El expresident de la Generalitat Jordi Pujol, de 95 años y con un estado de salud deteriorado, ha sido citado a declarar como acusado de forma presencial el próximo lunes en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid). Así lo ha dispuesto el tribunal que juzga el origen de la fortuna que la familia mantuvo oculta en Andorra durante décadas.

En una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el tribunal acuerda que el próximo lunes a las 10:00h. se inicien las declaraciones de los acusados con la del expresident, quien deberá comparecer “personalmente” ante el tribunal media hora antes para ser reconocido por un médico forense. Pujol podrá aportar los informes médicos que considere, agregan los magistrados.

El estado de salud del expresident sobrevuela el caso desde el inicio del juicio el pasado mes de noviembre. Entonces Pujol, todavía convaleciente de una neumonía que lo mantuvo ingresado en el hospital, compareció por videoconferencia desde casa la primera jornada de juicio, aunque no hay constancia de que se haya conectado el resto de sesiones.

Los magistrados, para sorpresa general, decidieron que Pujol siguiera como acusado pese al informe del forense de los juzgados de Barcelona que evaluó al expresident y determinó que padecía un un “deterioro cognitivo moderado irreversible” que le impedía someterse adecuadamente a un juicio. 

El trastorno neurocognitivo “mayor” que sufre el expresident, indicaron los forenses, es “irreversible, progresivo, evolutivo y sin tratamiento eficaz”. Aplicado al juicio, los médicos entendieron que Pujol “no está en condiciones físicas ni cognitivas” para comparecer en la vista oral “ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente”.

El tribunal indicó que se volvería a evaluar su estado de salud, en especial “en el momento en que tuviera que tener participación activa” en la vista, eso es, su declaración como acusado. Y ese momento ha llegado: los jueces determinan que Pujol tenga que comparecer físicamente y no de forma telemática, y que antes de declarar sea visitado por un médico.

El expresident dijo en noviembre al tribunal que estaba a su disposición, aunque no se encontraba bien. “Haré lo que pueda”, agregó a preguntas de si podría seguir el juicio. Con su mantenimiento en la vista, el expresident sigue enfrentándose a los cargos de asociación ilícita y blanqueo de capitales por los que la Fiscalía le solicita nueve años de cárcel.

El tribunal también ha dispuesto que un médico forense permanezca en la sala “durante todo el tiempo que dure la declaración” de Pujol, así como que comparezca un intérprete de catalán en caso de que alguno de los acusados quiera ejercer su derecho a declarar en esta lengua.

Ni fraude fiscal ni trabajos falsos. Los peritos contratados por los Pujol han rebatido a los inspectores de Hacienda y han defendido que los pagos millonarios que el primogénito de la familia recibió de empresarios correspondían a servicios reales, aunque se han visto acorralados por la Abogacía del Estado y han llegado a concluir que una mordida fruto de la corrupción se puede declarar como “actividad económica”.

Ante la Audiencia Nacional ha proseguido este miércoles el juicio a la familia Pujol con una nueva jornada de declaración de peritos clave para la acusación de fraude fiscal a la que se enfrentan Jordi y Josep Pujol Ferrusola. Se confrontan dos tesis: la Oficia Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) mantiene que Jordi Pujol Ferrusola defraudó a Hacienda al tributar a través de sus sociedades cantidades que debería haber incluido en su declaración de IRPF. Por contra, los peritos de la defensa alegan que no hubo defraudación alguna que rebasara el Código Penal.

Un debate tedioso como el tributario se ha encendido gracias al abogado del Estado José Ignacio Ocio, que representa a la Agencia Tributaria. A diferencia de la Fiscalía, que acusa a toda la familia de asociación ilícita y blanqueo de capitales, Hacienda se centra en los delitos fiscales de dos de los hijos (y no acusa al expresident y el resto de hermanos).

Los peritos de los Pujol, los abogados y profesores de universidad Luis Manuel Alonso González y Jorge Pérez García, han planteado al tribunal una tesis alternativa a la de la acusación. Según ambos expertos, el hecho de que existan los pagos a Pujol Ferrusola determina la veracidad de los servicios de intermediación prestados por el primogénito a varias empresas, por los que cobró 14 millones en ocho años.

Por el contrario, las acusaciones sostienen que parte de esos trabajos son falsos, ya que no constan facturas o contratos de los mismos, y que los pagos responden a querer ganarse la influencia política de la familia. Los peritos de Pujol han defendido su tesis, aunque han admitido que los trabajos de Pujol Ferrusola no siempre eran los mejores, desde al punto de vista formal.

“A veces hay e-mails, a veces no, otras veces hay contrato y otras no. Por eso buscamos una idea general: como hay pago, hay servicio, y el pago ha tributado en sociedades”, ha argumentado Pérez. El perito ha resaltado que la existencia de una factura no implica que el servicio se terminara prestando, y que lo fundamental son los pagos de las empresas.

El contrainterrogatorio del abogado del Estado ha logrado poner contra las cuerdas la tesis de los peritos de la defensa. José Ignacio Ocio ha preguntado si el pago de una mordida a Jordi Pujol Ferrusola podría tributar, y ha recibido una respuesta sorprendente de Pérez y Alonso: “Es una hipótesis, pero igualmente sería actividad económica”.

“¿Usted me está diciendo que ingresos como una mordida de corrupción son una actividad económica que tiene que tributar como el IRPF?”, ha inquirido Ocio, a lo que los peritos han insistido en que “la prestación de servicios siempre lleva calificada la naturaleza de actividad profesional”.

Los expertos de la defensa de los Pujol han remarcado que el primogénito nunca escondió a Hacienda los pagos millonarios que recibía de las empresas, porque lo declaraba todo en el Impuesto de Sociedades. Y han negado que hubiera “ocultación de rentas”, como mantiene Hacienda, porque no los declarara en el IRPF. “Lo que hace nacer la ganancia de patrimonio no justificado es la ocultación, y ocultación no hay”, ha concluido Pérez.

Otro perito de la defensa, Sebastián Piedra, ha aducido que el trabajo de Pujol Ferrusola consistía en un “servicio personalísimo”, lo que explica la falta de medios materiales en las empresas con las que el acusado facturaba los trabajos y de soporte documental que los acreditara.

Según el perito, los servicios prestados por Pujol Júnior se basaban en un elemento de “extraordinario valor pero intangible, una red de contactos y de información”, y para ese perfil de actividad “no suelen existir contratos previos”. La prueba de que era una prestación real, ha añadido, es que las empresas “ejecutaron el negocio” para el que lo habían contratado. “Hay indicios de que los servicios sí se han realizado. Han tenido éxito las operaciones. Si se paga, es que el que paga ha reconocido el servicio”, ha remachado Pérez.

Javier Aureliano García, expresidente de la Diputación de Almería (PP) hasta el pasado mes de noviembre, será investigado por pagar con dinero público un viaje privado a Madrid con su jefa de gabinete. La Diputación de Almería pagó alrededor de 2.000 euros entre vuelos y hotel para que García y María del Mar González Zamora viajaran a Madrid entre el 26 y el 27 de junio del año pasado. “¿Ponemos FEMP [Federación Española de Municipios y Provincias]?”, le preguntó su secretaria. “Claro”, replicó García, que no asistió a ninguna reunión de la FEMP ni tuvo actividad oficial en Madrid durante aquel viaje, según la Guardia Civil.

El juzgado de instrucción 1 de Almería ya lo investigaba por el presunto cobro de mordidas en contratos de compra de material sanitario durante la pandemia y la adjudicación irregular de obras públicas, que podrían suponer delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude en la contratación pública y malversación de caudales públicos.

Ahora desgaja de la investigación principal el oficio de la UCO de la Guardia Civil en el que se detallan los pormenores del viaje de García y su jefa de gabinete, y lo envía a reparto para que el juzgado al que le toque investigue los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación. El auto, adelantado por El País y al que ha tenido acceso este medio, razona que se trata de hechos diferentes a los que se investigan en la causa principal, por lo que seguirán su propio camino con la apertura de una investigación aparte en otro juzgado.

“Una necesidad personal”

El juez propone investigar un viaje a Madrid de García y González Zamora cuyo coste para la Diputación fue de 1.892,84 euros. La Guardia Civil, que entregó un completo oficio al juez a finales de febrero, cree que aquel viaje no tenía ninguna relación con el desempeño público de García, aunque trataron de hacerlo pasar como un viaje oficial. El gasto fue aprobado por Fernando Giménez, exvicepresidente de Diputación y también imputado en la pieza principal.

Los agentes de la UCO se enteraron de los preparativos del viaje porque el expresidente tenía el teléfono intervenido, y decidieron seguirlo durante su estancia en la capital. “El viaje, ya desde los momentos iniciales de su organización, habría respondido a una necesidad personal de los asistentes”, dice el Oficio, al que este medio ha tenido acceso. En concreto, a un asunto personal de ella, que debía estar en Madrid el viernes por la mañana con o sin García.

El presidente de la Diputación decidió acompañarla y pagar todo con dinero público, según la Guardia Civil. Dos días después de discutir por teléfono si iba o no, llamó a su secretaria Rocío para pedirle que reservara dos billetes de avión ida y vuelta y dos habitaciones de hotel. La secretaria le preguntó si debía consignar que era para una reunión de la FEMP. “Claro”, dijo él. “Porque la reunión la tienes en la FEMP, de qué voy a poner si no”, asumió ella. Aureliano era por entonces Presidente de la Comisión de Presidentes de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP.

La secretaria de la Diputación de Almería se puso a la tarea, y acabó reservando vuelos con salida y regreso a Granada y dos habitaciones en el Hotel Montera Madrid de Hilton.

De compras por Madrid

Javier Aureliano García no puso un pie en la sede de la FEMP ni mencionó de reunión alguna en ningún momento de las 24 horas que estuvo en Madrid, según la investigación de la UCO. La FEMP ni siquiera tenía actos programados que coincidieran con su presencia en la capital. En la agenda institucional de García no figura acto, evento o reunión con la FEMP esos días, y sí “reuniones varias”. A diferencia de lo que solía ocurrir cuando acudía a algún evento, no hay publicaciones en redes ni referencia pública a ninguna actividad pública.

En realidad, desde mediodía del jueves 26 al mediodía de viernes 27, el presidente de la Diputación de Almería disfruta de un día de asueto en la capital: buscan una terraza para pasar la tarde, descansan, él callejea hasta Fuencarral, se pasa por El Corte Inglés para probarse pantalones y camisas y echar un ojo a la zona Gourmet y acaban cenando en un caro restaurante que paga él, según documenta la UCO. Casi 400 euros.

Ya por la mañana, él se pasea por Madrid sin mucho que hacer, mientras ella acude a su cita. Entre su paseo matutino del viernes y el café que se tomó en un hotel de calle Barquillo, el expresidente del PP almeriense sí pasa frente a la puerta trasera de la sede, “pasando de largo”, dicen los investigadores. Por teléfono le dice a una mujer, aparentemente su pareja, que comerá por Cueva Baja “con esta gente de la FEMP”, pero come en Marisquería Rafa con su jefa de gabinete. Después se vuelven a Almería, vía Granada, tras evitar a Luis Rogelio [Rodríguez Comendador, también expresidente de la Diputación de Almería y senador del PP], “que no me dé el coñazo”.

La factura del viaje emitida a la Diputación de Almería por Viajes Vertical detalla 662 euros por cada vuelo ida y vuelta, 282 por cada una de las habitaciones y unos pequeños gastos de gestión. Total, el día en Madrid salió por 1.892,84 euros. El vicepresidente de Diputación autorizó el gasto un mes después.

Presuntas mordidas

La apertura de una investigación por estos hechos se suma a la causa principal, en la que el juzgado trata de dilucidar el presunto cobro de entre 200.000 y 400.000 euros en mordidas por la adjudicación fraudulenta de un contrato de un millón de euros para comprar mascarillas en mitad de la pandemia, y la presunta existencia de una trama para adjudicar contratos de obra de la Diputación.

El nexo común entre ambas subrtramas es Óscar Liria, exvicepresidente de la Diputación, quien habría percibido las comisiones por las mascarillas y por al menos 16 obras “haciéndolas llegar a otros cargos públicos de la Diputación Provincial de Almería”. Los investigados hablaban de “ir al dentista” y “ponerse dentadura” para referirse a las presuntas mordidas.

Todo ello, “con el pleno conocimiento, aquiescencia y participación del entonces presidente Javier Aureliano García Molina”, según escribe el juez en el auto. La UCO ya concluyó que García pagaba su hipoteca con dinero procedente de estas mordidas, sirviéndose de sus hermanos para reintroducir el dinero en metálico en el circuito legal.

García y su vicepresidente Fernando Giménez fueron detenidos el pasado noviembre en la última fase de la operación. La primera parte se desarrolló en 2021 y en ella fue arrestado Óscar Liria, entonces vicepresidente tercero, con vínculos familiares con otros involucrados. El juez investiga presuntos delitos de cohecho, malversación, blanqueo de capitales y fraude en la contratación pública en la trama principal, y ahora apunta también a la prevaricación administrativa y otro de malversación por el viaje. El expresidente de la Diputación de Almería está llamado a declarar el próximo 26 de junio.

García acumuló un gran poder en su condición simultánea de presidente del PP de Almería y de la Diputación (desde junio de 2021 y enero de 2019, respectivamente). En ambos sustituyó al histórico Gabriel Amat. Dimitió el 21 de noviembre, tres días después de ser detenido.

“És el projecte de major magnitud de la legislatura”. El 24 de novembre de 2004, un exultant Jaume Matas —avui amb múltiples condemnes per corrupció— anunciava per sorpresa la posada en marxa de la primera línia de metro de Palma. Fins aleshores, la capital balear no només no disposava d’aquesta infraestructura, sinó que tampoc no existia un debat tècnic sòlid que la justifiqués. “Les ciutats modernes d’Espanya, Europa i el món tenen metro”, proclamava aleshores el líder autonòmic del PP. Tanmateix, allò que es va presentar com un símbol de modernitat acabaria convertint-se en una de les obres més controvertides del seu mandat: la construcció del metro va acabar marcada pel calendari electoral, travessada pels sobrecostos i llastrada per una execució tècnica qüestionada sobre la qual mai no va deixar de planar la sospita de la corrupció.

Gairebé dues dècades després, el Govern balear ha anunciat que reforçarà la connectivitat ferroviària i ampliarà la infraestructura amb l’objectiu de dur-la fins a l’hospital de referència de Balears, el de Son Espases, als afores de Palma. Un anunci que ha tornat a situar al centre del debat una pregunta de fons: fins a quin punt aquella infraestructura va respondre a una necessitat real de mobilitat o va ser, en essència, una decisió política accelerada dissenyada per materialitzar-se en un termini electoral concret.

La línia M1, que al llarg de 7,5 quilòmetres cercava connectar Palma amb la Universitat de les Illes Balears (UIB), va ser concebuda i executada en temps rècord. A l’octubre de 2004, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publicava la licitació del soterrament ferroviari i la construcció de l’estació intermodal de Palma, node central de la xarxa, i a l’abril de 2005, la de les obres d’execució de la línia. L’objectiu era clar: arribar a les eleccions autonòmiques de 2007 amb el projecte inaugurat. I així va ser: el 25 d’abril d’aquell any, 33 dies abans dels comicis, el metro es posava en marxa. Tanmateix, el símbol de modernitat duraria poc. Després de les primeres pluges intenses que varen caure sobre Palma després de la seva inauguració, el metro va col·lapsar: diverses estacions i trams quedaren completament inundats i el servei hagué de suspendre’s durant deu mesos.

El 25 d'abril de 2007, tot just un mes abans de les eleccions autonòmiques, el metro es posava en marxa. No obstant això, el símbol de modernitat duraria poc: la infraestructura es va veure inundada per les primeres pluges que van caure després de la seva inauguració i el servei va quedar suspès durant deu mesos

Les imatges —andanes negades, túnels convertits en canals— no només varen ocupar titulars, sinó que varen posar al descobert les deficiències estructurals del projecte, que obligaren a intervenir d’urgència i a replantejar parts essencials de la infraestructura. A aquestes deficiències s’hi va afegir el context en què s’havien desenvolupat els treballs: una etapa (la legislatura 2003-2007, amb Matas ja fora del Govern de José María Aznar) marcada per la construcció de projectes colossals en què grans constructores es varen fer amb contractes milionaris. En el cas del metro, la Fiscalia Anticorrupció va arribar a investigar un suposat frau de fins a 3,8 milions d’euros per pagaments de treballs no executats i factures sense contracte, però les diligències no varen tenir recorregut i acabaren diluint-se sense conseqüències penals.

Sobrecàrrecs i decisions accelerades

L’execució del metro de Palma es va articular a través d’una xarxa de concessionàries integrades en diverses unions temporals d’empreses (UTE), un model habitual en l’obra pública que permet a diverses empreses concórrer conjuntament però que també dificulta el seguiment del procés i l’atribució de responsabilitats. Anys després, quan el gabinet de Jaume Matas es va veure esquitxat pels casos de corrupció, alguns dels actors implicats en aquell procés varen assenyalar que els terminis varen condicionar decisions clau: des del disseny fins a l’execució, passant per la supervisió de les obres. La prioritat política d’arribar a temps a la inauguració es va acabar imposant a la prudència tècnica.

Anys després, quan el gabinet de Jaume Matas es va veure esquitxat pels casos de corrupció, alguns dels actors implicats en l'execució del metro van assenyalar que els terminis van condicionar decisions clau: des del disseny fins a l'execució, passant per la supervisió de les obres

Tant és així que, si el metro comptava amb un pressupost inicial de 235 milions d’euros —una xifra similar a la que es contempla amb l’ampliació anunciada—, el cost final de construcció es va elevar fins als 343 milions, als quals calgué afegir prop de 28 milions en obres de reparació després de les inundacions. A això s’hi va sumar l’impacte de la financiació, que va encarir encara més el cost real de la infraestructura, superant àmpliament les previsions inicials en un projecte marcat per decisions accelerades i una planificació tècnica que acabà revelant-se insuficient.

Els treballs d'execució es van articular en diverses fases. Una d'elles, corresponent al soterrament de les vies i a la construcció de l'estació intermodal, node central de la xarxa, va recaure, per 29 milions d'euros, en la UTE conformada per FCC, Sampol i Brues, aquesta última propietat del constructor Antonio Pinal. A més de desfilar com a imputat davant del jutge de l'Audiència Nacional Pablo Ruz pel seu rol en els 'papers de Bárcenas', Pinal seria assenyalat per l'exregidor d'Urbanisme Javier Rodrigo de Santos i l'extresorer nacional del PP com la persona que havia ajudat a finançar la seu del PP balear a canvi d'adjudicacions públiques i terrenys per al desenvolupament dels seus macroprojectes urbanístics. No en va, un informe de l'Agència Tributària va certificar que, sota el mandat de Matas, el Govern balear havia atorgat contractes per un total de 27,2 milions d'euros a Construcciones Brues S.A.

Malgrat el convenciment del jutge instructor, José Castro, que la formació conservadora havia “comptat amb un sistema de finançament estructurat sobre una duplicitat de caixes i comptabilitats”, les recerques van caure en sac foradat quan la Fiscalia Anticorrupció va reclamar l'arxivament. Si les confessions de Rodrigo de Santos i Bárcenas no es van veure referendades per dades objectives alienes a aquestes, postil·lava el magistrat, es devia al fet que els autors del suposat delicte s'haurien “afanyat per fer els lliuraments de manera que no deixessin rastre”.

Quant a l'execució de la línia metropolitana, les obres, dividides en tres etapes, es van repartir entre diverses UTE. Una d'elles, adjudicada per 35,4 milions, estava liderada per Dragados, una de les principals filials del grup ACS. Al capdavant de la mateixa es trobava Juan Antonio Esteban, aleshores delegat territorial de la constructora i avui regidor de Vox a l'Ajuntament de Palma. El seu nom va aparèixer en un dels grans casos de corrupció impulsats contra Matas, el de Son Espases, arran de les irregularitats comeses en l'adjudicació del major hospital de Balears. En el marc d'aquesta macrocausa, Rodrigo de Santos va assegurar que el PP balear, sota el mandat de Matas i amb la connivència del partit a nivell estatal, exigia un 3% en comissions amb cada adjudicació pública.

La concessió de l'hospital i d'altres projectes -sempre segons el testimoni de l'exregidor- seria atorgada a qui es comprometés a abonar el suborn fixat en cada projecte. Després d'un llarg procés plagat de vicissituds, la construcció i explotació de l'hospital van ser atorgades, per 635 milions d'euros, a l'UTE formada per Dragados, FCC, Melchor Mascaró S.L. i Llabrés Feliu S.A. Segons va assenyalar De Santos, Esteban li havia traslladat que Matas havia demanat diners al president d'ACS, Florentino Pérez. El representant de Dragados va negar en la seva declaració com a testimoni que la seva empresa hagués pagat cap comissió, ja que es tractava d'una conducta la pràctica de la qual hauria estat “impossible” en la constructora. Mai no va arribar a provar-se cap suborn.

En paral·lel, en una legislatura marcada per l'abusiva externalització de serveis -en la qual nombrosos tècnics i empresaris tenien accés a informació de les diferents adjudicacions i la traçabilitat de les quals resulta, encara avui, difícil de reconstruir-, el Govern de Matas va contractar una consultora, Global PM, per a realitzar el seguiment de les obres del metre. En col·laboració amb grans signatures com Prointec, Global PM no va ser un actor menor en les grans adjudicacions públiques d'aquella legislatura, sinó una peça situada en el cor dels processos de decisió. Va ser també, de fet, l'encarregada d'elaborar l'informe que hauria d'influir en la valoració d'ofertes per a la construcció de Son Espases. Com declararien diversos testimoniatges, la mercantil, amb l'empresari Jesús Peinado al capdavant, va començar a operar en Balears de la mà de l'històric dirigent del PP balear Josep Maria Rodríguez, qui durant anys va moure els ressorts interns del partit fins a convertir-se, per a bé i per a dolent, en el principal home de confiança de Matas, amb qui va acabar compartint banqueta i condemna.

El 2008, la que havia estat consellera d'Obres Públiques sota el mandat de Matas, Mabel Cabrer -el nom de la qual, sense arribar a ser imputada ni condemnada, va aparèixer en diverses investigacions judicials relacionades amb la gestió de contractes públics durant aquella legislatura, com el cas Over, que va treure a la llum el finançament il·legal del PP, ratificat pel Tribunal Suprem-, va demanar disculpes pels “errors” i “equivocacions” detectats a les obres del metro, però va assegurar que Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), encarregada de la gestió de la infraestructura, sempre va actuar amb “total transparència i la màxima legalitat”.

Un any després, el 2009, el pacte de progrés encapçalat, per segona vegada, per l'expresident socialista Francesc Antich, denunciava davant la Fiscalia Anticorrupció els pagaments efectuats per l'Executiu de Matas per serveis d'assessoria sense cobertura contractual que afectaven Global PM. Segons la documentació remesa, es van detectar facturacions que podien implicar un cobrament duplicat en treballs relacionats amb la supervisió del metro per un import proper als 1,3 milions d'euros. Des de l'empresa, tanmateix, es va traslladar a l'Administració que la duplicitat responia a un error i es va oferir a regularitzar la situació mitjançant compensacions en factures pendents.

La inauguració i el col·lapse: les inundacions del 2007

Quan faltava poc més d'un mes per a la celebració dels comicis autonòmics de maig de 2007, finalment posava en marxa la primera línia de metro de Palma, el projecte que Matas havia anunciat com a símbol d'avenç en la mobilitat de l'illa, convertit en una de les principals cartes de presentació de la legislatura en el moment en què aquesta encarava la seva recta final. Juntament amb el metro va ser inaugurada una altra gran obra, el velòdrom Palma Arena: projectat amb l'objectiu d'albergar el Mundial de ciclisme en pista d'aquell any, l'expresident balear va oferir en aquestes instal·lacions el seu principal míting de campanya. A Eivissa, el PP presentava un altre dels seus projectes estrella, l'autopista, la construcció de la qual va encendre la guspira d'una de les majors protestes mediambientals dutes a terme a l'illa.

No obstant això, la magnanimitat dels projectes i la urgència per finalitzar-los no van tenir l'efecte esperat en les urnes. La patacada electoral de Matas, que el va abocar a l'abandó de la política per a traslladar-se als Estats Units, va donar pas al segon mandat d'esquerres de Balears, amb Antich -que ja havia liderat el primer pacti de progrés de la història democràtica balear- de nou en la presidència. En paral·lel arrencava un periple judicial replet d'escàndols que s'allargaria durant pràcticament una dècada: contractes a dit, suborns i desviament de fons públics van començar a aflorar després de les obres colossals que el exlíder popular va convertir en la seva senya d'identitat en la seva aposta per un model de creixement ràpid i electoralment rendible.

La magnanimitat dels projectes i la urgència per finalitzar-los no van tenir l'efecte esperat a les urnes. La patacada electoral de Matas, que el va abocar a l'abandonament de la política per traslladar-se als Estats Units, va donar pas al segon mandat d'esquerres de Balears, amb el socialista Francesc Antich de nou a la presidència

Les controvèrsies al voltant del metro no es van limitar a la seva execució. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) va posar en evidència, el 2019, els conflictes contractuals sorgits durant l’obra. Entre altres qüestions, la sentència revelava el paper que va exercir la consultora Global PM després del col·lapse del sistema i les greus inundacions del 2007: SFM va haver d’encarregar auditories tècniques i refer la liquidació de les obres. Per fer-ho, va recórrer novament a la mateixa empresa que havia prestat assistència tècnica durant l’execució perquè realitzàs, en aquesta ocasió, una nova medició general de l’obra.

Aquest detall no és menor: implica que la mateixa estructura tècnica que hauria d’haver detectat els problemes durant la construcció va ser l’encarregada posteriorment de recalcular i validar les obres executades en un context marcat per greus deficiències. La resolució, consultada per aquest diari, descriu com, després de les inundacions, la liquidació inicial —de més de 7,4 milions d’euros— va ser descartada i substituïda per una nova proposta basada en aquests treballs de medició.

Les xifres judicials del projecte

La sentència també posa xifres al volum econòmic en disputa. La liquidació final aprovada per SFM per a la fase I del projecte va ascendir a 6,43 milions d’euros, després d’un procés complex en què fins i tot es va discutir judicialment el pagament d’interessos per retards en l’abonament de les certificacions. Les constructores Tecsa, Matías Arrom Bibiloni i Dragados van arribar a reclamar 502.861 euros en concepte d’interessos de demora pel pagament tardà de la certificació final d’obra que recollia l’import de la liquidació. No obstant això, els tribunals varen rebutjar una part substancial d’aquestes pretensions en considerar que no estaven degudament justificades ni comptaven amb la preceptiva cobertura contractual, i només varen reconèixer parcialment aquelles partides acreditades, fet que evidencia el grau d’improvisació i conflicte que va acompanyar l’obra.

Amb el pas dels anys, el metro de Palma s’ha anat consolidant dins la xarxa de transport ferroviari de Mallorca, ampliant-ne l’abast i convertint-se en una peça clau del transport públic de l’illa. La línia M1 s’ha mantingut com l’eix principal del servei, amb millores operatives i de freqüència destinades a reforçar-ne l’ús quotidià, especialment en hores punta i durant el curs universitari, i ha estat ampliada recentment fins al centre tecnològic del Parc Bit. L’any 2013 es va posar en marxa la línia M2, l’execució de la qual, a diferència de la M1, no va implicar la construcció de nous túnels, sinó que va aprofitar el traçat ferroviari preexistent per enllaçar la capital balear amb el municipi de Marratxí, ampliant la cobertura del metro de manera ràpida i amb un cost menor. La M2 es va integrar així en la xarxa com una solució híbrida entre metro i rodalies, reforçant la connexió metropolitana sense necessitat de grans obres addicionals.

El Govern preveu ara portar el metro fins a l’hospital de Son Espases, per a la qual cosa contempla una inversió inicial de 230 milions d’euros, l’inici de les obres el 2029 i una demanda estimada de tres milions de viatgers anuals. Aquella infraestructura nascuda entre presses forma avui part del dia a dia de milers d’usuaris. Però el seu origen continua projectant una ombra allargada: la d’una obra concebuda sota pressió política, els efectes de la qual —tècnics i econòmics— varen trigar anys a aflorar.

“Es el proyecto de mayor magnitud de la legislatura”. El 24 de noviembre de 2004, un exultante Jaume Matas, expresidente balear hoy multicondenado, anunciaba por sorpresa la puesta en marcha de la primera línea de metro de Palma. Hasta entonces, la capital balear carecía de una infraestructura que ya había sido planteada por el primer pacto de izquierdas que, entre 1999 y 2003, gobernó en Balears. “Las ciudades modernas de España, Europa y el mundo tienen metro”, proclamaba entonces el líder autonómico del PP, que tomó el testigo de una obra cuyo desarrollo activó en tiempo récord. Sin embargo, lo que se presentó como símbolo de modernidad acabaría convirtiéndose en uno de los proyectos más controvertidos de su mandato: la construcción del metro acabó marcada por el calendario electoral, atravesada por los sobrecostes y lastrada por una ejecución técnica cuestionada sobre la que nunca dejó de planear la sospecha de la corrupción.

Casi dos décadas después, el Govern balear ha anunciado que reforzará la conectividad ferroviaria y ampliará la infraestructura, hoy utilizada por miles de usuarios, con el objetivo de llevarla hasta el hospital de referencia de Balears, el de Son Espases, a las afueras de Palma. Un anuncio que ha devuelto al centro del debate una pregunta que emergió en su momento: hasta qué punto el metro impulsado por el equipo de gobierno de Matas respondió a una necesidad real de movilidad o fue, en esencia, una decisión diseñada para materializarse con un horizonte político concreto.

La línea M1, que a lo largo de 7,5 kilómetros buscaba conectar Palma con la Universitat de les Illes Balears (UIB), fue concebida y ejecutada en poco más de dos años, un plazo inusualmente breve para una infraestructura subterránea de estas características, cuyo desarrollo suele prolongarse durante varios ejercicios y requiere fases previas de estudio, proyecto y ejecución más dilatadas. En abril de 2005, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la licitación de las obras y el 25 de abril de 2007 -33 días antes de las elecciones autonómicas de ese año-, el metro se ponía en marcha. El objetivo de llegar a los comicios con el proyecto en funcionamiento se cumplió con creces. Sin embargo, el símbolo de modernidad duraría poco. Tras las primeras lluvias intensas que cayeron sobre Palma después de su inauguración, el metro colapsó: varias estaciones y tramos quedaron completamente inundados y el servicio tuvo que suspenderse durante diez meses.

El 25 de abril de 2007, apenas un mes antes de las elecciones autonómicas, el metro se ponía en marcha. Sin embargo, el símbolo de modernidad duraría poco: la infraestructura se vio inundada por las primeras lluvias que cayeron tras su inauguración y el servicio quedó suspendido durante diez meses

Las imágenes -andenes anegados, túneles convertidos en canales- no solo ocuparon titulares, sino que sacaron a la luz las deficiencias estructurales del proyecto, que obligaron a intervenir de urgencia y a replantear partes esenciales de la infraestructura. A las deficiencias se sumó el contexto en el que se habían desarrollado los trabajos: una etapa (la legislatura 2003-2007, con Matas fuera ya del Gobierno de José María Aznar) marcada por la construcción de proyectos colosales en los que grandes constructoras se hicieron con contratos millonarios. En el caso del metro, la Fiscalía Anticorrupción llegó a investigar un supuesto fraude de hasta 3,8 millones de euros por pagos de trabajos no ejecutados y facturas sin contrato, pero las diligencias no tuvieron recorrido y acabaron diluyéndose sin consecuencias penales.

Sobrecostes y decisiones aceleradas

La ejecución del metro de Palma se articuló a través de una red de concesionarias integradas en varias Uniones Temporales de Empresas (UTE), un modelo habitual en la obra pública que permite a varias empresas concurrir de forma conjunta pero que también dificulta el seguimiento del proceso y la atribución de responsabilidades. Años después, cuando el gabinete de Jaume Matas se vio salpicado por los fangos de la corrupción, algunos de los actores implicados en aquel proceso apuntaron a que los plazos condicionaron decisiones clave: desde el diseño hasta la ejecución, pasando por la supervisión de las obras. La prioridad política de llegar a tiempo a la inauguración terminó imponiéndose sobre la prudencia técnica, como en otras obras de la época.

Años después, cuando el gabinete de Jaume Matas se vio salpicado por los fangos de la corrupción, algunos de los actores implicados en la ejecución del metro señalaron que los plazos condicionaron decisiones clave: desde el diseño hasta la ejecución, pasando por la supervisión de las obras

Tanto fue así que, si el metro contaba con un presupuesto inicial de 235 millones de euros -una cifra similar a la que se contempla con la ampliación recién anunciada-, el coste final de construcción acabó elevándose a los 343 millones, a los que hubo que añadir cerca de 28 millones en obras de reparación tras las inundaciones. Con el impacto de la financiación y los intereses, la factura total llegó a superar los 500 millones de euros -de acuerdo a los cálculos efectuados por el equipo de gobierno que sustituyó a Matas-, más del doble de lo previsto inicialmente en un proyecto marcado por las decisiones aceleradas y una planificación técnica que acabó revelándose insuficiente. La falta de tiempo también afectó a la evaluación de riesgos geotécnicos, especialmente en una ciudad con zonas inundables y una compleja relación con el nivel freático.

Los trabajos de ejecución se articularon en varias fases. Una de ellas, correspondiente al soterramiento de las vías y a la construcción de la estación intermodal, nodo central de la red, recayó, por 29 millones de euros, en la UTE conformada por FCC, Sampol y Brues, ésta última propiedad del constructor Antonio Pinal. Además de desfilar como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por su rol en los 'papeles de Bárcenas', Pinal sería señalado por el exconcejal de Urbanismo Javier Rodrigo de Santos y el extesorero nacional del PP como la persona que había ayudado a financiar la sede del PP balear a cambio de adjudicaciones públicas y terrenos para el desarrollo de sus macroproyectos urbanísticos. No en vano, un informe de la Agencia Tributaria certificó que, bajo el mandato de Matas, el Govern balear había otorgado contratos por un total de 27,2 millones de euros a Construcciones Brues S.A.

Pese al convencimiento del juez instructor, José Castro, de que la formación conservadora había “venido contando con un sistema de financiación estructurado sobre una duplicidad de cajas y contabilidades”, las investigaciones cayeron en saco roto cuando la Fiscalía Anticorrupción reclamó el archivo. Si las confesiones de Rodrigo de Santos y Bárcenas no se vieron refrendadas por datos objetivos ajenos a las mismas, apostillaba el magistrado, se debía a que los autores del supuesto delito se habrían “afanado por hacer las entregas de manera que no dejasen rastro”.

En cuanto a la ejecución de la línea metropolitana, las obras, divididas en tres etapas, se repartieron entre varias UTE. Una de ellas, adjudicada por 35,4 millones, estaba liderada por Dragados, una de las principales filiales del grupo ACS. Al frente de la misma se encontraba Juan Antonio Esteban, entonces delegado territorial de la constructora y hoy concejal de Vox en el Ayuntamiento de Palma. Su nombre apareció en uno de los grandes casos de corrupción impulsados contra Matas, el de Son Espases, a raíz de las irregularidades cometidas en la adjudicación del mayor hospital de Balears. En el marco de esta macrocausa, Rodrigo de Santos aseguró que el PP balear, bajo el mandato de Matas y con la connivencia del partido a nivel estatal, exigía un 3% en comisiones con cada adjudicación pública.

La concesión del hospital y de otros proyectos -siempre según el testimonio del exconcejal- sería otorgada a quien se comprometiera a abonar el soborno fijado en cada proyecto. Tras un largo proceso plagado de vicisitudes, la construcción y explotación del hospital fueron otorgadas, por 635 millones de euros, a la UTE formada por Dragados, FCC, Melchor Mascaró S.L. y Llabrés Feliu S.A. Según señaló De Santos, Esteban le había trasladado que Matas había pedido dinero al presidente de ACS, Florentino Pérez. El representante de Dragados negó en su declaración como testigo que su empresa hubiese pagado comisión alguna, puesto que se trataba de una conducta cuya práctica habría sido “imposible” en la constructora. Nunca llegó a ser probado soborno alguno.

En paralelo, en una legislatura marcada por la abusiva externalización de servicios -en la que numerosos técnicos y empresarios tenían acceso a información de las distintas adjudicaciones y cuya trazabilidad resulta, aún hoy, difícil de reconstruir-, el Govern de Matas contrató a una consultora, Global PM, para realizar el seguimiento de las obras del metro. En colaboración con grandes firmas como Prointec, Global PM no fue un actor menor en las grandes adjudicaciones públicas de aquella legislatura, sino una pieza situada en el corazón de los procesos de decisión. Fue también, de hecho, la encargada de elaborar el informe que habría de influir en la valoración de ofertas para la construcción de Son Espases. Como declararían varios testimonios, la mercantil, con el empresario Jesús Peinado al frente, comenzó a operar en Balears de la mano del histórico dirigente del PP balear José María Rodríguez, quien durante años manejó los resortes internos del partido hasta convertirse, para lo bueno y para lo malo, en el principal hombre de confianza de Matas, con quien acabó compartiendo banquillo y condena.

En 2008, la que había sido consellera de Obras Públicas bajo el mandato de Matas, Mabel Cabrer -cuyo nombre, sin llegar a ser imputada ni condenada, apareció en varias investigaciones judiciales relacionadas con la gestión de contratos públicos durante aquella legislatura, como el caso Over, que sacó a la luz la financiación ilegal del PP, ratificada por el Tribunal Supremo-, pidió disculpas por los “fallos” y “equivocaciones” detectados en las obras del metro, pero aseguró que Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), encargada de la gestión de la infraestructura, siempre actuó con “total transparencia y la máxima legalidad”.

Un año después, en 2009, el pacte de progrés encabezado, por segunda vez, por el expresidente socialista Francesc Antich, denunciaba ante la Fiscalía Anticorrupción los pagos efectuados por el Ejecutivo de Matas por servicios de asesoría sin cobertura contractual que afectaban a Global PM. Según la documentación remitida, se detectaron facturaciones que podían implicar un cobro duplicado en trabajos relacionados con la supervisión del metro por un importe cercano a los 1,3 millones de euros. Desde la empresa, sin embargo, se trasladó a la Administración que la duplicidad respondía a un error y se ofreció a regularizar la situación mediante compensaciones en facturas pendientes.

La inauguración y el colapso: las inundaciones de 2007

Cuando faltaba poco más de un mes para la celebración de las elecciones autonómicas de mayo de 2007, finalmente echaba a andar la primera línea de metro de Palma, el proyecto que Matas había anunciado como símbolo de avance en la movilidad de la isla, convertido en una de las principales cartas de presentación de la legislatura en el momento en el que ésta encaraba su recta final. Junto al metro fue inaugurada otra gran obra, el velódromo Palma Arena: proyectado con el objetivo de albergar el Mundial de ciclismo en pista de ese año, el expresidente balear ofreció en estas instalaciones su principal mitin de campaña. En Eivissa, el PP presentaba otro de sus proyectos estrella, la autopista, cuya construcción encendió la espita de una de las mayores protestas medioambientales llevadas a cabo en la isla.

Sin embargo, la magnanimidad de los proyectos y la urgencia por finalizarlos no tuvieron el efecto esperado en las urnas. El batacazo electoral de Matas, que lo abocó al abandono de la política para trasladarse a Estados Unidos, dio paso al segundo mandato de izquierdas de Balears, con Antich -que ya había liderado el primer pacte de progrés de la historia democrática balear- de nuevo en la presidencia. En paralelo arrancaba un periplo judicial repleto de escándalos que se alargaría durante prácticamente una década: contratos a dedo, cohechos y desvío de fondos públicos comenzaron a aflorar tras las obras colosales que el exlíder popular convirtió en su seña de identidad en su apuesta por un modelo de crecimiento rápido y electoralmente rentable.

La magnanimidad de los proyectos y la urgencia por finalizarlos no tuvieron el efecto esperado en las urnas. El batacazo electoral de Matas, que lo abocó al abandono de la política para trasladarse a Estados Unidos, dio paso al segundo mandato de izquierdas de Balears, con el socialista Francesc Antich de nuevo en la presidencia

Las controversias en torno al metro no se limitaron a su ejecución. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) puso en evidencia, en 2019, los conflictos contractuales surgidos durante la obra. Entre otros problemas, el fallo revelaba el papel que desempeñó la consultora Global PM tras el colapso del sistema y las graves inundaciones de 2007: SFM tuvo que encargar auditorías técnicas y rehacer la liquidación de las obras. Para ello, recurrió de nuevo a la misma empresa que había brindado asistencia técnica durante la ejecución para que realizase, en esta ocasión, una nueva medición general de la obra.

Este detalle no es menor: significa que la misma estructura técnica que debía haber detectado los problemas durante la construcción fue la encargada después de recalcular y validar las obras ejecutadas en un contexto marcado por deficiencias graves. La resolución, consultada por este periódico, describe cómo, tras las inundaciones, la liquidación inicial -de más de 7,4 millones de euros- fue descartada y sustituida por una nueva propuesta basada en esos trabajos de medición.

Las cifras judiciales del proyecto

El fallo también pone cifras al volumen económico en disputa. La liquidación final aprobada por SFM para la fase I del proyecto ascendió a 6,43 millones de euros tras un complejo proceso en el que incluso se discutió judicialmente el pago de intereses por retrasos en el abono de las certificaciones. Las constructoras Tecsa, Matías Arrom Bibiloni y Dragados llegaron a reclamar 502.861 euros en intereses de demora por el pago tardío de la certificación final de obra que recogía el importe de la liquidación. Sin embargo, los tribunales rechazaron una parte sustancial de esas pretensiones al considerar que no estaban debidamente justificadas ni contaban con la preceptiva cobertura contractual, y solo reconoció parcialmente aquellas partidas acreditadas, evidenciando el grado de improvisación y conflicto que acompañaron a la obra.

Con el paso de los años, el metro de Palma fue consolidándose dentro de la red de transporte ferroviario de Mallorca, ampliando su alcance y convirtiéndose en pieza clave del transporte público de Mallorca. La línea M1 se mantuvo como el eje principal del servicio, con mejoras operativas y de frecuencia destinadas a reforzar su uso cotidiano, especialmente en horas punta y durante el curso universitario, siendo ampliada el año pasado hasta el centro tecnológico Parc Bit. En 2013 fue puesta en marcha la línea M2, cuya ejecución, a diferencia de la M1, no implicó la construcción de nuevos túneles, sino que aprovechó el trazado ferroviario preexistente para enlazar la capital balear con el municipio de Marratxí, ampliando la cobertura del metro de forma rápida y con menor coste. La M2 se integró así en la red como una solución híbrida entre metro y cercanías, reforzando la conexión metropolitana sin necesidad de grandes obras adicionales.

El Govern prevé ahora llevar el metro hasta el hospital de Son Espases, para lo cual contempla una inversión inicial de 230 millones, el inicio de las obras en 2029 y una demanda de tres millones de viajeros anuales. Aquella infraestructura nacida entre prisas forma parte hoy del día a día de miles de usuarios. Pero su origen continúa proyectando una sombra alargada: la de una obra concebida bajo presión política cuyos efectos, técnicos y económicos tardaron años en aflorar.

Él no sabía nada, oiga. M. Rajoy era sordo, ciego y mudo. Y lo mismo María Dolores de Cospedal. Ninguno se sentará en el banquillo de los acusados, donde ya están desde este lunes el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y su exnúmero dos, Francisco Martínez, quien se conjuró para no comerse el marrón solo porque él no era más que un “pringao”. Se juzga, ya saben, la operación Kitchen, uno de los capítulos más turbios de esta democracia nuestra que, para la derecha, hoy está en peligro de extinción y entonces era todo un ejemplo. 

¿Recuerdan? Un Gobierno (del PP) que dispuso de las estructuras del Estado para ocultar su corrupción sistémica. Espiaron, robaron, destruyeron discos duros de los ordenadores, contrataron a un falso cura para asaltar una vivienda, usaron los fondos reservados y pusieron a su servicio a una red de policías corruptos para evitar que su ex tesorero, Luis Bárcenas, difundiera todo lo que sabía sobre la caja B de su propio partido. 

Han pasado 13 años desde entonces y los de Feijóo dicen que todo aquello les es ajeno, que lo que hoy importa es la mugre de Sánchez y que donde la ciudadanía tiene que fijar la mirada es en Ábalos, Koldo y por extensión en todo el Gobierno actual. Cada cual que apunte dónde le plazca porque ambos juicios arrancan esta semana. Algo que los jueces llaman casualidad y los descreídos, causalidad. Vamos, que los tiempos de la justicia son los de la política cuando conviene porque no hay quién entienda que haya pasado más una década desde que aquel Ministerio del Interior dirigido por el beato Fernández Díaz tejiera una fétida red de corrupción política para sepultar todo lo relacionado con los ingresos opacos y las donaciones que recibía el PP de las constructoras y al exministro de Fomento socialista y su asesor se les vaya a juzgar por un supuesto amaño de contratos de mascarillas durante la pandemia en poco más de un año.

Preocupan los plazos y preocupa la dimensión de los casos, siendo ambos absolutamente condenables porque no hay mayor indignidad que llenarse los bolsillos con la adjudicación del material sanitario que los españoles necesitaban para sobrevivir a una pandemia durante la cual los muertos se contaron por decenas de miles. Ábalos, además de ministro de Fomento, fue secretario de Organización del PSOE y hombre de absoluta confianza de Sánchez y de ahí que el PP sostenga ahora que el presidente es responsable de lo ocurrido y que tiene que dimitir por ello. 

De tapabocas, mordidas y amaño de adjudicaciones el PP también sabe algo porque ya suma un total de 32 imputados en el llamado caso mascarillas de la Diputación de Almería, donde se investiga una presunta trama de contratación irregular de obras menores entre 2016 y 2021. Todos ellos tendrán que declarar entre el 28 de mayo y el 26 de junio, después de las elecciones andaluzas para que el juicio no interfiera en los comicios a los que el popular Juanma Moreno se presenta a la reelección sin que nadie, por cierto, le haya hecho responsable ni pedido su dimisión por la corrupción de sus subordinados en Almería. Si Sánchez sabía, ocultó y se tiene que marchar, del presidente de la Junta debería decirse la misma boutade. No hay línea de puntos que pueda unir ni empate posible entre estos dos asuntos con lo de poner al servicio de un partido a la Policía para tapar un caso de financiación ilegal de dimensiones colosales como fue el caso Gürtel, que fue el motivo por el que se creó la Kitchen. La red de corrupción que anidó en el PP acumula ya más de 100 sentenciados a penas de cárcel, muchos de ellos antiguos dirigentes del partido.

Pero Rajoy no sabía nada de todo ello. En diciembre de 2021, declaró en sede parlamentaria no haber tenido conocimiento alguno de la operación diseñada para robar la documentación comprometedora del partido con la que Bárcenas pretendía hacer pública la corrupción. También negó conocer la existencia de una caja B en el PP o conocer al ex comisario Villarejo mientras dijo tener una “magnífica opinión” de Fernández Díaz. De María Dolores de Cospedal, entonces, no dijo nada, pero La Audiencia Nacional tuvo en su poder un informe de la Policía que incluía las grabaciones de tres conversaciones del comisario Villarejo con la ex secretaria general del PP en las que quedaba de manifiesto su implicación en las maniobras para sabotear la investigación judicial de la caja B del partido. Documentación que fue ignorada por los jueces Manuel García Castellón y Antonio Piña que instruyeron la macrocausa contra Villarejo.

Cospedal estuvo brevemente imputada, pero logró eludir el banquillo gracias a que García Castellón archivó la causa contra ella en 2021, en contra del criterio de los fiscales Anticorrupción, lo que supuso frenar también los indicios que apuntaban a Mariano Rajoy, que nunca llegó a ser investigado. Un año después, El País reveló nuevos audios que incriminaban a la ex secretaria general del PP, pero el mismo juez se negó a reabrir el caso.

Cuesta creer que una operación para ocultar la corrupción del PP, urdida por un ministro del PP y en la que se manejaron pruebas de la participación de una ex secretaria general del PP no la conociera el presidente del PP. Pero, oiga M. Rajoy era el presidente que nunca sabía nada. Y su vicepresidenta que a la vez era responsable del CNI, Soraya Sáenz de Santamaría, tampoco se enteraba de nada. 

Mucho se habla de la trama policial y judicial que tanto ha hecho para tapar la corrupción del PP, pero de la mediática, que sin duda existió y manejaba SSS, no se dice nada. Por algo será.

Manuel Morocho, inspector de policía encargado de investigar el caso Gürtel –la trama de corrupción que colonizó numerosas administraciones gobernadas por el PP– y el caso Bárcenas –la caja B con la que se financió la formación conservadora durante dos décadas– confesó al juez cómo le “conminaron” sus mandos a borrar de los informes el nombre del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. “No querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención”, declaró.

El documental especial elaborado por elDiario.es para radiografiar este caso recoge las imágenes del interrogatorio a Morocho y de su testimonio ante el juez instructor del caso, Manuel García Castellón. Un testimonio clave para entender uno de los mayores escándalos políticos de la reciente etapa democrática.

Es sólo una de las pruebas que el juzgado de la Audiencia Nacional tendrá que valorar en el juicio de la Operación Kitchen, donde se juzgará al ex ministro del Interior, Jorge Fernández; a su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y a media docena de comisarios que perpetraron el espionaje a la familia del extesorero del PP, Luis Bárcenas, para robarles pruebas de la implicación de la formación conservadora en un caso de financiación ilegal.

A las órdenes del juez Pablo Ruz y ayudado por una decena de fieles, el inspector jefe Manuel Morocho se enfrentó a la corrupción policial de sus superiores durante los años como investigador de los casos Gürtel y caja B del PP. Los comisarios por encima del agente 81.067 se esforzaron en convertir el trabajo y la vida del investigador en un suplicio durante cuatro años. Con él fuera de juego, el partido en el Gobierno podría respirar. Pero Morocho resistió. Hasta que llegó su oportunidad de revelar ante un tribunal, en el juzgado del caso Villarejo y ante las comisiones del Congreso lo que había ocurrido en la Policía esos años. El inspector jefe relató las maniobras para que la causa judicial contra el PP fracasara y certificó que Kitchen fue una operación ilegal. 

El testimonio de Manuel Morocho resultará clave en el juicio que empieza el 6 de abril por el espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. Los acusados niegan que trabajaran para encontrar y destruir pruebas de la caja B del PP. Su defensa es que buscaban el dinero escondido por el extesorero del partido y sus testaferros y poner las pruebas a disposición del juez. Durante la instrucción del caso Kitchen, Morocho desmontó esa coartada: él era el único responsable de investigar la caja B a las órdenes de Pablo Ruz, y ni él ni el juez fueron nunca informados de las maniobras de la brigada política. “Habían hecho una investigación sobre Luis Bárcenas y su entorno al margen del grupo de investigación y al margen del procedimiento judicial”, dijo Morocho en el juzgado. 

El relato del policía mientras se instruía el caso Kitchen, del que ahora ofrece las primeras imágenes elDiario.es, detalla cómo unos mandos policiales a los que se había confiado la labor de esclarecer un delito se empeñan en taparlo. Los mandos de la Kitchen compraron al chófer de los Bárcenas con dinero público, robaron documentación al extesorero, allanaron un local de su esposa y orquestaron vigilancias a la familia 24 horas. 

Mientras eso ocurría, los superiores de Morocho presionaban al verdadero investigador de la caja B para que sus pesquisas no dañaran al PP y al Gobierno. En su declaración ante el juez García Castellón, en junio de 2021, Morocho afirmó: “Se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe [de la caja B] ningún nombre de responsable político, y concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy. No querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención ni aquello a lo que se aludía en los documentos, que no solo eran contraprestaciones, sino determinadas compras de ropa”, afirmó el policía en la Audiencia Nacional sobre los sobresueldos al líder del PP. 

Cuando el juez le preguntó quién hizo eso, Morocho dio los nombres de toda su “cadena de mando” en la UDEF: “Desde el que entonces era comisario general [de Policía Judicial], el señor Losada, Manuel Vázquez, jefe de unidad, el señor Gudiña, el jefe de brigada y los dos jefes de sección”.

Asuntos Internos para “doblegar” al policía

El Ministerio del Interior implicó a la Unidad de Internos de la Policía en su acoso a Morocho. Acusó al policía y los agentes a su cargo de filtrar un informe de Gürtel sobre los pagos de la red a la ministra de Sanidad Ana Mato, después de que una copia apareciera en el polémico registro de la agencia de detectives Método 3 de Barcelona. Mantuvieron la acusación contra el Grupo XXI pese a que los informes policiales circulaban por todas las redacciones del país en cuanto tenían acceso a ellos los abogados del centenar de imputados en Gürtel. 

Morocho y los agentes a su cargo fueron interrogados por Asuntos Internos, según reveló elDiario.es el 1 de abril de 2014. En ese momento, Asuntos Internos estaba ya convertida en un bastión de la policía política, implicada en la Operación Cataluña, y liderada por uno de los comisarios que se sentará en el banquillo, Marcelino Martín Blas. 

El 14 de abril de 2021, siete años después, Morocho prestó declaración en el juicio por la reforma de la sede del PP con dinero negro. Al ser preguntado por el episodio con Asuntos Internos, el policía respondió: “Se buscaba ganarnos una presión, una tensión, para que nos doblegáramos y no ejerciéramos la misión que teníamos encomendada”.

Las presiones a Morocho habían comenzado desde antes de que llegara el Partido Popular al poder. En la oposición, la formación de Rajoy había cargado contra la UDEF llegando a acusar a los policías de “fabricar pruebas” en Gürtel para perjudicar al partido. Expertos en mantenerse a flote, los superiores de Morocho ya se preparaban para el cambio de Gobierno en 2011. José Luis Olivera era el jefe de la Unidad, creada en tiempos de Zapatero que había investigado los grandes casos de corrupción. También es el comisario que ayudó a Villarejo a que la investigación no alcanzara a los máximos líderes del PP, según confiesan ambos en un audio. 

El grupo de Morocho acabó el informe sobre los regalos de la trama Gürtel al matrimonio de Jesús Sepúlveda y Ana Mato en enero de 2011. Sin embargo, “el informe fue parado y hasta febrero de 2012 no salió”, después de las elecciones generales que le dieron la victoria a Rajoy y solo ante la insistencia de la Fiscalía Anticorrupción. 

Morocho explicó a García Castellón que Olivera, el jefe de la UDEF, pensaba que “lo iban a defenestrar”, pero sus temores se disiparon cuando trascendió el nombre del nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. “Él es amigo personal del ministro desde la juventud, por cuestiones familiares y, si bien se le quitó de la unidad, realmente se le dio un puesto de más relevancia dentro del Ministerio”. Morocho se refiere al cargo de director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Desde ese puesto, años más tarde, Olivera urdiría el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán para atacar a Podemos y garantizar que Rajoy seguiría en Moncloa.

La salida de Olivera de la UDEF no lo apartó totalmente de la investigación. El comisario seguía llamando a su anterior subordinado, Morocho, para requerirle información. El inspector relató a García Castellón cómo Olivera le ofreció un puesto en Lisboa en junio de 2013, el mismo mes en que Bárcenas confesó la financiación irregular del PP. Morocho detalló cómo en medio de la conversación sonó el móvil de Olivera y éste le hizo ver que era el mismo Fernández Díaz interesándose por su respuesta. Ante la negativa de Morocho, Olivera siguió haciéndole ofertas para destinos bien remunerados en el extranjero que el entones inspector rechazó.

“Has cometido un gran error”

Las cosas no mejoraron con el sustituto de Olivera. El comisario fue reemplazado al frente de la UDEF por Manuel Vázquez. Morocho explicó en la Audiencia Nacional que el 29 de abril de 2013 entregó un informe clave en el caso de la caja B y también narró lo que ocurrió a las 8 de la mañana del día siguiente. “Estoy en el ordenador trabajando y recibo una llamada de Manuel Vázquez que me dice: ‘Has cometido un gran error. Te has equivocado y hay que rectificarlo. Hay que cambiarlo, hay que decírselo al juez”.

¿Qué podía haber hecho mal el inspector jefe Morocho, famoso por su carácter introspectivo, minucioso, casi obsesivo? Pronto lo supo. En el informe se daba por hecho que las anotaciones de Bárcenas sobre donantes de dinero negro al PP en las que ponía “López H” y “López Hierro” se referían a Ignacio López del Hierro. El empresario era marido de María Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP, y amigo desde hacía décadas del comisario Villarejo. El nombre no aparecía en el cuerpo del informe porque, como ocurriera con el de Mariano Rajoy, los jefes de la Policía obligaron a que solo figuraran en los anexos, lo más lejos posible del escrutinio de los periodistas. 

La presión sobre Morocho era una operación coordinada desde la brigada política. Así queda de manifiesto al analizar las agendas del comisario Villarejo. En ellas se puede leer: “Aviso problemas ultimo inf MOROC” (30 de abril de 2014), “Hablar sobre Morocho transmitir presión” (31 de enero de 2014). Antes, el 16 de junio de 2013, en fechas próximas a la conversación relatada por Morocho, Villarejo escribe: “MOROCHO-LISBOA”. Sobre el ofrecimiento del puesto en la capital portuguesa el inspector jefe declaró al juez de Kitchen: “Querían que perdiera la credibilidad, la integridad, que perdiera mi dignidad, tanto con el procedimiento como con los magistrados y la Fiscalía, como con el grupo de investigación que estábamos trabajando”.

Y entonces aparecieron los papeles de Bárcenas. El Grupo XXI de la UDEF, estuvo formado, en su época más abundante, por 12 agentes. La estrategia pasaba por sobrepasarlo de tareas. Cuando afloraron los papeles de Bárcenas, Ruz nombró a Morocho y su grupo policía judicial a sus órdenes. El inspector quedaba blindado y no podía ser relevado por sus superiores. Así que estos optaron por hacerle desistir. 

“Me generaban presión pidiendo constantemente, diariamente, informes de situación, bajando al despacho a ver cómo estaban, llamándome constantemente. ‘¿Cuándo vas a acabar el informe?’. Buscaban una situación que fuera insostenible personalmente y profesionalmente para que yo abandonara la investigación y les dejara expedito el campo para que pudieran manejarla como ellos pensaban hacer”, explicó Morocho en el juzgado.

Irrumpe en la escena el policía de Cospedal

En 2013, la UDEF recibió una sorprendente incorporación. Andrés Gómez Gordo era un policía que había dejado el Cuerpo para trabajar con el PP de la Comunidad de Madrid –está condenado en el caso Ciudad de la Justicia– y en aquella época se había convertido en un colaborador clave de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. La brigada política intentó captar al chófer de Bárcenas como topo, pero este se resistió. Así que recurrieron al policía que había trabajado junto a él para Francisco Granados. Gómez Gordo dejó de ser la sombra de Cospedal en Toledo y regresó a Madrid para dirigir el trato con el confidente. 

El jefe operativo Eugenio Pino acomodó a Gómez Gordo como jefe de Vigilancias en la UDEF y él intentó colocar en el grupo de Morocho a uno de sus hombres, a lo que el inspector jefe se negó radicalmente. Andrés Gómez Gordo se sentará en el banquillo de los acusados de Kitchen. La Fiscalía solicita para él la pena más alta, junto a la Fernández Díaz, Martínez y Eugenio Pino, 15 años de prisión. 

Al tiempo que saboteaban la investigación del Grupo XXI, los mandos de la brigada política intentaban que el chófer de la familia Bárcenas les entregara pruebas que guardara el ex tesorero sobre la caja B del PP o hacían seguimientos a su familia para dar con el supuesto escondite. La Policía llegó a implicar a cerca de 80 agentes del Área Especial de Seguimientos (AES) en la vigilancia de 24 horas al hijo y la mujer de Bárcenas cuando éste entró en prisión. Todo eso dejó rastro. Y en 2015, Gómez Gordo, el policía de cabecera de Cospedal, realizó una maniobra para intentar blanquearlo. 

Gómez Gordo introdujo en una base de datos policial una serie de indicadores del trabajo de vigilancia y seguimientos realizados en el marco del operativo para justificar un “simple refrito de datos”, según la expresión que utiliza la Fiscalía Anticorrupción. Aparecieron reflejados partes de vigilancias, los pagos de fondos reservados al chófer, 700 euros para que comprara una pistola y otras partidas, como los 1.200 euros del ordenador portátil que entregaron al número dos de Interior, Francisco Martínez, para que siguiera el desarrollo de esta y otras operaciones. La introducción de los datos se hizo con dos años de retraso y la maniobra exculpatoria quedó al descubierto. 

En septiembre de 2020, Morocho entregó al juez del caso Kitchen un informe que le había solicitado sobre la operación. En él concluía que el Ministerio del Interior había buscado “las vulnerabilidades de la persona (Bárcenas) y su entorno” para contar con un “arma a su favor en una negociación” con el extesorero y antiguo gerente del Partido Popular, en alusión a las pruebas que pudiera guardar de su caja B. “Esta actuación se sitúa extramuros del procedimiento judicial y pretende eludir el control del juez de instrucción”, asegura el agente 81.067 en su informe. 

La tesis de Morocho es que la brigada política sí encontró parte de la documentación que buscaba en la familia Bárcenas. Los documentos encontrados a Villarejo y publicados por varios medios, sustraídos a la familia Bárcenas, “confirman la veracidad” de los conocidos como papeles de Bárcenas, afirma Morocho en su oficio.

“Me enseñaban por allí como a un animal salvaje”

El acoso a Morocho se extendió hasta 2016. En enero de 2015, el jefe operativo Eugenio Pino decide trasladar al incómodo policía al nido de la serpiente, a la propia DAO. “Los primeros días no sabían dónde colocarme. ‘Tenemos aquí a un animal salvaje que hemos cazado y me enseñaban por allí”. Le encargan informes que luego nadie lee, incluido uno sobre la estructura societaria en paraísos fiscales del comisario Villarejo que había desvelado El País. Cuando quiso entregárselo a Pino, el DAO no le atendió. Tampoco quien se lo había encargado, José Ángel Fuentes Gago, mano derecha del primer y también acusado en Kitchen. “No me lo recibió. No quisieron escucharme”, declaró Morocho. 

Uno de los días que estuvo en la DAO destinado fue a tomar café con sus jefes, uno de ellos Eugenio Pino. Se cruzaron con un individuo grueso, de voz ronca. “El DAO me presenta de una manera así lejana. Este es Morocho y García Castaño [El Gordo] dice dirigiéndose a mi: ¿Y tú qué haces aquí? Porque no sabía que estaba allí… Tú tenías que estar muerto. Eso es lo que textualmente me dice Yo no le contesté. Seguí mi camino y ya está”.

elDiario.es radiografía uno de los mayores escándalos políticos de la reciente etapa democrática en España: el conocido como 'Caso Kitchen', que será juzgado por la Audiencia Nacional a partir del próximo lunes 6 de abril. Un grupo de comisarios empoderados a las órdenes del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy organizó y ejecutó entre 2013 y 2015 una operación pagada con fondos públicos reservados para destruir pruebas de la caja b del PP que investigaba el juez Pablo Ruz.

Ocho años después de que la Audiencia Nacional comenzara a estudiar las andanzas de la denominada policía patriótica, media docena de comisarios —entre ellos José Manuel Villarejo, origen y final de muchas de las operaciones policiales ilegales— se sentará en el banquillo junto al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para los dos exdirigentes políticos del PP, acusados de malversación de caudales públicos, delitos contra la intimidad (descubrimiento y revelación de secretos) y encubrimiento.

elDiario.es ofrece imágenes inéditas de los protagonistas de la Operación Kitchen durante su declaración ante jueces instructores y fiscales anticorrupción de la Audiencia Nacional; así como documentos y audios que acreditan muchos de los hechos por los que la cúpula política y policial del Ministerio del Interior puede terminar en la cárcel.

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Juicio final de la operación Kitchen es un documental de elDiario.es narrado y documentado por Pedro Águeda. Está codirigido por José Manuel Romero y Sara Cuesta, productora y guionista del documental. La edición y el montaje es de Alejandro Corral, que también ha participado en el diseño junto a David Velasco. En la dirección de fotografía y grabación ha estado Salvador Fenoll, con la asistencia de Adrián Torrano. La productora ejecutiva es Izaskun Pérez.

Las acusaciones populares que ejercen PSOE y Más Madrid han recurrido el archivo de la causa de corrupción contra Ana Millán, ex alcaldesa de Arroyomolinos y número 3 del PP de Madrid, dictado por un Juzgado de Valdemoro tras seis años de investigación. Ambos escritos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, recuperan los indicios que han sostenido la acusación contra Millán por cuatro delitos de corrupción y critican que, con los mismos argumentos con los que el Juzgado elevó la causa al Tribunal Superior de Justicia, o pidió recientemente una prórroga para seguir profundizando en ellos, ahora solicite el archivo, sin haber practicado una sola diligencia nueva ni nada haya cambiado.

En el año 2008, recupera el escrito del PSOE, “la investigada alquiló su ático a un precio del doble de mercado a una empresa del señor Roselló [el empresario imputado], su pareja empezó a trabajar para una empresa del señor Roselló, su hermana también empezó a trabajar. para otra empresa del señor Roselló, y la investigada ingresó en efectivo cantidades significativas de dinero no declarado en sus cuentas corrientes”.

“Todo lo anterior –prosigue– se da en el año que el señor Reselló empezó a trabajar con el Ayuntamiento de Arroyomolinos, y se mantienen todos esos pagos mientras hay adjudicaciones de cientos de miles de euros hasta que se terminan los contratos a favor del señor Roselló y sus empresas. No es una anecdótica coincidencia, sino un cúmulo de no coincidencias, siendo, además, técnicas habituales par el cobro de dádivas en este tipo de delitos”. “Los indicios son demoledores”, apostilla.

Añade el escrito de Más Madrid que Ana Millán “influenciaba de manera directa en el seno de los expedientes de contratación para teledirigir la adjudicación, las prórrogas, las mejoras o las dispensas del cumplimiento de contratos en favor de las empresas de Francisco Roselló”, quien a su vez comenzó a pagar la renta desorbitada del alquiler del ático de Millán y contratar a sus familiares. Ambos escritos recuerdan como en su declaración como investigada en el juzgado, Millán ocultó que Roselló hubiera contratado a su familia y el empresario directamente lo negó.

Las acusaciones ponen el acento en el “sorpresivo” cambio de criterio de la Fiscalía, que con los mismos indicios con los que acusaba formalmente a Millán de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y fraude a la Administración, ahora haya solicitado el archivo de la causa. Y también que lo haya hecho sin que se hayan practicado dos diligencias clave propuestas por el propio Ministerio Público: la declaración del marido de Millán, a quien ella atribuyó el origen de más de 40.000 euros en efectivo en su cuenta del banco, y otra concejala que contrató a Roselló.

El Juzgado solicitó hace unos meses una prórroga para seguir investigando, habida cuenta de la carga de trabajo que soporta, y ahora, cuando la Audiencia Provincial le ha dicho que la formulación de esa petición fue incorrecta, en lugar de volverla a pedir, decide cerrar el caso. “Si la juzgadora consideró la necesidad de prórroga es porque existían en ese momento indicios, aunque no lo argumentara adecuadamente. Sin embargo, ahora entiende que procede el archivo, sin argumentar por qué el cambio de criterio, si nada se ha instruido para llevarle a esa convicción que sustituye a la anterior”, escribe el abogado del PSOE.

En su recurso de reforma subsidiario de apelación (si la jueza lo rechaza decidirá finalmente la Audiencia Provincial), los socialistas acusan a la magistrada de “arrogarse” las funciones de un tribunal. Los indicios existentes, argumentan, justifican que se decida la responsabilidad penal de Millán en fase de vista oral y no en instrucción. Es más, para el PSOE, las pruebas recabadas por la UCO de Guardia Civil, “avalan una condena”.

Por su parte, Más Madrid ha evitado que la jueza tenga opción a rectificar su decisión y ha recurrido directamente a la instancia superior, la Audiencia Provincial de Madrid. Su representación letrada reprocha a la magistrada que haya decidido no tomar declaración a la concejala y el marido de Millán por considerarlas diligencias “inútiles”. “No puede saber cuán inútil será el resultado de una testifical hasta que no se practique”, afirma esta acusación popular.

La jueza Marta Hernández Lafuente, última de los siete instructores que ha tenido el caso de corrupción de Ana Millán, ha archivado la investigación contra la número 3 de Isabel Díaz Ayuso porque, a su entender, “no ha quedado acreditada la existencia de indicios racionales de comisión” de los cuatro delitos que le atribuyeron la Fiscalía, los anteriores jueces del caso, las acusaciones populares y la Unidad Central Operativa (UCO). Hernández Lafuente no solo archiva el caso sino que, en una afirmación del todo inusual, recuerda que los “perjudicados”–Millán y el empresario Francisco Roselló– pueden ejercer ahora “acciones civiles”.

El caso contra Millán surge del momento en el que el equipo de Gobierno de Ciudadanos, que relevó al PP en Arroyomolinos en 2015, encontró al personal de la Concejalía de Millán intentando deshacerse de tres bolsas de basura. En una de ellas apareció la copia de un correo electrónico en el que se evidenciaba la relación de la concejala con el empresario Roselló, en aquel momento relacionado presuntamente con el caso Púnica. El nuevo equipo municipal denunció ante la Fiscalía Anticorrupción y cuatro años después, en 2020, la Audiencia Nacional envió la causa a un juzgado de Navalcarnero.

La acusación contra Millán se inició a partir del descubrimiento de que Roselló le pagó el doble de precio de mercado por el alquiler de un ático propiedad de la entonces concejala con el argumento de los acusados de que incluía un derecho a compra que nunca ejerció.  Además, las empresas de Roselló contrataron a la hermana de Millán y a su marido. Este último, hostelero de la noche, ejerció de bedel en un colegio por medio de esos contratos. Millán, en la actualidad vicesecretaria de Organización del PP madrileño, estaba imputada desde 2022.

La Guardia Civil calculó que Ana Millán y sus familiares se habrían beneficiado en más de 200.000 euros a cambio de los contratos concedidos a Roselló. Las empresas de Roselló obtuvieron 257.083,56 euros cuando Millán era Concejala de Cultura, entre 2005 y 2008, y otros 395.192,71 de la Concejalía de Juventud, siendo su titular la aún imputada. En total, 652.276,27 euros. Los sucesores de Millán en los citados cargos no contrataron con Roselló, según destacaba la UCO. Millán estaba acusada de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y fraude contra la Administración Pública.

Ahora, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero, Marta Hernández Lafuente, concluye que de los datos obtenidos por la UCO no se pueden derivar “irregularidades ni arbitrariedades atribuibles a Ana Belén Millán, constando únicamente como indicio de irregularidad la declaración policial de Vanesa Sánchez Archidona, auxiliar administrativo de la Concejalía de Ana Belén Millán, quien refirió que la investigada habría dado un trato diferente en la forma de interactuar a nivel personal con Grupo Educativo [del empresario Roselló]”.

La magistrada concluye que el único indicio de corrupción existente en la contratación de la hermana y el marido de Millán por parte del empresario beneficiado por los contratos es “la relación familiar o sentimental” de la investigada con ellos. “No existen indicios de que la investigada utilizara su influencia para conseguir que su hermana y pareja fueran contratados, ni que estos recibieran algún trato de favor o se beneficiaran del hecho de que la investigada era concejal en ese momento”.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero ha visto desfilar a varios jueces desde que arrancó el caso en 2020. La anterior titular dedujo testimonio contra Millán recopilando los indicios contra ella y envió la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid debido a que Millán pasó a estar aforada tras la decisión de Isabel Díaz Ayuso de colocarla en un puesto de las listas electorales que garantizaban su elección como diputada autonómica y, por tanto, la condición de aforada.

La intervención del TSJM a favor de Millán

Millán y el PP madrileño comenzaron a ver el caso de cara cuando el juez conservador Juan José Goyena, del TSJ, advirtió que no había indicios contra ella en una resolución en la que simplemente debía posicionarse sobre unas diligencias pendientes y acerca del hecho de que la jueza de Navalcarnero hubiera utilizado un auto de inhibición para enviarle el caso en lugar de una exposición razonada. Goyena es el juez que envió la causa contra el anterior fiscal general del Estado al Tribunal Supremo por una nota de prensa que luego el alto tribunal resolvió que no era delito.

La actual fiscal del caso, que antes apreciaba indicios contra Millán, resolvió a principios de este mes que compartía “los argumentos expuestos” por Goyena y pidió el archivo de la causa, en contra de la posición que durante seis años había mantenido el Ministerio Público. La Fiscalía adoptó la decisión de pedir el archivo con los mismos indicios que antes valoraba como suficientes para solicitar su procesamiento.

Ahora, la jueza Marta Hernández Lafuente se ahorra dictar una laboriosa exposición razonada contra Millán que enviar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y da carpetazo al caso sin que se tome declaración a dos testigos clave para las acusaciones populares, uno de ellos el marido de Millán, quien durante años llevó a su casa más de 42.650 euros en efectivo, según ella, procedente de su trabajo en el mundo de la noche. Fuentes de las acusaciones populares, que ejercen PSOE y Más Madrid, adelantan que recurrirán el archivo dictado por la jueza.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al juez que investiga al expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García un nuevo informe en el que repasa los indicios contra el político, líder del PP regional hasta su detención, y el resto de encartados. De García concluye que recibió dinero en metálico y que pagó la hipoteca de una vivienda con los fondos que recibió a cambio de adjudicar contratos de la Diputación a los empresarios investigados.

Los agentes han detectado “varias operativas” que habrían servido a Javier Aureliano García para integrar “en el circuito financiero legal” el dinero procedente de la corrupción y en las que habrían participado sus hermanos, María Rosario y Juan Carlos. El expresidente de la Diputación se habría cuidado de no ingresar el dinero en una cuenta a su nombre sino en otra cuyos titulares eran sus padres, ya fallecidos, y su hermana María del Rosario. Desde esa cuenta se pagaban las cuotas de una hipoteca de la que era titular el presidente del PP almeriense.

Por otra parte, los hermanos habrían utilizado una “comunidad de bienes” para “canalizar una serie de fondos hasta los productos bancarios titulados por Javier Aureliano García Molina. ”Existen indicios de los que se evidencia que se trataría de una operativa simulada, a los únicos efectos de otorgar a estos pagos un origen distinto del real“, escribe la UCO en su informe fechado el pasado 9 de marzo, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El dinero de la corrupción procedería de la “adjudicación aparentemente fraudulenta” de contratos públicos de la Diputación de Almería, concretamente de su Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente. La Guardia Civil cita tres plantes provinciales: PCEM, PIBIO y Acelera 2020.

Óscar Liria, quien fuera número 3 de la Diputación, habría cobrado en efectivo de los empresarios y entregado una parte a Javier Aureliano García. El número dos de la Diputación, Fernando Giménez, se sirvió presuntamente de la introducción de sobrecostes en un contrato de mascarillas de casi un millón de euros. A cambio, como Javier Aureliano, su compañero Liria le habría entregado mordidas.

García y Giménez fueron detenidos el pasado noviembre en la última fase de la operación. La primera parte se desarrolló en 2021 y en ella fue arrestado Óscar Liria, entonces vicepresidente tercero de la Diputación. El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería les acusa de liderar una estructura criminal de amaño de adjudicaciones de la Diputación a cambio de mordidas.

Junto a los cinco detenidos que realizó la Guardia Civil había otros 17 investigados, incluidos dos hermanos de Javier Aurelio. Los agentes siguen indagando en las evidencias obtenidas durante la explotación de la operación, como el contenido de los móviles incautados. Según adelantó elDiario.es, la Guardia Civil recibió autorización del juzgado para pinchar el teléfono del presidente de la Diputación y grabó un encuentro de este con otro de los imputados.

Uno de los grandes de las letras catalanas, Josep Maria de Sagarra, narró en Vida Privada los secretos inconfesables de la burguesía barcelonesa del primer tercio del siglo XX. Con su magistral ironía, Sagarra dejó retratada la doble moral de los prohombres que acudían puntuales a misa de ocho tras una noche de descontrol en el barrio chino.

El juicio a la familia Pujol ha vivido una semana sagarraniana que ensombrece el legado ético del hombre que presidió Catalunya durante 23 años, pero que —con permiso de la valoración del tribunal— lo acerca a una absolución. Es una situación que a veces ocurre en los juicios: el acusado se puede salvar de una condena, aunque difícilmente se consigue que su nombre salga sin mácula.

El encargado de dar un espaldarazo penal a Jordi Pujol ha sido un personaje de novela. Josep Maria Pallerola, gestor de las cuentas de la familia en Andorra en los 90 y a quien toda España conoce como el mossèn (cura en castellano).

Así se refería a él Marta Ferrusola en una nota manuscrita de 1995 que pasará a la historia, en la que la entonces primera dama de la Generalitat se presentaba como “madre superiora de la congregación” y pedía a mossèn Pallerola el traspaso de “dos misales” al capellán de la parroquia. Sorprendentemente, el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo no insistió a Pallerola por esta carta, aunque es uno de los elementos clave para sustentar su acusación de asociación ilícita contra la familia.

El gestor contó al tribunal el origen de su mote. Se lo puso Jordi Pujol Ferrusola porque, según le confesó el primogénito años después, la primera vez que lo vio pensó que tenía “cara de cura”. Pallerola ha sido uno de los grandes testigos del juicio —y como casi todos, ha dado la sensación que sabe mucho más de lo que le han preguntado—.

Como en la Vida Privada de Sagarra, el juicio a los Pujol es el retrato crudo de una época de la burguesía local: los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI, cuando entre las clases adineradas era habitual mantener a buen recaudo en Andorra un dinero que se subía en efectivo desde Catalunya.

El retrato deviene más problemático cuando una de esas familias con dinero oculto en el principado era la de quien por entonces era la primera autoridad de Catalunya. Y si encima presumía de que nadie le podía dar lecciones de moral, confundía su partido y su persona con el país y se dedicaba a predicar valores cristianos y de austeridad a los catalanes, el cóctel es explosivo en el plano ético —que es y debe ser distinto del plano penal—.

Un pasaje del testimonio de Pallerola sirve para ilustrar la paradoja de salvarse en un juicio pero quedar fatal en los libros de historia (que es lo que Jordi Pujol quiere evitar a toda costa). Es el que trata sobre la cuenta 63810.

La cuenta 63810 es importante y no había aparecido en todo el juicio. Tampoco ningún testigo que incrimine al expresident, obligado por la Audiencia Nacional a sentarse en el banquillo pese a sus problemas de salud. A decir verdad, apenas se le había mencionado a lo largo de más de 20 sesiones.

Hacienda cifró en 885.651 euros el fraude fiscal del expresident por los fondos de esa cuenta, que fue vaciada mediante reintegros en efectivo, pero lo consideró prescrito. La cuenta estaba atribuida a Jordi Pujol porque un documento manuscrito del propio expresident del año 2001 asumía ser el titular de los 307 millones de las antiguas pesetas que había en ella. Además, en otra carta, el primogénito decía al banco que el “real propietario” de la misma era su padre.

Pero en realidad no era así, según detalló Pallerola. El testigo avaló que el titular de ese dinero era Jordi Pujol Ferrusola, quien involucró a su padre en una treta para que lo asumiera como suyo y evitar así tener que repartirse los millones que contenía con su exesposa, Mercè Gironès, durante su divorcio. “He conseguido que mi padre me salve”, contó Pallerola que le había dicho Júnior.

Respecto al manuscrito en que Pujol designaba a su esposa como heredera de esos 307 millones en caso de fallecimiento, Pallerola apuntó que era una de esas “cartas” que los clientes de bancos andorranos solían hacer para especificar unas últimas voluntades fuera del testamento oficial.

“En Andorra era fácil que la gente te dijera, sin testamento, a quién tenías que entregar el dinero, pero había líos, porque algunas eran amantes, otras no...”, relató Pallerola, socarrón.

A diferencia de sus hermanos, que subían a Andorra una vez al año para ver el estado de sus fondos, Jordi Pujol Ferrusola hizo multitud de ingresos en efectivo en “bolsas, mochilas, un poco de todo”. “En aquellos tiempos era normal, lo único que mirábamos es que no fuera dinero de la droga, de armas o de terrorismo”, admitió Pallerola. Cosas de Andorra y de los felices 90. Sagarra hubiera disfrutado.

Primer testigo en el juicio a la familia Pujol que avala que la fortuna oculta proviene de una herencia. El gestor andorrano de la familia, Josep Maria Pallerola, ha respaldado la tesis de la defensa y ha asegurado que el primogénito del expresident, Jordi Pujol Ferrusola, le dijo, en el momento de abrir sus cuentas, que los “100 y pico millones” de pesetas que aportó en efectivo provenían “de la herencia del abuelo”.

En el juicio a la familia del expresident se enfrentan dos versiones: la Fiscalía Anticorrupción cree que el dinero oculto en el principado está vinculado a la corrupción pujolista, mientras que Pujol, como ya hiciera en su confesión en 2014, asegura que se trata de una herencia oculta que su padre dejó a sus nietos, pero que al estar vinculada a sus ganancias con las divisas durante el franquismo no figura en el testamento oficial de Florenci Pujol Bragulat.

Como en todo juicio, es la acusación la que tiene que probar su tesis. A la defensa le basta con que el tribunal albergue una duda sobre lo planteado por Anticorrupción. En otras palabras: la familia Pujol no debe aportar que la fortuna oculta es una herencia. Pero con, Pallerola, un testigo de relevancia en este juicio, la defensa ha logrado un buen respaldo a su alegato.

Pallerola es importante porque fue el gestor andorrano de los Pujol desde que la familia abriera sus cuentas en Andbank a principios de los 90 hasta el año 2001. Además de dar una respuesta sobre el origen de la fortuna bajo obligación de decir la verdad, el gestor también ha respaldado la tesis de la defensa porque ha aislado a Jordi Pujol Ferrusola del resto de sus hermanos.

Las acusaciones mantienen que toda la familia Pujol actuó de forma orquestada para amasar una fortuna de origen corrupto. Las defensas separan con claridad al expresident y a seis de sus hijos de la cuantiosa y lucrativa actividad empresarial del primogénito, que era también quien gestionaba, al principio, el dinero familiar en Andorra. Así al menos lo ha detallado Pallerola.

Poco después de abrise las cuentas, sin embargo, Pallerola ha explicado que vinieron el resto de hermanos y la mujer de Pujol, la ya fallecida Marta Ferrusola, para “arreglar todos los contratos y firmar todo”. Esto es, que cada miembro de la familia tenía su cuenta. “Cada uno llevaba sus cuentas”, ha enfatizado Pallerola.

Así, mientras Jordi Pujol Ferrusola subía a Andorra “a menudo” y se pasaba por el banco a ingresar dinero en efectivo, el resto de hermanos lo hacía tan solo una vez al año. Algunos decidían invertir en productos financieros y otros no, pero lo relevante es que, de lo declarado por Pallerola, no se desprende un concierto de voluntades entre los hermanos para seguir enriqueciéndose. Más bien que Júnior era un temerario financiero gracias a su apellido, y que los otros hermanos eran más conservadores.

Jordi Pujol Ferrusola, según el testigo, le traía el dinero en “bolsas, mochilas, un poco de todo”. “En aquellos tiempos era normal, lo único que mirábamos es que no fuera dinero de la droga, de armas o de terrorismo”, ha reconocido.

Cierco envió documentación a la Fiscalía

En la sesión de este miércoles ha declarado también Celestino Barroso, en 2014 agregado del Ministerio de Interior en Andorra y que, como hicieron el resto de agentes de la brigada polític del PP, ha ofrecido al tribunal una ceremonia de la confusión sobre las presiones a los exdirectivos de la Banca Privada de Andorra (BPA) para que facilitaran información sobre los Pujol.

Barroso se limitó a transmitir “un mensaje” a Higini Cierco, propietario del BPA, por encargo del comisario de la Brigada Provincial de Información (BPI) de Barcelona, Pedro Esteban. En concreto, debía proponerle una reunión con “un tal Félix Rodríguez” -cuya identidad ha dicho desconocer, aunque corresponde al exjefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas- porque, según le dijeron, el Banco de Madrid, filial del BPA en España, “tenía problemas y podían ayudarle a solucionarlos”.

También ha testificado Higini Cierco, accionista mayoritario junto a su hermano del BPA, donde los Pujol trasladaron su fortuna en 2010, quien ha denunciado que fue “coaccionado” por la brigada política del PP para que facilitara datos bancarios de la familia, del expresident Artur Mas y del líder de ERC Oriol Junqueras.

Cierco ha negado que filtrara a los policías corruptos los datos bancarios de los Pujol que terminaron en 2014 en la portada de El Mundo, aunque sí ha admitido que, por iniciativa propia, colaboró con la Fiscalía Anticorrupción en 2017, cuando recibió en el buzón “una documentación muy antigua” sobre dos supuestas cuentas de la familia Pujol en Banca Reig. Tras recomendárselo su abogado, ha contado que mantuvo una reunión con los fiscales anticorrupción Belén Suárez y Manuel Moix, a los que entregó la documentación. “Y ahí acabó todo”, ha agregado.

Y llegó el dinero andorrano. La familia Pujol ingresó en cuentas en Andorra casi 5.000 millones de las antiguas pesetas (equivalentes a 30 millones de euros) “de origen desconocido” entre los años 1992 y 2004, según ha explicado ante la Audiencia Nacional uno de los inspectores de la UDEF de la Policía Nacional que analizó los fondos ocultos.

El juicio a la familia Pujol se ha retomado este lunes con la testifical del segundo miembro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Con mayor claridad y menos conflicto que su jefe, el agente ha desgranado los detalles del análisis que efectuó en las cuentas Josep Pujol Ferrusola en las entidades andorranas Andbank y BPA.

El agente ha explicado que la familia ingresó en efectivo en ocho años casi 5.000 millones de pesetas, si se incluyen los movimientos bancarios de todos los hermanos. El “origen desconocido” de los fondos que ha admitido el agente no logra dilucidar la principal pregunta de este juicio: ¿De dónde proviene el dinero que la familia del expresident mantuvo oculta en el principado durante buena parte de su etapa en la Generalitat?

La Fiscalía Anticorrupción cree que el dinero procede de comisiones ilegales pagadas por empresarios, mientras que la defensa lo atribuye a una herencia oculta del padre del expresident, Florenci Pujol, vinculada a sus negocios con divisas durante el franquismo.

Ha sido la mayor aproximación hasta ahora en el gran reverso de los 23 años de Pujol al frente de la Generalitat: las cuentas que su familia mantuvo sin declarar a Hacienda durante casi la mitad de sus años en la plaza Sant Jaume. Esta semana declararán los gestores andorranos del dinero de los Pujol.

Hasta este lunes, el juicio había girado casi por completo alrededor de los negocios del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, de quien el jefe de la investigación de la UDEF ha vuelto a destacar el “dominio fáctico” de las instituciones, incluidas las que no estaban governadas por Convergència, para obtener contratos públicos. Las defensas rebaten esta tesis ya que la mayor parte de los contratos públicos sospechosos fueron otorgados por el gobierno de izquierdas de la Generalitat o ayuntamientos gobernados por el PSC.

El agente también ha involucrado a otro hermano, Josep Pujol Ferrusola, en una operación corrupta de una empresa de helicópteros con la Generalitat, si bien ha admitido, a preguntas del abogado Jaime Campaner, que el recurso de la empresa de la competencia fue desestimado por un tribunal.

Más allá de lo que decida el tribunal, el agente ha detallado la documentación bancaria obtenida en la comisión rogatoria judicial en Andorra comparando ingresos entre los hermanos Josep, Jordi, Oriol, Oleguer, Pere y Mireia y Marta Ferrusola.

Respecto a la cuenta de Andbank en la que figura como titular Josep Pujol, ha explicado que se estructuraba en cuatro subcuentas, una en pesetas, otra de tránsito para convertir pesetas en diferentes monedas, otra en euros y otra en dólares americanos. Analizó sus movimientos entre 1992 y 2010.

El testigo ha concretado que desde 1993 hasta el año 2000 se detectaron en esta cuenta 25 ingresos en efectivo que estarían rondando los 204 millones de pesetas aparentemente de origen desconocido. “Se reveló una coordinación para poder ingresar dinero de forma sistemática en las cuentas andorranas”, ha manifestado el agente.

En total, ha explicado, los papeles obtenidos con aval judicial reflejan 18 apuntes de 18 fechas desde 1995 a 2003 en los que se observa que hay ingresos en efectivo de todos por más de 1.200 millones de pesetas. Y ha añadido que Josep Pujol Ferrusola recibió ocho transferencias de sus hermanos por un importe de unos 25 millones de euros, fundamentalmente de Jordi entre 1995 y 2000, periodo en el que también se detectaron más transferencias entre ellos.

Además, Josep Pujol realizó 14 transferencias a sus hermanos por un importe total de unos 48 millones de pesetas, fundamentalmente a Jordi y a Oriol (la última en 1999). El testigo ha explicado que el 25 por ciento de los ingresos en efectivo en la subcuenta de pesetas eran destinados a inversiones financieras, un 55 por ciento a compraventa de moneda, y un 10 por ciento a depósitos a plazo fijo.

Ha sido la semana de los policías en el juicio a los Pujol. Por motivos distintos, no han quedado en muy buen lugar. Los focos estaban puestos en los integrantes de la brigada política del PP, aunque el verdadero testigo clave del caso era el inspector jefe 89140. Él es quien firma los atestados en los que se sustenta la acusación de la Fiscalía. Las defensas, en especial la del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, lograron restarle mucha credibilidad, aunque se autoboicoteó nada más empezar.

El inspector dijo sentir “animadversión personal” hacia los Pujol. Siendo el investigador principal del caso, fue una muestra de torpeza infrecuente en un juicio. Luego matizó que no le caía mal la familia sino sus abogados, porque le denunciaron. La historia de los Pujol con el inspector jefe 89140 venía de antiguo.

El mando de la UDEF se salvó en el tiempo de descuento de ir a juicio por el caso del 'pendrive' —la única condena por la Operación Catalunya— con el que la brigada política del PP intentó adulterar el caso Pujol.

El inspector fue el receptor de la información obtenida de forma ilegal por el exjefe de la Policía Eugenio Pino, y que el juez José de la Mata sacó del caso —salvándolo así de su nulidad total—. El juez de Madrid que lo investigaba terminó archivando la causa para él.

Con firmeza cuando tocaba, y con mucha paciencia en general, el magistrado José Ricardo de Prada logró que la vista no se descontrolara pese a la incendiaria declaración inicial del inspector. El magistrado constató que lo que había expresado el testigo era un “malestar” por la denuncia de los Pujol. Una forma de dar a entender a las defensas que no hacía falta que insistieran. El abogado de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, lo pilló y evitó preguntar por ello.

Martell tenía suficiente trabajo. El auténtico protagonista de la vista es el primogénito del expresident. Sobre él pesan las acusaciones más graves —29 años de cárcel le pide la Fiscalía— y es el eje alrededor del cual gira la corrupción atribuida a la familia como origen de su fortuna.

El interrogatorio de Martell, implacable, sirvió para dejar al descubierto los puntos débiles de la investigación policial del caso. 

Las casi diez horas (repartidas en dos jornadas, y todavía quedan defensas por interrogarle) que duró la testifical del inspector jefe son consecuencia de una investigación gigantesca: en vez de poner el foco e ir con todo contra las operaciones más grotescas en las que Jordi Pujol Ferrusola estuvo involucrado, la causa ha rastreado la casi totalidad de vida empresarial del primogénito, lo que ha generado un sumario inmanejable. Sumado a los más de 10 años de instrucción, el cóctel es de difícil digestión probatoria en un juicio, por mucho que haya actuaciones familiares poco compatibles con las lecciones de ética que predicó Pujol desde la Generalitat.

¿Cuál es la operación corrupta que explica la fortuna oculta? A preguntas del fiscal, el inspector la había conectado con el caso Grand Tibidabo, la sociedad que saqueó el financiero Javier de la Rosa, muy vinculado a Pujol en los 90. Pero a preguntas de Martell, tuvo que admitir que su base era la declaración de un testigo de esa causa de la que “desconocía” el recorrido. “No pretendo dilucidar la verdad final”, se escudó el inspector.

¿Júnior cobró por trabajos inexistentes? Con su estilo inconfundible —afirmar que “Pulgarcito va dejando rastros” para referirse a la actividad empresarial de Pujol Ferrusola solo puede hacerlo Cristóbal Martell—, el abogado logró que el inspector admitiera que una de las afirmaciones de su informe no era del todo correcta.

El mando defendió que Pujol Ferrusola había cobrado 652.000 euros de la constructora Isolux por no hacer nada en un negocio en Gabón, pero terminó por reconocer que había documentación que demostraba que sí viajó al país. “No le di relevancia”, manifestó.

¿Y las obras de la Generalitat? El inspector admitió que no investigó si hubo amaños en las adjudicaciones públicas que la Fiscalía vincula con comisiones ilegales porque los pagos buscaban “una garantía de influencia a lo largo del tiempo” y no tanto a una obra concreta.

El agente dijo que no estudió los procesos de recalificación urbanística señalados ni investigó el posible “delito previo” al blanqueo de capitales, que es su especialidad. “En mi materia siempre he dicho que soy el mejor, pero en temas de urbanismo no domino”, apostilló.

La gran mentira del expresident —mantuvo dinero en Andorra sin declarar a Hacienda durante toda su etapa en la Generalitat— y los desmanes empresariales de su primogénito —si son legales o no lo dirá la Audiencia Nacional, pero ya se han mostrado durante la vista— son compatibles con constatar que la Policía no hizo su mejor trabajo cuando investigó el origen de la fortuna oculta.

Además, una tesis policial plausible pero difícil de demostrar ante un tribunal como que los pagos a Jordi Pujol Ferrusola pretendían “una garantía de influencia a lo largo del tiempo”, incluso con gobiernos que no fueran de Convergència, requiere de empresarios que tiren de la manta para corroborarla, algo que no se ha producido en esta causa.

Aunque no tuviera su mejor semana, el inspector jefe 89140 puede afirmar que no fue condenado por adulterar el caso. Él ha podido equivocarse, pero no es un policía corrupto. No puede decir lo mismo el exjefe de la Policía Eugenio Pino, condenado en firme por el Supremo por el pendrive.

Nadie esperaba que aportaran mucho, pero la ceremonia de la confusión que ofrecieron al tribunal Pino y el resto de mandos de la brigada política del PP que comparecieron como testigos resulta poco compatible con quien ha ostentado la cúpula policial. Aunque puede obedecer a muchas razones. Para empezar, al calendario: a todos ellos todavía les quedan juicios pendientes. El primero, el de la Kitchen, esta primavera.

Hay toda una familia en el banquillo, pero el juicio a los Pujol sigue centrándose en el primogénito. El primer mes de juicio se dedicó a repasar las hazañas empresariales de Jordi Pujol Ferrusola —está por ver si delictivas, pero solo posibles por su apellido. Febrero ha sido el mes para la cara B de muchos negocios lucrativos: el delito de blanqueo de capitales.

Durante toda la semana, el tribunal de la Audiencia Nacional se ha acostumbrado a escuchar “no sé quién es”. Ha sido la respuesta que han dado una veintena de hombres y mujeres a la pregunta de si conocían a Júnior. Como casi todo en el juicio a los Pujol, para encontrar el motivo de la comparecencia de estos testigos hay que retroceder décadas en el tiempo... y viajar hasta Andorra. En concreto, a la Banca Reig —más tarde Andbank— del principado.

Los nombres de estos testigos figuran en el sumario por las transferencias entre sus cuentas en Andorra a otras vinculadas a Jordi Pujol Ferrusola y a su exesposa Mercè Gironès entre 1991 y 1996. Según la Fiscalía, se trata de operaciones simuladas que tenían como única finalidad ocultar la procedencia o el origen de las cantidades que ingresaba Júnior. La defensa lo niega.

Un solo ejemplo recogido en el sumario: entre marzo y julio de 1992, de la cuenta Anbank que compartía un matrimonio, salieron cuatro transferencias de 4,2, 5,2 y 7,2 millones y 300.000 pesetas a la de Júnior.

Más allá de desconocer al primogénito, las explicaciones que han dado los testigos han vuelto a poner de manifiesto que no todos somos iguales, y que en las fiestas de los ricos se vive muy por encima de las posibilidades de los pobres. La mera posesión de cuentas en Andorra por parte de ciudadanos catalanes acaudalados, que se ha llegado a presentar casi como una tradición por parte de sus beneficiarios, era impensable para una gran mayoría del país.

El testigo Josep Maria Montserrat dio cuenta al tribunal de la fiesta bancaria andorrana. “Los saldos no se controlaban, se pedía hora, subías [a Andorra] y te decían algo, pero nunca te llevabas ningún papel por razones obvias y te tenías que creer un poco lo que te decían”, explicó.

Hubo más. “Hicieron cosas extrañas con mi cuenta, chanchullos que no me gustaron nada”, apostilló. Eso sí, de la fiesta salió contento: “Tenía inversiones en fondos que fueron bastante bien, aunque la información que daban era muy parca y había que ser discretos, entre comillas”.

Para intentar desentrañar el misterio de la multiplicación de las transferencias andorranas, resultará clave un testigo que está en la lista propuesta por la Fiscalía pero que todavía no ha sido citado: Josep Maria Pallerola, el gestor en la banca andorrana de Jordi Pujol Ferrusola. Fue Pallerola quien, en un solo boleto de orden de transferencia, ordenó de golpe seis de las transferencias bajo sospecha.

Durante ese periodo Catalunya estaba gobernada por Jordi Pujol, acusado en el juicio pero cuyo nombre no aparece por ningún lado, por ahora. La disonancia entre las prédicas basadas en la honestidad y la austeridad que hacía Pujol en la Generalitat y lo que pasaba en su casa con su primogénito no tiene relevancia penal. Solo es el gran punto ciego —o el lugar donde se prefiere no mirar— en la operación de rehabilitación política del expresident en la que ha participado hasta Salvador Illa.

Aunque difícilmente termine con la imposición de las altas penas solicitadas por la Fiscalía, el juicio está siendo una atalaya privilegiada —con el permiso del paso del tiempo— para observar la cara B del pujolismo.

Esta semana, algunos testigos han abordado las sospechas de la Fiscalía de que Convergència —que no está acusada en el juicio— se pudo financiar irregularmente a través de créditos a empresas que trabajaban para sus campañas electorales, avalados por las cuentas en Andorra del hijo mayor del expresident. En su mayoría, han mantenido el silencio y la desmemoria.

El más relevante fue Manuel Giménez-Salinas, administrador de la empresa de publicidad Altraforma y que fue condenado por facilitar el pago de comisiones ilegales a Convergència en el caso Palau. Dijo no saber nada del préstamo de 50 millones que Altraforma firmó en 1999 con una banca andorrana, aunque admitió que el partido de Pujol les “echó una mano en algún momento” para obtener financiación cuando la empresa necesitaba dinero para pagar sus servicios en campañas electorales.

En cualquier caso, Giménez-Salinas dijo que los detalles sobre esas operaciones los podría dar la que fuera directora financiera Altraforma. Solo hay un pequeño problema: la exdirectiva falleció hace años. Un clásico en los juicios por corrupción.

Tirar de la manta, cantar, cooperar para el esclarecimiento de los hechos... De forma coloquial o en la jerga jurídica, son expresiones para definir al procesado que llega a un acuerdo con la Fiscalía para admitir las acusaciones a cambio de una rebaja de pena. Se trata de una figura presente en todos los grandes juicios por corrupción recientes en España. Salvo uno. En el juicio a los Pujol ningún empresario confiesa.

Aunque hacer predicciones en un juicio resulta desaconsejable, es improbable que los nueve empresarios acusados (había diez, pero Carles Vilarrubí falleció en diciembre) junto a la familia Pujol planteen algún tipo de colaboración con Anticorrupción en los tres meses que quedan de vista. No lo han hecho en más de 10 años de instrucción y las primeras rondas de testimonios han dado más alas a las tesis de las defensas que a las de las acusaciones.

El frente unido de los acusados en un macrojuicio por corrupción es algo inusual. Fèlix Millet y Jordi Montull dieron la puntilla a la insostenible defensa de Convergència en el caso Palau a pocas horas de empezar el juicio.

En otros casos, los pentiti (mafiosos “arrepentidos” que pactaron con la Fiscalía, en lo que supuso una revolución en la lucha contra el crimen organizado en Italia) cantan mucho antes para ahorrarse problemas: Víctor de Aldama ya ha logrado una solicitud de pena rebajada de Anticorrupción antes de la vista. Lo mismo hicieron varios empresarios en la causa del 3% de Convergència, que no se juzgará hasta 2027. También confesaron Luis Bárcenas o Francisco Correa en las grandes causas de corrupción del PP.

¿Por qué ese silencio empresarial en el caso Pujol? Las fuentes conocedoras de la causa coinciden en señalar tres elementos. El primero, extrajurídico: cierta fidelidad de clase y establishment con la familia del expresident. El apellido Pujol todavía pesa mucho. Los otros dos, más técnicos, aunque igualmente vitales: el riesgo bajo de entrar en prisión (los acusados del sector negocios se exponen, en caso de condena, a penas que se verían atenuadas por los retrasos que acumula el procedimiento) y un amplio terreno para ejecutar una estrategia defensiva.

De entrada, los acusados se ven beneficiados de una instrucción del caso elefantiásica, realizada a golpe de registro policial e incautación de documentos que ha producido un sumario inmanejable, con decenas de operaciones empresariales sospechosas. Por cada una de ellas, tienen que comparecer una decena de testigos, y en las próximas sesiones serán hasta quince. Si la Fiscalía hubiera optado por presentar los cuatro o cinco negocios más oscuros —que los hay—, las cosas serían distintas.

El largo tiempo transcurrido —hay negocios del siglo pasado y de la década de los 2000— dificulta al tribunal de la Audiencia Nacional distinguir si la desmemoria de la mayoría de testimonios, muchos de ellos de edad provecta, es lógica y natural o fruto de un testigo renuente.

En un juicio, para lograr la absolución a una defensa le basta con que el tribunal no dé por probada la tesis de la Fiscalía. En el caso Pujol, varios abogados —en estrados, de abrumadora mayoría masculina, se sientan casi todas las togas de oro de Barcelona y parte de las de Madrid— están yendo un paso más allá y están aportando una tesis alternativa a los magistrados.

En síntesis, el alegato defensivo consiste en que los negocios que hicieron los empresarios con el primogénito eran plenamente legales. La Fiscalía, por el contrario, mantiene que se trataba de operaciones destinadas a enmascarar dinero proveniente de comisiones de obra pública de la Generalitat.

El problema para la Fiscalía es que ni testigos ni acusados están aportando datos para sustentar su acusación cuando la vista se acerca ya a su ecuador. Esta semana, Anticorrupción se topó con un revés de relevancia: el exdirector general de Qualitat Ambiental de la Generalitat Alfons M. López Salgueiro negó haber recibido presiones de la familia Pujol Ferrusola para conceder la autorización ambiental del vertedero de residuos de Tivissa (Tarragona) en octubre de 2002 impulsado por Júnior, cuando gobernaba CiU. “Yo no era fácil de presionar”, aseguró, en lo que fue el colofón de una declaración muy contundente.

Sea cual sea el resultado de la sentencia, por ahora el juicio ha mostrado prácticas de Jordi Pujol Ferrusola (en la práctica, el protagonista de la vista) y los empresarios acusados más cercanas al código de piratería que a la teoría inmaculada de una escuela de negocios.

Para muestra, el pelotazo Azul de Cortés. El expresidente de la constructora Isolux, Luis Delso, acusado en la causa, y otro exdirectivo que compareció como testigo se aliaron con Pujol Ferrusola, conocido popularmente como Júnior, en una operación en 2006 para levantar un complejo turístico con este nombre en México.

Según Anticorrupción, el primogénito aportó tan solo un peso mexicano para entrar en el negocio (extremo desmentido por los testigos). Dos años después, cobró 12,7 millones de euros tras vender el proyecto a Isolux.

El exconsejero de Isolux Ángel Serrano Martínez-Estéllez explicó que la participación de Júnior en la operación se debió a que fue quien comunicó la oportunidad de negocio. Esta habilidad de Pujol Ferrusola a la hora de proporcionar negocios privados, comisión mediante, se ha constatado durante los interrogatorios. La duda es si hubiera sido posible sin su apellido.

El testigo, al contrario de lo que mantiene la Fiscalía, remarcó que “era imposible” que se tratara de una operación simulada, ya que varias compañías internacionales participaron en los estudios sobre las tramitaciones de permisos sin que detectaran irregularidad alguna. Y aunque el propio Luis Delso figurara entre los inversores que vendieron su proyecto turístico personal a su propia empresa, Isolux habría considerado una “deslealtad”, recalcó el testigo, que se lo hubiera ofrecido a otra firma.

En suma, enero no ha sido un buen mes para Fernando Bermejo, el fiscal que sostiene ante la Audiencia Nacional peticiones de hasta 29 años de cárcel para el primogénito, nueve para el expresident y cinco para los empresarios. Ha asumido la tarea después de que durante toda la instrucción el peso de la acusación lo llevara Belén Suárez, discípula del histórico Carlos Jiménez Villarejo y que tenía todo el caso en la cabeza.

Un hecho que no ha pasado por alto a nadie en la vista es la soledad del fiscal en estrados. Habitualmente, en causas tan complejas como la de los Pujol, Anticorrupción dispone de dos representantes en la vista (como sí ocurre en este caso, por ejemplo con la Abogacía del Estado). Bermejo, en cambio, rema solo contra los mejores penalistas del país, que de momento van ganando la partida. Los policías e inspectores de Hacienda que quedan por comparecer serán claves para poder nivelar la balanza.

A finales de junio de 2025, pocos días después de que se conociera un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que situaba al ex secretario de Organización del PSOE, el navarro Santos Cerdán, al frente de una presunta trama de corrupción por el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública, el Parlamento de Navarra aprobó la creación de una comisión de investigación para analizar las obras que el Gobierno de Navarra adjudicó a las empresas señaladas en dicho informe, Acciona y Servinabar 2000. Esta última, la mercantil propiedad de Antxon Alonso y, según la Guardia Civil, también de Santos Cerdán.

La presidencia de esa comisión recayó en EH Bildu, que sitúo al frente, con el apoyo del PSN, a la parlamentaria Irati Jiménez (Atarrabia, 1992). Recibe a elDiario.es en el Parlamento navarro donde, unos minutos antes, ha comparecido Antxon Alonso, que una vez más se ha negado a dar explicaciones y apenas ha respondido a tres de toda una batería de preguntas que le han formulado los miembros de la comisión.

Abogada de profesión, Jiménez comparece en la entrevista con una carpeta con apuntes y documentos de la comisión, así como con un ejemplar del Reglamento de la Cámara y de la LORAFNA, el equivalente en Navarra al Estatuto del resto de comunidades autónomas, del que de entre sus páginas sobresalen unos cuantos pósits. Lamenta que haya personas y organismos que estén poniendo “trabas” y que no se tomen “en serio” a la comisión navarra. Asegura que este foro tiene “una seriedad” que no ha visto en la comisión que se celebra en el Senado, que la enmarca en una “estrategia” del PP para recuperar el Gobierno. Sobre EH Bildu, afirma que está siendo igual de exigente con este caso como lo ha sido con otros en Euskadi y que presidir la comisión responde a sus “principios contra la corrupción”.

Las personas citadas por la comisión de investigación tienen la obligación de comparecer. ¿No respondiendo a las preguntas cumplen con esa obligación?

Obviamente desde el punto de vista jurídico no es lo mismo comparecer y responder, por supuesto. Pero teniendo en cuenta que la labor del Parlamento es recoger y dar voz a la ciudadanía, es una pena que no se estén dando respuestas en esa obligación de comparecer que tienen las personas citadas. No olvidemos que esto es una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas, no jurídicas. Cuando no responden, no es que no nos estén dando respuesta a los y las parlamentarias, sino que no están dando respuesta a las dudas y preocupaciones que tiene la sociedad navarra.

En este sentido, ¿cree que la comisión de investigación está indefensa?

No es que esté indefensa, la comisión tiene sus herramientas. La cuestión es si los diferentes organismos a los que nos hemos dirigido se toman en serio esta comisión. Me refiero a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo y a otros organismos. Si de verdad le otorgan el valor a la comisión de investigación que la propia ciudadanía y reglamento le otorga.

¿Y se la han tomado en serio?

La respuesta creo que se ve en su manera de actuar o de facilitar la información que les hemos solicitado. También es cierto que ha habido otras instituciones que sí que han colaborado y es de agradecer.

¿Por qué la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo no enviaron la documentación que se les requirió?

Argumentaron que la causa estaba siendo objeto de investigación. Pero volvemos a traer esto que está pasando en el Estado a Nafarroa y a la realidad nuestra de Nafarroa y, a través de ahí, sí que podían haber facilitado información.

¿Dan por perdida esa documentación?

Sí, somos conscientes de que no la vamos a tener. Y esto es, cuanto menos, paradójico, porque se filtra un informe de la UCO que ha llegado a multitud de grupos de WhatsApp, pero no se transmite de una manera oficial, que es como se deberían de hacer las cosas. Es más, es que ni siquiera sabemos si ese es el informe verdadero, o si está completo, o si faltan cosas. No lo sabemos. Aquí también es importante recordar que hay grupos en la comisión de investigación que sí que tienen acceso a esa documentación. Entonces, se produce en esta comisión de investigación una situación de que no todos los grupos parten de la misma información.

Entiendo que lo dice por el PP, que está personado en la causa. ¿Cree que no juegan con las mismas reglas?

Cada grupo político tendrá su valoración, yo describo que hay grupos que tienen más información que otros.

Han pedido al juez del Tribunal Supremo permiso para la comparecencia de Koldo García. Hace unas semanas el mismo juez rechazó la citación de José Luis Ábalos en la comisión del Senado. ¿Confía que esta vez otorgue el permiso?

Sí, porque lo justificaba por tema de plazos y aquí nosotras no tenemos los plazos tan cortos como se tenían en esa comisión.

Hace dos semanas tenían que haber comparecido los técnicos de las conferencias hidrográficas del Ebro y del Cantábrico. No lo hicieron argumentando que como funcionarios del Estado no tenían el deber de acudir a una comisión de un Parlamento autonómico. ¿Se les va a volver a citar?

Estamos a la espera de un informe de los servicios jurídicos de la Cámara para saber si podremos volverles a citar. Yo comparto la opinión de los servicios jurídicos de esta Cámara, consideramos que estos funcionarios parten de una interpretación errónea de unos informes del Consejo de Estado que no tienen en consideración que aquí tenemos un artículo propio que sí les obliga a venir.

¿Teme que ese mismo argumento pueda ser utilizado por otros funcionarios a los que se va a citar como los guardias civiles que realizaron los informes, por ejemplo?

No, porque ya han venido a comparecer a esta comisión otros funcionarios del Estado.

La semana pasada tampoco vino el presidente de Acciona. ¿Confía en que acuda el 9 de febrero?

Sí. Esa es su obligación.

¿Y qué pasa si no lo hace?

Los grupos políticos, una vez más, tendrán que decidir cómo actuar. Habría que volver a requerirle o enviarlo a la Fiscalía, tendrán que decidirlo los grupos.

Existen precedentes de personas que se han negado a comparecer y finalmente sus casos han sido archivados por la Fiscalía.

Sucedió en la anterior comisión de investigación [sobre las actuaciones desarrolladas por la empresa pública Sodena]. Habría que analizar el supuesto concreto, si los hechos han sido de la misma manera o si ha variado algo para que la Fiscalía pueda entrar si así lo considera.

Es paradójico que un informe que ha llegado a multitud de grupos de WhatsApp no se nos quiera transmitir de manera oficial

Acciona dice que se ha desatendido su derecho a designar su representante.

Lo que sucede es que no sé si se ha leído bien la citación, porque la citación es personal, es decir, se le ha citado a él. Quien tiene que comparecer es él, no puede designar un suplente cuando la citación es personal.

¿Considera que hay quien quiere poner trabas a esta comisión?

Sí. Estamos teniendo trabas, por lo menos por parte de estas empresas. Y a mí lo que me preocupa es que las trabas las ponen a esta comisión, pero es que la comisión no es más que una herramienta para que la ciudadanía pueda obtener información y saber qué es lo que ha pasado, para que podamos establecer mecanismos de mejora y depurar responsabilidades políticas, si así procede, para tener una contratación pública transparente, garante y cumpliendo con todos los principios que son necesarios. Porque luego hablamos de desafección política, pero es que, en este caso, quienes están colaborando en esta desafección política son estas empresas que hacen lo imposible para que la información no llegue a la ciudadanía.

¿La Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo también han puesto trabas?

Se podría decir que no nos han facilitado el acceso a la información.

Usted preside está comisión a propuesta de su grupo, EH Bildu, y con el apoyo del PSN. ¿Por qué EH Bildu tiene interés en presidir esta comisión? ¿No se fiaban de los socios del Gobierno?

Euskal Herria Bildu tiene muy claro cuáles son sus principios ante la corrupción y cuál es su hacer, y creo que lo ha demostrado durante toda su historia política en los diferentes ayuntamientos e instituciones que ha gobernado. Y desde esa manera de hacer política que tenemos, es desde donde se propuso esto.

¿EH Bildu es igual de exigente con este caso como lo ha sido con otros casos vascos como Alonsotegi o Getxo, por ejemplo?

Sí, totalmente.

¿A la hora de elegir a quién citar a esta comisión ha primado el interés por conocer la verdad o se han impuesto los intereses partidistas?

Diría que ha primado el interés por conocer la verdad. Las solicitudes de comparecencias que presentó cada grupo eran bastante dispares y se decidieron por mayorías [se votó de forma individual cada una de las solicitudes de comparecencia]. Esas mayorías fueron diferentes en muchos casos, no se repitieron constantemente.

UPN denuncia que no se ha querido citar a personas, por ejemplo a cargos del Gobierno de Navarra actuales y de la pasada legislatura, cuyo testimonio podría aportar información a la causa que se investiga.

Eso fue decisión de los grupos y de la mayoría de la comisión.

En paralelo a esta comisión se está celebrando otra en el Senado. ¿Qué diferencias encuentra entre una y otra?

La verdad es que no he seguido del todo la comisión del Senado, pero diría que la del Senado responde a una estrategia del Partido Popular por volver a tener el Gobierno y no entender la pluralidad que existe en el Estado. Y considero que en Navarra estamos actuando con la debida diligencia, con responsabilidad y, a pesar de que sí que hay algunos grupos que están fomentando esa imagen que se está viendo en Madrid, creo que la seriedad y el trabajo sí que son diferentes.

El presidente Pedro Sánchez calificó la comisión del Senado como un circo. ¿Ve ese ambiente en la de Navarra?

No diría que esta esté siendo un circo para nada. Creo que las intervenciones están siendo conforme a los intereses de cada portavoz, sin faltas de respeto y se están ateniendo al objeto de la comisión.

El origen de esta comisión está en ese informe de la UCO del mes de junio. En él se sitúa a Navarra como el origen de la presunta trama de corrupción. ¿Cómo lo ve?

El informe que se ha filtrado de la UCO sí que coloca a Navarra en esa situación, pero bueno, Antxon Alonso ha respondido que no le consta que exista. En parte, por todo eso se constituyó esta comisión de investigación y estamos investigando qué es lo que sucedió en Navarra. Y creo que lo estamos haciendo de una manera correcta. Se empezó escuchando a los miembros de la mesa de contratación de la obra de Belate para ver qué es lo que pasó y cómo se llevó a cabo esa mesa. Y es más, de un informe de la UCO nunca vamos a sacar cómo fue la mesa de contratación y, sin embargo, aquí sí que hemos visto cómo fue esa de mesa de contratación y de ahí también la información que se ha podido obtener de esa mesa.

¿Entiendo entonces que sí se le da veracidad a lo que recoge el informe de la UCO?

Yo vengo del mundo del Derecho y creo que es importante sacar conclusiones una vez finalizado el proceso, y no olvidemos que aquí estamos en el inicio de un proceso. No se puede juzgar algo sin todas las garantías procesales y penales que el ordenamiento jurídico otorga a los procedimientos penales. Sí que considero importante la labor de esta comisión de investigación desde el momento en el que se conocieron los hechos, pero lo desvinculo de lo que está sucediendo en Madrid. 

Se habla de desafección política y en este caso son las empresas que hacen lo imposible para que la información no llegue a la ciudadanía las que la generan

La primera adjudicación conocida a la empresa que la UCO sitúa en el centro de la trama, Servinabar 2000, es la de la reforma del Navarra Arena en la legislatura en la que Uxue Barkos era presidenta. Sin embargo, se decidió añadir también a la investigación la presidencia de Yolanda Barcina (UPN). ¿Por qué?

Esto lo responderán mejor los grupos, que son quienes tienen que explicarlo, pero se entendió así porque se quiere analizar las obras que han hecho las empresas que aparece en el informe de la UCO y con eso se iba cuatro legislaturas atrás.

Se decidió que la comisión empezase por las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate. ¿Es donde más indicios existen de que pudo haber corrupción?

Eso se decidió por la mayoría de los grupos. Había grupos que preferían no hacer un orden cronológico y otros que abogaban por empezar por Belate. Fue una cuestión de mayorías.

En las sesiones en las que comparecieron los miembros de la mesa de contratación se vieron discrepancias importantes entre ellos en aspectos tan determinantes como el orden de las votaciones o si hubo o no presiones por parte del presidente a otros miembros. ¿A quién va a creer la comisión?

Eso habrá que verlo en las conclusiones que se realicen en su momento. Pero me parece importante destacar esto, porque no fue hasta que escuchamos a los miembros de la mesa de contratación cuando se dio a conocer cómo estaba funcionando. En cuestiones como estas es donde se ve que esta comisión sirve. Tenemos una serie de informaciones que nos vienen a través de los medios de comunicación que atienden a cuestiones que son importantes, pero también es importante saber qué pasó en la mesa de contratación. Y esa información la hemos obtenido escuchando a las personas que formaron parte de ella. De ahí destaco la importancia de esta comisión, del poder dar y ofrecer a la ciudadanía de Nafarroa esta comisión de investigación como una herramienta de escuchar y de conocer qué es lo que pasó en el caso de las obras de Belate.

¿Pero la comisión podrá llegar a saber el orden de las votaciones o si hubo presiones a la hora de puntuar?

Podrá establecer mecanismos para que en el futuro no existan esas dudas, ir hacia atrás ya no podemos.

¿Cree que esta comisión podrá determinar si hubo corrupción política en la adjudicación de obras públicas en Navarra?

El objeto de esta comisión es, en todo caso, depurar responsabilidades políticas. Hay otras cuestiones que corresponden a los órganos judiciales, en este caso al ámbito penal, con las garantías que correspondan en ese proceso.

¿Adónde podrá llegar esta comisión que no lo haga la justicia?

Es que son caminos distintos. La justicia penal depurará responsabilidades penales, si es que así las hay. Esta comisión tiene que depurar otras responsabilidades políticas. Son caminos distintos porque las funciones son distintas. Una y otra se pueden acompañar y pueden servirse la una a la otra, pero los caminos son distintos. Pueden existir puentes entre ellas, pero los caminos son distintos.

EH Bildu tiene muy claro cuáles son sus principios ante la corrupción y lo ha demostrado durante toda su historia política

Además de Belate también se van a investigar el resto de contratos adjudicados a la UTE de Acciona con Osés y Servinabar 2000. Ahora un juzgado navarro va a investigar otras obras adjudicadas por una empresa de la que el Gobierno de Navarra es accionista, las obras para la reconstrucción de Sendaviva. ¿Se podrían añadir a esta comisión?

Si los grupos así lo consideran y así lo votan por mayoría, sí.

¿Las conclusiones de la comisión podrían quedar cojas si no se hace?

Hablar ahora que todavía nos quedan muchísimas comparecencias sobre las conclusiones me parece que es algo precipitado. Una vez lleguemos a las conclusiones podremos saber si hemos abordado lo que se corresponde o no.

¿Los partidos tienen las conclusiones escritas desde antes de que empezase la comisión, como en alguna sesión se ha dicho?

Eso tienen que responder los grupos parlamentarios, pero vuelvo a insistir que una comisión de investigación también es una herramienta de escucha para conocer lo que ha pasado. Y para saber lo que ha pasado necesitamos que nos lo cuenten, para así redactar unas conclusiones.

¿Todas las trabas que ha habido a la hora de recibir documentación o de citar a algunas personas condicionarán las conclusiones?

Confío en que con las personas que faltan por comparecer obtengamos una base sólida para obtener unas conclusiones sólidas.

¿Qué plazos manejan para la finalización de la comisión?

Con las personas que están llamadas a día de hoy, las comparecencias finalizarán sobre el mes de mayo, posteriormente se redactarán las conclusiones.

En Catalunya se caga el tió por Navidad, se come crema por Sant Josep, se tiran petardos por Sant Joan... y se tienen cuentas en Andorra. Es una “casi tradición familiar”, en palabras del empresario Xavier Plana, amigo de Jordi Pujol Ferrusola, en el juicio sobre el origen de la fortuna. La respuesta del testigo ha despertado las risas en estrados, pero ha mostrado una realidad muy alejada de los ciudadanos de a pie: las cuentas en un paraíso fiscal que muchas sagas catalanas ricas tuvieron durante décadas. Incluida la del hombre que gobernó Catalunya 23 años.

Como viene ocurriendo durante varias sesiones del juicio, este jueves se ha repetido el ejercicio de desmemoria de varios testigos, a los que se pregunta sobre negocios y pelotazos del primogénito de los Pujol, conocido como Júnior, de hace más de 20 años. Tampoco el fiscal Fernando Bermejo ha logrado arrancar a ningún testigo ningún dato que permita conectar los millonarios negocios del hijo del expresident con comisiones a cambio de obra pública.

Sí ha servido la sesión para mostrar sin pudor el comportamiento de las élites y su forma de hacer y prestarse dinero. Si esas formas infringen el Código Penal será decisión del tribunal de la Audiencia Nacional.

Plana ha testificado por dos hechos: un préstamo que le hizo a mediados de los 90 Júnior en Andorra y negocio mutuo que no fructificó en República Dominicana. “Yo tuve una cuenta en Andorra...bueno, eso... una cuenta en Andorra aquí era casi una tradición familiar hace cuarenta años”, ha aseverado. El magistrado José Ricardo de Prada, que preside el tribunal, ha tenido que cortar las risas de acusaciones y defensa y reconducir el interrogatorio.

Según el relato de Plana, Júnior le prestó siete millones de pesetas para hacerse una casa. Pese a ser su amigo, le devolvió el dinero con intereses altos. Pero como era su amigo, la operación se ejecutó sin contrato alguno. “Nada por escrito”, ha reconocido el testigo.

No fue hasta unos tres años más tarde, ha rememorado Plana, que tras cobrar nueve millones de pesetas por otro trabajo, le indicó a su amigo que podía devolverle el préstamo. En vez de devolverle él mismo el dinero en su cuenta andorrana, ambos acordaron que el empresario que debía pagar a Plana ingresara directamente el dinero en la cuenta de Pujol Ferrusola. Y aquí se torció todo.

Como ese empresario, según ha admitido Plana, “no conocía la operativa” de cómo operar con una cuenta andorrana, en vez de ingresar el dinero en el principado lo hizo desde una oficina bancaria en España. “Y quedó reflejada la operación”, ha constatado Plana, con un punto de desilusión.

La Fiscalía Anticorrupción incluye esta operación en el apartado de blanqueo de capitales procedente de comisiones por obra pública del hijo del expresident, a quien reclama hasta 29 años de cárcel, la pena más alta del juicio. Pese a todos los elementos incriminatorios en contra (falta de contrato, Andorra), la defensa ha logrado al menos que el tribunal escuche un relato alternativo, el del préstamo entre amigos. La credibilidad de Plana la valorará el tribunal.

Sin respuestas sobre el 'pantallazo'

Uno de los primeros testigos de la jornada ha sido el subdirector del periódico El Mundo, Esteban Urreiztieta. Aunque se esperaba poder abordar uno de los ejes de la defensa de los Pujol (las maniobras de la brigada política del PP para obtener los datos bancarios de la familia), no ha sido así.

Urreiztieta no ha aclarado si el comisario jubilado José Manuel Villarejo u otro responsable de la brigada política fue quien entregó al periódico el 'pantallazo' las cuentas que El Mundo publicó el 7 de julio de 2014, y que provocó la confesión del expresident. A preguntas del abogado del Estado, Urreiztieta no ha alegado el secreto profesional para no desvelar las fuentes, sino que él no firmó la información. Fue el periodista Fernando Lázaro, fallecido recientemente.

El subdirector del rotativo ha aprovechado para defender la “veracidad incuestionable” de la portada. Pero no es la veracidad de la información lo que cuestionan las defensas, sino su origen ilícito: como la causa de Pujol, abierta en 2012, estaba estancada con la única declaración de la examante de Júnior, Victoria Álvarez, la brigada del PP tuvo que activar la vía andorrana. La porta de El Mundo, para las defensas, fue el mero altavoz de una operación policial ilegal.