Urbanismo

El proyecto de complejo turístico de lujo que “invade” la playa de Estepona

Laguna Village 2.0 es un proyecto que aspira a levantar uno de los mayores espacios de lujo del sur de España sobre las cenizas de un antiguo complejo turístico en Estepona. Gestionado por Grupo Pachá y GAT Inversiones, contará con restaurantes, beach club y tiendas exclusivas sobre 13000 cuadrados a pie de playa. Hasta ahora, también tenía previsto ocupar casi 1400 metros cuadrados de playa.

Así lo señala un informe técnico del servicio de Demarcación de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica, que advierte de que los usos que los promotores pretenden dar a ese terreno público no son compatibles con la normativa de protección del litoral y de que la actuación prevista “invade dominio público” por donde debe poder transitar cualquier persona y los vehículos de emergencia.

El informe, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, censura el proyecto básico aportado por los promotores a la Junta de Andalucía, alertando de que está incompleto y ni siquiera referencia correctamente el instrumento de ordenación urbanística en el que se ampara, pues se remite a las normas de Torremolinos.

La Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que debe emitir o no la autorización, asegura que el promotor ya les ha remitido un nuevo proyecto que solventaría los reparos de Costas. También admite que hay actuaciones ya ejecutadas: “Las obras no se pueden iniciar hasta que no esté la autorización emitida, pero puede que algunas actuaciones se hayan realizado” amparándose en una autorización para la reconstrucción que sí se había concedido.

Un responsable de la empresa asegura que están en fase de “valoración” y que el proyecto se va a “subsanar en lo que sea corregible”. Según explica, no hay nada en los reparos de Costas que lo ponga en cuestión ni suponga un “cambio de paradigma”.

Costas: “La actuación invade dominio público”

En un principio, se suponía que la intención de los inversores era recuperar lo que se había quemado de la construcción original, autorizada en 2006. Pero la lectura del informe de Costas permite deducir que se iba más allá y no deja lugar a la duda: el proyecto presentado inicialmente y anunciado públicamente no es legal. “La actuación invade dominio público marítimo terrestre en 1.399,46 m2 mediante senderos, parte de jardines y parte de muros de cerramiento”, subraya (literalmente) el documento, donde se recuerda que esos elementos son instalaciones “no desmontables” y, por tanto, sujetas a concesión de la administración autonómica, previa valoración de Costas.

Costas resalta que sobre la servidumbre de tránsito (de seis metros de anchura desde la ribera de mar) se han proyectado jardines, piscinas y terrazas, así como gran parte del cerramiento, a pesar de que la ley obliga a dejar “permanentemente expedita” para los peatones y los vehículos de vigilancia y salvamento. “Deberán eliminarse”, concluye.

Según la Junta de Andalucía, esto se habría corregido en un proyecto presentado el 3 de noviembre: “La autorización que se emita en los próximos días contemplará la liberación efectiva de dichas zonas, por lo que no será pertinente la tramitación de concesión administrativa”.

Un debate sobre los usos

Respecto a la servidumbre de protección de 100 metros, la cuestión parece estar en si el incendio del verano de 2020 acabó con todo hasta los cimientos o no. Costas esgrime que si se produce una demolición total o parcial es obligatorio ajustar las nuevas construcciones “íntegramente” a la ley. Y esto supone la prohibición de determinadas actividades y, “sobre todo”, de “construcciones consideradas perjudiciales para la adecuada protección de un medio natural tan sensible”.

En general, en esta franja la ley solo permite obras, instalaciones y actividades que no puedan tener otra ubicación (como piscifactorías o salinas), servicios “necesarios o convenientes” para la playa o instalaciones deportivas. Por eso, los usos previstos por los promotores no convencen a Costas, que los ve “no compatibles”.

Y es aquí donde la Junta, que aún no ha emitido su resolución, avanza un criterio contrario: “El uso pretendido en la zona de servidumbre de protección no está dentro de los expresamente prohibidos”, señalan desde la administración autonómica, que parece alinearse con la promotora. “Si entendemos que se puede hacer una determinada actividad, que se hace en otros centros comerciales y beach clubs, trataremos de tener pedagogía”, señala su portavoz. “Lo que sea discutible, habrá que discutirlo”.

Los criterios diversos de Junta de Andalucía y Ministerio de Transición Ecológica

En la base de estas discrepancias hay también una cuestión de competencias sobre el dominio público marítimo-terrestre, parcialmente transferidas a las comunidades autónomas. Aunque la administración que debe autorizar el uso del espacio es la comunidad autónoma, el Estado tiene una función de vigilancia, que ejerce emitiendo informes preceptivos sobre las líneas de deslinde, las servidumbres, las construcciones y las que puedan afectar a la integridad del dominio público, la estabilidad de la playa y la defensa de la costa. Cuestión distinta es la vigilancia, a veces insuficiente.

La Junta de Andalucía defendía hasta ahora que no hay que considerar nueva obra a las actuaciones en la zona, y el año pasado comunicó a Costas la simple “reparación de cubiertas y creación de terrazas interiore”. Si solo fuera eso, Costas no podría intervenir. Pero los técnicos de Costas creen que calificar esas obras de mera “reparación” es una “incongruencia”, porque el incendio lo devastó prácticamente todo. “Solo se mantiene la estructura, pilares, muros y forjados del sótano”, recuerda el informe. Por eso, exigió a la administración autonómica que le presentase el proyecto para poder pronunciarse.

Finalmente, el informe fue firmado el pasado 3 de octubre, cuando las obras están en marcha desde el pasado verano. No fue obstáculo la falta del documento, preceptivo según el artículo 50 del Reglamento de Costas. De hecho, el arranque de los trabajos contó con la bendición de las máximas autoridades municipales y autonómicas. El pasado 17 de julio, empresarios y representantes públicos de la Junta de Andalucía y el ayuntamiento se encontraron a pie de playa. Habían quedado para colocar la primera piedra.

Allí, el alcalde José María García Urbano declaró que la obra se había retrasado para arrancar con “todo lo que es preceptivo”. A su lado, asentían el constructor Bonifacio Solís (habitual de la obra pública en Estepona y Marbella) y los empresarios Josep Antoni Escandell (Grupo Pachá), Pablo Alberca (GAT) y Rosauro Varo (GAT, también vicepresidente de PRISA y consejero de Acciona). También estaba Elías Bendodo (por entonces, Consejero de Presidencia en funciones), quien se felicitó por el ejemplo de “colaboración público privada”.

Fuentes municipales señalan que el alcalde se ajustó a la realidad, porque existía la autorización de todas las administraciones para la “reconstrucción” del complejo.

Inversión de 20 millones de euros

Laguna Village está llamado a convertirse en uno de los grandes atractivos del turismo de lujo en la Costa del Sol, según sus promotores. La inversión prevista es de 20 millones de euros. Cuando culminen las obras, en la primavera de 2023, ofrecerá a sus clientes un club náutico un beach club, restaurantes y tiendas exclusivas. Será “un destino lleno de experiencias únicas”, dijo en la presentación Pablo Alberca, director de operaciones de GAT. Laguna Village se presenta como una “propuesta arquitectónica innovadora”, respetuosa con el medio ambiente, que busca “mimetizarse con el entorno a través del uso de madera y piedras naturales”.

El proyecto se levanta sobre las ruinas del antiguo Laguna Village, arrasado el 29 de agosto de 2020 por un incendio atribuido por la Policía a un enganche ilegal. Muchos negocios quedaron destruidos. Apenas una semana después, el ayuntamiento de Estepona aseguró que había concluido la tramitación urbanística para proceder de inmediato a la “rehabilitación y reconstrucción del complejo”. GAT, propietario de uno de los establecimientos calcinados, se alió con Grupo Pachá para comprar los terrenos al grupo germano-suizo Sauer a finales de 2021.

Sin embargo, el encaje de estas estructuras en un litoral en regresión es cada vez más complicado. La Costa del Sol sufre con especial virulencia y cada vez mayor frecuencia los temporales marinos, que afectan a la estabilidad de la playa y a la propia supervivencia de los chiringuitos, unas construcciones teóricamente efímeras, pero cada vez más voluminosas y rígidas. Los ecologistas denuncian que las construcciones en la playa alteran la sedimentación de las arenas y la dinámica del impacto de las olas contra la costa.