Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', ha afirmado que declaró, al inicio de la investigación del 'caso Taula', ante la Unidad Central Operativa (UCO) “muy fumado” y, “muchas veces, perjudicado”. El acusado ha aludido específicamente al consumo de marihuana.

Su intención, en su primera etapa de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, era “perjudicar al PP”, según ha afirmado. Por otro lado, también ha asegurado que fue contratado en la Fundación Jaume II El Just por el entonces conseller de Cultura, Esteban González Pons, actualmente eurodiputado y dirigente del PP de Alberto Núñez Feijóo.

El 'yonqui del dinero' ha negado que obtuviera comisiones del empresario Carlos Turró, antiguo presidente del Consejo de Administración de la constructora Cleop. Igualmente, ha negado comisiones del empresario Enrique Aleixandre o de la mercantil EMR para repartírselo con la entonces concejal de Cultura, María José Alcón (fallecida).

Se trata del cuarto juicio para el 'yonqui del dinero', esta vez por la pieza separada E del 'caso Taula', relativa a las presuntas mordidas en contratos municipales del Ayuntamiento de València en la etapa de Rita Barberá, en el que la Fiscalía Anticorrupción pide para el exgerente de la empresa pública Imelsa seis años de prisión por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Marcos Benavent ha declarado que María José Alcón, entonces esposa de Vicente Burgos (también acusado), “no estaba en buena situación psíquica y emocional” y, además, “la situación familiar y marital no era muy buena”. Burgos, según el 'yonqui del dinero', le pidió que controlara a Alcón.

Benavent: “Yo contaba muchas mentiras”

El acusado también ha afirmado: “Yo contaba muchas mentiras, manipulaba muchas grabaciones por intereses personales, muchas cosas no quería que se supiera”. Se trata de la prueba clave de la causa (avalada por anteriores sentencias condenatorias del 'caso Taula'), que entregaron a la Fiscalía Anticorrupción en 2014 la entonces diputada provincial de Esquerra Unida del País Valencià, Rosa Pérez Garijo, y el exsuegro del 'yonqui del dinero', el empresario Mariano López.

Benavent ha manifestado que “usaba bastante” el programa Audacity —“de fácil manejo”— para “cortar y pegar” los audios. “Había cosas que no tenían sentido y otras no me interesaba que estuvieran allí”, ha apostillado.

Ante las evidentes contradicciones respecto a sus afirmaciones al inicio de la instrucción, el fiscal Fernando Maldonado ha pedido que se reproduzcan en la sala las declaraciones ante la UCO.

El tribunal ha considerado que “no procede” la reproducción de las declaraciones.

Antonio Montiel, exportavoz de Podemos en las Corts Valencianes, ha ejercido este miércoles de perito en el juicio de la pieza separada E del 'caso Taula', contratado por la defensa del constructor Carlos Turró, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide tres años de prisión por un presunto delito de cohecho.

Montiel ha avalado el expediente de contratación de las obras de limpieza de las Torres de Quart, adjudicado a la empresa Cleop durante el mandato de Rita Barberá al frente del Ayuntamiento de València.

El otro perito que declaraba en esta sesión del juicio ha cuestionado los modificados del expediente de contratación.

Antonio Montiel fue secretario general de Podemos en el País Valenciano entre 2015 y 2017, durante los primeros años del Gobierno del Pacte del Botànic, cuando la formación morada mantenía un apoyo externo al Ejecutivo autonómico de Ximo Puig.

Tras su dimisión volvió a su puesto de secretario del Ayuntamiento de Albal y a las clases en la Universitat de València.

En la vista de este martes del juicio de la pieza separada E del 'caso Taula', relativo a las presuntas mordidas en contratos municipales de la etapa de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València, se escucharon una decena de audios seleccionados por el fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado. Se trata de las grabaciones que registró subrepticiamente Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', con algunos de sus correligionarios del PP y que retratan la esencia de toda una época de hegemonía de los populares en las principales instituciones valencianas y su traducción en ciertas adjudicaciones públicas. En las grabaciones, reproducidas en la sala ante las miradas neutras de los abogados de las defensas, el 'yonqui del dinero' resume a su interlocutora, la concejal de Cultura María José Alcón (fallecida), sus trapicheos en el cobro de presuntas comisiones a la constructora Cleop, que obtuvo uno de los contratos bajo sospecha. “En concreto, Cleop ha ayudado mucho al partido”, afirma Benavent en una de las grabaciones.

No fue la única a la que pasaron el cazo, según se desprende de los audios. A otra de las mercantiles (Thematica Events), el 'yonqui del dinero' la catalogaba ante Alcón como una “empresa vinculada al PP”. “Acaban de hacer un bolo en Madrid con Ana Botella que te cagas”, le recuerda a la edil, exmujer de Vicente Burgos, un antiguo alto cargo del PP que también se sienta en el banquillo de los acusados.

Los diálogos retratan los procesos de adjudicación entre bambalinas, según expresaba Benavent: “Vas a tener movida política porque vas a adjudicar a una empresa que está vinculada al PP, te van a pegar fijo”. O: “El argumento de peso es que ha llamado la jefa y tiene que ser para Quique, ese es el argumento”, afirmaba el 'yonqui del dinero' en uno de los audios, presuntamente en referencia a la entonces alcaldesa Rita Barberá y a su sobrino.

En las grabaciones, Alcón informaba a Benavent de datos sobre la mesa de adjudicación días antes de que se hicieran públicos, para que fuese tratando con los empresarios con los que planeaban el presunto cobro de comisiones.

9.000 euros para “dos regalitos en Navidad y cuatro fiestas”

El audio más famoso resulta el más delicado para la defensa de Marcos Benavent:

—M. Benavent: Bueno, aquí te traigo...

—M. J. Alcón: Oye, estos reyes magos han (no se entiende).

—M. Benavent: Mira, no me hables. Llevo siete meses detrás. No me han dado lo que yo quería. Aquí sólo hay un dos por cien, 9.000 euros, millón y medio. No sé si te parecerá poco o bastante.

—M. J. Alcón: (no se entiende).

—M. Benavent: De los 500.000, hay que descontar el lVA y luego los problemas que han tenido (no se entiende) venta de la empresa, lo que han hecho que no han tenido que hacer. Alguien les dijo, “oye, Marcos en su momento hizo el esfuerzo”. Yo, mira no podemos más y...

—M. J. Alcón: (no se entiende).

—M. Benavent: 9.000 euros.

—M. J. Alcón: Ah, 9.000 euros.

—M. Benavent: Un millón y medio, eh.

—M. J. Alcón: 9.000 euros que es ...

—M. Benavent: Un millón y medio de pesetas. Para por lo menos comprarte ...

—M. J. Alcón: Nos daremos una ...

—M. Benavent: ...dos regalitos en Navidad y cuatro fiestas.

“Los IVAs y los putas madres”

En otro de los diálogos, María José Alcón expresa sus lamentos por las bajas mordidas que obtuvo la pareja.

—M. Benavent: De un millón doscientos, hay que quitarle, el lVA y se queda un millón y al hacer un 20%, solo nos pueden dar un dos. 20.000 euros. Yo te he dejado ahí 10.000. He dejado 5.000 para el Partido. Porque Alfonso viene así y yo me he quedado 5.000. 10.000 tienes ahí.

—M. J. Alcón: Bueno.

—M. Benavent: No se puede más. Por eso te he preguntado si has reformado.

—M. J. Alcón: Podrías haber ... entre que los IVAs y los putas madres...

—M. Benavent: El IVA son 200.000 euros. Ten en cuenta que es de un millón de euros... pues de un millón doscientos. Quítale 200. De un millón, lo que quede, que es el dos. No pueden más. Ellos me han dicho que si hubiera reformado, si que pueden aumentar los porcentajes. Ahora eso sí. A los tres días de estar adjudicado, el dinero por medio. Y eso siempre es bueno.

El “clonado” de los audios por la UCO

En la misma sesión del juicio declararon dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elaboraron varios informes relativos a la pieza separada E del 'caso Taula'.

Ambos detallaron, por enésima vez (al tratarse del séptimo juicio de la macrocausa), la “secuencia” de la entrega del lápiz de memoria y del ordenador que previamente había obtenido la Fiscalía Anticorrupción de manos del exsuegro del 'yonqui del dinero', el empresario Mariano López, y de la diputada provincial de Esquerra Unida del País Valencià, Rosa Pérez Garijo.

Precintaron el material informático y lo llevaron a las instalaciones de la UCO de la Guardia Civil en Madrid para custodiarlo. Los investigadores copiaron los dispositivos e iniciaron sus pesquisas “sobre el clonado resultante”, según explicaron.

Posteriormente, cuando las diligencias recayeron en el Juzgado de Instrucción número 18 de València tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, entregaron allí las bolsas de precinto.

Tres días de declaración de Benavent ante la UCO

Los dos agentes de la UCO destacaron, a preguntas del fiscal anticorrupción, que el código HASH de los audios (el código alfanumérico a modo de huella de un archivo informático) demuestra que “sobre lo que se está trabajando es copia del original”.

La transcripción de los audios, algunos con conversaciones en valenciano, completaron las pesquisas de la UCO, aderezadas con los expedientes de contratación a los que se refieren en las grabaciones Benavent y Alcón. También con fuentes abiertas como las bases de datos del Registro Mercantil.

Además, los agentes del Instituto Armado contaban con la ayuda del 'yonqui del dinero', quien durante la primera fase de colaboración con la justicia, aportó datos relevantes sobre la presunta trama. Los agentes de la UCO indicaron que Benavent ni fue presionado ni se quejó durante sus primeras declaraciones policiales. Se le tomaron “largas” declaraciones “en cinco ocasiones, en tres días”.

Al convertirse en una macrocausa, constan más de una quincena de informes de la UCO en el sumario del 'caso Taula'. Uno de los dos agentes explicó la “línea de actuación clara” que se desprende de los audios: el objeto de las conversaciones se materializaba en los expedientes de contratación, con las empresas a las que aludían como adjudicatarias de los contratos municipales.

Registro en Cleop de “12 horas”

El letrado de Carlos Turró, expresidente del consejo de administración de la constructora Cleop, interrogó a los investigadores sobre la ingente documentación que intervinieron en la sede de la empresa. “De Cleop se llevaron muchísima documentación de todos los años, toda la contabilidad, me acuerdo porque me llamaron y estuve allí presente, estuve 12 horas…”, rememoró el abogado de la defensa.

El agente de la UCO que hizo de instructor del informe explicó que Cleop “no solo aparecía” en la pieza separada E del 'caso Taula', también en “otros contratos”. “Ese registro se ejecuta con esa intención, afectaba a la totalidad de la causa, que se llevaba como un todo”, afirmó el guardia civil.

Para el tratamiento de la documentación, “se utilizan herramientas que facilitan ese análisis” y “si existe algo que se ve de interés, pues se consigna”. “Todo lo que se recaba se pone a disposición del equipo de trabajo”, agregó el agente de la UCO. 

El jurado ha declarado culpable a Miguel Tomás V. N. de la muerte del canónigo de la Catedral de València, Alfonso López Benito, de 79 años. Por otro lado, el jurado también lo ha declarado culpable de los delitos de robo con violencia y estafa.

Por mayoría de siete a dos de sus componentes, el jurado ha establecido que Miguel Tomás es culpable del hecho delictivo de la muerte del canónigo, “de acuerdo con otra persona” que no ha sido identificada.

El jurado también concluye que hubo un “plan preestablecido” entre ambos para dirigirse al domicilio de la víctima la noche del 21 de enero de 2024 y “apoderarse” del dinero del religioso.

También sostienen que se produjo una “muerte por asfixia”, que “no fue accidental”, y sitúan al acusado en la zona de la vivienda del canónigo, tal como estableció la investigación con el posicionamiento de los teléfonos móviles.

Alfonso López Benito, “debido a su edad, no tenía posibilidades” de defenderse. Además, Miguel Tomás V. N. “conocía su condición física así como su avanzada edad”.

Y, por unanimidad, el jurado considera que se apoderaron de la tarjeta bancaria y la del Corte Inglés del canónigo, así como de su móvil, para “obtener beneficio económico”.

Los miembros del jurado han pedido que no se proponga un indulto por parte del Gobierno y que no se le reconozcan posibles beneficios penitenciarios.

Por su parte, el fiscal Antonio Gastaldi ha solicitado 20 años de prisión y cinco de libertad vigilada por el delito de asesinato; cinco años por el delito de robo con violencia, y tres años por el de estafa continuada.

Por su parte, la defensa del acusado, que ejerce Jorge Carbó, ha pedido que se dicte una “pena moderada dentro del margen que la ley permite”.

Tras la lectura del veredicto, Miguel Tomás ha sido engrilletado por dos agentes de la Policía Nacional y conducido a la prisión de Picassent.

El acusado, de nacionalidad peruana y sin antecedentes penales, se declaró inocente del delito de asesinato en su declaración en la vista oral del pasado 30 de enero, aunque reconoció el robo del teléfono móvil, el DNI y las tarjetas del religioso. La Policía Científica no halló restos de ADN ni huellas del único acusado en la vivienda del canónigo.

El fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, ha seleccionado una hora de las 12 que componen en total la fonoteca de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', para reproducirla en la fase de práctica de la prueba del juicio de la pieza separada E del 'caso Taula', relativo a las supuestas mordidas en contratos municipales de la etapa de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València.

El representante del Ministerio Público ha minutado los audios que inmortalizaron el reparto de presuntas comisiones entre Benavent y la concejal de Cultura, María José Alcón (fallecida), exmujer de otro antiguo alto cargo del PP que se sienta en el banquillo de los acusados, Vicente Burgos.

Se trata de las grabaciones que el 'yonqui del dinero' registró en secreto durante años y que fueron entregadas por la exdiputada provincial de Esquerra Unida del País Valencià, Rosa Pérez Garijo, y por el exsuegro de Marcos Benavent, el empresario Mariano López, a la Fiscalía Anticorrupción, a partir de las cuales nació la investigación de la trama del 'caso Taula'.

El tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha reservado los ratos libres de alguna de las sesiones de esta semana para la reproducción de los audios.

Por otro lado, el concejal de contratación, Félix Crespo, declaró este lunes a petición de la defensa del empresario Carlos Turró, que se sienta en el banquillo de los acusados. Crespo sostuvo que conoció la figura de Marcos Benavent el día que reapareció ante los medios al estallar el 'caso Taula', rebautizado como el 'yonqui del dinero' y con melena estilo espiritualista.

El testigo se presentó, a preguntas del fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, como un profesor de la Facultad de Derecho de la Universitat de València, con un “perfil jurídico”, al que se le “pidió que participara en el proyecto [del PP] un tiempo concreto”, entre 2003 y 2019 (la última legislatura, en la oposición).

“Rotundamente le digo que no”

Crespo hizo “poca vida de partido”, según afirmó. También explicó que los componentes de una mesa de contratación “vienen determinados por ley” y afirmó que nadie le comunicó ninguna irregularidad ni favoritismo por parte de Alcón hacia una empresa en concreto: “Sería del género absurdo que intentara intervenir, el concejal se convierte en un testigo mudo”.

El testigo —que estuvo imputado en la pieza separada A del 'caso Taula' (relativa al presunto pitufeo en la campaña electoral del PP en 2015) hasta el polémico sobreseimiento dictado por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia— dijo que “técnicamente” son los funcionarios los que valoran las ofertas.

Preguntado sobre si hubo “quejas” o “presiones para beneficiar a alguna empresa”, Félix Crespo contestó: “Rotundamente le digo que no, de haber sido así lo hubiera puesto en conocimiento de la mesa de contratación”.

Por otro lado, el testigo detalló que el contrato de las Torres de Quart estaba vinculado a un bien de especial protección: “Esa actuación es de lo más temido en las obras, porque se sabe que conlleva una demora de tiempo”.

Un directivo dice que Turró “jamás” intervenía en una licitación

Alejandro D. A., ingeniero de caminos y directivo de la constructora Cleop, de la que el acusado Carlos Turró fue presidente del consejo de administración, declaró que la adjudicación de aquel contrato siguió “cauces normales” y que se trata de contratos con una “componente técnica muy importante” que cuentan con las aportaciones de “empresas especialistas”, en este caso en restauración del patrimonio.

El testigo afirmó que Turró “coordinaba el día a día de la empresa”, aunque “nunca jamás” intervenía en una licitación pública. La constructora manejaba en aquella época un volumen de negocio de entre 90 y 95 millones de euros anuales.

El directivo de Cleop dijo que “nunca jamás” conoció a Marcos Benavent ni lo vio en la sede de la empresa. Tampoco recordaba que la edil María José Alcón pasara de visita por las obras, aunque no lo descartaba al ser común la presencia de políticos municipales: “En estos momentos, estamos restaurando el Mercado de Abastos y vino la alcaldesa”, explicó en referencia a María José Catalá.

En el séptimo juicio oral del 'caso Taula' la denunciante inicial, la entonces diputada provincial de Esquerra Unida del País Valencià, Rosa Pérez Garijo, volvió a relatar, durante la tercera vista de este jueves, las peripecias del inicio de la investigación de la presunta trama—allá por 2014— y, singularmente, cómo llegaron a sus manos las más de diez horas de comprometedores audios que Marcos Benavent grabó subrepticiamente a sus compañeros del PP durante años. La testigo refrendó que un intermediario le hizo llegar el mensaje de que una garganta profunda quería ventilar material sensible sobre los presuntos tejemanejes del PP en la Diputación de Valencia. Se trataba de Agustí Cerdà, exsecretario general de Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), formación creada a modo de filial de ERC al sur de Catalunya que nunca llegó a despegar. Cerdà “tenía balas, pero no tenía pistola”, relató Pérez Garijo, con cierto tono de western, ante el tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia que enjuicia la pieza separada E del 'caso Taula', relativa a los contratos municipales del área de cultura en la etapa de Rita Barberá.

El dirigente de ERPV, a quien la testigo conocía del “ámbito de la izquierda” valenciana (habían formado parte, aunque en épocas distintas, del sindicato estudiantil Bloc d'Estudiants Agermanats), le llamó para decirle que un “empresario modélico” tenía material potente sobre la corrupción del PP provincial.

Rosa Pérez Garijo denunciaba numerosas irregularidades en el seno de la Diputación de Valencia y acabó quedando con un tal Mariano López en el bar Kiosko del barrio del Carmen, a tiro de piedra de la Lonja y del Mercado Central y conocido en aquel momento por sus notables bocadillos de calamares. Para su labor en la oposición, en algunos casos, los soplos y las pistas venían de un gerente de la empresa pública de la Diputación (Imelsa) llamado Marcos Benavent, un tipo simpático y crítico con sus propios correligionarios del PP al que consideraba como “el más honrado” entre los populares.

Su interlocutor empezó a contarle “corruptelas”, según rememoró la testigo, que en esa primera toma de contacto desconocía que Mariano López era el exsuegro de Benavent: “Tardé un tiempo en saberlo”. El empresario decía que “tenía pruebas muy graves” y ella dudaba porque, de vez en cuando, le susurraban al oído denunciantes de supuestas tramas corruptelas sin aportar datos fiables: “La gente te cuenta tantas cosas...”.

Pérez Garijo animó a Mariano López a enseñar sus cartas de una vez. En otra quedada posterior, esta vez en la sede de EUPV en Catarroja (localidad de la comarca de l'Horta Sud de la que es oriunda la testigo), el informador le “pasó” los archivos. “Había que escucharlos mucho e intentar hilar lo que se decía en los audios con la realidad”, explicó.

La entonces diputada provincial tuvo que averiguar a qué presunta mordida se refería cada diálogo grabado en secreto por el 'yonqui del dinero'. Los presuntos trapicheos en el Ayuntamiento de València grabados con la fallecida edil María José Alcón fueron documentados con los expedientes de contratación municipal.

Mientras Rosa Pérez Garijo y su asesor, Josema Sanz, ataban el material de que disponían, se pusieron en contacto con el entonces fiscal anticorrupción, Vicente Torres, para avisarle de la que se avecinaba.

La testigo era “consciente” de que tenía entre manos una “bomba de relojería”. Se dirigió al fiscal antes de interponer la denuncia negro sobre blanco por un “motivo de seguridad”, según dijo. “Si me atropellaba un coche, que supiera la Fiscalía que yo tenía unas grabaciones con un montón de gente del PP contando dinero”, apostilló, con cierto tono de thriller cinematográfico.

“Conversaciones muy graves” de la “cúpula del PP”

Pérez Garijo confirmó que los audios estaban almacenados en un ordenador propiedad de Mariano López. En algunos de los audios aparecían personajes muy conocidos en la época, como el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y otros de segunda fila del PP. “Había voces que nos costaba identificar”, manifestó la testigo, en referencia a “David Serra” o “María José Massip”. “Había gente que conocíamos menos”, apostilló.

“El que más nos impactó fue el famoso de mil, dos mil, tres mil…”, dijo en referencia a uno de los más conocidos registros sonoros de la causa, que pasó a la historia oral de la corrupción en España, junto a otros 'hits' como el “te quiero un huevo” de Francisco Camps en las escuchas del 'caso Gürtel'. Las grabaciones inmortalizaron “conversaciones muy graves” de la “cúpula del PP”, según afirmó Pérez Garijo.

Los audios, siempre en el punto de mira de las defensas, han sido avalados en varias sentencias anteriores del 'caso Taula', todas pendientes de recursos ante el Tribunal Supremo. Los explosivos diálogos se erigieron en la prueba clave del procedimiento. El 'yonqui del dinero' fue condenado en las piezas J (casi ocho años de cárcel) y B (cinco años) y absuelto en la D.

Benavent se sentó esta semana en el banquillo de los acusados, durante las primeras sesiones del cuarto juicio de la causa para él (el procedimiento ya lleva siete juicios en total). Todo empezó hace 12 años con la venganza de su exsuegro, que no calibró demasiado las consecuencias de sus actos y acabó, a la postre, condenado a tres años de cárcel en la pieza separada K.

“Si me atropellaba un coche, que supiera la Fiscalía que yo tenía unas grabaciones con un montón de gente del PP contando dinero”. Ese ha sido el motivo esgrimido por Rosa Pérez Garijo, la denunciante inicial del 'caso Taula', para justificar que acudiera en primer término a avisar a la Fiscalía Anticorrupción de que disponía del material sensible antes de interponer la denuncia que originó la investigación de la presunta trama.

La testigo, a quien el tribunal le ha impuesto una multa de 200 euros por no haber cumplido la citación de la víspera, ha relatado de nuevo cómo obtuvo los audios que durante años grabó subrepticiamente Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero'. Fue su exsuegro, el empresario Mariano López, quien se las entregó a la entonces diputada provincial de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV).

Pérez Garijo ha descrito a Benavent como el cargo del PP con el que mantenía previamente a obtener los audios una “relación más cordial” y que les “contaba cosas” sobre sus correligionarios. “Fue muy curioso cuando escuchamos los audios, porque nos contaba las cosas malas que hacían los del PP y lo corruptos que eran”, ha afirmado.

Tras varias conversaciones con Mariano López, el hombre acabó entregando los audios. Antes de denunciar los hechos negro sobre blanco, Rosa Pérez Garijo se reunió con el entonces fiscal anticorrupción, Vicente Torres, para informarle de que estaba analizando los explosivos audios y recabando documentación. Lo hizo con ocasión de una denuncia previa por otra presunta trama de corrupción, en un contexto de declive de un PP valenciano acosado por los escándalos.

En la pieza E que se enjuicia ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, relativa a contratos municipales de la etapa de Rita Barberá, la testigo ha relatado que obtuvieron información de expedientes de contratación mediante solicitudes de una de las ediles del grupo municipal de EUPV, Rosa Albert. El otro concejal, Amadeu Sanchis, “no nos hizo caso”, ha apostillado.

La testigo ha relatado que en EUPV eran “conscientes” de que manejaban una “bomba de relojería”. Finalmente, presentó la denuncia el 31 de julio de 2014: “Yo no quería que nadie se fuera de vacaciones sin tener eso”, ha explicado Pérez Garijo.

La exconsellera del Pacte del Botànic ha negado que manipulara las grabaciones (“a mí me viene justo grabar un audio”, ha advertido) y ha refrendado que Mariano López se topó con el explosivo material sonoro en un ordenador suyo que estaba en un chalet de su propiedad.

Pérez Garijo ha relatado que, en el marco de su investigación previa a la denuncia, a ella y a su asesor, José Manuel Sanz, les “costaba identificar” algunas de las voces, como las de “David Serra” o “María José Massip”.

Marcos Benavent y su exsuegro, el empresario Mariano López, volvieron a verse las caras en un tribunal. Esta vez, con el primero como acusado y el segundo como testigo, compareciendo por videoconferencia. El autodenominado 'yonqui del dinero' se sentaba este miércoles al lado de su abogado, el penalista Juan Carlos Navarro, en vez de en el banquillo de los acusados, que permanecía vacío en la segunda sesión del juicio por la pieza separada E del 'caso Taula', en el que la Fiscalía Anticorrupción pide para el exgerente de la empresa pública Imelsa seis años de prisión por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

“Creo que es la cuarta o quinta vez que le tomamos declaración sobre esto”, ironizó el letrado de la defensa. Mariano López consideró que el trámite era “reiterativo”. Se trata del interrogatorio de siempre: ¿por qué entregó a una diputada provincial de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) y, luego, a la Fiscalía Anticorrupción diez horas de comprometedoras grabaciones de su exyerno a políticos del PP en plena faena corrupta? La jugada incluso le costó al exsuegro sentarse en el banquillo por la pieza D, en el que fue absuelto. En otro juicio anterior, explicó que lo hizo por venganza.

Marcos Benavent y Mariano López mantienen una peculiar relación como exyerno y exsuegro, respectivamente. Se ven las caras cada vez que se celebra un juicio del 'caso Taula'. En el séptimo juicio oral de la macrocausa, celebrado ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, López describió su relación: no mantienen “ninguna” amistad, aunque tampoco enemistad. “No nos hablamos”, dijo a modo de resumen. Se vieron al principio del caso, pero no cruzaron “ni palabra”.

A preguntas del fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, el exsuegro rememoró el hallazgo de las grabaciones, almacenadas en un disco duro externo de un ordenador en un chalet de su propiedad, situado en el término municipal de Xàtiva. “El ordenador era mío”, aclaró el testigo. Sin embargo, lo usaban tanto su hija como su yerno.

El disco duro (“un armatoste grande”) empezó a fallar y decidió “sacar” el contenido a lápices de memoria (pendrives “más chiquititos”, según el fiscal).

—Ví que había unas grabaciones, sin saber lo que era, empecé a escucharlas. Por cierto, no las escuché todas en su momento, me pareció una cosa tan grave y desagradable que no las escuché todas.

Los audios inmortalizaron conversaciones del 'yonqui del dinero' sobre presuntas comisiones como las de los contratos del área de Cultura del Ayuntamiento de València durante la etapa de Rita Barberá que se enjuician en la pieza E.

Mariano López no recordaba el año en que descubrió los audios, aunque en todo caso fue después de la separación de su hija de Marcos Benavent, acaecida en 2009.

“Se lo llevaron al fiscal”

Andando el tiempo, en 2014, López se los entregó a Rosa Pérez Garijo, entonces portavoz de EUPV en la Diputación de Valencia. El hombre se acercó a Catarroja, localidad de la que es oriunda Pérez Garijo, y le habló de los audios. Como ella “dudaba”, Mariano López se llevó el lápiz de memoria y la diputada y un asesor, José Manuel Sanz, lo pincharon en un ordenador portátil para escuchar las grabaciones “parcialmente”.

El interrogatorio del fiscal, en la línea con los anteriores juicios, fue prácticamente de rutina:

—¿Qué hicieron?

—Grabaron en el ordenador portátil todo el disco duro. Yo me di cuenta. Les pregunté si lo habían copiado y me dijeron que es para ver si es algo constitutivo de delito.

—¿Qué hicieron?

—Se lo llevaron al fiscal. 

El testigo aseguró que no manipuló los audios. Las grabaciones fueron entregadas por López en mano a la Fiscalía Anticorrupción en septiembre de 2014, en un pendrive de color rojo denominado “Intenso” objeto de innumerables sesiones de juicios anteriores de la causa y de peritajes informáticos, al haberse erigido en la prueba clave del procedimiento.

El exsuegro del 'yonqui del dinero' también entregó a Anticorrupción el ordenador, aunque nunca facilitó el disco duro externo original en el que se almacenaban los audios.

Se trata de uno de los caballos de batalla de la defensa, que detecta contradicciones en las sucesivas versiones del testigo sobre el disco duro. La defensa de Benavent no se explica por qué ni Anticorrupción ni la UCO obtuvieron el dispositivo.

—Eso es un motivo de reflexión, ya me lo preguntaron en otra causa. Es muy sencillo: he llegado a la conclusión de que ya lo había tirado, fallaba hasta que dejó de funcionar.

Por su parte, la diputada que denunció inicialmente la presunta trama, no compareció este miércoles ante el tribunal, al haberse hecho un lío con la citación del juzgado. La magistrada que preside el tribunal anunció una sanción de 200 euros para la testigo ausente y requirió a la Guardia Civil para que la citaran para la siguiente vista, este jueves.

El código HASH de los audios

En la misma sesión del juicio, declaró uno de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se encargó de los audios. El entonces sargento (actualmente brigada) explicó que los investigadores del Instituto Armado hicieron una “copia” para sus pesquisas y que “no tocan el original”.

El agente de la UCO destacó que el código HASH de los audios (el código alfanumérico a modo de huella de un archivo informático) “no se puede variar”. El código de los audios ya fue objeto hace tres años de un largo careo de peritos informáticos en el juicio de la pieza separada B, relativa a los trabajadores zombis en la empresa pública de la Diputación de Valencia.

El investigador de la UCO dijo que suponía que el volcado de los audios “se haría en Madrid”, en dependencias de la Guardia Civil. “Debe de haber una cadena de custodia donde venga quién hace los traslados y quién hace los volcados”, apostilló.

Otra agente de la UCO poco pudo aportar al esclarecimiento de los hechos: su número de tarjeta de identificación profesional simplemente aparecía en un oficio sobre documentación incautada en el Ayuntamiento de València, aunque no fue ella quien hizo la “recogida” de los papeles.

La primera sesión del juicio del 'caso Taula' por la pieza separada E, el séptimo de la macrocausa y el cuarto para Marcos Benavent, conllevó la reaparición de Vicente Burgos, un veterano del PP de la quinta de Francisco Camps retirado de la política desde su ingreso en prisión en 2014 por el impago de una multa, tras haber sido liquidador de la televisión autonómica. Burgos se enfrenta a una petición de pena por parte de la Fiscalía Anticorrupción de cinco años de prisión por un presunto delito continuado de malversación. Se sienta en el banquillo de los acusados por la contratación de Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', en la Fundación Jaume II El Just, de la que Vicente Burgos era gerente. Sin embargo, el acusado ha apuntado al conseller de Cultura que firmó el contrato en 2003: Esteban González Pons, actual eurodiputado del PP y miembro de la dirección de Alberto Núñez Feijóo.

Burgos se prestó a contestar a las preguntas del fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, en la primera sesión del juicio, y se definió como “gerente sin atribuciones”. El 'yonqui del dinero' aterrizó como contratado en la fundación pública, aunque era un “eventual del gabinete” de González Pons, según dijo el acusado. Benavent cobró de la Jaume II El Just un total de 164.676 euros, según Anticorrupción.

Los tres sucesivos consellers de Cultura (Alejandro Font de Mora y Trinidad Miró, además de González Pons) ostentaban la condición “indubitada” de presidentes de la fundación, según recordó el acusado.

El cargo de Marcos Benavent como director de actos institucionales de la fundación no fue una “designación” sino una “etiqueta”, explicó Vicente Burgos, en una declaración repleta de larguísimas explicaciones, en algunos casos enrevesadas y poco comprensibles. Hasta el punto de que la presidenta del tribunal, de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, le pidió en varias ocasiones concreción. El acusado se fue sistemáticamente por las ramas.

Burgos se escudó en que se trataba de una “entidad de derecho privado”. Ante la sorpresa del fiscal —la fundación se nutría de un presupuesto público— el acusado alegó que se financiaba con “patrocinios, esponsorizaciones y créditos bancarios, de los cuales ninguno fue avalado por la Generalidad [sic]”.

El exgerente de la Fundación Jaume II El Just dijo que el proyecto de repatriar desde Madrid el claustro alto del Palacio del Abad al Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, era un “objetivo” prioritario del Consell presidido por Francisco Camps, que pretendía convertir el monasterio de Simat de la Valldigna en una suerte de centro espiritual para los valencianos. El vestigio permanecía fuera del territorio valenciano desde la desamortización de Mendizábal, explicó Burgos.

Para recuperarlo, el conseller González Pons situó a Marcos Benavent en la fundación como “enlace”, aunque Vicente Burgos reconoció que el 'yonqui del dinero' no tenía ni mesa ni silla en las instalaciones de la entidad pública. “Había una motivación política y de objetivos por parte de la propia conselleria”, manifestó.

—¿Hizo algo Marcos Benavent en la fundación?

—Por ejemplo, venir conmigo a hacer sendas visitas en viajes al Ayuntamiento de Torrelodones en Madrid, a tramitar todo lo que era el expediente de la licencia de obra de desmontaje y traslado. El señor conseller tenía mucho interés, es público y notorio, lo anunciaba el propio presidente de la Generalitat.

El “momento procesal oportuno” para desdecirse

Vicente Burgos afirmó en la fase de instrucción del 'caso Taula' que Marcos Benavent no iba a trabajar a la fundación. En el juicio, por el contrario, sostuvo que se le “perseguía por otro tipo de cosas”, en referencia a las presuntas mordidas que también son objeto del juicio. “Dije lo que dije como argumento de defensa”, explicó en el juicio oral, el “momento procesal oportuno” para sus matizaciones.

El acusado respondió a las preguntas, tanto del fiscal como de los abogados, con larguísimas peroratas que la presidenta del tribunal trató de frenar, sin demasiado éxito. Al sufrir problemas de oído, se excusó por su alto tono de voz, amplificado además por el micrófono de la sala.

Hacia el final de la declaración, Burgos estalló. “Se me señalaba como instigador del cobro de mordidas y no salgo en ninguna declaración o grabación. Todo lo que se dice de mí es por terceros”, argumentó subiendo aún más el tono.

La instrucción del 'caso Taula', que arrancó hace más de una década, “ha causado mucho dolor”, exclamó el acusado. “Mi hijo se queda huérfano porque su madre se suicida en esta causa”, dijo en referencia a la muerte de su exmujer, la exconcejal popular en el Ayuntamiento de València, María José Alcón, que fue investigada en el procedimiento por el presunto cobro de mordidas de contratos municipales, presuntamente repartidas con el 'yonqui del dinero'.

El tribunal: “Cálmese y no pierda la compostura”

“Ya está bien, tengo 61 años, tenía 38 en aquel momento”, apostilló en referencia a la época de los hechos enjuiciados. Ante los gritos y los gestos de Vicente Burgos, que incluso lanzó algún papel a la mesa en la que se apoyaba, la presidenta del tribunal le imploró: “Cálmese, por favor, y no pierda la compostura”.

La misma magistrada formuló al acusado un par de preguntas finales: quién llevaba en la fundación la contratación de personal (la presidenta ejecutiva, respondió Burgos) y quién daba las órdenes para ejecutar los contratos (el acusado no tenía “ni firma”, según alegó). “La única firma solidaria que tenía la fundación era la del señor conseller”, apostilló.

A Burgos, en definitiva, le “daba igual contrato de alta dirección, de baja dirección o de indirrección [sic]”. Él fue destinado a la fundación “a servir a la Generalitat” y para, con sus “idóneas” capacidades, “cumplir un objetivo que no se había cumplido en los últimos cien años”.

Ya más tranquilo, Burgos cerró su llamativa declaración aludiendo a sus problemas de oído: “Disculpen si el tono en algún momento no ha sido el adecuado, sobre todo mi volumen de voz, estoy bastante sordo y eso hace que alce la voz casi que sin darme cuenta”. La magistrada respondió que el tribunal se hacía “cargo de la tensión” que sufría el acusado.

La defensa de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', ha vuelto a cuestionar los registros del 'caso Taula', acaecidos hace una década exacta, en el cuarto juicio de la macrocausa en el que se sienta en el banquillo de los acusados, correspondiente a la pieza separada E, sobre las presuntas mordidas repartidas en el marco de contratos municipales de la etapa de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València. Se trata del cuarto juicio para Benavent, esta vez ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, tras su condena en las piezas J (casi ocho años de cárcel) y B (cinco años) y su absolución en la D.

Benavent, antes de la vista, ha asegurado que sí que trabajaba en la Fundación Jaume II El Just, cuyo contrato cuestiona la acusación pública.

El 'yonqui del dinero' ha asegurado a la entrada de la Ciudad de la Justicia: “Yo no soy trabajador zombi, los zombis son otros”. “Claro que trabajaba”, ha agregado.

Por su parte, el gerente de la fundación pública, Vicente Burgos, también acusado en la causa, también antes de la vista, se ha declarado inocente y ha asegurado que Benavent “sí que trabajaba”, aunque era una época “del fax”, en la que “no había redes sociales” y se usaba el Nokia: “No nos hacíamos seflies”, ha rememorado.

Ya en la sala, el abogado de la defensa de Marcos Benavent, el penalista Juan Carlos Navarro, ha recordado que las sentencias dictadas en el seno del 'caso Taula' están pendientes de sendos recursos ante el Tribunal Supremo. Cada pieza separada de una macrocausa se erige en un “proceso autónomo”, tal como establece la jurisprudencia del alto tribunal.

La defensa ha solicitado la nulidad del auto del 25 de enero de 2016 del Juzgado de Instrucción número 18 de València, que autorizó los registros policiales del día siguiente. La primera vista del juicio se celebra una década exacta después del despliegue por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “Entendemos que no está suficientemente motivado”, ha afirmado el letrado.

También ha cuestionado la prueba volcada de los ordenadores intervenidos, así como los audios secretos que grabó Marcos Benavent y que su exsuegro, el empresario Mariano López, entregó a Rosa Pérez Garijo, entonces diputada provincial de Esquerra Unida.

La causa se centra en la contratación del 'yonqui del dinero' en la Fundación Jaume II El Just, de la cual Vicente Burgos (también acusado) era gerente, sin que asistiera a su puesto de trabajo, según la tesis de Anticorrupción, representada por el fiscal Fernando Maldonado.

Además, también se enjuician presuntas comisiones en el marco de contratos del área de Cultura del Ayuntamiento de València, encabezada por la concejal María José Alcón (fallecida).

El fiscal anticorrupción, tal como informó elDiario.es, solicita seis años de prisión para Benavent por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. A Burgos le pide cinco años de prisión por un presunto delito continuado de malversación.

En el banquillo se sientan también los empresarios Carlos Vicent Gil, Carlos Turró y Enrique Aleixandre, para quienes el Ministerio Público solicita una pena de tres años de prisión por un presunto delito de cohecho.

Audios “válidos”, según Anticorrupción

El fiscal Maldonado ha manifestado que los audios son “válidos” y ha recordado que el autor de las grabaciones, el acusado Marcos Benavent, “dio fe” de su contenido en la primera fase de la causa, cuando colaboraba con la investigación del 'caso Taula'.

Anticorrupción considera que Burgos tenía “perfecto conocimiento” de que Benavent “no trabajaba en la entidad” pública de la que era gerente y que, por o tanto, “estaba cobrando sin estar trabajando”. El 'yonqui del dinero' reconoció durante la fase de instrucción que trabajaba para el PP, pese a estar contratado en la Fundación Jaume II El Just.

También ha recordado el representante del Ministerio Fiscal que la Audiencia Provincial de Valencia avaló la instrucción. “Donde hay patrón, no manda marinero”, ha dicho Fernando Maldonado.

El abogado de Carlos Turró ha pedido que se le dispense de la asistencia a todas las vistas del juicio dada su “situación anímica bastante complicada”.

El abogado que representa a la acusación que ejerce el Ayuntamiento de València ha pedido la renuncia al testigo Pedro Aracil, exasesor del PP.

La defensa de Vicente Burgos apunta a González Pons

Por su parte, la defensa del acusado Vicente Burgos ha asegurado que los delitos que se le imputan habrían prescrito.

El abogado también ha recordado que el cuestionado contrato de Marcos Benavent en la Fundación Jaume II El Just fue firmado por el entonces conseller Esteban González Pons, actual eurodiputado del PP.

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a tres años de prisión por los delitos de fraude a la Administración Pública, prevaricación y malversación de caudales públicos, en concurso medial, e inhabilitación para obtener ayudas o subvenciones públicas durante tres años, a Mariano López Sancho, exsuegro de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero' y expresidente de la patronal de Xàtiva. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, considera que el empresario se concertó con los alcaldes de Requena y Enguera, Javier Berasaluce y Santiago Arévalo, ambos del PP, para lograr adjudicaciones con una contratación negociada sin publicidad “totalmente simulada”. Los dos exalcaldes han sido condenados a un año y un día de prisión por un delito de fraude a la Administración pública y prevaricación, además de inhabilitación especial para cargo público durante seis años. Por su parte, la sentencia también condena al socialista Óscar Martínez, sucesor de Santiago Arévalo al frente del Ayuntamiento de Enguera, a dos años y un día de prisión por los delitos de fraude, prevaricación y malversación, además del mismo periodo de inhabilitación. Ricardo de Ángel Marí, funcionario de la Diputación de Valencia, ha sido condenado a tres años de prisión y multa como autor de un delito de falsificación de documento público. Se trata de la pieza separada K del 'caso Taula', que versaba sobre la contratación con los dos ayuntamientos por parte de Mariano López Sancho, quien entregó en 2014 a la Fiscalía Anticorrupción los audios grabados subrepticiamente durante años por su exyerno, Marcos Benavent, y que propiciaron la macrocausa, en cuya pieza D el empresario fue absuelto hace casi dos años. 

La sentencia, que no es firme, considera probado que Marinao López, mediante la empresa Servimun SL, a la que representaba ofreciendo servicios a los consistorios —la firma era propiedad de Fernando Palomares, a quien se le sobreseyó la causa por motivos de salud— logró “simular” entre 2012 y 2013 una contratación negociada sin publicidad con el alcalde popular de Requena, con la que la mercantil logró cobrar 178.300 euros. Aunque no consta que no se realizaran los trabajos, tal como destaca el fallo, la Audiencia de Valencia recuerda que las empresas a las que se invitó a participar al procedimiento fueron “facilitadas” por Mariano López o por Servimun, “con conocimiento previo de todos los acusados de que no iban a presentar ninguna oferta”.

Por otro lado, en 2013, el exsuegro del 'yonqui del dinero' llegó a un “acuerdo” en nombre de Servimun con el entonces alcalde popular de Enguera, Santiago Arévalo, para una contratación negociada sin publicidad “totalmente simulada”, con un presupuesto de 60.000 euros (aunque solo se cobró una factura de 3.595 euros) y con invitaciones a las mismas empresas que en el caso de Requena. Todos los contratos bajo sospecha estaban vinculados a servicios de recaudación fiscal para los consistorios.

“La actuación desarrollada por los respectivos alcaldes obedece al cumplimiento de un acuerdo gestado entre 2012 y 2013 con Mariano López Sancho para que dicha contratación revirtiera en beneficios de Servimun SL, burlando las exigencias legalmente establecidas para la tramitación y evitar que pudiera concurrir otra empresa distinta”, concluye la sentencia.

Una “mera ficción” para adjudicar a la empresa “elegida”

“Formalmente”, sostiene el tribunal, se siguieron los trámites legales de contratación, “pero como mera ficción para dar forma” a la adjudicación a la empresa. El exsuegro del 'yonqui del dinero', agrega el fallo, “contribuyó en el artificio de dar apariencia de legitimidad” al proceso de contratación aportando los nombres de las otras dos empresas y permitiendo la posterior adjudicación a “la elegida desde un inicio”.

Meses después, ya con su empresa Técnicas Legales Administrativas SLU, Mariano López “logró” que el Ayuntamiento de Requena le adjudicara dos contratos menores. Ante las dificultades para cobrar, a principios de 2015, López y el administrador de Servimun, con la “anuencia” del alcalde Santiago Arévalo, “acordaron” presentar una factura por un importe de 21.780 euros, que “no respondía a contrato de ninguna naturaleza adjudicado previamente a la citada mercantil”, indica la sentencia.

Para ello, se usó un borrador de un contrato menor relacionado con la regulación de la situación catastral de un camping de la localidad. Tras las elecciones del 24 de mayo de 2015, ya con el socialista Óscar Martínez como primer edil en sustitución de Arévalo, se presentó por parte de los empresarios la factura relacionada con el camping, que “no respondía a servicio alguno prestado bajo ese concepto” y, además, sin contrato previo.

“Simulación” de un contrato menor

Tanto la Secretaría como la Intervención municipal rechazaron la factura. Sin embargo, tras la “insistencia” de Marinao López, “se pactó” con el alcalde Óscar Martínez la “simulación” de un contrato menor“ de 21.780 euros para cobrar.

Se hizo, con “total ausencia” de documentación acreditativa“, para simular la factura a nombre de la empresa de López con un documento de la Diputación de Valencia que ”previamente se manipuló“. Para ello, según la sentencia, el empresario contó con la ”colaboración“ del funcionario provincial Ricardo de Ángel. Aun en la hipótesis de que Servimun actuara en relación con el camping de Enguera, argumenta la Audiencia de Valencia, ”tal actuación carece de justificación legal alguna, sin adjudicación contractual previa para hacerlo“.

La sentencia asegura que “no hay duda” de que Marinao López “acordó” con el alcalde Óscar Martínez que la suma adeudada de 21.780 euros se entregara a Servimun “mediante la simulación de un contrato menor”.

Por otro lado, la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia descarta la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en beneficio de los condenados. La causa se inició como una pieza separada del 'caso Taula' en 2021. “En consecuencia, no se observan paralizaciones relevantes que permitan la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas”, afirma.

La secció tercera de l'Audiència Provincial de València ha condemnat a tres anys de presó pels delictes de frau a l'Administració Pública, prevaricació i malversació de cabals públics, en concurs medial, i inhabilitació per obtenir ajudes o subvencions públiques durant tres anys, a Mariano López Sancho, exsogre de Marcos Benavent, autodenominat de 'ionqui dels diners', . expresident de la patronal de Xàtiva La sentència, a la qual ha tingut accés elDiario.es, considera que l'empresari es va concertar amb els alcaldes de Requena i Enguera, Javier Berasaluce i Santiago Arévalo, tots dos del PP, per aconseguir adjudicacions amb una contractació negociada sense publicitat “totalment simulada”. Els dos exalcaldes han estat condemnats a un any i un dia de presó per un delicte de frau a l'Administració pública i prevaricació, a més d'inhabilitació especial per a càrrec públic durant sis anys. Per part seua, la sentència també condemna el socialista Óscar Martínez, successor de Santiago Arévalo al capdavant de l'Ajuntament d'Enguera, a dos anys i un dia de presó pels delictes de frau, prevaricació i malversació, a més del mateix període d'inhabilitació. Ricardo de Ángel Marí, funcionari de la Diputació de València, ha estat condemnat a tres anys de presó i multa com a autor d'un delicte de falsificació de document públic. Es tracta de la peça separada K del 'cas Taula', que versava sobre la contractació amb els dos ajuntaments per part de Mariano López Sancho, que va entregar el 2014 a la Fiscalia Anticorrupció els àudios gravats subreptíciament durant anys pel seu exgendre, Marcos Benavent, i que van propiciar la macrocausa, en la peça D de la qual l'empresari va ser absolt fa quasi dos anys.

La sentència, que no és ferma, considera provat que Marinao López, mitjançant l'empresa Servimun SL, a la qual representava oferint serveis als consistoris —la firma era propietat de Fernando Palomares, a qui se li va sobreseure la causa per motius de salut— va aconseguir “simular” entre 2012 i 2013 una contractació negociada sense publicitat amb l'alcalde popular de Requena, amb la qual la mercantil va aconseguir cobrar 178.300 euros. Tot i que no consta que no es realitzaren els treballs, tal com destaca la sentència, l'Audiència de València recorda que les empreses a les quals es va convidar a participar al procediment van ser “facilitades” per Mariano López o per Servimun, “amb coneixement previ de tots els acusats que no presentarien cap oferta”.

D'altra banda, el 2013, l'exsogre del 'yonqui dels diners' va arribar a un “acord” en nom de Servimun amb el llavors alcalde popular d'Enguera, Santiago Arévalo, per a una contractació negociada sense publicitat “totalment simulada”, amb un pressupost de 60.000 euros (encara que només es va cobrar una factura de 3.595 euros) i les mateixes empreses que en el cas de Requena. Tots els contractes sota sospita estaven vinculats a serveis de recaptació fiscal per als consistoris.

“L'actuació desenvolupada pels respectius alcaldes obeeix al compliment d'un acord gestat entre el 2012 i el 2013 amb Mariano López Sancho perquè aquesta contractació revertira en beneficis de Servimun SL, burlant les exigències legalment establertes per a la tramitació i evitar que poguera concórrer una altra empresa diferent”, conclou.

Una “mera ficció” per adjudicar a l'empresa “elegida”

“Formalment”, sosté el tribunal, es van seguir els tràmits legals de contractació, “però com a mera ficció per donar forma” a l'adjudicació a l'empresa. L'exsogre del 'ionqui dels diners', afegeix la sentència, “va contribuir a l'artifici de donar aparença de legitimitat” al procés de contractació aportant els noms de les altres dues empreses i permetent la posterior adjudicació a “l'elegida des d'un inici”.

Mesos després, ja amb la seua empresa Técnicas Legales Administrativas SLU, Mariano López “va aconseguir” que l'Ajuntament de Requena li adjudicara dos contractes menors. Davant les dificultats per a cobrar, a principis del 2015, López i l'administrador de Servimun, amb l'“anuència” de l'alcalde Santiago Arévalo, “van acordar” presentar una factura per un import de 21.780 euros, que “no responia a contracte de cap naturalesa adjudicat prèviament a l'esmentada mercantil”, indica la sentència.

Per fer-ho, es va fer servir un esborrany d'un contracte menor relacionat amb la regulació de la situació cadastral d'un càmping de la localitat. Després de les eleccions del 24 de maig del 2015, ja amb el socialista Óscar Martínez com a primer edil en substitució d'Arévalo, es va presentar per part dels empresaris la factura relacionada amb el càmping, que “no responia a cap servei prestat sota aquest concepte” i, a més, sense contracte previ.

“Simulació” d'un contracte menor

Tant la Secretaria com la Intervenció municipal van rebutjar la factura. Tot i això, després de la “insistència” de Marinao López, “es va pactar” amb l'alcalde Óscar Martínez la “simulació” d'un contracte menor“ de 21.780 euros per cobrar.

Es va fer, amb “total absència” de documentació acreditativa“, per simular la factura a nom de l'empresa de López amb un document de la Diputació de València que ”prèviament es va manipular“. Per això, segons la sentència, l'empresari va comptar amb la ”col·laboració“ del funcionari provincial Ricardo de Ángel. Fins i tot en la hipòtesi que Servimun actués en relació amb el càmping d'Enguera, argumenta l'Audiència de València, ”aquesta actuació no té cap justificació legal, sense adjudicació contractual prèvia per fer-ho“.

La sentència assegura que “no hi ha dubte” que Marinao López “va acordar” amb l'alcalde Óscar Martínez que la suma deguda de 21.780 euros es lliurés a Servimun “mitjançant la simulació d'un contracte menor”.

D'altra banda, la secció tercera de l'Audiència Provincial de València descarta la circumstància atenuant de dilacions indegudes en benefici dels condemnats. La causa es va iniciar com una peça separada del 'cas Taula' el 2021. “En conseqüència, no s'observen paralitzacions rellevants que permeten l'aplicació de l'atenuant de dilacions indegudes”, afirma.

Máximo Caturla, alto cargo de los Gobiernos de Francisco Camps condenado a cinco años de cárcel en el marco del 'caso Taula', ha alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía que conlleva una pena de 11 meses de prisión como autor material y directo de un delito de insolvencia punible en grado de tentativa, además de una multa de nueve meses con una cuota diaria de 10 euros.

La sentencia, declarada firme, acuerda la suspensión de la pena de prisión condicionada a que no delinca en un plazo de dos años. En caso contrario, se acordaría su “inmediato ingreso en prisión”, indica el fallo. El condenado reconoce los hechos probados de la sentencia.

La breve vista oral se ha celebrado ante el Juzgado de lo Penal número 18 de València. El expolítico del PP ha estado arropado por su familia.

El juez instructor del 'caso Taula' abrió en 2020 una pieza separada al detectar que se deshizo de gran parte de sus bienes para “evitar posibles medidas en contra de su patrimonio”.

El expolítico del PP valenciano ya fue condenado a cinco años de prisión hace casi dos años en el marco de la pieza separada B del 'caso Taula', relativa a la contratación en Imelsa, antigua empresa pública de la Diputación de Valencia, de trabajadores 'zombis' que no acudían a su puesto. La sentencia, pendiente de recurso, acreditaba que Máximo Caturla fichó a cuatro trabajadores “sin que estas contrataciones respondieran a ninguna necesidad de la empresa”.

Máximo Caturla, que llegó a ser secretario autonómico de Educación, llevó a cabo “operaciones tendentes a reducir o gravar su patrimonio personal inmobiliario” y derivarlo a la empresa familiar Estilo Kiki SL, según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que figura en el sumario del 'caso Taula'.

La operativa de Caturla incluyó la compra venta de terrenos y de viviendas, con la empresa familiar Estilo Kiki SL como epicentro del alzamiento de bienes.

Los 18 vehículos de Máximo Caturla

El antiguo alto cargo del PP valenciano, tal como informó elDiario.es, vendió seis de los 18 vehículos (entre ellos un Jaguar) de los que era titular por un “precio declarado a efectos de impuestos” de 17.096 euros. El Jaguar lo habría vendido por apenas 10.900 euros.

Por otro lado, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que registraron su domicilio, hallaron una serie de anotaciones manuscritas por Caturla con una suerte de hoja de ruta para defenderse ante la que se le venía encima que incluyen apuntes sobre la evolución de su patrimonio.

El acusado que renunció inopinadamente a su abogada en el juicio de la pieza separada B del 'caso Taula', relativa a los 'zombis' contratados por la empresa pública de la Diputación de València, ha aceptado este miércoles una pena de siete meses de cárcel en una vista oral celebrada ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia.

Francisco Javier Cañizares, que cobró 108.344,60 euros de la empresa pública Imelsa a pesar de trabajar para el PSPV-PSOE, renunció a su defensa al inicio del juicio celebrado en enero de 2023, alegando una “indefensión absoluta” mientras que otros acusados alcanzaban un pacto de conformidad. “Me fue asignado un abogado contratado por el PSPV-PSOE con una estrategia más dedicada a exculpar a otros inculpados”, afirmó ante el disgusto de su letrada.

El tribunal decidió escindir al acusado de la causa y celebró el juicio con el resto de acusados en el banquillo. El expresidente de la Diputación de Valencia, el popular Alfonso Rus, y el gerente de Imelsa, Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', fueron condenados a cinco años de prisión en la pieza B.

La renuncia de Francisco Javier Cañizares a su abogada propició una situación llamativa. El juicio al acusado se ha celebrado este miércoles ante la misma sección de la Audiencia de Valencia. Su nueva defensa ha alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción por la que el acusado reconoce los hechos que se le imputaban y asume una pena inferior a dos años de prisión que le evita su entrada en prisión. También se le impone la devolución de los fondos que cobró de la empresa pública.

Cañizares ya reconoció en la primera vista oral que, lejos de trabajar en Imelsa, se ocupaba de tareas de mantenimiento para el PSPV-PSOE.

El fiscal del 'caso Taula' ha asegurado que dos exalcaldes adjudicaron contratos “exclusivamente en beneficio” del empresario Marinao López (exsuegro de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero'), uno de los principales acusados de la pieza separada K de la causa, en la que tambien se sientan en el banquillos los antiguos primeros ediles de Requena, Javier Berasaluce, y de Enguera, Santiago Arévalo, ambos del PP, además de Óscar Martínez, del PSPV-PSOE que sucedió a Arévalo.

En la fase de conclusiones del juicio, celebrado ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, el fiscal Fernando Maldonado ha repasado las irregularidades detecatadas en los cinco contratos analizados con la empresa Servimun, de Fernando Palomares (para quien se archivó la causa por enfermedad) y a Técnicas Legales Administrativas (TLA), de Mariano López. “Todos estaban de acuerdo en beneficiar a TLA”, ha afirmado el representante de Anticorrupción, quien también ha pedido “especial cuidado” con los caudales públicos.

El Ministerio Público concibe su acusación con la “idea” de que los cinco contratos adjudicados eran un “conjunto” del que se deduce un “acuerdo” de los alcaldes de Requena y Enguera con los dos empresarios para adjudicarles “de forma preconcebida”.

El fiscal ha argumentado que el órgano de contratación era directamente cada alcalde y ha repasado cada factura. Dos de las facturas mantienen el “mismo objeto”. En uno de los contratos —por el procedimiento negociado sin publicidad— una de las empresas que fue invitada tenía sede en Canarias y en el caso de otra ni siquiera “consta la recepción de la invitación”.

En un tercer contrato, no se cumplió ninguna de las mejoras previstas y la Intervención se opuso al abono de la factura. Hubo, en el caso de Enguera, un “empeño especial” del alcalde en otorgar el contrato a Servimun. El sucesor del alcalde Santiago Arévalo en Enguera, el socialista Óscar Martínez, acabó pagando durante su mandato una factura a Servimun por un concepto diferente al inicial del contrato, según la acusación pública.

El fiscal, por otro lado, ha suprimido de su escrito de conclusiones definitivas el delito de falsedad documental imputado a Marinao López y el de negociaciones prohibidas a funcionarios a Ricardo de Ángel Marí.

Las defensas esgrimen una absolución anterior

Las defensas, por su parte, cuestionan que la pieza separada K del 'caso Taula' nace de la D, cuya sentencia absolutoria (dictada en 2023 por la sección quinta de la Audiencia de Valencia) avaló el papel de la empresa TLA, de Mariano López, como una suerte de asesora de Servimun en contratos adjudicados por administraciones publicas.

Tras varias suspensiones de la vista oral, las defensas han pedido la absolución de los exalcaldes y del empresario. El letrado del exalcalde Javier Berasaluce ha asegurado que si su cliente adjudicó mediante un contrato menor fue porque “le ley se lo permite” y ha dicho que no contrató directamente sino que existía una mesa de contratación.

El abogado también ha cuestionado que la causa encaje en la jurisdicción penal (sostiene que corresponde más bien al terreno contencioso administrativo). “El plan preconcebido no existe”, ha manifestado la defensa, que también ha recordado que los trabajos adjudicados permitieron aflorar deuda oculta en materia de impuestos y que las facturas fueron revisadas por técnicos municipales.

La defensa del exalcade de Enguera, Santiago Arévalo, ha considerado que la práctica de la prueba en la vista oral ha desbaratado, a su juicio, la acusación pública. El letrado ha asegurado que no hay prueba del supuesto amaño o del concierto para defraudar. Por el contrario, ha afirmado que la Fiscalía Anticorrupción cae en una “presunción de culpabilidad”. Se trata, según el letrado, de un servicio que se paga en función de la deuda aflorada y, por tanto,“ beneficioso” para las arcas municipales.

Los móviles intervenidos por la UCO

Por otro lado, el letrado del exalcalde Óscar Martínez ha cuestionado que su cliente se conchabara con su antecesor, el anterior primer edil del PP. “No se dirigen ni la palabra”, ha afirmado el abogado. La defensa del exalcalde socialista ha cuestionado la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la ha tildado de unidad policial “subcontratada” por Anticorrupción.

También ha asegurado que el “material de trabajo” de la UCO son los teléfonos móviles que interviene en las operaciones de corrupción. “Gracias al 'caso Taula', la UCO tiene hoy los teléfonos de un centenar de personas, saben qué compran en Amazon, con quién ligan en Tinder o qué compras hacen”, ha dicho letrado.

Por el contrario, ha remachado, si la UCO “no hubiera investigado [la pieza K], Enguera hubiera recaudado un millón de euros”, ha concluido el abogado.

El juicio por la pieza separada K del 'caso Taula' se ha retomado este lunes ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, tras dos suspensiones anteriores, con un enfrentamiento entre dos de las defensas y el representante de la Fiscalía Anticorrupción a cuenta de las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En el banquillo se sientan los exalcaldes de Requena Javier Berasaluce y de Enguera Santiago Arévalo, ambos del PP, y Óscar Martínez, del PSPV-PSOE, además del empresario Mariano López, exsuegro de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero'. Se trata de una rama menor de la macrocausa nacida de la pieza separada D, en la que todos los acusados fueron absueltos.

La pieza separada nace de la incautación del teléfono móvil del exsuegro del 'yonqui del dinero'. Y hacia ese móvil han dirigido sus miradas los letrados de las defensas. El que ejerce la de López, el penalista David González Wonham, ha dicho en la fase de cuestiones previas que su cliente no estaba presente en el registro de la sede de la empresa, a pesar de que la incautación de su teléfono, según los informes de la Guardia Civil, figuraba reseñada en el despacho de la mercantil.

“Mi cliente estaba en mi despacho, nunca pudo estar en dos sitios a la vez; [su teléfono] fue requisado cuando fue detenido, no sabemos en concepto de qué”, ha dicho el letrado, quien ha agregado: “No todo vale para obtener la prueba”. El abogado ha llegado a acusar a los investigadores de la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción de “falsear una entrada y registro”, acaecida hace una década.

Manolo Mata, abogado del exalcalde de Enguera Óscar Martínez, ha recogido el guante y también ha criticado abiertamente la investigación de la UCO, cuestionando que los investigadores del Instituto Armado requisaran el teléfono móvil de Mariano López. Mata ha asegurado que el empresario fue detenido y su móvil intervenido “sin cobertura” del juez instructor.

“Con el móvil, te bajas todas conversaciones, SMS, correos, horas de las llamadas, geolocalización, contraseñas en redes sociales... La incautacion de ese móvil es nula de pleno derecho”, ha afirmado el letrado. Manolo Mata ha acusado a la Fiscalía Anticorrupción de haber pilotado en las últimas macrocausas en el territorio valenciano la “mayor vulneración de derechos”, con la consiguiente, a su juicio, “quiebra absoluta” del derecho de defensa. Ambos letrados han tildado de “prospectiva” la investigación.

Acusaciones “muy graves”, según el fiscal

Por su parte, el representante de la Fiscalía Anticorrupción, Fernando Maldonado, ha negado de plano las afirmaciones de ambas defensas. “La Policía puede acordar perfectamente la detención de los los investigados, fue una detencion policial”, ha explicado en referencia al arresto de Marinao López. El fiscal ha tildado de “muy graves” las acusaciones de las dos defensas y ha remachado que “no se corresponden con la realidad”.

“Los guardias civiles van a venir aquí [a declarar] y se les podrá preguntar”, ha advertido Maldonado, quien también ha negado que los hechos hayan prescrito. Las acusaciones de los letrados “desbordan” el derecho de defensa, ha apostillado.

El tribunal ha acordado valorar en la sentencia las cuestiones previas planteadas y el juicio, tras dos suspensiones previas, ha encarado la declaración de los testigos. María Luz. R. D., secretaria del Ayuntamiento de Enguera en el momento de los hechos, ha explicado que se trataba de un contrato, por procedimiento negociado sin publicidad, para hacer aflorar deuda pública, aunque luego fue por una “cuantía muchísimo más inferior a la que se había previsto”.

Se trataba de un “procedimiento habitual” en ayuntamientos “de este tamaño”. Se cursaron invitaciones para participar en la licitación dirigidas a tres empresas, aunque finalmente solo una de ellas se presentó.

La funcionaria, habilitada nacional, ha declarado que sintió “tranquilidad” al figurar un precio estimado del contrato, “pero luego se pagaba un porcentaje de lo efectivamente recaudado”. El planteamiento del contrato fue “correcto”, según ha apostillado.

Por otro lado, Josefa C., tesorera del Ayuntamiento de Requena, ha afirmado que el trabajo de inspección encargado “se efectuó”. “Se ingresó bastante”, ha dicho, entre “200 y 300.000 euros”.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha remitido al Decanato el fallo de la reciente sentencia del caso Imelsa contra el exvicealcalde de València con el PP Alfonso Grau junto con los testimonios prestados por su exasesor Jesús Gordillo para que se investigue si mintió en el juicio.Según consta en un auto de aclaración de la sentencia que se conoció el pasado julio, el presidente de la Sala, José Manuel Ortega, recuerda que tanto la Fiscalía como la acusación popular, que ejercía Compromís, pidieron que se dedujese falso testimonio contra Gordillo por su declaración en el juicio oral.

Así, expone que los magistrados que presidieron las vistas habían considerado procedente acceder a esa petición por el contenido contradictorio de las declaraciones de Gordillo en fase de instrucción y durante el juicio.

Durante su declaración, el pasado mes de enero, el exasesor del exvicealcalde de València, que fue quien reveló las supuestas corruptelas del PP de la ciudad para la financiación de las campañas electorales de Rita Barberá de 2007 y 2011, ofreció una declaración radicalmente contraria a la que prestó ante la Guardia Civil y el juez instructor para tratar de exculpar a Grau.

A pesar de las advertencias del presidente de la Sección Segunda sobre las posibles consecuencias de un falso testimonio, este exasesor atribuyó a un empresario ya fallecido la propiedad de 350.000 euros en efectivo (destinados según la sentencia para sufragar gastos electorales del PP en 2007) que en fase de instrucción atribuyó a Grau.

Preguntado en la sala por este cambio de versión, Gordillo dijo que declaró “presionado” ante la Guardia Civil, que fue víctima de “preguntas capciosas o malintencionadas”, que su situación de salud “no era buena” y que, además (esto lo dijo cuando llevaba más de una hora declarando), un hombre le paró “en una calle poco transitada de València” y le amenazó mostrándole una foto de sus hijos.

En este proceso, una de las piezas separadas del caso Imelsa, Alfonso Grau, de 83 años, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por malversación de caudales públicos y al pago de una multa de 5 millones de euros por un delito continuado de cohecho.

Se trata de la segunda condena para Alfonso Grau por asuntos de corrupción política, tras la confirmada en octubre de 2023 por el Supremo por un delito de cohecho por aceptar regalos por parte de un contratista municipal.

Como consecuencia de la segunda condena, el Comité de Derechos y Garantías del PP acordó su expulsión del partido el pasado mes de agosto. 

La retractación en el juicio de la pieza separada A del 'caso Taula' de Jesús Gordillo, testigo clave en dos causas de corrupción que afectan al PP valenciano, “no resulta creíble”, según ha concluido la sección segunda de la Audiencia Provincial de València en la sentencia que ha condenado al exvicealcalde Alfonso Grau a cuatro años y medio de prisión por la financiación en B de la campaña electoral de 2007 de Rita Barberá. La nueva versión exculpatoria, una de las escenas más pasmosas de la vista oral celebrada el pasado mes de enero, “la ofreció por primera vez en juicio”, carece “de cualquier apoyo probatorio” y de “dato alguno que permitiera averiguar si pudiera ser o no cierta, al ser muy pobre en detalles”, sostiene el fallo.

La fabulación del testigo provocó un indisimulado enfado en el tribunal y en las acusaciones. A nadie le gusta que le mientan y el embuste de Gordillo fue abiertamente descarado. La declaración también causó cierta satisfacción en algunas defensas.

No se trataba de un testigo menor. Jesús Gordillo (Granada, 1970) fue uno de los asesores más cercanos al condenado Alfonso Grau. Trabajó en Correos entre 1988 y 1999, cuando se incorporó a trabajar con Grau en el Ayuntamiento de València. En 2005 pasó a ser gerente y apoderado de la empresa de tratamiento de residuos Fervasa, propiedad de la Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), una de las grandes adjudicatarias del consistorio que aportó más de 450.000 euros a la caja B del PP de València, según el apartado de hechos probados de la sentencia.

En 2007, año en que el PP obtuvo sus mejores resultados electorales, se incorporó a Laterne, el entramado usado por el PP de Rita Barberá para financiar su caja B para la campaña de las municipales. 

Tras la victoria electoral de Rita Barberá, Jesús Gordillo ocupó el puesto de adjunto al director de concesiones del grupo Secopsa, la empresa adjudicataria de contratos municipales que también hinchó la caja B del PP. Sólo entre 2006 y 2007, la firma facturó al consistorio entre 40 y 60 millones de euros. Secopsa inyectó a la caja B del partido un total de 525.000 euros, según se desprende de la sentencia.

En el último mandato de Rita Barberá, Jesús Gordillo volvió a ser asesor de Grau aunque, por motivos desconocidos, aportó documentación clave sobre la caja B a un medio de comunicación y rechazó, junto a un reducido grupo de trabajadores del grupo municipal, participar en la operativa de 'pitufeo' para las elecciones de 2015 (el ingreso de 1.000 euros que luego se les devolvía en dos billetes de 500).

El 1 de diciembre de 2016 declaró ante la Unidad Central Operativa (UCO), en el cuartel de la Guardia Civil de Patraix, y desgranó la mecánica de financiación en B del PP de Rita Barberá a través del entramado de Laterne, perteneciente al fallecido empresario Vicente Sáez. Su testimonio permitió comprender a los investigadores el complejo entramado orquestado por Grau para cebar la caja B con aportaciones de relevantes empresas contratistas.

Ese mismo año, Gordillo ya no era un desconocido personaje de las cloacas del PP de València tras su comparecencia en una comisión de investigación municipal. Sin embargo, en el juicio cambió radicalmente de versión y exculpó a Grau de todo lo que había declarado ante la UCO y ratificado ante el juez instructor de la causa. Básicamente le echó la culpa a un muerto, concretamente al empresario Vicente Sáez.

Su nueva versión, no demasiado elaborada, no cuadraba. Incluso llegó a afirmar que fue amenazado por un misterioso hombre para que entregara la documentación de la caja B a un medio de comunicación. El tribunal no se ha creído su narrativa. Se trata, indica el fallo, de “afirmaciones que cabe tachar de inciertas”, sin entidad suficiente ni siquiera “para generar duda”.

“No dijo la verdad en el juicio y sí cuando declaró en la fase de instrucción”, abunda la sentencia. El tribunal de la sección segunda de la Audiencia de València concluye que “no existe indicio alguno que avale la hipótesis ofrecida” en el juicio por Jesús Gordillo.

Para llegar a esa tajante conclusión, la sentencia analiza las declaraciones de seis trabajadores del grupo Laterne, que comparecieron como testigos. Así, la versión de Gordillo en la fase de instrucción fue corroborada por otros medios de prueba: la documentación bancaria y fiscal que aportó “es congruente” con su declaración ante la UCO, ratificada luego ante el juez.

Aunque en el juicio criticó la transcripción de su declaración por parte de la UCO, la sentencia recuerda que Gordillo ni siquiera “negó que lo que constaba en las actas de declaración policial y judicial no se correspondiera con lo que él había declarado”. De hecho, el fallo defiende que la descripción del atestado policial “es fiel y correcta”.

Ante las fabulaciones del testigo, el fiscal Fernando Maldonado pidió la declaración en la vista oral del periodista Javier Alfonso, director de Valencia Plaza, el medio de comunicación que recibió la documentación de la mano de Jesús Gordillo y que, ante la gravedad de los hechos, la remitió a Anticorrupción.

El veterano periodista desmontó las trolas de Gordillo una a una. “Dicho testigo”, afirma la sentencia, “desmiente algunos extremos relevantes de la versión del señor Gordillo”. El exasesor de Grau “fue explicando el contenido de lo que entregaba, identificando los documentos que consideraba más relevantes y todo ello sin revelar miedo o angustia”, según explicó Javier Alfonso.

El aval de la sentencia relativa a la pieza separa A del 'caso Taula' refuerza, de paso, los prolegómenos del 'caso Azud', otra causa vinculada a la presunta corrupción urbanística en la etapa de Rita Barberá en la que el testimonio de Gordillo también ayudó a las pesquisas de la UCO y en la que Alfonso Grau figura como uno de los principales investigados. El exasesor de Grau declaró ante la UCO, en la fase secreta del 'caso Azud', el 20 de octubre de 2017.

Técnico del Ayuntamiento de València

Tras los vaivenes del personaje en ambos casos, Gordillo recaló en el Ayuntamiento de València, en un puesto de técnico superior del Servicio Económico Presupuestario. Su firma electrónica consta en documentos oficiales del consistorio sobre puntuaciones de empresas contratistas en el marco de adjudicaciones municipales. Una vuelta a los orígenes pero ya no en puestos de libre designación.

También figura desde 2019 como administrador único de la empresa Lucinala SL, una firma domiciliada en València y dedicada al comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados, según los datos que constan en el Registro Mercantil. En Valedana SL, otra sociedad dedicada al mismo negociado, fue administrador único hasta 2020. También fue propietario de World Management Business SL, una mercantil de comercio al por mayor de cueros y pieles, actualmente extinguida.

Gordillo fue además secretario de Bulevar del Arte y la Cultura SA y de Bort Cultural SL, dos firmas propiedad, entre otras, de la empresa Cyes, investigada en varias causas relativas a la financiación del PP y adjudicataria de la construcción y gestión del espacio cultural La Rambleta.

Jesús Gordillo no ha contestado las llamadas de elDiario.es.

Varias empresas contratistas del Ayuntamiento de València, fundamentalmente constructoras e inmobiliarias, hincharon la caja B del PP de Rita Barberá que la formación usó para abonar sus gastos electorales. La sentencia de la pieza separada A del 'caso Taula, dictada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de València, detalla los pagos en B a la campaña de Barberá para las elecciones municipales de 2007, mayoritariamente a través de aportaciones de empresas privadas y, en menor medida, con fondos desviados de dos fundaciones municipales. No es la primera vez que afloran los financiadores valencianos del PP. Relevantes empresarios confesaron en el marco del 'caso Gürtel' que habían dado dinero en B a los populares: Rafael Martínez Berna (expresidente de la patronal alicantina Coepa), Enrique Gimeno (de Facsa) o los constructores Vicente Cotino y Enrique Ortiz, entre otros.

Para la campaña de las municipales de 2007, en las que la fallecida alcaldesa arrasó, el PP contrató al grupo Laterne, del fallecido empresario Vicente Sáez Tormo, a modo de empresa pantalla. El importe de la campaña “osciló alrededor de los 2.583.731,98 euros”, según la sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de València relativa a la pieza separada A del 'caso Taula'.

Quienes pagaron los gastos, al menos en parte, fueron constructoras, inmobiliarias o empresas de servicios embarcadas en aquella época en la burbuja inmobiliaria. Las aportaciones se abonaron “bajo la apariencia” de pagos a Laterne por prestaciones que esta empresa “no realizó”, explica la sentencia. 

Los pagos en B no se hicieron, ni mucho menos, por amor al arte. “Los responsables de tales empresas efectuaron dichos pagos para significarse ante quienes podían continuar siendo responsables del gobierno municipal, como entidades dispuestas a apoyar que la candidatura del Partido Popular continuara gobernando el Ayuntamiento de Valencia y poder, así, beneficiarse en el futuro de un trato favorable por parte del Ayuntamiento, de las empresas públicas municipales y de cualesquiera otras entidades en cuyas decisiones pudieran intervenir los gobernantes municipales”, indica la sentencia.

El fallo afirma que los pagos se hicieron “a petición de” Alfonso Grau, el antiguo 'número dos' de Rita Barberá condenado a cuatro años y medio de prisión y a una multa millonaria por los delitos de malversación de caudales públicos y cohecho.

La caja B para las municipales de 2007

La caja B del PP de València se nutrió con, al menos, 210.000 euros provenientes de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), financiada básicamente por el consistorio y cuyo exgerente, José Salinas, ha sido condenado como cooperador necesario de un delito continuado de malversación a cuatro años de prisión y a ocho de inhabilitación. También se usaron, al menos, 178.150 euros del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), también financiado mayoritariamente por el Ayuntamiento de València.

Sin embargo, la mayoría de los fondos de la caja B del PP de Rita Barberá provenían de empresas dedicadas a la construcción o a la prestación de servicios, muchas de ellas adjudicatarias de la corporación municipal. En una primera fase, cebaron la caja B con 1,6 millones de euros.

– Nou Litoral SL, sociedad de gestión de suelo del expresidente del Valencia CF Juan Bautista Soler (actualmente extinguida), encabezó la lista de generosas aportaciones en B: pagó 360.000 euros entre 2006 y 2007. Esta firma estuvo vinculada a operaciones bancarias que causaron un perjuicio al Banco de Valencia de 198 millones de euros.

– La Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), histórica contratista de servicios del Ayuntamiento de València, abonó 300.000 euros entre 2006 y 2007, un periodo en el que facturaba más de 30 millones de euros al año al consistorio.

– El antiguo grupo Secopsa pagó 225.000 euros entre 2006 y 2007, dos ejercicios en los que facturó entre 20 y 30 millones de euros anuales al Ayuntamiento de València.

– Lubasa, del empresario Luis Batalla, puso 200.000 euros en 2007.

– Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), con una facturación al consistorio superior a los 30 millones anuales, aportó 200.000 euros entre 2006 y 2007.

– La UTE RULV, vinculada a Secopsa, Construcciones Nagares SL y a Servicios y Contratas Prieto SA, tras haber facturado nueve millones anuales, aportó 100.000 euros entre 2006 y 2007.

– Pavasal, que facturaba al Ayuntamiento entre ocho y 12 millones anuales, abonó 90.000 euros en 2007.

– El grupo Rover Alcisa pagó 60.000 euros en 2006.

– La inmobiliaria PKL Real Estate, domiciliada en Castelló, inyectó 30.000 euros en 2006.

– Ágora Patrimonial, vinculada al empresario Andrés Ballester, abonó 30.000 euros en 2007.

– Construcciones Luján, entonces presidida por Javier Luján, pagó 20.600 euros en 2007.

Los 789.000 euros para gastos

Sin embargo, tales cantidades no fueron suficientes. Alfonso Grau tuvo que movilizar de nuevo a los empresarios para asumir gastos. Como “medio de financiación” de la misma campaña electoral, varias empresas aportaron nuevos fondos para atender los gastos generados. En total, fueron 789.000 euros suplementarios.

Las mismas sociedades, y alguna nueva, asumieron una participación en Product Management Council SL, del entramado empresarial de Vicente Sáez: SAV, Secopsa, Pavasal y Lubasa pusieron 150.000 euros por cabeza. La promotora inmobiliaria Inmotec colocó 100.000 euros mientras que la constructora Edival asumió 54.800 euros y Ágora Patrimonial, 34.800. “Dichas cantidades”, afirma la sentencia, “fueron destinadas, finalmente, a atender gastos generados por la campaña electoral municipal del PP de Valencia en 2007”.

Los 318.073 euros recaudados por Alfonso Grau

Además, Alfonso Grau recaudó un total de 318.073 euros para pagar a proveedores por servicios prestados durante la campaña (entre ellos, la firma Orange Market, filial de la trama Gürtel en València). Grau “recaudó 350.000 euros y consiguió que el Grupo Secopsa entregara un cheque de 150.000 euros”, explica la sentencia. La mano derecha de Rita Barberá entregó los fondos a Jesús Gordillo, el asesor del PP que trabajó precisamente en Laterne.

El dinero recaudado procedía de Saprico, Edificaciones Prieto, SAV, Xilxes Golf Resort SL (encargada de un proyecto urbanístico en el que participaba el empresario José Luis Ulibarri) y las inmobiliarias Costa Malvarrosa SL, Prodese y Urbana Ducat SL (que ostentaba una participación minoritaria en la firma municipal Plan Cabanyal-Cnyamelar SA). 

La “mediación” de Grau

De nuevo, abunda la sentencia, los empresarios inyectaron fondos “por mediación” de Grau, “en razón” de la posición que ocupaba en el Ayuntamiento de València y “atendiendo a la capacidad que podía ejercer para tomar decisiones que pudieran beneficiar a tales empresas”.

Rita Barberá definió aquella campaña como “rigurosa, transparente, limpia y sin demagogia ni crítica fácil”. La candidata popular cosechó sus mejores resultados hasta entonces: obtuvo 235.158 votos, que se tradujeron en 21 concejales del PP.

La sentencia de la pieza separada A del 'caso Taula', que ha condenado a cuatro años y medio de prisión y a una multa millonaria al exvicealcalde de València Alfonso Grau, considera acreditada la existencia de una caja B del PP de Rita Barberá, usada para financiar la campaña electoral de los populares en las elecciones municipales de 2007 y nutrida con 1,6 millones de euros aportados por relevantes empresas contratistas del consistorio mediante una entramado pantalla. Las aportaciones en B, según concluye la sección segunda de la Audiencia Provincial de València, se hicieron “de manera clandestina” y “oculta” en “agradecimiento” o “quizás en pago, al haber sido elegidas como contratistas del Ayuntamiento” y haber podido facturar “elevadas cantidades de dinero”. La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado José Manuel Ortega, es extensa (370 páginas) y extraordinariamente minuciosa a la hora de describir el complejo entramado orquestado por Alfonso Grau para hinchar la caja B del PP de València.

El apartado de hechos probados de la sentencia arranca con la siguiente afirmación: “Los gastos de la campaña de la candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Valencia en las elecciones de 2007 ni fueron abonados por el Partido Popular ni por su grupo municipal (...)”. El PP de Rita Barberá encargó la campaña al grupo Laterne, del fallecido empresario Vicente Sáez, por un importe que “osciló alrededor de los 2.583.731,98 euros”. Así, tal volumen de gasto fue abonado mediante un alambicado sistema en B que incluyó aportaciones de fundaciones municipales y, en mayor medida, de importantes empresas privadas adjudicatarias de contratos municipales.

Si la defensa de Grau pudo vislumbrar en algún momento del juicio oral una mínima esperanza de absolución con la inopinada retractación del testigo clave de la causa, el exasesor del PP y actual funcionario del Ayuntamiento de València Jesús Gordillo, el fallo concluye que éste último “no dijo la verdad” —o, dicho de otro modo, realizó “afirmaciones que cabe tachar de inciertas”— y valida su declaración incriminatoria en la fase de instrucción. Se trata de un elemento clave de la sentencia: gran parte de la causa dependía del testimonio de Gordillo y de la documentación que aportó.

Toda la caja B pasaba por Laterne. El entramado facturó, entre 2006 y 2008, un total de 616.000 euros a la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), financiada mayoritariamente por el consistorio. De esos fondos, al menos 210.000 euros se pagaron para que Laterne “pudiera atender gastos de la campaña electoral [del PP] de 2007”.

“Dichos pagos se efectuaron por decisión de Alfonso Grau Alonso y José Salinas Novella [exgrente de la FTVCB condenado como cooperador necesario de un delito continuado de malversación a cuatro años de prisión y a ocho de inhabilitación] colaboró en la ejecución de dichos pagos a sabiendas de su finalidad”, sostiene la sentencia. El fallo argumenta que Salinas, “cuanto menos, colaboró en la comisión de los hechos”.

Con el Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), financiado mayoritariamente por el Ayuntamiento de València, se dio una situación similar. El grupo Laterne destinó, al menos, 178.150 euros facturados a la entidad para gastos electorales del PP. Todo ello, “por decisión” de Alfonso Grau. Juan Eduardo Santón, exdirector de CEyD, a pesar de su “papel relevante” en la entidad, ha sido absuelto al considerar la sentencia “admisible” que no fuera conocedor del destino final de los fondos pagados a Laterne.

Empresarios en apoyo del PP para “beneficiarse en el futuro”

Sin embargo, la vía con la que más se hinchó la caja B del PP de València fue la aportación de fondos, por un monto total de 1,6 millones de euros, por parte de empresas contratistas: Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), Secopsa, la UTE RULV Valencia, Pavasal, Lubasa, Rover Alcisa, FCC, Urbana Ducat SL, PKL Real Estate, Nou Litoral Construcciones Luján y Ágora Patrimonial.

“Los responsables de tales empresas efectuaron dichos pagos para significarse, ante quienes podían continuar siendo responsables del gobierno municipal, como entidades dispuestas a apoyar que la candidatura del Partido Popular continuara gobernando el Ayuntamiento de Valencia y poder, así, beneficiarse en el futuro de un trato favorable por parte del Ayuntamiento, de las empresas públicas municipales y de cualesquiera otras entidades en cuyas decisiones pudieran intervenir los gobernantes municipales”, concluye el fallo. Los pagos, apostilla, se hicieron “a petición” de Grau.

Otra rama del entramado pasaba por la constitución de la empresa Product Management Council SL, una firma fantasmal a la que SAV, Secopsa, Pavasal y Lubasa aportaron 150.000 euros por cabeza, e Inmotec, 100.000 euros, además de los 54.800 euros de Edival y los 34.800 de Ágora Patrimonial. “Dichas cantidades”, afirma la sentencia, “fueron destinadas, finalmente, a atender gastos generados por la campaña electoral municipal del PP de València en 2007”. En la operación, según el juez instructor, participó el cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, encargado de la defensa de María del Carmen García Fuster, ex secretaria del grupo municipal popular y absuelta en este juicio del 'caso Taula'.

Adicionalmente, Grau recaudó 350.000 euros (de las empresas Secopsa, Saprico, Edificaciones Prieto, SAV, Xilxes Golf Resort, Costa Malvarrosa, Prodese y Urbana Ducat) para pagar deudas con proveedores, incluyendo 7.386 euros abonados a Orange Market, la filial de la trama Gürtel en València.

Para la organización de la siguiente campaña electoral de 2011, el PP abonó a la empresa Trasgos, entre mayo y julio de aquel año, un total de 167.678 euros. Sin embrago, Trasgos asumió unos gastos totales de 251.176 euros (una cifra más de 83.000 euros superior a lo abonado por el grupo municipal popular). A diferencia de la campaña de 2007, “no ha resultado acreditado con qué fondos cubrió Trasgos la diferencia entre lo que cobró del grupo municipal popular y lo que gastó en la campaña electoral, ni la procedencia de los mismos”.

A pesar de que no hay suficientes pruebas, la sentencia considera que “alguna fuente de financiación tuvo que haber” en 2011, “puesto que no resulta razonable pensar que la empresa Trasgos asumiera gastos de campaña por encima de lo que el grupo municipal popular le pagó”. En todo caso, “lo que la prueba practicada no permite afirmar, más allá de toda duda razonable”, es que los 83.498 euros se abonara por parte de otras empresas a modo de “pantalla contable”.

La investigación, a cargo de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, detectó ocho ingresos por un importe total de 161.900 euros en la cuenta del grupo municipal popular en el Banco Sabadell, sin control de ningún tipo por parte del Tribunal de Cuentas. La cuenta, controlada por María del Carmen García Fuster, “no figuraba en la contabilidad ordinaria ni electoral” del PP. Sin embargo, en relación a los ocho ingresos, la sentencia afirma que “no ha quedado acreditado ni la identidad de quienes los hicieron, ni la finalidad con la que fueron realizados”.

“Rol decisivo” de Alfonso Grau

La sentencia alude al “rol decisivo” de Alfonso Grau, uno de los principales investigado en el 'caso Azud', en las campañas electorales del PP de València, singularmente en la de 2007, y a su intervención en la recaudación de fondos.

Así, la sección segunda de la Audiencia de València considera que la “única” explicación razonable es la que sostienen la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, que ejerce Compromís: Grau “se prevalió de la posición que ocupaba como teniente de alcalde para conseguir que las empresas que mantenían relaciones económicas con el ayuntamiento por importes relevantes (...) y, en todo caso en atención a su posición de poder, (...) efectuaran las aportaciones económicas”.

El fallo, que no es firme, aplica a ambos condenados la atenuante de dilaciones indebidas: aunque se trataba de una causa “muy compleja”, la instrucción estuvo prácticamente paralizada durante casi un año.

Las acusaciones pedían el decomiso de los apenas 27.731 euros que quedaban en el saldo de la cuenta del grupo municipal popular en el Banco Sabadell, bloqueada por orden judicial al inicio de la instrucción. Sin embargo, la sentencia desestima la petición argumentando que en la vista oral no ha quedado acreditado que ese dinero fuera una “ganancia derivada del delito” ni su titularidad corresponde a ninguno de los condenados.