El 21 de marzo de 2018 la ola feminista del 8M más multitudinario, el que marcó para siempre el movimiento en España, todavía no había decaído. Faltaban dos años para que toda la población estuviese confinada en los días más duros de la pandemia, y algo más de dos meses para que una moción de censura (y la corrupción del PP) tumbasen el Gobierno de Mariano Rajoy y auparan a Pedro Sánchez a la Moncloa. Pablo Iglesias y Albert Rivera aún lideraban los partidos que habían cuestionado los cimientos del bipartidismo. En un tiempo en el que Isabel Díaz Ayuso todavía no copaba titulares, el futuro político de una de sus predecesoras al frente de la Comunidad de Madrid comenzaba a resquebrajarse. Y con él se torcía también, o al menos sufría algún bache, el de miles de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Cuando elDiario.es comenzó a publicar las informaciones sobre las notas falsificadas en el máster de Cristina Cifuentes, el alumnado se vio sumido en una mezcla de vergüenza, indignación, resignación y en algunos casos hasta reafirmación personal de aquello que ya intuían sobre su propio centro de estudios. Porque aunque estudiantes que conversan con Somos Madrid reconocen el “injusto estigma” que les acarreó, hay quienes no consideran que se trate de un caso aislado, aunque sí “excepcionalmente grave, mediático y dantesco”.

Así lo define Álvaro (26 años), que por aquel entonces cursaba tercero de Periodismo y Comunicación Audiovisual en el campus de Vicálvaro. El centro del escándalo, ya que en él se ubicaba el polémico y ya desaparecido Instituto de Derecho Público. Ahora prepara unas oposiciones al cuerpo de funcionarios del estado, alejado del ámbito en el que se formó.

Es una de las personas que comparten para este medio su visión sobre lo ocurrido hace un lustro y un balance sobre cómo les ha influido en estos cinco años. Álvaro recuerda que, pocos días antes de que saltaran las primeras noticias, entrevistó junto a un amigo al rector, Javier Ramos, para un trabajo de la carrera. El contraste entre las loas a la gestión universitaria del dirigente y el día a día que ellos experimentaban ya le resultó “chocante” de entrada, pero le resultó particularmente evidente cuando se conoció el máster con notas falsificadas de Cifuentes.

Alumnos “vilipendiados” con la eterna “coña del café”

Álvaro creía por entonces, y no ha cambiado de opinión con la perspectiva del tiempo, que el caso Máster “no es más que el síntoma de toda una institución podrida”. Y añade: “Probablemente lo estén muchas universidades de nuestro país y del mundo, pero eso no le quita importancia y gravedad, no es ninguna excusa. Además, creo que la nuestra lo está con especial énfasis. Nos hacemos un flaco favor si usamos eso para restarle peso a las diversas corruptelas que la URJC en particular hizo (y hace). En el resto de mi experiencia universitaria, tanto en la Universidad de Cádiz como en la Universidad Carlos III, el panorama era muy distinto, sobre todo en algo tan básico como sentir que, como alumno, no eres continuamente vilipendiado”.

Menciona otras controversias previas en la Rey Juan Carlos, como la concesión del título honoris causa a Rodrigo Rato (y las reticencias para retirárselo) o los plagios académicos que provocaron la dimisión del anterior rector. Pero nunca hubo tantos focos sobre los campus de la URJC como aquel marzo de 2018. La frase “esta tarde salgo en la tele” dejó se ser excepcional en las aulas. Se convirtió en habitual ver a periodistas alrededor de las instalaciones, microfonando estudiantes que respondían preguntas con rabia, aunque sin dejar de tomárselo con humor: “Nos llegan memes, pero el verdadero meme somos nosotros”, es una de las grandes frases que dejó aquello. Que todavía perdura.

Habla de ello Guillem (27), que por entonces cursaba cuarto de Matemáticas e Informática (grados de los que era representante estudiantil) en Móstoles, otro foco de atención ya que en ese campus se encuentra rectorado: “Con los compañeros de trabajo siempre está la coña cuando tomamos el café”. A nivel puramente profesional dice “tener suerte”, ya que supone que “en muchos sitios donde se preocupan por la imagen pública te descartan más fácilmente”.

En el resto de mi experiencia universitaria el panorama era distinto, sobre todo en algo tan básico como sentir que, como alumno, no eres continuamente vilipendiado

Guillem trabaja como científico de datos mientras prepara su tesis (en la Universidad Carlos III). Cree que al buen discurrir de su trayectoria profesional que ha contribuido su máster de inteligencia artificial (en la Escuela Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid). “No quise repetir en la Rey Juan Carlos para prevenir”, reconoce. Es, al igual que Álvaro, una encarnación de la sangrante pérdida de alumnado de másteres en la URJC, que alcanza el 40% desde el Caso Cifuentes.

El lugar donde cuecen “todavía más habas”

Con la perspectiva que le otorga haber pasado por otras dos universidades, Guillem sostiene que “en todos los sitios cuecen habas”, aunque en la Rey Juan Carlos “todavía más”. En su memoria lo ocurrido “fue bastante más gordo de lo que se ve en otras partes”, pero coincide con Álvaro en que “llegado un momento no te sorprende nada” porque “había muchas movidas muy turbias en la universidad”.

Asegura que “no le extrañó a nadie que dieran ese paso más de directamente regalar másteres”, en referencia también al caso de Pablo Casado. Lamenta que la gente empezara a conocer el nombre de la universidad, algo diluido entre la oferta formativa de la Comunidad de Madrid, a raíz de estas maniobras. La URJC quedó ligada para siempre, o al menos para un tiempo que alcanza ya los cinco años, a la corrupción y la falta de esfuerzo.

Álvaro no quiere olvidarse de todo el profesorado y el personal “que intenta hacer su trabajo lo mejor posible”, pero considera que es una universidad “oscura” ya desde su origen. Surgió por iniciativa del entonces dirigente autonómico, Alberto Ruiz-Gallardón, que se materializó en 1996. Por aquel entonces era consejero de Educación Gustavo Villapalos, exrector de la Complutense y precisamente un amigo personal de Cristina Cifuentes.

Entre 2002 y 2013, el rector de la URJC fue nada menos que Pedro González-Trevijano, presidente del Tribunal Constitucional hasta el pasado diciembre, durante su etapa más polémica y turbulenta entre acusaciones de injerencia del poder judicial en el legislativo. “Nombres propios surgidos de nuestra universidad como el de González-Trevijano han llegado incluso a denigrar, aún más si cabe, instituciones como el Tribunal Constitucional, y con ello la Rey Juan Carlos”, explica Álvaro.

La URJC después de la tormenta

Javier Ramos revalidó su cargo como rector en marzo de 2021, tres años después de vivir sus días más complicados al frente del puesto. Aunque en un principio respondió con tibieza en una controvertida rueda de prensa donde defendió la integridad de la expresidenta de la CAM y los responsables de la falsificación, pronto inició una investigación interna y acabó confirmando el fraude.

Pese a ello, en su mandato la URJC ha atravesado turbulencias, comenzando con una huelga de estudiantes contra las “prácticas mafiosas de la universidad” en el curso 2018-19, en la que el alumnado llegó a ocupar el edificio de rectorado. Destacan además un caso de acoso sexual en el que no se aplicaron los protocolos oportunos, el enfrentamiento legal con el Instituto de Danza Alicia Alonso o las críticas a la gestión de las clases durante la pandemia, con una importante supresión de la docencia presencial en el curso siguiente al confinamiento también para los estudiantes de primero. Esto dificultó enormemente su introducción en la vida universitaria.

Precisamente en otoño de 2020 Clara (20) comenzó sus estudios en el doble grado de Ciencia Política y Gestión Pública con Periodismo. Su día a día transcurre en la Facultad de Políticas y Jurídicas de Vicálvaro, esa misma que era un auténtico hervidero hace ya cinco años en torno la estatua del Cervantes (ideal para una situación tan quijotesca).

Cuenta que eligió estudiar aquí porque le pilla bien desde su casa y porque le interesaba compaginar esas dos carreras (lo de la URJC con los dobles grados es una historia de amor que empieza a torcerse). Sin embargo, no niega que una tormenta mediática como la del caso Cifuentes “te hace pensar y replantearte cosas”. Afirma estar satisfecha de momento, “especialmente con los compañeros”, aunque “todo se puede mejorar”. Que así sea, siempre que no haya falsificaciones mediante.

Cristina Cifuentes logró salir indemne judicialmente en su batalla por el caso máster, pero la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) aún sigue pagando los platos rotos por el desprestigio que provocó el amaño de las notas de la exmandataria popular. Cuatro años después de que se destapara cómo la expresidenta de la Comunidad de Madrid obtuvo de forma fraudulenta su título en Derecho Autonómico por la URJC, las cifras de alumnos matriculados se han resentido, especialmente en los másteres.

Según datos del Portal de Transparencia de la propia universidad, desde el año académico 2017-2018, cuando estalló el caso, las cifras de alumnos matriculados en estos posgrados descendieron notablemente. La Universidad tenía 5.885 alumnos matriculados en másteres en marzo de 2018, cuando elDiario.es reveló el caso Cifuentes; hoy son 3.525, según los datos provisionales del curso 2021-2022. La caída es de 2.360 estudiantes. Dicho de otra forma, la URJC ha perdido el 40% de su alumnado de esta etapa en cuatro años.

La caída se registra principalmente en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (precisamente a la que pertenecía el máster de la expresidenta), que perdió la mitad de su alumnado (de 4.639 a 2.315 estudiantes) desde el curso en que estalló el escándalo. El resto de ramas se mantuvieron constantes o sufrieron leves cambios en el número de matriculados.

Desde la URJC atribuyen esa caída de alumnos a la desadscripción de centros que ofertaban algunos másteres, como el EAE o ESIC. Sin embargo, la universidad no ofrece datos que respalden que una caída de casi la mitad del alumnado se deba a la pérdida de estos dos centros. Fuentes del centro también explican que la pandemia de COVID-19 ralentizó muchos de los acuerdos con alumnos extranjeros –que suponen se irán retomando poco a poco– aunque esto sucedió dos años después del caso Cifuentes y la caída de alumnado ya se había producido. En cualquier caso, justifican que todo se enmarca en un proceso de racionalización voluntario del centro. “Se mantienen las ratios que se quieren mantener. No es que los alumnos no vengan, sino que ya nos va bien como estamos”, aseguran.

Pero tras las primeras explicaciones sobreviene la crisis de imagen que ha supuesto el máster regalado a la expresidenta, de la que el centro es consciente, y la posterior gestión del escándalo: “No nos engañemos. La universidad tiene un historial y para subir su reputación solo sirven los hechos. Puedes contar muchas historias pero lo que vale es lo que haces”, reconocen fuentes de la universidad.

El caso Cifuentes dañó la imagen de la Universidad, como admite el propio centro. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, hoy tertuliana, acabó dimitiendo tras acreditarse que sin ir a clase y sin presentarse a los exámenes, la Universidad expidió de forma irregular su titulación y que incluso se modificaron algunas de sus notas académicas. Después, para corroborar el relato de que la exdirigente del PP había defendido correctamente su trabajo final, se elaboró un acta de TFM falsa. El tribunal consideró que no existían pruebas suficientes para condenar a Cifuentes, que dejó la política en 2018 tras estallar el escándalo. El fallo de la sentencia concluía que no se podía probar ninguna intervención de la expresidenta en la fabricación del acta. Según los magistrados, no se acreditaba que Cifuentes “impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación”, pero en cambio sí condenaron a dos años de cárcel a una profesora y a la exasesora de Educación del Gobierno regional.

Consecuencias también en los grados

Los grados también han sufrido el golpe. Las preinscripciones para grado como primera opción para estudiar en la URJC se vieron afectadas desde el curso académico 2018-2019, aunque no sufrieron tantas bajas como los que luego se matricularon efectivamente como primera opción, que desde el curso 2017-2018 hasta 2021-2022, cayeron casi un 18%.

Los matriculados como primera opción son aquellos que, tras terminar la prueba de Selectividad, desean acceder a la URJC como opción preferente, por lo que se puede intuir que la universidad pagó también en este nivel las consecuencias del escándalo. Sin embargo, los datos del total de alumnos matriculados en grado apenas varían en comparación a la abismal caída de los matriculados en máster.

En paralelo se ha producido, a tenor de los datos, el movimiento contrario con el profesorado contratado: la suma de personal docente ha aumentado desde el curso 2017-2018 a la vez que descendía el número de estudiantes. Así, a diciembre de 2021, había un total de 788 contratados de personal PAS (personal de administración y servicios) y 2.615 de PDI (personal docente e investigador). Tres años antes en pleno escándalo Cifuentes, había 671 empleados PAS y 2.126 PDI. Esto supone que hay 606 profesores más ahora.

Ante el incremento de profesorado, la URJC informa que el rector manifestó en el plan estratégico 2020-2025, su voluntad de mejorar la calidad de la enseñanza incrementando la relación profesores/estudiantes entre otras medidas. Desde la URJC dicen estar asumiendo mayormente el control de lo que se hace desde la propia universidad y segmentando las áreas de conocimiento para “esforzarse en la transparencia y la calidad de la universidad”.

Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, será indemnizada por la filtración y difusión del video que reveló que en 2011 fue retenida en un supermercado por, supuestamente, intentar llevarse varios productos sin pagar. La Justicia ha dado la razón a la política y ha condenado a Cecosa, filial del grupo Eroski, a pagar 30.000 euros porque ese vídeo, según la Ley, tendría que haber sido destruido en un mes y sin embargo fue publicado en 2018, siete años después, propiciando la salida de Cifuentes del ejecutivo madrileño tras meses de revelaciones sobre las irregularidades de su máster universitario por parte de elDiario.es.

La resolución, adelantada por El Confidencial y que ha podido examinar este periódico, repasa los peores meses de Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid en 2018, tres años después de acceder al gobierno regional. El 21 de marzo de ese año elDiario.es publicó en exclusiva la primera información sobre las irregularidades que habían trufado su proceso de obtención de un máster en la Universidad Rey Juan Carlos.

La entonces presidenta rechazó dimitir ante todas estas irregularidades, pero sí anunció que dejaba la Puerta del Sol un mes después. Cuando el digital OkDiario publicó el vídeo de las cámaras de seguridad de un supermercado que mostraba cómo el personal de seguridad había retenido a Cifuentes en mayo de 2011 por intentar llevarse varios productos sin pagar, aunque abonó el precio posteriormente. Cifuentes era entonces vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, donde llevaba dos décadas siendo diputada del PP, y fue nombrada Delegada del Gobierno en la capital poco después.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid emprendió sin éxito una guerra judicial contra los periodistas de elDiario.es que habían revelado las irregularidades de su máster. En paralelo, otra contra la cadena de supermercados por la filtración y difusión del vídeo, que ha acabado en victoria para Cifuentes: la Audiencia Provincial ha obligado a Cecosa, filial del grupo Eroski, a indemnizar con 30.000 euros a la expresidenta madrileña.

Su defensa alegaba que fue retenida por los guardias del supermercado el cuatro de mayo de 2011 y que, según la Ley de Protección de Datos que ya llevaba entonces más de una década vigente, la grabación tendría que haber sido eliminada en un mes. La empresa, alegó, también estaba obligada a asegurar que la grabación, antes de ser destruida, no abandonara los servidores del supermercado para aparecer publicada en un periódico digital siete años después.

Un juzgado de Madrid rechazó en primera instancia la demanda civil de Cifuentes, pero ahora la Audiencia Provincial le ha dado la razón. La grabación en sí misma, razonan los jueces, no vulneró sus derechos, pero sí recogía una situación que afecta a su “acervo personal más íntimo” que no debería haber visto la luz.

“Los hechos ponen de manifiesto que la demandada no ha cumplido las obligaciones” en materia de protección de datos, dice la resolución. “Las medidas de seguridad no se adoptaron o fueron claramente insuficientes, lo que en ambos casos le hace ser responsable igualmente”, zanja la sentencia.

Como cada miércoles de este verano, hoy te traemos el quinto y último episodio de la serie sobre los entresijos de la investigación periodística del falso máster de Cristina Cifuentes, ex presidenta de la Comunidad de Madrid.

En este capítulo, los periodistas cuentan qué pasó con los protagonistas de la historia un año después de la dimisión de Cifuentes.

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El caso del máster de Cristina Cifuentes ha llegado al Tribunal Supremo. Este martes la sala de lo penal estudiará la sentencia de los tribunales madrileños que absolvió a la expresidenta de la Comunidad de Madrid y condenó a la profesora y la asesora implicadas en la falsificación de las actas de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Pero el caso llega al alto tribunal sin Cifuentes: solo María Teresa Feito ha recurrido su condena de falsedad documental y ni la Fiscalía ni la Universidad han cuestionado la absolución de la expresidenta madrileña. El Ministerio Público sí ha pedido que la condena de dos años de cárcel de Feito, entonces asesora en la Consejería de Educación, sea confirmada, según explican fuentes del caso.

El caso del máster de Cristina Cifuentes fue destapado por elDiario.es en marzo de 2018. Una sucesión de informaciones sobre cómo Cristina Cifuentes había obtenido un máster en Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos con unas notas que habían sido falsificadas: una funcionaria había conseguido que, años después de matricularse, varias asignaturas en la que figuraba como “no presentada” pasaran a estar aprobadas con un notable. La documentación también cuestionaba cómo y ante quién había presentado su Trabajo Fin de Máster: sólo pasó un minuto entre la calificación de una asignatura que le quedaba pendiente y la del Trabajo Fin de Máster.

La exclusiva de este periódico obligó a Cifuentes y a la URJC a dar explicaciones, y fue entonces cuando la presidenta regional compareció en la Asamblea de Madrid y exhibió unas actas firmadas que, según ella, demostraban que todo su máster había sido cursado correctamente. La investigación judicial dejó negro sobre blanco que esas actas falsas habían sido confeccionadas por la profesora Cecilia Rosado después de recibir 15 llamadas y mensajes de María Teresa Feito, entonces asesora de la Consejería de Educación del ejecutivo madrileño. Lo que los jueces definieron posteriormente como una actuación “insistente y agobiante” para que las actas fueran falsificadas.

El caso pasó del juzgado 51 de Madrid a la Audiencia Provincial, donde Cristina Cifuentes fue absuelta, Feito condenada a tres años de cárcel por falsedad documental, mientras que Rosado fue condenada a un año y medio por el mismo delito pero con la atenuante de colaboración con la Justicia. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia confirmó la absolución de la expresidenta madrileña y rebajó las condenas de las dos encausadas: la pena de Feito quedó en dos años de prisión y la de Rosado en un año. En la práctica, y salvo que los jueces digan lo contrario, no tienen que cumplir condena obligatoriamente en prisión.

Sólo una parte del caso será estudiada este martes por la sala de lo penal del Tribunal Supremo. La magistrada Carmen Lamela, que será la ponente, tiene encima de la mesa el recurso de Feito contra su condena de dos años de cárcel y la petición de la Fiscalía de que el recurso sea desestimado y su condena confirmada. Cecilia Rosado no ha recurrido, según explican a elDiario.es fuentes del caso, y las acusaciones tampoco han cuestionado la absolución de Cristina Cifuentes. El debate será, por tanto, si la condena de Feito es confirmada o rebajada.

María Teresa Feito era asesora de la Consejería de Educación que dirigía entonces Rafael van Grieken, pero sus vínculos con la URJC iban más allá: era amiga de la propia Cifuentes, profesora en excedencia de Filología Inglesa en la Universidad donde su jefe, el Consejero, era catedrático de Química. También formó parte del Consejo del Instituto de Derecho Público donde se impartió el máster. Fue ella quien, según ha declarado probado la Justicia hasta ahora, acudió a una reunión de emergencia el 21 de marzo de 2018 para exigir a la profesora Rosado que elaborase unas actas falsas en las que figurase que Cifuentes defendió su Trabajo Fin de Máster el 2 de julio de 2012, dos años antes de que sus notas cambiaran. La docente aceptó, según los jueces, “ante el temor de las posibles consecuencias negativas para su trabajo”.

Su primera condena, los tres años impuestos por la Audiencia de Madrid, implicaban su entrada obligatoria en prisión. El Tribunal Superior de Justicia de la capital, sin embargo, optó por rebajar la pena a dos años: los jueces mantuvieron que había cometido un delito de falsedad en documento oficial pero redujeron la condena al entender que estaba en excedencia en su puesto como profesora de la URJC y, por tanto, “ninguna responsabilidad tenía en la Universidad, ni en la gestión académica del Máster de Derecho Público del Estado Autonómico en cuya documentación se hizo la irregularidad, ni actuó en el ejercicio de funciones públicas”.

La absolución de Cifuentes

Cristina Cifuentes dejó la presidencia de la Comunidad de Madrid un mes después de que elDiario.es revelase las irregularidades de su máster, y horas después de la difusión de un vídeo de 2011 de una cámara de seguridad de un supermercado que registraba cómo la entonces vicepresidenta de la Asamblea había sido retenida tras robar unas cremas. El caso llegó a juicio en enero de 2021, casi tres años después de la primera información de este periódico, y su absolución fue firmada en febrero de ese año: los jueces declararon probadas toda clase de irregularidades en la gestión de sus notas pero no que ella interviniera en la falsificación de las actas que ella misma exhibió en la Asamblea de Madrid para defender su inocencia.

Su actividad académica en el máster, según la Audiencia de Madrid, “ha revelado un conjunto de incongruencias relevantes e incompatibles con la actuación regular de un estudiante de postgrado”. Desde no ir nunca a clase hasta no contactar con ningún profesor pasando por esa “modificación fraudulenta” de sus notas. Pero concluyeron los jueces que no hay pruebas suficientes que demuestren que ella estaba al final de la cadena de presiones a la profesora Rosado para que sus actas fueran falsificadas. “Sin obviar el interés de este en tener toda la documentación que justificara la regularidad en la obtención de su máster, nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación del documento en cuestión”, dijo la Audiencia de Madrid.

Las sospechas, según los jueces, podían ser “legítimas” pero no había más pruebas. Algo que ratificó el Tribunal Superior de Madrid cuatro meses después: “El tribunal de instancia basó su fallo absolutorio no sólo en prueba documental, sino también en medios que incluyen la declaración de las acusadas, y el testimonio de numerosas personas”, destacaron los magistrados. La Fiscalía recurrió la primera absolución pero la tramitación posterior de la causa revela que decidió no llevar el caso ante el Tribunal Supremo. El último capítulo del caso del máster de Cifuentes se resolverá cuatro años después de la primera información de elDiario.es y sin que los magistrados de la sala de lo penal tengan que examinar el papel que jugó la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

Amalia Calonge, la funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que modificó en 2014 las notas de dos asignaturas en el expediente académico de la expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ha conseguido que la Justicia le revoque la sanción impuesta por el rector del centro al considerar que estos hechos estaban prescritos cuando se inició el expediente, aunque sí mantiene el castigo impuesto por un cambio de calificaciones realizado en 2016 a otro alumno.

Al considerar prescrita la infracción relacionada con el expediente de la ex política del PP, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reducido en ocho meses –pasando de un año a cuatro meses– la suspensión de funciones impuesta por la Universidad a Calonge.

Hace cuatro años, elDiario.es desveló que Cristina Cifuentes, por aquel entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, obtuvo un máster en la URJC con notas falsas. Ya en esa primera noticia que destapó el Caso Máster, y que terminó salpicando también al popular Pablo Casado y a la socialista Carmen Montón, se mencionaba a Calonge.

La exlideresa madrileña se matriculó en un posgrado de Derecho Autonómico en el curso 2011/2012. En su expediente figuraba que en ese mismo año académico había aprobado todos los créditos. Sin embargo, tal y como informó elDiario.es, en 2014, dos años después de haberse titulado, el usuario de la intranet universitaria asociado a Calonge entró en el sistema informático y cambió la nota de dos asignaturas, entre ellas el Trabajo Final de Máster (TFM), modificando un 'no presentado' por un notable, dejando rastro en el sistema. 

Calonge cambió la nota de dos asignaturas de Cifuentes

A pesar de que la inspección de la URC llegó a proponer una suspensión de empleo y sueldo de seis años a la funcionaria, el rector, Javier Ramos, optó por enmarcar estos hechos en una falta muy grave y reducir a un año la sanción por haber cambiado “de forma irregular las calificaciones” de dos alumnos, “sin autorización ni comunicación al jefe de Servicio correspondiente”, según recoge la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado cinco de julio. 

Los hechos investigados por la Justicia se enmarcan en la entrada “de forma continua y reiterada en la aplicación para la modificación de actas, modificando actas de al menos” tres asignaturas. “Son, por tanto, dos hechos cometidos en octubre de 2014 en relación a una determinada alumna [Cristina Cifuentes], y otro hecho cometido un año y medio después, en abril de 2016, respecto de un alumno diferente”, exponen los magistrados.

La defensa de Calonge recurrió la sanción impuesta por el rector y los tribunales han estimado en parte su demanda, reduciendo a un tercio el periodo impuesto de suspensión de funciones al entender que la única infracción que no está prescrita es la que tiene relación con el cambio de notas en 2016. Por lo tanto, los magistrados han reducido de doce a cuatro meses la suspensión de funciones impuesta a Calonge.

Desde la URJC aseguran que este segundo estudiante también fue alumno del Instituto de Derecho Público, epicentro del Caso Máster. Asimismo, confirman que la sentencia ya es firme y aseguran que en este fallo “se confirman los elementos esenciales del expediente sancionador”. Por su parte, ni la funcionaria ni su letrado han atendido la petición de información realizada por esta redacción. “No tengo nada que decir”, se ha limitado a responder Calonge. 

En enero de 2021 el juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 31 de Madrid admitió el recurso de la funcionaria y anuló la sanción impuesta por el Rectorado “al apreciar la caducidad del expediente”. La URJC pleiteó esta decisión. El asunto llegó al Tribunal Superior de Justicia, que revocó la sentencia inicial y estimó en parte las argumentaciones de los abogados de la funcionaria. 

En la última sentencia, dictada en julio, los magistrados defienden que “los hechos sancionados no cumplen los presupuestos exigidos para calificar la infracción como continuada”. La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM sostiene que “no existe proximidad en el tiempo” entre las modificaciones del expediente académico de Cifuentes en 2014 y el realizado en 2016 en las calificaciones de otro alumno. “Transcurre un año y medio” entre estas dos actuaciones, insisten los jueces, que también defienden que no “se aprecia un dolo continuado, dada la falta de relación entre los hechos de 2014 y el posterior de 2016, siendo hechos aislados, aunque el modus operandi sea el mismo y la conducta infractora coincidan y procediera calificar los hechos conforme al mismo tipo infractor”. 

La defensa de la funcionaria recurrió la sanción

Ante esta argumentación, desde el tribunal apuestan por anular las infracciones relacionadas con el expediente de Cifuentes al considerar que “habrían prescrito”. Los hechos se produjeron el 23 de octubre de 2014 y el expediente sancionador se incoó el 13 de abril de 2018, después de que elDiario.es desvelase esta actuación. El Estatuto Básico del Empleado Público determina que el plazo de prescripción para las infracciones muy graves es de tres años y se comienza a tener en cuenta desde la fecha en la que se ha cometido. Basándose en esta normativa, el TSJM estima en parte el recurso presentado por la defensa de Calonge al entender que en este caso “el plazo de tres años había transcurrido en exceso”.

No sucede lo mismo con “la modificación del acta del expediente” realizada “en abril de 2016”. En este caso, los magistrados defienden que esta actuación “no habría prescrito” y sostienen que “los hechos tienen perfecto acomodo en la infracción señalada” por la URJC. Ante el recurso presentado por la defensa de la funcionaria, los magistrados aseguran que “la alegación de que alguien suplantó su identidad no ha sido acreditada y es contradicha por los informes y testificales obrantes en el expediente”. Por lo tanto, defienden que “la recurrente fue la autora material” del cambio de notas en 2016 a un alumno. 

“La conducta no puede calificarse más que como dolosa, en el sentido de voluntariamente querida por el sujeto que la comete, consciente de su proceder antijurídico”, añaden los magistrados, sobre la actuación de Calonge. Para concluir: “No queda acreditado que la funcionaria –en cuanto a los hechos cometidos en abril de 2016, que son lo que estamos analizando– actuara en cumplimiento de órdenes del catedrático correspondiente, con su consentimiento o conocimiento expreso o tácito –y sin que lo dicho suponga que, de haber actuado obedeciendo órdenes expresas, quedara exonerada de responsabilidad–”. 

La Justicia confirmó la absolución de Cifuentes

En relación al Caso Máster, a nivel judicial el TSJM confirmó la condena de la profesora Cecilia Rosado y la asesora del Gobierno regional, que presionó para conseguir una coartada para Cifuentes, María Teresa Feito. A la primera de ellas, la docente de la URJC que falsificó las firmas del acta de defensa del TFM de la expresidenta, el tribunal le rebajó la condena como autora de un delito de falsedad en documento oficial, a la pena de un año de prisión, frente al año y seis meses de cárcel al que le impuso la Audiencia Provincial de Madrid. Por su parte, Feito vio reducida su condena de los tres años de prisión iniciales a los dos años de prisión como inductora de un delito de falsedad documental. 

Los magistrados también confirmaron la absolución de Cifuentes, al considerar que la expresidenta madrileña no tuvo ningún protagonismo en la elaboración del acta de TFM. “Nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación del documento”, decía la sentencia de la Audiencia Provincial, ratificada posteriormente por el TSJM, que añadía que las “sospechas legítimas” que pudieran existir sobre la actuación de la expresidenta no se habían convertido en “prueba suficiente” para justificar su responsabilidad. El Caso Máster puso fin a la carrera política de la entonces presidenta regional, que se vio forzada a dimitir.

¿Quién dijo que la pandemia iba a terminar con los carnavales? La justicia acaba de emitir una sentencia en forma de chirigota por la que absuelve a Cristina Cifuentes en el Caso Máster del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. Y, en su popurrit, fulmina a quienes, sin duda por admiración hacia la lideresa, facilitaron un título que no merecía. Qué cajonazo más grande para la profesora Cecilia Rosado, de la Universidad Juan Carlos de Madrid, y para la funcionaria María Teresa Feito, ex asesora de la Comunidad Autónoma de Madrid, que tendrán que chuparse in extremis un año y seis meses y tres años de prisión por un delito de falsedad documental. Ella se limitó a recibir el regalo y sonreír como en un cartel de las Fiestas Típicas.

Seguramente, más temprano que tarde, se demostrará que cuando la pillaron mangando maquillaje en unos grandes almacenes estaba preparándose para salir en una murga canaria. Su retrato, ya desvaído por el paso del poder, no deja de ser el de esa España toda, la malherida España, que de Carnaval vestida nos la pusieron, pobre y escuálida y beoda, para que no acertara la mano con la herida.

Son muchos los mamarrachos que vivimos en este entierro de la sardina democrática. Y entre soberanos que también tenían su verdadera patria en Suiza, marichalares en patinete y urdangarines en tercer grado, abundan los arlequines de ocasión, los honorables con el canut en Andorra como si fueran youtubers, los pequeños nicolases y los grandes banqueros.

Entre Cristina Cifuentes e Isabel Díaz Ayuso, ya dirimió la historia la gran final de estos carnavales. Veníamos del mundo analógico de Esperanza Aguirre, pasamos al digital con Miss Máster y entramos al ciberespacio dos puntos cero con la actual presidenta de lo mismo. Entre princesas destronadas, princesas del pueblo y princesas de verdad que se van a hacer un erasmus privado a Gales, en donde ya no se hacen públicos, asistimos al insólito suceso de que la ex lideresa de España dentro de España no pierda el juicio aunque haya perdido la partida. Aquí un propio ha perdido el curro por perder la noción de lo que es TVE y no envenenamos a los disidentes como en Rusia pero encarcelamos a unos cuantos responsables públicos por hacer un paripé soberanista y dar pie a que la envenenadora Rusia cuestione nuestro Estado de derecho. Arderán los tweets de las estepas con lo de la sentencia del máster y volverá a vivirse en La Moncloa una recreación de las célebres peleas en broma de Juanito Valderrama y Dolores Abril.

El mayor carnaval del mundo siguen siendo los esperpentos de Valle-Inclán y por los espejos cóncavos del Callejón siguen pasando los Bárcenas que se parecen a Rajoy como la Gurtel se parece a Aznar y las equis resultan igualitas a González.

Todo en la vida es carnaval, como reza el cantable discotequero. Pero el mayor carnaval del mundo siguen siendo los esperpentos de Valle-Inclán y por los espejos cóncavos del Callejón siguen pasando los Bárcenas que se parecen a Rajoy como la Gurtel se parece a Aznar y las equis resultan igualitas a González.  

El Covid favorece, sin duda, los bailes de máscaras, nunca mejor dicho, desde las calles de Isla Cristina a los teatros de Málaga, de Córdoba, de Sevilla o de Madrid. Pero la fiesta está en la calle y está en los medios de comunicación, que son las grandes avenidas contemporáneas, por donde circula la eterna cabalgata del poder.

Así, se llevan mucho este año los disfraces de animales: el otro máster del universo más conocido de este país, Pablo Casado, entre paletada y paletada de nieve, se dejaba ver hace unos días con unos lechoncillos en un vídeo sin duda casual. Absténganse de comentarios procaces: los animales han demostrado sobradamente su influencia electoral, como comprendimos en su día cuando a los de Vox les bastó montar a caballo para entrar en el Parlamento de Andalucía como si fueran otra vez Espartero. Y tampoco olviden que la victoria de Juan Manuel Moreno Bonilla en las últimas elecciones andaluzas, se vio precedida de una toma en la que susurraba, como un Robert Redford de las terneras, a las vacas de un pariente.

Las calles están llenas de gente vestida de peligrosos piratas o de dulces heidis, de comisarios villarejos al que interpretara soberbiamente El Gómez de Cádiz, de asustaviejas sin rulo de papel, carpantas sin techo y gangsters que parecen gangsters. El carnaval sigue ahí, como el dinosaurio de Monterroso. Aunque lo prohíba una dictadura o un coronavirus.  

El carnaval sigue ahí, pero olvidamos a veces que es un carnaval. Del tres per cent al Caso Bankia, los libretos de la actualidad se llenan de cuplés que, al contrario de los de carnaval, se olvidan al otro día. ¿Quién recuerda acaso qué ocurrió con el caso Matesa, con las PSV o con los ERE fraudulentos, que no fueron todos los ERE? Nuestra memoria también se pone una careta o se la cambia, en función de que en las carnestolendas de la vida pública española, salgan malparadas de esa fiesta nuestras siglas favoritas o las contrarias.

Don Carnal se enfrenta a Doña Cuaresma, como en unas primarias del calendario, en estos días en que se absuelve a los mangantes y se encarcela a los letristas. Y, hoy, cuando arda el Dios Momo, definitivamente tendríamos que darnos cuenta de que la Audiencia Nacional se parece mucho al Gran Teatro Falla. 

El tribunal del caso Máster ha decidido absolver a Cristina Cifuentes del delito de falsificación documental, por el que la Fiscalía pedía que fuese condenada a tres años y tres meses de cárcel. Los jueces han considerado que la expresidenta madrileña no jugó ningún papel en la elaboración del acta falsa sobre su trabajo de fin de máster, con el que trató de justificar que sí había realizado ese posgrado tras la exclusiva de elDiario.es, según ha avanzado la agencia Efe y ha confirmado este medio. Los jueces sí han condenado a una profesora del máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y a la asesora del Gobierno regional que presionó para conseguir una coartada que librase a Cifuentes del escándalo.

“Nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación del documento en cuestión”, sostiene la sentencia sobre Cifuentes. Los jueces entienden que el hecho de que la expresidenta exhibiera “públicamente” la copia del documento que recibió del rector “no es más que un indicio, no corroborado por otros” y defienden que las “sospechas legítimas” que pudieran existir “no se han convertido en prueba suficiente” para justificar su responsabilidad.

En este sentido, recuerdan que ninguna de las otras dos condenadas —la profesora y la asesora— señalaron haber tenido contacto con Cifuentes o con personas de su oficina y gabinete el día que estalló el escándalo y que tampoco la señaló ninguno de los intervinientes en la reunión de parte de la cúpula de la URJC que tuvo lugar esa jornada en el Rectorado. Durante su declaración en el juicio, la expresidenta afirmó que no pidió a ninguno de sus colaboradores y tampoco a nadie de la URJC que falsificaran el acta: “Nunca, jamás, a nadie”.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público consideraba que Cifuentes indujo esa falsificación a sabiendas de que acreditaba una defensa de trabajo de fin de máster que “jamás se produjo” y que exhibió en varios medios y redes sociales “para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse”.  “La señora Cifuentes, por su cargo, no se manchó las manos, pero es evidente que le urgía imperiosamente que la universidad le ofreciese una solución. Si la maquinaria se puso en marcha fue por estas presiones”, lanzó en la sala la fiscal, que aludió al “entorno” de la expresidenta como origen de esas presiones.

La Audiencia Provincial de Madrid, sin embargo, ha considerado que Cifuentes no indujo esa falsificación porque su “interés” en tener “toda la documentación que justificara la regularidad en la obtención de su máster” no fue suficiente como para llevar a otros a delinquir. A juicio del tribunal, “no consta la presión inductora” ni el “dominio del hecho”, por lo que no se le puede imputar el delito de falsificación que le atribuían las acusaciones.

La teoría del “dominio del hecho” fue expuesta por la acusación particular, ejercida por la URJC, que defendió la presunta culpabilidad de Cifuentes como beneficiaria de la falsificación porque “se quiso beneficiar de su elaboración y de la falsedad de su contenido” a sabiendas de que el acta estaba adulterada, según expuso su abogado durante la vista. 

La sentencia sin embargo, establece que no basta con que se beneficiara de esa falsificación a sabiendas de que lo era para que pueda haber culpabilidad. Y recuerda que el Tribunal Supremo ya ha establecido qué requisitos son necesarios para condenar por este supuesto: “Que conste la intervención del acusado en el previo concierto para llevar la misma o haya dispuesto del 'dominio funcional del hecho', bastando el concierto y reparto previo de papeles para la realización, de modo que tanto es autor quien falsifica materialmente como quien se aprovecha de la acción, con tal que ostente o tenga el condominio del hecho”. Es decir, con tal de que haya participación en el plan, algo que según la resolución no queda acreditado en el caso de la expresidenta.

La Fiscalía está analizando el contenido del fallo dictado este lunes para decidir si finalmente impugna la resolución, una posibilidad que ya ha descartado la URJC. Fuentes de la institución universitaria muestran su respeto a una sentencia que ven como el “punto final” de un “caso aislado” y afirman que el final del juicio les permite centrarse en su “proyecto de futuro”.

Condenas

Los jueces sí que han condenado a un año y seis meses de cárcel a la profesora Cecilia Rosado, que admitió haber elaborado el acta desde cero, falsificando la firma de otras dos profesoras. El tribunal da credibilidad al relato de la docente, que declaró que había falsificado el acta por las presiones de Enrique Álvarez Conde, director del máster ya fallecido, y de María Teresa Feito, que en el momento de los hechos era asesora del consejero de Educación Rafael Van Grieken, y condenada también a tres años de cárcel.

La resolución afirma que Rosado elaboró ese documento dada la “fuerte jerarquía” existente entre ella y el catedrático y ante el “temor de las posibles consecuencias negativas” para su trabajo. Lo hizo tras ser “requerida” por Feito, que fue quien le indicó que en ese documento debía hacer constar que Cifuentes “había defendido el TFM el día 2 de julio de 2012”.

Los jueces han reducido la pena de Rosado porque confesó y colaboró con la justicia. No aprecian, sin embargo, el atenuante de “miedo insuperable” que solicitó la Fiscalía al entender que aunque temía por el desarrollo de su carrera profesional, cuando ocurrieron los hechos ya tenía un contrato fijo en la URJC. “Las circunstancias de enfriar o dificultar sus relaciones con el catedrático [Enrique Álvarez Conde] no son suficientes para justificar el temor suficiente para la aplicación de esta atenuante”, dice la resolución.

Respecto a Feito, el tribunal considera probado que el día que estalló el escándalo pidió de forma “insistente y agobiante” a la profesora Rosado que solucionara aquella situación “como fuere”. También confirma que participó de “forma activa” en la reunión en la que, ese día, la plana mayor de la URJC veía cómo hacer frente a la información de elDiario.es sobre las notas falsificadas de la entonces presidenta. Durante su declaración, Feito afirmó que solo había entrado “dos minutos” en esa reunión.

Para el tribunal, la actuación de Feito queda probada por su “actuación relevante” tanto en “la necesidad de crear el acta, a sabiendas de que esta no existía”, como en la “presión” ejercida sobre Rosado. Esa “presión” se justifica, según la sentencia, por la declaración de la propia Rosado y por las 15 llamadas efectuadas durante ese día —que cesaron una vez enviada el acta— y que “sin duda tenían como finalidad la creación del documento mendaz”, pues no se pueden atribuir a una relación previa entre ambas que no existía.

“Graves irregularidades”

Aunque no era objeto de este procedimiento, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid pone de manifiesto las “graves irregularidades” que tuvieron lugar en el desarrollo del máster que supuestamente cursó la expresidenta. Según el tribunal, las “incongruencias” en torno a ese título son “relevantes” e “incompatibles” con la actuación regular de un estudiante de posgrado.

Cifuentes afirmó durante su declaración que lo cursó sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el TFM sin exponerlo ante el tribunal, algo que sí que había alegado inicialmente. Desde que elDiario.es reveló el escándalo sobre su falso máster en marzo de 2018, Cifuentes no ha logrado encontrar ese trabajo.

El tribunal no entra a valorar si se produjo o no esa defensa del TFM, aunque dice que habría sido “inexplicable” que se hubiera producido porque en 2012 figuraba como “no presentada” en una asignatura de ese posgrado y para poder exponer un TFM es necesario tener todas las materias aprobadas. De hecho, el tribunal recuerda que la calificación de esa asignatura fue corregida “de forma irregular” en 2014 por la funcionaria Amalia Calonge a pesar de que no competencias para acceder al sistema informático y hacer ese cambio.

Durante el juicio, que se alargó durante cinco sesiones, no apareció ni un solo indicio de que la expresidenta hiciera el máster o acudiera el citado 2 de julio de 2012 a defender las “líneas generales” de su TFM en un despacho del campus de Vicálvaro como ella misma aseguró ante el tribunal.

Cristina Cifuentes aguarda ya la sentencia que resolverá si indujo la falsificación del acta de defensa de un supuesto Trabajo de Fin de Máster (TFM) que no aparece, simplemente se benefició siendo consciente de la adulteración o es absuelta porque no hay pruebas de lo primero ni de lo segundo. En los dos primeros casos sería condenada con hasta cuatro años de prisión; si se diera la absolución resolvería sus problemas con la justicia, a la espera de un posible recurso de las acusaciones, aunque no haya un solo indicio de que cursara aquel máster.

La fiscal Pilar Santos Echevarría centró su informe de conclusiones en reproducir los indicios de que tras la maniobra de la falsificación del acta estuvo la entonces presidenta madrileña. “Por supuesto que no llamó, pero la beneficiaria era ella y su carrera política”, aseguró la fiscal. “La señora Cifuentes, por su cargo, no se manchó las manos, pero es evidente que le urgía imperiosamente que la universidad le ofreciese una solución. Si la maquinaria se puso en marcha fue por estas presiones”, lanzó en la sala.

Para apoyarlo, Santos presentó las declaraciones de los testigos dando por hecho que María Teresa Feito, asesora en ese momento de la Consejería de Educación y profesora en excedencia de la universidad, estaba en el epicentro de la resolución de la crisis en representación de Cifuentes. Como hecho destacado, recordó las veinte veces que llamó o escribió a la profesora que falsificó el acta antes de que ésta lo hiciera. “Si no me la envías [el acta] Cifuentes os va a matar. A vosotros y al rector”, declaró Rosado que le dijo Feito. Por ello, Santos Echevarría solicita tres años y tres meses de cárcel para Cifuentes como autora por inducción de un delito de falsedad en documento oficial. 

La fiscal también subrayó que tan pronto como tuvo el acta del TFM, Cifuentes la exhibió públicamente sabiendo que “no se correspondía con la realidad”. El abogado de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que ejerce la acusación particular, dedicó buena parte de su intervención precisamente a la presunta culpabilidad de Cifuentes como beneficiaria de la falsificación a sabiendas de que el acta estaba adulterada. 

A juicio del letrado, durante el juicio ha quedado acreditado que la expresidenta sabía que no había defendido ese trabajo cuando mostró públicamente el acta para desactivar una polémica que trascendía al ámbito político y “se quiso beneficiar de su elaboración y de la falsedad de su contenido”. Según su tesis, este hecho la hace culpable porque la jurisprudencia establece que basta con que se beneficiara de esa falsificación a sabiendas de que lo era para que pueda ser condenada. 

La jueza instructora, Carmen Rodríguez-Medel, ya apuntó en este sentido. En su auto de pase a procedimiento abreviado recogió que Cifuentes puede ser condenada por falsificación si se acredita que conocía la adulteración y a pesar de ella obtuvo rédito. El letrado reprodujo aquel “no me voy, me quedo, me voy a quedar”, que lanzó Cifuentes con el acta falsificada en la mano la noche que siguió a la exclusiva de elDiario.es.

Y aquí puede estar la clave del caso: ¿ha quedado acreditado que Cifuentes sabía que manejaba un acta falsa? Durante el juicio no ha aparecido ni un solo indicio de que Cifuentes hiciera el máster o acudiera el 2 de julio de 2012 a defender las “líneas generales” de su TFM en el despacho de Enrique Álvarez Conde, en el campus de Vicálvaro. El fallecimiento del catedrático en 2019 ha estado presente durante toda la vista, ya que él estuvo en el centro del proceso de falsificación. 

Según Cifuentes, Álvarez Conde era su único interlocutor en el máster —nunca interactuó con el resto de profesores ni se interesó por las notas obtenidas en sus asignaturas— y era a él a quien enviaba físicamente a través de personas de su gabinete o mensajeros unos trabajos que supuestamente le permitieron aprobar el posgrado pero que tampoco han aparecido. Su abogado, sin embargo, insistió en que durante la vista tampoco se ha demostrado que no hiciera el máster y aludió a las “irregularidades” detectadas en los posgrados de otros alumnos que afloraron en la parte de la instrucción que se archivó. 

Respecto al día de la supuesta defensa del TFM, Cifuentes aseguró en su declaración ante el tribunal que acudió en vehículo oficial a la URJC. En instrucción había dicho que le habían escuchado tres personas, entre las que se encontraba un hombre. Sin embargo, el 21 de marzo de 2018 mostró un acta firmada por tres mujeres. Su justificación ante esa falta de coincidencia es que ella no sabía si esos profesores que la escucharon, y de los que nada se ha sabido en tres años, eran o no el tribunal que luego evaluaría su trabajo. 

El único indicio de su presencia aquel día en el campus era el apunte escrito 24 horas antes de la supuesta defensa en la agenda digital de quien fue secretaria durante más de una década, incluida la etapa en la que fue delegada del Gobierno en Madrid, de la que una copia, también desaparecida durante tres años, le fue entregada “apenas unos días” antes del juicio por esta antigua subordinada, Cristina Abad.

El abogado José Antonio Choclán retiró en la penúltima sesión del juicio la prueba porque el pendrive incluía otros datos de carácter personal o íntimo que no quería que fueran incorporados. Según él por “la intención no ocultada de dos partes para acceder indiscriminadamente al contenido personal del pendrive”. Si esos otros datos en el pendrive perjudicarían a Cifuentes más de lo que le podía ayudar la supuesta cita para el TFM seguirá siendo un misterio.

Choclán cerró el juicio despreciando la exposición del abogado de la URJC, de cuyo escrito de acusación dijo que ni debería haber sido aceptado por no centrar ni siquiera la hipótesis de culpabilidad de su clienta. Sobre la tesis de la inducción que presentó la fiscal, Choclán se esmeró en rebatir que haya un solo indicio de que Feito, Van Grieken o Álvarez Conde actuaran inducidos por Cifuentes, al no reconocerlo ninguno de los dos que están vivos ni haber constancia documental de ello. Para el abogado de la expresidenta se trató de una operación para “lavar” la imagen de la Universidad Rey Juan Carlos, de la que responsabilizó en última instancia al rector, Javier Ramos.

Con un documento falsificado en la mano apareció Cristina Cifuentes en un vídeo la noche del 21 de marzo de 2018 desafiando a quienes consideraban que la presidenta de la Comunidad de Madrid no podía seguir en el cargo con un título académico regalado. Aquella fue la primera imagen de una desconcertante estrategia que este viernes vivió un nuevo capítulo: su defensa retiró en la penúltima sesión del juicio la agenda electrónica que presentó sorpresivamente en la primera y que, según defendía, mostraba una cita de Cifuentes para acudir a defender el Trabajo de Fin de Máster (TFM) el 2 de julio de 2012.

A todas las suspicacias que provocó que Cifuentes presentara una supuesta prueba de descargo casi tres años después de que arrancara el caso se une ahora que la retire alegando razones de privacidad y confidencialidad. La expresidenta madrileña se juega hasta cuatro años de cárcel y esa agenda era el único indicio –el tribunal debería valorar de qué peso– que Cifuentes tenía para intentar convencer de que acudió el citado 2 de julio de 2012, aún siendo delegada del Gobierno, a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), en una visita que nadie presenció, a defender un trabajo que no aparece y ante unos profesores sin identificar.

El tribunal había aceptado en el arranque del juicio el 'pendrive' que contiene la agenda y la pericial de parte que adjuntaba, pero rechazó la pretensión de Cifuentes de no dar traslado a las partes personadas. Ella quería que acusaciones y defensas solo vieran lo que su secretaria en la Delegación del Gobierno, Cristina Abad, habría anotado supuestamente el 1 de julio de 2012: que al día siguiente tenía que acudir a la universidad a defender el TFM. El tribunal se negó y Cifuentes renunció a la prueba. Según se desprende la explicación de su abogado, José Antonio Choclán, ha pesado más que las anotaciones de la secretaria sobre la actividad de la entonces presidenta no tengan publicidad que la supuesta prueba de descargo que representa esa anotación.

El letrado, antiguo magistrado de la Audiencia Nacional, daba la sorpresa este viernes al exponer en su inicio que retiraba la prueba al considerar “desproporcionada” la decisión del tribunal, lo que deja abierta la posibilidad de una petición de nulidad por parte de la defensa. Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es concluyen que de apreciarse una vulneración de derechos cabría la posibilidad de la repetición del juicio.

El abogado Choclán alegó “la intención no ocultada de dos partes para acceder indiscriminadamente al contenido personal del pendrive”. La agenda, según aseguró Cifuentes precisamente a preguntas de su defensa, estaba alojada en un pendrive que había sido “aportado” hacía “apenas unos días” por quien fue secretaria durante más de una década, incluida la etapa en la que fue delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Abad. La defensa de la expresidenta proponía que, de aceptarse la prueba en los términos que solicitaba, fuera a declarar la secretaria. En el informe pericial, sin embargo, consta que Abad, que también fue secretaria de Cifuentes en la Comunidad de Madrid, le entregó una copia en abril o mayo de 2018, la época de su dimisión. El informe pericial está elaborado el último día laborable antes de que arrancara la vista, el 15 de enero.

Durante la instrucción, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel había requerido a la Delegación del Gobierno que entregara la agenda oficial de Cifuentes, pero el organismo público informó de que ese material se destruía cada dos meses. ¿Quiere eso decir que Cifuentes tenía una copia de la supuesta prueba a su favor y no la aportó a la magistrada? Tampoco eso quedó claro en su declaración.

El abogado de la Universidad Rey Juan Carlos, que ejerce la acusación particular, fue directo. “¿Desde qué fecha tiene a su disposición la copia de seguridad de esa agenda? Pero el juez le interrumpió alegando que el acusado puede presentar la prueba en cualquier momento del proceso, según la ley.

Abogado de la URJC: El informe pericial dice que Cristina Abad le entregó a usted toda la documentación que custodiaba de su trabajo como secretaria en abril o mayo de 2018. ¿Es cierto?

Cristina Cifuentes: Documentación me entregó muchas cosas. Pero el pendrive que se ha aportado en esta Sala es un pendrive que aporta la que era mi secretaria de manera directa.

Abogado de la URJC: ¿Pero en abril o mayo de 2018 como dice el informe pericial o cuándo?

Cristina Cifuentes: Mire, no sé. ¿Qué me está preguntando exactamente? No entiendo bien la pregunta.

Abogado de la URJC: ¿Desde cuándo dispone de esa documentación que le dio Cristina Abad?

Cristina Cifuentes: Le acaba de decir…

Presidente del tribunal: Lo de la fecha es irrelevante. Lo que no puedo hacer es estar dirigiendo el juicio de esta forma. Para no seguir declarando la impertinencia. ¿Le parece muy relevante la fecha de posesión de ese documento por parte de la declarante?

Abogado de la URJC: Absolutamente.

Presidente del tribunal: ¿En qué considera que es relevante la fecha de tenencia de ese pendrive?

Abogado de la URJC: En primer lugar, se ha aportado un informe en el que dice lo que he manifestado. Hay que contrastarlo.

Presidente del tribunal: Para zanjar el tema. ¿Conoce usted la fecha o el origen desde la cual tiene el pendrive?

Cristina Cifuentes: No lo sé.

Presidente del tribunal: No lo sé es elemento suficiente.

Tras un receso llegó el turno de su abogado, que volvió a preguntar por el asunto obteniendo de Cifuentes una versión más clara. “¿El pendrive que se ha aportado se lo facilitó Cristina Abad? Es decir, no es su copia sino la copia de seguridad que guardaba Cristina Abad”, expuso el letrado. “Efectivamente. Cuando yo me voy de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, unos días más tarde Cristina Abad me da una serie de pendrives, varios, y de documentación que yo tengo... Están en casa pero no sé dónde están y no los he utilizado jamás. Y el pendrive que se ha aportado en esta causa es un pendrive aportado hace apenas unos días por la propia Cristina Abad.

La decisión de no aportar la prueba significa no utilizar la pericial elaborada por Enrique Hellín, un perito al que recurrían con frecuencia la Policía y la Guardia Civil para la realización de periciales, según publicó El País en 2013 cuando desveló su anterior identidad, Emilio Hellín Moro, asesino de la estudiante Yolanda González en una de los atentados más brutales de la extrema derecha durante la transición. Fue condenado a 43 años de cárcel de los que cumplió 14.

En el informe pericial consta que la secretaria de Cifuentes apuntó la cita en la Universidad con tan solo 24 horas de antelación. La fiscal, Pilar Santos Echevarría, preguntó por ello a Cifuentes, quien consideró normal reservar la cita para defender su TFM el día antes.

A pesar de los datos que figuran en el pantallazo incorporado al peritaje, la conclusión a la que llega Hellín es que en la agenda de Cristina Cifuentes se reservó un hueco, entre las “13:45:00 hasta las 16:45:00 h” del 2 de julio, con la anotación “Master URJC”. La coherencia sobre la hora y duración concreta de este registro no se alcanza en la redacción del informe, en el que se plantea en un párrafo diferente que este señalamiento supuso una “reserva de 3 horas”, “desde las 15:45 h hasta las 16:45 h”, a pesar de que ese periodo temporal sólo supone una hora.

La fiscal Pilar Santos Echevarría ha mantenido la petición de tres años y tres meses de prisión para Cristina Cifuentes por su falso máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Tras la declaración de la expresidenta y las otras dos acusadas, los testigos y la ratificación de los informes periciales, la representante del Ministerio Público solo ha introducido una pequeña modificación en la petición de Cecilia Rosado, la profesora que confesó haber falsificado el acta que Cifuentes mostró en un vídeo como prueba de que había obtenido ese título, para que si el tribunal no acepta el atenuante de miedo insuperable aprecie como muy cualificada el de confesión.

La acusación particular, que ejerce la URJC, ha mantenido la petición de cuatro años de cárcel para la expresidenta madrileña y para la entonces asesora Maite Feito —a la que acusaciones sitúan como quien presionó en la universidad para obtener una coartada con la que acallar el escándalo— y ha rebajado de cuatro años a uno y medio la solicitud para Rosado. El resto de las partes se han ratificado en sus informes, si bien la defensa de Rosado ha solicitado que la pena se reduzca en dos grados y quede en nueve meses. El abogado de Cifuentes, José Antonio Choclán, se ha ratificado en su petición de absolución.

Las partes defenderán sus informes finales en una próxima jornada, no prevista en el calendario final, debido a lo avanzado de la mañana. Será el próximo viernes, 5 de febrero, aunque está abierta la posibilidad de adelantarlo al jueves. La expresidenta se expone a una condena no por el fraude del máster en sí, que obtuvo supuestamente sin aprobar todas las asignaturas, sin ir a clase y sin entregar el TFM; sino por la falsificación del acta con la que intentó justificar que había defendido ese trabajo. Es decir, por lo que se le juzga no es por haber recibido el título de un máster sin hacerlo cuando ya era cargo público sino por la coartada que exhibió en varios medios y redes sociales y con la que intentó salvar su carrera política tras la exclusiva de elDiario.es que reveló que sus notas habían sido falsificadas. 

La jornada de este viernes comenzó con la renuncia por parte de la defensa de Cifuentes a la prueba que aportó en el inicio del juicio y con la que pretendía acreditar que tenía agendado ir a defender su Trabajo de Fin de Máster (TFM) el 2 de julio de 2012, la fecha en la que se basó su coartada cuando estalló el caso porque es el día que figuraba en el acta aportada en un primer momento por la URJC para asegurar que en esa fecha se había defendido el trabajo. 

La defensa de la expresidenta había aportado un pendrive con una copia de su agenda durante sus años como delegada del Gobierno en Madrid y como presidenta regional y en la que aparece agendado supuestamente que iría a defender su TFM el citado 2 de julio de 2012. El abogado pretendía que las partes únicamente accedieran al informe pericial que supuestamente acreditaba la veracidad de ese documento y no a su contenido completo. Pero el tribunal rechazó esa pretensión, lo que llevó al letrado a pedir la retirada de la prueba alegando que contenía datos personales que no quería que se hicieran públicos. Esta era, hasta el momento, la única prueba aportada por la expresidente para acreditar que había cumplido con ese trámite.

De hecho, era la primera vez desde que se desveló que Cifuentes consiguió un máster con notas falsificadas que aportaba ese documento, a pesar de que tiene en su poder la agenda desde 2018. Las profesoras que firmaron el acta que refrendaría esta versión reconocieron ante el tribunal que falsificaron ese documento y que no se produjo tal defensa. La expresidenta, por su parte, afirmó en su interrogatorio que en realidad no hizo una defensa como tal de ese trabajo, sino que expuso las “líneas generales” a una personas que no sabía siquiera si eran profesores del máster. 

Testigos  

En la sesión de este viernes comparecieron como testigos varios alumnos y profesores relacionados con el posgrado de la expresidenta. Entre ellas, la profesora Esther González Hernández, que desmintió a Cifuentes y aseguró que el responsable del máster, Enrique Álvarez Conde, sí admitía trabajos por correo electrónico. La expresidenta declaró durante su interrogatorio que le enviaba los trabajos a través de terceros o por mensajero porque al catedrático, fallecido en 2019, no le gustaba utilizar esta vía y prefería recibirlos en papel. 

El de González Hernández fue también el testimonio más contundente sobre el carácter despótico de Álvarez Conde. “Era una persona muy pesada, muy insistente, me resultaba desagradable… Al final todo terminaba en conflicto porque era muy insistente. Te llamaba por teléfono una y otra vez para conseguir las cosas por agotamiento, y entonces se ponía desagradable, pero no pasaba a más porque yo dependía de otro catedrático”, aseguró.

También compareció como testigo la subdirectora del máster, Laura Nuño, que se desvinculó de la falsificación del acta. Entre otras cosas, porque no daba clases en el máster y solo en dos ocasiones, como sustituta, estuvo en un tribunal de TFM. Sí admitió que esas defensas a las que asistió se celebraron en el despacho de Álvarez Conde y que alguno de los alumnos tuvo dispensa para no ir y evitar dicha defensa. Nuño, que dimitió al destaparse el escándalo, confirmó ante el tribunal las irregularidades en las que se desarrolló la titulación de Cifuentes. Relató, por ejemplo, que  “lo más recomendable” es que los tribunales de defensa de TFM lo formen personas que no han sido profesores del curso “para evitar endogamias”.

Por otro lado, dos alumnos del máster negaron la versión sobre los trámites para defender el TFM que Cifuentes relató ante el tribunal. La expresidenta cambió durante la declaración en el juicio su versión sobre la defensa del máster, que pasó a ser una breve exposición de las “líneas generales” de ese trabajo; y confirmó que aprobó el posgrado sin ir a clase, sin hacer exámenes y sin conocer a sus profesores, únicamente entregando unos trabajos que no había podido localizar como consecuencia de la vida “complicada” que había tenido en los últimos años, con cinco cambios de despacho y dos de domicilio.

Ni Coral del Mar Carvajal ni José Antonio Sanz Cerezuela, que cursaron el posgrado en el mismo curso que la acusada, relataron conocer nada parecido. Ambos reconocieron haber ido a clase de forma más o menos regular y haber hecho el TFM, si bien negaron haberlo expuesto ante un tribunal o en un acto más informal como el que describió la expresidenta a pesar de que en los registros de la URJC sí aparecen actas con estas supuestas defensas. Carvajal afirmó que Álvarez Conde le manifestó que no era necesario realizar ese trámite. “Le dije que quería presentarlo, pero me dijo que no, que era una pesada”, aseguró que le expuso el catedrático. 

El tercer alumno que compareció como testigo, Ricardo Medina, admitió que obtuvo ese título sin haber siquiera cursado el posgrado. “Me matriculé, no lo cursé. Fui a las primeras clases y por problemas personales no pude continuar”, afirmó ante el tribunal, ante el que reconoció que tampoco presentó ni defendió el TFM a pesar de que en el sumario consta un acta de supuesta defensa de ese trabajo calificado con un 9,5.

Cuando dos testigos en un juicio, obligados como están a decir verdad, se refieren a un hecho objetivo de forma opuesta, uno de ellos miente obligatoriamente y se arriesga a que el tribunal lo denuncie. La contradicción entre testigos de referencia en la tercera jornada del juicio por el falso máster de Cifuentes evidenció las mentiras de algunos responsables de la Universidad Rey Juan Carlos en su intención de apartarse de la trama para beneficiar a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid.

Esos funcionarios comparecieron como testigos y no como investigados porque la jueza instructora del caso dio carpetazo a la mayor parte de la investigación del máster tras rechazar el Tribunal Supremo su intención de imputar al presidente del PP, Pablo Casado, aforado ante el Alto Tribunal.

Una sala presidida por Manuel Marchena apreció irregularidades en el máster del líder conservador, pero ningún indicio de delito en su persona, y con un informe en el mismo sentido del fiscal Luis Navajas, desestimó su imputación por unanimidad. Tres compañeras del curso de Casado, distinto al de Cifuentes, habían declarado como investigadas ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel en idénticas circunstancias a las del político.

La contradicción más evidente de la vista este lunes fue la que enfrenta al profesor Pablo Chico de la Cámara y a la funcionaria Amalia Calonge. Chico de la Cámara había impartido la asignatura de Cifuentes que constó en el servidor informático de la universidad como no presentada hasta que Calonge se introdujo en el sistema informático en 2014, dos años después de finalizar el curso, y cambió a la nota a 7,5, al igual que hizo con la defensa del Trabajo de Fin de Máster.

Calonge declaró este lunes que recibió una llamada de Chico de la Cámara instándole a realizar ambas rectificaciones. A preguntas del abogado de la Rey Juan Carlos, que ejerce la acusación particular, Calonge dijo que no le extrañó que fuera éste y no quien dirigía el máster el encargado de llamarla. “Los catedráticos normalmente funcionan así”, dijo ante el tribunal. Tampoco le extrañó que se lo pidieran a ella cuando había cambiado de puesto y ya no estaba entre sus funciones la requerida, ni que siguiera teniendo permiso para acceder con sus claves pese al cambio de destino. “Si él me ha dicho que cambie la nota, que se ha producido un problema, no tengo por qué poner en cuestión a un catedrático”, afirmó Calonge.

Victoria Vilches, jefa del Servicio de Gestión Académica y Alumnos, compareció ante el tribunal y dijo después que es imposible que Calonge conservara en ese momento las claves y que alguien debería haberla habilitado específicamente para realizar esos cambios.

La versión del profesor fue radicalmente opuesta a la de Amalia Calonge. Chico de la Cámara aseguró que fue Calonge, compañera de la hermana de Cifuentes en la universidad, quien se puso en contacto con él advirtiéndole del error. Fue entonces cuando el profesor revisó su carpeta y se dio cuenta que era verdad, que Cifuentes tenía un 7,5 en su asignatura y que es la nota que debía figurar. Asimismo negó radicalmente que él pidiera el cambio de la nota en la defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM) alegando que en ese momento desconocía que ese acto fuera siquiera evaluado.

Amalia Calonge es la funcionaria que se fotografió con Cifuentes el día que ésta fue a recoger el título. Este lunes insistió en que había conocido a la presidenta en el tanatorio, con motivo del fallecimiento del padre de ésta, y que cuando fue a recoger la titulación la sorprendió fumando en el exterior de la secretaría del centro universitario. Sin embargo, Irene Cantalejo Martín, jefa del Servicio de Pruebas de Acceso, Títulos y Becas, explicó que Calonge la había llamado para interesarse por cómo se recoge un título, primero de forma genérica y luego especificando que era por Cifuentes. Cantalejo también declaró que Calonge nunca antes había hecho una gestión de ese tipo.

Varias declaraciones después compareció el vicerrector de Planificación y Estrategia, Andrés Martínez Fernández, quien aseguró que el día de la crisis provocada por la exclusiva de elDiario.es no repararon en lo extraño de la explicación de Chico de la Cámara, pero que “a día de hoy”, la explicación del profesor no encaja por el orden al que debían estar las clasificaciones al producirse un error, en orden alfabético y no salteadas. Calonge y Chico de la Cámara estuvieron imputados durante la instrucción, hasta el carpetazo de Rodríguez-Medel, mientras que Andrés Martínez Fernández declaró como testigo.

Sistema de favores

El sistema de favores y clientelismo político que reinaba en la Universidad Rey Juan Carlos quedó en evidencia en otro pasaje del juicio. Este lunes declaró en primer lugar, el responsable de Postgrado y Títulos de la universidad, José Antonio Lobato, quien fijó en 2007, año de la publicación de un Real Decreto, el momento a partir del cual debía ser obligatoria la defensa del Trabajo de Fin de Máster.

Sin embargo, la última testigo de la jornada, la exalumna Susana Ángel Navarro, del mismo curso que Cifuentes, afirmó que ella tampoco hizo defensa alguna y que aunque lo hizo no recuerda de qué versaba su TFM. Susana Ángel Navarro es una de las antiguas alumnas del máster de Cifuentes vinculadas al Partido Popular o sus dirigentes. En su caso fue la número dos de Pedro Núñez Morgades en la Fundación Legálitas. Núñez Morgades es un histórico dirigente de la formación a nivel madrileño de cuya comunidad autónoma fue delegado del Gobierno en tiempos de Aznar.

La jornada originó además dos bloques entre los que dijeron haber visto el acta falsificada en la mesa del rector la mañana de la exclusiva de elDiario.es, el 21 de marzo, y los que lo niegan y ratifican lo expuesto en sesiones anteriores, incluso por la falsificadora confesa, Cecilia Rosado, quien reconoció haber enviado el acta a Enrique Álvarez Conde ya por la tarde.

Amalia Calonge aseguró que vio el acta con la firma de las tres profesoras encima de la mesa del rector durante la reunión de crisis que se celebró en el despacho de Javier Ramos la mañana del 21 de marzo. La declaración produjo sorpresa en la sala por contradecir uno de los datos que parecía contrastados, pero la contradicción se alargó durante toda la jornada. La catedrática Pilar Charro aseguró que el acta del TFM no estaba en poder de los asistentes a esa reunión cuando ésta se produjo, antes de la rueda de prensa de la una de la tarde. Coincidió con ella Andrés Martínez, el vicerrector de Estrategia, quien fue “categórico” en negar que ya estuviese el acta del TFM porque él la requirió y le dijeron que no estaba. Antes de que acabara la jornada, Jorge Urosa, otro de los catedráticos, aseguró que vio el acta en el despacho del rector antes de la rueda de prensa y lo apoyó en que incluso preguntó si estaban facultadas para haber compuesto el tribunal porque creía que eran profesoras muy recientes.

El exconsejero contra el rector

La jornada dio para la exhibición de un último enfrentamiento entre Rafael Van Grieken, que fue consejero de Educación en el Gobierno de Cifuentes, y el rector de la URJC, Javier Ramos. Van Grieken, que tras dejar la política volvió a su puesto de catedrático en esta universidad, defendió ante el tribunal que estaba entre sus funciones recabar la documentación del máster y aprovechó para cargar contra Ramos. 

Afirmó que el máximo responsable del campus tardó “tres horas” en enviarle la documentación acreditativa de que no había irregularidades a la que había hecho alusión en la rueda de prensa que ofreció cuando estalló el escándalo. De hecho, justificó en esa “tardanza” sus “reiteradas llamadas” durante esa jornada. “Era importante como Gobierno hacer acopio de documentación que avalara una postura. Tras esa rueda de prensa yo no tenía dudas de que tenían la documentación. Pero pasaron tres horas. Las llamadas fueron proporcionales a tardanza en enviar documentación que daba por hecho que tenían”, afirmó Van Grieken ante el tribunal. 

El pasado viernes, Ramos, que también compareció como testigo, había afirmado que el consejero le había pedido “reiteradamente” el acta del TFM de Cifuentes el día 21 por la tarde después de que él y Álvarez Conde anunciaran en rueda de prensa que tal documento existía. Van Grieken, sin embargo, aseguró que no le pidió  concretamente el acta, sino la “documentación en general” a la que se había hecho alusión en esa comparecencia. En un comunicado posterior remitido a los medios, el exconsejero afirmó haber sido “engañado” por el rector porque no trasladó a la Consejería de Educación que había abierto una información reservada de forma paralela y calificó de “irresponsabilidad” haber dado una rueda de prensa la mañana del día que estalló todo “con la carencia de información contrastada de la que en ese momento disponía”.

Rafael Van Grieken, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid cuando estalló el caso Máster, ha defendido este lunes en su declaración como testigo ante el tribunal que juzga a Cristina Cifuentes que era su “competencia” recabar la documentación sobre el posgrado de la entonces presidenta regional. “Era un tema que afectaba al Gobierno regional y ponía en entredicho a las universidades públicas. Era mi competencia indagar”, ha intentado justificar ante las preguntas de la fiscal Pilar Santos. No obstante, Van Grieken se ha desvinculado de su asesora Maite Feito, a quien señala la Fiscalía como quien presionó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para elaborar la coartada con la que tapar el escándalo.

El exconsejero, que volvió a su plaza de catedrático en la URJC, ha admitido que habló en varias ocasiones con el rector, Javier Ramos, el 21 de marzo de 2018, el día que elDiario.es publicó que Cifuentes había obtenido un máster con notas falsificadas. En concreto, dos veces por la mañana, cuando Ramos le trasladó un mensaje de “tranquilidad” y le dijo que todo estaba “normal” en relación al máster de la expresidenta; y varias por la tarde, después de la rueda de prensa en la que el propio rector habló de la existencia del acta del TFM. Ese documento, que fue falsificado, sustenta la acusación por un delito de falsedad documental por el que Cifuentes se enfrenta a una petición de hasta cuatro años de cárcel. 

Según el relato de Van Grieken, fue a partir de entonces que solicitó “reiteradamente” al rector la “documentación en general” a la que se había hecho alusión en esa comparecencia. “Era tema importante como Gobierno hacer acopio de documentación que avalara una postura. Tras esa rueda de prensa yo no tenía dudas de que tenían esa documentación. Pero pasaron tres horas. Las llamadas fueron proporcionales a tardanza en enviar documentación que daba por hecho”, ha afirmado ante el tribunal, ante el que ha negado que esa comparecencia fuera instada por el Ejecutivo regional. Sí ha admitido que después de la rueda de prensa habló con Marisa González, jefa de gabinete de Cifuentes, que le pidió “asesoramiento acerca de la situación” y le dijo que había que conseguir la documentación a la que había hecho alusión el rector para utilizarla en sus declaraciones públicas. 

En un comunicado, Van Grieken afirma que en su momento se sintió “engañado” por el rector porque no trasladó a la Consejería de Educación que había abierto una información reservada de forma paralela. El exconsejero también considera que fue una irresponsabilidad “con la carencia de información contrastada de la que en ese momento disponía” y resalta que nunca dudó de “la veracidad de las afirmaciones que en primera persona aseguró el rector”. De ahí, su insistencia en solicitar la citada documentación. 

Van Grieken sí se ha desvinculado de las gestiones que Maite Feito hizo supuestamente en la URJC en relación al falso posgrado de Cifuentes. El propio rector explicó el pasado viernes que la asesora se presentó sorpresivamente en su despacho a primera hora de la mañana del citado 21 de marzo de 2018. Feito también estuvo en la reunión en la que la plana mayor de la URJC veía cómo hacer frente a la tormenta. Van Grieken, sin embargo, ha negado haber hablado con ella ni ese día ni el anterior, cuando supuestamente la asesora ya estaba haciendo gestiones al respecto. Ella también defiende que actuó por “interés personal” y que no recibió órdenes de sus superiores al respecto. Según Van Grieken, no hablaron hasta el día 22, cuando ella le dijo que había ido a la URJC a un asunto relativo a un congreso que se iba a celebrar en unos meses.

Un profesor señala a la asesora

Sí ha apuntado a la asesora el profesor Pablo Chico de la Cámara, que impartió una de las asignaturas supuestamente cursadas por Cristina Cifuentes. El catedrático la ha situado al frente de la gestión de la crisis del máster falso desde la noche anterior a que elDiario.es revelara el caso. Según Chico de la Cámara, el rector le facilitó el teléfono de Feito la noche anterior a la noticia y, al igual que hizo la profesora Cecilia Rosado, ha dado cuenta de llamadas de Feito exigiendo documentación y evitándole cuando él le trasladó presuntas falsedades en lo que se estaba trasladando a los medios.

Chico de la Cámara estuvo imputado por el falso máster de Cifuentes, pero la causa contra él se archivó cuando la instructora redujo el caso a la falsificación del acta del TFM. Su declaración de este lunes ha confirmado que hay cuestiones que quedaron sin aclarar judicialmente con ese archivo. Antes que él había declarado la funcionaria que cambió las notas, Amalia Calonge, quien ha declarado que fue el profesor quien la llamó para ordenarle modificar la nota de Cifuentes en su asignatura y también la del TFM. Chico de la Cámara le ha acusado de mentir al asegurar que fue ella quien contactó con él y que solo supo que había una nota para la defensa del TFM cuando se desveló el escándalo.

Según el relato del profesor, Calonge le advirtió de que Cifuentes aparecía como no presentada y que él revisó su documentación y que, efectivamente, constaba un notable en sus archivos. Chico de la Cámara, que se ha mostrado nervioso en varios pasajes de su declaración, ha comparecido irreconocible respecto a la rueda de prensa del 21 de marzo de 2018, con el pelo largo y teñido.

Cristina Cifuentes ha expuesto este viernes ante el juez su peculiar experiencia universitaria en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). No iba a clase, no conocía ni a sus profesores ni a sus compañeros, no intercambiaba correos electrónicos con el director de su Trabajo de Fin de Máster (TFM), no ha hecho referencia a apuntes, su secretaria era la encargada de intermediar con la URJC para fijar la fecha de entrega del TFM y los trabajos llegaban a la Universidad a través de un familiar, personas de su equipo o empresas de mensajería. 

“Me ha parecido un despropósito. Básicamente echa por tierra las pautas de esfuerzo y estudio que todos tenemos que seguir”. Así ha resumido Natalia Gómez, graduada en Historia y Periodismo por la URJC, la declaración judicial de la expresidenta de la Comunidad de Madrid como imputada por un delito de falsedad en documento oficial por instigar la elaboración del acta de su TFM, después de que elDiario.es desvelase que obtuvo un posgrado con notas falsificadas.

La experiencia de Leda D. por los pasillos de la URJC no tiene nada que ver con lo que ha expuesto Cifuentes este viernes en sede judicial. “Mi máster fue duro. Me acuerdo de todos los trabajos que realicé. Obviamente, no coincide la forma de entrega de esos documentos. Nosotros los subíamos a una plataforma”, reseña esta economista que terminó en 2019 un posgrado sobre Big Data en el campus de Quintana de la Rey Juan Carlos. No es el único título que acompaña a la licenciatura de esta antigua alumna de la URJC. En su currículum hay varios. En 2005 comenzó a cursar másteres y de todos ellos conserva los trabajos y los apuntes. Un relato diferente al de Cifuentes, que ha asegurado que no guarda esos ejemplares. “No he encontrado ni mi primer borrador de tesis doctoral”, ha destacado la expresidenta autonómica.

“Parece que ella ha hecho un máster en una academia y yo lo he hecho en Harvard. Todos los trámites que yo he seguido han sido mucho más serios. Sinceramente, no parece que hayamos estudiado en la misma Universidad”, sentencia Leda D., que no comprende el desconocimiento de los procedimientos académicos expuesto este viernes en el juicio ya que la política retirada es funcionaria de una universidad pública. 

Cifuentes tiene una plaza en una universidad pública

Más allá de su carrera política, la única experiencia laboral que figuraba en el currículum que la exlideresa del PP tenía publicado cuando estaba al frente de la Comunidad se limitaba al mundo educativo. Esa pequeña biografía recogía que Cifuentes “pertenece al Cuerpo de Técnicos Superiores” de la Universidad Complutense. Además, destacaba que la expresidenta regional estaba “vinculada al mundo universitario” y había “desempeñado distintas responsabilidades institucionales en las universidades Complutense, Carlos III y Rey Juan Carlos”. 

Su hermana también es funcionaria en la URJC, como la propia imputada ha expuesto este viernes ante preguntas de la fiscal. Aún así, a pesar de ese contacto directo con la burocracia universitaria, Cifuentes ha defendido a lo largo de dos horas de declaración que le permitieron matricularse fuera de plazo, que no presentó dispensa académica para no acudir a clase y no ha sabido explicar por qué pagó las tasas para defender el TFM en noviembre de 2012 cuando, siempre según su versión, lo había superado en julio de ese año.

La coartada escogida por Cifuentes no ha sido bien acogida por la comunidad universitaria. El catedrático de Ecología Adrián Escudero es contundente. Asegura que la declaración de la política retirada “no merece ninguna discusión”. “Una persona que se matricula en un máster oficial sabe el esfuerzo tanto económico como de trabajo que implica. Hay una guía de evaluación en la que se exponen cuáles son los pasos. Todo el mundo sabe en qué consiste la defensa de un TFM. Todo es mentira”, sentencia. Y recalca: “Es un insulto a los profesores, al personal de administración y servicios y, sobre todo, a los estudiantes a los que les cuesta mucho esfuerzo y mucho dinero. 

“El procedimiento soy yo”

Los privilegios académicos descritos y reconocidos por la expresidenta son criticados por Concha Mateos, profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la URJC. Define como “el procedimiento soy yo” a la conducta expuesta por Cifuentes y totalmente dispar a los trámites exigidos a los alumnos anónimos. “No existe el procedimiento. Nadie conoce el procedimiento. Nadie puede dar información. Esto es altamente preocupante para la universidad y para la sociedad”, destaca. 

Se trata de un comportamiento que “está sirviendo para escudarse” a las “personas que han estado esta mañana [por este viernes] en el juicio”, alega Mateos. Ante esta situación, defiende la obligación de la administración por velar para que “todas las personas de la institución conozcan, apliquen y sigan de la manera más estricta y transparente el procedimiento”. “Es fácil querer matar al muerto”, remarca en alusión al señalamiento que se está realizando de la actuación del fallecido Enrique Álvarez Conde, responsable del instituto que impartió el máster investigado.

El juicio gira en torno a la reconstrucción del acta con el que Cifuentes trató de justificar que había defendido su TFM. El rector, Javier Ramos, que ha declarado como testigo, ha reconocido que Rafael Van Grieken, consejero de Educación del Gobierno madrileño cuando estalló el caso, le pidió “reiteradamente” el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de su jefa el día que elDiario.es desveló que la expresidenta de la Comunidad de Madrid había obtenido un posgrado de forma irregular. Desde la Universidad accedieron y le facilitaron al Ejecutivo autonómico esa documentación, que le sirvió a la expresidenta como coartada a la que se aferró para tratar de desmentir la información publicada por esa redacción. 

“Es una anomalía que un alumno tenga un acta de una defensa de TFM. Los estudiantes no tienen acceso a esos documentos”, insiste Mateos. Con esta afirmación, expone que el trato de favor existió desde el primer momento en el que estalló el escándalo: “Las declaraciones en el juicio por una vía y por otra ponen de manifiesto que ha habido un proceder administrativo anómalo y favorecedor para Cifuentes. La universidad no ha gestionado de manera eficaz la aclaración de esta anomalía”. 

Reivindican que es un caso excepcional

Desde los despachos de la URJC tratan de limpiar el nombre de la Universidad e insisten en remarcar que lo sucedido en el Instituto de Derecho Público es una excepción. “El funcionamiento de la mayor parte de los estudios era correcto antes de que saliera este escándalo y después lo sigue siendo. Ahora es cierto que hay más regulación para que no se puedan cometer estas irregularidades, aunque antes también había supervisión”, apunta Rosa Viejo, directora del departamento de Biología y Geología, Física y Química Inorgánica. Esta docente asegura que en los másteres en los que ella da clase los TFM “se defienden ante un tribunal y luego hay un acta”. Este viernes Cifuentes ha reconocido que ella no realizó ese trámite. “Yo no defiendo ni leo. Entrego un trabajo y expongo las líneas generales”, ha destacado la imputada.

Por su parte, los alumnos y antiguos estudiantes continúan asistiendo a la estigmatización de sus titulaciones. “A Cifuentes no le ha importado el prestigio de la universidad para mantener su defensa. Ella se ha aprovechado de unos privilegios que le han dado desde la universidad”, reivindica Sara López, graduada en Relaciones Internacionales. Actualmente está opositando y se gana la vida trabajando como camarera. A Alba Agraz le ha sacado de “sus casillas” el relato de la expresidenta autonómica. Esta joven que a falta del TFG ha terminado la doble titulación de Ciencia Política y Economía reconoce que “las redes clientelares [de la URJC] tienen parte de culpa”, pero también apunta a Cifuentes: “Está menospreciando a una institución pública, que funciona gracias a los impuestos de los españoles”.

El juicio a Cristina Cifuentes sigue sin arrojar una sola prueba consistente de que realizara el máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Llegados al ecuador de la vista no hay constancia de que realizara un solo trabajo, no aflora una explicación de por qué pagó la tasa final cuatro meses después de concluir el máster, ni hay rastro de su presencia en la universidad el 2 de julio de 2012 para defender el trabajo final. La falsificación del documento acreditando esa supuesta defensa presencial es la que tiene sentada en el banquillo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que se arriesga a cuatro años de cárcel por esa maniobra para intentar salvar su carrera política.

Además de apuntar a la URJC como responsable de la falsificación, la expresidenta cambió durante la declaración en el juicio su versión sobre la defensa del máster, que pasó a ser una breve exposición de las “líneas generales” de ese trabajo; y confirmó que aprobó el posgrado sin ir a clase, sin hacer exámenes y sin conocer a sus profesores, únicamente entregando unos trabajos que no ha podido localizar como consecuencia de la vida “complicada” que ha tenido en los últimos años, con cinco cambios de despacho y dos de domicilio.

Estas condiciones tan ventajosas las pactó con el fallecido Enrique Álvarez Conde, el catedrático que dirigía el Instituto de Derecho Público que ofertaba su posgrado, y al que todos los miembros de la Universidad, testigos y acusados, han ubicado en el epicentro de la trama. Entre ellas, las tres profesoras que constan en el acta falsificada, que relataron ante el tribunal la relación de “jerarquía muy marcada” que tenían con él, una persona de carácter “difícil” y al que era muy complicado decirle que no. También el rector apuntó al catedrático, que en un primer momento le dijo que Cifuentes había hecho su máster “con normalidad” a pesar de las “inconsistencias” y “errores administrativos graves” que la URJC encontró después.

Álvarez Conde era también el único interlocutor de Cifuentes en el máster, según afirmó la expresidenta. A él le enviaba físicamente los trabajos a través de personas de su gabinete o mensajeros porque no le gustaba comunicarse por email. La profesora Clara Souto, que intervino después de la expresidenta, negó sin embargo que Álvarez Conde tuviera problemas con que los trabajos le fueran enviados a través de correo electrónico.

La manera en que Cifuentes obtuvo el título no era habitual en la URJC, según declararon varias docentes que comparecieron como testigos. Souto también desmintió que la defensa del TFM fuese un acto breve. Según declaró, se reservaba un aula, se conformaba un tribunal y se avisaba con “cierto tiempo” a los alumnos, que tenían unos diez o quince minutos para su exposición inicial y luego se sometían a las preguntas de los profesores. Lo normal es que el trámite se alargase hasta una hora. Nada que ver, por tanto, con la breve exposición de la que habló Cifuentes. 

Souto es una de las profesoras del máster que aparece como componente del supuesto tribunal que estuvo en su defensa de TFM junto a Alicia López de los Mozos y Cecilia Rosado. Esta última, también acusada, afirmó haber falsificado el acta que acreditaría esa defensa por presiones de Álvarez Conde y de Maite Feito, que entonces era asesora en su Gobierno. En su interrogatorio declaró que había fijado el 2 de julio como fecha en la que habría tenido lugar esa lectura por orden del catedrático. Ante el tribunal, las tres profesoras han negado que estuvieran presentes el día que la expresidenta afirma que entregó y defendió brevemente ese trabajo. De hecho, no hay hasta el momento ninguna evidencia de que Cifuentes acudiera con ese propósito a la Universidad el 2 de julio de 2012.

Hasta ahora solo la copia de la agenda electrónica que Cifuentes incorporó en la primera jornada de la vista habla de su presencia ese día allí. La fiscal, Pilar Santos, quiso preguntar a la expresidenta cómo es posible que no incorporara esa prueba antes y lo haga tres años después de que salte el escándalo, pero el presidente del tribunal, Luis Carlos Pelluz, no lo permitió alegando que la ley permite al acusado incorporar elementos en su descargo en cualquier momento del proceso y que ya valorará el tribunal su relevancia. La pericial de parte señala además que la cita se introdujo con tan solo 24 horas de antelación, el 1 de julio.

En estos tres años tampoco ha aparecido ninguna de las personas ante las que Cifuentes dice que expuso las “líneas generales” de su trabajo y entre las que se encontraba un hombre, según declaró en fase de instrucción. Cuando se le ha preguntado a la acusada si no le extrañó que ningún hombre firmara el acta de defensa de TFM que esgrimió, Cifuentes ha respondido que pensaba que unas personas la escucharon y que el tribunal que evaluaba era otro.

La expresidenta tampoco supo explicar otras irregularidades, como el pago de las tasas del TFM cuatro meses después de, supuestamente, haberlo entregado y defendido. Arrojó luz sobre esta cuestión la profesora Pilar Trinidad, jefa de Inspección de Servicios de la URJC y responsable de la investigación interna sobre el caso. En su declaración como testigo afirmó que no se exigen tasas universitarias a quien ya ha presentado su TFM. “Para qué se va a demandar el pago de un trabajo que ya está entregado y calificado”, aseveró. 

Previamente, durante su interrogatorio, Cifuentes no había sabido explicar por qué pagó las tasas para defender el TFM en noviembre de 2012 cuando supuestamente ya lo había defendido meses antes, en julio. La expresidenta de la Comunidad de Madrid afirmó que le llegó el requerimiento para que pagase y así lo hizo, sin preguntarse a qué se debía. Como era una cantidad tan pequeña, afirmó, no le dio más importancia. La profesora Souto también afirmó después que las tasas se pagan siempre antes de presentar el TFM.

El beneficio de la falsificación

La inducción a la falsificación de la que acusa la Fiscalía se ha topado con la declaración de la asesora de la Consejería de Educación en aquel momento, María Teresa Feito, que se defiende asegurando que su interés en los hechos el 21 de marzo en la Universidad era únicamente “personal” y no instruida ni aleccionada por el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, ni por la propia Cifuentes.

El testimonio del rector, Javier Ramos, ha abierto otro agujero en la declaración de Feito al explicar que la tesis que defendió el mismo día 21 en rueda de prensa de que no había irregularidades fue inducida por Enrique Álvarez Conde y por la propia Feito, que se presentó sorpresivamente en su despacho a primera hora de la mañana, según ha contado.

Los indicios de que las presiones con el acta procedían de la Comunidad de Madrid han crecido cuando Ramos dijo que el propio consejero Van Grieken le había pedido “reiteradamente” el acta el día 21 por la tarde, si bien lo hizo después de que él y Álvarez Conde anunciaran en rueda de prensa que tal documento existía.

Cifuentes, sin embargo, había afirmado por la mañana que no había dado instrucciones a ninguno de sus colaboradores de que solicitaran el acta porque ni siquiera sabía que había un documento específico que recogiera la defensa del Trabajo de Fin de Máster y que fueron otros los que solicitaron a sus colaboradores que “recabaran”.

La falta por ahora de pruebas acerca de que Cifuentes diera instrucciones para la falsificación del acta no afecta a que pueda ser condenada por inducción o falsificación de documento. Como recogía la instructora del caso, Carmen Rodríguez-Medel, en su auto de pase a procedimiento abreviado, basta con que se beneficiara de esa falsificación para que pueda ser condenada por ella. “Desde el punto de vista de la prueba de acción se ha sostenido que la tenencia de un documento falsificado por quien lo utiliza en su propio plan delictivo justifica la inferencia de, al menos la autoría o la inducción para la ejecución de la falsedad”, escribió Rodríguez-Medel de acuerdo a una sentencia de 2008 del Tribunal Supremo.

Como esta pieza va de la limpieza de títulos oficiales universitarios, he de confesar que el título de la misma es una pura copia. Me lo he apropiado del auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) de 28-9-2018, dictado con ocasión del archivo de las acciones penales contra Pablo Casado por gozar el Presidente del Partido del partido Popular de un Máster oficial de la Universidad Rey Juan Carlos que, vino a reconocer –ante las evidencias–, que no había cursado.

El TS, tan puntilloso con gentes más díscolas, considera que tener un título oficial, repito oficial, si es de favor, repito, de favor, es penalmente irrelevante. No es de extrañar que la señora Cifuentes, a quien se juzga estos días por algo parecido, es decir, por disfrutar de una titulación que no se ha ganado en las aulas, esté contrariada. Yo, en su caso, y en el de los estudiantes españoles que sudan la gota gorda con sus estudios, también lo estaría.

Vayamos por partes. Los másteres oficiales (no los títulos propios que ofrecen las universidades, públicas y privadas y otros centros) habilitan a los graduados –los licenciados no lo requieren– para realizar el doctorado, que, a su vez, se compone de dos partes: la de los cursillos y, la más importante, la confección de una tesis doctoral que ha de ser un estudio personal, original, inédito y que ha de ser de acceso público; no valen las tesis secretas.

El acceso a matricularse en el doctorado –no a hacerse pasar por doctor como algún que otro vip– es importante, pero supone la prosecución de un 'cursus honorum' que los que nos dedicamos, creemos que con seriedad, a la investigación y a la docencia universitaria sabemos que no es camino de rosas y que prácticamente requiere dedicación exclusiva. Excepciones 'haylas', pero no suelen figurar por su calidad en los anales de la Ciencia.

Para obtener el máster –entre 60 y 120 créditos ECTS, en denominación de Bolonia–, lo que supone un mínimo de 25/30 horas lectivas –presenciales (antes de la pandemia) por crédito, hay que abonar entre 50 y 100 euros por crédito, según los precios públicos fijados por cada comunidad autónoma, el tipo y duración de máster. Haga cálculos el lector, que seguramente ya los habrá hecho, y verá que sale por un ojo de la cara.

Este obstáculo económico los vips no lo suelen padecer. No porque sean ricos de familia –alguno habrá–, sino porque, al ser vips, es decir, políticos de cierta relevancia, pudiera ser muy fácil que alguna institución vinculada el estudioso vip haya sufragado generosamente el máster en cuestión, ya sea con transferencias efectivas o facilitando la matriculación de llamemos 'becarios', que el ente público financia, financiación a la que, hay que reconocer, la universidad puede ser ajena.

O sea que el primer obstáculo a la hora de cursar un máster es fácilmente superable, en muchos casos, para los vips institucionales. El segundo obstáculo es el académico.

El estudio es como el deporte, aunque sea el practicado amateurmente, exige entrenamiento, mucho. Estudiar requiere estudiar, aunque parezca mentira. No son pocos los estudiantes, la mayoría para qué engañarnos, que cuando acaban la carrera, si el máster no es obligatorio (como el de la abogacía), quieren desentenderse de los libros de texto, las aulas y los profesores.

Consecuencia: el músculo del estudio se atrofia. Ello no quiere decir que no se lleven a cabo por los profesionales actualizaciones puntuales. Pero desengañémonos: no es lo mismo un seminario intensivo de fin de semana, de los de verdad, no de los de Aravaca, de 30 horas –son muchas– que dedicar al año, para un máster de 60 créditos unas 1.500 horas. Aunque solo un tercio de ellas sean presenciales, en clase, el resto, son de estudio y biblioteca. Hay que tener mucho tiempo y mucho tesón, para, estando dedicado a tiempo completo a ser políticamente vip, salgan esas 450 horas anuales, unas 10 semanales, descontando las vacaciones.

Si es complicado para los estudiantes de mediana edad, que vuelven a la facultad y que compatibilizan su nuevo estudio con su trabajo ordinario, calculen hacer un máster entre discurso y discurso, entre pleno y pleno, entre inauguración e inauguración, entre conspiración para quitar la silla a otros y conspiración para que no te la quiten a ti.

Hace falta dopaje. El dopaje en el estudio es que te aprueben por la cara y/o que unos –perdón– negros, te hagan los trabajos de clase, los de fin de máster incluidos. Oferta pública y sin tapujos hay. O sea que con un poco de cara, tirando de influencias y plata, un máster está, dicho en jerga estudiantil, chupado.

Pero topamos con un inconveniente. La asistencia a clase, con la consiguiente confección de trabajos, ponencias e intervenciones. Si el alumno o alumna no ha ido a clase –no se suele pasar lista–, los compañeros, que sí van a clase, recuerdan quién ha asistido y quién no. Es más, recuerdan a quien solo han visto en los medios, pero nunca en el aula. Entonces explicar las calificaciones de aprobado o más –hay quienes un aprobado lo consideran indigno de su 'vipez'– resulta embarazoso. Difícil, no; solo embarazoso. Porque explicarlo es muy fácil: las actas y el titulo final son falsas y falso, respectivamente. Eso es lo que es embarazoso.

Por qué regla de tres, además de haber pagado religiosamente los créditos, haberse dejado las pestañas y haber tenido que repetir más de un trabajo o una asignatura, resulta que unos vips a los que solo se ve en el plasma o en papel tintado, acaban, además con nota, sin despeinarse. Desde luego, por ser más listos que los que se sacan a pulmón el máster no. O sí, son listos.

¿Por qué? Porque su máster es de favor. Lo es porque están en condiciones de exigir o, incluso, de que les sea ofrecido graciosamente, el diploma oficial correspondiente, por el mero, pero esencial, hecho de ser ellos y ellas quienes son. 'Vipez' a tope.

Por eso, tiene mucho de burla que el Tribunal Supremo declare la irrelevancia penal de los títulos de favor. Porque el Tribunal Supremo sabe –y alguna jurisprudencia tiene– que falsear notas, actas y diplomas oficiales, es un delito. Una cosa es decir que se poseer un título –una mentira más para algún político es como una raya más para un tigre– es jurídico-penalmente, irrelevante. Pero lo que es criminalmente relevante es exhibir un diploma oficial, y más si habilita para el ejercicio de una profesión o proseguir la carrera académica, sin haber dado un palo al agua. Y lo grave es que algunos compañeros se presten a tales enjuagues.

Porque, y esto es muy grave, ese título de favor, esa falsedad monumental, es a cambio de algo, con lo que además de la falsedad, entra en juego el soborno, es decir, la quintaesencia de la corrupción pública. Y los delitos son los de falsificar, inducir a la falsificación, utilizar el documento falso sin haber participado en la falsificación, sobornar y ser sobornado. Unas joyas, vaya.

Los imputados, desde luego, podrán, en pleno ejercicio de su derecho de defensa, decir lo que quieran; y si cuela, cuela. Pero lo que no cuela ante la opinión pública es hacer pasar como verdades sus propias mentiras. Los hechos alternativos ya no están de moda. ¿Por qué si, además de los títulos de favor, tuviéramos sentencias de favor, qué pasaría? El lector sabrá sacar sin esfuerzo sus propias conclusiones.

La ubicación de las tres acusadas en el juicio del caso Máster durante la primera sesión del juicio no se corresponde con el hilo de la falsedad documental que acredita indiciariamente la investigación. La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes se sentó en un extremo y la que fuera asesora de la Consejería de Educación Teresa Feito, en el contrario, dejando el centro del banquillo a la profesora Cecilia Rosado. Sin embargo fue Feito quien presionó presuntamente a Rosado; ella es el nexo entre la falsificadora del documento de defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM) y la beneficiada de ese delito y acusada de inducirlo, Cristina Cifuentes. Así lo corroboró la profesora Rosado mientras que Feito se encargó de negarlo, alegando que solo instó a que buscara el TFM con 15 llamadas y 5 mensajes cargados de mero “interés personal”.

Asesora del Gobierno de Cristina Cifuentes en la Consejería de Educación, profesora titular en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en excedencia y amiga personal del fallecido Enrique Álvarez Conde, el catedrático que dirigía el posgrado y epicentro de la trama. María Teresa Feito lo tenía todo para ser uno de los personajes clave del caso Máster, la trama académica desvelada por elDiario.es que en 2018 se llevó por delante la carrera política de la entonces presidenta regional y que empezó a juzgarse este lunes en la Audiencia de Madrid. Así lo cree la fiscal del caso, que la señala como quien presionó en la URJC para elaborar la coartada con la que tapar el escándalo y que pide para ella tres años y tres meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial, igual que para Cifuentes. 

Sin embargo, en su interrogatorio durante la primera sesión del juicio, Feito intentó zafarse de cualquier papel protagonista o de intermediación. Se presentó como una simple asesora —“había muchas más importantes que yo”— a la que movió su “interés personal” y negó haber dado o recibido órdenes para tapar el escándalo. Admitió haber estado en la URJC el día que elDiario.es sacó a la luz la información del máster, aunque aseguró que fue para otros asuntos y sólo entró “dos minutos” a la reunión en la que la plana mayor veía cómo hacer frente a la tormenta. “Yo es que soy muy pesada con el teléfono”, dijo para justificar las 15 llamadas y cinco SMS que envió a Cecilia Rosado, la profesora, también acusada, que admitió haber falsificado el acta del TFM de Cifuentes. 

“Había que hacer un acta de un hecho que no había existido”, afirmó ante el tribunal Rosado, que fue la primera en hablar y que con su declaración puso en serios apuros la versión de la expresidenta, que ha mantenido hasta el momento que hizo el trabajo y defendió su TFM el 2 de julio de 2012. Este lunes, casi tres años después del inicio del caso, la defensa de Cifuentes aportó una copia de su agenda que incluye la cita “Máster URJC” en la fecha en la que supuestamente defendió su trabajo, el 2 de julio de 2012. Su declaración está prevista para el próximo viernes, en la segunda sesión del juicio. Este lunes, Rosado afirmó que ese día ni siquiera estuvo en la universidad porque estaba preparando la ponencia de un curso de verano, algo que suele realizar en su casa.

Supuestas presiones

La profesora expuso sin medias tintas que hubo dos personas que, en uso del poder que tenían sobre ella, la presionaron para falsificar el acta. La principal, Enrique Álvarez Conde, quien ejercía sobre ella una “absoluta jerarquía” y de quien dependía su situación laboral. “Me limité a acatar las órdenes de Álvarez Conde para confeccionar ese acta”, aseguró sobre el catedrático, que desarrolló parte de su promoción académica al calor del poder del PP en la Comunidad de Madrid. 

La otra persona que la presionó, siempre según su relato, fue Feito, quien le exigió que creara un acta del TFM y que se la enviara. “Si no me la envías [el acta] Cifuentes os va a matar. A vosotros y al rector”, aseguró Rosado que le trasladó la entonces asesora. “Esa frase nunca la dije. Es que yo no soy de ordenar”, rebatió después Feito, que afirmó que esas llamadas fueron en tono “muy bueno” aunque sí reconoció que le pidió “por favor” que buscara el trabajo. “¿Qué interés tenía en encontrar el trabajo? Sigo sin entenderlo”, le preguntó en varias ocasiones la fiscal Pilar Santos. Feito insistió en que era “por un interés personal de saberlo” y negó tener “ninguna” relación “personal o profesional” con Cifuentes a pesar de sus gestiones para amortiguar el escándalo y de que en su día acompañó a la expresidenta a la URJC a recoger el título de su máster.

Ante el tribunal, Rosado, para quien la Fiscalía pide un año y nueve meses de prisión, explicó con todo detalle cómo había falsificado el acta. Según su relato, Álvarez Conde le indicó la fecha que debía constar como celebración del acto de defensa —el citado 2 de julio de 2012—, el “título del trabajo” y “la nota” y le trasladó que de ese tribunal ficticio formarían parte ella misma y otras dos profesoras, Clara Souto y Alicia Pérez de los Mozos, que le indicaron “por videollamada” cómo hacer sus firmas. Rosado aseguró que era “habitual” que en el Instituto de Derecho Público unos profesores firmaran por otros documentos oficiales. “Era la manera de hacer de Enrique Álvarez Conde”, afirmó. 

Lo que comenzó a juzgarse este lunes es la falsificación de esa acta y si Cifuentes y Feito fueron cómplices de ese presunto delito, ya confesado por Rosado ante el tribunal. La expresidenta se expone a una condena no por el fraude del máster en sí, que obtuvo sin haber aprobado todas las asignaturas, sin haber ido a clase y sin haber entregado el TFM; sino por las maniobras para intentar tapar el escándalo. 

Los indicios que apuntaban a que en el Instituto de Derecho Público de la URJC se regalaron títulos a dirigentes políticos y a otros alumnos “escogidos” que tenían una relación próxima con Álvarez Conde quedaron sin investigar tras la decisión de la jueza Rodríguez-Medel de dar carpetazo a gran parte de la causa en octubre de 2018. La jueza tomó esa decisión tras la negativa del Tribunal Supremo a investigar al líder del PP, Pablo Casado, que también obtuvo un título en esa Universidad sin conocer a sus profesores, sin ir a clase y sin hacer exámenes de un posgrado presencial. 

De forma paralela, en otro juzgado de Plaza de Castilla siguen imputados por un supuesto delito de revelación de secretos el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, y la ex redactora jefa de Política Social, Raquel Ejerique. Ambos periodistas sacaron a la luz las irregularidades de la expresidenta regional en torno a este máster, lo que derivó en su dimisión y el final de su carrera política.

La defensa de Cristina Cifuentes ha aportado en el juicio contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid un peritaje de los actos programados que tuvo mientras era delegada de Gobierno en 2012 y que contiene el 2 de julio del 2012 a las 15:45 una cita guardada con el nombre “Master URJC”, según el informe al que ha accedido elDiario.es. También ha presentado un certificado académico que verifica que superó las asignaturas del curso de postgrado que realizó. El 2 de julio fue la fecha en la que se basó la coartada de Cifuentes cuando estalló el caso máster: es el día que figuraba en el acta aportada en un primer momento por la URJC para asegurar que en esa fecha se había defendido el Trabajo Fin de Máster (TFM).

Es la primera vez desde que se desveló que Cifuentes consiguió un máster con notas falsificadas en el que la afectada aporta ese documento, a pesar de que tiene en su poder esa agenda desde 2018. La expresidenta madrileña ha insistido durante el proceso que defendió su TFM el 2 de julio. Las profesoras que firmaron el acta que refrendaría la versión de Cifuentes han reconocido que falsificaron ese documento y que no se produjo tal defensa.

La representante del Ministerio Fiscal ha solicitado que se dé traslado del informe del análisis del pendrive a la Policía Judicial de la Fiscalía de Madrid para que sea contrastado. El tribunal de la Sección 15 ha acordado admitir la práctica de la prueba a pesar de que el abogado de la URJC se ha opuesto a la misma al considerar que desvirtúa la versión de Cifuentes.

El informe pericial aportado por Cifuentes fue elaborado este viernes por el perito Luis E. Hellín. En él se asegura que la cita ha sido extraída de la agenda electrónica que tenía la imputada cuando era delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid y posteriormente presidenta autonómica. Esa información fue custodiada por la secretaria que tenía la política por aquel entonces y fue puesta a disposición de Cifuentes “en abril o mayo de 2018” — según el documento pericial — después de que elDiario.es revelase que había obtenido un posgrado de forma irregular. La cita estaba almacenada en el calendario de la aplicación Outlook. 

La secretaria expuso al perito que “cuando dejaron la Delegación del Gobierno, ella le pidió al informático que lo antes posible le hiciera copias de seguridad actualizadas de todo para evitar la perdida (sic) de datos y en concreto esta última copia de la agenda/calendario y correos electrónicos se la grabó en el pendrive del que a su vez ella, como siempre, hizo también una copia para su custodia por seguridad y tener ambos respaldos por duplicado”.

Discordancia en la duración de la cita

“El análisis de dicho registro permite determinar que la cita reserva una duración estimada de una hora, en concreto desde las 15:45 hasta las 16:45 h. La cita guarda perfecta relación de fecha y hora tanto con los anteriores eventos como con los posteriores”, determina el perito tras realizar un análisis de la documentación aportada por los abogados de la imputada. A pesar de este peritaje, el pantallazo que acompaña a esa valoración recoge que la cita se extendió por más tiempo. Tiene como punto de comienzo  (“start”) las 15:45 del 2 de julio y como punto final (“end”) las 18:45. 

A pesar los datos que figuran en el pantallazo incorporado al peritaje, la conclusión a la que llega este experto es que en la agenda de Cristina Cifuentes se reservó un hueco, entre las “13:45:00 hasta las 16:45:00 h” del 2 de julio, con la anotación “Master URJC”. La coherencia sobre la hora y duración concreta de este registro no se alcanza en la redacción del informe, en el que se plantea en un párrafo diferente que este señalamiento supuso una “reserva de 3 horas”, “desde las 15:45 h hasta las 16:45 h”, a pesar de que ese periodo temporal solo supone una hora.

El analista reseña que la entrada en el calendario de Outlook se realizó “con anterioridad a la fecha de la cita”, “el día 01/07/2012 a las 11:41:21 h”. En otra de sus conclusiones, determina que “el contenido del registro no ha sido modificado con posterioridad a su fecha de cumplimentación”, aunque sí “se debió efectuar alguna adaptación del contenido de la cita dos horas y dieciséis minutos antes del comienzo de la cita, en concreto el día 02/07/2012 a las 13:29:08 h”.

Cifuentes declaró ante la jueza en julio de 2018 que fue a defender el TFM el 2 de julio de 2012 porque así pudo consultarlo en su agenda electrónica su jefa de Secretaría de la Presidencia madrileña, Cristina Abad, quien ya había ostentado un cargo similar a sus órdenes en la etapa de la Delegación del Gobierno. Abad es citada en el peritaje aportado por la expresidenta madrileña como la persona que custodió toda esta información hasta 2018. A pesar de las declaraciones de Cifuentes ante la jueza, el informe pericial elaborado por la defensa de Cifuentes está fechado el 15 de enero de 2021. No ha sido hasta este viernes cuando sus letrados han contado con este documento.

Las maniobras para intentar tapar el escándalo de su fraudulento máster llevarán al banquillo en una semana a Cristina Cifuentes. Tras aplazarse la pasada primavera por la pandemia del coronavirus, la vista en la que la expresidenta de la Comunidad de Madrid se enfrenta a una pena de hasta cuatro años de cárcel por un delito de falsedad en documento oficial se iniciará el próximo 18 de enero en la Audiencia Provincial de Madrid. 

Esta primavera se cumplirán tres años desde que el caso destapado por elDiario.es acabó con la carrera de Cifuentes, una política que había intentado labrarse una imagen de “tolerancia cero” contra la corrupción tras suceder en el cargo a políticos de su mismo partido acorralados en diferentes sumarios como Ignacio González y Esperanza Aguirre. Al final ella misma se vio forzada a dimitir por el escándalo de los posgrados que la Universidad Rey Juan Carlos regalaba a alumnos VIP sin hacer nada o casi nada. Desde entonces, el PP regional —que sigue presidiendo la Comunidad aunque ahora en coalición con Ciudadanos y con el liderazgo el más frágil de los últimos 25 años— sigue descabezado en manos de una gestora. 

La solución provisional tras la caída de Cifuentes fue colocar al veterano Pío García Escudero al frente del partido desde mayo de 2018 para pilotar la transición a un nuevo liderazgo. No está previsto que haya un nuevo presidente o presidenta hasta finales de este año, cuando se celebre el próximo congreso regional. Ángel Garrido, la solución de emergencia para sustituir a Cifuentes al frente del Gobierno regional, saltó a Ciudadanos en vísperas de las autonómicas de 2019. E Isabel Díaz Ayuso, la apuesta personal de Pablo Casado para ocupar después ese puesto, se dejó 338.000 papeletas en las urnas y 18 diputados en aquellas elecciones, aunque últimamente ha empezado a remontar en las encuestas a costa de su socio de gobierno.

Al equilibrio parlamentario que Cifuentes mantuvo con Ciudadanos, el PP tuvo que sumar tras las últimas autonómicas el apoyo externo de Vox y abrirse a un gobierno de coalición que año y medio después está partido en dos mitades.

Acta falsificada

Cifuentes, que el 1 marzo de 2019 anunció a través de Instagram que se daba de baja del PP, participa hoy como tertuliana en varios programas de televisión del grupo Mediaset. La expresidenta regional se expone a una condena no por el fraude del máster en sí, que obtuvo sin haber aprobado todas las asignaturas, sin haber ido a clase y sin haber entregado el Trabajo Fin de Máster (TFM); sino por la falsificación del acta con la que intentó justificar que había defendido ese trabajo. Es decir, por lo que se le juzga no es por haber recibido el título de un máster sin hacerlo cuando ya era cargo público sino por la coartada que exhibió en varios medios y redes sociales y con la que intentó salvar su carrera política tras la exclusiva de elDiario.es que reveló que sus notas habían sido falsificadas. 

La Fiscalía, que pide para ella tres años y tres meses de cárcel, la considera inductora de la falsificación del acta “a sabiendas” de que acreditaba una defensa de TFM “que jamás se produjo” y que exhibió públicamente “para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse”. La representación letrada de la Universidad Rey Juan Carlos eleva su petición a cuatro años de cárcel por instigar a falsear el documento que luego enseñó en las redes sociales.

El fiscal señala a la profesora Cecilia Rosado como autora de la falsificación del acta y pide para ella 21 meses de prisión, una pena inferior a la de la expresidenta porque esta sí reconoció los hechos y colaboró en la investigación. Para María Teresa Feito, exasesora de la Comunidad de Madrid que supuestamente presionó a la universidad para elaborar esa coartada, solicita otros tres años y tres meses de prisión. 

Este proceso también se dirigía contra Enrique Álvarez Conde, responsable del Instituto de Derecho Público (IDP) que impartía el máster, fallecido en abril de 2019. Según el relato del fiscal, Cifuentes contactó con Feito por la influencia que esta asesora tenía en la universidad, de la que había sido profesora y donde conservaba varios amigos, “para que la misma hiciere las gestiones oportunas con la finalidad de resolver la crisis” que “había provocado” la publicación de la exclusiva de este periódico. Y Feito se puso en contacto con Álvarez Conde para confeccionar un acta falsa “a sabiendas de que Cristina Cifuentes, no había superado todas las asignaturas, no había hecho el TFM y no había procedido a su defensa”. 

Ese documento con “apariencia de verosimilitud” serviría para acreditar de cara a los medios de comunicación que la entonces presidenta regional había cursado el máster, según el fiscal. Durante la instrucción, Cifuentes alegó que hizo el trabajo y lo había defendido ante un tribunal, una versión que “no resultó creíble” a la instructora del caso, Carmen Rodríguez-Medel. 

Regalo de títulos  

Por tanto, lo que se juzgará a partir del próximo 18 de enero serán las maniobras con las que la se intentó tapar el escándalo, no el supuesto sistema de regalo de títulos a personajes VIP que desveló este periódico. Los indicios que apuntaban a que en el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos se regalaron títulos a dirigentes políticos y a otros alumnos “escogidos” que tenían una relación próxima con Álvarez Conde quedaron sin investigar tras la decisión de la jueza Rodríguez-Medel de dar carpetazo a gran parte de la causa en octubre de 2018. 

La jueza tomó esa decisión tras la negativa del Tribunal Supremo a investigar al líder del PP, Pablo Casado, que también obtuvo un título en esa universidad sin conocer a sus profesores, sin ir a clase y sin hacer exámenes de un posgrado presencial. El Alto Tribunal rechazó admitir a trámite la exposición razonada en la que Rodríguez-Medel solicitaba la apertura de una investigación por los delitos de prevaricación y cohecho impropio en relación a esos estudios al no apreciar “indicios consistentes” de actuación delictiva por parte de Casado. Los jueces de la Sala de lo Penal, sí admitieron, no obstante, la existencia de “indicios” de que el líder del PP recibió un “trato de favor”. 

De forma paralela, en otro juzgado de Plaza de Castilla siguen imputados por un supuesto delito de revelación de secretos el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, y la ex redactora jefa de Política Social, Raquel Ejerique. Ambos periodistas sacaron a la luz las irregularidades de la expresidenta regional en torno a este máster, lo que derivó en su dimisión y el final de su carrera política.

Capítulo 1 - El sobre

Capítulo 2 - 6,11

Capítulo 3 - Dudas

Capítulo 4 - Las firmas

Capítulo 5 - Olay

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Producción: Toni Garrido

Dirección: Álvaro de Cózar

Guion: Álvaro de Cózar y Pablo G. Batista

Grabación y diseño de sonido: Yago Mendívil

Música: Juan Arance

Tema: No hay amor sin dolor de Los Bengala

Créditos: Al rojo vivo (La Sexta), Más vale tarde (La Sexta), La Sexta Noticias, Hoy por hoy (Cadena SER), La ventana (Cadena SER), Hora 25 (Cadena SER), Hora 14 (Cadena SER), Más de uno (Onda Cero), Antena 3 Noticias, Dos días y una noche (Antena 3), Noticias cuatro, El cascabel (13TV), Es la mañana de Federico (esRadio), Millenium (TVE), Telediario 1 (TVE), Telenoticias (Telemadrid).Créditos: