“El Gobierno regional incumple la Ley al ocultar información sobre la Fundación para la Transformación de La Rioja”, así lo han denunciado los sociaistas riojanos que acusan al Gobierno de La Rioja de “usar los recursos públicos sin control e incluso piden el cese del gerente de la Fundación por no garantizar la transparencia en la gestión”. El diputado socialista Miguel González de Legarra asegura además que “el Gobierno e Capellán utiliza esta Fundación como un chiringuito desde el que manejar recursos públcios al margen del control parlamentario”.

El diputado regional Miguel González de Legarra ha recordado que la Fundación para la Transformación de La Rioja, tras dos años de Gobierno del PP, “no ofrece resultados tangibles, no tiene proyectos ejecutados que se puedan evaluar en estos momentos y, lo que es más grave, a pesar de la enorme cantidad de recursos económicos que se destinaron a esta Fundación, no existe una rendición de cuentas mínimamente aceptable”. Una Fundación que “no partía de cero, ya que en la pasada legislatura se dejaron equipos definidos, objetivos claros y una financiación suficiente”.

El diputado socialista ha afirmado que a esta falta de resultados “se suma un problema todavía más grave, como es la opacidad absoluta”. Y es que desde el Partido Socialista “hemos presentado múltiples iniciativas parlamentarias solicitando información detallada sobre la actividad de la Fundación, y hasta la fecha nunca se ha facilitado información veraz, completa y contrastable por parte del Ejecutivo”.

González de Legarra ha dicho que “la máxima expresión de esta opacidad está en algo tan básico como las cuentas anuales”. En este sentido, ha recordado que la Ley de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja “establece de forma inequívoca que el Patronato de la Fundación debe aprobar las cuentas anuales en el plazo máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio”. Ese plazo “concluyó el 30 de junio de 2025 y a esa fecha, el Patronato de la Fundación para la Transformación de La Rioja incumplió esta obligación legal”. Pero es que la situación no ha mejorado, porque, hoy en día, más de seis meses después de que concluyera el plazo legal, “todavía no consta que se hayan aprobado, ni publicado las cuentas auditadas del ejercicio de 2024”.

El diputado socialista se ha preguntado “por qué se publican los presupuestos y los programas de actuación de 2025 y 2026 elaborados por la propia Fundación, pero todavía no se ha publicado el informe de auditoría externa del ejercicio de 2024”. La respuesta, ha añadido González de Legarra, “es que esa auditoría no interesa que se conozca”. Es evidente que “lo que se pretende hacer por parte del Gobierno de Capellán es ocultar una mala gestión de los fondos públicos de la Fundación para la Transformación”.

Miguel González de Legarra ha asegurado que “más del 97 por ciento de los contratos suscritos por la Fundación para la Transformación son contratos menores”. Estamos ante un patrón “que no es casual, es coherente con un modelo de funcionamiento que está basado en la fragmentación del gasto, la discrecionalidad, la ausencia de control externo y una opacidad claramente deliberada del que deberían responder sus responsables políticos, empezando por el propio presidente de la Fundación, que es Gonzalo Capellán”.

El diputado socialista ha señalado que “este es un modelo de gestión que apunta claramente a que el Gobierno de Gonzalo Capellán está utilizando la Fundación para la Transformación de La Rioja como un chiringuito, desde el que manejar recursos públicos al margen del control parlamentario y de la rendición de cuentas, para fines que nada tienen que ver con el interés general”. Por eso, “exigimos la publicación inmediata de las cuentas auditadas del ejercicio 2024 y explicaciones públicas sobre las razones por las que se está incumpliendo la Ley”.

Además, “queremos que se remita al Parlamento toda la información solicitada por nuestro Grupo y la publicación detallada de todos los contratos menores y sus criterios de adjudicación”. González de Legarra ha destacado que “si no son capaces de garantizar la legalidad, la transparencia y los resultados, se tiene que producir el cese inmediato del actual gerente de la Fundación, Arturo Colina”.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado abrir un expediente sancionador a la red social X (anteriormente denominada Twitter) por permitir a chiringuitos financieros anunciarse libremente en su plataforma. En concreto, el regulador apunta a la publicidad de Quantum AI, que promocionaba una presunta estafa utilizando la imagen de David Broncano y Antonio Resines sin su permiso.

El supervisor bursátil advierte que los hechos podrían ser constitutivo de una infracción continuada muy grave, ya que la red social de Elon Musk habría faltado a su deber de comprobar si Quantum AI estaba autorizada a prestar servicios de inversión y si estaba incluida en el listado de entidades advertidas de la CNMV, como efectivamente se encontraba.

En la presunta estafa, el citado chiringuito financieros se aprovechaba de la imagen del presentador y el actor, así como de otros personajes públicos españoles, para publicar tuits en la plataforma X. Estos suplantaban las páginas web de medios de comunicación, aparentando ser noticias noticias en las que uno de estos personajes famosos afirmaba haber obtenido altas rentabilidades utilizando su aplicación.

Los anuncios de Quantum AI se publicaron a finales de 2023. elDiario.es alertó de la situación en noviembre de aquel año y los propios Broncano y Resines se vieron obligados a hacer lo propio en un programa de La Resistencia.

Tras advertir que estaba supervisando la situación, la CNMV emitió un comunicado a mediados de diciembre de 2023 en el que señalaba que ejercería “todas las posibilidades de supervisión y sanción que le otorga la legislación vigente, entre otras, la responsabilidad de las web, medios y redes sociales que difundan esa publicidad sin comprobar que el anunciante cuenta con licencia para ofrecer servicios de inversión y que no está advertido como chiringuito financiero o entidad pirata”.

En ese documento, se señalaba expresamente a la entidad Quantum AI entre las empresas que estaban cometiendo este presunto fraude y que ya habían sido objeto de advertencias específicas por parte de la CNMV.

Lejos de ser un hecho aislado, la promoción de estafas y la suplantación a medios de comunicación han seguido siendo la tónica habitual en X. Desde la victoria en las elecciones de EEUU de Donald Trump, Musk se ha sumado a la estrategia con ataques constantes a “la prensa tradicional” y los medios de comunicación.

Las advertencias de la CNMV sobre chiringuitos financieros pueden ser consultadas en su página web, que ofrece también un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitar ser víctimas de prácticas fraudulentas.

La Comisión Europea da un tirón de orejas a España por el sistema de concesión de los 'chiringuitos' de la playa al considerar que vulnera la normativa comunitaria al no seguir criterios “transparentes e imparciales”. También considera que la larga licitación de 75 años es contraria a la normativa europea, puesto que otorga un “derecho preferente en favor de los titulares”. Así, ha abierto un expediente de infracción a España para que modifique las reglas en un periodo de dos meses. Si no toma las medidas oportunas, el asunto puede acabar en la justicia europea y en la imposición de multas.

“España prevé la posibilidad de otorgar concesiones para construir locales permanentes (como restaurantes o piscifactorías) en el dominio público costero, simplemente previa solicitud, seguida de un período de información pública de 20 días. En cambio, la Directiva de servicios establece la obligación explícita de utilizar un procedimiento de selección imparcial y transparente”, explica Bruselas en un comunicado en el que notifica los procedimientos de infracción del mes de diciembre, es decir, los incumplimientos de normativas comunitarias que no han sido traspuestas por parte de los estados miembros.

En el caso de España, uno de los apercibimientos tiene que ver con los chiringuitos. Otro de los cuestionamientos que hace la Comisión Europea es la posibilidad de prorrogar las concesiones, que en algunos casos llega a los 75 años. “Supone un derecho preferente en favor de los titulares”, recoge el comunicado, que también censura los obstáculos para que accedan a esos contratos operadores de otros estados miembros. “Las normas nacionales restringen indebidamente la libertad de establecimiento consagrada en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”, señala el gobierno comunitario.

El procedimiento va, no obstante, más allá de los chiringuitos y afecta a las concesiones del dominio público costero. Así, continúa con la batalla de Bruselas contra casos como el de Ence en la ría de Pontevedra, a pesar de que recibió el aval del Supremo.

España tiene ahora un plazo de dos meses para contestar a la Comisión Europea y tomar las medidas oportunas para acompasar la legislación nacional a la comunitaria. A partir de ahí, el gobierno comunitario analizará la situación y decidirá si sigue adelante con el proceso de infracción, que puede suponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), o si se cumplen los estándares.

Otro de los procedimientos de infracción a los que se enfrenta España tiene que ver con la directiva sobre peajes y euroviñetas que la UE acordó en 2022 y que establece las normas que deben regir el uso de las infraestructuras viarias. Básicamente, lo que reclama a España es que cambie el modelo para que camiones y demás vehículos pesados paguen por la distancia recorrida y no por el tiempo.

Lo que sostienen en el Ministerio de Transportes es que la directiva no obliga a poner nuevos peajes y aseguran que ahora están “ultimando la tramitación del Real Decreto para su aprobación en Consejo de Ministros y, así, culminar la trasposición de la directiva”.

En la misma situación que España están otros siete países (Bulgaria, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Polonia y Portugal) que no han adecuado su legislación nacional a la comunitaria para lo que tenían de margen hasta marzo de 2024. Ahora tienen un plazo de dos meses para tomar las medidas pertinentes y comunicárselo a la Comisión Europea, que puede recurrir a la justicia europea para que imponga multas en caso de que se siga incumpliendo la directiva.

Las fiestas de San Mateo de Oviedo se caracterizaban por el “tirón” popular en la calle con llenos absolutos en las barras de los chiringuitos y la asistencia multitudinaria a los conciertos gratuitos programados, entre otros, en las plazas de la Catedral y El Paraguas. Un modelo que inauguró el alcalde socialista Antonio Masip durante su mandato municipal (entre 1983 y 1991) y continuó durante la etapa de los alcaldes del PP Gabino de Lorenzo (de 1991 a 2012) y Agustín Iglesias Caunedo (enero de 2012 y junio de 2015). Cuando el gobierno tripartito asumió el gobierno municipal, de 2015 a 2019, con el socialista Wenceslao López al frente de la alcaldía junto a Ana Taboada (Somos Oviedo) y Roberto Sánchez Ramos “Rivi” (Izquierda Unida) el éxito seguía garantizado.

El modelo festivo no se cuestionó a lo largo de estas cuatro décadas hasta que el PP recuperó de nuevo la alcaldía hace cinco años con Alfredo Canteli a la cabeza. Los chiringuitos hasta entonces gestionados por partidos políticos y asociaciones de vecinos, culturales y deportivas se sustituyeron por casetas, y las críticas comenzaron.

La razón: de las 40 casetas instaladas solo cuatro siguen perteneciendo a asociaciones y las 36 restantes son gestionadas por personas vinculadas a la hostelería.

El 'modelo de Masip '

El modelo de chiringuitos mateíno fue importado en 1983 por el entonces alcalde ovetense Antonio Masip que decidió instaurarlo en la capital asturiana siguiendo uno de los distintivos de las fiestas de Bilbao. Las famosas txosnas (chozas) vascas llegaron a Oviedo como una serie de chiringuitos para animar el casco antiguo de la capital asturiana cada septiembre, a cargo de diferentes asociaciones tanto sociales, culturales y deportivas como vinculadas a organizaciones políticas.

Cuatro décadas después, Masip participó en una campaña para tratar de que los chiringuitos no desaparecieran bajo el lema “La esencia de San Mateo. Los chiringuitos se quedan” con la que dejaba constancia de su malestar con el nuevo 'modelo Canteli' que ha suscitado las críticas de un amplio sector de la sociedad ovetense.

Más de una decena de entidades sociales se constituyeron en la agrupación denominada “Fiestes Populares”, que gestiona cuatro casetas en San Mateo. Esta agrupación rechaza, sin paliativos, la nueva concepción festiva y califica como “fracaso” su implantación. Su rechazo se refleja en las opiniones vertidas en sus redes sociales, entre otras en Facebook, y en los comunicados remitidos a los medios de comunicación.

“Tras cuatro años del modelo de Canteli y OTEA –la patronal de Hostelería y Turismo de Asturias– éste solo se puede calificar de fracaso absoluto tanto en asistencia como en programación cultural y beneficios económicos”, asevera.

Fiestes populares: “Se han perdido las señas de identidad”

“Nadie puede negar que hay menos gente disfrutando de las fiestas, tanto los fines de semana como durante la semana. Es un hecho incontestable cuyas causas no debemos buscarlas en el tiempo atmosférico o el cambio de hábitos sociales tras la pandemia. Estas son solo excusas que intentan desviar el foco de los dos principales motivos de la reducción de la asistencia: el brutal recorte de la programación musical gratuita y la desaparición de los chiringuitos y la participación ciudadana”, señala.

Para esta agrupación, los chiringuitos y la variada y numerosa programación musical gratuita eran las señas de identidad del San Mateo tradicional que lo convertían “en un modelo singular y de éxito”. 

Oviedo perdió con este nuevo modelo festivo, según Fiestes populares, que enumera a qué se ha debido, bajo su perspectiva: “Hay una reducción muy significativa de la programación cultural, con la supresión total de los conciertos gratuitos de la Catedral, el escenario de la plaza del Paraguas y otras programaciones ocasionales como la de la plaza del ayuntamiento”.

Las quejas

“También hay un recorte en la programación del concurso de rock en el escenario de la plaza de Feijoo, que el equipo de gobierno retomó tras haberlo cancelado ellos mismos y desapareció casi por completo la programación deportiva y exhibiciones de todo tipo que hacían entidades y asociaciones deportivas en estos días”, afirma. 

A la supresión de la programación musical en abierto esta agrupación apunta otra de sus quejas sobre el cambio de modelo: “Desapareció totalmente la participación ciudadana en la planificación, desarrollo y ejecución de las fiestas”.

“Los carbayones –como se denomina a los originarios de Oviedo– pasamos de tener un papel protagonista en los festejos a convertirnos en meros consumidores pasivos. El nuevo modelo solo ofrece como atractivo sentarnos a consumir en una de las decenas de terrazas temporales instaladas o pagar para asistir a algún concierto. Todo el mundo entiende la diferencia entre un festival privado y unas fiestas patronales pero el equipo de gobierno está empeñado en convertir San Mateo en un festival privado”, remarca Fiestes Populares. 

A instancias de la patronal hostelera Otea, Canteli y su gobierno modificaron el modelo festivo en un afán por convertir las fiestas en un negocio privado destrozando la esencia tradicional de San Mateo. Mercantilizar un proceso social como las fiestas patronales trae aparejado esta desastrosa consecuencia

Fiestes Populares — Agrupación que aglutina a una decena de entidades sociales

La agrupación estima que esta transformación del rol de los carbayones en las fiestas se impuso al priorizar el lucro privado frente al interés comunitario.

“A instancias de la patronal hostelera Otea, Canteli y su gobierno modificaron el modelo festivo en un afán por convertirlas en un negocio privado destrozando la esencia tradicional de San Mateo. Mercantilizar un proceso social como las fiestas patronales trae aparejado esta desastrosa consecuencia”, subraya.

Fiestes Populares, que ha protagonizado manifestaciones contra este modelo implantado por el PP municipal, sostiene además que la hostelería del casco histórico tampoco ha ganado con el cambio, ya que calcula una perdida de facturación media superior al 50 por ciento comparado con el San Mateo tradicional y afirma que las concesionarias de las casetas observan la escasa facturación, especialmente durante los días laborales. 

La imposición del nuevo modelo vino acompañado de actitudes que califica como “sectarias” y decisiones “totalitarias” entre las que cita la censura al dj ovetense Isaac Corrales o la imposición de un hilo musical único controlado por el gobierno municipal en las casetas.

Rivi: “Los 'Canteli boys' están lejos de Gabino y cerca de Vox”

Roberto Sánchez Ramos “Rivi” ha permanecido durante casi tres décadas en la política municipal. Primero fue concejal en Oviedo por la Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda (Asciz) y posteriormente formó parte del equipo de gobierno tripartito representando a IU. Gran defensor de los chiringuitos tradicionales, considera que el 'modelo Canteli' sigue una pauta clásica en la derecha.

Una pauta que se caracteriza, según expone, por “ser el pueblo el que paga las entradas a los conciertos que están consensuados con una empresa ligada al poder político y prescinde de las actuaciones públicas que tradicionalmente organizaba la izquierda. Al tiempo –añade– prescinde de los chiringuitos históricos que ya desde la década de los años 80 del siglo pasado fueron los que dieron a la fiesta su carácter popular”.

Rivi está convencido de que el alcalde se ha rendido a los intereses de la patronal de hostelería y especialmente de su presidente, José Luis Álvarez Almeida, al que, según dice, “en alguna conversación privada ya le llaman el alcalde y eso expresa lo que hay realmente”.

Canteli se ha rendido a los intereses de la patronal de hostelería y especialmente de su presidente, José Luis Álvarez Almeida, del que en alguna conversación privada ya le llaman el alcalde y eso expresa lo que hay realmente

Roberto Sánchez Ramos 'Rivi' — Fue concejal primero en la oposición con Asciz y posteriormente formó parte del gobierno tripartito en representación de IU

Al exconcejal le llama especialmente la atención que Canteli se haya desmarcado de alcaldes del PP como Gabino de Lorenzo o Agustín Iglesias Caunedo, quienes durante su mandato mantuvieron la tradición de los chiringuitos y los conciertos gratuitos durante las fiestas de San Mateo.

Cree que la censura sufrida por el dj ovetense Isaac Corrales, al cancelar su actuación tras la publicación en sus redes sociales de una imagen de Oviedo vacío en las calles a la que añadió un emoticono de un cactus y una bola del desierto, es un aviso a navegantes: “Los 'Canteli boys' vienen con otros compromisos ideológicos, tan lejos de Gabino y tan cerca de Vox. Esa censura está en la línea del pensamiento de la derecha”, dice.

Uno de los chiringuitos que más público concentraba las noches mateínas era El Rincón Cubano. Entre los habituales no faltaba Celso Miranda, uno de los fundadores de Asciz que detrás de la barra sirvió muchos mojitos durante las fiestas. Con la perspectiva que da el paso del tiempo, asegura que ve la supresión de los chiringuitos tradicionales con una mezcla de indignación y tristeza.

“Siento tristeza porque tengo hijas adolescentes y no van a conocer un modelo de fiestas como el que vivimos los que tenemos mi edad. Han sido 30 años de fiestas populares en Oviedo y de participación vecinal en toda su dimensión. Y siento también indignación porque su supresión es fruto del sectarismo político”, explica.

Siento tristeza e indignación por el nuevo 'modelo Canteli'. Tristeza porque tengo hijas adolescentes que no van a conocer un modelo de fiestas como el que vivimos los que tenemos mi edad ahora mismo. Han sido 30 años de fiestas populares en Oviedo y de participación vecinal en toda su dimensión. Y siento también indignación porque su supresión es fruto del sectarismo político

Celso Miranda — Fundador de Asciz. Trabajó en "El Rincón Cubano"

Celso Miranda opina que el nuevo modelo de fiestas implantado por Alfredo Canteli supuso la ruptura de un modelo “consolidado y exitoso” para desmarcarse del mismo de una forma muy absurda, porque “gran parte de esos 30 años fueron también dominados por un gobierno municipal del PP en la etapa de Gabino de Lorenzo que le había dado su aprobación”.

Además, el momento elegido por el equipo de gobierno del PP para cambiar los chiringuitos por casetas fue, en su opinión, “poco valiente por decirlo de una manera educada”, asegura, ya que se utilizó la pandemia y aprovechó “ese momento disruptivo para acabar con el modelo de fiestas que veníamos disfrutando hasta entonces”.

Miranda: “Las casetas son más propias de una feria del libro”

También le “chirria” el cambio de los chiringuitos por casetas. Afirma que éstas parecen más propias de una feria del libro que de unas fiestas populares: “Todavía no llegan a la entidad de chiringuito. Se dijo que iban a ser casetas más profesionales porque las históricas las regentaban asociaciones de voluntarios. Y ni siquiera en las bases exigen una experiencia. Lo único que tienen que tener es una razón fiscal, un código, un número de un sorteo. De hecho, hay varias casetas que son regentadas por la misma gente que se presentó con varias papeletas de la lotería para conseguir esos puestos sin ninguna exigencia adicional de profesionalidad, ni de ofrecer algo distinto”, señala.

Ante las críticas que partían de la concepción de que los anteriores chiringuitos estaban más “politizados”, Celso Miranda responde: “La política es la participación de todos en lo común. Cada uno podía tener su chiringuito” y recuerda que antes había tanto chiringuitos regentados por grupos de izquierdas como de derechas.

Prado: “Los chiringuitos empezaron para ayudar a asociaciones”

Otra veterana de las fiestas tradicionales es Carmen Prado, que trabajó durante más de 30 años en el “Topu Fartón”, otro de los chiringuitos que más gente atraía en San Mateo.

“Las casetas no tienen nada que ver con lo que eran los chiringuitos que empezaron como una forma de ayudar a las asociaciones que los instalaban. Todos pertenecíamos a asociaciones sin ánimo de lucro que en los diez días que duraban las fiestas obtenían unos ingresos para poder funcionar el resto del año. Nosotros mantuvimos ese espíritu a lo largo de los 33 años que estuvimos”.

Prado comenta que el interés de los hosteleros por gestionar los chiringuitos durante las fiestas no es una novedad, ya que desde un principio intentaron acabar con el modelo tradicional.

“Ya en 2019 –en el primer mandato de Canteli– hubo denuncias procedentes de hosteleros a los gestores de los chiringuitos y en nuestro caso, en el 'Topu Fartón', tuvimos una inspección de Hacienda, aunque al final no quedó en nada. Eran denuncias porque querían ese espacio que era muy goloso para ellos. Nosotros teníamos muchos seguidores, porque cada chiringuito tenía su público, pero también nos apoyaba un sector de hostelería que decían que si no estuviésemos los chiringuitos en San Mateo, la zona antigua de la ciudad estaría muerta”, corrobora.

Las casetas de ahora no tienen nada que ver con lo que eran los chiringuitos que empezaron como una forma de ayudar a las asociaciones sin ánimo de lucro que los instalaban. Durante los diez días que duraban las fiestas tenían unos ingresos para poder luego funcionar el resto del año. Nosotros mantuvimos ese espíritu en los 33 años que estuvimos en San Mateo

Carmen Prado — Trabajó en "El Topu Fartón" durante las tres décadas que estuvo instalado en San Mateo

Otro tema controvertido es el de los conciertos. Discrepa abiertamente con la supresión gratuita de los conciertos. “Antes, con los chiringuitos, la gente se desplazaba hasta Oviedo desde todos los lugares, venían desde todos los barrios a celebrar las fiestas y se veía mucha gente por la mañana, tarde y noche”.

Lo más difícil del trabajo en los chiringuitos era, bajo su criterio, la coordinación de los numerosos voluntarios que acudían a diario para echar una mano. “Pasaban más de 100 personas a lo largo de las fiestas para trabajar y era coordinar a mucha gente. Cada asociación hacía un esfuerzo grande por mantener ese espíritu de las fiestas”, indica.

El alcalde defiende su modelo de casetas

Alfredo Canteli y la concejala de Festejos Covadonga Díaz han defendido su modelo e incluso, al término de las fiestas, se mostraban exultantes porque sostenían que habían sido “un éxito”.

Sus declaraciones se desmarcaban de la opinión generalizada de que fueron un fracaso: “Hay muchísima gente pasándolo muy bien, con un gran ambiente y sin problema. Ese es el Oviedo que yo quiero. Los que no lo vean es que están un poco ciegos”, dijo el alcalde.

Aunque admite que “habrá gente a la que no le guste las fiestas”, insiste en que “esto va de mayorías” y, para él, “la mayoría esta feliz”.

Los conciertos de La Ería, todos de pago, fueron también, según el alcalde, otro éxito, sin entrar en detalles sobre censuras o boicots a artistas.

“La Ería está a tope de gente. Si eso es un fracaso de las fiestas, que venga Dios y lo vea”, remató al tiempo que resaltaba que el calendario festivo era largo y el hecho de que hubiera menos personas por semana era algo “normal”.

Si la mejor defensa es un ataque Canteli lo ha aplicado a las críticas recibidas. Especialmente las que se referían a su “privatización”.

“En los últimos 40 años los chiringuitos se entregaron a dedo, fundamentalmente a partidos políticos y a asociaciones afines a ellos. Son muchas tonterías las que se oyen. Bien es verdad que aquello les daba para comer gratis todas las fiestas, y ahora no lo tienen, y les daba un ingreso para el año”, aseveró.

Fernández Llaneza: “La ciudadanía debe tener voz”

La oposición municipal ha salido en bloque para rechazar no solo las declaraciones del alcalde, sino también para resaltar lo que califican como “el fracaso de las fiestas”.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carlos Fernández Llaneza, ha sido muy crítico con el nuevo modelo festivo porque asegura que Canteli ha impuesto unas fiestas “centralizadas, con poca diversidad y sin dar voz a los diferentes sectores de Oviedo”.

Fernández Llaneza defiende unas fiestas que sean reflejo de la diversidad cultural del municipio y accesibles a toda la ciudadanía.

Los socialistas centran su principal queja en la falta de participación ciudadana porque las actuales no reflejan la verdadera esencia de Oviedo.

“San Mateo debe ser un espacio de inclusión y representación, donde la ciudadanía tenga voz y se sienta parte del proceso. Exigimos un cambio hacia un modelo más participativo y plural”.

Llamazares: “Repetimos un modelo que la ciudad no quiere”

El portavoz de IU–Convocatoria por Oviedo en el Ayuntamiento, Gaspar Llamazares, ya vaticinaba en el mes de junio que las fiestas de este año no iban a tener el respaldo ni de vecinos, ni de asociaciones, ni de la oposición.

Llamazares censuraba entonces que el equipo de gobierno hubiera “perdido un año” para negociar y acordar cómo podrían ser las fiestas de San Mateo en 2024, optando “un año más” por convertir las fiestas populares en “las fiestas de la iniciativa privada”.

Una falta de diálogo con la oposición que, bajo su prisma, demostraba de nuevo “la falta de cintura y la política de rodillo de una mal entendida y mal gestionada mayoría absoluta”.

“Los últimos años de San Mateo han estado muy por debajo de lo esperado y de lo acostumbrado en esta ciudad”, agregaba y hacía hincapié en que, si bien la iniciativa privada debía tener su espacio y su lugar, la sociedad civil organizada, el movimiento asociativo, deportivo y social, también.

“Volvemos, un año más, a repetir un modelo que la ciudad no quiere”, lamentaba.

Una vez finalizadas las fiestas, el portavoz ofrecía una rueda de prensa junto al concejal de su grupo Alejandro Suárez donde hacían una valoración negativa de su desarrollo que venía a avalar sus malos presagios del mes de junio. Para los concejales de IU, San Mateo ha dejado de ser una fiesta popular “para convertirse en una macroterraza”.

Los últimos años de San Mateo han estado muy por debajo de lo esperado y de lo acostumbrado en esta ciudad y volvemos, un año más, a repetir un modelo que la ciudad no quiere

Gaspar Llamazares — Portavoz del grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo

El grupo municipal de Somos no se quedaba atrás en las críticas. Sostenían que la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, “no solo se ha cargado las fiestas de Oviedo, sino que puede haber sentenciado el futuro político de Alfredo Canteli, Nacho Cuesta y el resto de concejales de su equipo”, argumentaban.

“La improvisación continua del gobierno de Canteli en el que ya es conocido por ser el peor San Mateo de la historia, está dejando un reguero de actuaciones que conducirán, casi con total seguridad, a que una gran parte de los concejales de gobierno acaben sentados ante los tribunales por delitos de prevaricación administrativa”, advirtieron.

La censura a los artistas

El equipo de gobierno no encaja bien las críticas y uno de los ejemplos más claros se ha evidenciado con la censura al dj e influencer ovetense Isaac Corrales cuya actuación fue anunciada para el día 19 de septiembre y que horas antes de salir al escenario de La Ería fue cancelada.

La cancelación coincidió con la publicación en sus redes sociales de una imagen de las calles de la ciudad completamente vacías junto al emoticono de un cactus y una bola del desierto. A continuación reproducimos la imagen.

Las redes del dj se llenaron de comentarios denunciando la censura a su libertad de expresión y el propio influencer ofreció su versión de los hechos como recogió elDiario.es Asturias en su edición del pasado 20 de septiembre.

“Como ovetense, como carbayón, tengo el derecho a opinar y a decir las cosas que me parecen bien o que me parecen mal de esta ciudad”, explica el dj.

La concejala de Festejos respondió a la polémica alegando que tenía “bloqueado” a Corrales en sus redes y, por consiguiente, no había visto la imagen que había generado tantos apoyos al dj como críticas al equipo de gobierno.

Cuando aún resonaban los ecos de la censura a la libertad de expresión en las fiestas, trascendía públicamente un nuevo veto. En esta ocasión, al polifacético artista asturiano Rodrigo Cuevas, premio nacional de Músicas Actuales 2023.

El perfil oficial de Cultura Oviedo (la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo) pidió el pasado 25 de septiembre por la noche en la red social X que Rodrigo Cuevas fuese censurado para que no pudiera ofrecer dos conciertos programados para diciembre en el teatro Campoamor.

El organismo, presidido por el concejal de Cultura David Álvarez, del PP, aseguró horas después como excusa que su cuenta había sido hackeada. Un argumento que caía por su propio peso ya que, cuando una cuenta sufre un hackeo, su dueño no puede escribir ni interactuar en ella. Sin embargo, la excusa de Cultura Oviedo fue ofrecida desde la propia cuenta supuestamente hackeada.

Rodrigo Cuevas, fiel a su estilo, se lo tomó con humor y contestó con ironía a través de la publicación de un fragmento de una escena de la popular serie Paquita Salas en la que la actriz Yolanda Ramos pronunciaba la frase: “Su cuenta fue hackeada por un usuario turco el cual está siendo investigado. Puntito y a tomar por culito”.

Otros artistas vetados

Esta no es una situación nueva desde la llegada de Alfredo Canteli a la corporación municipal. En su primer mandato, cuando el equipo de gobierno lo formaban el PP y Ciudadanos ya hubo polémica en los conciertos de San Mateo.

En 2019, el gobierno tripartito integrado por PSOE, Somos e IU había dejado apalabradas las actuaciones de más de 20 grupos en las fiestas de San Mateo pero, al no existir un documento escrito, Canteli optó por su cancelación. 

Uno de esos conciertos anulados fue el de Rozalén y la cantante manchega cargó duramente contra esa decisión y en sus redes sociales dejó escrito el siguiente comentario, que reproducimos a continuación.

“Sabéis que no me puedo callar... Nos quedamos sin concierto en Asturias”, un comentario que acompaña con un emoticono triste.

Seguidamente explica lo ocurrido: “Nosotros éramos uno de los veintitantos grupos que íbamos a tocar por fin en las fiestas de San Mateo en Oviedo. A pesar de estar confirmados en su programación desde hace meses, su nuevo gobierno ha decidido que no vamos”. 

Rozalén también aseguraba que “era la primera vez que nos pasa algo así” y lamentaba la decisión, ya que “tenía ilusión por cantar allí. Qué pena...”.

Sus redes sociales se llenaron pronto de mensajes, la mayoría de ellos de ánimo y de crítica a los dirigentes municipales. Entre estos apoyos destacaba el de Ana Taboada, concejala de Somos y vicealcaldesa de la ciudad en la etapa del tripartito.

Los productoras musicales encargadas de la programación artística en la plaza de la Catedral, el Cohete Internacional y EP Management, ya criticaron con dureza la decisión de Covadonga Díaz, concejala responsable de Festejos. Según los promotores, la cancelación tendría un coste para esos artistas, que ya habían reservado vuelos y rechazado otras actuaciones. Entre los afectados estaban, además de Rozalén, artistas como Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Tequila, Umberto Tozzi y Álvaro Soler.

Las productoras musicales encargadas de la programación artística en la plaza de la Catedral de las fiestas de San Mateo de Oviedo denunciaron entonces que el nuevo equipo de gobierno, formado por PP y Ciudadanos, no iba a asumir los compromisos previstos por el tripartito.

Una situación que, cinco años después, con el equipo de gobierno del PP que lidera Alfredo Canteli, se ha vuelto a repetir.

El ultraderechista Alvise Pérez promocionó en un multitudinario evento celebrado en Madrid el pasado 6 de abril las actividades de Madeira Invest Club, supuesta oficina de inversión que capta fondos para especular en el mundo del arte digital y en sectores como el inmobiliario, los vehículos de alta gama o el lujo, y sobre la que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) emitió una alerta el 22 de mayo de 2023.

El Confidencial avanzó este viernes que el hoy eurodiputado ultra ha desviado donaciones para su campaña a cuentas con dinero conseguido a través de Telegram por su formación, Se Acabó la Fiesta, a ese chiringuito financiero. Madeira Club capta fondos en España usando supuestamente como pantalla una sociedad de Nuevo México, en Estados Unidos.

Las actividades de Madeira Invest Club fueron promocionadas por el agitador ultra en el “III Evento Anual” de este club, celebrado el 6 de abril en un abarratado Hipódromo de la Zarzuela de Madrid, entre coches de época, cócteles y carne a la parrilla. La estrella invitada fue Alvise Pérez, que aprovechó para promocionar su candidatura a las elecciones europeas del 9 de junio mientras elogiaba la actividad del chiringuito financiero. 

“Esto es lo más cerca de la Moncloa que he estado sin que la policía nacional me persiga”, dijo Pérez a un entregado auditorio. “Aquí estáis haciendo cierto tipo de política, que es la contra política a un estado mafioso, perdonadme que lo diga, criminal, que os roba más del 70-75% de lo que producís todos vosotros”. “Yo lo llamo esclavismo moderno”, dijo el eurodiputado, que apeló a “la libertad de la que tanto temen esos corruptos”.

Según El Confidencial, la promoción del evento no es la única relación que tiene el eurodiputado con la polémica entidad denunciada por la CNMV. El pasado 25 de mayo el entonces candidato de Se Acabó la Fiesta pidió a sus seguidores a través de la red social Telegram dinero para sufragar su campaña a través de criptomonedas en diferentes redes blockchain y recaudó el equivalente a 6.180 euros. El 25 de julio, parte de esa inversión fue traspasada a otro monedero y acabaría nutriendo los fondos del Madeira Club Invest.

La advertencia que la CNMV hizo de este supuesto club de inversión en mayo de 2023 se extendió también a la sociedad que aparentemente lo controla, una firma domiciliada en Nuevo México (Estados Unidos) llamada Proelucyon, LLC. Según advirtió el regulador bursátil en mayo de 2023, ninguna de esas dos entidades “está autorizada para realizar las actividades reservadas a las instituciones de inversión colectiva” previstas por la legislación española. 

Ferraris, apartamentos y whisky

La página principal de la web Madeira Invest Club indica que está actualmente “en mantenimiento”. “Estamos trabajando en mejorar la plataforma y volveremos en unos días”, promete la web. Pero todavía se pueden ver algunas “obras de arte digital” en las que, afirma, han participado sus inversores: yates de lujo, contenedores marítimos, naves en Punta Cana, apartamentos en Chiclana, “Obra Parking VIP Bernabéu”, botellas de whisky, Ferraris, motos de colección... La web pertenece a una sociedad inscrita en enero de 2022 en Orlando (Florida, Estados Unidos), BLV Services LLC.

Sí sigue plenamente operativo el portal Cryptospain, que promociona Madeira como “un club privado de compradores de obras de arte digital cuyo objetivo es ganar dinero” a pesar de “ese clan de mafiosos que es la CNMV”. Dicen que han llegado a tener rendimientos de “un 53,19%” con la compra de un edificio en el centro de Granada en 2023. “Esto es una rentabilidad de la hostia. Y hemos tenido otras obras con rentabilidades parecidas”, aseguran.

Según exponen, “si una empresa con un rendimiento «normal» genera un beneficio de, por ejemplo, un 20%, Madeira Invest Club puede llevarlo a un 30% o un 33%. No es que hayamos descubierto el secreto de convertir en oro lo que tocamos y seamos mucho mejores que los demás. Simplemente es que NO pagamos tantos impuestos porque la ley nos permite no pagarlos”.

En la web de Cryptospain aparecen sus cabezas visibles, un youtuber que dice llamarse “Luis” (siempre sin apellidos, calvo y con mascarilla, y que tuvo un papel protagonista en el evento en el Hipódromo de la Zarzuela con Alvise Pérez) y otro tal “Borja”.

Ambos protagonizan un canal de Youtube que no cuelga vídeos desde hace ya unos meses. Cryptospain lleva años promocionando con anuncios, publicaciones en redes sociales y cursos para “proteger nuestro dinero” frente a “un Estado que nos engaña”, como contó Maldita en 2022. 

Entre los servicios que ofrece Cryptospain está Sentinel BQ, cuyo logotipo aparecía con grandes caracteres en el evento en el que el hoy diputado de ultraderecha participó el 6 de abril para promocionar Madeira Invest Club.

Sentinel BQ explica en su web que su “principal objetivo es proteger lo que es tuyo sin que nadie sepa que lo es”, “es decir, desde el anonimato completo” y “dentro de la ley”. Dice ofrecer sus servicios en la calle Maldonado de Madrid, aunque la propietaria de su web es BLV Services, la citada sociedad de Florida dueña del site de Madeira Invest Club. “Cualquier relación entre el usuario y BLV se regirá e interpretará de acuerdo con la ley estadounidense”, se advierte en la web de Sentinel BQ. Su lema es una declaración de intenciones: “La seguridad del anonimato a disposición de tu dinero”.

En ella se presentan como “el único espacio en Europa con más de 5.000 consignas fortificadas grado 7, disponibles para ser alquiladas sin ningún tipo de identificación siempre dentro de la ley, permitiendo almacenar documentación, dinero, joyas, relojes, oro, usbs... con cuatro garantías que ningún otro espacio te puede ofrecer”: “protección grado militar 24h”, “seguro de la cámara de 1.000 Millones de €”, “acceso sin KYC”, abreviatura en inglés de “conoce a tu cliente”. Y los bienes son “no embargables, ya que no te identifica”. Fuentes consultadas por eldiario.es apuntan que el alquiler mensual de cada caja de seguridad ronda los 500 euros.

En su web, Cryptospain se presenta como “la mayor comunidad de ELUSIÓN fiscal, Crypto y Societaria de Europa”. Dice que ofrecen “formación en elusión fiscal crypto y societaria”. “Descubre el sistema para pagar menos impuestos dentro de la ley. Legal, seguro y justo”.

La propietaria de la web de Cryptospain es la firma de EEUU sobre la que advirtió la CNMV en mayo de 2023, Proelucyon. Esta sociedad fue inscrita en marzo de 2022 en Alburquerque, Nuevo México.

Proelucyon se anuncia en Internet como una “consultoría legal cripto” domiciliada en Alburquerque. En su web ofrece asesoría vía videoconferencia (a partir de 100 euros por media hora), con servicios para inversores en criptomonedas para la campaña “Renta 2021”, concepto que remite claramente al IRPF español. “¿Te ha llegado una carta de Hacienda preguntando por tus criptos? Nosotros te ayudamos”.

“9.600 empresas”

Cryptospain asegura en su web que se trata de “la mayor comunidad de fiscalidad en España”, con 512.000 usuarios, y que han “ahorrado” la cantidad de “524” millones de euros a su “comunidad”. “9.600 empresas confían en nosotros”. También aseguran que han tramitado más de “805” residencias fiscales. “Trabajas todo el año para pagar unos impuestos que el Estado te está robando”, dicen.

“¿Cómo es posible? Porque tú no compras criptomonedas (o efectivo) directamente a Sentinel BQ, sino que un particular ha hecho ese depósito de forma previa. De este modo, los límites que hay entre empresa y particular de 1000 € por transacción y la obligación de pasar el KYC no existen. Por parte de Sentinel, solo se cobra la comisión por transacción del 7,99%, de la que recibirás una factura simplificada con cada operación”.

“Descubre cómo pagar menos impuestos en una sociedad limitada o cómo emprender un negocio libre de rentas al Estado. Evita que te quiten lo que tanto te ha costado ganar. Cambia tu actividad fiscal desde hoy mismo”, añaden. Afirman que “la mayoría de los inspectores de Hacienda no saben lo que es un BTC, NFT, Numismática o una wallet. Que no te pase como a ellos, Cryptospain les viene GRANDE” [sic].

Madeira Invest Club fraguó su despeque en Internet donde también arrecian crecientes sospechas sobre su viabilidad. Internautas que presumen de manejar información sensible se preguntan desde hace más de un año en Forocoches si se trata de un “ponzi a la vista”. Un usuario decía conocer en agosto de 2023 a “uno que está dentro y hasta ahora contento”. “Luego no llores y que todos los españoles paguemos la fiesta”, le decía otro forero. 

Muy conocido en redes en el ámbito de inversión en criptomonedas, de los consejos de Luis Cryptospain advertía ya en 2022 un bufete de abogados fiscalistas, Viola Pérez: “Se arriesga demasiado. Hay una línea muy muy estrecha entre la elusión fiscal [la que no vulnera la ley] y la evasión fiscal [que siempre implica un delito]”.

Una de sus propuestas, constituir empresas en el extranjero, “claro que es legal”, pero su existencia hay que notificarla a la Agencia Tributaria española. Y si se usan testaferros “para que Hacienda no lo sepa, ya estamos en evasión fiscal”. “La línea es muy peligrosa”. “Mucho cuidado con los gurús”.

Bodas por encargo a pie de playa. Es uno de los servicios que ofrece el local Collados Beach —en la Manga del Mar Menor— a sus clientes. El problema es que lo hace en una playa protegida del Parque de las Salinas de San Pedro, y en contra de la normativa vigente. La Demarcación de Costas, dependiente de Ministerio para la Transición Ecológica, señala en un documento al que tenido acceso elDiario.es que “dichas bodas no disponen de la preceptiva autorización, lo que en ningún caso podría otorgarse de acuerdo con el artículo 66 del Reglamento General de Costas por no tratarse de un tramo urbano de playas”.

Igualmente, la Consejería murciana de Medio Ambiente subraya que Collados Beach no cuenta con el permiso para la ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre con instalaciones temporales para bodas. “Se ha levantado acta de incumplimiento de 27 de junio y se ha enviado la documentación a la Demarcación de Costas”, afirman. El 'altar' en el que se celebran los enlaces —continúan las mismas fuentes— está dentro del ámbito del Parque Regional de San Pedro, por lo que se ha abierto “también expediente sancionador por incumplimiento del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN)”.

“Es una zona de reserva prioritaria, en la que solo se permiten actividades ligadas a la investigación y la restauración del medio natural, y no un uso público”, denuncia a elDiario.es Región de Murcia Jorge Sánchez, biólogo de la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), que llevan detrás de este expediente desde 2019.

“La actividad de Collados Beach está impidiendo que se establezca la vegetación correctamente y afecta a sus hábitats de interés comunitario, a la flora silvestre y a la nidificación de las aves; además, es el único local de ocio del Parque que está ubicado en una zona prioritaria”, continúa el ecologista, quien pone el acento en que el establecimiento tiene una demanda porque se estableció como beach club “pero realiza otras actividades orientadas a la gastronomía o la celebración de bodas, comuniones y otros eventos, incumpliendo las normativas, lo que es un escándalo”.

Collados Beach asegura que han tomado “medidas”

Desde Collados Beach aseguran a este periódico que ya han adoptado “medidas correctoras” para que no se vuelva a repetir “la celebración de una boda más allá del espacio que tenemos autorizado para ello”.

El complejo Collados Beach garantiza en su página web “un refugio de relax durante el día y un paraíso de diversión por la noche; todas las zonas que vemos reflejadas en la arquitectura de Collados Beach se caracterizan por sus formas redondeadas como dunas y por su acertada integración visual con el entorno en que descansa”, explican. El establecimiento pertenece al grupo murciano Orenes, uno de los grandes propietarios de casinos, bingos y locales de apuesta dentro y fuera de España.

“Acuerdo tácito para permitirles esas actividades”

“Los han sancionado en varias ocasiones —refiere el biólogo de Anse— pero están en rebeldía, y eso es en parte porque hay un acuerdo tácito con las administraciones de permitirle esas actividades”. En la Playa Esculls de la Llana y Encañizada “está prohibida la limpieza y entrada de tractores para la retirada de algas y el único punto donde se hace una excepción para permitirlo es ese, delante del chiringuito”.

La Demarcación de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica, en un escrito del 22 de junio, señala que ha tenido conocimiento de que en la web de Collados Beach “se especifica que tienen diferentes zonas para celebrar la ceremonia, el cóctel, el banquete, así como la fiesta posterior para más de 300 invitados; en el mismo dossier se incluye la playa para la celebración y en la página 14 se establece un precio de 300 euros para la limpieza pre y post evento”. De ello, continúan desde el Ministerio, se deduce que se está ofreciendo públicamente el uso de la playa para celebrar bodas advirtiendo de que percibirá un precio por ello.

La playa Esculls de la Llana y Encañizada está incluida parcialmente en el Espacio Natural Protegido Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, asimismo se incluye en la Zona de Conservación Prioritaria del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) por su alto valor natural, por lo que el uso público debe estar muy restringido, punto que desde Anse se ha denunciado reiteradamente en los últimos años.

El documento de Demarcación de Costas señala además que la playa es Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC) del Humedal del Mar Menor y la Zona Oriental Mediterránea de la Región de Murcia. “Por lo que, con independencia de las actuaciones que esta Demarcación está llevando a cabo, se pone en conocimiento del Ayuntamiento de San Javier”, señalan.

Efectivamente, confirman desde el Consistorio, se ha recibido el escrito de Demarcación de Costas, en el que se pide su colaboración, “ya que la vigilancia y actuación en el Dominio Público Marítimo Terrestre es una competencia exclusiva del Estado”. Una colaboración, añaden, que ya se presta desde hace tiempo “y que consiste en poner en su conocimiento la realización de este tipo de actividades en la playa cuando son detectadas por parte de la Policía Local”.

Esta situación viene de lejos. Anse empezó a denunciarlo en 2019, en agosto de ese año —recuerdan— ya existía una orden de suspensión. Y añaden que la actividad de restauración de la instalación “resulta contraria a las Normas Subsidiarias de San Javier, tal y como dictaminó el Consejo Jurídico de la Región de Murcia en una consulta sobre este caso planteada por el alcalde de San Javier”, Javier Luengo (PP).

Desde el Ayuntamiento de San Javier, sin embargo, afirman que Collados Beach cuenta con autorización de funcionamiento del establecimiento de hostelería porque cumple con todos los requisitos y la limpieza de la playa se realiza con regularidad, “siguiendo, además las directrices de la dirección general de Patrimonio Natural, al tratarse de una zona protegida”.

Limpieza vinculada a tractores del Ayuntamiento de San Javier

Los ecologistas han denunciado la limpieza “periódica” de la playa (retirada de arribazones de Posidonia), “en muchos casos durante la noche, por parte de tractores vinculados al Ayuntamiento de San Javier”. Y concretan que el uso de maquinaria para la limpieza de playas “no está autorizado por el PORN y puede estar afectando a especies amenazadas como el chorlitejo patinegro, especie considerada en peligro, que nidifica en playas y para el que las Encañizadas es una localidad relevante”.

De hecho, continúan desde Anse, las tareas con maquinaria “ya han afectado a diversas especies de flora protegidas como el Senecio glaucus o la esparraguera del Mar Menor, a punto de incluirse en el Catálogo Español de Especies Amenazadas”. Y -apuntan- “también resulta posible la afección a una eventual nidificación de tortuga boba que pudiera ocurrir en la playa protegida”.

Desde Orenes aseguran no tener constancia de “ningún expediente en relación a esa cuestión”. “Lo que sí podemos trasladar es que la limpieza la realizamos a mano, por una persona encargada de ello, cumpliendo con la normativa de aplicación, asegurando en todo momento el cuidado del entorno”, añaden.

Las competencias de esta zona son compartidas, por Costas por ser Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), de la Comunidad al pertenecer a un espacio protegido, y al Ayuntamiento de San Javier porque le corresponde en este caso la autorización de funcionamiento del establecimiento de hostelería y la limpieza de la playa.

Desde Anse recalcan que los hechos se vienen produciendo desde 2019 cuando la Asociación remitió diferentes denuncias; en aquellos momentos llegaron a celebrarse bodas con uso de fuegos artificiales“. Hechos similares, continúan, se repitieron en 2021 y 2022, ”aunque durante la pandemia la presión sobre esta porción del Parque Regional se redujo temporalmente“.

Por otra parte, según han podido confirmar técnicos de Anse, “la navegación y fondeo de embarcaciones es una constante en las Encañizadas, pese a estar prohibido por el artículo 56 del PORN, lo que puede estar afectando a las comunidades sumergidas y especies protegidas que habitan las Encañizadas”.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Por fin el Partido Popular se ha prestado a cumplir la Constitución y ha acordado con el PSOE la renovación de cúpula del Consejo General del Poder Judicial. Los conservadores solo han tardado cinco años en satisfacer lo que marca la Carta Magna del ordenamiento jurídico español. Cinco años para cumplir la Ley, no está mal para un partido que se dice de orden. 

Esto de ser medianamente coherente con tus preceptos no crean que solo le falla al principal partido de la derecha. En España tenemos muchos ejemplos de personas e instituciones que van dando lecciones de todo tipo pero luego no predican con el ejemplo. Ahí tenemos a toda la caterva del Instituto Juan de Mariana. Estos días han sido protagonistas porque han invitado al presidente de Argentina, Javier Milei, para concederle el premio Juan de Mariana 2024 durante el acto que denominan Cena de la Libertad.

El Instituto Juan de Mariana es un centro de pensamiento neoliberal en cuyo ideario se recoge que “no acepta subvenciones ni ayudas de ningún gobierno o partido político” para “mantener su plena independencia” y es una asociación “sin ánimo de lucro”. Solo hace falta rascar un poco para comprobar que el Instituto es el 'chiringuito' de algunos de sus ilustres miembros.

Empezamos con Fernando Monera, un empresario que no tiene impedimentos morales para recibir adjudicaciones y subvenciones millonarias de varias Administraciones y promocionar las actividades del 'think tank' ultraliberal. Claro, también hace negocio montando su página web, vendiendo entradas para el acto de Milei o cursos online donde participan profesores como el economista Daniel Lacalle. Monera no parece tener problemas con cargar contra los “subsidios a mansalva” o defender que los impuestos son “un robo” y que su empresa Open Sistemas haya cobrado 1,75 millones en ayudas públicas desde 2020. Coherencia. Aquí te contamos que el empresario que promocionó “la Cena de la Libertad” con Milei en Madrid recibe millones en contratos públicos y ayudas.

Ahora vamos con Manuel Llamas Fraga, director del Instituto Juan de Mariana. Llamas es socio junto al tesorero de esa entidad, Domingo Soriano, de una pyme que disparó su facturación un 60% en 2022, cuando Llamas era viceconsejero de Economía del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Su empresa se llama Tu dinero nunca duerme SL. Llamas no se ha cortado en argumentar que hay que “eliminar la mayoría de entes y organismos públicos existentes”, que solo sirven, a su juicio, para colocar “a afines” y ha criticado las subvenciones a sectores como el cine. Coherencia. Aquí te explicamos cómo el organizador del evento ultra con Milei en Madrid disparó las ventas de su empresa cuando era alto cargo de Ayuso.

Seguimos para bingo. El Instituto Juan de Mariana es un asociación “sin ánimo de lucro”, pero es accionista de la Universidad de las Hespérides, en Las Palmas. Este centro educativo tiene como fundador y rector al también fundador y presidente del ‘think tank’, Gabriel Calzada. En el consejo de administración de esa universidad online están también el padre de Gabriel Calzada, el empresario turístico y exnaviero Gabriel Calzada Fiol, y su hermana, Inés Calzada Álvarez. Como “decano de la escuela de Grado” ejerce otro exdirector del Juan de Mariana, el economista Juan Rallo. El vicerrector es otro miembro del Juan de Mariana, Gonzalo Melián. Además de cursos online también hay formación presencial para la que ofrecen estancias en el Apartahotel Costa Volcán, un complejo que pertenece a Gabriel Calzada Fiol, padre del presidente del Juan de Mariana. Coherencia. Aquí te contamos que la asociación ultra “sin ánimo de lucro” que invitó a Milei a Madrid es accionista de una universidad privada recién lanzada.

No se vayan todavía que aún hay más. Gabriel Calzada, presidente de este centro de pensamiento ultraliberal, ha denunciado en la web del Instituto Juan de Mariana “la cultura de creer que el crecimiento puede lograrse mediante subvenciones” y que “mucha gente está harta ya [de] que la financiación pública no está solucionando nada y está creando una percepción de dos clases en Europa: una que lucha por mantener una vida digna en los países desarrollados y otra que vive bien de las subvenciones”. Pues seis modestas empresas de hostelería y turismo administradas por la familia de Calzada han cobrado desde 2021 más de un millón de euros en subvenciones de diferentes Administraciones. Coherencia. Aquí te explicamos cómo las empresas familiares del presidente del Instituto Juan de Mariana cobran subvenciones públicas.

Sobre el jesuita, teólogo e historiador español Juan de Mariana escriben en el Instituto que ha tomado su nombre: “Su impresionante coherencia personal incluso en las ocasiones más adversas hace que queramos que no solo sus ideas fundamentales sino también su persona sean un ejemplo a seguir por las actuales generaciones de liberales dentro y fuera de nuestras fronteras”. Anda que si Juan de Mariana levantara la cabeza y viera la coherencia de estos mercachifles recolectores de subvenciones y sueldos públicos...

Cada vez que habla sube el pan

Es como si te invitan a jugar un partido y te dicen: vas a pasarlo muy bien, vas a perder 5-0 y, a partir de ese momento, empieza a negociar

Antonio Garamendi — Presidente de la CEOE  

Es el principal motivo de pugna entre los empresarios y los sindicatos y el Gobierno. Entre otras cosas, porque sí que puede ser un cambio relevante en las condiciones laborales de millones de personas. Un cambio a mejor. Se trata de la reducción de jornada laboral de las actuales 40 horas semanales a las 37,5 horas semanales. Las palabras del líder de la CEOE, Antonio Garamendi, que encabezan esta sección, ejemplifican bien la posición de la patronal. Pero es que, a ver, si es una mesa de negociación para reducir la jornada, lo que no se puede esperar es que no se reduzca el horario de trabajo. La situación ha llegado a tal nivel que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tuvo que dar un toque a los empresarios avisando de “que el Gobierno no puede tolerar una estrategia dilatoria”. En este enlace te contamos que Trabajo acusa a la patronal de retrasar la reducción de la jornada laboral: “En seis meses no han presentado una sola propuesta”.

El Gráfico

Es curioso cómo van cambiando las percepciones de riesgos por parte de las empresas. Al final, pese al sufrimiento y el desastre, las guerras dejan de ser asumidas como una amenaza para el negocio. Es lo que ha ocurrido con la guerra por la invasión de Ucrania por parte de Rusia o con el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza. El Banco Central Europeo (BCE) ha creado un índice de incertidumbre que analiza las presentaciones de resultados de las grandes compañías de la eurozona para identificar cuáles son las principales peligros. Una herramienta bastante útil aunque luego funcione como un bumerán contra la institución monetaria: las guerras han caído como factor de riesgo pero los altos tipos de interés o las condiciones de financiación (que responden a los tipos de interés) se convierten en las principales amenazas para las compañías. En esta información te explicamos cómo las empresas desechan Ucrania o Gaza como riesgos pero advierten de los altos tipos de interés.

El Dato

40.121 plazas

Son las que planea sacar este año el Gobierno dentro de una Oferta de Empleo Público que llevará en las próximas semanas al Consejo de Ministros. En teoría 20.840 serán de turno libre, 10.600 corresponderán a promoción interna, 8.681 plazas se repartirán entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Otras 4.162 irán destinadas a nuevos servicios contemplados en la ley de presupuestos de 2023 como el Servicio Estatal Público de Empleo, la Seguridad Social o la Dirección General de Tráfico. Decimos en teoría porque, salvo UGT, los sindicatos han calificado la Oferta de Empleo Público como “pobre” o “insuficiente”, con lo que igual puede cambiar. Y tampoco hay que olvidar a los interinos, a los que probablemente les afectará positivamente. Aquí tienes más información sobre la Oferta de Empleo Público para 2024.

Por otro lado, se ha aprobado la subida salarial de los funcionarios. Lo que se negoció entre Función Pública y los sindicatos fue un incremento del 2% para 2024 y un 0,5% adicional si la suma de la variación del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de los años 2022-2024 superaba el incremento retributivo fijo acumulado de esos ejercicios, que se situaba en el 8%. Aunque falta la confirmación por parte del Instituto Nacional de Estadística se da por hecho que el 0,5% adicional se aprobará. Aquí te explicamos cuánto es, a quién afecta y cuándo se aplica la subida de sueldo a los funcionarios en 2024.

Entrepreneur

Se le conoce como el rey del acero pero el fisco ha demostrado que andaba desnudo. El Tribunal Supremo ha anulado una de las dos absoluciones del empresario José María Aristrain por el fraude fiscal masivo que le atribuyen tanto Hacienda como la Fiscalía. Volverá a ser juzgado en una causa en la que se le piden penas de hasta 60 años de cárcel por un fraude de más de 200 millones de euros, considerado el mayor de España. A nuestro entrepreneur de la semana, la Agencia Tributaria le abrió otro procedimiento por deducirse los gastos de las monterías que celebraba en sus fincas de Cáceres y Sevilla sin que tuvieran relación con actividad empresarial real. La Justicia le ha dado la razón al fisco y los pleitos suman 268.308 euros. Ahora vuelve a ser noticia porque pidió el cese de su mujer Gema Navarro Mangado como consejera dominical de Tubacex por “pérdida de confianza” como punto del orden del día de la junta general de accionistas que se celebra este jueves, aunque la realidad es que se debe al proceso de divorcio. Navarro Mangado presentó su dimisión este miércoles por “discrepancias con el consejo de administración de la compañía y con el accionista significativo que propuso su nombramiento”, que no es otro que Aristrain. Aunque seas un rey, cuando te desnudan se te ven las vergüenzas.

Financiación autonómica

No sabemos en qué está el Gobierno cuando se aborda el tema de la financiación autonómica. La verdad es que soltar lo de “financiación singular” para Catalunya es un error porque abre innecesariamente la caja de los truenos de los agravios. Saltar con ese término cuando no hay nada concreto es querer que el ruido inunde la política, como si no hubiera bastante. Pero si además se vincula con la investidura como presidente de la Generalitat de Salvador Illa, el líder del PSC, con el supuestamente caro apoyo de ERC, el estruendo se convierte en ensordecedor. Aquí te explicamos algunas claves  de la financiación “singular” de Catalunya que condiciona todo el debate económico. 

Bien público

La ciberdelincuencia aumentó un 25,5% en 2023 con respecto al año anterior y ha vuelto a crecer un 13,5% en el primer trimestre de 2024. Una de cada cinco infracciones penales que se cometen en España son ciberdelitos, según la fiscalía. En pocas semanas hemos tenido una avalancha de robos de información de instituciones públicas y privadas. La última ha sido de la Dirección General de Tráfico pero en los últimos meses también han sufrido hackeos de información empresas como Telefónica, Banco Santander, Iberdrola, Ayesa o entidades públicas como la Universidad Complutense con lo que se avecinan campañas de intentos de estafa. En estos timos hay un fuerte elemento psicológico ya que los cibercriminales explotan todo lo que pueden la sensación de urgencia para obtener una respuesta que no sea racional. Los expertos aconsejan pararse a pensar antes de tomar una decisión. Si supuestamente te llaman de tu banco, de tu compañía eléctrica, de la Agencia tributaria pidiéndote que envíes dinero o tu clave... Párate, piensa, aplaza la decisión, es la mejor manera de no caer en un timo. En este reportaje de Carlos del Castillo te explicamos cómo los ciberdelincuentes utilizan la sensación de urgencia para timarte y cómo debes responder.

Nos gusta la competencia

Ahora te presentamos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Terminamos. El próximo jueves nos volvemos a ver con más información económica. Si tienes una propuesta o una idea nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es. Mañana empieza el Festival de las Ideas y la Cultura (FIC) en Barcelona, un evento gratuito y abierto al público que organiza elDiario.es, donde participarán Margaret Atwood, Sidonie y Juan Diego Botto, entre otros. No te lo pierdas.   

¡Buena semana!

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Las obras del chiringuito Bikini avanzan en Fuengirola con la vista puesta en el verano. Tendrá su sótano, a pesar de que hasta en seis ocasiones alertó el Gobierno central, por medio de la Demarcación de Costas, de que esa instalación en plena playa de Fuengirola no era legal. Costas llegó a advertir a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de que la estaban engañando, y le remitió media docena de informes desde el 28 de abril de 2017 hasta el pasado mes de enero. En esta última fecha, el Bikini ya había comenzado a horadar hasta cuatro metros en la arena.

Hace años que los técnicos del ministerio de Transición Ecológica (antes Medio Ambiente) vienen oponiéndose a decenas de concesiones a chiringuitos en las playas andaluzas, que son dominio público y están cada vez más expuestas a los embates de las olas por efecto de la regresión marina y el cambio climático. Tal y como ha contado este medio, el ministerio ha emitido 163 informes desfavorables y ha pleiteado al menos en 32 ocasiones. Al ceder las competencias en 2011, el Estado se reservó la facultad de informar sobre las concesiones en las playas, pero la decisión la toma la administración autonómica.

Esto ha provocado decenas de choques entre ambas administraciones y hasta una reciente denuncia de Ecologistas en Acción contra altos cargos de la Junta por prevaricación, que se produciría al ignorar por sistema los informes de Costas. En el caso de los sótanos, que suelen albergar almacenes u oficinas, los ecologistas y la Junta creen que no están permitidos porque son estructuras permanentes que amenazan la integridad de los arenales. Los empresarios dicen que, al contrario, “dan calidad” a la playa: sirven para ocultar elementos que la afean (cajas de refrescos, mesas) y protegen de las olas. La Junta, por su parte, subraya que solo estuvieron expresamente prohibidos de agosto de 2022 a febrero de 2024, cuando el Tribunal Supremo tumbó esa reforma por defectos en la tramitación.

Esta es la historia de cómo un chiringuito se hizo su sótano contra viento, marea y el criterio técnico del ministerio, pero con la connivencia de la Junta de Andalucía.

Un sótano que se inventa el promotor

2 de mayo de 2017. El jefe de la sección técnica marítimo-terrestre de la Demarcación de Costas Andalucía-Mediterráneo, un órgano ministerial encargado de velar por la integridad del dominio público marítimo-terrestre, emite su primer informe técnico sobre el chiringuito Bikini en la playa del Castillo, en Fuengirola. El promotor ha presentado una solicitud a la Junta de Andalucía (encargada de concederla o no), y Costas debe pronunciarse. Su opinión es negativa, y lo argumenta: ha operado históricamente sin concesión, y los temporales le han afectado al menos dos veces (en 2011 y 2015), por lo que debería estudiarse su posible reubicación, tal y como prevé la ley de Costas.

Además, se excede de la superficie legal (tiene 290 metros cuadrados cerrados) y el proyecto carece de un estudio de dinámica litoral. Un documento que Costas considera “imprescindible”, especialmente cuando el Atlas de inundación del litoral estima que en esa playa, ya de por sí estrecha, la cota de inundación es de +3 metros, y el Bikini está a dos metros. Por todo esto, la recomendación es reubicar (o, en todo caso, retranquear hasta el paseo) y conceder la concesión sólo por cinco años.

Dos años después, en agosto de 2019, el mismo jefe de sección emite un informe complementario. Se ha dado cuenta de una cosa: el sótano de 150 metros cuadrados que también pretende el Bikini ni preexiste ni está justificado, así que no debería construirse, “al tener un importante negativo sobre la integridad de la playa”. Y previene contra la tentación de comenzar ya la obra: debe aún emitirse otro informe preceptivo por parte del Ministerio.

A pesar de estos reparos, el proyecto avanza y la Junta de Andalucía resuelve a favor de otorgar la concesión el 27 de noviembre de 2020, incluyendo el sótano.

Cambio de Gobierno en Andalucía

Por entonces, el Gobierno andaluz ya lleva dos años en manos del PP y Ciudadanos, que valoran los chiringuitos como una de las claves de la economía litoral, y han llegado a San Telmo prometiendo regularizar su incierta situación.

Esta nueva predisposición hacia la ocupación del dominio público marítimo-terrestre favorece al Bikini. Sin embargo, Costas sigue considerando que es una concesión “irregular” y el Jefe de Demarcación remite un oficio al Ministerio el 12 de marzo de 2021: el promotor no ha aportado documentación y ha colocado el chiringuito en otras coordenadas, inundables según los documentos técnicos y, de hecho, alcanzada por los temporales. Además, ni siquiera se ha fijado canon.

En junio de 2021, Costas pide a la Junta de Andalucía que anule la concesión, y añade otro motivo: el promotor ha mentido y la administración andaluza se ha dejado engañar. El sótano que Bikini había pedido mantener en realidad no existía. “Dicha afirmación es falsa y supone un engaño a la Administración otorgante que no ha sido detectado por ésta”, subraya Costas, que remite el informe elaborado sobre el terreno por sus agentes.

La Junta de Andalucía sigue adelante y pone fecha para el acta de replanteo: 13 de diciembre de 2022. Y Costas insiste: el proyecto incluye sótano sobre la base de una información falsa. Además, el nuevo Reglamento de Costas ya prohíbe expresamente los sótanos en la playa.

Enero de 2024: comienzan las obras, con sótano

Da igual: un año después, en enero de 2024, Bikini tira abajo el antiguo chiringuito de madera y comienza las obras de la nueva instalación. Las máquinas horadan la arena hasta en cuatro metros y colocando un forjado con reja. En total, vallan unos 1.500 metros cuadrados, cuando la superficie máxima que puede ocupar es de 200 metros cuadrados. Además, usan otros 300 metros para echar toda la arena sobrante. Es entonces cuando Ecologistas en Acción denuncia públicamente la actuación, y este medio y otros se hacen eco.

A pesar de que hasta entonces nada ha servido, Costas pide al promotor que pare y remite a la Junta de Andalucía otro informe sobre el terreno: las obras han comenzado vencido el plazo (un año desde noviembre de 2020) e incorporan un sótano prohibido por la ley. Vuelve a dar igual: la Junta replica que el concesionario solicitó empezar las obras en mayo de 2021 (aunque luego no las empezara hasta enero de 2024) y que el sótano es válido, porque se autorizó antes de prohibirse expresamente por la ley. En cuanto al engaño del Bikini al decir que el sótano ya existía, “se ha considerado que la incongruencia es un error de redacción”, escribe José Antonio Víquez, Delegado Territorial de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía en Málaga.

La administración autonómica sí encuentra un incumplimiento: en realidad, la obra se extiende a 1.800 metros cuadrados, seis veces más de la superficie autorizada, apenas a cincuenta metros de distancia de una excavación arqueológica de la antigua ciudad romana de Suel, a los pies del Castillo de Sohail. La sanción propuesta es de 34.800 euros (reducibles a 20.880 euros si se reconoce la responsabilidad y se paga pronto). Ante las preguntas de la prensa, la Junta informa públicamente del expediente, insistiendo en que ha velado por el cumplimiento de la legalidad.

Nada dice del sótano, que siete años después aparece en la playa del Castillo de Fuengirola como nueva estructura permanente de hierro y cemento. 

Casi un tercio de los 500 chiringuitos que se reparten por el millar de kilómetros de playas de Andalucía incumple la legislación de costas o los criterios de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica. La lista de incumplimientos detectados desde 2011 es amplia: instalaciones que se ubican en la playa, a pesar de que podrían estar en otro sitio; que exceden la superficie autorizada; que están tan cerca de la orilla que pueden ser alcanzadas por las olas; o que no garantizan la integridad de las playas y su uso público.

Desde 2011, cuando la administración central transfirió a la Junta de Andalucía las competencias para gestionar el litoral, el Ministerio, ahora de Transición Ecológica, ha emitido 163 informes desfavorables y ha interpuesto 32 recursos judiciales contra decisiones del gobierno autonómico relativas a la ocupación del litoral por parte, principalmente, de chiringuitos de comidas y bebidas, según los datos del Ministerio obtenidos por este medio.

Fuentes del Gobierno andaluz elevan la cifra a 36 recursos. En al menos nueve (“del orden de veinte”, según la Junta de Andalucía) se ha alcanzado un acuerdo. Del resto, el ministerio dice no tener información.

Desde 2011, PSOE y PP se han alternado en este tiempo tanto en el Gobierno central como en el de la Junta de Andalucía.

Expedientes sin informe

Estos 163 informes desfavorables dan una idea de las discrepancias entre administración central y autonómica en la gestión de la ocupación litoral. Pero en muchos casos ni siquiera consta informe del Ministerio. “La ley dice que hay que pedirlo antes de dar la concesión”, explica Manuel Villafaina, presidente de la Asociación de Empresarios de Playa de Andalucía, “pero en algún momento hubo algún olvido y no se pidieron. La administración central lo detectó, puso contencioso, y lo ganó. Dijeron que había que volver a hacer los expedientes. Son 67, se han solucionado 11, y ahora estamos intentando llegar a un arreglo”. Esto incluiría 25 nuevas autorizaciones, según Villafaina. Fuentes de la Consejería de Sostenibilidad aclaran que en esos casos consideraron que el informe de Demarcación de Costas suplía al informe “preceptivo” del Ministerio.

En los últimos meses se ha celebrado alguna reunión de alto nivel entre técnicos y políticos de ambas administraciones para abordar las discrepancias, pero la Junta de Andalucía, que dice tener voluntad de entendimiento, también defiende que suya es la competencia para autorizar o no, cualquiera que sea el criterio del ministerio.

“Esta administración autonómica siempre ha respetado el ”desfavorable“ cuando estaba justificado y versaba sobre la garantía, integridad o uso del dominio público marítimo terrestre”, dicen desde la Consejería de SAnidad. Si el reparo no estaba relacionado con esos aspectos, la administración autonómica admite que lo ignora y aplica su propio criterio.

El presidente de los empresarios no cree que haya manga ancha. “Hay controles enormes. En cuanto cogemos un poquito más de terreno para hacer la obra enseguida sale en la prensa, así que al que tiene metros de más se lo quitarán o le pondrán una multa”.

Incumplimientos más frecuentes

La cuestión del uso de las playas es sensible en Andalucía y, especialmente, en Málaga y la Costa del Sol. El ministerio de Transición Ecológica admite que en esta comunidad existe un “elevado volumen de expedientes”, en una respuesta remitida a este medio a través del Portal de Transparencia. Por provincias, Málaga destaca en la emisión de informes desfavorables: acumula 72, seguida de Huelva, con 37. Marbella, con 16 informes en contra, y Málaga, con 12, son los municipios que más tienen.

El ministerio emite informe desfavorable en dos tipos de caso: cuando “no se puede asegurar la integridad y el uso público” del dominio público marítimo-terrestre (objetivos de cualquier actuación administrativa en las playas, según la ley de Costas), o cuando no se cumple la normativa.

En particular, destacan tres incumplimientos de la ley, algo que ocurre en “numerosas solicitudes de concesión en las distintas provincias andaluzas”, según el ministerio. El primero es la obligación de que los establecimientos desempeñen una función o presten un servicio que obligue a que estén en plena playa. Es un criterio que el Tribunal Supremo ha interpretado de forma restrictiva, indicando que su naturaleza debe “imponer” su ubicación en dominio público marítimo-terrestre, y no en cualquier otro lugar. Sin embargo, la Junta de Andalucía es mucho más laxa.

Otro incumplimiento legal se produce cuando el chiringuito está tan cerca de la orilla del mar que se expone a los temporales. Esto es motivo de revocación de las concesiones ya existentes, y también sería impedimento para emitir informe favorable del Ministerio.

Sin embargo, es habitual que chiringuitos de la Costa del Sol resulten afectados por las olas del mar sin que eso dé lugar a ninguna revocación y que se autoricen nuevas instalaciones apenas a 30 metros de la orilla en pleamar. Cuando un chiringuito se ve arrasado por las olas, hosteleros y alcaldes suelen reclamar que el Gobierno central reponga la arena perdida, coloque espigones y aborde un plan integral para la protección de los arenales.

Así sucedió hace un par de semanas en Mijas. El chiringuito Nacho Playa fue arrasado por las olas. Según el presidente de los empresarios de playa, es un local que está pendiente de reubicación y no debería estar ahí, y la terraza debía estar “al revés”, mirando al paseo. “Normalmente estamos preparados para estos embates. Es verdad que a veces el mar te engaña, se mete en una zona que no está prevista que se metiera”, explica Villafaina, que minimiza el número de casos. 

En los últimos dos años, el Ministerio ha gastado 3,5 millones de euros en obras de emergencia en el litoral malagueño, principalmente para restituir arenales y paseos.

Por último, el ministerio subraya que también se incumple frecuentemente la extensión máxima permitida: 200 metros cuadrados, de los cuales 150 pueden ser de edificación cerrada y el resto terraza, más otros 70 de ocupación abierta.

A estos motivos habría que añadir la existencia de sótanos, algo prohibido desde 2022, pero que acaba de quedar en un limbo tras una sentencia del Tribunal Supremo que invalida la protección reforzada de las playas por defectos en la tramitación del Reglamento de Costas.

Málaga, a la cabeza en informes desfavorables y dinero ingresado

La cuestión tiene una vertiente económica. Aunque están en el punto de mira de los ecologistas por el uso intensivo de un dominio público cada vez más expuesto a los efectos del cambio climático, los chiringuitos son una fuente de ingresos públicos cada vez más relevante: en 2023 aportaron casi 13 millones en concepto de canon concesional. Estos ingresos van a parar a la administración del Estado, la más exigente con los requisitos.

También son los chiringuitos malagueños los que más dinero ingresan en concepto de canon, cuya cuantía fija la Administración General del Estado en función de unos criterios previstos en la ley. En 2023 fueron 9,3 millones de euros, el triple que todas las demás provincias sumadas. La siguiente en cuantía es Cádiz, con 1,9 millones de euros.

Estos ingresos se han multiplicado casi por ocho desde que la Junta de Andalucía asumió las competencias de gestión del litoral, pasando de 1.679.249 euros en 2011 a 12.844.751,98 euros en 2023.

Alerta por la erosión litoral

En los últimos años se ha resuelto el atasco administrativo que mantenía cientos chiringuitos andaluces en el limbo. El Gobierno andaluz los considera pilar fundamental de la economía litoral, y en 2019 se propuso sacarlos de la alegalidad, una demanda histórica de los hosteleros. Los ecologistas creen que esto se traduce en una política laxa con los requisitos y con la defensa de litoral, en un contexto en el que las playas están más amenazadas que nunca por la regresión marina y los temporales.

Decenas de tramos están expuestos a la erosión, presiones urbanísticas y riesgos de inundación y requieren de actuaciones urgentes, según la Estrategia para la protección de la costa en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería considerando los efectos del cambio climático, publicada en 2021 por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Sin embargo, estas alertas no parecen condicionar los criterios para conceder o no nuevas ocupaciones. “Han hecho históricamente lo que les da la gana, la vigilancia era muy leve, tanto de los ayuntamientos, como de la Junta como de Costas”, lamenta Javier de Luis, de Ecologistas en Acción Malaka: “Ahora da la sensación que el Estado tiene interés en proteger el dominio público marítimo-terrestre no frente a los especuladores, sino ante la propia Junta de Andalucía, que es la que justifica y les ayuda en la tramitación”.

Hace apenas un mes, Ecologistas en Acción presentó una denuncia ante Fiscalía contra la Directora General de Sostenibilidad y Cambio Climático, María López Sanchiz, y el consejero Ramón Fernández Pacheco, a los que imputan delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y abuso de autoridad por ignorar sistemáticamente los informes negativos de Costas amparándose en una distribución de competencias confusa.

Un nuevo chiringuito está tomando forma en la playa de El Ancón, en Carboneras (8.375 habitantes). Algo que no tendría mucho de particular, si no fuera por el contexto ambiental, urbanístico y político de este pueblo del levante almeriense. El ayuntamiento y la Junta de Andalucía rechazaron la construcción del chiringuito hace dos años. Ahora lo autorizan apenas a tres metros de una veintena de viviendas, cuyos propietarios han puesto el grito en el cielo porque nadie les ha consultado qué les parece tener un local así justo delante. El promotor dice que puede entenderlos, pero que cumple con la legalidad.

“Es una aberración. El Algarrobico, pero en pequeño”, lamenta Juan López, uno de los afectados, recordando el caso que más duele en el pueblo: desde hace dos décadas, Carboneras aparece a su pesar en los titulares de la prensa nacional por esa inmensa mole de hormigón varada en la playa, que en su día recibió licencia municipal a pesar de situarse en terreno protegido, y al que la maraña administrativa y la escasa voluntad política de algunos mantienen en pie.

Los afectados tampoco entienden cómo ha podido concederse autorización a la obra del chiringuito, que ya está en ejecución y usará contenedores marítimos colocados hormigón. Estará a unos 25 metros de la orilla en pleamar y cuando se termine tendrá casi 235 metros cuadrados de superficie y unos cuatro metros de altura, en un contexto en que la ribera marítima sufre cada vez con más intensidad los efectos de la regresión marina y los temporales. La concesión es por quince años (prorrogables otros 15), sin que conste el canon que se pagará. El promotor no quiere desvelarlo.

La ley permite la ocupación del dominio público marítimo-terrestre cuando las instalaciones, “por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación”, algo que el Tribunal Supremo ha interpretado de manera restrictiva. “Si creyera que no es legal no haría nada”, dice Juan Pedro Carmona, que destaca que en más de un kilómetro de playa solo hay tres restaurantes y una heladería concentrados en 300 metros.

Rechazado en 2022

La historia de este chiringuito comienza el 21 de septiembre de 2016, con la primera solicitud de Carmona, parada durante varios años por el atasco de la administración andaluza con los chiringuitos. En noviembre de 2020, el propio ayuntamiento carbonero dijo que lo veía mal, alegando que las playas están “suficientemente cubiertas de establecimientos” y que el chiringuito es contrario a la “defensa ambiental y paisajística” del litoral. Estaba en contra “en aras de mantener y garantizar el uso público y libre” de las playas “sin intrusiones paisajísticas ni riesgos de establecimiento de focos de suciedad”. Además, había inconvenientes por su ubicación.

La Junta de Andalucía hizo caso al consistorio: rechazó inicialmente el chiringuito por oponerse “de manera notoria” a la ley. Daba diversos motivos sin mencionar cuestiones ambientales o paisajísticas: la ubicación, la afección a diversos servicios de temporada de playa, la salida de aguas pluviales o el mal estado de la red de saneamiento.

Pero el promotor no se rindió, y presentó un nuevo proyecto: desplazó el establecimiento 53 metros al norte, aumentó la superficie a 235 metros cuadrados y fijó la altura máxima en 4,16 metros. Así consiguió que ayuntamiento, primero, y Junta de Andalucía, después, cambiaran de parecer: en enero de 2023, lo que era un no se convirtió en un sí. La Junta de Andalucía subraya que se modificó el proyecto y que ahora sí cumple con la legalidad.

Alternativa sugerida por las administraciones

Carmona explica que casi toda la instalación es abierta, con un tejado a cuatro aguas que sólo llega a cuatro metros en un punto. También asegura que fueron ayuntamiento y Junta de Andalucía quienes le sugirieron buscar alternativas ante el rechazo al proyecto inicial y las cien alegaciones que recibió. “Son cosas que suelen pasar”, dice.

De terminarse, el establecimiento ocupará 270 metros cuadrados (incluyendo pasarelas) de dominio público, 158 de ellos totalmente cerrados. El Reglamento de Costas contempla una superficie máxima de 200 metros cuadrados más 70 de ocupación abierta y desmontable. Pero se da la circunstancia de que Carboneras tiene una ordenanza municipal todavía más restrictiva, que limita los chiringuitos de playa a 100 metros cuadrados de instalaciones fijas más 20 desmontables. Además, el criterio del Ministerio de Transición Ecológica es desfavorable cuando hay un riesgo cierto de alcance por las olas. En este caso, la distancia a pleamar es de 25 metros.

Las obras ya han comenzado. Los vecinos anuncian batalla para paralizarla y denuncian que nadie les ha dado voz para alegar ante la Junta de Andalucía después de que se propusiera situar el chiringuito justo delante de sus casas. Han pedido la suspensión y que se acuerde la nulidad del acuerdo de concesión por omitirse el trámite información pública tras la modificación del proyecto.  

Playa en riesgo por erosión e inundación

La ley de Costas señala que la finalidad de la actuación administrativa sobre el dominio público marítimo terrestre es “garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público marítimo-terrestre”, sin más excepciones que las derivadas de “razones de interés público debidamente justificadas”. La ocupación privada se recoge como excepción, sólo para actividades o instalaciones que, “por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación”, pero la administración andaluza interpreta esto de forma muy amplia, según denuncian los ecologistas desde hace años.

Los chiringuitos están cada vez más expuestos a los temporales, y muchos de ellos son arrasados de cuando en cuando por los embates de las olas. Es un riesgo al que se expone este nuevo establecimiento, que se sitúa playa en segundo nivel (de tres) de gravedad por erosión costera, según el documento Estrategia para la protección de la costa en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería considerando los efectos del cambio climático, publicado en 2021 por el Ministerio para la Transición Ecológica. Es, además, un área con riesgo potencial “significativo” de inundación.

Sin embargo, estas llamadas de alerta no frenan la concesión de autorizaciones de nuevas ocupaciones por parte de la Junta de Andalucía, que tiene las competencias transferidas de 2011. El ministerio debe informar, pero es frecuente que la Junta lo ignore. Desde que se transfirió la competencia, la administración estatal ha interpuesto 32 recursos contra las actuaciones de la Junta en las costas andaluzas. En el caso del nuevo chiringuito de Carboneras, no consta que haya emitido informe, según se deduce de la documentación a la que este medio ha tenido acceso. No obstante, el promotor asegura que técnicos de Costas estuvieron presentes en el replanteo y no pusieron ninguna objeción.

Promotor con pasado político

Como en el caso del frustrado hotel, la alargada sombra de la política local alcanza al chiringuito en ciernes, cuyo promotor fue concejal por GICAR, un grupo local. Carmona entró en la corporación en mayo de 2018 sustituyendo a Salvador Hernández cuando este fue inhabilitado tras su condena por denegar información a la oposición (por entonces, José Luis Amérigo -PSOE-).

En 2019 le sustituyó Pedro López Hernández como concejal de GICAR. Es él quien firma, como concejal de Urbanismo, el informe que cambia la posición del ayuntamiento mostrándose favorable al chiringuito. Carmona niega que su antigua vinculación con GICAR haya influido en el cambio de criterio: “Aquello fue una aventura. Me desconecté y no quiero saber nada más de política”. Y explica que su única motivación es buscarse un trabajo ante el cierre, en 2021, de la central térmica en la que trabajaba.

Curiosamente, este viernes Salvador Hernández (antes GICAR y ahora Ciudadanos) puede recuperar la alcaldía si prospera la moción de censura que impulsa junto a sus antiguos adversarios del PSOE, que siguen liderados por Amérigo, apercibido reiteradamente de multa por la justicia por la errática actuación municipal en torno a El Algarrobico. Amérigo es sobrino de Cristóbal Fernández, el histórico alcalde (PSOE) condenado, indultado (en 2007), nuevamente condenado (en 2023) y bajo cuyo mandato (1983-2011) se concedió la licencia a El Algarrobico.

Fernández volvió a ser elegido vocal de la Ejecutiva del PSOE local en 2022, de la que ahora también forma parte Pedro López Hernández.

La anulación de los artículos del Reglamento de Costas que prohibían a los chiringuitos excavar un sótano en la arena o levantar más de una planta altera sustancialmente las reglas de juego en las playas españolas. Para los empresarios, es un triunfo que abre otra vez las puertas a equiparse con almacenes en el subsuelo. Los derrotados son el Gobierno, que ve cómo cae la protección que aprobó hace menos de dos años, y los ecologistas, que en la Costa del Sol llevan mucho tiempo batallando contra estas estructuras de hormigón insertas en la arena, y habían conseguido que la prohibición se recogiera en una norma que ahora queda invalidada.

“Nos parecía una norma desproporcionada. La recurrimos, porque la hicieron sin escucharnos y nos perjudicaba porque teníamos muchas concesiones autorizadas con sótano”, se felicita Manuel Villafaina, presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playa: “Los sótanos dan calidad a las playas: así no se ven cajas de Coca Cola, cubos de basura…”. Calcula que “unos 20 o 30” chiringuitos (de los 500 que hay en Andalucía) podrían pedir ahora la autorización del sótano.

La norma ahora derogada los prohibía por su efecto erosivo sobre los arenales, que son dominio público, y se basaba en las previsiones de afección del cambio climático sobre la ribera del mar, especialmente sensible a la subida del nivel del agua. “Un chiringuito no erosiona absolutamente nada. Nunca nos explicaron cómo erosiona un sótano”, dice el empresario, que promete prudencia con la vía que ahora se abre. “No vamos a pedirlos en playas de 30 metros; sólo donde sean de 50 o 70, y el agua no llegue o no haga daño”.

La otra cara de la moneda son los ecologistas, que temen lo peor. “Si el Gobierno central no vuelve a sacar el Reglamento con la debida forma y en tiempo, los chiringuitos tienen vía libre”, lamenta Rafael Yus, que lleva años denunciando estas estructuras. Siempre ha defendido que tampoco con la norma nuevamente vigente deberían autorizarse los sótanos de hormigón, porque son estructuras no desmontables en espacio público.

Sin embargo, los ecologistas saben que sin prohibición expresa, tienen la batalla perdida. La Junta de Andalucía ignoraba sistemáticamente sus alegaciones y también los reparos del ministerio, hasta que los ecologistas malagueños consiguieron la modificación de 2022. “La clave va a estar en la actitud que tome la Junta. Si aprovecha para tramitar nuevos títulos o su revisión, o es prudente y espera”, observa Javier de Luis, portavoz Ecologistas en la Costa del Sol, donde se concentran un buen número de estas instalaciones.

Manga ancha de la Junta de Andalucía

A la vista de lo ocurrido hasta ahora, no hay razones para pensar que la Junta de Andalucía vaya a cambiar su criterio de tolerancia hacia los sótanos. Cuando entró en vigor de la norma que ahora se anula, un buen puñado de chiringuitos solicitaron a la vez autorización para ampliar superficie y construir sótano. Los ecologistas denunciaron que los sótanos ya estaban expresamente prohibidos y que había informe de Costas en contra. La Junta respondió que sí, pero que todo se había pedido justo antes de que se publicase la nueva norma, así que el sótano era válido. Los ecologistas creen que alguien filtró el contenido del Reglamento para que los empresarios registraran sus solicitudes sobre la bocina.

Otro antecedente, del que ha informado este medio esta misma semana: antes de conocer la sentencia del Tribunal Supremo, la administración andaluza validó el sótano del chiringuito Bikini, en Fuengirola, bajo el argumento de que se pidió con la normativa anterior a 2022, que ahora está nuevamente vigente.

También suele interpretar con manga ancha otros requisitos como el de que las instalaciones sean desmontables, algo imposible con un sótano de hormigón; la distancia a la orilla (70 metros en pleamar, algo que casi todos incumplen en Málaga); o la ocupación máxima de 200 metros cuadrados “salvo casos excepcionales debidamente justificados”. “Para la Junta, todos son excepcionales”, observa De Luis.

Este medio ha visto una decena de informes negativos emitidos a lo largo de los últimos años, por motivos que van desde la colocación de chiringuitos en reservas dunares hasta el exceso de superficie, la instalación de sótanos a nivel freático o, incluso, la instalación sobre un depósito de gas licuado con signos de corrosión. Fuentes de la Consejería admiten que ha habido al menos una treintena de discrepancias con Costas, pero subrayan su voluntad de entendimiento y que “siempre se han dado licencias conforme a la normativa vigente”.

El resultado es que muchos chiringuitos se expanden mediante instalaciones accesorias, hamacas y sombrillas hasta los 1.000 metros cuadrados, según los ecologistas. Volviendo al ejemplo del chiringuito Bikini: su proyecto contempla 440 metros cuadrados y está publicado en la web de sus arquitectos, si bien en este caso la Junta sí le ha apercibido para que corrija su extensión, al tiempo que daba el pase al sótano.

La relevancia política y económica de los chiringuitos

“Da la sensación que el Estado tiene que proteger el dominio público marítimo-terrestre, no solo frente a los especuladores, sino ante la propia Junta de Andalucía”, denuncia De Luis.

Los empresarios de playa son objeto de deseo político en Andalucía, especialmente para la derecha. No hay campaña electoral en la que no se hagan fotos con ellos, destacando su peso para la economía del turismo de sol y playa. “Somos seña de identidad y damos servicio”, defiende Villafaina. “Nos felicitan por nuestra economía. La gente viene a la Costa del Sol por el clima y la gastronomía, y el 90% visita los chiringuitos”.

Los ecologistas denuncian que esta cercanía se traduce en una actitud laxa, cuando no omisiva de las administraciones, y esta misma semana han presentado una denuncia ante Fiscalía contra la Directora General de Sostenibilidad y Cambio Climático, María López Sanchiz, y el consejero Ramón Fernández Pacheco, a los que imputan delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y abuso de autoridad por ignorar sistemáticamente los informes negativos de Costas amparándose en una distribución de competencias confusa.

El Ministerio no aclara si recurrirá

La anulación es también un revés para el Ministerio de Transición Ecológica, que no aclara si recurrirá la sentencia. El Tribunal Supremo anunció este jueves que anula las normas introducidas por el Gobierno de Pedro Sánchez porque prescindió de hacer una consulta pública. Estima así un recurso presentado por la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costa Formentera.

Sin embargo, la votación en la Sala ha estado apretada: dos de los cinco magistrados han emitido voto discrepante, subrayando que la nulidad absoluta es desproporcionada. Argumentan que sí hubo una “intensa” participación pública. Presentaron alegaciones comunidades autónomas (Galicia, Andalucía, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana) y entidades ecologistas, y comentarios decenas de ayuntamientos, clubes de vela, asociaciones de fabricantes de conservas o de acuicultura, asociaciones de puertos deportivos y, también, federaciones de empresarios de playas, si bien en un momento posterior a la elaboración del proyecto.

Esto mismo sostienen fuentes del ministerio consultadas por elDiario.es: “En la tramitación de la modificación reglamentaria que ahora el Supremo anula se garantizó la total participación ciudadana: hubo una amplísima participación pública, abierta a toda la ciudadanía y comunicada a todos los potenciales afectados, y se estudiaron y tuvieron en cuenta las numerosas aportaciones recibidas”.

De momento, vuelve a regir el Reglamento tal y como lo redactó el Gobierno de Rajoy, en 2014. Esto significa vía libre a los sótanos y, también, la posibilidad de ampliar los plazos concesionales de los chiringuitos hasta los 75 años.

En plena playa, a los pies del castillo de Sohail de Fuengirola (Málaga, 85.598 habitantes), una empresa constructora ha cavado un foso que, a ojo, tendrá al menos tres metros de profundidad. Ha cimentado el fondo y luego ha colocado las primeras rejas del forjado. En el paseo marítimo, un cartel informa: “Construcción de Restaurante de Playa Bikini Beach Club”.

Cuando se termine, el próximo junio, será un edificio con una planta de 440 metros cuadrados sobre rasante y otra bajo suelo, enterrada en la arena, en pleno dominio público marítimo-terrestre. Algo denunciado históricamente por los ecologistas por su efecto erosivo sobre las playas, mal visto por Demarcación de Costas (Ministerio de Transición Ecológica), tolerado por la Junta de Andalucía y, desde el 1 de agosto de 2022, expresamente prohibido por el Reglamento de Costas.

La construcción del Bikini Beach Club ha provocado la protesta de Ecologistas en Acción y la enésima discrepancia entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía, que desde hace años mantienen un enfrentamiento más o menos soterrado a cuenta de lo que puede o no hacerse en las playas andaluzas.

Para Costas, el chiringuito Bikini Beach no puede tener sótano, pues se le aplica la prohibición taxativa del Reglamento. La administración andaluza, a través de su Delegación Territorial en Málaga, confirma que ha autorizado la obra y defiende que el sótano “es legal”, aunque admite que también ha reclamado a los promotores que reduzcan algo su extensión.

Este medio no ha podido contactar con el promotor del nuevo chiringuito y los arquitectos responsables del proyecto han declinado valorarlo. Por su parte, el Ayuntamiento de Fuengirola, gobernado por el PP, resalta que concedió la licencia de obras porque es “un acto debido”. Es decir, si hay autorización de la Junta de Andalucía (como es el caso) no puede hacer nada más que conceder la licencia.

Búnkeres que agravan la erosión

Los hosteleros tienen en los sótanos un espacio accesorio que sirve como almacén, oficina o vestuario. También hay quien apunta a su utilidad como defensa frente a los temporales, que vacían la playa de arena y arrasan con frecuencia estructuras y mobiliario.

“Bajo la arena hay auténticos búnkeres”, subrayan fuentes de Ecologistas en Acción, que alertan de que, en realidad, la estructura de hormigón acentúa el efecto erosivo de las olas. Así lo señala también el propio texto de la modificación del Reglamento de Costas, aprobada “para minimizar el impacto sobre un sistema dinámico y frágil, así como para no comprometer la resiliencia de los bienes de dominio público frente al cambio climático y la erosión”.

“La única solución que se plantea la Junta es proteger con medidas artificiales: espigones, diques y llevar más arena con camiones, pero nadie se plantea que lo normal es renaturalizar”, dicen fuentes ecologistas.

Reparos de Costas a una decena de chiringuitos

Los ecologistas están tan convencidos de la ilegalidad que han presentado una denuncia ante la Fiscalía, apuntando a los responsables de la Junta de Andalucía, a los que achacan reiteración en decisiones que sortean las objeciones de Demarcación de Costas.

Para Ecologistas en Acción, este es el ejemplo de una política laxa con la ocupación de las playas, que se manifiesta en la autorización de obra concedida por la administración autonómica y en la incapacidad de Demarcación de Costas para imponer su criterio. La construcción de chiringuitos cada vez más extensos, con estructuras permanentes y semihundidos en la playa es uno de sus tradicionales caballos de batalla en la Costa del Sol, donde han presentado múltiples denuncias sin ningún efecto práctico. Creen que existe una tolerancia, cuando no connivencia, de la administración autonómica con las prácticas de los empresarios de la hostelería, de quienes los políticos andaluces suelen resaltar que son esenciales para la economía del litoral.

Los ecologistas cuentan en teoría con el apoyo del ministerio en muchas de sus denuncias. En los últimos años, Costas ha planteado reparos en informes desfavorables sobre al menos a una decena de chiringuitos en la Costa del Sol, según ha podido constatar elDiario.es Andalucía. En estos casos, que afectan a establecimientos de Marbella y Estepona, los técnicos han constatado incumplimientos que incluyen emplazamientos en reservas dunares protegidas, excesos de superficie, saneamiento insuficiente, falta de necesidad, peligro de inundación, riesgo ante la dinámica litoral (en caso de temporal), excesivo impacto visual o, incluso, la instalación de un chiringuito sobre un depósito de gas licuado con signos de corrosión.

Sin embargo, estos reparos apenas han alterado las obras o autorizaciones porque la Junta de Andalucía, a quien corresponde la competencia de “policía administrativa” en el litoral, ha ignorado frecuentemente los informes desfavorables. Ecologistas en Acción cree que la Directora General de Costas mira sistemáticamente hacia otro lado y ve indicios de prevaricación, abuso de autoridad y delito contra la ordenación del territorio.

Expresamente prohibidos desde agosto de 2022

La confusión en torno a la distribución de competencias es un factor que estaría favoreciendo la laxitud en el control de lo que se hace en las playas. En 2011, el Gobierno central transfirió la ordenación y gestión del dominio público litoral a Andalucía. Se suponía que esto iba a procurar una gestión más cercana y a acabar con la inseguridad jurídica de la que suelen quejarse los dueños de los chiringuitos, que ocupan dominio público a cambio de un canon concesional.

La administración del Estado se reservó, eso sí, la facultad de emitir informes sobre este tipo de concesiones, y es habitual que Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, emita informes en contra de concesiones u obras. Pero también es común que la administración autonómica, que tiene la última palabra, desoiga sus dictámenes. La norma dispone que si hay discrepancias respecto a la concesión de una autorización se abre un “periodo de consultas a fin de llegar a un acuerdo entre administraciones” durante un periodo máximo de dos meses. “Dicho acuerdo será condición inexcusable” para otorgar la concesión.

Hasta agosto de 2022, las denuncias por la construcción de sótanos se fundamentaban en el espíritu de la Ley de Costas. “No estaban expresamente prohibidos, pero considerábamos que la interpretación de la ley los impedía, porque preveía el uso mínimo necesario”, explica Salvador Campos, el letrado que asesoró en muchas de aquellas denuncias. El razonamiento era que, dado que la norma fijaba una superficie máxima, no era razonable pensar que el promotor la pudiese multiplicar a voluntad por el método de excavar una o varias plantas hacia abajo.

La Junta de Andalucía ignoraba estas alegaciones y autorizaba los sótanos, pero la modificación del artículo 69 del Reglamento de Costas, que entró en vigor en agosto de 2022, añadió claridad al asunto confirmando la interpretación de los ecologistas. El artículo 69 recoge que la ocupación máxima, salvo casos excepcionales justificados, es de “200 metros cuadrados en una sola planta y sin sótano”, de los cuales 150 metros cuadrados podrán ser de edificación cerrada y el resto terraza cerrada mediante elementos desmontables. A esta superficie se podrán añadir 70 metros cuadrados abiertos y desmontables más aseo de uso público y gratuito.

A todo esto, los efectos del cambio climático en el litoral andaluz, con temporales cada vez más virulentos, arenales cada vez más escasos y la línea de pleamar cada vez más cercana a los paseos, han puesto las cosas más difíciles.

¿Cómo se pudo autorizar el sótano?

El Chiringuito Bikini Beach obtuvo su concesión en un lote con el que la Junta de Andalucía regularizó la situación de más de un centenar de este tipo de establecimientos en las costas andaluzas. De ellos, 22 están en Fuengirola. La administración andaluza autorizó el proyecto el 27 de noviembre de 2020, pero el promotor no comenzó la obra hasta más de tres años después.

Costas cree que la autorización está caducada (hay un año para empezar las obras y otros seis meses para terminarlas), y que la Junta debería paralizar la obra y, en su caso, emitir nueva autorización con arreglo al nuevo Reglamento de Costas, que ahora prohíbe taxativamente los sótanos. Para los ecologistas, también está claro. La Junta defiende la legalidad del sótano basándose en la fecha de la autorización de la obra.

No obstante, este periódico ha constatado que lo que se está haciendo no es una simple reforma del antiguo chiringuito de madera. Unas tumbonas apiladas son el único vestigio de lo que antes había. Apenas a una decena de metros de las vallas metálicas que cubren los trabajos, unas excavaciones arqueológicas que están sacando a la luz restos de la antigua ciudad romana de Suel, en el entorno del Castillo de Sohail, antigua fortaleza defensiva desde el que se divisa la playa hoy plagada de chiringuitos y tumbonas que resisten, cada vez con más dificultad, los embates del mar cuando hay temporal.  

Las gotas de sudor resbalan por la espalda de Cristina y Anna mientras recorren un bosque lleno de pinaza. Cargadas como mulas, salvan los veinte minutos a pie que les separan del chapuzón con el que llevan soñando desde que se han despertado. Podrían haber ido a una playa más accesible, pero deberían ir vestidas. Estas dos jóvenes son nudistas y aprovechan cualquier ocasión en la que consiguen un coche para poder acercarse a playas en las que puedan liberarse del bañador.

Pero cada vez son menos los enclaves en los que se sienten a gusto sin ropa. Avanzan entre los árboles, comentando con preocupación el auge de los llamados “textiles” (personas que usan traje de baño) en las playas nudistas. Hacen cábalas sobre cuál será el estado de esta cala, a la que no han ido en todo el verano. Tras sortear el último árbol antes de llegar a la arena, mascullan un “¡Venga ya!” al ver que el porcentaje de desnudos no llega ni al 15%.

Visiblemente decepcionadas, se empiezan a desvestir en la playa de Rocaplana (Tarragona), mientras muchos de los otros bañistas las miran con los ojos como platos, algunos incluso al borde del escándalo. “Es un asco. Si te molesta lo que ves, ¿para qué vienes?”, pregunta Anna. “Es que no saben que esto es nudista y piensan que somos nosotras las que desentonamos”, le responde su amiga, mirando a los otros bañistas, muchos de los cuales son turistas. “Si yo no voy a tu playa en bolas, no vengas tú a la mía así. Tu bañador me violenta más a mí, que a ti mis tetas”, añade.

Ambas defienden su derecho a estar en esta playa, que es una de las 70 nudistas que hay en Catalunya y apuntan a que la presencia de textiles las está expulsando de estos espacios, que ya no perciben como “seguros”. Con el incremento de bañadores, crecen también los “mirones”, los comentarios poco apropiados, el ruido e, incluso, “los chuloplayas, esos que vienen a ligar”, apunta Cristina. “Y claro, ellos vestidos y tú desnuda, pues es violentísimo”, remacha.

Las quejas de los naturistas van en esta línea, pero la ley es clara: no se puede prohibir el uso del bañador. En cambio, el nudismo sí se puede sancionar. Como acto en sí, dejó de ser delito con la aprobación de la Constitución, que dejó atrás las consideraciones morales. En cambio, algunos municipios entienden que puede entrar dentro del delito de exhibicionismo y, por tanto, han reservado el nudismo a unas pocas playas, fuera de las cuales ir sin bañador es punible.

En Catalunya hay menos de 10 municipios que apliquen esta consideración. Uno de ellos es Barcelona, la única ciudad de Europa con una playa nudista urbana. “Tan modernos para unas cosas y tan retrógrados para otras”, se lamenta Elisenda Fernández, presidenta de la Asociación Nudista de la playa de la Mar Bella, la única de la capital catalana. Lamenta que esta práctica esté tan regulada en la ciudad, hasta el punto que muchos bañistas han sido multados por exhibicionismo.

La playa nudista tiene apenas 10 metros y cuenta con una señalización muy escasa. “Cuando alguien va distraído caminando por la orilla, no falla: siempre salta el típico que llama a la [Guàrdia] Urbana diciendo que es intolerable por los niños”, asegura Fernández, a quien le “revienta” que se equipare nudismo con exhibicionismo. “Es muy perturbador relacionar una parte del cuerpo con la perversión sexual. Sobre todo, siendo que los niños ven cosas mucho peores en Internet que en la playa”, añade.

Voluntarios contra los bañadores

“Tendríamos que hacer algo”, reflexiona Anna, mientras se toma un baño esquivando textiles. Algunos de los cuales -con gafas de bucear- le ponen bastante nerviosa. “Pero ¿qué?”, se cuestiona. Desde la Federación Naturista-Nudista de Catalunya (FNNC) se han hecho esta misma pregunta muchas veces. Han realizado reuniones con ayuntamientos y Diputaciones para que instalen cartelería o señales más claras en la entrada de las playas. Pero, mientras eso no se materializa, han organizado grupos de voluntarios para que vayan a repartir panfletos e interpelen directamente a los textiles.

“Hay mucha gente que no tiene respeto, pero no todo es negativo. También lo hacemos para que se animen”, explica Segimon Rovira, presidente de la FNNC. Apunta que no hay ninguna playa igual y que no es lo mismo concienciar en una cala escondida que en una playa urbana como la de la Mar Bella de Barcelona. “Es muy complicada. Hace falta picar mucha piedra”, dice Elisenda Fernádez en referencia a que, a diferencia de otros espacios nudistas, este se encuentra a los pies del paseo marítimo y, por tanto, es poco resguardado.

La presencia de textiles es tal que parece que la playa no sea nudista. Por eso, Fernández y otros voluntarios se juntan para repartir panfletos informativos. Uno de ellos es Raimon Martín, que hace casi 30 años que viene a esta playa. “Muchos apelan a la libertad. Pero no entienden que ellos tienen mucho espacio donde ser libres de llevar bañador, mientras que, si lo hacen aquí, nuestra libertad de estar desnudos se acaba”, asegura.

Raimon se acerca a una pareja de italianos y les explica, sonrisa y panfleto en mano, que están en una playa nudista. Para su sorpresa, en lugar de disculparse, perdonan a los naturistas. “Tranquilo, no me molestas. Estoy acostumbrado. De hecho, voy en speedo corto”, espeta. Cuando ambos naturistas consiguen salir del estupor y cuentan la situación, el joven se muestra sorprendido. “Pensaba que era una playa normal y estabais pidiendo permiso. Siempre habéis sido tan discretos...”, expone. A lo que Elisenda, visiblemente irritada, le contesta: “¿Qué quieres que hagamos? ¿Os echamos a todos al agua?”.

Nudistas vs. un chiringuito

Los nudistas tienen mucho en contra: la vergüenza, la costumbre y, en algunos casos, hasta la presencia de negocios privados, que quieren sacar tajada de las arenas tranquilas y escondidas en las que se encuentran las playas nudistas. En la de Rocaplana, por ejemplo, las asociaciones naturistas han detectado que los cámpings se ofertan como lugares de ensueño con “increíbles calas” a cinco minutos a pie. Sin avisar de que son nudistas e “incluso, asegurando a los clientes que pueden ir con bañador”, se lamentan desde la FNNC.

En el caso de la Mar Bella, el negocio que les está “hundiendo” es un chiringuito. Se trata de un establecimiento que no atiende a personas desnudas y, además, forma parte de la empresa Matinée: es punto de encuentro en el festival gay Circuit y organiza fiestas y eventos específicamente enfocados a este colectivo. “Barcelona tiene 5km de playas. ¿Por qué se ponen en la nudista, que busca ser tranquila?”, se lamenta Fernández. Esta activista nudista denuncia que, a partir del mediodía, la playa se convierte en “una sarao” y en un conocido punto de cruising de la ciudad.

“Es una falta de respeto por parte del Ayuntamiento. No tenemos nada en contra del colectivo gay ni de las fiestas, pero, ¿por qué en los únicos 10 metros de playa nudista que tiene Barcelona?”, se pregunta. Desde la FNNC también critican la implantación de negocios en los espacios naturistas y los califican como “el principio del fin”.

Estos negocios atraen a personas textiles y “les legitiman, de alguna manera, a llevar bañador”, asegura Martín. “Cuando todo el mundo a tu alrededor va vestido, cuesta mucho resistir”, añade Anna. Y no solo en lo que al nudismo se refiere: la práctica del topless también va en descenso.

Desde la FNNC apuntan a las redes sociales, al “miedo a ser fotografiado, a que te acosen o a que se rían de ti”. Muchos nudistas comparten esos miedos. “Te sientes muy observada. Pero solo si hay textiles”, reconoce Cristina. Elisenda concuerda y apunta que a ella jamás la han mirado, increpado o molestado en una playa nudista. “Aquí ves solo cuerpos normales. No hay una gran preocupación por la estética, solo por el disfrute del sol y la naturaleza. Es cuando me pongo un bikini que me fijo y me hacen notar mis michelines e imperfecciones”, cuenta

Aun así, cada vez menos jóvenes se atreven a desvestirse. “Que si arena en sitios raros, que si quemarse el pubis. Incluso miedo a qué pasará si te excitas”. Estas son algunas de las excusas que le ponen a Cristina sus amigos. Pero, detrás de eso, hay “vergüenza a no tener un cuerpo de revista. Un cuerpo que, de hecho, nadie tiene”, expone esta joven, que asegura que no va a rendirse. Ella se va a seguir desnudando, le pese a quien le pese. “Sin ropa tengo una mejor autoestima y un moreno más bonito”, bromea.  

Una publicación de Instagram ha desatado la polémica en Badalona. Se trata de un 'post' del colectivo LGTBI Qaliubdn, en el que denuncian que una camarera del chiringuito Kailua ha sido despedida por “tener pelo en las axilas”.

Según la trabajadora, que desea permanecer anónima, todo empezó a raíz de la queja de un cliente por su apariencia. Como consecuencia, le “impusieron” depilarse o llevar manga corta. Unos días después de aquello, el 25 de julio, la joven fue despedida.

Por su parte, los propietarios del chiringuito han publicado un comunicado en que definen la situación como un “malentendido de comunicación” y aseguran que el despido fue debido a la “conducta conflictiva” de la trabajadora que, además, se encontraba en periodo de prueba. Apuntan que, cualquier otra versión de los hechos es “información incorrecta” que afecta de manera “injusta” a la reputación de su negocio.

Desde Kailua rechazan realizar más declaraciones, a la espera de ver cómo avanza el caso, sobre el que están trabajando desde “diversos frentes”. Así, se remiten a lo ya dicho anteriormente a otros medios como El Periódico de Catalunya, a los que han reconocido que sí que hubo quejas de los clientes relativas al vello en las axilas de la trabajadora.

Reconocen también que hubo “una mala gestión de la situación”. Apuntan que, después de los reproches, hubo un “cambio de protocolo” relativo a la vestimenta y la apariencia de los trabajadores, y aseguran que la trabajadora llegó a depilarse, pero al cabo de dos días cambió de opinión. “Su despido fue causado por su actitud contradictoria”, aseguran.

El sindicato CNT-AIT, que defiende a la trabajadora, niega esto último y considera que el despido es una muestra de discriminación y sexismo, así como una represalia por no ceder a las quejas de los clientes. De nuevo, la empresa rechaza esta acusación y asegura estar en contra de cualquier tipo de discriminación. También apunta que cuenta con testimonios de diversos clientes y el “apoyo de todos los empleados”, los cuales también han declinado hacer declaraciones a elDiario.es.

Una negociación “rota”

Tras el despido, según la propiedad del chiringuito, la empresa y la trabajadora –representada por el sindicato– iniciaron una negocación para pactar la indemnización y cómo se iba a gestionar mediáticamente el caso. Pero, en medio de las conversaciones, la trabajadora decidió hacer la pública su situación en la cuenta de Instagram de el colectivo Qaliubdn, hecho que, según el chiringuito, rompió las negociaciones.

Debido a la repercusión, la joven decidió borrar la publicación inicial y colgar otra nueva en la que da a entender que el orden de los acontecimientos ha sido otro. “Ante los hechos sucedidos después de la emisión del comunicado, hago saber [...] que se está llevando a cabo un diálogo entre la empresa y el sindicato”, explica la trabajadora, apuntando a que las negociaciones no solo no están rotas, sino que son consecuencia del revuelo provocado por su publicación.

“Optamos por aceptar un diálogo”, añade la trabajadora, que explica que las condiciones que pone de su parte sobre la mesa son que la empresa reconozca “los errores cometidos”, que se reparen los daños, que se negocie una posible indemnización y que “nunca más se repita lo que ha pasado”.

En cambio, desde Kailua aseguran que las negociaciones empezaron justo después del despido y que se decidió llevarlas a cabo de manera “privada y conciliadora”. La empresa asegura que estaba de acuerdo con las condiciones presentadas por el sindicato, pero que la publicación en redes sociales ha supuesto el inicio de una “campaña mediática” que les causa “un perjuicio substancial” y que ha derivado en la “ruptura del acuerdo”.

Puede que la Summertime Sadness (tristeza veraniega) a la que Lana del Rey le dedicó una canción allá por 2012 y que todos, en mayor o menor medida, empezamos a experimentar cuando sentimos que el verano avanza desbocado hacia septiembre, tenga su origen en el considerable aumento de atardeceres al que sometemos a nuestras pupilas en los meses de calor.

Aunque su habitual belleza nos despiste totalmente del concepto base e incluso haya quien organice sus vacaciones en torno a la caza de las luces más encendidas del cielo, cada atardecer es un final perfectamente vestido de colores, pero un final, al fin y al cabo.

Para que la tristeza veraniega no te atrape entre un ocaso y otro, un buen remedio es disfrutar de las últimas luces del día desde un chiringuito en el que la música y el buen comer –y beber– le resten un poco de intensidad al momento, que no al espectáculo de luces.

Te mostramos siete chiringuitos para ver el atardecer junto al mar y un bonus final para disfrutar de las últimas luces del día sobre las cumbres del Pirineo.

Cova d’en Xoroi - Menorca

Perfectamente colgada sobre los acantilados de la costa sur menorquina, Sa Cova d’en Xoroi es un clásico de la isla que, desde su apertura en 1964, ha sabido adaptarse a la demanda de todo tipo de públicos, ya que abre sus puertas por la mañana y no vuelve a cerrarlas hasta el amanecer.

Pero si hay un momento mágico en este capricho geológico, ese es el del atardecer. Desde el año 2000 se puede acceder a Sa Cova en dicho tramo del día comprando una entrada que cuesta 25€ por persona y que incluye música en directo, una consumición y el mejor atardecer de Menorca.

Chiringuito Cala Escondida - Sant Josep de Sa Talaia, Ibiza

Que Ibiza es a las Baleares lo que Cádiz a Andalucía en términos de atardeceres es algo sabido. Al igual que sabemos lo extremadamente abarrotados que suelen estar todos los sunset spots (los lugares populares donde ver el atardecer) en la isla blanca, sin que se tenga en cuenta muchas veces la relación calidad-precio de los chiringuitos que se ubican en ellas.

Por eso, nuestra recomendación ibicenca va para el Chiringuito Cala Escondida, un lugar más auténtico y, tal vez, más modesto en oferta que sus competidores de Cala Conta, en el que, sin embargo, tanto la puesta de sol como la escueta pero deliciosa carta de picoteo y bebida, son de los más espectaculares de la isla.

Xagó Surf Co - Avilés, Asturias

Existe una playa al otro lado de la ría de Avilés que, aunque pueda sonar desconocida para el gran público, es una joya asturiana para los amantes del surf; la Playa de Xagó.

Justo en lo alto, se ubica un antiguo restaurante de pescadores, hoy reconvertido en un bar surfero en el que sus dueños han sabido aprovechar todas las posibilidades del antiguo local, respetando los grandes ventanales por los que el sol se cuela a todas horas, creando un ambiente mágico al atardecer, incluso aunque no esté orientado frente a la puesta de sol.

Un lugar de encuentro para la juventud de la zona en el que las cervezas artesanas de elaboración propia, la madera, los materiales reciclados y la música en directo, que suele programarse cada fin de semana del verano, son la seña de identidad y, a la vez, tres de los motivos por los que regresar al Xagó Bar una y otra vez.

El último es la deliciosa comida venezolana servida por Lachamafood en el propio local, perfecta para acompañar la irresistible cata de cervezas artesanales.

El Peñón de Sopelana - Sopelana, Bizkaia

Un snack-bar y restaurante en el que lo mismo se puede disfrutar de unos pintxos, una deliciosa hamburguesa o, si se elige la planta superior del local, donde se ubica el restaurante, de un plato del mejor marisco.

Todo ello respaldado por unas inmejorables vistas a la Playa de Sopelana, siempre acariciada por la brisa, y a una altura desde la que la puesta de sol es una de las mejores de la costa vizcaína.

Sunset Loco Beach - Bolonia, Cádiz

El Sunset Loco Beach es uno de los chiringuitos que se encuentran en Playa Bolonia, una de las playas más famosas de Cádiz. Entre la amplia oferta que se sitúa cercana a las ruinas romanas de Baelo Claudia –sin duda, uno de los grandes atractivos de la playa gaditana– el Sunset Loco Beach destaca por su ambiente mágico y cálido.

Los increíbles mojitos con los que podrás acompañar tu puesta de sol son uno de sus grandes atractivos, además de su ambiente desenfadado y la música en vivo que suena en las noches de verano.

Cortijo El Cartero - Playa El Palmar, Vejer de la Frontera (Cádiz)

El chiringuito de moda de la playa de El Palmar tiene, en realidad, poco que ver con la idea de chiringuito que todos tenemos en la cabeza.

Su oferta gastronómica, basada en el producto de proximidad, hará las delicias de los paladares más experimentados, aunque también se puede optar por ocupar una de sus mesas altas y disfrutar de un cóctel o una cerveza bien fría mientras el sol desaparece en el horizonte.

La música en directo y uno de los mejores ambientes de la playa lo convirtieron hace pocos años en uno de los imprescindibles de El Palmar.

Xiringuito del Pas - Port de la Selva, Girona

El Xiringuito del Pas es una de las direcciones favoritas de los locales para tomar una cerveza sin las pretensiones ni artificios que a menudo acompañan a este tipo de establecimientos.

Situado en pleno Port de la Selva, dicen los que lo conocen que el perfecto desorden que se respira en el Xiri del Pas es parte de su encanto, como si fuera una extensión del caos rocoso que rodea a esta zona del Alt Empordà, telón de fondo de uno de los atardeceres más espectaculares de la zona.

Tanto las caprichosas formas geológicas de esta zona de la Costa Brava como el fulgor de sus puestas de sol explican que este entorno fuera una de las mayores fuentes de inspiración de Salvador Dalí.

Refugio Marradetas - Plan, Huesca

Para todos aquellos que, a pesar de dejarnos hipnotizar eventualmente por una puesta de sol al borde del mar, nos sigue pareciendo un poco más inspirador ver al sol ponerse tras las altas montañas, también existen opciones accesibles.

El Refugio Marradetas, situado en el Puerto de Sahún, el collado que separa los valles de Chistau y Benasque, es una de ellas. Para acceder hay que transitar, durante media hora larga, por una pista forestal en relativamente buen estado, tanto si se accede desde el pueblo de Plan, en Chistau, como si se hace desde Chía, en el Valle de Benasque.

La recompensa al llegar arriba habrá merecido cada uno de los baches del trayecto, e incluso algunos más. Un refugio de montaña desde cuya terraza podremos disfrutar del espectáculo de los últimos rayos del sol escondiéndose por detrás de la cumbre del Monte Perdido, el estandarte del Parque Nacional de Ordesa.

Todo ello acompañado de una cerveza fría y, si se quiere, de una buena carne de la zona. Aquí lo único que no hay es música, ni falta que hace.

Verano, playa, mar y buena comida. No se puede pedir más. Bueno, sí, comida a buen precio. Y eso es lo que garantizan los Soletes Repsol: una buena relación calidad-precio en lugares singulares. La guía de viajes acaba de publicar sus Soletes 2023 y de entre las más de 300 nuevas incorporaciones (ya son 3.300 en total), hemos seleccionado 10 chiringuitos que te sorprenderán, tanto por su ubicación como por su cocina.

Una escapada a alguno de estos chiringuitos con Solete promete una experiencia relajada y distendida, en muchos casos sin despegar los pies de la arena de la playa, y una gastronomía en la que la frescura del producto es lo primero; ya sea a través de platos tradicionales o sugerencias más elaboradas y atrevidas. Prepárate para darte el gusto en primerísima línea de playa y con vistas extraordinarias. 

El Portugué (Isla Cristina, Huelva)

Empezamos en Isla Cristina, en Huelva. Aquí El Portugué combina gastronomía típica onubense con recetas traídas del sur de Portugal, donde no faltan pescados, mariscos de la zona y guisos marineros. Tampoco el pescaíto frito, las coquinas, las navajas o las gambas blancas de Huelva. Pero para muchos su plato estrella tiene nombre y apellidos: la raya al pimentón. Comeremos junto a la arena de la Playa del Hoyo en un ambiente distendido y familiar.

Tirabuzón (Cádiz)

Junto al espigón de Santa María, en Cádiz, se encuentra Tirabuzón, un chiringuito que se asienta sobre la propia arena de la playa de Santa María del Mar y a pocos metros del agua. Su cocina mezcla recetas tradicionales con algunas propuestas más elaboradas, de manera que igual encontramos chocos fritos o tortillitas de camarones que ortiguillas crujientes sobre alga wakame, tacos de abanico ibérico o un arroz meloso de ibéricos con velo de panceta.

Sea Soul (Chiclana de la Frontera, Cádiz)

Para terminar en la provincia de Cádiz tenemos Sea Soul, en Chiclana de la Frontera. Es el chiringuito del hotel Iberostar Andalucía Playa de Sancti Petri, en la playa de La Barrosa, y detrás de su cocina está el experimentado equipo de Elkano, considerado uno de los mejores restaurantes del mundo con tres Soles Guía Repsol y una Estrella Michelin, y Cataria (un Sol Guía Repsol), dirigido por Aitor Arregi y Pablo Vicari. El pescado se trabaja con mimo y el ceviche de corvina o el carpaccio de atún rojo contrastan con las clásicas tortillitas de camarones.

El Sardiná (Torremolinos, Málaga)

Estamos en Torremolinos, en Málaga, por lo que el nombre de este chiringuito no es casualidad. En El Sardiná seguro que querrás pedirte uno de los típicos espetos de sardinas malagueños, hechos a las brasas, sobre las que también se ponen pescados y chocos. Aunque si te gustan las conchas también estás de suerte porque suele ofrecer coquinas, navajas, almejas y cañaíllas. Para hacer la digestión, las hamacas que el propio restaurante tiene repartidas por la playa de los Álamos son toda una tentación. 

El Líos (Puntas de Calnegre, Murcia)

El chiringuito El Líos hay que buscarlo, porque a no ser que vayas a la recóndita cala de Calnegre, no darás con él. Y si te lo encuentras por casualidad, te llevarás una agradable sorpresa. Sus arroces tienen bastante éxito aunque aquí tienes la garantía de que su carta, actualizada cada día con tiza en una pizarra, ofrece la máxima frescura. Ojo con su gallo pedro a la brasa o su pulpo también a la brasa. Aunque solo su ubicación bien merece marcarlo en el mapa de sitios a los que ir (y volver).

Primera Línea (Denia, Alicante)

Confirmado: aún quedan sitios auténticos a pie de playa en Alicante. Primera Línea tiene ambiente de chiringuito playero, la terraza de su jardín nos permite mantener los pies en la arena mientras disfrutamos de una cocina casera y con raíces. Un lugar agradable que disfrutar sin prisas para sentarse a degustar algunos de sus variados arroces, los pescados más frescos del día o sugerentes entradas como el mullador, un aliño de tomate, aceite, bacalao y ajo. Un buen paréntesis en la animada costa de Denia.

L’Estibador (Valencia)

Si vamos con la idea de que los chiringuitos de playa son sitios con sillas de plástico y manteles de papel, en L’Estibador nos llevaremos una sorpresa. Está en la Platja de la Creu, al norte de El Saler, y aunque su cuidado aspecto nos haga pensar en un sitio de precios elevados, sus arroces son asequibles, variadísimos y algunos se salen de las preparaciones más típicas. Pero para aventurarnos más allá, ¿qué tal probar la gambeta de patet con mayonesa de aguacate o un pulpo a la brasa sobre crema de patata trufada, emulsión de pimiento y cenizas de berenjena?

Subhasta de l'Estany (L'Ametlla de Mar, Tarragona)

Un sitio auténtico en el que comer con los pies enterrados en la arena. Se encuentra en la Platja de l’Estany, en L'Ametlla de Mar (Tarragona). Bajo un techo de cañizo y unas cuantas sombrillas tenemos la oportunidad de degustar algunas de las capturas del día, además de sardinas, arroces y gambas, que nunca fallan. Su pequeño tamaño lo hace aún más acogedor, la carta en pizarra es sinónimo de frescura y a muy pocos metros tenemos el agua del Mediterráneao para darnos un chapuzón.

El Puntal Tricio (Ribamontán al Mar, Cantabria)

Aunque solo sea por llegar al enclave en el que está situado este chiringuito, ya merece la pena tomarse algo en El Puntal Tricio. Se encuentra en la Bahía de Santander, en una lengua de arena que forma la playa de El Puntal frente a la capital cántabra, y además de ser un lugar paradisíaco, también se come de maravilla. Los pescados de la Bahía son una apuesta segura y las rabas, las albóndigas de bonito, las quisquillas o sus maganos de guadañeta son una fantástica manera de empezar.

Chiringuito Castiñeiras (Pinténs, Pontevedra)

No es fácil llegar al Chiringuito Castineiras, pero si lo consigues, el esfuerzo habrá merecido la pena porque su emplazamiento, en la playa de Castiñeiras (Pinténs, Pontevedra) es realmente admirable. Aquí la arena es fina y el agua cristalina, por lo que es un lugar que invita a parar el tiempo y a disfrutar del entorno. Su cocina no es de grandes lujos, pero sus bocadillos y sus deliciosas empanadas pueden ser más que suficiente para disfrutar entre amigos. Además, algunas noches ofrece música en directo.

Desde que, en 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) permitió prorrogar casi automáticamente durante décadas las ocupaciones que iban a caducar de fábricas, chiringuitos o pasarelas en la costa, 346 de estos permisos han sido alargados de manera “injustificada”, según califica la Comisión Europea.

Bruselas abrió el pasado miércoles un expediente a España por falta de transparencia e imparcialidad a la hora de elegir las ocupaciones de la costa. La Comisión considera que “la posibilidad de extender las concesiones existentes sin justificación va en contra de las normas”.

Las 346 prórrogas sin concurrencia pública al amparo de la norma de 2013 incluyen de todo, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica. Desde una vivienda, a un chiringuito, una pasarela o la fábrica de la papelera ENCE cuya licencia fue prolongada por el Ejecutivo de Rajoy gracias a su reforma de la ley de Costas y estando en funciones. El Supremo acaba de revocar la suspensión del permiso que dictó la Audiencia Nacional.

Tras la apertura del proceso de infracción, en Transición Ecológica entienden que “la prórroga que prevé la ley de 2013 constituiría una renovación automática para su actual titular, lo que le otorga una ventaja competitiva”. Es decir, algún otro podría estar interesado en aprovechar esa ocupación, pero si se hace el proceso sin concurrencia pública esa posibilidad queda anulada.

Desorden en el litoral

De hecho, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, nada más comenzar la legislatura en 2020, advirtió de que “hay mucho desorden en la costa”, para anticipar que planteaba modificar la normativa del litoral.

Un poco más adelante, al aprobarse la ley de cambio climático, Ribera explicaba que el Partido Popular tenía “una particular preocupación” por desactivar el artículo que trata sobe la vulnerabilidad del litoral: “Les preocupaba la situación de Ence y nos pedía incluir una referencia que, de algún modo, desactivara el proceso de control judicial al que está sometida la autorización”. Luego ha llegado el fallo del Supremo.

Finalmente, el Ministerio ha modificado el Reglamento General de Costas para que la norma haga referencia en numerosas ocasiones a lo largo del articulado a restringir el plazo total de las ocupaciones a un máximo de 75 años con todas las prórrogas que se pudieran obtener. Se considera que es la llave para cerrar, en teoría, la puerta a concesiones que pudieran alargarse incluso un siglo.

Ese reglamento acaba con las prórrogas sucesivas automáticas. Pero también se encarga de crear “una regulación que module y objetive la decisión sobre el otorgamiento de concesiones y prórrogas y su duración”.

Es decir, el problema de la falta de “transparencia” e “imparcialidad” al conceder y prolongar licencias de ocupación en el dominio público marítimo-terrestre del que ahora habla la Comisión Europea ya había brotado. El nuevo reglamento, publicado en el BOE solo en agosto de 2022, indica que “la resolución de otorgamiento o denegación de una concesión o de una prórroga no puede ser, por tanto, arbitraria y debe realizarse conforme a criterios objetivos contemplados en la normativa nacional e internacional”.

El dominio marítimo-terrestre es la franja del litoral que, una vez declarada, marca el terreno y los bienes que deben protegerse para “garantizar la integridad del medio litoral y marino y su uso y disfrute público”. Una zona a salvo del urbanismo.

La Constitución española lo reconoce explícitamente en el artículo 132 y lo declara “inalienable, imprescriptible e inembargable”. Transición Ecológica detalla que en esa zona se establece la “prohibición de nuevas construcciones, viviendas u hoteles de ningún tipo”.

Aunque también añade: “No se trata tanto de prohibir las actividades en el litoral, como de conseguir que sean sostenibles y respetuosas con el medioambiente”. Las concesiones de ocupación son el instrumento para conciliar ambas cosas.  

Laguna Village 2.0 es un proyecto que aspira a levantar uno de los mayores espacios de lujo del sur de España sobre las cenizas de un antiguo complejo turístico en Estepona. Gestionado por Grupo Pachá y GAT Inversiones, contará con restaurantes, beach club y tiendas exclusivas sobre 13000 cuadrados a pie de playa. Hasta ahora, también tenía previsto ocupar casi 1400 metros cuadrados de playa.

Así lo señala un informe técnico del servicio de Demarcación de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica, que advierte de que los usos que los promotores pretenden dar a ese terreno público no son compatibles con la normativa de protección del litoral y de que la actuación prevista “invade dominio público” por donde debe poder transitar cualquier persona y los vehículos de emergencia.

El informe, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, censura el proyecto básico aportado por los promotores a la Junta de Andalucía, alertando de que está incompleto y ni siquiera referencia correctamente el instrumento de ordenación urbanística en el que se ampara, pues se remite a las normas de Torremolinos.

La Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que debe emitir o no la autorización, asegura que el promotor ya les ha remitido un nuevo proyecto que solventaría los reparos de Costas. También admite que hay actuaciones ya ejecutadas: “Las obras no se pueden iniciar hasta que no esté la autorización emitida, pero puede que algunas actuaciones se hayan realizado” amparándose en una autorización para la reconstrucción que sí se había concedido.

Un responsable de la empresa asegura que están en fase de “valoración” y que el proyecto se va a “subsanar en lo que sea corregible”. Según explica, no hay nada en los reparos de Costas que lo ponga en cuestión ni suponga un “cambio de paradigma”.

Costas: “La actuación invade dominio público”

En un principio, se suponía que la intención de los inversores era recuperar lo que se había quemado de la construcción original, autorizada en 2006. Pero la lectura del informe de Costas permite deducir que se iba más allá y no deja lugar a la duda: el proyecto presentado inicialmente y anunciado públicamente no es legal. “La actuación invade dominio público marítimo terrestre en 1.399,46 m2 mediante senderos, parte de jardines y parte de muros de cerramiento”, subraya (literalmente) el documento, donde se recuerda que esos elementos son instalaciones “no desmontables” y, por tanto, sujetas a concesión de la administración autonómica, previa valoración de Costas.

Costas resalta que sobre la servidumbre de tránsito (de seis metros de anchura desde la ribera de mar) se han proyectado jardines, piscinas y terrazas, así como gran parte del cerramiento, a pesar de que la ley obliga a dejar “permanentemente expedita” para los peatones y los vehículos de vigilancia y salvamento. “Deberán eliminarse”, concluye.

Según la Junta de Andalucía, esto se habría corregido en un proyecto presentado el 3 de noviembre: “La autorización que se emita en los próximos días contemplará la liberación efectiva de dichas zonas, por lo que no será pertinente la tramitación de concesión administrativa”.

Un debate sobre los usos

Respecto a la servidumbre de protección de 100 metros, la cuestión parece estar en si el incendio del verano de 2020 acabó con todo hasta los cimientos o no. Costas esgrime que si se produce una demolición total o parcial es obligatorio ajustar las nuevas construcciones “íntegramente” a la ley. Y esto supone la prohibición de determinadas actividades y, “sobre todo”, de “construcciones consideradas perjudiciales para la adecuada protección de un medio natural tan sensible”.

En general, en esta franja la ley solo permite obras, instalaciones y actividades que no puedan tener otra ubicación (como piscifactorías o salinas), servicios “necesarios o convenientes” para la playa o instalaciones deportivas. Por eso, los usos previstos por los promotores no convencen a Costas, que los ve “no compatibles”.

Y es aquí donde la Junta, que aún no ha emitido su resolución, avanza un criterio contrario: “El uso pretendido en la zona de servidumbre de protección no está dentro de los expresamente prohibidos”, señalan desde la administración autonómica, que parece alinearse con la promotora. “Si entendemos que se puede hacer una determinada actividad, que se hace en otros centros comerciales y beach clubs, trataremos de tener pedagogía”, señala su portavoz. “Lo que sea discutible, habrá que discutirlo”.

Los criterios diversos de Junta de Andalucía y Ministerio de Transición Ecológica

En la base de estas discrepancias hay también una cuestión de competencias sobre el dominio público marítimo-terrestre, parcialmente transferidas a las comunidades autónomas. Aunque la administración que debe autorizar el uso del espacio es la comunidad autónoma, el Estado tiene una función de vigilancia, que ejerce emitiendo informes preceptivos sobre las líneas de deslinde, las servidumbres, las construcciones y las que puedan afectar a la integridad del dominio público, la estabilidad de la playa y la defensa de la costa. Cuestión distinta es la vigilancia, a veces insuficiente.

La Junta de Andalucía defendía hasta ahora que no hay que considerar nueva obra a las actuaciones en la zona, y el año pasado comunicó a Costas la simple “reparación de cubiertas y creación de terrazas interiore”. Si solo fuera eso, Costas no podría intervenir. Pero los técnicos de Costas creen que calificar esas obras de mera “reparación” es una “incongruencia”, porque el incendio lo devastó prácticamente todo. “Solo se mantiene la estructura, pilares, muros y forjados del sótano”, recuerda el informe. Por eso, exigió a la administración autonómica que le presentase el proyecto para poder pronunciarse.

Finalmente, el informe fue firmado el pasado 3 de octubre, cuando las obras están en marcha desde el pasado verano. No fue obstáculo la falta del documento, preceptivo según el artículo 50 del Reglamento de Costas. De hecho, el arranque de los trabajos contó con la bendición de las máximas autoridades municipales y autonómicas. El pasado 17 de julio, empresarios y representantes públicos de la Junta de Andalucía y el ayuntamiento se encontraron a pie de playa. Habían quedado para colocar la primera piedra.

Allí, el alcalde José María García Urbano declaró que la obra se había retrasado para arrancar con “todo lo que es preceptivo”. A su lado, asentían el constructor Bonifacio Solís (habitual de la obra pública en Estepona y Marbella) y los empresarios Josep Antoni Escandell (Grupo Pachá), Pablo Alberca (GAT) y Rosauro Varo (GAT, también vicepresidente de PRISA y consejero de Acciona). También estaba Elías Bendodo (por entonces, Consejero de Presidencia en funciones), quien se felicitó por el ejemplo de “colaboración público privada”.

Fuentes municipales señalan que el alcalde se ajustó a la realidad, porque existía la autorización de todas las administraciones para la “reconstrucción” del complejo.

Inversión de 20 millones de euros

Laguna Village está llamado a convertirse en uno de los grandes atractivos del turismo de lujo en la Costa del Sol, según sus promotores. La inversión prevista es de 20 millones de euros. Cuando culminen las obras, en la primavera de 2023, ofrecerá a sus clientes un club náutico un beach club, restaurantes y tiendas exclusivas. Será “un destino lleno de experiencias únicas”, dijo en la presentación Pablo Alberca, director de operaciones de GAT. Laguna Village se presenta como una “propuesta arquitectónica innovadora”, respetuosa con el medio ambiente, que busca “mimetizarse con el entorno a través del uso de madera y piedras naturales”.

El proyecto se levanta sobre las ruinas del antiguo Laguna Village, arrasado el 29 de agosto de 2020 por un incendio atribuido por la Policía a un enganche ilegal. Muchos negocios quedaron destruidos. Apenas una semana después, el ayuntamiento de Estepona aseguró que había concluido la tramitación urbanística para proceder de inmediato a la “rehabilitación y reconstrucción del complejo”. GAT, propietario de uno de los establecimientos calcinados, se alió con Grupo Pachá para comprar los terrenos al grupo germano-suizo Sauer a finales de 2021.

Sin embargo, el encaje de estas estructuras en un litoral en regresión es cada vez más complicado. La Costa del Sol sufre con especial virulencia y cada vez mayor frecuencia los temporales marinos, que afectan a la estabilidad de la playa y a la propia supervivencia de los chiringuitos, unas construcciones teóricamente efímeras, pero cada vez más voluminosas y rígidas. Los ecologistas denuncian que las construcciones en la playa alteran la sedimentación de las arenas y la dinámica del impacto de las olas contra la costa.

Cristina Pedroche y Jorge Fernández han cancelado su participación en el macroevento sobre criptomonedas que se va a celebrar este sábado en Madrid. Ambos se han desvinculado después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alertara ayer de que este acto, que aspira a reunir a 7.000 personas en el WiZink Center para promover criptoinversiones, está organizado por una empresa sin licencia para captar inversores y patrocinado por varios chiringuitos financieros.

El primero en bajarse del evento ha sido Fernández, cuyo representante ha confirmado a primera hora de la mañana de este miércoles a elDiario.es que no presentará el acto pese a haber sido confirmado por Mundocrypto, la organizadora del evento. Horas después el director de esta empresa, el criptogurú conocido como Mani Thawani, ha confirmado en sus redes sociales que Pedroche también ha rechazado participar.

“Debido a la presión mediática, Jorge Fernández, el de La Ruleta de la Suerte, cree que eso de jugar a la ruleta es lo correcto pero las criptomonedas no, así que no viene. ¿Cristina? Tampoco. Pero no pasa nada, el evento sigue porque las empresas cripto ahí estaremos”, ha afirmado Thawani.

Pedroche y Fernández eran dos de los principales reclamos del Mundocrypto Metaverse day, que pretende acercar las inversiones en criptomonedas al público general a través de figuras televisivas. Además de los dos presentadores también se ha desvinculado del evento Pablo Chiapella, actor de la serie La que se avecina, que iba a realizar un sketch de humor junto a su compañera en la ficción Macarena Gómez. La representante de la actriz ha confirmado a este medio que ella tampoco participará.

También ha habido bajas entre las compañías que ha iban a apoyar el evento. Coca-Cola, que era su principal “empresa asociada” y que iba a participar con uno de sus altos cargos a nivel internacional como ponente, ha retirado su apoyo a los organizadores. “The Coca-Cola Company no participará en el evento, y este no contará con ningún tipo de representación por parte de la compañía”, han adelantado fuentes de la multinacional a elDiario.es.

El rapero Maikel Delacalle y el mago Julius Dein, que llevarán a cabo actuaciones en directo, no han informado de cambios en el programa relativos a su intervención. Los economistas Daniel Lacalle y Juan Ramón Rallo, colaboradores en varios medios de comunicación, han confirmado a elDiario.es que asistirán al evento como habían anunciado pese al aviso de la CNMV. Ambos aseguran que utilizarán sus intervenciones para alertar de los riesgos de invertir en criptomonedas.

“Yo voy a participar en una mesa como experto que ha alertado en decenas de ocasiones, artículos y entrevistas sobre el riesgo, volatilidad y evidencia de no regulación de las criptoactivos como activo financiero y de inversión”, ha manifestado Lacalle.

“Mi posición con respecto a los criptoactivos siempre ha sido la misma: que nadie sin conocimientos debería invertir en ellos (en general, como en cualquier otro activo, pero especialmente en éstos por tratarse de una nueva categoría en la que ha entrado mucha gente sin criterio ni experiencia)”, ha declarado Rallo: “De hecho, soy muy escéptico respecto al futuro de la mayoría de criptoactivos. Que no tengas conocimientos, claro, no significa que no puedas adquirirlos informándote y formándote: pero primero debe ir la formación y sólo después la inversión”. “Éste será el mensaje central de mi intervención y no veo ninguna incompatibilidad con el llamamiento a la prudencia y a la información de los asistentes que ha hecho la CNMV”, ha añadido.

Una empresa sin licencia y chiringuitos financieros

La alerta de la CNMV llega por la preocupación del regulador por la presencia de estas caras reconocidas banalice los riesgos de la inversión en criptomonedas, desaconsejada para personas sin formación debido a la alta volatilidad de estos activos.

“Esperamos que en ese evento y los expertos y famosos que presentan e intervengan se informen e informen adecuadamente a los asistentes sobre los riesgos de invertir en criptoactivos, especialmente ahora que tantos inversores están viendo desaparecer su dinero por invertir en estos activos no regulados y sin garantías”, ha pedido la CNMV.

El organismo ha avisado a su vez de que la principal organizadora del evento, Mundocrypto está incluida en su “lista gris”, formada por entidades que no cuentan con “ningún tipo de autorización ni están registradas” para realizar actividades de captación de fondos ni prestar servicios de naturaleza financiera.

“La CNMV recuerda que ya advirtió en 2021 que Mundocrypto no cuenta con ningún tipo de licencia para asesorar sobre instrumentos financieros o intermediar operaciones de inversión sobre instrumentos financieros”, reitera sobre la principal organizadora del macroevento.

Además, tres de las empresas patrocinadoras han sido declaradas por el regulador como “chiringuitos financieros”. La CNMV ha enviado alertas sobre Huobi, Bitget y Bybit, ya que “no están autorizadas para prestar servicios de inversión”, entre los que “se incluye el asesoramiento” que será una de las actividades principales del criptoevento del WiZink.

Thawani ha reaccionado al comunicado de la CNMV y la renuncia de los presentadores y actores a participar en su festival acusando a “la prensa y los medios tradicionales” de estar “manipulados”. Por ello ha anunciado que durante el Mundocrypto Metaverse day va a presentar “la primera prensa descentralizada de la historia, una prensa que por primera vez no va a estar manipulada y no va a tener información no veraz”.

“A lo que atacan no es a Mundocrypto, es a nuestra industria”, ha insistido sobre los que han criticado el evento. “Necesitan educación, necesitan aprender”, ha afirmado. No obstante, esta no es la primera edición del congreso que se ve envuelta en la polémica. Thawani fue acusado de “engañar” a los asistentes a la edición de de 2021 después de anunciar que iba a invertir un millón de euros en una criptomoneda emergente durante el evento y finalmente no hacerlo. Además, su empresa cobró 100 euros a los asistentes virtuales al acto, a pesar de que luego el enlace de conexión se compartió en abierto por Internet.

El macroevento que se celebrará este sábado en Madrid para promocionar las criptomonedas, presentado por Cristina Pedroche y Jorge Fernández (que han cancelado su participación tras la publicación de esta información), está organizado por una empresa sin licencia para captar inversores y varios de sus patrocinadores está calificados como chiringuitos financieros por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así lo ha alertado el regulador financiero este martes, preocupado por la presencia de varias figuras televisivas en un acto para incentivar criptoinversiones.

La principal organizadora del evento es la empresa Mundocrypto y está incluida en su “lista gris” desde julio de 2021. Este listado “informa de entidades que no cuentan con ningún tipo de autorización ni están registradas a ningún efecto en la CNMV y que podrían estar realizando algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera”, destaca el organismo.

“La CNMV recuerda que ya advirtió en 2021 que Mundocrypto no cuenta con ningún tipo de licencia para asesorar sobre instrumentos financieros o intermediar operaciones de inversión sobre instrumentos financieros”, reitera sobre la principal organizadora.

La situación empeora al revisar las empresas patrocinadoras del evento. Huobi, Bitget y Bybit están calificadas por la CNMV como entidades no registradas o “chiringuitos financieros”. El regulador desaconseja en todo caso recurrir a los servicios de inversión de estas entidades.

Cristina Pedroche y Jorge Fernández no son los únicos personajes reconocidos fichados para el congreso. Pablo Chiapella y Macarena Gómez, actores de la serie La que se avecina, realizarán un sketch de humor durante el evento. El rapero Maikel Delacalle actuará en directo y también está programado un espectáculo de magia con Julius Dein. Los economistas Daniel Lacalle y Juan Ramón Rallo, que colaboran con varios medios de comunicación, también intervendrán en el acto.

Esperamos que en ese evento y los expertos y famosos que presentan e intervengan se informen e informen adecuadamente a los asistentes sobre los riesgos de invertir en criptoactivos

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Esta presencia de figuras de alta repercusión mediática y artistas preocupa al regulador financiero español, que lleva años alertando de que las criptomonedas no son una inversión adecuada para personas sin conocimientos financieros por su alta volatibilidad. “Esperamos que en ese evento y los expertos y famosos que presentan e intervengan se informen e informen adecuadamente a los asistentes sobre los riesgos de invertir en criptoactivos, especialmente ahora que tantos inversores están viendo desaparecer su dinero por invertir en estos activos no regulados y sin garantías”, pide la CNMV en un comunicado enviado a este medio.

El macroevento se celebrará en el WiZink Center, uno de los recintos de mayor capacidad de toda la capital. La organización ha anunciado que acudirán unos 7.000 asistentes y presume de que será “el mayor evento de criptomonedas del mundo”. elDiario.es se ha puesto en contacto con los promotores, que han preferido no posicionarse respecto a la alerta de la CNMV.

La de este sábado será la tercera edición del macroevento de Mundocrypto, que asegura que está centrado en la formación. La del 2021 también fue polémica después de que el director de la empresa, un criptogurú conocido como Mani Thawani, anunciara que iba a invertir un millón de euros en una criptomoneda emergente durante el evento, inversión que finalmente no se produjo. La empresa cobró 100 euros a los asistentes virtuales al acto, a pesar de que luego el enlace de conexión se compartió en abierto por Internet.

“Criptoinvierno”

La celebración del congreso coincide además con el mayor período de caída de precios de todos los tipos de criptoactivos desde 2020. El Bitcoin ha perdido el 70% de su valor desde sus máximos históricos y ha arrastrado consigo a todo el sector, desde los criptomineros cuya actividad ya no resulta rentable hasta los inversores en NFT, cuyos precios han caído hasta un 90% respecto al verano de 2021.

La situación ha provocado corralitos en varias plataformas de compraventa, que han congelado los activos de sus usuarios y no les permiten retirar sus fondos. Uno de los mayores fondos de inversión especializado en criptomonedas también se ha visto obligado a declarar la bancarrota. El sector denomina a este período un “criptoinvierno” que teme que pueda durar varios años.