La ciudad de Santander ha vuelto a ser escenario de la crudeza de la crisis de la vivienda. A primera hora de este miércoles, alrededor de las 7.15 horas, un despliegue de la Policía Nacional de dos furgones y siete agentes ha procedido a acordonar un perímetro de unos metros en torno al portal número 20 de la calle Antonio López en el centro de la ciudad.

Algo, al parecer, “habitual”, según ha justificado pasadas las 8.30 horas a elDiario.es uno de los efectivos, para que posteriormente la comisión judicial pudiera realizar su trabajo. El agente se refería al desalojo de Blanca, su hija y su perro de la vivienda que esta ciudadana santanderina sexagenaria habita desde que tenía 12 años.

A pesar de la resistencia civil pacífica convocada por el Sindicato de Vivienda de Cantabria, en cuya concentración se han escuchado proclamas como “todas bajo techo, la vivienda es un derecho” o “ no nos va a callar la violencia policial”, el desalojo se ha consumado pasadas las 10.30 horas, dejando a la familia en una situación que Blanca define como de “indefensión total”. De nada ha servido la conversación previa de Yolanda Ceballos, portavoz del Sindicato, con los miembros de la Comisión Judicial, para tratar de explicar la falta de solución habitacional de esta familia que se ve abocada a una situación de calle.

La jornada de este miércoles ha dejado un sabor amargo en el movimiento por la vivienda en Cantabria, entre los que había también miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). A la ejecución del desahucio se suma la denuncia del Sindicato de Vivienda sobre la agresión sufrida por una de sus activistas durante la carga policial para despejar la entrada del edificio que se ha producido a primera hora.

El sindicato ha querido dejar claro que lo ocurrido trasciende el caso individual de Blanca. “Nosotras desde el Sindicato de Vivienda lo único que podemos decir es que es una derrota para todas, tanto para Blanca y su hija, como para quienes han puesto el cuerpo hoy para intentar evitar el desalojo”, han valorado.

A pesar del golpe anímico que supone no haber podido frenar el lanzamiento y de ver cómo la familia queda hoy sin techo, la organización mantiene su compromiso de lucha: “La violencia policial no va a impedir que sigamos defendiendo el derecho de protesta y el derecho a una vivienda digna frente a la libertad para especular y hacer negocio de la miseria de otras”.

“Se han reído en mi cara”

Visiblemente afectada y tras presenciar cómo su hija sufría un ataque de ansiedad durante el proceso, Blanca ha denunciado ante los medios de comunicación y decenas de activistas presentes lo que considera una traición por parte de las instituciones que debían protegerla.

Su crítica más feroz ha ido dirigida a su representación legal de oficio: “La abogada ha sido cobarde, no está aquí. Se ha vendido al propietario de esta vivienda”, ha lamentado. Según Blanca, esta ausencia ha sido determinante, ya que la letrada no habría tramitado la renovación de su certificado de vulnerabilidad, un documento clave para frenar el lanzamiento.

La inquilina sostiene que tanto los Servicios Sociales como la Consejería de Vivienda han “ignorado” sistemáticamente sus recursos. Ambas subsisten con el Ingreso Mínimo Vital, ya que su hija está en situación de desempleo. “Se me ha ninguneado, no se me ha hecho ningún caso. Los Servicios Sociales se han reído en mi cara”, ha relatado con indignación, subrayando que mientras le dicen que no hay parque público disponible, ella tiene constancia de la existencia de “2000 viviendas cerradas para gente como yo”, ha clamado Blanca tras ser expulsada de su hogar. “La Constitución dice que todo español tiene derecho a una vivienda digna, ¿dónde están la mía y la de mi hija? Y la de mucha gente que está en esta condición como yo”.

“Para fiestas sí tenemos dinero”

La desesperación de Blanca se acrecienta ante los plazos administrativos que no coinciden con la urgencia de quien se queda en la calle. Según su testimonio, dispone de una calificación habitacional desde el pasado 28 de abril, pero la respuesta institucional sigue estancada. “La contestación ha sido: espérate porque todavía estamos calificando a los de febrero. O sea, me tendré que esperar al año que viene, si llego”, ha lamentado la afectada frente al portal de la que hasta hoy era su casa.

Blanca ha cargado duramente contra la gestión del Ayuntamiento de Santander, acusando al consistorio de “lavarse las manos” y priorizar el gasto en festejos sobre la necesidad de sus ciudadanos. “Lo gastamos en fiestas; para eso sí tenemos dinero, pero no para dar casa a quien se lo merece”, ha criticado. La sensación de ser tratada como ciudadana de segunda categoría ha sido una constante en su discurso, llegando a cuestionar si sus derechos como española están siendo vulnerados frente a otros colectivos, en un momento de máxima tensión emocional.

La alternativa: el albergue municipal

La alternativa habitacional ofrecida por el Ayuntamiento de Santander para Blanca y su hija ha sido el Centro de Acogida Princesa Letizia, una opción que la familia ha rechazado. Blanca alega que no es un entorno “seguro” para dos mujeres solas, citando supuestos incidentes recientes de violencia y delincuencia en el centro.

Tras el desalojo, Blanca y representantes del Sindicato de Vivienda han acudido a las dependencias municipales para pedir una solución de emergencia que no pasara por el centro Princesa Letizia. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido inflexible. Javier San Millán, del Sindicato de Vivienda, ha explicado que los responsables municipales “han dado largas” y finalmente han dado una respuesta negativa alegando que la solución no dependía directamente de ellos.

En los Servicios Sociales, la respuesta ha sido un ultimátum: o aceptan el ingreso en el Princesa Letizia o deberán dormir en la calle. La opción de RedEnlace, otro recurso habitacional, ha quedado descartada por criterios técnicos, ya que la prioridad de dicho programa son mujeres con hijos menores de edad, y al ser la hija de Blanca mayor de edad, el sistema las excluye.

Al cierre de esta información, Blanca, su hija y su perro se encuentran en la calle, sin una alternativa habitacional. El sindicato reconoce “haber agotado todas las vías institucionales posibles” y la administración, por ahora, solo ofrece un centro de acogida temporal, durante solo cuatro días, que la familia no considera una solución digna.

El Sindicato de Vivienda de Cantabria ha denunciado la agresión a una activista que milita en este colectivo durante una concentración convocada este miércoles en el número 20 de la Calle Antonio López de Santander para intentar parar un desahucio de una mujer y su hija, además de cuestionar la “vulneración del derecho a la protesta” por parte de la Policía Nacional, que ha impedido el paso a las personas que “voluntaria y pacíficamente” iban a manifestarse.

Según ha relatado esta organización sindical a través de una nota de prensa, dos horas antes de que llegara la comisión judicial encargada de realizar el lanzamiento de la vivienda en la que Blanca y su hija viven desde hace años, convocada para las 9.00 horas, dos furgones de la Policía Nacional con siete agentes han acudido de “forma violenta” al portal del domicilio.

“La agente responsable del dispositivo judicial ha agredido físicamente a una militante del Sindicato de Vivienda a pesar de que ningún miembro de la asamblea había ejercido violencia ni opuesto resistencia frente a los agentes: Han llegado con los furgones, han salido todos rápidamente y directamente nos han agredido. La agente me ha cogido del pelo y ha tirado intentando quitarme a la fuerza del portal de la vivienda”, ha denunciado la activista del Sindicato de la Vivienda.

“Pedro Casares dijo que quería 'limpiar las calles de toda persona que quiera alterar el orden' y parece que ya ha empezado. A mí no se me ocurre nada que altere más el orden que echar a una familia de su casa y dejarla en la calle, o que por defender el derecho fundamental a una vivienda digna te echen a palos”, ha explicado la militante afectada por esta situación que denuncia.

“Hemos informado a Delegación de Gobierno, tanto de la flagrante vulneración del derecho a protesta como de la agresión a nuestra compañera, y nos han animado a denunciarlo pero tampoco nos han dado ninguna solución”, ha apuntado otro militante del sindicato cántabro. “La agente que ha agredido a la militante ha reconocido la agresión frente a los miembros de la asamblea, pero ha retirado su número de placa del uniforme para continuar con el operativo policial”, han advertido los miembros del Sindicato de Vivienda.

“La vulneración del derecho a la protesta que se está efectuando contribuye a desplazar el foco de lo realmente importante en el dia hoy: una familia en situación de vulnerabilidad está a punto ser desahuciada de su casa sin alternativa habitacional, y sin que las instituciones sean capaces de dar una respuesta más allá de la violencia”, han señalado los participantes en la concentración convocada junto al portal del edificio.

El Gobierno de Aragón se suma a comunidades autónomas como Madrid, la Comunitat Valenciana o Extremadura y rechaza aplicar las zonas de mercado residencial tensionado previstas en la Ley estatal de Vivienda, incluso si los municipios las solicitan. El Consejo de Gobierno ha acordado de forma unánime no tramitar estas declaraciones al considerar que la limitación de los precios del alquiler “reduce la oferta de vivienda” y defender como alternativa el incremento del parque público.

El Gobierno de Aragón ha acordado de forma unánime rechazar la tramitación de procedimientos para declarar Zonas de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT), una decisión que impedirá su aplicación en la comunidad aunque los ayuntamientos la soliciten. El consejero de Vivienda, Octavio López, ha defendido este martes que no se trata de una “decisión ideológica”, sino adoptada “bajo los máximos criterios de responsabilidad pública”, al considerar que la solución al problema de acceso a la vivienda “no pasa por la regulación de precios privados, sino por el aumento de la oferta de promoción pública”.

El acuerdo, que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), se fundamenta, según el Ejecutivo autonómico, en las competencias exclusivas de la comunidad en materia de vivienda y en la naturaleza potestativa de estas declaraciones, recogida en la Ley estatal de Vivienda y avalada por el Tribunal Constitucional. López ha defendido que el Estado no puede imponer la aplicación de las zonas tensionadas y ha asegurado que limitar las rentas del alquiler supone trasladar a los propietarios una carga que corresponde a los poderes públicos.

El consejero ha explicado que la decisión se apoya también en los “efectos perjudiciales” que, a juicio del Gobierno aragonés, ha tenido el control de precios en los territorios donde ya se aplica. Como ejemplo ha citado Cataluña, donde las limitaciones están vigentes desde marzo de 2024. Basándose en un informe elaborado para la Cátedra Unesco de la Universitat Rovira i Virgili, el Ejecutivo sostiene que la medida ha provocado una reducción de la oferta de vivienda en alquiler, ha favorecido el trasvase hacia el alquiler turístico, de temporada o la compraventa, ha reducido el tamaño medio de las viviendas disponibles y ha generado un “efecto frontera” al encarecer los municipios limítrofes no regulados.

“No nos hemos cerrado en banda a aplicar los escasos aspectos positivos de la ley de vivienda estatal”, ha señalado López, quien ha calificado la norma en su conjunto de “nefasta”. Por ello, ha reafirmado que “en Aragón no se tramitarán procedimientos para la declaración de Zonas de Mercado Residencial Tensionado hasta que no se disponga de informes científicos que contradigan los efectos negativos derivados de estas regulaciones”.

En este sentido, el consejero se ha referido expresamente a municipios como Aínsa o Biescas, que han manifestado su intención de solicitar la declaración de zona tensionada por los problemas de acceso a la vivienda. Aunque ha precisado que esas solicitudes todavía no han llegado formalmente al Gobierno de Aragón, ha garantizado que no serán aprobadas porque el Ejecutivo entiende que esta medida “perjudica gravemente” al mercado del alquiler.

Como alternativa, el Gobierno autonómico ha vuelto a reivindicar el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030. López ha destacado que desde el inicio de la legislatura se han impulsado unas 3.000 viviendas públicas y ha reiterado el objetivo de alcanzar las 7.000 antes de que termine el mandato. También ha puesto en valor el programa Más Vivienda, Mejor Turismo, con el que se proyectan 488 viviendas de alquiler asequible para trabajadores en 43 municipios turísticos mediante una inversión superior a 80 millones de euros.

La decisión formaliza una postura que el Ejecutivo de Jorge Azcón ya había expresado en varias ocasiones y que comparte con la mayoría de comunidades autónomas gobernadas por el PP. En octubre de 2024, los consejeros de Vivienda de estos territorios suscribieron un comunicado conjunto en el que rechazaban declarar zonas tensionadas aunque los ayuntamientos las solicitaran, al considerar que se trata de una medida ineficaz. Desde entonces, comunidades como Madrid o la Comunitat Valenciana han rechazado peticiones de municipios como Getafe, Rivas Vaciamadrid, Fuenlabrada, Sagunto o Dénia. La principal excepción ha sido Galicia, cuya Xunta autorizó en mayo de 2025 la declaración de A Coruña, aunque insistió en que lo hacía por imperativo legal y manteniendo sus críticas a la Ley estatal de Vivienda.

El Gobierno de Castilla-La Mancha remarca que la política de vivienda “es una prioridad” y que por ello va a dedicar 135 millones de euros en los próximos cuatro años a generar más oferta a través de la reclasificación de fondos europeos.

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, durante la presetación del proyecto ‘Tecnove Custom Trucks. Innovación, industria y vivienda para una nueva generación’.

“Lo primero que hemos hecho, y esto es obra del consejero de Fomento y creo que es un buen dato, es reclasificar fondos europeos que teníamos para otros objetivos. Si es una prioridad y la Unión Europea nos lo permite, vamos a coger fondos que teníamos para otras actuaciones y los vamos a dedicar a vivienda”, ha explicado el vicepresidente segundo. Caballero ha señalado que “somos la comunidad autónoma de España que más fondos ha reconfigurado para este objetivo y no somos la que más problemas tiene en relación con la vivienda, pero desde luego sí somos la que tenemos más clara la prioridad”.

Cuatro ámbitos de respuesta a la vivienda

Por este motivo, tal y como ha explicado José Manuel Caballero, “desde el Gobierno de Catilla-La Mancha queremos actuar en los cuatro ámbitos que son necesarios para dar una respuesta al problema de la vivienda”. En primer lugar, ha señalado la importancia de generar más oferta: “Es evidente que hay que construir más viviendas y, si puede ser, de manera más rápida y además hacerlo a mejor precio”, ha señalado.

Por otro lado, Caballero ha puesto el acento en la importancia de desarrollar políticas públicas para reutilizar la vivienda que ya existe. “En este sentido, ya hemos sido una de las comunidades autónomas más dinámicas y que más fondos ha gestionado en ayudas para los particulares en la rehabilitación energética de vivienda, hasta el punto de que hemos utilizado fondos de otras comunidades que no han sido capaces de ejecutar”, ha explicado.

Sin embargo, ha señalado que hay que continuar en esta materia y para esto “hemos dispuesto 108 millones para rehabilitar viviendas, ya no solo en el centro de las ciudades, incluso en los pueblos”. Así, ha recordado el programa de vivienda rural al que, en estos momentos, tienen que adherirse los ayuntamientos interesados para poder, posteriormente, ayudar a rehabilitar las viviendas vacías en los pueblos y que éstas puedan ser puestas en alquiler asequible.

En tercer lugar, Caballero ha señalado que, una vez puestas en marcha estas políticas de generación de oferta y reutilización de la existente, “hay que ayudar a la gente a que pueda acceder a ellas”. Por eso, desde el Gobierno regional, tal y como ha detallado, “tenemos aproximadamente 100 millones de euros para poder facilitárselo, especialmente a los más vulnerables y a colectivos con problemas en esta materia, como son también los más jóvenes”.

Por último, José Manuel Caballero ha puesto en valor el trabajo que se está desarrollando para poner en marcha las modificaciones legislativas. “Estamos trabajando en la reformulación legislativa hasta un ámbito que va más allá de nuestras competencias y sin ninguna pereza por parte del Gobierno regional para llevar a las Cortes modificaciones, como las que ya hemos llevado hace unos meses y las que llevaremos las próximas semanas, para facilitar la posibilidad de construcción de vivienda, de utilización de suelos y de reglamentaciones que agilicen esta repuesta al problema”, ha explicado.

Industrialización de la vivienda en el nuevo Plan estatal

Por su parte, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha asegurado que hay que poder fabricar nuevas viviendas en España y ha puesto de relevancia cómo la falta de mano de obra y de relevo generacional en sectores como el de la construcción hace que “la industrialización en la construcción de la vivienda venga a dignificar la profesión, ya que hay que mejorar las condiciones para que estos sectores vuelvan a ser atractivos para jóvenes o mujeres”.

De esta manera, Hernando ha asegurado que el sector de vivienda industrializada es incipiente y tiene que tener apoyo. En esta línea, ha destacado que “en el nuevo Plan Estatal de Vivienda va a haber un plus de ayudas a la construcción de nuevas viviendas si incorporan algún proceso de industrialización”.

El consejero de Fomento ha explicado que “ya estamos en disposición de poder recibir el dinero por parte del Estado en el mes de julio o septiembre y podremos arrancar después de las convocatorias y los plazos de solicitud, para principios del año 2027. Entre medias vamos a poder destinar fondos FEDER para que este año no se quede en barbecho”.

Amnistía Internacional ha reclamado al Gobierno regional de Castilla-La Mancha que adopte “medidas urgentes” para garantizar el derecho a la vivienda frente a la “creciente crisis” de asequibilidad que afecta a miles de personas en la comunidad autónoma.

La organización ha trasladado estas demandas a Nacho Hernando, consejero de Fomento, junto con las conclusiones del informe '¿Soluciones a la crisis del derecho a la vivienda? Consideraciones sobre las recientes medidas del Gobierno y las iniciativas legislativas en tramitación y votadas en el Congreso', en el que recuerda que la asequibilidad constituye un elemento esencial del derecho a una vivienda adecuada. Explican que los gastos asociados a la vivienda “deben ser soportables y no impedir el disfrute de otros derechos humanos como la alimentación, la salud o la educación”. En una carta remitida al consejero, la organización también solicita una reunión para trasladarle personalmente las conclusiones del informe y las principales recomendaciones de la organización en materia de vivienda.

Castilla-La Mancha entre las regiones con mayor nivel de pobreza

Amnistía Internacional muestra su preocupación porque Castilla-La Mancha “sigue sin utilizar una de las principales herramientas previstas en la legislación estatal para contener el precio del alquiler y proteger a las personas inquilinas”. Apuntan que la comunidad autónoma no tiene declarada ninguna zona de mercado residencial tensionado, “pese al fuerte incremento del precio de los alquileres en los últimos años y a las crecientes dificultades de acceso a la vivienda que existen en distintos municipios”.

La organización subraya además que algunos ayuntamientos ya han manifestado la necesidad de avanzar en esta dirección. El Ayuntamiento de Cuenca ha elaborado y sometido a información pública un informe técnico para solicitar la declaración de zona de mercado residencial tensionado, al detectar riesgos de insuficiencia de vivienda asequible para la población residente y un importante incremento de los precios del alquiler. Asimismo, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha impulsado iniciativas para avanzar en la elaboración de la documentación necesaria para solicitar esta declaración. Estos pasos “evidencian que existe una preocupación real” por la evolución del mercado de la vivienda en municipios de la región y que corresponde a la Junta utilizar las competencias que le atribuye la Ley por el Derecho a la Vivienda.

La preocupación resulta “especialmente relevante” en una comunidad autónoma que se sitúa entre las que presentan mayores niveles de pobreza y exclusión social del país. Según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, Castilla-La Mancha registra una tasa AROPE del 34%, “muy por encima de la media estatal”, y una de las mayores tasas de riesgo de pobreza de España. Este indicador mide el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, teniendo en cuenta factores como los ingresos, las carencias materiales y la intensidad del empleo en los hogares, y sitúa a Castilla-La Mancha entre las comunidades autónomas con mayores niveles de vulnerabilidad social de España.

“En un contexto de elevada pobreza y dificultades crecientes para acceder a una vivienda, las administraciones públicas no pueden limitarse a observar la evolución del mercado. Deben activar mecanismos para contener los precios cuando sea necesario, garantizar alquileres asequibles y reforzar la protección de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad”, señala Rafaela Alonso, responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional Castilla-La Mancha.

La organización recuerda además que ya en mayo de 2024 pidió a la Junta de Comunidades que impulsara la declaración de zonas tensionadas allí donde se cumplieran los requisitos legales. Dos años después, Castilla-La Mancha continúa sin aplicar este instrumento mientras persisten los problemas de acceso a la vivienda en distintos municipios de la región.

Además de la escasez, deshaucios

Amnistía Internacional recuerda además que uno de los “principales déficits” estructurales en materia de vivienda es la escasez de vivienda social en alquiler. Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el parque social de alquiler representa en España apenas el 1,71% del total de viviendas, frente a una media cercana al 9% en la Unión Europea. En Castilla-La Mancha la situación es igualmente preocupante: de las aproximadamente 1.347.273 viviendas existentes en la comunidad autónoma, solo unas 22.392 tienen carácter de vivienda social, lo que supone alrededor del 1,66% del total.

Amnistía Internacional también insiste en que ninguna persona o familia en situación de vulnerabilidad debería sufrir un desalojo de su vivienda sin una alternativa habitacional adecuada. En este sentido, recuerda el caso de una madre y su hija menor desalojadas en Alovera, para quienes la organización solicitó a Junta de Comunidades y Ayuntamiento una solución urgente de vivienda el pasado mes de febrero.

Más recientemente, en el edificio de VPO conocido como Yedra 8, en el barrio toledano de Santa Martía de Benquerencia, se encuentran en curso varios procedimientos de desahucio derivados de las reclamaciones planteadas por la Junta de Comunidades y la empresa pública Gicaman ante los tribunales. Entre las personas afectadas figuran una familia monomarental con situación de vulnerabilidad reconocida por los Servicios Sociales y un joven con una discapacidad del 56%, cuyo desahucio está previsto este jueves 25 de junio a las 11:30h, según denuncia la Unión Popular de Inquilinos de Toledo.

Junto a la activación de mecanismos para mejorar la asequibilidad del alquiler, Amnistía Internacional reclama el incremento de forma sostenida del parque público y social de vivienda para ofrecer una alternativa real a aquellas personas y familias que no pueden acceder a una vivienda adecuada a través del mercado privado. Esta insuficiencia deja a miles de hogares expuestos a las dinámicas del mercado privado y limita gravemente la capacidad de las administraciones para garantizar el derecho a la vivienda de las personas con menos recursos.

“El derecho a la vivienda no puede depender exclusivamente de las reglas del mercado. Las autoridades tienen la obligación de adoptar medidas concretas para garantizar que todas las personas puedan acceder y mantener una vivienda adecuada en condiciones asequibles”, concluye la organización.

Alrededor de medio centenar de personas se han concentrado desde las 7.50 de este viernes en los bajos del bloque de la avenida de Bilbao 53-A, en una zona residencial de Muriedas, casi en la entrada de Maliaño.

José, la persona que la justicia pretende desahuciar, está en su casa. Está el Sindicato de la Vivienda de Cantabria, que ha coordinado el intento de paralización, la PAH y Stop Desahucios. Han venido vecinos de la calle Hermanos Calderón, cuyas viviendas de alquiler asequible ha comprado un fondo privado. El ambiente es distendido, pero los vecinos de Hermanos Calderon reconocen que están tensos. “No estamos acostumbrados a estas situaciones”, dicen antes de bajar a la entrada del edificio a colocarse por seguridad.

Desde el Sindicato de la Vivienda explican a eldiario.es que José y su familia alquilaron en 2017 a un particular la vivienda en Muriedas. En 2018 el propietario dejó de pagar la hipoteca y pasó a ser propiedad del banco Liberbank. Estando en conversaciones con el banco para que le concedan un alquiler en la misma vivienda, Liberbank vende el piso a un fondo buitre llamado Global Berbice. El fondo buitre vende la vivienda a un particular con Jose y su familia dentro en 2025. El 24 de abril de este año, la abogada de José recibió la notificación del lanzamiento de desahucio con fecha 19 de junio, sin un intento de conciliación o mediación previa a la demanda, cuestionan desde el Sindicato de la Vivienda.

El caso de la familia es particular porque Jose solo ha pedido dos meses de tiempo extra en su piso: ya tiene una vivienda apalabrada para septiembre. Con un hijo de 21 años con un 85% de discapacidad, otro de 19 y otra hija menor de edad, insisten, “Jose solo pide dos meses más, es consciente de que se tiene que marchar”, pero si le desahucian, “se queda en la calle”.

A las 8 llega puntual la Guardia Civil, que se queda enfrente del edificio. El Sindicato de la Vivienda da indicaciones diez minutos después de dónde ubicarse para garantizar que no saquen a José de su casa. “Hacemos resistencia pasiva”, advierten.

A las 8:50, el grupo se coloca delante del portal y empieza a gritar: “José se queda”, en teoría la comisión del juzgado que notifica al inquilino su desahucio, llega a las 9. Justo llega la abogada de José, que sube a ver a Jose. Las consignas siguen: “Todas bajo techo, la vivienda es un derecho”; “El desahuciar se va a acabar”; “Fuera rentistas de nuestros barrios”; “Vecina, alerta, hay buitres en tu puerta”.

A las 9.00 horas llega puntual la comisión del juzgado, el grupo grita antes de que entren al bloque: “Todas bajo techo, la vivienda es un derecho”.

La abogada y una representante del Sindicato de la Vivienda salen de la entrada del edificio, dejan a un lado al grupo de la calle Hermanos Calderon, cruzan la carretera y se acercan a hablar con la comisión mientras el grupo prosigue: “Ni casa sin gente, ni gente sin casa”.

Aguanta el grupo en la puerta y no entran, salen y vuelven a acercarse a tomar fotos los agentes de la Guardia Civil. Cada vez hay más vecinos de la zona enfrente del piso. “Van a mandar refuerzos”, alertan desde el Sindicato de la Vivienda. “Jose, vecino, estamos contigo”, continúan clamando.

“Las de la comisión no han querido negociar, aunque solo son dos meses, ni siquiera con la abogada de Jose”, explica la persona que se ha acercado a hablar con las representantes del Sindicato de la Vivienda.

“Vale, compas, hemos parado el desahucio”, gritan los concentrados a las 9:30 horas de la mañana.

“Toda esta gente maravillosa que ha venido a protestar... hacen lo que debían hacer las instituciones y el gobierno, que no hacen más que darnos la espalda”, señala José con alivio tras conocer que su desahucio no se ha llevado a cabo.

“Todo por un negocio, por especular, apoyados por el gobierno con mentiras... Y las familias se quedan en la calle sin alternativa, en mi caso, con dos discapacitados en casa”, añade. “Lo que estamos pidiendo no es quedarnos en la vivienda, es quedarnos dos meses hasta septiembre porque me ha salido una vivienda y hasta entonces no tengo donde ir”, explica. “El artículo 47 debería ser borrado. Dice que tenemos derecho a una vivienda digna. ¿Dónde está?”, se pregunta.

El viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, ha firmado una instrucción para que sea considerado como infracción de carácter “grave” (con sanciones que van desde los 3.000 hasta los 20.000 euros) la denegación de la prórroga de un contrato de alquiler en las zonas tensionadas, que ahora mismo son las tres capitales de la comunidad autónoma y otros catorce municipios. La medida responde a que algunos fondos titulares de inmuebles están expulsando a los inquilinos alegando que los contratos son previos a la normativa estatal de las zonas tensionadas de 2023, que habilita expresamente a que se puedan reclamar extensiones anuales del contrato -con un tope de tres años- y manteniendo las mismas condiciones.

Según la resolución de De los Toyos, firmada a comienzos de junio y ya en vigor, se han recibido ya algunas “denuncias” por la “denegación de prórrogas extraodinarias”. Las fuentes consultadas aluden a casos relacionados con fondos que son titulares de inmuebles y que alegan que los contratos que ahora quieren finalizar son previos a 2023 y, por lo tanto, supuestamente eximidos de la ley. Los problemas se concentran en Vitoria y en Tolosa, siempre según estas fuentes.

El Gobierno vasco, por el contrario, interpreta que, si la vivienda está en una zona tensionada, queda igualmente protegida independientemente de la antigüedad del acuerdo con el propietario. Sin ese carácter retroactivo, el escudo quedaría totalmente desvirtuado, entienden. Así, si existe ese documento firmado, si el municipio está en la lista de zonas tensionadas y si el inquilino ha solicitado la prórroga correctamente, como es su derecho, el propietario no podrá ni denegarlo ni adoptar medidas “concluyentes” como realizar un “requerimiento fehaciente de entrega de llaves” o incluso “la interposición de una demanda de desahucio”. La medida afecta tanto a viviendas libres como a las protegidas.

Más bien al contrario, la Administración interpreta que las delegaciones de Vivienda de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han de “admitir a trámite las denuncias y comunicaciones” e “iniciar las actuaciones” para incoar un procedimiento “sancionador”. Se pide expresamente a los inspectores que se aquieten a estas directrices para evitar “resoluciones dispares ante supuestos de hecho idénticos”. Se recalca que la reforma de 2025 de la normativa autonómica de vivienda, que retoca la ley de 2015, refuerza aún más las potestades del Gobierno vasco para gestionar en su territorio las zonas tensionadas de la ley estatal de 2023.

¿Cuáles son las zonas tensionadas? Además de Vitoria, Bilbao y Donostia, son Arrasate-Mondragón, Astigarraga, Barakaldo, Errenteria, Galdakao, Hernani, Irún, Lasarte-Oria, Lezo, Pasaia, Tolosa, Usurbil, Zestoa y Zumaia. “La población residente en los municipios tipificados como zonas tensionadas en su totalidad (1.486.171 personas) representa el 67,31% de la población total de la comunidad autónoma”, recoge un informe de abril sobre la aplicación de la normativa estatal en Euskadi.

Más de dos años después de la entrada en vigor en Canarias del decreto estrella del Gobierno de Fernando Clavijo, el de vivienda, el precio de los inmuebles en las Islas ha batido (una vez más) su récord histórico. Según la estadística de valor tasado del Ministerio de Vivienda, que arranca en 1995, el precio medio alcanzó en el primer trimestre del año los 2.234 euros/metro cuadrado en las Islas. Con este son ya tres trimestres encadenados con precios por encima de los 2.000 euros. Y con respecto a hace un año, la subida registrada en el archipiélago es del 13,6%. El decreto, que se anunció como la solución a la crisis habitacional en el archipiélago, no ha conseguido por ahora ningún resultado.

El decreto del Gobierno canario, sin ningún efecto

El Gobierno de Canarias declaró durante esta legislatura la emergencia habitacional, pero se ha negado en reiteradas ocasiones a aplicar en las Islas la Ley estatal de Vivienda. Pese a ello, el Ejecutivo de CC y PP insiste en culpar a esta ley nacional de la subida de precios en las Islas.

El Gobierno de CC y PP optó por desdeñar la ley nacional y preparar un decreto propio hace ya más de dos años que, en resumen, fía la solución del problema habitacional a construir más y más rápido. Además, no incluye ninguna medida para evitar la acumulación de viviendas, la venta de viviendas a extranjeros o la especulación.

Este decreto, muy aplaudido por las patronales de la construcción, nació de una lógica simple: ante la escasez de oferta, es necesario ampliar el parque de vivienda con más edificaciones, reconversiones de locales comerciales, finalización de inmuebles inacabados por el crac financiero de 2008 y hasta la habilitación de suelo dotacional, pensado en un principio para levantar escuelas, hospitales o parques, y que ahora servirá también construir bloques de pisos. Según expresó el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez (Coalición Canaria), al presentar dicho decreto, “hay una necesidad mayor de construir viviendas que parques”.

Y así, el precio de las viviendas y los alquileres sigue disparados en las Islas. De hecho, es la región donde más suben.

Nada más conocerse el decreto (febrero de 2024) diferentes expertos consultados por este periódico señalaron que la norma aportaba de todo menos soluciones a corto plazo. La mayoría de las fuentes consultadas echaron en falta actuaciones a corto plazo, como la captación de inmuebles vacíos o regulación de alquileres, pues la estrategia de apostarlo todo al ladrillo tardará muchos años en tener resultados, si es que los tiene, que eso tampoco está tan claro.

Y así, dos años y medio después de la entrada en vigor del decreto estrella del Gobierno de Clavijo se confirma que los precios, tanto de los alquileres como de la compraventa de inmuebles, sigue subiendo hasta cifras récord.

Clavijo culpa al Estado y a los ayuntamientos

Pese a estos datos, esta misma semana, Fernando Clavijo volvió a desechar la idea de declarar Las Palmas de Gran Canaria zona tensionada e incluso afirmó que en las Islas no hay grandes tenedores de vivienda y que los pocos que hay no tienen miles de viviendas.

Los datos desmienten a Clavijo. Un informe del Ministerio de Consumo en colaboración con el CSIC publicado este mes de abril desvela que las dos capitales canarias registran la mayor concentración de multiarrendadores de viviendas del país: el 64,9% de los caseros con más de dos propiedades. Otro dato: según el Catastro, en Canarias hay 81.632 casas en manos de grandes tenedores, propietarios que poseen más de diez inmuebles de uso residencial. Esa cifra supone el 8,2% del parque total de viviendas del Archipiélago (999.056), lo que sitúa a las Islas como la comunidad con el porcentaje más alto de concentración inmobiliaria del país, algo que Clavijo negó este martes en sede parlamentaria.

Tras culpar al Gobierno central del problema de la vivienda, Clavijo señaló después a las administraciones locales. Según él, su “Gobierno [canario] ha hecho lo que ha podido” en este ámbito, que es habilitar espacios para facilitar la obtención de licencias pero, ha añadido, los ayuntamientos “se han negado”.

El precio de la vivienda en el resto del país

Además de Canarias, marcaron sus récord históricos Andalucía, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra, País Vasco, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y Madrid, que fue la única comunidad que superó los 4.000 euros/m2.

Por el contrario, no se rebasaron los máximos alcanzados durante la burbuja inmobiliaria en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja y Extremadura, que es la única comunidad en la que el metro cuadrado no llega a los 1.000 euros

En los tres primeros meses del año, la Comunidad de Madrid no solo batió su récord sino que fue la más cara de toda España al alcanzar los 4.075 euros/m2. Este importe es un 16,4% superior al registrado un año antes y un 3,7 % más alto que el del trimestre previo.

La segunda más cara fue Baleares, que se aproxima a los 4.000 euros (3.885,6 euros), el 13% más que un año antes. El precio en las islas no superaba los 3.000 euros/m2 desde 2004.

El top 3 lo cierra País Vasco, que supera los máximos del boom con 3.036 euros/m2, el 12% más. Con este precio, la vivienda vuelve a batir los 3.000 euros por primera vez desde el tercer trimestre de 2008.

La siguiente comunidad más cara fue Cataluña con 2.749 euros/m2, el valor más alto de toda la serie histórica. Este importe arroja una subida interanual del 12%.

Andalucía también registró entre enero y marzo valores récord con 2.316 euros, el 14% más que un año antes. Canarias, por su parte, marcó máximos con 2.234 euros/m2.

Aunque no batió récord histórico este primer trimestre, el precio en el resto de comunidades españolas subió entre enero y marzo a doble dígito.

El Gobierno de Aragón ha reactivado este miércoles la tramitación de su futura ley de Vivienda. El Consejo de Gobierno ha aprobado la remisión a las Cortes del proyecto legislativo que ya inició su recorrido parlamentario en 2024 y cuya aprobación definitiva quedó paralizada por el adelanto electoral. El Ejecutivo de Jorge Azcón enviará al Parlamento exactamente el mismo texto que entonces, aunque PP y Vox prevén introducir nuevas enmiendas para adaptarlo al acuerdo de gobernabilidad alcanzado tras las elecciones autonómicas e incluir así el concepto de prioridad nacional o arraigo.

“Cumpliendo un compromiso político”, ha señalado López, el Ejecutivo ha decidido remitir a las Cortes el mismo texto que ya se aprobó para su tramitación en diciembre de 2024. El consejero ha defendido que esta decisión permitirá aprovechar el trabajo ya realizado y optimizar los plazos parlamentarios, aunque ha recordado que los grupos podrán presentar nuevas enmiendas durante el debate. Entre esas modificaciones figurará la incorporación del denominado principio de prioridad nacional para el acceso a la vivienda protegida y al alquiler asequible, una de las medidas incluidas en el pacto entre ambas formaciones. Según ha explicado el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, el objetivo es que la norma pueda quedar aprobada durante el primer trimestre de 2027.

En este sentido, ha avanzado que tanto el PP como Vox registrarán propuestas por separado y también conjuntamente para adaptar el proyecto al acuerdo programático firmado por ambos partidos. Entre ellas se encuentra la regulación de los criterios de arraigo para el acceso a la vivienda protegida.

Según recoge ese pacto, se establecería un sistema de adjudicación inspirado en el principio de prioridad nacional que otorgaría preferencia a quienes acrediten una vinculación duradera con el territorio. El acuerdo contempla un mínimo de diez años de residencia para acceder a la compra de vivienda protegida y cinco años para optar al alquiler asequible, además de valorar factores como la vinculación laboral, familiar, económica o social con Aragón.

Preguntado por esta cuestión, López ha señalado que el contenido definitivo deberá ajustarse a la realidad concreta de la ley durante la tramitación parlamentaria. “Está claro el concepto de arraigo, de vinculación, apostar por quien tenga un arraigo especial al margen de la nacionalidad”, ha afirmado.

La futura ley pretende convertirse en la primera norma autonómica específica en materia de vivienda, más de cuarenta años después de que Aragón asumiera las competencias en este ámbito. López ha recordado que el proyecto responde a uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno autonómico al inicio de la legislatura y ha lamentado que el adelanto electoral impidiera culminar su aprobación el pasado año.

Más vivienda pública y apoyo a la VPO

Entre los principales objetivos de la norma figura el incremento del parque público de vivienda y el impulso de la vivienda protegida. El consejero ha vinculado estas medidas a la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y ha recordado que en Aragón todavía hay alrededor de 47.000 personas que no han podido emanciparse.

El proyecto se enmarca además en el Plan Aragón Más Vivienda, una estrategia dotada con 400 millones de euros para los próximos seis años. Según ha explicado el consejero, la ley servirá de soporte normativo para medidas como la rehabilitación de vivienda pública en municipios pequeños, la movilización de suelo público para nuevas promociones o el impulso de la colaboración público-privada.

El texto también contempla la actualización del módulo de vivienda protegida para favorecer la viabilidad económica de las promociones y evitar que se paralice la construcción de nuevas viviendas asequibles. Asimismo, regula nuevas fórmulas residenciales adaptadas a las necesidades actuales y prevé soluciones específicas para colectivos vulnerables.

López ha defendido además el “blindaje” de la vivienda protegida en Aragón, una cuestión que, según ha asegurado, quedará recogida en la futura ley.

Oposición a la ley estatal

Durante su comparecencia, el consejero ha reiterado la oposición del Gobierno aragonés a la ley estatal de vivienda aprobada por el Ejecutivo central. También ha anunciado la creación de una cátedra especializada en vivienda en la Universidad de Zaragoza y de un Observatorio de la Vivienda para analizar la evolución del mercado y orientar las políticas públicas en este ámbito.

Además, el Ejecutivo prevé impulsar una reforma del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para facilitar el acceso a la vivienda, una medida que podría incorporarse en futuras leyes presupuestarias.

López ha defendido la gestión del Gobierno autonómico en esta materia y ha asegurado que Aragón es actualmente la primera comunidad autónoma en construcción de vivienda pública destinada al alquiler asequible en términos relativos. También ha destacado el impulso a la promoción de vivienda protegida desarrollado durante la legislatura.

El proyecto de ley remitido a las Cortes se estructura en un título preliminar, cuatro títulos que suman 78 artículos, tres disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y cinco disposiciones finales. Según el Ejecutivo, durante su elaboración se incorporaron 59 aportaciones completas y 184 parciales procedentes del proceso de participación pública.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha afirmado este martes que, si reúne las condiciones, se aceptará la petición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de declarar a la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, pero, ha advertido, “no va a servir de nada”.

Así ha respondido Clavijo este martes en el Parlamento al diputado del grupo Socialista Sebastián Franquis, quien ha acusado al presidente de actuar “como un medianero” de los intereses privados porque, en la crisis habitacional, ha elegido estar del lado de quienes se benefician de esta situación.

La petición de declarar zona tensionada a Las Palmas de Gran Canaria, realizada en diversas ocasiones por el Ayuntamiento al Gobierno de Canarias (que es la administración competente en el asunto), se ha encontrado con obstáculos desde el inicio, hace ya año y medio. El Ejecutivo que preside Clavijo ha requerido al Ayuntamiento informes y datos que no contempla la Ley estatal de Vivienda, retrasando con ello la tramitación solicitada por la administración local, una declaración de zona tensionada que permitiría, entre otras cuestiones, poner un límite a los precios de los alquileres.

Sin embargo, Fernando Clavijo sigue enrocado en su rechazo a la Ley estatal de Vivienda, que, cabe recordar, no se aplica en las Islas. De hecho, el Gobierno de Clavijo anunció que la recurriría en los tribunales, cosa que no hizo porque se le pasó el plazo para hacerlo. Ningún municipio en Canarias ha obtenido del Gobierno de Clavijo la declaración de zona tensionada, y eso pese a que el propio Ejecutivo de CC y PP declaró la emergencia habitacional en las Islas.

Su respuesta a esta crisis fue crear un decreto propio para construir más (incluso en suelo rústico o destinado a dotaciones como parques, jardines o centros de salud) y más rápido, dando alas al sector privado, pues “hay una necesidad mayor de construir viviendas que parques”, según lo expresó el consejero de Vivienda al presentarlo. Dicho decreto no incluye ninguna medida para evitar la acumulación de viviendas, la venta de viviendas a extranjeros o la especulación; tampoco el devolver al mercado las 200.000 viviendas varías que se calcula que hay en las Islas. Y así, el precio de las viviendas y los alquileres sigue disparado en las Islas. De hecho, es la región donde más suben.

Clavijo ha considerado “un poco cínico” que Franquis le cuestione por la política de vivienda tras “el fracaso absoluto”, según él, en esta materia del anterior Gobierno regional, en un área de la que era responsable el portavoz socialista. Sin embargo, hay que recordar que fue en la pasada legislatura cuando se pusieron en marcha nuevos proyectos de construcción de vivienda pública tras una década estancados, precisamente, con Clavijo de presidente. Algunas de esas viviendas, ahora terminadas, son las únicas que se han entregado en esta legislatura a sus propietarios.

Clavijo ha dicho que resolver este asunto es complicado, pero le ofrece dos soluciones “que están en sus manos” [del PSOE] para aliviar el problema. La primera es que el Gobierno estatal derogue la Ley de Vivienda, que a su juicio, es la responsable de expulsar del mercado del alquiler a cientos de miles de propietarios. De nuevo, hay que recordar que esta Ley no se aplica en Canarias. Y la segunda, que el silencio administrativo cuando se solicita una licencia sea positivo.

Clavijo ha afirmado que el mayor tenedor de vivienda en Canarias es Visocan (la empresa pública de vivienda), pues no hay grandes tenedores en las Islas y los pocos que hay no tienen miles de inmuebles. Los datos desmienten a Clavijo. Un informe del Ministerio de Consumo en colaboración con el CSIC publicado este mes de abril desvela que las dos capitales canarias registran la mayor concentración de multiarrendadores de viviendas del país: el 64,9% de los caseros con más de dos propiedades. Otro dato: según el Catastro, en Canarias hay 81.632 casas en manos de grandes tenedores, propietarios que poseen más de diez inmuebles de uso residencial. Esa cifra supone el 8,2% del parque total de viviendas del Archipiélago (999.056), lo que sitúa a las Islas como la comunidad con el porcentaje más alto de concentración inmobiliaria del país, algo que Clavijo ha negado este martes en sede parlamentaria.

Tras culpar al Gobierno central, Clavijo ha señalado después a las administraciones locales. Según él, su “Gobierno ha hecho lo que ha podido” en este ámbito, que es habilitar espacios para facilitar la obtención de licencias pero, ha añadido, los ayuntamientos “se han negado”.

Ha añadido al respecto que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lleva más de un año hablando de la solicitud de zona tensionada pero “no han sido capaces de presentar” el trámite oportuno hasta marzo de este año, por lo que ha ironizado con que “se han puesto nerviosos porque se acerca la campaña electoral”. Sin embargo, no ha explicado por qué no se ha aceptado aún esa solicitud.

Lo que deben reconocer los socialistas, ha añadido Clavijo, es “que fracasaron, se equivocaron y fue un error tremendo la ley de Vivienda” (que no se aplica en las Islas), para insistir en que para activar la construcción y aumentar la oferta deben regular el silencio administrativo positivo. 

Cantabria es una de las comunidades que no ha regulado la protección permanente de la vivienda protegida para impedir que transcurridos unos años acaben por venderse en el mercado libre, lo que no contribuye a solucionar los problemas para los que fueron creadas. Once comunidades lo han hecho ya y Asturias podría sumarse con su futura Ley de Vivienda. La que se tramita en Cantabria, por el momento, no entra a corregir esta posibilidad.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 establece la protección permanente como uno de los principales requisitos a la hora de financiar la construcción y compra de vivienda protegida. Una medida que supondrá que -independientemente de que la vivienda sea para propiedad o alquiler, o de promotor público o privado- mantenga sus límites de precio y uso para siempre. 

Un informe elaborado por Civio -una organización sin ánimo de lucro especializada en periodismo de investigación con datos públicos- constata que hay 17 modelos distintos de vivienda protegida y que las autonomías se debaten entre dos contrarios, literalmente opuestos. Por un lado, once comunidades ya han aprobado medidas de protección permanente para evitar que las viviendas protegidas acaben vendiéndose a precios de mercado. La primera fue el País Vasco, hace ya 24 años, que en 2002 declaró la protección permanente de todas las viviendas protegidas en su territorio, independientemente del régimen de tenencia o de si son de promoción pública o privada. El análisis realizado por Civio explica que hasta esta década Euskadi no ha dejado de perder viviendas protegidas.

Tiempo después -evidencian los datos del análisis- Baleares y más recientemente Navarra se unieron a estas políticas. El Parlamento de Asturias estudia esa posibilidad en su futura Ley de Vivienda mientras que Cantabria permanece de momento ajena al debate.

A ello se suman otras ocho comunidades autónomas que han declarado la protección permanente únicamente de las viviendas del parque público: Castilla-La Mancha, Cataluña, Canarias, Galicia y el bloque Madrid, Andalucía, Valencia y Extremadura que siguen política contrarias para las viviendas protegidas de promoción privada.

El infome asegura que realmente en los próximos cinco años, la única comunidad autónoma en la que ninguna vivienda protegida pasará al mercado libre es País Vasco y precisa la circunstancia de que Cataluña aprobó a finales de 2025 una ley que prohíbe descalificar vivienda protegida en municipios con mercado residencial tensionado.

El extremo contrario

De hecho, Madrid, Andalucía, Valencia y Extremadura han rebajado los plazos para que las viviendas protegidas de venta y alquiler salgan al mercado libre. En el caso de la capital de España, hasta 2009 los propietarios estaban sujetos a entre 20 y 25 años de permanencia. Ese año se rebajó el plazo a 15 años.

Más cercano en el tiempo, Andalucía aplicó la misma política hace seis años. Allí no se podían vender las viviendas protegidas hasta 30 años después de adquirlas, pero desde 2020 se dejó entre 7 y 15 años.

En Extremadura sucedió algo parecido. En 2013 se bajó de 30 a 20 años el nivel de protección y el años pasado se decretó que el nuevo plazo de aplicara retroactivamente.

La dificultad para acceder a una vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los municipios turísticos del Pirineo aragonés. Aínsa-Sobrarbe y Biescas han pedido esta semana al Gobierno de Aragón que impulse la declaración de estos municipios como zonas de mercado residencial tensionado, una figura contemplada en la Ley Estatal de Vivienda que permitiría acceder a nuevas ayudas para vivienda asequible, rehabilitación y alquiler social.

El pleno de Aínsa-Sobrarbe aprobó este miércoles solicitar al Ejecutivo autonómico que inicie de manera urgente los trámites necesarios para obtener esta declaración. La iniciativa llega apenas unos días después de que el Ayuntamiento de Biescas anunciara una propuesta similar —que también fue aprobada en el pleno del 3 de junio— y de que Canfranc solicitase en febrero de 2024 reclamar esta catalogación ante los problemas de acceso a la vivienda que afectan a buena parte del Pirineo, aunque posteriormente —el 2 de mayo de 2024— retiró esta vía y optó por impulsar el programa 'Más vivienda, mejor turismo'. El consistorio ha adoptado además medidas como la suspensión temporal de nuevas licencias para viviendas turísticas, la creación de una bolsa de alquiler y cambios urbanísticos para limitar este tipo de alojamientos en el futuro.

Los municipios coinciden en señalar el impacto que la presión turística, la proliferación de viviendas de uso turístico y de segunda residencia, así como el incremento de los precios de compra y alquiler, están teniendo sobre la población residente. El alcalde de Aínsa-Sobrarbe, Enrique Pueyo, ha defendido que localidades como la suya están viendo cómo el encarecimiento de la vivienda dificulta cada vez más la vida de quienes residen en ellas. “Los municipios con presión turística como éste y otros del Pirineo aragonés ven cómo se incrementa el precio de la vivienda y esta realidad limita a quienes vivimos en estas localidades”, ha señalado.

Una situación similar ha denunciado la alcaldesa de Biescas, Lorena Cajal, quien ha defendido la necesidad de que el municipio sea declarado zona tensionada para facilitar el acceso a ayudas públicas destinadas a vivienda asequible, rehabilitación y alquiler social. La regidora ha advertido de que “la creciente presión turística, la proliferación de viviendas de uso turístico o de segunda residencia, la escasez de vivienda habitual disponible y el incremento sostenido de los precios del alquiler y de compra dificultan mucho el acceso a una vivienda digna para vecinos, jóvenes, familias y trabajadores esenciales del municipio”.

Pueyo ha recordado además que Biescas ha dado el mismo paso y ha confiado en que más municipios reclamen medidas similares ante una situación que considera “insostenible”. La propuesta aprobada por el consistorio de Aínsa incluye también la solicitud de un estudio específico sobre la evolución de los precios de alquiler y compraventa, la disponibilidad de vivienda habitual y los efectos de la presión turística en el municipio. Según el alcalde, la falta de vivienda ya está condicionando el desarrollo local. “Hemos tocado techo en cifras de población desde hace dos años porque no hay vivienda disponible y los costes de construcción son actualmente altísimos”, ha asegurado.

Cajal ha argumentado además que la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda abre una oportunidad para que los municipios declarados zonas tensionadas puedan acceder a mayores incentivos económicos. “Pido al Gobierno aragonés la misma responsabilidad que tenemos los ayuntamientos: escuchar a los ciudadanos y, en este caso, iniciar de manera urgente los trámites para que Biescas pueda ser declarado como tal”, ha reclamado.

Medidas locales frente a un problema creciente

Desde el Ayuntamiento de Aínsa destacan que ya han impulsado diversas actuaciones dentro de sus competencias para tratar de aliviar la situación. Entre ellas figuran la regulación de las viviendas de uso turístico, el incremento del IBI a las viviendas permanentemente desocupadas, la rehabilitación de inmuebles municipales para destinarlos a nuevos habitantes y la cesión al Gobierno de Aragón de una parcela y un millón de euros para promover vivienda pública.

Entre los motivos esgrimidos por el Ayuntamiento de Biescas figuran el incremento continuado de los precios de compra y alquiler, la escasa oferta de arrendamientos de larga duración, el elevado peso de las segundas residencias y las dificultades de acceso a la vivienda para jóvenes y trabajadores, factores que, según el consistorio, amenazan la cohesión social y la fijación de población.

En Canfranc, el consistorio también ha adoptado medidas para contener el problema, como la suspensión temporal de nuevas licencias para viviendas turísticas, la creación de una bolsa de alquiler y la preparación de cambios urbanísticos para limitar este tipo de alojamientos en el futuro. Los ayuntamientos consideran que la escasez de vivienda habitual se ha convertido en uno de los principales obstáculos para fijar población y atraer nuevos residentes. En el caso de Canfranc, el alcalde, Fernando Sánchez, llegó a definir la vivienda como “el mayor problema del mundo rural”, advirtiendo de que la falta de oferta impide el crecimiento de muchos municipios turísticos.

Negativa del Gobierno de Aragón a aplicar la ley estatal

La creciente presión de los municipios pirenaicos coincide con la negativa del Gobierno de Aragón a aplicar algunas de las medidas más relevantes incluidas en la Ley Estatal de Vivienda. De hecho, Enrique Pueyo ha acusado al Ejecutivo autonómico de priorizar la confrontación política sobre la búsqueda de soluciones. “El Gobierno de Aragón que preside Jorge Azcón prefiere la confrontación y ser insumiso con la Ley Estatal de Vivienda antes que solucionar las necesidades de las personas”, ha afirmado.

La pasada semana, el consejero de Vivienda, Octavio López, aseguró en las Cortes de Aragón que el Ejecutivo autonómico solo participará en el futuro Plan Estatal de Vivienda 2027-2030 si este “encaja” con el programa Aragón Más Vivienda. Octavio López aseguró que ha “batallado” para conseguir que Aragón reciba el 3,8% de los fondos teniendo el 3% de la población nacional, precisando que se destinará el 40% a generar oferta, el 30% a rehabilitación y el 30% a las ayudas para el acceso a la vivienda, todo para “complementar y llevar adelante” los programas del Plan Aragón Más Vivienda.

El consejero de Vivienda, Roberto Media, ha reconocido en el Parlamento de Cantabria que las medidas antiocupación están marcadas por una ley nacional y por el código penal y que el Gobierno de Cantabria no puede regular los desalojos inmediatos, como inicialmente había anunciado el Gobierno del Partido Popular para frenar “la impunidad de los okupas”.

Media, en su comparecencia para debatir las enmiendas a la totalidad de PSOE y Vox contra la Ley de Vivienda, ha mantenido que va a generar más seguridad jurídica frente a la ocupación pero solo lo hará “asesorando a los afectados y tratando de dar más herramientas a los polícias locales”. “El desalojo final no es nuestra competencia”, ha subrayado.

La realidad de las limitaciones de la ley corrijen las declaraciones de la propia presidenta María José Sáenz de Buruaga que, cuando se presentó la Ley en septiembre, anunció que la norma establecía protocolos de desalojo inmediato, además de medidas de protección, asistencia gratuita a través de la Oficina de Apoyo a las Víctimas de la Ocupación y la Inquiocupación, y otras de protección social para dar soluciones habitacionales alternativas ante situaciones de vulnerabilidad real.

No obstante, el consejero ha insistido en que la Ley si tiene medidas para tratar de evitar la okupación ilegal, como protocolos de desalojo inmediato en caso de flagrante okupación, en cuyo caso la Policía Local podrá -en el ámbito de sus competencias- proceder al desalojo inmediato de los ocupantes, respetando los procedimientos legales.

También ha citado la oficina de apoyo a las víctimas de okupación, asistencia jurídica a propietarios afectados y medidas sociales para garantizar soluciones habitacionales alternativas cuando existan situaciones de vulnerabilidad real.

Para Vox, el enfoque sobre el problema de la 'okupación' es “blando e insuficiente”. En su opinión, la tibieza de la Ley elimina un principio fundamental “que es el derecho a la propiedad privada”. “No han sido capaces de introducir el concepto de propiedad privada en ninguno de los artículos de la Ley”, ha reprochado Armando Blanco. El diputado considera que se llega “al absurdo” de que solo garantiza ayudas a la 'okupación' a aquellos propietarios que entregan su vivienda al fondo del alquiler social. El resto, quien decida ofrecer su vivienda en el mercado libre de alquiler, “que sepa que esta Ley del Partido Popular no les protege”.

El consejero de Vivienda ha insistido en que “esta ley protege al propietario frente al okupa y no al revés”. Media sostiene que la ocupación “es un drama” que saca del mercado del alquiler multitud de viviendas.

En 2025 hubo 10 demandas en juzgados civiles por ocupaciones ilegales de vivienda en Cantabria. Casi la mitad que el año anterior. Pero en los últimos cinco años se ha doblado el número de denuncias: de 52 a 115 por allanamiento o usurpación de inmuebles. Normalmente se corresponden con pisos deteriorados, en desuso y sin acabar que llevan tiempo abandonados, según la Fiscalía de Cantabria.

El Gobierno de Cantabria, a través de la empresa pública Gesvican, puso en marcha a principios de año un teléfono para denunciar casos de 'okupación' ilegal de viviendas donde se les proporciona asistencia jurídica gratuita y se les aconseja presentar una denuncia ante la Guardia Civil o la Policía Nacional.

El debate político, alentado sobre todo por partidos de extrema derecha —aunque no solo—, sobre los requisitos de acceso de los inmigrantes a los servicios públicos ha llegado desde hace un tiempo a las Viviendas de Protección Oficial (VPO). En plena crisis de acceso al mercado inmobiliario, partidos como Vox y PP, en España, y Junts y Aliança Catalana, en Catalunya, cada uno con sus matices, proponen exigir más años de padrón a la hora de optar a uno de estos pisos. 

Es lo que Vox ha denominado “prioridad nacional” en sus pactos con el PP en Aragón o Extremadura. Pero, ¿qué peso tienen los extranjeros en la concesión de vivienda pública? En Catalunya, con los datos del Departamento de Territorio de la Generalitat en la mano, su peso dentro del conjunto de beneficiados por las adjudicaciones de viviendas de protección es inferior al que representan por población. 

De las 4.890 viviendas de esta tipología que se visaron en Catalunya en 2024, 688 fueron para extranjeros, lo que supone el 14,1% del total, un porcentaje por debajo del que representa la población migrante en la comunidad autónoma: actualmente son el 18%. “Hay una infrarrepresentación de la población migrante”, señala Albert Sales, investigador en políticas sociales y vivienda en el Institut Metròpoli. “Además, es más acusada si tenemos en cuenta que la población extranjera tiene una situación residencial sensiblemente peor”, añade.

En este sentido, la edad también ayuda a calibrar el acceso de la población migrante a la vivienda de protección oficial. Si se observa la franja entre 25 y 49 años, la más habitual para optar a pisos públicos de compra o alquiler, el peso relativo de los extranjeros se reduce aún más. Ese 14% de adjudicatarios inmigrantes de vivienda de protección en 2024 queda lejos del porcentaje que ocupa realmente este colectivo en la franja de edad mencionada: son el 28%.

Por qué acceden menos a la VPO los extranjeros que los autóctonos puede tener varias explicaciones. Sales apunta a algunas: por ejemplo, que no solo existen topes de ingresos máximos para entrar en el registro de solicitantes, sino también mínimos, para garantizar su pago (la vivienda de protección no está pensada para hogares en situación de pobreza). Otra explicación puede ser el menor conocimiento de los circuitos administrativos por parte de los extranjeros. 

Sea como sea, el debate sobre la prioridad de los autóctonos hace meses que existe en Catalunya, aunque no lo ha liderado Vox. Ha sido Junts quien ha puesto sobre la mesa la necesidad de aumentar los años que se exigen de padrón para poder optar a VPO, alegando que hay que premiar el arraigo. La demanda surgió desde uno de los municipios gobernados por esta formación, en Sant Cugat del Vallès, y se extendió a otras localidades y al Parlament, con la propuesta de excluir a quienes lleven menos de diez años de residencia en el municipio. 

Actualmente, de acuerdo con la Ley autonómica de Vivienda de 2007, las administraciones locales no pueden exigir más de tres años de padrón para acceder a la VPO. Algunas, como Barcelona, suelen pedir un año.

La propuesta de ampliarlo a 10 años, medida ya vigente en otras comunidades autónomas, se llegó a votar en el Parlament en octubre, pero fue rechazada, puesto que solo cosechó los votos de PP y Vox, y Aliança se abstuvo. De hecho, el partido que lidera Silvia Orriols, más beligerante, pide hasta 18 años de padrón. 

En un programa de TVE, la diputada xenófoba llegó a criticar el proyecto de construcción de vivienda pública del Govern al considerar que beneficiará a extranjeros. “La solución no puede ser construir 100.000 pisos con dinero de los contribuyentes catalanes para acabar otorgándolos a familias recién llegadas que pueden acreditar más hijos y menos ingresos”, afirmó. Los autóctonos, dijo, deben tener “preferencia”.

Los datos recabados por elDiario.es, a partir de los visados de VPO concedidos en los dos últimos años en Catalunya, también permiten detallar cómo se reparten en los 15 municipios con mayor población. En algunos, el peso de los extranjeros en las adjudicaciones es superior al que representan dentro del municipio; en la mayoría, sin embargo, es al contrario.

Pero si se compara con la franja de edad de 25 a 50 años, en todas las ciudades salvo una (Sant Cugat del Vallès) los inmigrantes acceden menos a estas viviendas de lo que les tocaría. 

Las diferencias más notables, si se tiene en cuenta esa franja de edad, están en L'Hospitalet de Llobregat (12,2% de beneficiados extranjeros, por un 40% de peso en el municipio); Mataró (4,2% frente a un 26%) o Cornellà de Llobregat (8% frente a 29%). Por contra, las más equilibradas son Sant Cugat (22,5% frente a 22,6%), Rubí (17,3% frente a 22,2%) o Tarragona (24,6% por 31,6%).

Sin dejar de manifestar su oposición a esta medida, la Xunta ha aprobado la declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado. La capital autonómica se convierte así, tras A Coruña –que la obtuvo en julio de 2025– en la segunda ciudad gallega en obtener este reconocimiento, algo que la alcaldesa, la nacionalista Goretti Sanmartín, ha celebrado como una “muy muy buena noticia”, aunque insiste en que “llega tarde”.

La resolución –avanzada por La Voz de Galicia y confirmada posteriormente por Europa Press antes de que lo valorase Sanmartín– se firmó a las 8:56:19 de este viernes, según manifestó la alcaldesa, que “lamentó” la forma en la que fueron informados, “primero con insinuaciones de Borja Verea [el portavoz local del PP] y, después, a través de los medios”. Cuando recibió la llamada de la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, “ya habíamos leído en los medios que a lo largo de la mañana íbamos a a recibir esta comunicación”. “Agradezco su llamada pero, igual que la aprobación, llega algo tarde”, añadió la regidora.

Sanmartín insistió en ese retraso porque “queda claro que Santiago cumplía de sobra los requisitos la primera vez y que también los cumple ahora”. Se refería a la decisión de la Xunta de desestimar la solicitud en agosto pasado, lo que obligó a reiniciar el proceso. “La subida del precio del alquiler en los ultimos cinco años supera en más de tres puntos porcentuales el incremento del IPC”, tanto que “duplica ese indicador” ya que el encarecimiento medio de los alquileres fue del 40% entre 2019 e 2024“.

Sanmartín felicitó al área de urbanismo del ayuntamiento antes de explicar que la declaración servirá para que ahora se puedan aplicar “medidas de contención” prevista en la Ley de Vivienda y, también, “que podamos recibir ayudas más cuantiosas del plan estatal que se aprobó esta semana”. “Estamos preparados y con los deberes hechos”, aseguró.

Ahora, el ayuntamiento tiene dos meses para aprobar de forma definitiva en junta de gobierno el plan de medidas correctoras y un calendario de actuaciones que habrá que actualizar cada seis meses. Sanmartín defendió que esa “contención”, en Santiago ya se estaba consiguiendo “respecto a otras localidades” gracias a las “medida que este gobierno fue aplicando”. Como ejemplo, contrapuso la subida del metro cuadrado de vivienda nueva desde enero de 2025 en la capital gallega, un 3%, y en el concello vecino de Ames, donde aumentó hasta el 16%. Al mismo tiempo, el alquiler creció un 8,5% en Santiago y casi un 22% en Ames.

La alcaldesa destacó que esa contención es aún mayor en A Coruña –que se queda en el 6,6%–, ya que allí hace nueve meses que la zona tensionada está en vigor. La Xunta, por su parte, insistió a Europa Press en que esta declaración no sirve para frenar los precios y destacaba que, desde su puesta en marcha, el número de contratos de alquiler en la ciudad herculina se redujo en 300, una cifra que el portavoz local del PP aumentó en cien más.

Borja Verea compareció para afirmar que, a partir de ahora, “las consecuencias derivadas de esta decisión serán responsabilidad sólo de BNG y Compostela Aberta”, las fuerzas que forman el gobierno local. “Está a la vista que no está funcionando en ninguna de las ciudades donde se implantó. No es opinión, es ciencia”. En el caso de la capital herculina, aseguró que en sólo 5 meses, desde la entrada en vigor de la zona tensionada, “se pasó de 718 contratos a 324” lo que supone, asegura “la desaparición del 55% de la oferta”.

La Junta de Castilla y León se ha sumado a otros Ejecutivos autonómicos del Partido Popular para marcar distancias con el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno central este martes pese a que prevé destinar 378 millones de euros a la comunidad —277 millones más que en el anterior programa—. El portavoz en funciones del Gobierno autonómico y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado que el modelo “obliga a aplicar políticas que han fracasado” y ha reclamado “diálogo y flexibilidad” frente a lo que considera una estrategia basada en la imposición.

La Junta ha rechazado el planteamiento global: “No puedo decir que el plan en su integridad sea negativo, pero se plantea como un todo o nada”, ha señalado Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En su opinión, el principal problema es que el Ejecutivo central no permite adaptar las medidas a la realidad de cada territorio y exige asumir el paquete completo de condiciones para acceder a los fondos.

El nuevo plan estatal, dotado con 7.000 millones de euros hasta 2030, triplica la inversión del periodo anterior y fija varias exigencias a las comunidades autónomas: blindar de forma permanente la vivienda de protección oficial (VPO), cofinanciar el 40% de las actuaciones y remitir datos en tiempo real sobre el mercado del alquiler. Además, establece criterios más estrictos en la adjudicación de vivienda pública y medidas para movilizar vivienda vacía.

Para la Junta, el problema no está tanto en las medidas concretas como en la falta de margen para aplicarlas de forma selectiva. “Seguramente cada comunidad puede ver bien algunas medidas y tener más dificultades con otras, pero el diseño no permite elegir”, ha explicado el portavoz, que ha insistido en que la política de vivienda debe tener en cuenta diferencias territoriales como las existentes entre el medio rural y las grandes ciudades.

“Ha faltado diálogo y ha sobrado imposición”

Carriedo ha reprochado la falta de participación de las comunidades en la elaboración del plan. “Ha faltado diálogo y ha sobrado imposición”, ha comentado, al tiempo que ha recordado que los gobiernos autonómicos son los encargados de gestionar buena parte de las políticas de vivienda y, por tanto, “los principales interesados en aportar soluciones”.

El portavoz ha culpado del alza del precio de la vivienda con las decisiones del Ejecutivo central en los últimos años. “La vivienda es hoy el primer problema de los españoles y nos ha llevado a ello una política equivocada”, ha indicado. Para Carriedo, seguir con el mismo enfoque “no es la vía adecuada”.

La “ventaja comparativa” de Castilla y León

Con el ejemplo del mercado del alquiler en Soria, donde la oferta disponible se reduce a menos de 40 anuncios en un portal de alquiler y los precios alcanzan en muchos casos entre 750 y 1.200 euros mensuales, y solos dos opciones por debajo de los 600 euros, Carriedo ha afirmado que aunque los precios han aumentado en los últimos años, Castilla y León tiene mejor posición que el resto del país. “No significa que la vivienda sea más barata que antes, es más cara, pero somos la segunda comunidad donde menos ha subido el precio en los últimos cinco años y la tercera con el precio más bajo”, argumentó.

A su juicio, esta situación constituye una “ventaja comparativa” frente a otros territorios, lo que, según afirmó, explica que haya ciudadanos que opten por residir en la comunidad incluso trabajando en otras autonomías.

La alternativa de la Junta: Más oferta y seguridad

Frente al modelo estatal, Carriedo ha defendido que la Junta por una estrategia centrada en el aumento de la oferta y en generar confianza en el mercado del alquiler. “Hay una oferta muy débil frente a una demanda muy alta, y eso tiene un impacto muy importante en los precios”, ha indicado el portavoz en funciones

La receta, en su opinión, pasa por facilitar la construcción de vivienda, incentivar que los propietarios saquen sus inmuebles al mercado y garantizar seguridad jurídica suficiente. “Es muy importante dar la seguridad necesaria para que quien quiera alquilar su vivienda lo haga”, ha apostillado.

Carriedo ha destacado que Castilla y León garantiza ayudas al alquiler a todas las personas que cumplen los requisitos, lo que beneficia a más de 20.000 familias cada año. Además, la Comunidad ha desarrollado líneas de avales públicos para complementar la financiación hipotecaria y mantiene incentivos fiscales para la compra de vivienda, especialmente dirigidos a jóvenes y al medio rural.

Uno de los ejemplos que puso sobre la mesa el portavoz es el tipo superreducido del impuesto de transmisiones patrimoniales en el ámbito rural, que permite a un joven pagar apenas 15 euros por la compra de una vivienda de 150.000 euros, frente a los miles de euros que se abonan en otras comunidades.

Las comunidades del PP, contrarias el plan del gobierno

El posicionamiento de Castilla y León se suma al de otras comunidades, como Madrid, que ya han mostrado su rechazo al plan estatal por considerar que invade competencias autonómicas. El debate continuará en las próximas semanas en el marco de la conferencia sectorial de vivienda, donde Gobierno y autonomías deberán negociar los términos de aplicación del programa.

Primera bola de partido salvada. El desahucio de Txema Escorsa, un profesor de secundaria de 31 años y vecino del bloque Sant Agustí 14 en el barrio de Gràcia de Barcelona, se ha aplazado para el próximo 15 de abril tras una movilización vecinal contra el lanzamiento instado por el fondo New Amsterdam Developers.

El caso de este vecino de Gràcia es una realidad cada vez más frecuente en Barcelona: fondos de inversión compran fincas enteras o varias viviendas donde antes residían vecinos para destinarlos a 'coliving', esto es, trocear los pisos para arrendarlos por habitaciones. La principal diferencia es que esta modalidad es mucho más lucrativa que el alquiler tradicional y esquiva el tope de precios.

La comitiva judicial y un representante del fondo (que ha rechazado atender a los medios de comunicación) han comparecido pasadas las 9.30h. Tras constatar que la presencia de manifestantes impedía el desahucio, el lanzamiento se ha aplazado para el próximo 15 de abril, según el Sindicato de Inquilinos.

Desde la entidad han reclamado a New Amsterdam Developers empezar la negociación instada por el Ayuntamiento de Barcelona y la Sindicatura de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, para llegar a un acuerdo antes de la nueva fecha prevista para el lanzamiento.

“El próximo desahucio de este bloque será el 15 de abril. Nosotros estaremos aquí otra vez para demostrar la fuerza de la lucha por la vivienda”, ha dicho Escorsa desde el balcón de su casa. El inquilino, que ha sido recibido entre vítores tras conocer la decisión del aplazamiento, ha agradecido la movilización y el apoyo de los vecinos y miembros del sindicato.

“De las 11 familias que éramos, solo quedamos cinco. Pero las que decidimos quedarnos plantamos cara y seguimos resistiendo contra este negocio”, ha señalado Escorsa en declaraciones a los medios este miércoles. “Hoy soy yo, pero podría haber sido cualquier otro vecino. Los colivings nos están expulsando a todos”, ha denunciado.

Vecinos de otros bloques adquiridos por fondos de inversiones para hacer colivings también se han han intervenido desde el balcón de Txema explicando sus situaciones. Marga Aguilar, quien también enfrenta un juicio por negarse a abandonar su piso del edificio de La Papallona (también comprado por NAD), ha explicado que también tiene ya una fecha de desahucio prevista. “Hoy estamos aquí por Txema, porque estos lanzamientos solo se pueden frenar desde la movilización vecinal”, ha señalado la mujer a través del megáfono.

Otra vecina de las que ha hablado ha sido Rosario Castelló, la única vecina que aún persiste en el bloque de la calle Entença 69, después de que otro fondo de inversión comprara el edificio para hacer colivings. La mujer, de 63 años, convive ahora con decenas de chicos y chicas jóvenes, en su mayoría norteamericanos, que vienen a estudiar a Barcelona durante unos tres meses.

Para el lanzamiento de hoy, varios activistas se han concentrado desde las 7:30 frente al edificio sosteniendo pancartas pintadas con lemas como “Basta colivings ilegales”. Desde el Sindicato de Inquilinas de Catalunya habían organizado acciones reivindicativas previas. “Lo que se plantea no es solo un desahucio. Es un pulso entre los co-livings y los barrios donde desarrollar nuestra vida”, ha remachado el portavoz del sindicato, Enric Aragonès.

Entre sacos de dormir y esterillas, varios de los activistas han pasado la noche acampados en la calle peatonal de Sant Agustí como protesta. Además, durante la tarde del martes, se celebraron varios conciertos de artistas como Maria Hein o Ginestà, mientras actrices como Elisabet Casanovas, Betsy Túrnez o Joana Vilapuig han compartido vídeos en sus redes sociales animando a la movilización vecinal para frenar el desahucio.

Desde la compra del edificio por parte de New Amsterdam Development (NAD), los vecinos han enfrentado un verdadero vía crucis después de que la propiedad descartase renovar los contratos existentes. Los pisos se gestionan ahora desde la empresa New Nomads, creada por el propio fondo de inversión después de que la antigua empresa que lo hacía (Enter Coliving) optara por dejar de trabajar con NAD a finales de 2025, según explican desde el sindicato.

Seis familias del edificio optaron por marcharse meses atrás –algunas con niños– para evitar futuros desahucios, pero Escorsa y otros cuatro inquilinos más se resisten a abandonar sus hogares. Aunque su contrato venció en agosto de 2025, se niega a irse de su piso como protesta contra la especulación inmobiliaria.

Cuatro de los pisos ya se encuentran alquilados como coliving, habitados principalmente por estudiantes extranjeros. Dos inmuebles aún están vacíos, y desde el sindicato alertan de que las habitaciones –de menos de 10 m²– se alquilan por entre 800 y 930 euros, mientras Escorsa paga 810 euros por todo el piso, prácticamente lo mismo que la empresa cobra por una sola habitación.

La mayoría de los pisos tienen tres habitaciones. Con esto, la propiedad podría llegar a ingresar casi 2.700 euros por cada inmueble, una cifra que prácticamente triplica el tope fijado por la Generalitat de Catalunya el 1 de enero, según denuncian desde el sindicato. “Incluso con la ley en vigor siguen infringiendo conscientemente la regulación”, ha lamentado Escorsa.

La portavoz del Govern y consellera de Territori, Silvia Paneque, ha explicado en una entrevista en RAC 1 que la Generalitat realizó una inspección en el bloque este martes donde detectaron que podría haber un “incumplimiento de la normativa” al superar el límite máximo del precio del alquiler fijado por ley. Por este motivo, ha añadido que el Govern abrirá expedientes en todas las viviendas del bloque. Según el régimen sancionador, podrían haber multas de hasta 90.000 euros por piso.

Sin embargo, el Sindicato de Inquilinas denuncia que, en tres años, no se haya realizado ninguna inspección adecuada del edificio hasta el día antes del intento de desahucio. “Lo que pedimos a las administraciones es que sean contundentes. Es necesario aplicar el régimen sancionador correspondiente para que este modelo de coliving no les salga a cuenta”, ha subrayado el profesor de secundaria. New Amsterdam Development ya controla 11 edificios en Barcelona, en barrios como Gràcia, Eixample, Ciutat Vella y Sants-Montjuïc.

Tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat de Catalunya han rechazado el desahucio. “En ninguna ciudad permitiremos actuaciones abusivas contra el derecho de los vecinos y vecinas de vivir en sus barrios”, ha manifestado en X el president de la Generalitat, Salvador Illa.

El comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramón Riera, ha calificado de “inadmisible” continuar con el desahucio sin volver a la vía de diálogo que el consistorio abrió el otoño pasado. En octubre, el gobierno municipal se reunió con los vecinos del bloque y trasladó a la propiedad la necesidad de que los pisos se destinen a uso residencial.

El fondo ya ha recibido sanciones por valor de 20.000 euros por obras sin licencia. “A pesar de que las obras se han declarado ilegales, se han impuesto multas y hemos informado a la Generalitat sobre la vulneración de la regulación de precios, nada de lo hecho hasta ahora ha sido suficiente para evitar el desahucio de Txema”, ha agregado Aragonès.

Este martes, el Síndic de Greuges aceptó la propuesta del sindicato de actuar como mediador entre propiedad e inquilinos, medida también valoró positivamente el Ayuntamiento de Barcelona. El Síndic ya ha intervenido en casos como la Casa Orsola y las fincas municipales de Vallcarca, donde logró paralizar desahucios y reconvertir inmuebles en viviendas de protección oficial.

Sin embargo, Riera lamenta que la empresa no se haya mostrado abierta a negociar en ningún momento. “Para poder hacer como con la Casa Orsola, es necesario que la propiedad manifieste la voluntad de vender, y no es el caso”. ElDiario.es ha intentado contactar con New Amsterdam Developers para recabar su versión de los hechos pero no se ha obtenido respuesta.

La crisis de la vivienda sigue golpeando nuestro país. Jóvenes que no pueden emanciparse, personas de mediana edad que siguen haciendo números cada mes para afrontar los alquileres y, en definitiva, hogares cada vez más empobrecidos por hacer frente a una problemática que para el CIS “era el principal problema para el 42,6% de los españoles y españolas”, según el Barómetro de enero de 2026.

A partir del Informe de Vivienda y Bienestar 2025, elaborado por CCOO Castilla-La Mancha, conocemos que el parque total de vivienda en la región se sitúa en más de un millón (1.347.273), de las cuales 303.226 se encuentran vacías -el 8% de todas las que existen en España- y 135.783 son viviendas de uso esporádico, teniendo en cuenta datos de 2024.

La provincia de Toledo tiene casi 90.000 viviendas vacías

El mayor parque de viviendas a nivel provincial se encuentra en Toledo, con 439.385 viviendas, de las cuales 88.866 están vacías. Cuenca es la provincia con menor parque de viviendas, con 165.616, de las que 41.000 se encuentran vacías. Por otro lado, en lo que respecta a viviendas vacías, Ciudad Real se sitúa a la cabeza de provincias con mayor porcentaje, el 29% de su parque de viviendas.

En el caso de la provincia de Albacete, la capital provincial es la que cuenta con más viviendas vacías, más de 5.400. Seguidamente, Villarrobledo (2.735 viviendas vacías), Hellín (2.643) y Tobarra (1.448), entre otros.

Después, en la provincia de Ciudad Real, la capital provincial es la que cuenta con más viviendas vacías (6.384), seguida de cerca por Puertollano (6.380), Tomelloso (5.304) y Valdepeñas (4.354), entre otros.

En la provincia de Cuenca, la capital conquense es la que posee más viviendas vacías (3.240), Tarancón (844), Mota del Cuervo (561) y San Clemente (510), entre otros.

En la provincia de Guadalajara, la capital alcarreña cuenta con 3.232 viviendas vacías, seguida por Azuqueca de Henares (596), Marchamalo (385) y El Casar (382), entre otros.

Por último la provincia de Toledo, la localidad de Talavera de la Reina es la que cuenta con más viviendas vacías (5.049), seguida por Toledo (2.672), Fuensalida (2.089) y Ocaña (2.054).

Pocas viviendas de protección oficial

En Castilla-La Mancha, además de la “escasa producción de vivienda”, también destacan la escasez de Vivienda de Protección Oficial (VPO). Mientras que en 2008, previamente al estallido de la burbuja inmobiliaria, el peso de la VPO era del 8,63% construido, una “tasa insignificante”, en 2024 se construyeron 4.003 viviendas, de las cuales 159 eran VPO.

Desde CCOO Castilla-La Mancha apuntan que el problema de “la baja capacidad de generar vivienda protegida ha existido siempre, incluso en los años en los que la VPO alcanza sus porcentajes más altos, ese aumento no se debe a un impulso real de las políticas públicas, sino que coincide con el hundimiento de la vivienda libre por la desaparición del crédito”.

El 57,64% de titulares de vivienda tenían una única propiedad, donde los grandes tenedores (con más de 10 viviendas) representaban el 0,62%

Por otro lado, en Castilla-La Mancha la compraventa de vivienda es un fenómeno en ascenso. Esta tendencia, que se mantiene a la alza en los últimos diez años, refleja en septiembre de 2025 que a lo largo del año se compraron un total de 26.397 viviendas, de las cuales más de 25.000 fueron libres y 1.372 protegidas. El patrón provincial es homogéneo: Toledo, muy por encima de los demás, presenta la mayor parte de las operaciones, mientras Cuenca se mantiene como el mercado más reducido.

Por lo que respecta a la concentración de la vivienda en Castilla-La Mancha, en 2025 el 57,64% de titulares de vivienda tenían una única propiedad, donde los grandes tenedores (con más de 10 viviendas) representaban el 0,62%.

En este caso, los grandes tenedores con más viviendas por provincias se concentran en Albacete en la capital albaceteña, Hellín, Almansa y La Roda. Para la provincia de Ciudad Real, principalmente en la capital, Puertollano, Valdepeñas y Tomelloso.

Con respecto a la provincia de Cuenca, en la capital conquense, Tarancón, Las Pedroñeras y San Clemente. En Guadalajara, la propia capital alcarreña, Azuqueca de Henares, Alovera y Cabanillas del Campo. Por último, en la provincia de Toledo radican en la capital toledana, Talavera de la Reina, Ocaña y Seseña.

Baja el stock de vivienda nueva y se dispara el precio del suelo

Castilla-La Mancha poseía en stock, en el año 2024 y según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, más de 37.000 viviendas nuevas. La oferta de nueva vivienda está cayendo cada año, una tendencia que se observa desde 2011. El stock baja porque cada año se ofrecen menos viviendas nuevas, mientras que las disponibles se van vendiendo. Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo muestran caidas de entre el 20% y el 46%, lo que refleja una disminución continua del stock de vivienda nueva disponible. Un fenómeno llamativo es Guadalajara, donde su caída es cercana al 99%, y en 2024 solo poseía 35 viviendas nuevas disponibles.

El precio del metro cuadrado en Castilla-La Mancha se ha ido encareciendo en la última década, pasando en 2014 de 82,6 euros a 109,7 euros en 2025 -en este caso más de 66 euros por debajo de la media nacional-.

Si desglosamos este dato por provincias, los precios más altos de suelo urbano se dan en Ciudad Real (126,9 euros/m²), Toledo (118,2 euros/m²) y Albacete (108,8 euros/m²). Las provincias más económicas son Cuenca (108,9 euros/m²) -a pesar del fuerte crecimiento desde 2020- y Guadalajara (85,5 euros/m²).

¿Quién accede a la vivienda?

A partir del estudio realizado por CCOO Castilla-La Mancha, la distribución del régimen de la vivienda en la región por tramos de ingreso refleja que está concentrada en los niveles de renta media-baja.

De los 793.438 hogares existentes en la región, más de 67% se encuentra por debajo de los 2.000 euros mensuales, concentrándose en tramos de 500 a 1.000 euros. Una pauta que se repite igualmente en términos poblacionales, ya que más de 63% de las personas reside en hogares con ingresos inferiores a 2.000 euros mensuales.

El régimen de tenencia de la vivienda en Castilla-La Mancha presenta un marcado predominio de la propiedad, hasta el 78,9%, que radica en diferentes modalidades como: herencia, compra pagada al contado y la compra con hipoteca. Todo ello frente al alquiler estructuralmente minoritario, 11,5%.

Por lo que respecta a los alquileres, el 37% de los hogares inquilinos dispone de menos de 1.000 mensuales y casi un 29% se sitúa entre los 1.000 y 1.500 euros.

Las provincias de Guadalajara y Toledo lideran las zonas tensionadas donde la ciudadanía dedica el 50% de los ingresos al pago del alquiler

Más esfuerzo para hacer frente al alquiler

Si tomamos datos de octubre de 2025, el precio medio de alquiler por metro cuadrado en Castilla-La Mancha era de 8 euros: un piso de 90 metros cuadrados costaría alquilarlo alrededor de 720 euros mensuales.

La provincia de Guadalajara está a la cabeza en lo que se refiere al precio del alquiler: 9,6 euros el metro cuadrado, seguida de Toledo (8,4 euros), Albacete (7,9 euros), Cuenca (7,4 euros) y Ciudad Real (6,4 euros).

En el caso del esfuerzo por parte de la ciudadanía castellanomanchega para alquilar una vivienda se muestra un patrón claro en el periodo de 2010 a 2024, tomando como ejemplo un domicilio de 90 metros cuadrados. Castilla-La Mancha pasa de valores cercanos al 30% a superar el 40% de sus ingresos en 2024, superando el umbral que la Ley de Vivienda utiliza para definir zonas tensionadas, según CCOO.

Guadalajara y Toledo lideran la tensión, alcanzando ratios superiores al 50% de los ingresos del arrendatario, con un crecimiento muy fuerte a partir de 2021.

Vivienda turística y gentrificación con Toledo a la cabeza

Castilla-La Mancha poseía en mayo de 2025 más de 5.200 viviendas turísticas registradas. La provincia de Toledo representa el 31,93% de esas viviendas turísticas, Albacete (21,29%), Cuenca (18,20%) Ciudad Real (15.58%) y Guadalajara (13%).

¿Cómo hacer frente a la crisis de vivienda?

CCOO Castilla-La Mancha sigue defendiendo la intervención de los precios del alquiler a nivel regional. Aseguran que el modelo de Viena, “con más de 120 años es el único que ha sido capaz de generar unos precios a la baja en su zona de influencia, mantiene alquileres moderados pese a las subidas de las urbes más desarrolladas de Europa”.

Apunta el sindicato que el 43% de las viviendas son públicas y con carácter permanente, pertenecientes a las administraciones o a promotores sociales de vivienda sin ánimo de lucro o con lucro limitado. En este caso han conseguido precios accesibles y un mercado estable, donde a los inquilinos el alquiler les supone el 26% de sus ingresos de media.

Estas medidas de intervención también han llegado a otros lugares como Países Bajos, ciudades como París, Lille o Berlín.

Desde CCOO Castilla-La Mancha consideran que, a través de lo expuesto en este análisis, la región no cuenta con la suficiencia para la generación de vivienda nueva, y “hay que apostar por rehabilitar el parque más antiguo con el requisito de ponerla en alquiler a precios razonables”.

Aseguran que ante la “situación límite” de los jóvenes de entre 20 y 30 años la medida “más drástica sería intervenir el precio de la vivienda, sobre todo los alquileres que no deberían superar el 30% del salario de una familia, porque si no es imposible afrontarlo”.

El sindicato critica que las líneas puestas en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha “no sirven para abordar la crisis del precio y acceso a la vivienda ni a corto, medio ni largo plazo”. Sin embargo, señalan medidas que pueden aportar soluciones y que pasan por la constitución de forma “inmediata” del Fondo de Inversión Público para la Vivienda Asequible (FIVA), destinado a la financiación de políticas públicas en material de vivienda a nivel estatal.

Por otro lado, piden la promulgación de la ley de vivienda regional, así como constituir las empresas municipales de vivienda en las principales capitales de provincia, con contratos de alquileres a 75 años y con financiación vía impuestos especiales en materias de turismo, aplicando una carga impositiva a la vivienda vacía vía IBI.

Otra medida que proponen es generar junto a la empresa de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman) y las diferentes diputaciones provinciales un programa de vivienda rural con un tipo cualificado de protección oficial. También hablan de opciones como modificar la tipología de vivienda, vía ley de vivienda regional, eliminando la figura de vivienda protegida de iniciativa público-privada.

Por otra parte, sugieren la creación de un órgano conjunto en materia sancionadora que coordine las competencias de turismo en materia de vivienda turística, las de consumo en materia de contratos y las de vivienda o la creación de un cuerpo inspector de vivienda y suelo, fomentando también la coordinación con los ayuntamientos para que las policías municipales puedan sancionar.

Apuntan también a restringir temporalmente las bonificaciones en materia de IRPF y por renta, así como vehicular dichas cuantías a un programa de promoción de VPO y alientan a desarrollar un programa de bolsa de alquiler de vivienda asequible y desarrollar un modelo urbanístico más eficiente para Castilla-La Mancha, centrado en la movilidad eficiente dentro de las ciudades.

Por último, desarrollar un modelo profesional del sector de la construcción e inmobiliario, que esté ligado con la Fundación Laboral de la Construcción, que dote de soluciones a los problemas de falta de relevo y profesionalización de la construcción y rehabilitación.

Esporles vuelve a ir a contracorriente. Este pueblo mallorquín enclavado en plena Serra de Tramuntana, varios de cuyos vecinos batallan desde hace más de dos años por la desclasificación de los sondeos que habría encargado Adolfo Suárez para conocer si la opinión pública prefería un Estado monárquico o republicano, ha decidido desafiar las políticas del Govern de Marga Prohens (PP) en materia de vivienda. El pleno municipal aprobó a última hora de este miércoles la autodeclaración simbólica de la localidad como zona tensionada, una figura prevista en la ley estatal de vivienda que el Ejecutivo autonómico, con el apoyo de Vox, se niega a aplicar a pesar de la creciente presión inmobiliaria y del imparable encarecimiento de los alquileres. Esporles es, de hecho, uno de los municipios que de forma más acusada ha visto transformado su equilibrio social como consecuencia de la escalada de precios, la irrupción de inversores extranjeros de alto poder adquisitivo y el desplazamiento gradual de sus vecinos.

“El Ayuntamiento está obligado moralmente a hacer todo lo que sea posible para defender el derecho al acceso a la vivienda de los vecinos de nuestro pueblo”, subraya el alcalde de Esporles, Josep Ferrà, representante de la coalición ecosoberanista PAS-Més. En declaraciones a elDiario.es, señala que la autodeclaración como municipio tensionado es “un acto de autodefensa como pueblo” y de protección “de los derechos de aquellas personas que no llegan a final de mes para poder pagar un alquiler”.

Aunque las competencias en cuanto a la regulación de la vivienda corresponden al Govern, el gesto permite convertir un problema estructural en un conflicto político visible. No en vano, el acuerdo aprobado por el pleno no se limita a la autodeclaración como mercado tensionado, sino que traza una hoja de ruta institucional y jurídica: el Ayuntamiento trasladará formalmente al Ejecutivo la solicitud para que inicie el procedimiento oficial de declaración de zona tensionada y le instará a emitir una resolución motivada basada en datos objetivos. Asimismo, impulsará la elaboración de una memoria municipal específica sobre la situación del mercado residencial y, además, se reservará el derecho de estudiar acciones jurídicas contra la negativa del gabinete de Prohens a desplegar en Balears la Ley estatal 12/2023 por el derecho a la vivienda -más conocida como ley de vivienda-.

El Ayuntamiento está obligado moralmente a hacer todo lo que sea posible para defender el derecho al acceso a la vivienda de los vecinos de nuestro pueblo

Josep Ferrà — Alcalde de Esporles

Mediante la iniciativa sacada adelante con los votos de la mayoría de izquierdas, el consistorio también se compromete a continuar desplegando políticas locales de acceso a la vivienda y a reforzar el arraigo de la población residente. La propuesta precisa que la declaración de zona tensionada “no es únicamente un mecanismo de limitación de precios”, sino “un instrumento integral de política pública”, y desliza que la “negativa genérica” del Govern a aplicar la ley estatal “puede suponer una vulneración del principio de buena administración”. Asimismo, aclara que la declaración es compatible con las políticas de aumento de la oferta de vivienda. El Ayuntamiento prevé trasladar sus acuerdos al Ejecutivo balear, al Consell de Mallorca, a los grupos parlamentarios y a las entidades municipalistas.

Fincas de lujo, vecinos desplazados

Esporles, como otros pueblos de la Serra -el pulmón verde de Mallorca declarado en 2011 Patrimonio Mundial por la UNESCO-, ha pasado en menos de una década de ser un refugio discreto a convertirse en objetivo del capital internacional y los compradores extranjeros de alto poder adquisitivo. Algunos adquieren fincas para transformarlas en una más de sus múltiples y lujosas residencias; otros, para maximizar su rentabilidad mediante su reconversión en hoteles boutique u otros negocios vinculados al turismo de alto nivel. Un proceso que no solo ha disparado los precios de la vivienda con la consiguiente expulsión de su población residente, sino que también ha acelerado la privatización progresiva del entorno debido al cierre de caminos y las restricciones de acceso a espacios que durante generaciones fueron de uso común, agravando con ello el proceso de segregación social del municipio.

En estos momentos, el alquiler más barato es el de un “exclusivo piso” que, según el anuncio que lo publicita en Idealista, destaca por su “diseño”, “tranquilidad” y sus “vistas a la montaña”. El precio: 1.500 euros.

En estos momentos, el alquiler más barato es el de un "exclusivo piso" que, según el anuncio que lo publicita en Idealista, destaca por su "diseño", "tranquilidad" y sus "vistas a la montaña". El precio: 1.500 euros

Tal como subraya la moción de PAS-Més, la situación de emergencia habitacional se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad y expulsión residencial tanto en Esporles como en el resto de Balears. “Nuestro municipio ha experimentado en los últimos años un incremento sostenido y desproporcionado de los precios del alquiler y de la compra. Este aumento, junto con la presión especulativa, la escasez de oferta residencial y la conversión de viviendas en usos turísticos, ha provocado que muchas familias se encuentren en una situación límite”, prosigue el texto. El resultado, según el propio documento, es un proceso de expulsión residencial que afecta especialmente a jóvenes y familias trabajadoras, obligadas a destinar “una parte inasumible de sus ingresos al alquiler”, o bien a abandonar el municipio “en el que han crecido, trabajan o mantienen sus vínculos sociales y familiares”.

El Ayuntamiento solicitó formalmente al Govern la declaración oficial de zona tensionada, pero la respuesta fue negativa. La Dirección General de Vivienda argumentó que la medida es una potestad, no una obligación, y sostuvo que la limitación de precios podría reducir la oferta de alquiler en el mercado balear.

El Consistorio, sin embargo, rechaza ese razonamiento. La moción se ampara en la ley estatal de vivienda, que establece que un municipio puede ser declarado zona tensionada cuando el coste medio del alquiler o la hipoteca supere el 30 % de la renta media de los hogares, los precios hayan crecido de forma sostenida por encima del IPC, y exista un riesgo acreditado de exclusión residencial. El Ayuntamiento considera que Esporles cumple estos indicadores y que la declaración es necesaria para proteger a la población residente y garantizar el derecho a la vivienda. La autodeclaración simbólica es, en ese sentido, un acto de presión institucional: una forma de forzar al Govern a motivar su negativa con datos concretos o a asumir el coste político de ignorar la situación.

La moción se ampara en la ley estatal de vivienda, que establece que un municipio puede ser declarado zona tensionada cuando el coste medio del alquiler o la hipoteca supere el 30 % de la renta media de los hogares, los precios hayan crecido de forma sostenida por encima del IPC, y exista un riesgo acreditado de exclusión residencial

Esporles, símbolo de resistencia municipal

No es la primera vez que Esporles adopta decisiones institucionales que lo sitúan en el centro del debate político, en abierta contradicción, además, con el rumbo político del Govern de Prohens. En julio del año pasado, el Ayuntamiento aprobó la primera ordenanza municipal de memoria democrática del Estado, en respuesta a la derogación de la ley autonómica que prevén materializar populares y Vox. La norma local establece un marco normativo propio para reconocer, reparar y preservar la memoria de las víctimas del golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista: de acuerdo a las investigaciones memorialistas, entre el alzamiento fascista y 1939, los sublevados se llevaron por delante, de forma directa o indirecta, la vida de al menos 21 personas: diez de ellas fueron ejecutadas, nueve fueron víctimas de desaparición forzada -tres de las cuales han sido localizadas y exhumadas-, y dos más se suicidaron.

El año pasado, el Ayuntamiento de Esporles aprobó la primera ordenanza municipal de memoria democrática del Estado, en respuesta a la derogación de la ley autonómica que prevén materializar populares y Vox. La norma local establece un marco normativo propio para reconocer, reparar y preservar la memoria de las víctimas del golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista

El Grupo de Memoria Democrática de Esporles -constituida como delegación local de la asociación Memòria de Mallorca, eleva a cerca de 300 las mujeres y hombres que fueron represaliados “por tener unas ideas diferentes de quienes se sublevaron contra la Segunda República”. Entre otras medidas, la ordenanza contempla el reconocimiento institucional de las víctimas, la instalación de placas y elementos conmemorativos en espacios públicos, la revisión del callejero y de los honores municipales para eliminar referencias contrarias a los valores democráticos, y la creación de un registro local de quienes fueron perseguidos o sufrieron la confiscación de sus bienes.

También en Esporles, un grupo de 74 personas emprendió hace más de dos años una insólita batalla: que el Gobierno haga públicas las encuestas que el expresidente Adolfo Suárez habría encargado en 1976 para preguntar a la opinión pública si prefería un Estado monárquico o republicano, como el propio mandatario de UCD confesaría décadas después: “Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república... hacíamos encuestas y perdíamos”, señaló. La iniciativa convirtió al municipio en un actor inesperado en el debate histórico y político de la Transición.

Esporles torna a anar a contracorrent. Aquest poble mallorquí emplaçat en plena Serra de Tramuntana, alguns veïns del qual lluiten des de fa més de dos anys per la desclassificació dels sondejos que el 1976 hauria encarregat Adolfo Suárez per conèixer si l'opinió pública preferia un Estat monàrquic o republicà, ha decidit desafiar les polítiques del Govern de Marga Prohens (PP) en matèria d'habitatge. El ple municipal ha aprovat aquest dijous a darrera hora l'autodeclaració simbòlica de la localitat com a zona tensionada, una figura prevista en la llei estatal d'habitatge que l'Executiu autonòmic, amb el suport de Vox, es nega a aplicar malgrat la creixent pressió immobiliària i de l'imparable encariment dels lloguers. Esporles és, de fet, un dels municipis que de forma més acusada ha vist transformat el seu equilibri social com a conseqüència de l'escalada de preus, la irrupció d'inversors estrangers d'alt poder adquisitiu i el desplaçament gradual dels seus veïns.

“L'Ajuntament està obligat moralment a fer tot el que sigui possible per defensar el dret a l'accés a l'habitatge dels veïns del nostre poble”, subratlla el batle d'Esporles, Josep Ferrà, representant de la coalició ecosobiranista PAS-Més. En declaracions a elDiario.es, assenyala que l'autodeclaració com a municipi tensionat és “un acte d'autodefensa com a poble” i de protecció “dels drets d'aquelles persones que no arriben a final de mes per poder pagar un lloguer”.

Encara que les competències quant a la regulació de l'habitatge corresponen al Govern, el gest permet convertir un problema estructural en un conflicte polític visible. No en va, l'acord aprovat pel ple no es limita a l'autodeclaració com a mercat tensionat, sinó que traça un full de ruta institucional i jurídica: l'Ajuntament traslladarà formalment a l'Executiu la sol·licitud perquè inicii el procediment oficial de declaració de zona tensionada i l'instarà a emetre una resolució motivada basada en dades objectives. Així mateix, impulsarà l'elaboració d'una memòria municipal específica sobre la situació del mercat residencial i, a més, es reservarà el dret d'estudiar accions jurídiques contra la negativa del Govern a desenvolupar a Balears la Llei estatal 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge -més coneguda com a llei d'habitatge.

El Consistori també es compromet a continuar desplegant polítiques locals d'accés a l'habitatge i a reforçar l'arrelament de la població resident, i traslladarà els seus acords al Govern, al Consell de Mallorca, als grups parlamentaris i a les entitats municipalistes. La proposta precisa que la declaració de zona tensionada “no és únicament un mecanisme de limitació de preus”, sinó “un instrument integral de política pública”, i llisca que la “negativa genèrica” del Govern a aplicar la llei estatal “pot suposar una vulneració del principi de bona administració”. Així mateix, aclareix que la declaració és compatible amb les polítiques d'augment de l'oferta d'habitatge. L'Ajuntament preveu traslladar els seus acords a l'Executiu balear, al Consell de Mallorca, als grups parlamentaris i a les entitats municipalistes.

Finques de luxe, veïns desplaçats

Esporles, com altres pobles de la Serra --el pulmó verd de Mallorca declarat en 2011 Patrimoni Mundial per la UNESCO-, ha passat en menys d'una dècada de ser un refugi discret a convertir-se en objectiu del capital internacional i els compradors estrangers d'alt poder adquisitiu. Alguns adquireixen finques per transformar-les en una més de les seves múltiples i luxoses residències; altres, per maximitzar-ne la rendibilitat mitjançant la seva reconversió en hotels boutique o altres negocis vinculats al turisme d'alt nivell. Un procés que no només ha disparat els preus de l'habitatge amb la consegüent expulsió de la seva població resident, sinó que també ha accelerat la privatització progressiva de l'entorn degut al tancament de camins i les restriccions d'accés a espais que durant generacions van ser d'us comú, agreujant amb això el procés de segregació social del municipi.

En aquests moments, el lloguer més barat és el d'un “exclusiu pis” que, segons l'anunci que el publicita a Idealista, destaca pel seu “disseny”, “tranquil·litat” i les seves “vistes a la muntanya”. El preu: 1.500 euros.

Tal com subratlla la moció de PAS-Més, la situació d'emergència habitacional s'ha convertit en un dels principals factors de desigualtat i expulsió residencial tant a Esporles com a la resta de Balears. “El nostre municipi ha experimentat en els últims anys un increment sostingut i desproporcionat dels preus del lloguer i de la compra. Aquest augment, juntament amb la pressió especulativa, l'escassetat d'oferta residencial i la conversió d'habitatges en usos turístics, ha provocat que moltes famílies es trobin en una situació límit”, prossegueix el text. El resultat, segons el propi document, és un procés d'expulsió residencial que afecta especialment joves i famílies treballadores, obligades a destinar “una part inassumible dels seus ingressos al lloguer”, o bé a abandonar el municipi “en el qual han crescut, treballen o mantenen els seus vincles socials i familiars”.

L'Ajuntament va sol·licitar formalment al Govern la declaració oficial de zona tensionada, però la resposta va ser negativa. La Direcció General d'Habitatge va argumentar que la mesura és una potestat, no una obligació, i va sostenir que la limitació de preus podria reduir l'oferta de lloguer al mercat balear.

El Consistori rebutja aquest raonament. La moció s'empara en la llei estatal d'habitatge, que estableix que un municipi pot ser declarat zona tensionada quan el cost mitjà del lloguer o la hipoteca supera el 30% de la renda mitjana de les llars, els preus hagin crescut de forma sostinguda per sobre de l'IPC, i hi hagi un risc acreditat d'exclusió residencial. L'Ajuntament considera que Esporles compleix aquests indicadors i que la declaració és necessària per protegir la població resident i garantir el dret a l'habitatge. L'autodeclaració simbòlica és, en aquest sentit, un acte de pressió institucional: una forma de forçar el Govern a motivar la seva negativa amb dades concretes o a assumir el cost polític d'ignorar la situació.

Esporles, símbol de resistència municipal

No és el primer cop que Esporles adopta decisions institucionals que el situen en el centre del debat polític, en oberta contradicció, a més, amb el rumb polític del Govern de Prohens. Al juliol de l'any passat, l'Ajuntament va aprovar la primera ordenança municipal de memòria democràtica de l'Estat, en resposta a la derogació de la llei autonòmica que preveuen materialitzar populars i Vox. La norma local estableix un marc normatiu propi per reconèixer, reparar i preservar la memòria de les víctimes del cop d'Estat de 1936 i la dictadura franquista: d'acord amb les investigacions memorialistes, entre l'aixecament feixista i 1939, els sublevats es van endur, de forma directa o indirecta, la vida d'almenys 21 persones: deu d'elles van ser executades, nou van ser víctimes de desaparició forçada -tres de les quals han estat localitzades i exhumades-, i dues més es van suïcidar.

El Grup de Memòria Democràtica d'Esporles -constituït com a delegació local de l'associació Memòria de Mallorca- eleva a prop de 300 les dones i homes que van ser represaliats “per tenir unes idees diferents de qui es van sublevar contra la Segona República”. Entre altres mesures, l'ordenança preveu el reconeixement institucional de les víctimes, la instal·lació de plaques i elements commemoratius en espais públics, la revisió dels carrers i dels honors municipals per eliminar referències contràries als valors democràtics, i la creació d'un registre local dels qui van ser perseguits o van patir la confiscació dels seus béns.

També a Esporles, un grup de 74 persones va emprendre fa més de dos anys una insòlita batalla: que el Govern faci públiques les enquestes que l'expresident Adolfo Suárez hauria encarregat el 1976 per preguntar a l'opinió pública si preferia un Estat monàrquic o republicà, com el propi mandatari d'UCD confessaria dècades després: “Quan la major part dels caps de Govern estrangers em demanaven un referèndum sobre monarquia o república... fèiem enquestes i perdíem”, va assenyalar. La iniciativa va convertir el municipi en un actor inesperat en el debat històric i polític de la Transició.