Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', afronta con optimismo su inminente entrada en prisión. “Es lo que hay”, ha dicho Benavent este viernes al entrar a la Ciudad de la Justicia de València para recibir la notificación de la firmeza de su sentencia condenatoria a ocho años de prisión, en el marco del 'caso Taula'.

El 'yonqui del dinero' ha afirmado que encara “bien” su entrada en prisión para cumplir la condena a casi ocho años de cárcel como autor de los delitos de blanqueo y falsedad, confirmada por el Tribunal Supremo el pasado 26 de junio.

“Hay gente que está peor, hay gente que está muriéndose, que tiene una guerra, un terremoto o sufre una riada”, ha dicho Benavent. “O sea que adelante”, ha apostillado. El 'yonqui del dinero' ha asegurado que aún no ha elegido el centro penitenciario en el que cumplirá la pena, aunque ha dicho que quizá será en el de Picassent.

Benavent, a la salida de la Ciudad de la Justicia, ha afirmado que la sentencia le parece “increíble” y “una locura”. “Es el resultado de 11 años de espera y de colaboración total”, ha apostillado.

“He colaborado todo lo que he podido”, ha concluido antes de despedirse de los medios de comunicación.

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha citado este viernes a Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', para comunicarle la firmeza de la primera sentencia del 'caso Taula', que le impuso una pena de casi ocho años de prisión por los delitos de blanqueo y falsedad. El Tribunal Supremo (TS), tal como informó este diario el pasado 26 de junio, desestimó el grueso de los recursos de las defensas, confirmando así la condena al 'yonqui del dinero' y al resto de acusados.

La sentencia del alto tribunal acreditaba la “estrategia contractual dirigida a eludir los procedimientos ordinarios de contratación” para favorecer “a empresarios o mercantiles previamente determinados”.

La condena se apuntaló con la confesión del testaferro arrepentido José Estalrich, que alcanzó un pacto de conformidad con Anticorrupción. Por su parte, Benavent cambió radicalmente su estrategia inicial de colaboración con Anticorrupción y apostó su defensa al intento de tumbar la causa con la anulación de los audios. Sin embargo, el TS avaló de plano la validez de la principal prueba del procedimiento.

La citación de este viernes ante la sección quinta de la Audiencia de Valencia abre la puerta a la entrada en prisión del 'yonqui del dinero', principal acusado del 'caso Taula' (un procedimiento cuyas diligencias se iniciaron en 2014, tras una denuncia de Esquerra Unida ante la Fiscalía Anticorrupción).

El 'yonqui del dinero' también fue condenado en la pieza separada B (a cinco años de cárcel) por la sección segunda de la Audiencia de Valencia (también recurrida ante el TS). Por el contrario, fue absuelto en la pieza separada D y, el pasado 23 de junio, en la pieza E, en una sentencia que no es firme.

La secció cinquena de l'Audiència Provincial de València ha citat aquest divendres Marcos Benavent, autodenominat 'ionqui dels diners', per comunicar-li la fermesa de la primera sentència del cas Taula, que li va imposar una pena de quasi huit anys de presó pels delictes de blanqueig i falsedat. El Tribunal Suprem (TS), tal com va informar aquest diari el passat 26 de juny, va desestimar bona cosa dels recursos de les defenses i va confirmar així la condemna al ‘ionqui dels diners’ i a la resta d'acusats.

La sentència de l'alt tribunal acreditava “l'estratègia contractual dirigida a eludir els procediments ordinaris de contractació” per a afavorir “empresaris o mercantils prèviament determinats”.

La condemna es va apuntalar amb la confessió del testaferro penedit José Estalrich, que va assolir un pacte de conformitat amb Anticorrupció. Per la seua banda, Benavent va canviar radicalment la seua estratègia inicial de col·laboració amb Anticorrupció i va apostar la seua defensa a l'intent de fer caure la causa amb la nul·litat dels àudios. No obstant això, el TS va avalar plenament la validesa de la principal prova del procediment.

La vista d'aquest divendres davant la secció cinquena de l'Audiència Provincial de València obri la porta a l'ingrés a la presó del “ionqui dels diners’, principal acusat del cas Taula (un procediment les diligències del qual es van iniciar el 2014, després d'una denúncia d'Esquerra Unida davant la Fiscalia Anticorrupció).

“El ionqui dels diners” també va ser condemnat en la peça separada B (a cinc anys de presó) per la secció segona de l'Audiència Provincial de València (també recorreguda davant el TS). Per contra, va ser absolt en la peça separada D i, el passat 23 de juny, en la peça E, en una sentència que no és ferma.

El Tribunal Supremo (TS) avala por primera vez el principal eje del 'caso Taula', del que depende toda la macrocausa: las grabaciones que efectuó en secreto Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', durante años a sus correligionarios del PP, unos audios que describen los interioridades de la trama corrupta y que su exsuegro, el empresario Mariano López, aportó a la Fiscalía Anticorrupción como venganza. El primer pronunciamiento del TS sobre el 'caso Taula' confirma la pena de casi ocho años de cárcel por blanqueo de capitales y falsedad impuesta a Benavent por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia en el marco de la pieza separada J del procedimiento, relativa al entramado de blanqueo de los fondos saqueados por el principal condenado a la empresa pública de la Diputación controlada por el PP de la que era gerente.

A pesar de que la defensa de Marcos Benavent ha cuestionado repetidamente la validez de las grabaciones, que fueron reconocidas y explicadas en detalle por el propio 'yonqui del dinero' durante su etapa inicial de colaboración con la Fiscalía y con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el alto tribunal valida plenamente la prueba principal del procedimiento y descarta cualquier nulidad o irregularidad en la cadena de custodia y en su judicialización.

“No estamos ante una interceptación de comunicaciones en curso realizada por un tercero ajeno a la conversación, ni ante una escucha policial clandestina, sino ante grabaciones efectuadas por el propio Marcos Benavent de conversaciones en las que él intervino, según declara probado la sentencia de instancia”, recuerda el TS.

“(...) Su propio acto de grabar las conversaciones impide construir la nulidad sobre la existencia misma de la grabación”, afirma la sentencia, que también avala la cobertura judicial del volcado inicial de los dos lápices de memoria (Kingston e Intenso) que se incorporaron a las diligencias iniciales. Ambos dispositivos almacenaban un contenido “coincidente” y “constituyen una fuente autónoma de acceso al mismo material sonoro”, afirma el TS.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Llarena, despeja así las dudas deslizadas por las defensas sobre la supuesta manipulación de las grabaciones, que ya fueron avaladas como prueba en dos ocasiones tanto por la sección quinta de la Audiencia de Valencia (además de en la pieza separada J del blanqueo, también lo fue en la pieza E) como por la sección segunda.

La resolución del TS descarta aplicar al 'caso Taula' la doctrina del fruto del árbol envenenado y avala las pruebas clave del procedimiento. “La coincidencia de contenido, lejos de ser irrelevante, permite excluir que la prueba practicada en el juicio oral dependiera indispensablemente del primer soporte cuestionado”, argumenta la sentencia en referencia al lápiz de memoria entregado primero por la denunciante, la diputada provincial de Esquerra Unida Rosa Pérez Garijo, que luego fue completado por un segundo 'pen drive' de la mano del exsuegro de Marcos Benavent.

También avala la entrega de las pruebas a la Fiscalía Anticorrupción por parte del exsuegro: “El material sonoro relevante habría sido alcanzado, en todo caso, por una vía lícita e independiente”. “No se trata de neutralizar una eventual vulneración de derechos fundamentales, sino de constatar que la investigación no quedó jurídicamente subordinada a una única fuente contaminada”, apostilla el TS.

Los dos lápices de memoria

El hombre, para vengarse de su exyerno, entregó a Rosa Pérez Garijo, la decena de horas de grabaciones. Pérez Garijo presentó la denuncia inicial de los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción y entregó un primer dispositivo de almacenamiento con los audios. Luego, el empresario Mariano López aportó al Ministerio Público otro lápiz de memoria (con las mismas grabaciones sonoras), así como el ordenador en el que estaban guardados.

Gracias a la colaboración inicial de Benavent con Anticorrupción y con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los investigadores pudieron identificar a los cargos del PP grabados —incluido, entre otros, el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus— y tirar del hilo de los numerosos tejemanejes de la trama corrupta. Posteriormente, esa primera fase colaborativa dio paso a una nueva estrategia de defensa que consistió en negarlo todo y en retractarse de sus confesiones en la fase de instrucción (alegando, entre otros motivos, que declaró “muy fumado” de marihuana ante la Guardia Civil y que manipuló los audios).

Sin embargo, peritos informáticos tanto de las defensas como de la UCO alcanzaron el consenso de mínimos en el juicio de la pieza separada B de que los audios almacenados en los dos dispositivos compartían el mismo HASH (el código alfanumérico que se erige en una suerte de huella de un archivo informático).

Las grabaciones no siempre han conllevado condenas. Sin ir más lejos, la reciente sentencia absolutoria de la sección quinta de la Audiencia de Valencia concluyó que el supuesto reparto de comisiones entre el 'yonqui del dinero' y una concejal del PP, grabado con nitidez en los audios, no había sido acreditado por otros medios, a pesar de que las conversaciones eran “altamente sospechosas” de “amaños”.

Descarta la “contaminación total” invocada por la defensa

El TS, por su parte, esgrime que el exsuegro no obtuvo los audios “de forma ilegítima” (habían quedado abandonados en su ordenador en su chalet de su propiedad tras el divorcio de Benavent con su hija), “ni mucho menos puede sustentarse que la denunciante”, Rosa Pérez Garijo, los obtuviera “con quebranto de los derechos fundamentales y con la finalidad de preconstituir prueba”.

El alto tribunal descarta así la pretensión de las defensas de la “contaminación total” de la causa por las grabaciones y recuerda que la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia no limita la fundamentación de la condena “exclusivamente” a los audios sino que valora también abundante material probatorio, incluyendo expedientes de contratación, correos electrónicos, facturas o informes policiales, además de testificales y de las declaraciones de los acusados, prestadas en el seno del procedimiento “con contradicción y garantías”.

“Que una información inicial oriente la investigación no significa que todos los elementos probatorios posteriormente obtenidos sean inutilizables”, remacha el TS.

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', a siete años y 10 meses de cárcel como autor de los delitos de blanqueo y falsedad, impuesta hace más de tres años en el marco de la pieza separada J del 'caso Taula', la primera que se enjuició. La resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, únicamente reduce las costas impuestas a Benavent y rebaja la condena de 10 a tres meses de prisión al empresario José Antonio Toledo como cooperador necesario de un delito de malversación de caudales públicos. En el juicio, el testaferro del 'yonqui del dinero' confesó la operativa de blanqueo de los fondos de la empresa pública provincial controlada por el PP, de la que Benavent era gerente, desviados directamente a su bolsillo.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Llarena, mantiene el decomiso de un bien inmobiliario y del dinero en metálico de una de las empresas de la trama para cubrir la responsabilidad civil, fijada en 93.186 euros. “No hay desproporción ni exceso, sino una correspondencia estricta entre la ganancia ilícita acreditada y la consecuencia patrimonial acordada”, afirma el TS en relación con la responsabilidad civil.

El resto de pronunciamientos del fallo inicial de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia se mantienen en su integridad. “La sentencia no condena a partir de meras sospechas ni desplaza sobre los acusados la carga de probar su inocencia. Lo hace sobre un conjunto probatorio amplio y convergente”, concluye el alto tribunal.

El “relato histórico” de una “estrategia” corrupta

La resolución de la Audiencia de Valencia, dictada en 2023, no se limita a la descripción de “meras irregularidades administrativas, ni actuaciones aisladas, ni decisiones técnicas discutibles dentro de un margen razonable de apreciación”.

Por el contrario, sostiene, el TS, “el relato histórico de la sentencia declara una estrategia contractual dirigida a eludir los procedimientos ordinarios de contratación mediante el sistema de fragmentar prestaciones funcionalmente unitarias, acudiendo a expedientes de contrato menor o pagos sucesivos para evitar la publicidad y la concurrencia en la adjudicación de los contratos, favoreciendo así a empresarios o mercantiles previamente determinados”.

El 'yonqui del dinero' también fue condenado en primera instancia en la pieza separada B (a cinco años de cárcel), en una sentencia de la sección segunda de la Audiencia de Valencia también recurrida ante el TS. Por el contrario, fue absuelto en la pieza separada D y, este pasado martes, en la pieza E, en una sentencia que no es firme.

El “dominio funcional” de Marcos Benavent

La condena inicial se apuntaló con la confesión del testaferro arrepentido José Estalrich, que alcanzó un pacto de conformidad con Anticorrupción.

La trama usó para facturar irregularmente fondos públicos la mercantil Thematica Events, vinculada a un socio de Marcos Benavent, el empresario Rafael García Barat (condenado a nueve años y dos meses de prisión). La sentencia del alto tribunal concluye que “Benavent actuaba en una posición de dominio funcional y económico respecto de Themática, al menos en la operativa que generó los fondos ilícitos”.

Con los 171.318 euros sisados a la empresa pública Imelsa (de la que el 'yonqui del dinero' era gerente), la otra empresa pantalla de Benavent —Berceo Mantenimientos SL— adquirió un dúplex con plaza de garaje y trastero en Xàbia.

Marcos Benavent, autodenominat 'ionqui dels diners', no és precisament Víctor Aldama. Condemnat en dues de les peces separades del 'cas Taula' (en sengles sentències pendents de recurs davant el Tribunal Suprem), Benavent ha protagonitzat dues fases: una col·laboració inicial amb la Fiscalia Anticorrupció i amb la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que va donar pas, en plena instrucció de la macrocausa, a un canvi d'advocat i a una renúncia a totes les incriminacions que havia formulat prèviament. L'última sentència, dictada aquest dimarts per la secció cinquena de l'Audiència Provincial de València i corresponent a la peça separada E en el quart juí de Marcos Benavent en el marc del 'cas Taula', ha absolt el 'ionqui' dels diners' i la resta dels acusats, entre ells tres empresaris contractistes de l'Ajuntament de València durant l'etapa de Rita Barberá, malgrat les gravacions incriminatòries que va fer el principal acusat. La resolució descarta que hi haja proves suficients que es pagaren comissions il·lícites a canvi d'adjudicacions municipals.

En un dels àudios reproduïts durant la vista oral i al qual ha tingut accés elDiario.es, el ''ionqui dels diners' explicava a l'aleshores regidora María José Alcón, ja difunta: “Ací només hi ha un 2 %, 9.000 euros (...), per almenys comprar-te dos regals per Nadal i quatre festes”. La regidora del PP ironitzava en la mateixa conversa: “Aquests Reis Mags han sigut meravellosos”.

En una altra gravació se sentia Marcos Benavent comentant, sobre una coneguda empresa constructora, el ja expresident de la qual, Carlos Turró, també ha sigut absolt: “Cleop ha ajudat molt el partit”, en referència al PP valencià.

La sentència de la secció cinquena de l'Audiència de València, de la qual ha sigut ponent la magistrada Concepción Ceres, admet que les converses “són altament sospitoses” de “mangarrufes” o d'intents de “manipular” els contractes i les adjudicacions “a favor d'unes o altres empreses”, i “fins i tot de conspiració, com ja va dir el jutge d'instrucció, si bé en aquelles dates no estava sancionada penalment la conspiració per a delinquir en relació amb estos delictes”

Els diàlegs, malgrat la seua claredat (i amb el gir radical de Benavent en la seua estratègia de col·laboració amb l'UCO i amb Anticorrupció), no han pogut ser corroborats per altres mitjans de prova prou solvents per a desvirtuar la presumpció d'innocència dels acusats.

Sense la “convicció necessària” per a una condemna

El tribunal, després d'escoltar les declaracions dels cinc acusats, dels testimonis, dels investigadors de l'UCO i dels pèrits tècnics, i després d'analitzar l'abundant documentació dels expedients de contractació (a més dels àudios), “considera que els fets objecte d'acusació no han sigut acreditats degudament i alguns d'ells estan prescrits”, en referència al presumpte delicte de malversació de cabals públics imputat a Vicente Burgos, un històric del PP campista col·locat en una fundació pública que va tancar amb un forat xifrat en 13,5 milions d'euros, segons detalla la sentència.

“O, dit d'una altra manera, que, del resultat de la prova practicada, valorada en el seu conjunt, en consciència, i d'acord amb les regles de la lògica i de l'experiència, no s'ha obtingut la convicció necessària per a fonamentar un pronunciament condemnant en els termes interessats”, conclou la sentència, que no és ferma i, per tant, és susceptible de ser recorreguda en cassació davant del Tribunal Suprem.

Es tracta de la segona absolució de Marcos Benavent en el 'cas Taula' (també va ser absolt en la peça separada D). El ''ionqui dels diners', per contra, va ser condemnat en les peces J (a quasi huit anys de presó) i B (cinc anys), en sengles sentències recorregudes davant del Tribunal Suprem

El 'ionqui dels diners' anava “fumat” davant l'UCO

La secció cinquena de l'Audiència de València també assumeix la tesi del 'ionqui dels diners' sobre l'afectació pel seu consum de substàncies estupefaents durant l'etapa en què va declarar davant l'UCO i davant el jutge del 'cas Taula' al principi de la instrucció. Benavent va al·legar, i la sentència així ho ressenya, que “no estava en les seues millors condicions”, que anava “fumat” —es va escudar en el fet que en aquella època “fumava haixix”, recorda el tribunal, encara que realment en la vista oral va al·ludir específicament al consum de marihuana— i que “volia repartir a tots”, en referència als seus excorreligionaris del PP valencià.

El tribunal tampoc sembla creure's massa les confessions inicials del ''ionqui dels diners' i fins i tot recorda que el mateix jutge instructor del 'cas Taula' va al·ludir al fet que Marcos Benavent “farolejava”, com “en alguna ocasió ha reconegut” el mateix acusat.

D'altra banda, la sentència limita la prova de la Fiscalia Anticorrupció per a l'acreditació de l'acusació a les declaracions dels acusats en la fase d'instrucció i a les gravacions dels àudios. No obstant això, estes declaracions sumarials “no es poden valorar ja que no s'han introduït en el plenari [juí oral] mitjançant la seua lectura, com ve establint el Tribunal Suprem”, argumenta la resolució absolutòria.

Explicacions de Marcos Benavent “un poc puerils”

Superada aquella col·laboració inicial en l'esclariment dels fets, en el juí, Marcos Benavent es va sumar a l'exdirigent del PP Vicente Burgos (exmarit de María José Alcón) i als tres empresaris (Carlos Turró, Enrique Aleixandre i Carlos Vicent): tots els acusats van negar a l'uníson “la seua intervenció en els aspectes delictius dels quals se'ls acusa”.

No obstant això, el tribunal reconeix que les explicacions del 'ionqui dels diners' sobre les converses gravades amb Alcón van ser “un poc puerils”. Dels àudios també es desprén, segons la sentència, que “de vegades es rebutjava alguna empresa per raons polítiques” (per no donar-li el contracte a un dels “seus”, evitant així la “crítica política”) i, en altres casos, s'optava per adjudicar a l'oferta més econòmica per a evitar “embolics”.

En definitiva, “no ha quedat suficientment acreditat” que Benavent lliurara a Alcón 'mossegades' de 9.000 euros provinents de Carlos Vicent o de 20.000 euros en el cas del contracte amb Cleop. Tampoc que s'embutxacara una “quantitat no determinada”, a més d'un vehicle, de mans de l'empresari Enrique Aleixandre, per contractes vinculats a la XXVII Mostra de València

Possibles irregularitats que no arriben a ser delicte

El tribunal, atenent les declaracions dels pèrits, no ha trobat una il·legalitat “grollera” i “evident” que constituïsca “sense cap mena de dubte” un presumpte delicte de prevaricació administrativa.

“Les contractacions han sigut analitzades exhaustivament i tampoc s'hi troba eixa distorsió flagrant de la legalitat constitutiva de delicte. Si hi va haver alguna irregularitat, no s'albira que arribara a ser delicte”, conclou la secció cinquena de l'Audiència de València.

D'altra banda, també aprecia dilacions indegudes en el si de la causa, que va ser jutjada una dècada després de la seua incoació el 2016.

Descarta la vulneració al dret a la intimitat

Tot i que el tribunal no troba la corroboració perifèrica suficient de les malifetes desglossades en els àudios, sí que avala la validesa de les gravacions i descarta qualsevol vulneració del dret a la intimitat, tal com ja van fer sengles sentències del 'cas Taula' dictades per la mateixa secció cinquena de l'Audiència de València i per la secció segona.

Malgrat que la defensa de Marcos Benavent va sol·licitar, en la fase de qüestions prèvies del juí, l'exclusió dels àudios com a font de prova, la sentència qüestiona que “no s'ofereix cap concreció fàctica sobre quina informació personal o íntima contenien les gravacions”. “La qual cosa és important”, postil·la, “perquè no es poden plantejar nul·litats d'actuacions de manera genèrica i hipotètica, és a dir, sense concretar la base fàctica en què s'assenta la vulneració de drets fonamentals”.

A més, també recorda que el 'ionqui dels diners' va assegurar en el juí oral que “llevava coses sense interés” dels àudios (amb el programa Audacity), “però en cap moment va manifestar que aquelles converses gravades no es corresponien amb les reals”.

Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', no es precisamente Víctor Aldama. Condenado en dos de las piezas separadas del 'caso Taula' (en sendas sentencias pendientes del recurso ante el Tribunal Supremo), Benavent ha protagonizado dos fases: una colaboración inicial con la Fiscalía Anticorrupción y con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que dio paso, en plena instrucción de la marcocausa, a un cambio de abogado y a una renuncia a todas las incriminaciones había declarado previamente. La última sentencia, dictada este martes por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia y correspondiente a la pieza separada E en el cuarto juicio de Marcos Benavent en el marco del 'caso Taula', ha absuelto al 'yonqui del dinero' y al resto de los acusados, entre ellos tres empresarios contratistas del ayuntamiento de la capital del Turia durante la etapa de Rita Barberá, pese a las incriminatorias grabaciones que hizo el principal acusado. La resolución descarta que haya pruebas suficientes de que se abonaran comisiones ilícitas a cambio de adjudicaciones municipales.

En uno de los audios reproducido durante la vista oral y al que ha tenido acceso elDiario.es, el 'yonqui del dinero' explicaba a la entonces edil María José Alcón (ya fallecida): “Aquí solo hay un 2%, 9.000 euros (...), para por lo menos comprarte dos regalitos en Navidad y cuatro fiestas”. La concejala del PP ironizaba en la misma conversación: “Estos Reyes Magos han sido maravillosos”.

En otra grabación se escuchaba a Marcos Benavent comentando, sobre una conocida empresa constructora cuyo expresidente, Carlos Turró, también ha sido absuelto: “Cleop ha ayudado mucho al partido”, en referencia al PP valenciano.

La sentencia de la sección quinta de la Audiencia de Valencia, de la que ha sido ponente la magistrada Concepción Ceres, concede que las conversaciones “son altamente sospechosas” de “amaños” o de intentos de “amañar” los contratos y adjudicaciones “a favor de unas u otras empresas”, e “incluso de conspiración, como ya dijera el juez de instrucción, si bien, en aquellas fechas no estaba sancionada penalmente la conspiración para delinquir en relación con estos delitos”. 

Los diálogos, pese a su claridad (y con el volantazo de Benavent a su estrategia de colaboración con la UCO y con Anticorrupción), no han podido ser corroborados por otros medios de prueba suficientemente solventes como para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados.

Sin la “convicción necesaria” para una condena

El tribunal, tras escuchar las declaraciones de los cinco acusados, de los testigos, de los investigadores de la UCO y de los peritos técnicos y tras analizar la abundante documentación de los expedientes de contratación (además de los audios), “considera que los hechos objeto de acusación no han sido acreditados en debida forma y algunos de ellos están prescritos”, en referencia al presunto delito de malversación de caudales públicos imputado a Vicente Burgos, un histórico del PP campista colocado en una fundación pública que cerró con un agujero cifrado en 13,5 millones de euros, según detalla la sentencia.

“O, dicho de otra forma, que, del resultado de la prueba practicada, valorada en su conjunto, en conciencia, y de acuerdo con las reglas de la lógica y de la experiencia, no se ha obtenido la convicción necesaria para fundamentar un pronunciamiento condenatorio en los términos interesados”, concluye la sentencia, que no es firme y, por tanto, es susceptible de ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Se trata de la segunda absolución de Marcos Benavent en el 'caso Taula' (también salió ileso en términos judiciales de la pieza separada D). El 'yonqui del dinero', por el contrario, fue condenado en las piezas J (a casi ocho años de cárcel) y B (cinco años), en sendas sentencias recurridas ante el Tribunal Supremo.

El 'yonqui del dinero' iba “fumado” ante la UCO

La sección quinta de la Audiencia de Valencia también asume la tesis del 'yonqui del dinero' sobre la afección por su consumo de sustancias estupefacientes durante la etapa en la que declaró ante la UCO y ante el juez del 'caso Taula' al principio de la instrucción. Benavent arguyó, y la sentencia así lo reseña, que “no estaba en sus mejores condiciones”, que iba “fumado” —se escudó en que en aquella época “fumaba hachís”, recuerda el tribunal, aunque realmente en la vista oral aludió, específicamente, al consumo de marihuana— y que “quería repartir a todos”, en referencia a sus excorreligionarios del PP valenciano.

El tribunal tampoco parece creerse demasiado las confesiones iniciales del 'yonqui del dinero' e incluso recuerda que el propio juez instructor del 'caso Taula' aludió a que Marcos Benavent “faroleaba”, como “en alguna ocasión ha reconocido” el propio acusado.

Por otro lado, la sentencia acota la prueba de la Fiscalía Anticorrupción para la acreditación de la acusación a las declaraciones de los acusados en la fase de instrucción y a las grabaciones de los audios. Sin embargo, esas declaraciones sumariales “no se pueden valorar ya que no se han introducido en el plenario [juicio oral] mediante su lectura, como viene estableciendo el Tribunal Supremo”, argumenta la resolución absolutoria.

Explicaciones de Marcos Benavent “un tanto pueriles”

Superada aquella colaboración inicial en el esclarecimiento de los hechos, en el juicio, Marcos Benavent se sumó al exdirigente del PP Vicente Burgos (exmarido de María José Alcón) y a los tres empresarios (Carlos Turró, Enrique Alexandre y Carlos Vicent): todos los acusados negaron al unísono “su intervención en los aspectos delictivos de los que se les acusa”.

Sin embargo, el tribunal reconoce que las explicaciones del 'yonqui del dinero' sobre las conversaciones grabadas con Alcón fueron “un tanto pueriles”. De los audios también se desprende, según la sentencia, que “a veces se rechazaba a alguna empresa por razones políticas” (para no darle el contrato a uno de “los suyos”, evitando así la “crítica política”) y, en otros casos, se optaba por adjudicar a la oferta más económica para evitar “líos”. 

En definitiva, “no ha quedado suficientemente acreditado” que Benavent entregara a Alcón 'mordidas' de 9.000 euros provenientes de Carlos Vicent o de 20.000 euros en el caso del contrato con Cleop. Tampoco que se embolsara una “cantidad no determinada”, además de un vehículo, de manos del empresario Enrique Aleixandre, por contratos vinculados a la XXVII Mostra de València.

Posibles irregularidades que no alcanzan “lo delictivo”

El tribunal, a tenor de las declaraciones de los peritos, no ha hallado una “grosera” y “evidente ilegalidad” que constituya “sin género de duda” un presunto delito de prevaricación administrativa.

“Las contrataciones han sido analizadas exhaustivamente y tampoco se encuentra en sí mismas esa flagrante distorsión de la legalidad constitutiva de delito. Si hubo alguna irregularidad, no se vislumbra que alcanzara lo delictivo”, concluye la sección quinta de la Audiencia de Valencia.  

Por otro lado, también aprecia dilaciones indebidas en el seno de la causa, que fue enjuiciada una década después de su incoación en 2016.

Descarta la vulneración al derecho a la intimidad

Pese a que el tribunal no halla la corroboración periférica suficiente de los tejemanejes desglosados en los audios, sí que avala la validez de las grabaciones y descarta cualquier vulneración al derecho a la intimidad, como ya hicieran sendas sentencias del 'caso Taula' dictadas por la misma sección quinta de la Audiencia de Valencia y por la sección segunda.

A pesar de que la defensa de Marcos Benavent solicitó, en la fase de cuestiones previas del juicio, la exclusión de los audios como fuente de prueba, la sentencia cuestiona que “no se ofrece concreción fáctica sobre qué información personal o íntima contenían las grabaciones”. “Lo cual es importante”, apostilla, “porque no se pueden plantear nulidades de actuaciones de forma genérica e hipotética, esto es, sin concretar la base fáctica en la que se asienta la vulneración de derechos fundamentales”. 

Además, también recuerda que el 'yonqui del dinero' aseguró en el juicio oral que “quitaba cosas sin interés” de los audios (con el programa Audacity), “pero en ningún momento manifestó que esas conversaciones grabadas no correspondían a las reales”.  

La secció cinquena de l'Audiència de València ha absolt Marcos Benavent, autodenominat 'ionqui dels diners', en el seu quart judici del 'cas Taula', relatiu a la peça E de la macrocausa sobre els contractes de l'àrea de Cultura del consistori de la capital del Túria durant l'etapa de Rita Barberá i sobre la contractació de l'acusat Vicente Burgos (exmarit de la edil morta María José Alcón) en una fundació pública de la Generalitat.

La sentència també absol als empresaris Enrique Alexandre, Carlos Turró i Carlos Vicent. El tribunal conclou que no hi ha proves del tripijoc d'eixes contractacions ni del cobrament de comissions il·legals o ‘mossegades’ a canvi, malgrat les gravacions efectuades pel 'ionqui dels diners' en les quals conversa àmpliament amb Alcón sobre eixe particular.

La Fiscalia i l'Ajuntament de València, que exerceix l'acusació particular, van sol·licitar per a ells en el tràmit de conclusions de la vista oral penes d'entre tres i 11 anys de presó.

Els contractes sota sospita que han estat examinats pel tribunal tenien per objecte obres de neteja, manteniment i restauració d'edificis i monuments històrics de València com la Llotja i les Torres de Quart, així com la logística i la publicitat de la XXVII Mostra de València.

Aquests contractes van ser adjudicats per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de València, dirigida aleshores per la regidora María José Alcón, que era parella de l'acusat Vicente Burgos i va estar investigada en el seu dia per aquesta causa, però va morir el juny del 2018.

El tribunal de la Secció Cinquena de l'Audiència considera que no ha quedat “acreditat degudament” que Marcos Benavent no treballara entre 2003 i 2007 a la Fundació Jaume II El Just, dedicada a la recuperació del patrimoni valencià, que va ser extingida el desembre de 2017 per la Generalitat Valenciana amb pèrdues de 13.585.385 euros que van ser assumides pels comptes públics.

Delicte de malversació prescrit

Els magistrats arriben a aquesta convicció després d'analitzar el fons de l'assumpte, encara que també dicten l'absolució per aquests fets perquè entenen que el delicte de malversació que comporta estaria prescrit.

La Sala descarta, en canvi, en l'apartat de les qüestions prèvies plantejades per les defenses, la nul·litat d'actuacions per altres motius, com la incorporació a la causa dels enregistraments d'àudio que van donar origen a la investigació del ‘cas Taula’ el 2015 i a l'obertura posterior de les seues diferents peces.

En tot cas, l'examen d'aquests enregistraments, juntament amb les declaracions dels testimonis i pèrits i l'anàlisi de documents, condueix el tribunal a no declarar provada la concurrència de delictes de prevaricació i suborn pels contractes de Cultura.

Sense “grosera evasió” dels tràmits

“De la valoració conjunta de totes les proves, podem concloure que, d'una banda, no s'ha detectat cap ‘grosera evasió o allunyament dels tràmits procedimentals, ni una adjudicació contrària als criteris d'adjudicació’ per determinar l'existència d'un delicte de prevaricació”, recull la sentència, a tall d'exemple, sobre la Mostra de Cinema.

Tampoc les suposades “mossegades” que hauria percebut Marcos Benavent per part dels empresaris encausats estan, a judici de l'Audiència de València, “degudament acreditades”, doncs no resulten “suficients” per declarar-les provades unes “converses entre dos implicats”, amén del fet que, en funció del tipus penal concret per suborn que s'apliqués, podrien haver prescrit.

La sección quinta de la Audiencia de Valencia ha absuelto a Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', en su cuarto juicio del 'caso Taula', relativo a la pieza E de la macrocausa sobre los contratos del área de Cultura del consistorio de la capital del Turia durante la etapa de Rita Barberá y sobre la contratación del acusado Vicente Burgos (exmarido de la fallecida edil María José Alcón) en una fundación pública de la Generalitat.

La sentencia también absuelve a los empresarios Enrique Alexandre, Carlos Turró y Carlos Vicent. El tribunal concluye que no hay pruebas del amaño de esas contrataciones ni del cobro de comisiones ilegales o ‘mordidas’ a cambio, a pesar de las grabaciones efectuadas por el 'yonqui del dinero' en las que conversa ampliamente con Alcón sobre ese particular.

La Fiscalía y el Ayuntamiento de València, que ejerce la acusación particular, solicitaron para ellos en el trámite de conclusiones de la vista oral penas de entre tres y 11 años de prisión.

Los contratos bajo sospecha que han sido examinados por el tribunal tenían por objeto obras de limpieza, mantenimiento y restauración de edificios y monumentos históricos de Valencia como la Lonja y las Torres de Quart, así como la logística y la publicidad de la XXVII Mostra de València.

Esos contratos fueron adjudicados por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València, dirigida entonces por la concejal María José Alcón, que era pareja del acusado Vicente Burgos y estuvo investigada en su día por esta causa, pero falleció en junio de 2018.

El tribunal de la Sección Quinta de la Audiencia considera que no ha quedado “acreditado en debida forma” que Marcos Benavent no trabajara entre 2003 y 2007 en la Fundación Jaime II El Just, dedicada a la recuperación del patrimonio valenciano, que fue extinguida en diciembre de 2017 por la Generalitat Valenciana con pérdidas de 13.585.385 euros que fueron asumidas por las cuentas públicas.

Delito de malversación prescrito

Los magistrados alcanzan esa convicción tras analizar el fondo del asunto, aunque también dictan la absolución por esos hechos porque entienden que el delito de malversación que lleva aparejado estaría prescrito.

La Sala descarta, en cambio, en el apartado de las cuestiones previas planteadas por las defensas, la nulidad de actuaciones por otros motivos, como la incorporación a la causa de las grabaciones de audio que dieron origen a la investigación del ‘caso Taula’ en 2015 y a la apertura posterior de sus diferentes piezas.

En todo caso, el examen de esas grabaciones, junto con las declaraciones de los testigos y peritos y el análisis de documentos, conduce al tribunal a no declarar probada la concurrencia de delitos de prevaricación y cohecho por los contratos de Cultura.

Sin “grosera evasión” de los trámites

“De la valoración conjunta de todas las pruebas, podemos concluir que, de un lado, no se ha detectado ninguna ‘grosera evasión o alejamiento de los trámites procedimentales, ni una adjudicación contraria a los criterios de adjudicación’ para determinar la existencia de un delito de prevaricación”, recoge la sentencia, a modo de ejemplo, sobre la Mostra de Cine.

Tampoco las supuestas “mordidas” que habría percibido Marcos Benavent por parte de los empresarios encausados están, a juicio de la Audiencia de Valencia, “debidamente acreditadas”, pues no resultan “suficientes” para declararlas probadas unas “conversaciones entre dos implicados”, amén de que, en función del tipo penal concreto por cohecho que se aplicara, podrían haber prescrito.

Antes se coge a un mentiroso que a un cojo, dice el rico refranero español. El exasesor popular Jesús Gordillo no sufre cojera, pero le han abierto juicio oral por un presunto delito de falso testimonio por su rocambolesca declaración como testigo en el juicio sobre la caja B del PP de València durante la etapa de Rita Barberá. La Fiscalía pide para Gordillo una pena de un año de prisión tras su actuación durante el juicio de la pieza A del 'caso Taula', en el marco del cual declaró el 24 de enero de 2024 para desdecirse de todo lo que había mantenido en la fase de instrucción, echarle la culpa a un muerto y acusar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de haberlo presionado, tal como informó elDiario.es. Su retractación, con fragmentos dignos del cine negro, hizo aguas por todas partes y no logró salvar al principal acusado, el ex vicealcalde de València, Alfonso Grau, condenado a la sazón a cuatro años y medio de prisión.

Se trataba del testigo clave de la causa sobre la caja B del PP de València para las elecciones de 2007 y 2011. La sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, lejos de creer su drástico cambio de versión, ordenó en un auto complementario al fallo que se investigara si se había producido un falso testimonio, tal como solicitaba la Fiscalía Anticorrupción.

El escrito del Ministerio Público, adelantado por El Español y al que también ha tenido acceso este diario, considera que la declaración de Gordillo “entró en contradicción” tanto con los otros testigos de la vista oral como con la documentación que constaba en el procedimiento, tal como “explica de manera extensa y pormenorizada” la sentencia de la sección segunda de la Audiencia de Valencia. De hecho, el tribunal privó de cualquier valor probatorio al testimonio de Jesús Gordillo, del que sospechaba firmemente que pudo haber faltado a la verdad ante el tribunal “a sabiendas”, según recuerda la Fiscalía en su escrito.

La titular de la plaza número 12 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València dictó el auto de juicio oral contra Gordillo y designó a un juzgado de lo Penal como órgano competente, dado el presunto delito imputado al exasesor.

Jesús Gordillo, actualmente funcionario del Ayuntamiento de València, aportó a la UCO la documentación sobre el entramado del PP de València de su caja B para las municipales de 2007 y 2011 y explicó detalladamente en entramado organizado por Alfonso Grau, el vicealcalde del que el testigo había sido asesor. Actuó como una auténtica 'garganta profunda', aunque tras la fase de instrucción se plantó en el juicio oral para actuar como redimido salvador de su exjefe, con quien había roto todos los puentes.

La fábula de Gordillo en el juicio

En la vista oral Gordillo se desdijo de todo, le echó la culpa a un empresario fallecido (Vicente Sáez, de quien dijo de paso que consumía cocaína) y se sacó de la manga que un misterioso hombre —a quien ni siquiera supo describir físicamente— lo había amenazado por la calle para que entregara la documentación. Una supuesta amenaza que ni siquiera comunicó al juez instructor del 'caso Taula' cuando posteriormente se ratificó en su declaración policial.

Además, en la sala también expuso otras fabulaciones sobre la periodista a la que entregó la documentación que fueron desmentidas por el director de Valencia Plaza, Javier Alfonso, que tuvo que comparecer como testigo en el juicio a consecuencia de la retractación de Gordillo.

La nueva versión de Jesús Gordillo no logró convencer al tribunal, cuyo presidente le recordó en varias ocasiones la definición del delito de falso testimonio en el ordenamiento jurídico español.

De hecho, la sentencia de la sección segunda de la Audiencia de Valencia, dictada el 30 de julio de 2024, descartó de plano el cambio de versión de Gordillo y condenó a Alfonso Grau a cuatro años y medio de prisión.

El fallo, recurrido ante el Tribunal Supremo, acreditaba detalladamente las empresas contratistas del Ayuntamiento de València que hincharon la millonaria caja B del PP de Rita Barberá.

Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', ha afirmado que declaró, al inicio de la investigación del 'caso Taula', ante la Unidad Central Operativa (UCO) “muy fumado” y, “muchas veces, perjudicado”. El acusado ha aludido específicamente al consumo de marihuana.

Su intención, en su primera etapa de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, era “perjudicar al PP”, según ha afirmado. Por otro lado, también ha asegurado que fue contratado en la Fundación Jaume II El Just por el entonces conseller de Cultura, Esteban González Pons, actualmente eurodiputado y dirigente del PP de Alberto Núñez Feijóo.

El 'yonqui del dinero' ha negado que obtuviera comisiones del empresario Carlos Turró, antiguo presidente del Consejo de Administración de la constructora Cleop. Igualmente, ha negado comisiones del empresario Enrique Aleixandre o de la mercantil EMR para repartírselo con la entonces concejal de Cultura, María José Alcón (fallecida).

Se trata del cuarto juicio para el 'yonqui del dinero', esta vez por la pieza separada E del 'caso Taula', relativa a las presuntas mordidas en contratos municipales del Ayuntamiento de València en la etapa de Rita Barberá, en el que la Fiscalía Anticorrupción pide para el exgerente de la empresa pública Imelsa seis años de prisión por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Marcos Benavent ha declarado que María José Alcón, entonces esposa de Vicente Burgos (también acusado), “no estaba en buena situación psíquica y emocional” y, además, “la situación familiar y marital no era muy buena”. Burgos, según el 'yonqui del dinero', le pidió que controlara a Alcón.

Benavent: “Yo contaba muchas mentiras”

El acusado también ha afirmado: “Yo contaba muchas mentiras, manipulaba muchas grabaciones por intereses personales, muchas cosas no quería que se supiera”. Se trata de la prueba clave de la causa (avalada por anteriores sentencias condenatorias del 'caso Taula'), que entregaron a la Fiscalía Anticorrupción en 2014 la entonces diputada provincial de Esquerra Unida del País Valencià, Rosa Pérez Garijo, y el exsuegro del 'yonqui del dinero', el empresario Mariano López.

Benavent ha manifestado que “usaba bastante” el programa Audacity —“de fácil manejo”— para “cortar y pegar” los audios. “Había cosas que no tenían sentido y otras no me interesaba que estuvieran allí”, ha apostillado.

Ante las evidentes contradicciones respecto a sus afirmaciones al inicio de la instrucción, el fiscal Fernando Maldonado ha pedido que se reproduzcan en la sala las declaraciones ante la UCO.

El tribunal ha considerado que “no procede” la reproducción de las declaraciones.

Antonio Montiel, exportavoz de Podemos en las Corts Valencianes, ha ejercido este miércoles de perito en el juicio de la pieza separada E del 'caso Taula', contratado por la defensa del constructor Carlos Turró, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide tres años de prisión por un presunto delito de cohecho.

Montiel ha avalado el expediente de contratación de las obras de limpieza de las Torres de Quart, adjudicado a la empresa Cleop durante el mandato de Rita Barberá al frente del Ayuntamiento de València.

El otro perito que declaraba en esta sesión del juicio ha cuestionado los modificados del expediente de contratación.

Antonio Montiel fue secretario general de Podemos en el País Valenciano entre 2015 y 2017, durante los primeros años del Gobierno del Pacte del Botànic, cuando la formación morada mantenía un apoyo externo al Ejecutivo autonómico de Ximo Puig.

Tras su dimisión volvió a su puesto de secretario del Ayuntamiento de Albal y a las clases en la Universitat de València.

En la vista de este martes del juicio de la pieza separada E del 'caso Taula', relativo a las presuntas mordidas en contratos municipales de la etapa de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València, se escucharon una decena de audios seleccionados por el fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado. Se trata de las grabaciones que registró subrepticiamente Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', con algunos de sus correligionarios del PP y que retratan la esencia de toda una época de hegemonía de los populares en las principales instituciones valencianas y su traducción en ciertas adjudicaciones públicas. En las grabaciones, reproducidas en la sala ante las miradas neutras de los abogados de las defensas, el 'yonqui del dinero' resume a su interlocutora, la concejal de Cultura María José Alcón (fallecida), sus trapicheos en el cobro de presuntas comisiones a la constructora Cleop, que obtuvo uno de los contratos bajo sospecha. “En concreto, Cleop ha ayudado mucho al partido”, afirma Benavent en una de las grabaciones.

No fue la única a la que pasaron el cazo, según se desprende de los audios. A otra de las mercantiles (Thematica Events), el 'yonqui del dinero' la catalogaba ante Alcón como una “empresa vinculada al PP”. “Acaban de hacer un bolo en Madrid con Ana Botella que te cagas”, le recuerda a la edil, exmujer de Vicente Burgos, un antiguo alto cargo del PP que también se sienta en el banquillo de los acusados.

Los diálogos retratan los procesos de adjudicación entre bambalinas, según expresaba Benavent: “Vas a tener movida política porque vas a adjudicar a una empresa que está vinculada al PP, te van a pegar fijo”. O: “El argumento de peso es que ha llamado la jefa y tiene que ser para Quique, ese es el argumento”, afirmaba el 'yonqui del dinero' en uno de los audios, presuntamente en referencia a la entonces alcaldesa Rita Barberá y a su sobrino.

En las grabaciones, Alcón informaba a Benavent de datos sobre la mesa de adjudicación días antes de que se hicieran públicos, para que fuese tratando con los empresarios con los que planeaban el presunto cobro de comisiones.

9.000 euros para “dos regalitos en Navidad y cuatro fiestas”

El audio más famoso resulta el más delicado para la defensa de Marcos Benavent:

—M. Benavent: Bueno, aquí te traigo...

—M. J. Alcón: Oye, estos reyes magos han (no se entiende).

—M. Benavent: Mira, no me hables. Llevo siete meses detrás. No me han dado lo que yo quería. Aquí sólo hay un dos por cien, 9.000 euros, millón y medio. No sé si te parecerá poco o bastante.

—M. J. Alcón: (no se entiende).

—M. Benavent: De los 500.000, hay que descontar el lVA y luego los problemas que han tenido (no se entiende) venta de la empresa, lo que han hecho que no han tenido que hacer. Alguien les dijo, “oye, Marcos en su momento hizo el esfuerzo”. Yo, mira no podemos más y...

—M. J. Alcón: (no se entiende).

—M. Benavent: 9.000 euros.

—M. J. Alcón: Ah, 9.000 euros.

—M. Benavent: Un millón y medio, eh.

—M. J. Alcón: 9.000 euros que es ...

—M. Benavent: Un millón y medio de pesetas. Para por lo menos comprarte ...

—M. J. Alcón: Nos daremos una ...

—M. Benavent: ...dos regalitos en Navidad y cuatro fiestas.

“Los IVAs y los putas madres”

En otro de los diálogos, María José Alcón expresa sus lamentos por las bajas mordidas que obtuvo la pareja.

—M. Benavent: De un millón doscientos, hay que quitarle, el lVA y se queda un millón y al hacer un 20%, solo nos pueden dar un dos. 20.000 euros. Yo te he dejado ahí 10.000. He dejado 5.000 para el Partido. Porque Alfonso viene así y yo me he quedado 5.000. 10.000 tienes ahí.

—M. J. Alcón: Bueno.

—M. Benavent: No se puede más. Por eso te he preguntado si has reformado.

—M. J. Alcón: Podrías haber ... entre que los IVAs y los putas madres...

—M. Benavent: El IVA son 200.000 euros. Ten en cuenta que es de un millón de euros... pues de un millón doscientos. Quítale 200. De un millón, lo que quede, que es el dos. No pueden más. Ellos me han dicho que si hubiera reformado, si que pueden aumentar los porcentajes. Ahora eso sí. A los tres días de estar adjudicado, el dinero por medio. Y eso siempre es bueno.

El “clonado” de los audios por la UCO

En la misma sesión del juicio declararon dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elaboraron varios informes relativos a la pieza separada E del 'caso Taula'.

Ambos detallaron, por enésima vez (al tratarse del séptimo juicio de la macrocausa), la “secuencia” de la entrega del lápiz de memoria y del ordenador que previamente había obtenido la Fiscalía Anticorrupción de manos del exsuegro del 'yonqui del dinero', el empresario Mariano López, y de la diputada provincial de Esquerra Unida del País Valencià, Rosa Pérez Garijo.

Precintaron el material informático y lo llevaron a las instalaciones de la UCO de la Guardia Civil en Madrid para custodiarlo. Los investigadores copiaron los dispositivos e iniciaron sus pesquisas “sobre el clonado resultante”, según explicaron.

Posteriormente, cuando las diligencias recayeron en el Juzgado de Instrucción número 18 de València tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, entregaron allí las bolsas de precinto.

Tres días de declaración de Benavent ante la UCO

Los dos agentes de la UCO destacaron, a preguntas del fiscal anticorrupción, que el código HASH de los audios (el código alfanumérico a modo de huella de un archivo informático) demuestra que “sobre lo que se está trabajando es copia del original”.

La transcripción de los audios, algunos con conversaciones en valenciano, completaron las pesquisas de la UCO, aderezadas con los expedientes de contratación a los que se refieren en las grabaciones Benavent y Alcón. También con fuentes abiertas como las bases de datos del Registro Mercantil.

Además, los agentes del Instituto Armado contaban con la ayuda del 'yonqui del dinero', quien durante la primera fase de colaboración con la justicia, aportó datos relevantes sobre la presunta trama. Los agentes de la UCO indicaron que Benavent ni fue presionado ni se quejó durante sus primeras declaraciones policiales. Se le tomaron “largas” declaraciones “en cinco ocasiones, en tres días”.

Al convertirse en una macrocausa, constan más de una quincena de informes de la UCO en el sumario del 'caso Taula'. Uno de los dos agentes explicó la “línea de actuación clara” que se desprende de los audios: el objeto de las conversaciones se materializaba en los expedientes de contratación, con las empresas a las que aludían como adjudicatarias de los contratos municipales.

Registro en Cleop de “12 horas”

El letrado de Carlos Turró, expresidente del consejo de administración de la constructora Cleop, interrogó a los investigadores sobre la ingente documentación que intervinieron en la sede de la empresa. “De Cleop se llevaron muchísima documentación de todos los años, toda la contabilidad, me acuerdo porque me llamaron y estuve allí presente, estuve 12 horas…”, rememoró el abogado de la defensa.

El agente de la UCO que hizo de instructor del informe explicó que Cleop “no solo aparecía” en la pieza separada E del 'caso Taula', también en “otros contratos”. “Ese registro se ejecuta con esa intención, afectaba a la totalidad de la causa, que se llevaba como un todo”, afirmó el guardia civil.

Para el tratamiento de la documentación, “se utilizan herramientas que facilitan ese análisis” y “si existe algo que se ve de interés, pues se consigna”. “Todo lo que se recaba se pone a disposición del equipo de trabajo”, agregó el agente de la UCO. 

El jurado ha declarado culpable a Miguel Tomás V. N. de la muerte del canónigo de la Catedral de València, Alfonso López Benito, de 79 años. Por otro lado, el jurado también lo ha declarado culpable de los delitos de robo con violencia y estafa.

Por mayoría de siete a dos de sus componentes, el jurado ha establecido que Miguel Tomás es culpable del hecho delictivo de la muerte del canónigo, “de acuerdo con otra persona” que no ha sido identificada.

El jurado también concluye que hubo un “plan preestablecido” entre ambos para dirigirse al domicilio de la víctima la noche del 21 de enero de 2024 y “apoderarse” del dinero del religioso.

También sostienen que se produjo una “muerte por asfixia”, que “no fue accidental”, y sitúan al acusado en la zona de la vivienda del canónigo, tal como estableció la investigación con el posicionamiento de los teléfonos móviles.

Alfonso López Benito, “debido a su edad, no tenía posibilidades” de defenderse. Además, Miguel Tomás V. N. “conocía su condición física así como su avanzada edad”.

Y, por unanimidad, el jurado considera que se apoderaron de la tarjeta bancaria y la del Corte Inglés del canónigo, así como de su móvil, para “obtener beneficio económico”.

Los miembros del jurado han pedido que no se proponga un indulto por parte del Gobierno y que no se le reconozcan posibles beneficios penitenciarios.

Por su parte, el fiscal Antonio Gastaldi ha solicitado 20 años de prisión y cinco de libertad vigilada por el delito de asesinato; cinco años por el delito de robo con violencia, y tres años por el de estafa continuada.

Por su parte, la defensa del acusado, que ejerce Jorge Carbó, ha pedido que se dicte una “pena moderada dentro del margen que la ley permite”.

Tras la lectura del veredicto, Miguel Tomás ha sido engrilletado por dos agentes de la Policía Nacional y conducido a la prisión de Picassent.

El acusado, de nacionalidad peruana y sin antecedentes penales, se declaró inocente del delito de asesinato en su declaración en la vista oral del pasado 30 de enero, aunque reconoció el robo del teléfono móvil, el DNI y las tarjetas del religioso. La Policía Científica no halló restos de ADN ni huellas del único acusado en la vivienda del canónigo.

El fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, ha seleccionado una hora de las 12 que componen en total la fonoteca de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', para reproducirla en la fase de práctica de la prueba del juicio de la pieza separada E del 'caso Taula', relativo a las supuestas mordidas en contratos municipales de la etapa de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València.

El representante del Ministerio Público ha minutado los audios que inmortalizaron el reparto de presuntas comisiones entre Benavent y la concejal de Cultura, María José Alcón (fallecida), exmujer de otro antiguo alto cargo del PP que se sienta en el banquillo de los acusados, Vicente Burgos.

Se trata de las grabaciones que el 'yonqui del dinero' registró en secreto durante años y que fueron entregadas por la exdiputada provincial de Esquerra Unida del País Valencià, Rosa Pérez Garijo, y por el exsuegro de Marcos Benavent, el empresario Mariano López, a la Fiscalía Anticorrupción, a partir de las cuales nació la investigación de la trama del 'caso Taula'.

El tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha reservado los ratos libres de alguna de las sesiones de esta semana para la reproducción de los audios.

Por otro lado, el concejal de contratación, Félix Crespo, declaró este lunes a petición de la defensa del empresario Carlos Turró, que se sienta en el banquillo de los acusados. Crespo sostuvo que conoció la figura de Marcos Benavent el día que reapareció ante los medios al estallar el 'caso Taula', rebautizado como el 'yonqui del dinero' y con melena estilo espiritualista.

El testigo se presentó, a preguntas del fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, como un profesor de la Facultad de Derecho de la Universitat de València, con un “perfil jurídico”, al que se le “pidió que participara en el proyecto [del PP] un tiempo concreto”, entre 2003 y 2019 (la última legislatura, en la oposición).

“Rotundamente le digo que no”

Crespo hizo “poca vida de partido”, según afirmó. También explicó que los componentes de una mesa de contratación “vienen determinados por ley” y afirmó que nadie le comunicó ninguna irregularidad ni favoritismo por parte de Alcón hacia una empresa en concreto: “Sería del género absurdo que intentara intervenir, el concejal se convierte en un testigo mudo”.

El testigo —que estuvo imputado en la pieza separada A del 'caso Taula' (relativa al presunto pitufeo en la campaña electoral del PP en 2015) hasta el polémico sobreseimiento dictado por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia— dijo que “técnicamente” son los funcionarios los que valoran las ofertas.

Preguntado sobre si hubo “quejas” o “presiones para beneficiar a alguna empresa”, Félix Crespo contestó: “Rotundamente le digo que no, de haber sido así lo hubiera puesto en conocimiento de la mesa de contratación”.

Por otro lado, el testigo detalló que el contrato de las Torres de Quart estaba vinculado a un bien de especial protección: “Esa actuación es de lo más temido en las obras, porque se sabe que conlleva una demora de tiempo”.

Un directivo dice que Turró “jamás” intervenía en una licitación

Alejandro D. A., ingeniero de caminos y directivo de la constructora Cleop, de la que el acusado Carlos Turró fue presidente del consejo de administración, declaró que la adjudicación de aquel contrato siguió “cauces normales” y que se trata de contratos con una “componente técnica muy importante” que cuentan con las aportaciones de “empresas especialistas”, en este caso en restauración del patrimonio.

El testigo afirmó que Turró “coordinaba el día a día de la empresa”, aunque “nunca jamás” intervenía en una licitación pública. La constructora manejaba en aquella época un volumen de negocio de entre 90 y 95 millones de euros anuales.

El directivo de Cleop dijo que “nunca jamás” conoció a Marcos Benavent ni lo vio en la sede de la empresa. Tampoco recordaba que la edil María José Alcón pasara de visita por las obras, aunque no lo descartaba al ser común la presencia de políticos municipales: “En estos momentos, estamos restaurando el Mercado de Abastos y vino la alcaldesa”, explicó en referencia a María José Catalá.

En el séptimo juicio oral del 'caso Taula' la denunciante inicial, la entonces diputada provincial de Esquerra Unida del País Valencià, Rosa Pérez Garijo, volvió a relatar, durante la tercera vista de este jueves, las peripecias del inicio de la investigación de la presunta trama—allá por 2014— y, singularmente, cómo llegaron a sus manos las más de diez horas de comprometedores audios que Marcos Benavent grabó subrepticiamente a sus compañeros del PP durante años. La testigo refrendó que un intermediario le hizo llegar el mensaje de que una garganta profunda quería ventilar material sensible sobre los presuntos tejemanejes del PP en la Diputación de Valencia. Se trataba de Agustí Cerdà, exsecretario general de Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), formación creada a modo de filial de ERC al sur de Catalunya que nunca llegó a despegar. Cerdà “tenía balas, pero no tenía pistola”, relató Pérez Garijo, con cierto tono de western, ante el tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia que enjuicia la pieza separada E del 'caso Taula', relativa a los contratos municipales del área de cultura en la etapa de Rita Barberá.

El dirigente de ERPV, a quien la testigo conocía del “ámbito de la izquierda” valenciana (habían formado parte, aunque en épocas distintas, del sindicato estudiantil Bloc d'Estudiants Agermanats), le llamó para decirle que un “empresario modélico” tenía material potente sobre la corrupción del PP provincial.

Rosa Pérez Garijo denunciaba numerosas irregularidades en el seno de la Diputación de Valencia y acabó quedando con un tal Mariano López en el bar Kiosko del barrio del Carmen, a tiro de piedra de la Lonja y del Mercado Central y conocido en aquel momento por sus notables bocadillos de calamares. Para su labor en la oposición, en algunos casos, los soplos y las pistas venían de un gerente de la empresa pública de la Diputación (Imelsa) llamado Marcos Benavent, un tipo simpático y crítico con sus propios correligionarios del PP al que consideraba como “el más honrado” entre los populares.

Su interlocutor empezó a contarle “corruptelas”, según rememoró la testigo, que en esa primera toma de contacto desconocía que Mariano López era el exsuegro de Benavent: “Tardé un tiempo en saberlo”. El empresario decía que “tenía pruebas muy graves” y ella dudaba porque, de vez en cuando, le susurraban al oído denunciantes de supuestas tramas corruptelas sin aportar datos fiables: “La gente te cuenta tantas cosas...”.

Pérez Garijo animó a Mariano López a enseñar sus cartas de una vez. En otra quedada posterior, esta vez en la sede de EUPV en Catarroja (localidad de la comarca de l'Horta Sud de la que es oriunda la testigo), el informador le “pasó” los archivos. “Había que escucharlos mucho e intentar hilar lo que se decía en los audios con la realidad”, explicó.

La entonces diputada provincial tuvo que averiguar a qué presunta mordida se refería cada diálogo grabado en secreto por el 'yonqui del dinero'. Los presuntos trapicheos en el Ayuntamiento de València grabados con la fallecida edil María José Alcón fueron documentados con los expedientes de contratación municipal.

Mientras Rosa Pérez Garijo y su asesor, Josema Sanz, ataban el material de que disponían, se pusieron en contacto con el entonces fiscal anticorrupción, Vicente Torres, para avisarle de la que se avecinaba.

La testigo era “consciente” de que tenía entre manos una “bomba de relojería”. Se dirigió al fiscal antes de interponer la denuncia negro sobre blanco por un “motivo de seguridad”, según dijo. “Si me atropellaba un coche, que supiera la Fiscalía que yo tenía unas grabaciones con un montón de gente del PP contando dinero”, apostilló, con cierto tono de thriller cinematográfico.

“Conversaciones muy graves” de la “cúpula del PP”

Pérez Garijo confirmó que los audios estaban almacenados en un ordenador propiedad de Mariano López. En algunos de los audios aparecían personajes muy conocidos en la época, como el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y otros de segunda fila del PP. “Había voces que nos costaba identificar”, manifestó la testigo, en referencia a “David Serra” o “María José Massip”. “Había gente que conocíamos menos”, apostilló.

“El que más nos impactó fue el famoso de mil, dos mil, tres mil…”, dijo en referencia a uno de los más conocidos registros sonoros de la causa, que pasó a la historia oral de la corrupción en España, junto a otros 'hits' como el “te quiero un huevo” de Francisco Camps en las escuchas del 'caso Gürtel'. Las grabaciones inmortalizaron “conversaciones muy graves” de la “cúpula del PP”, según afirmó Pérez Garijo.

Los audios, siempre en el punto de mira de las defensas, han sido avalados en varias sentencias anteriores del 'caso Taula', todas pendientes de recursos ante el Tribunal Supremo. Los explosivos diálogos se erigieron en la prueba clave del procedimiento. El 'yonqui del dinero' fue condenado en las piezas J (casi ocho años de cárcel) y B (cinco años) y absuelto en la D.

Benavent se sentó esta semana en el banquillo de los acusados, durante las primeras sesiones del cuarto juicio de la causa para él (el procedimiento ya lleva siete juicios en total). Todo empezó hace 12 años con la venganza de su exsuegro, que no calibró demasiado las consecuencias de sus actos y acabó, a la postre, condenado a tres años de cárcel en la pieza separada K.

“Si me atropellaba un coche, que supiera la Fiscalía que yo tenía unas grabaciones con un montón de gente del PP contando dinero”. Ese ha sido el motivo esgrimido por Rosa Pérez Garijo, la denunciante inicial del 'caso Taula', para justificar que acudiera en primer término a avisar a la Fiscalía Anticorrupción de que disponía del material sensible antes de interponer la denuncia que originó la investigación de la presunta trama.

La testigo, a quien el tribunal le ha impuesto una multa de 200 euros por no haber cumplido la citación de la víspera, ha relatado de nuevo cómo obtuvo los audios que durante años grabó subrepticiamente Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero'. Fue su exsuegro, el empresario Mariano López, quien se las entregó a la entonces diputada provincial de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV).

Pérez Garijo ha descrito a Benavent como el cargo del PP con el que mantenía previamente a obtener los audios una “relación más cordial” y que les “contaba cosas” sobre sus correligionarios. “Fue muy curioso cuando escuchamos los audios, porque nos contaba las cosas malas que hacían los del PP y lo corruptos que eran”, ha afirmado.

Tras varias conversaciones con Mariano López, el hombre acabó entregando los audios. Antes de denunciar los hechos negro sobre blanco, Rosa Pérez Garijo se reunió con el entonces fiscal anticorrupción, Vicente Torres, para informarle de que estaba analizando los explosivos audios y recabando documentación. Lo hizo con ocasión de una denuncia previa por otra presunta trama de corrupción, en un contexto de declive de un PP valenciano acosado por los escándalos.

En la pieza E que se enjuicia ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, relativa a contratos municipales de la etapa de Rita Barberá, la testigo ha relatado que obtuvieron información de expedientes de contratación mediante solicitudes de una de las ediles del grupo municipal de EUPV, Rosa Albert. El otro concejal, Amadeu Sanchis, “no nos hizo caso”, ha apostillado.

La testigo ha relatado que en EUPV eran “conscientes” de que manejaban una “bomba de relojería”. Finalmente, presentó la denuncia el 31 de julio de 2014: “Yo no quería que nadie se fuera de vacaciones sin tener eso”, ha explicado Pérez Garijo.

La exconsellera del Pacte del Botànic ha negado que manipulara las grabaciones (“a mí me viene justo grabar un audio”, ha advertido) y ha refrendado que Mariano López se topó con el explosivo material sonoro en un ordenador suyo que estaba en un chalet de su propiedad.

Pérez Garijo ha relatado que, en el marco de su investigación previa a la denuncia, a ella y a su asesor, José Manuel Sanz, les “costaba identificar” algunas de las voces, como las de “David Serra” o “María José Massip”.

Marcos Benavent y su exsuegro, el empresario Mariano López, volvieron a verse las caras en un tribunal. Esta vez, con el primero como acusado y el segundo como testigo, compareciendo por videoconferencia. El autodenominado 'yonqui del dinero' se sentaba este miércoles al lado de su abogado, el penalista Juan Carlos Navarro, en vez de en el banquillo de los acusados, que permanecía vacío en la segunda sesión del juicio por la pieza separada E del 'caso Taula', en el que la Fiscalía Anticorrupción pide para el exgerente de la empresa pública Imelsa seis años de prisión por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

“Creo que es la cuarta o quinta vez que le tomamos declaración sobre esto”, ironizó el letrado de la defensa. Mariano López consideró que el trámite era “reiterativo”. Se trata del interrogatorio de siempre: ¿por qué entregó a una diputada provincial de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) y, luego, a la Fiscalía Anticorrupción diez horas de comprometedoras grabaciones de su exyerno a políticos del PP en plena faena corrupta? La jugada incluso le costó al exsuegro sentarse en el banquillo por la pieza D, en el que fue absuelto. En otro juicio anterior, explicó que lo hizo por venganza.

Marcos Benavent y Mariano López mantienen una peculiar relación como exyerno y exsuegro, respectivamente. Se ven las caras cada vez que se celebra un juicio del 'caso Taula'. En el séptimo juicio oral de la macrocausa, celebrado ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, López describió su relación: no mantienen “ninguna” amistad, aunque tampoco enemistad. “No nos hablamos”, dijo a modo de resumen. Se vieron al principio del caso, pero no cruzaron “ni palabra”.

A preguntas del fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, el exsuegro rememoró el hallazgo de las grabaciones, almacenadas en un disco duro externo de un ordenador en un chalet de su propiedad, situado en el término municipal de Xàtiva. “El ordenador era mío”, aclaró el testigo. Sin embargo, lo usaban tanto su hija como su yerno.

El disco duro (“un armatoste grande”) empezó a fallar y decidió “sacar” el contenido a lápices de memoria (pendrives “más chiquititos”, según el fiscal).

—Ví que había unas grabaciones, sin saber lo que era, empecé a escucharlas. Por cierto, no las escuché todas en su momento, me pareció una cosa tan grave y desagradable que no las escuché todas.

Los audios inmortalizaron conversaciones del 'yonqui del dinero' sobre presuntas comisiones como las de los contratos del área de Cultura del Ayuntamiento de València durante la etapa de Rita Barberá que se enjuician en la pieza E.

Mariano López no recordaba el año en que descubrió los audios, aunque en todo caso fue después de la separación de su hija de Marcos Benavent, acaecida en 2009.

“Se lo llevaron al fiscal”

Andando el tiempo, en 2014, López se los entregó a Rosa Pérez Garijo, entonces portavoz de EUPV en la Diputación de Valencia. El hombre se acercó a Catarroja, localidad de la que es oriunda Pérez Garijo, y le habló de los audios. Como ella “dudaba”, Mariano López se llevó el lápiz de memoria y la diputada y un asesor, José Manuel Sanz, lo pincharon en un ordenador portátil para escuchar las grabaciones “parcialmente”.

El interrogatorio del fiscal, en la línea con los anteriores juicios, fue prácticamente de rutina:

—¿Qué hicieron?

—Grabaron en el ordenador portátil todo el disco duro. Yo me di cuenta. Les pregunté si lo habían copiado y me dijeron que es para ver si es algo constitutivo de delito.

—¿Qué hicieron?

—Se lo llevaron al fiscal. 

El testigo aseguró que no manipuló los audios. Las grabaciones fueron entregadas por López en mano a la Fiscalía Anticorrupción en septiembre de 2014, en un pendrive de color rojo denominado “Intenso” objeto de innumerables sesiones de juicios anteriores de la causa y de peritajes informáticos, al haberse erigido en la prueba clave del procedimiento.

El exsuegro del 'yonqui del dinero' también entregó a Anticorrupción el ordenador, aunque nunca facilitó el disco duro externo original en el que se almacenaban los audios.

Se trata de uno de los caballos de batalla de la defensa, que detecta contradicciones en las sucesivas versiones del testigo sobre el disco duro. La defensa de Benavent no se explica por qué ni Anticorrupción ni la UCO obtuvieron el dispositivo.

—Eso es un motivo de reflexión, ya me lo preguntaron en otra causa. Es muy sencillo: he llegado a la conclusión de que ya lo había tirado, fallaba hasta que dejó de funcionar.

Por su parte, la diputada que denunció inicialmente la presunta trama, no compareció este miércoles ante el tribunal, al haberse hecho un lío con la citación del juzgado. La magistrada que preside el tribunal anunció una sanción de 200 euros para la testigo ausente y requirió a la Guardia Civil para que la citaran para la siguiente vista, este jueves.

El código HASH de los audios

En la misma sesión del juicio, declaró uno de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se encargó de los audios. El entonces sargento (actualmente brigada) explicó que los investigadores del Instituto Armado hicieron una “copia” para sus pesquisas y que “no tocan el original”.

El agente de la UCO destacó que el código HASH de los audios (el código alfanumérico a modo de huella de un archivo informático) “no se puede variar”. El código de los audios ya fue objeto hace tres años de un largo careo de peritos informáticos en el juicio de la pieza separada B, relativa a los trabajadores zombis en la empresa pública de la Diputación de Valencia.

El investigador de la UCO dijo que suponía que el volcado de los audios “se haría en Madrid”, en dependencias de la Guardia Civil. “Debe de haber una cadena de custodia donde venga quién hace los traslados y quién hace los volcados”, apostilló.

Otra agente de la UCO poco pudo aportar al esclarecimiento de los hechos: su número de tarjeta de identificación profesional simplemente aparecía en un oficio sobre documentación incautada en el Ayuntamiento de València, aunque no fue ella quien hizo la “recogida” de los papeles.

La primera sesión del juicio del 'caso Taula' por la pieza separada E, el séptimo de la macrocausa y el cuarto para Marcos Benavent, conllevó la reaparición de Vicente Burgos, un veterano del PP de la quinta de Francisco Camps retirado de la política desde su ingreso en prisión en 2014 por el impago de una multa, tras haber sido liquidador de la televisión autonómica. Burgos se enfrenta a una petición de pena por parte de la Fiscalía Anticorrupción de cinco años de prisión por un presunto delito continuado de malversación. Se sienta en el banquillo de los acusados por la contratación de Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', en la Fundación Jaume II El Just, de la que Vicente Burgos era gerente. Sin embargo, el acusado ha apuntado al conseller de Cultura que firmó el contrato en 2003: Esteban González Pons, actual eurodiputado del PP y miembro de la dirección de Alberto Núñez Feijóo.

Burgos se prestó a contestar a las preguntas del fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, en la primera sesión del juicio, y se definió como “gerente sin atribuciones”. El 'yonqui del dinero' aterrizó como contratado en la fundación pública, aunque era un “eventual del gabinete” de González Pons, según dijo el acusado. Benavent cobró de la Jaume II El Just un total de 164.676 euros, según Anticorrupción.

Los tres sucesivos consellers de Cultura (Alejandro Font de Mora y Trinidad Miró, además de González Pons) ostentaban la condición “indubitada” de presidentes de la fundación, según recordó el acusado.

El cargo de Marcos Benavent como director de actos institucionales de la fundación no fue una “designación” sino una “etiqueta”, explicó Vicente Burgos, en una declaración repleta de larguísimas explicaciones, en algunos casos enrevesadas y poco comprensibles. Hasta el punto de que la presidenta del tribunal, de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, le pidió en varias ocasiones concreción. El acusado se fue sistemáticamente por las ramas.

Burgos se escudó en que se trataba de una “entidad de derecho privado”. Ante la sorpresa del fiscal —la fundación se nutría de un presupuesto público— el acusado alegó que se financiaba con “patrocinios, esponsorizaciones y créditos bancarios, de los cuales ninguno fue avalado por la Generalidad [sic]”.

El exgerente de la Fundación Jaume II El Just dijo que el proyecto de repatriar desde Madrid el claustro alto del Palacio del Abad al Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, era un “objetivo” prioritario del Consell presidido por Francisco Camps, que pretendía convertir el monasterio de Simat de la Valldigna en una suerte de centro espiritual para los valencianos. El vestigio permanecía fuera del territorio valenciano desde la desamortización de Mendizábal, explicó Burgos.

Para recuperarlo, el conseller González Pons situó a Marcos Benavent en la fundación como “enlace”, aunque Vicente Burgos reconoció que el 'yonqui del dinero' no tenía ni mesa ni silla en las instalaciones de la entidad pública. “Había una motivación política y de objetivos por parte de la propia conselleria”, manifestó.

—¿Hizo algo Marcos Benavent en la fundación?

—Por ejemplo, venir conmigo a hacer sendas visitas en viajes al Ayuntamiento de Torrelodones en Madrid, a tramitar todo lo que era el expediente de la licencia de obra de desmontaje y traslado. El señor conseller tenía mucho interés, es público y notorio, lo anunciaba el propio presidente de la Generalitat.

El “momento procesal oportuno” para desdecirse

Vicente Burgos afirmó en la fase de instrucción del 'caso Taula' que Marcos Benavent no iba a trabajar a la fundación. En el juicio, por el contrario, sostuvo que se le “perseguía por otro tipo de cosas”, en referencia a las presuntas mordidas que también son objeto del juicio. “Dije lo que dije como argumento de defensa”, explicó en el juicio oral, el “momento procesal oportuno” para sus matizaciones.

El acusado respondió a las preguntas, tanto del fiscal como de los abogados, con larguísimas peroratas que la presidenta del tribunal trató de frenar, sin demasiado éxito. Al sufrir problemas de oído, se excusó por su alto tono de voz, amplificado además por el micrófono de la sala.

Hacia el final de la declaración, Burgos estalló. “Se me señalaba como instigador del cobro de mordidas y no salgo en ninguna declaración o grabación. Todo lo que se dice de mí es por terceros”, argumentó subiendo aún más el tono.

La instrucción del 'caso Taula', que arrancó hace más de una década, “ha causado mucho dolor”, exclamó el acusado. “Mi hijo se queda huérfano porque su madre se suicida en esta causa”, dijo en referencia a la muerte de su exmujer, la exconcejal popular en el Ayuntamiento de València, María José Alcón, que fue investigada en el procedimiento por el presunto cobro de mordidas de contratos municipales, presuntamente repartidas con el 'yonqui del dinero'.

El tribunal: “Cálmese y no pierda la compostura”

“Ya está bien, tengo 61 años, tenía 38 en aquel momento”, apostilló en referencia a la época de los hechos enjuiciados. Ante los gritos y los gestos de Vicente Burgos, que incluso lanzó algún papel a la mesa en la que se apoyaba, la presidenta del tribunal le imploró: “Cálmese, por favor, y no pierda la compostura”.

La misma magistrada formuló al acusado un par de preguntas finales: quién llevaba en la fundación la contratación de personal (la presidenta ejecutiva, respondió Burgos) y quién daba las órdenes para ejecutar los contratos (el acusado no tenía “ni firma”, según alegó). “La única firma solidaria que tenía la fundación era la del señor conseller”, apostilló.

A Burgos, en definitiva, le “daba igual contrato de alta dirección, de baja dirección o de indirrección [sic]”. Él fue destinado a la fundación “a servir a la Generalitat” y para, con sus “idóneas” capacidades, “cumplir un objetivo que no se había cumplido en los últimos cien años”.

Ya más tranquilo, Burgos cerró su llamativa declaración aludiendo a sus problemas de oído: “Disculpen si el tono en algún momento no ha sido el adecuado, sobre todo mi volumen de voz, estoy bastante sordo y eso hace que alce la voz casi que sin darme cuenta”. La magistrada respondió que el tribunal se hacía “cargo de la tensión” que sufría el acusado.

La defensa de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', ha vuelto a cuestionar los registros del 'caso Taula', acaecidos hace una década exacta, en el cuarto juicio de la macrocausa en el que se sienta en el banquillo de los acusados, correspondiente a la pieza separada E, sobre las presuntas mordidas repartidas en el marco de contratos municipales de la etapa de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València. Se trata del cuarto juicio para Benavent, esta vez ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, tras su condena en las piezas J (casi ocho años de cárcel) y B (cinco años) y su absolución en la D.

Benavent, antes de la vista, ha asegurado que sí que trabajaba en la Fundación Jaume II El Just, cuyo contrato cuestiona la acusación pública.

El 'yonqui del dinero' ha asegurado a la entrada de la Ciudad de la Justicia: “Yo no soy trabajador zombi, los zombis son otros”. “Claro que trabajaba”, ha agregado.

Por su parte, el gerente de la fundación pública, Vicente Burgos, también acusado en la causa, también antes de la vista, se ha declarado inocente y ha asegurado que Benavent “sí que trabajaba”, aunque era una época “del fax”, en la que “no había redes sociales” y se usaba el Nokia: “No nos hacíamos seflies”, ha rememorado.

Ya en la sala, el abogado de la defensa de Marcos Benavent, el penalista Juan Carlos Navarro, ha recordado que las sentencias dictadas en el seno del 'caso Taula' están pendientes de sendos recursos ante el Tribunal Supremo. Cada pieza separada de una macrocausa se erige en un “proceso autónomo”, tal como establece la jurisprudencia del alto tribunal.

La defensa ha solicitado la nulidad del auto del 25 de enero de 2016 del Juzgado de Instrucción número 18 de València, que autorizó los registros policiales del día siguiente. La primera vista del juicio se celebra una década exacta después del despliegue por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “Entendemos que no está suficientemente motivado”, ha afirmado el letrado.

También ha cuestionado la prueba volcada de los ordenadores intervenidos, así como los audios secretos que grabó Marcos Benavent y que su exsuegro, el empresario Mariano López, entregó a Rosa Pérez Garijo, entonces diputada provincial de Esquerra Unida.

La causa se centra en la contratación del 'yonqui del dinero' en la Fundación Jaume II El Just, de la cual Vicente Burgos (también acusado) era gerente, sin que asistiera a su puesto de trabajo, según la tesis de Anticorrupción, representada por el fiscal Fernando Maldonado.

Además, también se enjuician presuntas comisiones en el marco de contratos del área de Cultura del Ayuntamiento de València, encabezada por la concejal María José Alcón (fallecida).

El fiscal anticorrupción, tal como informó elDiario.es, solicita seis años de prisión para Benavent por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. A Burgos le pide cinco años de prisión por un presunto delito continuado de malversación.

En el banquillo se sientan también los empresarios Carlos Vicent Gil, Carlos Turró y Enrique Aleixandre, para quienes el Ministerio Público solicita una pena de tres años de prisión por un presunto delito de cohecho.

Audios “válidos”, según Anticorrupción

El fiscal Maldonado ha manifestado que los audios son “válidos” y ha recordado que el autor de las grabaciones, el acusado Marcos Benavent, “dio fe” de su contenido en la primera fase de la causa, cuando colaboraba con la investigación del 'caso Taula'.

Anticorrupción considera que Burgos tenía “perfecto conocimiento” de que Benavent “no trabajaba en la entidad” pública de la que era gerente y que, por o tanto, “estaba cobrando sin estar trabajando”. El 'yonqui del dinero' reconoció durante la fase de instrucción que trabajaba para el PP, pese a estar contratado en la Fundación Jaume II El Just.

También ha recordado el representante del Ministerio Fiscal que la Audiencia Provincial de Valencia avaló la instrucción. “Donde hay patrón, no manda marinero”, ha dicho Fernando Maldonado.

El abogado de Carlos Turró ha pedido que se le dispense de la asistencia a todas las vistas del juicio dada su “situación anímica bastante complicada”.

El abogado que representa a la acusación que ejerce el Ayuntamiento de València ha pedido la renuncia al testigo Pedro Aracil, exasesor del PP.

La defensa de Vicente Burgos apunta a González Pons

Por su parte, la defensa del acusado Vicente Burgos ha asegurado que los delitos que se le imputan habrían prescrito.

El abogado también ha recordado que el cuestionado contrato de Marcos Benavent en la Fundación Jaume II El Just fue firmado por el entonces conseller Esteban González Pons, actual eurodiputado del PP.