos casos) y tensiones demográficas y territoriales.

Un factor clave que agrava esta situación es el déficit estructural de vivienda pública y social protegida. España cuenta con un parque de vivienda social muy bajo en comparación con Europa, pues representa solo alrededor del 3% del stock total de viviendas (según diversas fuentes como Eurostat y Banco de España). La media europea se sitúa en torno al 9%, con países como Países Bajos (30%), Austria (24%) o Dinamarca (20%) muy por delante de nosotros. Este bajo porcentaje se debe a décadas de escasa promoción pública: en los últimos 10-12 años se han calificado o construido muy pocas unidades protegidas (a menudo menos de 15.000 al año), frente a ritmos de 60.000-80.000 anuales en periodos previos a la crisis de 2008. Además, muchas viviendas protegidas antiguas han pasado al mercado libre tras perder su calificación, lo que impide acumular un parque habitacional estable.

Se deben construir muchas más viviendas públicas sociales, y esto no es una opción, es una necesidad imperiosa. Nuestro país no puede permitirse seguir a la cola de Europa en este ámbito si quiere resolver su principal problema social. El camino impulsado en 2025 debe acelerarse drásticamente en 2026 y años siguientes, combinando inversión pública, suelo disponible y modelos de alquiler asequible estables y permanentes. Solo así se podrá garantizar el derecho a una vivienda digna para millones de personas. Recordemos que el derecho a la vivienda está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Social Europea y la Constitución Española, pero lamentablemente las políticas públicas, como decíamos anteriormente, tratan la vivienda como un simple objeto de mercado, priorizando la propiedad privada y abandonando la construcción de vivienda social.

Centrándonos en Castilla-La Mancha, en nuestra tierra, el problema también es real (subidas fuertes en alquiler, dificultades para jóvenes), pero menos agudo que en Madrid, Barcelona o Baleares gracias a precios base más bajos. La clave estará en si la nueva oferta (pública y privada) logra equilibrar la demanda en los próximos 2-3 años, especialmente en zonas tensionadas como Albacete o el eje Toledo-Guadalajara. Aunque los precios absolutos siguen siendo de los más bajos del país, se observa un encarecimiento notable en los últimos años, especialmente en alquiler, junto a dificultades de acceso para jóvenes y familias de rentas medias-bajas. Aunque Castilla-La Mancha no está entre las más caras (precios ≈30-40% por debajo de media nacional), el ritmo de aumento (especialmente alquiler) genera tensión.

Desde diferentes ámbitos se critica al presidente Emiliano García-Page por la política de vivienda social y de alquiler en Castilla-La Mancha, dado que Page está haciendo énfasis en rebajas fiscales e incentivos a la oferta pública/privada, olvidando posturas intervencionistas en este terreno. Ya en noviembre de 2025 se dejó pasar una gran oportunidad en la reforma del Estatuto de Autonomía, pues excluye la vivienda como un derecho fundamental, el nuevo texto estatutario dedica más tiempo al aumento de escaños en las Cortes regionales que a blindar derechos sociales clave como el acceso a una vivienda digna.

Debemos presionar para que se haga realidad una nueva Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha, donde se garantice el derecho a una vivienda digna y se aporten soluciones estructurales como más parque público de alquiler social, no todo quede en anuncios de construcción y después la mayoría sin ejecución. La vivienda no puede seguir siendo un negocio para unos pocos mientras se convierte en un problema para la mayoría. Defender la vivienda es defender la dignidad y la calidad de vida de jóvenes, trabajadores y personas vulnerables.

Es el momento de poner la vivienda en el centro de la agenda pública, donde se camine hacia un Pacto de Estado para lograr un compromiso de todas y todos con un modelo de vivienda más justo, asequible y accesible para todas las personas.

Las organizaciones sociales que trabajan por el derecho a la vivienda en el Pirineo han sometido a los partidos políticos aragoneses a un “examen” en materia de vivienda de cara al 8F. Un análisis de los programas electorales arroja un veredicto claro: solo PSOE, Chunta Aragonesista (CHA), Izquierda Unida (IU) y Podemos incorporan medidas estructurales que ‘permiten frenar la expulsión residencial, regular el mercado y garantizar el acceso a una vivienda asequible’. El resto de formaciones —PP, Vox y PAR— se centran en fórmulas de mercado o incentivos económicos, mientras que Coalición Existe plantea intervenciones públicas directas en municipios pequeños, aunque sin desarrollar un plan estructural de regulación general ni un parque público amplio.“

La vivienda se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía aragonesa, según el último barómetro del CIS, donde un 22,1% de la población sitúa este problema en primer lugar entre los retos de la comunidad autónoma, por encima incluso de la sanidad o la despoblación. Esta inquietud social coincide con las demandas de colectivos como Vivienda Digna del Pirineo, que instan a los partidos a adoptar medidas estructurales —como la regulación de precios, la ampliación del parque público y el control del uso turístico— para garantizar el derecho a la vivienda y frenar la expulsión residencial. El movimiento Vivienda Digna del Pirineo ha trasladado a las candidaturas un documento con propuestas.

Zonas tensionadas y turistificación 

Las asociaciones reclaman la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, prevista en la Ley estatal de Vivienda, como “herramienta clave” para frenar la escalada de precios y proteger el alquiler residencial. En este punto, PSOE, CHA, IU y Podemos recogen explícitamente esta medida en sus programas: IU plantea aprobar “la Ley de Vivienda de Aragón que garantice el derecho constitucional a una vivienda digna” y que establezca “zonas con el mercado residencial tensionado”; el PSOE asegura que aplicará “control de precios y regulación del alquiler, según la Ley estatal de Vivienda”, CHA propone “aprobar una Ley Aragonesa de Vivienda y desarrollarla reglamentariamente”, garantizando la “función social de la vivienda” y Podemos plantea aplicarla “de manera inmediata” y “con carácter reforzado mediante legislación específica propia del ámbito competencial autonómico”.

Por el contrario, PP, Vox, PAR y Coalición Existe no plantean declarar zonas de mercado residencial tensionado ni aplicar controles de precios del alquiler previstos en la Ley estatal de Vivienda. El PP apuesta por aumentar la oferta mediante colaboración público-privada, incentivos fiscales y agilización urbanística; Vox rechaza cualquier intervención en el mercado y defiende su liberalización; el PAR centra su propuesta en rehabilitación y movilización de vivienda, especialmente en el medio rural; y Coalición Existe no plantea declarar zonas tensionadas ni controles de precios generales, aunque sí propone intervenciones públicas concretas en municipios con problemas de acceso a la vivienda, como la construcción de viviendas públicas, topes al alquiler en zonas turísticas y un Banco Público de Vivienda Rural.

Otro eje central del documento es el control efectivo del uso turístico de viviendas y del fraude en los alquileres de corta duración, especialmente en el Pirineo, donde la turistificación ha reducido drásticamente el alquiler de larga duración y ha impulsado la expulsión de población residente. En este ámbito, PSOE, CHA, IU y Podemos plantean regular la vivienda turística en zonas saturadas y dotar a los ayuntamientos de herramientas de inspección y control. IU defiende “limitar y regular la proliferación de viviendas de uso turístico, especialmente en zonas tensionadas”, mientras CHA propone “desarrollar medidas específicas, en colaboración con Turismo, para aquellos municipios afectados por subidas dramáticas a la compra y alquiler de vivienda habitual por el dominio de vivienda turística”, desde Podemos también propone establecer esas zonas tensionadas “para congelar los alquileres y garantizar el derecho a la vivienda” y suspender la concesión de nuevas licencias de uso turístico “en municipios donde el acceso a la vivienda esté comprometido”. PP, Vox y PAR no plantean límites a los pisos turísticos ni mecanismos de control específicos, centrando sus propuestas en la dinamización económica y la rehabilitación. Coalición Existe sí menciona el impacto del turismo en el acceso a la vivienda en algunos municipios y propone priorizar el alquiler residencial y contener precios en zonas tensionadas, pero sin articular herramientas concretas de regulación del uso turístico ni restricciones a licencias.

Parque público de vivienda y modelos alternativos 

Vivienda Digna del Pirineo plantea ampliar el parque público en alquiler a perpetuidad hasta alcanzar al menos el 20 % del parque residencial, priorizando la compra y rehabilitación frente a la nueva construcción. En Aragón, menos del 0,5 % del parque es actualmente público, frente a una media europea superior al 8 %. PSOE, CHA, IU y Podemos asumen la necesidad de una expansión fuerte y permanente del parque público de alquiler como política estructural. CHA e IU defienden además que este parque sea “mayoritariamente de titularidad pública o comunitaria”, mientras que el PSOE lo vincula también a “fórmulas de colaboración con el tercer sector” y Podemos plantea alcanzar las 5.000 viviendas de titularidad pública en Aragón para “seguir igualándolo al nivel medio de países europeos”. En cambio, la propuesta del PP se centra en la colaboración público-privada y en incentivos fiscales para dinamizar el mercado. Su objetivo principal es crear un parque de 10.000 viviendas públicas en un plazo de 10 años, integrando el alquiler asequible y la opción a compra. Para facilitar el acceso a los jóvenes, proponen el “Aval Emancipa”, que garantiza hasta el 95% de la hipoteca, junto con una reducción del 50% en los impuestos de compra para menores de 36 años en viviendas de hasta 225.000 €. Además, apuestan por la rehabilitación en el medio rural y un seguro público de alquiler que proteja a los propietarios frente a posibles impagos.

Vox apuesta por una liberalización del mercado y una lucha “frontal contra la ocupación”. Su programa incluye el compromiso de construir 7.000 viviendas anuales mediante la liberación de suelo y fuertes rebajas fiscales. Proponen una Ley Anti-Okupas que garantice el “desalojo en un máximo de 48 horas y brinde asesoramiento integral a las víctimas”. También ofrecen una línea de préstamos sin intereses para particulares destinados a la rehabilitación de su vivienda habitual y fomentan el acceso popular a la propiedad privada sobre el modelo de alquiler.

Coalición Existe plantea una intervención pública directa y ambiciosa, especialmente en los municipios pequeños. Su medida más destacada es la exigencia de construir al menos cuatro viviendas públicas de alquiler en cada núcleo de población de Aragón. Proponen la creación de un Banco Público de Vivienda Rural para gestionar casas desocupadas, ofreciendo a los propietarios reformas básicas y seguros de impago. Además, defienden la aplicación de topes al alquiler en municipios turísticos y una rehabilitación exprés con ayudas directas para mejorar el aislamiento y la calefacción en zonas frías.

El PAR enfoca su política en la movilización de recursos existentes y la protección estricta de la propiedad privada. Su plan incluye la firma de convenios con ayuntamientos para activar viviendas vacías en el medio rural a través de programas de rehabilitación. Proponen utilizar activos de la Sareb y entidades bancarias para ampliar la oferta de vivienda protegida, con especial atención a las zonas tensionadas por el turismo. Asimismo, defienden la propiedad como un derecho inalienable y se comprometen a agilizar la resolución de situaciones de ocupación ilegal.

Las asociaciones también proponen promover cooperativas y asociaciones de vivienda sin ánimo de lucro como alternativa estable al mercado especulativo, siguiendo modelos europeos como el de Viena. CHA, IU y Podemos incorporan explícitamente este enfoque en sus programas, mientras que el PSOE lo vincula a “fórmulas de colaboración público-social y al tercer sector”. El resto de formaciones —PP, Vox, PAR y Coalición Existe— no incluyen este tipo de modelos no lucrativos entre sus propuestas.

Entre las medidas planteadas figura además la creación de programas públicos de mediación en el alquiler, que ofrezcan garantías a propietarios y seguridad a inquilinos para movilizar vivienda vacía hacia el alquiler estable, así como la creación de oficinas municipales o comarcales de vivienda que centralicen gestión y acompañamiento. Estas herramientas son recogidas por PSOE, CHA, IU y Podemos, que apuestan por reforzar la intermediación pública en el mercado del alquiler. En cambio, PP, Vox y PAR centran sus propuestas en incentivos fiscales y medidas voluntarias para propietarios, mientras que Coalición Existe plantea la intervención directa mediante el Banco Público de Vivienda Rural, movilización de viviendas vacías y rehabilitación exprés, aunque sin programas de mediación pública generalizada.

“No sirven promesas vacías”

Desde Vivienda Digna del Pirineo subrayan que este tipo de medidas no son “utopías ideológicas”, sino políticas ya contrastadas en otros países europeos y avaladas por la Comisión Europea en su Plan de Vivienda Asequible, que apuesta por liderazgo público, regulación del mercado y control de los usos turísticos para frenar la exclusión residencial.

“El derecho a la vivienda debe ser un criterio central a la hora de pedir el voto. No sirven promesas vacías ni modelos caducos”, advierten. “Sin regulación del mercado, sin parque público y sin control del uso turístico, el Pirineo seguirá expulsando población y perdiendo base social”, concluyen.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que pondrá en marcha un “gran plan” de vivienda al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha -al que espera llegar tras las elecciones autonómicas de 2027- que se basará en “menos burocracia, más suelo y apoyo real a los jóvenes”.

Así lo ha indicado en la reunión sectorial de vivienda celebrada en Toledo, donde ha advertido que el problema de la vivienda “se ha convertido en una de las mayores urgencias sociales y económicas”, al tiempo que ha responsabilizado al PSOE, tanto a nivel regional como nacional, de “la grave situación que atraviesa la región tras 11 años de gobiernos incapaces de ofrecer soluciones eficaces”.

El presidente regional del PP ha señalado que el primer paso para solucionar el problema de la vivienda es “trabajar con lealtad institucional y de la mano de los ayuntamientos”, algo que “que no está haciendo hoy la Junta de Comunidades”.

Núñez ha insistido en que “la falta de vivienda asequible está expulsando a los jóvenes, impidiéndoles emanciparse y desarrollar su proyecto vital en Castilla-La Mancha”. Así, ha recordado que Castilla-La Mancha registra “los peores datos de desempleo juvenil, salarios por debajo de la media nacional y una grave escasez de vivienda accesible”.

Ha destacado además, que “hoy un joven tiene que destinar de media el 47 por ciento de su sueldo al alquiler, cuando lo recomendable es un 30 por ciento, algo que es insostenible y demuestra el fracaso de las políticas socialistas”.

Así, Núñez ha denunciado que el precio del alquiler en la región cerró 2025 con una “subida histórica del 19,8%”, acumulando “un incremento del 33% en los últimos cinco años, especialmente en las zonas cercanas a Madrid y en las grandes ciudades”.

Además, ha lamentado que el plan de alquiler joven del Gobierno regional “ha fracasado estrepitosamente”, ya que en 2024 “el 40% de las solicitudes no se pudieron adjudicar por culpa de la burocracia”.

“Gran paquete” de medidas en 2027

Frente a esta situación, Núñez ha anunciado un “gran paquete” de medidas que el Partido Popular aplicará desde el Gobierno de Castilla-La Mancha -si gobierna a partir del 2027-, centradas en cuatro ejes, como es simplificación administrativa, reformas legales, bajada de impuestos y creación de suelo y vivienda.

El presidente del PP regional ha incidido en la “reducción drástica” de la burocracia urbanística, estableciendo el silencio administrativo positivo en 90 días, la puesta en marcha de planes municipales de regeneración urbana con mayor autonomía para los ayuntamientos y la aprobación de una nueva Ley del Suelo, de Urbanismo y de Medioambiente, adaptadas a la realidad actual.

Igualmente, el PP “garantizará el acceso a suministros básicos como el agua y la electricidad en nuevos desarrollos urbanos, reducirá a la mitad los plazos de aprobación de los planes de ordenación municipal y pondrá en marcha programas de alquiler garantizado, con el Gobierno autonómico como aval jurídico y económico”, tal y como ha explicado Paco Núñez.

En materia fiscal, ha reafirmado su apoyo a la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de reducir el IVA de la vivienda del 10% al 4% para jóvenes, al tiempo que ha exigido al Gobierno de Page que cumpla su anuncio de bajar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 9% al 4%, algo que “a día de hoy sigue sin aprobarse”.

El plan del PP incluye también avales jóvenes para hipotecas, préstamos a tipo cero, la cesión de suelo público para construir viviendas de alquiler un 30% por debajo del precio de mercado y “medidas contra la ocupación ilegal, como el desalojo exprés en 48 horas y la imposibilidad de empadronarse en viviendas ocupadas ilegalmente”.

Núñez ha resaltado que “para resolver el problema de la vivienda hay que construir más, liberar suelo, bajar impuestos y agilizar la administración”. Al mismo tiempo, ha asegurado que “dentro de un año, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, lo haremos de la mano de los ayuntamientos, de la iniciativa privada y de los jóvenes para garantizar el futuro de Castilla-La Mancha”.

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimat el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel Govern de Marga Prohens (PP) contra diversos articles de la llei estatal d'habitatge. Els magistrats al·leguen que els preceptes impugnats ja van ser examinats arran d'altres recursos, com l'impulsat per la Junta d'Andalusia o el registrat per més de mig centenar de diputats del PP al Congrés.

L'alt tribunal assenyala que, en aquells processos previs, ja havia resolt part de les impugnacions plantejades per l'Executiu balear, sent diverses d'elles declarades inconstitucionals o nules, mentre que altres van ser directament desestimades. Amb aquesta base, el tribunal aplica la seva doctrina habitual: quan una norma ja ha estat expulsada de l'ordenament jurídic o ja hi ha un pronunciament ferm sobre la seva constitucionalitat, decau l'interès del recurs posterior atès que no hi ha res nou a resoldre.

El Govern havia recorregut la llei estatal d'habitatge argumentant, igual que altres comunitats governades pel PP, que diversos articles envaïen competències autonòmiques, principalment pel que fa a la regulació de les zones tensionades, la possibilitat de limitar el preu dels lloguers i determinades obligacions per a grans tenidors. El gabinet de Prohens considerava, en aquest sentit, que la norma interferia en el marge de decisió de les autonomies.

El portaveu de l'Executiu, Antoni Costa, ha restat importància aquest divendres a la decisió del TC, defensant que la sentència no suposa cap revés jurídic per al Govern, sinó un tancament tècnic del procediment. “El que ha succeït no és que no se'ns doni la raó, sinó que ja s'havia donat la raó, i per no reiterar”, ha asseverat.

Al gener de 2025, la majoria progressista del Constitucional va tombar la major part del recurs que el PP va interposar contra punts clau de la llei d'habitatge de 2023. A la seva sentència, el tribunal de garanties va avalar una disposició final rellevant en relació amb el lloguer en zones tensionades: les limitacions a apujar el lloguer en aquestes zones quan es negocia un nou contracte d'arrendament. Aquest nou contracte, afirma la llei -amb algunes excepcions que permeten apujar el preu fins al 10%-, “no podrà excedir de l’última renda de contracte d’arrendament” dels últims cinc anys en aquest mateix habitatge, aplicant l'actualització anual. La norma tampoc permet repercutir l'inquilí quotes o despeses que no estiguessin contemplades en el contracte anterior.

Es tracta d'una mesura que, diuen els magistrats amb el sector conservador en contra, no afecta el dret a la propietat tal com al·legava el PP: “No s’obliga, en cap cas, a fixar un preu antieconòmic”.

Molts dels arguments dels populars ja havien estat estudiats fa gairebé un any, quan es van desestimar gairebé totes les al·legacions de la Junta d'Andalusia, el recurs de la qual va ser el primer a arribar a mans dels magistrats. El procediment es va saldar amb un aval a la major part dels articles recorreguts, la majoria en clau autonòmica per suposada invasió de competències. Aquesta primera sentència sí que va anul·lar, en canvi, l'article que afectava els pisos protegits, mantenint la prevalença de la normativa autonòmica, on estàn transferides les competències.

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Govern de Marga Prohens (PP) contra varios artículos de la ley estatal de vivienda. Los magistrados alegan que los preceptos impugnados ya fueron examinados a raíz de otros recursos, como el impulsado por la Junta de Andalucía o el registrado por más de medio centenar de diputados del PP en el Congreso.

El alto tribunal señala que, en aquellos procesos previos, ya había resuelto parte de las impugnaciones planteadas por el Ejecutivo balear, siendo varias de ellas declaradas inconstitucionales o nulas, mientras que otras fueron directamente desestimadas. Con esa base, el tribunal aplica su doctrina habitual: cuando una norma ya ha sido expulsada del ordenamiento jurídico o ya existe un pronunciamiento firme sobre su constitucionalidad, decae el interés del recurso posterior dado que no hay nada nuevo que resolver.

El Govern había recurrido la ley estatal de vivienda argumentando, al igual que otras comunidades gobernadas por el PP, que varios artículos invadían competencias autonómicas, principalmente en lo que se refiere a la regulación de las zonas tensionadas, la posibilidad de limitar el precio de los alquileres y determinadas obligaciones para grandes tenedores. El gabinete de Prohens consideraba, en este sentido, que la norma interfería en el margen de decisión de las autonomías.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha restado importancia este viernes a la decisión del TC, defendiendo que el fallo no supone ningún revés jurídico para el Govern, sino un cierre técnico del procedimiento. “Lo que ha sucedido no es que no se nos dé la razón, sino que ya se había dado la razón, y para no reiterar”, ha aseverado.

En enero de 2025, la mayoría progresista del Constitucional tumbó la mayor parte del recurso que el PP interpuso contra puntos clave de la ley de vivienda de 2023. En su sentencia, el tribunal de garantías avaló una disposición final relevante en relación con el alquiler en zonas tensionadas: las limitaciones a subir el alquiler en estas zonas cuando se negocia un nuevo contrato de arrendamiento. Ese nuevo contrato, afirma la ley -con algunas excepciones que permiten subir el precio hasta el 10%-, “no podrá exceder de la última renta de contrato de arrendamiento” de los últimos cinco años en esa misma vivienda, aplicando la actualización anual. La norma tampoco permite repercutir al inquilino cuotas o gastos que no estuvieran contemplados en el contrato anterior.

Se trata de una medida que, dicen los magistrados con el sector conservador en contra, no afecta al derecho a la propiedad tal y como alegaba el PP: “No se obliga, en ningún caso, a fijar un precio antieconómico”.

Muchos de los argumentos de los populares ya habían sido estudiados hacía casi un año, cuando se desestimaron casi todas las alegaciones de la Junta de Andalucía, cuyo recurso fue el primero en llegar a manos de los magistrados. El procedimiento se saldó con un aval a la mayor parte de los artículos recurridos, la mayoría en clave autonómica por supuesta invasión de competencias. Esa primera sentencia sí anuló, en cambio, el artículo que afectaba a los pisos protegidos, manteniendo la prevalencia de la normativa autonómica, donde están transferidas las competencias.

La morosidad es un problema frecuente en las comunidades de propietarios y suele ir acompañada de muchas dudas sobre los derechos de quienes no están al corriente de sus pagos, más allá de su obligación de pagar. ¿Podría ser nombrado presidente de la comunidad un propietario que no paga las cuotas? “La Ley de Propiedad Horizontal no priva del derecho a ejercer como presidente a un propietario moroso. Ahora bien, no es aconsejable nombrarlo para el cargo”, aclara Patricia Briones, abogada y secretaria técnica del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. “Si se le quiere reclamar judicialmente el pago de las cantidades adeudadas, esta persona no podría actuar como parte demandante y demandada a la vez”, explica.

El artículo nueve de la Ley de Propiedad Horizontal, que recoge las obligaciones de los propietarios incluye que el propietario moroso sigue obligado a contribuir al pago de los gastos generales conforme a su cuota de participación, salvo exención estatutaria o un acuerdo de junta adoptado por unanimidad.

Qué hacer con la deuda del propietario moroso

“La condonación o fraccionamiento de la deuda requiere acuerdo de la junta de propietarios y podrá ser aprobada por mayoría simple al considerarse un acto de mera administración”, informa Briones. En el caso de querer reclamar la deuda, explica la experta, la comunidad debe llevar a cabo un proceso monitorio antes de acudir a la vía judicial.

“Desde el 3 de abril, antes de acudir a la vía judicial, deberá darse cumplimiento al MASC, adoptando el acuerdo de liquidación de la deuda y notificando este acuerdo al deudor”, comenta la abogada. “Se trata de evitar la vía judicial mediante un proceso de negociación como puede ser la mediación, conciliación o intermediación de abogados”.

“La comunidad, además, puede adoptar medidas disuasorias como intereses superiores al legal o la privación temporal del uso de servicios no esenciales para la habitabilidad de la vivienda como la piscina o el gimnasio”, añade Briones, que advierte de que no se puede privar al propietario de elementos o instalaciones esenciales para la habitabilidad de su vivienda como el ascensor o la calefacción.

¿Puede votar un propietario que debe sus cuotas a la comunidad?

En cuanto a los derechos del propietario moroso en las juntas de comunidad, la abogada confirma que “puede asistir a las juntas únicamente con voz, pero será privado de su derecho de voto si al inicio de la junta no está al corriente de pago, salvo que haya impugnado la deuda o consignado judicial o notoriamente el importe adeudado”. 

En cuanto a la mejor manera de gestionar la morosidad, la experta asegura que “dependerá de la predisposición del deudor y la voluntad de la comunidad de facilitar el pago, por ejemplo, mediante la concesión de plazos”.

“La vivienda no debe entenderse como un bien material, sino como un elemento clave para prevenir desigualdades sociales y mejorar la salud de la ciudadanía”. Así lo interpreta el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, de Izquierda Unida-Convocatoria por Asturias y socio del Gobierno socialista que preside Adrián Barbón, quien reconoce que esta novedad es pionera en nuestro país y ha despertado el interés de legisladores de otras comunidades autónomas.

Una convicción del consejero que no se limita a una declaración testimonial, sino que ha llevado a incorporar la salud al texto del proyecto de ley de vivienda que ha sido aprobado este miércoles en Consejo de Gobierno y será remitido de forma inminente a la Junta General del Principado para su tramitación.

Carácter pionero

Zapico ha resaltado que en este proyecto de ley se incluye la prohibición de venta de las viviendas públicas, se fija la vivienda como un derecho subjetivo e incorpora de forma expresa la salud “como uno de los principios rectores de estas políticas públicas”.

Zapico ha comparecido ante los medios de comunicación asturianos para presentar el contenido de este proyecto de ley acompañado del director general de Vivienda, Daniel Sánchez, y el jefe de Servicio de Régimen Legal de la Vivienda, José María González Gancedo.

Las personas, en el centro

En su intervención, el consejero ha subrayado que la novedad de incorporar la salud a esta ley “representa simbólicamente todo el cariño que hemos puesto a la hora de redactar este proyecto”.

El consejero ha subrayado que la ley refuerza el modelo asturiano de vivienda, que sitúa a las personas en el centro, concibe la vivienda como un derecho y rechaza su consideración como un mero objeto de negocio o especulación.

Las novedades

Entre sus principales avances, ha apuntado que la ley impide la venta de vivienda pública en Asturias, poniendo fin a décadas de descapitalización del parque público y ha recordado que cuando Asturias asumió las competencias en materia de vivienda en los años 80 del siglo pasado, el Principado contaba con cerca de 31.000 viviendas públicas, una cifra que se redujo a 9.600 en 2023.

“Esta ley frena esos procesos de pérdida de vivienda pública mientras esté en vigor”, ha ratificado.

Las previsiones

En este contexto, el consejero ha avanzado los objetivos de impulso de vivienda pública para lo que resta de legislatura, con la previsión de iniciar o promover mil nuevas viviendas, que se sumarán a las casi 600 que ya están en marcha, hasta alcanzar una cifra aproximada de 1.500 viviendas públicas en esta legislatura. 

Asimismo, ha explicado que su departamento trabaja con una planificación a largo plazo, con el horizonte puesto en 2035, para alcanzar las 15.000 viviendas públicas.

“Sería una buena cifra llegar a 2035 con 15.000 viviendas; hace 40 años teníamos el doble y se vendió. Con esta ley evitamos que vuelva a ocurrir”, ha calculado el consejero.

Vivienda protegida

La norma también ordena todas las actuaciones públicas a través del Sistema Asturiano de Vivienda Protegida, define la vivienda como un derecho subjetivo con garantías y prestaciones asociadas, y establece una única tipología de vivienda protegida de régimen general, con carácter vitalicio, que no podrá pasar al mercado libre.

Zapico ha anunciado además que el nuevo precio del módulo de vivienda protegida, actualmente en negociación en el marco de la concertación social, entrará en vigor de forma simultánea a la ley, una vez sea aprobada por la Junta General y publicada en el Boletín Oficial del Principado.

Planificación para evitar bloqueos

En relación con la tramitación parlamentaria, el consejero ha defendido la necesidad de una Junta General centrada en su función legislativa y de control del Gobierno, y ha apelado así a la planificación para evitar bloqueos al final de la legislatura. 

Zapico ha recordado que su consejería tiene actualmente seis proyectos de ley en distintas fases de tramitación, entre ellos la de bebidas energéticas, que ya se encuentra en fase de ponencia; la de vivienda, remitido este miércoles a la Junta General; la modificación de la de consumo, que se aprobará antes de finalizar el año; la de derechos LGTBI, ya en exposición pública; la de ordenación de territorio, la futura Loita, y la de participación, prevista para el próximo mes de enero.

Francis Morillo, que es va passar mitja vida fent feina entre cartes com a empleat de Correus, n’ha escrit diverses –desesperades– durant els últims mesos. Destinataris: l’amo de l’apartament on viu i l’advocat que el representa. Assumpte: evitar que la seva dona –Teresa Jiménez, també jubilada– i ell perdin aquest apartament situat a la quarta línia de la Platja de Magaluf, Calvià, Mallorca. Aqueixos cinquanta metres quadrats són –des d’octubre del 2020– la seva llar, però el contracte –des d’octubre del 2025– ja està vençut. L’arrendador no el vol renovar. És dins del seu dret: ho va avisar amb més de quatre mesos d’antelació. En teoria, el 31 de desembre s’acabarà la treva que ha concedit el propietari. Els arrendataris imploren una pròrroga més llarga. D’un any, com a mínim. Saben molt bé que el preu que paguen –683 euros al mes– és un unicorn. Viuen en un dels municipis més cars d’Espanya.

–Mai no ens imaginàvem que a la nostra edat ens veuríem en aquesta situació. És al·lucinant que els preus de les cases no deixin de pujar. Està clar que la gent treballadora… [sospira] no podem pagar aquests lloguers. Quan encara hi havia pessetes, noltros pagàvem unes 35.000 al mes. Després, 300, 400, 450 euros… Durant la pandèmia, com que estava tot buit –la gent va marxar a la península, als seus pobles, per allunyar-se del tema–, vam venir aquí [assenyala un balcó a la seva esquena]: encara que fos més car que allà [assenyala un altre balcó a la seva dreta] perquè teníem ascensor i la meva dona el necessita. És dependent. Però han passat cinc anys i el propietari té dret a dir-te: o te’n vas o te’l pos el doble de car.

Explica Francis Morillo. Està assegut en una placeta encaixada entre una mola vacacional –els Apartamentos Sol y Vera– i diverses comunitats de vesins reunides en un mateix edifici –la façana té forma escalonada, com si fossin els plecs d’un acordió– també gegant, però no tan alt. Allà hi ha els dos últims domicilis en què ha viscut el matrimoni. “Fa molts anys”, conta el jubilat, “el nostre edifici també era un apartahotel, però el van reconvertir en habitatges”. Aquest passat turístic es nota en els locals comercials dels baixos: hi ha una farmàcia, sí, però l’acompanyen un rent a moto, un pub, un caixer automàtic. A la vorera de davant i uns quants metres sobre el terra es veu la piscina flotant d’un cinc estrelles. L’aigua està calma. Ningú hi nedarà abans de l’1 d’abril del 2026. L’hotel, el mateix on es celebra cada tardor un festival literari, obrirà les portes per Setmana Santa.

Magaluf és un dels temples del turisme brossa. Els seus carrers duen tatuat un triple estigma: gateres, baralles, balconing. Els esdeveniments culturals s’han convertit en ganxos per renovar la imatge del municipi. Alhora, són un accelerador de partícules immobiliàries. L’efecte el pateixen els calvianers sense habitatge en propietat. “Ja és normal que et demanin 1.200, 1.300 i fins a 1.500 euros si és un pis una mica més gran que el nostre”, explica Francis Morillo. Sospecha que el seu casolà “doblarà el preu” si la seua dona i ell surten d’aquí a dos setmanes per la porta de l’apartament per no tornar-hi mai més.

Vam llogar aquesta casa perquè té ascensor i la meva dona ho necessita. És dependent. Però han passat cinc anys i el propietari té dret a dir-te: o marxes o t’ho pos al doble

Francis Morillo — Resident a Mallorca

Corresponencia entre l'inquilí i l'advocat

Segons la documentació i els correus que aporta l’inquilí, el propietari va començar a intentar que marxessin sis mesos abans que s’esgotés el contracte. El 3 de març del 2025 va arribar a la safata d’entrada de Francis Morillo aquest mail escuet de l’advocat del seu arrendador:

“Bon dia. És urgent que em truquis avui mateix per l’assumpte del contracte d’arrendament. Salutacions”.

L’inquilí va respondre l’endemà –4 de març– amb unes línies que expliquen –juntament amb un certificat de discapacitat del 11 d’octubre del 2023– per què la seva dona no pot pujar ni baixar escales: pateix una MPOC, una malaltia pulmonar obstructiva crònica:

“Bon dia. La meva dona està hospitalitzada, ella hauria de firmar. Ella té un 33% de discapacitat i dependència [en el certificat que mostra Francis Morillo, el grau reconegut de Teresa Jiménez és del 39%]. Tenim el pis adaptat a ella, ple de màquines. Tot i que els nostres ingressos són de 800 euros cadascun, mai hem deixat de pagar. D’altra banda, estic demanant permís al propietari per canviar mobles obsolets. Nosaltres hem posat de tot, des del parament fins a cortines. Mai hem demanat res per al pis. Per tot això, no entenc la urgència, falten 7 mesos per finalitzar el contracte. Estic esperant l’alta de la meva dona per reunir-me amb l’advocat de Serveis Socials. Agrairia una mica de paciència i comprensió. Salutacions”.

La meva dona té un 33% de discapacitat i dependència. Tenim l’apartament adaptat per a ella, ple de màquines. Tot i que els nostres ingressos són de 800 euros cadascun, mai no hem deixat de pagar

Francis Morillo — Resident a Mallorca

El 17 de març va arribar la resposta de l’advocat. Per a l’inquilí, llegir-la va ser “un cop dur”:

“Molt Srs. meus: En la meva qualitat d’Advocat del propietari-arrendador de l’habitatge del qual vostès són arrendataris situat a Magaluf (Calvià) (...) mitjançant contracte de data 1 d’octubre de 2020, per la present els comunico que el contracte d’arrendament finalitza el proper dia 1 d’octubre, per la qual cosa per la present els comunico la voluntat de l’arrendador de no renovar aquest contracte, i per tant en la indicada data hauran de procedir al lliurament de les claus i de la possessió de l’habitatge, a més de regularitzar els pagaments que, si escau, quedin pendents en la indicada data. Atte. P.D.: Agrairé que procedeixin a contestar aquest email en el termini més breu possible i en particular que es donin per notificats quant a la data de finalització de l’arrendament”.

Explica Francis Morillo que –pel mig– hi va haver dues trobades –en persona– amb el arrendador –informal– i el seu advocat –formal– per intentar arreglar la situació. Segons el relat del jubilat, al primer se’l va trobar a l’edifici –“Em pareix que allà té altres pisos de lloguer”– i va pactar –“Amb una encaixada de mans”– una pròrroga d’un any que després va anar a tancar al despatx –“Ple de mobles de caoba, molt clàssic: quan hi vaig entrar, l’advocat em va preguntar quants metres tenia el meu pis i em va sortir respondre-li que era més petit que el seu despatx”– del segon. Però, afirma l’afectat mostrant un altre document, com ja havia passat al febrer, aquella extensió del contracte va acabar al llimbs. No hi va haver firmes sota els noms de María Teresa Jiménez Moreno i Francisco Morillo Calderón. Tampoc sota el nom del seu arrendador.

Les fulles del calendari anaven caient i l’inquilí –impacient– es va tornar a asseure davant del teclat el dijous 10 d’abril:

“Benvolgut Sr., en la reunió mantinguda amb el seu advocat, Sr. Feliú [sic], vam acordar una ampliació del contracte sobre l’habitatge de la seva propietat i llogat per nosaltres des d’octubre del 2020 per un import de 600 € mensuals. Es va acordar l’ampliació del contracte fins al 30 de setembre de 2026 per un import de 750 €. Els dies 4 de març i 1 d’abril, els vaig enviar correus electrònics al Sr. Feliú i a vostè respectivament, explicant les circumstàncies que patim. Maria Teresa té una discapacitat del 39% i dependència (...) L’apartament està ple de màquines per a MPOC i oxigen. Sol·licito una reunió amb vostè per arribar a algun tipus d’acord. En el correu que li vaig enviar vaig indicar que vull comprar alguns mobles i cadires pel meu compte, per substituir els que estan aquí molt deteriorats pel temps. Quedo pendent de les seves grates notícies i li envio una cordial salutació”.

És llavors, en les portes de Setmana Santa, quan, segons Francis Morillo, la comunicació es talla. Fins al 13 d’octubre: a la bústia digital arriba una carta que, més que informar, adverteix:

“Benvolgut Sr.: En la meva qualitat d’Advocat del propietari-arrendador de l’habitatge situat a l’edifici Marivera de Magaluf, li reitero que, tal com se li ha anat informant, el contracte d’arrendament ja va finalitzar l’1 d’octubre passat, si bé se li permet continuar ocupant la casa fins al 31 de desembre de l’actual any i, en aquesta data i sense cap pròrroga, haurà de procedir al lliurament de les claus i a la possessió de l’habitatge, entenent que, en cas de no fer-ho, s’exerciran les accions procedents en dret amb les despeses i molèsties que això li ocasionarà. Igualment, li comunico que, sense que això es pugui considerar cap pròrroga, ha de continuar abonant el lloguer que venia satisfent fins ara, això és 682,50 € mensuals. Atentament”.

“D’ençà que va acabar el contracte, nosaltres seguim pagant cada principi de mes el lloguer, com sempre, i respectam el que es va pactar en el primer contracte: per la covid, el primer any pagaríem 550 euros i, a partir del segon, 650, que després ha anat pujant segons l’IPC”, explica Francis Morillo sota el que encara és ca seua. I ensenya un extracte de l’última transferència, datada el 3 de desembre: “Ens hem assessorat amb una advocada que treballa aquí a Calvià, als serveis socials de l’Ajuntament, per veure quines opcions tenim. Esteim desesperats perquè s’està fent molt llarg i, amb el que tenim a casa, amb la malaltia de la meva dona, no veiem solució per enlloc. Amb les pensions que cobrem no podem pagar el doble per tenir un habitatge”.

Esteim desesperats perquè s’està fent molt llarg i, amb el que tenim a casa, amb la malaltia de la meva dona, no veiem solució per enlloc. Amb les pensions que cobrem no podem pagar el doble per tenir un habitatge

Francis Morillo — Resident a Mallorca

La versió del propietari de l'apartament

Sona el telèfon fixe en un pis ubicat a Sant Jaume: convents, palacets i edificis seculars reconvertits en hotels boutique, restaurants de luxe, carrerons i placetes sense comerços de proximitat per als 2.500 vesins que encara estan censats en aquest barri del casc històric de Palma, on es calcula que –a conseqüència del turisme i dels lloguers temporals– hi pernocten 4.000 persones de dilluns a diumenge. Allà té el seu despatx Bernardo Feliu Amengual, representant de l’amo de l’apartament on viuen Francis Morillo i Teresa Jiménez.

L’advocat, un veterà del sector, explica a l’altra banda de la línia:

–El contracte era de cinc anys i se li va comunicar, amb l’antelació que marca la llei, que havia de marxar el 30 de setembre. A l’agost, ell va demanar, si us plau, si podíem prorrogar fins a final de desembre. Per raons humanitàries, el meu client li va permetre estar [a l’apartament] fins al 31 de desembre. A més, té una filla que necessita l’apartament per anar-hi a viure. (...) No se’n van per deixar de pagar, sinó per expiració del termini.

–Aquesta necessitat de recuperar l’apartament per a la filla del seu client, ho heu comunicat per escrit als inquilins?

–No, no. De paraula jo els hi vaig dir, però és igual. El cas és que el contracte ja ha acabat. No tenim per què donar explicacions. Se’ls van donar dos mesos més per raons humanitàries perquè té la seva dona invàlida. Ha tingut temps de buscar [una altra vivenda]. Això és el que puc manifestar.

El cas és que el contracte ja ha acabat. No tenim per què donar explicacions. El propietari té una filla que necessita l’apartament per anar-hi a viure

Bernardo Feliu Amengual — Advocat del propietari del pis

–L’inquilí ens ha mostrat un contracte de pròrroga per un any que estava redactat, però no es va arribar a signar. Vau redactar aquest document?

–[Silenci]... Possiblement [el vaig redactar] a la seva sol·licitud [de Francis Morillo], però el propietari, fent ús del seu dret, no ho va considerar oportú. Cal respectar-ho.

–El seu client té altres apartaments en una situació similar en aquest barri de Magaluf?

–No ho sé, no en tinc constància. Té altres propietats, això sí.

–Podria indicar-me el nombre de propietats? Es podria considerar un gran tenidor?

–No ho sé.

–Si els inquilins decidissin forçar la situació i quedar-se al pis perquè no trobessin habitatge en les pròximes dues setmanes… intentarien arribar a un acord amb ells per no haver de presentar una demanda de desnonament?

–El propietari m’ha dit, aquesta mateixa setmana, que no vol problemes.

–No voldria arribar a judici, doncs.

–No… perquè, a més, ho necessita per a la seva filla, repetesc, no és per especular.

Dades del Registre de la Propietat indiquen que Francisco Gualterio Vera Cerdà –el propietari de Francis Morillo i Teresa Jiménez– és titular –en ple domini o en usufructe– de nou habitatges, set garatges, tres locals comercials i dos solars sense edificar, a més de dos possessions extra, identificades com a “altres naturaleses” i “altres urbans”. Estan repartides entre Palma, Calvià, Pollença, Alcúdia i Llorca (Múrcia), vint-i-tres títols al seu nom, sense comptar el patrimoni dels seus familiars directes ni de les societats en les quals pogués tenir alguna participació.

A nivell jurídic, tanmateix, no és considerat un gran tenidor. Per ser-ho, deu de les seues propietats haurien de ser habitatges. Li falta una. No seria així en el cas que tengués un problema com el que se li presenta amb aquest matrimoni de jubilats si el pis de lloguer estigués en un municipi catalogat com a zona tensionada.

PP i Vox rebutgen les zones tensionades

El contracte de cinc anys amb pròrroga de tres es va reconèixer, per Reial Decret al març de 2019 –amb el PSOE governant en solitari des de Moncloa–, divuit mesos abans que Francis Morillo i Teresa Jiménez començassin a viure al que encara és el seu domicili. Al maig de 2023 –amb els socialistes governant en coalició amb Unides Podem– va quedar reflectida en la Llei d’Arrendaments Urbans a través dels canvis introduïts per la Llei pel Dret a l’Habitatge. Una norma que pretenia blindar els sostres de les llars més precàries. Oferia opcions a les comunitats autònomes i als municipis, com per exemple, la declaració de zones tensionades.

Però els temps, en política, són determinants: el Govern de centre-esquerra va aprovar aquella llei només quatre dies abans d’unes eleccions autonòmiques i municipals on els colors vermell i morat van deixar pas al blau i al verd en moltes institucions. Calvià és un bon exemple: d’un alcalde socialista amb suport extern d’una llista formada per Podem, Esquerra Unida i Més per Mallorca, es va passar a un alcalde popular al capdavant amb regidors de Vox.

El diari Última Hora acaba de publicar, amb xifres aportades pel Ministeri de Drets Socials, una xifra demoledora: al llarg del proper any caducaran 24.400 contractes d’arrendament a Formentera, Eivissa, Mallorca i Menorca. Unes 69.000 persones, calculen a Madrid, hauran de buscar un sostre en un mercat salvatge. El preu mitjà del lloguer ha pujat un 82% a les quatre illes durant l’última dècada –el doble que a la resta del país–, segons el Ministeri de l’Habitatge. L’arxipèlag està, a totes llums, tensionat, però els preus del lloguer seguiran sense poder-se regular fins a nou avís.

El passat dimarts, el Parlament va rebutjar –vots en contra de PP i Vox, majoria absoluta– una moció presentada pel PSIB-PSOE perquè els ajuntaments de les Illes Balears puguin sol·licitar aquesta declaració que –segons ell mateix explica– Francis Morillo ha defensat en algun torn de precs i preguntes del ple municipal de Calvià: “Per què no ens declaren amb el problema que tenim tants a sobre? No ho entenc. Noltros estem apuntats a la llista de l’IBAVI [l’organisme que gestiona els lloguers socials del Govern] des de fa quatre anys, però no tinc fe que ens telefonin”.

L'opinió dels experts

El detall de viure –o no– en una zona tensionada és fonamental. Diversos advocats especialitzats en habitatge consultats per elDiario.es coincideixen a assenyalar-ho. En un municipi amb aquesta etiqueta, el matrimoni de Magaluf hauria pogut aconseguir –com va intentar– que se li prorrogàs el contracte. En un municipi sense aquesta etiqueta, el propietari de Magaluf –com defensa el seu advocat– només ha hagut de dir-los que no li interessava prorrogar-lo.

Si el Govern balear declarés l’arxipèlag com a ‘zona tensionada’ segons la Llei de l’Habitatge, el matrimoni de Magaluf hauria pogut aconseguir –com va intentar– que se li prorrogàs el contracte. PP i Vox s’hi oposen

Sense necessitat de recórrer –per escrit– a l’única excepció que contempla la Llei pel Dret a l’Habitatge: “Que el propietari reclami l’habitatge per a ús propi o d’un familiar directe”, diu una de les persones que es dediquen a l’advocacia consultades per aquest reportatge. Afegeix: “Des que es va canviar la llei s’ha abusat molt d’aquesta excepció i ja hi ha jurisprudència al respecte. Si necessit el pis per a mi perquè m’he divorciat i em qued sense habitatge, sí puc reclamar-lo. Si estic de lloguer en un altre lloc i tenc solvència per pagar aquesta renda, he d’esperar que acabi la pròrroga del contracte amb els meus inquilins, que tenen els seus drets si parlem d’una zona tensionada”.

“En la nova llei”, continua la mateixa font, “també s’indica que si el propietari o el familiar a qui es cedeix el pis o la casa no l’ocupa tres mesos després que marxin els antics arrendataris, aquests poden interposar una demanda, reclamar la devolució de l’habitatge i sol·licitar que se’ls indemnitzi pels costos ocasionats, mentre tant, trobar un nou sostre”. “Solen passar poques vegades perquè els afectats per aquesta pràctica o no tenen mitjans o acaben molt afectats en quedar-se al carrer amb la situació actual”, afegeix.

“He tengut clients”, afirma un altre dels professionals del dret consultats, “que en una situació similar han fet números i han vist que els sortia millor, pel preu de mercat, aguantar al pis on vivien (sense deixar de pagar el lloguer cada mes) amb el risc d’arribar a judici, perdre i haver de pagar les despeses judicials”. “El que aquest matrimoni no podrà al·legar és que no sabia que el propietari volia recuperar el pis. Encara que l’avís fos per correu electrònic i no per burofax, en contestar aquells correus és obvi que hi va haver comunicació fehacent, que estaven al corrent”, afegeix.

L’estratègia de la PAH

Francis Morillo té previst fer un salt a Palma per explicar el seu cas en les reunions que els dimecres a la tarda organitza la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) per assessorar persones amenaçades per un desnonament. A l’origen de la plataforma, els crèdits bancaris i els tipus d’interès variables eren les bèsties a les quals s’enfrontaven milers d’espanyols –molts, a l’atur– que no podien pagar l’habitatge que havien comprat. Amb aquell drama a l’esquena acudien a la PAH. El perfil va canviar fa anys, a les Illes Balears es nota amb especial força. “Cada setmana ens arriben dos o tres casos com a mínim de llogaters als quals se’ls acaba el lloguer i no els volen renovar, o amb contracte en vigor, però als quals volen expulsar perquè volen vendre el pis o llogar-lo molt més car”, explica Gloria Olmos, una de les misseres que treballen per PAH Mallorca.

El futur immediat és poc esperançador per a qualsevol que no sigui propietari. El Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Balears preveu pujades d’entre el 50 i el 70% per a pisos com els de Francis Morillo i Teresa Jiménez. Si es va llogar un pis en plena pandèmia per 600 o 700 euros, serà estrany veure en uns mesos els mateixos cinquanta metres quadrats per menys de mil euros al mes. La pujada del preu de l’habitatge és un foc que no deixa de reavivar-se. Una lògica especulativa.

El Col·legi d’Agents de la Propietat preveu pujades d’entre el 50 i el 70% per apartaments com el del matrimoni mallorquí. Si es va llogar un pis en plena pandèmia per 600 o 700 euros, serà estrany veure, d’aquí uns mesos, els mateixos cinquanta metres quadrats per menys de mil euros al mes

I afegeix: “Si, com passa amb aquest matrimoni de Magaluf, un inquilí no té un lloc on anar quan acabi el seu contracte, cal judicialitzar el procés i estudiar si estan ben notificats –o no–, mirar la data en què es va formalitzar el contracte, quina legislació és aplicable, etcètera. En definitiva, intentar anar per aquí per aconseguir una negociació prèvia a la interposició de la demanda [de desnonament], però tot això seria dins del marc d’un procés judicial: allà haurien d’intentar utilitzar totes les eines que tinguin a la seva disposició si el jutge considera que són persones en situació de vulnerabilitat”.

Sevillans que se senten mallorquins

–Quan van començar els problemes de salut de la teua dona, Francis?

–Al poc de jubilar-se. La meva dona treballava en hotels i ha acabat feta pols.

–De cambrera de pisos?

–Això mateix, fent habitacions. I acaben esgotades. Ella necessita oxigen per respirar, no es pot ni moure. Vé una noia cada dia a banyar-la una mica i a netejar-la. Jo no puc, també tenc les meves coses de salut…

Francis Morillo s’explica amb frases curtes i contundents. El seu accent és fàcil de reconèixer: es menja les des intervocàliques, aspira les hacs, sesea; fonemes que són ornaments i revelen els orígens de la seva família. Encara que vesteixi un abric del Reail Mallorca –“El meu segon equip”– aquest home –setanta-dos anys que no se li noten, cabell i barba lleugerament grisos, un arracada penjant de l’orella esquerra– va néixer a Sevilla. “Sóc palangana i del Tiro de Línea”, diu. Nomena, aferrats, el sobrenom dels aficionats del Sevilla Fútbol Club i el topònim del seu barri, un lloc on, fins fa un segle, pastava el bestiar que es venia a la Feria de Abril.

Els plans expansionistes de l’Exposició Iberoamericana de 1929 i els plans d’habitatge que va portar la democràcia van aixecar uns blocs –coneguts, de fet, com la Barriada de la República– que avui segueixen sent una de les zones més humils de la capital andalusa. No tant com els veïns de les Tres Mil Viviendas –històricament, el barri més pobre d’Espanya–, però a anys llum dels vesins d’El Porvenir. Les finques urbanes amb piscina on viuen els sevillans amb rendes més altes tampoc no són lluny: una mescla de riquesa i pobresa, una combinació fàcil de rastrejar en un municipi com Calvià. “Al estar tan a prop del Polígon Sud, el Tiro de Línea és una zona molt obrera, encara hi ha moviment social”, detalla el jubilat: fa un parell de desembre va veure els seus antics veïns protestar per la decisió de l’Ajuntament de Sevilla d’eliminar el pas de la Cavalcada de Reis pel barri.

–Aquí a Magaluf, en canvi, ens costa la vida fer-nos sentir. Tot i ser treballadors amb els mateixos problemes. O més.

–Coneixes molta gent del teu entorn, Francis, que digui que vota, o que anirà a votar, a Vox?

–Sí. Però és molta gent a qui li parles de política i no saben què és la política. “És que venen molts immigrants i ens treuen la feina”. Això diuen ells.

–I no heu pensat en tornar-vos a Sevilla, Francis?

–Què va! Agaf un avió, m’hi pos quinze dies, veig a qui he de veure i torn content. Ja m’he fet aquí, no vull tornar a viure en una ciutat. Ens vam venir perquè al major ja el teníem a Mallorca, treballant. El pis on vivíem la meva dona i jo allà, amb el noi, el vam perdre per una mala història i ara ja no està tan barat per allà. Jo tenia la feina en una oficina de Correus de Sevilla, vaig demanar el trasllat a la de Palmanova, me’l van donar i allà m’he jubilat. Sí, som andalusos, però també som mallorquins. De Calvià. Hem viscut en cinc llocs diferents –al [edifici] Complex, al Sirocco–, aquí ens coneix tothom, la meva dona sortia a Magaluf Ghost Town [una ficció amb pell de documental que va rodar a Punta Ballena el director Miguel Ángel Blanca en plena pandèmia], aquí ens coneix tothom.

–Vos heu penedit de no haver-vos hipotecat?

–És que no hem pogut! Amb la meva nòmina i la meva dona fent set, vuit mesos de temporada, i amb l’edat que ja teníem, cap banc no ens donava crèdit. De lloguer es podia viure fins que tot es va posar fatal. Amb els socialistes encara es va fer alguna cosa –tot i que res de l’altre món–, l’esquerra, com a tot arreu, està dividida i no va ser al que calia: el treballador, l’habitatge, l’estat dels carrers, que estan fets una merda –però ara? En cinc minuts a peu te alargo fins l’hotel que acaben de tirar [en referència a un hotel de Calvià]. Per què no l’han convertit en habitatges socials si era un edifici ja construït?“

Francis Morillo, que se pasó media vida trabajando entre cartas como empleado de Correos, ha escrito varias –desesperadas– en los últimos meses. Destinatarios: su casero y el abogado que lo representa. Asunto: evitar que su mujer –Teresa Jiménez, también jubilada– y él pierdan el apartamento situado en la cuarta línea de la Platja de Magaluf, Calvià, Mallorca. Esos cincuenta metros cuadrados son –desde octubre de 2020– su hogar, pero el contrato –desde octubre de 2025– ya está vencido. El arrendador no quiere renovarlo. Está en su derecho: avisó con más de cuatro meses de antelación. En teoría, el 31 de diciembre terminará el cuartelillo que ha concedido el propietario. Los arrendatarios imploran una prórroga más larga. De un año, por lo menos. Saben muy bien que el precio que pagan –683 euros al mes– es un unicornio. Viven en uno de los municipios más caros de España. 

–Nunca nos imaginamos que a nuestra edad nos veríamos en esta situación. Es alucinante que los precios de las casas no dejen de subir. Está claro que la gente trabajadora… [suspira] no podemos pagar estos alquileres. Cuando todavía había pesetas, nosotros pagábamos unas 35.000 al mes. Luego, 300, 400, 450 euros… En la pandemia, como estaba todo vacío –se fue la gente a la península, a sus pueblos, para alejarse del tema–, nos vinimos aquí [señala un balcón que queda a su espalda]: aunque fuera más caro que allí [señala otro balcón que queda a su derecha] porque teníamos ascensor y mi mujer lo necesita. Es dependiente. Pero han pasado cinco años y el dueño tiene derecho a decirte: o te vas o te lo pongo el doble de alto.

Dice Francis Morillo. Está sentado en una plazoleta encuadrada por una mole vacacional –los Apartamentos Sol y Vera– y varias comunidades de vecinos reunidas en un mismo edificio –la fachada tiene forma escalonada, como si fueran los pliegues de un acordeón– también gigante, pero no tan alto. Allí están los dos últimos domicilios en los que ha vivido el matrimonio. “Hace muchos años”, cuenta el jubilado, “nuestro edificio también era un apartahotel, pero lo reconvirtieron en viviendas”. Ese pasado turístico se nota en los locales comerciales de los bajos: hay una farmacia, sí, pero la acompañan un rent a moto, un pub, un cajero automático. En la acera de enfrente y a unos cuantos metros sobre el suelo se ve la piscina flotante de un cinco estrellas. El agua está calma. Nadie chapoteará antes del 1 de abril de 2026. El hotel, el mismo hotel en el que se celebra, cada otoño, un festival literario, abrirá sus puertas en Semana Santa.

Magaluf es una de las mecas del turismo basura. Sus calles llevan tatuado un triple estigma: borracheras, reyertas, balconing. Los eventos culturales se han convertido en ganchos para renovar la imagen del municipio. A su vez, son un acelerador de partículas inmobiliarias. El efecto lo sufren los calvianers sin vivienda en propiedad. “Ya es normal que te pidan 1.200, 1.300 y hasta 1.500 euros si es un piso un poco más grande que el nuestro”, explica Francis Morillo. Sospecha que su casero “doblará el precio” si su mujer y él salen dentro de dos semanas por la puerta del apartamento para no regresar jamás.

Alquilamos esta casa porque tiene ascensor y mi mujer lo necesita. Es dependiente. Pero han pasado cinco años y el dueño tiene derecho a decirte: o te vas o te lo pongo el doble de alto

Francis Morillo — Residente en Mallorca

Correspondencia entre el inquilino y el abogado

Según la documentación y los correos electrónicos que aporta el inquilino, el propietario empezó a intentar que se marcharan seis meses antes de que se agotara el contrato. El 3 de marzo de 2025 llegó a la bandeja de entrada de Francis Morillo este escueto mail del abogado de su casero: 

“Buenos días. Es urgente que me llames hoy mismo para el asunto del contrato de arrendamiento. Saludos”. 

El inquilino respondió al día siguiente –4 de marzo– con unas líneas que aclaran –junto a un certificado de discapacidad fechado el 11 de octubre de 2023– por qué su mujer no puede subir ni bajar escaleras: padece una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica:

“Buenos días. Mi mujer está hospitalizada, ella tendría que firmar. Ella tiene 33% de discapacidad y dependencia [en el certificado que muestra Francis Morillo, el grado reconocido de Teresa Jiménez es del 39%]. Tenemos el piso adaptado a ella, lleno de máquinas. A pesar de que nuestros ingresos son de 800 euros cada uno, nunca hemos dejado de pagar. Por otro lado, estoy pidiendo permiso al propietario para cambiar mobiliario obsoletos. Nosotros hemos puesto de todo, desde menaje hasta cortinas. Nunca hemos pedido nada para el piso. Por todo esto, no entiendo la urgencia, faltan 7 meses, para finalizar contrato. Estoy a la espera del alta de mi mujer para reunirme con el abogado de Servicios Sociales. Agradecería un poco de paciencia y comprensión. Saludos”.

Mi mujer tiene 33% de discapacidad y dependencia. Tenemos el piso adaptado a ella, lleno de máquinas. A pesar de que nuestros ingresos son de 800 euros cada uno, nunca hemos dejado de pagar

Francis Morillo — Residente en Mallorca

El 17 de marzo llegó la respuesta del abogado. Para el inquilino, leerla fue “un mazazo”: 

“Muy Sres. míos: En mi calidad de Abogado del propietaria-arrendador [sic] de la vivienda de la que Uds. son arrendatarios sita en Magaluf (Calviá) (...) mediante contrato de fecha 1 de Octubre de 2020, por la presente le comunico que el contrato de arrendamiento finaliza el venidero día 1 de Octubre, por lo que por la presente le comunico la voluntad del arrendador de no renovar dicho contrato, por lo que en la indicada fecha deberá proceder a la entrega de las llaves y posesión del arriendo, amén de regularizar los pagos que en su caso queden pendientes en la indicada fecha. Atte. P.D.: Le agraceceré [sic] que proceda a contestar al presente email en el plazo más breve posible y en particular que se da [sic] por notificado en cuanto a la fecha de finalización del arriendo”.

Explica Francis Morillo que –entre medias– hubo dos encuentros –en persona– con el casero –informal– y su abogado –formal– para tratar de arreglar la situación. Según el relato del jubilado, al primero se lo encontró en el edificio –“Me parece que allí tiene otros pisos en alquiler”– y pactó –“Con un apretón de manos”– una prórroga por un año que luego fue a cerrar en el despacho –“Lleno de muebles de caoba, muy clásico: cuando entré, el abogado me preguntó cuántos metros tenía mi piso y me salió responderle que era más chico que su despacho”– del segundo. Pero, afirma el afectado mostrando otro documento, como ya había ocurrido en febrero, esa extensión de contrato terminó en el limbo. No hubo firmas bajo los nombres de María Teresa Jiménez Moreno y Francisco Morillo Calderón. Tampoco bajo el nombre de su arrendador.

Las hojas caían del calendario y el inquilino –impaciente– volvió a sentarse frente al teclado el jueves 10 de abril: 

“Estimado Sr. En la reunión mantenida con su abogado Sr. Feliú [sic], acordamos una ampliación del contrato sobre la vivienda de su propiedad y alquilada por nosotros desde Octubre 2020 por un importe de 600€ mensuales. Se acordó la ampliación del contrato hasta 30 Sep 2026 por un importe de 750€. El día 4 de Marzo y 1 de Abril, les envié e-mail al Sr. Feliú y a Vd. respectivamente, explicando las circunstancias que padecemos. Maria Teresa tiene una discapacidad del 39% y dependencia (...) El apartamento está lleno de máquinas para Epoc y para oxígenos. Solicito una reunión con Vd. para llegar a algún tipo de acuerdo. En el correo que le envié a Vd. indiqué que quiero comprar algunos muebles y sillas por mi cuenta, para sustituir a los que están aquí muy deteriorados por el tiempo. Quedo pendiente de sus gratas noticias y le envío un cordial saludo”.

Es entonces, en la víspera de Semana Santa, cuando, según Francis Morillo, la comunicación se corta. Hasta el 13 de octubre: en el buzón digital cae una carta que, más que informar, advierte: 

“Muy Sr. mío: En mi calidad de Abogado del propietario-arrendador de la vivienda sita en el edificio Marivera de Magaluf, le reitero que conforme se le ha ido informando el contrato de arrendamiento ya finalizó el pasado 1 de octubre, si bien se le permite continuar la ocupación de la casa hasta el día 31 de diciembre del corriente año y en cuya fecha y sin prórroga alguna deberá proceder a la entrega de las llaves y posesión de la vivienda, en el bien entendido de que caso de no hacerlo se ejercitarán las acciones procedentes en derecho con los gastos y molestias que ello le va a ocasionar. Igualmente le comunico y sin que ello se pueda considerar prórroga alguna, debe seguir abonando el alquiler que venía satisfaciendo hasta la fecha, esto es 682,50€ mensuales. Atte”. 

“Desde que terminó el contrato, nosotros seguimos pagando cada principio de mes el alquiler, como siempre, y respetamos lo que se pactó en el primer contrato: por el covid, el primer año pagaríamos 550 euros y, a partir del segundo, 650, que luego ha ido subiendo por aplicar el IPC”, explica Francis Morillo debajo del que aún es su hogar. Y enseña un extracto de la última transferencia, fechada el 3 de diciembre: “Nos hemos asesorado de una abogada que trabaja aquí en Calvià, en los servicios sociales del Ayuntamiento, para ver qué opciones tenemos. Estamos desesperados porque se está haciendo muy largo y, con lo que tenemos en casa, con la enfermedad de mi mujer, no vemos solución por ningún lado. Con las pensiones que cobramos no podemos pagar el doble por tener una vivienda”.

Estamos desesperados porque se está haciendo muy largo y, con lo que tenemos en casa, con la enfermedad de mi mujer, no vemos solución por ningún lado. Con las pensiones que cobramos no podemos pagar el doble por tener una vivienda

Francis Morillo — Residente en Mallorca

La versión del propietario del apartamento

Suena el teléfono fijo en un piso ubicado en Sant Jaume: conventos, palacetes y edificios seculares reconvertidos en hoteles boutique, restaurantes finos, callejuelas y placitas huérfanas de comercios de proximidad para los 2.500 vecinos que todavía están censados en este barrio del casco histórico de Palma en el que se calcula que –a consecuencia del turismo y de los alquileres temporales– pernoctan 4.000 personas de lunes a domingo. Allí tiene su despacho Bernardo Feliu Amengual, representante del casero de Francis Morillo y Teresa Jiménez. 

El abogado, un veterano del oficio, explica al otro lado de la línea: 

–El contrato era de cinco años y se le comunicó, con la antelación de los meses que marca la ley, que se tenía que marchar el 30 de septiembre. En agosto, él pide, por favor, si pudiéramos prorrogar hasta final de diciembre. Por razones humanitarias, mi cliente le permitió estar [en el apartamento] hasta el 31 de diciembre. Además, tiene una hija que necesita el apartamento para ir a vivir. (...) No se van por dejar de pagar, sino por expiración del plazo.

–Esa necesidad de recuperar el apartamento para la hija de su cliente, ¿ustedes se la han comunicado por escrito a los inquilinos?

–No, no. De palabra yo se lo dije, pero es igual. El caso es que el contrato ya ha terminado. No tenemos por qué dar explicaciones. Se le dieron dos meses más por razones humanitarias porque tiene a su mujer inválida. Ha tenido tiempo de buscar [otro alojamiento]. Eso es lo que puedo manifestar.

El caso es que el contrato ya ha terminado. No tenemos por qué dar explicaciones. El propietario tiene una hija que necesita el apartamento para ir a vivir

Bernardo Feliu Amengual — Abogado del propietario del piso

–El inquilino nos ha mostrado un contrato de prórroga por un año que estaba redactado, pero no se llegó a firmar. ¿Redactó usted ese documento?

–[Silencio] ... Posiblemente [lo redacté] a solicitud suya [de Francis Morillo], pero el propietario, haciendo uso de su derecho, no lo estimó oportuno. Hay que respetarlo.

–¿Su cliente tiene otros apartamentos en una situación similar en ese barrio de Magaluf?

–Lo ignoro, no lo sé. Tiene otras propiedades, eso sí.

–¿Podría indicarme el número de propiedades? ¿Se le podría considerar un gran tenedor?

–No lo sé.

–Si los inquilinos decidieran forzar la situación y quedarse en el piso porque no encontrasen vivienda en las próximas dos semanas… ¿tratarían de llegar a un acuerdo con ellos para no tener que presentar una demanda de desahucio?

–El propietario me ha dicho, esta semana mismo, que no quiere problemas.

–No querría llegar a juicio entonces.

–No… porque, además, lo necesita para su hija, repito, no es para especular.

Los datos del Registro de la Propiedad indican que Francisco Gualterio Vera Cerdà –el casero de Francis Morillo y Teresa Jiménez– es dueño –en pleno dominio o en usufructo– de nueve viviendas, siete garajes, tres locales comerciales y dos solares sin edificar, además de dos posesiones identificadas como “otras naturalezas” y “otros urbanos”. Repartidas entre Palma, Calvià, Pollença, Alcúdia, y Lorca (Murcia), veintitrés títulos a su nombre, sin contar el patrimonio de sus familiares directos y de las sociedades donde pudiera contar con una porción de las acciones.

A nivel jurídico, sin embargo, no es un gran tenedor. Para serlo, diez de sus propiedades deberían ser viviendas. Le falta una. No sería así en el caso de que tuviera un problema como el que se le presenta con este matrimonio de jubilados si el piso de alquiler estuviera en un municipio catalogado como zona tensionada.

PP y Vox rechazan las zonas tensionadas

El contrato de cinco años con prórroga de tres se reconoció, por Real Decreto en marzo 2019 –con el PSOE gobernando en solitario desde Moncloa–, dieciocho meses antes de que Francis Morillo y Teresa Jiménez entrasen a vivir en el que todavía es su domicilio. En mayo de 2023 –con los socialistas gobernando en coalición con Unidas Podemos– quedó reflejada en la Ley de Arrendamientos Urbanos a través de los cambios que introdujo la Ley por el Derecho a la Vivienda. Una norma que pretendía blindar los techos de los hogares más precarios. Ofrecía opciones a las autonomías y los municipios como, por ejemplo, la declaración de zonas tensionadas.

Pero los tempos, en política, resultan determinantes: el Gobierno de centroizquierda aprobó aquella ley apenas cuatro días antes de unas elecciones autonómicas y municipales donde los colores rojo y morado dejaron paso al azul y verde en muchas instituciones. Calvià es una buena muestra: de un alcalde socialista con apoyo externo de una lista formada por Podem, Esquerra Unida y Més per Mallorca se pasó a un alcalde popular al mando de concejales de Vox.

El periódico Última Hora acaba de publicar, con cifras aportadas por el Ministerio de Derechos Sociales, una cifra demoledora: a lo largo del próximo año caducarán 24.400 contratos de arrendamiento en Formentera, Eivissa, Mallorca y Menorca. Unas 69.000 personas, calculan en Madrid, tendrán que buscar un techo en un mercado salvaje. El precio medio del alquiler ha subido un 82% en las cuatro islas durante la última década –el doble que en el resto del país–, según el Ministerio de Vivienda. El archipiélago está, a todas luces, tensionado, pero los precios del alquiler seguirán sin poderse regular hasta nuevo aviso. 

El pasado martes, el Parlament rechazó –votos en contra de PP y Vox, mayoría absoluta– una moción presentada por el PSIB-PSOE para que los ayuntamientos de las Illes Balears puedan solicitar esa declaración que –según cuenta él mismo– Francis Morillo ha defendido en algún turno de ruegos y preguntas del pleno municipal de Calvià: “¿Por qué no nos declaran con el problema que tenemos tantos encima? No lo entiendo. Nosotros estamos apuntados en la lista del IBAVI [el organismo que gestiona los alquileres sociales del Govern] desde hace cuatro años, pero no tengo fe en que nos llamen”.

La opinión de los expertos

El detalle de vivir –o no– en una zona tensionada es fundamental. Varios abogados especializados en vivienda a los que ha consultado elDiario.es coinciden en señalarlo. En un municipio con esa etiqueta, el matrimonio de Magaluf podría haber conseguido –como intentó– que se le prorrogara el contrato. En un municipio sin esa etiqueta, el casero de Magaluf –como defiende su abogado– tan sólo ha tenido que decirles que no le interesaba prorrogarlo.

Si el Govern balear declarase el archipiélago como 'zona tensionada' por la Ley de Vivienda, el matrimonio de Magaluf podría haber conseguido –como intentó– que se le prorrogara el contrato. PP y Vox se oponen

Sin necesidad de recurrir –por escrito– a la única excepción que contempla la Ley por el Derecho a la Vivienda: “Que el propietario reclame la vivienda para uso propio o de un familiar directo”, dice una de las personas que se dedican a la abogacía consultadas para este reportaje. Esta añade: “Desde que se cambió la ley se abusó muchísimo de esa excepción y ya hay jurisprudencia al respecto. Si necesito el piso para mí porque me he divorciado y me he quedado sin vivienda, sí puedo reclamarlo. Si estoy de alquiler en otro sitio y tengo solvencia para pagar esa renta, tengo que esperar a que termine la prórroga del contrato con mis inquilinos, que tienen sus derechos si hablamos de una zona tensionada”. 

“En la nueva ley”, continúa la misma fuente, “también se indica que si el propietario o el familiar al que se le cede el piso o la casa no lo ocupan tres meses después de que se marchen los antiguos arrendatarios, estos pueden interponer una demanda, reclamar la devolución de la vivienda y solicitar que los indemnicen por los gastos que les haya ocasionado, mientras tanto, encontrar un nuevo hogar”. “Suele ocurrir poco porque los afectados por esta práctica o carecen de medios o acaban muy afectados al quedarse en la calle con la situación actual”, añade.

“Yo he tenido clientes”, afirma otro de los profesionales del derecho a los que elDiario.es ha planteado el tema, “que en una situación similar han hecho cuentas y han visto que les salía mejor, por los precios de mercado, aguantar en el piso en el que vivían (sin dejar de pagar el alquiler cada mes) a riesgo de llegar a juicio, perder y tener que pagar las costas”. “Lo que este matrimonio no podrá alegar es que no tuvo conocimiento de que el propietario quería recuperar el piso. Aunque el aviso fue por correo electrónico y no por burofax, al contestar aquellos mails es obvio que hubo comunicación fehaciente, que estaban al tanto”, añade.

La estrategia de la PAH

Francis Morillo tiene previsto pegar un salto a Palma para explicar su caso en las reuniones que los miércoles por la tarde organiza la Plataforma de Afectados (PAH) por la Hipoteca para asesorar a personas amenazadas por un desahucio. En el origen de la plataforma, los créditos bancarios y los tipos de interés variable eran las bestias a los que se enfrentaban miles de españoles –muchos, en paro– que no podían pagar la vivienda que compraron. Con ese drama a cuestas acudían a la PAH. El perfil cambió hace años, en las Illes Balears se nota con especial fuerza. “Cada semana nos llegan dos o tres casos como mínimo de inquilinos a los que se les termina el alquiler y no les quieren renovar, o con contrato en vigor, pero a los que quieren echar porque quieren vender el piso o alquilarlo mucho más caro”, explica Gloria Olmos, una de las letradas que trabajan para PAH Mallorca.

El futuro inmediato es poco halagüeño para cualquiera que no sea propietario. El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares augura subidas de entre el 50 y el 70% para apartamentos como el de Francis Murillo y Teresa Jiménez. Si se alquiló un piso en plena pandemia por 600 ó 700 euros será extraño ver en unos meses los mismos cincuenta metros cuadrados por menos de mil euros al mes. La subida del precio de la vivienda es un fuego que no se deja de reavivar. Una lógica especulativa.

El Colegio de Agentes de la Propiedad augura subidas de entre el 50 y el 70% para apartamentos como el del matrimonio mallorquín. Si se alquiló un piso en plena pandemia por 600 ó 700 euros será extraño ver en unos meses los mismos cincuenta metros cuadrados por menos de mil euros al mes

Y añade: “Si, como le ocurre a este matrimonio de Magaluf, un inquilino no tiene un sitio donde ir al terminar su contrato, hay que judicializar el proceso y estudiar si están bien notificados –o no–, mirar la fecha en la que se formalizó el contrato, qué legislación es la aplicable, etcétera. En definitiva, intentar ir por ahí para lograr una negociación previa a la interposición de la demanda [de desahucio], pero todo eso sería en el marco de un proceso judicial: allí tendrían que intentar utilizar todas las herramientas que puedan tener a su disposición si el juez las considera personas en situación de vulnerabilidad”.

Sevillanos que se sienten mallorquines

–¿Cuándo empezaron los problemas de salud de tu mujer, Francis?

–Al poco de jubilarse. Mi mujer trabajaba en hoteles y ha terminado hecha polvo.

–¿De camarera de piso? 

–Eso es, haciendo habitaciones. Y terminan reventadas. Ella necesita oxígeno para respirar, no se puede ni mover. Viene una chica todos los días a bañarla un poco y asearla. Yo no puedo, también tengo mis cositas de salud…

Francis Morillo se explica con frases cortas y contundentes. Su acento es fácil de reconocer: se come las des intervocálicas, aspira las haches, sesea; fonemas que son adornos y desvelan los orígenes de su familia. Aunque vista un abrigo del Real Mallorca –“Mi segundo equipo”– este hombre –setenta y dos años que no los parecen, el pelo del cabello y la barba ligeramente gris, un arete colgando de la oreja izquierda– nació en Sevilla. “Soy palangana y del Tiro de Línea”, dice. Nombra, juntos, el apodo por el que se conoce a los hinchas del Sevilla Fútbol Club y el topónimo de su barrio, un lugar donde, hasta hace un siglo, pastaba el ganado que se vendía en la Feria de Abril.

Los planes expansionistas de la Exposición Iberoamericana que se celebró en 1929 y los planes de vivienda que trajo la democracia levantaron unos bloques –conocidos, de hecho, como la Barriada de la República– que hoy siguen siendo una de las zonas más humildes de la capital andaluza. No tanto como sus vecinos de las Tres Mil Viviendas –históricamente, el barrio más pobre de España–, pero a años luz de sus vecinos de El Porvenir. Las fincas urbanas con piscina donde viven los sevillanos con las rentas más altas tampoco están lejos: una mezcla de riqueza y pobreza, una combinación fácil de rastrear en un municipio como Calvià. “Al estar tan cerca del Polígono Sur, el Tiro de Línea es una zona muy obrera, todavía hay movimiento social”, detalla el jubilado: hace un par de diciembres vio a sus antiguos vecinos protestar por la decisión del Ayuntamiento de Sevilla de eliminar el paso de la Cabalgata de Reyes por el barrio.

–Aquí en Magaluf, en cambio, nos cuesta la vida liar el taco. Aunque seamos trabajadores con los mismos problemas. O más.

–¿Conoces a mucha gente de tu entorno, Francis, que diga que vota, o que va a votar, a Vox?

–Sí. Pero es mucha gente a la que le hablas de política y no saben lo que es la política. “Es que vienen muchos inmigrantes y nos quitan el trabajo”. Lo que dicen ellos.

–¿Y no habéis pensado en volveros a Sevilla, Francis?

–¡Qué va! Me subo a un avión, me encalomo allí quince días, veo a quien tengo que ver, y me vuelvo contento. Ya me he hecho aquí, no quiero volver a vivir en una ciudad. Nos vinimos porque al mayor ya lo teníamos en Mallorca, trabajando. El piso en el que vivíamos mi mujer y yo allí, con el chico, lo perdimos por una mala historia y ahora ya no está el tema tan barato por allí. Yo tenía mi trabajo en una oficina de Correos de Sevilla, pedí el traslado a la de Palmanova, me lo dieron y ahí me he jubilado. Sí, somos andaluces, pero también somos mallorquines. De Calvià. Hemos vivido en cinco sitios diferentes –en el [edificio] Complex, en el Sirocco–, aquí nos conoce todo el mundo, mi mujer salía en Magaluf Ghost Town [una ficción con piel de documental que rodó en Punta Ballena el director Miguel Ángel Blanca en plena pandemia], aquí nos conoce todo el mundo.

–¿Os arrepentís de no haberos metido en una hipoteca?

–¡Es que no hemos podido! Con mi nómina y mi mujer echando siete, ocho meses de temporada, y con la edad que ya teníamos, ningún banco nos daba crédito. De alquiler se podía vivir hasta que se puso todo fatal. Con los socialistas todavía se hizo alguna cosita –aunque nada del otro mundo–, la izquierda, como en todas partes, está dividida y no fue a lo preciso: el trabajador, la vivienda, el estado de las calles, que están hechas una mierda–, ¿pero ahora? En cinco minutos a pata te alargo al hotel que acaban de tirar [en refencia a un hotel de Calvià]. ¿Por qué no lo han convertido en viviendas sociales si era un edificio que ya estaba construido?

El Gobierno ha presentado esta semana la nueva empresa pública de vivienda. Se llama Casa 47 y es el proyecto bandera de políticas públicas de vivienda. La empresa realizará arrendamientos de hasta 75 años de duración. Pero la clave reside en que acogerá todo el ciclo, desde la gestión del suelo hasta la construcción y el alquiler: las viviendas públicas lo seguirán siendo siempre. Se empieza así a revertir el escaso 2%-3% de vivienda pública existente en nuestro país.

La crisis es grave en toda Europa. El precio de la vivienda ha crecido de media en la UE un 60% entre 2015 y 2025, aunque España sale especialmente mal parada. Si en Francia el precio ha aumentado un 26%; en Italia un 13% y en Alemania un 51%, que es muchísimo, en nuestro país roza lo inasumible: un 72%. Estos datos figuran en un informe del Consejo Europeo publicado el pasado mes de octubre.

Los líderes progresistas saben que esta crisis es profunda y que les interpela especialmente. En España se agrava porque los sueldos son bajos. El pasado octubre, el asunto se incluyó en la agenda de la reunión del Consejo Europeo a petición de António Costa y Pedro Sánchez. Sin embargo, vamos tarde. La gente ya no necesita que los gobernantes pongan el problema en la agenda, sino que lo resuelvan. Al tratarse de una cuestión en la que intervienen distintas administraciones, así como actores privados, no se soluciona con facilidad. El Consejo de ministros de pasadomañana sacará adelante el proyecto de Casa 47, que sustituye a SEPES. Ojalá nazca con un plus de ambición que necesita toda innovación pública: será un éxito si se sobrepone a la maraña burocrática y las refriegas sobre competencias entre administraciones.

La empresa pública se llama Casa 47 en alusión al artículo de la Constitución sobre vivienda, uno de los que fue posible redactar en 1978 pero no lo sería hoy, en medio del vendaval de la motosierra. Dice así (lean y saboreen): “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

Desde los años 80-90 hasta hoy, el marco ha cambiado: de ser un derecho social la vivienda ha pasado a verse como un activo financiero. Es imprescindible abordar también nuevas narrativas. Por suerte ya lo tenemos cristalizado en la Constitución: la vivienda como infraestructura pública esencial. La innovación y la justicia social clásica se reencuentran.

Vistos los requisitos económicos que Casa 47 exigirá a los inquilinos, creo que el Gobierno se ha dado cuenta de que la vivienda pública es una necesidad, no sólo como red de seguridad para los más humildes, sino como solución para las clases medias, esas que pueden sentir su confianza en la democracia erosionada si esta no les garantiza un bienestar elemental.

Por si necesitaran alguna motivación adicional, en estos días ha hecho público un interesante estudio del Progressive Politics Research Network sobre la vivienda. La vivienda social ha declinado de forma dramática en los últimos 40 años en toda Europa. Lo más relevante es que esta dejación en las políticas de vivienda no sólo es atribuible a conservadores y neoliberales, sino también a socialdemócratas.

El derecho a la vivienda debe situarse en el primer plano de las exigencias políticas, también para no perder el llamado “derecho a la ciudad”. Es decir, la garantía de que nuestras urbes van a ser lugares habitables para todos y no sólo efímeras áreas de recreo de las elites globales.

“Casas asequibles”, “ciudades asequibles”. La palabra se repite en distintos idiomas. “Affordable” fue la que Zohran Mamdani colocó en el centro de su campaña para definir cómo quería que fuera Nueva York. Ahora es alcalde. Una ciudad asequible es una ciudad donde se puede vivir: más básico, imposible. La vivienda es la brújula por la que deben regirse los partidos progresistas. No para dictar sus “mensajes”, ni su “preocupación”, sino para resolverlo. De lo contrario, se llevará por delante cualquier otro esfuerzo social que se haya llevado a cabo en los últimos años.

El PSOE y los socios de izquierda han alcanzado este martes un primer acuerdo para avanzar en la ley que busca regular los alquileres de temporada, el principal agujero que según los expertos dejó la Ley de Vivienda y que muchos caseros están aprovechando para saltarse los topes de precios en los territorios en los que se aplica. Las formaciones de izquierda han trabajado en los últimos días en un texto que también comparten los socialistas y al que se ha sumado el PNV. La idea es que vaya a comisión la semana que viene y una vez se apruebe viaje al Senado sin pasar por el Pleno del Congreso, con lo que conseguirían sortear el veto de Junts.

Los grupos reactivaron esta ley en el Congreso la semana pasada, con una primera reunión de la ponencia. En el debate de este martes, los grupos han pactado algunas enmiendas para incorporar al informe que si no ocurre nada raro se votará la semana que viene en la comisión del ramo. La idea del bloque de la investidura es aprovechar un mecanismo del reglamento de la Cámara Baja para evitar que la ley vaya a Pleno y poder sortear así el veto de Junts, que en principio no está de acuerdo con lo pactado en los últimos días.

La ley, como la mayoría de las que entran en el Congreso, tiene competencia legislativa plena, es decir, que si ningún partido pide su avocación a Pleno se aprobará con las mayorías de esa comisión. Y en la Comisión de Vivienda, el PSOE y sus socios pueden aprobar iniciativas sin la necesidad de los votos de Junts y mandarlas al Senado directamente. Esto es lo que ocurrirá si nada cambia en los próximos días: está previsto que la votación definitiva sea la semana que viene.

El texto incorpora algunas novedades frente al texto que registraron los grupos de izquierda en el Congreso, a partir de la redacción del Sindicat de Llogateres de Catalunya. A partir de la aprobación de la ley, los alquileres de temporada contarán con las mismas garantías que un contrato de arrendamiento habitual, entre ellas, la prohibición de cobrar honorarios en el inquilino, las limitaciones de la fianza que contempla la Ley de Vivienda y también los topes de precio.

El texto inicial consideraba que los alquileres de temporada tenían un límite de nueve meses, que ahora se extiende a 12. Además, las enmiendas pactadas entre los grupos exigen una causa justificada para el alquiler temporal. Si no existe esa causa, que deberá ser “real y acreditable” y debe justificarse por el casero, el contrato pasará a considerarse como uno de alquiler regular, de cinco o siete años. Lo mismo ocurrirá si el alquiler excede de los doce meses o se encandenan más de dos contratos temporales.

“Siempre que la duración del arrendamiento de vivienda temporal exceda de doce meses o se noven o sucedan más de dos contratos arrendamiento de vivienda temporal de forma consecutiva, entre las mismas partes y sobre la misma vivienda, el primero se entenderá celebrado como un contrato de arrendamiento de vivienda habitual, y le serán de aplicación todos los preceptos previstos para dichos contratos, incluido el plazo mínimo y el régimen de prórrogas”, establecen el nuevo texto.

El alquiler turístico propiamente dicho queda excluido del texto, pero una enmienda de las incorporadas explicita que este último no podrá exceder de los 31 días. Sobre el alquiler de habitaciones, el texto pactado establece que la suma de los importes pagados por cada uno de los inquilinos no podrá superar en total los topes establecidos por la ley para los pisos y los inquilinos quedarán protegidos con las mismas garantías. También blinda la prohibición definitiva del cobro del IBI a los inquilinos.

“Donde haya un fraude o un abuso, ahí estará el Gobierno para intervenir. Regulamos porque la vivienda es un derecho, y una democracia como la española NO se puede permitir que haya un mercado salvaje que exprima a las familias y se coma sus salarios”, han trasladado fuentes del Ministerio de Vivienda tras conocerse el acuerdo. “Es un paso importante y confiamos en que este acuerdo transversal, que prima el interés general, pueda salir adelante definitivamente”, añaden.

“Después de semanas de intensas negociaciones, hoy se ha desbloqueado la proposición de ley destinada a evitar el fraude en los alquileres de temporada y de habitaciones. Es un paso trascendental para solucionar la crisis de vivienda que afecta miles de famílias en el conjunto del estado, prioridad absoluta de nuestro grupo parlamentario en la presente legislatura”, han celebrado los Comuns en un comunicado.

“No se entendería que los partidos se nieguen a poner fin a un fraude que afecta de forma transversal a toda la sociedad. Por eso, estamos convencidos que lograremos la mayoría necesaria para saldar la deuda que tenemos con las mayorías sociales del país, empezando por la juventud y por la gente trabajadora”, han añadido.

Sin los votos de Junts

Los grupos de izquierda del Congreso han trabajado estos días en un borrador al que han tratado de sumar al PSOE y también al PNV. Los socialistas querían incorporar una serie de enmiendas con bonificaciones fiscales que finalmente han quedado fuera de este primer cuerpo de negociación, aunque el grupo parlamentario no renuncia a poder incluirlas en la comisión que se celebre la semana que viene. Ha quedado fuera también una enmienda sobre marco sancionador que no contaba con el apoyo de los nacionalistas vascos, por un asunto de invasión de competencias.

No obstante, los grupos parlamentarios confían en poder aprobar la ley en el Congreso directamente en comisión, sin pasar por el Pleno. Las mayorías cambian y en comisión el bloque de la investidura cuenta con los apoyos suficientes para sacarla adelante, a diferencia del hemiciclo en el que los votos de Junts son imprescindibles para sacar cualquier iniciativa adelante.

La norma no escrita en el Congreso es que la mayoría de normas (excepto las orgánicas y alguna excepción más) se tramitan por defecto con competencia legislativa plena, es decir, que la comisión tiene capacidad total para aprobar una iniciativa y enviarla directamente al Senado sin pasar por el Pleno. Pero en la mayoría de ocasiones los grupos piden que se vote en el Pleno, un trámite que se conoce como avocación. Lo habitual es que si cualquier grupo pide que vaya al hemiciclo el resto de grupos lo acepten. El PP ha pedido este martes esa solicitud para que se vote en Pleno y ya está incorporada en el orden del día pero si se vota antes en comisión es posible que vaya directamente a la Cámara Alta.

El problema que genera esta fórmula es que cuando llegue al Senado el PP y Junts pueden aliarse para introducir cambios o incluso enmiendas que desvirtúen por completo el espíritu de la norma y luego ratificarlas en la votación definitiva en el Congreso. Por eso, una diputada del bloque de la investidura, a la salida de la ponencia, advertía de que con esta vía el PSOE “está jugando con fuego”.

Hacer frente a las subidas del precio del alquiler se ha convertido en una problemática en todo el país e igualmente en Castilla-La Mancha. Al no existir una normativa que regule el precio de los alquileres, las familias deben dedicar una gran parte de su sueldo a pagar un techo bajo el que vivir. A veces, no poder pagar el alquiler conlleva la pérdida de esa vivienda y en los casos más ventajosos se puede buscar una alternativa, pero no siempre es así. Hay quien ha tenido que volver a compartir piso o incluso regresar a casa de sus padres. Pero, ¿qué ocurre si no puedes acogerte a ninguna de esas dos opciones?

El Sindicato de Inquilinas de Guadalajara va a realizar un taller el próximo 24 de octubre en el espacio de El Rincón Lento ubicado en la calle Marqués de Santillana número 13, a las 18.30 horas. La iniciativa 'Nos quedamos' tiene como fin dotar a las personas alquiladas de herramientas para combatir situaciones de indefensión.

El objetivo es explicar qué alternativas hay ante la llegada del fin de un contrato de alquiler e incluso evitar “abusos” en los casos de renovación, explica Gustavo Rioja, portavoz del sindicato.

Rioja comenta que en la actualidad hay una “tendencia muy grande por parte de los arrendadores a no renovar en unos casos y en otros a plantear subidas bárbaras, de entre un 30 o un 40% más caro que el anterior”. Apunta también que se trata de “técnicas de presión” por parte de los arrendadores, “o bien lo pagas o te echan de tu casa”.

Es cierto que el número de desahucios para viviendas en propiedad ha bajado, pero en el caso de las de alquiler sí que se siguen produciendo

Señala que este fenómeno viene influenciado por la pandemia de COVID-19. “En 2020 los alquileres eran mucho más bajos, han subido casi un 50% en Guadalajara, aunque también depende de las zonas”. Desde el sindicato calculan que en el conjunto de España podrían llegara extinguirse hasta medio millón de contratos.

Guadalajara posee casi 2.000 viviendas cerradas

En Guadalajara, el mercado del alquiler de viviendas se encuentra “saturado”, dice. “No es que no haya viviendas, es que no las ponen ni en alquiler ni a la venta. Nosotros hicimos un estudio en Guadalajara y hay 1.900 viviendas cerradas, que pertenecen a empresas, a fondos buitre o a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB)”, explica el portavoz del Sindicato de Inquilinas. Matiza que esas viviendas que están cerradas representan “el 10% del total del parque de alquiler” de la capital alcarreña.

En el caso de Guadalajara, estas subidas de alquiler vienen provocadas también por “lo que llaman el efecto mancha de aceite de Madrid”, un concepto que viene a decir que la crisis de vivienda se va expandiendo desde la capital española a otras zonas.

“La gente está siendo expulsada de la capital madrileña porque no pueden pagar el alquiler y vienen a otras provincias cercanas como la zona del corredor de la Sagra en Toledo o al corredor del Henares en Guadalajara, lo que genera más demanda de vivienda de alquiler.

Mientras no se intervenga directamente sobre el mercado y se limiten los precios del alquiler, esas medidas no sirven para absolutamente nada

Rioja señala también que sigue habiendo desahucios. “Es cierto que el número de desahucios para viviendas en propiedad ha bajado, pero en el caso de las de alquiler sí que se siguen produciendo”.

El portavoz del Sindicato de Inquilinas de Guadalajara habla de 'desahucios ocultos' en materia de alquiler, en el que al pedir una subida del precio de alquiler al finalizar el contrato y no haber oferta disponible de vivienda tienen que alquilar habitaciones individuales. “En Guadalajara se ha incrementado mucho el alquiler de habitaciones, donde los inquilinos estamos totalmente fuera de la ley. No hay ninguna ley que regule este tipo de alquileres. Está sujeto a lo que quiera el arrendador”, explica. Además, señala que ha conocido casos en los que existen “expulsiones al cambiar las cerraduras, presión y acoso del arrendador para que te vayas”.

A través del alquiler por habitaciones el arrendador obtiene un mayor beneficio económico, ya que no es lo mismo “alquilar un piso de cuatro habitaciones por el precio del alquiler habitual, a sacar 600 euros por cada habitación”.

Valoración sobre las medidas del 'Plan Acción Vivienda'

El Gobierno de Castilla-La Mancha anunciaba a mediados del mes de octubre, en el contexto del Debate sobre el Estado de la Región, un 'Plan Acción Vivienda' que contempla medidas como la construcción de 800 viviendas, o un préstamo desde la propia Junta de Comunidades a tipo cero, según explicó el presidente regional Emiliano García-Page.

Este préstamo en concreto está dirigido a jóvenes menores de 36 años y familias con hijos/as, cuyo objetivo es cubrir el 20% de la entrada inicial para la compra de la primera vivienda habitual. Sin embargo, desde el Sindicato de Inquilinas de Guadalajara se considera que no son más que “medidas parche”. “De cara a la galería y los votantes está muy bien, pero eso no va a solucionar el problema de la vivienda. ¿Por qué dar créditos blandos a los jóvenes para que sigan endeudándose con los bancos y con inmobiliarias que hacen el negocio, o fondos buitre que hacen especulación?”, afea el portavoz Gustavo Rioja.

Desde el sindicato matizan que “mientras no se intervenga directamente sobre el mercado y se limiten los precios del alquiler, esas medidas no sirven para absolutamente nada”.