El juez que investiga la guerra sucia a Podemos, Santiago Pedraz, ha citado a declarar como testigo al comisario Marcelino Martín-Blas, jefe de la Unidad de Asuntos Internos durante los primeros años del Gobierno de Mariano Rajoy. Martín-Blas aseguró en el Congreso de los Diputados el pasado 12 de noviembre que le habían llegado “denuncias y documentos de que hubo alguna intromisión de la Policía en cuanto a la actividad de Podemos”.

La citación de Martín-Blas responde a la petición que había cursado la acusación popular ejercida por el PSOE en la causa. El comisario, ya jubilado, dijo en el Congreso haber aportado a la mesa de la comisión de investigación de la Operación Cataluña la denuncia realizada por un antiguo jerarca venezolano, Nervis Villalobos, en la que aludía a la intervención de un miembro de la brigada política, Bonifacio Díaz Sevillano, y de los abogados José Aliste y José Luis Moreno Cela.

“Se interesa su citación a fin de que declare sobre estos extremos y sobre cualquier otra información que pudiera resultar relevante para los hechos investigados [las maniobras contra Podemos] de la que pudo conocer en relación con su cargo o por los vínculos que sostuvo con gran parte de los investigados en esta causa”, argumentó el PSOE.

La figura de Marcelino Martín-Blas presenta una especial complejidad. Perteneciente al sector más conservador de la Policía, la llegada del Partido Popular al poder en 2012 le valió para convertirse en jefe de la Unidad de Asuntos Internos.

Su elección para el puesto se entendió mejor después de que elDiario.es desvelara que un grupo secreto de agentes rastreaba información comprometida de líderes independentistas catalanes y que utilizaba como grupo sobre el terreno a Asuntos Internos, una unidad que trabajaba en la opacidad necesaria para realizar la que debería ser su única tarea: investigar a policías sospechosos de haber cometidos delitos. 

Martín-Blas fue comisario de Asuntos Internos hasta abril de 2015, cuando el Ministerio del Interior cedió a las presiones de José Manuel Villarejo y le cesó. Ambos comisarios estaban enfrentados pese a que compartían el proyecto del Gobierno del PP contra sus adversarios políticos. 

José Manuel Villarejo acusaba a Martín-Blas de haberle atacado a él y a su entorno por orden del Centro Nacional de Inteligencia y comenzó entonces una guerra sin cuartel que acabó cuando el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, atisbó el peligro de enfurecer a Villarejo y destituyó al jefe de Asuntos Internos. 

Martín-Blas será juzgado por el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados en la pieza Kitchen del caso Villarejo, una de las grandes ofensivas de la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior durante la primera legislatura del Partido Popular. 

En su comparecencia ante la comisión de investigación de la Operación Cataluña, Martín-Blas se mostró ajeno a cualquier manejo más allá de sus funciones mientras fue jefe de Asuntos Internos. 

El problema llegó cuando los diputados le preguntaron por su visita a los fiscales del caso del 3%, en plena precampaña electoral, para pedirles que propusieran al juez registrar la sede de CDC sin que él tuviera ninguna relación con ese caso. En aquella visita, denunciaba públicamente por los fiscales, Martín-Blas estuvo acompañado de José Luis Olivera, puntal de la brigada política. “Lo he explicado mil veces. Yo soy policía. Estaba convencido de que habían cometido un delito. Mil veces lo haría”, trató de disculparse Martín-Blas.

Los individuos que mencionó Martín-Blas para referirse a los ataques a Podemos, el inspector jefe Bonifacio Díaz Sevillano y los dos abogados, aparecen profusamente en la causa que se sigue en un juzgado de Madrid contra un presunto grupo de policías, abogados e incluso un agente israelí para extorsionar a los jerarcas venezolanos que querían residir en España y protegerse de las demandas de extradición de su país y de Estados Unidos. Esos jerarcas han declarado que la cúpula policial del PP les inquirió repetidamente por información con la que poder atacar a Podemos. 

La declaración de Martín-Blas en el Congreso será incorporada a la instrucción de la causa que instruye Pedraz por la guerra sucia a Podemos. La investigación avanza a un ritmo desigual. Pese a las revelaciones de testigos admitiendo órdenes de superiores para atacar a Podemos, la Fiscalía se opone a multitud de diligencias propuestas por el partido afectado y, en este caso, por el PSOE. 

La declaración de Martín-Blas está acordada en una providencia de Pedraz que ha seguido el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, también al negarse a muchas de las peticiones de los socialistas. Entre estas últimas investigar los destinos ‘dorados’ en embajadas que recibieron varios miembros de la brigada política después de haber participado presuntamente en la guerra sucia. O tampoco recabar los correos electrónicas de las cuentas corporativas de los policías. 

Otro testigo de la Policía

Por contra, el juez sí ha aceptado citar como testigo al agente 111.129 del Cuerpo Nacional de Policía, que también declaró ante la comisión de investigación de la Operación Cataluña. El PSOE alegaba que este agente habría entregado, de forma irregular, una citación a Nervis Villalobos, uno de los venezolanos requeridos por la Policía para conseguir información contra Podemos. 

Villalobos respondió aquel día que ya estaba en contacto con otra unidad policial e identificó y más tarde, el imputado Bonifacio Díaz Sevillano habría pedido explicaciones al agente citado como testigo. 

La comisión de investigación de la Operación Catalunya trasciende en el Congreso entre la confusión y la irrelevancia de los testimonios de los comparecientes. Este martes acudió el que fuera jefe de Asuntos Internos de la Policía entre febrero de 2012 y diciembre de 2014, Marcelino Martín Blas, uno de los agentes que se sentará en el banquillo por el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas y que ha intentado convencer a los diputados de que él no tiene nada que ver con las maniobras contra el independentismo. 

Durante la declaración de Martín Blas se ha dado la paradoja de que, mientras el comisario jubilado hacía esa afirmación, confesaba la injerencia de su unidad en investigaciones de sesgo político que nada tenían que ver con la Unidad de Asuntos Internos que él mandaba. Influenciados por informaciones que llevan durante años intentado retratar a Martín Blas como el bueno de aquella cúpula policial, frente a su enemigo, José Manuel Villarejo, algunos diputados catalanes sucumbieron a las afirmaciones del compareciente y agradecieron “muchísimo” su intervención, caso del portavoz de Junts, Josep Valles. 

“Yo no tengo nada que ver con la Operación Cataluña”, ha afirmado Martín Blas. Al tiempo, el comisario jubilado se ha referido con naturalidad a cómo se reunió con dos fiscales que investigaban la financiación irregular de CiU en octubre de 2012 porque creía que había que “actuar” contra su tesorero. Esa actuación que pedía Martín Blas era el registro de la sede del partido en plena precampaña electoral, tal y como denunciaron los fiscales en su momento de forma oficial. 

“Mil veces lo haría”

La diputada de ERC, Pilar Villagura, ha preguntado qué hacía el jefe de Asuntos Internos entrometiéndose en una investigación contra la corrupción sin que hubiera policías investigados. “Lo he explicado mil veces. Yo soy policía. Estaba convencido de que habían cometido un delito. Mil veces lo haría”, ha dicho Martín Blas, de tal forma que ha confesado una práctica recurrente de la brigada política, la utilización de Asuntos Internos como policía sobre el terreno. 

Una investigación judicial logró acreditar 19 viajes, solo en tren, de Martín Blas y Villarejo a Catalunya sin que la unidad que mandaba el primero tuviera investigaciones abiertas contra policías nacionales allí. El antiguo responsable de la Banca Privada de Andorra ha denunciado, y se investiga en un tribunal del país vecino, cómo Martín Blas participó en el chantaje que sufrieron los dueños del banco para facilitar las cuentas de los Pujol, luego publicadas en El Mundo. Martín Blas ha negado cualquier actuación en ese sentido, pero ha reconocido haber recibido de Higini Cierco, también de la BPA, una cuartilla con las cuentas y los fondos de la familia Pujol en el banco. “No valía nada. Lo rompí”, ha dicho. 

La confusión que han creado las declaraciones de Martín Blas han hecho creer a los diputados que el ex jefe de Asuntos Internos luchó contra la fabricación de informes en la UDEF, la unidad contra la corrupción, en los asuntos de Catalunya. En realidad, lo que hizo Martín Blas fue convertir su unidad en una herramienta para presionar a los agentes que investigaban la caja B del PP, ya con el Partido Popular en el Gobierno, tal y como reveló en 2014 elDiario.es y ratificó años más tarde en el Congreso el inspector al frente de esas investigaciones. 

El comisario jubilado ha dicho que él nunca conoció actividades de la Policía para dañar a adversarios políticos del PP, pese al relato anterior. Y ha añadido que ya jubilado sí ha tenido información. ¿Y cuál es esa información o documentación? Pues las agendas de Villarejo publicadas por los medios, noticias de prensa y otros documentos que, por lo que deslizó, se identifican con una investigación judicial que se sigue en un juzgado de Madrid por la confluencia de jerarcas venezolanos y policías de la brigada política contar Podemos, causa judicial en la que está personado el partido político. Este análisis de la actualidad que ha realizado como jubilado fue celebrada por la portavoz de Podemos, Martina Velarde. Tanto ella, como los diputados del PSOE, ERC y Junts han considerado de gran relevancia las afirmaciones de Martín-Blas y pedirán otra comparecencia del comisario jubilado por las estrecheces del tiempo marcado para sus intervenciones.

Contra Villarejo

Una vez ha intentado presentarse como un analista de la actualidad, acreditado por su vasta experiencia policial, Martín Blas ha pasado a librar una de sus batallas, la que mantiene con otro miembro de aquella brigada política, el comisario José Manuel Villarejo. Del análisis de todo lo publicado, Martín Blas ha concluido que Villarejo es el autor del borrador que publicó El Mundo y difundió después el Sindicato Unificado de Policía sobre la supuesta corrupción de Artur Mas y otros líderes independentistas, el conocido como “borrador de la UDEF”. No ofreció ninguna exclusiva cuando acusó a Villarejo de estar detrás de su elaboración. 

En su intento por hablar de otros asuntos donde él no estuviera relacionado, Marcelino Martín-Blas ha mencionado una supuesta donación de la fundación FAES, vinculada al Partido Popular, por parte de la trama de corrupción de CiU. También ha mencionado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de mantener 16 meses en prisión provisional a un jerarca venezolano cuya causa fue archivada. Ambas menciones, ya conocidas desde hace años, excitaron la atención del portavoz del PSOE, que insistió a Martín Blas en que incidiera en ello, pero el comisario jubilado solo sabía lo que había leído. La donación a FAES fue desmentida por la Agencia Tributaria hace 12 años y Nervis Villalobos ha llegado ya al Tribunal Constitucional en su denuncia por la decisión del juez que ahora investiga a Begoña Gómez. 

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del caso Villarejo que imponga medidas cautelares al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, mano derecha del comisario Eugenio Pino, jefe de la brigada política, han informado a eldiario.es fuentes jurídicas. Esas cautelares solicitadas son las prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en el juzgado.

Fuentes Gago ha declarado en calidad de investigado. También lo han hecho esta mañana el antiguo jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, para el que Fiscalía no ha pedido cautelares, aunque sigue imputado. Ambos han contestado a las preguntas de juez y Fiscalía.

Quien se ha acogido a su derecho a declarar ha sido Bonifacio Díaz Sevillano, al igual que Fuentes Gago, antiguo jefe de gabinete del comisario Pino. Anticorrupción solo ha pedido para él comparecencias quincenales porque aún no está claro si su residencia es España o México, a cuya embajada fue enviado por Pino, pasando a engrosar el club de diezmileuristas, un pago a los servicios prestados junto a las condecoraciones pensionadas.

Detrás de esos nombres y cargos se esconde la primera línea de la brigada política que actuó durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, la misma que arrancó centrada en la Operación Catalunya, puso a Podemos en su punto de mira después y llegó a remover en la actuación del Ministerio del Interior en la época del PSOE.

Se da la circunstancia de que los comisarios que protagonizaron aquellos encargos extrajudiciales mantienen un fuerte enfrentamiento entre sí, algunos larvados durante el momento álgido de la brigada política, como el que mantiene como grandes enemigos al principal investigado, José Manuel Villarejo, y al recientemente imputado Martín-Blas.

Los tres investigados que han declarado este jueves lo hacen en el marco de la Pieza 7 del caso Villarejo, la que investiga la Operación Kitchen. Fuentes próximas al caso vinculan la citación al contenido de la declaración de Eugenio Pino. Éste, a su vez, había sido implicado en el operativo por Villarejo, quien dijo cumplir órdenes del director adjunto operativo y del superior de éste, Ignacio Cosidó. El político del PP no puede ser citado como investigado por el juez de la Audiencia Nacional porque está aforado ante el Tribunal Supremo.

Cinco años después de que el comisario Eugenio Pino pusiera en marcha la estructura secreta con la que la Policía atacó a la oposición política coinciden en la Audiencia Nacional tres de sus principales protagonistas. Todos ellos a las órdenes directas de Pino. Y los tres en calidad de imputados por el espionaje a Luis Bárcenas con dinero de los fondos reservados. El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, interroga este jueves al antiguo responsable de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas y los exjefes de gabinete de la Dirección Adjunta Operativa José Ángel Fuentes-Gago y Bonifacio Díaz Sevillano.

Detrás de esos nombres y cargos se esconde la primera línea de la brigada política que actuó durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, la misma que arrancó centrada en la Operación Catalunya, puso a Podemos en su punto de mira después y llegó a remover en la actuación del Ministerio del Interior en la época del PSOE.

Se da la circunstancia de que los comisarios que protagonizaron aquellos encargos extrajudiciales mantienen un fuerte enfrentamiento entre sí, algunos larvados durante el momento álgido de la brigada política, como el que mantiene como grandes enemigos al principal investigado, José Manuel Villarejo, y al recientemente imputado Martín-Blas.

Los tres investigados que declaran este jueves lo hacen en el marco de la Pieza 7 del caso Villarejo, la que investiga la Operación Kitchen. Fuentes próximas al caso vinculan la citación al contenido de la declaración de Eugenio Pino. Éste, a su vez, había sido implicado en el operativo por Villarejo, quien dijo cumplir órdenes del director adjunto operativo y del superior de éste, Ignacio Cosidó. El político del PP no puede ser citado como investigado por el juez de la Audiencia Nacional porque está aforado ante el Tribunal Supremo.

La investigación ha acreditado que miembros de la brigada política captaron en 2013 al chófer de la familia Bárcenas, al que estuvieron pagando 2.000 euros mensuales de los fondos reservados durante dos años, a raíz de que el extesorero del PP entrara en prisión y decidiera tirar de la manta sobre el método de financiación irregular del partido durante al menos dos décadas. Se trataba de que informara de todos los movimientos del entorno de Bárcenas y robara documentación perjudicial para la formación en el Gobierno. Al finalizar su misión, el topo fue recompensado con el ingreso en la Policía y un destino privilegiado. El juez cree que detrás de los policías había dirigentes del PP. 

Este jueves están citados dos mandos de la absoluta confianza de Pino, a los que éste recompensó tras su paso por la Dirección Adjunta Operativa con destinos diezmileuristas, Fuentes Gago y Díaz Sevillano. En el pasillo coincidirán con Martín-Blas, defenestrado por Pino debido a su enfrentamiento con Villarejo. Fuentes Gago, Pino, Martín-Blas… todos coinciden en ser policías cercanos ya al Partido Popular cuando éste estaba en la oposición.

Cuando Rajoy ganó las elecciones de diciembre de 2011 Eugenio Pino fue elegido el máximo responsable operativo de la Policía. Martín-Blas fue destinado a la Unidad de Asuntos Internos, para la que Pino tenía reservado un papel especial. Aprovechando su opacidad, necesaria para investigar delitos cometidos por policías, recibió encargos de tinte político. Como reveló eldiario.es en noviembre de 2014, agentes de Asuntos Internos fueron enviados a Catalunya para rastrear información comprometedora de políticos soberanistas y sus entornos, de forma prospectiva y sin control judicial.

Martín-Blas niega rotundamente cualquier participación en la Operación Kitchen y defiende que jamás trabajó codo con codo con el comisario Villarejo, como éste asegura al referirse a la Operación Catalunya. Martín-Blas y Villarejo se enfrentaron cuando el primero investigó a un grupo de policías vinculados presuntamente a la mafia china de la Operación Emperador, entre ellos Carlos Salamanca, y mencionó en uno de los informes a un hijo de Villarejo.

La guerra de comisarios

El enfrentamiento fue a más y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el comisario Pino intentaron frenar la guerra cesando al jefe de Asuntos Internos. Desde entonces, la inquina de Martín-Blas hacia Villarejo se extendió a los responsables de su cese, Pino y la estructura política del Ministerio del Interior.

Con excepción de los patrocinados por el letrado Baltasar Garzón, casi todos los investigados mantienen rencillas entre ellos. El despacho del abogado Garzón comenzó defendiendo a Carlos Salamanca, en el origen de la investigación, pasó a hacer lo propio cuando fue detenido el también comisario Enrique García Castaño y, con motivo de su imputación por la Operación Kitchen, recurrió a él Eugenio Pino, el artífice de la brigada política.

García Castaño, conocido en la Policía como El Gordo, culpa a Villarejo de su imputación y considera que han sido sus mentiras las que le han llevado a estar investigado. Resta Andrés Gómez Gordo, recién ascendido a comisario y el policía asesor de Cospedal, que ha recurrido para su defensa a José Antonio Choclán, abogado defensor de políticos y otros investigados en grandes casos de corrupción, al frente de uno de los despachos más cotizados de Madrid. 

El espionaje policial a Luis Bárcenas para favorecer al Partido Popular, entonces en el Gobierno, ha llevado a los investigadores hasta el corazón de la brigada política que funcionó en el Ministerio del Interior durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Después de que fuera imputado su máximo responsable, el comisario Eugenio Pino, ha llegado el turno de sus dos lugartenientes, los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, así como del que fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas. El juez del caso Villarejo ha decidido citar a los tres mandos en calidad de investigados en la pieza secreta de la Operación Kitchen, según han revelado a eldiario.es fuentes del caso.

Las citaciones de Martín-Blas, Fuentes Gago y Díaz Sevillano se han acordado después de las declaraciones como investigados del propio Pino, el comisario Villarejo, Enrique García Castaño y el policía asesor de María Dolores de Cospedal, Andrés Gómez Gordo. Todos ellos como protagonistas del espionaje a Luis Bárcenas a través del pago de fondos reservados al que fuera chófer de la familia, Sergio Ríos Esgueva, también imputado.

La consecuencia de la decisión del juez Manuel García Castellón supone que toda la primera línea de la policía política que actuó en el Ministerio del Interior entre 2012 y 2016 ya está siendo investigada en el caso Villarejo. En la cúspide, el comisario Pino, el policía que el PP eligió para dirigir la Policía cuando Rajoy llegó a Moncloa. Eugenio Pino era, como el nuevo investigado Martín-Blas, un policía de la confianza de Génova.

Ambos habían colaborado con el Partido Popular en materia de Interior cuando los conservadores estaban en la oposición. Al llegar al poder, uno llegó a lo más alto y al otro, Martín-Blas, se le asignó Asuntos Internos, la unidad dedicada a investigar a otros policías y cuya opacidad decidió a Pino a convertirla en una pieza clave de la policía política y, en especial, de la Operación Catalunya. Sus agentes trabajaron sobre el terreno en las investigaciones prospectivas a líderes del procés y sus entornos personales, según desveló eldiario.es en noviembre de 2014.

Asimismo, Asuntos Internos albergó una nueva Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) dedicada supuestamente a reabrir investigaciones de la Policía que no habían llegado a buen puerto. Con esa excusa, el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz repasó la investigación policial del 11-M, una década después de los atentados y con sentencia firme del Tribunal Supremo; o el caso Faisán, que igualmente afectaba a la época del PSOE en el Gobierno. Contra Podemos, la brigada política fabricó el informe PISA.

Los investigadores del caso Villarejo sospechan que, como otros encargos “parapoliciales”, Asuntos Internos pudo participar en la Operación Kitchen. Martín-Blas defiende que él nunca ha trabajado junto a Villarejo. El enfrentamiento entre ambos comisarios acabó con Martín-Blas cesado.

En autos recientes, el juez García Castellón incluye la siguiente afirmación en relación con la Operación Kitchen: “Dirigentes del Partido Popular se habrían servido a su vez de miembros del Cuerpo Nacional de Policía para conseguir objetivos particulares de dicho partido político o de cargos del mismo a través de la comisión de hechos delictivos con abuso de funciones”. Por encima de Pino en Interior solo estaban Ignacio Cosidó, director general de la Policía; Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad; y el ministro Fernández Díaz. Como parlamentarios, a día de hoy los tres están aforados ante el Tribunal Supremo.

El juez tomará declaración como testigo este jueves al inspector jefe Manuel Morocho, el principal investigador del caso Gürtel y la caja B del PP a las órdenes de la Audiencia Nacional. García Castellón quiere preguntar al policía si los resultados de la de la Operación Kitchen fueron puestos en su conocimiento, como responsable policial de la investigación en el juzgado.

Los comisarios imputados defienden que el espionaje a Bárcenas tenía por fin descubrir sus testaferros y dinero escondido y que, en parte, lo consiguieron. Fuentes policiales confirman a eldiario.es que el instructor policial de las diligencias, el policía Morocho, nunca participó en la Operación Kitchen ni fue informado de nada referente con la misma. Junto a Morocho declara hoy el excomisario general de Información, Enrique Barón, quien tampoco habría sido informado del uso de funcionarios de su estructura para el espionaje al extesorero.

Fuentes Gago, una coartada para Villarejo

También en un destacado lugar de las maniobras policiales, pero sin unidad que mandar, estuvo José Angel Fuentes Gago. Este inspector jefe hizo las veces de jefe de gabinete en la Dirección Adjunta Operativa de Eugenio Pino durante la mayor parte del mandato del comisario.

Bonifacio Díaz Sevillano, antiguo agregado de Interior en Andorra y quien ya trabajaba en la brigada política, sustituyó a Fuentes Gago cuando éste fue premiado con un destino en el extranjero. Ambos aparentaron actuar como jefes de gabinete de Pino. Su papel en la trama de la policía política tuvo que ser, sin embargo, desvelado por informaciones periodísticas que iban dibujando la verdadera silueta de ambos policías.

El Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz se vio obligado a abrir sendas investigaciones internas cuando El País publicó el patrimonio millonario del comisario Villarejo y otros dos medios de comunicación reprodujeron un extracto de la conversación mantenida entre el policía e Ignacio González, a cuenta del origen del lujoso ático de éste último. El elegido para dirigir esas pesquisas sobre Villarejo fue Fuentes Gago, a pesar de que trabajaba junto a Villarejo en la Dirección Adjunta Operativa y de que era un policía de menor rango que el investigado. En ambas , Fuentes Gago concluyó que no había irregularidad alguna en la actuación de Villarejo.

José Ángel Fuentes Gago guardaba en su teléfono móvil el pantallazo de la falsa cuenta de Xavier Trias en un banco suizo. El exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya Daniel de Alfonso confesó ante la comisión de investigación del Congreso que el inspector jefe le mostró esa información en su terminal telefónico. De Alfonso es el protagonista, con Jorge Fernández Díaz, de las grabaciones en el despacho del ministro, en las que este describe buena parte del funcionamiento de la Operación Catalunya. En esas grabaciones, tanto Fernández Díaz como De Alfonso reconocen a Fuentes Gago como muñidor del encuentro entre ambos. Ante el Congreso, Fuentes Gago dijo no haber pertenecido a ninguna brigada política.

La información por la falsa cuenta de Trias fue portada de El Mundo y su origen está en la Policía, según ha admitido públicamente el director adjunto operativo de la época y artífice de la brigada política, Eugenio Pino. A día de hoy no ha trascendido cuánto dinero de los fondos reservados se utilizó para comprar esa información falsa, ni qué policías se desplazaron a un país extranjero a obtenerla, como fuentes policiales aseguran que ocurrió.

Por su parte, Díaz Sevillano se sentará en el banquillo junto a Pino por intentar introducir información robada en la investigación que se sigue a los Pujol en la Audiencia Nacional. Por eso y por mentir al juez José de la Mata cuando abrió una pieza separada para investigar la maniobra. El juez ha dictado auto de pase a procedimieno abreviado por los delitos de revelación de secretos, fraude procesal y falso testimonio. La acusación particular les pide más de dos años de cárcel.

El club de los 'diezmileuristas'

Díaz Sevillano, Fuentes Gago y otro policía compartían un despacho en la calle Rafael Calvo de Madrid, sede de la Dirección General de la Policía, que mandos policiales describen como la auténtica sede de la policía política. Durante su declaración en la Audiencia Nacional por el pendrive de los Pujol, Díaz Sevillano le dijo al juez que allí guardaban un disco duro externo con las informaciones que les llegaban y que lo destruyeron por orden de Pino.

Condecorados en ese periodo con una medalla pensionada, esta no fue la única recompensa para ambos inspectores jefes. Los dos fueron destinados a embajadas españolas con remuneraciones estratosféricas, convirtiéndose así en miembros del club de diezmileuristas que el comisario Pino creó con sus máximos colaboradores. Fuentes Gago marchó a La Haya como agregado de Interior con una remuneración de 10.000 euros brutos mensuales. Cuando llegó, su mujer, también policía, llevaba meses en otro destino de la Policía española en esa misma ciudad, con un sueldo muy parecido. El destino de su esposa también lo había decidido Eugenio Pino.

Díaz Sevillano, por su parte, fue agraciado con la embajada española en México. Su sueldo bruto, más de 11.000 euros mensuales. El actual equipo de Interior cesó a ambos en una de sus primeras medidas tras el cambio de Gobierno y ahora ocupan destinos burocráticos en el Cuerpo Nacional de Policía.

Cuando el comisario Villarejo fue expulsado de la zona de sombra en la que operaba y su nombre comenzó a frecuentar las crónicas periodísticas, el Ministerio del Interior respondió apartando a los dos comisarios que se atrevieron a investigarlo y elaborando informes que eximían a su “agente encubierto” de cualquier responsabilidad penal o disciplinaria. Tras aflorar el patrimonio millonario del comisario, el ministro de la época, Jorge Fernández Díaz, amigo personal del presidente, Mariano Rajoy, proclamó: “Ha prestado relevantes servicios y, es mi obligación decirlo, en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”.

Desde la publicación de la grabación a Ignacio González a su imputación en el caso del Pequeño Nicolás, este es un repaso por las maniobras del Ministerio del Interior entre 2012 y 2016 por salvar al comisario que colaboraba con María Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP, que fue condecorado por participar en la Operación Catalunya y que participó activamente en el robo de documentación comprometedora para el partido de Mariano Rajoy en el domicilio de Luis Bárcenas cuando este se presentaba como la principal amenaza para el partido en el Gobierno.

1. Los informes de Fuentes Gago: el aval a sus negocios y filtraciones

El 27 de noviembre de 2011, siete días después de que el PP ganara las elecciones generales, los comisarios Villarejo y García Castaño se reunieron con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en una cafetería próxima a la sede del Gobierno madrileño. Villarejo escribió a continuación en una nota interna que el político le había pedido tapar la investigación del origen de su lujoso ático en Estepona (Málaga). González, hoy acusado de graves delitos en la operación Lezo que le han hecho pasar varios meses en prisión, siempre ha asegurado que el comisario intentó chantajearlo.

El 8 de marzo de 2015, un breve extracto de esa conversación fue difundido en varios medios de comunicación con la versión de Villarejo. La publicación no provocó reacción alguna en sus superiores. Solo al día siguiente, cuando El País informó de que el comisario Villarejo acumulaba 12 sociedades por valor de 16 millones de euros, Interior anunció una investigación sobre posibles incompatibilidades del funcionario. Tuvieron que pasar otras 24 horas para que el director de la Policía, Ignacio Cosidó, explicara que la Policía también había abierto una investigación para aclarar el asunto de la grabación.

Siete días después de la publicación del audio, eldiario.es desveló que ambas investigaciones internas habían sido encargadas al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, un policía de menor rango que Villarejo destinado junto a él en la Dirección Adjunta Operativa. Fuentes Gago era jefe de gabinete y mano derecha de Eugenio Pino, el artífice de la brigada política y jefe de investigador e investigado. Las unidades de Asuntos Internos y Régimen Disciplinario fueron apartadas de las pesquisas.

El resultado del trabajo de Fuentes Gago se plasmó en sendos informes en los que se concluía que los negocios del comisario no incurrían en incompatibilidad alguna con su puesto de funcionario y que tampoco había indicios de revelación de secretos porque el audio no estaba en poder de Interior. En la actualidad, Villarejo lleva casi 14 meses en prisión provisional por liderar una organización criminal con la que amasó una fortuna y por blanquear dinero a través de su estructura empresarial. Grabaciones como la que realizó a González han motivado la apertura de siete investigaciones judiciales por ahora.

2. Comisario Barrado: montaje y primera víctima interna

Apenas un mes antes de la publicación de la grabación a Ignacio González, el Ministerio del Interior había recibido un escrito firmado por Elisa Pinto, una prestigiosa dermatóloga de Madrid. La mujer pedía ayuda ante la situación que vivía, el presunto acoso del empresario Javier López Madrid que había denunciado trece veces en la comisaría de Chamartín sin que le hicieran caso. Pinto había sido agredida con arma blanca en dos ocasiones.

Al frente de la comisaría del distrito estaba Jaime Barrado, un comisario veterano de la Policía Judicial. Él asegura que nada supo de las denuncias de la doctora hasta ese momento. Y en primavera de 2015, un confidente vino a hablarle de Villarejo, siempre según su versión: de su supuesta implicación en una trama de blanqueo de ciudadanos indios y del caso Pinto.

El 19 de mayo, Barrado citó a la mujer y le mostró una foto de carnet de Villarejo mezclada entre una decena de hombres similares. Repitió la operación con una foto antigua del comisario. En ambas ocasiones, Pinto señaló sin dudar la que correspondía al hombre que el 10 abril de 2014 la pinchó en el costado en presencia de su hijo de diez años mientras le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. Era Villarejo. Ese día comenzó a torcerse para siempre la carrera de Jaime Barrado.

El policía fue primero destinado desde Chamartín, un distrito de los que tiene mayor renta de la capital, a Carabanchel, mucho más conflictivo. Después, el director de la Policía, Ignacio Cosidó, firmó su suspensión de empleo y sueldo. Dos abogados de la organización de Villarejo se habían presentado en su despacho para tenderle una trampa. De allí se fueron a poner una insólita denuncia a la sede física de la brigada política, unas dependencias junto a la Dirección General de la Policía, al juzgado y al Colegio de Abogados. La Policía ya tenía una coartada para laminar a Barrado.

Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó la decisión administrativa del cese en un auto en el que daba a entender que Barrado podía haber sido víctima de una celada y obligaba a restituirlo en su puesto de Carabanchel, donde permaneció hasta su jubilación. En la investigación interna de la Policía se incluía un informe en el que se acusaba al comisario de “hiperactividad” en el caso de la doctora Pinto. El autor de ese informe fue el entonces inspector jefe Andrés Gómez Gordo, para el que Anticorrupción ha solicitado la imputación en la pieza del caso Villarejo que investiga el espionaje a Bárcenas.

3. Caso Pequeño Nicolás: Interior se decanta en la guerra de comisarios

En junio de 2016 salió a la luz un informe policial de 1.830 páginas que solicitaba la imputación del número dos de la Policía, Eugenio Pino, y de varios colaboradores, todos ellos conocidos a la postre como miembros de la brigada política. También se solicitaba la misma medida para varios periodistas. El motivo: conformar un complot para arruinar la investigación al comisario Villarejo por su implicación en el caso del Pequeño Nicolás.

Los hechos se remontaban a dos años atrás. Los investigadores apuntaban a Villarejo como el cerebro detrás de la grabación de una reunión entre tres policías y dos agentes del CNI encargados de las pesquisas sobre el Pequeño Nicolás. El pasado 27 de noviembre, la jueza propuso juzgar a Villarejo, su mujer y un periodista por grabar de forma remota la conversación y difundirla a los medios de comunicación. La instructora deja fuera al resto de mandos policiales y periodistas.

Con aquella grabación, habían concluido los investigadores, Villarejo y la cúpula del Ministerio del Interior pretendían anular la causa y salvar al comisario, al que el Pequeño Nicolás se refería en unas anotaciones halladas en el registro de su casa. El policía autor del informe era el número dos de Marcelino Martín-Blas, a quien en la policía se le vincula con el PP y jefe de Asuntos Internos en la época de Fernández Díaz.

A pesar de que Martín-Blas y Villarejo dependían directamente del comisario Pino y ambos habían participado, por separado, en la Operación Catalunya, acabaron enfrentados. El origen del choque está la investigación de Martín-Blas al comisario Salamanca, amigo de Villarejo, en la trama Emperador, y la mención en un informe de las actividades de un hijo del agente encubierto.

A pesar de la proximidad a Cosidó de Marcelino Martín-Blas, Interior se decantó por Villarejo y destituyó al otro comisario de su puesto en Asuntos Internos. El juez del Pequeño Nicolás recuperó a Martín-Blas y su equipo para que trabajaran en exclusividad para él, bajo el formato de “comisión judicial”. Así se alumbró el informe que denunciaba el complot para salvar a Villarejo. En él se destacaba la relación directa entre Villarejo y el número dos de Interior, Francisco Martínez, hoy diputado en el Congreso, con el que el comisario hablaba por teléfono frecuentemente.

4. Justificantes para evitar la rueda de reconocimiento en el caso Pinto

La jueza que investiga a López Madrid por el presunto acoso a la doctora Pinto requirió al comisario Villarejo para que participara en una rueda de reconocimiento en sede judicial. De este modo, la mujer podría ratificar la diligencia practicada con fotos en la comisaría de Chamartín. El 16 de julio de 2015, la Dirección de la Policía firmó un escrito en el que excusaba la presencia del policía en el juzgado por estar realizando una misión en el extranjero. La jueza lo intentó otra vez el 3 de septiembre de ese mismo año, pero obtuvo una respuesta similar.

Ambos escritos iban firmados por Miguel Ángel Bayo Herranz, un facultativo no agente encargado de cuestiones tan delicadas como la recogida de fondos reservados en el Ministerio del Interior y su traslado en un maletín a la Dirección Adjunta Operativa de Eugenio Pino. Esos fondos se utilizaron para misiones como la Operación Catalunya, que pretendía desacreditar a los partidos independentistas, o la Operación Kitchen, para tratar de tener vigilada a la familia de Luis Bárcenas y requisar documentación comprometedora del extesorero.

Cuando finalmente participó en la rueda, Villarejo fue identificado por la doctora Pinto como el hombre que la pinchó en el costado en abril de 2014. El comisario jubilado sigue imputado por estos hechos.

5. La maniobra ‘in extremis’: los informes contra la doctora

Antes de esa imputación, la brigada política realizó una última maniobra. En mayo de 2015, la doctora había reconocido en comisaría las fotos de Villarejo. Ese mismo mes, y con el argumento de la queja que había enviado la mujer a Interior, el comisario Pino ordenó que los servicios centrales realizaran una nueva investigación del caso. Entre tanto, se ganó tiempo con los escritos al juzgado diciendo que Villarejo estaba de viaje.

En diciembre de 2015, antes de que llegara una nueva citación, los nuevos investigadores concluían en varios informes que los mensajes amenazantes, la clave del caso de acoso, solo los podía haber escrito la doctora o su entorno. La citación de Villarejo para la rueda de reconocimiento se suspendió y en marzo de 2016, la jueza archivó la causa contra el comisario y López Madrid cuatro días después de que eldiario.es publicara los mensajes de apoyo de los reyes de España al empresario.

Ahora, la Audiencia de Madrid cuestiona uno de los informes utilizados para señalar a la doctora. Los jueces de la Sección 17 piden explicaciones a la Policía de cómo su Sección de Análisis de Conducta elaboró el informe psicológico que señala a la doctora sin haberla siquiera entrevistado. En este caso, la citada Sección se limitó a estudiar dos informes policiales previos incorporados al juzgado. De ahí saca el texto de los mensajes en el teléfono de López Madrid y concluye en nueve folios que tuvo que escribirlos la mujer.

Junio de 2014. Una finca a las afueras de Madrid acoge la celebración de una boda. En una de las mesas, uno de los comensales está visiblemente incómodo. Es Higini Cierco, máximo accionista de la Banca Privada de Andorra. Asiste a la boda de uno de sus subordinados y le han sentado por sorpresa con dos comisarios de Policía, los mismos que desde hace semanas le presionan para que les entregue información sobre las cuentas de los Pujol en su banco.

Este episodio de la Operación Cataluña fue relatado ante la justicia andorrana por el propio Cierco dos años después. Ahora sale a la luz que los Mossos d’Esquadra tenían información sobre lo ocurrido en el convite y que unas anotaciones a lápiz figuran entre los documentos que intentaron destruir en la incineradora de Sant Adriá de Besòs, según desveló este jueves El Periódico.

En esas notas hay un dato desconocido hasta ahora: a la boda asistió el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Según las anotaciones estuvo sentado a la mesa con los comisarios y el banquero. Desde Ciudadanos confirman la asistencia al enlace, pero niegan que se quedara siquiera a la cena y desmienten que Rivera conozca a los policías.

Para entender la escena descrita hay que recurrir a su artífice, el abogado José María Fuster-Fabra, sentado a la misma mesa junto a su esposa y las de los comisarios. Histórico defensor de policías, Fuster-Fabra es la persona que presenta hace años a dos protagonistas de la Operación Cataluña, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago y el exdirector de la Oficina Antifraude Daniel de Alfonso. Fuentes Gago es quien conduce a De Alfonso al despacho de Fernández Díaz. Todos estos extremos son relatados por el propio De Alfonso durante la grabación en el despacho del ministro. El novio en la boda es primo hermano de Fuster-Fabra.

El documento incautado a los Mossos lleva por título “Boda en Madrid de la familia Fuster Fabra”. Y en la misma se dice que estuvieron “Blas, Pino, Cierco, Fuster Fabra y sus mujeres, en la mesa estaba también Albert Rivera”. La anotación alude a Eugenio Pino, quien fuera director adjunto operativo de la Policía y artífice de la policía política de Fernández Díaz, y a Marcelino Martín-Blas, el jefe por aquel entonces de la Unidad de Asuntos Internos, los agentes sobre el terreno de la Operación Cataluña.

Los hermanos Cierco comparecieron el 18 de agosto de 2016 ante la jueza andorrana que les investiga por blanqueo de capitales. Durante su comparecencia, Higini Cierco aprovechó para denunciar presuntas presiones y amenazas de la Policía española para obtener información sobre los depósitos que pudieran tener en el banco Jordi Pujol, Artur Mas, Oriol Junqueras y sus familias.

Según declaró Cierco, los policías españoles les amenazaron con provocar la intervención del banco, investigado por las autoridades estadounidenses ya en ese momento por blanqueo de capitales procedentes de delincuentes de varios puntos del globo.

Higini Cierco admitió ante la jueza haber facilitado a la Policía española información de los fondos de la familia Pujol en el banco que luego fue publicada por el diario El Mundo el 7 de julio de 2014. Veinte días después de la noticia, el expresident de la Generalitat hizo público un comunicado reconociendo haber tenido dinero en el extranjero. El BPA fue finalmente intervenido en marzo de 2015 a raíz de una denuncia de Estados Unidos por actuar como una máquina del blanqueo de capitales de mafias rusas y chinas, entre otras.

“Se puede imaginar aquella mesa, no sabía ni qué decir”

El relato de Cierco incluye cómo una secretaria del BPA recibió presiones desde el teléfono móvil que le entregó un desconocido en un bar o el episodio de la boda. “Se puede imaginar que aquella mesa, que yo no sabía ni lo que decir, cómo se puede imaginar, ni qué hablar ni cómo mirármelo, pues había estado hablando con el señor Martín Blas porque durante el aperitivo, no sé por qué, que me imagino que sí, se quedaron allí conmigo. Lo tuve allí dos horas de aperitivo, dos horas de comida y al final me pude marchar, pero coincidí en aquella mesa con ellos dos que conocían perfectamente la operación, que yo sé que de los documentos que he visto, algunos estamos fotografiados y perseguidos por la policía”, narró Cierco en el Juzgado, según la declaración adelantada por El Español.

A la querella de los Cierco acudió de forma voluntaria el comisario hoy encarcelado por liderar presuntamente una organización criminal José Manuel Villarejo, quien presentó una declaración ante notario en la que asegura ser el autor de varios informes de la Operación Cataluña cuyo contenido demostrarían los hechos que denuncian los Cierco. Esas notas señalan a dos de los tradicionales enemigos de Villarejo, el Centro Nacional de Intigencia (CNI) y el comisario Martín-Blas. También esas notas de Villarejo, condecorado por la Operación Cataluña, estaban en poder de los Mossos, según ha desvelado el asunto de la incineradora.

El informe que la Policía española ha entregado a la Audiencia Nacional concluye que miembros de los Mossos d’Esquadra sometieron a “vigilancia y seguimientos” a políticos contrarios al proceso soberanista “con la intención de poder recopilar información comprometida sobre sus movimientos, encuentros o vínculos en Catalunya, y así poder utilizar esta información en caso de tener que negociar con el Estado español para poder llegar a su objetivo final, que no era otro que la independencia de Catalunya”.

Así describe la Policía española una operación que estaría destinada a contrarrestar el unionismo desarrollada por los Mossos d’Esquadra, sin atribuciones legales para ello y para la que no se habría contado en momento alguno con control judicial. De confirmarse sería una práctica similar a la que desarrolló un grupo de mandos del Cuerpo Nacional de Policía, con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, para atacar el movimiento soberanista, buscando información comprometedora de sus líderes, tal y como desveló eldiario.es en noviembre de 2014.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo está recluido en la cárcel madrileña de Estremera desde hace cinco semanas. Allí lo envió la jueza Carmen Lamela acusado de liderar una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, entre otros delitos. Y desde allí, en una sala habilitada a los efectos, declarará el jueves a las 9 de la mañana ante el titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, en calidad de querellado.

El también comisario jubilado Marcelino Martín-Blas le acusa de un delito de injurias y calumnias. Junto a Martín-Blas, Villarejo encarna todavía la denominada “guerra de comisarios”, un enfrentamiento entre dos de los principales protagonistas de las maniobras policiales en Cataluña durante el periodo de Jorge Fernández-Díaz en el Ministerio del Interior. Fruto de aquel enfrentamiento afloraron las órdenes irregulares recibidas por un grupo de policías para atacar al proceso soberanista con investigaciones de corrupción que no tenían control judicial.

En la querella, Martín-Blas acusa a su antiguo compañero en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía de mentir sobre él en el contenido de varias notas informativas. En las mismas, Villarejo acusa a Martín-Blas de haber dificultado la investigación sobre las actividades presuntamente delictivas de la familia Pujol. El que fuera jefe de Asuntos Internos incluye en la querella a uno de los medios que publicó el contenido de esas notas, elindependiente.com, su empresa editora y dos de sus periodistas.

En una de esas notas, fechada en diciembre de 2014, Villarejo acusa a Martín-Blas de centrarse en los movimientos económicos de los Pujol en las cuentas del BPA a costa de ignorar las que las operaciones de la familia en el Andbank y añade que los indicios existentes apuntaban a que el dinero de la familia estaba en este segundo banco. El comisario jubilado incluye en sus acusaciones al entonces director general de la Policía y protector de Martín-Blas, Ignacio Cosidó.

El enfrentamiento entre Villarejo y Martín-Blas se remonta a los tiempos en que ambos eran personas de confianza de Eugenio Pino, el artífice de la policía política durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Como jefe de Asuntos Internos, la unidad de Martín-Blas vinculó a un hijo de Villarejo y al comisario Carlos Salamanca en una trama policial que beneficiaba a la mafia china de Gao Ping. El hijo de Villarejo nunca estuvo imputado y la causa contra Salamanca, amigo de Villarejo, decayó antes de llegar a juicio.

Sin embargo, el enfrentamiento había empezado y no acabaría ni con la destitución de Martín-Blas al frente de Asuntos Internos, ni con la jubilación de ambos comisarios, ni siquiera con el encarcelamiento del autodenominado “agente encubierto”.

Más allá de la inquina personal, el enfrentamiento entre ambos comisarios hizo que afloraran detalles desconocidos de la Operación Cataluña. El mismo término parte de una declaración en sede judicial de Villarejo, imputado por la grabación ilegal a Martín-Blas, otros policías y dos agentes del CNI que investigaban al Pequeño Nicolás.

La investigación que condujo a la imputación de Villarejo fue dirigida por el propio Martín-Blas al frente de una comisión judicial que ha sido disuelta por orden de la instructora, en un paso previo al previsible archivo de la causa.

En aquella declaración en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Villarejo habló del trabajo conjunto que Martín-Blas y él hicieron en Cataluña y que el primero niega. “Yo investigaba a la familia Pujol y él se encargaba de captar fuentes como el señor éste de las grabaciones del ministro”, le dijo al juez del caso.

Ese “señor de las grabaciones del ministro” es Daniel de Alfonso, exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya e interlocutor de Jorge Fernández Díaz en dos conversaciones que ambos mantienen en su despacho y que publico.es desveló a tres días de las elecciones generales de junio de 2016.

Con traficantes y agresores machistas

Villarejo está recluido desde la noche del domingo, 5 de noviembre, en un módulo especial de la cárcel de Estremera, junto a otros miembros de las Fuerzas de Seguridad, la mayoría condenados por tráfico de drogas o violencia machista. La prisión de Madrid VI-Estremera fue inagurada en julio de 2008, en un acto al que asistió el que después sería uno de sus más conocidos internos, Francisco Granados, por aquel entonces consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.

Granados y Villarejo son amigos y la excarcelación del político hizo que ambos no coincidieran bajo el mismo techo. Con todo, no se hubieran visto. El módulo de los policías está apartado del resto de la vida de la cárcel. El comisario jubilado tampoco ha compartido zonas comunes con Oriol Junqueras y el resto de exconsellers.

En ese módulo le acompaña Carlos Salamanca, jefe de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificación (UCRIF Central), y detenido junto al comisario jubilado en la Operación Tándem. Salamanca fue detenido en su despacho de las dependencias de la Comisaría General de Extranjería en el centro de Madrid.

La prisión incondicional dictada contra ambos y el abogado Rafael Redondo por parte de la jueza Lamela, de guardia el día de sus declaraciones, ha sido confirmada hace tres semanas por el juez que se ha hecho cargo del caso, Diego de Egea, en funciones de apoyo en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

Las defensas de los investigados han recurrido a la Sala de lo Penal y será la Sección Tercera, que preside el magistrado Alfonso Guevara, quien resuelva su situación personal. El magistrado De Egea mantiene secretas las actuaciones a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

La denuncia inicial, procedente de un anónimo, permitió abrir una investigación por un trabajo realizado por una de las empresas de Villarejo dedicada a la “inteligencia” sobre un miembro de la familia Obiang. Según publicó El País, se trataba de buscar trapos sucios de un hijo del dictador y difundirlos a través de medios de comunicación para desacreditarle y anularle en las luchas internas familiares. Fuentes próximas al caso señalan, sin embargo, que desde esa denuncia inicial el caso ha ido creciendo a través de distintas averiguaciones de Anticorrupción y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía.

Además de 180.000 euros en metálico en dos registros, los investigadores se han incautado de abundante material en distintos formatos, también audio y vídeo que está por analizar. En el lujoso chalet de Villarejo en Boadilla del Monte (Madrid), los investigadores encontraron una caja fuerte oculta tras una cómoda. El hallazgo previo de una llave en un maletín facilitó acceder al material que contenía cintas con un título que alude a una personalidad del Estado.

El agente encubierto, como le gustaba describirse, ha grabado continuamente a sus interlocutores, como un seguro ante posibles adversidades o buscando rentabilidad en el futuro. Y así ha quedado de manifiesto en los últimos años, siempre que el policía se ha visto envuelto en polémicas que le afectaban. Empresarios, políticos y miembros de la judicatura que han tenido una estrecha relación con él o que están detrás de encargos ejecutados por el policía permanecen en vilo ante la operación de la Fiscalía Anticorrupción.

Los policías que investigaban al comisario José Manuel Villarejo por grabar presuntamente una reunión de agentes del Cuerpo y otros del CNI en el caso del Pequeño Nicolás han sido apartados por la jueza instructora, Pilar Martínez Gamo. La magistrada ha informado este viernes al jefe del grupo de que se iba de vacaciones y que a la vuelta no iba a necesitar de sus servicios, informaron a eldiario.es fuentes policiales.

La investigación de esa comisión judicial que formaban los agentes posibilitó la imputación del comisario Villarejo, de su esposa y de un periodista que trabajó en la web que ella dirige. El motivo, la grabación y posterior difusión de una reunión celebrada el 20 de octubre de 2014 en la sede policial entre el comisario Marcelino Martín-Blas, otros policías y dos agentes del CNI, en la que se trataba la investigación al Pequeño Nicolás.

Según los investigadores policiales, el periodista habría telefoneado al móvil de Martín-Blas con objeto de activar de forma remota un sistema de grabación, previamente instalado de forma subrepticia en el teléfono del entonces jefe de Asuntos Internos, y lograr grabar la conversación. El audio acabó en algunos medios de comunicación, que interpretaron que los reunidos hablaban sobre cómo “blanquear” unos supuestos pinchazos ilegales al joven investigado, extremo éste no asumido en ningún momento por la jueza o su antecesor, Arturo Zamarriego.

La disolución de la comisión judicial, adelantada este viernes por El País, ha ido acompañada de la petición de la jueza de que los policías redacten un documento final que indexe y ordene todas sus actuaciones en el marco de la causa, precisaron las fuentes consultadas.

Se da la circunstancia de que la comisión judicial, con el inspector Rubén Eladio López al frente, había dado un nuevo impulso al caso en los últimos días con la presentación de dos informes. Uno de ellos hace tres días y otro este mismo viernes. El hecho de que la jueza haya disuelto la comisión sin atender al contenido de esos informes hace presagiar el próximo archivo de la causa, según fuentes jurídicas.

Los agentes de la comisión judicial se han visto sorprendidos por la decisión de la jueza. Esta había recibido recientemente el ofrecimiento de la Dirección de la Policía para que prescindiera de la comisión judicial y ella se había opuesto taxativamente, según la propia jueza había trasladado a los afectados. La magistrada ha adornado la decisión de apartarlos con elogios a su labor y profesionalidad.

El caso sufrió una convulsión cuando el pasado verano la comisión judicial presentó un informe al juez Zamarriego de más de 500 páginas en el que solicitaba varias detenciones, entre ellas las de Villarejo, y otras imputaciones, incluidos periodistas y el entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino.

En el corazón del Ministerio del Interior

Los agentes denunciaban en su escrito la existencia de una red en la cúpula de Interior que intentaba enterrar el caso y con ello, salvar al comisario Villarejo, por entonces todavía en activo y protagonista de la Operación Cataluña, que el Ministerio del Interior había organizado para combatir la ofensiva secesionista.

Precisamente, las maniobras policiales en Cataluña afloraron en el sumario y el comisario Villarejo lanzó un aviso en su declaración como imputado sobre su participación y la de Martín-Blas en una ofensiva sin control judicial que siempre ha negado Interior.

Por aquel entonces estaba al frente de la comisión judicial el comisario Marcelino Martín-Blas, enfrentado con Villarejo a pesar de haber sido ambos protagonistas de esa utilización partidista de la Policía. Martín-Blas se jubiló en abril y al frente de la comisión quedó su segundo, el inspector López.

El fiscal se opuso reiteradamente a las conclusiones de los policías y a las medidas que solicitaban. El juez Zamarriego, finalmente, optó por imputar a Villarejo, su esposa y al periodista. El pasado marzo, Arturo Zamarriego se convirtió en juez de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial y dejó el caso, del que se hizo cargo la magistrada Martínez Gamo, procedente de Toledo.

Durante el tiempo que la jueza lleva al frente de la causa, el fiscal ha insistido una y otra vez a la jueza de que debía apartar a los policías y archivar el caso, según fuentes jurídicas. Uno de los argumentos del fiscal San Román es que Martín-Blas no podía investigar un delito del que había sido víctima, al tratarse de uno de los policías grabados ilegalmente.

El representante del Ministerio Público no recurrió a esa tesis, sin embargo, hasta que el comisario jefe de la comisión judicial presentó el informe solicitando imputaciones y detenciones de la cúpula policial. Por su parte, y una vez jubilado, Martín-Blas ha intentado personarse como perjudicado, lo que la jueza rechazó de plano.

El periodista de eldiario.es Pedro Águeda ha comparecido este martes en el Parlament en calidad de experto en la comisión de investigación sobre la 'Operación Cataluña'. En una intervención de dos horas, Águeda ha descrito una “estructura policial con funciones de inteligencia que la ley no le atribuye” ideada por el antiguo Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, que se encargó de combatir el independentismo y otros rivales políticos del Gobierno, como Podemos.

Formada por policías veteranos “que han atesorado mucha información” y “manejando fondos reservados”, es en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, ha recordado Águeda, donde “nace y se desarrolla” esta estructura paralela dedicada a investigar las preocupaciones políticas del Gobierno, en vez de las amenazas sobre España en materia seguridad.

Águeda, que en noviembre de 2014 publicó por primera vez en eldiario.es la existencia de una unidad secreta de la Policía encargada de buscar información comprometedora sobre políticos independentistas, ha descrito a los diputados los métodos por los que este grupo de policías investigaba de forma prospectiva –algo no permitido por la ley– a rivales del Gobierno sin control judicial.

El periodista ha indicado que los trabajos policiales buscaban “generar titulares en el momento oportuno”, ya fuera a partir de una cuenta falsa de Xavier Trias en Suiza o del denominado informe P.I.S.A. sobre el líder de Podemos, Pablo Iglesias, cuya credibilidad ha sido desmontada por los tribunales. Los policías del entorno de Pino, ha recordado Águeda, han terminado condecorados o en retiros dorados.

Según Águeda, “es de extrañar” que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no conociera los métodos utilizados en la 'Operación Cataluña'. Unas prácticas que tienen “avergonzada” a buena parte del cuerpo de la Policía Nacional, ajena a las prácticas de estos comisarios, ha añadido. Todo ello, sin embargo, no quiere decir que la corrupción no exista.

Así, el periodista de eldiario.es ha contrapuesto los “informes sin sello ni firma” que la policía política con las investigaciones judiciales en curso sobre la corrupción de CDC que cuentan con todas las garantías procesales. En este sentido, Águeda ha recordado que el caso del 3% que investiga el juez de El Vendrell junto a la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción arrancó a raíz de una investigación de una concejala de ERC de Torredembarra (Tarragona).

Preguntado por Matías Alonso (Ciutadans), sobre si había recibido presiones por las informaciones publicadas sobre las maniobras policiales, Águeda ha destacado la “absoluta libertad” con la que ha trabajado estos últimos años gracias a los 20.000 socios de eldiario.es. “Solo he recibido el impulso de mis jefes para trabajar”, ha añadido.

“Queda mucho por saber –ha añadido Águeda–, lo más relevante el gasto de dinero público en información falsa sobre políticos”. Entre las incógnitas de la 'Operación Cataluña' que quedan por desvelar figuran el coste del informe sobre la cuenta falsa de Xavier Trias en Suiza, los políticos que estaban detrás de los informes o si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tuvo conocimiento de lo que ocurría en el ministerio del Interior.

La justicia andorrana ha admitido una querella contra cuatro mandos policiales españoles por supuestas amenazas y extorsión a los antiguos responsables de la Banca Privada de Andora (BPA) en relación con la 'Operación Cataluña'. Así lo han explicado este martes las entidades querellantes, el colectivo de juristas soberanistas, Drets, y el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA).

Los querellados son el responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policia Nacional, el comisario Eugenia Pino; el inspector jefe de la misma unidad, Bonifacio Díaz; el jefe de asuntos internos, Marcelino Martin-Blas; y el agregado del Ministeri del Interior en la embajada de España en Andorra, Celestino Barroso.

La querella se halla ya en fase de instrucción en la Bailía (juzgado) número 2 del Principado. Tanto Drets como el IDHA consideran que los cuatro policías “vulneraron los derechos y libertades” del accionista mayoritario de la Banca Privada de Andorra (BPA), Higini Cierco, así como del consejero delegado del mismo banco Joan Pau Miquel y de la secretaria del consejo de administración, Rosa Castellón.

Según estas entidades los directivos andorranos recibieron en mayo y junio de 2014 “amenazas, coacciones y extorsiones” por parte de los policías para “obtener información de supuestas cuentas bancarias de políticos catalanes independentistas” como el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, el actual vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, o el expresidente Jordi Pujol.

El presidente de Drets, Sergi Blázquez, ha dicho que la 'Operación Cataluña' es “un ataque a los derechos fundamentales y hay que ver quién está detrás”, mientras que la presidenta del IDHA, Elisa Muxella, lo considera un “agravio enorme a la soberanía andorrana” y ha declarado que no se imagina a Andorra “extorsionando personas de España o de Francia”.

Drets relaciona estas supuestas amenazas con la intervención de BPA y de su filial española Banco Madrid y asegura que la policía española “menospreció la soberanía y la independencia” de Andorra, un país con el que España mantiene “acuerdos de amistad y cooperación”.

La crisis de BPA se desató en marzo de 2015 a raíz de una nota del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, remitida al gobierno andorrano, en la que alertaba sobre presuntas actividades ilícitas de la entidad, lo que provocó su intervención por parte de las autoridades andorranas.

De hecho, Higini Cierco y su hermano Ramón están investigados en el juzgado de instrucción 38 de Madrid por un delito de blanqueo de capitales en el Banco Madrid. Además, la defensa de los Pujol considera al máximo accionista de la BPA –la última entidad andorra donde los Pujol ocultaron su fortuna oculta– la persona que aportó la nota manuscrita de Marta Ferrusola sobre “traspasos de misales”, información que no contenía la comisión rogatoria enviada desde el Principado.

Por su lado, los dos hermanos han pedido al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que investigue si hubo un “complot” contra el BPA ante la creencia de que ocultaban información de los Pujol.

El comisario Eugenio Pino y varios de sus colaboradores, mandos que el Gobierno del Partido Popular situó al frente de la Policía entre 2012 y 2016, aún tienen explicaciones que dar en los juzgados. Ya sea desde su situación de jubilación, unos, o viajando desde los privilegiados destinos en embajadas que disfrutan, otros, el grupo de comisarios e inspectores jefe desfilará en las próximas semanas por distintas sedes judiciales en relación con sus maniobras contra la oposición política durante el mandato de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior.

La febril producción de informes contra la oposición se topó en su último tramo con el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. El caso Pujol es la única investigación judicializada de cuantas realizó la policía política y a punto ha estado de echarla a perder. El resto de informes iba destinado a llenar portadas de periódicos y digitales y nunca prosperaba en los tribunales.

En un reciente auto, De la Mata acusaba a los mandos de la Policía de “hacer trampas” y remitía el caso del pendrive con origen sospechoso a un juzgado ordinario de Madrid, proponiendo investigar al exdirector operativo de la Policía Eugenio Pino, jubilado con medalla pensionada, y a uno de sus máximos colaboradores, Bonifacio Díez Sevillano, hoy agregado de Interior en México.

El juez considera que ambos pudieron incurrir en los delitos de prevaricación y/o falso testimonio y fraude procesal al intentar reavivar la investigación a Jordi Pujol Ferrusola y el resto de la familia con información de origen irregular. El juez, además, cree que mintieron en el juzgado cuando les requirió una explicación dentro de una pieza separada destinada a que la causa por corrupción no quedara contaminada por su maniobra.

La Audiencia Nacional aún debe decidir sobre el recurso de varios imputados, entre ellos el principal, Jordi Pujol Ferrusola, en contra del archivo de esa pieza separada.

Apenas 24 horas después del auto de De la Mata, el comisario Pino recibió otra mala noticia. Un juzgado de Madrid admitía la querella por calumnias de Xavier Trias por la entrevista que había concedido a El Mundo en la que, entre otras cosas, insistía en que el exalcalde de Barcelona había tenido una cuenta en un banco suizo, a pesar de que la misma entidad UBS lo desmintió oficialmente y a día de hoy solo hay una causa abierta, contra los periodistas que publicaron esa información. Pino deberá declarar como imputado el 16 de mayo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, Raquel Robles.

La entrevista a Eugenio Pino tuvo una segunda derivada judicial. El exdirector operativo de la Policía confesó que la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) de Asuntos Internos había elaborado informes sobre casos con sentencia firme. Uno de ellos, el caso Faisán sobre un chivatazo policial a ETA con el Gobierno socialista, en pleno proceso de paz.

El juez De la Mata accedió a la petición de la acusación popular, ejercida por Dignidad y Justicia, de reabrir el caso y llamó a declarar a la exjefa de la BARC, la comisaria Núria Mazo, estrecha colaboradora de Pino, y al propio exdirector adjunto operativo. Sin embargo, el Ministerio del Interior encontró ‘in extremis’ el informe del caso Faisán elaborado por la BARC, y anuló la comparecencia de Pino, a la espera de analizar su contenido.

También en un juzgado de Madrid, el número 2, sigue abierta la pieza separada del caso del Pequeño Nicolás que investiga una grabación ilegal a policías y agentes del CNI. En la pieza está imputado el comisario José Manuel Villarejo, que reconoció ante esa misma sede judicial su participación en la denominada Operación Cataluña. Antes de dejar el juzgado rumbo a la Audiencia Provincial, el juez Zamarriego tomó declaración a José Ángel Fuentes Gago, quien fuera jefe de gabinete de Pino y hoy agregado de Interior en La Haya. Zamarriego archivó la causa contra él ese mismo día.

Fuentes Gago, en boca de los diputados

El nombre de Fuentes Gago salió a relucir en varias ocasiones durante las comparecencias en el Congreso del exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz el pasado día 5. De Alfonso identificó a Fuentes Gago como el muñidor de la entrevista entre los dos comparecientes cuyas grabaciones fueron difundidas por publico.es. A preguntas del portavoz socialista, De Alfonso identificó a Fuentes Gago como el policía que le mostró en su teléfono móvil el pantallazo de la falsa cuenta de Trias.

Tanto Pino como Fuentes Gago y otros de los mandos de la policía política podrían escapar del escrutinio parlamentario si el PSOE se mantiene en su postura de no apoyar la comparecencia de mandos policiales, criterio que siguen PP y Ciudadanos.

La investigación de la grabación ilegal en el caso del Pequeño Nicolás, en la que está imputado el comisario Villarejo, ha estado dirigida por el comisario Marcelino Martín-Blas, exjefe de Asuntos Internos y, como tal, otro de los protagonistas de la Operación Cataluña. Los antiguos dueños del banco BPA de Andorra han denunciado a Martín-Blas por coacción y chantaje. Los hermanos Cierco le acusan de exigirles los datos del dinero de los Pujol en la entidad y amenazarles con que de lo contrario recurriría a Estados Unidos para provocar la intervención del BPA por una práctica continuada de blanqueo de capitales. 

Los Cierco también se dirigen contra Díez Sevillano y cuentan con la colaboración del comisario Villarejo, que ha entregado notas informativas elaboradas por él mismo en el que, supuestamente, se da cuenta de la participación de su enemigo Martín-Blas y otros mandos en las presiones a los Cierco. Además de la imputación de estos mandos policiales, la querella podría afectar a la investigación contra los banqueros andorranos.

La defensa del comisario jubilado José Manuel Villarejo ha remitido un escrito al juzgado de instrucción número 2 de Madrid en el que se opone a que el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas pueda abandonar su puesto como presidente de la comisión judicial del caso Nicolay para, de esta forma, pasar a personarse en el proceso como “acusador particular”.

Villarejo alude una vez más a la conocida como 'guerra de comisarios' y a la “reconocidísima enemistad” entre él y Marcelino Martín Blas en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, remitido al juez Arturo Zamarriego, que este martes abandona el juzgado para ocupar una plaza en la Audiencia Provincial de Madrid.

El juez abrió una pieza separada y encargó hace más de dos años a Martín Blas que investigara la grabación en la que este veterano policía conversaba con otros agentes del cuerpo y del CNI sobre las diligencias practicadas durante la detención de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el 'pequeño Nicolás'.

Según Villarejo, la investigación de Martín Blas fue “prospectiva y tendenciosa”. “La solicitud de Marcelino Martín Blas de ser apartado de la comisión judicial hace sonrojar a cualquiera que conozca el devenir de la presente causa”, señala el escrito remitido al juzgado.

“¿Por qué razón hace escasos días ha renunciado Marcelino Martín Blas a presidir la comisión judicial?”, se pregunta la defensa de Villarejo, a lo que contesta a continuación: “Porque le queda menos de un mes para jubilarse como policía y, una vez llegue ese momento, ya no podrá dirigir la comisión judicial”.

“La nueva ocurrencia”, continúa, “ha sido pedir su personación como Acusación Particular, lo cual confirma que está actuando con parcialidad, en su propio interés, y contraviniendo el principio de objetividad e imparcialidad de todo funcionario público”.

La defensa de Villarejo cree que “todas las respuestas que busca” Martín Blas las puede hallar en la causa, destacando como la principal que su teléfono móvil no fue pinchado para grabar la conversación entre él y otros agentes de la Policía y el CNI. “Sería psicológicamente sano que dicho señor superase la fase de la negación y, por fin, aceptase el resultado de la investigación”, precisa.

Martín Blas ha pedido al juez del 'caso pequeño Nicolás' que le aparte de la comisión judicial que él mismo dirige y le permita personarse en el proceso para acusar al ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, además de a su antiguo compañero y también comisario José Manuel Villarejo.

El ex jefe de Asuntos Internos solicitó también la comparecencia como imputados de José Ángel Fuentes Gago, ex jefe de Gabinete del que fue DAO hasta su jubilación en junio de 2016, así como de varios periodistas y responsables de empresas que, según él, forman parte de una organización criminal culpable de la grabación efectuada en octubre de 2014.

El fiscal Alfonso San Román ha cuestionado la parcialidad de la comisión judicial y, el pasado 22 de febrero, pidió que se cerrara la 'guerra de comisarios' entre Martín Blas y Villarejo para, de esta forma, “agilizar” la instrucción que afecta al 'pequeño Nicolás'. Esta tesis la apoya este segundo policía ya jubilado, que solicita que se levante el secreto sobre parte de las actuaciones.

El exjefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín-Blas ha sostenido este viernes en la Audiencia Nacional que nunca vio ni recibió ningún pendrive sobre la investigación de la familia de Jordi Pujol, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

En una comparecencia que ha durado una hora y cuarto, Marcelino Martín Blas ha negado la versión que dio un día antes ante el juez José de la Mata su antiguo superior en la Policía, Eugenio Pino, director adjunto operativo (DAO) hasta su jubilación en junio de 2016.

Según el exjefe de Asuntos Internos, él nunca recibió ninguna información procedente de la agencia de detectives Método 3 de la que se sospecha que surgió la información de la que se sirvió la Policía durante la etapa del exministro Jorge Fernández Díaz para acusar al clan de los Pujol.

Eugenio Pino se remitió ayer al que fuera su subordinado en la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, para desvincularse del pendrive con supuestas pruebas. El exjefe de la 'policía política' bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz defendió que fue Martín-Blas quien le hizo entrega de una memoria usb con pruebas sobre los Pujol en base a las cuales, según desveló el pasado 8 de febrero en una entrevista, ordenó “varias veces” que se detuvieran a los miembros de la familia del expresidente.

Pino dijo que, cuando supo que ese pendrive tenía información sobre un antiguo director del CNI y el hermano de Alfredo Pérez Rubalcaba, ordenó que se hicieran cuatro copias para que se remitieran al centro de inteligencia, a la Policía Judicial, a la Fiscalía y a la brigada encargada de la investigación.

Ante los ataques de Pino hacia su entonces subordinado, el abogado del Estado intervino para preguntarle si estas declaraciones están motivadas por su enemistad con Martín-Blas y si, concretamente, quería imputarle algún delito. Según fuentes presentes en la declaración, el ex DAO negó este extremo reconociendo que, aunque fue su hombre de confianza, ahora “no se llevan muy bien”. Dicho esto, repitió en varias ocasiones que todo este asunto es “un fregado” en el que se ha visto implicado.

Las declaraciones de Pino y Martín-Blas se han llevado a cabo en la misma semana que peritos informáticos de la Policía procedieron al clonado del dispositivo de memoria hallado recientemente por el inspector jefe de la Sección Primera de Blanqueo de la Brigada Central de Blanqueo y Anticorrupción de la Policía Nacional, adscrita a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef).

Se trata del dispositivo de 8G de memoria de la marca Toshiba que se encontró este agente “ordenando los diferentes cajones y armarios de su despacho”. Los expertos de la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) han comprobado que la información de este 'pendrive', que contiene unos 900 registros (casi un centenar de ellos carpetas), guarda relación con un cd que ya fue aportado a la causa.

Dudas sobre el trabajo policial

Este cd fue incluido en el procedimiento como anexo del informe policial que levantó las sospechas del juez y la Fiscalía Anticorrupción sobre una presunta mala praxis en la obtención de pruebas del caso. Fue esta la razón por la que el magistrado abrió una pieza separada, en el marco de la cual declararán los dos altos cargos de la Policía con Fernández Díaz y dos exdetectives de la agencia Método 3.

El ex DAO aseguró ayer que autorizó a su subordinado a que potenciara una colaboración entre el cuerpo y la agencia de detectives Método 3, una empresa de la que tuvieron noticia por primera vez cuando seguían la pista a un funcionario sospechoso de irregularidades y al que se investigaba desde la unidad de Martín Blas.

Las dudas sobre el trabajo policial motivaron la apertura de una pieza separada en la que el juez de la Mata se ha servido también de la denuncia del director de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco. Según la versión de éste, los policías simularon haber accedido a su ordenador personal para obtener unas pruebas, a pesar de que él nunca ha tenido información sobre Pujol.

“Hemos hecho un gran servicio al Estado”. Esta es la conclusión a la que llega el comisario Eugenio Pino (Toledo, 1952) de sus cuatro años y medio al frente de la Policía, como director adjunto operativo hasta su jubilación el pasado verano. Pino, el hombre que eligió el PP para dirigir el Cuerpo, es el máximo responsable policial de las maniobras policiales contra el proceso separatista en Cataluña y contra Podemos.

En una entrevista en El Mundo niega haber montado una “brigada política” y la existencia de la “cloaca policial”. El juez del caso Pujol acaba de citarle para que explique el origen de un pendrive que sus subordinados han intentado incorporar a la causa y que podría haber sido obtenido con métodos irregulares. Este es un repaso a los olvidos, inexactitudes y recados en las respuestas del comisario que puso en marcha la Operación Cataluña.

La 'policía política', un invento. “Eso es falso de toda falsedad y el que diga eso desconoce el funcionamiento de la Administración (…) La brigada política no existe”.

Las cúpulas policiales suelen ser el resultado de los contactos en la Policía del nuevo partido en el Gobierno, lo que suele provocar choques internos a la postre. En la cúpula de Fernández Díaz coincidieron, como DAO, Eugenio Pino, y como comisario general de Información, Enrique Barón, vinculados al PP por diferentes vías.

Pino intentó montar una estructura de inteligencia, una especie de CNI policial, que restaba poder y competencias a Información, la estructura antiterrorista de la Policía. Barón logró evitarlo. Y Pino camufló su grupo de inteligencia en la Dirección Adjunta Operativa, en nuevas estructuras sin competencias claras y convirtiendo la Unidad de Asuntos Internos, que debía investigar solo a policías, en sus agentes sobre el terreno. Su objetivo: el proceso soberanista en Cataluña. Así lo contó eldiario.es en noviembre de 2014.

“De Jorge Fernández Díaz no he recibido nunca ninguna indicación”. Así responde Pino cuando le preguntan por el exministro del Interior. El comisario mantuvo una excelente relación con Fernández Díaz desde el principio y ambos puenteaban al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, con el que el ministro estaba abiertamente enfrentado. A Pino y a Fernández Díaz les une la preocupación por Cataluña hasta convertirse en obsesión, según personas que han trabajado con ellos.

El exministro, enfermo ahora de cáncer, está absolutamente decepcionado con Pino, comenta en privado, y le responsabiliza de los excesos cometidos durante su mandato. El político afirma que los desconocía, o al menos en la magnitud con la que se están revelando en los últimos tiempos. Pino, en la entrevista, dice que ha sido un “magnífico” ministro del Interior.

¿Quiere decir entonces Pino que las órdenes procedían de otros políticos? La actuación del grupo policial antiseparatista provocó roces con el Centro Nacional de Inteligencia, al que la Ley de 2003 sí habilita para investigar amenazas a la integridad del territorio nacional. El CNI depende de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, a quien se enfrentó el grupo de ministros más veteranos del Gobierno y próximos a Rajoy, al que pertenecía Fernández Díaz. Por su parte, el presidente del Gobierno no se relaciona con un director operativo de la Policía, según mandos de distintas épocas en la Policía, ¿Dónde apunta Pino entonces si no es a Moncloa? ¿A los colaboradores políticos de Fernández Díaz en el Ministerio?

Villarejo y el exjefe de Asuntos Internos en la Operación Cataluña. Pino asegura en la entrevista que el papel de ambos en las investigaciones en Cataluña ha sido “tangencial”. Villarejo, jubilado el pasado agosto,  “sólo tiene una participación en el caso de De la Rosa con una relación que desconozco. Nada más”, dice el anterior director adjunto operativo. En el caso de que así fuera, a Villarejo le salió muy rentable esa colaboración puntual. Como desveló eldiario.es, Villarejo fue condecorado en marzo de 2014 con una medalla pensionada por su participación en la Operación Cataluña.

Pero Villarejo no está sólo detrás de la declaración ante la Policía y el juzgado de De la Rosa, quien después se desdijo. Lo que no dice Pino es que Villarejo también participó en la de Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola. Según consta en el sumario, Álvarez declaró ante el juez Pablo Ruz que fue un abogado, Rafael Redondo, quien la recogió en la estación de Atocha y la trasladó a Canillas, el cuartel general del Cuerpo.

Redondo es socio de Villarejo desde hace años. El abogado figura como apoderado de Stuart & McKenzie Spain S.L, de la que fue administrador único el comisario José Manuel Villarejo, cargo que ahora ocupa uno de sus hijos. Al tiempo, Redondo es secretario general de Transparencia y Justicia, una asociación dedicada a personarse en casos mediáticos en los que, en ocasiones, Villarejo tiene alguna implicación, como en el del Pequeño Nicolás.

Además, el propio comisario Villarejo ha admitido su trabajo sobre el terreno en la Operación Cataluña ante el magistrado que le investiga por la grabación ilegal en el caso del Pequeño Nicolás y ha incluido en la misma al exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas, con el que mantiene un duro enfrentamiento. “Durante todo el 2102 estuvimos (el jefe de Asuntos Internos y él) viajando a Barcelona, teniendo reuniones, comiendo, tomando café…”, declaró el comisario jubilado.

El juez Arturo Zamarriego solicitó documentación sobre esos viajes a Interior. En la respuesta, la Dirección General de la Policía asegura que el agente 14.773, el número de identificación de Villarejo, viajó a Barcelona el 16 de octubre de 2012, el 5 de noviembre de ese año y el 10 de diciembre de 2014  “pudiendo existir otros (desplazamientos) que no constan en el servicio al no haber generado gasto”.

Por su parte, el jefe de Asuntos Internos, agente 14.385, lo hizo desde el 26 de abril de 2012 y el 20 de noviembre de 2014, en un total de 16 ocasiones. La proximidad de Martín Blas al PP no le evitó la destitución por su enfrentamiento con Villarejo.  

Esos jueces, “muy garantistas”. Pino revela en la entrevista a El Mundo que dio la orden en varias ocasiones a sus “brigadas” de detener a los Pujol, pero que fue imposible porque los jueces son “muy garantistas”. Añade que ignora el argumento de los magistrados para rechazar los arrestos y añade: “Quizá las pruebas no eran muy consistentes. Cuando tenemos un cadáver, tenemos un cadáver. Pero cuando tenemos una cuenta, una transacción, siempre hay una resistencia”

Un auto del juez Ruz de las Navidades de 2012 resulta hoy premonitorio. Las denuncias de las cuentas de los Pujol en el extranjero le habían sido remitidas por la UDEF, pero el juez consideró que la Audiencia Nacional no era competente porque los datos sobre las actividades de los investigados en el extranjero no estaban suficientemente acreditados. La UDEF le había remitido los datos, escribió el juez, “sin informe alguno de la unidad policial actuante, que tampoco ha practicado gestión alguna para verificarlas”.

Sin embargo, la Fiscalía recurrió y la Sala de lo Penal obligó al juez a abrir una investigación. Los agentes de la UDEF fueron avanzando en sus pesquisas, bajo el control de Ruz, quien abandonó la Audiencia Nacional en abril de 2015, al convocar el Gobierno la plaza que cubría de forma interina.

Le sustituyó José de la Mata, quien se ha visto obligado a abrir una pieza separada para aislar la investigación a los Pujol de los desmanes de la Policía, el último la introducción de un pendrive del que los mandos no aclaran su procedencia. De la Mata teme que pruebas obtenidas de forma irregular puedan provocar que los abogados de la defensa soliciten la nulidad de toda la causa.

La cuenta de Xavier Trias. Dos años después de su publicación en El Mundo, el antiguo jefe operativo de la Policía sigue defendiendo en el mismo periódico que el exalcalde de Barcelona Xavier Trias ocultó una cuenta en Suiza con 12,9 millones de euros.

La única causa judicial abierta en relación con esto, sin embargo, es la que investiga al periódico y a los periodistas firmantes de la noticia, a raíz de una querella de Trias. El banco USB ha desmentido la información y añade que la numeración publicada con el periódico ni siquiera coincide con las de su banco. A pesar de todo ello, Pino afirma: “Seguimos manteniéndolo. Entre otras cosas porque la fuente ya nos había dado cosas buenas. Además, hemos tenido un intercambio muy fructífero con ella y es una fuente de toda credibilidad”.

“La Udef, la Udef, la Udef…” Al tiempo que califica de “tangencial” el papel de Villarejo y Martín Blas en la Operación Cataluña, Pino destaca el papel de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF),  acreditada para actuar con los jueces en la lucha anticorrupción.

“Ha sido siempre la Udef, la Udef, la Udef”, dice Pino. Pero en otro punto, el propio entrevistado desliza la utilización que hizo de la unidad durante su mandato. “Nosotros recibimos la información (de la cuenta de Trias), la UDEF fue muy remisa y acudimos a Suiza”.

¿Quién viajó a Suiza cuando la unidad encargada de luchar contra la corrupción se negó? ¿Cuánto costó ese viaje? ¿Qué funcionarios lo realizaron? De su respuesta trasciende la utilización que de la UDEF se hizo durante su mandato, un instrumento para blanquear la información que le entregaba la 'brigada política' después de obtenerla en informaciones prospectivas. Así ocurrió en el caso Pujol, con los riesgos para el caso citados anteriormente.

Y así se intentó actuar posteriormente con Podemos y el informe PISA. Pero su contenido era tan inconsistente que al final fue Manos Limpias quien acudió al Tribunal Supremo con él. El Alto Tribunal lo despreció después de que el entonces jefe de la UDEF, Manuel Vázquez, se ofreciera a los jueces para explicarles el contenido de un documento que él no se había atrevido a presentar a la Fiscalía o a un juez. Sí lo remitió al Tribunal de Cuentas, con resultado a día de hoy desconocido.

La agresión a la doctora Pinto. Cuando el periodista pregunta a Pino si cree que Villarejo apuñaló a la doctora que le identifica como autor material de la agresión, por orden de Javier López Madrid, Eugenio Pino afirma que es imposible porque Villarejo tiene “problemas de movilidad”. “Si por la noche se pone la capa de Superman…”, ironiza. 

El comisario Villarejo anda algo encorvado por un problema en la espalda, mide entre 1,75 y 1,80 y pesa entre 90 y 100 kilos, según calculan quienes le conocen. El entorno de la doctora Pinto asegura que la doctora pesa alrededor de 50 kilos y no pasa del 1,68. Villarejo nunca ha estado imputado por la agresión que denunció la mujer.

La Dirección General de la Policía ha informado al juez Arturo Zamarriego de que los comisarios José Manuel Villarejo y Marcelino Martín-Blas viajaron a Cataluña por separado y en 19 ocasiones entre octubre de 2012 y noviembre de 2014, “pudiendo existir otros (desplazamientos) que no constan en el servicio al no haber generado gasto”.

En la época de los viajes, Martín-Blas era el jefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía, encargada de investigar las delitos que puedan cometer miembros del Cuerpo. Villarejo, hoy jubilado, estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, en funciones de agente liberado para investigaciones contra el terrorismo y el crimen organizado, según él mismo ha explicado.

Ambos han participado en las maniobras policiales contra el proceso soberanista en Cataluña. Villarejo lo reconoció en su declaración como imputado por una grabación ilegal en la causa del Pequeño Nicolás que se sigue en el juzgado de Zamarriego. Su intervención en sede judicial el 6 julio sirvió para bautizar como “Operación Cataluña” esas maniobras que él defendió, pero que trascienden los cometidos de la Policía y que se desarrollaron sin control judicial.

Villarejo argumentó que su imputación es producto de la “enemistad” que le profesa el principal investigador del caso de la grabación ilegal, Martín-Blas, a pesar de que ambos llegaron a tener una relación “tremendamente intensa”, fruto de esos viajes a Cataluña para investigar a políticos independentistas.

Martín-Blas, por su parte, había negado al juez cualquier sentimiento adverso hacia Villarejo, por lo que el magistrado requirió la documentación a Interior para intentar esclarecer quién dice la verdad. Ambos trabajaban en la época a las órdenes directas de Eugenio Pino, el director adjunto operativo y hombre fuerte de Fernández Díaz en la Policía hasta la jubilación del comisario el pasado verano.

La orden del juez, que preguntaba por los viajes a Cataluña de los dos comisarios entre 2012 y 2014, tiene una derivada. Aunque sin ser su objetivo, se trata de la primera petición de información de un juzgado sobre la Operación Cataluña. En la respuesta, la Dirección General de la Policía asegura que el agente 14.773, el número de identificación de Villarejo, viajó a Barcelona el 16 de octubre de 2012, el 5 de noviembre de ese año y el 10 de diciembre de 2014. Por su parte, el jefe de Asuntos Internos, agente 14.385, lo hizo desde el 26 de abril de 2012 y el 20 de noviembre de 2014, en un total de 16 ocasiones.

Pero según confirma en el escrito la Dirección de la Policía, la información que proporciona afecta solo a los viajes en los que ambos pasaron gastos, esto es, viajaron y/o se alojaron en un hotel. De los tres desplazamientos de Villarejo, dos fueron en tren y estuvo alojado una noche en un establecimiento, justo en el viaje que debió realizar en coche oficial. En el caso de Martin-Blas, quince de los 16 desplazamientos fueron en tren.

La Policía remite un escrito del Servicio de Indemnizaciones (sección de Locomoción), perteneciente a la División Económica y Técnica. El director del Cuerpo, Ignacio Cosidó, se limita a trasladar en otro documento al juez que pudo haber otros viajes de los que no hay constancia porque los comisarios no pasaron dietas.

“Viajamos durante todo 2012”

En su declaración ante el juez, Villarejo dijo: “Durante todo el 2102 estuvimos (Marcelino Martín y él) viajando a Barcelona, teniendo reuniones, comiendo, tomando café... O sea, tuvimos una relación tremendamente intensa”. En la documentación facilitada por Interior, sin embargo, solo aparecen dos viajes por cada uno de ellos y por separado durante el año 2012.

Las investigaciones prospectivas de la Operación Cataluña siempre han sido negadas por el Ministerio del Interior, también cuando eldiario.es publicó en noviembre de 2014 que un grupo secreto de agentes rastreaban datos comprometedores de políticos independentistas y sus entornos. Hoy, la guerra sucia en Cataluña, con la publicación de las conversaciones entre Jorge Fernández Díaz y el exjefe de Antifrau, compromete la renovación del político al frente del Ministerio del Interior. Una comisión de investigación aguarda en el Congreso a Fernández Díaz.

Un momento caliente de la Operación Cataluña son las semanas anteriores a las elecciones autonómicas de 2012, celebradas el 25 de noviembre. El 29 de octubre, Martín-Blas y otro comisario, José Luis Olivera, viajaron a Barcelona para intentar convencer a los fiscales Anticorrupción de que había que registrar la sede de CDC en plena precampaña electoral. Los fiscales despreciaron por inconsistentes los datos que les aportaban los policías y se percataron de que dos agentes que no tenían que ver con la investigación del caso Palau fueran los encargados de trasmitírsela.  

Precisamente, ese viaje a Cataluña está acreditado en la documentación entregada al juez Zamarriego sobre Martín-Blas. La ida y vuelta se realiza en tren y en el mismo día, por lo que no hay gastos de alojamiento en Barcelona.

La reunión provocó una nota oficial del Consejo Fiscal. Interior reaccionó asegurando que Martín-Blas había viajado para explicar a los fiscales la creación de un nuevo grupo en Asuntos Internos, dedicado a recuperar casos que la Policía había perdido por falta de impulso de sus agentes. La presencia de Olivera, hoy candidato a convertirse en número dos de la Policía, se justificaba con el argumento de que conocía a los fiscales de su época al frente de la UDEF.

A preguntas de eldiario.es, fuentes oficiales de la Policía han rechazado explicar el motivo de los viajes porque tienen “carácter reservado”. La estrategia policial contra el soberanismo se ha apoyado en la publicación en determinados medios de dosieres sin firma que se publicaban coincidiendo con motivos álgidos del proceso. Fernández Díaz alude a este hecho en las grabaciones difundidas por publico.es: “Eso sí, los funcionarios de turno, el periodista gacetillero que está siempre por ahí, el amigo del fiscal... Muchas veces, cuando lo publicas, generas una presión mediática que al final haces que cosas que interesan, lo tengan”.

En el caso de Martín-Blas, al acreditarse 16 viajes, se puede constatar que los desplazamientos a Cataluña se intensifican en la segunda mitad de 2013. Viaja en una ocasión en junio, septiembre, octubre y noviembre, y dos en julio. En septiembre de ese año se produjo una de las Diadas más relevantes con la organización de la Vía Catalana. En 2014, y en los meses previos a la consulta del 9-N, el jefe de Asuntos Internos de la Policía viajó, al menos, ocho veces. Una vez al mes, salvo enero, marzo y diciembre.

La defensa del comisario Villarejo se había opuesto a que Interior entregara cualquier dato de sus viajes a Cataluña. No se opuso a la diligencia, según explicó, para no parecer que pretendía entorpecer la investigación de la grabación ilegal, con la que niega cualquier relación, pero después el abogado presentó un escrito de queja. “Esta defensa no alcanza a comprender la utilidad y pertinencia de las diligencias de investigación ordenadas mediante la referida providencia de 11 de julio, las cuales ninguna relación tienen con los hechos que aquí se están investigando: a saber, la supuesta grabación ilegal producida el 20 de octubre de 2014, cómo se produjo y difundió, y su autoría”, decía ese escrito.

Ante el juez Zamarriego, Villarejo había declarado sobre él y Martín Blas: “Hemos comido, hemos viajado juntos… Tenga en cuenta que en el tema de Cataluña yo me encargaba fundamentalmente de investigar delitos, a la familia Pujol, etc, etc… y él se encargaba de apoyar en algunas citas y algunas historias, y en otras de captar fuentes, como el señor éste que ha salido ahora con las grabaciones estas del ministro, que era una fuente que decía él que tal…”.

El regreso de la actividad al Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid tras el periodo estival ha reavivado el desencuentro entre el magistrado Arturo Zamarriego y el fiscal Alfonso San Román. Este último acaba de pedir, por segunda vez, que el instructor aparte de la investigación a los policías que señalan al comisario José Manuel Villarejo y a varios miembros de la cúpula policial de Jorge Fernández Díaz.

San Román alega que el comisario Marcelino Martín-Blas y su equipo no pueden investigar un presunto delito del que han sido “perjudicados” y advierte de que si no se atiende su petición puede producirse la nulidad de las actuaciones. El juez no ha resuelto formalmente la solicitud por ahora y ya ha previsto otra ronda de declaraciones.

Las vacaciones en el juzgado llegaron en un punto álgido de la investigación de la grabación ilegal a los policías y agentes del CNI que investigaban al Pequeño Nicolás. El comisario José Manuel Villarejo relató el 6 de julio al juez detalles de la ‘Operación Cataluña’ que el Ministerio del Interior siempre ha negado, lo que motivó la petición de documentación por parte del instructor al departamento que dirige Jorge Fernández Díaz sobre los viajes a Cataluña del citado policía y Martín-Blas en busca de informaciones que pudieran dañar el proceso soberanista.

Aunque todavía no había trascendido, una semana antes de la declaración de Villarejo, el fiscal San Román había solicitado apartar a Marcelino Martín del caso el 29 de junio, un año después de que el comisario comenzara a investigar a las órdenes directas del juez y en colaboración estrecha con el fiscal. A principios de junio, Marcelino Martín había solicitado la detención de Villarejo y la imputación del entonces número dos de la Policía y artífice de la policía política, Eugenio Pino, entre otros miembros de la cúpula policial y periodistas.

En el informe que lo motivaba también se destacaba el estrecho vínculo entre Villarejo y otro de los comisarios investigados con el número dos de Interior, Francisco Martínez, aspirante a sustituir a Fernández Díaz al frente del departamento.

En un escrito con fecha del pasado martes, al que ha tenido acceso eldiario.es, el fiscal insiste en su petición al juez. “Los perjudicados por un delito no pueden ser, a su vez, los investigadores del mismo delito porque existe la posibilidad de que actúen en su propio interés, vulnerando la debida apariencia de imparcialidad exigible a todos los demás intervinientes en un proceso penal”, escribe San Román.

Martín-Blas es uno de los agentes que aparece en una grabación de más cinco minutos hablando sobre la investigación al Pequeño Nicolás, en octubre de 2014, días antes de la detención del joven. El audio acabó en varios medios de comunicación que destacaban en sus informaciones que los agentes hablaban de “lavar” pinchazos telefónicos, algo que los peritos de la Policía encargados de analizar la cinta niegan que se pueda oír.

La tesis de Marcelino Martín-Blas es que un periodista grabó la conversación activando un dispositivo en su móvil a través de una llamada, previa instalación en el aparato de la tecnología necesaria para ello. Ese periodista trabajaba en una web que dirige la esposa del comisario Villarejo, quien sería el “autor intelectual” de la operación, con el fin de provocar la nulidad de las actuaciones.

Villarejo, por su parte, denuncia que su excompañero en la Operación CataluñaOperación Cataluña quiere implicarle sin pruebas en el caso del presunto estafador. En casa del joven se encontraron anotaciones con el nombre del comisario Villarejo y de una de las falsas identidades que le había autorizado el Ministerio del Interior. Por el momento están imputados en esta pieza el periodista, la mujer de Villarejo y el propio comisario, jubilado recientemente.

“Por otro lado, no está de más recordar las declaraciones de varios testigos y del investigado señor Villarejo sobre la enemistad entre el comisario señor Martín-Blas y el investigado, el propio comisario Señor Villarejo”, añade en su último escrito el fiscal del caso. A continuación recuerda que Martín-Blas fue destituido de su puesto de jefe de la Unidad de Asuntos Internos cuando ya investigaba a Villarejo y que él mismo relaciona el cese con la misma. “Por tanto, pudiera existir enemistad del primero respecto del segundo”, añade.

“Un desbordamiento” de la investigación

A continuación, el fiscal decide justificar su actuación. Dice que desde el principio consideró que había indicios de delito en la grabación, “impulsó su investigación” y añade que ha solicitado la imputación de dos de los investigados (el periodista y la mujer de Villarejo, pero no del comisario). Pero incide en que se está produciendo “un desbordamiento” en las pesquisas que se deberían centrar en conocer al autor de la grabación ilegal y su difusión y a sus colaboradores. Pone como ejemplo el apartado del informe policial denominado “La protección de la Dirección Adjunta Operativa al comisario Villarejo”.

Son hechos, añade, que “nada tienen que ver con la investigación, salvo que se pretenda que la investigación se dirija contra determinadas personas y no sobre hechos concretos, lo que no está permitido en nuestro ordenamiento jurídico”. En el caso de que hubiera indicios de otros delitos, continúa, debería abrirse una nueva causa y enviarse a reparto. El fiscal San Román cierra el escrito con una grave advertencia: “En el caso de que no se atendiera esta petición, de acomodarse la investigación al objeto de la causa, se advierte de que podría producirse la nulidad de las actuaciones”.

El escrito del fiscal lleva fecha de 6 de septiembre. El siguiente movimiento del juez ha sido dictar una providencia en la que cita a declarar como testigos a dos guardias de seguridad de los juzgados que podrían haber presenciado la supuesta coacción de un subordinado de Martín-Blas al Pequeño Nicolás para que implicara a Villarejo. La denuncia de la defensa del joven provocó la apertura de una pieza separada por parte del juez.

Algunas partes personadas en la causa interpretaron un comentario del juez el pasado jueves como el convencimiento del magistrado Zamarriego de que la instrucción finalizará con un auto de pase a procedimiento abreviado, la fase previa a la apertura de juicio oral. Fue durante la toma de declaración de los agentes de la Policía Científica que redactaron el informe pericial incorporado a la causa, a los que subrayó la importancia de su testimonio en vistas al paso a una fase “intermedia” del caso.

Durante la toma de declaración a los agentes de la Policía Científica que redactaron el informe pericial incorporado a la causa, el juez Zamarriego les advirtió de la importancia de su declaración en vistas de una posi

Por otra parte, el juez hizo un comentario el pasado jueves que algunas partes interpretaron como el preludio de un cierre de la instrucción para dictar el pase a procedimiento abreviado, anterior a la apertura de juicio oral.

Para tratarse de la pieza separada de un caso de presunta estafa, el asunto ha llegado a la Fiscalía General del Estado, que ha decidido intervenir públicamente en el asunto. El 21 de julio, el órgano que dirige Consuelo Madrigal hizo público un comunicado dirigido a los medios de comunicación aunque sin citarlos. “La Fiscalía General del Estado apoya íntegramente la actuación del fiscal encargado del caso y pide que se interprete en los estrictos términos de legalidad procesal y de imparcialidad a los que se ajusta”, decía la nota. Al día siguiente, la propia Madrigal decía públicamente que San Román tiene “muy buenas razones que justifican sus razones” para pedir que el juez aparte a los investigadores del caso.

El juez de Madrid Arturo Zamarriego ha solicitado a la Dirección General de la Policía que le informe de los viajes realizados a Cataluña por José Manuel Villarejo y Marcelino Martín Blas-Aranda entre los años 2012 y 2014. Se trata de la primera ocasión en la que un juez requiere al Ministerio el Interior información por escrito de hechos relacionados con las maniobras policiales contra el proceso soberanista, la denominada Operación Cataluña.  

La solicitud de información se produce en el marco de una pieza separada del Pequeño Nicolás, la que investiga una grabación ilegal a un grupo de policías y agentes del CNI en la que está imputado un periodista y el comisario Villarejo. Se produce después de que éste último declarara el pasado 6 de julio ante el juez que trabajó “intensamente” con el comisario Marcelino Martín en las maniobras contra el proceso independentista. Martín Blas-Aranda, por su parte, asegura que ha visto a Villarejo no más de cuatro veces en su vida.

El juez Zamarriego dictó una providencia el pasado 11 de julio, a la que ha tenido acceso ahora eldiario.es, en la que pide a la Dirección General de la Policía “que se faciliten los viajes oficiales que los funcionarios del CNP con carnés profesionales 14.773 y 14.385 realizaron a Cataluña desde el año 2012 hasta el 2014, ambos inclusive, duración y detalles de los mismos”.

El juez pregunta así por la actividad en Cataluña de dos personajes clave en la guerra sucia contra la oposición. Villarejo es el comisario liberado que el director adjunto operativo Eugenio Pino, auténtico artífice de las maniobras policiales en Cataluña y contra Podemos, activó para trabajar fuera de cualquier control judicial. Martín Blas-Aranda, por su parte, es un policía históricamente vinculado al PP que, cuando Jorge Fernández Díaz llegó a Interior, fue enviado a la jefatura de Asuntos Internos. Esta unidad ha sido clave en la investigación sobre el terreno de presuntas corruptelas de políticos independentistas o miembros de sus entornos, de manera prospectiva y sin judicializar.

En el último tramo de su declaración el pasado día 6, Villarejo afirmó: “Hemos comido (Marcelino Martín y él), hemos viajado juntos… Tenga en cuenta que en el tema de Cataluña yo me encargaba fundamentalmente de investigar delitos, a la familia Pujol, etc, etc… y él se encargaba de apoyar en algunas citas y algunas historias, y en otras de captar fuentes, como el señor éste que ha salido ahora con las grabaciones estas del ministro, que era una fuente que decía él que tal…”.

Ante esta afirmación reaccionó la abogada del Estado, personada en la causa del Pequeño Nicolás: “No es por nada, pero el tema de los Pujol ¿no se estaba llevando por la UDEF (la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía que actúa a las órdenes de un juez)?”.

Declaración ante el juez y grabada

Por primera vez, uno de los protagonistas de la Operación Cataluña revelaba detalles de la Operación Cataluña que Interior ha negado durante cuatro años. Y lo hacía en sede judicial, consciente de que su declaración estaba siendo grabada, motivo por el que pidió que la imagen fuera pixelada. Villarejo fue condecorado en marzo de 2014 por su participación en las maniobras policiales en Cataluña, como desveló eldiario.es.

El juez Zamarriego trata de determinar cuál de los dos comisarios dice la verdad. Villarejo asegura que su imputación por la grabación ilegal es fruto de la inquina que le dedica Marcelino Martín. En su relato habla de un principio de la legislatura en la que ambos trabajaban codo con codo en los encargos de Pino para sabotear el proceso soberanista. Y de cómo su relación se rompe cuando el jefe de Asuntos Internos incluye en un sumario sobre corrupción policial y mafia china el nombre de uno de los hijos de Villarejo.

Martín Blas-Aranda, sin embargo, niega tal enfrentamiento e insiste en que su solicitud de imputación para Villarejo -también pidió que lo detuvieran- está basada en una extensa investigación que, entre otros aspectos, incluye la vinculación de Villarejo con el periodista que llama al jefe de Asuntos Internos convirtiendo su móvil en un micro de ambiente. El periodista trabajaba entonces para el medio que dirige la esposa de Villarejo.

Esta pieza separada del Pequeño Nicolás es uno de los frentes que mantiene en vilo a los responsables del Ministerio del Interior como posible vía de escape de los secretos que han escondido desde 2012 . Otro era una posible investigación judicial de las grabaciones a Fernández Díaz, abortada por la Fiscalía General del Estado al concluir que nada de lo que dijo el ministro del Interior en su conversación con el ya exdirector de Antifrau merece ser investigado.  La tercera es la comisión de investigación que el PSOE ha anunciado que va a presentar en la recién constituida Cámara Baja y a la que han expresado su apoyo Podemos y los nacionalistas catalanes.

En la citada providencia, el juez también reclama a la Policía que le informe, “a la mayor brevedad posible”, si el comisario José Manuel Villarejo “se encuentra en el régimen de clases pasivas del Estado y desde qué fecha”, esto es, si se ha jubilado. Así lo afirman fuentes policiales y detallan en su blog los periodistas de Abc Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, aunque el comisario se empeña en negarlo, la última vez en su declaración como imputado ante el juez Zamarriego. 

"El jefe de Asuntos Internos y yo estuvimos viajando a Barcelona todo 2012", explica el agente en su declaración ante el juez

"Yo investigaba a la familia Pujol y él se encargaba de captar fuentes como el señor éste de las grabaciones del ministro", desvela en otro momento

La abogada del Estado, perpleja: "No es por nada, pero el asunto de los Pujol, ¿no lo estaba llevando la UDEF"?

El comisario José Manuel Villarejo llevaba 1 hora y 26 minutos declarando en el juzgado el pasado 6 de julio cuando comenzó a revelar algunos de los aspectos de las maniobras policiales en Cataluña que el Ministerio del Interior ha negado durante los últimos cuatro años. Entre ellos, que él mismo, sin control judicial, investigó a políticos vinculados al proceso soberanista y que la Unidad de Asuntos Internos participó intensamente en esa tarea, a pesar de que las funciones que tiene encomendadas en nada tienen que ver.

Villarejo comparecía como imputado por la grabación ilegal que sufrieron unos agentes de Asuntos Internos y del CNI durante una reunión de la investigación al Pequeño Nicolás. Uno de los agentes grabados fue el jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas-Aranda, al que el juez Zamarriego encargó investigar los hechos. La imputación es fruto de las pesquisas del exjefe de Asuntos Internos, pero el comisario Villarejo se defiende asegurando que es un montaje por el enfrentamiento que ambos mantienen desde hace tiempo.

En ese contexto, y después de un extenso interrogatorio del juez Zamarriego, llega el turno del fiscal del caso, Alfonso San Román. Nueve días antes, San Román había solicitado al magistrado que apartara a Marcelino Martín del caso al considerarle contaminado por ser víctima del delito que se investiga. Para entonces, el comisario Martín llevaba un año investigando y acababa de solicitar la imputación de Villarejo, el entonces número dos de la Policía, Eugenio Pino; otros dos mandos policiales y varios periodistas. El fiscal orienta su interrogatorio a Villarejo para demostrar que existe animadversión del investigador hacia el investigado y le pregunta por la relación entre ambos.

Es entonces cuando, con naturalidad, Villarejo relata: “Durante todo el 2102 estuvimos (Marcelino Martín y él) viajando a Barcelona, teniendo reuniones, comiendo, tomando café... O sea, tuvimos una relación tremendamente intensa”. Martín Blas negó en su declaración ante el juez estar enfrentado a Villarejo, al que asegura no haber visto más de cuatro veces. La imagen de la declaración de Villarejo ha sido pixelada por el juzgado a petición de la defensa del comisario imputado.

¿Qué hace el jefe de Asuntos Internos de la Policía y una suerte de comisario liberado trabajando “intensamente” en Cataluña? En parte fue lo que se debieron preguntar dos fiscales Anticorrupción el 29 de octubre de 2012 cuando Marcelino Martín y el comisario José Luis Olivera viajaron a Barcelona para intentar convencerles de que había que registrar la sede de CDC en plena precampaña de las elecciones autonómicas de 2012, en plena efervescencia del proceso soberanista. Los comisarios presentaron los indicios que habían acumulado en los meses anteriores sin que los fiscales les concedieran valor alguno.

En noviembre de 2014, eldiario.es publicó que un grupo secreto de agentes trabajaba en Cataluña rastreando información comprometedora de políticos independentistas y sus entornos. Eran investigaciones selectivas, sin control judicial, cuyos resultados acababan en algunos medios de comunicación y rara vez en un juzgado. En ese grupo participaban agentes de Asuntos Internos -la unidad que debería encargarse en exclusiva de investigar a policías corruptos- que trabajaban sobre el terreno.

El Ministerio del Interior negó rotundamente que la Dirección Adjunta Operativa, como afirmaba la información, albergara a ese grupo de agentes. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, envió “al psiquiatra” a los convergentes cuando éstos le interpelaron por el tema en el Congreso.

Durante el interrogatorio a Villarejo, la relación entre ambos comisarios es retomada en el turno de la abogada del Estado. Y Villarejo insiste: “Hemos comido, hemos viajado juntos… Tenga en cuenta que en el tema de Cataluña yo me encargaba fundamentalmente de investigar delitos, a la familia Pujol, etc, etc… y él se encargaba de apoyar en algunas citas y algunas historias, y en otras de captar fuentes, como el señor éste que ha salido ahora con las grabaciones estas del ministro, que era una fuente que decía él que tal…”.

En apenas dos frases, Villarejo admite las investigaciones prospectivas y el papel de Asuntos Internos, con agentes desplazados sobre el terreno, siguiendo a políticos y no a policías corruptos. E introduce una cuestión de máxima actualidad, las grabaciones al ministro del Interior en su propio despacho mientras mantiene dos encuentros con Daniel de Alfonso, el que fue hasta el escándalo jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña. Villarejo atribuye la captación del exjefe de Antifrau a su enemigo Marcelino Martín Blas-Aranda, a pesar de que en las grabaciones el aludido asegura que el muñidor del encuentro es el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago.

La naturalidad con la que Villarejo se refiere a esas maniobras policiales sorprende a la abogada del Estado. “No es por nada, pero el tema de los Pujol ¿no se estaba llevando por la UDEF (la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía que actúa a las órdenes de un juez)?”. Villarejo responde: “Se ha judicializado por la UDEF, que son los que están aportando y trabajando la información que nosotros previamente hemos aportado. Aunque le moleste mucho al CNI, la Policía también tiene un estatus de responsables de inteligencia que somos los que nos encargamos de captar información y esa información luego la pasamos, si es judicializable, a las unidades que la trabajan”.

El artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “inmediatamente que los funcionarios de Policía judicial tuvieren conocimiento de un delito público, o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán a la autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención”.

Diversa jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 49/1999, 253/2006 y 197/2009) y del Supremo refuerza esta limitación, prohibiendo que derechos fundamentales “puedan ser objeto de limitación para satisfacer la necesidad genérica de prevenir o descubrir hechos eventualmente sancionables, o para despejar meras sospechas que pudieran albergar los responsables de una investigación”.

El pasado jueves, a última hora de la tarde, la Fiscalía General del Estado anunció que no hay delito en las afirmaciones de Fernández Díaz que delatan la maquinación para perjudicar el proceso soberanista.

Villarejo, “competencia: proceso independentista”

En el sentido opuesto, Marcelino Martín también se había referido a la implicación de Villarejo en la denominada Operación Cataluña. Lo hace en el informe de 572 páginas que entrega al juez y en el que propone la imputación de Villarejo y el resto de mandos policiales. “Cabe reseñar que dicho comisario de Policía, durante la última legislatura, una de las competencias que desempeñaba era el proceso independentista catalán, por lo que conoce a todos los interlocutores perfectamente”.

En otro punto de ese informe, los investigadores hacen “especial mención” a dos llamadas que suman más de veinte minutos entre Villarejo y el número dos de Interior, Francisco Martínez, el día de la detención del Pequeño Nicolás. Una de las llamadas tiene lugar durante el registro de la casa del joven, donde aparecen anotaciones sobre el comisario.

El juez pregunta a Villarejo cómo en tres días se intercambia 53 llamadas con el secretario de Estado de Seguridad, aspirante a suceder al ministro del Interior. Él explica que le reportaba de unas investigaciones sobre terrorismo internacional. En la documentación del sumario se puede comprobar cómo Marcelino Martín también tiene relación directa con el número dos de Interior, al que identifica en su móvil como ‘Paco Bomba’.

La declaración de Villarejo deja otros detalles, como cuando dice que el empresario Javier de la Rosa le pasó informaciones que él ponía en entredicho por su carácter egocéntrico y sus “graves problemas con el alcohol”. Una de ellas, afirmó en la declaración, decía que el Banco de Santander “había financiado a unos iraníes que eran amigos de Cebrián -en referencia a Juan Luis Cebrián, presidente de Prisa”. “Imagínese qué cosas. Algunas de las informaciones que me daba, que alguna resultó buena, yo las ponía muy en entredicho”, le dice al juez.

Massoud Zandi, amigo de Cebrián, regaló al presidente de Prisa un 2% de una petrolera controlada desde un paraíso fiscal, según publicó elconfidencial.com. El País, periódico de Prisa, desveló en marzo de 2015 que el recién jubilado comisario Villarejo acumula un patrimonio millonario, con 12 empresas por valor de 16 millones de euros. Durante el interrogatorio, Villarejo atribuye el origen de esa información a Martín Blas-Aranda.

Las sirenas irrumpen en el silencio de la grabación al minuto de que haya comenzado. A los pocos segundos, otra vez el silencio, solo alterado por el ruido de pasos y el mensaje que recibe un móvil, todo ello a lo lejos. Minutos después, un timbre parece anunciar una llegada. Alguien baja la manilla de una puerta. Murmullo y la puerta que se cierra. Los pasos se oyen cada vez más fuerte, según se acercan al dispositivo de grabación. Las palabras, al principio ininteligibles, ya se escuchan claras: “Oye, ponte donde quieras (…) que el ministro ha llegado ahora del Tribunal Supremo”.

Esto ocurre en los ocho primeros minutos de la grabación realizada al titular de Interior en su propio despacho en octubre de 2014 y difundida hace tres semanas, un acontecimiento inédito en democracia. Veinte días después de que publico.es ofreciera este primer extracto, el Gobierno se limita a repetir que hay una investigación en marcha. El ministro, mientras, se presenta como víctima de una “grabación ilegal” que no denuncia en el juzgado, a la espera de unas pesquisas que no avanzan por la dificultad de indagar en hechos ocurridos hace dos años, se defiende Interior.

Otro de los comisarios de cabecera en las actividades secretas del departamento, José Manuel Villarejo, comparece la semana pasada en un juzgado y menciona la existencia de una “Operación Cataluña”. Por primera vez, un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado admite las maniobras policiales sin control judicial contra la oposición que se han llevado durante el mandato de Mariano Rajoy. Todas legales, eso sí, según un comunicado del abogado de Villarejo emitido una vez desatada la tormenta mediática.

Para conocer qué es esa Operación Cataluña, o al menos una parte de ella, basta con seguir escuchando la grabación de la conversación entre Fernández Díaz y De Alfonso. En definitiva, la prueba de que el Gobierno del Partido Popular ha utilizado a la Policía para atacar a una parte de la oposición política y su iniciativa pacífica conocida como “proceso soberanista”. Primero, Cataluña. Más recientemente, Podemos y su supuesta financiación irregular.

El asunto de la grabación termina por abrir la lata política e informativa, anestesiada durante cuatro años por sospechosos informes recreados siempre en los mismos periódicos, de papel y digitales. eldiario.es publicó en noviembre de 2014 que una unidad secreta de la Policía rastreaba datos comprometedores de políticos independentistas. El Ministerio del Interior lo negó. En Cataluña supuso un escándalo mayúsculo y Jorge Fernández Díaz, desde el hemiciclo, envió al “psiquiatra” a los diputados de CiU que le interrogaron por el asunto. El PSOE dejó que su portavoz en la comisión de Interior hiciera algunas preguntas en el pleno y por escrito que no tuvieron mayor trascendencia.

La Fiscalía y las grabaciones: primer foco del incendio

Tres semanas después de la primera publicación de las grabaciones, la atención se dirige a la Fiscalía General del Estado. Allí acudieron los periodistas con el audio el 30 de junio, después de que unos agentes se presentaran en la redacción de publico.es sin una orden judicial y tuvieran que irse por donde había llegado, con las manos vacías. Mandos de la Policía califican el episodio de “sainete”, abochornados por la utilización política del Cuerpo durante cuatro años y el modo en el que Interior está intentando ahora tapar esas prácticas.

La entrega de las grabaciones en la Fiscalía obliga a ésta a mover ficha. “En los próximos días se tomará una decisión”, afirma un portavoz oficial. Si la Fiscalía General del Estado concluye que solo hay indicios de un delito contra el derecho a la intimidad, no actuará porque se necesita una denuncia del perjudicado o perjudicados. En el caso de que aprecie posible revelación de secretos, abrirá diligencias y, tras una mínima instrucción, pondrá los hechos en conocimiento de un juzgado, que deberá pronunciarse sobre su admisión a trámite. Esta decisión del órgano que dirige Consuelo Madrigal condicionará otras del Ministerio Público, como la Fiscalía de Barcelona, que debe pronunciarse sobre una querella de ERC. Interior se arriesga a perder el control absoluto que mantiene hoy del caso: primer foco del incendio que puede alcanzar al Gobierno.

Segundo incendio: la amenaza parlamentaria

El segundo foco se abrió el pasado jueves en la Carrera de San Jerónimo, sede del Congreso de los Diputados. Según adelantó El Periódico de Cataluña, el PSOE propondrá una comisión de investigación que apoyará Podemos, ERC y CDC. El escándalo de la grabación y el contenido de las afirmaciones de Fernández Díaz, conocidas cuatro días antes del 26J, ni rozaron electoralmente al PP, que creció 13 escaños respecto a diciembre. Pero el reparto del hemiciclo le hace imposible vetar esta comisión.

El escándalo de la grabación es doble. Por una parte, se trata de determinar quién grabó al ministro, si fue con su autorización o no, y quién ha filtrado la grabación dos años después, a cuatro días de las elecciones. Por otra parte, está el contenido. O lo que es lo mismo, la “Operación Cataluña”, esa utilización de la Policía contra la oposición política coincidiendo con el proceso soberanista. De la posible existencia de delito en esas prácticas también deberá pronunciarse la Fiscalía General del Estado.

Sobre quién grabó y quién filtró solo hay especulaciones. Publico.es responsabilizó desde un primer momento a Daniel de Alfonso como el autor de la grabación. Otros medios, citando fuentes policiales, insistieron en los días siguientes en esa tesis aludiendo a unos sonidos recogidos en el audio, unos supuestos roces del dispositivo con lo que podría ser la camisa o la chaqueta del exjefe de Antifrau.

Pero el arranque de la grabación es claro y causa extrañeza entre expertos ajenos a la Policía Nacional que haya pasado desapercibido. El dispositivo de la grabación no está con Daniel de Alfonso cuando empieza a grabar, como acredita el hecho de que se pueda oír al exdirector de Antifraude y al jefe de gabinete del ministro acercándose hasta donde se encuentra ubicado. Cuando ya están junto a él es cuando la conversación se vuelve perfectamente comprensible.

El final de la grabación apunta en la misma dirección. Fernández Díaz parece levantarse y acompañar hacia la salida del despacho a su interlocutor. La voz de ambos se escucha entonces más lejana que durante la conversación ¿Fue grabado el ministro del Interior por sus propios colaboradores? ¿Lo sabía Fernández Díaz?

Tercer incendio: la guerra de los comisarios

Cuando la grabación de Fernández Díaz salió a la luz, las miradas se dirigieron a dos comisarios enfrentados, Marcelino Martín y José Manuel Villarejo. Ambos estuvieron en el corazón de las maniobras en Cataluña y atesoran una profunda fuente de secretos, según coinciden fuentes del Cuerpo, que están convencidos de que hay más grabaciones comprometedoras en poder de ambos. Cualquiera de ellas, añaden, pondría en serios aprietos al aún ministro del Interior en funciones.

La batalla entre los comisarios se dirime en el Juzgado de Instrucción número dos de Madrid. Tercer incendio. Se trata de una pieza separada del caso del Pequeño Nicolás en la que está imputado el comisario Villarejo fruto de las investigaciones de un grupo de policías dirigido por Marcelino Martín.

El vínculo entre esta causa y las maniobras en Cataluña lo establecen sus protagonistas: policía acusador y policía acusado. Marcelino Martín Blas-Aranda y el comisario Villarejo. Martín Blas-Aranda fue jefe de Asuntos Internos con el PP hasta marzo de 2015. La Unidad de Asuntos Internos resulta clave en todas las investigaciones secretas en Cataluña: ponía los agentes sobre el terreno que rastreaban posibles corruptelas de los líderes soberanistas.

Al tiempo, Marcelino Martín era el enlace con el Centro Nacional de Inteligencia. En octubre de 2014, Asuntos Internos y el CNI investigaban a un joven después de una denuncia procedente de la Vicepresidencia del Gobierno. El tal Francisco Nicolás Gómez Iglesias había impostado demasiados papeles, desde agente secreto a enviado de Soraya Sáenz de Santamaría. Y en éstas estaban Asuntos Internos de la Policía y el CNI cuando una reunión entre ambos fue grabada de forma ilegal y filtrada a los medios el 20 de octubre de 2014, el mismo mes de las reuniones publicadas de Fernández Díaz y De Alfonso.

Marcelino Martín Blas-Aranda mantenía desde finales de 2012 un enfrentamiento con Villarejo porque el primero había investigado al hijo y a un amigo íntimo del segundo en el marco de la Operación Emperador, contra la mafia china. A pesar de ser un policía muy próximo al PP, Martín fue destituido en marzo de 2015, cuando el enfrentamiento entre ambos era ya insostenible para el ‘cerebro’ policial contra la oposición política, el director adjunto operativo, recientemente jubilado, Eugenio Pino.

El juez del Pequeño Nicolás, sin embargo, lo recuperó para el caso de la grabación ilegal. Nombró una comisión judicial y puso al frente de ella a Martín Blas-Aranda. Villarejo se queja de que sirvió para azuzar la persecución que su antiguo compañero en las maniobras en Cataluña había emprendido ya contra él. El resultado, en cualquier caso, es un informe de 572 páginas en el que el exjefe de Asuntos Internos pide la imputación de Villarejo, Pino, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago y el mando de la lucha antiterrorista Enrique García Castaño, entre otros. A Villarejo le acusa de grabar la conversación con el CNI y filtrarla. A los demás, de urdir un complot para proteger al comisario de los mil secretos de Interior. La comisión judicial también pide la imputación de un grupo de periodistas próximos a Villarejo, algunos desde hace años.

Uno de los policías sospechosos aparece en la lista con la solicitud de imputaciones y también en la grabación al ministro del Interior. Se trata de José Ángel Fuentes Gago, hoy recompensado con un puesto en La Haya y puente entre Daniel de Alfonso y Fernández Díaz, mano derecha de Pino y mencionado en las grabaciones en varias ocasiones. Ambos interlocutores lo reconocen como muñidor de su encuentro. Fuentes Gago es, a su vez, muy próximo al comisario al que se ha encargado dirigir la investigación de la grabación al ministro, José Santiago Sánchez Aparicio. Ambos fueron dirigentes del Sindicato Profesional de Policía (SPP), que nutre la dirección de la Policía con los gobiernos del PP. A Sánchez Aparicio, máximo responsable de la Policía Judicial, se le ha encargado la investigación a pesar de que se jubila el próximo domingo.

Disparos de advertencia

Y para redondear las preocupaciones del Ministerio del Interior con el caso de la grabación ilegal en el asunto del Pequeño Nicolás hay que mencionar al número dos del departamento. Los investigadores dicen en su informe que les motiva una “especial mención” dos llamadas de Villarejo al móvil del secretario de Estado de Seguridad mientras el joven está detenido y se registra su casa. Primer aviso.

Por el momento, Villarejo ha ido a declarar como imputado por las acusaciones de Martín Blas-Aranda y ha deslizado la existencia de la Operación Cataluña. Segundo aviso. El Español desveló el jueves que ha desaparecido información de la Dirección de la Policía referente a los trabajos del grupo secreto de policías en esa comunidad autónoma.

Para intentar apagar el fuego de ese enfrentamiento, la Fiscalía ha solicitado que se aparte a Martín Blas-Aranda de la investigación a Villarejo y al resto de mandos policiales porque el exjefe de Asuntos Internos es una de las víctimas de la grabación ilegal mientras hablaba con el CNI. El fiscal Alfonso San Román expone ese argumento después de trabajar durante un año con Marcelino Martín, conocedor desde el principio de esta situación. El juez Arturo Zamarriego debe adoptar en los próximos días una decisión. Puede apagar uno de los focos del incendio que amenaza a Fernández Díaz y al Gobierno en funciones. O permitir que Marcelino Martín siga acorralando al comisario Villarejo, el hombre de los mil secretos.