Cantabria es una de las comunidades que no ha regulado la protección permanente de la vivienda protegida para impedir que transcurridos unos años acaben por venderse en el mercado libre, lo que no contribuye a solucionar los problemas para los que fueron creadas. Once comunidades lo han hecho ya y Asturias podría sumarse con su futura Ley de Vivienda. La que se tramita en Cantabria, por el momento, no entra a corregir esta posibilidad.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 establece la protección permanente como uno de los principales requisitos a la hora de financiar la construcción y compra de vivienda protegida. Una medida que supondrá que -independientemente de que la vivienda sea para propiedad o alquiler, o de promotor público o privado- mantenga sus límites de precio y uso para siempre. 

Un informe elaborado por Civio -una organización sin ánimo de lucro especializada en periodismo de investigación con datos públicos- constata que hay 17 modelos distintos de vivienda protegida y que las autonomías se debaten entre dos contrarios, literalmente opuestos. Por un lado, once comunidades ya han aprobado medidas de protección permanente para evitar que las viviendas protegidas acaben vendiéndose a precios de mercado. La primera fue el País Vasco, hace ya 24 años, que en 2002 declaró la protección permanente de todas las viviendas protegidas en su territorio, independientemente del régimen de tenencia o de si son de promoción pública o privada. El análisis realizado por Civio explica que hasta esta década Euskadi no ha dejado de perder viviendas protegidas.

Tiempo después -evidencian los datos del análisis- Baleares y más recientemente Navarra se unieron a estas políticas. El Parlamento de Asturias estudia esa posibilidad en su futura Ley de Vivienda mientras que Cantabria permanece de momento ajena al debate.

A ello se suman otras ocho comunidades autónomas que han declarado la protección permanente únicamente de las viviendas del parque público: Castilla-La Mancha, Cataluña, Canarias, Galicia y el bloque Madrid, Andalucía, Valencia y Extremadura que siguen política contrarias para las viviendas protegidas de promoción privada.

El infome asegura que realmente en los próximos cinco años, la única comunidad autónoma en la que ninguna vivienda protegida pasará al mercado libre es País Vasco y precisa la circunstancia de que Cataluña aprobó a finales de 2025 una ley que prohíbe descalificar vivienda protegida en municipios con mercado residencial tensionado.

El extremo contrario

De hecho, Madrid, Andalucía, Valencia y Extremadura han rebajado los plazos para que las viviendas protegidas de venta y alquiler salgan al mercado libre. En el caso de la capital de España, hasta 2009 los propietarios estaban sujetos a entre 20 y 25 años de permanencia. Ese año se rebajó el plazo a 15 años.

Más cercano en el tiempo, Andalucía aplicó la misma política hace seis años. Allí no se podían vender las viviendas protegidas hasta 30 años después de adquirlas, pero desde 2020 se dejó entre 7 y 15 años.

En Extremadura sucedió algo parecido. En 2013 se bajó de 30 a 20 años el nivel de protección y el años pasado se decretó que el nuevo plazo de aplicara retroactivamente.

La dificultad para acceder a una vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los municipios turísticos del Pirineo aragonés. Aínsa-Sobrarbe y Biescas han pedido esta semana al Gobierno de Aragón que impulse la declaración de estos municipios como zonas de mercado residencial tensionado, una figura contemplada en la Ley Estatal de Vivienda que permitiría acceder a nuevas ayudas para vivienda asequible, rehabilitación y alquiler social.

El pleno de Aínsa-Sobrarbe aprobó este miércoles solicitar al Ejecutivo autonómico que inicie de manera urgente los trámites necesarios para obtener esta declaración. La iniciativa llega apenas unos días después de que el Ayuntamiento de Biescas anunciara una propuesta similar —que también fue aprobada en el pleno del 3 de junio— y de que Canfranc solicitase en febrero de 2024 reclamar esta catalogación ante los problemas de acceso a la vivienda que afectan a buena parte del Pirineo, aunque posteriormente —el 2 de mayo de 2024— retiró esta vía y optó por impulsar el programa 'Más vivienda, mejor turismo'. El consistorio ha adoptado además medidas como la suspensión temporal de nuevas licencias para viviendas turísticas, la creación de una bolsa de alquiler y cambios urbanísticos para limitar este tipo de alojamientos en el futuro.

Los municipios coinciden en señalar el impacto que la presión turística, la proliferación de viviendas de uso turístico y de segunda residencia, así como el incremento de los precios de compra y alquiler, están teniendo sobre la población residente. El alcalde de Aínsa-Sobrarbe, Enrique Pueyo, ha defendido que localidades como la suya están viendo cómo el encarecimiento de la vivienda dificulta cada vez más la vida de quienes residen en ellas. “Los municipios con presión turística como éste y otros del Pirineo aragonés ven cómo se incrementa el precio de la vivienda y esta realidad limita a quienes vivimos en estas localidades”, ha señalado.

Una situación similar ha denunciado la alcaldesa de Biescas, Lorena Cajal, quien ha defendido la necesidad de que el municipio sea declarado zona tensionada para facilitar el acceso a ayudas públicas destinadas a vivienda asequible, rehabilitación y alquiler social. La regidora ha advertido de que “la creciente presión turística, la proliferación de viviendas de uso turístico o de segunda residencia, la escasez de vivienda habitual disponible y el incremento sostenido de los precios del alquiler y de compra dificultan mucho el acceso a una vivienda digna para vecinos, jóvenes, familias y trabajadores esenciales del municipio”.

Pueyo ha recordado además que Biescas ha dado el mismo paso y ha confiado en que más municipios reclamen medidas similares ante una situación que considera “insostenible”. La propuesta aprobada por el consistorio de Aínsa incluye también la solicitud de un estudio específico sobre la evolución de los precios de alquiler y compraventa, la disponibilidad de vivienda habitual y los efectos de la presión turística en el municipio. Según el alcalde, la falta de vivienda ya está condicionando el desarrollo local. “Hemos tocado techo en cifras de población desde hace dos años porque no hay vivienda disponible y los costes de construcción son actualmente altísimos”, ha asegurado.

Cajal ha argumentado además que la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda abre una oportunidad para que los municipios declarados zonas tensionadas puedan acceder a mayores incentivos económicos. “Pido al Gobierno aragonés la misma responsabilidad que tenemos los ayuntamientos: escuchar a los ciudadanos y, en este caso, iniciar de manera urgente los trámites para que Biescas pueda ser declarado como tal”, ha reclamado.

Medidas locales frente a un problema creciente

Desde el Ayuntamiento de Aínsa destacan que ya han impulsado diversas actuaciones dentro de sus competencias para tratar de aliviar la situación. Entre ellas figuran la regulación de las viviendas de uso turístico, el incremento del IBI a las viviendas permanentemente desocupadas, la rehabilitación de inmuebles municipales para destinarlos a nuevos habitantes y la cesión al Gobierno de Aragón de una parcela y un millón de euros para promover vivienda pública.

Entre los motivos esgrimidos por el Ayuntamiento de Biescas figuran el incremento continuado de los precios de compra y alquiler, la escasa oferta de arrendamientos de larga duración, el elevado peso de las segundas residencias y las dificultades de acceso a la vivienda para jóvenes y trabajadores, factores que, según el consistorio, amenazan la cohesión social y la fijación de población.

En Canfranc, el consistorio también ha adoptado medidas para contener el problema, como la suspensión temporal de nuevas licencias para viviendas turísticas, la creación de una bolsa de alquiler y la preparación de cambios urbanísticos para limitar este tipo de alojamientos en el futuro. Los ayuntamientos consideran que la escasez de vivienda habitual se ha convertido en uno de los principales obstáculos para fijar población y atraer nuevos residentes. En el caso de Canfranc, el alcalde, Fernando Sánchez, llegó a definir la vivienda como “el mayor problema del mundo rural”, advirtiendo de que la falta de oferta impide el crecimiento de muchos municipios turísticos.

Negativa del Gobierno de Aragón a aplicar la ley estatal

La creciente presión de los municipios pirenaicos coincide con la negativa del Gobierno de Aragón a aplicar algunas de las medidas más relevantes incluidas en la Ley Estatal de Vivienda. De hecho, Enrique Pueyo ha acusado al Ejecutivo autonómico de priorizar la confrontación política sobre la búsqueda de soluciones. “El Gobierno de Aragón que preside Jorge Azcón prefiere la confrontación y ser insumiso con la Ley Estatal de Vivienda antes que solucionar las necesidades de las personas”, ha afirmado.

La pasada semana, el consejero de Vivienda, Octavio López, aseguró en las Cortes de Aragón que el Ejecutivo autonómico solo participará en el futuro Plan Estatal de Vivienda 2027-2030 si este “encaja” con el programa Aragón Más Vivienda. Octavio López aseguró que ha “batallado” para conseguir que Aragón reciba el 3,8% de los fondos teniendo el 3% de la población nacional, precisando que se destinará el 40% a generar oferta, el 30% a rehabilitación y el 30% a las ayudas para el acceso a la vivienda, todo para “complementar y llevar adelante” los programas del Plan Aragón Más Vivienda.

El consejero de Vivienda, Roberto Media, ha reconocido en el Parlamento de Cantabria que las medidas antiocupación están marcadas por una ley nacional y por el código penal y que el Gobierno de Cantabria no puede regular los desalojos inmediatos, como inicialmente había anunciado el Gobierno del Partido Popular para frenar “la impunidad de los okupas”.

Media, en su comparecencia para debatir las enmiendas a la totalidad de PSOE y Vox contra la Ley de Vivienda, ha mantenido que va a generar más seguridad jurídica frente a la ocupación pero solo lo hará “asesorando a los afectados y tratando de dar más herramientas a los polícias locales”. “El desalojo final no es nuestra competencia”, ha subrayado.

La realidad de las limitaciones de la ley corrijen las declaraciones de la propia presidenta María José Sáenz de Buruaga que, cuando se presentó la Ley en septiembre, anunció que la norma establecía protocolos de desalojo inmediato, además de medidas de protección, asistencia gratuita a través de la Oficina de Apoyo a las Víctimas de la Ocupación y la Inquiocupación, y otras de protección social para dar soluciones habitacionales alternativas ante situaciones de vulnerabilidad real.

No obstante, el consejero ha insistido en que la Ley si tiene medidas para tratar de evitar la okupación ilegal, como protocolos de desalojo inmediato en caso de flagrante okupación, en cuyo caso la Policía Local podrá -en el ámbito de sus competencias- proceder al desalojo inmediato de los ocupantes, respetando los procedimientos legales.

También ha citado la oficina de apoyo a las víctimas de okupación, asistencia jurídica a propietarios afectados y medidas sociales para garantizar soluciones habitacionales alternativas cuando existan situaciones de vulnerabilidad real.

Para Vox, el enfoque sobre el problema de la 'okupación' es “blando e insuficiente”. En su opinión, la tibieza de la Ley elimina un principio fundamental “que es el derecho a la propiedad privada”. “No han sido capaces de introducir el concepto de propiedad privada en ninguno de los artículos de la Ley”, ha reprochado Armando Blanco. El diputado considera que se llega “al absurdo” de que solo garantiza ayudas a la 'okupación' a aquellos propietarios que entregan su vivienda al fondo del alquiler social. El resto, quien decida ofrecer su vivienda en el mercado libre de alquiler, “que sepa que esta Ley del Partido Popular no les protege”.

El consejero de Vivienda ha insistido en que “esta ley protege al propietario frente al okupa y no al revés”. Media sostiene que la ocupación “es un drama” que saca del mercado del alquiler multitud de viviendas.

En 2025 hubo 10 demandas en juzgados civiles por ocupaciones ilegales de vivienda en Cantabria. Casi la mitad que el año anterior. Pero en los últimos cinco años se ha doblado el número de denuncias: de 52 a 115 por allanamiento o usurpación de inmuebles. Normalmente se corresponden con pisos deteriorados, en desuso y sin acabar que llevan tiempo abandonados, según la Fiscalía de Cantabria.

El Gobierno de Cantabria, a través de la empresa pública Gesvican, puso en marcha a principios de año un teléfono para denunciar casos de 'okupación' ilegal de viviendas donde se les proporciona asistencia jurídica gratuita y se les aconseja presentar una denuncia ante la Guardia Civil o la Policía Nacional.

El debate político, alentado sobre todo por partidos de extrema derecha —aunque no solo—, sobre los requisitos de acceso de los inmigrantes a los servicios públicos ha llegado desde hace un tiempo a las Viviendas de Protección Oficial (VPO). En plena crisis de acceso al mercado inmobiliario, partidos como Vox y PP, en España, y Junts y Aliança Catalana, en Catalunya, cada uno con sus matices, proponen exigir más años de padrón a la hora de optar a uno de estos pisos. 

Es lo que Vox ha denominado “prioridad nacional” en sus pactos con el PP en Aragón o Extremadura. Pero, ¿qué peso tienen los extranjeros en la concesión de vivienda pública? En Catalunya, con los datos del Departamento de Territorio de la Generalitat en la mano, su peso dentro del conjunto de beneficiados por las adjudicaciones de viviendas de protección es inferior al que representan por población. 

De las 4.890 viviendas de esta tipología que se visaron en Catalunya en 2024, 688 fueron para extranjeros, lo que supone el 14,1% del total, un porcentaje por debajo del que representa la población migrante en la comunidad autónoma: actualmente son el 18%. “Hay una infrarrepresentación de la población migrante”, señala Albert Sales, investigador en políticas sociales y vivienda en el Institut Metròpoli. “Además, es más acusada si tenemos en cuenta que la población extranjera tiene una situación residencial sensiblemente peor”, añade.

En este sentido, la edad también ayuda a calibrar el acceso de la población migrante a la vivienda de protección oficial. Si se observa la franja entre 25 y 49 años, la más habitual para optar a pisos públicos de compra o alquiler, el peso relativo de los extranjeros se reduce aún más. Ese 14% de adjudicatarios inmigrantes de vivienda de protección en 2024 queda lejos del porcentaje que ocupa realmente este colectivo en la franja de edad mencionada: son el 28%.

Por qué acceden menos a la VPO los extranjeros que los autóctonos puede tener varias explicaciones. Sales apunta a algunas: por ejemplo, que no solo existen topes de ingresos máximos para entrar en el registro de solicitantes, sino también mínimos, para garantizar su pago (la vivienda de protección no está pensada para hogares en situación de pobreza). Otra explicación puede ser el menor conocimiento de los circuitos administrativos por parte de los extranjeros. 

Sea como sea, el debate sobre la prioridad de los autóctonos hace meses que existe en Catalunya, aunque no lo ha liderado Vox. Ha sido Junts quien ha puesto sobre la mesa la necesidad de aumentar los años que se exigen de padrón para poder optar a VPO, alegando que hay que premiar el arraigo. La demanda surgió desde uno de los municipios gobernados por esta formación, en Sant Cugat del Vallès, y se extendió a otras localidades y al Parlament, con la propuesta de excluir a quienes lleven menos de diez años de residencia en el municipio. 

Actualmente, de acuerdo con la Ley autonómica de Vivienda de 2007, las administraciones locales no pueden exigir más de tres años de padrón para acceder a la VPO. Algunas, como Barcelona, suelen pedir un año.

La propuesta de ampliarlo a 10 años, medida ya vigente en otras comunidades autónomas, se llegó a votar en el Parlament en octubre, pero fue rechazada, puesto que solo cosechó los votos de PP y Vox, y Aliança se abstuvo. De hecho, el partido que lidera Silvia Orriols, más beligerante, pide hasta 18 años de padrón. 

En un programa de TVE, la diputada xenófoba llegó a criticar el proyecto de construcción de vivienda pública del Govern al considerar que beneficiará a extranjeros. “La solución no puede ser construir 100.000 pisos con dinero de los contribuyentes catalanes para acabar otorgándolos a familias recién llegadas que pueden acreditar más hijos y menos ingresos”, afirmó. Los autóctonos, dijo, deben tener “preferencia”.

Los datos recabados por elDiario.es, a partir de los visados de VPO concedidos en los dos últimos años en Catalunya, también permiten detallar cómo se reparten en los 15 municipios con mayor población. En algunos, el peso de los extranjeros en las adjudicaciones es superior al que representan dentro del municipio; en la mayoría, sin embargo, es al contrario.

Pero si se compara con la franja de edad de 25 a 50 años, en todas las ciudades salvo una (Sant Cugat del Vallès) los inmigrantes acceden menos a estas viviendas de lo que les tocaría. 

Las diferencias más notables, si se tiene en cuenta esa franja de edad, están en L'Hospitalet de Llobregat (12,2% de beneficiados extranjeros, por un 40% de peso en el municipio); Mataró (4,2% frente a un 26%) o Cornellà de Llobregat (8% frente a 29%). Por contra, las más equilibradas son Sant Cugat (22,5% frente a 22,6%), Rubí (17,3% frente a 22,2%) o Tarragona (24,6% por 31,6%).

Sin dejar de manifestar su oposición a esta medida, la Xunta ha aprobado la declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado. La capital autonómica se convierte así, tras A Coruña –que la obtuvo en julio de 2025– en la segunda ciudad gallega en obtener este reconocimiento, algo que la alcaldesa, la nacionalista Goretti Sanmartín, ha celebrado como una “muy muy buena noticia”, aunque insiste en que “llega tarde”.

La resolución –avanzada por La Voz de Galicia y confirmada posteriormente por Europa Press antes de que lo valorase Sanmartín– se firmó a las 8:56:19 de este viernes, según manifestó la alcaldesa, que “lamentó” la forma en la que fueron informados, “primero con insinuaciones de Borja Verea [el portavoz local del PP] y, después, a través de los medios”. Cuando recibió la llamada de la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, “ya habíamos leído en los medios que a lo largo de la mañana íbamos a a recibir esta comunicación”. “Agradezco su llamada pero, igual que la aprobación, llega algo tarde”, añadió la regidora.

Sanmartín insistió en ese retraso porque “queda claro que Santiago cumplía de sobra los requisitos la primera vez y que también los cumple ahora”. Se refería a la decisión de la Xunta de desestimar la solicitud en agosto pasado, lo que obligó a reiniciar el proceso. “La subida del precio del alquiler en los ultimos cinco años supera en más de tres puntos porcentuales el incremento del IPC”, tanto que “duplica ese indicador” ya que el encarecimiento medio de los alquileres fue del 40% entre 2019 e 2024“.

Sanmartín felicitó al área de urbanismo del ayuntamiento antes de explicar que la declaración servirá para que ahora se puedan aplicar “medidas de contención” prevista en la Ley de Vivienda y, también, “que podamos recibir ayudas más cuantiosas del plan estatal que se aprobó esta semana”. “Estamos preparados y con los deberes hechos”, aseguró.

Ahora, el ayuntamiento tiene dos meses para aprobar de forma definitiva en junta de gobierno el plan de medidas correctoras y un calendario de actuaciones que habrá que actualizar cada seis meses. Sanmartín defendió que esa “contención”, en Santiago ya se estaba consiguiendo “respecto a otras localidades” gracias a las “medida que este gobierno fue aplicando”. Como ejemplo, contrapuso la subida del metro cuadrado de vivienda nueva desde enero de 2025 en la capital gallega, un 3%, y en el concello vecino de Ames, donde aumentó hasta el 16%. Al mismo tiempo, el alquiler creció un 8,5% en Santiago y casi un 22% en Ames.

La alcaldesa destacó que esa contención es aún mayor en A Coruña –que se queda en el 6,6%–, ya que allí hace nueve meses que la zona tensionada está en vigor. La Xunta, por su parte, insistió a Europa Press en que esta declaración no sirve para frenar los precios y destacaba que, desde su puesta en marcha, el número de contratos de alquiler en la ciudad herculina se redujo en 300, una cifra que el portavoz local del PP aumentó en cien más.

Borja Verea compareció para afirmar que, a partir de ahora, “las consecuencias derivadas de esta decisión serán responsabilidad sólo de BNG y Compostela Aberta”, las fuerzas que forman el gobierno local. “Está a la vista que no está funcionando en ninguna de las ciudades donde se implantó. No es opinión, es ciencia”. En el caso de la capital herculina, aseguró que en sólo 5 meses, desde la entrada en vigor de la zona tensionada, “se pasó de 718 contratos a 324” lo que supone, asegura “la desaparición del 55% de la oferta”.

La Junta de Castilla y León se ha sumado a otros Ejecutivos autonómicos del Partido Popular para marcar distancias con el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno central este martes pese a que prevé destinar 378 millones de euros a la comunidad —277 millones más que en el anterior programa—. El portavoz en funciones del Gobierno autonómico y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado que el modelo “obliga a aplicar políticas que han fracasado” y ha reclamado “diálogo y flexibilidad” frente a lo que considera una estrategia basada en la imposición.

La Junta ha rechazado el planteamiento global: “No puedo decir que el plan en su integridad sea negativo, pero se plantea como un todo o nada”, ha señalado Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En su opinión, el principal problema es que el Ejecutivo central no permite adaptar las medidas a la realidad de cada territorio y exige asumir el paquete completo de condiciones para acceder a los fondos.

El nuevo plan estatal, dotado con 7.000 millones de euros hasta 2030, triplica la inversión del periodo anterior y fija varias exigencias a las comunidades autónomas: blindar de forma permanente la vivienda de protección oficial (VPO), cofinanciar el 40% de las actuaciones y remitir datos en tiempo real sobre el mercado del alquiler. Además, establece criterios más estrictos en la adjudicación de vivienda pública y medidas para movilizar vivienda vacía.

Para la Junta, el problema no está tanto en las medidas concretas como en la falta de margen para aplicarlas de forma selectiva. “Seguramente cada comunidad puede ver bien algunas medidas y tener más dificultades con otras, pero el diseño no permite elegir”, ha explicado el portavoz, que ha insistido en que la política de vivienda debe tener en cuenta diferencias territoriales como las existentes entre el medio rural y las grandes ciudades.

“Ha faltado diálogo y ha sobrado imposición”

Carriedo ha reprochado la falta de participación de las comunidades en la elaboración del plan. “Ha faltado diálogo y ha sobrado imposición”, ha comentado, al tiempo que ha recordado que los gobiernos autonómicos son los encargados de gestionar buena parte de las políticas de vivienda y, por tanto, “los principales interesados en aportar soluciones”.

El portavoz ha culpado del alza del precio de la vivienda con las decisiones del Ejecutivo central en los últimos años. “La vivienda es hoy el primer problema de los españoles y nos ha llevado a ello una política equivocada”, ha indicado. Para Carriedo, seguir con el mismo enfoque “no es la vía adecuada”.

La “ventaja comparativa” de Castilla y León

Con el ejemplo del mercado del alquiler en Soria, donde la oferta disponible se reduce a menos de 40 anuncios en un portal de alquiler y los precios alcanzan en muchos casos entre 750 y 1.200 euros mensuales, y solos dos opciones por debajo de los 600 euros, Carriedo ha afirmado que aunque los precios han aumentado en los últimos años, Castilla y León tiene mejor posición que el resto del país. “No significa que la vivienda sea más barata que antes, es más cara, pero somos la segunda comunidad donde menos ha subido el precio en los últimos cinco años y la tercera con el precio más bajo”, argumentó.

A su juicio, esta situación constituye una “ventaja comparativa” frente a otros territorios, lo que, según afirmó, explica que haya ciudadanos que opten por residir en la comunidad incluso trabajando en otras autonomías.

La alternativa de la Junta: Más oferta y seguridad

Frente al modelo estatal, Carriedo ha defendido que la Junta por una estrategia centrada en el aumento de la oferta y en generar confianza en el mercado del alquiler. “Hay una oferta muy débil frente a una demanda muy alta, y eso tiene un impacto muy importante en los precios”, ha indicado el portavoz en funciones

La receta, en su opinión, pasa por facilitar la construcción de vivienda, incentivar que los propietarios saquen sus inmuebles al mercado y garantizar seguridad jurídica suficiente. “Es muy importante dar la seguridad necesaria para que quien quiera alquilar su vivienda lo haga”, ha apostillado.

Carriedo ha destacado que Castilla y León garantiza ayudas al alquiler a todas las personas que cumplen los requisitos, lo que beneficia a más de 20.000 familias cada año. Además, la Comunidad ha desarrollado líneas de avales públicos para complementar la financiación hipotecaria y mantiene incentivos fiscales para la compra de vivienda, especialmente dirigidos a jóvenes y al medio rural.

Uno de los ejemplos que puso sobre la mesa el portavoz es el tipo superreducido del impuesto de transmisiones patrimoniales en el ámbito rural, que permite a un joven pagar apenas 15 euros por la compra de una vivienda de 150.000 euros, frente a los miles de euros que se abonan en otras comunidades.

Las comunidades del PP, contrarias el plan del gobierno

El posicionamiento de Castilla y León se suma al de otras comunidades, como Madrid, que ya han mostrado su rechazo al plan estatal por considerar que invade competencias autonómicas. El debate continuará en las próximas semanas en el marco de la conferencia sectorial de vivienda, donde Gobierno y autonomías deberán negociar los términos de aplicación del programa.

Primera bola de partido salvada. El desahucio de Txema Escorsa, un profesor de secundaria de 31 años y vecino del bloque Sant Agustí 14 en el barrio de Gràcia de Barcelona, se ha aplazado para el próximo 15 de abril tras una movilización vecinal contra el lanzamiento instado por el fondo New Amsterdam Developers.

El caso de este vecino de Gràcia es una realidad cada vez más frecuente en Barcelona: fondos de inversión compran fincas enteras o varias viviendas donde antes residían vecinos para destinarlos a 'coliving', esto es, trocear los pisos para arrendarlos por habitaciones. La principal diferencia es que esta modalidad es mucho más lucrativa que el alquiler tradicional y esquiva el tope de precios.

La comitiva judicial y un representante del fondo (que ha rechazado atender a los medios de comunicación) han comparecido pasadas las 9.30h. Tras constatar que la presencia de manifestantes impedía el desahucio, el lanzamiento se ha aplazado para el próximo 15 de abril, según el Sindicato de Inquilinos.

Desde la entidad han reclamado a New Amsterdam Developers empezar la negociación instada por el Ayuntamiento de Barcelona y la Sindicatura de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, para llegar a un acuerdo antes de la nueva fecha prevista para el lanzamiento.

“El próximo desahucio de este bloque será el 15 de abril. Nosotros estaremos aquí otra vez para demostrar la fuerza de la lucha por la vivienda”, ha dicho Escorsa desde el balcón de su casa. El inquilino, que ha sido recibido entre vítores tras conocer la decisión del aplazamiento, ha agradecido la movilización y el apoyo de los vecinos y miembros del sindicato.

“De las 11 familias que éramos, solo quedamos cinco. Pero las que decidimos quedarnos plantamos cara y seguimos resistiendo contra este negocio”, ha señalado Escorsa en declaraciones a los medios este miércoles. “Hoy soy yo, pero podría haber sido cualquier otro vecino. Los colivings nos están expulsando a todos”, ha denunciado.

Vecinos de otros bloques adquiridos por fondos de inversiones para hacer colivings también se han han intervenido desde el balcón de Txema explicando sus situaciones. Marga Aguilar, quien también enfrenta un juicio por negarse a abandonar su piso del edificio de La Papallona (también comprado por NAD), ha explicado que también tiene ya una fecha de desahucio prevista. “Hoy estamos aquí por Txema, porque estos lanzamientos solo se pueden frenar desde la movilización vecinal”, ha señalado la mujer a través del megáfono.

Otra vecina de las que ha hablado ha sido Rosario Castelló, la única vecina que aún persiste en el bloque de la calle Entença 69, después de que otro fondo de inversión comprara el edificio para hacer colivings. La mujer, de 63 años, convive ahora con decenas de chicos y chicas jóvenes, en su mayoría norteamericanos, que vienen a estudiar a Barcelona durante unos tres meses.

Para el lanzamiento de hoy, varios activistas se han concentrado desde las 7:30 frente al edificio sosteniendo pancartas pintadas con lemas como “Basta colivings ilegales”. Desde el Sindicato de Inquilinas de Catalunya habían organizado acciones reivindicativas previas. “Lo que se plantea no es solo un desahucio. Es un pulso entre los co-livings y los barrios donde desarrollar nuestra vida”, ha remachado el portavoz del sindicato, Enric Aragonès.

Entre sacos de dormir y esterillas, varios de los activistas han pasado la noche acampados en la calle peatonal de Sant Agustí como protesta. Además, durante la tarde del martes, se celebraron varios conciertos de artistas como Maria Hein o Ginestà, mientras actrices como Elisabet Casanovas, Betsy Túrnez o Joana Vilapuig han compartido vídeos en sus redes sociales animando a la movilización vecinal para frenar el desahucio.

Desde la compra del edificio por parte de New Amsterdam Development (NAD), los vecinos han enfrentado un verdadero vía crucis después de que la propiedad descartase renovar los contratos existentes. Los pisos se gestionan ahora desde la empresa New Nomads, creada por el propio fondo de inversión después de que la antigua empresa que lo hacía (Enter Coliving) optara por dejar de trabajar con NAD a finales de 2025, según explican desde el sindicato.

Seis familias del edificio optaron por marcharse meses atrás –algunas con niños– para evitar futuros desahucios, pero Escorsa y otros cuatro inquilinos más se resisten a abandonar sus hogares. Aunque su contrato venció en agosto de 2025, se niega a irse de su piso como protesta contra la especulación inmobiliaria.

Cuatro de los pisos ya se encuentran alquilados como coliving, habitados principalmente por estudiantes extranjeros. Dos inmuebles aún están vacíos, y desde el sindicato alertan de que las habitaciones –de menos de 10 m²– se alquilan por entre 800 y 930 euros, mientras Escorsa paga 810 euros por todo el piso, prácticamente lo mismo que la empresa cobra por una sola habitación.

La mayoría de los pisos tienen tres habitaciones. Con esto, la propiedad podría llegar a ingresar casi 2.700 euros por cada inmueble, una cifra que prácticamente triplica el tope fijado por la Generalitat de Catalunya el 1 de enero, según denuncian desde el sindicato. “Incluso con la ley en vigor siguen infringiendo conscientemente la regulación”, ha lamentado Escorsa.

La portavoz del Govern y consellera de Territori, Silvia Paneque, ha explicado en una entrevista en RAC 1 que la Generalitat realizó una inspección en el bloque este martes donde detectaron que podría haber un “incumplimiento de la normativa” al superar el límite máximo del precio del alquiler fijado por ley. Por este motivo, ha añadido que el Govern abrirá expedientes en todas las viviendas del bloque. Según el régimen sancionador, podrían haber multas de hasta 90.000 euros por piso.

Sin embargo, el Sindicato de Inquilinas denuncia que, en tres años, no se haya realizado ninguna inspección adecuada del edificio hasta el día antes del intento de desahucio. “Lo que pedimos a las administraciones es que sean contundentes. Es necesario aplicar el régimen sancionador correspondiente para que este modelo de coliving no les salga a cuenta”, ha subrayado el profesor de secundaria. New Amsterdam Development ya controla 11 edificios en Barcelona, en barrios como Gràcia, Eixample, Ciutat Vella y Sants-Montjuïc.

Tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat de Catalunya han rechazado el desahucio. “En ninguna ciudad permitiremos actuaciones abusivas contra el derecho de los vecinos y vecinas de vivir en sus barrios”, ha manifestado en X el president de la Generalitat, Salvador Illa.

El comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramón Riera, ha calificado de “inadmisible” continuar con el desahucio sin volver a la vía de diálogo que el consistorio abrió el otoño pasado. En octubre, el gobierno municipal se reunió con los vecinos del bloque y trasladó a la propiedad la necesidad de que los pisos se destinen a uso residencial.

El fondo ya ha recibido sanciones por valor de 20.000 euros por obras sin licencia. “A pesar de que las obras se han declarado ilegales, se han impuesto multas y hemos informado a la Generalitat sobre la vulneración de la regulación de precios, nada de lo hecho hasta ahora ha sido suficiente para evitar el desahucio de Txema”, ha agregado Aragonès.

Este martes, el Síndic de Greuges aceptó la propuesta del sindicato de actuar como mediador entre propiedad e inquilinos, medida también valoró positivamente el Ayuntamiento de Barcelona. El Síndic ya ha intervenido en casos como la Casa Orsola y las fincas municipales de Vallcarca, donde logró paralizar desahucios y reconvertir inmuebles en viviendas de protección oficial.

Sin embargo, Riera lamenta que la empresa no se haya mostrado abierta a negociar en ningún momento. “Para poder hacer como con la Casa Orsola, es necesario que la propiedad manifieste la voluntad de vender, y no es el caso”. ElDiario.es ha intentado contactar con New Amsterdam Developers para recabar su versión de los hechos pero no se ha obtenido respuesta.

La crisis de la vivienda sigue golpeando nuestro país. Jóvenes que no pueden emanciparse, personas de mediana edad que siguen haciendo números cada mes para afrontar los alquileres y, en definitiva, hogares cada vez más empobrecidos por hacer frente a una problemática que para el CIS “era el principal problema para el 42,6% de los españoles y españolas”, según el Barómetro de enero de 2026.

A partir del Informe de Vivienda y Bienestar 2025, elaborado por CCOO Castilla-La Mancha, conocemos que el parque total de vivienda en la región se sitúa en más de un millón (1.347.273), de las cuales 303.226 se encuentran vacías -el 8% de todas las que existen en España- y 135.783 son viviendas de uso esporádico, teniendo en cuenta datos de 2024.

La provincia de Toledo tiene casi 90.000 viviendas vacías

El mayor parque de viviendas a nivel provincial se encuentra en Toledo, con 439.385 viviendas, de las cuales 88.866 están vacías. Cuenca es la provincia con menor parque de viviendas, con 165.616, de las que 41.000 se encuentran vacías. Por otro lado, en lo que respecta a viviendas vacías, Ciudad Real se sitúa a la cabeza de provincias con mayor porcentaje, el 29% de su parque de viviendas.

En el caso de la provincia de Albacete, la capital provincial es la que cuenta con más viviendas vacías, más de 5.400. Seguidamente, Villarrobledo (2.735 viviendas vacías), Hellín (2.643) y Tobarra (1.448), entre otros.

Después, en la provincia de Ciudad Real, la capital provincial es la que cuenta con más viviendas vacías (6.384), seguida de cerca por Puertollano (6.380), Tomelloso (5.304) y Valdepeñas (4.354), entre otros.

En la provincia de Cuenca, la capital conquense es la que posee más viviendas vacías (3.240), Tarancón (844), Mota del Cuervo (561) y San Clemente (510), entre otros.

En la provincia de Guadalajara, la capital alcarreña cuenta con 3.232 viviendas vacías, seguida por Azuqueca de Henares (596), Marchamalo (385) y El Casar (382), entre otros.

Por último la provincia de Toledo, la localidad de Talavera de la Reina es la que cuenta con más viviendas vacías (5.049), seguida por Toledo (2.672), Fuensalida (2.089) y Ocaña (2.054).

Pocas viviendas de protección oficial

En Castilla-La Mancha, además de la “escasa producción de vivienda”, también destacan la escasez de Vivienda de Protección Oficial (VPO). Mientras que en 2008, previamente al estallido de la burbuja inmobiliaria, el peso de la VPO era del 8,63% construido, una “tasa insignificante”, en 2024 se construyeron 4.003 viviendas, de las cuales 159 eran VPO.

Desde CCOO Castilla-La Mancha apuntan que el problema de “la baja capacidad de generar vivienda protegida ha existido siempre, incluso en los años en los que la VPO alcanza sus porcentajes más altos, ese aumento no se debe a un impulso real de las políticas públicas, sino que coincide con el hundimiento de la vivienda libre por la desaparición del crédito”.

El 57,64% de titulares de vivienda tenían una única propiedad, donde los grandes tenedores (con más de 10 viviendas) representaban el 0,62%

Por otro lado, en Castilla-La Mancha la compraventa de vivienda es un fenómeno en ascenso. Esta tendencia, que se mantiene a la alza en los últimos diez años, refleja en septiembre de 2025 que a lo largo del año se compraron un total de 26.397 viviendas, de las cuales más de 25.000 fueron libres y 1.372 protegidas. El patrón provincial es homogéneo: Toledo, muy por encima de los demás, presenta la mayor parte de las operaciones, mientras Cuenca se mantiene como el mercado más reducido.

Por lo que respecta a la concentración de la vivienda en Castilla-La Mancha, en 2025 el 57,64% de titulares de vivienda tenían una única propiedad, donde los grandes tenedores (con más de 10 viviendas) representaban el 0,62%.

En este caso, los grandes tenedores con más viviendas por provincias se concentran en Albacete en la capital albaceteña, Hellín, Almansa y La Roda. Para la provincia de Ciudad Real, principalmente en la capital, Puertollano, Valdepeñas y Tomelloso.

Con respecto a la provincia de Cuenca, en la capital conquense, Tarancón, Las Pedroñeras y San Clemente. En Guadalajara, la propia capital alcarreña, Azuqueca de Henares, Alovera y Cabanillas del Campo. Por último, en la provincia de Toledo radican en la capital toledana, Talavera de la Reina, Ocaña y Seseña.

Baja el stock de vivienda nueva y se dispara el precio del suelo

Castilla-La Mancha poseía en stock, en el año 2024 y según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, más de 37.000 viviendas nuevas. La oferta de nueva vivienda está cayendo cada año, una tendencia que se observa desde 2011. El stock baja porque cada año se ofrecen menos viviendas nuevas, mientras que las disponibles se van vendiendo. Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo muestran caidas de entre el 20% y el 46%, lo que refleja una disminución continua del stock de vivienda nueva disponible. Un fenómeno llamativo es Guadalajara, donde su caída es cercana al 99%, y en 2024 solo poseía 35 viviendas nuevas disponibles.

El precio del metro cuadrado en Castilla-La Mancha se ha ido encareciendo en la última década, pasando en 2014 de 82,6 euros a 109,7 euros en 2025 -en este caso más de 66 euros por debajo de la media nacional-.

Si desglosamos este dato por provincias, los precios más altos de suelo urbano se dan en Ciudad Real (126,9 euros/m²), Toledo (118,2 euros/m²) y Albacete (108,8 euros/m²). Las provincias más económicas son Cuenca (108,9 euros/m²) -a pesar del fuerte crecimiento desde 2020- y Guadalajara (85,5 euros/m²).

¿Quién accede a la vivienda?

A partir del estudio realizado por CCOO Castilla-La Mancha, la distribución del régimen de la vivienda en la región por tramos de ingreso refleja que está concentrada en los niveles de renta media-baja.

De los 793.438 hogares existentes en la región, más de 67% se encuentra por debajo de los 2.000 euros mensuales, concentrándose en tramos de 500 a 1.000 euros. Una pauta que se repite igualmente en términos poblacionales, ya que más de 63% de las personas reside en hogares con ingresos inferiores a 2.000 euros mensuales.

El régimen de tenencia de la vivienda en Castilla-La Mancha presenta un marcado predominio de la propiedad, hasta el 78,9%, que radica en diferentes modalidades como: herencia, compra pagada al contado y la compra con hipoteca. Todo ello frente al alquiler estructuralmente minoritario, 11,5%.

Por lo que respecta a los alquileres, el 37% de los hogares inquilinos dispone de menos de 1.000 mensuales y casi un 29% se sitúa entre los 1.000 y 1.500 euros.

Las provincias de Guadalajara y Toledo lideran las zonas tensionadas donde la ciudadanía dedica el 50% de los ingresos al pago del alquiler

Más esfuerzo para hacer frente al alquiler

Si tomamos datos de octubre de 2025, el precio medio de alquiler por metro cuadrado en Castilla-La Mancha era de 8 euros: un piso de 90 metros cuadrados costaría alquilarlo alrededor de 720 euros mensuales.

La provincia de Guadalajara está a la cabeza en lo que se refiere al precio del alquiler: 9,6 euros el metro cuadrado, seguida de Toledo (8,4 euros), Albacete (7,9 euros), Cuenca (7,4 euros) y Ciudad Real (6,4 euros).

En el caso del esfuerzo por parte de la ciudadanía castellanomanchega para alquilar una vivienda se muestra un patrón claro en el periodo de 2010 a 2024, tomando como ejemplo un domicilio de 90 metros cuadrados. Castilla-La Mancha pasa de valores cercanos al 30% a superar el 40% de sus ingresos en 2024, superando el umbral que la Ley de Vivienda utiliza para definir zonas tensionadas, según CCOO.

Guadalajara y Toledo lideran la tensión, alcanzando ratios superiores al 50% de los ingresos del arrendatario, con un crecimiento muy fuerte a partir de 2021.

Vivienda turística y gentrificación con Toledo a la cabeza

Castilla-La Mancha poseía en mayo de 2025 más de 5.200 viviendas turísticas registradas. La provincia de Toledo representa el 31,93% de esas viviendas turísticas, Albacete (21,29%), Cuenca (18,20%) Ciudad Real (15.58%) y Guadalajara (13%).

¿Cómo hacer frente a la crisis de vivienda?

CCOO Castilla-La Mancha sigue defendiendo la intervención de los precios del alquiler a nivel regional. Aseguran que el modelo de Viena, “con más de 120 años es el único que ha sido capaz de generar unos precios a la baja en su zona de influencia, mantiene alquileres moderados pese a las subidas de las urbes más desarrolladas de Europa”.

Apunta el sindicato que el 43% de las viviendas son públicas y con carácter permanente, pertenecientes a las administraciones o a promotores sociales de vivienda sin ánimo de lucro o con lucro limitado. En este caso han conseguido precios accesibles y un mercado estable, donde a los inquilinos el alquiler les supone el 26% de sus ingresos de media.

Estas medidas de intervención también han llegado a otros lugares como Países Bajos, ciudades como París, Lille o Berlín.

Desde CCOO Castilla-La Mancha consideran que, a través de lo expuesto en este análisis, la región no cuenta con la suficiencia para la generación de vivienda nueva, y “hay que apostar por rehabilitar el parque más antiguo con el requisito de ponerla en alquiler a precios razonables”.

Aseguran que ante la “situación límite” de los jóvenes de entre 20 y 30 años la medida “más drástica sería intervenir el precio de la vivienda, sobre todo los alquileres que no deberían superar el 30% del salario de una familia, porque si no es imposible afrontarlo”.

El sindicato critica que las líneas puestas en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha “no sirven para abordar la crisis del precio y acceso a la vivienda ni a corto, medio ni largo plazo”. Sin embargo, señalan medidas que pueden aportar soluciones y que pasan por la constitución de forma “inmediata” del Fondo de Inversión Público para la Vivienda Asequible (FIVA), destinado a la financiación de políticas públicas en material de vivienda a nivel estatal.

Por otro lado, piden la promulgación de la ley de vivienda regional, así como constituir las empresas municipales de vivienda en las principales capitales de provincia, con contratos de alquileres a 75 años y con financiación vía impuestos especiales en materias de turismo, aplicando una carga impositiva a la vivienda vacía vía IBI.

Otra medida que proponen es generar junto a la empresa de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman) y las diferentes diputaciones provinciales un programa de vivienda rural con un tipo cualificado de protección oficial. También hablan de opciones como modificar la tipología de vivienda, vía ley de vivienda regional, eliminando la figura de vivienda protegida de iniciativa público-privada.

Por otra parte, sugieren la creación de un órgano conjunto en materia sancionadora que coordine las competencias de turismo en materia de vivienda turística, las de consumo en materia de contratos y las de vivienda o la creación de un cuerpo inspector de vivienda y suelo, fomentando también la coordinación con los ayuntamientos para que las policías municipales puedan sancionar.

Apuntan también a restringir temporalmente las bonificaciones en materia de IRPF y por renta, así como vehicular dichas cuantías a un programa de promoción de VPO y alientan a desarrollar un programa de bolsa de alquiler de vivienda asequible y desarrollar un modelo urbanístico más eficiente para Castilla-La Mancha, centrado en la movilidad eficiente dentro de las ciudades.

Por último, desarrollar un modelo profesional del sector de la construcción e inmobiliario, que esté ligado con la Fundación Laboral de la Construcción, que dote de soluciones a los problemas de falta de relevo y profesionalización de la construcción y rehabilitación.

Esporles vuelve a ir a contracorriente. Este pueblo mallorquín enclavado en plena Serra de Tramuntana, varios de cuyos vecinos batallan desde hace más de dos años por la desclasificación de los sondeos que habría encargado Adolfo Suárez para conocer si la opinión pública prefería un Estado monárquico o republicano, ha decidido desafiar las políticas del Govern de Marga Prohens (PP) en materia de vivienda. El pleno municipal aprobó a última hora de este miércoles la autodeclaración simbólica de la localidad como zona tensionada, una figura prevista en la ley estatal de vivienda que el Ejecutivo autonómico, con el apoyo de Vox, se niega a aplicar a pesar de la creciente presión inmobiliaria y del imparable encarecimiento de los alquileres. Esporles es, de hecho, uno de los municipios que de forma más acusada ha visto transformado su equilibrio social como consecuencia de la escalada de precios, la irrupción de inversores extranjeros de alto poder adquisitivo y el desplazamiento gradual de sus vecinos.

“El Ayuntamiento está obligado moralmente a hacer todo lo que sea posible para defender el derecho al acceso a la vivienda de los vecinos de nuestro pueblo”, subraya el alcalde de Esporles, Josep Ferrà, representante de la coalición ecosoberanista PAS-Més. En declaraciones a elDiario.es, señala que la autodeclaración como municipio tensionado es “un acto de autodefensa como pueblo” y de protección “de los derechos de aquellas personas que no llegan a final de mes para poder pagar un alquiler”.

Aunque las competencias en cuanto a la regulación de la vivienda corresponden al Govern, el gesto permite convertir un problema estructural en un conflicto político visible. No en vano, el acuerdo aprobado por el pleno no se limita a la autodeclaración como mercado tensionado, sino que traza una hoja de ruta institucional y jurídica: el Ayuntamiento trasladará formalmente al Ejecutivo la solicitud para que inicie el procedimiento oficial de declaración de zona tensionada y le instará a emitir una resolución motivada basada en datos objetivos. Asimismo, impulsará la elaboración de una memoria municipal específica sobre la situación del mercado residencial y, además, se reservará el derecho de estudiar acciones jurídicas contra la negativa del gabinete de Prohens a desplegar en Balears la Ley estatal 12/2023 por el derecho a la vivienda -más conocida como ley de vivienda-.

El Ayuntamiento está obligado moralmente a hacer todo lo que sea posible para defender el derecho al acceso a la vivienda de los vecinos de nuestro pueblo

Josep Ferrà — Alcalde de Esporles

Mediante la iniciativa sacada adelante con los votos de la mayoría de izquierdas, el consistorio también se compromete a continuar desplegando políticas locales de acceso a la vivienda y a reforzar el arraigo de la población residente. La propuesta precisa que la declaración de zona tensionada “no es únicamente un mecanismo de limitación de precios”, sino “un instrumento integral de política pública”, y desliza que la “negativa genérica” del Govern a aplicar la ley estatal “puede suponer una vulneración del principio de buena administración”. Asimismo, aclara que la declaración es compatible con las políticas de aumento de la oferta de vivienda. El Ayuntamiento prevé trasladar sus acuerdos al Ejecutivo balear, al Consell de Mallorca, a los grupos parlamentarios y a las entidades municipalistas.

Fincas de lujo, vecinos desplazados

Esporles, como otros pueblos de la Serra -el pulmón verde de Mallorca declarado en 2011 Patrimonio Mundial por la UNESCO-, ha pasado en menos de una década de ser un refugio discreto a convertirse en objetivo del capital internacional y los compradores extranjeros de alto poder adquisitivo. Algunos adquieren fincas para transformarlas en una más de sus múltiples y lujosas residencias; otros, para maximizar su rentabilidad mediante su reconversión en hoteles boutique u otros negocios vinculados al turismo de alto nivel. Un proceso que no solo ha disparado los precios de la vivienda con la consiguiente expulsión de su población residente, sino que también ha acelerado la privatización progresiva del entorno debido al cierre de caminos y las restricciones de acceso a espacios que durante generaciones fueron de uso común, agravando con ello el proceso de segregación social del municipio.

En estos momentos, el alquiler más barato es el de un “exclusivo piso” que, según el anuncio que lo publicita en Idealista, destaca por su “diseño”, “tranquilidad” y sus “vistas a la montaña”. El precio: 1.500 euros.

En estos momentos, el alquiler más barato es el de un "exclusivo piso" que, según el anuncio que lo publicita en Idealista, destaca por su "diseño", "tranquilidad" y sus "vistas a la montaña". El precio: 1.500 euros

Tal como subraya la moción de PAS-Més, la situación de emergencia habitacional se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad y expulsión residencial tanto en Esporles como en el resto de Balears. “Nuestro municipio ha experimentado en los últimos años un incremento sostenido y desproporcionado de los precios del alquiler y de la compra. Este aumento, junto con la presión especulativa, la escasez de oferta residencial y la conversión de viviendas en usos turísticos, ha provocado que muchas familias se encuentren en una situación límite”, prosigue el texto. El resultado, según el propio documento, es un proceso de expulsión residencial que afecta especialmente a jóvenes y familias trabajadoras, obligadas a destinar “una parte inasumible de sus ingresos al alquiler”, o bien a abandonar el municipio “en el que han crecido, trabajan o mantienen sus vínculos sociales y familiares”.

El Ayuntamiento solicitó formalmente al Govern la declaración oficial de zona tensionada, pero la respuesta fue negativa. La Dirección General de Vivienda argumentó que la medida es una potestad, no una obligación, y sostuvo que la limitación de precios podría reducir la oferta de alquiler en el mercado balear.

El Consistorio, sin embargo, rechaza ese razonamiento. La moción se ampara en la ley estatal de vivienda, que establece que un municipio puede ser declarado zona tensionada cuando el coste medio del alquiler o la hipoteca supere el 30 % de la renta media de los hogares, los precios hayan crecido de forma sostenida por encima del IPC, y exista un riesgo acreditado de exclusión residencial. El Ayuntamiento considera que Esporles cumple estos indicadores y que la declaración es necesaria para proteger a la población residente y garantizar el derecho a la vivienda. La autodeclaración simbólica es, en ese sentido, un acto de presión institucional: una forma de forzar al Govern a motivar su negativa con datos concretos o a asumir el coste político de ignorar la situación.

La moción se ampara en la ley estatal de vivienda, que establece que un municipio puede ser declarado zona tensionada cuando el coste medio del alquiler o la hipoteca supere el 30 % de la renta media de los hogares, los precios hayan crecido de forma sostenida por encima del IPC, y exista un riesgo acreditado de exclusión residencial

Esporles, símbolo de resistencia municipal

No es la primera vez que Esporles adopta decisiones institucionales que lo sitúan en el centro del debate político, en abierta contradicción, además, con el rumbo político del Govern de Prohens. En julio del año pasado, el Ayuntamiento aprobó la primera ordenanza municipal de memoria democrática del Estado, en respuesta a la derogación de la ley autonómica que prevén materializar populares y Vox. La norma local establece un marco normativo propio para reconocer, reparar y preservar la memoria de las víctimas del golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista: de acuerdo a las investigaciones memorialistas, entre el alzamiento fascista y 1939, los sublevados se llevaron por delante, de forma directa o indirecta, la vida de al menos 21 personas: diez de ellas fueron ejecutadas, nueve fueron víctimas de desaparición forzada -tres de las cuales han sido localizadas y exhumadas-, y dos más se suicidaron.

El año pasado, el Ayuntamiento de Esporles aprobó la primera ordenanza municipal de memoria democrática del Estado, en respuesta a la derogación de la ley autonómica que prevén materializar populares y Vox. La norma local establece un marco normativo propio para reconocer, reparar y preservar la memoria de las víctimas del golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista

El Grupo de Memoria Democrática de Esporles -constituida como delegación local de la asociación Memòria de Mallorca, eleva a cerca de 300 las mujeres y hombres que fueron represaliados “por tener unas ideas diferentes de quienes se sublevaron contra la Segunda República”. Entre otras medidas, la ordenanza contempla el reconocimiento institucional de las víctimas, la instalación de placas y elementos conmemorativos en espacios públicos, la revisión del callejero y de los honores municipales para eliminar referencias contrarias a los valores democráticos, y la creación de un registro local de quienes fueron perseguidos o sufrieron la confiscación de sus bienes.

También en Esporles, un grupo de 74 personas emprendió hace más de dos años una insólita batalla: que el Gobierno haga públicas las encuestas que el expresidente Adolfo Suárez habría encargado en 1976 para preguntar a la opinión pública si prefería un Estado monárquico o republicano, como el propio mandatario de UCD confesaría décadas después: “Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república... hacíamos encuestas y perdíamos”, señaló. La iniciativa convirtió al municipio en un actor inesperado en el debate histórico y político de la Transición.

Esporles torna a anar a contracorrent. Aquest poble mallorquí emplaçat en plena Serra de Tramuntana, alguns veïns del qual lluiten des de fa més de dos anys per la desclassificació dels sondejos que el 1976 hauria encarregat Adolfo Suárez per conèixer si l'opinió pública preferia un Estat monàrquic o republicà, ha decidit desafiar les polítiques del Govern de Marga Prohens (PP) en matèria d'habitatge. El ple municipal ha aprovat aquest dijous a darrera hora l'autodeclaració simbòlica de la localitat com a zona tensionada, una figura prevista en la llei estatal d'habitatge que l'Executiu autonòmic, amb el suport de Vox, es nega a aplicar malgrat la creixent pressió immobiliària i de l'imparable encariment dels lloguers. Esporles és, de fet, un dels municipis que de forma més acusada ha vist transformat el seu equilibri social com a conseqüència de l'escalada de preus, la irrupció d'inversors estrangers d'alt poder adquisitiu i el desplaçament gradual dels seus veïns.

“L'Ajuntament està obligat moralment a fer tot el que sigui possible per defensar el dret a l'accés a l'habitatge dels veïns del nostre poble”, subratlla el batle d'Esporles, Josep Ferrà, representant de la coalició ecosobiranista PAS-Més. En declaracions a elDiario.es, assenyala que l'autodeclaració com a municipi tensionat és “un acte d'autodefensa com a poble” i de protecció “dels drets d'aquelles persones que no arriben a final de mes per poder pagar un lloguer”.

Encara que les competències quant a la regulació de l'habitatge corresponen al Govern, el gest permet convertir un problema estructural en un conflicte polític visible. No en va, l'acord aprovat pel ple no es limita a l'autodeclaració com a mercat tensionat, sinó que traça un full de ruta institucional i jurídica: l'Ajuntament traslladarà formalment a l'Executiu la sol·licitud perquè inicii el procediment oficial de declaració de zona tensionada i l'instarà a emetre una resolució motivada basada en dades objectives. Així mateix, impulsarà l'elaboració d'una memòria municipal específica sobre la situació del mercat residencial i, a més, es reservarà el dret d'estudiar accions jurídiques contra la negativa del Govern a desenvolupar a Balears la Llei estatal 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge -més coneguda com a llei d'habitatge.

El Consistori també es compromet a continuar desplegant polítiques locals d'accés a l'habitatge i a reforçar l'arrelament de la població resident, i traslladarà els seus acords al Govern, al Consell de Mallorca, als grups parlamentaris i a les entitats municipalistes. La proposta precisa que la declaració de zona tensionada “no és únicament un mecanisme de limitació de preus”, sinó “un instrument integral de política pública”, i llisca que la “negativa genèrica” del Govern a aplicar la llei estatal “pot suposar una vulneració del principi de bona administració”. Així mateix, aclareix que la declaració és compatible amb les polítiques d'augment de l'oferta d'habitatge. L'Ajuntament preveu traslladar els seus acords a l'Executiu balear, al Consell de Mallorca, als grups parlamentaris i a les entitats municipalistes.

Finques de luxe, veïns desplaçats

Esporles, com altres pobles de la Serra --el pulmó verd de Mallorca declarat en 2011 Patrimoni Mundial per la UNESCO-, ha passat en menys d'una dècada de ser un refugi discret a convertir-se en objectiu del capital internacional i els compradors estrangers d'alt poder adquisitiu. Alguns adquireixen finques per transformar-les en una més de les seves múltiples i luxoses residències; altres, per maximitzar-ne la rendibilitat mitjançant la seva reconversió en hotels boutique o altres negocis vinculats al turisme d'alt nivell. Un procés que no només ha disparat els preus de l'habitatge amb la consegüent expulsió de la seva població resident, sinó que també ha accelerat la privatització progressiva de l'entorn degut al tancament de camins i les restriccions d'accés a espais que durant generacions van ser d'us comú, agreujant amb això el procés de segregació social del municipi.

En aquests moments, el lloguer més barat és el d'un “exclusiu pis” que, segons l'anunci que el publicita a Idealista, destaca pel seu “disseny”, “tranquil·litat” i les seves “vistes a la muntanya”. El preu: 1.500 euros.

Tal com subratlla la moció de PAS-Més, la situació d'emergència habitacional s'ha convertit en un dels principals factors de desigualtat i expulsió residencial tant a Esporles com a la resta de Balears. “El nostre municipi ha experimentat en els últims anys un increment sostingut i desproporcionat dels preus del lloguer i de la compra. Aquest augment, juntament amb la pressió especulativa, l'escassetat d'oferta residencial i la conversió d'habitatges en usos turístics, ha provocat que moltes famílies es trobin en una situació límit”, prossegueix el text. El resultat, segons el propi document, és un procés d'expulsió residencial que afecta especialment joves i famílies treballadores, obligades a destinar “una part inassumible dels seus ingressos al lloguer”, o bé a abandonar el municipi “en el qual han crescut, treballen o mantenen els seus vincles socials i familiars”.

L'Ajuntament va sol·licitar formalment al Govern la declaració oficial de zona tensionada, però la resposta va ser negativa. La Direcció General d'Habitatge va argumentar que la mesura és una potestat, no una obligació, i va sostenir que la limitació de preus podria reduir l'oferta de lloguer al mercat balear.

El Consistori rebutja aquest raonament. La moció s'empara en la llei estatal d'habitatge, que estableix que un municipi pot ser declarat zona tensionada quan el cost mitjà del lloguer o la hipoteca supera el 30% de la renda mitjana de les llars, els preus hagin crescut de forma sostinguda per sobre de l'IPC, i hi hagi un risc acreditat d'exclusió residencial. L'Ajuntament considera que Esporles compleix aquests indicadors i que la declaració és necessària per protegir la població resident i garantir el dret a l'habitatge. L'autodeclaració simbòlica és, en aquest sentit, un acte de pressió institucional: una forma de forçar el Govern a motivar la seva negativa amb dades concretes o a assumir el cost polític d'ignorar la situació.

Esporles, símbol de resistència municipal

No és el primer cop que Esporles adopta decisions institucionals que el situen en el centre del debat polític, en oberta contradicció, a més, amb el rumb polític del Govern de Prohens. Al juliol de l'any passat, l'Ajuntament va aprovar la primera ordenança municipal de memòria democràtica de l'Estat, en resposta a la derogació de la llei autonòmica que preveuen materialitzar populars i Vox. La norma local estableix un marc normatiu propi per reconèixer, reparar i preservar la memòria de les víctimes del cop d'Estat de 1936 i la dictadura franquista: d'acord amb les investigacions memorialistes, entre l'aixecament feixista i 1939, els sublevats es van endur, de forma directa o indirecta, la vida d'almenys 21 persones: deu d'elles van ser executades, nou van ser víctimes de desaparició forçada -tres de les quals han estat localitzades i exhumades-, i dues més es van suïcidar.

El Grup de Memòria Democràtica d'Esporles -constituït com a delegació local de l'associació Memòria de Mallorca- eleva a prop de 300 les dones i homes que van ser represaliats “per tenir unes idees diferents de qui es van sublevar contra la Segona República”. Entre altres mesures, l'ordenança preveu el reconeixement institucional de les víctimes, la instal·lació de plaques i elements commemoratius en espais públics, la revisió dels carrers i dels honors municipals per eliminar referències contràries als valors democràtics, i la creació d'un registre local dels qui van ser perseguits o van patir la confiscació dels seus béns.

També a Esporles, un grup de 74 persones va emprendre fa més de dos anys una insòlita batalla: que el Govern faci públiques les enquestes que l'expresident Adolfo Suárez hauria encarregat el 1976 per preguntar a l'opinió pública si preferia un Estat monàrquic o republicà, com el propi mandatari d'UCD confessaria dècades després: “Quan la major part dels caps de Govern estrangers em demanaven un referèndum sobre monarquia o república... fèiem enquestes i perdíem”, va assenyalar. La iniciativa va convertir el municipi en un actor inesperat en el debat històric i polític de la Transició.

José Manuel López (Madrid, 1966) llega con una ristra de propuestas para resolver el problema de la vivienda. Todas pasan por una premisa clave: ser imaginativo, inventar nuevas ideas. “Pasar de pantalla”, resume. Su nuevo libro, 'Casas. Hacer política con (la, nuestra, tu) vivienda' (Editorial Akal), es una radiografía del mercado inmobiliario y del alquiler actual. También una guía que evita vender balas de plata, pero que apunta a una consecuencia irrefutable: una sociedad que se divide entre “una parte a la que le cayó una casa y tiene la vida hecha y el resto”.

López es ingeniero de formación, especializado en planificación y urbanismo, con una amplia experiencia como gestor tanto en las administraciones públicas como en el sector privado. También en el ámbito político. Fue candidato de Podemos en la Comunidad de Madrid en 2015; director del plan de innovación Justicia 2030 del Ministerio de Justicia en 2020; y actualmente es director del gabinete de la ministra de Sanidad, Mónica García.

Propone sustituir el concepto ‘vivienda’ por el de ‘casa’.

Al escribir, me fijé en el término. Cuando invitas a alguien a cenar, lo invitas “a tu casa”, pero al preguntar a gente que tiene una vivienda que alquila, siempre me decían: “Yo vivo en una casa y alquilo una vivienda”. El concepto ‘casa’ nos permite pensar de otra manera, porque esa vivienda que se alquila es la casa de alguien. En torno a ese concepto, es mucho más fácil plantear cualquier tipo de política.

¿Se puede salir del relato de que la crisis de vivienda no tiene solución?

Sí, pero hay que cambiar de mirada. Cuando hablamos de vivienda encontramos dos salidas: construir mucho más o esa idea melancólica de ‘si fuéramos como Austria…’. No podemos construir mucho más y Austria ha tardado 100 años en lograr ese modelo. Tenemos que ver las casas como un ecosistema con cuatro elementos. Uno es el acceso, lo que está ahora encima de la mesa. Otro tiene que ver con el uso; con más de un millón de personas que no pueden bajar a la calle o que se han ido a una residencia porque no tienen ascensor. Está el impacto ambiental. Y un cuarto elemento, que tiene que ver con la economía. La construcción tenía un peso en la productividad, pero que ahora tiene más que ver con lo financiero, tanto para los fondos como para los hogares, que desde hace 60 años ahorran en ladrillo.

Hay otro elemento, la innovación. Estamos pensando en construir como siempre, pero la industrialización nos permite tener casas en cuatro meses. Si levantas la cabeza en ciudades como Madrid, Barcelona o València, verás que se están recreciendo los edificios. Si sales de la pantalla del acceso, aparecen otros elementos que pueden funcionar.

¿Eso debería ir acompañado de otras medidas? ¿Hasta dónde pueden crecer en alto las ciudades si no hay un aumento de los servicios públicos?

Hemos estado haciendo ciudades extensivas, que son las que no tienen transporte ni servicios públicos. Cuando montas un sistema de chalés adosados lejos del centro, las administraciones no tienen capacidad de generar servicios y el centro de salud llega 15 años después. Si lo haces sobre la ciudad consolidada, los servicios ya están ahí. En la Conferencia de Quito, en 2016, Naciones Unidas ya dijo que había que densificar en lugar de extender. Cualquier ciudad está llena de ‘agujeros’, de solares pendientes de algo, con los que puedes reconfigurar la ciudad. El recrecimiento te lo permite, siempre y cuando haya un control. Ahora lo hacen las élites, pero puedes sacar una ley que diga que todo lo nuevo es VPO permanente. Hay que volver a un sistema en el que la vivienda pase a ser redistribución y no un mercado libre, como lo es desde los años 80.

La sociedad se divide en dos, los ‘mochileros’ que han recibido ladrillo y los que no

¿Cómo ha influido el contexto social e ideológico en las políticas de vivienda de las últimas décadas?

El 80% de nuestras viviendas están construidas después del año 1960. Hay un primer ciclo, en el que Franco ve que se le está yendo la dictadura y reparte 8 millones de VPOs. No sé si mi padre tenía en la mano un lápiz o un cóctel molotov, pero cuando le dieron la casa, un quinto sin ascensor de 68 metros, lo soltó. Cuando en 2011 se cumplieron los 50 años de mi barrio, se hizo una reunión y ocho de cada diez vecinos, entre ellos mi padre, decían que conocían a alguien en el Ministerio de Vivienda. Les habían convencido de que era un favor personal. Ahí se consigue que empecemos a ahorrar en ladrillo y que la propiedad sea un valor para los españoles.

Luego llegó el segundo ciclo, con Felipe González, donde se pasa a las ayudas en el IRPF, que supusieron una transferencia de 160.000 millones. El gran problema entonces fue la descalificación. Mis padres estaban muy contentos, porque pasaron de vivir en una casa de 300.000 pesetas a una de tres millones. Fue la gran redistribución, pero el Estado estaba diciendo que, desde ese momento, cada familia se ocupa de su siguiente generación. A partir de ahí, la sociedad se divide en dos: los mochileros que han recibido ladrillo y los que no.

¿Qué tiene de generacional esta crisis?

Tiene una parte generacional, pero también territorial. Los precios de las VPO estaban tasados, daba igual si tenías casa en Palencia o en Madrid. Cuando levantas la protección, tu casa en Palencia vale una cosa y en Madrid, otra. Si te tocó en el centro tienes una herencia; si te tocó en un barrio, otra. Y tiene una parte de vulnerabilidad, que no afecta solo a los jóvenes, sino a quienes tienen menos renta o a ese 14% de la población que llegó después a nuestro país y no estaba el día que se repartieron las mochilas.

Como la cultura es el ladrillo, según caen las herencias del primer ciclo, mucha gente decide comprar una casa, para sus hijos o para alquilarla. Eso sube los precios, el que ahorra [para su primera vivienda] no llega y el que compra, como paga más, lo carga al alquiler, así que la división se hace todavía más grande. Hay que controlar este sistema para que eso no siga creciendo.

En el libro dice que las decisiones de cada uno van a influir en el resto, “alteran el ecosistema”. En un país donde alrededor del 90% del parque de alquiler está en manos de pequeños propietarios, ¿hasta qué punto afectan las decisiones personales en la crisis de la vivienda?

Tienes una crisis, no puedes ponerte en manos de decisiones personales. Las estadísticas dicen que el 75% de la población tiene vivienda en propiedad y un 18% vive de alquiler. De estos, el 15% está en el mercado y un 3% son rentas antiguas o gente que las alquila a un familiar o un conocido por debajo de mercado. ¿Y el otro 7%? El dato no es fácil de encontrar, pero es gente que ha comprado una casa y se la está dejando a sus hijos o a sus nietos. Es decir, cuatro de cada diez casas en alquiler están fuera del mercado. Es una masa social que no está especulando, que te apoyarían si tomas la decisión de regular. El conflicto no es entre casero e inquilino, sino de especuladores contra el resto.

Habla también de las viviendas vacías.

Tenemos casi cuatro millones de viviendas vacías y ese relato de que están donde la gente no quiere vivir no es cierto. En Madrid hay 97.000 y en Barcelona, 75,000, pero la gente no las saca [en alquiler] por miedo a impagos o porque es mucho lío. Prefieren no ganar dinero. Si la Administración es capaz de darles tranquilidad, por ejemplo, a través de una agencia pública que alquile viviendas privadas, mientras le pones un impuesto a la vivienda vacía, estás movilizando miles de casas.

¿Cómo se puede llegar a esas personas que necesitan rehabilitar sus edificios sin que eso suponga una transferencia de recursos públicos a manos privadas?

La vía más fácil para resolver el tema de la vivienda es la rehabilitación. Imagina un edificio sin ascensor en un barrio donde la población mayor no puede bajar a la calle y, además, tiene frío porque es ineficiente. Se puede sacar una normativa que permita recrecer el edificio con dos VPO, a condición de que las plusvalías se destinen a rehabilitar la finca. En una sola intervención estás generando un mercado nuevo de vivienda protegida, mientras resuelves los problemas de los vecinos. Y además pones condiciones: si tienes la vivienda vacía o la estás alquilando por encima del rango de precios que yo decida, no te puedo ayudar. Si para una rehabilitación de 40.000 euros yo te pongo 25.000, si no cumples estas condiciones y tienes que ponerlo todo de tu bolsillo, enseguida te salen las cuentas.

En el libro aborda la fiscalidad. ¿Qué le parece la propuesta del PSOE de modular la bonificación del IRPF de la que disfrutan los caseros si bajan los precios?

Es un error. La vivienda tiene que volver a ser un sistema de redistribución. Si transfieres impuestos al que ya tiene, estás haciendo un sistema de redistribución inverso, que amplía un poquito más la brecha entre los que pueden y los que no pueden. Además, no va a funcionar: a quien puede subir el precio todo lo que quiera, le da igual la bonificación, porque siempre podrá subirlo por encima. El marco político no tiene que ser inquilinos y caseros, sino especuladores contra el resto. Una amiga me decía que alquilaba su vivienda por un precio adecuado, 1.100 euros al mes. Al preguntarle cuánto cobraba antes, me respondía que 700. Entonces es una especuladora. Un ahorrador aspira a ganar un 5%, no un 30%. El ahorro es correcto, la especulación, no.

Este discurso de no enfrentar a inquilinos con caseros es también el del presidente Sánchez. ¿No aleja a una parte de los inquilinos, ahogados por el alquiler?

Aleja a una parte de los inquilinos y no interpela a una parte de los caseros, a ese 40% que han sacado sus casas del mercado y se las alquilan a sus entornos. El problema es quién quiere especular. Los fondos siempre quieren; los grandes tenedores siempre quieren; y los pequeños tenedores, ¿cómo les ayudamos a que estén en el lado correcto de la historia? No lo vamos a hacer apelando a su solidaridad, sino tomando una decisión política y empezando a sacar normas. Yo hago una propuesta: una ley de beneficios razonables, como la que dice cuánto ganan las eléctricas. Bastaría con meter al sector de la vivienda, para que todo el mundo estuviera tranquilo. ¿Este año se gana un 5%? Pues se gana un 5%, que no es lo mismo que que te suban el alquiler un 5%.

Las próximas elecciones van de resolver el problema de la vivienda

Hay mucho diagnóstico, pero ¿se está actuando sobre el problema?

No lo suficiente. Hay una especie de miedo a abordarlo y poca capacidad para salir de ese punto melancólico o de construir más. Hay más cosas que hacer, tenemos que pasar de pantalla. Nos hemos metido en la cabeza que la vivienda es escasa, que la única manera de solucionar el problema es por la vía ortodoxa, aunque tardemos años en hacerlo.

Últimamente se habla de recuperar la ilusión en la izquierda. En los últimos años los precios del alquiler se han disparado, miles de familias dedican buena parte de sus ingresos a pagar la renta y a los jóvenes les cuesta cada vez más emanciparse. Esto ha pasado en ocho años de Gobierno de coalición progresista. ¿Se podía haber hecho más?

La ilusión pasa por resolver este tema. Las próximas elecciones van de cosas, pero la central es resolver el problema de la vivienda. El 15M surge por la vivienda [tras el estallido de la burbuja inmobiliaria], pero la crisis en ese momento estaba centrada en la corrupción, era una crisis política, económica, de cierre del modelo. En 2015 empezamos a hablar de emergencia climática, inteligencia artificial, cuidados y feminismo. La vivienda sigue estando ahí, pero estábamos en otra. En política las decisiones no se toman de un día para otro, hay una presión social que te va llevando al borde del precipicio. Hace ocho años la sociedad no estaba con esto en la agenda e igual la prioridad no era la vivienda. Ahora mismo es la prioridad máxima y hay que resolverlo con valentía. Se está dividiendo a la sociedad en dos, la mitad de la población que está bastante contenta cuando llega a su casa y quien vive esto con ansiedad.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid contra varios preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, al considerar que el Estado tiene competencias para regular aspectos básicos. Se trata de la cuarta ocasión en la que el Tribunal se pronuncia sobre la constitucionalidad de dicha norma estatal, informa Europa Press.

La resolución, que cuenta con cinco votos particulares discrepantes, esgrime que el Estado puede definir la vivienda como derecho subjetivo y quiénes son sus titulares, para garantizar la igualdad en su ejercicio en todo el país. Además, señala que también puede extender ese derecho a ciudadanos extranjeros, dentro de sus competencias para regular el estatuto jurídico de los extranjeros y las condiciones de igualdad. El Gobierno de Ayuso se niega a aplicar la ley que intenta, entre otros objetivos, reducir el precio de los alquileres en las zonas tensionadas.

El recurso del Gobierno madrileño, de carácter íntegramente competencial, reprochaba a los preceptos impugnados su falta de cobertura en los títulos invocados por el Estado para su aprobación, así como la correlativa invasión de las competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid. Se centraba muy especialmente en la competencia sobre vivienda y urbanismo prevista en el artículo 26.1.4 de su Estatuto de Autonomía y en el de las competencias municipales en materia de urbanismo.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado progresista Ramón Sáez Valcárcel, ha confirmado la constitucionalidad del artículo 8.a) de la Ley 12/2023, según el cual “todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, ya sea en régimen de propiedad, de arrendamiento, de cesión de uso, o de cualquier otro régimen legal de tenencia”.

Frente a lo señalado en la demanda, el Tribunal ha concluido que el legislador estatal goza de competencias, por una parte, para configurar a la vivienda como derecho subjetivo y delimitar el círculo de sus titulares, así como para, de otro lado, extender la titularidad del derecho a los ciudadanos extranjeros

En cuanto a lo primero, la sentencia concluye que tanto la naturaleza técnico-jurídica como la titularidad del derecho a la vivienda son extremos cuya determinación “resulta trascendental a la hora de garantizar la igualdad de todos los españoles en su ejercicio en tanto que derecho constitucional, finalidad a la que sirve la competencia reconocida al Estado en el artículo 149.1.1ª de la Constitución Española y que dota así de cobertura al precepto impugnado”.

Por lo que respecta a lo segundo, el Tribunal ha confirmado que el legislador estatal actúa en legítimo ejercicio de sus competencias al extender la titularidad del derecho de “todos los españoles” a “todos los ciudadanos” (alusión en la que podrían entenderse incluidos los ciudadanos extranjeros).

Señala que “el mencionado artículo 149.1.1ª le permite regular las condiciones básicas necesarias para garantizar la igualdad de todos los españoles, el artículo 149.1.2ª le habilita, en una lectura integrada con el artículo 13 CE y según ha establecido la doctrina constitucional (en especial, STC 87/2017, de 4 de julio), para fijar el ”estatuto jurídico del ciudadano extranjero“.

Aspecto este en el que se incluye, por lo que ahora especialmente importa, “la determinación, en cuanto cuestión más primordial del régimen jurídico del extranjero en España, de los derechos que, correspondiendo, en principio, a los españoles, deben ser extendidos a los ciudadanos de otras nacionalidades radicados en nuestro país”, o, lo que es lo mismo, a la fijación de las condiciones de igualdad entre extranjeros y españoles en la titularidad de los derechos constitucionales.

Desde el Ministerio de Vivienda celebran que la Justicia haya “avalado por cuarta ver la constitucionalidad” de la ley y reclaman a las comunidades autónomas que la apliquen. “Es plenamente constitucional y funciona, harían un favor al interés general si aparcaran sus intentos de zancadillear la acción del Gobierno y se sumaran a las soluciones, aprovechando todas las herramientas a su alcance”.

El precio medio del alquiler en Catalunya se situó en los 876,83 euros en el tercer trimestre de 2025, según los datos oficiales del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) publicados este domingo. Se trata de un aumento del 2,5% respecto al trimestre anterior, cuando la renta media era de 854,7 euros, y de un repunte del 0,9% respecto al primer trimestre de 2024, el último sin aplicarse el tope de precios. En Barcelona ciudad, el importe medio alcanzó los 1.153,11 euros, un 1,5% más que en el trimestre anterior (1.135,55 euros), pero un 3,3% por debajo desde que se regula el precio (1.193,5 euros en el primer trimestre de 2024). En las áreas tensionadas, el precio medio fue de 894,78 euros, un 2,7% más que en el trimestre anterior.

Los datos ofrecidos por el Govern calculan estas medias teniendo en cuenta únicamente los alquileres de vivienda habitual y no los que se ofrecen como arrendamiento de temporada, una modalidad que desde la entrada de la regulación se ha disparado en toda Catalunya pero muy especialmente en Barcelona.

Según el Govern, la variación trimestral de los precios es “coherente” con el mecanismo de fijación de precios porque los nuevos contratos toman como referencia el precio de los contratos anteriores más el IPC acumulado o el índice. En consecuencia, las variaciones trimestrales tienden a heredar las producidas cuando se firmaron estos contratos anteriores, hace entre cinco y siete años, actualizadas con el IPC, según ha indicado el Departamento de Territorio en una nota de prensa.

En los municipios de zonas no tensionadas, es decir, donde no se aplica el tope, el precio medio del alquiler fue de 617,41 euros, un ligero descenso del 0,8% respecto al trimestre anterior (622,49 euros), según los datos de fianzas en Incasòl.

Si se observan los contratos, durante el tercer trimestre se firmaron 26.962 en Catalunya, un 2% más que en el trimestre anterior (26.416). Ahora bien, la cifra se sitúa bastante por debajo de lo habitual antes de la aplicación de la ley estatal de vivienda y la declaración de zonas de mercado residencial tensionado (34.495 contratos en el primer trimestre de 2024).

En Barcelona ciudad, se firmaron 7.855 contratos entre julio y septiembre, un 6% más que en el trimestre anterior (7.411), pero, de nuevo, por debajo de la cifra registrada antes de la aplicación del tope (9.827 contratos en el primer trimestre de 2024).

Tarragona, la única demarcación en la que los alquileres bajan

Por demarcaciones, resalta que Tarragona fue la única donde los alquileres descendieron durante el tercer trimestre, aunque de forma muy ligera. En concreto, el importe medio se situó en 595,05 euros, 1,39 euros menos que entre abril y junio (596,44 euros).

Barcelona se mantuvo como la demarcación con el mayor precio, hasta los 969,32 euros de media, un 2,47% trimestral más (vs. 945,94 euros). Le siguió Girona, con 696,3 euros, un 4,11% más que en el trimestre anterior (vs. 668,8 euros). En términos porcentuales, Lleida fue la que registró un mayor incremento, del 5,66%, hasta los 530,7 euros (vs. 502,27 en el segundo trimestre).

En cuanto al número de contratos, Girona fue la única que registró una caída trimestral, del 8,7%, hasta las 2.558 firmas (vs. 2.802 entre abril y junio). En Lleida se registró el mayor repunte, del 7,5%, hasta los 1.542 contratos; en Barcelona aumentaron un 2,8%, hasta 19.872 y en Tarragona un 4,7%, hasta 2.990.

Según los datos difundidos por el Govern este domingo, el tercer trimestre de 2025 fue el segundo con menor incremento en el número total de contratos de temporada desde el inicio de la contención de rentas. En concreto, se registraron 341 viviendas.

En la nota de prensa, el Govern destacó la “tendencia a la moderación” de los precios en el tercer trimestre, que continuaron “con un crecimiento sostenido, por debajo de la inflación”. Según los cálculos del Departamento de Territorio, en promedio los alquileres se mantuvieron “prácticamente estables” en el conjunto de los municipios declarados zona de mercado residencial tensado, con un repunte de los precios del 0,8%. Por el contrario, han asegurado que fuera de los municipios regulados los importes subieron un 5,7% por encima de la inflación entre el primer trimestre de 2024, el último sin contención de rentas, hasta el tercer trimestre de 2025.

Vilablareix, el municipio con el alquiler más elevado

Los datos del Incasol también muestran datos por municipios. Entre los alquileres más elevados, la primera posición del ranking la ocupó Vilablareix (Gironès), con una media de 1.627,78 euros mensuales. Le siguieron Alella (Maresme), con 1.622,73 euros; San Vicente de Montalt (Maresme), con 1.611,27 euros; Sant Just Desvern (Baix Llobregat), con 1.547,64 euros; Fornells de la Selva (Gironès), con 1.540,33 euros; y Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), con 1.483,06 euros.

Hace unos cinco años ya escribíamos sobre uno de los grandes problemas de nuestro país, pues el acceso a una vivienda digna era misión imposible para la clase trabajadora, dado que el derecho a la vivienda chocaba con lo que las élites y el sistema capitalista salvaje defendían: considerarlo como un instrumento de negocio, un producto estratégico de los mercados.

El tiempo pasa muy rápido y la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones para la mayoría de la ciudadanía. España se enfrenta a una crisis de acceso a la vivienda que se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos del país en los inicios de 2026. Los precios de compraventa y, especialmente, de alquiler han alcanzado niveles récord en muchas ciudades, mientras que los salarios no crecen al mismo ritmo. Esto genera exclusión residencial, sobrecarga económica en las familias (con alquileres que absorben hasta el 50-60% de los ingresos en algunos casos) y tensiones demográficas y territoriales.

Un factor clave que agrava esta situación es el déficit estructural de vivienda pública y social protegida. España cuenta con un parque de vivienda social muy bajo en comparación con Europa, pues representa solo alrededor del 3% del stock total de viviendas (según diversas fuentes como Eurostat y Banco de España). La media europea se sitúa en torno al 9%, con países como Países Bajos (30%), Austria (24%) o Dinamarca (20%) muy por delante de nosotros. Este bajo porcentaje se debe a décadas de escasa promoción pública: en los últimos 10-12 años se han calificado o construido muy pocas unidades protegidas (a menudo menos de 15.000 al año), frente a ritmos de 60.000-80.000 anuales en periodos previos a la crisis de 2008. Además, muchas viviendas protegidas antiguas han pasado al mercado libre tras perder su calificación, lo que impide acumular un parque habitacional estable.

Se deben construir muchas más viviendas públicas sociales, y esto no es una opción, es una necesidad imperiosa. Nuestro país no puede permitirse seguir a la cola de Europa en este ámbito si quiere resolver su principal problema social. El camino impulsado en 2025 debe acelerarse drásticamente en 2026 y años siguientes, combinando inversión pública, suelo disponible y modelos de alquiler asequible estables y permanentes. Solo así se podrá garantizar el derecho a una vivienda digna para millones de personas. Recordemos que el derecho a la vivienda está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Social Europea y la Constitución Española, pero lamentablemente las políticas públicas, como decíamos anteriormente, tratan la vivienda como un simple objeto de mercado, priorizando la propiedad privada y abandonando la construcción de vivienda social.

Centrándonos en Castilla-La Mancha, en nuestra tierra, el problema también es real (subidas fuertes en alquiler, dificultades para jóvenes), pero menos agudo que en Madrid, Barcelona o Baleares gracias a precios base más bajos. La clave estará en si la nueva oferta (pública y privada) logra equilibrar la demanda en los próximos 2-3 años, especialmente en zonas tensionadas como Albacete o el eje Toledo-Guadalajara. Aunque los precios absolutos siguen siendo de los más bajos del país, se observa un encarecimiento notable en los últimos años, especialmente en alquiler, junto a dificultades de acceso para jóvenes y familias de rentas medias-bajas. Aunque Castilla-La Mancha no está entre las más caras (precios ≈30-40% por debajo de media nacional), el ritmo de aumento (especialmente alquiler) genera tensión.

Desde diferentes ámbitos se critica al presidente Emiliano García-Page por la política de vivienda social y de alquiler en Castilla-La Mancha, dado que Page está haciendo énfasis en rebajas fiscales e incentivos a la oferta pública/privada, olvidando posturas intervencionistas en este terreno. Ya en noviembre de 2025 se dejó pasar una gran oportunidad en la reforma del Estatuto de Autonomía, pues excluye la vivienda como un derecho fundamental, el nuevo texto estatutario dedica más tiempo al aumento de escaños en las Cortes regionales que a blindar derechos sociales clave como el acceso a una vivienda digna.

Debemos presionar para que se haga realidad una nueva Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha, donde se garantice el derecho a una vivienda digna y se aporten soluciones estructurales como más parque público de alquiler social, no todo quede en anuncios de construcción y después la mayoría sin ejecución. La vivienda no puede seguir siendo un negocio para unos pocos mientras se convierte en un problema para la mayoría. Defender la vivienda es defender la dignidad y la calidad de vida de jóvenes, trabajadores y personas vulnerables.

Es el momento de poner la vivienda en el centro de la agenda pública, donde se camine hacia un Pacto de Estado para lograr un compromiso de todas y todos con un modelo de vivienda más justo, asequible y accesible para todas las personas.

Las organizaciones sociales que trabajan por el derecho a la vivienda en el Pirineo han sometido a los partidos políticos aragoneses a un “examen” en materia de vivienda de cara al 8F. Un análisis de los programas electorales arroja un veredicto claro: solo PSOE, Chunta Aragonesista (CHA), Izquierda Unida (IU) y Podemos incorporan medidas estructurales que ‘permiten frenar la expulsión residencial, regular el mercado y garantizar el acceso a una vivienda asequible’. El resto de formaciones —PP, Vox y PAR— se centran en fórmulas de mercado o incentivos económicos, mientras que Coalición Existe plantea intervenciones públicas directas en municipios pequeños, aunque sin desarrollar un plan estructural de regulación general ni un parque público amplio.“

La vivienda se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía aragonesa, según el último barómetro del CIS, donde un 22,1% de la población sitúa este problema en primer lugar entre los retos de la comunidad autónoma, por encima incluso de la sanidad o la despoblación. Esta inquietud social coincide con las demandas de colectivos como Vivienda Digna del Pirineo, que instan a los partidos a adoptar medidas estructurales —como la regulación de precios, la ampliación del parque público y el control del uso turístico— para garantizar el derecho a la vivienda y frenar la expulsión residencial. El movimiento Vivienda Digna del Pirineo ha trasladado a las candidaturas un documento con propuestas.

Zonas tensionadas y turistificación 

Las asociaciones reclaman la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, prevista en la Ley estatal de Vivienda, como “herramienta clave” para frenar la escalada de precios y proteger el alquiler residencial. En este punto, PSOE, CHA, IU y Podemos recogen explícitamente esta medida en sus programas: IU plantea aprobar “la Ley de Vivienda de Aragón que garantice el derecho constitucional a una vivienda digna” y que establezca “zonas con el mercado residencial tensionado”; el PSOE asegura que aplicará “control de precios y regulación del alquiler, según la Ley estatal de Vivienda”, CHA propone “aprobar una Ley Aragonesa de Vivienda y desarrollarla reglamentariamente”, garantizando la “función social de la vivienda” y Podemos plantea aplicarla “de manera inmediata” y “con carácter reforzado mediante legislación específica propia del ámbito competencial autonómico”.

Por el contrario, PP, Vox, PAR y Coalición Existe no plantean declarar zonas de mercado residencial tensionado ni aplicar controles de precios del alquiler previstos en la Ley estatal de Vivienda. El PP apuesta por aumentar la oferta mediante colaboración público-privada, incentivos fiscales y agilización urbanística; Vox rechaza cualquier intervención en el mercado y defiende su liberalización; el PAR centra su propuesta en rehabilitación y movilización de vivienda, especialmente en el medio rural; y Coalición Existe no plantea declarar zonas tensionadas ni controles de precios generales, aunque sí propone intervenciones públicas concretas en municipios con problemas de acceso a la vivienda, como la construcción de viviendas públicas, topes al alquiler en zonas turísticas y un Banco Público de Vivienda Rural.

Otro eje central del documento es el control efectivo del uso turístico de viviendas y del fraude en los alquileres de corta duración, especialmente en el Pirineo, donde la turistificación ha reducido drásticamente el alquiler de larga duración y ha impulsado la expulsión de población residente. En este ámbito, PSOE, CHA, IU y Podemos plantean regular la vivienda turística en zonas saturadas y dotar a los ayuntamientos de herramientas de inspección y control. IU defiende “limitar y regular la proliferación de viviendas de uso turístico, especialmente en zonas tensionadas”, mientras CHA propone “desarrollar medidas específicas, en colaboración con Turismo, para aquellos municipios afectados por subidas dramáticas a la compra y alquiler de vivienda habitual por el dominio de vivienda turística”, desde Podemos también propone establecer esas zonas tensionadas “para congelar los alquileres y garantizar el derecho a la vivienda” y suspender la concesión de nuevas licencias de uso turístico “en municipios donde el acceso a la vivienda esté comprometido”. PP, Vox y PAR no plantean límites a los pisos turísticos ni mecanismos de control específicos, centrando sus propuestas en la dinamización económica y la rehabilitación. Coalición Existe sí menciona el impacto del turismo en el acceso a la vivienda en algunos municipios y propone priorizar el alquiler residencial y contener precios en zonas tensionadas, pero sin articular herramientas concretas de regulación del uso turístico ni restricciones a licencias.

Parque público de vivienda y modelos alternativos 

Vivienda Digna del Pirineo plantea ampliar el parque público en alquiler a perpetuidad hasta alcanzar al menos el 20 % del parque residencial, priorizando la compra y rehabilitación frente a la nueva construcción. En Aragón, menos del 0,5 % del parque es actualmente público, frente a una media europea superior al 8 %. PSOE, CHA, IU y Podemos asumen la necesidad de una expansión fuerte y permanente del parque público de alquiler como política estructural. CHA e IU defienden además que este parque sea “mayoritariamente de titularidad pública o comunitaria”, mientras que el PSOE lo vincula también a “fórmulas de colaboración con el tercer sector” y Podemos plantea alcanzar las 5.000 viviendas de titularidad pública en Aragón para “seguir igualándolo al nivel medio de países europeos”. En cambio, la propuesta del PP se centra en la colaboración público-privada y en incentivos fiscales para dinamizar el mercado. Su objetivo principal es crear un parque de 10.000 viviendas públicas en un plazo de 10 años, integrando el alquiler asequible y la opción a compra. Para facilitar el acceso a los jóvenes, proponen el “Aval Emancipa”, que garantiza hasta el 95% de la hipoteca, junto con una reducción del 50% en los impuestos de compra para menores de 36 años en viviendas de hasta 225.000 €. Además, apuestan por la rehabilitación en el medio rural y un seguro público de alquiler que proteja a los propietarios frente a posibles impagos.

Vox apuesta por una liberalización del mercado y una lucha “frontal contra la ocupación”. Su programa incluye el compromiso de construir 7.000 viviendas anuales mediante la liberación de suelo y fuertes rebajas fiscales. Proponen una Ley Anti-Okupas que garantice el “desalojo en un máximo de 48 horas y brinde asesoramiento integral a las víctimas”. También ofrecen una línea de préstamos sin intereses para particulares destinados a la rehabilitación de su vivienda habitual y fomentan el acceso popular a la propiedad privada sobre el modelo de alquiler.

Coalición Existe plantea una intervención pública directa y ambiciosa, especialmente en los municipios pequeños. Su medida más destacada es la exigencia de construir al menos cuatro viviendas públicas de alquiler en cada núcleo de población de Aragón. Proponen la creación de un Banco Público de Vivienda Rural para gestionar casas desocupadas, ofreciendo a los propietarios reformas básicas y seguros de impago. Además, defienden la aplicación de topes al alquiler en municipios turísticos y una rehabilitación exprés con ayudas directas para mejorar el aislamiento y la calefacción en zonas frías.

El PAR enfoca su política en la movilización de recursos existentes y la protección estricta de la propiedad privada. Su plan incluye la firma de convenios con ayuntamientos para activar viviendas vacías en el medio rural a través de programas de rehabilitación. Proponen utilizar activos de la Sareb y entidades bancarias para ampliar la oferta de vivienda protegida, con especial atención a las zonas tensionadas por el turismo. Asimismo, defienden la propiedad como un derecho inalienable y se comprometen a agilizar la resolución de situaciones de ocupación ilegal.

Las asociaciones también proponen promover cooperativas y asociaciones de vivienda sin ánimo de lucro como alternativa estable al mercado especulativo, siguiendo modelos europeos como el de Viena. CHA, IU y Podemos incorporan explícitamente este enfoque en sus programas, mientras que el PSOE lo vincula a “fórmulas de colaboración público-social y al tercer sector”. El resto de formaciones —PP, Vox, PAR y Coalición Existe— no incluyen este tipo de modelos no lucrativos entre sus propuestas.

Entre las medidas planteadas figura además la creación de programas públicos de mediación en el alquiler, que ofrezcan garantías a propietarios y seguridad a inquilinos para movilizar vivienda vacía hacia el alquiler estable, así como la creación de oficinas municipales o comarcales de vivienda que centralicen gestión y acompañamiento. Estas herramientas son recogidas por PSOE, CHA, IU y Podemos, que apuestan por reforzar la intermediación pública en el mercado del alquiler. En cambio, PP, Vox y PAR centran sus propuestas en incentivos fiscales y medidas voluntarias para propietarios, mientras que Coalición Existe plantea la intervención directa mediante el Banco Público de Vivienda Rural, movilización de viviendas vacías y rehabilitación exprés, aunque sin programas de mediación pública generalizada.

“No sirven promesas vacías”

Desde Vivienda Digna del Pirineo subrayan que este tipo de medidas no son “utopías ideológicas”, sino políticas ya contrastadas en otros países europeos y avaladas por la Comisión Europea en su Plan de Vivienda Asequible, que apuesta por liderazgo público, regulación del mercado y control de los usos turísticos para frenar la exclusión residencial.

“El derecho a la vivienda debe ser un criterio central a la hora de pedir el voto. No sirven promesas vacías ni modelos caducos”, advierten. “Sin regulación del mercado, sin parque público y sin control del uso turístico, el Pirineo seguirá expulsando población y perdiendo base social”, concluyen.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que pondrá en marcha un “gran plan” de vivienda al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha -al que espera llegar tras las elecciones autonómicas de 2027- que se basará en “menos burocracia, más suelo y apoyo real a los jóvenes”.

Así lo ha indicado en la reunión sectorial de vivienda celebrada en Toledo, donde ha advertido que el problema de la vivienda “se ha convertido en una de las mayores urgencias sociales y económicas”, al tiempo que ha responsabilizado al PSOE, tanto a nivel regional como nacional, de “la grave situación que atraviesa la región tras 11 años de gobiernos incapaces de ofrecer soluciones eficaces”.

El presidente regional del PP ha señalado que el primer paso para solucionar el problema de la vivienda es “trabajar con lealtad institucional y de la mano de los ayuntamientos”, algo que “que no está haciendo hoy la Junta de Comunidades”.

Núñez ha insistido en que “la falta de vivienda asequible está expulsando a los jóvenes, impidiéndoles emanciparse y desarrollar su proyecto vital en Castilla-La Mancha”. Así, ha recordado que Castilla-La Mancha registra “los peores datos de desempleo juvenil, salarios por debajo de la media nacional y una grave escasez de vivienda accesible”.

Ha destacado además, que “hoy un joven tiene que destinar de media el 47 por ciento de su sueldo al alquiler, cuando lo recomendable es un 30 por ciento, algo que es insostenible y demuestra el fracaso de las políticas socialistas”.

Así, Núñez ha denunciado que el precio del alquiler en la región cerró 2025 con una “subida histórica del 19,8%”, acumulando “un incremento del 33% en los últimos cinco años, especialmente en las zonas cercanas a Madrid y en las grandes ciudades”.

Además, ha lamentado que el plan de alquiler joven del Gobierno regional “ha fracasado estrepitosamente”, ya que en 2024 “el 40% de las solicitudes no se pudieron adjudicar por culpa de la burocracia”.

“Gran paquete” de medidas en 2027

Frente a esta situación, Núñez ha anunciado un “gran paquete” de medidas que el Partido Popular aplicará desde el Gobierno de Castilla-La Mancha -si gobierna a partir del 2027-, centradas en cuatro ejes, como es simplificación administrativa, reformas legales, bajada de impuestos y creación de suelo y vivienda.

El presidente del PP regional ha incidido en la “reducción drástica” de la burocracia urbanística, estableciendo el silencio administrativo positivo en 90 días, la puesta en marcha de planes municipales de regeneración urbana con mayor autonomía para los ayuntamientos y la aprobación de una nueva Ley del Suelo, de Urbanismo y de Medioambiente, adaptadas a la realidad actual.

Igualmente, el PP “garantizará el acceso a suministros básicos como el agua y la electricidad en nuevos desarrollos urbanos, reducirá a la mitad los plazos de aprobación de los planes de ordenación municipal y pondrá en marcha programas de alquiler garantizado, con el Gobierno autonómico como aval jurídico y económico”, tal y como ha explicado Paco Núñez.

En materia fiscal, ha reafirmado su apoyo a la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de reducir el IVA de la vivienda del 10% al 4% para jóvenes, al tiempo que ha exigido al Gobierno de Page que cumpla su anuncio de bajar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 9% al 4%, algo que “a día de hoy sigue sin aprobarse”.

El plan del PP incluye también avales jóvenes para hipotecas, préstamos a tipo cero, la cesión de suelo público para construir viviendas de alquiler un 30% por debajo del precio de mercado y “medidas contra la ocupación ilegal, como el desalojo exprés en 48 horas y la imposibilidad de empadronarse en viviendas ocupadas ilegalmente”.

Núñez ha resaltado que “para resolver el problema de la vivienda hay que construir más, liberar suelo, bajar impuestos y agilizar la administración”. Al mismo tiempo, ha asegurado que “dentro de un año, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, lo haremos de la mano de los ayuntamientos, de la iniciativa privada y de los jóvenes para garantizar el futuro de Castilla-La Mancha”.

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimat el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel Govern de Marga Prohens (PP) contra diversos articles de la llei estatal d'habitatge. Els magistrats al·leguen que els preceptes impugnats ja van ser examinats arran d'altres recursos, com l'impulsat per la Junta d'Andalusia o el registrat per més de mig centenar de diputats del PP al Congrés.

L'alt tribunal assenyala que, en aquells processos previs, ja havia resolt part de les impugnacions plantejades per l'Executiu balear, sent diverses d'elles declarades inconstitucionals o nules, mentre que altres van ser directament desestimades. Amb aquesta base, el tribunal aplica la seva doctrina habitual: quan una norma ja ha estat expulsada de l'ordenament jurídic o ja hi ha un pronunciament ferm sobre la seva constitucionalitat, decau l'interès del recurs posterior atès que no hi ha res nou a resoldre.

El Govern havia recorregut la llei estatal d'habitatge argumentant, igual que altres comunitats governades pel PP, que diversos articles envaïen competències autonòmiques, principalment pel que fa a la regulació de les zones tensionades, la possibilitat de limitar el preu dels lloguers i determinades obligacions per a grans tenidors. El gabinet de Prohens considerava, en aquest sentit, que la norma interferia en el marge de decisió de les autonomies.

El portaveu de l'Executiu, Antoni Costa, ha restat importància aquest divendres a la decisió del TC, defensant que la sentència no suposa cap revés jurídic per al Govern, sinó un tancament tècnic del procediment. “El que ha succeït no és que no se'ns doni la raó, sinó que ja s'havia donat la raó, i per no reiterar”, ha asseverat.

Al gener de 2025, la majoria progressista del Constitucional va tombar la major part del recurs que el PP va interposar contra punts clau de la llei d'habitatge de 2023. A la seva sentència, el tribunal de garanties va avalar una disposició final rellevant en relació amb el lloguer en zones tensionades: les limitacions a apujar el lloguer en aquestes zones quan es negocia un nou contracte d'arrendament. Aquest nou contracte, afirma la llei -amb algunes excepcions que permeten apujar el preu fins al 10%-, “no podrà excedir de l’última renda de contracte d’arrendament” dels últims cinc anys en aquest mateix habitatge, aplicant l'actualització anual. La norma tampoc permet repercutir l'inquilí quotes o despeses que no estiguessin contemplades en el contracte anterior.

Es tracta d'una mesura que, diuen els magistrats amb el sector conservador en contra, no afecta el dret a la propietat tal com al·legava el PP: “No s’obliga, en cap cas, a fixar un preu antieconòmic”.

Molts dels arguments dels populars ja havien estat estudiats fa gairebé un any, quan es van desestimar gairebé totes les al·legacions de la Junta d'Andalusia, el recurs de la qual va ser el primer a arribar a mans dels magistrats. El procediment es va saldar amb un aval a la major part dels articles recorreguts, la majoria en clau autonòmica per suposada invasió de competències. Aquesta primera sentència sí que va anul·lar, en canvi, l'article que afectava els pisos protegits, mantenint la prevalença de la normativa autonòmica, on estàn transferides les competències.

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Govern de Marga Prohens (PP) contra varios artículos de la ley estatal de vivienda. Los magistrados alegan que los preceptos impugnados ya fueron examinados a raíz de otros recursos, como el impulsado por la Junta de Andalucía o el registrado por más de medio centenar de diputados del PP en el Congreso.

El alto tribunal señala que, en aquellos procesos previos, ya había resuelto parte de las impugnaciones planteadas por el Ejecutivo balear, siendo varias de ellas declaradas inconstitucionales o nulas, mientras que otras fueron directamente desestimadas. Con esa base, el tribunal aplica su doctrina habitual: cuando una norma ya ha sido expulsada del ordenamiento jurídico o ya existe un pronunciamiento firme sobre su constitucionalidad, decae el interés del recurso posterior dado que no hay nada nuevo que resolver.

El Govern había recurrido la ley estatal de vivienda argumentando, al igual que otras comunidades gobernadas por el PP, que varios artículos invadían competencias autonómicas, principalmente en lo que se refiere a la regulación de las zonas tensionadas, la posibilidad de limitar el precio de los alquileres y determinadas obligaciones para grandes tenedores. El gabinete de Prohens consideraba, en este sentido, que la norma interfería en el margen de decisión de las autonomías.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha restado importancia este viernes a la decisión del TC, defendiendo que el fallo no supone ningún revés jurídico para el Govern, sino un cierre técnico del procedimiento. “Lo que ha sucedido no es que no se nos dé la razón, sino que ya se había dado la razón, y para no reiterar”, ha aseverado.

En enero de 2025, la mayoría progresista del Constitucional tumbó la mayor parte del recurso que el PP interpuso contra puntos clave de la ley de vivienda de 2023. En su sentencia, el tribunal de garantías avaló una disposición final relevante en relación con el alquiler en zonas tensionadas: las limitaciones a subir el alquiler en estas zonas cuando se negocia un nuevo contrato de arrendamiento. Ese nuevo contrato, afirma la ley -con algunas excepciones que permiten subir el precio hasta el 10%-, “no podrá exceder de la última renta de contrato de arrendamiento” de los últimos cinco años en esa misma vivienda, aplicando la actualización anual. La norma tampoco permite repercutir al inquilino cuotas o gastos que no estuvieran contemplados en el contrato anterior.

Se trata de una medida que, dicen los magistrados con el sector conservador en contra, no afecta al derecho a la propiedad tal y como alegaba el PP: “No se obliga, en ningún caso, a fijar un precio antieconómico”.

Muchos de los argumentos de los populares ya habían sido estudiados hacía casi un año, cuando se desestimaron casi todas las alegaciones de la Junta de Andalucía, cuyo recurso fue el primero en llegar a manos de los magistrados. El procedimiento se saldó con un aval a la mayor parte de los artículos recurridos, la mayoría en clave autonómica por supuesta invasión de competencias. Esa primera sentencia sí anuló, en cambio, el artículo que afectaba a los pisos protegidos, manteniendo la prevalencia de la normativa autonómica, donde están transferidas las competencias.

La morosidad es un problema frecuente en las comunidades de propietarios y suele ir acompañada de muchas dudas sobre los derechos de quienes no están al corriente de sus pagos, más allá de su obligación de pagar. ¿Podría ser nombrado presidente de la comunidad un propietario que no paga las cuotas? “La Ley de Propiedad Horizontal no priva del derecho a ejercer como presidente a un propietario moroso. Ahora bien, no es aconsejable nombrarlo para el cargo”, aclara Patricia Briones, abogada y secretaria técnica del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. “Si se le quiere reclamar judicialmente el pago de las cantidades adeudadas, esta persona no podría actuar como parte demandante y demandada a la vez”, explica.

El artículo nueve de la Ley de Propiedad Horizontal, que recoge las obligaciones de los propietarios incluye que el propietario moroso sigue obligado a contribuir al pago de los gastos generales conforme a su cuota de participación, salvo exención estatutaria o un acuerdo de junta adoptado por unanimidad.

Qué hacer con la deuda del propietario moroso

“La condonación o fraccionamiento de la deuda requiere acuerdo de la junta de propietarios y podrá ser aprobada por mayoría simple al considerarse un acto de mera administración”, informa Briones. En el caso de querer reclamar la deuda, explica la experta, la comunidad debe llevar a cabo un proceso monitorio antes de acudir a la vía judicial.

“Desde el 3 de abril, antes de acudir a la vía judicial, deberá darse cumplimiento al MASC, adoptando el acuerdo de liquidación de la deuda y notificando este acuerdo al deudor”, comenta la abogada. “Se trata de evitar la vía judicial mediante un proceso de negociación como puede ser la mediación, conciliación o intermediación de abogados”.

“La comunidad, además, puede adoptar medidas disuasorias como intereses superiores al legal o la privación temporal del uso de servicios no esenciales para la habitabilidad de la vivienda como la piscina o el gimnasio”, añade Briones, que advierte de que no se puede privar al propietario de elementos o instalaciones esenciales para la habitabilidad de su vivienda como el ascensor o la calefacción.

¿Puede votar un propietario que debe sus cuotas a la comunidad?

En cuanto a los derechos del propietario moroso en las juntas de comunidad, la abogada confirma que “puede asistir a las juntas únicamente con voz, pero será privado de su derecho de voto si al inicio de la junta no está al corriente de pago, salvo que haya impugnado la deuda o consignado judicial o notoriamente el importe adeudado”. 

En cuanto a la mejor manera de gestionar la morosidad, la experta asegura que “dependerá de la predisposición del deudor y la voluntad de la comunidad de facilitar el pago, por ejemplo, mediante la concesión de plazos”.

“La vivienda no debe entenderse como un bien material, sino como un elemento clave para prevenir desigualdades sociales y mejorar la salud de la ciudadanía”. Así lo interpreta el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, de Izquierda Unida-Convocatoria por Asturias y socio del Gobierno socialista que preside Adrián Barbón, quien reconoce que esta novedad es pionera en nuestro país y ha despertado el interés de legisladores de otras comunidades autónomas.

Una convicción del consejero que no se limita a una declaración testimonial, sino que ha llevado a incorporar la salud al texto del proyecto de ley de vivienda que ha sido aprobado este miércoles en Consejo de Gobierno y será remitido de forma inminente a la Junta General del Principado para su tramitación.

Carácter pionero

Zapico ha resaltado que en este proyecto de ley se incluye la prohibición de venta de las viviendas públicas, se fija la vivienda como un derecho subjetivo e incorpora de forma expresa la salud “como uno de los principios rectores de estas políticas públicas”.

Zapico ha comparecido ante los medios de comunicación asturianos para presentar el contenido de este proyecto de ley acompañado del director general de Vivienda, Daniel Sánchez, y el jefe de Servicio de Régimen Legal de la Vivienda, José María González Gancedo.

Las personas, en el centro

En su intervención, el consejero ha subrayado que la novedad de incorporar la salud a esta ley “representa simbólicamente todo el cariño que hemos puesto a la hora de redactar este proyecto”.

El consejero ha subrayado que la ley refuerza el modelo asturiano de vivienda, que sitúa a las personas en el centro, concibe la vivienda como un derecho y rechaza su consideración como un mero objeto de negocio o especulación.

Las novedades

Entre sus principales avances, ha apuntado que la ley impide la venta de vivienda pública en Asturias, poniendo fin a décadas de descapitalización del parque público y ha recordado que cuando Asturias asumió las competencias en materia de vivienda en los años 80 del siglo pasado, el Principado contaba con cerca de 31.000 viviendas públicas, una cifra que se redujo a 9.600 en 2023.

“Esta ley frena esos procesos de pérdida de vivienda pública mientras esté en vigor”, ha ratificado.

Las previsiones

En este contexto, el consejero ha avanzado los objetivos de impulso de vivienda pública para lo que resta de legislatura, con la previsión de iniciar o promover mil nuevas viviendas, que se sumarán a las casi 600 que ya están en marcha, hasta alcanzar una cifra aproximada de 1.500 viviendas públicas en esta legislatura. 

Asimismo, ha explicado que su departamento trabaja con una planificación a largo plazo, con el horizonte puesto en 2035, para alcanzar las 15.000 viviendas públicas.

“Sería una buena cifra llegar a 2035 con 15.000 viviendas; hace 40 años teníamos el doble y se vendió. Con esta ley evitamos que vuelva a ocurrir”, ha calculado el consejero.

Vivienda protegida

La norma también ordena todas las actuaciones públicas a través del Sistema Asturiano de Vivienda Protegida, define la vivienda como un derecho subjetivo con garantías y prestaciones asociadas, y establece una única tipología de vivienda protegida de régimen general, con carácter vitalicio, que no podrá pasar al mercado libre.

Zapico ha anunciado además que el nuevo precio del módulo de vivienda protegida, actualmente en negociación en el marco de la concertación social, entrará en vigor de forma simultánea a la ley, una vez sea aprobada por la Junta General y publicada en el Boletín Oficial del Principado.

Planificación para evitar bloqueos

En relación con la tramitación parlamentaria, el consejero ha defendido la necesidad de una Junta General centrada en su función legislativa y de control del Gobierno, y ha apelado así a la planificación para evitar bloqueos al final de la legislatura. 

Zapico ha recordado que su consejería tiene actualmente seis proyectos de ley en distintas fases de tramitación, entre ellos la de bebidas energéticas, que ya se encuentra en fase de ponencia; la de vivienda, remitido este miércoles a la Junta General; la modificación de la de consumo, que se aprobará antes de finalizar el año; la de derechos LGTBI, ya en exposición pública; la de ordenación de territorio, la futura Loita, y la de participación, prevista para el próximo mes de enero.