La expedición del título universitario es un trámite ineludible para demostrar que se han superado los estudios. Pero no es gratuito: cada nivel de estudios exige un pago de tasas concreto fijado por las comunidades autónomas. Los precios oscilan entre 115,25 euros para el grado en Castilla-La Mancha hasta los 287,25 euros que acreditan el doctorado en Navarra.

En las siguientes tablas puedes consultar el coste de las tasas en cada centro educativo en grados, máster y doctorado.

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado la congelación de las tasas universitarias por cuarto año consecutivo. Una medida que beneficia a carca de 20.000 familias en la región. El ejecutivo compensará a la Universidad de Oviedo por el dinero que deja de percibir, unos 288,15 euros por matrícula.

Asturias se consolida así, según el gobierno autonómico, como una de las comunidades donde resulta más barato estudiar una carrera. Cada estudiante paga de media unos 300 euros menos que hace 12 años en los estudios de grado y la aportación de la administración autonómica a la universidad viene a suponer que asume el coste de una de cada tres matrículas.

La compensación estimada para el próximo curso asciende a 5,3 millones, algo más de una tercera parte de los 16,7 millones que la Universidad de Oviedo prevé ingresar por las matrículas y este año, por primera vez, la compensación se incluirá dentro de la aportación ordinaria a la institución en el marco del convenio de financiación 2023-2028.

Con estas medidas el ejecutivo persigue evitar que las tasas se conviertan en una barrera para entrar en la Universidad y responden al compromiso de fomentar el acceso a la enseñanza superior pública así como intentar reducir el abandono, dado que el mantenimiento de los precios se aplica a las segundas y sucesivas convocatorias.

Los precios públicos para el próximo curso incluyen, además, exenciones del pago de la tasa para la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU) para familias beneficiarias del salario social básico o del ingreso mínimo vital, un coste que asume la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad.

Desde 2011 se ha mantenido sin incrementos el coste de las primeras matrículas, que se rebajaron un 5% en 2018 y, al curso siguiente en un 25% en primera matrícula y un 10% en segunda, en todos los grados, y un 25% en los estudios de máster. Finalmente, en 2020 se aprobó la congelación total de precios en todas las matrículas y estudios, que vuelve a prorrogarse este año. 

De La Rioja a Catalunya, presentarse a la Evau (la antigua Selectividad) puede costar el doble según la comunidad autónoma en la que uno viva. Unos 200.000 estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional empezarán a examinarse en dos semanas del que será la última prueba de acceso a la Universidad con el formato que ha regido el examen los últimos 50 años antes de que en junio de 2024 se instaure, si el Gobierno no atiende la petición de moratoria que han planteado las universidades, el nuevo modelo de examen, que irá introduciendo cambios paulatinamente hasta su implantación definitiva en el curso 2027-2028.

Cada comunidad es un mundo a la hora de plantear esta prueba, desde las fechas hasta los precios por presentarse. Los calendarios de primera convocatoria comienzan el día 5 de junio en la mayoría de comunidades y en algunas se extienden hasta el 16 de junio. En cuanto al coste, la horquilla es amplia: hay cuotas en las que la fase general supone 100 euros o más, como sucede en Catalunya, Asturias y Aragón, y otras que se quedan en la mitad, donde aparecen La Rioja, Castilla-La Mancha y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Y este precio puede ser disuasorio para algunas familias. Miles de ellas no tienen capacidad para asumir los costes que supone hacer la Selectividad y a continuación matricularse en el primer año de carrera, un desembolso que según la comunidad y si no se tiene beca puede ascender a centenares de euros en un solo verano. Además, el sistema de ayudas tiene lagunas y las becas no son suficientes ni cubren a todo el que lo necesita.

Los recortes y el aumento de la privatización en el ámbito universitario han hecho que estudiar en una universidad pública cueste 12 veces más que hace una década, según datos de CCOO, aunque el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Universidades y las comunidades autónomas está logrando rebajar los precios poco a poco. Respecto a estas tasas de acceso y las matriculaciones en cada año de carrera, únicamente existen rebajas del 50% a alumnos de familias numerosas, sin tener en cuenta la renta y situación familiar del estudiante.

Fases y precios en los que se divide la Selectividad

Los precios para esta prueba de acceso tienen diferentes fases, al igual que el examen, en la mayoría de las comunidades autónomas: la tasa de la prueba ordinaria (también denominada “de acceso”) y cuotas de asignaturas específicas y de asignaturas voluntarias (también llamadas “de admisión”).

Cada una de las asignaturas de la fase obligatoria, las comunes a todas las modalidades de Bachillerato (Historia de España, Lengua y Literatura Española, Primera lengua extranjera y la materia troncal de modalidad), se califican con una nota que va de 0 a 10 puntos para posteriormente hacer una media aritmética de las cuatro asignaturas, siendo 10 puntos la nota máxima que puedes obtener en esta fase.

Pero hay carreras en las que la nota de corte supera el 10. Quien quiera optar a una de ellas tiene que presentarse a asignaturas de admisión, siempre que la Selectividad en su comunidad autónoma lo permita. Los estudiantes se podrán examinar con carácter opcional de hasta un máximo de 4 materias del temario específico estudiado en Bachillerato. En esta fase cabe puntualizar que no todas las asignaturas puntúan de la misma manera: algunas pueden ponderar el doble según los parámetros establecidos por las universidades y del grado al que se aspira acceder.

Además, en las comunidades autónomas con lengua cooficial (Catalunya, Comunitat Valenciana, Galicia, Islas Baleares, País Vasco y algunas zonas de Navarra), los alumnos deberán examinarse de dicha lengua como materia obligatoria.

Excluidos por no tener recursos 

Sindicatos de trabajadores y estudiantes calculan en miles los jóvenes que no pueden optar a una Prueba de Acceso a la Universidad o a una carrera universitaria por exclusión social y falta de capacidad económica. El departamento de Educación de CCOO Madrid estima que existen 7.500 estudiantes en situación de exclusión solamente en la Comunidad de Madrid. Los problemas económicos para seguir con los estudios superiores no acaban ahí. El sindicato calcula que, desde 2010, estudiar en una universidad pública española se ha incrementado hasta 12 veces en comparación con los salarios.

Además, las tasas de Selectividad están consideradas como tasas administrativas, por lo que no hay ayudas posibles y no pueden ser pagadas con becas. Este coste levanta un muro que amenaza el derecho a la educación de muchos estudiantes, cuyas familias no se pueden permitir los gastos y se quedan fuera de los estudios superiores.

Hace un par de años uno de esos casos saltó a los medios de comunicación. Para las pruebas de Selectividad de 2021, un instituto de Móstoles (Madrid) tuvo que tomar medidas ante la imposibilidad de algunos alumnos para pagar la tasa de acceso por su situación económica en plena pandemia. La dirección del centro llamó a los profesores a realizar una colecta voluntaria para abonar la cuota del examen de acceso a la universidad de aquellos estudiantes a los que su situación económica les iba a impedir presentarse a la prueba e incluso pagar el título de Bachillerato, cuyo coste aproximado es de 50 euros.

En el momento en el que decidieron hacer la colecta, eran tres alumnos los que habían confesado no poder costearse la prueba, pero desde el profesorado sospechaban que había más. En cualquier caso,la situación no les pillaba por sorpresa, no era la primera vez que pasaba algo así. Finalmente, el Ayuntamiento intervino y decidió correr con los gastos de las tasas de todos los estudiantes que no podían pagar la EvAU. Desde entonces, el Consistorio lleva asumiendo este coste con sus fondos de emergencia social; este curso 2023 también lo hará.

La Comunidad de Madrid se sitúa como la región donde estudiar la carrera universitaria “más económica” cuesta más que en el resto del país: unos 1.290 euros anuales, según el Ministerio de Educación.

En 20 días, España tendrá una nueva ley universitaria vigente. El Congreso ha aprobado este jueves la LOSU, una norma que busca rebajar la temporalidad en los campus (que actualmente afecta a la mitad del personal), atajar la endogamia (tres de cada cuatro profesores trabajan en el mismo centro donde leyeron la tesis), abre los requisitos para ser rector, simplifica la carrera docente, topa las tasas públicas e introduce las microformaciones en las universidades y el derecho de huelga (restringido) del estudiantado, entre otras cuestiones.

La ley queda definitivamente aprobada tras ser enmendada en el Senado para solventar un fallo técnico que podía haber dejado en el aire los concursos de contratación durante un par de años. Ha salido adelante con 182 votos a favor del Gobierno y sus socios habituales (la mayoría absoluta está en 175) y la oposición de PP y Vox. Durante el trámite parlamentario ha visto cómo se rebajaban algunas cuestiones, entre ellas las medidas hacer más transparentes las contrataciones. También se ha diluido la obligatoriedad de que la inversión en Universidades alcance el 1% del PIB, que incluían anteriores versiones de la ley. Ahora el gasto queda al albur de que haya disponibilidad presupuestaria a criterio de las comunidades.

Con esta ley, el Gobierno completa su reforma educativa integral: en esta legislatura ha reformado las leyes de Educación (Lomloe), Universidades (LOSU), Formación Profesional (FP) y Ciencia.

Estas son algunas de las principales novedades que incluye la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Menos precariedad

Es uno de los principales objetivos de la ley. La norma reduce al 8% el máximo de personal temporal que pueden tener las universidades. Actualmente este tope es del 40% y ni siquiera se cumple en la mitad de los centros, aunque como con la nueva ley el profesorado asociado dejará de ser temporal será más fácil cumplir ese límite.

Para estos profesionales, las figuras más precarias de toda la docencia universitaria, también hay medidas específicas. La LOSU plantea que convertir muchas de las plazas que ocupan los asociados en fijas y les darán oportunidades para ocuparlas, por ejemplo estableciendo como “mérito preferente” en los concursos de acceso a plazas de Ayudante doctor o figuras equivalentes “haber desempeñado (...) al menos cinco cursos académicos de los últimos siete años a través de los contratos de profesorado asociado u otros contratos de duración igual o inferior a un año”, según establece la disposición transitoria octava.

Además, se intenta racionalizar la carrera académica simplificando las figuras y la escalera laboral. El objetivo, asegura el Ministerio de Universidades, es lograr la estabilización en diez años: cuatro para hacer el doctorado y seis del primer contrato, de ayudante doctor, que da paso al de titular. Además, habrá una carrera laboral paralela y equivalente a la funcionarial.

Contra la endogamia... pero un poco menos

La primera versión de la ley, elaborada por el exministro Manuel Castells, establecía que los tribunales que otorgan las plazas que salen a concurso público estarían formados por una mayoría (al menos tres de los cinco miembros) de profesores externos a la universidad convocante y elegidos por sorteo. Esta parte se mantiene igual, pero durante el trámite se ha modificado ligeramente: “Dicho sorteo se realizará a partir de una lista cualificada de profesorado y personal investigador elaborada por la universidad, en los términos en los que se desarrolle en la normativa interna”. Menos azar, más control de la universidad.

Además la norma propone que todas las plazas que salgan a concurso público en España se centralicen “en una base de datos pública de concursos de personal docente e investigador del Ministerio de Universidades” para que lleguen a todo el mundo, algo que actualmente no sucede.

Fomento de la igualdad

El texto contempla también la posibilidad de establecer medidas de acción positiva “en los concursos de acceso a plazas de personal docente e investigador” –que no especifica– “para favorecer el acceso de las mujeres”, aunque a continuación matiza que realmente podrán ser para el sexo que se encuentren en minoría. Dice así el artículo 65.1: “Se podrán establecer reservas y preferencias en las condiciones de contratación de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas las personas del sexo menos representado en el cuerpo docente o categoría de que se trate”.

Formación a lo largo de la vida y microformaciones

Otra de las grandes apuestas de la ley. Como sucede con la Formación Profesional, el Gobierno quiere flexibilizar las formaciones para abrir estos centros educativos a los trabajadores. Que no todo tenga que ser un grado de cuatro años o un ciclo formativo de dos, periodos de tiempo inasumibles para muchos. Para ello, introduce la posibilidad de crear “microcredenciales, microgrados u otros programas de corta duración”.

Cambios en la elección de rector y la gobernanza

Una de las cuestiones que más titulares ha provocado. El sistema de elección del máximo mandatario ha ido evolucionando en las diferentes versiones de la ley hasta llegar al actual modelo: se elimina el requisito imprescindible de ser catedrático y podrán dirigir los campus trabajadores laborales, lo que abre la puerta a una mayor profesionalización del cargo. Sin embargo, como cada universidad deberá establecer sus propios requisitos para acceder al cargo también es posible que se mantenga ese según el caso. Además, tendrán un mandato único para evitar las disfunciones que genera la perspectiva de repetir, pero se alarga hasta los seis años.

Huelgas de estudiantes y representatividad

La norma recoge el derecho de los estudiantes de realizar paros académicos (las huelgas son para los trabajadores). Las universidades tendrán que desarrollar la normativa que los ampare, pero no podrán realizarse en fechas señaladas para la evaluación.

También se fija en el texto la representatividad que tendrán los estudiantes en los distintos órganos de gobierno de los centros, hasta ahora no establecidas. Serán como mínimo un 25% en el claustro, un 10% en el Consejo de Gobierno y un 25% en los consejos de facultad y departamento.

El fin de los colegios mayores segregados

La LOSU ha incluido una enmienda de Más País por la que se prohíbe que los colegios privados no mixtos o segregados se adscriban a universidades públicas y con ello obtengan los beneficios asociados a estarlo, como por ejemplo exenciones fiscales. Esta medida afectará a la mitad de estos centros, que tendrán que decidir si mantienen su modelo y se quedan sin universidad pública a la que asociarse o se pasan a una privada.

Tasas públicas y creación de nuevas universidades

Por último, se han incorporado a la ley dos elementos que no son estrictamente novedosos porque ya se habían aprobado.

Por un lado, queda fijado en la norma que el precio de los créditos, el coste de estudiar en la Universidad, no podrá subir, tal y como se pactó en su momento (que ese acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas tuviese un resultado desigual en aspectos como cerrar la brecha entre comunidades es otra cosa).

La ley también incluye en su articulado el Real Decreto, aprobado ya hace dos años por Manuel Castells, que regulará la creación de nuevas universidades, tanto públicas como privadas. Este texto endurece los requisitos mínimos para que un centro sea considerado Universidad (más investigación, más doctores, más oferta formativa básica, etc.) y amenaza con retirar esa condición a quien no cumpla, públicas incluidas.

A Silvia Martínez se le está enredando la universidad por momentos. Esta estudiante de Farmacia suspendió dos asignaturas el curso pasado, lo que ha desencadenado un efecto cascada que, teme, acabe prolongando sus estudios más de lo que le gustaría. Y no por motivos académicos. Por dinero.

Martínez cuenta que ha tenido que renunciar a cursar algunas asignaturas que le tocarían este año. “Veía que no podía gestionar tantas asignaturas y tuve que escoger”, explica. “No podía permitirme suspender unas por estudiar otras, porque iba a tener que pagarlas el año que viene”, elabora. Esta estudiante se refiere al sistema de precios universitarios, un modelo (anómalo) que penaliza económicamente suspender. Y mucho.

El coste de las segundas, terceras y sucesivas matrículas –las que paga todo el mundo porque no las cubren las becas– en España se multiplica varias veces. Y lo hace, se sorprende Vera Sacristán, presidenta del Observatorio del Sistema Universitario (OSU), de manera dispar y sin un criterio aparente: como se ve en el gráfico, realizado a partir del informe Precios públicos de matrícula: ¿ya está? del OSU, en unas comunidades la segunda matrícula cuesta un 36% más (un factor de multiplicación 1,36), en otras se duplica; las terceras y cuartas tienen directamente vida propia.

El ejemplo más extremo de la disparidad de precios es La Rioja: en la primera matrícula de los grados más baratos allí cuesta 14,08 euros el crédito. A partir de ahí se empieza a disparar: 29,18 euros la segunda, 63,22 la tercera y 87,54 la cuarta y sucesivas. Esto es: una asignatura estándar de seis créditos cuesta 84,48 euros la primera vez; 175,08 la segunda; 379,32 la tercera y 525,24 la cuarta. El precio se multiplica por 6,2.

La situación la sufren especialmente los estudiantes de familias de nivel socioeconómico bajo, a los que suspender una asignatura les supone una especie de triple castigo: el económico de tener que afrontar el pago de materias suspensas que te pueden costar lo mismo que un curso entero, el temporal que explicaba Martínez (pospones asignaturas y se alarga la carrera) y el coste de oportunidad de retrasar la incorporación plena al mercado laboral.

Lo explicaba también un estudio sobre las causas del abandono universitario elaborado para el Ministerio de Universidades que presentó el ministro Joan Subirats el año pasado. El texto señalaba, entre otras causas, el coste de la matrícula del grado cursado y su origen socioeconómico y procedencia como dos de los factores que más condicionan seguir en los campus o abandonarlos. “La existencia de estas desventajas sociales, económicas y culturales hacen que no se puedan permitir no tener un buen rendimiento en la universidad”, se lee.

La causalidad que establece el estudio es la esperable: a mayor precio de matrícula (y esto incluye la repetición de asignaturas), mayor abandono. La autora del informe, María Fernández Mellizo-Soto, socióloga y profesora en la Facultad de Educación en la Universidad Complutense de Madrid, señaló durante la presentación que eliminar la penalización económica que implica repetir una asignatura es una de las mejores soluciones al abandono.

Esto se observa en el estudio Evolución del acceso a la universidad y de la elección de titulación universitaria entre la población joven en Catalunya, que ofrece algunos datos sobre esta circunstancia en los últimos años, en paralelo al encarecimiento de las matrículas. Los datos muestran cómo mientras la subida de los precios por sí misma no expulsó al alumnado más humilde de la Universidad de manera masiva, sí cambió su forma de comportarse y afrontar los estudios.

El informe –elaborado por las profesoras Helena Troiano, Dani Torrens, Albert Sánchez-Gelabert y Lidia Daza, del Grupo de Investigación en Educación y Trabajo de las universidades Autónoma y de Barcelona– divide al estudiantado catalán en tres grupos según su origen socioeconómico (se evalúa el nivel formativo de los padres, que a su vez correlaciona directamente con la renta familiar) y evalúa su presencia por un lado en las titulaciones más caras y por otro lado en las más difíciles en función del rendimiento que tiene el alumnado en ellos –varias ingenierías, Matemáticas, Física o Medicina serían algunos ejemplos–.

Y dicen los datos que pese a la subida de precios entre 2002 y 2014 la proporción entre los diferentes grupos de estudiantes en las carreras más caras se mantuvo bastante estable: aunque la presencia de alumnado de familias más favorecidas siempre es ligeramente superior, el reparto de estudiantes en función de la renta era muy similar en estos grados en 2002 y en 2014.

No sucede lo mismo con los grados más difíciles, los que tienen una menor tasa de rendimiento (créditos aprobados). Aquí la brecha se ha ido agrandando: mientras en 2002 el reparto de estudiantes en las carreras de mayor dificultad estaba equilibrado (un tercio cada grupo, aproximadamente), según pasaron los años y se encarecieron las matrículas se fue creando una diferencia primero y ampliando la brecha después: en 2014, cuando más disparado estaba el precio del crédito y el de repetir, los estudiantes con más recursos eran claramente mayoritarios.

¿Cómo se traduce esto? El estudio explica que “los estudiantes han llevado a cabo estrategias de reducción del riesgo en su acceso a la universidad”. Sacristán lo pone en términos sencillos: “El porcentaje de estudiantes de clases desfavorecidas en carreras más difíciles, con mayor tasa de repetición, está cayendo. Lleva años cayendo”. Y los estudiantes lo bajan a su realidad material: “Tengo que recuperar dos del año pasado, así que he dejado otras sin matricular para cursar el año que viene”, comenta Mar Barrientos, estudiante de Derecho. “Prefiero ir a lo seguro que tener que pagar más del doble por repetir asignaturas”, explica.

Esta situación supone para muchos quedarse por el camino, en ocasiones de manera preventiva, como muestra el estudio catalán. “A medida que el precio se vuelve más caro condiciona más”, explica Sacristán. “Condiciona de manera doble: tienes que dedicar años de tu vida a estudiar y trabajar con problemas, a jornada partida, lo que ya es un sacrificio”.

A Alejandro Suárez las tres asignaturas que ha tenido que repetir este curso le han costado 720 euros. Un año entero estándar –diez asignaturas, normalmente– son en su caso 1.100 euros. Este estudiante de periodismo explica que trabaja durante los veranos para pagarse el grado, pero “ni siquiera lo que cobraba un mes entero llegaba a cubrir el coste completo de la matrícula”.

El coste real no se conoce

Lo que cuesta entender, incluso a expertas en la cuestión como Sacristán, es el criterio con el que se fijan los precios. La situación se arrastra de alguna manera a raíz del conocido como 'decreto Wert', de 2012, que vinculó el precio de los estudios, lo que debían pagar las familias, a su supuesto coste real. “Los precios públicos cubrirán entre el 15% y el 25% de los costes en primera matrícula; entre el 30% y el 40% de los costes en segunda matrícula; entre el 65% y el 75% de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90% y el 100% de los costes a partir de la cuarta matrícula”, estableció el exministro popular.

Aquel decreto modeló los precios que aún rigen hoy. Porque desde entonces se ha modificado el sistema de precios, pero solo el de la primera matrícula. Algunas comunidades, como Catalunya o la Comunitat Valenciana, han rebajado también los de las sucesivas, pero no es la norma, como constata el OSU en su informe. De aquellos barros, estos lodos.

¿El problema? No existe un cálculo fiable de lo que le cuesta a las universidades dar clase. “El 'coste del servicio' [al que alude el decreto Wert como referencia] no está definido”, explica Sacristán. “¿Qué es el servicio? ¿Para Madrid sería el coste de la docencia universitaria en toda la comunidad o el coste de la Universidad Carlos III de Madrid para esos estudios? ¿El de ese departamento? ¿El de la asignatura?”.

Se responde ella misma, consciente de que no hay explicación razonable para sus preguntas retóricas: “Como no hay ningún criterio, se llega al punto de que se tienen que listar los estudios por grupos”. O sea, no atiende a unos parámetros objetivos medibles sino que se establece el coste y hay que colocar los estudios en un sitio.

Porque ante la falta de respuestas, de concreciones, se ha decidido establecer el coste de los estudios en función del grado de experimentalidad, de si requieren de más o menos medios para realizarse (hay que usar laboratorios, maquinaria...). Un error, en opinión de Sacristán. “Si hablamos del coste de cada carrera por separado, las carreras más caras no serían las que más laboratorios o experimentalidad requieren, sino las que menos estudiantes tienen. Pero eso no se hace”, se sorprende.

La anomalía española

Otra circunstancia es que el “castigo económico” por repetir, como lo define Sacristán, es particular de España. “Esto en Europa no pasa. Cuando hay algún tipo de penalización económica no se traduce en un castigo inmediato a cada asignatura, es un castigo económico (cuando sucede, que se da en pocos países) cuando pasas en la carrera un porcentaje de tiempo superior al que deberías (para una carrera de tres años entras en el quinto, por ejemplo)”, explica.

Esta profesora de la Universidad Politécnica de Catalunya matiza que considera positivo que la administración busque “un uso eficiente de los recursos públicos y se haga algo para que el estudiante no se eternice”, pero cree que el castigo económico lineal no es la respuesta. Recuerda Sacristán otras alternativas, como la llamada “fase selectiva”, por la que un estudiante tenía dos años para completar el primer curso de un grado si no quería ser expulsado, el límite en el número de convocatorias a las que se puede apuntar un estudiante o el “parámetro alfa”, por el que hay que aprobar un determinado porcentaje de los créditos en los que alguien se ha matriculado. “El incentivo económico solo busca disuadir y recaudar”, cierra.

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Casi tres años y dos cursos después, el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Universidades y las comunidades autónomas (algunas obligadas) para bajar y armonizar el precio de las tasas universitarias ha tenido un resultado desigual. Hoy, como con la normativa anterior a este pacto y con la anterior a aquella, el coste de estudiar un grado se puede multiplicar varias veces en función de en qué comunidad autónoma se curse.

Como se ve en el gráfico, el acuerdo sí ha logrado avances en una dirección, la de la reducción de precios –al menos de primera matrícula–, pero no ha sido tan efectivo en la armonización (gráfico inferior), según el estudio Precios públicos de matrícula, ¿ya está?, elaborado por el Observatorio del Sistema Universitario de Catalunya (OSU).

Estudiar en la universidad es tan dispar que, en toda España, la horquilla va de los 518 euros que cuesta la matrícula del grado más barato (en Asturias) hasta los 1.361 del más caro (en La Rioja). Otro ejemplo: Las carreras más baratas de Madrid y Catalunya (las dos comunidades más caras, las dos únicas con un precio mínimo superior a los mil euros anuales) cuestan más que las más caras en seis comunidades.

Estos datos son los más extremos, pero la idea se mantiene cuando se comparan los mismos estudios: el grado de Arte cuesta más del doble en Catalunya que en Asturias; una carrera sanitaria vale 1,8 veces más en La Rioja que en Andalucía.

El informe del OSU supone todo un repaso sobre la evolución tanto del precio de estudiar en la Universidad como de las políticas que han regido históricamente cómo se establecían estos precios, que son responsabilidad última de las comunidades. El texto llega en este momento, ha explicado Vera Sacristán, presidenta del OSU, porque se cierra un momento y empieza otro: este curso acaba la vigencia de los acuerdos alcanzados en 2020, que imponían objetivos de reducción de precios, y empieza una era en la que estos dejarán de estar ligados a las decisiones de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), el órgano que reúne a Gobierno y comunidades autónomas, tal y como se venía haciendo hasta ahora. En adelante, las comunidades podrán fijar sus precios sin límites, solo bajo la idea general de que lo hagan “dentro de un marco general de reducción o contención de los precios públicos”.

El acuerdo, tal y como lo defendió el ministro Manuel Castells, tenía un triple objetivo: retrotraer los precios de los estudios a la época previa al llamado decretazo de Wert (por el exministro del PP), armonizarlos entre comunidades y acercarlos al coste que hay en los países del espacio superior europeo. Sacristán ha explicado que el primer objetivo se ha conseguido, el segundo no tanto y el tercero prácticamente nada porque en un tercio de los países adheridos los estudios de grado son gratuitos y en el 65%, aunque sí tengan coste, no este no alcanza los mil euros.

Una revisión del acuerdo de 2020

El acuerdo de 2020 que concluye ahora ha servido, con carácter general, para rebajar los precios tras la reforma que realizó el Gobierno del PP en 2012. El conocido como decreto Wert, por el ministro que lo impulsó, fijó una horquilla de precios públicos universitarios ligada, teóricamente, al precio real de los estudios, dentro de la que las comunidades podían fijar sus precios. El problema es que nunca se estableció cuál es el coste real de los estudios, de manera que cada autonomía estableció unas cantidades (siempre dentro de ese margen supuesto, de entre el 15% y el 25% del coste real). Esto disparó las desigualdades entre regiones y subió los precios de los estudios universitarios por toda España, que se elevaron un mínimo del 20%. Entre los efectos de aquella medida estaban que estudiar en Catalunya o Madrid pasó a costar tres veces más que en Galicia o Andalucía, que apenas subieron el coste de las tasas.

En 2020, el Gobierno anunció un acuerdo en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) para bajar y armonizar los precios, que tres años después ha tenido sus efectos, según recoge el estudio del OSU. El acuerdo era complejo y fijaba un objetivo de precio para cada comunidad en función de su situación de partida en ese momento. Las que tenían precios más altos los han rebajado sensiblemente: Catalunya, entre un 30% y un 53,3% (más del 43% que en teoría les correspondía); Madrid un 20,9% o la Comunitat Valenciana un 15%.

Pero estas regiones eran las que más subieron sus precios en 2012. Cuando se abre el foco y se compara el coste actual de estudiar en la universidad con el que había aquel año, se observa que en Madrid y Barcelona cuesta lo mismo hoy estudiar una carrera que hace diez años: los precios mínimos permanecen prácticamente iguales, aunque sí han bajado los máximos (un 20,3% y un 35%, respectivamente).

Un acuerdo limitado para los másteres

El estudio del OSU también evalúa la situación de los másteres, que tuvieron su propio acuerdo poco después del de los grados. Ya lo venía advirtiendo el instituto en anteriores informes: los cambios para estos estudios de posgrado apenas afectaban a un puñado de títulos (a 299 másteres de un total de 3.708 activos en aquel momento) porque se había limitado a los habilitantes y los vinculados (la diferencia entre ambos es que los primeros permiten ejercer una profesión por sí mismos, los segundos son condición necesaria pero no única). Apenas unas cuantas formaciones ligadas a la docencia y las ingenierías se incluyeron en la reducción de precios, que consistía en equiparar el coste de estos estudios (obligatorios para ejercer ciertas profesiones) al de grado.

Esto, unido a un sistema que no acabó de fijar negro sobre blanco los precios, ha provocado que “el acuerdo no se ha cumplido totalmente”, según el OSU. Dice el Observatorio que Navarra y la UNED no han alcanzado el coste de la tasa pactado. Navarra debería estar en 17,95 euros (1.077 euros por curso), pero tiene un precio de 21,38 euros; la universidad a distancia debería fijarlo en 14,7 euros por créditos (882 por curso) pero está en 16,22 (973 por año académico).

En otras ocho comunidades (Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja) se ha interpretado el acuerdo libremente (con la aquiescencia del ministerio, aclara el OSU) y lo que han hecho es reducir el precio medio hasta igualarlo al de los grados, como estaba pactado, pero respetando el acuerdo como bloque: los másteres tienen precios diferentes, no están unificados.

El acuerdo, aunque limitado a los posgrados obligatorios, sí ha servido para reducir los precios en los últimos dos cursos, explica el OSU: en magnitudes que van desde el 52% de la UNED, el 47,5% de Castilla y León o alrededor del 33% de Catalunya y Madrid hasta el 5,6% de Navarra o el 7,7% de Andalucía. Canarias, Castilla y León y Galicia son las tres comunidades que no han tenido que bajar el coste de estos estudios porque ya estaban en las condiciones que se les pedía.

El efecto de esta pata de los pactos para reducir el precio de estudiar en la Universidad sí es mayor cuando se compara la situación actual con la que dejó el exministro Wert: el coste de estudiar un máster habilitante o vinculado hoy es entre un 18,1% y un 62% más barato. Así, los precios de estos posgrados oscilan entre los 591 euros del más barato de Galicia hasta los 1.283 del más caro en Navarra, una diferencia similar a la que existe en los grados.

Diferente situación tiene el restante 90% de los másteres, que si bien no son obligatorios para ejercer cada vez son más necesarios en un mercado muy especializado. Y aquí, explica el OSU, fuera del amparo de un pacto, “si se comparan los precios del curso actual con los del curso 2011-12 (justo anterior al decreto Wert), se constata una tendencia general (aunque no unánime) al incremento de precios”: ocho comunidades autónomas han incrementado el precio mínimo de sus másteres no habilitantes ni vinculados, y algunas lo han hecho de forma significativa: la Comunidad Valenciana los ha más que duplicado, Aragón los ha incrementado más de un 70 %, Madrid más de un 47 %. Otras diez comunidades, sin embargo, los han reducido, en algunos casos bajándolos a menos de la mitad, como en el caso de Andalucía (un 62,7% menos), Galicia (-59,6%), Canarias (-55,1%) y Castilla y León (-52,7%).

Pero, como se ven el gráfico superior, en estos estudios el diferente coste de estudiar un máster según la comunidad autónoma se agranda: la horquilla va desde los 591 euros del más barato en Galicia hasta los 2.818 del más caro en Murcia. Son hasta 4,5 veces más entre una y otra. Las diferencias en este caso son notables, explica el OSU: mientras en regiones como Andalucía, Galicia o Murcia el coste máximo de un posgrado no habilitante no llega a los mil euros, en otras como Murcia, Madrid o Aragón, el más barato no baja de 2.000 euros. También varían las propias políticas al respecto de cada Gobierno regional: desde los que tienen fijado un precio único para todos los posgrados (y los hay en la franja barata, como Andalucía, o en la cara como Madrid) hasta los que varían (en Extremadura y Murcia la diferencia entre un máster u otro puede ser del doble).

Esto, explica Sacristán, es una anomalía española: “En la inmensa mayoría del espacio superior europeo la mayoría de los másteres cuesta lo mismo que los grados y son unos mil euros”, ilustra la presidenta del OSU.

Fue proclamado como delegado de estudiantes el pasado 23 de enero. Pero no es el primer cargo que Pablo Nieto-Sandoval ocupa en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). El estudiante de cuarto curso del Grado de Español: Lengua y Literatura ha sido también delegado de la Facultad de Letras durante dos años, delegado de Campus de Ciudad Real y parte del Consejo de Estudiantes como tesorero. “Mi interés por participar en la comunidad universitaria no es algo que haya venido de golpe, sino que es un paso más en mi carrera”, explica a este medio. Ahora, además, presidirá el Consejo de Representación Estudiantil (CRE).

La suya, según explica, “no será una línea continuista, pero tampoco rupturista” con el trabajo del anterior equipo, “porque lo que está bien hecho no tiene porqué cambiarse”, y que su objetivo será “potenciar” las acciones buscando siempre, insiste, “la mejora de la institución”. En este sentido, su programa de trabajo está estructurado en cinco acciones encaminadas a potenciar la gestión interna del CRE, así como las relaciones con los representantes de estudiantes, con el colectivo estudiantil, con los órganos de gobierno de la UCLM y con el exterior.

"Si nuestra labor no se conoce, difícilmente será útil"

Y aunque el cargo de delegado de estudiantes es sólo por un año, Nieto-Sandoval explica que, en realidad, es algo que supone prácticamente un cuarto de la carrera universitaria. “En términos absolutos parece poco, pero es parte importante de mi tiempo en la universidad”, asegura. Un paso más con una posición de mayor responsabilidad, resalta. No dudó en asumirla, además.

El primero de sus objetivos es llegar realmente al estudiantado. “Puede parecer una perogrullada, pero realmente esto cuesta mucho en una universidad tan dispersa como la nuestra”, explica. Por eso, el equipo está intentando difundir una serie de encuestas y también quieren reunirse en todas las sedes, que incluyen todas las capitales, Talavera de la Reina y Almadén, durante el mes de febrero. “Es algo difícil, pero si nuestra labor no se conoce, difícilmente será útil”, afirma.

Renovación de los estatutos

Nieto-Sandoval también es consciente de los cambios a los que se enfrentará próximamente la institución con la Ley de Sistema Universitario, principalmente porque supondrá renovar los Estatutos de la institución. “Este es el reto más grande, el de adaptar la Universidad de Castilla-La Mancha al siglo XXI”, afirma. “Lo fundamental es conseguir estos estatutos una vez se apruebe la ley”, y recuerda que “justo el año pasado se aprobó la Ley de Convivencia para la Universidad”, y que por eso ahora también hay que seguir con esta adaptación. “Debemos conseguir que se adapte bien la universidad y en eso queremos contribuir”.

De todos modos, vuelve al problema de la “dispersión” entre el estudiantado. “Son muchos campus y cada facultad intenta apañarse como pueda. Esto no significa que los estudiantes no conozcan sus delegaciones, son, de hecho bastante conocidas, pero en cuanto vas subiendo en las delegaciones de campus... Se conoce menos. Y esta es la línea en la que estamos intentando actuar, para que sepan que en el Consejo de Estudiantes hay un lugar para encausar ruegos, sugerencias y este tipo de problemas”, señala.

Problemáticas de los estudiantes

“Resulta un poco difícil encontrar una problemática común para 30.000 estudiantes en tantas ciudades distintas”, reflexiona Nieto-Sandoval, aunque sí hay una serie que se va repitiendo, como por ejemplo los precios de las segundas o terceras matrículas. “Es algo que se comenta bastante, y también los problemas docentes, como el caso de algunas asignaturas que eran prácticamente una gincana evaluativa”. Este tipo de problema, en concreto, sí se ha ido arreglando con la mejoría del reglamento de evaluación, que se ha aplicado desde el 2022. “Era algo preocupante y repetido, pero se ha ido corrigiendo, ya que se ha rebajado la nota mínima para hacer media”.

“No estamos mal”, concluye. “La Universidad es consciente de la situación por la que pasa el estudiantado. Y, en comparación, los precios con otras universidades son bajos”, explica. “Aunque los precios no sean de matrícula, sí son de notable. Pero eso no significa que no podamos ir a por más. Pero pienso en otras comunidades en las que los precios de máster son mucho más caros que los de grado, y aquí eso no ocurre, el precio está igualado. Esto también nos permite ir al detalle, porque no hay que pelear las situaciones más complejas que en otras comunidades sí hay”, explican.

"La excelencia es difícil de alcanzar"

Pero, ¿qué pasa con el estudiantado en situación más vulnerable? “Hay becas de todo tipo, de colaboración, situaciones especiales, en fin... Claro, esto no significa que no haya gente que no siga teniendo dificultades, pero el programa que presentó Julián Garde se propuso desde el principio que nadie se quedase sin ir a la universidad por no poder pagarla. Y esto creo que se está manteniendo, porque se facilita que el estudiante pueda compaginar sus estudios con otro tipo de responsabilidades”, asegura. Apunta a que la evaluación continua permite que los estudiantes puedan examinarse y que las becas coticen en la Seguridad Social también son un paso adelante.

“La excelencia es difícil de alcanzar, pero sí es cierto que hay bastantes ayudas al estudio, también es verdad que no se conoce al detalle todo el sistema español”, reflexiona Pablo. Además, explica que desde la delegación se han visto casos “muy duros” de “extrema pobreza”, y que ha estado implicado en el proceso de resolución de las ayudas para estos estudiantes. “Si ves que a estas personas se les da ayudas, por lo menos sabes que el esfuerzo se hace. Pero claro, siempre se puede hacer más. Se debería hacer más hasta el punto en el que ojalá la universidad no tuviera que pagarse”, resalta.

“Trasvase” de estudiantes de Medicina a Toledo

Una de las problemáticas a las que se ha enfrentado la Universidad recientemente es al “trasvase” de estudiantes de Medicina desde Albacete y Ciudad Real a Toledo. Parte del estudiantado ha pedido retrasar el cambio de su plan de estudios, según el que deberán realizar parte de su formación en el Hospital Universitario de Toledo. “El problema de este asunto es que todavía no se ha iniciado el proceso, y estoy seguro de que va a generar mucha aceptación”, asegura el delegado de estudiantes que defiende que las instalaciones que se plantean para esta formación son “excelentes” al igual que la docencia.

“Pero claro, está el problema de que las cosas no se han hecho del todo claras, y ahora esto está trayendo oposición tanto en Albacete como en Ciudad Real, aunque el vicerrectorado de Ciencias de la Salud está intentando paliar todos esos problemas dando facilidades y generando transitoriedad en estos primeros años. Luego, esto se materializará en que todo se asuma con total normalidad, porque al final es una modificación del Plan de estudios como cualquier otra”, resalta. “Es normal que el estudiantado no quiera irse, al margen de lo buenas que sean las instalaciones”, explica.

Ayuso y la “crispación”

En cuanto al reconocimiento de Isabel Díaz Ayuso como 'alumna ilustre' de la Universidad Complutense de Madrid, explica que “no puede decir a qué respondió ese reconocimiento”, pero de lo que sí está seguro de que “la crispación nunca es buena consejera”.

“Cuando algo genera rechazo, o puede generar rechazo, es mejor no mojarse. Este premio se ha dado en un año políticamente peliagudo, y no hay engaño en esto. Al final lo que ves es que la gente cree que el rector de la Complutense le ha hecho la campaña a Ayuso y seguramente él no tenía esta intención. Pensar en estos días en la universidad es pensar en el premio a Ayuso, y no en sus investigadores, sus estudios, simposios o el estudiantado. Es derivar la atención hacia el ruido”, concluye.

Las tasas universitarias para grados y todo tipo de másteres estarán congeladas en la Universidad de Castilla-La Mancha durante los próximos cinco años. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page lo anunciaba el pasado mes de julio.

La decisión del Ejecutivo regional formará parte del convenio marco que el Gobierno castellanomanchego y la Institución académica suscribirán “en breve” y que se prolongará durante un lustro, un año más que el vigente contrato-programa.

Con esta decisión, la Universidad de Castilla-La Mancha mantendrá invariables las tasas que se aprobaron ya en 2016, poco después de que Emiliano García-Page tomara las riendas del Gobierno regional acceder al Gobierno, en minoría y con el apoyo de Podemos, desplazando a Dolores de Cospedal.

“En 2013 se produjo una subida importante de los precios que impusieron tanto el Gobierno central como el de Castilla-La Mancha, bajo el gobierno del PP”, dice el responsable castellanomanchego de universidades.

El precio medio del crédito del grado estaba en unos 20 euros en el curso 2011-2012 y el de los másteres habilitantes (aquellos que permiten ejercer por ejemplo la docencia) subieron hasta los 27 euros/crédito, mientras que los no habilitantes (el resto de másteres oficiales) costaban una media de 28,8 euros por crédito en el curso 2012-2013.

“Cuando llegamos al Gobierno regional intentamos aplicar una política de igualdad de oportunidades de acceso a la universidad que creo que hay que trabajar en varias líneas: los precios públicos y la política de becas para apoyar a los alumnos que, pese a los precios sociales, tienen otra serie de dificultades”.

El director general explica que la región “fue pionera en España en 2016 en igualar las tasas de todos los tipos másteres a las de los grados”, algo que también tendrán que hacer sin falta esta primavera aquellas comunidades autónomas que no lo hayan ejecutado.

Y es que “en 2020 el Ministerio de Universidades planteó la necesidad de armonizar a la baja los precios de los grados, tomando como valor de referencia los que se establecían para los años 2011 y 2012”.

¿Cuáles son ahora los precios? “Depende de si el grado o master en cuestión tiene más o menos experimentalidad”,  explica Cuevas. Desde el curso 2016-2017, el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene congeladas las tasas que varían entre los 12,13 euros por crédito para carreras más ‘teóricas’ y los 18,87 euros por crédito para las más experimentales, por ejemplo, Medicina. “Los grados tienen una media de 60 créditos por curso académico”, recuerda, así que el precio medio oscila entre los 728 euros/ curso los más baratos y 1.132 euros/ curso los más caros.

En 2021, el Ministerio de Universidades pidió equiparar los precios de la primera matrícula de los grados a los de los másteres habilitantes a través de una Resolución del secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón. “Para cumplir con el acuerdo adoptado en el seno del Consejo de Política Científica se nos pidió adoptar como valor de referencia el precio medio de estos estudios universitarios en el conjunto de las comunidades autónomas en el curso 2011-2012, pero se permitió una moratoria hasta el curso 2022-2023”.

Castilla-La Mancha, explica, no necesitará hacerlo este año cuando se aprueben los precios públicos para el curso académico 2022-2023. “Ya nos obligamos a equiparar la primera matricula de másteres habilitantes a la primera matrícula de grado en 2016. Y lo hacemos también con los másteres no habilitantes”.

“Equiparar precios de grados y másteres nos ha funcionado bien”

El director general de Universidades, Investigación e Innovación asegura que la decisión “nos ha funcionado bien”. El número de alumnos de máster oficial en la UCLM en el curso 2015/2016 era de 1.434. Hoy, y según los datos de la web de Transparencia de la universidad, en el curso 2020-2021 había 2.142 alumnos de máster.

“Hoy nos situamos entre las comunidades autónomas más competitivas en la oferta de másteres”, explica, para apuntar que eso se deba a la decisión tomada hace seis años y a “esos precios más sociales que mantenemos en Castilla-La Mancha”.

Eso sí, este tipo de tasas solo se aplican a las primeras matrículas, matiza el responsable regional de universidades. “Es lo habitual y ayudan a incentivar el estudio”, sostiene.

En los precios, la situación del campus de Guadalajara es “compleja”

Estos precios tampoco se aplican a uno de los campus universitarios de la región, el de Guadalajara, que no depende de la Universidad de Castilla-La Mancha sino de la Universidad de Alcalá, cuya sede jurídica está en Madrid.

“Es una situación compleja porque es el único caso en el que una universidad, con sede jurídica en una comunidad autónoma, tiene campus en otra comunidad autónoma”.

Ricardo Cuevas reconoce que se ha planteado “en alguna ocasión” equiparar precios de las tasas universitarias en todas las provincias castellanomanchegas, pero no se ha logrado. “No tenemos competencias, las tiene la Comunidad de Madrid”.  

El nuevo contrato-programa incluirá la garantía de becas para situaciones económicas sobrevenidas entre los estudiantes

En este curso, la UCLM ha recibido un refuerzo por parte del Ejecutivo castellanomanchego de medio millón de euros destinados “a impedir que ningún alumno se quede sin posibilidades de acceder a la universidad por motivos económicos”, ha explicado en varias ocasiones la titular de la Consejería de Educación, Rosa Ana Rodríguez.

En julio de 2021, Julián Garde, rector de la Institución académica, explicaba en una entrevista con elDiarioclm.es que durante el curso 2020-2021 las ayudas a estudiantes en situaciones especiales, estaban dotadas inicialmente con 115.000 euros y se vieron incrementadas hasta los 174.000 euros gracias a las donaciones realizadas por el Consejo de Representantes de Estudiantes de la UCLM (20.000 euros) y el Consejo Social de la institución académica (39.000 euros). Se quedaron cortas.

Esta semana Ricardo Cuevas explica que “en marzo de 2021 se detectó que había un importante número de alumnos que trasladaban problemas para pagar la matrícula” y anuncia que en el nuevo contrato-programa con vigencia 2022-2026 se espera que “puedan garantizarse becas para afrontar situaciones sobrevenidas”.

El responsable de universidades no pone fecha a la firma pública del contrato-programa, aunque resalta la “sintonía” con la actual dirección de la Universidad castellanomanchega para que “pueda estar en disposición de ser motor del desarrollo regional”. Se refleja, dice, en los convenios recientemente firmados “como preludio” del convenio marco a cinco años que se va a suscribir coincidiendo la reciente llegada de Garde a la Presidencia semestral del G-9 de Universidades españolas.

La nueva Ley de Universidades: abordar la financiación y garantizar la carrera profesional

La salida del ministro de Universidades Manuel Castells de la cartera dejó sin finiquitar la puesta en marcha de la nueva Ley de Universidades que ahora deberá abordar Joan Subirats.

Desde Castilla-La Mancha, Cuevas dice que hay que trabajar “para que no sea una oportunidad perdida”, un temor que ya expresaba Julián Garde hace unas semanas. Cree además que hay que dar “margen de tiempo y confianza al nuevo ministro” que, recordaba, esta semana se ha reunido con los distintos grupos políticos porque “cualquier reforma, si quiere ser duradera, debe partir de la base de un amplio consenso, sean comunidades autónomas, estudiantes o universidades”.

“Estamos dispuestos a colaborar”, asegura, para “reformar la universidad con una ley que tenga horizonte a 15 o 20 años”, aunque avanza que el Gobierno de Castilla-La Mancha pone el foco en el desarrollo de la carrera universitaria profesional. “Si queremos hacer buenas universidades, debemos contar con el mejor personal y favorecer su desarrollo a lo largo de toda su etapa profesional. Eso hay que cuidarlo en la legislación”. Después, comenta, “hay que abordar la financiación porque somos las comunidades autónomas las que financiamos a las universidades. Cualquier reforma que incluya la financiación debe consensuarse”.

La Universidad será más barata el año que viene en la mitad de España. O al menos debería. Siete comunidades autónomas tienen que bajar los precios públicos de sus universidades en diferente cuantía para el próximo curso para los grados y, además, todas menos Asturias deben hacerlo varios cientos de euros también para los másteres habilitantes, según un análisis realizado por el Observatori del Sistema Universitario de Catalunya (OSU). El Principado es la única región que llegará a septiembre con todos los deberes hechos.

Así les obliga el acuerdo alcanzado hace dos cursos con el Ministerio de Universidades por el que se busca reducir y también armonizar los precios públicos universitarios en España, que se dispararon tras el cambio que introdujo el exministro José Ignacio Wert en 2012 por el que permitió a las comunidades subir las tasas. Algunos Gobiernos regionales, como los de Madrid o Catalunya, abrazaron la idea con entusiasmo y los precios públicos se dispararon, llegando a duplicarse en estas dos comunidades y provocando que estudiar un mismo grado cueste hasta el triple, en el caso más extremo, en algunas comunidades que en otras. Ahora los tendrán que bajar en consonancia.

Las siete comunidades que los tienen que bajar son Madrid, Baleares y Euskadi, que ni siquiera han empezado a hacerlo, y Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura y Navarra, que sí han reducido algo, pero les falta camino. Madrid tendrá que bajar sus precios de media hasta 290 euros por matrícula y año en el caso de los grados; Catalunya, un par de cientos de euros. Medio millón de estudiantes de centros públicos se verán beneficiados por la rebaja en estas siete comunidades.

La reducción no es igual en todas las comunidades porque partían de diferentes precios públicos y además el acuerdo, que es complejo y tiene varios matices, no obliga a llegar al mismo precio porque había autonomías que ya estaban por debajo de los 18,46 euros por crédito que fijó Universidades como tope. Las que estaban por debajo de esa cifra no pueden elevar sus precios. Además, hay que tener en cuenta que el coste de los estudios universitarios, tanto de grado como de máster, varía: en general, los de letras son más baratos que los de ciencias, que incluyen uso de laboratorios y maquinaria diversa. Por eso, las universidades tienen una horquilla de precios mínimos y máximos.

Con los másteres habilitantes –los que son obligatorios para ejercer una profesión, como por ejemplo la abogacía– la situación es más apremiante para las comunidades. Todas tenían que bajar el precio de estos posgrados, algunas varios cientos de euros, en virtud de una segunda parte de ese mismo acuerdo, para equipararlos a los estudios de grado por aquello de que son obligatorios, a diferencia de los másteres normales. Pero de momento solo Asturias ha cumplido en este apartado. El resto de Gobiernos regionales tienen deberes pendientes para septiembre: La Rioja tiene que reducir sus precios mínimos más de 700 euros y los máximos 543; Extremadura entre 203 y 697; Baleares entre 451 y 680; y Catalunya casi 600, por citar las que más rebaja deben hacer. Madrid, que suele aparecer en estas estadísticas entre las peores, tiene menos camino que recorrer con los másteres: tendrá que bajar el precio mínimo 347 euros, el máximo no necesita tocarlo. La rebaja beneficiará a unos 44.000 estudiantes, según datos del Ministerio, y costará a las comunidades autónomas 10 millones de euros, según Universidades.

“Ha tenido poca modificación de las conductas”

“El acuerdo realmente ha tenido relativamente pocos efectos prácticos, poca modificación de las conductas: las comunidades que estaban bajando los precios han seguido haciéndolo y las que no, no”, valora Vera Sacristán, responsable del OSU y del informe. “Las tendencias se mantienen, para bien o para mal, aunque hay comunidades que están bajando precios, y de manera sustancial”, añade pensando en Catalunya, que ha rebajado sus tasas en los dos últimos cursos, aunque aún le queda camino por recorrer.

Los Gobiernos regionales tenían tres cursos para reducir sus precios (las que tuvieran que hacerlo, algunas como Galicia no llegaron a subirlos y por tanto no tienen que bajarlos), pero no todos se han aplicado por igual y ahora están obligadas a hacerlo de cara al próximo año universitario. Y para algunas la rebaja es sustancial: Madrid tiene que reducir el precio medio de los estudios de grado 290 euros de golpe porque no ha hecho nada en dos cursos, y Catalunya, la que más tenía que recortarlos porque es la que más los subió, ya tiene parte de la faena encaminada de los pasados dos años, pero tiene que reducir el precio de media 843 euros y ha bajado los mínimos 455 y los máximos 712.

En cualquier caso, las diferencias de precios aún tras el cumplimiento de este acuerdo de armonización seguirán siendo notables según las comunidades autónomas. Estudiar un grado aún puede costar la mitad desde los 518 de precio mínimo de Asturias o los 757 máximos de Andalucía (aunque esta comunidad luego bonifica al 99% el coste) hasta los 1.283 mínimos madrileños o los 1.660 máximos catalanes. Con los másteres habilitantes sucede algo parecido: la horquilla entre 591 y 836 que cuesta uno en Galicia supone casi un tercio de la de 1.454 a 2.110 de Madrid.

Estas diferencias tienen un reflejo directo en el esfuerzo que han de hacer las familias para afrontar estos gastos. Según un estudio de la CRUE de hace dos cursos, estudiada la renta per cápita de cada región y el coste de los estudios superiores, un estudiante catalán dedicaba el 7% de su renta per cápita a la Universidad, mientras que uno vasco gastará el 3,18%. En esta estadística destacan casos como el de Extremadura, cuyos estudiantes gastan el 5,4% de su renta en la universidad cuando esta es la mitad que la de un vasco, por ejemplo (unos 16.000 euros anuales frente a 32.000).

El acuerdo de hace dos años no fue bien acogido por todas las comunidades. Las populares Andalucía, Madrid, Castilla y León y Murcia –que durante la legislatura han venido rechazando prácticamente cualquier medida que viniera del Ministerio de Educación o de Universidades– y Euskadi –que habitualmente vota “no” porque argumenta que invade sus competencias– rechazaron la medida por ser “impuesta (...) sin ninguna propuesta económica concreta” que compense a los campus de esa caída en los ingresos, que ahora deberán asumir (o no) los Ejecutivos autonómicos. Cuando hubo que hacer la operación inversa en 2012, las comunidades no pusieron tantas pegas: redujeron la financiación global en 1.500 millones de euros y obligaron a las familias a asumir parte de ese recorte subiendo el coste de las tasas.

Pero esta decisión, al ser aprobada por el Consejo General de Política Universitaria (CGPU), es de obligado cumplimiento porque remite en última instancia a la Ley Orgánica de Universidades. ¿Qué pasará si alguna no cumple? Nadie se atreve a responder. “Tienen que hacerlo”, se limitan a explicar desde el Ministerio.

El 90% de los másteres, fuera del acuerdo

El OSU recuerda que, pese a estas rebajas de precios, el 90% de los másteres se han quedado fuera del acuerdo y la única obligatoriedad es que no suba su precio. Sin embargo, como explicaba Sacristán, del OSU, las comunidades están aplicando aquí la misma política que a la generalidad de los precios universitarios, aunque no haya mandato. Así, Castilla y León ha bajado sus precios 430 euros por curso (un 18%); Catalunya, 1.106 (un 40%); y La Rioja, entre 221 y 270 (un 11,5%). Pese a ello, las diferencias entre comunidades se mantienen: el máster no habilitante más caro, en Murcia, cuesta 4,7 veces más que el más barato, en Galicia.

Y luego están los llamados másteres vinculados. Estos posgrados están a medio camino entre los habilitantes y no: hacen falta para determinadas profesiones, pero no son la única condición exigida (se puede hacer alguna otra prueba como un examen, como sucede por ejemplo para la marina mercante). La reforma de Wert posibilitó que las universidades pudieran ofrecer un tercer tipo de máster, aparte de los habilitantes y los ordinarios, en los que podían “modificar excepcionalmente las horquillas establecidas”. Dicho de otro modo, poner precios más caros “atendiendo a la singularidad de determinadas titulaciones”. En Madrid, “con mucha diferencia la comunidad con más másteres a precios diferenciados”, explica el OSU, estos pogrados alcanzan los 13.500 euros.

Pero el párrafo que los amparaba desapareció de la LOU con la reforma de los precios que realizó Castells el curso pasado. Y, sin embargo, ahí siguen estos másteres. El pasado curso se añadieron algunos, sin ir más lejos, en la Comunitat Valenciana y Murcia. Sacristán, del OSU, explica que tiene dudas de la legalidad de estos cursos una vez desaparecido el texto que los permitía en la LOU.

¿Y las segundas y terceras matrículas?

Otra cuestión que preocupa al OSU es la política española respecto a los precios de las segundas matrículas y en adelante. Es lo que Sacristán llama “incentivos al estudio”, y ha quedado fuera de los acuerdos entre el Ministerio y las universidades. En España, cuando se repite una asignatura por la razón que sea (suspensos o no presentarse), el coste de la matriculación se dispara. Con diferencias entre comunidades, pero la norma es que se duplica en la segunda matrícula y se multiplica por tres y hasta cuatro veces en la tercera. A partir de la cuarta matrícula el precio se llega a multiplicar hasta por 8,5 veces. “Repetir asignaturas no es para pobres”, dice la responsable del OSU.

“El castigo económico a la repetición es muy excepcional en Europa”, asegura la experta. “Como España, donde es más caro presentarse por segunda vez por lo que sea, no lo hace nadie. Hay países que aplican un castigo si se alargan demasiado los estudios, pero con carácter general. Por ejemplo, algunos te dan cuatro años para acabar un grado que sea de tres y si no lo has conseguido te castigan al quinto. Esto te permite adaptarte cuando vienes del instituto. En general el incentivo para seguir los estudios a buen ritmo, para que se haga un uso eficiente de los recursos públicos, suelen ser medidas académicas, explica la experta.

Sentencia absolutoria para los 13 estudiantes catalanes los que la Fiscalía pedía 8 años de cárcel por quemar un contenedor y romper el escaparate de una sucursal bancaria durante una manifestación en contra de la subida de tasas universitarias en 2017. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, concluye que la investigación del caso vulneró los derechos fundamentales de los jóvenes al imputarles “de forma indiscriminada e imprecisa” los disturbios.

En su resolución, los magistrados de la sección 7a de la Audiencia de Barcelona resaltan el “quebranto de garantías procesales” de los jóvenes vivido durante la fase de instrucción del caso, que provoca una “material indefensión a los acusados” y que se tenga que anular toda la causa, lo que deriva en su absolución. Los magistrados atienden así la petición de las defensas de los jóvenes, que ejercieron los letrados Eduardo Cáliz, Xavier Monge, Júlia Humet y Adrià Roger.

Los jueces determinan que la investigación quebrantó el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los jóvenes porque los acusados no tuvieron “información ni concreción previa” de los hechos objeto de investigación hasta conocer el escrito de acusación de la Fiscalía. Al contrario de lo que exige la ley, no se informó a los jóvenes de los hechos delictivos que se les imputaban cuando prestaron declaración en fase de instrucción.

“No existe referencia alguna en las actuaciones a que se haya dado cuenta a los encausados de los hechos que les son imputados”, resuelve la sentencia, que además señala que no ha quedado “suficientemente acreditado” que los jóvenes causaran los disturbios de los que les acusaba la Fiscalía. El Ministerio Público mantuvo su acusación al final del juicio, pese a admitir que se trataba de una petición de penas muy alta en unos altercados sin policías heridos y admitir que no podía señalar concretamente qué hicieron cada uno de los acusados al actuar “en grupo” para provocar los disturbios.

El juicio estuvo marcado además por la manera en que los Mossos d'Esquadra identificaron a los jóvenes acusados. La policía autonómica admitió que dispone de un archivo y de un banco de imágenes de protestas de estudiantes –sin aclarar si se trataba de un archivo meramente policial o que forma parte de investigaciones judiciales– que le sirve para cotejar a eventuales implicados en desórdenes, tal y como ocurrió en este caso que ha terminado sin condena alguna.

El coronavirus no es la única novedad del curso universitario que ha arrancado este septiembre. También es este el primero de los tres años que le ha dado el Gobierno a las comunidades autónomas con las matrículas de grado más caras para que bajen precios. Catalunya es esta vez la que ha aplicado una mayor rebaja, del 30%, pero esto no ha evitado que siga siendo, junto a la Comunidad de Madrid, la que tiene las tasas más caras –con diferencia– de toda España. 

A partir de los decretos de precios que publica cada comunidad autónoma, el Observatorio del Sistema Universitario (OSU) ha elaborado un informe que supone una radiografía de los precios de grado y máster de toda España. Desde que el Gobierno del PP aplicó el ‘tasazo’ universitario en el curso 2011-2012, Catalunya aparecía de lejos como la comunidad con los precios más caros por carrera (podían llegar a ser el triple que regiones como Andalucía o Galicia).

Ahora, tras aprobar la Generalitat una reducción del 30% de las tasas en sus presupuestos para 2020, los precios catalanes se acercan más a los de la Comunidad de Madrid. Siempre teniendo en cuenta la primera matrícula, el precio del grado en Catalunya va de 1.061 euros a 1.660 –en función de si son más o menos costosos–, mientras que en Madrid oscila entre 1.283 y 1.568 euros. En ambos casos sigue estando lejos de las matrículas más económicas, que son los de Andalucía (un único precio: 757 euros), Galicia (de 591 a 836 euros) o Canarias (de 591 a 836 euros). 

En la Comunidad de Madrid, se llega a dar el caso de que sus estudios de grado más baratos, de 1.283 euros al año, cuestan más dinero que los grados más caros de hasta 12 comunidades. 

En cuanto a los másters, las diferencias son más abismales si cabe. En el caso de los que no son habilitantes –es decir, los que no son indispensables para acceder a una profesión– la disparidad va desde Andalucía (821 euros) y Galicia (591 a 836 euros) hasta Madrid (2.701), Catalunya (2.767) o Murcia (2.114 a 2.818). 

¿Qué comunidades han bajado precios?

Más allá del mapa actual de precios de grado de las comunidades, desde este curso el Ministerio de Universidades, capitaneado por Manuel Castells, aprobó una propuesta con los gobiernos regionales para reducir el precio de las matrículas. Se eliminó la horquilla de precios introducida por el Gobierno del PP en 2011-2012 con el objetivo de reducir las desigualdades entre comunidades y lograr una mayor unificación de los costes de acceso a la universidad.

Con el nuevo tope de precios, un 15% superior como máximo a los que había en el curso 2011-2012, desde Universidades calcularon que un total de diez comunidades deberían rebajar de alguna forma sus precios. Para que tengan tiempo de hacerlo, Castells les ha dado un plazo de tres años, hasta el curso 2022-2023. Por ahora, cinco de ellas han empezado a reducir tasas; las otras cinco, no. 

A la sustancial rebaja de Catalunya –que proviene de un acuerdo previo a la propuesta del Gobierno–, se le añaden las comunidades de La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana y Navarra. Según los datos recabados por el OSU, las dos primeras han aplicado ya la disminución de precios que a que les obliga el nuevo sistema con margen hasta 2022. La Rioja ha reducido entre 31 y 50 euros al año en función del grado; Aragón, entre 12 y 125. 

Las cinco comunidades restantes que deben bajar precios antes de 2022 y que este curso no han aplicado ninguna reducción son Madrid, País Vasco, Extremadura, Baleares y Castilla y León. Esta última, sin embargo, abarató significativamente las matrículas el curso pasado, hasta un 20%. Entre las que no tienen la obligación de disminuir los importes, solo Cantabria los ha reducido este curso, un 1% (entre 7 y 10 euros por curso). 

“La impresión es que los efectos del acuerdo [para reducir los precios de las matrículas] han sido muy modestos”, valora Vera Sacristán, profesora de matemática aplicada en la UPC y directora del OSU. La autora del informe añade además que muchas comunidades ya venían bajando “poco a poco” los precios en los últimos años, con lo que no se ha producido un cambio significativo de tendencia. “Solo en Catalunya, pero no como resultado del acuerdo”, puntualiza Sacristán, que recuerda además que pese a la rebaja, la Generalitat todavía no ha completado la reducción total que le exige el Gobierno, de 843 euros al año de media. 

Sacristán lamenta a su vez que el acuerdo solo contemplase la reducción de precios en primera matrícula y no en las sucesivas, cuando a menudo se encarece exponencialmente. Ni tampoco en los másters. Lo único que establece el pacto es que en ningún caso se pueden superar los precios del curso pasado. Por lo tanto, esta decisión ha quedado a criterio de las comunidades, algunas de las cuales sí han decidido aplicar reducciones, como ha sido el caso de Aragón en las segundas matrículas.

El Ministerio de Universidades ha cerrado con las comunidades autónomas –no por unanimidad– el cambio en el sistema de fijación de precios de las tasas universitarias que anunciaron la semana pasada. Con el nuevo método, que busca rebajar el coste de estudiar en la universidad en casi todas las regiones y armonizar precios entre las comunidades, al menos diez Gobiernos regionales tendrán que abaratar el precio de sus estudios superiores.

El nuevo sistema fija un tope de precios y es vinculante para todas las autonomías, pese a que no todas han votado a favor. Andalucía, Madrid, Castilla y León, Murcia y Euskadi son las regiones que no se han mostrado favorables, una lista muy similar a las que ha estado disintiendo del Ministerio de Educación en las etapas obligatorias. Fuentes de la Comunidad de Madrid han lamentado que el ministro haya “impuesto a las comunidades una bajada del sistema de precios públicos sin llegar a ningún acuerdo con ellas” y sin “ninguna propuesta económica concreta”. Estas mismas fuentes especifican que no están en contra de la bajada per se, sino de la imposición sin una alternativa económica.

Esta es la gran preocupación en las Consejerías de Educación: quién va a pagar esta falta de fondos que van a sufrir muchas universidades a partir de septiembre, y que se sumará a una financiación que todavía no ha recuperado los niveles previos a la crisis de 2008.

El acuerdo es de aplicación ya para el año que viene, aunque las partes se han dado un margen para que las comunidades que más tienen que rebajar sus precios lo hagan de manera paulatina hasta el curso 2022-2023. El acuerdo fija el precio máximo de 18,46 euros por crédito, cifra ligeramente inferior a la media del curso pasado (18,73) y que actualmente superan cuatro comunidades (Catalunya, Madrid, Comunidad Valenciana y Navarra). Sin embargo, diez tendrán que rebajar sus precios porque el sistema es complejo y no todas las comunidades pueden llegar al máximo establecido, se tiene en cuenta también el punto de partida para evitar que algunas suban los precios.

Catalunya es, con diferencia, la comunidad que más tendrá que rebajar sus tasas. En ese máximo de tres cursos, tiene que reducir sus precios públicos un 43,2%. Una parte de este descenso ya estaba previsto por la Generalitat, que se ha comprometido a bajar el precio de las matrículas en un 30% de cara al próximo curso, informa Pau Rodríguez. Después de ser la comunidad autónoma que más encareció las tasas, con una subida de hasta el 66% durante la etapa de CiU, el Govern asumió finalmente la demanda de estudiantes y rectores e incluyó una partida para rebajar los precios dentro de los Presupuestos de 2020 aprobados con el apoyo de los Comunes.

Madrid es la segunda región que un mayor esfuerzo tendrá que hacer, con un descenso previsto del 20,7%. La Comunidad Valenciana (-12,62%), Navarra (-7,14%), País Vasco (-4,71%), Extremadura (-4,19%), Aragón (-4,1%), La Rioja (-3,52%), Baleares (-3%) y Castilla y León (-2,68%) son las otras regiones que tendrán que bajar sus precios públicos.

Un método complejo con máximos, pero no mínimos

El método coge como referencia los precios medios que había en el curso 2011-12 (el último antes de la subida de tasas que alentó el Gobierno de Rajoy y abrazaron casi todas las comunidades) para fijar el tope, aunque no habrá mínimo. Según un complejo sistema, el precio de referencia serán 16,05 euros por crédito oficial de grado en España, al que se le añade un 15% como valor máximo del coste, según explica una nota del Ministerio de Universidades.

Así, según este nuevo método y los precios que tiene cada comunidad autónoma, se establecen tres grandes grupos de regiones. Por un lado están las que se encuentran por encima de ese 115% del coste medio, Catalunya y Madrid. Estas tendrán que rebajar sus precios hasta un máximo de 18,46 euros por crédito. Para un grado medio de 60 créditos por curso, esto supone que un año costaría 1.107,6 euros.

Las comunidades que presentan unos precios entre un 15% más alto y un 15% más bajo de la cantidad de referencia (Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra, País Vasco y La Rioja) tienen como precio máximo para el curso que arranca en septiembre el mismo que tenían en el curso 2011-2012.

Por último, las comunidades que tienen un precio de tasas públicas por debajo del 85% del establecido como referencia (Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, que no ha tocado los precios desde 2011, Murcia y la UNED) puede dejar los precios invariables respecto al curso anterior.

Tras la derogación por parte del Gobierno central de la horquilla de precios públicos universitarios, el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (CEUM) urge al consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, a “iniciar una rebaja de los precios de matrícula hasta alcanzar los niveles del año 2011, el último año antes del tasazo Wert”.

Concretamente el CEUM pide que esta eliminación de las subidas producidas “se refleje ya de alguna forma en la orden de precios para el año 2020/2021”. También recuerda a la Comunidad que “no se deben penalizar los suspensos de las asignaturas de este curso”, atendiendo a las excepcionales condiciones de estudio y evaluación derivadas del coronavirus.

El Presidente del Consejo de Estudiantes de la UMU, José Miguel Rojo, afirma que “no es momento de excusas” y que “no se puede seguir resolviendo un problema estructural de financiación a costa del bolsillo de los estudiantes murcianos y sus familias”. Rojo pide que la Comunidad Autónoma “siga la senda de otros gobiernos regionales y revierta los recortes realizados”, es una cuestión de voluntad, aclara.

De acuerdo con el CEUM, los estudiantes murcianos temen ser “de los pocos que no vean ninguna medida de rebaja de precios en todo el país”. Recientemente se ha sabido que los presupuestos catalanes incluyen una rebaja del 30 por ciento en el precio de la matrícula universitaria. En Andalucía hace casi tres años que se aprobó la bonificación del 99 por ciento de los créditos universitarios aprobados en primera matricula. En 2019 Castilla y León rebajó un 20 por ciento las tasas universitarias a las primeras matrículas. Esto demuestra para el Consejo “una tendencia nacional hacia la revisión de la política de precios públicos a la que nuestra Región no puede permanecer ajena”.

Por último, los estudiantes se felicitan porque el requisito de nota académica de las becas vuelva al 5 (aprobado). Era una reivindicación histórica de los colectivos estudiantiles que esperan sirva “para que muchos más estudiantes pueden verse beneficiados de estas ayudas”.

Tasas, clases a distancia y evaluación. Estas son las palabras que más se repiten entre el estudiantado universitario estos días cuando se les pregunta por su situación y los problemas que están afrontando como consecuencia del cierre de las universidades.

Si los alumnos de las etapas obligatorias y no obligatorias preuniversitarias conviven con las dudas, algunas ya medio resueltas, de cómo van a cerrar el curso, sus compañeros más mayores sufren la misma incertidumbre, pero aplicada a 82 universidades, cientos de facultades, un par de miles de grados y muchas más asignaturas.

Porque el curso sigue, explican los estudiantes, pero a diferencia de en Secundaria, donde se aplicarán soluciones comunes a nivel de comunidad autónoma, la autonomía universitaria y la libertad de cátedra llevan a que cada centro, cada facultad o en última instancia cada profesor decida cómo está avanzando por la materia y cómo evaluará. Incertidumbre, denuncian los alumnos. Desigualdad, dicen otros. Y alguna mala práctica ya detectada, añaden.

El Ministerio de Universidades se ha reunido con las comunidades autónomas y con la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, pero sin competencias puede ofrecer poco más que coordinación y buena voluntad. También ha hablado el ministro, Manuel Castells, con los estudiantes. “Se mostró favorable a nuestras propuestas”, explica Carolina García, presidenta de Creup, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas. “Pero las soluciones las tienen que poner las universidades, realmente”.

Las clases, sí pero no

El primer problema que se han encontrado algunos estudiantes ha sido la docencia online. También los profesores. “Hay de todo”, comenta Carolina García. “Tenemos desde profesores que se limitan a subir un archivo PDF hasta otros que se lo están trabajando muchísimo e incluso mejoran la actividad presencial”, dice.

El problema aquí lo tienen los estudiantes sin acceso a un ordenador o a una buena conexión a internet, aunque las universidades están haciendo un esfuerzo por suministrar medios a estos alumnos, admiten los estudiantes. “Aunque si te dan un ordenador y sigues sin internet... En cualquier caso, mucha gente lleva ya seis semanas de cuarentena sin dar clase” mientras llegan esos medios, alerta Marc Candel, portavoz de la asociación Escudo Estudiantil, de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Y luego está que la brecha digital no es un problema exclusivo de estudiantes. “Hay profesores –como el típico catedrático a punto de jubilarse– a los que esto pilló con su brecha digital propia que lo primero que tuvo que hacer es buscar qué es online”, cuenta José Antonio Valdés, representante de estudiantes en la Junta de Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid.

Genís Vives, secretario del Consejo del Alumnado de la Universidad de Barcelona miembro de Ceucat, explica que hay profesores impartiendo materia “como si no hubiera pasado nada, pidiendo las misma exigencia, las mismas horas que siempre”. Más específicamente, un problema que se están encontrando es que hay docentes que dan clases online en directo, pero “no todos los estudiantes pueden acceder a los medios en un momento concreto del día” [si tienen que compartir el ordenador, por ejemplo] o hay clases solapándose, por lo que pide que los profesores las graben y las dejen colgadas para que los alumnos puedan ir accediendo a ellas a su ritmo.

Esta solución les funcionaría a otros estudiantes que sufren otro tipo de brechas, no necesariamente digital, explica Candel. “Como a los profesores se les ha impuesto la docencia online, lo único que hacen es mandar trabajos. Pero hay compañeros que están haciendo prácticas o trabajando de riders –tenemos muchos– que se están quedando fuera de todo esto”.

La evaluación incierta

Una solución parecida a la de las clases que propone Vives pide Carolina García para las evaluaciones, uno de los grandes melones aún por abrir del todo del fin del año universitario. Con las clases presenciales ya descartadas para lo que resta de curso, queda por saber cómo se va a evaluar el segundo cuatrimestre en los campus.

La mayoría de las universidades han confirmado que el final de curso va a ser con evaluación continua online, pero otras siguen con la idea de hacerlas presenciales. “De hecho, las que lo van a hacer online no descartan lo presencial del todo, lo que quiere decir que no acaban de actualizar su metodología de evaluación y, si siguen insistiendo mucho, van a acabar haciendo una evaluación improvisada”, alerta García.

“Nos preocupa mucho la evaluación final. Ya deberíamos tener las directrices claras, y estas deben respetar derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad”, advierte Vives en una queja recurrente entre los estudiantes. El asunto es que hay profesores que temen el fraude. Que, ante una evaluación a distancia, los alumnos copien. Los estudiantes cuentan que están solventando esta situación de dos posibles maneras de momento.

“Se están dando casos de profesores que están haciendo exámenes y le exigen al alumno que tenga dos cámaras que enfoquen toda la habitación para ver que no copian”, explica Vives. “Me consta que en la Pompeu Fabra se ha hecho, aunque es verdad que tuvieron que improvisar medidas porque les coincidió prácticamente el cierre con una convocatoria de exámenes”.

García, de Creup, confirma que también le han llegado casos de esta práctica, que califica de “muy invasiva no solo para el alumno, también para la familia si este no dispone de un espacio propio”.

Otra modalidad de examen que se está practicando estos días es el tipo test, pero con apenas tiempo para completarlo para evitar que se copie. “Tenemos compañeros que han tenido un parcial de 20 preguntas en 30 minutos, o un examen de Derecho con diez preguntas teóricas a responder en 40 minutos”, confirma Marc Candel, de la UMH. Desde Creup refieren también pruebas de 50 preguntas en 15 minutos. “Es imposible, no puedes ni leer las preguntas”.

El problema de las prácticas

Los estudiantes proponen que se trabaje más la evaluación continua y que los trabajos tutelados tengan más peso en la calificación final. García habla de una evaluación asíncrona –esto es, pruebas sin una hora estipulada concreta de realización, sino con una fecha tope de entrega– como solución a la brecha digital o los problemas de coordinación o personales que puedan estar viviendo los alumnos.

Y sobre todo exigen unas reglas de juego claras. “Tenemos compañeras que hacen un examen esta semana y aún no saben cómo les van a evaluar”, explica Candel, de la UMH. “El acuerdo de la semana pasada [entre ministerio y comunidades autónomas] iba en la línea de que había que contar con la comunidad educativa para ver cómo se acababa el curso. Pero nadie nos ha preguntado nada. Nos imponen las guías docentes”, añade. Desde Creup confirman este extremo y explican que los profesores lo justifican con la libertad de cátedra. “Y esta no significa que puedan hacer lo que les dé la gana”, lamenta su presidenta.

En paralelo a la evaluación del curso está el problema de las prácticas. Tanto en los cursos intermedios de los grados, como sobre todo en los últimos y en ciertas áreas (Ciencias de la Salud, por ejempo), donde el final de la carrera se realiza básicamente fuera de las clases.

A los estudiantes de Farmacia de último curso, por ejemplo, el cierre les pilló a mitad de las prácticas tuteladas. Un año normal tendrían que hacer 800 horas, a base de 7,5 horas al día durante unos seis meses, para poder graduarse. Pero con el confinamiento fueron enviados a casa a mitad del programa. La ANECA les va a dejar hacer la segunda mitad, 400 horas, de manera no presencial, explica Valdés, de la Complutense de Madrid, a través de cursos. “Es una buena formación, los cursos son del Colegio de Farmacéuticos y se pueden poner en el currículum, pero va a faltar la estancia en el hospital y la farmacia”. En su caso, les han ofrecido completar las prácticas en el primer semestre del año.

Pero, aunque valoran la oferta y entienden la situación, eso no les va ayudar a algunos. “El problema lo tienen con la gente que tenía una plaza de doctorado o se habían apuntado a una academia para hacer el FIR (el MIR de los farmacéuticos) o quien se iba fuera a hacer un máster, por ejemplo”, y relata el caso de un estudiante que había conseguido una plaza en un máster en el que es casi imposible entrar en Alemania y que la va a perder –junto con el dinero de la preinscripción– porque necesitaría estar matriculado el 15 de julio y el calendario que se contempla no le da.

El peligro de las tasas

Es la otra gran preocupación de buena parte del estudiantado. A diferencia de la educación obligatoria, los estudiantes de Universidad pagan anualmente por sus matrículas, con una horquilla muy amplia que puede ir desde los 700-800 euros de una matrícula en un grado de Humanidades en Galicia o Extremadura hasta los varios miles que pueden costar las tasas de una ingeniería en Madrid o Catalunya, según en qué región se estudie y las veces que se haya repetido. En la universidad repetir cuesta dinero. De la primera matrícula se paga entre un 15% y un 25% del precio real del coste de los estudios, porcentaje que va subiendo en segundas, terceras y sucesivas matrículas.

“Estamos pidiendo que haya una modificación, porque muchos estudiantes no podrán examinarse o van a suspender. Pedimos que no haya un aumento de tasas”“, explica García, de Creup. Esto es, que a los estudiantes que tengan que volver a matricularse en una asignatura no se les aplique el recargo por repetir y paguen lo mismo que este curso.

Eso, como mínimo. Porque también, cuentan los estudiantes, han pagado por un servicio que no están recibiendo. “También pedimos que quien quiera pueda desmatricularse, si considera que no está recibiendo una docencia adecuada o que no va a poder evaluarse, y que no pague el año que viene”, cuenta García.

Vives, de la UB, muestra también su preocupación en este sentido por la paralización de las becas equidad que ofrece la Generalitat a los estudiantes que no hayan podido obtener una del Ministerio, y recuerda que la situación académica también puede tener consecuencias aquí.

“Si no se llega a un número de aprobados mínimo o la nota baja, corres el riesgo de quedarte sin beca”, alerta. Una situación parecida puede darse con las becas de Educación, que Wert ligó en parte al rendimiento académico y, aunque el Gobierno ha anunciado su intención de cambiarlo, no lo ha hecho aún y el criterio legal sigue vigente. “Esperamos que el Gobierno cumpla el compromiso firmado en el acuerdo del Gobierno de coalición, queremos que todo el mundo pueda optar a una beca el año que viene”, cierra Candel.

La Comunidad va a estudiar la bajada de las tasas de expedición de títulos de graduado, máster y doctor en el ámbito universitario. El consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, se comprometió en la reciente reunión con el presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia, Borja Moreno, a analizar esta reivindicación, y la abordará en sus próximas reuniones con representantes de las universidades.

En la actualidad, el precio público de expedición y duplicado de títulos académicos de graduado, máster o doctor se sitúa en los 215 euros, por encima de la media nacional.

Motas destacó que “nos parece una demanda más que razonable por parte de los alumnos, y queremos estudiar con las universidades las posibilidades de llevar a cabo esta reducción próximamente. Vamos a iniciar ese proceso, y estamos convencidos de que con el esfuerzo de todos vamos a poder llegar a un acuerdo satisfactorio”.

El consejero añadió que “es difícil de entender que un mismo trámite pueda llegar a costar casi el doble de dinero dependiendo de la autonomía en la que se realice. No nos gustan ese tipo de diferencias por un mismo servicio, y vamos a trabajar para solventarlo”.

Motas tiene previsto reunirse también con miembros del Consejo de Estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena, para tener en cuenta sus aportaciones a esta reivindicación, así como para trazar líneas de cooperación en otras materias.

El pasado 13 de agosto se publicó en el BORM la orden que regula los precios y tasas académicas, tras su aprobación en el último Consejo Interuniversitario del pasado 23 de julio. Esta orden se publica todos los años a estas alturas del calendario para dar seguridad jurídica a las universidades y a los alumnos de cara a la matriculación, e incluye los precios de expedición de títulos dentro de las tarifas por servicios administrativos.

El texto publicado refleja oficialmente que los precios y tasas tanto de los grados como de los másteres que ofertarán la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena durante el curso 2019/2020 se mantendrán sin modificaciones por sexto año consecutivo.

El precio de la universidad pública ha subido 12 veces más de lo que lo han hecho los salarios desde que empezó la crisis. En concreto, desde que el Gobierno de Mariano Rajoy abrió la puerta a la subida de las tasas universitarias en 2012, que hasta ese momento se habían mantenido ajenas a los recortes.

Desde ese fatídica —para la universidad— primavera de 2012, el precio de estudiar un grado ha subido un 29,2% de media en España, con grandes diferencias regionales. Rajoy permitió a los gobiernos de las comunidades autónomas subir los precios dentro de una horquilla (hasta un máximo teórico del 25% del coste real de los estudios) y las comunidades abrazaron con más o menos entusiasmo la posibilidad que les brindó el Gobierno.

En un extremo, Catalunya y Madrid más que duplicaron los precios (ver gráfico). En otro, ejecutivos como el popular de Galicia o el socialista de Andalucía decidieron no tocarlos. El resultado: en un solo curso, el coste de estudiar un grado en Catalunya pasó a triplicar al de hacerlo en Galicia, cuando hasta entonces era relativamente similar (un 15%, la de 13,1 euros el crédito a 11,3). La situación se mantiene prácticamente igual. Hoy en día, la Generalitat catalana cobra (vía universidades, pero los precios los pone el Govern) 2.010 euros por un curso completo, mientras en Galicia el mismo curso costaría 760 euros.

A partir del curso 2015-2016, algunas regiones bajaron un poco los precios. Todavía hoy siguen en ello (Castilla y León ha anunciado una rebaja del 20%, por ejemplo). Pero todas las que los subieron siguen con costes superiores a los que tenían antes de la crisis. En cifras absolutas, eso significa que estudiar un curso completo de una carrera en España pasó de costar, de media, 816 euros en el curso 2011-12 a 1.050 euros este 2018-19, aunque ha habido cursos anteriores más caros.

La maniobra de la subida de precios tenía una explicación. Las comunidades autónomas necesitaban ingresos para sus universidades porque ellas mismas habían recortado sensiblemente su financiación, proveniente de los presupuestos de las comunidades autónomas.

En 2011, los presupuestos de los campus de los 50 centros públicos que existen en España sumaban 9.900 millones de euros, según datos del ministerio. Solo un año después se habían perdido casi 700 de esos millones de euros (y teniendo en cuenta el incremento de la recaudación por tasas de matrículas) para dejar el gasto universitario en 9.230 millones de euros, una caída del 6,8%. Hoy está en 8.939 millones de euros anuales, una caída del 9,8%. Y llegó a estar peor, con caídas de hasta el 13%.

La operación se completaba: muchos gobiernos regionales habían (y han) trasladado parte de la financiación de la universidad a las familias.

En el mismo periodo en el que las universidades han subido su coste un 30%, los salarios se incrementaron un 2,5%. Las nóminas se mantuvieron básicamente planas en ese periodo: de 1.841 euros mensuales han pasado a 1.888 euros. Todas las cifras son medias estatales y provienen de fuentes oficiales: las de la Universidad del Ministerio de Educación y las salariales de la EPA (Encuenta de Población Activa) que elabora el INE (Instituto Nacional de Estadística).

De los 9,85 de Galicia a los 124,2 de Catalunya

Galicia es la comunidad autónoma en la que más barato es ir a la universidad y donde se encuentra el crédito más barato: por 9,85 euros el crédito se puede cursar un grado de mínima experimentalidad, como Humanidades o Ciencias Sociales, de manera que una asignatura habitual de seis créditos costaría 59,1 euros y un curso estándar de 60 créditos no llega a los 600 euros. La media gallega está en 11,9 euros.

En el otro extremo, el crédito más caro de todo el territorio lo tiene que pagar quien se tenga que matricular por cuarta vez en Catalunya en una carrera de experimentalidad máxima (Biotecnología, por ejemplo). El precio del crédito en este caso serán 124,2 euros, con lo que esa asignatura sola de seis créditos costaría 745,2, más que un curso entero —en primera matrícula, eso sí— en Galicia.

Sin embargo, no es Catalunya la comunidad que más penaliza la repetición de asignatura. Ese máximo recargo corresponde a las Islas Baleares. Porcentualmente, la universidad insular es la que más sube el precio de los créditos a la hora de volver a matricularse en asignaturas suspensas: aplica una subida del 122% en la segunda, un 381% en la tercera y un 566,6% en la cuarta matrícula respecto a la primera.

Estas cifras no son del todo anómalas (ver gráfico) respecto a las demás comunidades, pero sí destacan ligeramente. Entre las regiones que menos penalizan repetir destacan Canarias, Castilla y León, Cataluña (aunque estas dos últimas están entre las más caras de España en términos absolutos), Aragón, Asturias, Galicia y Euskadi, que incrementan el precio del crédito repetido sensiblemente menos que las demás.

Algunas consecuencias

Las consecuencias de la caída de la financiación se han dejado notar en las universidades. Sin fondos y con tremendas limitaciones para contratar por la prohibición sucesiva de Zapatero primero y Rajoy después de sustituir las bajas, sus plantillas docentes se han ido precarizando.

La única posibilidad que tenían para contratar era básicamente la figura del profesor asociado, que ya suponen un cuarto de los docentes (son tantos como los titulares, el núcleo de profesores de las universidades) y que imparten habitualmente tres o seis horas semanales de clase más otras tantas de tutoría por 300 ó 600 euros al mes. Para contextualizar: una hora de docencia equivale, entre preparar las clases y corregir trabajos y exámenes, a cinco de trabajo.

Otra consecuencia muy señalada en su momento fue una supuesta pérdida de alumnado en las universidades por la imposibilidad de pagar las matrículas. Las cifras respaldarían este argumento... pero no del todo.

En 2011, el año anterior a los recortes, había 1.572.617 universitarios en España. Y la cifra venía subiendo de años anteriores. El año siguiente se invirtió la tendencia y pasó a haber 1.548.534 (un 1,5% menos). Pero el principal grupo de personas en edad de ir a la matrícula, los que tienen entre 18 y 24 años, también eran menos (un 2,8%, en este caso), por lo que la causalidad no es obvia.

También es cierto, sin embargo, que ya el año anterior a las subidas de precios la cohorte de población universitaria estaba en retroceso (había perdido un 2,3% de población), pero el número de universitarios subía (un 2,8%).

En conjunto, la universidad empezó a perder estudiantes el verano que se aplicaron las subidas de tasas y la tendencia continuó, en paralelo a un menor grupo de posibles 'clientes', hasta el curso 2015-16. Ese año, en el que algunas regiones empezaron a deshacer tímidamente las subidas de precios, el número de universitarios dejó de caer (hubo mil más) hasta hoy, cuando ha recuperado el nivel que tenía el año anterior a los recortes. Y la población de 18 a 24 años sigue en caída.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha avanzado este martes que el próximo curso académico habrá una nueva rebaja de las tasas universitarias de entre el 7 y el 37 por ciento, lo que convertirá a Canarias en la comunidad autónoma con el menor coste para cursar un grado en las universidades canarias.

En el debate del Estado de la Nacionalidad, Fernando Clavijo también ha valorado el crecimiento progresivo del uso lenguas extranjeras, el plan de atención a la diversidad, un plan de igualdad y contra la violencia de género, la renovación de la Formación Profesional y el plan de modernización tecnológica entre otras cuestiones.

El presidente canario también ha dicho que no va a mostrar “satisfacción ilimitada” por los cuatro años de gestión en el área de Educación, pero ha manifestado que “la gran mayoría de cifras han mejorado” y que “se han sentado las bases para un desarrollo futuro del sistema educativo”.

“Para formar más y mejor a los jóvenes en las aptitudes y habilidades de una sociedad más compleja, dinámica y competitiva en la que la tecnología digital y los idiomas son imprescindibles”, ha expresado Clavijo, que ha agregado que también construyen un modelo educativo en el que “se cultive” el desarrollo de la ciudadanía como un conjunto de derechos y deberes, respeto a la diversidad y a los valores de la libertad, la solidaridad y la tolerancia.

Clavijo ha aseverado que en la próxima legislatura se dará un “salto de calidad” a través de un conjunto de medidas e instrumentos como un crecimiento progresivo del uso lenguas extranjeras en horas lectivas, un “mejorado” plan de atención a la diversidad, el diseño de una formación del profesorado más adaptada a las necesidades, mejor atención al alumnado de 0 a 3 años, un plan para la igualdad y contra la violencia de género y la renovación de la Formación Profesional.

Además, de las becas y ayudas universitarias, Clavijo ha recordado que se han ampliado ayudas para la adquisición de libros de texto, de las que se han beneficiado más de 66.000 alumnos.

También se han incrementado las partidas de transporte escolar, se ha asumido todo el gasto de comedor para 14.000 comensales cada día y se han mejorado sustancialmente la cuantía para familias con rentas inferiores a los 9.600 euros anuales.

En cuanto a infraestructuras, Clavijo ha dicho que ahora hay nueve centros nuevos en construcción y dos más en licitación o proyecto, con una inversión global superior a 50 millones.

En 2018, ha añadido, se ha aprobado el Plan de Infraestructuras Educativas que se extiende hasta 2025, con inversión prevista de 507 millones, 103 actuaciones nominadas y 23.000 nuevas plazas escolares.

Clavijo ha concluido con el esfuerzo “considerable” en dotar de tecnología digital a los centros escolares. En los dos últimos años hemos distribuido 25.000 ordenadores, más de 10.000 tabletas y más de 4.000 pantallas interactivas y pizarras digitales.

En los últimos 25 años, la evolución de los precios de las tasas universitarias han modelado un panorama educativo superior de desigualdades regionales que parecen haber llegado para quedarse. La diferencia entre el coste de estudiar una carrera se ha disparado entre comunidades autónomas y el esfuerzo que tienen que hacer las familias para pagar los estudios (medido en gasto sobre la renta) se duplica, por ejemplo, de Bilbao a Barcelona.

Al Ejecutivo no le agrada esta circunstancia. O, al menos, eso dice. El secretario de Estado de Universidad, José Manuel Pingarrón, comentó la semana pasada su preocupación por la disparidad del coste de estudiar un grado universitario en función de la comunidad autónoma en la que se haga: “No puede ser que cueste el triple estudiar en Catalunya que en Galicia”.

Porque diferencias en el coste de los estudios universitarios entre las regiones siempre ha habido, pero desde que el Ejecutivo de Mariano Rajoy dio libertad a los campus para establecer el precio de las tasas universitarias (hasta un máximo del 25% del coste real de los estudios), la desigualdad se ha multiplicado.

Así, en el curso 1992/93 la diferencia entre estudiar en la comunidad con los precios más altos y la que tenía los precios más bajos oscilaba entre el 32% en el caso de las carreras con mayor experimentalidad (las de ciencias) y el 20% en las que menos, según datos (sin desagregar) de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). Hasta el curso 2010/11 estas variaciones se mantuvieron relativamente estables. Ese año no llegaban al 50%.

Pero la apertura de mano de Rajoy con los precios para compensar mediante los ingresos provenientes de los alumnos el desplome en la financiación pública disparó las diferencias entre regiones porque algunas aprovecharon al máximo el margen de maniobra que les daba el Gobierno central (como Catalunya o Madrid) para encarecer los estudios, mientras otras hicieron caso omiso y no tocaron los precios. Esta variedad de aproximaciones llevó a que, hoy en día, la diferencia entre estudiar en la más cara (Catalunya) y la más barata (Andalucía) sea de hasta el 216% (más del triple).

Traducido a cifras: en apenas dos años, para el curso 2012/13, estudiar el mismo grado de máxima experimentalidad costaba en Catalunya 2.371 euros un curso estándar (60 créditos) y en Andalucía 749 euros. En las de experimentalidad mínima, la más barata es Galicia (591 euros por año) y los precios más caros los sigue teniendo la Generalitat catalana (1.516 euros por curso). Este último curso, tanto Catalunya como Madrid, las dos regiones más caras, bajaron algo sus tasas, pero la diferencia, de media, sigue siendo de más del doble (en las de experimentalidad máxima se acerca al triple).

Para solventar esta situación, el Gobierno ha expresado su deseo de “eliminar del todo” las horquillas de precios de las tasas, el rango en el que se permite moverse a las comunidades autónomas, que actualmente configuran el coste de los estudios universitarios y son la fuente de esta gran desigualdad.

Estas horquillas tienen un máximo, el citado 25% del coste real de los estudios (aunque ninguna universidad pueda cuantificar con precisión cuál es este, pero eso es otra cuestión), pero no un mínimo. El Ministerio recuerda que los Gobiernos regionales son libres de poner las tasas a coste cero, como ha hecho Andalucía, que bonifica el 99% del precio de la 1ª matrícula, una medida que le ha costó 37,8 millones de euros para 92.000 alumnos en el curso 2017/18.

Las diferencias del coste de los estudios universitarios entre regiones tienen un reflejo directo en el esfuerzo que han de hacer las familias para afrontar estos gastos. Según la CRUE, estudiadas la renta per cápita de cada región y el coste de los estudios superiores, un estudiante catalán debe dedicar el 7% de su renta per cápita a la Universidad, mientras que a uno vasco gastará el 3,18%. En esta estadística destacan casos como el de Extremadura, cuyos estudiantes gastan el 5,4% de su renta en la universidad cuando esta es la mitad que la de un vasco, por ejemplo (unos 16.000 euros anuales frente a 32.000).

Adecuar el coste a la renta

A este respecto, los rectores destacan que “la equidad que debe darse en el acceso a un servicio educativo prestado por instituciones de carácter público y financiado muy mayoritariamente con recursos fiscales demanda de actuaciones que corrijan estas diferencias que cuestionan el principio de igualdad de oportunidades”. La CRUE aboga, “en todo caso”, por adecuar el coste “atendiendo al nivel de renta de cada uno de los demandantes de este servicio universitario”.

Pero no se han quedado ahí los rectores. Eliminar estas diferencias regionales mediante la práctica gratuidad de la universidad le supondría al Estado 488 millones de euros al año, según el cálculo de la Conferencia.  Es el coste de bonificar el 99% de la primera matrícula universitaria, al estilo de la medida ya instaurada en Andalucía.

A modo de referencia, el gasto público total de todas las administraciones en todas las etapas educativas fue de 47.576 millones de euros en 2016, último ejercicio del que el Ministerio de Educación ofrece datos consolidados. De esta cifra, nueve mil millones corresponden a gasto universitario.

A este cálculo de los rectores se ha unido el Ministerio de Ciencia y Universidad con su propia cifra, aunque ampliando la cuestión a los másteres: un informe interno que maneja la cartera que dirige Pedro Duque calcula en mil millones el coste de bonificar la primera matrícula de un grado o máster, según ha explicado el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón.

Añadió rápidamente el número dos del ministerio que esta cuenta no quiere decir “ni muchísimo menos” que la existencia de este informe signifique que el Gobierno planee tomar esta medida.

Este ha sido el curso del 155. El debate educativo en Catalunya se ha centrado en las denuncias por adoctrinamiento –aunque no se ha abierto ningún expediente sancionador–, mientras en los despachos de Enseñanza y Universidades quedaban paralizadas varias iniciativas. Ahora sindicatos, familias y entidades piden que se retomen propuestas como el pacto contra la segregación. También exigen atender a urgencias como la falta de plazas públicas. Y los universitarios advierten que el curso que viene volverán a pedir rebaja del precio de las matrículas. 

El inicio del curso 2017-2018 queda tan lejos que quizás pocos se acuerdan ya que estuvo marcado por el anuncio de formación en prevención de la radicalización –debido a los atentados del 17 de agosto– y por una entrada de 5.000 nuevos docentes que dejaba atrás los años más duros de la crisis. Esto último, pactado por los sindicatos con el anterior Ejecutivo, abría una etapa de relativa paz en materia laboral que todo apunta a que se alargará con el inicio del mandato del conseller Josep Bargalló. 

Así las cosas, los sindicatos se centrarán de entrada en pedir que se aísle al profesorado de la pugna política de estos últimos meses. Así se lo pidió por carta el sindicato mayoritario de la enseñanza pública, USTEC, y lo reitera el secretario de Educación de CCOO, Manel Pulido: “Necesitamos mucho diálogo para sacar a la escuela del foco partidista”. Para ello tendrán en Bargalló a un aliado.  Solo hace falta comprobar que su primer acto al conocerse que ocuparía el cargo fue participar en un acto de defensa a los profesores de El Palau. 

Juntos contra la segregación escolar

El conjunto de la comunidad educativa coincide en que un reto que hay que acometer urgentemente es el de la segregación escolar. Las desigualdades entre colegios –tanto entre públicos como con concertados– afectan al resultado académico de los alumnos y son especialmente visibles en ciudades medias y grandes. Antes de la aplicación del 155, el Síndic de Greuges consiguió impulsar pacto contra la segregación con todos los actores, incluido del departamento de Enseñanza, pero los trabajos quedaron a medias por la falta de liderazgo político. 

Para Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, algunas primeras medidas podrían ser un plan de choque con recursos para los centros más desfavorecidos para “represtigiarlos”, evitar que sean estos colegios los que concentren la mayoría de alumnos que llegan a lo largo del curso (la llamada matrícula viva) o reservar un mismo porcentaje de plazas para alumnos con dificultades de aprendizaje en todos los centros, tanto públicos como concertados. 

Esta última propuesta, sin embargo, no será sencilla de llevar a cabo. Lo más previsible es que las patronales de la concertada exijan fondos adicionales para hacer frente a este perfil de alumnado. “Estamos a favor de reducir la segregación, pero siempre que no consista en dar cheques con dinero a la concertada”, advierte el portavoz de USTEC, Ramon Font. De la misma opinión es Belén Tascón, presidenta de la federación de AMPA catalanas FaPaC, que recuerda que la “finalidad social” de las concertadas está estipulada por ley. 

Falta de plazas públicas

Para las familias, su prioridad ahora es que el departamento de Enseñanza garantice suficientes plazas de escuela pública para los que empiezan su periplo escolar el próximo septiembre. El auge de la demanda de pública en ciudades como Barcelona o Badalona ha desbordado las previsiones de la Administración. La FaPaC cifra en más de 200 las familias de la capital catalana que se han quedado sin colegio público en su barrio, mientras que Bargalló lo reduce a 54 casos.

En cualquier caso, más allá de la angustia de las familias, esto refleja un cambio de tendencia a favor de la pública en una ciudad que históricamente tiene más de un 50% de plazas concertadas. “Hace falta una mejor planificación de plazas públicas para que todo el mundo tenga garantizado su acceso a una cerca de su casa”, sostiene Tascón. Las soluciones de urgencia pasan ahora por aumentar ratios o ir a la concertada –cosa que las familias rechazan–, o crear los llamados bolets, líneas extraordinarias, a menudo en barracones, en los colegios públicos. 

Profesorado e innovación educativa

Coincidiendo con un período de reinversión educativa –el presupuesto actual es un 9% inferior al de 2010, cuando llegó a ser de un 22%–, la Fundació Jaume Bofill elaboró un informe en el que reclamaba que la recuperación económica no solo revirtiera en mejoras laborales del profesorado, sino también en cuestiones como la ampliación de la gratuidad en el acceso a guarderías, una mayor dotación de recursos en centros de barrios desfavorecidos o mejorar la formación docente.

“¿Hay que poner más docentes? Sí, pero en clave de equidad y de innovación, para los centros con más dificultades y para impulsar redes de formación”, sostiene Palacín. “Sobre todo en Secundaria tenemos un modelo regresivo en el que chocan muchos estudiantes y genera abandono, debemos invertir en reformar la ESO en parte con formación que vaya más allá de los cursillos”, sostiene. 

Desde CCOO ven con buenos ojos la recuperación del presupuesto de formación –que CiU dejó casi a cero– y la mayor concentración de profesorado en los colegios públicos donde hay más pobreza e inmigración. 

Reducir un 30% las tasas universitarias

El nuevo Govern de Quim Torra quiere apostar fuerte por la universidad, pero la pregunta es si sus propuestas irán en sintonía con lo que reclaman rectores, profesores y estudiantes. En su primera comisión en el Parlament, la nueva consellera de Empresa y Conocimiento, Maria Àngels Chacón, quiso escenificarlo con un encuentro con todos los rectores de las universidades públicas. Todas las partes acordaron en esa reunión retomar los trabajos del Pacto Nacional por la Universidad, que apenas pudo celebrar una sesión antes del 155.

El Pacto tiene el difícil reto de acercar posiciones sobre políticas de innovación, de financiación de la universidad y, lo más complicado, de precios públicos. Tras el incremento durante la crisis de más de un 66% del precio de los estudios, los estudiantes exigen una rebaja del 30% de las tasas. Tienen de su parte la mayoría del Parlament y el conjunto de los rectores de las universidades públicas, con los que han pactado una demanda de mínimos de rebaja del 10% cada año durante los próximos tres cursos.

Pero el Govern no está por la labor. El secretario de Universidades, Arcadi Navarro, es un firme defensor del actual modelo, que considera una tarifación social, puesto que el aumento sin precedentes en España del precio de las matrículas fue acompañado de una política de becas para las familias sin demasiados recursos. 

Durante 20 años, el (des)gobierno del Partido Popular en el País Valenciano ha abandonado al estudiantado, castigándonos con recortes, denegándonos becas y aumentando el precio de grados y másteres hasta que las universidades valencianas fueron las segundas más caras de España. Cerca de 10.000 estudiantes fueron expulsados de las aulas por razones económicas.

Con la llegada del nuevo Consell progresista encabezado por Ximo Puig, la situación ha mejorado. Se han tomado multitud de medidas para eliminar la desigualdad en el acceso al estudio, muchas de las cuales hemos reivindicado desde el sindicato de estudiantes SAÓ-UV. Entre ellas, la reducción un 15% entre este curso y el siguiente de las tasas, ahorrando a cada estudiante entre 140 y 215€ en la matrícula del 2017. También se incrementa casi un 30% los beneficiarios de la exención de tasas y aumenta a 12 millones la inversión en becas. Con el nuevo sistema de ayudas, la Comunidad Valenciana es la segunda que más becas concede.

Desde SAÓ apoyamos las medidas del Govern para democratizar la universidad. No obstante, no nos conformamos y continuamos luchando para lograr la igualdad de oportunidades. Servicios esenciales para los jóvenes, como el transporte público, mantienen precios elevados y servicios insuficientes, haciéndose necesarios nuevos convenios entre empresas y universidades. Insistimos en las demandas históricas de los movimientos estudiantiles, como la ampliación de los plazos de pago de las tasas y una bajada generalizada de estas presionando al Gobierno Central, así como la prohibición legal de privatizaciones. Reivindicamos la renovación de los campus, para socializarlos creando espacios de compañerismo como las “casas del alumno”.

Asimismo, es urgente frenar de una vez la fuga de talentos, facilitando la búsqueda de empleos dignos después de acabar los estudios.

Somos su colectivo más numeroso. Los y las estudiantes formamos la universidad y somos útiles para su progreso, independientemente de cuestiones económicas. Nuestras acciones son y deben seguir siendo escuchadas. No somos el futuro, también somos el presente.

Meme Elizalde es miembro del sindicato estudiantil SAÓ-UV