La declaración judicial del exvicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Almería Fernando Giménez, prevista para este jueves en el marco del caso Mascarillas, que investiga el cobro de comisiones de altos cargos del PP en esa institución a cambio de conceder contratos supuestamente irregulares, ha quedado suspendida por la indisponibilidad de su letrado.

Varias fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press la suspensión de su declaración, para la que habrá que fijar nueva fecha, debido a los problemas médicos alegados por su representante legal, quien durante la jornada de este miércoles solicitó el aplazamiento.

Giménez era el primeros de los 43 investigados llamados a declarar por el instructor Manuel Rey Bellot en la ronda que se inicia este jueves, en la que también está previsto que comparezca --por videoconferencia a partir de las 11:45 horas-- el empresario y supuesto comisionista Kilian L.S., quien habría intervenido en el contrato de dos millones de euros para la adquisición de material sanitario en abril de 2020 con un supuesto sobrecoste de 945.327 euros, conforme a los informes de la UCO.

Sin la declaración de Giménez, son cuatro los imputados a los que se espera tomar declaración a lo largo de la jornada.

Mascarillas, contratos de obra y dientes

Según los investigadores de la UCO, el exvicepresidente segundo y exdiputado provincial de Presidencia estaría situado en el núcleo duro de la trama al formar parte del grupo de WhatsApp llamado 'Naranjito' del que también formaban parte el expresidente de Diputación Javier Aureliano García, detenido el pasado noviembre, quien declarará el 26 de junio, y el exvicepresidente tercero Óscar Liria, cuya declaración está prevista para este viernes.

La detención de este en junio de 2021 dio origen a la primera fase de la investigación por la adjudicación de un contrato de suministro de mascarillas por el que la trama habría cobrado comisiones de casi un millón de euros; las pesquisas se ampliaron luego a contratos de obras en pequeños municipios.

Según los investigadores, los tres hacían uso del mencionado chat para intercambiar mensajes en clave y abordar el cobro de supuestas comisiones con la adjudicación de obras y contratos de servicios que se llevaban a la junta de gobierno de la institución provincial desde 2016 en adelante. La UCO cree que el expresidente de la Diputación, del que pinchó el teléfono, pagó una hipoteca con dinero de las mordidas.

En las conversaciones, que también mantenían por privado, hacían continuas alusiones a términos odontológicos para referirse a esas supuestas 'mordidas' con comentarios como “me tengo que hacer una limpieza”, “necesito empastarme dos o tres muelas”, “tengo las muelas picadas” o “sácame cita para el dentista la semana que viene que estoy que no puedo comer”, entre otras.

En una sociedad tan anglizada era la frase más recurrente, la que más sonaba, el modo de la mañana, para los temerosos y para los que celebraban que, por fin, la partida terminaba, que eso significa la expresión. El día de autos, o de los autos rotos, se confirmaba lo esperado: el PSOE se financia ilegalmente.

Para los aventureros de la primera mañana eso es lo que iba a destapar un registro de la UCO en la sede del partido del Gobierno y con ello caería. En realidad, era grave la presencia de la policía judicial, pero no era por eso. Aunque la noticia trataba y quería tratar de eso.

Una filtración temprana cuando aún la mañana huele a pan nuevo llenó de esperanza a un cierto periodismo, a otro lo provocó en una carrera vergonzante por el periodismo de impacto y pobló la sesión de control del Congreso de los Diputados de conjeturas y un jolgorio inusual.

Luego vinieron los frenazos y explicaciones y también, cómo no, la triste sensación de que algo muy grave, sin embargo, pasaba en la calle Ferraz de Madrid y en todas las calles Ferraz del Estado. La agitación festiva llegó también a la oposición y a sus líderes que, facundos, lanzaron sus proclamas habituales y se prestaron para la inminente caída.

En realidad, había motivos, si ciertos, el PSOE llegaba a la línea que sus propios socios temían: la financiación ilegal. De ahí que los más madrugadores se abatieran sobre Gabriel Rufián, como encarnación de los posibles apoyos fallidos. En las redacciones, en la preparación de las escaletas de radio y televisión, el teléfono más buscado fue el del político catalán, esperanza de la izquierda pero también de una derecha que lo espera como mesías de la insurrección contra los corruptos. El equipo habitual crítico del interior socialista, igualmente, acudió presto al aquelarre insistentemente solicitado.

Desde luego, la noche —la mañana— de los autos rotos no pasará a los anales del buen periodismo pero sí del terror. Sin embargo, se ha producido, se está produciendo, una reacción que los más creídos planificadores no esperaban. La militancia, el electorado socialista, está reaccionando. Las desgracias compactan y hacen fuerte ante la adversidad. No es que no estén preocupados por la corrupción, demostrada o no, condenada o no, que lo están, eso dicen. Es que han tocado el techo de la resignación.

A ver lo que ocurre en los próximos días pero, tal vez, la rosca ya se ha pasado y muchos ven por encima de todo un programa de aniquilación del adversario político, según palabras de las notas que están circulando por una red encendida y correos privados de manera masiva.

El game over de algunos ha desaparecido de manera acelerada de ciertos historiales sociales, incluso algunos de esos mismos se secan apresuradamente tras impulsivamente tirarse al agua, dando la razón, en este caso, al presidente canario Clavijo. En esta sociedad que tanto sabe inglés conviene recordar que game significa partida pero también caza. Las palabras, incluso en inglés, las carga el diablo, ya nos lo recordaba George Orwell, y no creo que sea democrático participar en ninguna cacería. La política en democracia es otra cosa.

Entre el Palacio de la Moncloa y el número 70 de la calle de Ferraz de Madrid hay apenas dos kilómetros de distancia, pero Pedro Sánchez intenta aumentar el trecho que separa lo ocurrido en la sede del PSOE de la acción del Gobierno. Con poco éxito. Los éxitos económicos, la creación de empleo, el 'no' a las guerras o el antitrumpismo no serán eximente en ninguna de las causas judiciales que investigan los tribunales. Y mucho menos serán tenidas en cuenta por una derecha política y mediática ávida de acabar con la carrera política del secretario general del PSOE. Feijóo ha prometido hacer “todo lo posible” por cambiar al Gobierno. “Y cuando digo todo, es todo”, advierte. 

En La Moncloa saben que no solo anda en ello, sino que ese “todo” incluye llevar a Pedro Sánchez al banquillo. El cómo, el cuándo, en qué calidad y por qué lo desconocen, pero que “el objetivo último es que un juez llame como testigo o como investigado al presidente del Gobierno está claro”. Lo ha escrito Miguel Ángel Rodríguez con sus célebres “p'alante” con los que suele anticipar las resoluciones de algunos jueces. Lo ha deslizado Miguel Tellado en sede parlamentaria. Lo cacarea el PP por todos los cenáculos madrileños. Lo susurran los antisanchistas de primera generación. Y hasta lo han escrito ya algunos periodistas parapetados en fuentes judiciales.

Nada que no haya ocurrido antes en democracia: llegar al límite, subir el listón de la crítica, desestabilizar las instituciones, polarizar —antes, crispar—, buscar un mundo de irregularidades y quebrar al presidente del Gobierno. Ocurrió en 1996, aunque Felipe González lo haya olvidado, y el periodista Luis María Ansón lo confesara, años después, en una entrevista con Santiago Belloch. 

Lo que hoy vive España se parece mucho a lo de entonces, cuando los tribunales marcaban el ritmo de la política y de la agenda mediática en un clima de confrontación permanente. ¿Quiere eso decir, como diría Rajoy, que todo lo que investiga la justicia y afecta al PSOE es mentira menos alguna cosa? “Quiere decir que el caso Leire Díez o el de Zapatero no se pueden comparar con la instrucción de Peinado, que es un lawfare de manual. Y tampoco con el del hermano del presidente, pero que existe una sincronía escandalosa entre el PP jueces, fiscales y medios de derechas para dibujar un país putrefacto sin que responda a la realidad y con el claro objetivo de tumbar a Sánchez es un hecho indiscutible”, responde un ministro socialista.

La Moncloa delegó esta semana en Óscar Puente la más feroz de las respuestas a la decisión del juez Pedraz de entrar en la sede central del PSOE en busca de información sobre una supuesta trama financiada por el partido que habría tenido como objetivo desestabilizar las causas judiciales que afectan a los socialistas. Y, sin paños calientes, el titular de Transportes habló claramente de una operación “con métodos nada democráticos” para derribar al Ejecutivo y de la coincidencia en el tiempo de algunos autos con la celebración del juicio de la Kitchen sobre la mal llamada policía patriótica del PP.

Puente es de entre los pocos ministros de Sánchez de perfil político el que más conecta con las bases y el electorado progresista. Pero aunque lo que dice les sale al resto de miembros del Gobierno de las entrañas, ni Sánchez ni el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se manifestarán en esos términos, lo que no quiere decir que desaprueben las palabras de Puente aunque circule por carril propio. Todo lo contrario.

En el Gobierno y en el PSOE están preparados para que la ofensiva judicial escale hasta Pedro Sánchez porque ven en el auto de Pedraz sobre el caso Leyre “claros e innecesarios” señalamientos al presidente. Hasta 15 han contabilizado. Y en conversación privada con algunos de sus ministros, según ha podido saber elDiario.es, el presidente ha negado que conociera los tejemanejes de Santos Cerdán con Leire Díez, y mucho menos que mantuviera con ella más de una veintena de encuentros. En la misma línea se expresa otro miembro del Gobierno que defiende que el ex secretario de Organización “manejaba esa trama para defenderse a sí mismo, a Ábalos y a Koldo”.

Page vuelve a quedarse solo

Pero si en algo coinciden todos los interlocutores es en que la próxima pieza a batir es Pedro Sánchez. “Por supuesto que le llevarán a declarar ante la Audiencia Nacional”, afirma un socialista que coincide con la versión monclovita de que “cuanto más duro le aticen, más aguantará”, en alusión a que en la cabeza del presidente no están ni el escenario de unas elecciones anticipadas ni la moción de confianza que ha sugerido Emiliano García-Page. El castellano-manchego ha vuelto a quedarse solo en la crítica ante los micrófonos. En privado, son muchos quienes coinciden, aunque con matices, en su análisis de que una huida hacia delante no puede más que desangrar al partido, llevarse por delante el poder municipal de los alcaldes y destrozar la marca durante años.

En el fondo, unos y otros convergen en que tener el Gobierno no significa tener el poder y que este está en manos de las derechas. Tienen el poder económico, el judicial, mediático y hasta el legislativo con la mayoría absoluta del Senado. “Solo les queda el ejecutivo y es el que, con votos o con autos, pretenden con su ofensiva actual”, defiende otro miembro del Gobierno. 

Mientras, en la dirección socialista saben que en el próximo Comité Federal del PSOE del 27 de junio habrá voces que plantearán que las generales se celebren antes de municipales y autonómicas para que alcaldes y presidentes autonómicos no paguen en las urnas el desgaste del Gobierno. Pero ese es un escenario que, aunque podría estudiarse, no será antes de septiembre. Diciembre, febrero o marzo… “Hay posibilidades, si bien Sánchez no está en ninguna de ellas, sino en la de aguantar. Es como un toro bravo que se crece ante las dificultades”, defienden en su núcleo duro. Y quien esté haciendo cábalas sobre una posible dimisión, que renuncie a la candidatura de las generales y ceda el paso a otro o que tire la toalla, se equivocará. 

Este lunes será la primera vez que intervenga ante la dirección federal, después de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y tras la entrada de la Guardia Civil en Ferraz. Y, aunque hay miembros de la Ejecutiva que en privado emiten señales de agotamiento y declaran que “esto tiene que acabar ya”, no levantarán la voz, tras testar el pulso de algunas federaciones, comprobar que nadie está por la labor de transitar por dirección distinta a la que marque el secretario general y colegir que nadie quiere abrir en canal el partido.

Manual de Resistencia, enésima entrega.

En el mundo de Trump, Milei o Ayuso, cada día tiene su disparate. Pero, detrás del jolgorio del populismo ultraderechista se oculta siempre un meticuloso trabajo de los ideólogos que trazan las líneas maestras de la estrategia y del discurso. El goteo de informaciones sobre la presunta corrupción alrededor del PSOE ya ha provocado un efecto devastador en el ánimo de la militancia y la dirigencia. Un impacto incuestionable en el electorado progresista. Y algunos movimientos aparentemente imperceptibles que, en respuesta o no, a la instrucción aznariana del que pueda hacer, que haga, no se resisten a aportar su granito de arena a lo que Óscar Puente, ha llamado una conspiración para derribar al Gobierno “con métodos no democráticos”. Y, mientras en el PSOE, silencio. 

En el festival de a ver quién la dice más gorda, siempre gana Ayuso. Porque para hablar de “corrupción de Estado” por las investigaciones que afectan a los socialistas el mismo día que se sienta en el banquillo de los acusados su compañero de filas y exministro Jorge Fernández Díaz por la operación Kitchen hay que tener muy poca vergüenza y ningún escrúpulo. Pero, si de repugnancia hablamos, qué mejor ejemplo que el del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez que ha negado este jueves que existiera la trama ante el tribunal que juzga los hechos, después de haber llevado ante notario los whatsapps que demostraban lo contrario e implican directamente a Fernández Díaz. 

Sin duda, la mención honorífica a la desvergüenza se la lleva el beato Fernández Díaz, para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel, y negó hasta la verdad durante su declaración como acusado por la creación de la mal llamada policía patriótica. Como buen pío, seguro que reza dos padres nuestros un ave maría y tiene bula para cuando abandone esta vida. Entretanto, se dedica a pontificar sobre ética política desde las páginas de un diario que acumula más manipulación y mentiras por página que pecados acumula el exministro.

En lo que respecta a los socialistas hay una base material incuestionable que justifica la última investigación de la Audiencia Nacional sobre el “caso Leire”. Pero el PSOE se divide hoy entre los que han decidido minusvalorar o despreciar las pesquisas y los que creen que una huida hacia adelante prolongará la agonía y se llevará por delante el poder municipal que les queda. En términos electorales, a un lado están Pedro Sánchez y su gobierno, empeñados en seguir hasta 2027, y a otro, alcaldes y cuadros medios partidarios de intentar contener la hemorragia y convocar elecciones cuanto antes. El mismo dilema, por cierto, que tienen los socios del Gobierno, entre quienes se percibe ya el nerviosismo, además de un evidente distanciamiento a un año de las municipales.

Desde que el juez Pedraz ordenó que la Guardia Civil entrase en la sede del PSOE para buscar pruebas de si el partido pagó a la ex militante Leire Díez para entorpecer investigaciones policiales y judiciales sobre los socialistas, el PNV ya ha lanzado algún aviso sobre la irresponsabilidad que supone agotar el mandato. En ningún caso, eso sí, apoyará una moción de censura, ni siquiera instrumental. Y tampoco Junts. Apoyar a Sánchez es un problema, pero votar a Feijóo, con Vox de socio preferente, es contraproducente para sus intereses partidistas. Los nacionalistas vascos gobiernan en Euskadi en coalición con los socialistas, lo que un cambio de tercio en Madrid podría dar al traste con la lehendakaritza de Pradales, las diputaciones forales y algunos ayuntamientos. Y a los catalanes lo que les mueve es que Puigdemont pueda volver a Catalunya una vez que el Constitucional falle sobre la aplicación de la amnistía. Así que a Feijóo no le queda otra que hiperventilar, celebrar cada titular de su sincronizada de guardia, se ajuste o no a la realidad, y mantener la presión en una estrategia de desgaste sobre ambos. Claro que llamarles cómplices de la corrupción o poner a Tellado delante de un micrófono no parece que sea la mejor forma de cortejarlos.

Como tampoco es la mejor opción ni para el PSOE ni para la democracia el clamoroso mutismo de la calle Ferraz ante los últimos acontecimientos judiciales. Entiéndase por Ferraz la secretaría de Organización que es la que lleva el peso de la acción del partido cuando este tiene la responsabilidad de gobierno. Por descarte el cargo lo ocupó Rebeca Torró, tras la salida de Santos Cerdán para ingresar en prisión, y es sobre ella, además de Sánchez, sobre quien llueven las críticas de una organización que demanda explicaciones.

Tan escandalosa ha sido su incomparecencia después de la entrada de la Guardia Civil en la calle Ferraz y tan comentada su inanidad desde que ocupa el cargo que en La Moncloa han tenido que sacar este jueves al ministro Óscar Puente para llenar un vacío que empieza a ser delator de la inconsistencia del material que habita en el partido. El día anterior, lo hizo sin miramientos desde su cuenta de X, pero ante las preguntas de los medios, el titular de Transportes tampoco se arredra para poner música y letra a la acumulación de casos judiciales, la coincidencia de calendarios y las filtraciones de sumarios. 

Puente se cuida de apuntar directamente sobre los jueces o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y prefiere poner el foco sobre Feijóo y lo que entiende como una estrategia concertada de algunos poderes, incluido el mediático. “Hay un Gobierno al que se quiere derribar, no en las urnas, sino con otras artimañas, con métodos no democráticos”, denunció para colegir que los tiempos de la justicia y la política “se acompasan de manera sorprendente”, en alusión a la coincidencia de la entrada de la Guardia Civil en Ferraz con la declaración de Fernández Díaz ante la Audiencia por el caso Kitchen y por el que algunos medios han pasado de puntillas.

También criticó que se tomara por hechos ciertos aspectos que constan en el auto de Pedraz, a pesar de que dos de los aludidos, el fiscal José Grinda y la abogada Leticia de la Hoz, hayan negado los hechos que se relatan en el mismo. El primero, según el escrito del juez, habría sido objeto de un intento de soborno de 300.000 euros para que ofreciera información sobre el fiscal jefe, Alejandro Luzón. Y la segunda habría ofrecido 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano para que negase haber llevado 90.000 euros a Ferraz. No entró el ministro en si el PSOE pagó o no a la Leire Díez para que entorpeciera investigaciones judiciales en marcha, como acredita el auto, pero sí en que en la militancia hay una profunda indignación y que “la respuesta tendrá el efecto contrario” al que pretenden las derechas . 

Sea así o no, lo que subyace tras sus declaraciones es que el PSOE adolece de una profunda fatiga de materiales, y no solo por las investigaciones judiciales. De no ser por los ministros de perfil más político, léase Puente, López o Bolaños, Sánchez no tendría quien le saliera al rescate. Es lo que tiene el diseño de un gabinete eminentemente técnico y una estructura de partido hecha de retales y no precisamente de alta costura.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha abierto juicio oral contra el exconsejero madrileño Francisco Granados y otras 40 personas y 79 empresas en la pieza 8 del caso Púnica. Esa ramificación del caso se centra en las supuestas irregularidades entre 2003 y 2011 en las adjudicaciones de suelo público en la Comunidad de Madrid a través de la empresa regional Arpegio y en las infraestructuras de la entidad de Infraestructuras del Transporte de Madrid (Mintra).

El magistrado ha dictado el auto de apertura de juicio oral en la pieza 8 de Púnica en la que se ha investigado las irregularidades de Granados durante su gestión como consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y, posteriormente, como consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Los hechos son constitutivos de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y falsedad documental.

Además de a Granados, el instructor sienta en el banquillo a varios empresarios, entre ellos el constructor David Marjaliza y Javier López Madrid. Granados se enfrenta a una petición de 42 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción.  

En el auto de procesamiento que dictó el antiguo instructor del caso, el juez Manuel García Castellón, se detallaba la operativa utilizada por los investigados para desviar fondos públicos de la Consejería de Transportes a través de Mintra a favor de la trama. 

“Con arreglo a la dinámica planeada, se entregaba a los funcionarios investigados, encargados de la redacción de los pliegos técnicos, no solo la potestad de la fijación del precio, plazo del contrato, selección de los criterios de valoración y posterior valoración de las ofertas, que de entrada aseguraba la elección del adjudicatario, sino también el mando para incrementar el precio de salida y adjudicación del contrato e, incluso, el plazo de finalización, a través de la justificación dada para adjudicar contratos modificados y complementarios”, explica. Entre las obras investigadas se encuentran en Metro Sur el tramo 1C, en Metro Norte el tramo 1 A y en el Metro Ligero la nueva línea a Boadilla.

Alejandro Jurado, cap de Gabinet de la presidenta balear, Marga Prohens (PP), ha negat aquest dimarts davant la jutgessa les imputacions de presumptes irregularitats que pesen sobre ell en relació a la contractació del xofer oficial de la líder autonòmica i ha defensat que el procediment es va desenvolupar amb “legalitat” i “transparència”.

Passades les 9.15 hores, el número dos de Prohens feia acte de presència en els Jutjats de Via Alemanya de Palma per a declarar com investigat pel presumpte tracte de favor a un familiar seu -el fill d'un cosí- per a ocupar una plaça de conductor adscrita a Presidència.

En la seva compareixença davant la jutgessa del Jutjat d'Instrucció número 3, Jurado, qui únicament ha respost a preguntes del seu lletrat, Jaime Campaner, ha rebutjat els fets descrits en la querella interposada per un veterà xofer i funcionari de carrera i ha defensat que la cobertura de la vacant va respondre a una necessitat temporal provocada per la baixa laboral d'un dels conductors oficials del Govern. D'acord amb la seva versió, el sistema previst legalment per a cobrir la plaça era el de lliure designació, atès que es tractava d'un lloc de confiança vinculat directament a Presidència.

L'investigat ha assegurat que la convocatòria es va publicar inicialment “per error” com un concurs amb baremació de mèrits, un extrem que posteriorment es va corregir per a ajustar-lo al procediment de lliure designació. Segons la seva declaració, una vegada revisades les candidatures se li va traslladar una llista amb quinze aspirants que complien els requisits exigits i va ser llavors quan ell va triar al candidat que va considerar més adequat per al lloc.

La defensa de Jurado coincideix a més amb la documentació remesa pel propi Govern al Jutjat. En un ofici signat per la secretària general de Presidència, l'Executiu assenyala que, una vegada elaborada la llista definitiva dels 15 aspirants admesos i revisats els seus currículums, tota la documentació va ser traslladada a la direcció del Gabinet de la Presidenta, que “va proposar a la persona que va considerar més idònia” per a ocupar la plaça.

La recerca judicial se centra precisament en aquest canvi de criteri. La querella sosté que, després d'una primera baremació en la qual el familiar de Jurado no hauria obtingut la millor puntuació, es van modificar les bases del procediment per a permetre una selecció discrecional i afavorir la seva contractació. El denunciant descriu la maniobra com una actuació “il·legal, injusta i arbitrària” i acusa l'entorn de Presidència d'alterar les regles “a posteriori” per a garantir el nomenament.

El cas va adquirir notorietat després que el xofer contractat acabés estavellant el cotxe oficial de Marga Prohens només uns mesos després d'incorporar-se al lloc. L'accident, ocorregut després de deixar a la presidenta en la terminal de l'aeroport de Palma, va deixar el vehicle sinistre total i va acabar situant sota focus públic la contractació impulsada des del nucli dur del Govern.

Durant la seva compareixença, Jurado ha insistit que el lloc era de “confiança” i que va actuar dins de les competències pròpies d'una plaça de lliure designació. La defensa del cap de Gabinet manté així la mateixa línia argumental sostinguda des de l'inici per l'Executiu autonòmic, que sempre ha defensat la legalitat del procediment i ha expressat la seva “màxima i absoluta tranquil·litat” respecte a la causa judicial.

El relat del querellant dibuixa, no obstant això, una batalla molt més profunda sobre el funcionament intern de Presidència i sobre el xoc entre els principis de mèrit i capacitat i la discrecionalitat política en els llocs de confiança. La querella acusa directament l'entorn de Prohens d'haver dissenyat un “pla il·legal, injust i arbitrari” per a “facilitar un lloc de treball en l'administració pública a un familiar”.

El denunciant, funcionari de carrera des de fa més de trenta anys i xofer de diversos presidents autonòmics, assevera que va ser apartat del servei directe a Presidència per a ser substituït per “un jove afí sense experiència”, la qual cosa va deteriorar greument la seva salut mental i va derivar en un quadre ansiós-depressiu que encara arrossega.

En la seva querella, el veterà xofer subratlla que el lloc de conductor adscrit a Presidència no era una plaça menor dins del Govern i que la pròpia relació de llocs de treball defineix el càrrec com un de “dedicació especial, perillositat, responsabilitat i dificultat tècnica”, atès que implica l'acompanyament directe a la màxima autoritat política de la comunitat autònoma.

La querella converteix a més l'accident del cotxe oficial en una peça central del relat acusatori. El denunciant sosté que el sinistre constitueix una prova que el conductor triat “no reunia mèrits, aptituds ni actituds” per a exercir el lloc.

Preguntat en el seu moment per l'accident, el portaveu i vicepresident del Govern, Antoni Costa, va tractar de rebaixar la polèmica assegurant que “una persona pot tenir un accident”. L'Executiu balear manté des de l'inici una línia de defensa tancada sobre l'actuació de Jurado i sosté que el procediment es va ajustar plenament a la normativa. Divendres passat, Costa va reiterar la “màxima i absoluta tranquil·litat” del Govern després que el denunciant ratifiqués judicialment la seva querella.

Alejandro Jurado, jefe de gabinete de la presidenta balear, Marga Prohens (PP), ha negado este martes ante la jueza las imputaciones de presunto amaño que pesan sobre él en relación a la contratación del chófer oficial de la líder autonómica y ha defendido que el procedimiento se desarrolló con “legalidad” y “transparencia”.

Pasadas las 9.15 horas, el número dos de Prohens hacía acto de presencia en los Juzgados de Vía Alemania de Palma para declarar como investigado por el presunto trato de favor a un familiar suyo -el hijo de un primo- para ocupar una plaza de conductor adscrita a Presidencia.

En su comparecencia ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 3, Jurado, quien únicamente ha respondido a preguntas de su letrado, Jaime Campaner, ha rechazado los hechos descritos en la querella interpuesta por un veterano chófer y funcionario de carrera y ha defendido que la cobertura de la vacante respondió a una necesidad temporal provocada por la baja laboral de uno de los conductores oficiales del Govern. De acuerdo con su versión, el sistema previsto legalmente para cubrir la plaza era el de libre designación, dado que se trataba de un puesto de confianza vinculado directamente a Presidencia.

El investigado ha asegurado que la convocatoria se publicó inicialmente “por error” como un concurso con baremación de méritos, un extremo que posteriormente se corrigió para ajustarlo al procedimiento de libre designación. Según su declaración, una vez revisadas las candidaturas se le trasladó una lista con quince aspirantes que cumplían los requisitos exigidos y fue entonces cuando él escogió al candidato que consideró más adecuado para el puesto.

La defensa de Jurado coincide además con la documentación remitida por el propio Govern al Juzgado. En un oficio firmado por la secretaria general de Presidencia, el Ejecutivo señala que, una vez elaborada la lista definitiva de los 15 aspirantes admitidos y revisados sus currículums, toda la documentación fue trasladada a la dirección del Gabinete de la Presidenta, que “propuso a la persona que consideró más idónea” para ocupar la plaza.

La investigación judicial se centra precisamente en ese cambio de criterio. La querella sostiene que, después de una primera baremación en la que el familiar de Jurado no habría obtenido la mejor puntuación, se modificaron las bases del procedimiento para permitir una selección discrecional y favorecer su contratación. El denunciante describe la maniobra como una actuación “ilegal, injusta y arbitraria” y acusa al entorno de Presidencia de alterar las reglas “a posteriori” para garantizar el nombramiento.

El caso adquirió notoriedad después de que el chófer contratado acabara estrellando el coche oficial de Marga Prohens apenas unos meses después de incorporarse al puesto. El accidente, ocurrido tras dejar a la presidenta en la terminal del aeropuerto de Palma, dejó el vehículo siniestro total y terminó situando bajo foco público la contratación impulsada desde el núcleo duro del Govern.

Durante su comparecencia, Jurado ha insistido en que el puesto era de “confianza” y que actuó dentro de las competencias propias de una plaza de libre designación. La defensa del jefe de gabinete mantiene así la misma línea argumental sostenida desde el inicio por el Ejecutivo autonómico, que siempre ha defendido la legalidad del procedimiento y ha expresado su “máxima y absoluta tranquilidad” respecto a la causa judicial.

El relato del querellante dibuja, sin embargo, una batalla mucho más profunda sobre el funcionamiento interno de Presidencia y sobre el choque entre los principios de mérito y capacidad y la discrecionalidad política en los puestos de confianza. La querella acusa directamente al entorno de Prohens de haber diseñado un “plan ilegal, injusto y arbitrario” para “facilitar un puesto de trabajo en la administración pública a un familiar”.

El denunciante, funcionario de carrera desde hace más de treinta años y chófer de varios presidentes autonómicos, asevera que fue apartado del servicio directo a Presidencia para ser sustituido por “un joven afín sin experiencia”, lo que deterioró gravemente su salud mental y derivó en un cuadro ansioso-depresivo que todavía arrastra.

En su querella, el veterano chófer subraya que el puesto de conductor adscrito a Presidencia no era una plaza menor dentro del Govern y que la propia relación de puestos de trabajo define el cargo como uno de “dedicación especial, peligrosidad, responsabilidad y dificultad técnica”, dado que implica el acompañamiento directo a la máxima autoridad política de la comunidad autónoma.

La querella convierte además el accidente del coche oficial en una pieza central del relato acusatorio. El denunciante sostiene que el siniestro constituye una prueba de que el conductor elegido “no reunía méritos, aptitudes ni actitudes” para desempeñar el puesto.

Preguntado en su día por el accidente, el portavoz y vicepresidente del Govern, Antoni Costa, trató de rebajar la polémica asegurando que “una persona puede tener un accidente”. El Ejecutivo balear mantiene desde el inicio una línea de defensa cerrada sobre la actuación de Jurado y sostiene que el procedimiento se ajustó plenamente a la normativa. El pasado viernes, Costa reiteró la “máxima y absoluta tranquilidad” del Govern después de que el denunciante ratificara judicialmente su querella.

Quan el cotxe oficial de la líder balear, Marga Prohens (PP), va acabar convertit en un munt de ferralla després d’un accident als voltants de l’aeroport de Palma, l’episodi semblava limitar-se a un incident incòmode dins del parc mòbil del Govern. Tanmateix, el sinistre va acabar obrint una esquerda molt més profunda al cor del Consolat de Mar, seu de la Presidència autonòmica. Aquest dimarts, el cap de gabinet de Prohens, Alejandro Jurado, està citat a declarar com a investigat per presumptament alterar les regles d’un procés selectiu per col·locar com a xofer oficial un familiar seu: el fill del seu cosí. El mateix que, tot just uns mesos després d’accedir al lloc, va acabar estavellant el vehicle just després de deixar la dirigent popular a la terminal.

Jurado no és un càrrec secundari. És la mà dreta de Prohens, un dels seus homes de màxima confiança i una figura històrica de l’aparell popular balear. En concret, la jutgessa li atribueix la suposada comissió d’un delicte de prevaricació administrativa. La querella interposada contra ell per part d’un conductor i funcionari de carrera amb més de tres dècades de servei públic apunta també a un delicte de tràfic d’influències. Juntament amb Jurado també està citat a declarar aquest dimarts el xofer presumptament beneficiat.

El relat del denunciant, que la setmana passada va acudir al jutjat per ratificar-la, dibuixa un procés presumptament manipulat des de dins per garantir que la plaça acabàs en mans del parent de Jurado. D’acord amb la querella, el 2023 es va convocar la cobertura d’una vacant de xofer mitjançant concurs de mèrits, malgrat que el lloc figurava com de lliure designació. El veterà xofer acusa Jurado d’impulsar un canvi de regles a posteriori en el procés, al qual varen concórrer més de 200 aspirants, per facilitar la contractació de l’al·legat.

El querellant sosté que, després d’una primera baremació en què el candidat finalment escollit no hauria quedat en primer lloc, es varen introduir modificacions a les bases per obligar a presentar currículum i permetre que la selecció es resolgués a favor de “la persona que la Secretaria General trobi més adequada”, un gir que, al seu parer, va transformar un concurs de mèrits en un procediment discrecional.

La denúncia afegeix que, per justificar aquest canvi, es va aprovar una instrucció amb criteris per seleccionar personal funcionari interí mitjançant oferta genèrica del Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), una eina que el denunciant considera “fal·laç i tendenciosa” i dissenyada per reconduir el resultat.

El nou xofer va ser nomenat conductor personal de la presidenta sense comptar ni tan sols amb deu dies d’antiguitat, segons la part demandant. El 22 de desembre de 2023, el director de gabinet de la Presidència del Govern hauria reunit els cinc xofers del departament i comunicat que relegava el denunciant i un altre treballador. El 10 de gener de 2024 va signar l’escrit que oficialitzava el relleu, sense comptar amb el vistiplau de la representació dels treballadors, d’acord amb la denúncia.

Acomiadat i substituït “per un jove afí sense experiència”

El funcionari sosté que la maniobra va ser “il·legal, injusta i arbitrària” i subratlla que, després del nomenament, va ser acomiadat per Jurado com a conductor de la presidenta balear per “col·locar” en el seu lloc “un jove afí sense experiència”. Es tracta d’un episodi que el denunciant vincula amb un deteriorament de la seva salut mental, atès que arran dels fets pateix un quadre ansiós-depressiu.

L'accident

A la primavera de 2024, quan tot just feia uns mesos que treballava com a xofer de la presidència autonòmica, el jove conductor presumptament beneficiat va estavellar el cotxe oficial mentre conduïa tot sol, segons va avançar aleshores Diario de Mallorca. Després de deixar Prohens a l’aeroport de Palma, el conductor va protagonitzar un accident que va deixar el vehicle completament sinistrat. Per aquest motiu, segons la querella, el vehicle va ser donat de baixa del parc mòbil del Govern.

Preguntat sobre aquesta qüestió després de transcendir la interposició de la denúncia, el portaveu i vicepresident del Govern, Antoni Costa, va admetre que l’Executiu sabia que s’havia produït un accident amb un vehicle oficial de la presidenta Prohens. “És cert que el vehicle va quedar en situació de sinistre. Però va ser un accident. Hi va haver un accident. Sí. No tenc gaire més a afegir. Vull dir: una persona pot tenir un accident? Sí”, es va limitar a assenyalar. “Hauria estat desitjable que no el tengués? Sí, però com en qualsevol altre cas”, va justificar.

És a partir d’aquell succés quan, segons sosté el querellant, varen començar les irregularitats. Afegeix, a més, que aquesta situació va suposar un perjudici per a les arques públiques, ja que els vehicles oficials de l’administració pública es sufraguen amb els imposts de la ciutadania balear. El percance provaria, segons el demandant, que el conductor presumptament beneficiat pel procés no reunia els mèrits, aptituds i capacitats necessàries per a la prestació del servei de xofer oficial.

El denunciant incideix que les bases haurien estat modificades posteriorment introduint criteris que afavorien específicament el candidat finalment seleccionat i descriu una actuació “il·legal, injusta i arbitrària” orientada a assegurar la contractació del familiar de Jurado. La jutgessa instructora ha apreciat prou indicis com per citar a declarar el màxim assessor de la presidenta balear com a investigat.

El Govern del PP, en defensa de la contractació

Des del primer moment, el Govern ha defensat la legalitat del procediment. Divendres passat, Costa va expressar la “màxima i absoluta tranquil·litat” de l’Executiu després que, el dia anterior, el denunciant ratificàs la seva querella. Des de l’Executiu autonòmic remeten a aquestes declaracions de Costa després de la petició de la seva versió per part d’elDiario.es.

Quan va ser preguntat per aquesta temàtica, Costa va assenyalar que “el posicionament del Govern continua sent el mateix”: “No ha canviat ni un mil·límetre del que vàrem expressar en el seu moment i em remet, per tant, a aquell pronunciament. El Govern té la màxima i absoluta tranquil·litat, això sí que ho puc confirmar amb total seguretat”. El passat mes de desembre, la consellera de Presidència i Administracions Públiques, Mercedes Estarellas, va defensar que el procediment de substitució del funcionari a través del borsí va seguir tots els conductes reglamentaris.

Petició de dimissió

Per la seva banda, el PSIB-PSOE va reclamar el gener el cessament immediat de Jurado després de la seva citació judicial com a investigat. El portaveu socialista, Rubén Castro, va acusar a més la presidenta balear d’intentar esquivar l’escàndol. “Que deixi d’amagar-se davant els casos de corrupció que cada vegada més surten al seu voltant i que doni explicacions a la ciutadania”, va asseverar.

“Fa dos anys que escoltam Prohens difonent mentides i notícies falses en relació amb el PSIB, però la realitat és que l’únic partit que té persones investigades per la seva gestió durant la pandèmia i que hauran de declarar en judicis per presumpta corrupció és el PP de Prohens”, va insistir Castro. Entre aquestes causes, varen al·ludir a la investigació oberta contra el president del Consell Insular d’Eivissa, Vicent Marí (PP), per presumpta prevaricació administrativa i coaccions a una funcionària pel cas de ‘La vida islados’.

Cuando el coche oficial de la líder balear, Marga Prohens (PP), acabó convertido en un amasijo de chapa tras un accidente en las inmediaciones del aeropuerto de Palma, el episodio parecía limitarse a un incidente incómodo dentro del parque móvil del Govern. Sin embargo, el siniestro terminó abriendo una grieta mucho mayor en el corazón del Consolat de Mar, sede de la Presidencia autonómica. Este martes, el jefe de gabinete de Prohens, Alejandro Jurado, está citado a declarar como investigado por presuntamente alterar las reglas de un proceso selectivo para colocar como chófer oficial a un familiar suyo: el hijo de su primo. El mismo que, apenas unos meses después de acceder al puesto, acabó estrellando el vehículo nada más dejar a la dirigente popular en la terminal.

Jurado no es un cargo secundario. Es la mano derecha de Prohens, uno de sus hombres de máxima confianza y una figura histórica del aparato popular balear. En concreto, la jueza le atribuye la supuesta comisión de un delito de prevaricación administrativa. La querella interpuesta contra él por parte de un conductor y funcionario de carrera con más de tres décadas de servicio público apunta también a un delito de tráfico de influencias. Junto a Jurado también está citado a declarar este martes el chófer supuestamente beneficiado.

El relato del denunciante, quien la pasada semana acudió al Juzgado para ratificarla, dibuja un proceso supuestamente manipulado desde dentro para garantizar que la plaza acabara en manos del pariente de Jurado. De acuerdo a la querella, en 2023 se convocó la cobertura de una vacante de chófer mediante concurso de méritos, pese a que el puesto figuraba como de libre designación. El veterano chófer acusa a Jurado de impulsar un cambio de reglas a posteriori en el proceso, al que concurrieron más de 200 aspirantes, para facilitar la contratación del allegado.

El querellante sostiene que, tras una primera baremación en la que el candidato finalmente escogido no habría quedado en primer lugar, se introdujeron modificaciones en las bases para obligar a presentar currículum y permitir que la selección se resolviera en favor de “la persona que la Secretaría General encuentre más adecuada”, un giro que, a su juicio, transformó un concurso de méritos en un procedimiento discrecional.

La denuncia añade que, para justificar ese cambio, se aprobó una instrucción con criterios para seleccionar personal funcionario interino mediante oferta genérica del Boletín Oficial de Balears (BOIB), una herramienta que el denunciante considera “falaz y tendenciosa” y diseñada para reconducir el resultado.

El nuevo chófer fue nombrado conductor personal de la presidenta sin contar siquiera con diez días de antigüedad, según la parte demandante. El 22 de diciembre de 2023, el director de gabinete de la Presidencia del Govern habría reunido a los cinco chóferes del departamento y comunicado que relegaba al denunciante y a otro trabajador. El 10 de enero de 2024 firmó el escrito que oficializaba el relevo, sin contar con el visto bueno de la representación de los trabajadores, de acuerdo a la denuncia.

Despedido y sustituido “por un joven afín sin experiencia”

El funcionario sostiene que la maniobra fue “ilegal, injusta y arbitraria” y subraya que, tras el nombramiento, fue despedido por Jurado como conductor de la presidenta balear para “colocar” en su lugar “a un joven afín sin experiencia”. Se trata de un episodio que el denunciante vincula con un deterioro de su salud mental, dado que a raíz de los hechos padece un cuadro ansioso-depresivo.

En la primavera de 2024, cuando apenas llevaba unos meses trabajando como chófer de la presidencia autonómica, el joven conductor presuntamente beneficiado estrelló el coche oficial mientras conducía solo, según avanzó entonces Diario de Mallorca. Tras dejar a Prohens en el aeropuerto de Palma, el conductor protagonizó un accidente que dejó el vehículo completamente siniestrado. Por este motivo, según la querella, el vehículo fue dado de baja del parque móvil del Govern.

Preguntado sobre esta cuestión tras trascender la interposición de la denuncia, el portavoz y vicepresidente del Govern, Antoni Costa, admitió que el Ejecutivo sabía que se había producido un accidente con un vehículo oficial de la presidenta Prohens. “Es cierto que el vehículo quedó en situación de siniestro. Pero fue un accidente. Hubo un accidente. Sí. No tengo mucho más que añadir. Quiero decir: ¿una persona puede tener un accidente? Sí”, se limitó a señalar. “¿Habría sido deseable que no lo tuviera? Sí, pero como en cualquier otro caso”, justificó.

Es a partir de aquel suceso cuando, según sostiene el querellante, comenzaron las irregularidades. Añade, además, que esta situación supuso un perjuicio para las arcas públicas, ya que los vehículos oficiales de la administración pública se sufragan con los impuestos de la ciudadanía balear. El percance probaría, según el demandante, que el conductor presuntamente beneficiado por el proceso no reunía los méritos, aptitudes y capacidades necesarias para la prestación del servicio de chófer oficial.

El denunciante incide en que las bases habrían sido modificadas posteriormente introduciendo criterios que favorecían específicamente al candidato finalmente seleccionado y describe una actuación “ilegal, injusta y arbitraria” orientada a asegurar la contratación del familiar de Jurado. La jueza instructora ha apreciado suficientes indicios como para citar a declarar al máximo asesor de la presidenta balear como investigado.

El Govern, en defensa de la contratación

Desde el primer momento, el Govern ha defendido la legalidad del procedimiento. El pasado viernes, Costa expresó la “máxima y absoluta tranquilidad” del Ejecutivo después de que, el día anterior, el denunciante ratificara su querella. Desde el Ejecutivo autonómico remiten a estas declaraciones de Costra tras la petición de su versión por parte de elDiario.es.

Al ser preguntado por esta temática, Costa señaló que “el posicionamiento del Govern sigue siendo el mismo”: “No ha cambiado ni un milímetro del que expresamos en su momento y me remitido por tanto a ese pronunciamiento. El Govern tiene la máxima y absoluta tranquilidad, eso sí lo puedo confirmar con total seguridad”. El pasado mes de diciembre, la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Mercedes Estarellas, defendió que el procedimiento de sustitución del funcionario a través del bolsín siguió todos los cauces reglamentarios.

Petición de dimisión

Por su parte, el PSIB-PSOE reclamó en enero el cese inmediato de Jurado tras su citación judicial como investigado. El portavoz socialista, Rubén Castro, acusó además a la presidenta balear de intentar esquivar el escándalo. “Que deje de esconderse ante los casos de corrupción que cada vez más salen a su alrededor y que dé explicaciones a la ciudadanía”, aseveró.

“Escuchamos a Prohens desde hace dos años difundiendo mentiras y noticias falsas en relación al PSIB, pero la realidad es que el único partido que tiene a personas investigadas por su gestión durante la pandemia y que tendrán que declarar en juicios por presunta corrupción es el PP de Prohens”, incidió Castro. Entre tales causas, aludieron a la investigación contra el presidente del Consell Insular d’Eivissa, Vicent Marí (PP), por presunta prevaricación administrativa y coacciones a una funcionaria por el caso de ‘La vida islados’.

Absténganse los haters de esta lectura porque, en realidad, cualquier otra les provocaría la misma infame, difamatoria y odiadora reacción. Todos los que dudan, introducen matices, sospechan o no tienen certezas incontestables son, en el mejor de los casos, vendidos, pesebreros o lamebotas. En el peor -y siempre lo más pésimo recae sobre las mujeres que opinan-, son “prostitutas”, “zorras”, “chupapollas”... Argumentos no tienen, pero la amenaza, la descalificación, la injuria y la violencia verbal, la manejan con una impunidad pasmosa.

En el resto de los mortales, existe el derecho a la duda. Siempre es mejor el recelo y el matiz que estar seguro de todo, pese a que vivimos en una España en la que el titubeo pareciera un delito y la gradación, una señal de sumisión. En este marco se mueve hoy la política. Y el periodismo. En el de la tarascada y la verdad absoluta. Y si esta última llega en forma de informe policial o auto de imputación, el indicio es dogma de fe y una sentencia no recurrible.

José Luis Rodríguez Zapatero tiene que dar muchas respuestas ante el juez y ante la opinión pública sobre las actuaciones presuntamente punibles que se le atribuyen. Y el instructor, acreditar cada una de las acusaciones que la UDEF vierte sobre el expresidente del Gobierno, aunque en su escrito incomprensiblemente las haya asumido ya como propias. En el auto de imputación hay motivos para la investigación y también para la duda. Y no porque lo que describa sea incompatible con la personalidad que una inmensa mayoría de la izquierda conocía de Zapatero. Hay insinuaciones, sospechas, datos no contrastados, fechas que no cuadran… Hay, en esencia, un informe policial que el equipo de natación sincronizada de la derecha ha convertido en una retahíla de delitos en los prolegómenos de una investigación que se encuentra en fase embrionaria.

Y si de informes policiales hablamos es inevitable echar la vista atrás y dar un repaso a algunos de los que fueron portadas de diarios durante meses, abrieron telediarios y ocuparon horas y horas de tertulias para condenar social y mediáticamente a los investigados y, con el tiempo, quedaron en nada. Porque los casos fueron archivados judicialmente o porque los sospechosos fueron absueltos o sus condenas, anuladas por tribunales superiores. 

Aquí, algunos ejemplos: 

Caso Xavier Trias. En octubre de 2014, días antes de la consulta soberanista del 9-N, El Mundo publicó que el entonces alcalde de Barcelona ocultaba 13 millones de euros en Andorra, presuntamente procedentes de comisiones ilegales. Trias negó desde el primer momento la existencia de dicha cuenta y aportó un certificado bancario que desmentía la información publicada en portada y a toda página. La UDEF elaboró un informe con elementos indiciarios y solicitó comisiones rogatorias internacionales. El propio ministro del Interior anunció públicamente la existencia del informe en el Congreso. La Fiscalía Anticorrupción archivó la denuncia al no hallar indicios suficientes de que Trias tuviera dinero en el extranjero. Años después, el excomisario de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas declaró ante la comisión parlamentaria del Congreso que el borrador de la UDEF era una fabricación sin respaldo oficial en el marco de la denominada Operación Cataluña.

Financiación Iraní de Podemos (Informe PISA). En enero de 2016, OK Diario publicó el denominado Informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un supuesto documento policial que acusaba al Gobierno de Irán de financiar a Pablo Iglesias y a Podemos. El documento carecía del sello oficial de ninguna unidad policial y su publicación coincidió con los contactos para formar un gobierno progresista. Su autoría fue vinculada posteriormente a la brigada patriótica creada en el seno de la Policía Nacional durante el mandato del ministro Fernández Díaz. La UDEF llevó el caso al Tribunal de Cuentas y se presentaron denuncias en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional rechazó la denuncia en junio de 2016, calificando el documento de «conjunto desordenado de reproducciones de noticias» sin virtualidad indiciaria. El Tribunal Supremo archivó en abril de 2016 la querella de Manos Limpias, respaldado por la Fiscalía, que calificó el Informe PISA de mero conjunto de informaciones «no autenticadas» que «no pueden suponer una base para un procedimiento penal». Ninguna de las dos vías judiciales prosperó. 

Caso Miguel Urbán. El 21 de enero de 2016, ocho días después de la publicación del Informe PISA, el director del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), el comisario José Luis Olivera, envió a la Fiscalía Antidroga un informe basado en una fuente anónima que acusaba al eurodiputado de Podemos Miguel Urban de vender 40 kilos de cocaína en un pub de Malasaña por valor de 1,2 millones de euros. La denuncia era manifiestamente inverosímil y fue utilizada como pretexto para acceder a las cuentas bancarias del político e investigar la financiación de Podemos. El comisario Olivera está procesado en el caso Kitchen. La UDEF investigó las cuentas bancarias de Urbán y solicitó informes a la Agencia Tributaria. El 20 de julio de 2016, el fiscal jefe Antidroga, José Ramón Noreña, archivó las diligencias con la conclusión expresa de que «no se ha podido acreditar, ni siquiera indiciariamente, la comisión de hechos delictivos». En marzo de 2026, la Sección Tercera de la Audiencia Nacional ordenó al juez Santiago Pedraz que investigara las maniobras policiales contra Urbán como parte de la causa más amplia sobre la guerra sucia del Ministerio del Interior contra Podemos durante el Gobierno de Rajoy, otorgándole la condición de perjudicado. 

Caso Artur Mas (Operación Cataluña). En noviembre de 2012, en plena campaña para las elecciones catalanas, de nuevo El Mundo publicó un supuesto borrador de la UDEF que atribuía cuentas en Suiza y paraísos fiscales al entonces president Artur Mas, al expresident Jordi Pujol y al exconseller Felip Puig. El documento fue la pieza central de la Operación Cataluña, coordinada desde el Ministerio del Interior con participación del excomisario Villarejo. El jefe de la UDEF, el comisario Manuel Vázquez López, negó públicamente que el borrador fuera un documento oficial de su unidad. En noviembre de 2024, el excomisario de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas confirmó ante la comisión parlamentaria del Congreso que en los archivos oficiales de la UDEF no existe ningún informe borrador con esas acusaciones, calificándolo de «película» que «nace manipulado». Ninguna causa judicial prosperó contra Mas, Pujol ni Puig por las acusaciones concretas de cuentas en Suiza contenidas en aquel informe. Mas y Pujol sí han sido investigados o juzgados en procedimientos independientes y por hechos distintos. Mas, por la consulta del 9-N (inhabilitación confirmada por el Tribunal Supremo en 2017) y Pujol, por corrupción en el caso que lleva su nombre, pero esas causas son ajenas al informe falso de la UDEF y a la Operación Cataluña.

Caso ERE de Andalucía. La instrucción, iniciada por la juez Mercedes Alaya, fue la mayor causa de corrupción política investigada en esa comunidad y se prolongó durante más de quince años. La UDEF participó activamente en la investigación económica del caso, elaborando informes sobre el flujo de fondos públicos y las irregularidades en la gestión de las ayudas, que sirvieron de base para la instrucción. En julio de 2024, el Tribunal Constitucional anuló las condenas de los principales acusados —Griñán (6 años de prisión) y Chaves (9 de inhabilitación), entre otros— al estimar que se vulneraron sus derechos fundamentales: tanto la presunción de inocencia como el principio de legalidad penal, ya que las ayudas estaban amparadas en las leyes de Presupuestos autonómicos. El Tribunal Supremo, en sentencia de noviembre de 2024, redujo el caso a conductas muy puntuales, dejando fuera los hechos de la pieza principal. 

Hay antecedentes, por tanto, para dudar aunque, por el camino, Zapatero haya sido ya condenado social, política y mediáticamente. Eso sí es una certeza.

En su libro La balada de Al Capone: Mafia y capitalismo, Hans Magnus Enzensberger escribe que “toda empresa capitalista, llevada a sus últimas consecuencias, se convierte en una organización criminal”. La semana ha estado marcada por dos noticias en cuyo corazón se encuentra el dinero convertido en pasión desbordada, en el interés material no como instrumento sino como fin en sí mismo, que no responde a la lógica de llegar a fin de mes, pagar las facturas y tener lo necesario para una vida digna, sino al deseo de tener más, mucho más, muchísimo más. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la detención de Jonathan Andic se produjeron casi al mismo tiempo. El segundo está acusado de matar a su padre llevado por “su obsesión por el dinero”; el primero de montar una trama criminal por el mismo motivo. Quizá en el caso de Zapatero hubiera sido necesario, por higiene y supervivencia, matar simbólicamente al padre del actual socialismo español antes de este le diera la estocada final. Pero quién se iba a imaginar que, por el maldito parné, uno era capaz de arrojar a su padre por un barranco y el otro de hacer lo mismo con el Gobierno de Sánchez. 

Debo reconocer que me esperaba más este desmedido amor a lo material por parte de un heredero consentido desde que nació, que de un presidente de izquierda que pudo cometer errores de gobierno, pero no parecía tan apegado a llenar su bolsillo (y el de sus hijas) con comisiones millonarias en lo que parece una trama casi paralela a la que dibuja el caso Ábalos. Pero, ¿por qué no iba a querer enriquecerse Zapatero como lo han hecho Felipe González o José María Aznar? La obsesión de los que ya tienen todo por el dinero les lleva a arriesgar toda su fortuna por un poco más. Poseen ya propiedades y fortuna que la mayoría de los humanos no vamos ni a soñar con tener jamás y de repente existe la posibilidad de tener más, y arriesgan lo propio y lo ajeno, aunque para ello haya que liquidar al progenitor o hundir un gobierno. Nunca se dice suficiente que los ricos quieren la posesión del dinero y no solo su disfrute, y por eso lloran amargamente cuando tienen que pagar impuestos, aunque lo que paguen no afecte en lo más mínimo a su vida. Quizá porque la derecha los conoce mejor, está dispuesta a mimar a los ricos, quitarles el impuesto del Patrimonio, pagarles a alguien que les limpie la casa y sufragar el colegio privado de los niños, porque sabe que si tienen ese soltar un solo euro para que otros vivan mejor se vuelven locos y te montan una trama criminal. 

Después de digerir el golpe de que a Zapatero le gusta el dinero tanto como a Jonathan Andic y de que, como consecuencia, nos esperan largos años de gobiernos de derecha y ultraderecha, hay que asumir que hay que vigilar como halcones a cualquiera en posición de enriquecerse, por su posición o contactos, a un nivel superior al del común de los mortales. En cuanto al Gobierno de Sánchez, ya herido de muerte pero aún no enterrado, debería, paradójicamente, centrar lo que queda de su maltrecho mandato en intentar que los ciudadanos de a pie, los normales, tengamos más dinero, más trabajo, más viviendas, mejores servicios públicos. Por el triunfo de la derecha y el bienestar de los ricos ya ha hecho bastante. 

La investigación de la Audiencia Nacional se fija en la sociedad de dos hermanos venezolanos como el “vehículo” que habría tenido José Luis Rodríguez Zapatero para cobrar de forma encubierta por sus gestiones en grandes operaciones comerciales que implicarían a Venezuela y China. Se trata de Inteligencia Prospectiva SL, cuya sede fue uno de los objetivos de los agentes de la UDEF en sus registros de este martes. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) considera que la sociedad es “carente de actividad real” y, sin embargo, regó a las empresas del entorno de Zapatero con elevados pagos.

Los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón son administradores solidarios de Inteligencia Prospectiva, antes Beren Europe y posteriormente Alaska Ilimitada. Un informe del pasado mes de febrero de la ONIF concluye que su “operativa financiera resulta incompatible con su cifra de negocio declarada y plenamente coherente con uso instrumental orientado a introducir fondos en España procedentes del extranjero”, según recoge el juez en su auto. Calama añade que esos fondos procedentes del extranjero acabaron en “sociedades vinculadas a la red organizada liderada por José Luis Rodríguez Zapatero y operada por Julio Martínez Martínez”.

Entre 2020 y 2025, Inteligencia Prospectiva movió más de 2,6 millones de euros en sus cuentas bancarias. Se trata, según la ONIF, de una “cifra absolutamente incongruente con su actividad declarada”. De esa cantidad, un porcentaje muy importante fue al entorno de Zapatero. Análisis Relevante obtuvo de Inteligencia Prospectiva 368.258,72 euros. Es la sociedad de Julio Martínez en la que, según los investigadores, Zapatero juega un papel muy superior al que reconoce de trabajos de asesoría. La empresa de marketing de las hijas del expresidente, Whathefav, obtuvo 561.440 euros de la misma empresa. Y Gate Center, con un consejo asesor presidido por Zapatero, cobró 266.200 euros.

Los hermanos Amaro, recoge el juez, “exceden de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común, incidiendo en asuntos de Estado de primer nivel”. Especialmente en Venezuela. En el teléfono de Julio Martínez aparecieron mensajes como “los chinos listos para comprar barcos” y “listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro de Petróleo”. Los barcos hace alusión al traslado de petróleo y la “Dama” es Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela, a la que atribuyen la “asignación directa” de esos barcos con crudo.

Una “carta de intención”

Los investigadores creen que el expresidente es clave en esta dinámica porque los potenciales compradores deben dirigirse a Zapatero mediante una “carta de intención”, un documento formal en el que una sociedad expresa su interés en realizar una acción futura, establecer un acuerdo o participar en un proyecto. En los registros apareció una de estas cartas envida por China International Cultural Technology Resoruces Group Co Ltd a la “Oficina del presidente Zapatero” el 30 de octubre de 2023.

Inteligencia Prospectiva se creó el 13 de enero de 2020, poco antes de la pandemia de la COVID-19. Tenía por objeto la consultoría de organización y el asesoramiento económico, industrial y comercial. No le fue bien. Los hermanos Amaro Chacón han tenido que inyectar capital repetidas veces para compensar sus resultados negativos. La empresa presenta ingresos nulos o inferiores a 35.000 euros “mientras que su volumen de gastos por servicios exteriores y trabajos realizados por terceros es extraordinariamente elevado”.

Los investigadores se preguntan para qué quería Inteligencia Prospectiva firmar tres contratos de asesoramiento, entre 2020 y 2022, para la realización de informes mensuales sobre tendencias políticas y económicas. “La ausencia de actividad real de Inteligencia Prospectiva evidencia que tales contratos no responden a una prestación efectiva de servicios, sino que constituyen instrumentos de cobertura formal para justificar transferencias económicas previamente decididas”, escribe Calama.

Desde el escándalo de Matesa en la dictadura hasta el reciente caso Koldo, la corrupción en España ha demostrado ser un problema estructural capaz de sobrevivir a cualquier régimen o ideología. Así lo refleja el libro La corrupción en España: un problema enquistado (Tirant Lo Blanch) que acaban de publicar el magistrado Joaquim Bosch y el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia Fernando Jiménez. 

El ensayo analiza las raíces de una lacra que nuestro sistema democrático no ha logrado erradicar al nivel de los países europeos más avanzados. Y detalla sus consecuencias en la economía, la eficiencia de las instituciones y la confianza ciudadana en el sistema democrático. En esta entrevista telemática con elDiario.es, los autores proponen crear infraestructuras éticas, proteger a quienes denuncian y alcanzar un modelo donde la gestión pública equilibre la independencia de los técnicos con la visión de los políticos. 

Uno de los capítulos del libro se abre con el ‘caso Matesa’, el gran escándalo de corrupción del franquismo, y concluye con el ‘caso Koldo’. ¿La corrupción sobrevive a cualquier sistema político e ideología?

Fernando Jiménez: Pese a distintos regímenes políticos con distintos partidos en el poder, la corrupción pervive. Uno de los motivos para hacer este libro es ver la continuidad de los escándalos. Hay problemas estructurales que nunca se han tomado suficientemente en serio, pero tampoco pensamos que sean irresolubles. Países que hoy día son un ejemplo en el control de la corrupción, como los nórdicos, han pasado épocas de su historia donde la corrupción estaba muy presente y fueron capaces de construir instituciones que la desincentivan. Esa es la clave. 

Afirman que las prácticas corruptas enriquecieron a buena parte de los dirigentes franquistas y a los empresarios cercanos al régimen. Viéndolo así, parece que no hemos avanzado demasiado. 

Joaquim Bosch: En la última etapa del franquismo, España evolucionó hacia un Estado moderno, con servicios públicos, con presupuestos de cierta entidad, pero no lo hizo a través de un sistema democrático. Y por eso muchas de estas dinámicas arrancan en la dictadura. La manipulación de las decisiones urbanísticas o de la contratación pública, la construcción incontrolada del ámbito turístico que generó tantísimos beneficios, los tratos de favor… La pregunta es por qué nuestro sistema democrático, al menos hasta ahora, no ha sido capaz de cortar esto al nivel de las democracias europeas más avanzadas. 

Ustedes apuntan a que en la Transición no existió una voluntad política para romper con las redes clientelares y la contratación fraudulenta heredada del régimen. 

Fernando Jiménez: En la Transición, los partidos no tenían suficientes anclajes sociales debido a la despolitización del franquismo. En los primeros años, nombraron a mucha gente en la Administración. No se vio mal porque veníamos de una administración franquista donde se había hecho una fortísima depuración después de la guerra. El problema es que la capacidad de los partidos de atraer buenos profesionales cada vez ha sido menor debido al clientelismo y a que sus organizaciones juveniles se han convertido en una escuela de arribismo. Los partidos tendrían que haber apostado por la profesionalización de la Administración, pero no lo hicieron para salvaguardar sus equilibrios internos. 

Joaquim Bosch: En la Transición, los partidos no rompieron con la corrupción del franquismo porque, por un lado, sirvió para financiarse y para que sus dirigentes controlaran más esos espacios de poder. Y, por otro lado, hubo sectores empresariales que se enriquecieron gracias a esa corrupción y que luego pudieron seguir haciendo lo mismo en democracia, porque los partidos seguían necesitando corruptores. Cuando la corrupción impregna a las principales fuerzas políticas y genera unas dependencias de todo tipo, rectificarlo es muy complicado. 

De hecho, las leyes que han tratado de rectificar parcialmente todo esto se aprueban muy tarde. El delito de financiación irregular de partidos no se incorporó al Código Penal hasta 2015. La Ley de Contratos del Sector Público no se reformó de manera sustancial hasta 2017. 

Fernando Jiménez: Se hace tarde y mal. La reforma de 2015 de la ley de financiación de partidos prohíbe las donaciones de empresas a los partidos, pero no a sus fundaciones, que se permiten sin límite de cantidad. La ley de contratos es complejísima y muy fácil de sortear. El problema es que las reformas se han hecho porque estábamos entre la espada y la pared, sin mucha convicción, debido a los incentivos que han tenido los partidos para seguir teniendo acceso a unos recursos a los que, de otra manera, no podrían acceder y, así, mantener la paz interna y el control por parte de sus dirigentes. 

Joaquim Bosch: Las redes clientelares de los partidos vienen de lejos, incluso antes del franquismo. Hay decenas de miles de cargos de partido en el Gobierno central, gobiernos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos, empresas públicas, empresas mixtas y fundaciones institucionales. Son espacios que tienen grandes efectos en los equilibrios internos de los partidos. El problema es que están ocupando espacios donde debería haber profesionales especializados y técnicos independientes e imparciales que alertaran de dinámicas de corrupción. Hay multitud de casos de corrupción en los que están implicados cargos de fontanería de partido. 

¿Qué soluciones proponen? 

Joaquim Bosch: Hay que reforzar la objetividad en la contratación pública, reforzar los controles internos para que puedan saltar alarmas, dificultar amistades peligrosas en materia de puertas giratorias u otro tipo de complicidades en el espacio público privado. También poner el foco en el ámbito empresarial para que haya sanciones reales y efectivas a las empresas que aparecen continuamente en los hechos probados de los casos de corrupción. Hay mecanismos legales que no harían tan fácil corromperse. Si solo lo dejamos en función de la loable honradez de los políticos, tenemos un grave problema. Las democracias europeas más avanzadas han generado infraestructuras éticas, han mejorado los mecanismos de transparencia y también han generado espacios de control y de vigilancia que aquí en España, en algunos ámbitos, brillan por su ausencia. 

Fernando Jiménez: Los partidos no pueden determinar los nombramientos de los altos cargos de la Administración y de las empresas públicas. En Portugal, cuando estuvieron bajo el control de la Unión Europea en la Gran Recesión, crearon una comisión donde estaban universidades y empresas cazatalentos que hacían un filtro previo y seleccionaban solo tres perfiles para cada cargo y ya luego el político nombraba entre esos tres. Ese tipo de inventos cambiaría de la noche a la mañana este sistema tan perverso. 

¿Parte de la alternativa entonces es la tecnocracia? ¿No supone eso un déficit democrático?

Joaquim Bosch: Es evidente que los políticos son los que tienen que tomar las decisiones. Aquí lo problemático sería dar a determinados cargos no elegidos democráticamente capacidad para marcar líneas de gestión. Los técnicos no pueden tomar decisiones de gestión de carácter político o de desarrollo de un programa, pero otra cosa es que espacios que tendrían que ser independientes e imparciales estén colonizados por los partidos.

Fernando Jiménez: Estamos en el punto absolutamente contrario, en la colonización política máxima, nos faltaría mucho por recorrer para llegar a la tecnocracia. Una Administración pública funciona bien cuando está dirigida por un técnico profesional y un político que está representando ahí el viento fresco de las opiniones ciudadanas en un determinado momento. Si tú dejas la Administración solo en manos de técnicos profesionales, aquello acaba asfixiándose. Es decir, acaba teniendo en cuenta los intereses particulares de los funcionarios. Hay que conseguir el equilibrio entre el interés del técnico y el interés del político. No es ir a la tecnocracia como solución, sino equilibrar las dos almas. 

Si los partidos hubieran hecho bien su papel y hubieran nombrado buenos profesionales próximos a ellos ideológicamente no estaríamos haciendo esta entrevista. El eslogan sería “menos Koldo y más Maurici Lucena”, presidente de Aena, quien rechazó borrar los vídeos de las cámaras del aeropuerto de Barajas de la visita de Delcy Rodríguez cuando se lo pidió [el entonces ministro] José Luis Ábalos. Alguien que sea próximo pero que tenga muy claro qué puede hacer y qué no puede hacer y que sea un buen profesional. Si hubiéramos seguido teniendo los técnicos por los que apostaron en los años de la Transición seguro que no habría los niveles de corrupción que tenemos ahora. 

¿Por qué apenas han saltado alarmas internas en las administraciones ante grandes casos de corrupción? 

Joaquim Bosch: No podemos exigir tampoco heroicidades. Los pocos denunciantes de corrupción que han dado la cara han sufrido represalias que les han llevado a enormes perjuicios profesionales, económicos y familiares. Además, en las últimas décadas, los técnicos independientes e imparciales han sido arrinconados para colocar asesores que dicen a los políticos lo que quieren escuchar. 

Fernando Jiménez: Tenemos una directiva europea de protección de los informantes de corrupción y una ley española, pero que tiene muchos agujeros. Los funcionarios tienen mecanismos legales para denunciar, pero junto a ellos hay instituciones informales que desincentivan la denuncia temprana y esto es lo que hay que cambiar. Hay que proteger realmente a la gente que es conocedora del caso porque está dentro de la organización y que avisa a tiempo. 

Afirman que sin protección real, muy pocos se arriesgan a romper el silencio. Pero recientemente hemos visto al fiscal jefe Anticorrupción defendiendo que es “posible” aplicar una atenuante muy cualificada a un empresario —Víctor de Aldama— que ha emprendido una “colaboración con la Justicia” salpicada de bulos, conjeturas sin base y acusaciones sin pruebas. ¿Es esa la vía? 

Joaquim Bosch: No habría corruptos sin corruptores y necesitamos enfoques contra la corrupción desde la perspectiva empresarial. En el caso de Aldama, la colaboración con la Justicia y la aplicación de una atenuante de confesión pueden llevar a que se practiquen atenuantes. La discusión es el alcance y si pueden llevar hasta una reducción de la pena que supondría que ni siquiera ingresara en prisión, lo que podría generar una percepción de impunidad. 

El tribunal va a tener que valorar esa posibilidad desde algunas dificultades porque la jurisprudencia indica que no basta con que haya una colaboración con la Justicia, sino que tiene que ser decisiva y esencial para perseguir el delito o desmantelar la actividad delictiva. Cuando Aldama empezó a colaborar con la Justicia ya había muchas pruebas, no es él el que desmantela todo. Además, la UCO lo sitúa en la cúspide de la organización. En todo caso, la aplicación de la atenuante es una competencia del tribunal. 

En cualquier estrategia anticorrupción son fundamentales los controles y contrapesos. Entre ellos, el Poder Judicial, la Fiscalía, las policías... ¿La corrupción y las corruptelas permean también a esos órganos llamados a combatirla? 

Fernando Jiménez: Hemos tenido muchísimos ejemplos de corrupción policial y algunos casos de corrupción judicial. Evidentemente, eso exige que las organizaciones policiales, los jueces… tengan sus sistemas de integridad propios y adecuados al tipo de trabajo que hacen. Cuando tienes unos niveles de colonización política de la Administración tan grandes, esto se extiende incluso a aquellos cuerpos que son especialmente claves a la hora de perseguir la corrupción, como es la policía, la judicatura, la Fiscalía. Antes de aspectos técnicos de la lucha contra la corrupción, necesitamos acabar con el exceso de politización que tenemos en nuestras administraciones y, especialmente, en los órganos de control, en los contrapesos de la Administración. Eso es absolutamente clave.

Joaquim Bosch: Me preocupa la parte judicial de esos contrapesos. Nuestros altos tribunales generan problemas de falta de apariencia de imparcialidad porque hay demasiadas posibilidades de injerencia de las principales fuerzas políticas en la configuración de estos tribunales que, según dicen los organismos europeos, no están diseñados con criterios lo suficientemente objetivos de mérito y capacidad. Esto lleva a posibles presiones o situaciones que puedan generar dudas a la ciudadanía. 

¿Mejora la lucha contra la corrupción que se eliminen de los procesos a las acusaciones populares, como pretende imponer la reforma legislativa del Gobierno? 

Joaquim Bosch: En un país con la configuración institucional que tiene España, en el que la Fiscalía está muy vinculada al poder político, es peligroso dejar solo en manos del Ministerio Público la posible apertura de una causa. La acusación popular ha demostrado en muchos procedimientos que sigue siendo necesaria. También se han evidenciado disfunciones y actuaciones abusivas. Pero es posible regularla con sanciones en caso de actuaciones fraudulentas. Perderíamos bastante en la lucha contra la corrupción si la dejáramos fuera. A veces se piensa en determinadas acusaciones populares, pero hay que ver el conjunto. Han conseguido llevar adelante muchas investigaciones por corrupción y en conjunto su labor ha sido positiva.

En último lugar, les quería preguntar sobre el lawfare. ¿Existen esos abusos en la práctica judicial? 

Joaquim Bosch: El lawfare no es la regla general de actuación del Poder Judicial en nuestro país cuando hay causas de carácter político. Ha habido supuestos que han tenido condena, el más conocido es el de Salvador Alba. Y sí que hay casos en los que puede haber dudas razonables sobre una actuación judicial incorrecta. A los jueces de base solo nos pueden juzgar los altos tribunales, que son también los que juzgan a la gran mayoría de los políticos. Si queremos evitar la tentación del lawfare, cuanto más reforzados estén los altos tribunales en su apariencia de imparcialidad y en evitar que existan injerencias partidistas, será más difícil que se generen dinámicas de lawfare. Si un juez cree que puede actuar de manera indebida y no le va a ocurrir nada, estamos favoreciendo las dinámicas irregulares. 

En la mejor película judicial de todos los tiempos, Henry Fonda admite no saber la verdad sobre si el acusado es culpable. Esa duda razonable es lo que conduce a la absolución, en lo que supone un triunfo de la presunción de inocencia, un pilar del Estado de derecho tan crucial como denostado.

No son 12 hombres sin piedad, sino dos magistradas y un magistrado con años de experiencia a sus espaldas los que decidirán la suerte procesal de la familia Pujol. La verdad judicial bascula entre dos tesis sobre el origen de la fortuna oculta en Andorra: corrupción o legado familiar. Es posible que la sentencia no pueda dar con la verdad porque ninguna de las dos hipótesis resulte ganadora.

Los motivos de esta paradoja son varios, pero es algo con lo que se encuentran a veces los tribunales. Si no se prueba la acusación sin ninguna duda razonable, procede absolver. También es un triunfo del Estado de derecho. Se apellide como se apellide el acusado y aunque lo que se haya visto en sala sea poco tolerable en el plano ético.

Sea cual sea la sentencia, el juicio sí ha permitido a la ciudadanía observar en audiencia pública cómo los hermanos Pujol Ferrusola exponían su versión de los hechos. No así la del expresident, exonerado por su deterioro cognitivo. La verdad de la familia ha dejado tocada su imagen ante la opinión pública que la haya querido escuchar.

Durante muchos años, una buena parte de Catalunya prefirió no mirar lo que Jordi Amat definió con maestría en El hijo del chófer (Tusquets en castellano, Grup 62 en catalán) como los ángulos muertos del pujolismo. El juicio no los ha desvelado todos, pero sí ha retratado una época, los 23 años en el poder de Pujol, en los que no se dudó en recurrir a las lecciones de moral y a la censura para acallar toda voz crítica. 

Sin demasiada contención y ni un ápice de arrepentimiento, acusados y testigos han dibujado el funcionamiento de una élite y una clase social entregada al dinero fácil gracias a los contactos. También se ha visto a una familia que no vio reparos en mantener durante décadas dinero sin declarar en el extranjero mientras su padre era la primera autoridad de Catalunya.

La estruendosa vida económica de Jordi Pujol Ferrusola ha sido la puntilla al pretendido legado ético de su padre. El primogénito alardeó ante el tribunal de sus contactos y de ganar dinero con “información privilegiada” (se le pasó añadir que sin su apellido no la habría obtenido).

El nombre del expresident apenas se nombró en la vista hasta que los jueces decretaron el archivo del caso para él por su deterioro cognitivo. Si tuvo o no una cuenta en Andorra es algo que queda por resolver. A favor de esta tesis juega la carta manuscrita en la que Pujol, en el año 2001 (mientras todavía era president) asume la titularidad de una cuenta en el principado sin declarar.

La alternativa de la defensa es que en realidad la cuenta sería de Jordi Pujol Ferrusola. La misiva del expresident, según la defensa, formó parte de una treta para que la exmujer del primogénito no cobrara la mitad de lo que había en la cuenta tras el divorcio. Puede aceptarse en términos legales, pero en el campo ético es bastante problemático.

Este Guatemala o Guatepeor se repite con la deixa. Cristóbal Martell, abogado de los Pujol, admitió la dificultad de probar que la fortuna oculta procede de un legado del abuelo Florenci (no hay documentos que lo corroboren) dado el “perfil” económico de Florenci Pujol, traficante de divisas y fundador de la fallida Banca Catalana.

En el juicio ha sobrevolado la hipótesis que no pocos conocedores del pujolismo manejan: parte del dinero oculto puede proceder de la quiebra de Banca Catalana. La defensa se ha limitado a aportar un libro sobre la crisis de la entidad, pero para trazar el perfil económico y empresarial de Florenci Pujol, no para explicar otro origen del dinero. La deixa se ha mantenido como única versión.

Martell jugó la carta de la duda razonable al plantear al tribunal que, aunque no dé por probado el legado como origen de la fortuna oculta, tampoco tiene que aceptar que los fondos proceden de la corrupción ante el “clamoroso vacío probatorio” de la Fiscalía. Esta tercera vía implica la absolución de la familia.

En el otro lado de los estrados, el juicio no ha sido un camino de rosas. Las dificultades de la Fiscalía para probar su tesis provienen del largo tiempo transcurrido (12 años de investigación de unos hechos que se remontan a los 80 y 90), el silencio empresarial que sigue envolviendo al pujolismo (a diferencia de muchas otras causas por corrupción, nadie ha tirado de la manta) y una instrucción mastodóntica pero ineficiente.

No se pudieron pinchar teléfonos en secreto ni pillar por sorpresa a los investigados porque el caso estalló de forma pública. Primero, con las revelaciones de la examante de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, animadas por el jefe de gabinete del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Después, por la intervención de la brigada política del PP para obtener el pantallazo de las cuentas en Andorra de la familia que terminó en la portada de El Mundo.

Tampoco ha ayudado la poca precisión fiscal en algunas de las adjudicaciones públicas bajo sospecha, que se concretaron bajo el tripartito de izquierdas y no bajo gobiernos de Convergència. Y hay que remarcar lo que ha parecido cierto desinterés institucional: el fiscal Fernando Bermejo ha estado solo, a diferencia de otros juicios de corrupción, donde actúan dos fiscales. En el caso Pujol, la Abogacía del Estado ha tenido a dos representantes para repartirse el trabajo, y eso que acusa por menos delitos que la Fiscalía.

Recordó Bermejo en su informe final una de las frases que define el juicio. “Tener una cuenta en Andorra era una tradición familiar en Catalunya”, declaró un testigo. “Esa tradición lo sería para las familias acomodadas, pero no para la mayoría”, replicó el fiscal. En la sala lo escuchaban varios acusados que pensaban que era lo normal.

Parecía imposible, pero el juicio a la familia Pujol ha quedado visto para sentencia este jueves. La Audiencia Nacional ha terminado la vista oral, que arrancó en noviembre, sin que los hijos del expresident y el resto de acusados hayan hecho uso de su última palabra (el derecho de todo acusado que más teme su abogado, pues en ocasiones echa por tierra toda una defensa).

Ahora empieza la labor de deliberación del tribunal, de tendencia progresista, que preside el magistrado José Ricardo de Prada y lo forman las magistradas Mercedes del Molino y María Fernanda García Pérez, que será la ponente de la sentencia.

Ante el tribunal han desfilado a lo largo de 38 sesiones más de 200 testigos, sin que las pruebas hayan movido un ápice a las partes de sus planteamientos iniciales: la Fiscalía mantiene que la fortuna familiar proviene de la corrupción vinculada a la “red clientelar” del pujolismo, mientras que las defensas insisten en que procede del legado oculto en Andorra del abuelo Florenci. ¿Legado o corrupción? Es posible que la sentencia no responda del todo a la pregunta.

El momento más destacado de la vista ha sido el que no se ha celebrado en audiencia pública: el reconocimiento privado que el 27 de abril el tribunal y el forense de la Audiencia Nacional realizaron al expresident de la Generalitat para determinar si podía declarar como acusado. La respuesta fue la que los forenses ya habían dado en noviembre: Pujol no estaba en condiciones de defenderse.

El expresident no tendrá ni condena ni absolución, sino un sobreseimiento libre por su deteriorado estado cognitivo. Por el contrario, sus hijos se siguen enfrentando a altas penas por parte de la Fiscalía: 29 años de cárcel le reclama el fiscal Fernando Bermejo al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola; 14 años a Josep y ocho años para los otros cinco de hermanos (estos últimos acusados únicamente de blanqueo y asociación ilícita).

En un contundente informe, el fiscal Bermejo, negó que el caso Pujol fuera un “ataque” a Catalunya y contrapuso el “saqueo” perpetrado por la familia con el discurso nacionalista de “Espanya ens roba” (España nos roba). Por su lado, el abogado del Estado Ignacio Ocio (que acusa tan solo al primogénito y a Josep por delitos fiscales y falsedad documental) adujo que los negocios de Jordi Pujol Ferrusola respondían a un “favor inconfesable”.

El letrado Cristóbal Martell, abogado de Jordi Pujol Ferrusola, cargó contra el “clamoroso vacío probatorio” de la acusación de corrupción, basada, en su opinión, en informes policiales sin ningún rigor e incluso informaciones periodísticas no fundamentadas en documentación alguna, impropias de un “Estado democrático”.

La única defensa con tintes políticos ha sido la del exsecretario general de Convergència, Oriol Pujol. Su letrado, Francesc Sànchez, denunció que el caso obedece a una “persecución” contra el expresidente catalán por ser “quien es”, “padre espiritual de Catalunya”, con una forma determinada de “entender el país”.

Este jueves, antes del visto para sentencia, las defensas de los empresarios acusados han expuesto suis informes finales, en los que han insistido en reclamar la absolución de sus clientes. La intervención más destacada ha sido la de la abogada Ana Bernaola, defensora del promotor Alejandro Guerrero, que ha señalado de la “malicia” de algunas acusaciones de la Abogacía del Estado.

En medio año de sesiones, no se ha acreditado “ninguna irregularidad” ni se ha probado ningún “acto mendaz” ni “nada por el estilo”, ha subrayado Carles Monguilod, que representa al empresario Gustavo Buesa. Por su lado, el abogado Óscar Morales, defensor del constructor Luis Delso, ha advertido que en la causa Pujol “el Estado trató de desencadenarse de las cadenas que le atan al Derecho”, en referencia al trabajo policial.

El letrado José María Fuster-Fabra, que defiende al empresario Josep Mayola, ha insistido en que “está por demostrar” que Jordi Pujol Ferrusola haya “cometido algún delito” y, en este contexto, ha denunciado que se ha pretendido “manchar absolutamente a todo el mundo que rodea” al hijo mayor del expresident, como si fuese un “virus contaminante”.

El abogado del constructor Carles Sumarroca, Diego Artacho, ha solicitado al tribunal “una reparación” ante el “atropello” de una causa abierta durante 14 años en la que, según ha argumentado, la acusación pretende atribuir acciones a su cliente de su padre, del mismo nombre y primer apellido.

El perito informatico Javier Rubio Alamillo ha declarado este jueves en el juicio de Kitchen que los mensajes de teléfono móvil que incriminan al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díez presentan “algún tipo de manipulación”. El perito elaboró un informe a propuesta de la defensa de Fernández Díaz sobre los mensajes que fueron aportados a dos notarios por Francisco Martínez y en los que se evidenciaría el conocimiento de la operación parapolicial por parte del entonces ministro.

Rubio Alamillo ha cuestinado que el notario Alberto Vela Navarro atribuyera a la aplicación de SMS mensajes distintos pese a que, entre ellos, “la morfología es distinta”. El perito ha asegurado que unos aparecen entre bocadillos y otros cuandos se asegura que se trataría de mensajes enviados desde la misma aplicación y de que el terminal desde el que se aportan es distinto. El perito ha señalado que el notario no pulsó la clave para que el móvil revelara el IMEI –el núero de identificación del terminal– y hacerlo constar.

“El notario no dice que los mensajes procedan del teléfono del señor Fernández Díaz. Dice que esos mensajes están en el telefono del señor Fernández Díaz y dice que en ese teléfono está el contacto del señor Fernández Díaz, pero no establece una causa efecto”, ha explicado Rubio Alamillo. El perito se refería a que los notarios, tal y como reconocieron ellos en sus declaraciones en el juicio, no constataron que detrás del contacto Fernández Díaz que aparecía en el teléfono de Francisco Martínez estuviera el verdadero teléfono del ex ministro y no de otra persona.

Javier Rubio Alamillo ha asegurado que el notario elimió los mensajes que eran objeto de su requerimiento. “Es importante porque, en. el caso de que haya una conversación, aunque no sabemos quién es el remitente, estaría descontextualizado. Hay muchos clients que me dicen que quieren hacer un informe pericial. les digo que la conversación de whatsapp tiene que ir completa, si no, está manipulada!, ha añadido.

Uno de los cuatro mensajes que incriminan a Fernández Díaz es también la primera constancia en el tiempo de la operación Kitchen. Fue enviado el 13 de julio de 2013 y en él, el ministro habría escrito: “Chofer. B:. Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)”. El número dos del ministro, Francisco Martínez, asegura que fue así como él tuvo conocimiento de la operación sobre la familia Bárcenas.

“Desde mi punto de vista técnico, con todas las cuestiones de distinta morfologia, el tema de la llamada [una de whatsapp que no consta]... bajo mi punto de vista hay unos elevados indicios de que hay algo que no cuadra, de que hay algún tipo de manipulación”, ha insistido el perito de la defensa, Javier Rubio Alamillo.

Las acusaciones han intentado poner en duda el carácter concluyente del trabajo del perito. Por ejemplo, introduciendo la posibilidad de que la “morfología” presentada de los mensajes respondieran a que fueran de una captura cortada. O preguntándole si él tuvo acceso al teléfono de Fernández Díaz. El perito ha reconocido que no porque su cliente le dijo que el terminal que utilizaba en 2013 había sido “reseteado”, sin que haya podido dar más explicaciones a qué se refería Fernández Díaz.

Los notarios Alberto Vela Navarro y Enrique Augusto Franch admitieron en sus declaraciones que se habían limitado a hacer constar que los mensajes que les mostró Francisco Martínez estaban en su teléfono y procedían de alguien que él identificaba como Jorge Fernández Díaz, sin que estuviera entre sus competencias acreditar que el ex ministro era realmente quien los envió.

El ministro pide declarar después de su número dos

El abogado de Jorge Fernández Díaz ha solicitado este jueves al tribunal de Kitchen que cuando llegue el turno de las declaraciones de los acusados su defendido deponga después del que fue su número dos, Francisco Martínez. Alega el letrado Jesús Mandri que Fernández Díaz está en el banquillo exclusivamente por las acusaciones de Martínez y los mensajes que atribuye al ministro y que depositó ante notario. 

El letrado ha puesto como ejemplo el juicio contra José Luis Ábalos en el que Aldama declaró antes que el exministro. La defensa de Martínez no se ha opuesto pero ha corregido que su cliente no es “un confeso” como Aldama. La Fiscalía ha defendido que si Fernández Díaz quiere matizar algo tiene el turno de última palabra. El tribunal se pronunciará más adelante. El juicio se retomar el lunes con la reproducción de la prueba documental.

Turno para las defensas en el final del juicio a los Pujol. El abogado de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, ha reivindicado la tesis de que la fortuna familiar procede del legado oculto en Andorra del abuelo Florenci y ha arremetido contra el “clamoroso vacío probatorio” de la Fiscalía, de quien ha criticado que pretenda “ensuciar a brochazos” al expresident, en referencia a la contundencia del fiscal Fernando Bermejo de este martes.

Martell ha abierto el turno de las defensas con el informe más extenso, toda vez que su cliente es quien se enfrenta a la pena más alta (29 y 25 años de cárcel le piden Fiscalía y Abogacía del Estado respectivamente por asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental y alzamiento de bienes). “Perdón que sea tedioso, pero son muchas las tipicidades en este festín punitivo al que hemos sido invitados”, se ha excusado el letrado, tirando de ironía.

El letrado ha disparado contra la tesis fiscal de que el Gobierno de Pujol “se entregó a la corrupción y tejió una red clientelar de intereses”, que es el origen de la fortuna según Anticorrupción. “Este eje vertebrador transita por todo el escrito de acusación y es un frontispicio tan ambicioso que uno espera columnas que lo sustenten. Nada. A lo largo de todo el escrito, ni una sola mención que dé respuesta a esta grave afirmación”, ha señalado Martell.

El abogado ha mantenido la tesis defensiva que hace 12 años inició el expresident Jordi Pujol en su carta de confesión: la fortuna familiar oculta en Andorra procede de un legado del abuelo, cambista de bolsa y condenado por tráfico ilegal de divisas durante el franquismo, que en la convulsa Transición quiso dejar los fondos a sus nietos ante el desacuerdo con su hijo por haberse dedicado a la política. “Nuestra alternativa no es extravagante”, ha defendido Martell.

El letrado ha concedido al tribunal que puede no creer su hipótesis ante la falta de documentos que la justifican. Pero Martell ha planteado que la tesis de la Fiscalía de que los fondos proceden de la corrupción no es admisible por falta de pruebas. “Cuando digo la nada es la nada”, ha incidido el abogado.

En suma, no hace falta que los jueces se crean su tesis, sino que basta con que se rijan por el principio básico de todos los juicios: la presunción de inocencia. “Se puede contrastar la hipótesis acusatoria con la defensiva y no dar por vencedora a ninguna de las dos”, ha admitido Martell. Un resultado que igualmente conduciría a la absolución de su cliente.

Cristóbal Martell ha demostrado este miércoles por qué se le considera uno de los mejores penalistas de Barcelona: más allá de hilar ordenadamente una tesis alternativa a la del fiscal, la jurisprudencia que ha citado ante un tribunal de tendencia progresista como el que juzga a la familia Pujol ha consistido en pesos pesados de la magistratura izquierdista.

El letrado ha mencionado sentencias de jueces como Luciano Varela, Ana Ferrer, Ramón Sáez, Cándido Conde-Pumpido o Javier Hernández que analizan el blanqueo de capitales y la presunción de inocencia y que juegan a su favor. Incluso ha tenido palabras de elogio para un artículo de su “admirado” José María Mena, el mítico exfiscal superior de Catalunya y que fue uno de los autores de la querella de Banca Catalana contra el expresident.

Cuando ha tocado entrar al detalle de cada delito, Martell se ha empleado a fondo para desmentir los argumentos del fiscal. Sobre el blanqueo de capitales atribuido al primogénito, el abogado ha defendido que sus movimientos de dinero no son ilegales. “Un circuito de inversión de negro a negro no es blanqueo de capitales porque no se reviste de actos positivos dirigidos a otorgar al dinero un título jurídico legal”, ha aseverado.

Tampoco procede la condena, ha argumentado Martell, por asociación ilícita, ya que “casa mal” con lo visto en el juicio: no se ha probado, según la defensa, una “estructura definida” ni un “abuso de la forma asociativa”, ni tampoco el “reparto de roles” que requiere este delito. “La mayor parte de los hermanos, abren y cierran su cuenta, y ya. Esta es la hipótesis criminal”, ha apostillado Martell.

En su informe, Jaime Campaner, abogado de Josep Pujol Ferrusola, ha lamentado “el juego de sinónimos de las acusaciones”, que, a su juicio, “han dejado sobre la mesa un enriquicimiento atípico pero ninguna prueba sólida” del delito de blanqueo. Y ha replicado al fiscal Bermejo, que este martes se refirió al “Espanya ens roba” (expresión empleada por el independentismo) en contraste con el fraude fiscal de los Pujol. “La pela es la pela”, ha ironizado Campaner, en referencia que su cliente era considerado un buen cliente por la banca andorrana, que no le cobraba comisiones.

Por su lado, Pau Ferrer, abogado de los otros cuatro hermanos Pujol Ferrusola, ha afeado que la acusación “fuerce los hechos” para atribuir al conjunto de la familia un delito de blanqueo, pese a que sus defendidos se limitaron a tener dinero en Andorra sin declarar (esto es, un fraude fiscal ya prescrito para todos) y no a intentar aflorar de forma legal un dinero de procedencia ilícita.

Siguiendo el hilo desplegado por Martell sobre la actividad del abuelo Florenci, Ferrer ha dejado caer una pregunta al tribunal: “¿Puede alcanzarse certeza objetiva sobre origen del dinero en hechos tan antiguos?”. La “incertidumbre” debido al paso del tiempo debe conducir, según el abogado, a una absolución por falta de prueba suficiente.

Más político ha sido el informe del abogado de Oriol Pujol, Francesc Sànchez, quien ha concedido al fiscal que el caso Pujol “no es una persecución política”, aunque sí lo ha considerado “una persecución por ser vos quien sois”, en referencia al expresident, al que ha definido como “el padre espiritual de una forma de entender el país por parte tanto de catalanes de origen como de catalanes que acababan de llegar”.

Los dos directivos de una de las gasistas que supuestamente pagó al despacho Equipo Económico, fundado por el exministro de Hacienda Cristobal Montoro, a cambio de que se modificaran leyes a su favor se han acogido este martes a su derecho a no declarar, en la primera comparecencia como imputados en esta causa.

Ante el titular del Juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, que durante siete años mantuvo en secreto la causa en la que investiga entre otros al exministro Montoro, han comparecido este martes dos directivos de Praxair España S.L., una de las gasistas que presuntamente hizo pagos a Equipo Económico para lograr modificaciones fiscales que les beneficiasen, informa EFE.

Los dos investigados, Eduardo G.E., que fue presidente de Praxair Europa entre 2016 y 2018 y director general de Praxair España y Portugal entre 2008 y 2019, y Jacobina E. E., responsable fiscal de la compañía para España y Portugal, se han acogido a su derecho a no declarar.

Uno de los argumentos que ha esgrimido la defensa de ambos investigados para justificar que se hayan negado a declarar ante el juez es que todavía están pendientes de resolver los recursos de las defensas ante la Audiencia de Tarragona, donde han pedido por una parte la nulidad de la causa y por otra que se remita la instrucción a la Audiencia Nacional.

Uno de los empresarios citados, Eduardo G.E., fue además presidente de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), que según el sumario del caso pagó presuntamente a Equipo Económico 779.705 euros entre 2011 y 2019 para incidir en reformas legislativas que favorecieran al sector.

Según consta en el sumario, este empresario participó en una videoconferencia el 25 de octubre de 2013 en la que se acordó la contratación de Equipo Económico y los plazos en los que se realizarían los pagos y se formalizarían los informes a entregar en el Ministerio de Hacienda.

De hecho, según consta en el sumario, este investigado asistió a las reuniones que tuvieron lugar en la sede de Equipo Económico el 5 y el 12 de diciembre de 2013, y además el 4 de marzo de 2014 participó en una reunión con el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, quien, al trascender su imputación en este caso, se dio de baja del PP.

Por su parte, la otra investigada citada, Jacobina E.E., fue responsable fiscal de esta gasista en España y Portugal y, según el sumario, fue la persona responsable de preparar un texto a presentar al entonces secretario de Estado de Hacienda con sus reivindicaciones.

También participó en reuniones con la Dirección General de Tributos en las que le informaban que el Reglamento que desarrollaba una ley sobre la que tenían interés se publicaría en diciembre de 2014.

El juez de Tarragona que investiga el caso sostiene que el exministro Cristóbal Montoro jugó un “rol nuclear” en la trama de Hacienda acusada de reformar leyes en beneficio de empresas, a cambio de dinero, ya que era la “autoridad” que aseguraba una “ganancia cierta” a su despacho, Equipo Económico, “abusando” de su poder.

Montoro, que fue ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy, se dio de baja como afiliado del PP al trascender su imputación y la de su equipo en una causa que desde 2018 investigaba en secreto el titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona por cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

Contundente informe del fiscal anticorrupción Fernando Bermejo en el juicio a los Pujol. El fiscal ha querido fijar desde el inicio de su intervención un marco al tribunal: la “contradicción” entre el “discurso del 'Espanya ens roba'”, ha dicho Bermejo en catalán, y las prácticas de “ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias” de la familia, que “se aprovechó de su red de clientelismo para defraudar, conseguir una fortuna y perjudicar a la sociedad catalana”.

“La contradicción no es meramente política, es jurídicamente relevante”, ha incidido el fiscal. Más allá de si el tribunal compra su tesis jurídica, se ha esforzado el fiscal Bermejo en captar la atención de los jueces con una misma idea: que los hechos del caso Pujol no se pueden juzgar con “las gafas” de hoy, sino que hay que tener en cuenta el contexto de los 90 en Catalunya, con un pujolismo hegemónico que abría todas las puertas. También las de la corrupción.

En el juicio a la familia Pujol, que quedará visto para sentencia el jueves, acusaciones y defensas han empezado a exponer sus informes finales. El primero ha sido el fiscal Bermejo, que se ha reafirmado en reclamar 29 años de cárcel para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola; 14 para Josep Pujol Ferrusola y 8 años para el resto de los hermanos. El expresident, excluido del juicio por demencia, ha sido situado por el fiscal en “la cúspide de la organización criminal”.

“No se persigue a una familia por su ideología política”, ha apostillado el fiscal, consciente de que la identificación de Pujol con Catalunya que marcó sus 23 años en la presidencia pervive a día de hoy en sus afines a la hora de interpretar el juicio. “Este proceso no ataca a Catalunya sino que pretende lo contrario, defender a los ciudadanos catalanes”, ha argumentado Bermejo, para apostillar: “Quien defrauda a la administración pública no perjudica a un ente abstracto sino que detrae recursos de los servicios públicos que sostienen a las comunidades, incluida Catalunya”.

El fiscal ha defendido que la estructura y mecánica de fondos oculta en Andorra durante décadas por parte de los Pujol (y que la familia no niega, pero explica por inversiones financieras propuestas por la banca andorrana que hicieron crecer el legado oculto del abuelo Florenci Pujol) ya es suficiente para obtener una condena.

El delito de blanqueo de capitales, ha argumentado el fiscal, no exige la “plena identificación” de un delito antecedente (en la mayoría de causas está vinculado al tráfico de drogas o el delito fiscal). Basta con que existan numerosos indicios de ello. Y eso es lo que ocurre, a su juicio, con la familia Pujol y el delito de asociación ilícita.

La “ocultación estructural y prolongada” del dinero en Andorra, la falta de acreditación de que la fortuna procede del legado oculto del abuelo, y los continuos ingresos en efectivo que la familia realizó a partir de 1990 “sin explicación coherente” son elementos suficientes, ha reclamado el fiscal, para fundamentar una condena. “Todos los hermanos dicen lo mismo, tienen las mismas lagunas”, ha agregado.

Por si no fuera suficiente con el movimiento y ocultación del dinero por parte de todos los hermanos, Bermejo ha recalcado que los hechos enjuiciados, en los que se han repasado varios pelotazos empresariales realizados por el primogénito, “se enmarcan en la corrupción política”. “Los negocios no se explican con lógica empresarial, sino para blanquear”, ha agregado.

Como caso paradigmático de corrupción, ha mantenido Bermejo, la Audiencia Nacional debe tener en cuenta la estrecha vinculación entre los poderes públicos y las empresas que “viven de contratos públicos”, lo que explica, a su juicio, los silencios de los empresarios que han declarado sobre la supuestas comisiones pagadas a los Pujol: “Les conviene llevarse bien con el poder adjudicador”.

La Abogacía del Estado y el “favor inconfesable”

Por su lado, los abogados del Estado Álvaro Bazán y José Ignacio Ocio, que reclaman 25 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola y cuatro y medio para Josep por delitos fiscales, pero no acusan al resto de hermanos, han fundamentado su petición de penas en la teoría del “favor inconfesable” que explica los pagos de las constructoras al primogénito.

Los defensores de Hacienda han recordado que varios testigos no han sabido identificar el papel concreto de Pujol Ferrusola en varias de las operaciones bajo sospecha, y que algunos de ellos incluso ni lo conocían. “Nos ha costado encontrar un testigo que declare más de 15 segundos a qué se dedicaba en concreto el señor Jordi Pujol Ferrusola”, ha incidido Ocio.

La Abogacía del Estado se sitúa en un punto intermedio entre la Fiscalía, que vincula los pagos a la corrupción política vinculada a Convergència, y a las defensas, que los explican por labor de intermediación en base a la “información privilegiada” que manejaba el primogénito.

Ocio ha remarcado que los pagos de los empresarios corresponden a “un favor irregular inconfesable”, lo que explica que en varios de los negocios no haya “rastro” de actividad económica real de Pujol Ferrusola. “Lo de menos era la factura, lo importante era cobrar”, ha apostillado.

José María García Urbano, alcalde de Estepona (PP), no será finalmente juzgado por un jurado popular. Los presuntos delitos de malversación y prevaricación cometidos al contratar para el Ayuntamiento a una mujer con la que mantenía una relación íntima serán juzgados, en su caso, por un juzgado de lo penal o por la Audiencia Provincial, según las penas que se soliciten. Así lo ha acordado la Audiencia Provincial de Málaga, que ordena que las diligencias continúen siguiendo los trámites del procedimiento abreviado. Esto obligará a la Fiscalía y a las partes a presentar nuevamente sus escritos de acusación.

La causa tendrá así una nueva demora. El juez de instrucción concluyó hace meses que de la investigación que realizó durante el año pasado se extraen “indicios suficientes” para llevar a juicio al regidor, que gobierna Estepona con mayoría absoluta desde 2011. Cree que la contrató “a los solos efectos de que recibiera la nómina correspondiente, sin que tuviera que desempeñar actividad alguna, tratándose su contratación, en consecuencia, de una mera ficción jurídica”.

El pasado enero, la fiscal presentó un escrito en el que solicita que se condene a García Urbano a cinco años y medio de prisión y ocho años de inhabilitación, y a la mujer contratada, Cristina Pulido, a tres años y medio como cooperadora necesaria de los presuntos delitos. Por su parte, las acusaciones populares ejercidas por PSOE y Vox pidieron para el regidor cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación y seis años de prisión, respectivamente.

A priori, iba a ser juzgado por un tribunal del jurado. Sin embargo, la continuación de la causa estaba a la espera de que la Audiencia Provincial resolviera el recurso de apelación del regidor, que pedía el archivo, y la petición de Fiscalía, que solicitaba que pasase del jurado a los tribunales ordinarios. En un auto dictado el pasado 8 de mayo al que este medio ha tenido acceso, la Audiencia desestima la petición de García Urbano, pero estima el recurso del fiscal.

La decisión de la Audiencia retrotrae la causa al momento previo y la sitúan en un camino diferente.

El delito de prevaricación

La decisión de apartar al jurado del juicio a García Urbano obedece a la ampliación en la acusación de Fiscalía, que sorprendió a otras partes del proceso. El foco siempre estuvo puesto en la presunta malversación, pero en el escrito de acusación presentado en diciembre la fiscal añadió otro posible delito: la prevaricación. Y eso impide que el caso pueda ser juzgado por un jurado, pues la ley excluye expresamente que pueda juzgar este delito “por conexión” a otro.

La Audiencia ordena al juzgado de instrucción que dicte otra resolución que reencauce las diligencias al procedimiento abreviado, algo que el juzgado ya ha hecho. En un auto dictado el pasado viernes, el juez ordena que sigan las actuaciones por esa vía, y vuelve a dar trámite a la Fiscalía, las acusaciones y los investigados para que presenten sus escritos de acusación o de petición de sobreseimiento. Después, el juez tendrá que dictar auto de transformación en procedimiento abreviado que García Urbano podrá recurrir nuevamente a la Audiencia Provincial.

5.200 euros en 48 días sin trabajar

Fue el juez quien abrió de oficio esta pieza (y no las acusaciones con intenciones “espurias”, como insiste García Urbano), después de que la mujer declarara en otra investigación (ya archivada) que García Urbano la había contratado sin que ella trabajase nunca. Fueron apareciendo indicios, como informes del área de Recursos Humanos; las declaraciones del concejal responsable, la mujer y el propio García Urbano; mensajes de Whatsapp; o las propias nóminas.

En el escrito de acusación que presentó en diciembre, y que ahora tendrá que repetir, la Fiscalía le acusaba de un delito de prevaricación y otro de malversación, que habría cometido al contratar para el Ayuntamiento durante 48 días a una mujer con la que “mantenía una relación sentimental” “a sabiendas de que nunca iba a desempeñar actividad laboral alguna”, aunque en teoría la contrataba para revisar el mobiliario urbano. En ese tiempo, el Consistorio le abonó algo más de 5.200 euros, sin que ella acudiese nunca a su puesto, recibiese instrucciones o se le asignaran tareas, un puesto de trabajo o material.

Otra investigación judicial en marcha

A esta investigación judicial, ya concluida y cercana a juicio, se suma otra aún incipiente por la adjudicación de un restaurante en el Mirador del Carmen, una torre en la playa por cuya construcción el Ayuntamiento pagó a Bonifacio Solís (exsocio del alcalde) 16,3 millones de euros.

Tal y como desveló este medio en julio de 2023, las tres últimas plantas destinadas a restaurante fueron adjudicadas por un canon que apenas supone una tercera parte del precio de mercado a Inversiones Delmar 2022, constituida un par de meses antes por la pareja del hijo del alcalde en la asesoría de un concejal de confianza de García Urbano. Pocos meses después las participaciones de la empresa fueron vendidas. La empresa no ha pagado el canon anual en este tiempo.

En este caso, abierto en el juzgado de instrucción 4 de Estepona tras una denuncia de la Fiscalía, están investigados el alcalde, una concejala, el secretario municipal, el interventor y dos funcionarios. La UDEF alertó en un informe de que el regidor podría haber puesto el dinero para la fianza, y sospecha que la adjudicataria era en realidad una sociedad pantalla.

El próximo lunes están llamados a declarar los firmantes del informe policial, mientras que los investigados deberán hacerlo en julio, después de que se pospusieran las declaraciones previstas inicialmente para el 25 de mayo.