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La fiscal general redobla la presión para apartar a los policías que investigan a la cúpula de Fernández Díaz
La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, se ha pronunciado públicamente este viernes a favor de que el juez Arturo Zamarriego prescinda de un grupo de investigadores, a las órdenes del magistrado, que atribuyen graves delitos a la cúpula policial de Jorge Fernández Díaz.
En línea con el comunicado que difundió ayer la Fiscalía General del Estado, en el que se defiende la actuación del fiscal en la pieza separada del Pequeño Nicolás que investiga a la cúpula policial de Jorge Fernández Díaz, Madrigal ha respaldado públicamente a Alfonso San Román antes de intervenir en un curso de verano en El Escorial. El fiscal Alfonso San Román ha pedido al juez del caso que aparte del mismo a los investigadores que señalan al comisario José Manuel Villarejo y al director operativo en los años de la guerra sucia, Eugenio Pino.
Madrigal ha instado al juez de instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, a que haga caso al fiscal Alfonso San Román ya que, ha dicho literalmente, tiene “muy buenas razones que justifican sus razones”. Este representante del Ministerio Público, en contra del criterio del magistrado, ha pedido que se disuelva la comisión judicial en la que participa el exjefe de Asuntos Internos de la Policía, el comisario Marcelino Martín Blas.
La nota de la Fiscalía General llegó sin que haya habido pronunciamientos políticos sobre la actuación del fiscal del caso, por lo que solo puede referirse a las informaciones sobre las decisiones de Alfonso San Román. “La Fiscalía General del Estado apoya íntegramente la actuación del fiscal encargado del caso y pide que se interprete en los estrictos términos de legalidad procesal y de imparcialidad a los que se ajusta”, dice el escrito.
Como avanzó eldiario.es, el fiscal solicitó al juez el 29 de junio que apartara al comisario Marcelino Martín Blas-Aranda y su equipo de las pesquisas por la grabación ilegal a estos mismos policías y dos agentes del CNI mientras investigaban al Pequeño Nicolás.
La comisión judicial que componen los policías había entregado días antes al juez un informe de 572 páginas en el que pedía la detención de Villarejo como “autor intelectual” de la grabación y de un periodista, antiguo empleado de su esposa, como autor material, así como la imputación del entonces número dos de la Policía, Eugenio Pino, otro dos mandos policiales y un grupo de periodistas. Por el momento, el juez ha tomado declaración como imputado a Villarejo, ha rechazado el resto de peticiones y tiene que decidir sobre la imputación de Gemma Alcalá, directora de informacionsensible.com y esposa de Villarejo.
La Fiscalía General hace referencia a toda la investigación al Pequeño Nicolás, incluida esta pieza separada, y afirma: “Lejos de frenar la investigación, solo pretende garantizar su calidad, pureza e imparcialidad, salvaguardando con ello la eficacia probatoria”. Y añade: “En este sentido velará tambien por la debida aplicación de las normas que regulan la competencia judicial y los supuestos de conexidad delictiva”.
La Abogacía del Estado se ha opuesto a la petición del fiscal de apartar a los investigadores que señalan a la cúpula policial que ha protagonizado la guerra sucia contra el proceso independentista y Podemos. Precisamente, el partido de Pablo Iglesias se acaba de personar en esta pieza separada.
La pieza separada sobre la grabación ilegal en el caso del Pequeño Nicolás trasciende la investigación al presunto estafador. En su declaración como imputado, el comisario Villarejo comenzó a ofrecer detalles de las maniobras policiales en Cataluña y el juez ha solicitado datos a Interior sobre las mismas.
Fernández Díaz
Madrigal también ha sido preguntada por cuestiones que afectan directamente al propio Fernández Díaz como la grabación realizada en su despacho en octubre de 2014 hablando con el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, el magristrado Daniel de Alfonso.
En este sentido, ha dicho que “asume el criterio” de la Fiscalía del Tribunal Supremo que el pasado 14 de julio afirmó que no ve delito alguno en la actuación del ministro, mientras que sí ha remitido la investigación con respecto a De Alfonso a las Fiscalías de Madrid y Barcelona por revelación de secretos y malversación.
Por otro lado, preguntada por las declaraciones del fiscal Pedro Horrach sobre que el ministro Jorge Fernández Díaz debería estar cesado y encausado por las conversaciones con el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, Madrigal simplemente ha contestado: “Libertad de expresión”.
