La memoria colectiva permite que los recuerdos y los acontecimientos nunca se olviden. Sin embargo, a menudo, esos recuerdos dejan de pronunciarse en voz alta. Por miedo, por represión, por el qué dirán, y acaban relegándose al olvido. A lo largo de casi 90 años, muchas historias de personas que fueron asesinadas durante la guerra civil se han ido perdiendo. Otras han permanecido en silencio.

Este es el caso de cinco víctimas de Los Cerralbos, un pequeño pueblo de Toledo. Una madrugada de noviembre de 1936 condujeron a estos cinco hombres hasta un paraje en medio del campo y allí los asesinaron: Pablo, Teodoro, Lucio y dos hermanos, Baldomero y Eulogio.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), a petición de los familiares de las tres primeras víctimas, inició un proyecto con el objetivo de conocer las circunstancias de la muerte de estos tres varones y recuperar sus restos. Realizaron dos incursiones en la zona, una en julio de 2021, donde encontraron varios casquillos de bala, y otra en mayo 2022. Sin embargo, no fueron del todo provechosas. Una nueva fase de excavación tuvo lugar durante dos días en febrero de 2026, pero tampoco ha sido fructífera. Marco González, coordinador del proyecto, asegura que “no encontrar esos cuerpos ha sido durísimo para la familia y para el equipo”.

Las víctimas

Pablo Arrogante Alía, nacido en Lucillos (Toledo) en 1907. En el momento de su detención vivía en la localidad toledana de Los Cerralbos. Según su familia, era Miembro de la Casa del Pueblo y afiliado sindical. Estaba casado y tenía cuatro hijos. Arrogante fue detenido junto a otros seis hombres del pueblo, la noche anterior a su fusilamiento y llevado por la Guardia Civil a Talavera de la Reina. Del grupo de siete solo sobrevivieron dos. Pablo Arrogante tenía 21 años.

Teodoro Dionisio Fernández Fernández, nacido en Los Cerralbos (Toledo) en 1909, era jornalero. Casado y con tres hijos, su familia señala que pudo ser simpatizante de la II República.

Lucio Jiménez Fernández, nacido en 1909 en Los Cerralbos (Toledo). Trabajaba como jornalero y era soltero. Pertenecía a un sindicato y era afiliado a un partido político, aunque no ha trascendido a cuál.

También buscan los restos de Baldomero Díaz Zapata y su hermano Eulogio Díaz Zapata, de los cuales no se conocen más datos, dado que “eran solteros”.

Estos cinco hombres fueron ejecutados de forma extrajudicial aproximadamente el 5 de noviembre de 1936. A través de testimonios de la familia de Teodoro, la ARMH ha conocido parte de este suceso: “Sé por mi abuela, hija de Teodoro, que se fueron a por un cargamento de leña al monte, para calentar sus casas que eran muy pobres. Alguien del pueblo les delató diciendo a la familia rica del pueblo que les estaban robando”. También, esta persona apunta que “a él y a otros cuatro hombres los fusilaron a las afueras del pueblo. Había un sexto, Ángel el maestro, que lo soltaron por pertenecer a buena familia”.

Los inicios del proyecto para encontrar los cuerpos

Marco González, vicepresidente de la ARMH y coordinador del proyecto en Los Cerralbos, explica que el proyecto comienza a raíz de los testimonios de varios familiares de tres de las víctimas -de Pablo, Teodoro y Lucio-. Este paraje “está situado a un kilómetro del pueblo y es la fosa común que se conoce en el propio pueblo”. Sin embargo, a lo largo de las intervenciones han encontrado dificultades.

Además de los propios testimonios familiares, se guiaron a través del libro 'Azulejo: un niño en la gran tormenta', escrito por Francisco Fernández Santos, hijo de Ángel, el maestro que sobrevivió a la matanza. “En él se cuenta cómo matan a esos cinco hombres y los entierran en una finca del maestro de Los Cerralbos, que realmente no era de él, sino de su mujer”, explica Marco González.

Por otro lado, se sirvieron de diferentes investigaciones publicadas durante los primeros años del siglo XXI.

La ubicación del lugar en el que fueron asesinados sigue siendo un misterio. Desde la ARMH, a través de los testimonios recogidos y documentación revisada, creen que sus restos se encuentran en una finca dentro del paraje de 'Los Parrales', a una distancia de un kilómetro del municipio. Dentro de ese paraje, comparando los registros catastrales actuales con imágenes de los vuelos americanos -llevados a cabo en 1946 por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial para cartografiar Europa-, han podido hacerse una mejor idea para acotar el terreno.

Tres incursiones sin resultados

Comenzaron buscando en la parcela que pertenece a la familia de Ángel, el maestro que los franquistas liberaron, en una zona que se denomina 'Las siete olivillas', y que se encuentra en el camino de Lucillos, justo en la margen de un arroyo.

Tras esto, en 2021, realizaron la primera incursión en el terreno. Marco González destaca que llevaron a cabo un rastreo de toda la zona “con detectores de metales” y fue entonces cuando encontraron “casquillos de bala Mauser con marcaje de la época”. Para desbrozar la tierra utilizaron dos máquinas simultáneamente para poder cubrir más terreno. Realizaron zanjas, “durante cinco o seis días”

En 2022 lograron un nuevo testimonio y, con él, nuevas pistas. Marco González detalla que les hablaron “de la finca de enfrente y siempre pegado a un reguero”. Tras conseguir los permisos del propietario para intervenir en una zona donde se había realizado una plantación de pistachos, sin que el propietario pusiera objeción alguna siguieron abriendo zanjas durante “dos o tres días más”, sin llegar a encontrar nada, “ni una pista”.

La familia Arrogante, explica, “siempre escuchó que en los años 60, con la concentración parcelaria, alinearon el reguero porque era como más bajo y no tan recto. Nos centramos en el reguero, pero nada, tampoco aparecieron”, pero se muestra convencido: “Está claro que tienen que estar en esa finca, por los testimonios que hemos recogido”.

Tras esta nueva incursión, González asegura que paralizaron la búsqueda, ya que “se perdían las referencias, pero dijimos que si algún día había un nuevo testimonio que nos pudiera afianzar, volveríamos”. Y así fue.

A finales de 2025 se pusieron en contacto de nuevo con ellos dos familiares de Teodoro Dionisio: su hija y la bisnieta del represaliado, Patricia, para interesarse sobre el caso de su familiar. Querían saber si la búsqueda tendría continuidad.

Los integrantes de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica volvió entonces a realizar un estudio de la zona y se dieron cuenta de que habían dejado “un buen trozo sin cubrir cerca de la zona que habíamos encontrado los casquillos, unos 300 o 400 metros cuadrados”.

En esta tercera búsqueda encontraron “varios casquillos nuevos con marcaje italiano de la época”. Marco González cree que “posiblemente en 2021 estuviesen también pero más profundos”. Es posible que tras haberse labrado la tierra terminasen por salir a la superficie. Trabajaron durante tres jornadas, pero “desgraciadamente no ha habido suerte”.

El problema, tal y como comenta el vicepresidente de esta asociación memorialista, es que la estructura de las parcelas “se desdibujó” como consecuencia de la concentración parcelaria de 1960. “Antes de la concentración la finca tenía cuatro parcelas, pero después se convirtió en una única que debe tener tres o cuatro hectáreas de superficie. Al perder toda referencia, hemos peinado todo el trozo pegado al camino y al reguero, pero ya no sé qué más nos queda”.

Igualmente, en otros documentos que han encontrado de la década de 1950 pudieron confirmar que “hubo traslados al Valle de los Caídos. El gobernador civil de Toledo hizo un listado de fosas comunes. Aparece una con el paraje, el camino y habla de Los Cerralbos y de una fosa con cinco personas, pero no da las coordenadas. Aparece como referencia el Camino de Lucillos, pero no la finca exacta”, expone González.

Otras hipótesis planteadas

Marco González señala que lo que se creía como ubicación popular de la fosa común a través de “la transmisión oral es errónea, al no tener un mapa concreto o unas coordenadas de la finca”, es complicado de determinar.

Ahora barajan la posibilidad de que los cuerpos “estén en unos límites de la finca, porque los asesinos dejaron los cuerpos ahí abandonados y no les dieron sepultura en el cementerio. Luego iban unos mozos del pueblo y los enterraban allí, en campo abierto”.

Otra hipótesis “guiada por la lógica”, apunta, “es que estén en los márgenes o los límites de la finca, pero si abrimos la posibilidad a que estén en otra finca, la de al lado que hay cuatro o cinco y rodean lo que estamos buscando, pues se vuelve infinito”.

La “impresionante” implicación de las familias

Marco González reconoce que esta búsqueda ha sido “tremendamente dura” y que les dio “bastantes problemas”. Primeramente en 2021, porque la incursión se realizó en verano, donde tuvieron que trabajar a más de 40 grados haciendo zanjas: “Las tuvimos que hacer después de que el dueño recogiese la siembra y él nunca puso ningún reparo”, comenta González. En 2022, a pesar de comenzar entre mayo y junio, también “hubo una ola de calor”.

Sin embargo, la intervención más reciente en 2026 la realizaron en febrero, pero “previamente tuvimos que posponerla por los episodios de lluvias e inundaciones”, e igualmente el campo estaba completamente sembrado de trigo “a más de un palmo de altura, pero el propietario nos dijo que sin ningún problema, que pisáramos lo que hiciera falta, que si había que buscar a esa gente había que hacerlo, y nos facilitó muchísimo el trabajo, pues la tierra estaba mucho más blanda”.

A pesar de las inclemencias meteorológicas, Marco González resalta que la mayor dificultad es la información, “la pérdida de referencias”. Asegura que la implicación de las familias es “impresionante”, ya que una de ellas “llevó por su cuenta un georradar y nos marcaron varias zonas donde se veía incidencias en el terreno”. Aunque ellos consideran que “no somos muy creyentes del georradar, la familia se lo ha currado muchísimo y en estos años no se ha quedado de brazos cruzados”.

Si las familias se hubieran visto amparadas una vez murió Franco, si alguien hubiera hecho estas búsquedas... pero nadie lo hizo y las autoridades no estuvieron a la altura

Marco González apunta que la familia que más presente ha estado es la de Teodoro, y es la que “hizo que estuviéramos allí”. Se creó una vinculación muy estrecha: “Comíamos con ellos y todo, es una putada que no hayan salido bien las cosas y tener que decirle a la hija de Teodoro que no ha habido suerte y no hemos encontrado a su padre. Eso mina a las personas mayores, sobre todo porque nunca han tenido una respuesta del Estado”.

A la espera de nuevos testimonios y pistas para seguir buscando

El coordinador del proyecto expone que hablar con la hija de Teodoro y contarle que “no ha aparecido es durísimo, tanto para ella como para el equipo” y reivindica que “si las familias se hubieran visto amparadas una vez murió Franco, si alguien hubiera hecho estas búsquedas... pero nadie lo hizo y las autoridades no estuvieron a la altura”.

El proyecto de intervención en la búsqueda de la fosa de Los Cerralbos ha sido financiado en exclusiva con fondos propios de la ARMH. Forma parte de la política interna de la asociación. “Creemos que tiene que ser el propio Estado con sus medios, no subcontratando empresas para buscar a personas desaparecidas”, expone González.

Por el momento se encuentra paralizado pero no dejarán de intentarlo: “Si hay una pista solvente, si aparece un testimonio de una persona que nos dice 'está en la finca de al lado, ¿cómo no buscasteis ahí?', alguien que quizá tiene 95 años y no vienen al pueblo de hace muchos años... volveríamos”.

No fue hasta 1934 que el cementerio municipal de Boisaca, en Santiago de Compostela, comenzó a recibir cadáveres. Las nuevas instalaciones eran la apuesta del consistorio para higienizar los enterramientos de vecinos, que hasta ese momento ocupaban nichos en Bonaval u otros lugares del centro de la ciudad. No acababa de funcionar: la parcela elegida, al norte, resultaba demasiado húmeda y las quejas de las familias se sucedían. Pero a partir de julio del 36, todo cambió. Los muros de Boisaca se convirtieron en escenario principal del terror fascista y sus fusilamientos. Sus terrenos esconden además una fosa común en la que, por lo menos, yacen 97 víctimas. Será una de las tres que investigue y exhume el grupo Histagra de la Universidade de Santiago de Compostela tras firmar un convenio de 150.000 euros con la Deputación de A Coruña. Los trabajos se ejecutarán durante este 2026.

Las otras dos también se encuentran en cementerios. La de Serantes, en Ferrol, alberga unos 190 asesinados. La de Beira, en Carral (A Coruña), 18. “Trabajar en cementerios es complejo”, explica a elDiario.es el profesor Antonio Míguez Macho, miembro de Histagra y actual decanao de la Facultade de Xeografía e Historia de la universidad compostelana, “porque han sufrido muchas modificaciones a lo largo de los años. Localizar la ubicación exacta de las fosas no resulta fácil”. En el caso de Boisaca, la reconstrucción de lo que allí sucedió se nutre de varias fuentes: la información judicial del bando franquista y la memoria oral principalmente. “Presuponemos que haya más de una fosa, pero no las hemos identificado aún”, dice Míguez Macho.

Lo que sí saben en Histagra es que los cadáveres del lugar eran vecinos de Santiago y de su entorno “en sentido amplio”: Boiro, Ordes, Negreira, Pobra do Caramiñal. La ciudad era cabeza de partido judicial y en ella se dirimían los procesos de los franquistas contra los demócratas. Además, añade Míguez, también depositaron algunos paseados. Sucedió, sobre todo, entre septiembre de 1936 y marzo de 1937. “Los verdugos no solo manejaron cómo se asesinaba”, sostiene, “sino también los espacios de enterramiento”. El régimen jugaba a la confusión, ocultaba los rastros de sus crímenes, dificultaba que las familias honrasen a sus muertos. “La trazabilidad de la fosa de Boisaca es compleja”, afirma sobre un lugar en el que se encuentran, por ejemplo, los restos del Comité de Defensa de la República, conformado por fuerzas políticas y sindicales democráticas después del 18 de julio, prácticamente al completo. Durante la larga noche de piedra de la dictadura hubo también algunas exhumaciones irregulares, clandestinas.

Más obstáculos se interponen en esta excavación. En la década de los 40, el ayuntamiento reformó el cementerio y abrió su gran avenida central, removiendo tierras y tumbas. Y seguían llegando restos de otros cementerios de Santiago -en el 36, reabrió Bonaval, en funcionamiento hasta los 60 y hoy en día un frecuentado parque.

Después de 1977

Existen dos memorias sobre lo ocurrido en Boisaca. A los testimonios orales del 36, recogidos por historiadores locales, hay que sumar una memoria indirecta, la de las personas que en los años 70 se interesaban por lo que había sucedido y preguntaban a sus mayores. “A partir de 1977, empiezan los primeros homenajes a las víctimas”, recuerda Míguez, “y también la instalación de placas en los muros. Pero no son indicativas del lugar exacto de las inhumaciones”.

Con estos materiales diversos y fragmentarios, el equipo de Histagra -ocho personas entre historiadores y arqueólogos, coordinadas por Míguez Macho y el catedrático Lourenzo Fernández Prieto- intentarán reconstruir el sistema represivo, desde los asesinatos hasta los enterramientos, en las fosas de Santiago, Ferrol y Carral. “Buscamos desentrañar la lógica con la que los victimarios manejaron a las víctimas”, señala. Si todo va según lo previsto y las investigaciones se concretan sobre el terreno, habrá una segunda fase: la exhumación completa, el análisis antropológico forense y la identificación génética. “Pero no queremos crear falsas expectativas”, avisa.

Otras 14 fosas excavadas

Las actuaciones, financiadas por la Deputación da Coruña, derivan de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022. A juicio de Míguez Macho, esta norma produjo “un salto cualitativo” en la materia. “El Estado asume como deber dar amparo a los trabajos de exhumación”, explica, “y esto facilita una trazabilidad legal. Desde 2023, la Fiscalía ha nombrado fiscales delegados de derechos humanos que abren diligencias por las excavaciones. Aunque no va a haber un seguimiento penal, afianza el papel del Estado”. El grupo Histagra ya ha estudiado y exhumado otras 14 fosas en Galicia y se encarga, por un acuerdo con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, de la elaboración del censo estatal de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

La fosa de La Lloba, ubicada en el concejo asturiano de Castrillón, podría contener los restos óseos de entre 24 y 28 republicanos que fueron víctimas de la represión franquista. Son las estimaciones del Gobierno de Asturias que este viernes ha anunciado que los trabajos que se están llevando a cabo han permitido localizar los restos de al menos seis personas.

Esta es una noticia que ha devuelto la esperanza a los familiares que se han concentrado para seguir las labores de exhumación. Confían en la posibilidad de recuperar algún resto u objeto de sus seres queridos y reconocen que esta ilusión llega precedida de la gran expectación que levantó el hallazgo, el pasado mes de noviembre, de fragmentos de un cráneo y dos pies con sus botas y clavos en la suela en esta misma fosa.

El anuncio de la confirmación oficial de la localización de los restos de seis personas se ha conocido a través de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, de la que es titular Ovidio Zapico.

El consejero se desplazó esta misma mañana hasta la zona de exhumación, acompañado de la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado; el director del grupo Arqueos de la Universidad de Oviedo, Avelino Gutiérrez González, y familiares de las víctimas.

El trabajo del Grupo Arqueos responde al acuerdo que mantiene la consejería con la Universidad de Oviedo, a través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria.

Explicaciones sobre el terreno

Durante la visita, el responsable del equipo arqueológico ha explicado sobre el terreno los descubrimientos realizados hasta el momento, así como los próximos pasos previstos en la intervención.

Desde la consejería se ha subrayado que este hallazgo supone un avance decisivo respecto a las primeras actuaciones realizadas en noviembre de 2025, cuando se identificaron los primeros indicios de la fosa, incluyendo restos óseos parciales y vestigios que confirmaban la existencia de enterramientos clandestinos en la zona.

Saldar la deuda histórica

Ovidio Zapico ha enmarcado este avance en una deuda histórica de las instituciones con las víctimas de la represión franquista: “Este es un trabajo que tenía que haberse hecho hace muchísimos años. No se hizo y hoy estamos corrigiendo ese abandono desde lo público”, ha explicado.

El consejero ha reivindicado el papel de las asociaciones memorialistas y de familiares, cuyo trabajo durante décadas ha sido clave para impulsar estas actuaciones.

Recoger el testigo

“Las administraciones -ha asegurado- hemos recogido su testigo y hoy lo estamos materializando en políticas públicas que buscan verdad, justicia y reparación”.

El titular de Derechos Ciudadanos ha resaltado especialmente el carácter simbólico y político que representa la localización de estos restos.

Trabajos con financiación pública

“Aquí, hace menos de 90 años, se cometió un crimen. Y hoy el Estado democrático está respondiendo, sacando a la luz lo que durante demasiado tiempo permaneció oculto”, ha expresado bajo la atenta mirada de los familiares.

Estos trabajos, impulsados íntegramente con financiación pública durante la actual legislatura, marcan “un antes y un después” en la política de memoria democrática en Asturias, ha destacado.

Además, ha puesto de manifiesto el trabajo del equipo técnico y la profesionalidad del personal arqueológico y ha asegurado que las labores continuarán en los próximos días tras la autorización del juzgado de Avilés.

Represión en la Quinta de Pedregal

Sin embargo, Ovidio Zapico no se ha limitado a ensalzar la importancia de este hallazgo, sino que ha aprovechado para realizar un llamamiento directo a la ciudadanía: “Es el momento de que las familias den un paso al frente. Puede haber aquí personas desaparecidas cuyos nombres aún no conocemos”, ha añadido.

Por ello, ha incidido en la importancia de tratar de salvar este desconocimiento ya que, según comentó, en este enclave podrían encontrarse víctimas de la Quinta de Pedregal de Avilés.

Recogida de muestras de ADN

El consejero considera que para lograr este objetivo es imprescindible que las familias colaboren para la recogida de muestras de ADN que permitan avanzar en la identificación de los cuerpos.

“Esta es solo la primera parte. Ahora comienza un proceso clave para devolver identidad, dignidad y memoria a quienes fueron asesinados”, ha resumido el titular de Derechos Ciudadanos.

Medio siglo más tarde del fin de la dictadura franquista y casi noventa años desde que se cometieron los asesinatos, el próximo 17 de febrero se realizará el acto de entrega de los restos de Agustín Felipe Labrado Bolonio y Timoteo Higuera Ocaña a sus familias, en la Casa de la Cultura de la localidad de Mesegar de Tajo (Toledo), a las 12:30 horas.

Ambos fueron asesinados el 16 de octubre de 1936 en la localidad toledana, según explican desde la Asociación Manuel Azaña, por “una centuria de falangistas procedente de Las Palmas”. Este acto estaba previsto para el pasado 22 de enero, sin embargo fue aplazado debido al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Primeramente, está prevista una actuación musical por parte de los Juglares del Campo de Montiel. Después intervendrán los diferentes agentes que han hecho posible la exhumación y análisis de los cuerpos encontrados en la fosa común, así como parte de los familiares de Agustín Labrado. Los restos de las víctimas se trasladarán al cementerio local.

La historia de Agustín y Timoteo

El investigador Francisco González comenzó a indagar en la vida de las dos personas que podían coindicir con los cuerpos hallados en una fosa común en la población toledana. Timoteo Higuera era un joven de 17 años. En el archivo municipal de Mesegar de Tajo no había documentación anterior a 1940, pero sí se sabe que su padre era afiliado a UGT y miembro del PSOE. También averiguó que Timoteo era susceptible de ser fusilado a través de documentación de un consejo de guerra.

Agustín Labrado había nacido en Santo Domingo, hoy Santo Domingo-Caudilla, y se asentó en Mesegar de Tajo, donde se casó y tuvo dos hijos. Su padre era afiliado a UGT y había sido teniente alcalde en el Ayuntamiento de Carriches.

Rosa Labrado, nieta de Agustín, contaba a este medio el año pasado que ellos sabían que a su abuelo paterno lo habían matado en la guerra, pero no en qué condiciones: “No sabíamos que lo habían sacado de su casa y lo habían tirado a una cuneta”.

A pesar de ser un tema tabú en su familia, en lo que ella señala que podría ser “un trauma” de su padre que “no hablaba de nada de lo que pasó”, en este municipio toledano era una historia conocida: dos personas habían sido asesinadas y se encontraban en una cuneta a las afueras del pueblo.

Durante el proceso de exhumación, que se llevó a cabo en agosto de 2025, se rescataron restos óseos de dos cadáveres y el posterior estudio de ADN comparativo con los nietos de Agustín Felipe Labrado permitió la identificación de ambos individuos.

En esta exhumación participaron, además, la Dirección General de Atención a las Víctimas (SEMD), así como parte de la asociación Manuel Azaña que tiene su sede en Talavera de la Reina. El Ayuntamiento de Mesegar de Tajo también colaboró en el proceso.

La exhumación de la fosa común Monumento en el cementerio de San Fernando de Sevilla, donde se calcula que puede haber hasta 2.613 represaliados del régimen franquista, se mueve en dos líneas paralelas. Por un lado, las cuatro administraciones (los gobiernos central y andaluz, la Diputación y el Ayuntamiento hispalense) siguen afinando a ritmo pausado los convenios que hagan posible estos trabajos, mientras que por otro las asociaciones memorialistas mantienen su presión sobre el gobierno municipal del PP, que en teoría debe liderar este proyecto y no hace más que defender un “compromiso sincero” del que desconfían estos colectivos.

Buena muestra de estas posturas encontradas ha sido la reciente reunión extraordinaria del Consejo Municipal de Memoria Democrática, forzada por los memorialistas reuniendo los votos necesarios que exige su reglamento, en la que el gobierno de José Luis Sanz (PP) insistió en que no se esconderá llegado el momento. “Este Consistorio siempre va a apoyar que las familias recuperen sus seres queridos, mantiene un compromiso inequívoco con el proyecto y con la parte económica que le corresponda”, aseguraron en este sentido fuentes municipales a Europa Press.

Las entidades (en el Consejo están también sindicatos y partidos políticos) admiten que el primer teniente de alcalde, Juan Bueno (PP), transmitió de manera literal su “sincero compromiso” con la exhumación, pero esto no les termina de convencer. “Los hechos hacen que tengamos que poner en duda estas buenas palabras, que se van a quedar en sólo eso”, lamentan desde la Federación Andaluza de Memoria Democrática.

Propaganda frente a sensibilización

“Muy buenas palabras, pero los hechos son los hechos”, insiste su secretario Juan Cruz, que incide por ejemplo en la renuncia municipal a una subvención directa de 200.000 euros por parte del Ejecutivo central. Esta cuestión fue precisamente la que justificó la sesión extraordinaria del Consejo, en la que el PP alegó “excusas administrativas de plazos inasumibles” para no aceptar estos fondos.

A esto unió su desacuerdo con la obligación de reservar una parte para lo que considera “papelería y propaganda”, que para Cruz consiste en una tarea de “difusión y sensibilización”, porque “la ciudadanía debe saber qué ocurrió aquellos años, que se fusiló a demócratas del gobierno legítimo de la República”. En Monumento, que se habría utilizado entre principios de septiembre de 1936 y finales de enero de 1940, estarían los restos de cargos políticos y representativos de la ciudad y la provincia, funcionarios municipales, los ocho condenados acusados de un complot contra Queipo de Llano o Carmen Díaz, hermana del por entonces secretario general del Partido Comunista.

El Ayuntamiento defendió en esta reunión que se camina a una planificación “mucho más realista”, que asegura se habría consensuado por las administraciones en enero en la primera reunión de la comisión de seguimiento del proyecto. Pero en realidad, lo que defiende como avances ya se habían incluido en el protocolo firmado en junio por las cuatro partes, como la posibilidad de prolongar los trabajos a cuatro años (ya se recoge la opción de 3+1) o la identificación genética y el estudio antropológico.

“Falta voluntad para liderar el proyecto”

Con todo esto, los memorialistas salieron de la reunión convencidos de que al gobierno de José Luis Sanz “le falta voluntad para liderar el proyecto”, algo que –recuerda Cruz– le corresponde como propietario que es del terreno en el que se hará la exhumación. “Está a expensas de lo que hagan las otras administraciones”, y por ello lamentan la resistencia municipal a ofrecer “un compromiso claro o un calendario” para asumir estos trabajos.

Así las cosas, las administraciones siguen trabajando en paralelo en terminar de encajar las piezas, sin renunciar incluso al objetivo inicial de que la exhumación empiece a finales de este año y concluirla así incluso en 2029. Como el Gobierno central ya avanzó una ayuda de 200.000 euros que al final no aceptó el Consistorio, ya no le hace falta firmar un convenio sino que se actualizará el real decreto que recogía esta ayuda para subrayar su compromiso de colaboración y que la financiación está disponible, fórmula que considera más ágil para que así el gobierno local disponga de recursos desde el primer momento.

“Ahora lo que hace falta es que las demás administraciones firmen el convenio (fórmula por la que ellos comprometen sus aportaciones) y que el Ayuntamiento ponga en marcha la licitación de los trabajos”, se apunta en este sentido desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. La Diputación, por su parte, ha resuelto que en cada una de las anualidades previstas (2026/2029) abonará un 25% de lo que le corresponde hasta alcanzar los 500.000 euros que en principio le tocan, porque el montante global se cifra en dos millones de euros. Si se superara esta cifra, la diferencia también se repartirá por igual entre las cuatro instituciones.

Lourdes Herrasti (Aretxabaleta, 1958) es una historiadora y antropóloga que trabaja como investigadora en el Departamento de Antropología de la Asociación de Ciencias Aranzadi, donde desde hace décadas participa en proyectos de exhumación e identificación de personas represaliadas durante la Guerra Civil española en el País Vasco y la dictadura franquista. Además de los hallazgos, el trabajo de Herrasti se basa en realizar análisis antropológicos de los restos encontrados en las excavaciones arqueológicas, que en el caso de Euskadi, gran parte se trata de gudaris o combatientes en la Guerra Civil. Así, con los objetos y restos que encuentra, trata de recabar la historia para poder contársela a la familia cuando trasmite la noticia que llevan toda la vida esperando: la de que han encontrado a su familiar desaparecido. “Es un momento verdaderamente estelar porque eres consciente de que vas a dar una buena noticia, de que por fin van a recibir la noticia que llevan tanto tiempo esperando y, al mismo tiempo, sabes que va a tener una gran carga emocional para ellos. Eso se acaba contagiando y cuando lo transmites sientes su misma emoción”, confiesa la antropóloga.

De esta manera, a través de Aranzadi han desenterrado a más de 5.000 víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Pero también han realizado estudios sobre la violencia de motivación política y decenas de monográficos, históricos y antropológicos, tanto en la época de la memoria histórica (1936-1959) como en la memoria reciente (1960-actualidad), teniendo en cuenta el derecho internacional de los derechos humanos. “Hay que seguir localizando y exhumando las fosas que existan, porque hay familiares que reclaman a las víctimas que están enterradas en ellas y porque consideramos que es un problema de dignidad de aquellas personas que fueron primero asesinadas y después olvidadas y, al mismo tiempo, porque es fomento del conocimiento de lo que ocurrió y, por tanto, de hacer historia a través de estos pequeños hallazgos”, reconoce Herrasti.

¿Cuándo y cómo supo que quería ser antropóloga? ¿En aquella época había más mujeres dedicándose a ello?

Estudié la carrera de Geografía e Historia y me formé como historiadora pese a que mi objetivo era trabajar en arqueología. Lo de dedicarme a la antropología ha sido un poco sobrevenido, porque en los yacimientos arqueológicos encontrábamos restos humanos y tuvimos la posibilidad de analizarlos y así conformar un grupo de análisis conjunto entre varias personas. En mi época no había muchas antropólogas aunque ahora podríamos decir que es un trabajo casi femenino porque hay muchísimas mujeres dedicadas a la antropología, pero en los años 70 u 80 todavía había un número escaso de mujeres.

Ha trabajado en multitud de proyectos de exhumación e identificación de personas represaliadas durante la guerra civil española en el País Vasco y la dictadura franquista. ¿Qué supone para usted?

Comenzamos trabajando con las fosas casi por casualidad, porque nos llamó el arqueólogo territorial de León y su mujer, que es antropóloga, para decirnos que iban a abrir la primera fosa en Priaranza del Bierzo, hace 25 años, y querían que colaborásemos con ellos. Así empezó un tema que nadie esperaba, que es el conocimiento del que existían numerosas fosas clandestinas en el territorio peninsular de España y, que al mismo tiempo, había un gran desconocimiento sobre la represión que tuvo lugar en la Guerra Civil y en la posguerra. En nuestro caso, en el País vasco, hemos creado un grupo que desde el principio, desde el año 2003, ha estado trabajando con apoyo institucional del Gobierno vasco y del Instituto de la Memoria (Gogora) posteriormente y nos hemos dedicado a ello ininterrumpidamente. Normalmente, lo que encontramos son fosas de combatientes porque son las más comunes en la zona. De hecho hay pocas fosas clandestinas en el País Vasco que conozcamos y que persisten, las que había ya no están.

¿Cómo es el momento en el que le dicen a un familiar “lo hemos encontrado”?

Sin duda es un momento muy emocionante cuando comunicamos a los familiares que hemos localizado a la persona que están buscando. Es un momento verdaderamente estelar porque eres consciente de que vas a dar una buena noticia, de que por fin van a recibir la noticia que llevan tanto tiempo esperando y, al mismo tiempo, sabes que va a tener una gran carga emocional para ellos. Eso se acaba contagiando y cuando lo transmites sientes su misma emoción.

¿Por qué es importante seguir haciendo este trabajo pese a las voces contrarias?

Hay que seguir localizando y exhumando las fosas que existan, porque hay familiares que reclaman a las víctimas que están enterradas en ellas y porque consideramos que es un problema de dignidad de aquellas personas que fueron primero asesinadas y después olvidadas y, al mismo tiempo, porque es fomento del conocimiento de lo que ocurrió y, por tanto, de hacer historia a través de estos pequeños hallazgos. Aquellos que se manifiestan en contra de las exhumaciones, en realidad no tienen motivos claros, salvo los exclusivamente políticos o el desconocimiento, porque la búsqueda de las víctimas malenterradas o enterradas clandestinamente no puede perjudicar a nadie. Lo que se trata es de recobrar la memoria de todas ellas y de retornar a los familiares sus restos. Por lo tanto, no hace mal a ninguna persona, se trata de una lucha por los derechos humanos.

¿Qué supuso el descubrimiento de la mano de Irulegi?

Supuso una alegría porque es un hallazgo muy importante de cara a conocer el periodo del siglo I a. C. y el siglo II a.C y conocer también la existencia de la población vascónica y comprobar que tenían un idioma que además sabían escribir. Siempre se había pensado que eran anepígrafos y, sin embargo, ahora tenemos una escritura y se confirma también a través en las monedas. Es un hallazgo que puede ser el primero de otros muchos.

Gran parte de su trabajo se centra en la divulgación. ¿Por qué es importante?

La divulgación es muy importante para conocer la tarea que se está haciendo. Este trabajo no puede ser en ningún caso privado, porque además de la vertiente íntima y privada de los familiares, tiene una vertiente claramente social, política e histórica y, por lo tanto, debe darse a conocer. Es un conocimiento bueno y válido para toda la sociedad. Cuando hablamos de divulgación deberíamos tener en cuenta en todo momento a los jóvenes. A través de los proyectos Escuelas con Memoria [un programa que acerca la memoria histórica a las aulas] que se están llevando a cabo en muchos lugares, muchos jóvenes pueden aprender qué fue lo que pasó, porque muchos de ellos desconocen los hechos y tienen una visión desvirtuada y falsa de ellos.

¿A las nuevas generaciones les interesa la historia y/o antropología? ¿Está habiendo un retroceso en ese sentido?

La historia suele ser vocacional y de madurez, pero eso no quita que muchos jóvenes tengan interés en los hechos históricos. Creo que el tema de la memoria histórica podría ser uno de ellos. En cuanto a la antropología puede llegar a atraer más a los jóvenes después de que las series que ven hayan puesto de moda el tema de la investigación criminal, de los estudios de los restos humanos y del esclarecimiento de asesinatos y crímenes a través de la investigación de esos restos, pero es importante que sea algo conocido por la sociedad en general y no solo por especialistas.

El compromiso político para exhumar la fosa franquista Monumento, la más grande de Sevilla con al menos 2.613 represaliados, ha cogido un nuevo impulso al que el Ayuntamiento de Sevilla (gobernado por el PP) se está sumando a rastras. Y por ello las asociaciones que forman parte del Consejo Municipal de Memoria Democrática van a forzar la celebración de una sesión extraordinaria para que el gobierno de José Luis Sanz explique por qué, a finales de año, renunció a una subvención estatal de 200.000 euros para echar a andar los trabajos. El argumento esgrimido por el Consistorio fue que era “imposible” cumplir con los plazos a los que obligaba esta transferencia.

Con este movimiento, las entidades lo que pretenden es azuzar al PP y que saque el proyecto del letargo en el que lo metió al conquistar la Alcaldía en junio de 2023, una actitud abonada por el nulo entusiasmo que en materia de memoria histórica ha demostrado desde el primer minuto, lo que se ha traducido por ejemplo en la casi eliminación de la oficina especializada y en la liquidación de todo rastro de la web municipal. Una inercia, por cierto, que no han ayudado a mejorar los pactos con Vox para sacar adelante los presupuestos de 2025 y 2026.

En el escrito registrado para reclamar esta sesión extraordinaria, al que ha tenido acceso este periódico, se apunta que la renuncia a la subvención (nominal y finalista) es “un hecho de especial trascendencia”. No sólo eso, ya que también se considera que esta no aceptación de los fondos estatales “no ha sido ni informada ni consultada” con el pleno de este consejo sectorial, cuestión –recuerdan– a la que obliga su propio reglamento.

Convocatoria obligada

Las asociaciones señalan que la convocatoria es obligada cuando la reclaman al menos un cuarto de los vocales, requisito que se cumple de sobra al solicitarla seis asociaciones, tres sindicatos y dos grupos políticos. La propuesta se ha hecho a petición de las asociaciones Memoria Libertad y Cultura Democrática, RMH Manuel Barrios Jiménez y Adriano Antinoo, miembros de la Federación Andaluza de Memoria Democrática. A ella se han adherido Nuestra Memoria, PTE-JGR y Unidad Cívica por la República, además de CCOO, CGT y UGT y los grupos municipales de PSOE y Podemos-IU.

En el escrito, se le exigen explicaciones al regidor por dejar de lado la ayuda estatal, algo que consideran especialmente grave por “la avanzada edad de los familiares de las víctimas y las consecuencias de los constantes retrasos en el inicio de las exhumaciones”. Por ello, reclaman una respuesta sobre unos trabajos en la fosa que consideran “de justicia y reparación”.

El gobierno local, por su parte, ha justificado que no aceptó la subvención (para lo que sólo tenía que mandar su conformidad) porque imponía un plazo a su juicio “imposible” por la tramitación a la que obliga un proyecto de este calibre. Así lo volvió a defender en la primera comisión de seguimiento celebrada recientemente para analizar el cumplimiento del protocolo que en junio suscribieron las cuatro administraciones que, al 25%, financiarán una exhumación cuyo coste no bajará de los dos millones de euros: los gobiernos central y autonómico, la Diputación y el Ayuntamiento.

Empezar a finales de año

Es precisamente el Consistorio el que debe liderar la iniciativa, ya que es propietario del suelo que alberga una fosa que se ubica en el cementerio de San Fernando, a escasos metros de la de Pico Reja, que se terminó de excavar hace ya casi tres años. Pero el gobierno local del PP alega que no dará un paso hasta que se firmen los correspondientes convenios entre las administraciones, por mucho que Ejecutivo central, Junta y Diputación tengan reservados fondos para estos trabajos.

De hecho, el Ayuntamiento hispalense es el único que no ha previsto en las cuentas para 2026 recién aprobadas una partida para hacer frente a la parte que le corresponda, lo que obligará a esperar a 2027 o a una modificación presupuestaria en el presente ejercicio. Esta posibilidad la sacaría adelante sin problemas con el respaldo de PSOE y Podemos-IU, para disgusto de Vox.

El Gobierno central, por su parte, se ha comprometido a reenviar los 200.000 euros rechazados en su momento, mientras que Junta y Diputación tienen partidas reservadas en las cuentas de este año. Así las cosas, y si nada vuelve a torcerse en un camino que está resultando más tortuoso de lo esperado, se confía en rubricar en breve los correspondientes convenios, lo que daría el pistoletazo de salida a una tramitación administrativa con la vista puesta en iniciar el proyecto sobre noviembre. Si eso es así, e insistiendo en que siempre que no haya más tropiezos, podría mantenerse 2029 (a finales, eso sí) como fecha para concluir los trabajos.

El proyecto para abrir la fosa común Monumento en el cementerio de San Fernando, la más grande de la capital con víctimas franquistas, vuelve a desatascarse. Siete meses después de firmar el protocolo, y después de que el Ayuntamiento de Sevilla rechazase fondos estatales para iniciar los trabajos, todo apunta a que por fin el proyecto coge velocidad de crucero, hasta el punto de que se confía en empezar la exhumación a finales del presente año y se mantiene 2029 como fecha para concluir las tareas.

La reconducción del que va a ser proyecto memorialista más importante de Andalucía –los estudios preliminares apuntan a al menos 2.613 víctimas del exterminio franquismo– se ha producido en una comisión de seguimiento celebrada recientemente para analizar un proceso muy ralentizado hasta la fecha. El responsable de impulsarlo es el Ayuntamiento de Sevilla, como responsable que es del terreno, con la ayuda presupuestaria del resto de administraciones.

En esta comisión –la primera que se celebra desde la firma el pasado mes de junio del protocolo de acuerdo– hubo reproches entre los gobiernos central y andaluz, la Diputación de Sevilla y el Consistorio hispalense, aunque hay coincidencia en que se cerró con un tono constructivo y con la renovación de los compromisos. Esto se traducirá en que la financiación se va a ir entregando con el objetivo puesto en poder iniciar los trabajos alrededor del mes de noviembre, de ahí que se tenga confianza en cumplir el objetivo de concluirlos a finales de 2029.

Cálculo de dos millones de inversión

Los que más están remando a favor de acelerar los trámites son el Ejecutivo central y la Diputación, que habían habilitado partidas presupuestarias en 2025 que no llegaron a transferirse ante la lentitud del proceso. Por ello, una de las cuestiones sobre la mesa ha sido fijar un calendario, que ya ha tenido su primer paso en un borrador de convenio (inspirado en el de la fosa de Pico Reja) que la Junta ha remitido al resto de administraciones.

En el mismo debe incluirse la cantidad que debe aportar cada parte, aunque se pondrán más fondos con el requisito siempre de que el total se reparta al 25%. La previsión de partida es que la inversión final rondará los dos millones de euros.

El compromiso es estudiar el documento y devolverlo con las alegaciones que se estimen oportunas en cuestión de días. Una vez consensuado –algo para lo que no se esperan especiales problemas–, sería el momento por fin de firmarlo, lo que a su vez permitirá al Ayuntamiento iniciar la tramitación administrativa para adjudicar el proyecto. Teniendo en cuenta los plazos habituales en estos procedimientos, no se espera que todo esté resuelto y listo para empezar los trabajos hasta finales de año, manteniéndose vigente el plazo de tres anualidades para culminarlo.

Inversiones preparadas, menos la municipal

En la reunión, el Ayuntamiento hispalense defendió que a finales de año no rechazó la ayuda directa de 200.000 euros que tramitó la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, alegando que no pudo aceptarla porque eso implicaba asumir un calendario que consideraba imposible. La cuestión llegó a la última comisión de control al gobierno de José Luis Sanz (PP), que instó al Gobierno central a transferir esta subvención durante el presente ejercicio.

A ello se ha comprometido el Ejecutivo central, que aprobará un nuevo real decreto para hacer llegar de nuevo estos 200.000 euros con cargo al presupuesto de 2026. La Junta asegura que sacará su parte de la partida de memoria democrática incluida en las cuentas de este año, mientras que la Diputación lleva tres años reservando una cantidad para este proyecto, que de nuevo ha incluido en el de este ejercicio.

El Consistorio sevillano es el único que no ha previsto ninguna cantidad para este ejercicio, y no parece que vaya a hacerlo por lo tarde que se van a iniciar los trabajos y el hecho de que para arrancarlos contará con fondos que le llegarán del resto de administraciones. De cumplirse esta previsión, y salvo modificación presupuestaria, no incluiría partida alguna hasta al menos 2027, cuando por cierto el PP tendrá más difícil sacar adelante el presupuesto municipal al ser año electoral y gobernar en minoría.

Buena voluntad, pero se va tarde

El compromiso de todas las partes es que a partir de ahora la tramitación tiene que ser ágil y rápida, lo que en buena parte queda en manos municipales al ser el responsable del posterior procedimiento de licitación de las obras. La sensación en la comisión de seguimiento fue de buena voluntad, con una actitud incluso constructiva por parte del Consistorio pese a que el PP ha laminado todo lo relacionado con memoria histórica, minimizando la oficina especializada y liquidando todo rastro de la web municipal.

En Monumento se calcula que pueden estar sepultadas 7.440 personas, de las que 2.613 serían víctimas de la represión franquista. Esta cifra la deja cerca de las 2.800 personas cuyos restos se encontraron en la fosa del cementerio de San Rafael, en Málaga, la que está considerada como la más grande de España hasta la fecha.

La fossa comuna número 22 del cementeri de Paterna tindrà un mausoleu i un espai funerari específic per a acollir de manera digna les restes de les persones represaliades pel franquisme que hi ha enterrades. La Diputació de València, a través de l’àrea de Memòria Democràtica, ha aprovat una subvenció directa de 75.701,30 euros per a fer possible aquesta actuació, impulsada per l’Associació de familiars de víctimes del franquisme de la fossa comuna 22 de Paterna.

El projecte preveu la construcció d’un monument memorial en superfície, acompanyat d’un espai subterrani –un hipogeu– destinat a acollir les restes humanes recuperades de la fossa. Aquest espai permetrà garantir-ne la conservació, la identificació i l’enterrament digne, a més d’oferir un lloc estable de record i recolliment per a les famílies. La intervenció es desenvoluparà en el mateix cementeri de Paterna, un dels enclavaments més significatius de la repressió franquista a la Comunitat Valenciana.

La vicepresidenta primera de la Diputació i responsable de l’Àrea de Memòria Democràtica, Natàlia Enguix, ha subratllat que aquesta actuació suposa un avanç en la recuperació de la dignitat de les víctimes i en el reconeixement institucional d’una memòria silenciada durant dècades. Segons ha assenyalat, els espais de memòria compleixen una doble funció: reparadora per a les famílies i pedagògica i democràtica per al conjunt de la societat.

Enguix ha destacat també que la construcció del mausoleu s’emmarca en una línia de treball continuada de la Diputació de València per a fer costat a les associacions de familiars i als municipis en les tasques de localització, exhumació i identificació de persones represaliades. En aquest sentit, ha remarcat la responsabilitat de les administracions públiques de garantir que aquests processos es desenvolupen amb rigor, respecte i suport institucional.

L’actuació en la fossa 22 de Paterna se suma a una política més àmplia en matèria de memòria democràtica. La Diputació ha consolidat un pressupost global de dos milions d’euros destinat a aquest àmbit, que inclou accions de divulgació i sensibilització, subvencions a ajuntaments i ajudes directes per a intervencions relacionades amb fosses comunes, exhumacions i identificació de víctimes. Un esforç que, segons la institució, permet abordar la memòria democràtica des d’una perspectiva integral basada en la investigació, la reparació i la transmissió de valors democràtics.

La fosa común número 22 del cementerio de Paterna contará con un mausoleo y un espacio funerario específico para acoger de forma digna los restos de las personas represaliadas por el franquismo allí enterradas. La Diputació de València, a través del área de Memoria Democrática, ha aprobado una subvención directa de 75.701,30 euros para hacer posible esta actuación, impulsada por la Associació de familiars de víctimes del franquisme de la fossa comuna 22 de Paterna.

El proyecto contempla la construcción de un monumento memorial en superficie, acompañado de un espacio subterráneo —un hipogeo— destinado a albergar los restos humanos recuperados de la fosa. Este espacio permitirá garantizar su conservación, identificación y enterramiento digno, además de ofrecer un lugar estable de recuerdo y recogimiento para las familias. La intervención se desarrollará en el propio cementerio de Paterna, uno de los enclaves más significativos de la represión franquista en la Comunitat Valenciana.

La vicepresidenta primera de la Diputación y responsable del área de Memoria Democrática, Natàlia Enguix, ha subrayado que esta actuación supone un avance en la recuperación de la dignidad de las víctimas y en el reconocimiento institucional de una memoria silenciada durante décadas. Según ha señalado, los espacios de memoria cumplen una doble función: reparadora para las familias y pedagógica y democrática para el conjunto de la sociedad.

Enguix ha destacado también que la construcción del mausoleo se enmarca en una línea de trabajo continuada de la Diputació de València para apoyar a las asociaciones de familiares y a los municipios en las tareas de localización, exhumación e identificación de personas represaliadas. En este sentido, ha remarcado la responsabilidad de las administraciones públicas de garantizar que estos procesos se desarrollen con rigor, respeto y respaldo institucional.

La actuación en la fosa 22 de Paterna se suma a una política más amplia en materia de memoria democrática. La Diputación ha consolidado un presupuesto global de dos millones de euros destinado a este ámbito, que incluye acciones de divulgación y sensibilización, subvenciones a ayuntamientos y ayudas directas para intervenciones relacionadas con fosas comunes, exhumaciones e identificación de víctimas. Un esfuerzo que, según la institución, permite abordar la memoria democrática desde una perspectiva integral basada en la investigación, la reparación y la transmisión de valores democráticos.

El Ayuntamiento del PP en Sevilla ha paralizado de facto la recepción de la ayuda de 200.000 euros concedida por el Gobierno central para el proyecto de exhumación de la fosa Monumento del cementerio de San Fernando, el mayor enterramiento colectivo con víctimas del franquismo pendiente de abrir en Sevilla.

Según ha podido saber este periódico de fuentes conocedoras del proceso, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática activó todos los trámites necesarios para hacer efectiva la subvención antes del cierre del presente ejercicio económico, pero el Consistorio hispalense no ha presentado la aceptación requerida, condicionando ese paso a la firma de un convenio con la Junta de Andalucía y la Diputación provincial, pese a contar desde el mes de junio con el protocolo marco suscrito por todas las administraciones implicadas.

Con ese dinero público ya aprobado y con el consenso institucional existente, el gobierno de José Luis Sanz podría haber ido avanzando en los trabajos de exhumación, ya que es el Ayuntamiento quien debe desarrollar el proyecto de actuación al ser propietario del terreno. Sin embargo, la falta de iniciativa del gobierno local del PP mantiene estancado un proyecto que debería estar concluido en 2029, de acuerdo con el calendario fijado en el protocolo firmado por el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación y el propio Consistorio hispalense.

La Federación Andaluza de Memoria Democrática ha criticado duramente la decisión del Ayuntamiento de Sevilla de no aceptar la ayuda estatal para la exhumación de la fosa Monumento, entendiendo que supone “un incumplimiento flagrante del protocolo firmado para llevar a cabo los trabajos de exhumación e identificación” de las víctimas y, por extensión, “un incumplimiento consciente de la legislación vigente en materia de memoria democrática, que obliga a las administraciones públicas a garantizar los derechos de verdad, justicia y reparación”.

Todo ello en un contexto en el que el alcalde, José Luis Sanz, acaba de reeditar su alianza con Vox para sacar adelante el presupuesto municipal, después de borrar toda mención a memoria histórica en la web municipal durante su mandato y de dejar su Oficina de Memoria al borde de la liquidación al abrirla sólo dos veces al mes. Este periódico ha consultado al Ayuntamiento de Sevilla sobre la aceptación de la ayuda estatal, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento.

A ojos de la federación memorialista, el bloqueo institucional de la ayuda por parte del PP en el gobierno local responde a un “acto de insumisión” y de “concesión a sus socios de extrema derecha”, con quienes acaban de sellar un nuevo pacto presupuestario para aprobar las cuentas de 2026. En ese contexto, la organización lamenta que al “rechazar” la financiación pública el alcalde “elija a Vox y abandone a las familias de las más de 2.600 víctimas que esperan desde hace décadas recuperar a sus seres queridos de la mayor fosa del franquismo en Sevilla”.

Aceptación en suspenso

Pocos meses después de la firma del protocolo general de actuación, rubricado el 24 de junio, el Gobierno central aprobó la concesión de 200.000 euros al Ayuntamiento de Sevilla para la exhumación de la fosa Monumento, tal y como se publicó en el BOE del pasado 1 de octubre. Al tratarse de una asignación directa, tal cantidad podía abonarse sin necesidad de esperar a la redacción del proyecto, una vez aceptadas formalmente sus condiciones.

Como ha podido confirmar este periódico, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática comunicó al Consistorio hispalense su condición de beneficiario el día 9 de octubre y le solicitó la documentación necesaria para proceder al pago. La administración local remitió la información requerida –incluido un plan de actuación y un presupuesto estimativo– el 24 de octubre. De esta forma, el departamento estatal competente pudo completar en apenas unas semanas todos los controles jurídicos y económicos preceptivos, y dictar la resolución definitiva de concesión antes de que finalizara el mes de noviembre. La subvención estaba diseñada para abonarse de forma anticipada, sin necesidad de garantías, una vez aceptada formalmente la subvención.

Sin embargo, esa aceptación formal –necesaria para poder completar el ingreso de la ayuda– no ha llegado a producirse dentro del plazo necesario para ejecutar el pago en el ejercicio presupuestario en curso. Y eso que, según ha podido saber elDiario.es, la administración del Estado realizó varios recordatorios ante la ausencia de respuesta por parte del Consistorio, en los que se advertía de que el cierre contable de final de año impediría tramitar la transferencia si no se recibía la aceptación a tiempo.

Según ha podido saber este medio, el Ayuntamiento alegó estar a la espera de firmar el convenio con la Diputación y la Junta, aun no siendo necesario, pues el Estado podía ingresar la subvención con carácter inmediato de haberse aceptado. Esta falta de paso administrativo por parte del Consistorio frustró finalmente el abono de los 200.000 euros previstos para este ejercicio, retrasando aún más el inicio de las actuaciones en la mayor fosa pendiente de exhumación en la capital.

Sin partidas en el presupuesto municipal

Esta situación se suma a la ausencia de partidas municipales para la fosa Monumento en los presupuestos de los últimos ejercicios. El Ayuntamiento no ha consignado fondos propios ni en 2024, ni en 2025, ni en el proyecto presupuestario de 2026, pese a que el protocolo firmado establece que cada administración asumirá una parte del coste total de las actuaciones.

A día de hoy, tanto el Gobierno (a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática) como la Diputación provincial han liberado fondos económicos para afrontar los trabajos necesarios. La redacción del proyecto técnico, un paso imprescindible para poder firmar los convenios y desbloquear el resto de la financiación, corresponde al Consistorio como propietario de los terrenos del cementerio. Pero el equipo de José Luis Sanz aún no ha dado ningún paso en ese sentido, aunque el gobierno municipal asegura públicamente estar comprometido con la iniciativa.

La cuestión es que, al margen de la asignación directa del Estado, resulta imposible que el resto de administraciones transfieran sus fondos al Consistorio sin la existencia previa de un proyecto de actuación, un extremo que el presidente de la Diputación, Javier Fernández (PSOE), ha reclamado en varias ocasiones al alcalde hispalense. En definitiva, todo depende del Ayuntamiento, que debe diseñar el proyecto de obras a partir del cual se podrán firmar los convenios con cada administración. Se genera de este modo una especie de pescadilla que se muerde la cola, ya que el gobierno local esgrime la falta de transferencias para justificar la ausencia de partidas específicas en su presupuesto.

Pendiente del proyecto de actuación

De hecho, la Diputación de Sevilla ha reservado partidas económicas para estos trabajos tanto en 2024 como en 2025, pero la falta de proyecto municipal ha impedido transferir los 331.000 euros que consignó para este fin en sus cuentas de este año, obligando a redirigir esas cantidades a otras actuaciones de memoria democrática en la provincia. La Junta de Andalucía, por su parte, ha señalado que dispone de recursos para exhumaciones e identificación genética en el presupuesto de 2026, a la espera de que se activen los mecanismos administrativos necesarios.

Desde el gobierno local del PP se insiste en que existe “compromiso” de exhumar la fosa Monumento, al tiempo que se escudan en que son el resto de administraciones las que deben dar los primeros pasos y transferir fondos. El Ayuntamiento argumenta que no puede licitar una actuación de esta envergadura sin tener garantizada previamente toda la financiación, y recuerda que la experiencia de la fosa de Pico Reja supuso una licitación superior al millón de euros.

El procedimiento administrativo previsto para la fosa Monumento es, sin embargo, el mismo que se siguió en Pico Reja, donde se rescataron 1.786 cuerpos de víctimas de la represión franquista. La diferencia radica en que en aquel momento el proyecto fue impulsado desde el propio Ayuntamiento, entonces gobernado por el PSOE de Juan Espadas, mientras que el PP de José Luis Sanz se muestra reacio a todo lo relacionado con una competencia que considera “impropia” y con la que no se siente especialmente cómodo, sobre todo si se tiene en cuenta que acaba de reeditar su alianza con Vox para sacar adelante el presupuesto municipal.

La falta de movimientos por parte del Consistorio mantiene ahora paralizada la mayor exhumación pendiente en Sevilla y compromete seriamente el objetivo compartido por todas las administraciones de culminar los trabajos antes de 2029.

Una fotografía antigua, en blanco y negro, de Florentino Menéndez Palacios, nacido en 1923 en la aldea de Los Cuarteles de Peñarrubia, en el concejo asturiano de Langreo, es el único hilo del que puede tirar el ayuntamiento langreano para tratar de localizar a sus familiares. Una búsqueda que ha emprendido a raíz de que en una fosa del año 1948, localizada y abierta recientemente en Luou (A Coruña), se hayan exhumado los restos de cuatro maquis.

Además de su filiación y su pueblo de origen se sabe que Florentino Menéndez era hijo de Sabina y Joaquín; los dos únicos datos personales de que dispone la Concejalía de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Langreo.

Cuatro guerrilleros antifranquistas

Desde esta concejalía se está tratando de localizar a algún familiar, pero hasta ahora todos los esfuerzos realizados no han dado resultado, lo que ha llevado a difundir la fotografía que ilustra esta información para ver si a través de esta imagen alguna persona puede aportar algún detalle que permita identificar a las personas que aparecen junto a él o a alguien de su entorno más cercano.

La intervención en esta fosa corre a cargo del grupo Historia Agraria e Política do Mundo Rural (Histagra) que ha iniciado los trabajos de exhumación de los restos de cuatro guerrilleros antifranquistas de la unidad comandada por Benigno Andrade, Foucellas.

Los trabajos de exhumación

En esta fosa fueron inhumados los restos de Ricardo Fernández Carlés, natural de Pontecesures, Manuel Agrasar Cajaraville, de O Barbarroxa, de A Matanza (Iria Flavia, Padrón), y Vicente López Novo, de Santa Uxía de Ribeira y conocido como “el hijo de la Nova” además del asturiano Florentino Menéndez Palacios.

El Ayuntamiento de Langreo tuvo noticias de esta fosa y de los trabajos de exhumación que se están llevando a cabo en esta fosa a través de una publicación de La Voz de Galicia.

El enfrentamiento

El informe histórico preliminar se basa en fuentes y relatos que ofrecen varias hipótesis del enfrentamiento que tuvo lugar el 19 de mayo de 1948 en Loureiro, en la parroquia de Luou, en el que fallecieron los cuatro maquis y un guardia civil. Foucellas y otro combatiente lograron escapar.

A este llamamiento del Ayuntamiento de Langreo para tratar de localizar a los familiares del maqui asturiano a través de esta fotografía donde se cree que está retratado Florentino Menéndez Palacios, se han sumado otras asociaciones, entre ellas la Federación Asturiana Memoria y Repúbica (FAMYR), a través de las redes sociales, sin que tampoco se obtuviera la información necesaria que les ayude a esclarecer y cerrar este proceso de memoria y dignidad.

L’antropòloga Almudena García-Rubio té un Crist entre les mans. La figura –els braços estesos a esquerra i dreta, els peus units pel clau que travessa les empenyes– és de metall i ha sobreviscut als tèrmits que es van menjar la fusta de la creu a la qual estava unit el cos i del taüt al qual estava unida la creu. Els pinzells i les brotxes netegen la terra que queda sobre les restes del fèretre. Una càmera de fotos i diversos bolígrafs documenten les troballes, que es retiren –amb summa delicadesa– i es guarden –en unes capses de plàstic, ja sobre la superfície– per continuar reobrint, centímetre a centímetre, una rasa que, segons sospiten els investigadors, s’hauria pogut obrir diverses vegades –entre 1937 i 1938– per llençar-hi cadàvers: desenes de víctimes de la repressió franquista durant la Guerra Civil. Hores després de retirar el crucifix, allà mateix apareixeran unes restes que encaixen amb allò que es busca. Hi ha un crani amb –a simple vista– ferides de bala.

L’escena va tenir lloc fa pocs dies al Cementiri Vell d’Eivissa i, tot i que no és ni de bon tros la primera vegada que succeeix (ja s’hi va buscar republicans desapareguts el 2018, 2020 i 2024), ara té una transcendència especial. Representa l’inici de la primera campanya del nou Pla de Fosses que aprova el Govern. El quint en els últims deu anys –342 restes recuperades, 67 morts identificats–, però el primer des que el Partit Popular ha reconegut que cedirà a les pressions de Vox per derogar la Llei de Memòria Democràtica. A l’octubre van començar els tràmits. Per eliminar-la, els populars hauran de votar a favor d’una exigència que es presenta clau perquè els representants d’un partit que enalteix la dictadura –Vox– aprovin el proper pressupost per a la comunitat autònoma. El PP va fer marxa enrere el desembre de 2024, quan la temptativa dels diputats ultres va arribar al ple del Parlament, i l’arxipèlag no va tenir partida de despesa fins a l’estiu de 2025.

La Llei de Memòria Democràtica es va aprovar el 2018 –quatre anys abans que l’estatal– i ara pateix un seriós perill de desaparició. Des que el pacte de centreesquerra que presidia Francina Armengol va deixar pas al Consolat de Mar –seu del Govern balear– al PP de Marga Prohens, que governa en minoria d’ençà les últimes eleccions, la seua derogació és un tema recurrent als plens i a les comissions que es celebren a la cambra autonòmica. L’última vegada, la passada setmana, arran d’una petició llançada pels socialistes per retirar un monòlit –que el Generalísimo en persona va inaugurar el 1947 per honrar els ofegats d’un creuer feixista torpedinat pels destructors de la Marina lleial a la República– del Parc de sa Feixina, a Palma.

Segons Vox, la Llei de Memòria Democràtica “promou la rancúnia”. L’esperit amb què es redactà la norma, però, concorda amb les indicacions que l’ONU va fer al Govern d’Espanya durant anys per “garantir veritat i justícia a les víctimes de la dictadura”. Aprofundeix, també, en la Llei de Fosses, que no serà derogada –de moment– i que des del 2016 permet cavar als llocs on se sabia –per fonts documentals– o sovint s’intuïa –per testimonis orals– que s’havien obert fosses comunes durant la Guerra Civil i els primers anys de la postguerra.

–Dóna un sentit de reparació, que no pas de revenja, a les famílies que no s’han resignat a saber què va passar amb l’avantpassat que van matar a la Guerra Civil. El Govern anterior sí que va fer una política de reparació, donant certificats als familiars de les víctimes, reconeixent que havien estat represaliades de manera injusta. Que és simbòlic? Sí, però ho reconeixia la màxima autoritat de la comunitat autònoma. Això és el que el PP vol derogar perquè quedi com una cosa discreta, amagada, exhumant en silenci, sense actes públics.

Diu en Luis Ruiz. Igual que en les anteriors exhumacions –i, ara, amb més temps disponible perquè ja s’ha jubilat després de donar classes d’Història durant dècades en diversos instituts de l’illa–, el president del Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera passa moltes hores al costat dels nou tècnics –contractats per la Societat de Ciències Aranzadi i l’Associació de Tècnics d’Investigacions Culturals i Socials– que treballen al Cementiri Vell. A més de traginar els cubs que carreguen la terra que es treu a la superfície per engrandir el clot, l’historiador aporta dades i dates –vitals per traçar una cronologia fiable– i fa d’enllaç entre qui busca i qui anhela que trobin: els familiars dels morts.

La comunicació –amb els descendents de set desapareguts– és fluida. Tanmateix, Ruiz diu que els ponts entre el Govern i les associacions memorialistes de les Illes Balears han saltat pels aires: “El PP va entrar a governar sabent que la memòria històrica ni els beneficia ni els dóna vots, que fins i tot podia crear divisió entre el seu electorat. La Llei de Fosses ja contemplava la creació d’una comissió, de la qual naltros formem part, que havia d’aprovar el calendari d’exhumacions, proposar noms per elegir els tècnics que havien de treballar en tot el procés, determinar les dotacions del pressupost… Aquest tipus de decisions ha passat a prendre-les unilateralment el Govern”.

–Com?

–És molt simple: la comissió de fosses no funciona perquè no es convoquen reunions perquè funcioni.

El PP va entrar a governar sabent que la memòria històrica ni els beneficia ni els dóna vots, que fins i tot podia crear divisió entre el seu electorat

Luis Ruiz — Historiador i president del Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera

Memòria de Mallorca i el Govern: dues visions oposades

Dos telèfons es despenjen a Mallorca per parlar amb elDiario.es. Les veus –femenines– donen versions oposades sobre el panorama que descriu Luis Ruiz. Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca –i néta de represaliats pel franquisme–, és molt gràfica a l’hora de confirmar allò que afirma el seu col·lega: “Amb l’anterior Govern es van convocar setanta reunions en una legislatura. Amb l’actual, en duim dues en dos anys. I no és perquè no haguem demanat audiència amb la presidenta del Govern –que l’hem demanada, tres voltes–, però no ens ha pogut veure, encara, aquesta senyora; quan tengui un espai a la seva agenda, ja ens rebrà. Som la primera comunitat autònoma que té gairebé fetes totes les fosses de la repressió que eren viables d’exhumar. El que està fet no ens ho prendran, però ens preocupa que tot el coneixement acumulat es perdi si no se li dóna un sentit”.

Oliver envia per WhatsApp captures dels correus que el col·lectiu que representa va enviar fa temps –al setembre de 2023, al gener de 2024– al Govern plantejant diverses qüestions –pregunten per la denúncia que l’executiu d’Armengol va presentar a la Fiscalia al final de l’anterior mandat, proposen un ordre del dia en la següent comissió de fosses…— i afegeix: “No ens han respost. A cap mail. És molt mallorquí això de passar pena, però és el que hi ha. Ens menystenen”.

Hem demanat audiència amb la presidenta del Govern [Marga Prohens, del PP], però aquesta senyora encara no ens ha pogut rebre. El que ja s’ha fet no ens ho trauran [les exhumacions anteriors], però ens preocupa que tot el coneixement acumulat es perdi si no se li dóna un sentit

Maria Antònia Oliver — Presidenta de Memòria de Mallorca

En canvi, Xesca Ramis té una visió completament diferent. A aquesta política del PP –directora general de Relacions Institucionals en l’Executiu de Prohens i portaveu de l’oposició a l’Ajuntament de Lloseta, un municipi on els falangistes van matar funcionaris públics i on la dictadura va depurar mestres de l’escola republicana– la sorprenen les acusacions dels presidents de les associacions memorialistes: “El meu desconeixement del que diuen és total. Des del principi, les reunions han estat híbrides. En cap moment m’han demanat que siguin presencials. No ho puc entendre”.

Ramis tampoc té constància dels correus sense respondre –“Els funcionaris del servei de memòria contesten ràpid”– i afegeix: “Noltros continuam treballant en tot allò que contempla la Llei de Fosses. Hem encarregat més pedres de la memòria, estam esperant resposta de les associacions memorialistes per etiquetar els nínxols [per enterrar-hi les víctimes identificades] i tenim pendent la inauguració d’un columbari al Cementeri de Palma, que per problemes d’humitat no s’ha pogut fer encara. Els arquitectes que es varen encarregar del projecte no se n’han fet càrrec [d’arranjar-lo], no ens varen contestar els correus, però el tema va passar a la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura i s’hi han posat. Calcul que al febrer estarà enllestit”.

–Directora general, ¿els tràmits per derogar la Llei de Memòria Democràtica i el debat encès que es viu al Parlament sobre el tema afecta d’alguna manera la feina que es fa des del seu departament?

–Que no fem les polítiques de l’esquerra no vol dir que no fem polítiques de memòria. Noltros intentam fer polítiques que siguin útils, amb rigor, i respectuoses amb les famílies per retornar la dignitat a les persones que van patir la guerra. No cercam la foto, sinó conhortar les famílies. La memòria no es pot considerar un element de confrontació. Aquí no ens hi trobaran.

Que no fem les polítiques de l’esquerra no vol dir que no fem polítiques de memòria. Nosaltres intentam realitzar polítiques que siguin útils, amb rigor i respectuoses amb les famílies per retornar la dignitat a les persones que van patir la guerra

Xesca Ramis — Directora general de Relacions Institucionals del Govern

–Creu que això, la confrontació, és el que diferencia les polítiques de memòria del PP de les que aplicava el pacte de centreesquerra que va governar les Illes Balears entre 2015 i 2023?

–Noltros no valoram el que va fer l’esquerra. Sabem que no ha de ser un element de confrontació i així són les nostres actuacions, que corresponen a memòria democràtica dins la Direcció General de Relacions Institucionals.

Avis que “mai no es ficaren en política”

De tornada al Cementeri Vell, Luis Ruiz deixa l’actualitat política de banda i descriu quin era el perfil dels morts que es buscaran, almenys, fins al 12 de desembre, quan està previst que acabi la campanya iniciada a Eivissa. “Les tretze restes que van aparèixer en l’exhumació anterior”, diu l’historiador, “creim que corresponen, com en el cas dels tres que hem pogut identificar, a víctimes del terror calent: matances en grup que es van dur a terme els darrers mesos del 36, després de la retirada republicana durant la qual, el 13 de setembre, els milicians assassinen noranta-tres presos [als quals metrallaren a sang freda per considerar-los simpatitzants dels colpistes] al Castell de Dalt Vila”.

“Ara, en canvi, sospitam que els morts que poden aparèixer a la franja del cementeri que s’està excavant, paral·lela a la que es s’obrí l’any passat, moriren al llarg del 37 i, fins i tot, durant el 38. No va ser senzill aconseguir documentació, però quan el 2015 vam elaborar el mapa de fosses d’Eivissa, vam reunir més d’un centenar d’actes de defunció. Amb noms, llinatges i dates de les defuncions. Així podem saber que, un any o fins i tot dos anys més tard, els falangistes seguien prenent-se la revenja pels fets des Castell i mataven de tres en tres, de dos en dos, o d’un en un”, afegeix.

–Molts dels militants o sindicalistes que s’havien convertit en milicians i s’havien vist involucrats en delictes de sang havien fugit de l’illa amb les tropes del capità Bayo. Qui eren les víctimes?

–Quan el 1999 vam crear el Fòrum per la Memòria i vam començar a contactar amb familiars –llavors encara quedaven molts fills vius– era normal sentir: “Es güelo mai s’havia ficat en política”. Però després rascaves una mica i trobaves que, moltes voltes, la persona de qui asseguraven que era apolítica resulta que estava afiliada a un sindicat. Alerta: en aquella època calia estar-hi per poder treballar en alguns oficis. Però, més enllà de la seua ideologia o simpaties, creim que en molts casos allò que pesava per assenyalar l’un o l’altre eren simples qüestions personals, rancúnies o enveges a les quals se’ls buscava un acompanyament per justificar aquests crims. Un familiar amb qui mantenim molt de contacte i que té esperances de trobar el seu avi és, per exemple, el nét d’un pescador de Sant Antoni de Portmany a qui varen assassinar per ser amic del darrer batle republicà.

Moltes vegades, la persona de qui asseguraven que era apolítica resulta que estava afiliada a un sindicat. Però, més enllà de la seua ideologia o simpaties, creim que en molts casos el que pesava per assenyalar l’un o l’altre eren simples qüestions personals, rancúnies o enveges a les quals es buscava un acompanyament per justificar aquests crims

Luis Ruiz — Historiador i president del Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera

Republicans entre tombes de noms estrangers

Els nou investigadors surten de les dos rases que han cavat durant les primeres jornades, quan, abans dels pinzells i les brotxes, s’usaren pics i pales. Colpegen les botes contra el terra per desfer-se del fang. Són les deu i quart, l’hora del bocata. La meitat del grup s’acosta a un súper que queda a l’altra banda del carrer per comprar la berenada i la resta, els més joves, la duen de casa. Dos al·lotes i un al·lot peleen unes mandarines i obren un tupper ple de menjar. Parlen amb accent valencià. Ell viu a l’illa, elles han vengut expressament.

Han passat uns quants matins de pluja i fred, però avui fins i tot fa calor. El cel és serè. Anyil. El sol els dóna a la cara, la llum rebota a la tàpia on recolzen l’esquena, berenen. No gaire lluny, en una altra paret del cementeri, encara poden palpar-se, sobre la calç, els impactes de les bales que dispararen els botxins que varen netejar de “subversius”, com afirmava la propaganda franquista, la rereguarda d’una Eivissa que –igual que Mallorca, o les Canàries, d’on va enlairar-se el general Franco per sublevar els exèrcits africans, també amb èxit del complot–, mentre a la península encara quedaven dos anys llargs de bombardejos i batalles, ja travessava, de fet, la seua posguerra particular.

“Per a alguns membres de l’equip”, explica Almudena García-Rubio, “aquesta és la seua primera campanya a Eivissa”. “Igual que passa amb les de Mallorca, aquest cementeri té unes condicions molt particulars. La humitat i la salinitat fan difícil trobar restes en tan bon estat com en altres zones d’Espanya. A més, com que va estar en ús fins als anys vuitanta, s’hi va enterrar damunt les fosses i la terra està molt remoguda. Apareixen molt pocs ossos en posició primària i, per això, als nous els insistim que allò important no són les tombes que puguin trobar, sinó la terra que queda entre elles: allà hi poden ser les persones que cercam”, afegeix.

Aquest cementeri té unes condicions molt particulars. La humitat i la salinitat fan difícil trobar restes en tan bon estat com en altres zones de l’Estat. A més, com que va estar en ús fins als anys vuitanta, es va enterrar damunt les fosses i la terra està molt remoguda

Almudena García-Rubio — Historiadora i osteoarqueòloga

L’osteoarqueòloga eivissenca –llicenciada en Història per la Complutense el 2001 i màster en Antropologia Física i Forense per la Universitat de Granada el 2007, especialitat en què va basar la seva tesi doctoral, defensada a l’Autònoma de Madrid el 2017– fa exhumacions de fosses comunes de la Guerra Civil des de 2003. El 2016 va participar en el primer Pla de Fosses del Govern balear. Quan, d’aquí a uns mesos, intentin localitzar els esquelets sepultats a son Servera, un municipi on encara no s’ha exhumat tot i haver estat un dels escenaris de la Batalla de Mallorca, a tocar amb els deu anys de la primera actuació: l’obertura de la fossa comuna de Porreres, l’epicentre de la repressió franquista a les Illes Balears.

Paco Etxeberria es posà al capdavant d’aquella actuació. Aquest forense és una referència mundial entre els professionals dedicats a esclarir on anaren a parar els desapareguts de guerres, genocidis i neteges ètniques. Etxeberria és, a més, una mena de mentor per a García-Rubio. Ella va descobrir què s’havia de fer –i què s’havia d’evitar– durant una exhumació dirigida pel guipuscoà, ja fa més de dos dècades. L’antropòloga en va recollir el testimoni i, després de Porreres, ha coordinat les campanyes finançades pel Govern balear.

“Encara queden moltes coses per fer, però ja anam recollint algunes alegries”, diu García-Rubio, “i tant de bo en venguin més els pròxims mesos”. “Als laboratoris d’Aranzadi, a Vitòria, i Àtics, a Barcelona, se segueix treballant amb mostres d’ADN de familiars per obtenir més identificacions. Ara hem estat a Badajoz lliurant les restes a les famílies dels presos republicans que tancaren a Formentera en acabar la Guerra Civil. Que les associacions d’una província on s’ha reivindicat amb tanta força la memòria històrica des de fa tant de temps alabassin el mètode de treball que hem desenvolupat a les Illes Balears és el millor reconeixement que podríem rebre”, afegeix.

L’antropòloga torna a la feina i baixa a una de les rases per ajudar els seus companys a prendre les mesures –amb uns tubs articulats als quals diuen jalons– i l’orientació –amb un cartellet que indica el nord i un GPS– d’un taüt que comença a intuir-se sota el mantell terrós. El forat que han obert els exhumadors està envoltat de més tombes, que queden a la vista tot i ser al subsòl. Hi ha làpides –horitzontals i verticals– i creus, xinxetes que marquen la ubicació dels darrers cossos que es varen enterrar –damunt d’altres– al mateix rectangle del cementeri on creuen que podrien localitzar noves fosses de la Guerra Civil. Temps ençà, era una parcel·la comunitària on no calia comprar un nínxol per dipositar un cadàver. La pràctica va durar fins a finals dels anys setanta, quan es va esgotar l’espai. Potser això explica per què les identitats que es llegeixen a les làpides són estrangeres –anglosaxones, franceses, alemanyes– i –relativament– jóvens. Entre els morts del boom turístic hi ha un parell d’excepcions. Una d’elles, molt relacionada amb el record dels represaliats:

MARGARITA ROIG COLOMAR. 28-6-1966. A LOS 57 AÑOS. R.I.P. TU ESPOSO, HIJOS, HERMANOS Y SOBRINOS NO TE OLVIDARAN.

Sota aquesta inscripció descansa Margalida Llogat, la sindicalista empresonada i torturada durant la Guerra Civil, que es va lliurar del tir al clatell, però a qui la dictadura va humiliar durant dècades. Cinquanta anys després de la seva mort –per causes naturals–, l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia li va dedicar un carrer. Era l’agost del 2020. Al novembre del 2023, el PP va acceptar una moció de Vox per retirar-li el nom al·legant que “Google Maps no havia canviat el nom” de la via i això “creava confusió entre els repartidors”. L’alcalde va fer marxa enrere quan va veure que el gegant tecnològic actualitzava els seus plànols davant la reacció popular a les xarxes socials.

La antropóloga Almudena García-Rubio tiene un Cristo entre las manos. La figura –los brazos extendidos a izquierda y derecha, los pies reunidos por el clavo que atraviesa los empeines– es de metal y ha sobrevivido a las termitas que se comieron la madera de la cruz a la que estaba unida el cuerpo y del ataúd a la que estaba unida la cruz. Los pinceles y las brochas limpian la tierra que queda sobre los despojos del féretro. Una cámara de fotos y varios bolígrafos documentan los hallazgos, que se retiran –con suma delicadeza– y se guardan –en unas cajas de plástico, ya sobre la superficie– para seguir reabriendo, centímetro a centímetro, una zanja que, según sospechan los investigadores, pudo abrirse varias veces –entre 1937 y 1938– para arrojar cadáveres: decenas de víctimas de la represión franquista durante la Guerra Civil. Horas después de retirar el crucifijo, aparecerán unos restos que encajan con lo que se busca. Hay un cráneo con –a simple vista– heridas de bala.

La escena ocurrió hace pocos días en el Cementeri Vell de Eivissa y, aunque no es ni mucho menos la primera vez que sucede (ya se buscó allí a republicanos desaparecidos en 2018, 2020 y 2024), ahora tiene una trascendencia especial. Representa el arranque de la primera campaña del nuevo Pla de Fosses que aprueba el Govern. El quinto en los últimos diez años –342 restos recuperados, 67 muertos identificados–, pero el primero desde que el Partido Popular reconoció que cederá a las presiones de Vox para derogar la Llei de Memòria Democràtica. En octubre comenzaron los trámites. Para eliminarla, los populares deberán votar a favor de una exigencia que se antoja clave para que los representantes de un partido que ensalza la dictadura –Vox– aprueben el próximo presupuesto para la comunidad autónoma. El PP se echó atrás en diciembre de 2024, cuando la intentona de los diputados ultraderechistas llegó al pleno del Parlament, y el archipiélago no tuvo partida de gastos hasta el verano de 2025.

La Llei de Memòria Democràtica se aprobó en 2018 –cuatro años antes que la estatal– y ahora corre serio peligro de desaparición. Desde que el pacto de centroizquierda que presidía Francina Armengol dejó paso en el Consolat de Mar –sede del Govern balear– al PP de Marga Prohens, que gobierna en minoría desde las últimas elecciones, su derogación es un tema recurrente en los plenos y en las comisiones que se celebran en la cámara autonómica. La última vez, la semana pasada, a propósito de una petición lanzada por los socialistas para retirar un monolito –que el Generalísimo en persona inauguró en 1947 para honrar a los ahogados de un crucero fascista que torpedearon los destructores de la Marina leal a la República– del Parc de sa Feixina, en Palma.

Según Vox, la Llei de Memòria Democràtica “promueve el rencor”. El espíritu con el que se redactó la norma, no obstante, concuerda con las indicaciones que la ONU hizo al Gobierno de España durante años para “garantizar verdad y justicia a las víctimas de la dictadura”. Profundiza, también, en la Llei de Fosses, que no será derogada –por el momento– y que desde 2016 permite cavar en los lugares donde se sabía –por fuentes documentales– o, a menudo, se intuía –por testimonios orales– que se abrieron fosas comunes durante la Guerra Civil y los primeros años de la posguerra.

– Le da un sentido de reparación, que no de revancha, a las familias que no se han resignado a saber qué ocurrió con el antepasado al que mataron en la Guerra Civil. El Govern anterior sí que hizo una política de reparación, dando certificados a los familiares de las víctimas, reconociendo que habían sido represaliados de forma injusta. ¿Que es simbólico? Sí, pero lo reconocía la máxima autoridad de la comunidad autónoma. Eso es lo que el PP quiere derogar para que quede como algo discreto, escondido, exhumando en silencio, sin actos públicos.

Dice Luis Ruiz. Igual que en las anteriores exhumaciones –y, ahora, con más tiempo disponible porque ya se jubiló después de dar clases de Historia durante décadas en varios institutos de la isla–, el presidente del Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera pasa muchas horas junto a los nueve antropólogos –contratados por la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la Associació de Tècnics d’Investigacions Culturals i Socials– que trabajan en el Cementeri Vell. Además de arrimar el hombro cuando le piden que trajine los cubos que cargan la tierra que se saca a la superficie para agrandar el hoyo, el historiador aporta datos y fechas –vitales para trazar una cronología fiable– y sirve de enlace entre quien busca y quien anhela que encuentren: los familiares de los muertos. 

La comunicación –con los descendientes de siete desaparecidos– es fluida. Sin embargo, Ruiz dice que los puentes entre el Govern y las asociaciones memorialistas de las Illes Balears han saltado por los aires: “El PP entró a gobernar sabiendo que la memoria histórica ni les beneficia ni les da votos, que incluso podía crear división entre su electorado. La Llei de Fosses ya contemplaba la creación de una comisión, de la que nosotros formamos parte, que debía aprobar el calendario de exhumaciones, proponer nombres para elegir a los técnicos que iban a trabajar en todo el proceso, determinar las dotaciones del presupuesto… Ese tipo de decisiones ha pasado a tomarlas unilateralmente el Govern”.

–¿Cómo?

–Es muy simple: la comisión de fosas no funciona porque no se convocan reuniones para que funcione.

El PP entró a gobernar sabiendo que la memoria histórica ni les beneficia ni les da votos, que incluso podía crear división entre su electorado

Luis Ruiz — Historiador y presidente del Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera

Memòria de Mallorca y el Govern: dos visiones opuestas

Dos teléfonos se descuelgan en Mallorca para hablar con elDiario.es. Las voces –femeninas– dan versiones contrapuestas sobre el panorama que pinta Luis Ruiz. Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca –y nieta de represaliados por el franquismo–, es muy gráfica a la hora de refrendar lo que afirma su colega: “Con el anterior Govern se convocaron setenta reuniones en una legislatura. Con el actual, llevamos dos en dos años. Y no es porque no hayamos pedido audiencia con la presidenta del Govern –que la hemos pedido, tres veces–, pero no nos ha podido ver, todavía, esta señora; cuando tenga un hueco en su agenda, ya nos recibirá. Somos la primera comunidad autónoma que las fosas de la represión que era viable exhumar las tiene casi todas hechas. Lo que está hecho no nos lo quitarán, pero nos preocupa que todo el conocimiento acumulado se pierda si no se le da un sentido”.

Oliver manda por WhatsApp pantallazos de los correos que el colectivo que representa envió hace tiempo –en septiembre de 2023, en enero de 2024– al Govern planteando distintas cuestiones –preguntar por la denuncia que presentó el ejecutivo de Armengol a la Fiscalía al final del pasado mandato, proponer un orden del día en la siguiente comisión de fosas– y añade: “No nos han respondido. A ningún mail. Es muy mallorquín lo de passar pena [sufrir], pero es lo que hay. Nos ningunean”.

Hemos pedido audiencia con la presidenta del Govern [Marga Prohens, del PP], pero no nos ha podido ver, todavía, esta señora. Lo que está hecho no nos lo quitarán [las anteriores exhumaciones], pero nos preocupa que todo el conocimiento acumulado se pierda si no se le da un sentido

Maria Antònia Oliver — Presidenta de Memòria de Mallorca

En cambio, Xesca Ramis tiene una visión completamente distinta. A esta política del PP –directora general de Relacions Institucionals en el Ejecutivo de Prohens y portavoz de la oposición en el Ajuntament de Lloseta, un municipio donde los falangistas mataron a funcionarios públicos y donde la dictadura depuró a maestras de la escuela republicana– le sorprenden las acusaciones de los presidentes de las asociaciones memorialistas: “Mi desconocimiento de lo que dicen es total. Desde el principio, las reuniones han sido híbridas. En ningún momento me han pedido que sean presenciales. No puedo entenderlo”.

Ramis tampoco tiene constancia de los correos sin responder –“Los funcionarios del servicio de memoria contestan rápido”– y añade: “Nosotros seguimos trabajando en todo lo que contempla la Llei de Fosses. Hemos encargado más piedras de la memoria, estamos esperando respuesta de las asociaciones memorialistas para etiquetar los nichos [para enterrar a las víctimas identificadas] y tenemos pendiente la inauguración de un columbario en el Cementeri de Palma, que por problemas de humedad no se ha podido realizar todavía. Los arquitectos que se encargaron del proyecto no se han hecho cargo [de arreglarlo], no nos contestaron los correos, pero el tema pasó a la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura y se han puesto manos a la obra. Calculo que en febrero estará terminado”.

–Directora general, ¿los trámites para derogar la Llei de Memòria Democràtica y el encendido debate que se vive en el Parlament sobre el tema afecta de alguna forma al trabajo que se hace desde su departamento?

–Que no hagamos las políticas de la izquierda no quiere decir que no hagamos políticas de memoria. Nosotros tratamos de realizar políticas que sean útiles, con rigor, y respetuosas con las familias para devolver la dignidad a las personas que sufrieron la guerra. No buscamos la foto, sino confortar a las familias. La memoria no se puede considerar un elemento de confrontación. Aquí no nos van a encontrar.

Que no hagamos las políticas de la izquierda no quiere decir que no hagamos políticas de memoria. Nosotros tratamos de realizar políticas que sean útiles, con rigor, y respetuosas con las familias para devolver la dignidad a las personas que sufrieron la guerra

Xesca Ramis — Directora general de Relacions Institucionals del Govern

–¿Cree que eso, la confrontación, es lo que diferencia las políticas de memoria del PP de las que aplicaba el pacto de centroizquierda que gobernó las Illes Balears entre 2015 y 2023?

–Nosotros no valoramos lo que hizo la izquierda. Sabemos que no debe ser un elemento de confrontación y así son nuestras actuaciones que corresponden a memoria democrática dentro de la dirección general de Relaciones Institucionales.

Abuelos que “nunca se metieron en política”

De vuelta en el Cementeri Vell, Luis Ruiz deja la actualidad política a un lado y describe cuál era el perfil de los muertos que se buscarán, al menos, hasta el 12 de diciembre, cuando está previsto que termine la campaña iniciada en Eivissa. “Los trece restos que aparecieron en la anterior exhumación”, dice el historiador, “creemos que corresponden, como en el caso de los tres que hemos podido identificar, a víctimas del terror caliente: matanzas en grupo que se llevaron a cabo en los últimos meses del 36, tras la retirada republicana durante la que, el 13 de septiembre, los milicianos asesinan a noventa y tres presos [a los que ametrallaron a sangre fría por considerarlos simpatizantes de los golpistas] en el Castell de Dalt Vila”.

“Ahora, en cambio, sospechamos que los muertos que pueden aparecer en la franja de cementerio que se está excavando, paralela a la que se abrió el año pasado, murieron a lo largo del 37 e, incluso, durante el 38. No fue sencillo conseguir documentación, pero cuando en 2015 elaboramos el mapa de fosas de Eivissa, reunimos más de un centenar de actas de defunción. Con nombres, apellidos y fechas de los fallecimientos. Así podemos saber que, un año o incluso dos años más tarde, los falangistas seguían tomándose la revancha por los fets des Castell y mataban de tres en tres, de dos en dos, o de uno en uno”, añade.

–Muchos de los militantes o sindicalistas que se habían convertido en milicianos y se habían visto envuelto en delitos de sangre habían escapado de la isla con las tropas del capitán Bayo. ¿Quiénes eran las víctimas? 

–Cuando en 1999 creamos el Fòrum per la Memòria y empezamos a contactar con familiares –quedaban entonces muchos hijos vivos– era normal escuchar: “Es güelo mai s’havia ficat en política” [“El abuelo nunca se metió en política”] Pero luego rascabas un poco y encontrabas que, muchas veces, la persona de la que aseguraban que era apolítico resulta que estaba afiliada a un sindicato. Ojo: en esa época había que estarlo para poder trabajar en algunos oficios. Pero, más allá de su ideología o simpatías, creemos que en muchos casos lo que pesaba para señalar a uno u otro eran simples cuestiones personales, rencillas o envidias a las que se buscaba un acompañamiento para justificar estos crímenes. Un familiar con el que mantenemos mucho contacto y que tiene esperanzas de encontrar a su abuelo es, por ejemplo, el nieto de un pescador de Sant Antoni de Portmany al que asesinaron por ser amigo del último alcalde republicano.

Muchas veces, la persona de la que aseguraban que era apolítico resulta que estaba afiliada a un sindicato. Pero, más allá de su ideología o simpatías, creemos que en muchos casos lo que pesaba para señalar a uno u otro eran simples cuestiones personales, rencillas o envidias a las que se buscaba un acompañamiento para justificar estos crímenes

Luis Ruiz — Historiador y presidente del Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera

Republicanos entre tumbas de nombres extranjeros

Los nueve investigadores salen de las dos zanjas que han cavado durante las primeras jornadas, cuando, antes de los pinceles y las brochas, se usaron picos y palas. Golpean sus botas contra el suelo para deshacerse del barro. Son las diez y cuarto, la pausa del bocata. La mitad del grupo se acerca a un súper que queda al otro lado de la calle para comprar la merienda y el resto, los más jóvenes, la traen de casa. Dos chicas y un chico pelan unas mandarinas y abren un táper lleno de comida. Hablan con acento valenciano. Él vive en la isla, ellas han venido ex profeso.

Se han comido varias mañanas de lluvia y frío, pero esta mañana hace hasta calor. El cielo está despejado. Añil. El sol les da en la cara, la luz rebota en la tapia donde apoyan la espalda, almuerzan. No demasiado lejos, en otra pared del camposanto, todavía pueden palparse, sobre la cal, los impactos de las balas que dispararon los verdugos que limpiaron de “subversivos”, como afirmaba la propaganda franquista, la retaguardia en una Eivissa que –como Mallorca, o las Canarias, de donde despegó el general Franco para sublevar a los ejércitos africanos, también tuvo éxito el complot militar–, mientras que en la península aún quedaban dos años largos de bombardeos y batallas, ya atravesaba, de facto, su posguerra particular.

“Para algunos miembros del equipo”, explica Almudena García-Rubio, “esta es su primera campaña en Eivissa”. “Igual que ocurre con los de Mallorca, este cementerio tiene unas condiciones muy particulares. La humedad y la salinidad hacen difícil encontrar restos en tan buen estado como en otras zonas de España. Además, al haber estado en uso hasta los años ochenta, se enterró sobre las fosas y la tierra está muy removida. Aparecen muy pocos huesos en posición primaria y, por eso, a los nuevos les insistimos en que lo importante no son las tumbas que puedan encontrar, sino la tierra que queda entre ellas: ahí pueden estar las personas que buscamos”, añade.

Este cementerio tiene unas condiciones muy particulares. La humedad y la salinidad hacen difícil encontrar restos en tan buen estado como en otras zonas de España. Además, al haber estado en uso hasta los años ochenta, se enterró sobre las fosas y la tierra está muy removida

Almudena García-Rubio — Historiadora y osteoarqueóloga

La osteoarqueóloga ibicenca –licenciada en Historia por la Complutense, en 2001 y máster en Antropología Física y Forense por la Universidad de Granada, en 2007, especialidad en la que basó su tesis doctoral, refrendada por la Autónoma de Madrid en 2017– lleva exhumando fosas comunes de la Guerra Civil desde 2003. En 2016 participó en el primer Pla de Fosses del Govern balear. Cuando, dentro de unos meses, traten de localizar los esqueletos sepultados en son Servera, un municipio donde todavía no se han exhumado pese a que fue uno de los escenarios de la Batalla de Mallorca, estarán a punto de cumplirse diez años de la primera actuación: la apertura de la fosa común de Porreres, el epicentro de la represión franquista en las Illes Balears. 

Paco Etxeberria se puso al frente de aquella actuación. Este forense es una referencia a nivel mundial entre los profesionales que se dedican a esclarecer el paradero de los desaparecidos de guerras, genocidios y limpiezas étnicas. Etxeberria es, además, una suerte de mentor para García-Rubio. Ella descubrió qué debía hacerse –y qué debía evitarse– durante una exhumación dirigida por el guipuzcoano, hace ya más de dos décadas. La antropóloga recogió el testigo y, tras Porreres, ha coordinado las campañas financiadas por el Govern balear.

“Todavía quedan muchas cosas por hacer, pero ya vamos recogiendo algunas alegrías”, dice García-Rubio, “y ojalá vengan más en los próximos meses”. “En los laboratorios de Aranzadi, en Vitoria, y Àtics, en Barcelona, se sigue trabajando con muestras de ADN de familiares para conseguir más identificaciones. Ahora hemos estado en Badajoz entregando los restos a las familias de los presos republicanos que encerraron en Formentera al acabar la Guerra Civil. Que las asociaciones de una provincia donde se ha reivindicado con tanta fuerza la memoria histórica desde hace tanto tiempo alaben el método de trabajo que hemos desarrollado en las Illes Balears es el mayor reconocimiento que podríamos recibir”, añade.

La antropóloga vuelve al trabajo y desciende a una de las zanjas para ayudar a sus compañeros a tomar las medidas –con unos tubos articulables a los que llaman jalones– y la orientación –con un cartelito que indica el norte y un GPS– de un ataúd que se empieza a intuir bajo el manto terroso. El agujero que han cavado los exhumadores está rodeado de más tumbas, que quedan a la vista pese a estar en el subsuelo. Hay lápidas –horizontales y verticales– y cruces, chinchetas que marcan la ubicación de los últimos cuerpos que se enterraron –sobre otros– en el mismo rectángulo del cementerio donde creen que podrían localizar nuevas fosas de la Guerra Civil. Desde antaño, fue una parcela comunitaria donde no era preciso comprar un nicho para depositar un cadáver. La práctica duró hasta finales de los setenta, cuando se agotó el espacio. Quizás explique por qué las identidades que se leen en las lápidas son extranjeras –anglosajonas, francesas, alemanas– y –relativamente– jóvenes. Entre los muertos del boom turístico hay un par de excepciones. Una de ellas, muy relacionada con el recuerdo de los represaliados:

MARGARITA ROIG COLOMAR. 28-6-1966. A LOS 57 AÑOS. R.I.P. TU ESPOSO, HIJOS, HERMANOS Y SOBRINOS NO TE OLVIDARAN.

Bajo esa inscripción descansa Margalida Llogat, la sindicalista encarcelada y torturada durante la Guerra Civil, que se libró del tiro en la nuca, pero a la que la dictadura humilló durante décadas. Cincuenta años después de su muerte –por causas naturales– el Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia le dedicó una calle. Era agosto de 2020. En noviembre de 2023, el PP aceptó una moción de Vox para retirarle el nombre alegando que “Google Maps no había cambiado el nombre” de la vía y eso “creaba confusión entre los repartidores”. El alcalde reculó cuando vio que el gigante tecnológico actualizaba sus planos ante la reacción popular en redes sociales.

La excavación en la fosa de La Lloba, en el concejo asturiano de Castrillón, para llevar a cabo los trabajos de exhumación en busca de restos óseos de víctimas de la represión franquista comenzó hace apenas un mes y ya se han confirmado los primeros hallazgos. Se trata de los fragmentos de un cráneo y dos pies con sus botas y clavos en la suela.

El equipo arqueológico Arqueoa, bajo la dirección de Avelino Gutiérrez, cuenta con la autorización del juzgado para continuar los trabajos de exhumación en la fosa, donde se calcula que podría haber enterradas entre 24 y 28 víctimas.

“Represaliada y mal enterrada”

Avelino Gutiérrez ha señalado que estos primeros restos óseos hallados se corresponderían con al menos una persona “represaliada y mal enterrada” en esta trinchera.

Los trabajos arqueológicos también han destapado un nido de ametralladoras antiaéreas y la línea de trincheras, en muy buen estado, porque nunca se llegaron a utilizar.

En el verano de 1937, las fuerzas republicanas las excavaron para frenar un posible ataque desde Pravia hacia Avilés, pero la entrada de las tropas franquistas, en noviembre de 1937, puso fin a la guerra en Asturias y la trinchera se convirtió en el ataúd de los represaliados del franquismo.

Dar respuestas a las familias

Esta actuación forma parte de un programa del Principado de Asturias para localizar restos en cunetas y fosas comunes en la comunidad autónoma.

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, Ovidio Zapico, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, y la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, siguieron ayer la evolución de los trabajos arqueológicos.

Verdad, justicia y reparación

Sus primeras valoraciones fueron para ensalzar el esfuerzo del equipo que dirige Avelino Gutiérrez ante las complejas condiciones en las que desarrollan estos trabajos, así como el valor histórico de los hallazgos localizados en la zona.

Zapico destacó especialmente la importancia de este avance para ofrecer “verdad, justicia y reparación” a las familias que llevan décadas esperando respuestas.

Trabajos con autorización judicial

“Este tiene que ser el mensaje y la noticia que anime a todos estos familiares que llevan décadas esperando para conocer qué pasó con sus familiares que fueron asesinados y asesinadas, personas que desaparecieron durante esa brutal represión que se produjo después de la guerra”, afirmó el consejero.

Tras obtener la autorización judicial, los trabajos continuarán en los próximos meses, según corroboró Zapico.

Inspección con el georradar

“Han hecho ya una inspección con el georradar y tienen más o menos todas las líneas que bajan de la parte superior hacia lo que sería la línea del frente definidas, por donde tenían las trincheras excavadas”, especificó.

El consejero también expresó su deseo de que los trabajos permitan ofrecer respuestas y consuelo a las familias, ya que, según indicó, le gustaría que “más allá de estos maravillosos restos bélicos pudiésemos encontrar restos que nos permitan dar una respuesta y un consuelo a todos estos familiares de las víctimas de la represión”.

Cecilio, Luis y Alejandro fueron ejecutados hace 88 años en una noche oscura de septiembre de 1937 en Miera (Cantabria). Los tres eran de Castro Urdiales, soldados del denominado Frente Norte del ejército de la República. Los vecinos del pueblo les enterraron, con el miedo y el riesgo a ser descubiertos y represaliados, en la zona civil del cementerio de Mirones, junto a un muro de piedra. Años después el Obispado acabó por integrar este recreo laico y unificó todo el camposanto como cementerio católico.

Ochenta y ocho años después de su fusilamiento han comenzado los trabajos para desenterrar a los tres vecinos que comparten una fosa común: Cecilio Romaña Ortañeche, Luis Portillo San Emeterio y Alejandro Miquelarena Quintana. Lo han pedido sus familias, apoyadas por la Asociación Héroes de la República. “Esperamos que las tareas de exhumación tengan buen término y que se puedan identificar los restos y puedan ser entregados a sus descendientes, con el honor que merecen”, expresa Jorge Suárez, presidente del colectivo memorialista.

La exhumación de la fosa la impulsa el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática mientras que la Asociación reprocha que el Gobierno de Cantabria no ha hecho nada “a pesar de haber sido requerido varias veces por nosotros y que le obliga a ello la ley de Memoria Democrática”, cuestiona Suárez.

La fosa estuvo en todo momento localizada. Sobre ella, las familias erigieron un sencillo monolito recordando a las tres personas que allí yacen.

La exhumación se produce en el contexto de la futura construcción de un cementerio nuevo al lado del que ya existe, que se ha quedado pequeño y sin nichos disponibles. Lo anunció hace siete meses el Ayuntamiento de Miera. El futuro camposanto ya será municipal, no propiedad del Obispado como el actual.

Mirones, el pueblo de Pin el Cariñoso

Mirones es el pueblo de Pin el Cariñoso. José Lavín Cobo, un mítico guerrillero antifranquista asesinado a tiros en la calle Santa Lucía de Santander en 1941, que perteneció a la Brigada Libertad. Se echó al monte en 1937 y lideró una brigada antifranquista que mantuvo en jaque a la Guardia Civil en aquella primera posguerra en la zona del Miera y del Pas. Junto a él estuvieron Belisario Lavín Cobo, Nemesio Hazas Arce, su hermano Rafael 'El Ferroviario', Constantino 'El Madrileño', Ramiro Agudo, Andrés 'El de la Valienta', Plácido, Manuel, Raimundo Casar Acebo 'Tampa', Domingo Samperio 'Rada', Marcos Lavín Cobo 'Cenizo', su primo Pedro Lavín 'Melenas' y Orestes García. Además de una mujer: Dolores Lavín Cobo 'Lola'.

Formó un grupo de resistencia tan esquivo que la Guardia Civil llegó a decretar la evacuación de la comarca para ver si lo capturaba. Durante nueve meses establecieron un perímetro y obligaron a todos los vecinos a marcharse de sus casas.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica acaba de encontrar una fosa común de un maestro y un caminero asesinados por pistoleros fascistas en la finca La Fresneda, perteneciente al municipio de Vegas de Matute (339 habitantes, Segovia), que se encuentra a un kilómetro del pueblo cuando se accede desde la carretera de Villacastín.

Las víctimas fueron Luis García Hernández (maestro) y Julio Maroto Ortega (caminero) y esta es la segunda vez que la ARMH trataba de localizar sus restos. La hija de Luis García Hernández, que todavía vive, solicitó a la asociación que buscara y exhumara los restos de su padre. La ARMH está tratando de localizar a la familia de Julio Maroto Ortega, que tuvo ocho hijos de dos matrimonios distintos. La asociación esperaba acertar esta vez con la localización de la fosa debido a la investigación que habían realizado los familiares y vecinos de Vegas de Matute y a que estaba incluida en el mapa de fosas comunes de Castilla y León, aunque no en el registro del Ministerio.

El coordinador del proyecto, Marco González, destaca la colaboración de los vecinos de la zona y del alcalde de Vegas de Matute. “Se sabía que estaban enterrados en el paraje, pero las fincas se han desdibujado desde 1936. Hemos tenido suerte porque hemos prospectado entre el año pasado y estos días más de 2.500 metros cuadrados”, señala González en declaraciones a este medio. El año pasado encontraron tres casquillos, pero no dieron con los restos óseos hasta este miércoles. “Sin duda creemos que son ellos aunque hay que trabajar sobre los cuerpos y llevar a cabo las exhumaciones. Hoy estaremos limpiando los restos y haciendo planimetrías, fotos y documentándolo todo y mañana haremos la exhumación”, ha agregado.

Los vecinos más mayores de la zona todavía recuerdan que un día llegó una camioneta de la Falange, escucharon disparos y al día siguiente vieron los cuerpos de Luis y Julio, y decidieron enterrar sus cuerpos en una esquina de la finca más cercana. “Eso había calado en ese pueblo y quedó en el recuerdo de la gente mayor. No dudaron de qué finca era, pero esas fincas están desdibujadas y esta en concreto llevaba años sin trabajarse y está llena de encina”, ha apostillado.

García Hernández, nacido en Otero de Herreros (Segovia), tenía 42 años cuando fue asesinado. Estaba casado con Paula Izquierdo y tenía tres hijas: Valentina, María y M.ª Paz. Su profesión era la de maestro y era miembro del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (SETE). En su expediente de depuración como maestro le acusaron de tener ideas socialistas. Fue detenido ilegalmente por las fuerzas fascistas y fue asesinado el 12 de agosto de 1936.

Julio Maroto Ortega, nacido en 1876 en Guijasalvas (Segovia), tenía 60 años cuando fue asesinado. Estaba casado en primeras nupcias con Petra Díaz Lázaro, con la que tuvo seis hijas. Y en segundas con Alejandra Diaz Lázaro, con la que tuvo otras dos hijas. Era peón caminero de profesión, pero no se tienen datos de su afiliación política. Su cadáver apareció el 15 de agosto de 1936 y fue enterrado junto a Luis García Hernández.

La exhumación se llevará a cabo durante este miércoles y jueves en el paraje de La Fresneda, un paraje de Vegas de Matute, Segovia. Este jueves por la mañana está previsto que acudan al cuartel de Otero de Herreros para notificar la aparición de restos con signos de violencia. Y si la Justicia no interviene se llevarán los restos a Ponferrada para su análisis antropológicos y enviar las muestras al laboratorio.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) realizará las labores de exhumación e identificación genética con sus propios recursos porque está en contra de que el Gobierno utilice subvenciones para buscar desaparecidos y no garantice universalmente el derecho a todas las familias. En el hipotético caso de que alguno de los cuerpos no pueda ser identificado genéticamente, que el resultado del estudio sea negativo o que aparezcan otras víctimas no reclamadas se procederá a la reinhumación en el Cementerio Municipal de Vegas de Matute (Segovia)

La Diputación de Sevilla está dispuesta a ponerle al proyecto de exhumación de la fosa Monumento, en el cementerio de San Fernando de Sevilla, todo el interés del que no está precisamente haciendo gala el Ayuntamiento de Sevilla de cara a abrir el mayor enterramiento colectivo en la capital con víctimas franquistas. Pero como el camposanto es propiedad municipal, le corresponde al Consistorio dar un paso ineludible en forma de proyecto de actuación, que precisamente le ha vuelto a reclamar este lunes el presidente provincial, Javier Fernández (PSOE), al alcalde hispalense, José Luis Sanz (PP).

Gobierno central, Junta de Andalucía y la propia institución provincial tienen partidas económicas preparadas para actuar, algo a lo que el Ayuntamiento todavía se resiste como demuestra que no ha incluido nada para ello en su presupuesto para 2026. De ahí que Fernández, y más allá el propio Observatorio Provincial de Memoria Democrática que se ha constituido este lunes, haya pedido a Sanz que “ya definitivamente tenga la determinación de poner en marcha de una vez por todo el proyecto”, sin el cual no se pueden iniciar los trabajos.

Como telón de fondo tenemos la deriva política que ha cogido esta cuestión, básicamente por la falta de entusiasmo del gobierno local del PP con una competencia que considera “impropia” y con la que no se siente especialmente cómodo, sobre todo si se tiene en cuenta que aspira a reeditar su alianza con Vox para el presupuesto municipal. Y eso lo está aprovechando el PSOE desde la Diputación, que ha reservado partidas económicas para estos trabajos tanto en 2024 como en 2025, cantidades que luego ha tenido que redirigir a otras cuestiones de memoria histórica ante la inacción municipal.

Cuestión de “voluntad política”

En este contexto, Fernández no ha dejado pasar la oportunidad de meterle el dedo en el ojo a Sanz, subrayando que con Monumento “lo verdaderamente importante es la voluntad política”. Las partidas económicas aparecerán, ha garantizado, pero primero tiene que existir esta voluntad política para que se materialice, “y lamentablemente en la propuesta de presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla para el año 2026 no figura ninguna partida”.

¿Y a qué atribuye esta falta de voluntad política por parte del Ayuntamiento? En eso no ha querido meterse porque debe responder el propio Sanz, para así explicar “cuáles son los compromisos que le hacen no tener esa voluntad”, en una indisimulada mención a su intento de no molestar a Vox en un momento de negociación presupuestaria como el actual.

“Lo que no entendemos es cómo, a la altura que estamos, todavía no se ha impulsado un proyecto tan importante” no sólo para las asociaciones memorialistas sino también “para toda Sevilla en general, que no puede permitirse tener a 2.700 de los suyos enterrados en una fosa común”. Por ello avanza que, desde el Observatorio de Memoria Democrática, “vamos a poner un énfasis especial en la fosa Monumento”, que considera “una de las grandes asignaturas pendientes” en la provincia.

Más de 2.600 víctimas del franquismo

En este gran enterramiento colectivo, muy cercano al de Pico Reja –clausurado en 2023–, ya se hicieron en su momento trabajos preliminares. El historiador José Díaz Arriaza apunta en sus investigaciones a que aquí puede haber unas 7.440 personas, de las que 2.613 serían represaliados franquistas.

Las cuatro administraciones deben financiar al 25% los trabajos exhumación, como se determinó en el protocolo rubricado el pasado mes de junio, con un cronograma según el cual los trabajos deberían terminar en 2029, un calendario que la inactividad del Consistorio hispalense deja muy en el aire. Por ello, Javier Fernández ha reclamado a la Junta de Andalucía (que es a quien le corresponde) que convoque la comisión de seguimiento de este protocolo, para que en la misma José Luis Sanz “dé las explicaciones oportunas de por qué aún no se han activado todos los trabajos”.

El Gobierno andaluz ha señalado a este periódico que la convocatoria se hará en tiempo y forma, para lo que tiene de plazo hasta finales de año según un acuerdo entre administraciones que, por cierto, incluye no sólo la exhumación, sino también la financiación de las posteriores tareas de identificación genética. El objetivo último es “entregarle a la familia los restos” para que le dé la sepultura que considero oportuna, para que así “definitivamente pueda descansar en paz”, ha apuntado Fernández.

Documental sobre la Columna Minera

Durante el desarrollo de la sesión constitucional del Observatorio se ha presentado también el tráiler de la película documental Exp. 95/36 Columna Minera, una producción de Piel de Cabra Producciones, patrocinada por la Diputación y grabada en lugares de La Rinconada.

El documental está basado en la novela La memoria varada, del periodista y escritor Rafael Adamuz, busca rescatar del olvido la masacre de la Columna Minera durante el levantamiento militar de 1936, cuando mineros procedentes de Huelva fueron traicionados y atacados en La Pañoleta, en el municipio sevillano de Camas. Hace unos años se logró identificar a todos los integrantes caídos en este ataque, cuyos restos fueron localizados en 2022 en Pico Reja.

La producción audiovisual es una reconstrucción cinematográfica inspirada en los testimonios familiares de las víctimas y el respaldo de los historiadores. Según su director, el actor y cineasta Jesús Garrido, y la productora María Iglesias, presentes en el acto de presentación, el documental se presentará en el Gran Teatro de Huelva el próximo 22 de noviembre, en el marco del Festival Iberoamericano. Posteriormente, el 11 de diciembre se preestrenará en Madrid, a lo que seguirá su estreno oficial un día después tanto en Madrid como en Sevilla.

En la fosa Monumento del cementerio de San Fernando de Sevilla se calcula que pueden estar sepultadas 7.440 personas, de las que 2.613 serían víctimas del franquismo. Esto la convierte en el enterramiento común con más represaliados de la capital y el segundo más grande de Andalucía tras el del cementerio de San Rafael, en Málaga, considerado el más importante de España hasta la fecha. Ya hay dinero público para acometer la exhumación y existe consenso entre todas las administraciones, pero a la hora de la verdad el proyecto sigue sin avanzar por la falta de iniciativa del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, que es el que debe desarrollar el proyecto de actuación.

Esto compromete el plazo de concluir los trabajos en 2029, como se habían marcado el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación y el propio Consistorio hispalense. Así se expresó al firmar el pasado junio el protocolo que rubricó el acuerdo político sellado en marzo de 2024 y con todavía los correspondientes convenios por firmar, lo que da cuenta de lo premioso que está siendo el camino.

Administrativamente, se están repitiendo exactamente los mismos pasos que para la fosa de Pico Reja, en la que se rescataron 1.786 cuerpos de víctimas de la represión franquista. La diferencia es de velocidad y de predisposición por la parte municipal, ya que aquel proyecto lo impulsó Juan Espadas como alcalde, mucho más comprometido con la cuestión memorialista que el actual regidor, José Luis Sanz (PP), que siempre ha dicho que es una “competencia impropia” del Ayuntamiento.

A día de hoy, tanto el Gobierno (a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática) como la Diputación provincial han liberado fondos económicos para afrontar los trabajos necesarios. Pero todo está en manos del Consistorio, que como propietario del terreno en el que se va a actuar tiene que diseñar un proyecto de obras que no está precisamente entre sus prioridades. Como muestra de ello, el gobierno local del PP no ha reservado en el presupuesto municipal para 2026 ninguna partida para ello, aunque el discurso oficial es que está comprometido con la iniciativa.

Fondos a la espera y otros en marcha

El problema es que sin este proyecto, y los subsiguientes convenios, la Diputación por ejemplo no puede hacerle llegar al Consistorio los 331.000 euros que consignó para este fin en sus cuentas del presente año, un dinero que para no perderlo al final va a redirigir a otras cuestiones de memoria histórica en la provincia dada la falta de respuesta municipal. La Junta señala que cuando llegue ese momento también tiene dinero preparado, que sacará de la partida de memoria en el presupuesto para 2026, que incluye 400.000 euros para exhumaciones y actuaciones en fosas y otros 600.000 euros para identificación genética.

El Gobierno central ha aprobado asimismo 200.000 euros para este fin, tal y como se publicó en el BOE del pasado 1 de octubre, una cantidad que al ser una asignación directa se puede entregar sin esperar al proyecto. Desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática se confirma que se requirió al Consistorio la documentación necesaria para hacerla efectiva, que presentó el pasado 24 de octubre.

Una vez resueltos los siguientes trámites –Abogacía del Estado e Intervención General– está prevista la firma de la resolución para estos días, con lo que la transferencia económica se completaría este mismo mes, en lo que se considera un adelanto del importe final que termine correspondiéndole al Gobierno con el compromiso además de completar su aportación en 2026. Pero eso sí, se incide en que “el Ayuntamiento tiene que realizar el proyecto y definir el presupuesto definitivo”, tal y como señalan fuentes de la Secretaría de Estado.

Sin partidas en el presupuesto municipal

“Nada impide, sino más bien lo contrario, que firme con las otras dos administraciones el convenio que plasme cantidades y anualidades”, para que así le lleguen unos fondos ya consignados, cuya cuantía exacta (cada administración pondrá un 25%) no se sabrá hasta que se concrete el proyecto. “Y por supuesto, tiene que incluir en su presupuesto la partida correspondiente que se prevea”, algo que de momento no entra en los planes municipales.

El gobierno local, por su parte, remite a las últimas declaraciones del primer teniente de alcalde y portavoz municipal, Juan Bueno (PP), quien recientemente insistía en que “existe compromiso” por parte del Ayuntamiento, pero que son las otras administraciones las que tienen que dar un paso al frente. “En 2025 no se ha hecho nada”, apuntaba, y recalcaba que “aquí hay que hablar menos y hacer más, y eso es lo que le pedimos a las administraciones competentes. Cuando ellos hagan, en vez de hablar, nosotros también haremos”.

Desde el Consistorio se subraya que todavía no se ha recibido ni un euro, algo que –al margen de la asignación directa del Estado– es imposible sin redactar el proyecto que le corresponde, en base al cual se podrán firmar los convenios subsiguientes con cada administración. Y, en una especie de pescadilla que se muerde la cola, se agarra a que no le han transferido fondos para justificar no incluir nada en su presupuesto para 2026.

El Ayuntamiento dice que “estará a la altura”

“Cuando las administraciones, sobre todo las competentes, la Junta y el Estado, den pasos adelante” entonces, asegura Bueno, “el gobierno municipal estará a la altura y pondrá su parte”. En este sentido, recuerda que en las cuentas municipales de 2023 aprobadas por el PSOE se reservaban 350.000 euros para la fosa Monumento que, al aterrizar en la Alcaldía en junio de 2023, el PP destinó a otros fines porque “si hubiéramos querido ejecutar no hubiéramos podido porque no había ningún planteamiento”.

“Siempre lo hemos dicho, no vamos a poner nada por escrito que no se pueda cumplir”, de ahí que no hayan reservado nada en los ejercicios presupuestarios de 2024, 2025 y 2026. El empujón necesario podría darse en la comisión de seguimiento del protocolo rubricado el pasado junio, que la Junta de Andalucía se ha comprometido a convocar antes de que acabe el año. Hasta entonces, no parece previsible que el Ayuntamiento haga movimientos ni tome iniciativa alguna, sobre todo en un contexto en el que ha borrado toda mención a memoria histórica en la web municipal y ha dejado su Oficina de Memoria al borde de la liquidación al abrirla sólo dos veces al mes.

Más de medio centenar de familiares de las víctimas que se buscan en la fosa del cementerio municipal de Ejea de los Caballeros se reunían este miércoles en el Centro Cívico de la localidad en un encuentro con la asociación memorialista Batallón Cinco Villas y el arqueólogo Javier Ruiz, para conocer los avances de los trabajos de exhumación que se están llevando a cabo desde el 17 de octubre por el Equipo Arqueológico Forense de Aragón integrado por arqueólogos, forenses y antropólogos, sumando un total de ocho expertos. La única ausencia institucional fue la del Gobierno de Aragón, que había sido invitado al acto pero que no acudió “por motivos de agenda”, según fuentes del Ejecutivo.

En este encuentro estuvieron presentes la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Zaragoza, y alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, acompañada de Santos Navarro, presidente de la comarca de Cinco Villas, Nerea Marín, diputada de Memoria Democrática de la Diputación de Zaragoza, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y la directora general de memoria histórica del gobierno de España, Zoraida Hijosa.

A pesar de estar invitada, la directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Gloria Pérez García, no asistió al acto con los familiares de las víctimas. “No nos sorprende la ausencia, porque el Gobierno de Aragón no están poniendo nada de su parte, parece que toda su actuación se encamina a ocultar crímenes que están a la vista de todos, es una forma de encubrir delitos, y no entendemos el rédito que pueden sacar del hecho de no apoyar la exhumación de una fosa como esta, que pone a la vista de todos una parte de la historia que nadie quiere que se repita”, apuntan desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Batallón Cinco Villas, promotora de este proyecto, y de otros junto con voluntarios o el resto de asociaciones memorialistas de Aragón. 

Según explican desde el Ejecutivo autonómico, Pérez recibió la invitación el pasado 24 de octubre, pero “por motivos de agenda excusó asistencia dado que no podría llegar al acto”. Aseguran que este es el único motivo de la ausencia de la directora general: “Cuando le ha sido posible ha asistido a otros actos relacionados con la memoria o las campañas de exhumación, así como siempre que le es posible responde a las invitaciones que le cursan”. Y ponen como ejemplo que sí el pasado 12 de marzo asistió en Magallón al acto de homenaje a 17 víctimas cuyos restos mortales permanecían en el Valle de Cuelgamuros.

Asimismo, desde el Gobierno de Aragón se ha dado continuidad a las exhumaciones y a la dignificación de todas las víctimas de violencia, para lo que se ha tendido y se tiene la mano tendida a la colaboración de las asociaciones y entidades que lo soliciten.

En su intervención, Ladrero alabó “la tarea que están llevando a cabo en la fosa de Ejea”, mientras que Nerea Martínez, aseguró que desde la DPZ van a “seguir trabajando por la recuperación de la memoria democrática, aportando partidas presupuestarias para pagar estos trabajos”, porque “aunque el tiempo haya pasado de forma vergonzosa, siempre hay tiempo para reparar”, aseguró la diputada. 

Todos los intervinientes enviaron un mensaje de cariño a los familiares y de “profundo respeto por las víctimas, hombres y mujeres que fueron silenciados”, apuntaba el delegado del Gobierno en Aragón, que recalcó la importancia de que las administraciones sean “capaces de alinearse para sacar adelante un proyecto como el de Ejea”, haciendo referencia a la exhumación de la fosa, la más numerosa en Aragón hasta la fecha. Fernando Beltrán incidió asimismo en la necesidad de “trabajar en comunicar y explicar, porque la historia no se repite, pero rima, y está empezando a rimar de manera preocupante, en España y en otros países”, lamentó.

Las labores de identificación van a ser la parte más compleja de todo el proceso. “Después de más de 18 años de Ley de Memoria Histórica, seguimos sin tener un banco de ADN”, denunció el arqueólogo Javier Ruiz, que enviará las muestras de la fosa de Ejea al banco de Navarra. En esta línea, la directora general de Memoria Histórica del Gobierno de España, Zoraida Hijosa, anunciaba que en próximas fechas se pondrá en funcionamiento el banco central de ADN: “Ya se ha adquirido el software, que se va a llamar Lorca, centralizará la información y se compartirán perfiles genéticos con un número”, explicaba. Un banco que estará coordinado y ser accesible a todos los bancos homologados que ya existen en España. 

“Ha pasado demasiado tiempo”

Hasta la fecha se han exhumado 23 cuerpos, cuya estructura ósea se ha conservado en buen estado en parte debido a la cantidad de cal que se arrojó sobre la fosa en el momento del enterramiento, que se cree que tuvo lugar durante julio y agosto de 1936. La estimación del equipo forense, que se apoya en los datos registrados en documentos oficiales, es que el número de represaliados que se encuentran en la zanja ahora abierta sea de 165, pero la cifra puede variar: “Hemos visto que puede haber cuatro fosas más, fuera de la zona dignificada en la que estamos trabajando, así que en próximas fases lo comprobaremos”, ha explicado Javier Ruiz, arqueólogo al frente de esta exhumación. 

Según las estimaciones, en la fosa podrían encontrarse restos de vecinos de hasta una veintena de municipios, incluyendo localidades de la Ribera Alta del Ebro y zonas de Navarra y Soria. Los familiares se han ido desplazando hasta el cementerio de Ejea para interesarse por la evolución de la exhumación y para realizarse pruebas de ADN que faciliten posteriormente, la identificación de los cuerpos.

“Hay familiares a los que les ha vencido el tiempo”, lamentó Javier Sumelzo, portavoz de Batallón Cinco Villas. Precisamente por este motivo, la identificación va a ser el gran caballo de batalla: “Me llega a quitar el sueño, porque cada vez los familiares directos son menos, casi no quedan hijos de las víctimas vivos”, apunta Ruiz. Un hecho que dificulta las labores de identificación, como ha sucedido en otras fosas en las que han trabajado. “Ha pasado demasiado tiempo”, lamenta el arqueólogo, “conforme nos alejamos en la línea de descendencia, el trabajo se vuelve más complejo, esto es lo que más nos va a retrasar, no va a ser fácil y quería que sepáis”, ha confesado a los familiares en el acto público celebrado en Ejea de los Caballeros. 

Los familiares han mostrado su agradecimiento al equipo de profesionales y voluntarios que están trabajando en la fosa de Ejea: “Tratan los cuerpos con un cuidado y un cariño admirable, cada cuerpo tiene una bandeja y si encuentran objetos los depositan en ella. Les estamos muy agradecidos por todo lo que están haciendo”, apuntan familiares como Mariano Malón, que busca a su tío en esta zanja. “No solo estamos abriendo la fosa con una profesionalidad innegable, sino que los tratamos con mucho cariño, lloramos a las víctimas todos los días”, añadía Javier Sumelzo en una intervención roto por la emoción.