“No existen indicios de los delitos atribuidos” y “se ha tratado de una acusación infundada”. Lo dice la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla que ha absuelto esta semana a 16 personas, entre ellos distintos funcionarios y técnicos de la Junta de Andalucía, por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. La jueza Mercedes Alaya, conocida sobre todo por ser la primera instructora del caso de los ERE, ordenó desde la Sección Séptima de la Audiencia reabrir la causa en el otoño de 2019, como ya hizo en 2016, al imputar al ex secretario general de Industria de la Junta Vicente Fernández Guerrero, hasta ahora acusado y por entonces presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el Gobierno español presidido entonces en funciones por Pedro Sánchez. Fernández dimitió tres días más tarde, según anunció la entonces ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, hoy candidata socialista a la Junta.

A una de las juezas más conocidas del país, vieja amiga del magistrado en excedencia Juan Ignacio Zoido (decano de los jueces de Sevilla entre 1992 y 1996), luego alcalde de la capital hispalense y más tarde ministro del Interior, no le han salido especialmente bien algunas de sus decisiones más mediáticas quizás por su “nueva manera de ver las cosas”, como sugirió el propio fiscal del caso Aznalcóllar, afeándole que reabriera el caso hasta por dos veces cuando el juzgado instructor estaba viendo claro que ahí no había ni truco ni amaño por parte de personal técnico de alta cualificación. En la vista oral, los acusados alegaron derechos “vulnerados” y acusaron a Alaya de “extralimitación” en sus funciones. Sentencia en mano, si bien cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, se trata de un nuevo varapalo para la protagonista de instrucciones fallidas como los casos Mercasevilla (2014 y 2017), Formación (2016), Lopera (2018) o Fitonovo (2022).

La voz a las consecuencias del último episodio acusatorio fallido de Alaya la ha puesto este sábado Aurora Gomera, ingeniera de Montes y funcionaria del cuerpo superior de la Junta, una de esas personas ahora absueltas pero “tras diez años de calvario”, según ha contado emocionada en Hora 14 Andalucía de la Cadena SER. Al ser preguntada por qué creía que el caso había llegado a juicio pese a que la sentencia dice ahora que no había indicios y de que se había tratado de una “acusación infundada”, la funcionaria ha sido tajante: “Esa pregunta se le debería de hacer a la magistrada Mercedes Alaya, que es la que ha motivado que nosotros fuéramos a juicio oral después de que la jueza instructora y la Fiscalía consideraran que no existía ningún tipo de delito, ningún tipo de prueba que nos inculpara de todos los delitos que se nos imputaban” (...) Habíamos hecho nuestro trabajo y nos sentaron en un penal“. A su juicio, la sentencia ”pone de manifiesto la mala fe de todas y cada una de las personas responsables de habernos sentado en un banquillo injustamente y de haber mantenido una mentira durante diez años“.

La sentencia es extensa pero algunas de sus consideraciones son especialmente contundentes: la pretensión punitiva de las acusaciones “carece de la menor consistencia, de lo que se deduce que no podían dejar de tener conocimiento de la injusticia y sinrazón de su posición, máxime tras el desarrollo del juicio, en el que ha resultado claramente desvirtuada la posible apreciación de delito en la actuación de los acusados en relación con los que han sido objeto de inculpación, algunos de ellos carente de total sustento fáctico y probatorio (negociaciones prohibidas, fraude, prevaricación ambiental), siendo incluso la acusación inicialmente establecida en las conclusiones provisionales de una mayor gravedad (cohecho, administración desleal), sin unos mínimos parámetros de racionalidad en la valoración de la amplia investigación realizada y que tuvo un resultado que no permitía en absoluto dicha calificación penal”.

“Teorías sobre conspiración y tramas delictivas”

Este ha sido el final, en primera instancia, del denominado caso Aznalcóllar. El caso ERE impulsado por Alaya es el más conocido a nivel nacional, pero no ha sido el único mediático. El ya mencionado Juan Ignacio Zoido presentó en abril de 2009 una denuncia contra el entonces alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), y el teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), a la sazón presidente y vicepresidente de Mercasevilla. El caso recayó en el Juzgado de Intrucción número 6, dirigido entonces por Mercedes Alaya. Se empezaba a fraguar el caso de los ERE, que se alarga desde hace más de 15 años y que, aunque amortizado, como presume el PP, sigue vivo: después de que en julio de 2024 el Constitucional anulara la condena de cárcel de Griñán y rebajara la inhabilitación de Chaves, y el caso se quedara sin trama política aunque con decenas de juicios pendientes por ayudas fraudulentas, la Audiencia de Sevilla llevó el pasado mes de julio a la Justicia europea las sentencias del Constitucional.

Pero volvamos a 2009. Alaya empezó entonces a tirar del hilo de la controvertida gestión de la lonja sevillana al advertir que en los expedientes de regulación de empleo de 2003 y 2007 había 'intrusos', es decir, personas que aparecían en los ERE pero que nunca habían trabajado para las mismas. Alaya imputó en el 'caso Mercasevilla' a Rodrigo Torrijos en abril de 2011 por la venta de los suelos del mercado de abastos, apenas mes y medio antes de las elecciones municipales, que ganó Zoido por mayoría absoluta. Años después, en 2017, Torrijos fue absuelto en aquel caso y tanto el CGPJ como el Consejo de Estado han puesto en duda aquella instrucción judicial de Alaya. En este mismo caso, el exdelegado provincial de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas resultó finalmente absuelto por el Tribunal Supremo en 2014 pese a haber sido condenado en 2012.

También podemos recordar el 'caso Fitonovo', instruido por Alaya. En noviembre de 2022, la Fiscalía retiró los cargos contra los exdirigentes de IU en Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García, que finalmente fueron luego absueltos. La sentencia condenó a penas de entre dos y nueve meses de cárcel a diez de los diecisiete acusados, entre ellos concejales, funcionarios y empresarios, y absolvió a las formaciones políticas PSOE e IU-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía como partícipes a título lucrativo.

La absolución del expresidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera en marzo de 2018 de apropiación indebida y administración desleal también fue un caso mediático que, desde el punto de vista penal, quedó en nada después de años de procedimiento judicial.

A comienzos de 2017, un contundente auto judicial de la jueza María Núñez Bolaños confirmó el archivo de la denominada pieza 'política' de los cursos de formación en Andalucía. Rechazó, como era de esperar, el recurso de reforma planteado por el PP andaluz pero lo hacía cargando contra su antecesora, Mercedes Alaya, y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por “iniciar causas penales desde la interpretación de informes” a partir de los cuales “elaborar teorías sobre conspiración y tramas delictivas, como la sostenida en esta causa, viene siendo avalada también por el PP-A”. La causa había sido archivada el 11 de octubre de 2016 siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Aquello fue la crónica de un carpetazo anunciado, mientras con el caso Aznalcóllar se ha llegado al fin de un proceso y de una absolución anunciada.

El 'efecto ERE'

Alaya también protagonizó el llamado 'efecto ERE', salpicado de decisiones suyas en momentos muy puntuales, principalmente ante las autonómicas de marzo de 2012 (ganadas por el PP de Javier Arenas, si bien PSOE e IU hicieron coalición haciendo presidente a Griñán) y en la campaña electoral de las municipales 2011, con el foco en la política sevillana, de las que salió vencedor el ya citado Juan Ignacio Zoido. En su penúltimo caso mediático, en la primavera de 2023, sí que decidió aplazar hasta después de las elecciones municipales el juicio por el gasto de dinero público en prostíbulos por parte del exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén, condenado luego a seis años de cárcel.

Mercedes Alaya, en cualquier caso, fue la auténtica pesadilla para la Junta durante sus cuatro años de instrucción de los ERE y el PSOE siempre ha considerado que la instrucción que llevó a cabo la jueza en la causa supuso una injerencia en la vida política andaluza. De hecho, ni cinco minutos, literalmente, le duró el estreno de presidenta a Susana Díaz cuando el 10 de septiembre de 2013, durante la toma de posesión de su nuevo equipo, el PP andaluz filtraba el auto de Alaya que pedía la imputación de Chaves y Griñán, sus predecesores y padrinos políticos (aunque luego fue anulada por la Audiencia). A Alaya le sustituyó al frente del juzgado de los ERE María Núñez Bolaños, amiga del exconsejero andaluz Emilio de Llera, fiscal en excedencia. Pero la ‘pata política’ del caso, la más jugosa o la más difícil de gestionar, según se mire, le tocó rematarla a Álvaro Martín, quien abrió en noviembre de 2016 el juicio oral contra los máximos responsables de la Junta.

Aquella bomba de Alaya al aguar la fiesta de estreno del Gobierno de Díaz vino a ratificar de algún modo las coincidencias temporales entre sus decisiones y autos con determinadas actividades de la Junta desde que estallara el caso, allá por 2011, campañas electorales incluidas. “Nada ni nadie va a condicionar la agenda del PSOE. Nada ni nadie”, dijo el todavía presidente Griñán apenas un par de meses antes de ser 'preimputado', aquel terminó acuñado en los medios tras la decisión de Alaya de meterle en el charco de los ERE, principalmente como consejero de Hacienda. Pero la agenda sí fue condicionada, tanto como para hacer caer a dos expresidentes del PSOE y de la Junta. Griñán renunció a la Presidencia de la Junta en julio de 2013 para que “ningún escándalo salpique a la Junta y a Andalucía”, reconociendo definitivamente el desgaste sufrido.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto a los 16 acusados --entre ellos distintos funcionarios y técnicos de la Administración autonómica-- por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina de Aznalcóllar al considerar que “no existen indicios de los delitos atribuidos y que se ha tratado de una acusación infundada”.

En la sentencia fechada el día 4 de diciembre y notificada este viernes a las partes, la Audiencia absuelve a los acusados de los delitos de tráfico de influencias, continuado de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios y prevaricación medioambiental que les atribuyeron las acusaciones ejercidas por Emerita Resources España S.L.U., SC Andalucía Mining y la Federación Provincial de Ecologistas en Acción, ha informado el TSJA en una nota de prensa.

Asimismo, la Sección Tercera de la Audiencia absuelve a la Junta de Andalucía y a las entidades Minera Los Frailes S.L., AMC Mining Iberia S.L.U., Grupo México, Minorbis S.L. y Magtel S.L. de la responsabilidad civil que se les reclamaba. De otro lado, condena al pago de las costas procesales a las tres entidades acusadoras “al apreciarse una connivencia” entre ellas “en el mantenimiento de su posición incriminatoria, con el perjuicio moral y económico que ello ha conllevado a los acusados que absolvemos de una acusación infundada”. La Fiscalía solicitó la absolución de todos los encausados.

En este sentido, los magistrados consideran que la pretensión punitiva de las acusaciones “carece de la menor consistencia, de lo que se deduce que no podían dejar de tener conocimiento de la injusticia y sinrazón de su posición, máxime tras el desarrollo del juicio, en el que ha resultado claramente desvirtuada la posible apreciación de delito en la actuación de los acusados en relación con los que han sido objeto de inculpación, algunos de ellos carente de total sustento fáctico y probatorio (negociaciones prohibidas, fraude, prevaricación ambiental), siendo incluso la acusación inicialmente establecida en las conclusiones provisionales de una mayor gravedad (cohecho, administración desleal), sin unos mínimos parámetros de racionalidad en la valoración de la amplia investigación realizada y que tuvo un resultado que no permitía en absoluto dicha calificación penal”.

El tribunal agrega que, frente a la postura de las acusaciones privadas y popular, “la posición del Ministerio Fiscal ha sido ”diáfana“ a lo largo de la causa invocando su conclusión absolutoria, cuyo fundamento basaba en pruebas de especial consistencia”, como son el informe de los interventores de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, “de los que no cabe inferir la comisión de los delitos por los que han sido acusadas 16 personas, en su mayoría funcionarios de alto nivel profesional, quienes, desde un principio, se han mostrado propicios a explicar su participación y actuación en el desarrollo y resolución del concurso minero, que a juicio de este tribunal lo han realizado con profesionalidad e imparcialidad (...)”.

Los magistrados consideran que no se ha probado que “hubieran presionado o tratado de influir en las decisiones a adoptar por sus interlocutores para conseguir sus propósitos y menos que éstos hubieran intentado prevalerse de sus cargos para presionar a los componentes de la Mesa del Concurso y Comisión Técnica a fin de modificar sus valoraciones y propuestas”, dice la Audiencia Provincial, que hace mención en este punto al informe de la UCO, que concluye que “no se ha detectado ninguna comunicación o documento que permita inferir la existencia de influencias sobre los miembros del Comité Técnico o de la Mesa del Concurso para favorecer a una o a otra empresa licitante”.

Además, los magistrados ponen de manifiesto que “no resulta concluyente ni convincente, al existir dudas sobre su realidad, la prueba a la que otorgan mayor valor incriminatorio las acusaciones sobre la posible connivencia de los acusados con la empresa Minorbis”, como es la relativa a la reunión del 11 de abril de 2014 supuestamente celebrada en las oficinas de Emerita en Sevilla.

Por ello, “no cabe inferir la comisión del delito de tráfico de influencias, pues ni consta acreditada con la certeza que una sentencia condenatoria exige la supuesta reunión, ni de dichos actos por sí solos considerados cabe concluir la comisión de dicho delito, cuando no aparecen conectados con cualquier acto de sugerencia, indicación o influencia sobre las personas encargadas de valorar la documentación y proyectos de las empresas licitadoras, sobre lo que ni se ha practicado prueba alguna, ni existe siquiera indicio alguno y sólo meras sospechas y especulaciones perfectamente desvanecidas por el comportamiento y las explicaciones ofrecidas desde un principio y de forma persistente a lo largo de la causa por los acusados, avaladas por los servicios jurídicos de la Junta, la UCO y la IGAE, así como por cualificado profesionales que han contradicho los informes de los peritos propuestos por la acusación”.

Según exponen a lo largo de la sentencia, “de las diligencias practicadas entendemos que no pueden inferirse indicios sólidos de que haya habido algún tipo de indicación, instrucción o recomendación dada o presión moral ejercida sobre los miembros de la Comisión o de la Mesa, ni de que se hubiese hecho a ninguno” de los dos hermanos acusados, representantes de Magtel, “promesa o gesto de ganar el concurso, ni existe la evidencia de ventajas económicas o profesionales que hubiesen servido de incentivo para tal fin, pues no se aprecia de forma tangible ni la voluntad de favorecer ni la razón de dicho interés”.

“Carecemos de prueba alguna que permita apreciar la existencia de un concierto” entre los hermanos acusados y los funcionarios “para apropiarse de una reserva minera”, asevera el tribunal, que también resalta en la sentencia que, en este caso, “ninguna desviación se aprecia en la actuación de los acusados componentes de la Mesa y Comisión Técnica, que han motivado sus valoraciones técnicas de forma razonable y aplicado los criterios de valoración anunciados y no recurridos por los licitadores, habiendo sido sus pronunciamientos respaldados por peritos de una alta cualificación en la materia por ellos desarrollada (...)”. Contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha finalizado este martes, tras casi cuatro meses y medio, el juicio derivado de la denuncia de Emerita Resources España por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude en la adjudicación de los derechos de explotación de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis; derechos por los cuales pujó sin éxito la entidad denunciante.

El juicio ha concluido con la última palabra de los acusados, derecho a cuyo uso han recurrido tres de las 16 personas sentadas en el banquillo de los acusados.

En concreto, los acusados en este juicio son la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto, el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, responsables de Magtel, matriz de Minorbis; y los funcionarios de la Junta miembros de la comisión técnica del concurso y de la mesa de contratación.

Tras casi cuatro meses y medio de sesiones, el juicio ha finalizado y ha quedado visto para sentencia, como ha declarado expresamente el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, una vez consumado el turno de la última palabra de los acusados, derecho del cual han hecho uso tres de los mismos.

En concreto, han hecho uso de su última palabra los acusados funcionarios de la Junta de Andalucía Julio Ramos Zabala, Pastora Sánchez de la Cuesta Sánchez Ibargüen y Aurora Gómez, quienes han alertado de que el juicio se basa en una “acusación infundada” de Emerita Resources España tras no ganar “por sus errores propios” el concurso promovido por la Junta para la adjudicación de los nuevos derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada tras la gran catástrofe natural acontecida en 1998 por la fractura de su balsa de residuos de metales pesados cuando el recinto era explotado por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).

También han alertado de las “falacias y muchas mentiras de extraordinaria gravedad” vertidas por Emerita Resources sobre el procedimiento administrativo promovido para el mencionado concurso internacional destinado a asignar los nuevos derechos de explotación del famoso complejo minero.

Al procedimiento, recordémoslo, concurrieron exclusivamente las ofertas de Minorbis, filial del grupo andaluz Magtel que pujaba con el apoyo de solvencia de Grupo México; y de Emerita Resources, perteneciente al fondo de inversión Forbes & Manhattan y que tras no ganar el concurso denunció el asunto por la vía Penal, asegurando que su propuesta era superior en lo económico; así como también por lo Contencioso Administrativo; y que en una reunión, el acusado Mario López Magdaleno, presidente de Magtel, habría dicho supuestamente que él tenía “la llave” del concurso, reclamando presuntamente a Emerita “el 15 por ciento” del negocio exclusivamente por “asegurar” el resultado del procedimiento.

En ese sentido, estos acusados han alertado de los “inmensos perjuicios” sufridos en lo profesional y lo personal tras “diez años kafkianos, de manipulación, calvario y de una injusticia sin precedentes” como consecuencia de la “mala fe” de Emerita Resources, que recientemente veía cómo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimaba íntegramente su recurso contencioso-administrativo contra la empresa Minera Los Frailes, sociedad de propósito creada por la alianza conformada por Minorbis y Grupo México para explotar la mina de Aznalcóllar tras hacerse con los derechos de la misma, fruto del concurso promovido por la Junta.

Y entre sus intervenciones, han destacado que en todo este procedimiento judicial ha brillado “la luz de la Fiscalía”, que en la fase de conclusiones definitivas del juicio ratificaba una vez más su petición de sobreseimiento con relación al conjunto de acusados, al confirmar su escrito provisional, en el que ya solicitaba tal extremo por no apreciar delito alguno.

La Fiscalía, además, instó las dos órdenes de sobreseimiento del caso acordadas años atrás por la magistrada Patricia Fernández Franco como jueza encargada de instruir la denuncia penal de Emerita Resources, al no apreciar delito alguno ni el Ministerio Público ni dicha magistrada instructora.

Pero tras los recursos de apelación de las acusaciones particulares y popular contra esas dos decisiones de archivo, en ambos casos la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya; instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos; accedió a las tesis de las acusaciones ordenando la reapertura de las diligencias, cristalizadas en el citado juicio, en el que la Fiscalía no formulaba acusación y como ha sido señalado, ha solicitado de nuevo el sobreseimiento.

La mina de Aznalcóllar ya tiene todos los parabienes para reabrir, y aunque entidades ecologistas anuncian que seguirán planteando batalla, a día de hoy la previsión es empezar la extracción de mineral en 2028. El camino del proyecto ha estado lleno de altibajos desde su adjudicación hace una década, pero si ha llegado a buen puerto ha sido por el considerable giro que se le dio en plena tramitación: los vertidos que genere la actividad se verterán en el Guadalquivir, no en el Guadiamar como estaba previsto inicialmente.

De hecho, la historia sería hoy muy distinta si Grupo México y Minorbis (concesionarias y creadoras de la empresa que gestionará el complejo, Minera Los Frailes) hubiesen persistido en verter en el río Agrio, afluente del Guadiamar. ¿Y por qué es tan importante que al final se optase por el Guadalquivir? Pues porque se pasó del dominio público hidráulico al marítimo-terrestre, lo que implica que los vertidos pueden ir con una carga contaminante más elevada y que la autorización la concede la Junta de Andalucía, que fue precisamente la que en 2013 puso en marcha el proceso para reactivar la explotación.

La empresa tiene un horizonte operativo que de partida se sitúa hasta 2045, tiempo durante el que verterá más de 85 hectómetros cúbicos (85.000 millones de litros) de aguas tóxicas contaminadas con metales pesados: zinc, plomo, cobre, níquel, arsénico, mercurio... Esto, según han alertado ayuntamientos, sectores productivos y organizaciones sociales, conllevará la contaminación del estuario, por lo que reclaman que un comité científico analice la situación ante la voz de alerta que ya han dado estudios preliminares.

Incumplía los parámetros

Volcar los vertidos en el Guadiamar vía Agrio suponía replicar la fórmula de Boliden Apirsa, propietaria de la mina cuando se produjo el desastre ambiental de 1998. El argumento de la nueva concesionaria es que el procedimiento no tenía nada que ver, que ahora es un proyecto subterráneo que no necesita balsa de residuos como la que estalló en el que está considerado como la mayor catástrofe ambiental en España.

Pero estos argumentos no convencieron a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal encargado de dar la autorización ambiental al pertenecer el Guadiamar al dominio público hidráulico. De hecho, transmitió a la empresa que su solicitud incumplía los parámetros requeridos para un permiso como el que pedía por los niveles tóxicos de los residuos que se iban a verter, que incluían cadmio y mercurio.

“No iban a cumplir nunca los requisitos porque el Guadiamar es hoy uno de los río más controlados de Europa”, ha llegado a señalar el presidente de la CHG, Joaquín Páez, que declaró como testigo en el juicio por la concesión administrativa –todavía en curso– y recordó la “controversia” que generó la propuesta inicial. Así que le dieron un volantazo al proyecto y se fueron al Guadalquivir, donde “sería más fácil cumplir los requisitos legales de este tipo de vertidos”.

“Única fórmula para conciliar” todos los aspectos

Así las cosas, la Confederación pidió en 2019 una ampliación del análisis de alternativas de vertido de las aguas del complejo minero, tanto en lo relativo a sistemas de tratamiento como a otros puntos diferentes de vertido. Esto, explicó la empresa en la nueva documentación que presentó para desatascar el proceso, “motivó un cambio en el diseño conceptual del proyecto”, enfilando ahora al Guadalquivir.

Minera Los Frailes explicó que este viraje –un “giro sustancial”, como lo ha llegado a definir el presidente de la CHG– era la “única fórmula para conciliar los aspectos administrativos, ambientales, sociales y técnicos” y así conseguir la autorización ambiental. Para ello, ya en 2021, presentó una adenda al proyecto de explotación con esta reconfiguración que suponía pasar del dominio público hidráulico al marítimo-terrestre, lo que incluía cambiar como administración de referencia el Gobierno central por el andaluz.

El Guadalquivir pertenece al dominio público hidráulico desde que nace hasta la presa del municipio sevillano de Alcalá del Río, hasta donde el estuario del río ejerce su influencia en forma de mareas. A poca distancia, a la altura del estadio de la Cartuja, la compañía ha elegido el punto de vertido, para lo que construirá una tubería que recorrerá 30 kilómetros desde sus instalaciones.

Opiniones enfrentadas

La empresa esgrime una y otra vez que cuenta con todos los parabienes ambientales, y que de hecho su actuación permitirá neutralizar el riesgo potencial que todavía suponen las dos cortas mineras de la época de Boliden que todavía están llenas de aguas tóxicas y rodeadas de unos vertederos que continúan filtrando. Los Frailes calcula que en torno al 20% de su inversión global (500 millones de euros) se destinará a un plan de restauración integral de la antigua concesión minera, que dará continuidad al Corredor Verde del Guadiamar.

No lo ve igual el catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla Jesús Castillo, uno de los autores de un último estudio que alerta de una contaminación ya asentada en el Guadalquivir por la actividad de Cobre las Cruces y que ahora se multiplicará con Aznalcóllar. “Aquí nadie hace nada y se está poniendo la alfombra roja pese a que el estudio de impacto ambiental se basa en una hipótesis falsa, la de que los metales van a salir del estuario”.

En cambio, a su juicio estos restos tóxicos se van a pegar a partículas y depositarse en el fondo del estuario. El resultado sería un escenario “altamente contaminado con efecto ecotóxico”, lo que afectará a un ecosistema que es el sustento económico de miles de familias.

Interés público superior

Por su parte, el vicepresidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Joan Corominas, señala que verter al Guadalquivir rebaja los requisitos con respecto al Guadiamar, pero pone el acento en un procedimiento administrativo que ha supuesto una “devaluación” de la figura de lo que antes se conocía como interés general. El proyecto, de hecho, recibió de la Junta de Andalucía la declaración de interés público superior para así cumplir con lo que estipula la Directiva Marco del Agua.

Pero Joan Corominas recuerda que hasta ahora el reconocimiento como interés superior llegaba vía ley o real decreto ley, es decir, que tenía que aprobarlo o el Consejo de Ministros o el Congreso. En cambio, el interés público superior del proyecto de Los Frailes no lo ha concedido ni el Consejo de Gobierno ni el Parlamento andaluz, sino la Delegación Territorial de Industria, Energía y Minas, con un documento que “copia párrafos completos de las formulaciones de la empresa minera”.

Las organizaciones ecologistas han reaccionado con estupefacción ante el anuncio del Gobierno andaluz de que la mina de Aznalcóllar ya tiene todas las bendiciones legales para reabrir. Ante el nuevo escenario que se abre, Ecologistas en Acción anuncia que llevará a los tribunales la nueva autorización minera y SEO/Birdlife alerta de que “vulnera la filosofía del Pacto por Doñana acordado entre la Junta de Andalucía y el Ministerio”. Greenpeace, por su parte, incide en el impacto en el Guadalquivir y avisa de que “se está firmando un nuevo vertido que podría suponer la sentencia de muerte de un ecosistema ya dañado”.

Ecologistas en Acción ha tachado la decisión de “irresponsable, temeraria y contraria al interés general de la ciudadanía andaluza”. De paso, avisa de que el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, “no se ajusta a la realidad cuando asegura que el proyecto de reapertura no dispondrá de ninguna balsa de residuos”.

SEO/BirdLife, en paralelo, ha denunciado que el Consejo de Participación de Doñana no ha sido informado del proyecto respecto al cual “se ignoran los efectos acumulativos de vertidos anteriores y las recomendaciones científicas basadas en el principio de precaución”. “Esta decisión del Gobierno andaluz vulnera la filosofía del Pacto por Doñana acordado entre la Junta de Andalucía y el Miteco e ignora las recomendaciones de la Unión Europea y organismos internacionales como Unesco, UICN y la Convención Ramsar”, resalta.

Balsa de lodos tóxicos mineros

“El proyecto pretende depositar durante los 17 años previstos de operación millones de toneladas de nuevos lodos tóxicos mineros, concretamente el 50% de los residuos del proceso de tratamiento del mineral, en la antigua corta de Aznalcóllar, donde actualmente ya están depositadas millones de toneladas de lodos procedentes de la rotura de la balsa de 1998”, señalan los ecologistas. A su juicio, ese método convertirá esa vieja corta de Aznalcóllar “en una balsa de lodos tóxicos mineros, mientras la consejería opta por calificar esa actuación como relleno a efectos de restauración”.

Greenpeace, por su parte, no considera que el proceso de restauración asegure que la balsa vaya a eliminar la presencia de metales pesados, y recuerda además que el material de rellenado también tendrá presencia de elementos contaminantes que dañarán tanto al acuífero como al Corredor Verde del Guadiamar. Igualmente, recuerda que la reapertura de la mina supondrá un vertido total de 85,5 hectómetros cúbicos de aguas contaminadas con metales pesados durante 18 años y medio, el equivalente al consumo total de la ciudad de Sevilla en un año. 

Ecologistas en Acción alerta además que con ello la alianza empresarial promovida por Grupo México y la andaluza Minorbis, que explotará la mina mediante su sociedad instrumental Minera Los Frailes, “no tendrá la obligación de elaborar y ejecutar un Plan de Emergencia Exterior ante posibles accidentes, roturas o fugas de lodos contaminados”. En esta línea, tampoco “tendrá obligación de implantar ninguna de las medidas de seguridad establecidas en la legislación minera para las instalaciones de residuos mineros de categoría A”.

“Contaminación impune”

“La experiencia acumulada nos indica que los residuos mineros que van a ser depositados en la corta de Aznalcóllar, reconvertida en balsa de lodos tóxicos mineros, sin duda contaminarán impunemente tanto las aguas subterráneas del acuífero de Gerena (reserva estratégica de agua de consumo humano para Sevilla y área metropolitana para épocas de sequía), como ya lo hizo la cercana mina de Las Cruces cuando inició su actividad en 2008. Y estos residuos mineros contaminarán las aguas superficiales de la cuenca del Corredor Ecológico del Guadiamar, incumpliendo las bases del concurso minero que adjudicó los derechos mineros en febrero de 2015”, avisan.

El consejero Paradela, por su parte, defendía este mismo viernes que este proyecto, que cuenta con la correspondiente autorización ambiental unificada; supone una inversión cercana a los 500 millones de euros y la previsión de generar 1.200 empleos directos e indirectos, así como 800 inducidos. Además, también destacaba que será “una mina subterránea y no a cielo abierto” y que el aprovechamiento de la vieja corta parte de una “práctica reconocida como mejor técnica disponible por la Unión Europea”.

SEO/BirdLife lamenta que la decisión permite el vertido de más de 85.000 millones de litros de aguas tóxicas al río Guadalquivir, afectando a la Zona de Especial Conservación del Bajo Guadalquivir y al propio Espacio Natural de Doñana, sin que se haya evaluado adecuadamente su impacto. Todo ello entre frecuentes alertas científicas sobre cómo afectará para mal también a la actividad económica de numerosos municipios, con la acumulación de investigaciones y con peticiones para que el Consejo de Doñana analice las posibles consecuencias.

El anuncio se ha hecho además en pleno juicio por la adjudicación administrativa del proyecto minero. “Con la autorización otorgada, entendemos que el consejero Paradela asume y se convierte en cómplice de los posibles delitos de corrupción que actualmente se están juzgando”, enfatiza Ecologistas en Acción.

Los plazos de la mina

La empresa ya ha anunciado que la actividad comenzará a principios de este verano con la construcción de la nueva estación de tratamiento de agua, preadjudicada a Aqualia Industrial, con una inversión de 50 millones de euros. En la primera mitad de 2026 se activará una inversión de 150 millones de euros para la construcción de la planta de proceso, las labores subterráneas y otras infraestructuras asociadas al inicio de las operaciones.

El objetivo es completar el 100% de la inversión en 2027 para procesar en 2028 las primeras toneladas de mineral. Los Frailes será una mina de zinc, cobre y plomo con un sistema de explotación subterránea y sin balsa de residuos, a diferencia del proyecto anterior que gestionaba Boliden Apirsa.

La mina del municipio sevillano de Aznalcóllar ya tiene todos los permisos para reabrir, por lo que empezará este mismo verano los trabajos previos para así poder iniciar la extracción de mineral en 2028. Minera Los Frailes cuenta así con la aprobación definitiva del proyecto de explotación, que llega en plena oposición ecologista 27 años después del desastre ambiental (1998), 23 años después del cierre del complejo minero (2002) y cuando han pasado 12 años desde que el Gobierno andaluz volvió a autorizar la actividad minera. La producción se reactivará en 2028, a los 30 años del vertido tóxico.

El consejero andaluz de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha sido el encargado de hacer el anuncio, en el marco de una visita a Aznalcóllar en la que ha comunicado oficialmente al alcalde, Juan José Fernández (IU), que su departamento ha autorizado el nuevo proyecto de explotación y el plan de restauración de la mina de Los Frailes. De la gestión se encarga la alianza empresarial promovida por Grupo México y la andaluza Minorbis, y la autorización llega justo cuando se está en pleno juicio por esta adjudicación.

Esta autorización, según la consejería, supone “el último trámite” de la administración autonómica para dar vía libre al inicio de los trabajos de construcción de una nueva mina. El proyecto cuenta con una inversión cercana a los 500 millones de euros y la previsión de generar 1.200 empleos directos e indirectos, así como 800 inducidos. La vida estimada es de al menos 20 años, los tres primeros para los trabajos previos, por lo que su horizonte mínimo se sitúa en 2045.

Los plazos del proyecto

La empresa ya ha anunciado que la actividad comenzará a principios de verano con la construcción de la nueva estación de tratamiento de agua, preadjudicada a Aqualia Industrial, con una inversión de 50 millones de euros. En la primera mitad de 2026 se activará una inversión de 150 millones de euros para la construcción de la planta de proceso, las labores subterráneas y otras infraestructuras asociadas al inicio de las operaciones.

El objetivo es completar el 100% de la inversión en 2027 para procesar en 2028 las primeras toneladas de mineral. Los Frailes será una mina de zinc, cobre y plomo con un sistema de explotación subterránea y sin balsa de residuos, a diferencia del proyecto anterior que gestionaba Boliden Apirsa.

La planta de tratamiento tendrá capacidad para procesar 2,7 millones de toneladas de minerales cada año. El objetivo es obtener 170.000 toneladas de concentrado de zinc, 55.000 toneladas de plomo y 13.000 toneladas de cobre anualmente.

Reutilización de los residuos

El consejero Paradela ha defendido que el proyecto “no es una reapertura sino un proyecto totalmente nuevo”, que contempla una mina subterránea y sin balsas de residuos. De hecho, utilizará una práctica que –ha subrayado– “está reconocida como la mejor técnica disponible por la Unión Europea”.

La empresa explica en este sentido que los estériles serán tratados en una planta para convertirlos en pasta cementada con propiedades estructurales, que se utilizará para rellenar las cámaras de la mina, la propia corta de Aznalcóllar y una escombrera. La mayoría de esos lodos y estériles, una vez convertidos en pasta, serán reintroducidos en los huecos mineros.

Minera Los Frailes gestiona desde 2015 los antiguos pasivos mineros, sobre todo dos cortas a cielo abierto, Los Frailes y Aznalcóllar. Esta acumula 14 millones de metros cúbicos de agua de contacto con metales y está rodeada por escombreras abandonadas en 2002. La compañía salcula que en torno al 20% de la inversión global se destinará a un plan de restauración integral de la antigua concesión minera, que dará continuidad al Corredor Verde del Guadiamar.

La cuestión del agua

El proyecto incluye la depuración total de ese agua de las antiguas explotaciones, para lo que se construirá una planta de tratamiento desde la que se verterá al Guadalquivir, a lo que se une el sellado total de la corta de Aznalcóllar con material impermeable para evitar la contaminación con el contacto de los antiguos pasivos mineros. Junto a ello, se habilitará una red de infraestructuras que almacena el agua en una nueva balsa en caso de que haya precipitaciones extraordinarias.

Por lo que hace referencia a las futuras extracciones, Paradela ha incidido en que la huella hídrica del proyecto es “reducida, ya que más del 80% del agua que se utilice para el tratamiento del mineral se va a recircular en el propio proceso”. Estas garantías no evitan los recelos de los grupos ecologistas, que se oponen frontalmente a una actuación socialmente muy reivindicada en la comarca por su impacto económico.

Las organizaciones ecologistas inciden en que la actuación planteada supone “verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja”, con destino al estuario del Guadalquivir. También aseguran que tendrá efectos en un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000, extremo que niegan a su vez la administración andaluza y las empresas promotoras del proyecto, que incide en las autorizaciones ambientales y en que cuenta con mecanismos de control que garantizan el cumplimiento de la normativa.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este martes la segunda sesión del macro juicio correspondiente a la investigación de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis. La fiscal del caso ha defendido la labor de la juez instructora Patricia Fernández Franco, que archivó dos veces la causa, ante la “nueva manera de ver las cosas” del tribunal participado por la jueza Mercedes Alaya, instructora inicial de los ERE, que revocó ambos sobreseimientos.

Esta segunda sesión del juicio ha contemplado la contestación a las cuestiones previas planteadas el primer día por las defensas de los 16 acusados, que reclamaron la nulidad del juicio por “vulneración de derechos fundamentales de libertad, defensa e intimidad” y una supuesta “extralimitación de las competencias” de la Sección Séptima de la Audiencia.

La fiscal del caso, cuya instancia solicitó ambos sobreseimientos de la causa y ha pedido la absolución de los 16 acusados; ha defendido que la magistrada Patricia Fernández Franco, desde el Juzgado de Instrucción número tres, “cumplió escrupulosamente con las diligencias” investigación, resolviendo dos veces archivar el caso, pero “la Sala Séptima hizo un nuevo razonamiento, una nueva manera de ver las cosas”.

“Cuando revocan el segundo auto de sobreseimiento, la magistrada instructora se vio en una tesitura difícil y se vio abocada a dictar un auto de procedimiento abreviado”, ha manifestado la fiscal, asegurando que la magistrada Patricia Fernández Franco siempre tuvo un “control exhaustivo” de la investigación.

De otro lado, la fiscal ha negado cualquier vulneración de derechos en las detenciones de los inculpados, reconociendo que las defensas “pueden ver como un poco rigorista ese proceder”, pero precisando que “en cuanto declararon, fueron puestos en libertad, con lo que no estuvieron más tiempo de lo debido” en la situación de detención.

Y de la misma manera, la fiscal del caso ha negado las tesis de las defensas respecto a que Emerita, empresa denunciante del asunto, no esté supuestamente legitimada para ejercer la acusación particular y que sólo podría participar como acusación popular; planteamiento que de prevalecer podría hacer decaer la causa porque la Fiscalía no acusa en este procedimiento.

“Un currículum de desastres ambientales”

Ecologistas en Acción ha alertado este martes de que la multinacional minera Grupo México, adjudicataria de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar (Sevilla), de la mano de la andaluza Magtel, “se parece mucho a Boliden”, la empresa sueca que mediante su sociedad Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa) explotaba esta mina cuando se produjo el conocido gran desastre medioambiental de 1998 por la fractura de la balsa de metales pesados del complejo minero.

Los representantes de Ecologistas en Acción Isidoro Albarreal y de Greenpeace Luis Berraquero han comparecido este martes ante los medios de comunicación en los aledaños de la Audiencia de Sevilla, que acoge el referido macrojuicio. Isidoro Albarreal ha considerado “llamativo” que “los diez funcionarios (acusados) que formaban parte de la mesa de contratación” conformada por la Junta de Andalucía para adjudicar la explotación de la mina, “defendidos antes por los letrados de la Junta”; ahora están representados en el juicio por “el mismo bufete que representa a la empresa Minera Los Frailes”, sociedad instrumental creada por Grupo México para la gestión directa de la mina.

Albarreal ha señalado además el papel de varios de los acusados, como Salvador Camacho Lucena, que era secretario general de Medio Ambiente de la Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente, y “por tanto, tenía todos los conocimientos jurídicos para saber que lo que se estaba haciendo no era lo correcto”; así como Iván Maldonado, jefe del Servicio de Minas; y Juan Manuel Revilla, que actuaba como secretario de la mesa y que también tenía “conocimiento perfecto, porque los tres tienen una trayectoria bastante grande y, por cierto, bastante unida a infracciones ambientales”, según ha puntualizado.

“Todos los demás acusados deberían ser conscientes y determinar claramente cómo fueron los hechos y si recibieron o no recibieron instrucciones de qué tenían que hacer”, ha enfatizado.

Además, Albarreal ha expuesto que Grupo México no concurrió directamente al concurso convocado por la Junta para la adjudicación de los derechos de explotación de la mina, sino que lo hizo mediante su “aval económico y técnico a la empresa Minorbis, que jamás ha tenido un proyecto minero”; porque “seis meses antes de que se convocara el concurso, el 6 de agosto de 2014, Grupo México reventó una balsa minera en su país y contaminó todo el río Sonora, por no cumplir con las normas ambientales, algo muy parecido a lo que Boliden hizo en 1998”.

“Es decir, Grupo México se parece muchísimo a Boliden y tiene un currículum de desastres ambientales en toda América muy importante. Por eso no se presentó al concurso”, ha enfatizado Isidoro Albarreal, insistiendo en que los acusados “eran conocedores de que Minorbis no había tenido jamás una explotación minera y que por tanto, no podía tener ni suficiente aval técnico ni económico para tener esos derechos”.

Además, ha insistido en que pesa prevaricación ambiental porque el concurso convocado por la Junta para la adjudicación de los derechos de explotación de la mina introducía “dos condiciones ambientales muy importantes, que no podía haber balsa de lodos y que no se podía provocar ningún daño al corredor verde del Guademar”; contando el proyecto de México-Minorbis con un espacio donde “se acumulan todas las aguas tóxicas, aunque no sea una balsa de lodo”; y “un vertido al Guadiamar”, finalmente sustituido por el Guadalquivir, al que tributa el primero de estos ríos.

Luis Berraquero, de su lado, ha recordado que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido crear “una comisión de expertos técnicos y científicos” que evalúe los posibles “riesgos” de los vertidos al Guadalquivir previstos en el proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar; así como que se pronuncien al respecto el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana y el Ministerio de Transición Ecológica.

Ha reclamado así “que se cree ese comité científico” y “que se paralice cualquier tipo de concesión administrativa, sobre todo teniendo en cuenta todos los desmanes” sometidos a juicio. Así, ha invocado “el principio de precaución que cualquier administración pública debería tener”, considerando “que no se le puede dar ningún permiso ambiental a un proceso que está judicializado y que tiene tantos escollos, tanto ambientales como en el proceso de adjudicación”.

También ha destacado que según alertan los colectivos ambientalistas, el proyecto de reapertura de esta mina, que cuenta ya con autorización ambiental unificada pero aún no con declaración de impacto ambiental; supone “verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja”, con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000.

Se trata, según los ecologistas, de metales como arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, niquel, plomo, selenio y zinc; mientras la Junta alega que el proyecto está sujeto a “los requisitos más extremos que permite la legislación en el tratamiento de residuos, agua y pasivos mineros” e incorpora “la mejor tecnología para la depuración de aguas”, destacando que en las previsiones figura una inversión de “cien millones de euros” por parte de la empresa para actuaciones de tratamiento de aguas y “sostenibilidad” ambiental.

El juicio por las presuntas irregularidades en la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar a la agrupación empresarial México-Minorbis ha llegado por fin a la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla diez años después de aprobarse aquel concurso público internacional. En la primera sesión de cuestiones previas, las representaciones legales de los funcionarios públicos que formaron parte de la mesa de contratación y de la comisión técnica, así como las defensas de las otras seis personas acusadas (entre ellas la exdirectora general de Minas de la Junta María José Asensio), han argüido la “vulneración” de derechos fundamentales (libertad, defensa e intimidad) durante el doble proceso de instrucción que reabrió la jueza Mercedes Alaya, a la que han acusado de “extralimitación” en sus competencias en el modo de resolver desde la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, como ponente, recursos de apelación interpuestos por las acusaciones.

Es de recordar que el caso fue archivado por dos veces por el juzgado y en otras tantas ocasiones fue reabierto por la jueza Mercedes Alaya, instructora varios años de la macrocausa de los ERE fraudulentos de Andalucía y que resolvió en la Audiencia los recursos de Emérita Resources España SLU, que perdió el concurso promovido por la Junta (entonces en manos del PSOE) para la explotar la mina, cerrada después del conocido desastre medioambiental de 1998. Durante la instrucción, la Fiscalía de Sevilla solicitó hasta siete veces que fuera archivado al no haber apreciar delito alguno en un asunto en el que Emérita Resources ejerce la acusación particular, Ecologistas en Acción ejerce la acusación popular (ambas piden la nulidad de la adjudicación) y la Junta de Andalucía, que defiende a los funcionarios acusados, responde también como posible responsable civil subsidiaria en el caso de condena como ha pedido una tercera acusación, la sociedad Andalucía Mining.

Precisamente la abogada Encarnación Molino, que defiende a los integrantes de la mesa de contratación, y previamente el abogado Luis Aparicio, ha expuesto una posible “vulneración de principio acusatorio” ya que entiende que la Junta de Andalucía, o en su caso la Fiscalía de Sevilla, tendrían la potestad para ejercer la acusación en la causa, por lo que ha aludido a una “falta de legitimación” de las acusaciones para poder ejercerla.

“Una injusta pena de banquillo”

Tampoco ha perdido ocasión para acusar a la Audiencia de Sevilla, como han hecho las defensas estos años atrás, de establecer “juicios valorativos” o “exceso competencial” durante el proceso judicial al rechazar los sobreseimientos decididos por el juzgado en las dos instrucciones llevadas a cabo. “Una injusta pena de banquillo”, ha concluido la letrada, en cuyo informe ha recordado la petición de “nulidad de las actuaciones” instado en su momento por las defensas y que la ponente Alaya rechazó.

El juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental (la Audiencia descartó cohecho) que ha arrancado este lunes se alargará hasta el mes de julio tras las 40 sesiones que están previstas. Actualmente, el proyecto de reapertura de la mina está en manos de la entidad Minera Los Frailes, sociedad instrumental de la alianza empresarial de Grupo México y Minorbis.

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla presidida por Alaya ordenó reabrir la causa en el otoño de 2019, como ya hizo hace tres años, al imputar a Vicente Fernández, hoy acusado y por entonces secretario general de Industria de la Junta, y que fue presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el Gobierno español presidido entonces en funciones por Pedro Sánchez. Previamente, el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, comandado por Patricia Fernández Franco, archivó el caso en marzo de 2019 por segunda vez (ya lo hizo en noviembre de 2015).

Un largo proceso judicial

La causa, recordémoslo, deriva de la impugnación de la resolución del concurso internacional promovido por la Junta para adjudicar los derechos de explotación de la mina. Al citado concurso concurrieron la agrupación empresarial México Minorbis, participada por la andaluza Magtel (los hermanos empresarios López Magdaleno están acusados, aunque hoy ausentes), y Emerita-Forbes Manhattan, siendo adjudicados a la primera. Tras ser adjudicados los derechos de explotación de la mina a México Minorbis, Emerita-Forbes Manhattan elevó a los juzgados una denuncia acusando a la Administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude, alegando entre otros aspectos que su oferta económica superaba ampliamente a la de Minorbis.

En la misma línea que los abogados de los funcionarios, durante la sesión de este lunes tanto el letrado Juan Carlos Álferez (que representa a los hermanos López Magdaleno) como el abogado de la exdirectora de Minas y también el del expresidente de la SEPI, Alfonso Martínez Escribano, han expuestos en sus respectivos informes orales cuestiones como que la investigación corrió “de espaldas” a alguno de sus representados dada la cronología de los acontecimientos judiciales de los que “no pudieron defenderse”.

El abogado Jaime Alonso, representante legal de México-Minorbis y Los Frailes, ha criticado que las acusaciones quieran adjudicar el concurso “directamente” a Emérita Resources, a la que ve “incapaz” de ejercer actuación alguna en la explotación minera, defendiendo por otra parte la “absoluta licitud de los actos administrativos que se produjeron” en el proceso de asignación de la explotación a sus patrocinadas.

Impugnación de Manos Limpias

Merced a aquella primera denuncia, la juez Patricia Fernández Franco llegó a apreciar “graves irregularidades” en el proceso de adjudicación, investigando incluso a la entonces directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, apartada de tal cargo hasta que la juez instructora del caso decidió después archivar las actuaciones. Pero ante las impugnaciones a tal decisión por parte de Emerita y Manos Limpias, la Audiencia Provincial ordenó en 2016 la reapertura de la investigación judicial.

También cabe recordar que en octubre de 2017 la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no detectó “ninguna comunicación o documento que permita inferir la existencia de influencias sobre los miembros del Comité Técnico o de la Mesa del Concurso para favorecer a una o a otra empresa licitante” tras analizar 124.012 correos electrónicos de tres altos cargos y 12 funcionarios de la Consejería de Empleo relacionados con la adjudicación.

El último recurso último de Emérita insistía en que “la aplicación de criterios de valoración por parte de la comisión técnica no contemplados en las bases, valorándose igualmente en el recurso los diferentes criterios técnicos sobre ambos proyectos contemplados en el pliego de condiciones, considerando en este sentido que los cálculos para obtener el denominado 'punto de equilibrio' estaban realizados en el proyecto de Emérita, y era mejor que el establecido en el proyecto de Minorbis”. Alaya estimó por entonces que en ese momento procesal no se había llegado a desvirtuar “la provisoria calificación de arbitrarias de las resoluciones de la Junta de Andalucía”.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla tiene fijado para el próximo lunes 3 de marzo el comienzo del macro juicio correspondiente a la investigación de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis, proceso en el cual pesa la apertura de juicio oral contra las 16 personas finalmente procesadas, tras la denuncia de Emerita-Forbes Manhattan, que pujó sin éxito por esos drrechos.

En concreto, en una diligencia recogida por Europa Press, la Sección Tercera de la Audiencia fija un cronograma para las sesiones del juicio, que comienza los días 3 y 4 de marzo con las cuestiones previas, para las cuales dispone además el 31 de marzo. En total, el cronograma dispuesto comprende 40 días desde el 3 de marzo al 15 de julio de 2025, “sin perjuicio de la facultad del tribunal de suprimir algún día o señalar días adicionales en función del desarrollo del juicio”, según figura en el documento.

Entre los testigos citados a comparecer figuran el ex consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía por el PSOE, José Sánchez Maldonado; la que fuera delegada territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, Aurora Cosano, también del PSOE; o el actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez. Las actuaciones de este caso están conformadas por 31 tomos que suman un total de “14.221 páginas”, tres cajas de archivador, “tres baúles de madera grandes” y un disco duro de dos terabytes de capacidad.

La denuncia de Emerita

Cabe recordar que la causa penal deriva de la impugnación de la resolución del concurso internacional promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada después del conocido desastre medioambiental de 1998, cuando era explotada por la sociedad Boliden-Apirsa (Andaluza de Piritas S.A.).

Al citado concurso concurrieron la agrupación empresarial México Minorbis, participada por la andaluza Magtel, y Emerita-Forbes Manhattan, siendo adjudicados los derechos de explotación al grupo México Minorbis.

Tras ser resuelto el concurso, Emerita-Forbes Manhattan elevó a los juzgados una denuncia acusando a la administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude, alegando entre otros aspectos que su oferta económica superaba ampliamente a la de Minorbis, adjudicataria final de los derechos de explotación.

Lista de acusados

El pasado mes de octubre de 2021, la juez instructora Patricia Fernández Franco acordó la apertura de juicio oral contra las 16 personas procesadas en la causa, figurando entre los afectados por dicha medida los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto; los funcionarios de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta Sánchez Ibargüen, Julio Ramos Zabala y José Marcos Acosta Plaza como miembros de la mesa de contratación; el que fuera secretario general de la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla Salvador Camacho Lucena e Iván Maldonado como jefe de Servicio de Minas de la Junta, también por su papel en la mesa de contratación.

El auto de apertura de juicio oral se dirigía también contra Juan Manuel Revilla Delgado, secretario de la citada mesa de contratación como jefe del Departamento de Ordenación Minera de la Dirección General de Industria, Energía y Minas; y los que fueran miembros de la comisión técnica, siendo en total 16 las personas que afrontan el juicio.

La juez instructora acordaba así la apertura de juicio oral por el caso, después de haber resuelto dos veces el sobreseimiento de la investigación, si bien tras los recursos de apelación contra tales decisiones de archivo, en ambos casos fue ordenada la reapertura de las actuaciones a instancias de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados con fondos autonómicos.

La decisión de la audiencia

La Sección Séptima de la Audiencia también acordó tiempo atrás revocar el auto dictado por la juez instructora, tras la segunda orden de reapertura de la causa, para continuar las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado contra los entonces nueve encartados; ordenando incluir en el procedimiento abreviado a los miembros de la comisión técnica y a Juan Manuel Revilla Delgado, jefe del Departamento de Ordenación Minera y secretario de la mesa de contratación, sumando así 16 el número final de procesados, como ha sido señalado.

En su auto de apertura de juicio oral, posterior a las dos decisiones de sobreseimiento revocadas por la Sección Séptima de la Audiencia, la juez instructora señala presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental, acordando para “salvaguardar todas las garantías procesales” la condición de responsables civiles respecto a la Junta de Andalucía y los representantes legales de Minorbis, Grupo México y Minera Los Frailes –la sociedad de propósito específico creada por las dos anteriores para la explotación del complejo minero– “cifrando los daños y perjuicios ocasionados en 7.195.426 euros”.

La autorización ambiental sobre la que se sustenta el proyecto de Los Frailes, que reactiva la mina de Aznalcóllar, ha quedado en suspenso. Así ha ocurrido de manera automática por un error de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que no ha respondido en tiempo a un recurso de alzada presentado por Ecologistas en Acción para revocar esta decisión, lo que ha propiciado la “suspensión automática” del permiso. Esto ha desatado además un debate sobre las consecuencias efectivas de lo ocurrido, ya que la organización ecologista entiende que se anula todo el proceso y obliga a reiniciarlo, mientras que el Gobierno andaluz insiste en que se trata de una “suspensión temporal que no implica una cancelación definitiva de la autorización ambiental unificada”.

En lo que hay coincidencia es en que el permiso ambiental no tiene vigencia en este momento, ya que la consejería no ha respondido a Ecologistas en Acción en el mes de plazo que tenía para hacerlo una vez presentado el recurso de alzada el pasado 12 de agosto. En el mismo, carga contra una licencia que permite a Minera Los Frailes llevar sus aguas residuales por una tubería de 30 kilómetros desde Aznalcóllar hasta el Guadalquivir a la altura del estadio de la Cartuja. A su juicio, y pese a que la empresa garantiza la depuración, se produciría un vertido que “contendría metales pesados como arsénico, plomo, mercurio, cadmio, cobre y zinc”.

Los Frailes tiene previsto iniciar los primeros trabajos en 2025, para empezar la producción a finales de 2026 o ya en 2027. El proyecto calcula que se extraerán 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos (cobre, zinc y plomo) durante al menos 17 años. Los promotores aseguran que se crearán unos 2.000 empleos directos e indirectos, lo que ha generado una enorme expectación laboral en la comarca pese a que la iniciativa ha resucitado los fantasmas del grave vertido tóxico de 1998. La Justicia, por cierto, exculpó el año pasado a Boliden de pagar a la Junta de Andalucía los 90 millones de la limpieza de aquella grave catástrofe ambiental.

Las claves del recurso

La organización ecologista argumenta su impugnación con que se han incumplido varios preceptos, incluido que no se informó públicamente de la modificación de las cantidades anuales del vertido, que pasaron de 2.600 a 4.000 millones de litros anuales durante la fase operativa de 17 años de la mina. También considera que no se ha evaluado de manera adecuada su impacto en un entorno protegido Red Natura 2000 (que enlaza con Doñana en la desembocadura del Guadalquivir en Sanlúcar) ni el efecto acumulativo con las aguas industriales residuales que llegarán a otro punto muy cercano, en este caso provenientes de la mina Cobre Las Cruces.

El Gobierno andaluz, por su parte, admite el retraso en la respuesta al recurso y apunta que “actualmente se está ultimando su resolución, siempre de acuerdo con los preceptos legales y la máxima seguridad jurídica”. Eso sí, reconoce que la autorización ambiental concedida en julio “queda en suspensión automática, tal como se estipula en el marco legal”. 

No obstante, insiste en que “esta suspensión es temporal y no implica una cancelación definitiva” del permiso ambiental, y adelanta que “una vez que el recurso sea debidamente evaluado y resuelto por los servicios competentes, se procederá según lo que determinen los servicios jurídicos de la consejería”. El mensaje que se lanza desde este departamento es que se produce un retraso en la tramitación, pero en ningún caso esto supone una enmienda a la totalidad.

“Reconsiderar y revisar” el permiso

Ecologistas en Acción, en cambio, subraya que lo ocurrido debe servir para “reconsiderar y revisar” la autorización otorgada. “Lo contrario supondría de hecho la complicidad y colaboración necesaria del actual Gobierno de la Junta de Andalucía con los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental” que se juzgarán el año que viene por los actos administrativos que condujeron a reactivar los derechos mineros de Aznalcóllar.

El Gobierno andaluz, por su parte, apela a la prudencia a la vez que reitera su “compromiso con la transparencia y con el cumplimiento estricto de la normativa medioambiental vigente”. “Confiamos en que este recurso se resolverá en próximas fechas, garantizando tanto la protección del medio ambiente como el adecuado desarrollo de los proyectos que se someten a nuestra autorización”, se apunta desde la Consejería de Medio Ambiente.

Un ataque en toda regla contra el ecosistema del Guadalquivir. Eso es lo que aseguran que va a suponer para el río las nuevas autorizaciones de vertidos de proyectos mineros, una situación que investigadores de la Universidad de Sevilla han querido “denunciar ante la ciudadanía” con un “llamamiento a las autoridades” que dé la voz de alarma. Para ello, han presentado dos informes que recogen “aspectos clave que se han obviado” al conceder las licencias, a la vez que han advertido sobre el impacto ambiental cuando “todavía no se han cuantificado los daños del último vertido tóxico”.

El escenario para esta denuncia ha sido la jornada científica El estuario del Guadalquivir frente a los vertidos mineros, celebrada en la Facultad de Geografía e Historia, en la que Jesús Castillo (catedrático de Ecología) y Félix Talego (profesor de Antropología) han recriminado a las autoridades competentes –Junta de Andalucía, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Demarcación de Costas– no haber propuesto un comité como sí se hizo en los casos de la balsa de fosfoyesos en Huelva o el dragado de profundización del Guadalquivir

En este sentido, Jesús Castillo ha calificado de “insuficientes” los informes presentados por las empresas mineras (Los Frailes y Cobre Las Cruces), además de recalcar la importancia de los estudios presentados este jueves como una voz especializada. Asimismo, ha denunciado la ausencia de evaluaciones independientes en el proceso de licitación y autorización, por lo que ha pedido “sentarse a negociar para llegar a acuerdos”.

Félix Talego ha insistido por su parte en que la única documentación admitida por la Junta ha sido por parte de los interesados económicamente en las explotaciones. Además, ha querido recordar que, para proyectos de esta envergadura, debe contarse con la “participación informada de los actores potencialmente afectados: el sector turístico, agroganadero y pesquero como mínimo”. Talego ha aludido al convenio Aarhus, del que el Gobierno de España forma parte, para insistir en la necesidad de estos procesos de participación activa, y ha afeado a las autoridades el menoscabo a una comunidad científica que se ha “enterado de casualidad” de las actuaciones en el estuario.

Un problema conjunto

Con respecto al estado del estuario, Castillo ha querido recalcar que cada compañía presenta “su propio informe”, por lo que se obvian los efectos “acumulativos o sinérgicos” que se dan en ese tramo del Guadalquivir como conjunto. Una falta de perspectiva que achaca a la “inacción” de la Junta, que “no ha avisado a las empresas de estas injerencias”. Además, el catedrático ha subrayado factores que no se han tenido en cuenta para estos informes, como el proyecto ya aprobado de aumento del caudal del Canal de los Presos o la construcción de un sifón por debajo del río para regar la orilla derecha del Guadalquivir, iniciativas que disminuirán la cantidad de agua que recorre el estuario.

En su intervención, Félix Talego también ha querido hacer referencia a la ponencia de Julia Navarro, miembro del equipo de la investigación, que advierte de la “frontera de la minería” o cómo el auge de la extracción minera en Andalucía “puede deteriorar significativamente las arterias hídricas de la tierra”. Igualmente, dañaría “su capacidad para proporcionar los servicios ecosistémicos básicos para las actividades económicas y el consumo humano”.

Otro de los puntos en lo que los informes presentados han querido hacer énfasis es en la falta de estudio sobre el vertido de Boliden de 1998 en Aznalcóllar: “Aún no se conocen los efectos totales que tuvo”. Además, ha señalado que la cadena trófica podría haberse visto afectada, ya que “las plantas del estuario absorbieron metales pesados que sirvieron de alimento para miles de cabezas de ganado en los alrededores”. El estudio presentado asegura que la contaminación podría estar afectando de esta manera al consumo humano o especies en peligro de extinción como la nutria.

“Discurso prominería”

Talego se ha dirigido duramente al Gobierno andaluz al recordar el Corredor Verde del Guadiamar, que afirma que “forma parte del discurso de la Junta” sobre desastres ecológicos para dibujar una “restauración ideal”. En este sentido, ha lamentado que este enfoque “crea la imagen de que todo es recuperable”, por lo que ha acusado a la Junta de usar esta publicidad para “promover su discurso prominería”.

Como conclusión a los estudios presentados, los investigadores han querido hacer un llamamiento al “Principio de Precaución” que rige la legislación medioambiental y han instado a la Junta a no continuar con las autorizaciones de la actividad minera en este escenario. De paso, han pedido a revertir aquellos proyectos que ya tienen luz verde como el de Cobre Las Cruces, ya que el de Los Frailes (que reactivará la antigua mina de Aznalcóllar) todavía no cuenta con todos los permisos necesarios.

Greenpeace y Ecologistas en Acción han presentado un manifiesto ante la Junta de Andalucía, a la atención del consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, reiterando sus advertencias sobre el vertido “tóxico y contaminante” al río Guadalquivir implícito en el nuevo proyecto de explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) a manos de la entidad Minera Los Frailes, sociedad instrumental de la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis para la reapertura de la famosa corta minera.

Dicho proyecto cuenta con una inversión prevista de 316 millones de euros y la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos, para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, es decir, cobre, zinc y plomo, durante al menos 17 años tras los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta.

Frente a ello, los grupos ecologistas avisan de que el proyecto implica “verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja”, con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000. De ahí que hayan formulado alegaciones contra la reapertura.

El vertido al río

Así, mientras el Gobierno andaluz del PP y el Ayuntamiento de Aznalcóllar, gobernado por IU, defienden que el proyecto cuenta con todas las garantías ambientales, especialmente en lo que se refiere a la gestión de las aguas, los colectivos ecologistas aseguran que “a pesar del proceso de depuración que anuncian, la carga contaminante máxima acumulada en los 18 años y medio de funcionamiento de la mina tiene un alto contenido en metales como arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, niquel, plomo, selenio y zinc, entre otros metales contaminantes”.

“Este vertido tóxico envenenará todo el estuario del Guadalquivir hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, a las puertas del Parque de Doñana, sin que hasta la fecha haya informado el Consejo de Participación de Doñana ni se hayan pronunciado tampoco desde la Estación Biológica”, aseveran los ecologistas, lamentando que “no se ha aprendido nada” de la catástrofe natural acontecida en 1998 como consecuencia de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero de Aznalcóllar, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).

Este nuevo vertido, según advierten además, “se acumulará con el que ya tiene autorizado la empresa minera Cobre Las Cruces”, que explota la mayor mina a cielo abierto de Europa en suelos de Gerena, Salteras y Guillena, y “cuyo vertido se sitúa también en el estuario del Guadalquivir con un volumen total autorizado de 2.340 millones de litros durante un periodo aproximado de 14 años”.

El juicio penal por la adjudicación

De otro lado, Ecologistas recuerda una vez más que la Audiencia de Sevilla ha fijado para el 3 de marzo de 2025 el comienzo del juicio correspondientes a la investigación penal de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes a México-Minorbis, en el que participa la sociedad andaluza Magtel, por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación, tras la denuncia formulada por Emerita-Forbes Manhattan, empresa que pujó sin éxito por tales derechos.

El asunto llegará a juicio, después de que la juez instructora del caso ordenase dos veces archivar las actuaciones al no apreciar delito la Fiscalía, pero ambas órdenes de sobreseimiento fuesen revocadas por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados con fondos autonómicos.

El juicio contra las sociedades de Boliden, a quienes la Junta de Andalucía reclama el reembolso del coste de la reparación ambiental derivado de la rotura de la balsa de la mina de Aznalcóllar en 1998, ha concluido este jueves en el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla, con la última sesión de las cuatro que se han celebrado desde el pasado 4 de julio.

Así pues, la última jornada de este litigio civil ha acogido las conclusiones de cada una de las partes, en la que la representación jurídica de la administración demandante ha invocado el “principio de quien contamina paga” para reclamar a la entonces titular de la mina, Boliden-Apirsa, y a las sociedades del mismo grupo Boliden AB y Boliden BV, los 89,8 millones que alega la Junta haber invertido en la recuperación del daño ambiental ocasionado en el área afectada por el macrovertido tóxico.

De su lado, el letrado de la titular de la mina en el momento del desastre ecológico que se produjo hace un cuarto de siglo ha defendido “que se desestime íntegramente la demanda de reembolso”, aduciendo que la misma “carece de fundamentación jurídica”. En este sentido, ha negado que en 1998 existiera un marco normativo que obligara a las compañías mineras a restaurar el medioambiente en caso de accidente, como sí consta específicamente en la legislación posterior, actualizada precisamente a raíz del que está considerado como un desastre ecológico sin precedentes.

A ojos de Ecologistas en Acción, la multinacional minera ha seguido una la línea de defensa “cínica”, en palabras del responsable de minería de la entidad, Isidoro Albarreal, mientras que la de la Junta es “muy contundente”, por cuanto demuestra “fehacientemente” los daños, así como que “el responsable” de los mismos es el grupo de Boliden, aunque trate de “ocultar y disgregar las responsabilidades” mediante el conglomerado de empresas incluidas en la demanda, según ha reprochado.

Boliden como “responsable”, según la Junta

Esta fase final de presentación de las conclusiones ha arrancado después de que haya comparecido la segunda y última perito llamada a declarar por parte de la representación de Boliden. A continuación, la representación de la Junta de Andalucía ha esgrimido lo “indiscutible” del vertido y la “necesaria” actuación de la administración andaluza ante “la negativa de Boliden a continuar asumiendo la retirada de los lodos” contaminantes.

A este respecto, se ha remitido a los testimonios de las comparecencias testificales y periciales del juicio por considerar que todos ellos han “acreditado la alarma social y económica” derivada de la catástrofe ambiental que ocasionó el vertido, cuya gran “extensión” alcanzó “el límite del parque nacional de Doñana” y afectó a cultivos de girasol, arroz o algodón, por ejemplo, así como a la fauna del entorno, según se ha recordado.

En este marco, las letradas de la Junta de Andalucía han señalado como “responsable” de los gastos asumidos por dicha administración para la recuperación medioambiental de la zona afectada a la entidad encargada de la explotación de la corta minera de Aznalcóllar. En este punto, han apelado al artículo 81 de la Ley de Minas, por cuanto determina que los titulares de los derechos de actividad minera, en este caso Boliden-Apirsa, tienen “la obligación de responder de los daños y perjuicios que ocasione con sus trabajos”, sin que para ello sean “precisos otros requisitos, como una conducta dolosa”, como aduce la demandante.

Asimismo, la representación de la administración andaluza ha defendido que “toda la normativa nacional o europea avala la acción” reclamatoria de la Junta de Andalucía contra Boliden, entendiendo que “quien crea un riesgo, debe responder” de las consecuencias del mismo. Especialmente, ha insistido la letrada de la Junta, cuando fruto de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados, la multinacional sueca “cobró 67 millones de euros de las compañías aseguradoras”.

Para reforzar su línea argumental, las abogadas de la Junta ha citado un decreto estatal que estipula con respecto a los titulares de los derechos de explotación minera “la obligación de reparar” los daños causados por su actividad, así como compensar los efectos de la misma en el medio ambiente. En esa misma línea, se ha invocado el “principio” de la política medioambiental de la Unión Europea (UE) de “quien contamina paga”. Un “principio inspirador del derecho comunitario” aplicable en este caso tan sólo por ser Boliden “la titular de la explotación” de los derechos mineros, según se ha expuesto.

Irresponsable

Sin embargo, el representante jurídico de Boliden-Apirsa ha centrado su alegación en argüir que el ordenamiento jurídico aplicable al lapso temporal objeto del juicio (1998-2000) no establece la obligación de restaurar el medioambiente después del accidente a la que apela la Junta de Andalucía para demandar tal reembolso.

Por este motivo, la parte demandada ha tildado de “invención” la obligatoriedad que se le recrimina al entender que en el momento de la rotura no existía legislación que contemplara obligatoriedad en los términos que ahora se demandan. A este respecto, ha añadido que hasta 2004 no se aprobó la primera normativa sobre responsabilidad ambiental asociada a la actividad extractiva.

A este respecto, el abogado de la compañía ha acusado a la parte contraria de “mutilar” el artículo 81 de la Ley de Minas al que se remite la acusación, esgrimiendo que la Junta hace su propia interpretación de la norma en aras de justificar su reclamación millonaria. Siguiendo esta línea de defensa, el abogado de Boliden-Apirsa ha señalado que lejos de abrir un “expediente sancionador” contra la titular de la mina (lo que cabría esperar en caso de haber incumplido la supuesta obligación de reparar los daños medioambientales que se le demandan, según sostiene la defensa), la Junta de Andalucía autorizó en 1999 que Boliden-Apirsa retomara las labores extractivas. “Si hubiera considerado que no había cumplido con sus obligaciones, hubiese sido una irresponsabilidad conceder esta autorización”, ha apostillado el abogado de la compañía sueca.

Junto a este argumento, la representación de la empresa que explotaba el conjunto minero de Aznalcóllar apoya su solicitud de desestimación íntegra de la demanda alegando que Boliden-Apirsa cumplió con el compromiso de limpiar el tramo 1, correspondiente a la zona norte que se le encomendó, y en el que invirtió casi 32 millones de euros en las tareas de retirada de los lodos.

En este punto, la defensa ha vuelto a cuestionar que las actuaciones que llevó a cabo la Junta tras el vertido tóxico trascendían “el espacio minero” que le competía a Boliden-Apirsa, de modo que han apuntado que la demanda incluye cantidades “no imputables” a la misma, en alusión a gastos por labores adicionales de “mejora” para la creación del Corredor Verde del Guadiamar, que la parte demandada considera que no fue necesario para devolver el medioambiente a su estado anterior, de acuerdo con la definición del concepto de “reponer” que ha aportado la perito, una geóloga y consultora ambiental contratada por dicha sociedad.

Con todo, las abogadas de la Junta de Andalucía han sostenido que los terrenos abarcados por el macro vertido no podían ser restituidos al estado anterior al siniestro porque no podían volver a destinarse a su vocación inicial de cultivo, en la línea de lo que han expuesto los testigos de la acusación a lo largo de las tres jornadas anteriores de juicio.

Levantamiento del velo

Por su parte, las otras sociedades demandadas (Boliden AB y Boliden BV) han defendido también que se desestime la demanda, arguyendo que el pretendido reembolso “no puede extenderse” a ellas puesto que era Boliden Apirsa la única explotadora del complejo y en aquel año, ni si quieran eran matriz ni socio mayoritario —respectivamente— con “capacidad de influencia de las decisiones de Apirsa”.

Aun así, la representación de la Junta ha invocado la doctrina del levantamiento del velo, destinada a combatir los abusos que se suscitan cuando la personalidad jurídica de una sociedad es utilizada como cobertura para incumplir con obligaciones, aseverando que las tres sociedades demandadas no son un solo grupo societario como se trata de vender, sino que constituían “un grupo unitario” de empresas, en la que la primera jugaba el papel de mero “departamento de estructura y titular formal” de los derechos de explotación de la mina, mientras Boliden AB ejercía los “derechos” de explotación y Boliden BV ostentaba el accionariado, una estructura “habitual” en el sector mundial de la minería, extremo reconocido por el auditor de cuentas de Boliden Robert Gibb, según han rememorado.

Así, y dada la situación concursal de Boliden-Apirsa, la representación de la Junta ha alertado del “fraude y uso abusivo” de las personalidades jurídicas de las empresas, para eludir la responsabilidad reclamada a través de esta demanda, cuya estimación reclama al tribunal. En cambio, tanto el representante de Boliden AB como el de Boliden BV han instado al tribunal a “desestimar” dicha doctrina, al desmentir que se produjera el fraude que se denuncia.

Así ha terminado un proceso judicial que se ha demorado durante más de dos décadas desde que tuvo lugar el accidente minero en abril de 1998. Ahora el tribunal presidido por el juez José Manuel Martínez tendrá que determinar si corresponde o no a la multinacional minera aportar a la administración andaluza la cantidad demandada. De modo que el juicio ha quedado finalmente “visto para sentencia”.

El juicio contra las sociedades de Boliden, la compañía sueca a quien la Junta de Andalucía reclama cerca de 90 millones de euros por la reparación ambiental llevada a cabo tras la rotura de la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar en 1998, se ha retomado este martes en el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla, contando con el testimonio del primer perito de la defensa que interviene en este proceso judicial planteado a lo largo de cuatro sesiones.

En concreto, la tercera jornada ha concluido con la declaración de Robert Gibb, quien fue director en Andalucía de la auditoría Ernst & Young que se encargó de auditar las cuentas de Boliden-Andaluza de Piritas SA (Apirsa) entre 1994 y 2002. Preguntado por el representante jurídico de la entonces titular de la mina, Gibb ha asegurado que el impacto económico que sufrió la empresa como consecuencia del vertido fue de 115 millones de euros entre gastos y pérdidas, a juzgar por la documentación contable recogida entre 1998 y 2001.

De esta cantidad, 45,8 millones se atribuyen a gastos por investigación, proyectos y obras relacionadas con la “remediación del accidente” (fundamentalmente, destinados al sellado de la balsa de residuos por un importe de alrededor de 30 millones de euros) y otros 31 millones responden a las tareas de retirada de los lodos contaminantes que Boliden Apirsa acometió en las “2.800 hectáreas” de la zona norte que se le asignaron por estar más próximas a la corta, tal y como ha recordado el auditor de la compañía sueca.

Gastos en “viajes” y “repercusión mediática”

Por su parte, la letrado que representa a la Junta en este juicio civil ha puesto el foco en los gastos que la parte demandada achaca a su contribución en la reparación del daño ocasionado por el macrovertido tóxico. De esta forma, ha cuestionado facturas que constan en el informe de auditoría firmado por Gibb y que aluden a costes relacionados con “repercusión mediática para estar en contacto con los medios de comunicación”, “cursos” de formación y otros relativos a “viajes al extranjero”.

Gastos que el auditor de cuentas ya jubilado ha justificado arguyendo, entre otro argumentos, que, tras el accidente minero ocurrido en el municipio sevillano de Aznalcóllar, se desplazaron hasta allí diferentes miembros de las sociedades de Boliden procedentes de Suecia y otros países como Canadá con objeto de “ayudar en las cuestiones técnicas” y, en definitiva, “asesorar” sobre la recuperación del terreno y el sellado de la balsa.

Cabe recordar en este punto que Boliden Apirsa tenía interés en seguir explotando la zona incluso después del desastre, de ahí que solicitaran un permiso a la Junta de Andalucía que se le concedió al año del accidente permitiéndole reiniciar sus actividades extractivas. Respecto al abandono definitivo de la mina a principios del 2000, el auditor ha dicho que “la salida fue ordenada”.

Volviendo a las cuentas de la entidad, Robert Gibb ha admitido que la empresa sueca ya en 1995 preveía pérdidas por las inversiones previstas para la ampliación de la corta minera. Asimismo, ha aludido al hecho de que fue necesario “una ampliación de capital” para afrontar todos esos costes de remediación, reconociendo que a partir de la rotura de la balsa, Boliden Apirsa se nutrió de los fondos del grupo hasta que entró en concurso de acreedores a consecuencia de los gastos ocasionados por el vertido, según alega la parte demandada.

Por lo demás, ha defendido a Boliden Apirsa como “una sociedad transparente” en lo referente a sus “cumplimientos con la legislación contable y mercantil”, así como con “capacidad suficiente para desarrollar sus funciones” en su ámbito de actuación sin depender de las otras sociedades que conforman el grupo de la multinacional. Declaraciones que la representación de Boliden AB y Boliden BV (también demandadas por la Junta) han aprovechado para tratar de evidenciar que el pretendido reembolso “no puede extenderse” a ellas puesto que era Boliden Apirsa la explotadora del complejo y en 1998 Boliden AB “no era matriz”, aunque Boliden BV sí era socio mayoritario.

Sin salir del perímetro

A pesar de que la compañía sueca se ampara en esos 115 millones de gastos y pérdidas para tratar de eludir la demanda que le reclama la administración andaluza, los testigos de la acusación que han intervenido en esta penúltima sesión de juicio civil han vuelto a incidir en que la empresa no completó las labores de limpieza a las que se había comprometido.

En este sentido, José Luis Saiz Díaz, doctor ingeniero de Montes que ostentó la dirección técnica de la Oficina Técnica del Corredor Verde del Guadiamar creada por la Junta de Andalucía a raíz del desastre ecológico, ha sostenido que la titular de la mina “no remató como se le solicitó” la limpieza del primer tramo afectado por el vertido tóxico, relativo a la zona que “sufrió mayor impacto” y acumulaba “mayor presencia” de los lodos que se extendieron a lo largo de 4.600 hectáreas.

Además, en línea de lo que expusieron otros ex técnicos de la Junta en sesiones anteriores, este ingeniero especializado en contaminación de suelos por pirita ha aseverado que “todo lo que se hizo” en el entorno del Guadiamar está “íntimamente relacionado con el impacto del propio lodo minero” y respondían a actuaciones “necesarias” para lograr inmovilizar los metales pesados antes de que alcanzaran las aguas subterráneas y “afectaran a la salud”. De ahí que se llevaran a cabo trabajos y pruebas que se prolongaron “más allá del año del vertido”, pero “nunca nos salimos de ese perímetro”, ha asegurado.

Una “revolución” en la zona

También se intensificaron las actuaciones en el campo de la salud pública y la higiene alimentaria, como ha atestiguado en su declaración José Joaquín González-Ripoll, entonces administrador del distrito de atención primaria del Aljarafe, al que pertenecen los municipios que se vieron afectados por el vertido tóxico. González-Ripoll ha recordado que la catástrofe minera generó “gran impacto en la rutina” del distrito sanitario, en la medida en que los profesionales tuvieron que “reforzar servicios con personal eventual” para poder emprender “actuaciones extraordinarias”, como análisis del control del agua o analíticas de sangre para detectar metales pesados, según ha especificado el actual subdirector económico administrativo del Hospital Virgen del Rocío.

Todo ello derivó en gastos también “extraordinarios” para el distrito. Concretamente, un importe de 43.903 euros como ha destacado el letrado de Boliden remitiéndose a un informe del propio distrito que ha sorprendido al propio González-Ripoll. “Poco me parece”, ha dicho tras escuchar la cifra para asegurar a continuación que el accidente “fue una revolución para el distrito”.

De su lado, Antonio Carbajal, quien fue contratado en 1998 por la administración pública a través de su empresa ya extinta Coopers & Lybrand en aras de elaborar un informe de seguimiento del accidente de Aznalcóllar para “minimizar” el impacto del mismo “en la opinión pública”, ha certificado que se realizaron “muchísimos análisis y pruebas”. No obstante, a preguntas del letrado de la parte demandada, Carvajal ha manifestado que de la información a la que tuvo acceso su empresa para la realización del informe no se desprendían datos “que fueran preocupantes para la salud”.

Una sesión para conocer las conclusiones

Tras esta sesión, encara su recta final el juicio que preside el magistrado José Manuel Martínez y que tendrá que determinar si finalmente la multinacional sueca Boliden tiene que reembolsar los 89,8 millones de euros (más intereses) que reclama la Junta de Andalucía por haber reparado el daño medioambiental ocasionado en el entorno de la cuenca del río Guadiamar, 25 años después del desastre minero.

Para saberlo, habrá que esperar al próximo jueves 13 de julio, cuando está prevista la cuarta y última jornada de este proceso judicial, en la que asistirá una perito de la defensa y se conocerán las conclusiones.

En 1998, la rotura de una presa de residuos de la mina de zinc de Los Frailes, en Aznalcóllar, Sevilla, vertió aproximadamente cuatro millones de metros cúbicos de residuos mineros al río Guadiamar.

Los residuos contenían una serie de sustancias tóxicas, incluidos metales pesados, que causaron daños significativos al ecosistema del Parque Nacional de Doñana y sus alrededores, que son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El llamado “desastre de Doñana” supuso una contaminación del suelo y el agua, la muerte de numerosas especies vegetales y animales y el desplazamiento de personas. La empresa propietaria, Bolidén, un cuarto de siglo después, se niega a pagar las indemnizaciones correspondientes, y está pendiente de juicio en 2025.

El desastre de Doñana es un ejemplo claro de ecocidio. Según un panel de expertos internacionales bajo la organización sin ánimo de lucro Fundación Stop Ecocidio, la definición legal de ecocidio es “cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente”. 

Esta organización y otras similares en todo el mundo han presentado en 2021 una solicitud para que el ecocidio se incorpore en una enmienda al Tratado de Roma como un nuevo crimen en el derecho penal internacional. 

Aunque el tratado de Roma ya recoge como crimen causar daños graves al medioambiente en situaciones de conflicto armado, hoy en día la mayoría de los daños más graves se producen en tiempos de paz, y esto hace que no se puedan denunciar ante esta corte internacional.

Muchos casos de ecocidio son negligencias puntuales como el desastre de Doñana o el del vertido del petrolero Prestige. también es el caso del vertido de petróleo de Deepwater Horizon en el Golfo de México en 2010, que causó importantes daños al ecosistema marino y a las economías de las zonas afectadas.

Ecocidios a cámara lenta

Algunos de los casos más graves de ecocidio son aquellos en los que hay una destrucción de la naturaleza que se desarrolla a lo largo de muchos años:

Entre los casos más notorios de estos “ecocidios a cámara lenta” está la muerte del Mar Menor en Murcia. La destrucción de este ecosistema encaja dentro de la definición antes mencionada de ecocidio, y podría ser denunciada como crimen internacional si finalmente se incorporase al Tratado de Roma.

En el ecocidio del Mar Menor interviene una sucesión de actos ilegales, como la explotación de pozos ilegales, vertidos tóxicos, así como la negligencia de las administraciones, tanto local como central, que no han intervenido para detener estas actividades ilegales y el daño causado. Los daños a estos 73 kilómetros de costa del Mediterráneo son en su mayor parte irreversibles.

A falta de un tratado internacional que reconozca y persiga el ecocidio, algunos países ya han aprobado leyes nacionales que lo prohíben. Por ejemplo, en 2020, Francia aprobó una ley que tipifica el ecocidio como delito punible con hasta 30 años de prisión y una multa de hasta 4,5 millones de euros.

La ley se aplica a particulares y empresas que causen daños significativos al medio ambiente, incluidos daños a los ecosistemas, el suelo, el agua y el aire. Por su parte los Países Bajos cuentan con una serie de leyes que prohíben los delitos contra el medio ambiente. Entre ellas la Wet Milieubeheer (Ley de Gestión Medioambiental), que tipifica como delito causar daños medioambientales significativos.

En 2014 los jueces del Tribunal de Distrito de La Haya dictaminaron además que el Gobierno de los Países Bajos tenía la obligación legal de actuar en interés de las generaciones actuales y futuras reduciendo sus emisiones de CO2. Suecia, Alemania y algunos estados de Estados Unidos tienen leyes parecidas. 

El largo recorrido del ecocidio español

¿Y en España? La legislación contra los delitos ecológicos se ha endurecido en los últimos años, pero según declaraciones de los abogados de Greenpeace a la agencia EFE, España es la principal infractora de las normas ambientales de la UE.

Una gran parte de los problemas asociados a la persecución de los delitos ambientales en España tienen que ver con la lentitud de la justicia y la complejidad de los procedimientos. 

Para empezar, para perseguir infracciones ambientales por la vía penal, es muy difícil en ocasiones atribuir la responsabilidad personal, uno de los principios del derecho penal en España.

Por otro lado, cuando se procede por la vía administrativa, los procesos pueden llegar a un punto muerto, como en el caso del hotel ilegal El Algarrobico, que a pesar de acumular decenas de pronunciamientos judiciales para exigir su demolición, sigue en pie. 

Como consumidores, poco podemos hacer para evitar los ecocidios más allá del boicot a las empresas contaminantes, algo que se complica cuando no sabemos quién está detrás de nuestros productos de consumo o alimentos.

Por ejemplo, tus tomates pueden proceder de un regadío ilegal en el Campo de Cartagena, que ya no tiene permiso de riego y está contribuyendo a la muerte del Mar Menor, pero ¿cómo lo distingues de un tomate producido de acuerdo a la ley?

La etiqueta europea de sostenibilidad puede ser un avance, pero aún estamos a la espera de su implantación y mientras tanto se anuncian como sostenibles cultivos que no lo son. 

Hay otras leyes y tratados internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que proporcionan cierta protección al medio ambiente y los ecosistemas.

Sin embargo, hasta que no se reconozca el ecocidio como crimen internacionalmente, muchos de los delitos contra el medio ambiente seguirán impunes en todo el mundo. El Panel Medioambiental de las Naciones Unidas lo está considerando.

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El Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla ha fijado para el día 29 de septiembre una vista previa, en el marco del litigio derivado de la última demanda promovida por la Junta de Andalucía contra la empresa minera sueca Boliden, reclamándole unos 89,8 millones de euros más intereses por los gastos de recuperación y limpieza afrontados por la Administración pública a cuenta de la catástrofe medioambiental acontecida en 1998 con la fractura en la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero de Aznalcóllar, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas SA (Apirsa).

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han confirmado que en el marco de dicho litigio, el juzgado ha acordado convocar a las partes a una vista previa fijada para el 29 de septiembre, principalmente para la proposición de prueba, tras lo cual el tribunal resolverá sobre la admisión o no del asunto y el señalamiento de la fecha de juicio. La reactivación de la demanda tiene lugar después de que no haya llegado a buen puerto la negociación entre las partes para sellar un acuerdo.

En febrero de 2015, el entonces secretario general de Innovación, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Vicente Fernández, anunciaba la formalización de esta demanda ante el Juzgado de Primera Instancia número 11, después de todo un “peregrinaje” judicial. Y es que en 2011, el Tribunal Supremo avalaba la decisión previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de anular un acuerdo adoptado en 2004 por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, declarando que las entidades Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV estaban obligadas solidariamente a reembolsar los gastos y costes sufragados por la Administración regional para limpiar el mencionado macro vertido de metales pesados.

La jurisdicción contenciosa

Según declaró el Supremo, “no es razón” que el Tribunal Constitucional inadmitiese el recurso de amparo, porque no se había iniciado la vía administrativa y contencioso-administrativa a las que le remiten los órganos jurisdiccionales civiles, “para que esta Jurisdicción Contencioso-Administrativa admita que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ostenta potestad para declarar a las entidades Boliden Apirsa SL, Boliden AB y Boliden BV obligadas solidariamente a reembolsar a la Junta los gastos y costes” asumidos por el vertido producido por la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar, “ni tampoco para declararse competente en el enjuiciamiento de dicha reclamación económica formulada por la Administración autonómica andaluza frente a las referidas entidades mercantiles”.

El artículo 81 de la Ley de Minas (a la que la Junta apelaba) “no habilita a la Administración para resarcirse de los gastos y costes que se fijan en el acuerdo impugnado, de manera que tal decisión es contraria a derecho, y, en consecuencia, si el acto que la Administración trata de ejecutar no tiene cobertura legal alguna, no cabe analizar la ejecución subsidiaria del mismo contemplada en el citado artículo 98 de la Ley 30/1992, que adujo la Administración para oponerse a la demanda, en la que se había pedido la declaración de nulidad del acuerdo impugnado”.

Por ello, en el fundamento jurídico tercero de la misma, se deduce, “con absoluta coherencia”, que lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 30/1992 “es inaplicable, ya que la Administración no está habilitada para declarar la responsabilidad solidaria de las entidades mercantiles referidas en el acuerdo impugnado con el fin de reembolsarse los costes y gastos realizados subsidiariamente por la propia Administración para reparar los daños ambientales”.

No se trata de una “denegación”

Al mismo tiempo, el Supremo declaraba que el conocimiento de la acción de reembolso corresponde a la Administración y “no pasa de ser un conflicto negativo de jurisdicción, pero no una denegación de justicia”.

En otro litigio ramificado del asunto, el Supremo eximía de otro lado a la Junta de Andalucía de responsabilidad patrimonial alguna en el vertido, señalando en este sentido que a Boliden Apirsa “le era exigible, como titular de la explotación minera, el deber de mantener la balsa en las adecuadas condiciones de seguridad, y la omisión de ese deber comporta ese elemento de culpabilidad que la Administración ha tenido en cuenta al dictar el acuerdo de que trae causa este proceso”.

El mismo tribunal desestimó, en otro de los litigios derivados de la catástrofe medioambiental, el recurso interpuesto por Boliden Apirsa contra las empresas que construyeron la balsa de la mina, ACS, Intecsa y Geocisa, entre otras. En concreto, las acusaba de un posible incumplimiento contractual, lo que tuvo consecuencias económicas para la multinacional sueca por la rotura en 1998 del dique que hicieron.

La reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla, según el Gobierno andaluz del momento, implicaba “volver a la misma situación” que en 2001, recordando que además pesa un coste de más de 42 millones de euros afrontados por su parte por el Gobierno central, también para la limpieza de aquella gran catástrofe medioambiental. La sanción por importe de esta cantidad, de hecho, sí ha sido confirmada por el Tribunal Supremo.

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha asegurado que la decisión de la Audiencia Provincial de reabrir la investigación por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) “no afecta a la adjudicación de la mina, manteniéndose la actividad y el empleo”.

En una nota, la Consejería ha explicado que el auto de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla de fecha de este miércoles, relativo al proceso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar, “no afecta en modo alguno a su adjudicación, ni suspende la actividad industrial y minera que allí se está desarrollando”. De esta forma, la Junta insiste en que el empleo “seguirá asegurado”.

Ha explicado que “tras haber invertido más de 5,5 millones de euros, la empresa adjudicataria cuenta en la actualidad con 178 trabajadores, así como con los servicios auxiliares de 25 empresas”.

La Junta añade que el auto de la Audiencia Provincial requiere de la juez de Instrucción que “continúe investigando el asunto exclusivamente desde el punto de vista de si la Administración haya cumplido el procedimiento administrativo de contratación”, de forma que “la investigación se ciñe exclusivamente a cuestiones administrativas, nada más, y no existen caudales públicos afectados”.

Asimismo, precisa que el auto de la Audiencia Provincial se centra en que la juez de Instrucción “solicite, por tercera vez, un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), pues las dos veces anteriores no fue contestado su requerimiento por este organismo de la Administración del Estado”. De esta forma, precisa que la Audiencia “estima una sola prueba de las solicitadas por Emerita”.

Ante esta situación, la Junta de Andalucía manifiesta su “absoluto respecto” a las decisiones de la Administración de Justicia y expresa su “total colaboración” al esclarecimiento completo de los hechos, “tal y como ya hiciera en el pasado y continuará realizando en el futuro”, en aras de una “máxima transparencia”.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado reabrir la investigación sobre la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Las mismas fuentes han precisado que la Sección Séptima de la Audiencia ha dictado un auto en el que estima el recurso interpuesto por la empresa Emerita Resources España y Manos Limpias contra el auto en el que la juez de Instrucción número 3 de Sevilla. El 17 de diciembre de 2015, la juez confirmó el archivo de la causa contra los siete imputados, entre ellos la que fuera directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta María José Asensio Coto.

Cabe destacar que la juez Mercedes Alaya ha sido la magistrada ponente en relación a este recurso en su reencuentro judicial con la Junta tras llevar la instrucción del caso de los ERE durante varios años. Durante meses este caso fue la mina de la oposición contra la Junta de Andalucía y el PSOE.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ya acordó en noviembre el sobreseimiento provisional de las actuaciones por no existir indicios de un delito de prevaricación, es decir, que haya existido un acuerdo entre los imputados para, errando a propósito en sus dictámenes, favorecer a la empresa Minorbis.

Según se señaló aquel auto, “no puede convertirse a la instrucción penal en instancia encargada de la baremación de las diversas soluciones propuestas si no existen indicios suficientes más allá de meras sospechas o conjeturas de la existencia de desviación de poder al ejercer las potestades de selección de las ofertas presentadas”.

“Indicios de ilegalidades severas y arbitrarias”

En el auto, la Audiencia apreciar “indicios de ilegalidades severas y arbitrarias” en dicho procedimiento administrativo y entender que se habría vulnerado de modo “flagrante” la Ley de Minas.

En un auto de 59 páginas, consultado por Europa Press, la Sección Séptima dice que “existen indicios” de que “pudiera haber existido una actuación administrativa no meramente irregular, sino suficientemente grave como para que sea necesario continuar la instrucción”, por lo que estima los recursos presentados por Emerita --empresa que perdió el concurso-- y Manos Limpias contra el auto en el que la juez de Instrucción número 3 archivó la causa.

Según agrega el tribunal, “el elevado número de omisiones e incumplimientos relevantes del procedimiento por parte de la Administración Autonómica, indiciariamente arbitrarios, nos obliga a concluir por tanto que en el actual estado de la causa no se puede descartar en absoluto que los hechos pudieran ser constitutivos entre otros de un delito de prevaricación”.

“Si todos los procedimientos administrativos deben estar absolutamente sujetos en su tramitación al principio de legalidad, máxime, si cabe, en este caso, pues por las especiales circunstancias concurrentes era exigible un plus de transparencia y de rigor en la actuación administrativa: se trataba de una zona, la reserva minera de Aznalcóllar, donde ocurrió uno de los mayores desastres ecológicos de nuestro país”, manifiesta la Audiencia.

Al hilo de ello, afirma que la que fuera directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta María José Asensio Coto declaró en el Juzgado que este concurso “era un procedimiento muy relevante para la Junta”, y además el concurso “partía de un recurso de inconstitucionalidad y de un conflicto de competencias por parte del Estado, que finalmente acordó delegar en la Junta la convocatoria del procedimiento de concurrencia competitiva para la reapertura de la mina”.

La Audiencia Provincial resalta en el auto la “ambigüedad” con la que la Junta identifica al licitador-adjudicatario del concurso como Minorbis-Grupo México o bien solo como Minorbis y seguidamente analiza “qué omisiones de procedimiento han podido indiciariamente existir” en su caso en las distintas fases del concurso si se considera que la licitadora fue una u otra.

Precisa que el auto “pretende exponer una visión de conjunto del procedimiento que se ha llevado a cabo en el Concurso Público, precisamente para establecer una línea divisoria clara” y concretar “si las irregularidades que en su caso pudieran haber existido tienen su encaje como señala el auto recurrido en la jurisdicción contenciosa-administrativa o si por el contrario, por la severidad de las mismas, deben ser objeto de investigación en la jurisdicción penal”.

Así, el tribunal analiza la primera fase relativa a la acreditación, entre otros extremos, de la personalidad y solvencia de cada licitador, pues “ya se entienda como licitadora solo a Minorbis o a Minorbis-Grupo México, estima la Sala que faltaría indiciariamente la acreditación de la solvencia económica exigida”, a lo que se suma que “tampoco la Administración habría comprobado la solvencia técnica”, ya que Minorbis “no aportó nada al respecto al ser una entidad creada el 19 de marzo de 2014 para participar” en dicho concurso, “sin proyectos anteriores y con un capital de 3.000 euros”.

“Minorbis es una sociedad constituida 'ad hoc' para presentarse al concurso sin ninguna trayectoria en la explotación minera”, precisa el tribunal, que señala que, si se considera que la licitadora, tal y como resulta de la oferta y de las resoluciones del concurso, fue Minorbis-Grupo México, “indiciariamente nos encontramos con un cúmulo de incumplimientos importantes de las bases del concurso que no encontrarían en principio justificación a que se hubiera admitido por la Administración”.

A juicio de la Audiencia, la Dirección de Minas “habría permitido que pasara a la segunda fase una entidad, Grupo México asociada a Minorbis, de la que en el expediente administrativo se desconoce todo, su personalidad jurídica, su capacidad de obrar, su objeto social, sus cuentas anuales y su capital social, habiéndose sustituido la acreditación de los aspectos anteriores por una presunción que carece del más mínimo respaldo jurídico”.

Asimismo, y si la licitadora fuera Minorbis, tal y como sostiene la Junta, “también provisoriamente podría considerarse que esta entidad no debía haber pasado a la segunda fase”, aseverando que la Junta “habría permitido que pasara a la segunda fase y se le adjudicara el contrato a una entidad con total falta de experiencia en la investigación y explotación minera”.

El tribunal concluye que, “por los incumplimientos manifestados de las bases del concurso y del pliego de condiciones, elaborados por la Administración, incumplimientos que a priori resultaron evidentes, numerosos y esenciales y que no se reducen a criterios interpretativos, ni Minorbis-Grupo México ni Minorbis sola debieron indiciariamente pasar a la segunda fase”.

“Existen indicios de que los expertos integrantes de la Mesa de Contratación habrían omitido el análisis del cumplimiento” de los requisitos esenciales, considera la Audiencia, que, “pese a los intentos de la Junta para hacer ver lo contrario”, concluye que la licitadora fue Minorbis-Grupo México. “Si a Grupo México como licitador se le permitió no acreditar extremos tan importantes como los expuestos, desde luego existen indicios de que pudiera haber existido una actuación administrativa no meramente irregular, sino suficientemente grave como para que sea necesario continuar la instrucción”, apunta.

Para finalizar, la Audiencia analiza la última fase del concurso, como es la adjudicación y aceptación de los derechos mineros objeto del concurso, y señala que “la cuestión nuclear es que la aceptación no se ha realizado ni por Minorbis, ni tampoco por Minorbis-Grupo México, sino por un tercero, la sociedad Minera Los Frailes”.

El tribunal pone de manifiesto que “ni en las bases del concurso ni en el pliego de condiciones se admitía que pudiera ser el aceptante ninguna otra sociedad, pese a lo cual aceptó Minera Los Frailes”, por lo que “indiciariamente la aceptación por persona distinta del adjudicatario vulneraría de modo flagrante la Ley de Minas”.

Por todo ello, la Audiencia estima los recursos presentados y ordena a la juez que vuelva a requerir un informe a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que en su momento fue interesado por la instructora pero que no se llegó a cumplimentar.

Asimismo, y sobre las declaraciones como testigos del resto de miembros de la Comisión Técnica y Mesa de Contratación, admite la “importancia” de las mismas, “pero desde luego en cuanto hubieran podido contribuir a la formación de la decisión final de la Mesa de Contratación y de la directora general de Minas en su resolución de adjudicación, su comparecencia como testigos es inviable, debiendo la juez, si considera necesaria sus declaraciones en el curso de la instrucción, llamarlos al procedimiento en la condición de investigados”.

Por último, ordena a la juez que requiera de la Junta la resolución de la Consejería de Innovación de 3 de junio de 2016 por la que se le concede a Minera Los Frailes autorización para la explotación en la reserva de Aznalcóllar objeto del concurso y las dictadas con posterioridad.

El quinto año de instrucción del caso de los ERE fue el que no tuvo dueño. Del Tribunal Supremo al juzgado de Sevilla de vuelta pero con nuevo instructor y distinta titular, pasando por el TSJA, la macrocausa más mediática en los últimos años en Andalucía sigue sin ser, como dicen los juristas, cosa juzgada. No solo eso, sino que la causa se ha empezado a dividir en parte y los dirigentes andaluces ya están todos juntos en una de las piezas, precisamente una de las que ya está dirigiendo el hasta ahora refuerzo de la jueza Alaya, Álvaro Martín.

La jueza María Núñez Bolaños, que ocupó en primavera el puesto de Alaya, ascendida a la Audiencia de Sevilla, unificó recientemente la 'pata política' de la causa incoando diligencias previas contra 52 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, continuando la instrucción de forma separada respecto al denominado 'procedimiento específico' por el que se concedieron las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas que se vienen investigando desde hace casi cinco años, y por la que ya han declarado durante este año los entonces aforados, en el Supremo y en el TSJA. mientras la causa bailaba en Sevilla entre dos juezas.

A pesar de que el alto tribunal andaluz con sede en Granada no tuvo pronunciamiento alguno, el Supremo imputó un delito de prevaricación a Chaves, Griñán y Zarrías (Viera suma presunta malversación) tras prestar declaración en Madrid. El juez Barreiro analizó el sistema de ayudas socio-laborales que la Junta concedió a empresas y particulares entre 2000 y 2010, relatando cómo el sistema legal de subvenciones se fue modificando para convertirse con el paso del tiempo en la figura de transferencias de financiación, con una ausencia del control propio de las subvenciones.

En relación al perjuicio económico ocasionado a la Administración andaluza, el magistrado consideró que no se podrá valorar con exactitud a hasta pasados unos años. Este año trascendía también que el Ministerio de Empleo establecía el año anterior de forma expresa que las ayudas sociolaborales están exentas de publicación y concurrencia y se otorgan “en régimen de concesión directa”, una cuestión en la que trabajan varias defensas y que puede ser una nueva circunstancia a abordar a partir de ahora en la instrucción. Así lo dejó entrever el principal imputado, Francisco Javier Guerrero, que en 2015 también protagonizó su particular regreso a los juzgados.

El archivo de la mina

Hasta finales de año tuvo que esperar el denominado 'caso Aznalcóllar' para, provisionalmente, dejar de serlo. La que fue “mina de la oposición”, como recordamos en este periódico, fue uno de los argumentos para dilatar la investidura de Susana Díaz, pedir luego reiteradamente su comparecencia y amenazar con una comisión de investigación. La denuncia en torno a la adjudicación del yacimiento, con un duro primer auto por parte de la jueza instructora y unas conclusiones de investigación bastante más suaves, ha sido uno de los mantras más repetidos contra la gestión de la Junta hasta el archivo provisional de la misma, confirmado este diciembre por el propio juzgado a la espera de la última palabra de la Audiencia de Sevilla.

La Junta se mantuvo firme durante toda la instrucción, en los juzgados y en sede parlamentaria, argumentando que no iba a ser tan torpe como para pretender engañar en un concurso pionero en el ámbito internacional, más si cabe después de que los ojos se hayan centrado en este tipo de gestión interna a raíz, precisamente, del caso ERE. La cuestión es que la jueza pasó de decir en mayo que no observaba “el más mínimo rigor en la actuación de la administración” a no apreciar “indicios suficientes más allá de meras sospechas o conjeturas” en el auto de archivo provisional, donde señaló que “el procedimiento observado ha sido el correcto”.

Continúa la batalla en el Constitucional

También en lo judicial, pero relacionado igualmente con lo político, el Gobierno de Andalucía y el Estado elevaron hasta 16 los conflictos entre ambas administraciones en el Tribunal Constitucional (TC). El último, contra preceptos de dos leyes estatales que modifican las de financiación autonómica y la de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El Gobierno central ha contado con más 'suerte' en lo resuelto durante la legislatura, con inclinación clara de la balanza hacia el ejecutivo de Mariano Rajoy.

También en el ámbito judicial andaluz, a primeros del año nuevo se concretará formalmente la renovación de Lorenzo del Río, “el hombre tranquilo”, sin rival para seguir al frente del TSJA cinco años más.

Lejos de los focos de la prensa, a veces hay historias reales, más cotidianas, que también conviven con la Justicia. Este año, dos casos cuya trascendencia pública coincidió en el tiempo, nos invitaron a cierta reflexión sobre las resoluciones judiciales, por muy “investigados” que sean ahora los hasta ahora los políticos “imputados”. Hablamos de la salida de prisión anticipada de un condenado por maltrato continuado y la entrada en la cárcel, salvada in extemis, de un joven por el hurto de una bicicleta hace siete años.

Separan justo seis meses al auto que abrió el proceso judicial por un supuesto amaño en el concurso internacional para la explotación de la mina de Aznalcóllar del que ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones. Bastante alejadas entre sí también parecen, a la vista de ambas resoluciones, las apreciaciones que la jueza instructora hizo y hace respecto a las presuntas irregularidades en la actuación de la Junta de Andalucía. De las “irregularidades graves” y de no observar “el más mínimo rigor en la actuación de la administración” a no apreciar “indicios suficientes más allá de meras sospechas o conjeturas”.

Estas son solo dos consideraciones entresacadas de frases de la magistrada en los profusos autos, el primero y el último. Pero la lectura completa de los párrafos no resta fuerza a que la contudencia de aquel primer auto (7 mayo 2015), emitido tras el examen del informe preliminar de la denunciante y de consecuencias evidentes, no tiene demasiado que ver con la consideración final (6 noviembre 2015) a la que llega la jueza tras más de medio año de investigación. Las diligencias previas se incoaron el 2 de marzo tras la denuncia de la empresa Emérita Resources, perdedora del concurso público, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal.

El primer razonamiento jurídico, es decir, el primer motivo por el que la jueza abrió la investigación, decía literalmente: “De la información recabada hasta la fecha y, en particular del Atestado elaborado por la UDEF se evidencian, al menos indiciciariamente y, sin perjuicio de lo que a lo largo de la presente investigación pueda ponerse de manifiesto irregularidades graves que vendrían a confirmar gran parte de los extremos expuestos por la parte denunciante, no apreciándose que la entidad Minorbis-Grupo México o Minorbis, S.L. cumpliese las exigencias mínimas, ni siquiera, para superar la primera fase del concurso de adjudicación”. Y se añadía poco después: “No se observa, en cambio, el más mínimo rigor en la actuación de la administración y ello pese a tratarse de la misma explotación minera donde se registró el desastre del vertido ecológico en el año 1998”.

El auto de archivo provisional del caso, a expensas de los recursos, señala casi al final del auto, es decir, en el momento de establecer las conclusiones: “En definitiva, no puede convertirse a la instrucción penal en instancia encargada de la baremación de las diversas soluciones propuestas si no existen indicios suficientes más allá de meras sospechas o conjeturas de la existencia de desviación de poder al ejercer las potestades de selección de las ofertas presentadas”. También dice que “el procedimiento observado ha sido el correcto”.

De comentar el 7 de mayo que “el equipo técnico mínimo es puntuado con la nota máxima de diez por la comisión técnica pese a las evidentes carencias que presenta, con múltiples documentos no convalidados, siquiera y , evidentes deficiencias cuantitativas y cualitativas”, a señalar el 6 de noviembre que “tal y como se observa tras el examen de la abundante documentación aportada en las actuaciones y declaraciones que se han vertido por los implicados, las cuestiones objeto de debate son cuanto menos susceptibles de otra interpretación distinta a la sostenida en la denuncia matriz”, entre otras cuestiones como que “no puede afirmarse la concurrencia de los requisitos descritos como propios de la prevaricación en el procedimiento y trámites del concurso”.

De las “incongruencias en la valoración” que se apuntaban en aquel auto se ha pasado a afirmar que una continuación del proceso penal “obligaría a entrar a discernir si por la parte denunciante se cumplían o no también de forma escrupulosa todos y cada uno de los requisitos exigidos en la resolución de convocatoria y los anexos que contenían las bases reguladoras del concurso”.

El denominado 'caso Aznalcóllar', más allá de las no menores consecuencias personales para las siete personas imputadas, hizo mucho ruido en su momento y conllevó la paralización del procedimiento iniciado para la explotación del complejo minero, de efectos denunciados en la comarca por la no generación de empleo. De ello también resultó una dificultad más en la negociación política para la investidura de la presidenta de la Junta, allá por el mes de junio, por las dudas expuestas por varios grupos, incluido el que finalmente posibilitó la misma (Ciudadanos) y por las continuas alusiones al asunto por parte de los partidos de la oposición al gobierno socialista como “arma política”, como ha denunciado el propio consejero tras conocer el archivo.

El archivo del supuesto tráfico de influencias en junio, en una pieza separada de la causa, parecía anunciar esta decisión provisional del caso. Paralelamente, la Junta ha ido observando que la actitud de la jueza iba igualmente dirigida al archivo, y también se sentía así entre fuentes judiciales cercanas al caso. Lo cierto es que las defensas, en las comparecencias judiciales, se han mostrado bastantes seguras de sus argumentos y confiados en el 'carpetazo'.

Uno de estos abogados, en esa línea, destacaba este mismo lunes que el archivo de la investigación “es un ejemplo del buen funcionamiento del sistema”. Juan Carlos Alférez apunta que “a pesar de iniciarse la instrucción con una importante carga de agresividad acusatoria, tras el trabajo de las defensas y la exquisita profesionalidad de fiscal y magistrada, no se ha dudado en decretar un justo archivo una vez demostrado que las iniciales dudas vertidas por la empresa perdedora del concurso carecían de más mínimo fundamento y rigor jurídico, dado que el concurso público fue plenamente ajustado a ley”.