El cese de Emilio Viciana, hasta el lunes consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, ha desencadenado una crisis política en el seno del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Viciana, que no se ha pronunciado más que en redes sociales para despedirse, puntualizó en X que el cese ha sido “a petición propia”. La pregunta ahora es ¿por qué?

Su marcha ha espoleado a su vez la marcha de varios diputados y altos cargos, incluida la de su mentor y otrora gurú educativo de Ayuso, Antonio Castillo Algarra. Ha supuesto una dimisión en bloque a modo de protesta muy poco habitual en la política. El propio Algarra ha señalado en público al jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, tras la salida de toda esta facción del gobierno, apodada en el PP de Madrid como “los pocholos”. Ha llenado el vacío el ala dura y clásica del PP de Madrid.

La Comunidad no ha dado una justificación detallada sobre los motivos del cese, pero algunas fuentes sitúan la pérdida de confianza de Ayuso en la falta de avances en la nueva ley universitaria, que ha anunciado que modificará tras la salida de Viciana. En el pasado de Viciana hay otro posible detonador al que la Comunidad de Madrid no se ha referido en público. Un caso de presunta corrupción destapado en 2024 por Viciana.

Todo empezó a finales de 2023, con la llegada de un burofax a la Consejería. Lo enviaba un empresario que aseguraba que le debían 1,6 millones de euros por hacer un centro sanitario de prácticas de FP en el macrocomplejo educativo Ciudad Escolar en 2021 y que no le habían pagado. La insistencia del empresario hizo que fueran a buscar el expediente. Según explicó en ese momento la Consejería, la sorpresa fue que el expediente no existía. Simplemente porque esa obra se había hecho fuera del sistema legal y sin ningún control: “Se solicitó un informe de auditoría a la Intervención General y se abrió una investigación interna para esclarecer las circunstancias de esta reclamación económica”, explicaba en 2024 la consejería de Viciana.

El consejero encargó una investigación que halló graves irregularidades: la construcción del edificio se había dado a dedo, sin licitar, pese a que había costado 2,5 millones. Para poder pagar sin levantar sospechas se habían fracturado los pagos, como si se tratara de trabajos independientes en vez de un edificio completo, cuya magnitud económica obliga a sacar a concurso público.

El 13 de marzo de 2024, la Consejería envió un escrito a la Fiscalía con los hechos descubiertos, alertando de indicios de ilegalidad y abriendo la puerta así a un caso judicial que afectaba al PP. En definitiva, se trataba de una denuncia de un consejero de Ayuso contra algo que sucedió bajo el mando de personas de confianza de Ayuso.

Además, Viciana decidió seguir adelante con todas las consecuencias y trasladó al ministerio fiscal un segundo caso (revelado por elDiario.es), el de la Escuela de Arte de Alcalá, hecha con el mismo sistema ilegal. Viciana encargó otras auditorías de centros para conocer la magnitud del escándalo. elDiario.es desveló a lo largo de su investigación al menos otros nueve casos de centros escolares que se construyeron ilegalmente.

Ossorio y Albert, en la diana

Todos estos movimientos llamaron la atención dentro del búnker del Gobierno de Ayuso. Llevar el caso a la Fiscalía ponía en apuros a dos personas clave en el entorno de la presidenta. Por una parte, a Enrique Ossorio, consejero de Educación en la época del escándalo. Ayuso lo nombró después vicepresidente del gobierno madrileño y actualmente preside la Asamblea de la Comunidad, la segunda autoridad de la región. Es una persona de su máxima confianza.

Con su paso adelante, Viciana también ponía en apuros a Rocío Albert, actual consejera de Economía y Hacienda y, cuando sucedieron los hechos (entre 2021 y 2023), viceconsejera de Educación y mano derecha de Ossorio. Albert era quien controlaba Educación de facto, señalan fuentes conocedoras del funcionamiento de la Consejería. Actualmente, es otro de los pesos pesados de Ayuso, responsable de su política fiscal de bajos impuestos.

Después de varios meses de pesquisas, la Fiscalía encontró “groseras y palmarias” omisiones del procedimiento legal, investigó más centros, apuntó a una concertación más arriba de los directores de instituto y pasó toda la investigación al juzgado 39 de Madrid, después de que Podemos presentara una denuncia ante los juzgados, por lo que tuvo que inhibirse a su favor. La jueza encargada, que admitió a trámite la denuncia en octubre de 2024, ha pedido una prórroga para investigar, ha citado a los directores de siete institutos más y ha llamado a declarar como investigado a un alto cargo de Ayuso de esa época.

La constatación de que el caso judicial avanza y que la jueza está apuntando hacia la primera línea de la Consejería de Educación ha agravado un malestar dentro del núcleo duro de Ayuso que se inició hace casi dos años, cuando recibieron atónitos la noticia de que uno de los suyos había denunciado una prevaricación del anterior gobierno de la presidenta.

Lo cierto es que la gestión de Viciana con el escándalo FP –airear las irregularidades y llevarlas a la justicia– va en contra de los postulados comunicativos que defienden Ayuso y Rodríguez cuando un caso afecta al gobierno: negarlo, desviar la atención o atacar a los denunciantes. Por ejemplo, es la estrategia utilizada en el caso de las residencias donde murieron mayores sin atención sanitaria (llamó a los familiares “plataforma de frustrados”), el fraude fiscal de su novio (dijo que Hacienda le debía dinero a él) o, recientemente, el presunto abuso sexual y laboral de una concejala de Móstoles, que la presidenta calificó de caso fabricado contra el PP.

Por contra, Emilio Viciana decidió trasladar el caso de presunta prevaricación a la justicia, aunque en ese momento limitó la responsabilidad a un subdirector de FP y varios directores de FP, a los que expedientó. Ahora, tanto la Fiscalía como el juzgado de instrucción han visto indicios que seguirán investigando y que pueden acabar afectando a cargos de la anterior Consejería de Educación, que él heredó en 2023 y, por tanto, podría acabar afectando a la presidenta políticamente, que no ha hecho mención nunca al escándalo en público, aunque la Comunidad de Madrid se ha personado como perjudicada en la instrucción.

El portavoz del Gobierno de Madrid ha rechazado ahondar en las razones del cese o valorar las dimisiones en bloque. elDiario.es ha contactado con Emilio Viciana, que ha preferido no hacer declaraciones. Algarra y los diputados dimitidos también han sido contactados sin obtener respuesta.

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El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y su equipo han comparecido este jueves para dar cuenta del presupuesto de su área que asciende a los 108 millones de euros, unas cuentas que para el titular de la Consejería “consolidan el esfuerzo inversor” que desde el inicio de la legislatura realiza su departamento en la mejora de la financiación local, el apoyo al acceso a la vivienda y el impulso a la conectividad y la movilidad en todo el territorio con el objetivo de “reforzar el bienestar de miles de riojanos”.

Las cuentas dotadas con 108 millones de euros que, sumando los gastos de personal del Capítulo 1, alcanzan los 118,6 millones de euros, una cuantía superior a la del año 2025. “Desde que llegamos al Gobierno en julio de 2023 no hemos hecho sino movilizar más y más recursos para políticas que tienen un impacto directo en la vida de las personas”, ha destacado el consejero. 

Esta estrategia seguirá caminando en el próximo ejercicio hacia “unos mejores servicios públicos desde la administración regional y las administraciones locales”, “creando las justas y necesarias oportunidades para emprender un proyecto vital” y “acercando nuestros municipios entre sí y al conjunto de sus habitantes”. “Las personas son y seguirán siendo el centro de nuestra acción política”, ha apuntado Daniel Osés en relación a una previsión de gasto que apuntalará el próximo año “la senda del desarrollo local y la igualdad de oportunidades” de los riojanos.

Mejorar la prestación de los servicios básicos en el ámbito local

Hasta 39,9 millones de euros se destinan a Política Local y Lucha contra la Despoblación con el reto de seguir incrementando los recursos “para asegurar la solvencia económica de los ayuntamientos y lograr una mejor prestación de los servicios básicos a los ciudadanos”.

Entre otras novedades, “vamos a poner a disposición de las administraciones públicas más pequeñas un 96 por cientomás de financiación que en 2023, casi el doble desde que estamos en el Gobierno. Más liquidez y más solvencia para una mayor calidad de vida”, ha enfatizado el consejero.

“Hace unos meses anunciamos grandes novedades para este año en beneficio del medio rural y en la lucha contra la despoblación. Hoy, esa carta de compromisos que adquirimos con los riojanos se va materializando en medidas concretas que son ya una realidad”. Entre otras, ha mencionado la nueva línea de ayudas para la contratación de alguaciles o el Plan de Inclusión Financiera para el medio rural +CAR.

En 2026 se destinan 8,9 millones de euros para sufragar el Plan de Obras y Servicios Locales que “mejora la financiación de bienios anteriores y amplía la cobertura de las obras subvencionables”, y se refuerza un 43 por ciento, hasta los 8 millones de euros, el presupuesto para suscribir convenios de colaboración con los consistorios locales. 

Los más de 12.000 riojanos de los pequeños municipios “merecen y tienen todo el apoyo de este Gobierno para hacer más fácil su día a día”, de ahí que se haya previsto para ellos una partida específica de 1.330.000 euros, que se incrementa con 569.500 euros adicionales para los que tienen núcleos de población separados del principal.

En el marco del Fondo de Cooperación Local, se han reservado 3.075.828 de euros al Convenio de Capitalidad de Logroño, 3.451.691 para las cabeceras de comarca, 843.367 euros para los municipios de más de 5.000 habitantes (Lardero y Villamediana de Iregua), y 1.277.253 euros para los 11 ayuntamientos con más de 2.000 habitantes.

Un total de 31,8 millones de euros para actualizar la red viaria

En Infraestructuras, se contempla una inversión de 40.188.852 euros para 2026 repartidos entre los 8,4 millones para seguir promoviendo el uso del transporte público, y los 31,8 millones de euros destinados a ampliar y modernizar aún más nuestra red de carreteras.

En 2026 se avanzará en las actuaciones de ensanche y mejora de la LR-250 entre Jalón y Laguna de Cameros, con una cuantía reservada de 4,6 millones, y de la LR-259 entre Ausejo y Alcanadre, que cuenta con una dotación de 2,7 millones de euros. Y una vez finalizado el ensanche y mejora de la LR-113 entre Villavelayo y el límite con la provincia de Burgos, el consejero ha anunciado que se continuarán los trabajos para mejorar la seguridad vial en el tramo anterior, entre la presa de Mansilla y Villavelayo. 

Las nuevas cuentas incluyen una partida de 3 millones de euros para materializar la solución técnica que permita reabrir la carretera LR-115 en Arnedillo, más otra de 1,6 millones de euros para atender desprendimientos puntuales. 

Asimismo, el consejero ha avanzado un nuevo plan de mejora de las comunicaciones hasta 2028, que comprende intervenciones en más de 50 carreteras del medio rural. Igualmente, se contempla invertir 1,6 millones de euros para iniciar actuaciones de mejora en travesías, como las de Alesanco, Anguciana y Cihuri.

El presupuesto orientado a “seguir fortaleciendo el transporte público desde el refuerzo de líneas y la modernización de la red” asciende un 6 por ciento, hasta los 5,6 millones. Y esto va a ir acompañado de un 16 por ciento más de presupuesto destinado a bonificar el precio del billete que pagan los usuarios y apoyar así la economía de las familias, con una partida de 955.000 euros durante los próximos doce meses.

En este contexto, el consejero ha afirmado que este año se inscribe “ya en la historia del transporte público de esta Comunidad” por la puesta en marcha del nuevo carné que permite viajar gratis en toda la red autonómica a los jóvenes del medio rural. 

De igual modo, “continuaremos fomentando la movilidad en bicicleta con la culminación de los carriles ciclopeatonales proyectados y cuyas obras finalizarán en los próximos meses”, además de invertir 1,8 millones de euros en el vial entre Villamediana de Iregua y Alberite “que completará el cinturón ciclista metropolitano”.

“No escatimaremos para ayudar en el acceso a la vivienda”

Ante el alza imparable de los precios, “vamos a redoblar nuestro esfuerzo presupuestario en políticas de vivienda” y se aprovechará hasta el último céntimo “en ayudar a quienes necesiten un apoyo para acceder a ella”, ha puesto de relieve Osés.

Un total de 24,4 millones de euros se movilizarán en 2026 para favorecer el acceso a la vivienda, de los que 17 se reservarán a ayudas concedidas dentro del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025. Una cuantía que se prevé incrementar una vez entre el vigor el nuevo Plan 2026-2030 y se definan los nuevos compromisos de financiación con el Ministerio. En su intervención, ha puesto en valor el papel del IRVI en la ejecución de los fondos europeos y en el incremento del parque público residencial, y ha hecho mención especial al pionero Plan Revive que ha conseguido que “otras regiones de España afectadas por el fenómeno de la despoblación nos miren como un ejemplo a seguir”. 

Osés ha evidenciado que “los números hablan por sí solos: las cuentas de 2024 contemplaban una partida de 2,5 millones de euros y las de 2025 otros 2,6. Pero la realidad es que, hasta el día de hoy, el Consejo de Gobierno ya ha aprobado un gasto total de 9 millones de euros en varias generaciones de crédito. Es decir, ya estamos destinando un 76% más de presupuesto al Plan Revive”. 

“Y vamos a seguir poniendo el mismo empeño en atender todas y cada una de las solicitudes que se siguen registrando día a día en el Dirección General de Vivienda porque creemos que es un plan absolutamente necesario para fijar población en nuestros pueblos y garantizar su futuro como así está siendo en Baños de Rioja, Mansilla de la Sierra, Cellorigo o Zarzosa, por poner algún ejemplo”, ha concluido.

La Inspección educativa del Gobierno de Ayuso ha contactado con varios centros escolares de la Comunidad en los que se estaban organizando actividades en apoyo al pueblo de Gaza y ha dado órdenes de cancelarlos y de retirar toda la simbología palestina visible, como banderas o pañuelos, según denuncia la plataforma Marea Palestina: la educación contra el genocidio, protegiendo la identidad de los docentes. Su portavoz, Carlos Díez, confirma que se están produciendo estas llamadas y/o visitas por parte de la Consejería para prohibir actos en solidaridad con las más de 64.000 víctimas en Gaza, casi un tercio de ellos menores de edad. “Vamos a estudiar acciones, incluso legales, contra esta vulneración del derecho de autonomía, libertad de cátedra e, incluso, derechos fundamentales como la libertad de expresión” de los profesores, ha asegurado Díez en conversación con elDiario.es.

Uno de los casos de estas restricciones se produjo en un centro en el que se realizaban actividades de concienciación con la lista de nombres de niños y niñas asesinados desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza. Desde la Inspección, se dieron órdenes al equipo directivo de dejar de exponer estas listas en aulas y pasillos por, textualmente, “vulnerar la ley de protección de datos”. Por esa razón, han prohibido la lectura en voz alta de los nombres de niños y niñas asesinados, un acto simbólico de recuerdo y condena por la vulneración de sus derechos fundamentales.

Desde la Consejería, niegan la existencia de esta represión y reconocen únicamente que, “cuando las Direcciones de Área Territorial (DAT) conocen que algún centro quiere organizar actividades que pudieran tener relación con alguna cuestión política, recuerdan a los directores que los centros educativos deben ser absolutamente apolíticos”. Sin embargo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha posicionado desde el principio frontalmente en contra de toda protesta propalestina y aseguró que la ofensiva israelí en Gaza, que acumula casi 65.000 asesinatos de civiles, está “defendiendo” a Europa de la “islamización”.

“Me parece razonable que, dada la controversia política que hay respecto de esta cuestión, dejemos la política fuera de las aulas. Creo que no debe ser objeto de trifulca ni disputa política el interior de las aulas, que están para el aprendizaje de los niños y para que no sea objeto de controversia política que es lo que parece que algunos están buscando”, ha justificado este miércoles el alcalde de Madrid, José Luis Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación.

Para los profesores, en cambio, estas acciones y la colocación de banderas palestina responden a una denuncia moralmente obligada del “escolasticidio” que está sucediendo en la Franja de Gaza, con más de 18.500 niños y niñas asesinados por el ejército israelí. “No podemos permanecer pasivas ante esto”, responde Díez, que asegura que no trasladar un mensaje en defensa de los derechos humanos incumpliría, de hecho, con el currículo escolar establecido por la comunidad: “Pensamos que denunciar un genocidio es poner en práctica lo que la ley establece”.

Según su portavoz, Marea Palestina estudiará en su asamblea de esta tarde la respuesta de la plataforma a estas restricciones que, dicen, distan mucho de la postura del Gobierno de Ayuso cuando Ucrania protagonizaba estas actividades en favor de la paz para denunciar la invasión rusa. “Apoyó, respondió y participó”, asegura. El pasado martes, cinco miembros de la plataforma fueron recibidos por la Comisión Internacional de Cooperación al Desarrollo en el Congreso de los Diputados, donde elevaron sus quejas sobre el silenciamiento por parte de la Consejería de Educación madrileña.

Aluvión de críticas

El portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, ha criticado este miércoles en la sede del partido esta prohibición del gobierno regional: “¿Por qué en una escuela no se pueden hacer actos de conmemoración por los niños gazatíes que están bajo las bombas? Pues esa es una pregunta que tiene que contestar la gran abanderada de la libertad, pero que quiere libertad solo para ella y para los que piensan como ella”.

De hecho, desde su partido han anunciado que emprenderán “acciones legales en cuanto esta orden ejecutiva se haga oficial”. Así lo ha adelantado su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, en unas declaraciones en las que ha añadido: “Prohibir las banderas de las instituciones públicas es liberticida e inmoral, pero también es ilegal”.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha arremetido también contra Ayuso, a la que ha llamado “amiga de genocidas”, y ha considerado “extraordinariamente grave” la restricción por tratarse de una “vulneración de la libertad de expresión”. Así lo ha dicho antes de abandonar el Congreso, donde ha acudido a la sesión de control al Gobierno, para reunirse con un grupo de escolares y docentes de la Comunidad de Madrid que están llevando a cabo actividades de apoyo al pueblo gazatí. Además, ha garantizado que su ministerio va a poner a disposición de esos grupos de escolares “que están movilizándose de manera solidaria para reivindicar los Derechos Humanos y el fin del genocidio”, “instalaciones y recursos” para que puedan seguir haciéndolo.

También el secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado a la presidenta madrileña de “miserable”, “progenocida” y “sinvergüenza”: “La señora Ayuso es una miserable. La señora Ayuso es una progenocida y es una auténtica ignominia”, ha asegurado en una rueda de prensa como procurador en las Cortes de Castilla y León.

A su vez, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado en su perfil en X el veto del Gobierno de la Comunidad de Madrid a símbolos y actividades de apoyo a Palestina en colegios e institutos. “La libertad educativa de Ayuso: financiar con 38 millones a colegios privados que segregan por sexos, dejar a más de 60.000 familias sin saber si tienen beca y prohibir visibilizar el genocidio en Palestina”, ha escrito.

El consejero madrileño de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha anunciado este martes que padece cáncer y que se retira provisionalmente del cargo para someterse a una operación quirúrgica. En un desayuno con periodistas en la Consejería, ha explicado que en una visita médica ordinaria le detectaron este problema de salud y que recibirá un tratamiento oncológico en la sanidad pública, informa Europa Press.

De 53 años, Rodrigo ocupa el cargo desde 2003, en una consejería de la Comunidad de Madrid en la que se ha puesto al frente de varios proyectos centrales del Gobierno de Ayuso, como el plan de choque de vivienda, que incluye el Plan Vive; la automatización de la línea 6 de Metro, que ha obligado ha realizar importantes modificaciones en la movilidad de la capital; o la próxima apertura en noviembre de la 7B.

Debido al proceso oncológico, dejará “durante unas semanas” tanto las funciones en la Consejería como la actividad parlamentaria. También se apartará como presidente del PP del distrito de Salamanca. “Estoy con ganas, con ilusión y sobre todo con mucha fortaleza”, ha explicado el propio Rodrigo, que ha resaltado la importancia de la prevención en materia de salud.

Previsiblemente, el Consejo de Gobierno de este miércoles será el último acto al que asista durante un breve periodo de tiempo. De momento, no se ha concretado quién le reemplazará.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha trasladado un mensaje de apoyo al consejero. “Querido Jorge Rodrigo, tienes a tu partido y a toda tu gente a tu lado para ganar esta batalla. Mucha fuerza amigo. ¡Vencerás! Un fuerte abrazo amigo mío”, ha escrito en redes sociales.

También la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha enviado un mensaje de apoyo al consejero en sus redes sociales: “Cuando la salud está en juego las diferencias políticas no importan. Jorge Rodrigo, tienes todo nuestro cariño y te deseamos una pronta recuperación”.

No hay acuerdo. Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid continuarán en huelga indefinida tras la finalización de la reunión a tres que han mantenido este jueves los representantes de los trabajadores (UGT, Firet y CGT) con el Gobierno de Ayuso y Tragsa -la empresa estatal que presta el servicio-. Según el representante de UGT, Rafael Fernández, este encuentro ha sido “lamentable” por la falta de iniciativa por parte de ambos interlocutores y ha asegurado que estudiarán las siguientes acciones de los trabajadores en huelga.

La Consejería de Medio Ambiente ha hecho una propuesta de subida de salario “irrisoria”, en palabras del portavoz del comité de empresa Julio Chana. Este aumento retributivo se limita, según estas fuentes, al cumplimiento de la ley estatal de bomberos forestales de 2024, que establece unos incentivos por peligrosidad y toxicidad de 136 euros mensuales, una cantidad que continúa lejos de las reclamaciones de los convocantes de la huelga, que recuerdan que llevan diez años con el salario congelado en 1.300 euros. “La reunión ha sido totalmente insuficiente”, ha añadido.

La negociación de un nuevo convenio colectivo para brigadas forestales de la Comunidad de Madrid es otra de las peticiones que ha quedado sin respuesta por parte de la administración. Según la consejería, se trata de una responsabilidad exclusiva de Tragsa, mientras que ésta “se niega en rotundo a todo”. Fernández teme que, sin una negociación abierta para un nuevo convenio y la negativa de la comunidad para asumir la gestión del servicio, el nuevo encargo a Tragsa que comenzará en 2026 suponga “cuatro años más de precariedad”.

En cuanto a la reducción de la temporalidad, el consejero, Carlos Novillo, anunció el pasado miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que habían acordado un aumento de la plantilla de prevención durante el invierno hasta los 425 brigadistas, una condición que se reflejará en el nuevo encargo que se haga a Tragsa para comienzos de año. Desde UGT denuncian que este aumento de la plantilla permanente también implicará una reducción de los trabajadores que trabajan en la extinción durante los meses de verano, que pasarán de los alrededor de 500 actuales a los mismos 425 que prestarían servicio durante el invierno. “Nos toman el pelo a los brigadistas y a todos los madrileños”, ha denunciado Fernández tras la reunión en conversación con este periódico.

Por su parte, la empresa pública Tragsa ha señalado que valora “positivamente” la reunión informativa de este jueves en la que se han puesto sobre la mesa lo que la Comunidad de Madrid está “dispuesta a introducir en el nuevo encargo” para las brigadas forestales. Según recoge Europa Press, la empresa ha asegurado que “acatará y aplicará” las nuevas condiciones que se recojan en el nuevo encargo. “El Grupo Tragsa solicitará las autorizaciones oportunas para materializar las condiciones que establezca el encargo”, añaden. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, repite las palabras del comité de empresa para referirse a la propuesta de subida salarial. “Es algo irrisorio”, ha señalado, comparando la gestión “negligente” de Isabel Díaz Ayuso en los incendios con la de Carlos Mazón, presidente valenciano, durante la DANA.

Mientras tanto, el comité de empresa de los bomberos forestales madrileños mantienen convocada la huelga indefinida y no tienen prevista próximamente otra reunión a tres para continuar con las negociaciones. En cambio, en las próximas semanas celebrarán una Asamblea de Trabajadores y plantearán posibles siguientes acciones para mantener el pulso por sus reclamaciones: una subida salarial suficiente, estabilidad en la plantilla, un reconocimiento de la peligrosidad de su trabajo y la negociación de un nuevo convenio.

Durante la reunión que mantuvieron la semana pasada el presidente de Tragsa, Jesús Casas, y el consejero madrileño, Carlos Novillo, la Comunidad de Madrid propuso que los bomberos forestales autonómicos se acogieran al convenio estatal por el que se rigen las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), un cuerpo estatal cuyo estatuto fue revisado hace menos de dos semanas por el Ministerio de Transición Ecológica. Sin embargo, los bomberos forestales madrileños lo han rechazado porque consideran que no se adapta a las especifidades de su trabajo, ya que prestan servicio en planes y administraciones particulares.

La exconsellera de Famílies i Assumptes Socials, Catalina Cirer, ha traspassat aquest dilluns la cartera a Sandra Fernández, nova titular de la Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, en un acte carregat d'emotivitat, amb somriures i abraçades còmplices entre ambdues.

Aquest ha estat el primer traspàs de carteres de la jornada, dins de la reestructuració del Govern anunciada per la presidenta Marga Prohens. A les 11 hores està previst el relleu d'Alejandro Sáenz de Sant Pere i Antònia Estarellas, titulars sortints de Treball i Funció Pública, respectivament, els qui lliuraran les seves carteres a la nova consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, Catalina Cabrer.

Cirer, que divendres passat va comparèixer de manera pública després de conèixer-se el seu relleu, va explicar que deixava el càrrec “amb una certa pena” per no haver pogut culminar tots els projectes encomanats, encara que també “tranquil·la” i confiada en la labor de la seva successora. Amb aquesta sortida, Cirer posa fi a una trajectòria política de 32 anys en la qual ha ocupat càrrecs com a consellera en dues etapes, delegada del Govern, alcaldessa de Palma i consellera insular.

Per part seva, Sandra Fernández, que va prendre possessió del càrrec dissabte passat en un acte institucional en el Consolat de Mar, va voler expressar un agraïment “molt especial” a Cirer. La nova consellera va assegurar afrontar aquesta nova etapa “amb moltes ganes” i amb el compromís de treballar, com ha fet sempre, “de la mà dels professionals, dels funcionaris d'aquesta casa i també, per descomptat, de les entitats del tercer sector social”.

La exconsellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha traspasado este lunes la cartera a Sandra Fernández, nueva titular de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, en un acto cargado de emotividad, con sonrisas y abrazos cómplices entre ambas.

Este ha sido el primer traspaso de carteras de la jornada, dentro de la reestructuración del Govern anunciada por la presidenta Marga Prohens. A las 11 horas está previsto el relevo de Alejandro Sáenz de San Pedro y Antònia Estarellas, titulares salientes de Trabajo y Función Pública, respectivamente, quienes entregarán sus carteras a la nueva consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer.

Cirer, que el pasado viernes compareció de forma pública tras conocerse su relevo, explicó que dejaba el cargo “con cierta pena” por no haber podido culminar todos los proyectos encomendados, aunque también “tranquila” y confiada en la labor de su sucesora. Con esta salida, Cirer pone fin a una trayectoria política de 32 años en la que ha ocupado cargos como consellera en dos etapas, delegada del Gobierno, alcaldesa de Palma y consellera insular.

Por su parte, Sandra Fernández, que tomó posesión del cargo el pasado sábado en un acto institucional en el Consolat de Mar, quiso expresar un agradecimiento “muy especial” a Cirer. La nueva consellera aseguró afrontar esta nueva etapa “con muchas ganas” y con el compromiso de trabajar, como ha hecho siempre, “de la mano de los profesionales, de los funcionarios de esta casa y también, por supuesto, de las entidades del tercer sector social”.

La preocupación ante los casos de fugas y desapariciones de menores tutelados por el Principado ha llevado a los responsables de los organismos implicados en la protección de los adolescentes a buscar las herramientas que les permita actuar “con mayor diligencia y seguridad” en la resolución de estas ausencias, en unos casos voluntarias y, en otras, involuntarias.

Las labores de coordinación se han traducido en la elaboración de un nuevo protocolo que se ha estado diseñando a lo largo de nueve meses.

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha presidido hoy, martes, en Oviedo la reunión sobre el nuevo protocolo de actuación en la que han estado representados todos los estamentos, organismos y entidades implicadas a través de sus máximos representantes: centros de menores, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Fiscalía de Menores y la Consejería de Servicios Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano.

Nueve meses de trabajo

“El proceso de elaboración del protocolo ha sido arduo, pero al final ha dado fruto en una herramienta que optimiza la colaboración entre los diferentes actores involucrados”, ha señalado la delegada.

El perfil de la Delegación del Gobierno en Asturias en la red social X ha dejado constancia de la buena sintonía que ha marcado el desarrollo de esta reunión y donde se ha resaltado el esfuerzo conjunto para proteger a los menores “de manera más temprana y eficiente”. A continuación reproducimos el post.

Adriana Lastra ha explicado que el objetivo de este nuevo marco de actuación va encaminado a mejorar la asistencia a los menores desaparecidos, “independientemente de que se trate de desapariciones voluntarias, involuntarias o fugas de corta duración.” 

Una respuesta más ágil

La delegada ha destacado que este protocolo permitirá ofrecer una respuesta mejor ante situaciones de fuga o desaparición, mejorando la coordinación entre los centros, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

Por su parte, la consejera Marta del Arco ha resaltado que el protocolo consta de una primera fase de prevención, una segunda de mejoras en coordinación con policías y guardias civiles y una tercera donde se incorpora un modelo único de denuncia por desaparición.

Las “bondades” del protocolo

En la fase preventiva, los centros recopilarán la información de contactos de los menores y adolescentes. Se recogerán datos tanto de sus contactos en redes sociales como de lugares que frecuentan y esta información será clave para los agentes, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, cuando tengan que abordar la investigación ante un caso de desaparición de un menor de un centro de acogimiento residencial.

La segunda “bondad” del protocolo pasa por la coordinación directa de los responsables de los centros con la persona designada en la comisaría de Policía o el cuartel de la Guardia Civil entre otras vías a través de correos electrónicos y teléfonos concretos.

Un modelo único de denuncia

El nuevo protocolo incorpora un modelo único para la Policía y la Guardia Civil sobre la denuncia por desaparición de menores y reintegro al centro, de manera que “se agiliza mucho” la tramitación administrativa porque “facilita la interposición de la denuncia y la retirada de la misma”, ha señalado del Arco.

“Estamos de enhorabuena”, ha explicado la titular de Servicios Sociales en referencia al protocolo, ya que ahonda en la protección de los niños, niñas y adolescentes en acogimiento residencial con “historias de vida duras”, y mejora la coordinación entre todos los organismos implicados.

La Consejería de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja amplía su estructura con la creación de una nueva Subdirección General para, según dice, “incrementar la calidad en la gestión del servicio público educativo”. Así la nueva Subdirección General de Recursos Humanos dependerá de la Dirección General de Gestión Educativa y su finalidad será “continuar incrementando la calidad en la gestión del servicio público educativo y fortalecer tanto los servicios administrativos como la propia goberananza de la Administración educativa”, insisten desde el Ejecutivo regional.

Así, la nueva Subdirección General de Recursos Humanos permitirá además, “una mayor especialización y seguimiento de los aspectos relacionados con el personal docente de los centros públicos”. La nueva subdirectora general de Recursos Humanos es Marta Azofra Salaverri, licenciada en Derecho y funcionaria de carrera del cuerpo de Gestión de la Administración General del Gobierno de La Rioja desde el año 2009, y que hasta ahora desempeñaba la Jefatura de Sección de Nóminas de Personal Docente. 

Además, se produce un relevo en la Dirección General de Gestión Educativa que pasará a ser ocupada desde este momento por el actual Jefe de Inspección Técnica Educativa, Luis Manuel Herce, una vez que Carolina Fernández ha comunicado su decisión de finalizar su etapa como directora general por motivos personales. 

Luis Manuel Herce es diplomado en Magisterio, licenciado en Historia y Ciencias de la Música y funcionario de carrera de los cuerpos de Maestros (2010) y de Inspectores de Educación (2023). Como docente, ha sido Jefe de Estudios del CRA Valle del Linares desde 2013 a 2016 y ejerció como director del mismo centro entre los años 2016 y 2020. A partir de este año se incorpora a la Inspección Técnica Educativa y desde 2023 desempeña el cargo de Inspector Jefe. 

Refuerzo administrativo y nuevas jefaturas

Dentro del ámbito de la gestión de recursos humanos, a nivel administrativo, la Consejería de Educación y Empleo ha creado una jefatura de Área de Presupuestos y Costes de Personal. Además, para reforzar este departamento, desde la pasada semana se han incorporado dos nuevos administrativos de refuerzo y en los próximos días se unirá un nuevo funcionario del cuerpo de Gestión de la Administración General. 

En otros departamentos de la Consejería se reordenan algunas secciones que se transforman, junto con la anterior Área de Presupuestos y Costes de Personal, en tres nuevas jefaturas de gran importancia estratégica. En concreto, Gestión Económica y Contratación, de la Dirección General de Gestión Educativa; la Económico-Presupuestaria, dependiente de la Secretaría General Técnica; y la de Planificación, Estadística y Fondos, de la Dirección General de Empleo. 

Por otra parte, se cambia la denominación del Servicio del Centro Riojano de Innovación Educativa que pasa a llamarse Servicio de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, reconociendo formalmente unas funciones más amplias que ya tenía atribuidas, más allá de las de mera gestión del mencionado centro. A su vez, el Centro Riojano de Innovación Educativa (CRIE) queda adscrito orgánicamente, como centro docente, a la Dirección General de Innovación y Ordenación Educativa, potenciando de este modo su carácter docente y no meramente administrativo.

Por último, el consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, ha expresado su agradecimiento a Carolina Fernández, hasta ahora directora general de Gestión Educativa, por el trabajo realizado, “habiendo demostrado ampliamente su compromiso inequívoco con la mejora educativa, así como una gran disposición de servicio y lealtad profesional”. 

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha dimitido de su cargo para salvar su plaza como funcionaria pero, según ha informado el Ejecutivo foral en una nota de prensa, tras la toma de posesión regresará al Gobierno de la socialista María Chivite.

En la nota de prensa se explica que la presidenta Chivite ha firmado este miércoles el cese “a petición propia” de la consejera y portavoz del Ejecutivo para realizar “el acto de toma de posesión de una plaza como técnica de Desarrollo y Empleo en el Ayuntamiento del Valle de Egüés, puesto que ha obtenido en un proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal celebrado por la entidad”. según añaden, se trata “de una interrupción de funciones temporal” hasta que se resuelva el trámite.

“Se prevé que una vez celebrado este acto administrativo, cuya fecha ha sido fijada en la resolución de nombramiento del proceso, la presidenta Chivite vuelva a nombrar consejera y portavoz a Amparo López, lo que permitirá que el Ayuntamiento del Valle de Egüés le declare en situación de excedencia forzosa”, se detalla en el comunicado. 

Durante este periodo “transitorio”, la presidenta María Chivite Chivite ha encargado al vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna Monzón, la asunción de las funciones de consejero de Interior, Función Pública y Justicia. “De esta manera se garantiza la plena prestación de servicios en el Departamento. Estos nombramientos no supondrán ningún cambio en la estructura departamental, ni en los puestos directivos o de personal del gabinete”, apostillan desde el Ejecutivo navarro.

En la Región de Murcia, las asociaciones por los derechos del colectivo LGTBIQ+ funcionan pese a las instituciones públicas, no gracias a ellas: una ley de 2016 maravillosa sobre el papel, pero que no termina de arrancar; un Observatorio LGTBIQ+ fantasma, y una ristra de consejeros de Igualdad que, cuando más han ayudado, ha sido el momento en el que han caído en la más absoluta irrelevancia.

Es por ello que sorprende que alguien haya podido aguantar diez años de lucha al frente de cualquier colectivo en defensa de los derechos LGTBIQ+. Finalmente, Jesús Costa, antiguo presidente de No Te Prives, ha dado un paso atrás para que caras nuevas puedan dar un paso al frente. Este medio ha hablado con su sucesor, Germán Echevarría, y con el vicepresidente y responsable del Área Trans, Félix Peñalver. 

Germán, eres de Madrid, ¿cómo compararías la aceptación del colectivo en Murcia y en la capital de España?

Germán: Son mundos diferentes, pero también es muy diferente Murcia de Beniel.

Este año estuve en el Orgullo de Beniel, éramos 50 ó 60 en la plaza siendo generoso y la mitad éramos de fuera. La gente nos miraba como si hubiera venido el circo.

En Murcia voy siempre de la mano con mi pareja por la calle, alguien siempre mira, pero es inevitable. Y hay varias zonas, como la plaza de la universidad, que es bastante diversa.

Hay quien dice que en Murcia apenas queda ambiente.

G: De ambiente como tal están el Temperatura Ambiente y Piscis. Luego vas a la Sala Rem y hay muchísimo marica por metro cuadrado.

Félix: En todos los sitios te encuentras con un grupito queer. Si no lo encuentras, es el tuyo.

Dejando el ocio a un lado, ¿qué novedades trae la nueva directiva?

G: Hemos apostado por feminizar el colectivo. Si eres mujer y trans tienes muchas cosas en tu contra. De hecho, hace poco tuvimos el primer encuentro de mujeres de la Asociación.

¿Cómo se va a feminizar No Te Prives si apenas hay mujeres en la junta directiva?

G: Queríamos, de hecho, que el colectivo lo presidiera Luisa Guinea -actual vocal de organización de eventos- porque es una persona muy respetada dentro del mundo lésbico en Murcia, pero no podía por motivos personales. 

De momento tenemos poquitas socias, algo que queremos arreglar.

El colectivo LGTBIQ+ ha pedido la dimisión de Isabel García, nombrada directora del Instituto de la Mujer, ¿cuál es la postura de No Te Prives?

F: Llama mucho la atención la evolución que ha habido en el Ministerio de Igualdad. No estamos para nada contentos dentro del colectivo trans. 

Cuando salió la nueva ministra lo primero que nos preguntamos fue si era terf [tránsfoba] o no. No sabemos posicionarla porque desde entonces ha ido dando bandazos. El 25 de noviembre apareció en la manifestación de Madrid organizada por la parte en contra de los derechos trans, pero en diciembre soltó un discurso de unión y apareció en la manifestación de Madrid a favor de los derechos LGTBIQ+.

Es extraño que un nombramiento como este venga justo cuando había paz entre Sumar y el PSOE.

F: Nos preguntamos por qué esta persona, sobre todo por su historial. No creo que vaya a defender a todas las mujeres.

Pues nos movemos a temas regionales...

G: No me digas más, ¿me vas a preguntar por Antelo?

¿Cómo lo has adivinado?

G: Y querrás que responda a las declaraciones en las que dijo que nos iba a dejar sin dinero al lobby LGTBIQ+.

Si quieres empezamos por ahí.

G: Me encantaría que la próxima vez que alguien entreviste a Antelo nos dijera en qué año se ha dado un solo céntimo de euro al colectivo. 

F: Lo único que se da viene desde Educación para las charlas, de Salud para las pruebas…

G: Pero no es dinero de la Región, siempre de Ayuntamientos independientes como el de Molina de Segura, con el que hemos llegado a un acuerdo que se renueva solo cada año. Y fíjate que ahora están el PP y Vox.

Como decís, la falta de dinero para el colectivo en los presupuestos viene de antes. Este año por ejemplo solo se van a destinar 4.500 euros al Observatorio LGTBI.

G: Eso es una puerquez, con 4.000 euros ¿qué estudios vas a hacer?

F: Estamos hablando de un Observatorio que se abrió dos días, se puso la inauguración el Día del Orgullo a sabiendas de que los colectivos no podríamos asistir. Ese dinero no sirve ni para reabrirlo.

G: Pero, como se puede ver, es falso que el dinero vaya a algún colectivo. Está bien que Antelo quiera hacerle ese guiñito a sus votantes pero es, como diría Conchita la del polígrafo, falso.

Y por último, 60.000 euros de presupuesto al Punto Arcoíris de Cartagena.

G: Algo es algo. Pero el Punto Arcoíris debería estar en el resto de municipios.

¿Deben preocuparnos las medidas que Vox dice aplicar mientras esté en el Gobierno, aunque no sean ciertas, como el famoso veto parental?

G: En las charlas que imparte nuestro colectivo con la técnico de Educación Parental ha habido veces que en un centro ha empezado la charla y se han levantado alumnos, han dicho que sus padres no quieren que asistan y se han ido. 

Hemos intentado hablar con el centro y les han dicho que los padres están en su derecho. 

Las charlas son como una asignatura, como lengua o matemáticas.

G: Están aprobadas por currículum y los niños tienen que asistir a esa charla. No pueden irse así porque sí, ni el centro puede lavarse las manos. 

¿Están calando los mensajes de Vox en la sociedad?

G: Claro y evidente, pero no solo aquí en la Región, también a nivel nacional. De hecho, no hay más que ver que los delitos de odio han estado subiendo año tras año.

Nos tenemos que preocupar por esta gente. Empezando con los maravillosos mensajes de odio que envían hacia ciertos colectivos entre los que, por desgracia, estamos nosotros. 

Para ellos somos el lobby LGTBIQ+ -que no sé a quién del lobby le pagarán- porque nosotros lo único que hacemos es perder dinero y tiempo que podríamos dedicar a nuestros hijos, parejas, o perros. Un tiempo libre que podría emplear en bailar tango y mil cosas más y, en cambio, lo tengo que emplear aquí.

Avanzar en el relevo generacional, ajustar la aplicación de la nueva PAC y la innovación y modernización del sector agroganadero serán las prioridades de la Consejería de Agicultura, Ganadería y Desarrollo Rural para el próximo año.

Este es el adelanto que el consejero Julián Martínez Lizán ha realizado ante la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Castilla-La Mancha donde ha comparecido para dar cuenta de la ejecución presupuestaria de este ejercicio y desgranar el presupuesto para 2024.

Así, el presupuesto para el próximo año de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ascenderá a 1.386 millones de euros “para seguir aumentando el peso específico del sector en la región, que supone el 18 por ciento del PIB y que ha sido incrementado en apenas ocho años en seis puntos pasando del 12 al 18 por ciento”. La mayor partida de la Consejería será la destinada a la PAC con 834 millones de euros.

Respecto a la ejecución presupuestaria el consejero también ha señalado que en el ejercicio financiero FEAGA/ FEADER (16 octubre-15 octubre), se ha pagado al sector agrario 1.109 millones de euros a los que hay que sumar otros 7,4 de ayudas a la suscripción de seguros agrarios y otros 19,2 millones más pagados en materia de sanidad animal para atender las necesidades del sector, “sobre todo por las causas sobrevenidas que este sector ha tenido y que han supuesto un varapalo importante”.

Además de destacar este primer año de aplicación de la nueva PAC en el que se ha demostrado que “Castilla-La Mancha sale ganando”, Martinez Lizán ha recordado que la última convocatoria de reestructuración de viñedo se ha resuelto por 63,2 millones de euros, casi el doble de la cantidad del anterior período cuando fueron 35,2 millones las ayudas destinadas a este fin. Estos más de 63 millones estarán destinados a operaciones, en los años 2024 y 2025, en más de 7.000 hectáreas y beneficiarán a más de 2.100 viticultores y viticultoras de la región.

Por lo que respecta a la ejecución del Plan de Desarrollo Rural, Martínez Lizán ha destacado que Castilla-La Mancha, con un 81,6 por ciento, está cuatro puntos por encima de la media nacional, “cifras que indican que nos tomamos muy en serio la gestión de los proyectos de las zonas rurales para mejorar la competitividad del sector agroganadero; realizar una mejor gestión sostenible de los recursos naturales o conseguir que el desarrollo económico y sostenible del medio rural entre otros retos”.

Presupuesto para 2024

Entre los proyectos más importantes para el próximo ejercicio, Martínez Lizán ha destacado los 120 millones para el pago de ayudas a incorporación de jóvenes y mejora de explotaciones; las próximas convocatorias de todas las líneas de ayuda dirigidas a mejorar la transformación y comercialización de productos agroalimentarios, es decir, FOCAL, ayudas a la creación de agrupaciones de productores o de canales cortos de comercialización, ayudas para la realización de proyectos piloto o para la participación y promoción de regímenes de calidad.

Uno de los aspectos más importantes de la comparecencia han sido los relativos a la sanidad animal, dado los problemas del último año con la viruela ovina y la enfermedad hemorrágica epizótica. En este sentido, el titular de Ganadería ha informado que, en 2024, el presupuesto destinado a sanidad animal se incrementa un 13,4 por ciento, pasando de 29,3 a 37,9 millones. “Es una partida que nos gustaría, sinceramente, no poner encima de la mesa porque significaría que no habría problemas, pero siendo conscientes de la realidad creemos importante atender las dificultades que, en este caso los ganaderos, además por cuestiones climáticas, están pasando sería dificultades”, ha recalcado.

Ejecución y sanidad animal, en el punto de mira

Precisamente ha sido la sanidad animal junto a la ejecución presupuestaria de este año lo que ha protagonizado buena parte de las preguntas y del debate de los grupos parlamentarios de PP y VOX.

Tanto la popular Lola Merino como el diputado de Vox David Moreno ha pedido a Martínez Lizán que “no siga la senda de su antecesor”. Merino ha puesto el acento en la falta de ejecución presupuestaria señalando que la Consejería tiene este año “800 millones sin pagar. A 27 de octubre solo ha pagado 592 millones de los 1407 millones de euros y estamos a mes y medio de acabar el año. Esto es una auténtica barbaridad y despropósito”.

David Moreno por su parte ha subrayado la situación de las explotaciones ganaderas en un año  “dramático para los profesionales de explotaciones, por la viruela, la sequía, y la enfermedad hemorrágica”. A su juicio, las medidas se tomaron tarde cuando ya se estaba en alerta por los casos ocurridos en Andalucía y también ha criticado la escasez de las ayudas ya que “el pago ha sido a precio de carne y no a costes de mercado lo que está generando dificultades para reponer ese ganado en las explotaciones”.

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El presidente del Principado, Adrián Barbón, ya ha desvelado los nombres de su nuevo ejecutivo. Un gobierno de coalición con Convocatoria por Asturias del que sólo se conocía el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, correspondiente al socio de gobierno de los socialistas, Ovidio Zapico.

Como hacían presagiar todas las quinielas que se han hecho estos días, la número dos del ejecutivo de Barbón será la hasta ahora Secretaria de Organización de la Federación Socialista Asturiana, Gimena Llamedo. El presidente da así un peso político importante a su equipo. Llamedo ostentará además de la vicepresidencia la cartera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo.

Del anterior ejecutivo repiten el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, que lo será ahora también de empresas, formación y empleo y adquiere la Formación Profesional para orientarla al mundo laboral; la consejera de Educación, Lydia Espina; la de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, que pierde en este mandato vivienda, ahora en manos de la consejería de los socios de gobierno, y Alejandro Calvo cuya cartera se denominará ahora Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios.

Como nuevos nombres aparecen Concepción Saavedra, que será la titular de Salud; Nieves Roqueñí, hasta ahora viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, que se hará cargo de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico y que contará para asuntos industriales con una viceconsejería; Marcelino Marcos, al frente de Medio Rural y Guillermo Peláez, que será el nuevo responsable de Hacienda, abogado y hasta ahora en el cuerpo de Inspectores del Estado.

Un gobierno paritario con diez consejerías, las mismas que en la legislatura anterior, pero que se reforzarán en el segundo escalafón de poder, con viceconsejerías y direcciones generales. Llama la atención que no exista ninguna cartera específica de cultura, el presidente del Principado ha preferido que estas competencias queden bajo su mandato directo con una viceconsejería, a su cargo, de Cultura, Política Llingüística y Deporte que ostentará la escritora asturiana Ana Vanesa Gutiérrez, quien durante los últimos cuatro años fue la jefa de gabinete de la Consejera de Cultura, Berta Piñán.

Barbón ha destacado que en su nuevo equipo hay dos mujeres independientes, Concepción Saavedra y Nieves Roqueñí, y después de agradecer a los consejeros salientes el trabajo que han prestado en la última legislatura, pasando por momentos “muy difíciles”, ha apuntado que este ejecutivo busca abrir “una nueva etapa”.

Los consejeros y consejeras tomarán posesión de sus cargos el próximo día uno de agosto y será al día siguiente cuando se reunirá el primer consejo de gobierno en Cangas de Onís. Ese día conoceremos, previsiblemente, quién ostentará la portavocía del ejecutivo, una de las incógnitas que este sábado el presidente del Principado no ha revelado.

Sitio o punto del camino en que los viajeros pueden apearse y es cómodo para descansar

Diccionario de la RAE

El magistrado en excedencia Enrique López acaba de pedir la baja como militante del Partido Popular. Así sabemos que el soldado López, el buen soldado que tantos servicios prestó con la toga, se había tenido finalmente que afiliar. Un poco como cuando los seductores decadentes tienen que poner en el WhatsApp la foto de la novia de turno, porque no les basta con sus encantos y su labia para convencer de que son fieles.

No nos comunicó López cuándo salió del toguero popular y se hizo el carné y, sin embargo, nos lo avisa ahora para que todo el mundo sepa que está preparando su regreso a la Audiencia Nacional, si alguien no lo remedia. Él quiere que lo remedien, que quede claro, o bien haciéndole hueco en otro pesebre o bien proponiéndole la entrada en un despacho de abogados que esté dispuesto a soltar una billetada por sus contactos. De momento no hay candidatos a ninguna de ambas cosas y por eso el tribunal de Génova corre un grave riesgo de que López vuelva a cruzar la calle.

Enrique López lleva haciendo política a favor del PP desde que abandonó su modesto juzgado mixto de León para convertirse en vocal del CGPJ. Desde entonces la Audiencia Nacional —a la que llegó sin escalafón suficiente y sin haber puesto una sola sentencia por delito en su vida— se ha convertido en una especie de apeadero para él, en el que recala cuando el mundo que de verdad le gusta lo escupe como un güito. Allí llegó desde el CGPJ, esperando un ministerio que no llegó ni llegará, y allí recaló de nuevo cuando, justicia poética, la comisión de un delito de conducción ebria en plena Castellana le obligó a dejar su insólita plaza como magistrado del Constitucional. Mediante una trampilla similar a la que le permitió pillar plaza teniendo un mil del escalafón, se convirtió en magistrado de la Sala de Apelaciones, la que revisa todas las decisiones que toman los demás, que le espera para los momentos malos que parece que han llegado de nuevo. Momentos malos para él, entiéndame, para los ciudadanos llegaron entonces.

López no ha tenido prurito al desafiliarse en reconocer que la razón por la que militaba en el PP no era otra que cumplir un requisito para medrar, es decir, para formar parte de la dirección del partido con Casado. “Ahora que no formo parte no veo la necesidad de seguir estando afiliado”, ha dicho. Ahora que lo que toca es volver a poner cara de juez, toca borrarse. La verdad es que se quedó en medio en la riña de los niñatos o, más bien, se puso en el lado equivocado. Son riesgos que corres cuando trocas la toga por el partido. No tienes que decidir qué parte lleva razón, sino que has de decidir en qué parte no corres peligro. Lo hizo mal y se quedó con el culo al aire. La toga, ya saben, cubre mucho.

López llegó a secretario de Justicia en la Ejecutiva del PP por mano de Casado y también así a consejero de la Comunidad de Madrid con Ayuso. Por Casado apostó cuando tocó decidir a qué santo poner la vela—en este caso, la mascarilla del hermano, recuerden aquella rueda de prensa a la que se negó a ir— y la vela se le ha apagado. En el mundillo saben que ha estado tirando cables para irse a algún despacho pero, hasta el momento, no ha dado resultado. No sé, tal vez leyendo esto alguno se anime, y así aleje el cáliz de un tribunal y de los ciudadanos que allí esperen obtener justicia.

La cuestión vuelve a poner sobre la mesa el extraño privilegio del que disfrutan las personas que forman parte de las carreras del Estado. Con una oposición no sólo obtienen plaza para toda la vida —que esa es la finalidad y la independencia— sino que consiguen una segunda opción para siempre. Son las únicas personas de este país que no arriesgan nada si se van a la política, a la empresa privada, si se convierten en profesionales liberales o si emprenden y no arriesgan porque, de salir mal, durante toda su vida pueden volver a su carrera. Esta circunstancia, en mi opinión, no sólo supone un agravio comparativo con el resto de ciudadanos de a pie, que para ser diputados o tener cargos públicos han de abandonar sus actividades personales o sus empleos a los que al cabo de décadas difícilmente podrían volver, sino que es también un agravio comparativo con el resto de sus compañeros de carrera que se quedan haciendo su trabajo, cada vez más emputecido, mientras ellos consiguen laureles, gloria y dinero con las espaldas cubiertas. Esta cuestión tiene miga. Robles ha obligado en el Ejército del Aire a que los pilotos que lo abandonen para irse a ganar pasta a la aviación civil tengan que reembolsar al Estado el dinero invertido en su formación en las condiciones marcadas por la ley. ¿Creen que los juristas de carrera que van a otras profesiones o bufetes no están usando para ello la formación que hemos pagado todos durante su ejercicio profesional? Pues pregúntenles a los abogados del Estado, por ejemplo.

En el caso concreto de los jueces es en el que más se agudiza ese vaivén entre la política y el ejercicio jurisdiccional, porque haciendo política hacen amigos y enemigos manifiestos, porque se declaran defensores de un programa y porque hacen o no hacen según qué cosas. ¿Cómo volver de ahí a juzgar? Fíjense que el caso es más peliagudo que el de los fiscales que, siendo parte, no deciden nada sobre un ciudadano, pero los jueces ¡ay! sí. Mucho se gritó contra Dolores Delgado y, sin embargo, nada se dijo de que Juan Carlos Campo, él también político profesional como López, pasara de ser ministro a la Audiencia Nacional. ¡Para esto ha quedado la Nacional, de apeadero! Esto, ya les digo, no pasaba cuando corrías riesgo de que te pegaran dos tiros. Entonces el vaivén de los políticos con toga no miraba hacia ese lado de la plaza. 

En el nonato acuerdo alcanzado para la renovación del CGPJ —abortado luego por Feijóo— los dos principales partidos habían incluido una cláusula que pretendía exigir un periodo cápsula de dos años para que desde la política se pudiera volver a vestir una toga. No era tan loco. En la ley de 1997 se establecía la figura de “una excedencia forzosa durante tres años durante los cuales no podrán reintegrarse al servicio activo salvo que obtengan por concurso una plaza o destino sin potestad jurisdiccional”. O sea, de juzgar nada de nada en tres años. Esa norma se abolió en 2007 y más tarde Zapatero hizo otra modificación para que el cazador dimitido, Mariano Fernández Bermejo, pudiera volver como fiscal de Sala al Tribunal Supremo. La modificación establecía que el tiempo que hubieran permanecido en la política se consideraría como situación de servicios especiales, por lo que no perdían la antigüedad. El pacto frustrado afectaba a otros tantos, como Llop y Marlaska, además de a López, y suscitó presiones. No apuntó a Robles porque Lesmes ya le hizo una jugada y le quitó la condición de magistrada del Tribunal Supremo por estar en la política. Se trata de una cuestión de importancia alimenticia sustancial para todos los que transitan.

Esta vieja cuestión se debatió en la ponencia constitucional y en ella no ganó el planteamiento que quería permitir que jueces y fiscales se pudieran afiliar y sindicar como en la II República, defendida por nacionalistas, socialistas y comunistas. En aquella constitución del 31 podían militar pero no aceptar cargo alguno procedente de un partido. Prevaleció la posición completamente contraria, la que les impide militar pero admite que vayan y venga como un péndulo o, mas bien, que usen los tribunales de Justicia como apeaderos de sus ambiciones políticas. Desde entonces se han ido toqueteando las legislaciones para favorecer al de turno.

Ya les advertí hace dos años de que corríamos el peligro de que López volviera a vestir una toga y eso que entonces ni siquiera había transcendido que llevaba un carné en la boca. Ahora el riesgo es real, como sucedió con Juan Carlos Campo. Ni sus compañeros ni los ciudadanos nos merecemos esa degradación. 

El juez encargado de la investigación del conocido como 'caso Davalor', por el que ha sido imputado por malversación de fondos públicos y prevaricación el exconsejero navarro del PNV Manuel Ayerdi, ha sido trasladado a Girona. Según recoge el Boletín Oficial del Estado del dos de diciembre, Fermín Otamendi deja el juzgado de instrucción número dos de Pamplona para “desempeñar” su plaza en el juzgado de lo contencioso-administrativo número tres de Girona.

El magistrado asumió la instrucción de este caso en marzo de 2021, tras la dimisión del consejero con la que perdió su condición de aforado, lo que provocó que la causa no pudiera ser llevada por el Tribunal Supremo, órgano que le imputó tras la querella presentada por Unión del Pueblo Navarro (UPN), al considerar que existían indicios de que Ayerdi cometió presuntos delitos de prevaricación y malversación durante los años 2015 a 2017 con la concesión de varios préstamos por valor de 2,6 millones de euros a la empresa Davalor Salud, cuando ésta se encontraba en situación de “insolvencia”.

Tras el traslado de Fermín Otamendi, la investigación del 'caso Davalor' recaerá en manos del nuevo juez que asuma la plaza tras el concurso público y que ahora está ocupada por una magistrada sustituta.

Fermín Otamendi, que llegó al juzgado de instrucción número 2 de Pamplona en septiembre de 2010, también fue el encargado de llevar la instrucción de los amaños de partidos de Osasuna, caso que terminó con la primera condena en España por estos hechos y que llevó a la cárcel a cinco exdirectivos del club navarro y a dos exjugadores del Betis.

A su vez, el magistrado fue el encargado de instruir el caso del exdiputado del Partido Popular Santiago Cervera por un presunto intento de extorsión al presidente de Caja Navarra, José Antonio Asiáin, que denunció que alguien le había reclamado de forma anónima en un correo electrónico 25.000 euros a cambio de no hacer público que estaba facturando importantes cantidades de dinero a Caja Navarra desde su despacho de abogados. En 2015 Cervera fue absuelto al considerar la magistrada del caso que no existían pruebas que acreditasen que el exdiputado fuera el autor del correo electrónico. Cervera declaró ser objeto de “una trampa”.

El consejero vasco de Turismo, Javier Hurtado, ha dado positivo en coronavirus y ha suspendido su agenda pública durante una semana, según ha anunciado a través de su cuenta en Twitter. “Hoy he dado positivo en COVID-19 de momento con síntomas. Durante esta semana suspenderé mi agenda pública por precaución y manteniendo las recomendaciones sanitarias”, ha indicado el consejero.

Se trata del segundo alto cargo del Gobierno vasco que da positivo en coronavirus en la última semana después de que fuentes oficiales de la Presidencia vasca informaran este miércoles de que el lehendakari, Iñigo Urkullu se había contagiado del virus. “A pesar de ser síntomas ligeros los que le afectan, el lehendakari se ha sometido a prueba de antígenos y este mediodía el resultado ha sido 'positivo'. Por precaución también para con terceras personas, ha anulado la agenda pública de esta semana”, informó el Gobierno vasco en un breve comunicado.

Ya es una realidad: se ha hecho público en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el nombramiento de la diputada díscola de Vox, Mabel Campuzano, como consejera de Educación y Cultura. Esta tarde tomará posesión de su cargo en el Palacio San Esteban junto al resto de nuevos consejeros.

Al entrar a la consejería, Campuzano sustituirá a Esperanza Moreno, que pasará a ser jefa de gabinete de Presidencia.

Otro cambio en el ejecutivo regional ha sido el nombramiento del exalcalde de Yecla, Marcos Ortuño Soto, como consejero de Presidencia, Turismo y Deportes. Esta mañana ha presentado su renuncia a la alcaldía en un pleno extraordinario.

El que era consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, pasará a gestionar la cartera de Economía, Hacienda y Administración Digital.

Un secreto a voces

El nombramiento no había sido confirmado de manera oficial hasta ahora, solo se había hecho público mediante la filtración de los documentos del acuerdo de la moción de censura entre PP y los exmiembros de Vox y por fuentes cercanas a ambas partes.

El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, presentará oficialmente el próximo sábado en un pleno extraordinario su renuncia a la alcaldía, motivada por su próximo nombramiento como consejero en el Gobierno de la Región de Murcia.

Fuentes municipales han señalado que Ortuño comunicó en la tarde de ayer su decisión de dimitir como regidor y como concejal de la corporación, por lo que en los próximos días está previsto que sea nombrado responsable de una consejería, al igual que la diputada expulsada de Vox, Mabel Campuzano, que ocupará la cartera de Educación y Cultura.

Conforme establece la Ley de Régimen Electoral General, tras formalizarse oficialmente en este pleno la renuncia del alcalde, debe de convocarse en un plazo máximo de 10 días un pleno extraordinario donde se procederá a la elección por votación del candidato propuesto para cubrir la vacante.

En esa sesión plenaria serán candidatos a la alcaldía los que encabezan las listas electorales en las últimas elecciones municipales. En el caso del Partido Popular, partido que cuenta con la mayoría absoluta de la Corporación Municipal, la candidata a la alcaldía sería María Remedios Lajara Domínguez.

La incorporación del concejal que debe sustituir a Marcos Ortuño, se producirá posteriormente una vez que la Junta Electoral reciba la comunicación del acuerdo del pleno municipal, y envíe la acreditación que permita al nuevo edil tomar posesión de su cargo.

En este caso, le correspondería ser concejal a Pedro Lorenzo Pérez, que aparecía en la lista electoral del Partido Popular en el puesto número 13.

El pleno ordinario de la Corporación Municipal convocado para el lunes 5 de abril se celebrará bajo la presidencia de María Remedios Lajara que, como primera teniente de alcalde, sustituirá al actual alcalde, una vez que se formalice su renuncia este sábado, y hasta el pleno donde se producirá la elección del nuevo alcalde de la ciudad.

El exconsejero de Empleo, Investigación y Universidades de la Comunidad de Murcia, Miguel Motas, ha enviado a los medios de comunicación una carta de despedida en la que pide a los partidos que “aúnen esfuerzos en pro de la ciudadanía” para superar los grandes retos, ya que “no podemos permitir más desencuentros y dilaciones”.

Motas, que ha sido sustituido por el diputado regional de Cs Francisco Álvarez García que votó en contra de la moción de PSOE y Ciudadanos contra Fernando López Miras, comenta en su misiva que continuará como docente e investigador en el Área de Toxicología de la Universidad de Murcia.

“Ha sido para mí una experiencia dura pero muy enriquecedora, nos han acontecido momentos difíciles que serán historia de esta Región, quedándome la satisfacción de haberlo dado todo con una vocación intacta de servicio público, por y para esta Región que tanto quiero”, añade en su carta.

De sus hasta hace pocas fechas compañeros en el Consejo de gobierno, les agradece haber podido aprender con ellos “en un entorno difícil, donde creo modestamente que se han hecho muchas cosas bien”, al tiempo que agradece a su partido haber confiado en él “y permitirme vivir una experiencia inolvidable que me ha hecho crecer como persona y como profesional”.

“Deseo haber podido mejorar algo el Empleo, la Investigación y el Sistema Universitario de nuestra Región, para mí sería la mayor de las satisfacciones”, agrega.

“Me voy en paz porque me llevo muchos amigos y creo que ninguna enemistad, y porque estoy convencido de que la labor desarrollada dará sus frutos aunque yo ya no esté, si bien es cierto que me queda la tristeza de no haber podido culminar la gran cantidad de proyectos que se han iniciado”, concluye.

Coalición Canaria en el Cabildo pide que “se realicen cuanto antes las pruebas PCR al personal de los centros de atención social de la Isla para que puedan retomar su actividad. La mala gestión de la Consejería de Acción Social está retrasando varias semanas la apertura de estos centros que se mantienen paralizados desde la declaración del estado de alarma”, asegura la formación en nota de prensa.

“Nos consta que el 11 de junio, la Consejería de Acción Social del Cabildo se puso en contacto con los centros pidiendo un cronograma para la realización de las pruebas a través del Área de Salud, pero, a día de hoy, siguen sin realizarse mientras cientos de usuarios permanecen en sus casas, lo que supone una prolongación innecesaria de esta situación que les afecta tanto a ellos como a sus familias”, señala la consejera nacionalista Ángeles Fernández.

“La realización de las pruebas PCR es requisito imprescindible para poder abrir centros que permanecen cerrados por la dejadez y la mala coordinación entre Cabildo y el Área de Salud de La Palma”, recuerda.

“A pesar del compromiso de la consejera de Acción Social, Nieves Hernández, de realizar los test al personal de atención a domicilio de los ayuntamientos, han sido los propios consistorios los que, en muchos casos, han tenido que pagar estas pruebas en centros privados para poder seguir prestando sin interrupción este servicio”, indica Ángeles Fernández.

“Tampoco parece que se preocupen de lo que pasa con los centros de día de mayores, que ya tienen establecidos los protocolos para su apertura, pero siguen sin abrirse, como pasa, por ejemplo, con el de Los Llanos de Aridane”. “Creemos que es importante que el Cabildo marque el camino de la reapertura para que todos los ayuntamientos puedan hacer lo mismo”, añade.

“La vuelta a la normalidad para muchas personas en La Palma y para sus familias depende de la reactivación de estos centros de atención social, igual que ocurre con las escuelas infantiles, y debería ser una prioridad por el carácter especial que revisten”, insiste la consejera de Coalición Canaria.