El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha suspendido el ingreso en prisión de la expresidenta del Parlament Laura Borràs para cumplir la pena de dos años que le quedaba pendiente tras obtener el indulto parcial, con la condición de que siga un curso para prevenir la corrupción.

En un auto, la sala civil y penal del TSJC libra a Borràs de entrar en la cárcel para cumplir la pena de dos años que le quedaba, después de que el Gobierno indultara parcialmente la condena que se le impuso por adjudicar contratos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

La suspensión de la pena de cárcel está condicionada a que la expresidenta del Parlament y exdirigente de Junts no vuelva a delinquir en los próximos cinco años y participe en al menos “un programa formativo sobre contenidos específica y directamente relacionados con los fines que deben guiar la actuación de las administraciones públicas”.

Borràs fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión por delitos de prevaricación y falsedad documental, en una sentencia en la que el propio TSJC proponía su indulto parcial al considerar excesiva su entrada en prisión.

El pasado julio, el Gobierno le concedió la medida de gracia y dejó su condena en dos años cárcel, y el TSJC ejecutó el indulto en septiembre. El alto tribunal catalán ha suspendido la pena de prisión por los dos años que restaban, aunque esta condena podría ejecutarse si la expresidenta del Parlament vuelve a delinquir en un período de cinco años.

La sala razona en su auto que, para suspender la condena, debe imponer a Borràs la “obligatoriedad de dar cumplimiento a determinados deberes y obligaciones que deben tener una indudable utilidad rehabilitadora”.

En concreto, el TSJC obliga a Laura Borràs, que fue presidenta de Junts entre 2022 y 2024, a participar en actividades formativas “que se valoran imprescindibles y conducentes a los fines de prevención” establecidos en el Código penal.

Se trata de un máster, curso o seminario, con una duración mínima de 25 horas y unos contenidos “específica y directamente relacionados con los fines que deben guiar la actuación de las administraciones públicas”, impartido en un centro oficial, como la Escola d'Admistració Pública de Cataluña, una universidad pública o privada u otro organismo similar.

Borràs deberá presentar ante el tribunal, en un plazo máximo de tres meses, un plan que incluya la formación indicada, para “su aprobación y para implementar su seguimiento y control” por parte del TSJC.

En el caso de que la condenada no proponga el programa a seguir o que no sea aprobado por el TSJC, el seguimiento será “canalizado” a través del Servicio de Medidas Penales Alternativas, dependiente del Departamento de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, añade el auto.

La sala recuerda que los hechos por los que Borràs fue condenada se enmarcan “todos ellos dentro de la categoría genérica de los delitos de corrupción”, lo que la expresidenta del Parlament siempre ha negado.

Además, razona que ni sus circunstancias familiares o sociales exigen su ingreso en prisión para lograr “el fin último de alejamiento de la actividad delictiva”, teniendo en cuenta además que está cumpliendo la pena de inhabilitación -por trece años- y liquidó la multa de 36.000 euros impuesta en la sentencia.

El Tribunal Supremo ha declarado firme la condena de tres años de prisión impuesta a Pedro Antonio Sánchez, expresidente de la Región de Murcia por el Partido Popular, por el conocido como 'caso Auditorio': la puesta en marcha plagada de ilegalidades de un proyecto para construir un auditorio en la localidad de Puerto Lumbreras cuando él era el alcalde del municipio. Los jueces certifican, entre otras cosas, que Sánchez incurrió en delitos de prevaricación y falsedad documental para obtener una subvención millonaria de la administración regional y que maniobró para que el proyecto cayera en manos de un arquitecto también condenado. El auditorio, dos décadas después de los hechos, sigue a medio construir en las afueras del pueblo.

Pedro Antonio Sánchez fue presidente de la Región de Murcia entre su victoria rotunda de 2015 y su salida en 2017 acosado por acusaciones de corrupción, dando paso a Fernando López Miras en la presidencia. Dos años de legislatura en los que los tribunales abrieron varios frentes judiciales contra él y su gestión. Fue imputado en la trama Púnica bajo la acusación de pagar con dinero público una campaña para mejorar su imagen, pero fue exonerado por el juez Manuel García Castellón. También se libró de ir a juicio por el 'caso Pasarelas' tras beneficiarse de la reforma impulsada por el PP de los plazos en investigaciones penales. Pero una tercera investigación, bautizada como 'caso Auditorio', llevó al banquillo al presidente de la Región de Murcia.

La causa retrocede hasta la etapa de Pedro Antonio Sánchez como alcalde de su localidad natal de Puerto Lumbreras, cargo que ejerció desde 2003 hasta 2013. Fue en su segundo año de mandato cuando decidió poner en marcha un proyecto para construir un gran auditorio en el municipio, un proceso que según los tribunales estuvo plagado de irregularidades. Desde el encargo ilegal a un arquitecto para crear un proyecto y optar a una subvención millonaria del gobierno regional hasta su aprobación fraudulenta en un pleno municipal dando paso a una puesta en marcha de las obras con “errores graves” y “defectos” entre quejas de los arquitectos de la Región por la falta de transparencia del proceso.

La Audiencia Provincial de Murcia decidió imponer tres años de cárcel y más de 17 años de inhabilitación a Pedro Antonio Sánchez además de una multa de 3.600 euros después de un juicio en el que la acusación popular de Podemos consiguió que el tribunal estimara sus pretensiones, más duras que las de la Fiscalía. Un delito continuado de prevaricación en concurso con otro de falsedad documental y un segundo ilícito más de prevaricación.

La Audiencia Provincial avaló que Podemos hiciera definitiva su calificación alternativa del delito de falsedad documental, el que acarrea penas de cárcel: “No hubo vulneración del principio acusatorio por el hecho de que una calificación provisional alternativa pasara a principal en el momento de las conclusiones definitivas”, dijo el tribunal murciano. Algo que ahora ratifica el Supremo: “No se ha producido alteración esencial del hecho histórico ni vulneración del principio acusatorio”.

Los jueces no solo condenaron a Pedro Antonio Sánchez, también a secretaria del Ayuntamiento (15 años y medio de inhabilitación) y al arquitecto que impulsó el proyecto (16 años y medio de inhabilitación). Y certificaron que entre los tres pusieron en marcha el proyecto y la solicitud de una subvención regional millonaria de forma ilegal, hasta el punto de afirmar que “la propaganda del Partido Popular” difundió el proyecto con muchos detalles antes de que fuera aprobado legalmente.

El Supremo confirma tanto la condena de Sánchez como la del arquitecto y matiza que la de la funcionaria se debe ceñir a poder trabajar en puestos “que comporten funciones de Secretaria, fe pública, asesoramiento legal preceptivo o intervención técnico-jurídica equivalente en entidades integradas en el ámbito de la Administración Pública”.

Tres imputaciones y una dimisión

Pedro Antonio Sánchez dimitió como presidente de la Región de Murcia en septiembre de 2017 tras la apertura de diversas causas judiciales contra él, entre ellas este caso Auditorio. Un terremoto político en un momento en que Ciudadanos sostenía el gobierno regional del Partido Popular y que desembocó en la llegada de Fernando López Miras a la presidencia como sucesor de Sánchez. En los últimos años trasladó su residencia a Miami, donde conoció su condena de tres años de cárcel. Poco después de abandonar la política fundó dos asesorías y, tal y como reveló elDiario.es, el ejecutivo regional otorgó más de medio millón de euros en subvenciones a la empresa de su hermano que gestiona un hostal propiedad del expresidente.

Ahora el Supremo confirma, entre otras cosas, que falsificó documentos para obtener la subvención con la que pretendía levantar el auditorio. “Fueron empleados en un procedimiento subvencional de varios millones de euros, dirigidos al órgano competente para sostener la concesión y el libramiento de fondos públicos”.

También rechaza el Supremo, como alegaba el expresidente murciano en su recurso, que haya sido condenado por unas irregularidades administrativas detectadas por el Colegio de Arquitectos de la Región. “La condena penal no descansa exclusivamente sobre la validez o invalidez administrativa del concurso de proyectos o de la contratación del arquitecto, sino sobre un entramado de actuaciones concertadas y conscientemente arbitrarias que la sentencia penal examina en toda su dimensión”.

Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, condenado a 19 años y 8 meses de cárcel por corrupción durante su etapa como asesor del exministro José Luis Ábalos, ha preguntado al juez que investiga las supuestas cloacas del PSOE si permite levantar el velo sobre un dato secreto que puede arrojar luz en el proceso judicial: “¿Quién me paga la defensa guarda relación con los hechos que se investigan?”. Es un interrogante cargado de misterio para una causa que acumula más de una decena de imputados, entre ellos la exmilitante socialista, Leire Díez; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y la gerente del PSOE, Ana Fuentes.

El magistrado Santiago Pedraz investiga en la Audiencia Nacional desde hace varios meses el denominado caso Leire Díez, una supuesta trama delictiva que pretendía desestabilizar causas judiciales abiertas contra dirigentes del PSOE o sus familiares. La investigación ha descubierto que determinados abogados cobraban de la dirección socialista por servicios ficticios para, supuestamente, derivar ese dinero hacia Leire Díez. El juez instructor, a propuesta de la fiscalía Anticorrupción, ha pedido los movimientos bancarios de todas las cuentas de esos abogados para descubrir cuánto dinero les pagó el PSOE y por qué servicios. Pero en esa petición de información hay una excepción, la letrada Leticia de la Hoz, defensa de Koldo García, quien no deberá entregar al juzgado los movimientos de sus cuentas. La abogada está imputada en el caso Leire Díez por el supuesto intento de soborno a Carmen Pano, la mujer que aseguró en el juzgado que llevó dinero en bolsas de plástico a la sede del PSOE de la calle Ferraz.

Leticia de la Hoz ya ha declarado como imputada en la causa, ha rechazado esta acusación de Pano y, además, ha negado que el PSOE le haya pagado por sus servicios. Pero ni la fiscal ni el juez han querido conocer quién abonó en realidad la defensa de Koldo García, un dato que puede ser relevante para la investigación abierta en el caso Leire Díez.

En un escrito remitido al juzgado, De la Hoz rechaza los argumentos de la fiscalía anticorrupción para situarla en el grupo de abogados que colaboró con el PSOE en sus maniobras para desestabilizar determinadas causas judiciales. “Recibida declaración Leticia de la Hoz, esta, en una mecánica semejante a la del resto de los letrados, que reciben honorarios de quienes no son sus clientes en las causas en las que estaban implicados los antiguos miembros del PSOE cuando ejercían cargos de responsabilidad en el gobierno o en el partido, no llega a determinar quién abonó sus honorarios como letrada de Koldo García Izaguirre (…) Leticia de la Hoz, en su declaración, señaló que no le pagó su cliente, tampoco el PSOE, y se acogió al secreto profesional para no facilitar los datos de quien abonó sus servicios como abogada de aquel”.

La abogada aclara que su respuesta fue que ese dato quedaba dentro del secreto profesional y recalca que en su testimonio tan solo excluyó al PSOE del abono de los servicios que prestó a Koldo García. «No me corresponde a mí. Yo no puedo decir quién ha pagado la defensa, de ninguna de las maneras (…) Puedo contestar que no me ha pagado el Partido Socialista ni directamente, ni indirectamente, ni por persona interpuesta»

De la Hoz sostiene que su negativa a identificar a la persona o empresa que pagó a su despacho de abogados por la defensa de Koldo García ante el Supremo “se presenta como ocultación de ese tercero, que es lo que permite a la Fiscalía Anticorrupción hablar de una mecánica semejante a la de los demás letrados”. La letrada de Koldo García Leticia reclamó durante su declaración, sin éxito, la autorización del instructor para revelar el dato: “Dicho pronunciamiento judicial, pedido en el acto, no llegó a dictarse”, señala en su nuevo escrito.

“Sobre el punto concreto de los honorarios, mi representada ofreció al Tribunal la vía que la ley pone a su disposición”, señala el letrado que defiende a De la Hoz. “Expuso que, consultado el Colegio de Abogados, el camino era que el instructor declarase que el dato guardaba relación con los hechos por los que se la investiga, y que entonces podría contestar. Formuló la cuestión de manera directa: ”¿Quién me paga la defensa guarda relación con los hechos que se investigan?“.

Koldo García, cliente de Leticia de la Hoz, nunca pareció interesado a proteger al PSOE y a sus dirigentes antes de su juicio en el Supremo. De hecho, dio una entrevista a OKDiario en vísperas de su ingreso en prisión donde la mayor parte de sus respuestas suponían ataques al PSOE -puso en duda la financiación de las primarias- y a sus principales dirigentes: Pedro Sánchez; su mujer, Begoña Gómez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; o el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Leticia de la Hoz recuerda en su escrito al juez que durante la declaración aseguró que si el juez lo ordenaba, ella facilitaría con prontitud las facturas cobradas por los servicios prestados a Koldo García. La abogada, dice su defensa, “sigue a la espera de ese mandato, y lo cumplirá el mismo día en que se dicte”.

En este episodio de hace unos meses nos preguntamos qué son exactamente los fondos reservados. Supimos que financian las operaciones más ocultas en la democracia española. Eso no quiere decir que sea dinero público que se pueda usar para cometer crímenes sin impunidad. No es dinero ilegal, no es dinero negro. Existe de manera oficial y hay gente que lo maneja aunque no sepamos exactamente cuánto es ni a qué se destina en concreto.

Gracias al juicio de la Operación Kitchen, que comenzó hace una semana, descubrimos para qué no deberían ser los fondos reservados: para que la cúpula del Ministerio del Interior y los mandos policiales durante el primer gobierno de Rajoy organizaran de forma ilegal la destrucción de pruebas para que la justicia no pudiera investigar la caja B del PP tras la publicación de los papeles de Bárcenas. Y todos los indicios apuntan a que así fue. Nos explica qué son los fondos reservados, para qué se han solido usar en España y para lo que sirven realmente con el periodista de elDiario.es Pedro Águeda.

*** Este episodio se emitió por primera vez el 13 de abril de 2026***

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La investigación judicial de la Operación Fuentona, que afecta al Ayuntamiento de Soria a través de la que fue concejala de Turismo, continuará siendo secreta un mes más. Tal y como ha informado el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia, la Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Soria ha acordado la prórroga del secreto de las actuaciones un mes más a partir del 22 de agosto. Además, ha admitido la personación del Partido Popular como acusación popular, igual que hizo el pasado mes de julio con Vox.

La Operación Fuentona investiga la comisión de presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal en el Ayuntamiento de Soria. El pasado mes de junio se produjo una entrada y registro de la Guardia Civil en el consistorio en busca de documentación con la entonces concejala de Turismo y Comercio, Yolanda Santos (PSOE), que dimitió poco después de haber sido detenida y figurar como investigada en las actuaciones.

Santos tuvo el 33% de participaciones de Biosfera Soria SL, una empresa dedicada a la educación ambiental a la que renunció cuando entró a formar parte del gobierno municipal, pues era incompatible. Vendió su parte a una alcaldesa de un pequeño municipio soriano. La empresa, que desde sus inicios había sido contratada por el Ayuntamiento siguió obteniendo contratos municipales. La investigación trata de aclarar si la persona que se quedó con la parte de Santos era en realidad una testaferro. Santos no es la única investigada, hay otras seis personas que fueron detenidas y puestas en libertad poco después.

“El aparcamiento se hizo en medio de grandes tensiones políticas, que impidieron abordar el mismo libre de presiones. La consecuencia fue que el patrimonio histórico (el aparcamiento de la plaza del Castillo) se convirtió en parte de la disputa”. Francisco Javier Zubiaur, jefe de la Sección de Museos, Bienes Muebles y Arqueología de la Institución Príncipe de Viana hasta su dimisión en 2002 por sus discrepancias con el Gobierno de Navarra a raíz del proyecto, recuerda con claridad los criterios que llevaron a que el aparcamiento subterráneo del “cuarto de estar” de Pamplona siguiera adelante, pese a que los hallazgos tenían “una importancia que no se podía imaginar” y que se debían “proteger”. 25 años después, Zubiaur afirma rotundamente que el desenlace estuvo condicionado por razones políticas: “el aparcamiento debía hacerse y se hizo”.

La madrugada del 23 de julio de 200, las excavadoras entraron en la plaza del Castillo y comenzaron la tala de los 74 árboles que poblaban el espacio más céntrico de Pamplona. Ya entonces la construcción de un aparcamiento subterráneo en el lugar generó recelo entre los vecinos, convirtiéndose en el proyecto urbanístico más polémico de la capital navarra. Sin embargo, con el hallazgo de numerosos restos arqueológicos, la situación escaló a un conflicto político y arqueológico que sacudió internamente a la Intitución Príncipe de Viana y al Gobierno de Navarra. Las obras del parking finalizaron tres años después, el triple del plazo imaginado, tras haber pasado el caso por los tribunales y desmantelar el yacimiento arqueológico en el que, en palabras de Zubiaur, jefe del órgano directamente implicado en la protección del patrimonio arqueológico navarro, se plasmaba “una secuencia perfecta del pasado de la ciudad en unos pocos metros cuadrados”.

El anunció del proyecto llegó en 2000, cuando la recién elegida alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, informó sobre la intención de construir un parking en el corazón de Pamplona. Era un aparcamiento de 802 plazas distribuidas en tres plantas —que finalmente serían 939 repartidas en cuatro alturas—. Al ser preguntada por el tema en una entrevista realizada dos décadas después, Barcina defendió la obra, y la peatonalización posterior, en la necesidad de revitalizar el centro de la ciudad y eliminar los “coches en superficie”.

Entre 1960 y 1980 este proceso de peatonalización del Casco Viejo se estuvo planteando, aunque sin mucho éxito. No fue hasta mediados de la década de 1990, de la mano del arquitecto Fernando Redón, cuando se elaboró un proyecto básico de reurbanización y un plan urbanístico para “lo Viejo”. Se pretendía la coexistencia del peatón y el automóvil que, poco después, supuso que estos últimos tuvieran que desplazarse hacia otros espacios. Antes del mandato de Barcina, se construyeron dos parkings subterráneos: el de la plaza de San Francisco (1996) y el del Rincón de la Aduana (1998), bajo la alcaldía de Javier Chourraut (CDN, escisión de UPN). En esta reurbanización del Casco Antiguo y “las intervenciones arqueológicas asociadas a los aparcamientos” intervino también Gabinete TRAMA, tal y como han declarado ellos mismos.

A comienzos del 2001 se aprobó con los apoyos de UPN, CDN y PSN la construcción del aparcamiento subterráneo en la plaza del Castillo. La noticia no gustó a una buena parte de los vecinos del Casco Viejo en un ambiente ya tenso y en el que ETA todavía tenía una presencia activa. La propuesta se llegó a calificar por la Sociedad Conservacionista Gurelur como “el proyecto destructivo de Barcina”, que junto con la Asociación de Vecinos del Casco Viejo se manifestaron en desacuerdo con la tala de árboles de la plaza. También se opuso al proyecto Izquierda Unida, que, aparte de criticar la propuesta, demandó un debate social con implicación de la ciudadanía. De igual modo hizo la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Plaza del Castillo, creada para solicitar un referéndum para los vecinos y que logró presentar 25.000 firmas —un 10% de la población pamplonesa entonces—, aunque el Ayuntamiento no dejó que el asunto continuase.

La situación se volvió más complicada la madrugada del 23 de julio de 2001, momento en el que se comienzan las obras y se proceden a talar los 54 plataneros y 20 acacias que habitaban la plaza. Desde ese mismo día comienzan las protestas e incidentes, con disturbios callejeros. Según las instituciones, estas movilizaciones estaban fomentadas por la 'kale borroka' y “determinados sectores políticos”. Algunos de los alborotadores y manifestantes fueron denunciados ante los juzgados. Las causas se resolvieron años después con indemnizaciones al consistorio pamplonés y o absoluciones.

Política sobre la arqueología

El aparcamiento, que tenía como plazo de finalización el 6 de julio de 2002, se dilató notablemente por los hallazgos arqueológicos. Los descubrimientos fueron el centro del debate y agitaron a las propias intituciones. En los 10.000 metros cuadrados de excavación se resumían dos mil años de historia de la ciudad. Una comisión de expertos que visitó Pamplona para analizar los restos encontrados y asesorar a la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Plaza del Castillo afirmó que “a Pamplona le había tocado la lotería”.

Según explica el Gabinete TRAMA 25 años después, empresa a la que el Gobierno de Navarra encargó “realizar la intervención arqueológica preventiva vinculada a las obras de la Plaza del Castillo”, tal y como explica María García-Barberena Unzu, actual directora de la empresa e hija de la directora durante las polémicas obras, “ya se habían efectuado sondeos en 1998 y nuevos estudios y actuaciones entre 2000 y 2001, en los que se advirtió del elevado potencial arqueológico de la Plaza del Castillo” y su trabajo debía ser el mismo que realizaron en otras intervenciones del Casco Antiguo. Aunque nadie se esperaba que los hallazgos fueran de tal magnitud.

“En términos coloquiales era como una 'pera en dulce' que se nos regalaba para una musealización de categoría internacional, cuyo aprovechamiento cultural hubiera producido beneficios económicos incluso”, afirma Zubiaur un cuarto de siglo después.

La excavación permitió “identificar estructuras desde época contemporánea a época romana”, y anteriores, además de gran cantidad de “restos de cultura material”, tal y como se refleja en el resumen preliminar de la memoria elaborada por Gabinete TRAMA, compuesta en su totalidad por un extenso inventario de 20 tomos, y a la que ha tenido acceso este periódico. Entre los hallazgos más importantes figuran una necrópolis islámica con 170 enterramientos, datada en entre el siglo VIII y IX y el complejo termal romano. De esta época medieval también se encontraron restos del Convento de Santiago y una necrópolis con 60 enterramientos, de los siglos XI al XVI; parte del barrio de Çurriburbu (Zurriburbu) y de la muralla, y otros materiales de trabajos artesanos de zapatería y alfarería medievales. Entre las estructuras contemporáneas figuran restos del Teatro Principal, pavimento de la fuente de la Abundancia, conducciones de agua de finales siglo XVIII y restos del convento de la Carmelitas descalzas datado entre el año 1600 y 1836.

Además, el hallazgo de “los materiales cerámicos alcanzan la cifra aproximada de 700.000 fragmentos”, que se sumaban a los 3.638 “correspondientes a distintos materiales” como hueso, cuero, monedas, bronce y otros metales.

Sin embargo, la Institución Príncipe de Viana, encargada de la protección del patrimonio navarro y cuyo visto bueno era indispensable por haberse elegido como emplazamiento un lugar de Bien de Interés Cultural, no frenó el proyecto. En octubre de 2001, Juan Ramón Corpas, director del organismo, argumentó que “el mal estado de conservación de los restos romanos y su escasa calidad contrastada” permitía la entrada de pequeña maquinaria pesada en el yacimiento. Esta valoración contradecía el criterio de Zubiaur, que afirma que desde el comienzo se podía apreciar “con claridad la importancia de lo que salía a la luz”, lo que le llevó a “defender la idea de la musealización del yacimiento” o “si por razones presupuestarias no era posible abordarla entonces, tapar los vestigios encontrados siguiendo técnicas apropiadas”.

Del mismo modo, la propia empresa de arqueología encargada de la intervención, que, tal y como se refleja en la extensa memoria de más de 300 páginas dedicada a la intervención arqueológica de la plaza del Castillo, a la que ha tenido acceso este medio, documentó el hallazgo de un complejo termal romano de gran entidad y elaboró fichas específicas sobre la necrópolis islámica, “que superaba el centenar de sepulturas”. Asimismo, la relevancia de los descubrimientos quedó reflejada en las investigaciones de las que nacieron varios estudios monográficos y publicaciones científicas específicas.

García-Barberena declara que la empresa arqueológica no tuvo “ningún margen de decisión sobre el destino de los restos arqueológicos”, dependiendo únicamente de la Institución de Príncipe de Viana y, por tanto, del Gobierno de Navarra, versión que corrobora Zubiaur “al cien por cien”. De hecho, tal y como se hizo público y sigue manteniendo, “Gabinete TRAMA defendió en sus informes la conservación de las termas romanas y manifestó expresamente su desacuerdo con la decisión adoptada por la Institución Príncipe de Viana de autorizar su desmontaje”.

“Las excavaciones se hicieron al ritmo lento característico sin que por ello se parasen las obras, lo que a todas luces se fue definiendo como un preaviso de lo que acabaría por llegar: el desmontado de los vestigios”, afirma Zubiaur, que lo recuerda como “una forma de presión” para incomodarlo por su cargo y ser conocedor del “deseo manifiesto del Gobierno de Navarra en colaborar con el Ayuntamiento”, ambos gobernados por UPN. Al fin y al cabo, la oposición municipal, compuesta el frente nacionalista vasco de Eusko Herritarrok (EH) y Batzarre, que no les encajaba el proyecto en su visión de sostenibilidad y contando con el apoyo de los vecinos contrarios a la obra. Por otra parte, los promotores contaban con el respaldo de la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo. Además, durante estas fechas, el 14 de julio de 2001, ETA asesinó a Jose Javier Múgica, concejal de UPN en Leitza. “Nadie comprendió que el Patrimonio Histórico es de todos y el pasado al que se refiere motivo de orgullo, y algo que debía unirnos se convirtió en materia de confrontación”, analiza Zubiaur.

La denuncia de la Iniciativa Ciudadana para la Defensa del Patrimonio llegó al Parlamento de Navarra y a los tribunales. En febrero de 2002, el juez pidió una prueba pericial, encargada a la Sociedad de Ciencias Aranzadi que fue demoledora. El informe presentado en el juzgado denunciaba “un expolio” arqueológico, afirmando que se había perdido “un 25% del depósito arqueológico inicial de gran valor” y denunciando la “utilización abusiva de procedimientos mecánicos” y maquinaria pesada en el yacimiento. Además, los técnicos de la empresa arqueológica requeridos por el juez denunciaron un maltrato personal sufrido durante las visitas y la ocultación de información, señalando a la empresa arqueológica que había ejecutado las intervenciones. Por ello, la denuncia, a demanda de la plataforma vecinal opuesta al proyecto, se amplió en abril de 2002 al Gabinete TRAMA, al director del área de Obras del Ayuntamiento de Pamplona, Ignacio Balsa, y al jefe de la obra, Javier Castrillo.

Por su parte, la empresa que dirigía Mercedes Unzu afirma un cuarto de siglo después que “la intervención de Aranzadi estuvo claramente condicionada por ese contexto [de contestación política y social] y partió de unas conclusiones prácticamente predeterminadas”. La Sociedad Aranzadi “mostró graves deficiencias en su trabajo”, argumenta García-Barberena, que se apoya en que “una valoración arqueológica realizada en buena medida desde una verja, con tan escaso trabajo directo y sin estudiar la documentación disponible, difícilmente puede considerarse una pericial científica rigurosa”. Ante las “gravísimas acusaciones” de la Sociedad Aranzadi, Gabinete TRAMA emitió su propio informe contrapericial que abordó “punto por punto” la entregada ante el juez.

25 años después la hija de la que era directora de la empresa y dirigió la intervención declara que “las diligencias judiciales no fueron lo más grave”, pues el procedimiento fue sobreseído. “Francamente, el nivel de tensión política y social alcanzó dimensiones absolutamente desproporcionadas”, expresa García-Barberena a día de hoy, y añade que la situación “dio lugar a situaciones profundamente injustas y dolorosas”, como “insultos, amenazas constantes, lanzamiento de piedras desde el exterior de las obras e incluso intentos de dañar vehículos”. “Algunos integrantes del equipo llegaron a recibir amenazas de muerte, cuenta”. Los arqueólogos, que “no representaban a ningún partido ni defendían el proyecto político de nadie”, fueron “señalados, insultados y amenazados simplemente por cumplir con su trabajo”, pues no dependía de ellos ninguna decisión sobre el tratamiento o destino de los restos. “Eso fue la parte más dura de todo aquel proceso”, recuerda.

Respecto a los restos arqueológicos que posteriormente aparecieron en al escombrera de Beriain, uno de los asuntos que más polvareda levantó, Gabinete TRAMA defiende que se trataban de “un número muy reducido de fragmentos cerámicos, algunos de ellos de cronología moderna y ninguno de carácter excepcional”. “Cualquier profesional que haya excavado sabe que, al mover semejante volumen de tierra [como supuso la obra de la plaza del Castillo], puede pasar ocasionalmente a la terrera algún fragmento residual. Yo misma he visitado excavaciones desarrolladas por Aranzadi, como las de Zaldua, y he encontrado algún fragmento cerámico en la terrera, como sucede en prácticamente todas las excavaciones”, afirma García-Barberena.

En contra de lo expresado por el Gabinete TRAMA y algunos de los propios técnicos de la Institución Príncipe de Viana, el organismo dirigido por Corpas y dependiente del Gobierno de Navarra autorizó el desmontado de las estructuras del yacimiento. El único motivo, “liberar el solar” para que se “permitiese la construcción del aparcamiento, supeditando la protección del Patrimonio a una obra de tal naturaleza”, afirma Zubiaur, motivo por el que presentó su dimisión ante el Presidente del Gobierno Miguel Sanz (UPN).

Las presiones hacia el jefe de Arqueología del propio gobierno de Navarra llegaron a tal punto que afirma haber sido “puenteado” en las decisiones y que se le acusó de “abertzalismo”. “[La marginación fue tal] que la directora de Gabinete Trama fue amonestada por carta del Director General por haberme explicado en particular in situ la marcha de las excavaciones”, narra Zubiaur. Un cuarto de siglo después, lo que más le duele fueron los “silencios de personas relevantes, entidades e instituciones”.

Desmantelación de los restos

Por su parte, al equipo de arqueólogos del Gabinete TRAMA “se les planteó un verdadero conflicto ético”. “No compartían el desmontaje y tampoco aprobaban que se acometiera sin una pauta de actuación detallada que garantizase su adecuado control arqueológico”, cuenta García-Barberena. La situación empujó a los integrantes de la excavación a adoptar “una suerte de objeción de conciencia profesional”, de forma que centraron el trabajo en otros sectores y mantuvieron los servicios mínimos en las termas. Tal y como figura en la carta que los técnicos arqueólogos enviaron al Gobierno de Navarra el 29 de mayo de 2002, este último trabajo en las termas por parte de la empresa tenía como “único fin” recoger “el mayor número de datos posible” antes de su desmontaje.

El único vestigio arqueológico cuya conservación e integración en el proyecto vino impuesta por la legislación fue el tramo de muralla medieval, de algo más de cien metros de longitud, perteneciente al castillo de Fernando el Católico. Fruto de la persistencia de “un arqueólogo” de la Institución Príncipe de Viana que no estaba de acuerdo con que se “orillara en la información” a Zubiaur, según cuenta él mismo.

En cambio, el resto de los hallazgos, entre ellos el mayor complejo termal romano descubierto en el norte de España, una excepcional necrópolis islámica con más de un centenar de tumbas orientadas hacia La Meca y la trama urbana del antiguo barrio medieval de Zurriburbu, fue exhaustivamente documentado, desmontado en su totalidad y posteriormente almacenado. Esta decisión se adoptó pese a la oposición expresa de los arqueólogos del Gabinete TRAMA, responsables de las excavaciones, así como de varios catedráticos especializados en Arqueología.

La plaza se abrió el 5 de junio de 2004, aunque sin acto de inauguración, ya que el Parlamento de Navarra había prohibido oficialmente este tipo de celebraciones durante el periodo electoral. Ese mismo día, un periódico local dejaba constancia en una crónica del primer vehículo en acceder al parking. Un Seat Ibiza de un residente del segundo Ensanche. El conductor, “un ecuatoriano de 45 años”, llegaba al recién inaugurado aparcamiento por casualidad y junto a “su mujer y su cuñada que iban a hacer compras”. “Para su sorpresa, fue recibido por la alcaldesa” Barcina en la entrada, que frente a los medios de comunicación aprovechó para anunciar “una fiesta para después de los comicios europeos”.

La presentación de la nueva plaza a la sociedad se hizo el 27 de junio de 2004, según los periodistas asistentes, con fuegos artificiales, música y geranios rojos. La plataforma que promovió el referéndum sobre las obras, sin embargo, afirmaba que no había “nada que celebrar”.

En la actualidad, los restos aparecidos en las excavaciones arqueológicas de la Plaza del Castillo se custodian en los Fondos de Arqueología del Gobierno de Navarra, donde “están a disposición de la ciudadanía, mediante una petición razonada”, afirman desde el Departamento de Cultura, Deporte y Turismo. Por otra parte, “material constructivo que recibió entonces la consideración como de carente valor arqueológico, fue expurgado mediante entierro en lugares controlados de la ciudad”. Según artículos de prensa local, algunos de estos restos “carentes de valor arqueológico” se llevaron al barrio de Lezkairu y se depositaron en una ladera que luego se convirtió en un jardín.

A pesar de la petición expresa de este medio, la Institución Príncipe de Viana no ha querido valorar “actuaciones y decisiones tomadas o ejecutadas hace 25 años”. García-Barberena, a pesar de todo, hace un balance positivo de la excavación. “Consideramos que fue una de las intervenciones arqueológicas urbanas mejor documentadas de Navarra”, lo que dio “lugar a numerosas publicaciones científicas y a trabajos de investigación de gran alcance” por la “extraordinaria cantidad y variedad de restos” encontrados, afirma 25 años después. Respecto a cómo se gestionaría un hallazgo así en la actualidad, no tiene dudas. “Si una situación semejante se planteara hoy, la Administración no adoptaría la misma decisión y las termas se conservarían”.

Sin embargo, Zubiaur no conserva tales esperanzas a futuro. “Llegué a la conclusión de que el patrimonio histórico estorba siempre que existen intereses”, sintetiza de su experiencia.

Volvemos a escuchar un episodio al hilo de la imputación de Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional, que le investiga por un delito de tráfico de influencias. Nos preguntamos por qué el ex presidente socialista, tras dejar el Gobierno, no hizo lo mismo que otros antiguos cargos públicos: fichar por empresas dedicadas a influir en decisiones políticas, si quería dedicarse a lo mismo que ellos. ¿Por qué iba a esconderse detrás de empresas instrumentales de un amigo, cobrando una comisión encubierta con facturas falsas?

Con Alfonso López, fundador y presidente de la consultora de relaciones institucionales, o lobby, Rud Pedersen en España, y con Javier Lillo, periodista de Tribunales de elDiario.es, nos centramos en una clave de toda esta historia: ¿Cuál es la diferencia entre el lobby que hacen otros y el delito de tráfico de influencias por el que un juez de la Audiencia Nacional investiga a Zapatero?

*** Este episodio se emitió por primera vez el 21 de mayo de 2026***

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Ni se corrompió, ni influyó en el rescate de Plus Ultra, ni creó una sociedad offshore, ni utilizó a sus hijas como testaferros. Zapatero defiende su inocencia. Otra vez. Esta, ante las cámaras de TVE, después de 65 días de silencio desde que declaró como imputado ante la Audiencia Nacional por siete delitos, entre ellos el de tráfico de influencias. Pero, la pregunta sobre de dónde salieron las joyas que le fueron incautadas por la UDEF y clavadas en el corazón de la izquierda sigue sin respuesta, si bien de sus palabras se deduce que le fueron entregadas durante su etapa como presidente del Gobierno. De lo contrario no hubiera aceptado como discutible el incumplimiento del Código del buen Gobierno aprobado durante su mandato. ¿Devolverlas? Ya están en manos de la policía judicial y al expresidente le producen una “alergia profunda”.

Hay algo muy extraño en ver a un expresidente con una dilatada y reconocida carrera política sentado en un plató para hablar sin decir nada de joyas, de derechos fundamentales, de confianza en la justicia, de relaciones personales, del derecho de defensa de los imputados en un proceso penal… Había ante las cámaras un hombre visiblemente desgastado y en ocasiones enfurecido por algunos titulares publicados, incluidos los que dan por bueno que la entrevista que concedió a Mañaneros 360 fue por recomendación del Gobierno. Nada hubo de eso.

La decisión tuvo que ver con el impacto que su imputación ha tenido en el conjunto de la izquierda, más allá de los límites del PSOE, y con la decepción profunda que Zapatero sabe que sienten quienes hasta ahora le reivindicaban como faro moral y ejemplo a seguir entre los ex que orbitan en la política. A todos ellos les pidió que confíen en él, no por fe ni por cariño, sino por los hechos. El problema es que los hechos conocidos hasta ahora, y no aclarados por el expresidente, siguen siendo inciertos, lo que añade más dudas a la incertidumbre ya suscitada. Hay quien en el PSOE cree incluso que Zapatero concedió la entrevista “para que le quieran y no para que le crean”.

Aunque el desgaste del expresidente merece leerse con algo de humanidad, la empatía por el sufrimiento acumulado, los derechos vulnerados o el daño familiar no pueden sustituir el escrutinio sobre lo que dijo, sobre todo lo que no dijo. Porque más allá de la solemnidad con la que afirmó no haberse nunca corrompido y distinguir entre la relación personal y la estrategia de defensa del que parece sigue siendo su amigo Julio Martínez, pese a haberle traicionado con un escrito ante la Fiscalía en el que le acusa de cobrar una comisión del 1% por el rescate de Plus Ultra, poco aportó.

Sigue incomprensiblemente sin desvelar la procedencia de las joyas y el valor otorgado en el peritaje que encargó después de que el juzgado las valorara en 1,3 millones de euros. Su argumento es que debe respetar el procedimiento y hablar primero ante el juez, pero lo cierto es que se comprometió a hacerlo diez días después de declarar en la Audiencia y ha pasado ya mes y medio. “Es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años. Su valor será sometido a contradicción, no había afán patrimonial. No podíamos imaginar su valor. No voy a decir el país de origen. No hay intención de defraudar, fue un regalo de cortesía personal, sin uso. Esa es la verdad”, fue todo lo que declaró al respecto.

Por lo demás, insistió en que no intervino, ni habló con la SEPI o el Gobierno para mediar en el rescate de Plus Ultra, pese a la contradicción con el testimonio reciente de Julio Martínez. Luego, subrayó lo evidente, esto es que corresponde a la acusación demostrar los hechos que se le imputan y no al investigado demostrar su inocencia, sin embargo, cuando existe un testimonio directo en su contra el silencio no suele ser un buen aliado.

La facturación de la empresa de sus hijas, uno de los asuntos que más ha alimentado a la prensa carnívora en los últimos tiempos, apenas le mereció una negación genérica y el anuncio de que ellas mismas se encargarán de demostrar su inocencia. Una protección familiar, legítima en lo humano, que no resuelve tampoco la pregunta sobre el origen del dinero cobrado, cuyas cantidades por cierto puso en cuestión el expresidente.

La entrevista, en resumen, no zanja nada, solo desplaza el problema porque Zapatero puede repetir cuantas veces quiera que es inocente y que nunca se corrompió -y tiene todo el derecho a decirlo mientras no se demuestre lo contrario—, pero una negación reiterada en un plató no es una prueba como, por cierto, tampoco lo es el testimonio de un empresario hasta que se contraste documentalmente. Las dudas persisten.

La defensa de Jorge Fernández Díaz ha solicitado este miércoles su absolución en el juicio del caso Kitchen porque entiende que durante la vista, que empezó hace tres meses, “no se ha acreditado” ninguno de los tres delitos por los que la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para el ex ministro del Interior. Jesús Mandri, el letrado de Fernández Díaz, ha defendido que Kitchen fue “una operación de inteligencia, no parapolicial” y que, de ella, no fue informado el ministro del Interior, como tampoco lo era de otras muchas porque su cargo no consistía en estar encima de los dispositivos policiales.

“Interior es una de las carteras más complicadas del Gobierno, con más de 200.000 funcionarios a su cargo, con una agenda parlamentaria e internacional intensa y, por eso, nunca se le informa [al ministro] de las operaciones policiales ni del uso de los fondos reservados”, ha expuesto Mandri, que ha intervenido durante cerca de dos horas.

Fernández Díaz está acusado de los delitos de encubrimiento, malversación de fondos públicos y contra la intimidad, por las maniobras contra Bárcenas y su familia orquestadas presuntamente desde el Ministerio del Interior para sustraer la documentación que el ex tesorero del PP pudiera esconder en 2013 de la financiación irregular del PP y de los pagos con dinero negro a sus principales dirigentes, incluido el entonces presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy.

La prueba principal contra Fernández Díaz son los mensajes que aportó ante dos notarios su número dos, Francisco Martínez, cuando se vió en peligro de ser imputado y al comprobar que el ministro se desvinculaba en público de cualquier conocimiento de Kitchen. En esos mensajes, Fernández Díaz aparece informando al secretario de Estado de la existencia del confidente en el entorno de la familia Bárcenas, el chófer, de su identidad o de los avances de la operación.

La principal línea de defensa durante el juicio ha sido desacreditar esos mensajes, que Martínez borró antes de que fuera incautado su teléfono. “Esos mensajes nunca existieron y si existieron nunca fueron enviados o reenviados por Jorge Fernández Díaz”, ha dicho este miércoles su abogado. El letrado ha desacreditado el testimonio de los peritos y ha deslizado, incluso, que uno de ellos mintió en el juicio.

Los peritos no comprobaron si ese teléfono que aparecía en la agenda del terminal de Martínez a nombre de “Jorge Fernández Díaz” pertenecía en realidad al ministro. Sin embargo, el fiscal defendió en su alegato final que está acreditado que era un teléfono del Ministerio del Interior en la época y que después el número ha seguido siendo utilizado por el entonces titular de la cartera.

Mandri ha destacado que no hay grabación alguna ni anotación en la agenda de Villarejo sobre encuentros entre ambos. En este sentido ha impugnado que se tome como prueba un encuentro entre el policía y el ministro de 2012 en el que se fragua la Operación Cataluña porque, ha dicho, nada tiene que ver con la causa y no ha sido sometida a ninguna comprobación de veracidad. Fernández Díaz ha cambiado de versión varias ocasiones sobre si conocía a Villarejo después de que revelaciones periodísticas hayan demostrado que mentía.

En las agendas de Villarejo sí hay múltiples referencias al ministro del Interior y su conocimiento de la operación Kitchen. El investigador principal del caso, el inspector jefe Gonzalo Fraga, dijo en el juicio que las anotaciones que Villarejo allí hacían no eran un montaje –“Villarejo no se engana a sí mismo”– pero el abogado del acusado ha defendido que “no son prueba de absolutamente nada”.

Respecto al carácter de “inteligencia” de la operación Kitchen, Mandri ha dicho que así consta en los epítetos que le dedicaba Villarejo en una carpeta que se le incautó, a la que el abogado sí ha dado credibilidad. Y que la operación, en línea con la tesis de la defensa del resto de investigados, buscaba encontrar dinero aún oculto por Bárcenas y sus testaferros, pese a que el investigador de la caja B ha negado que fuera informado jamás del operativo.

Asimismo, el abogado ha defendido que Fernández Díaz no tenía ningún interés personal en encontrar la supuesta información comprometedora para el PP porque él no aparece en los papeles de Bárcenas ni como receptor de dinero negro. “No le afectaba la información del señor Bárcenas”, ha asegurado el letrado.

El número dos, de acuerdo con Fernández Díaz

Durante todo el juicio las defensas han exhibido un concierto en la línea de defensa. Ha llamado especialmente la atención la cordialidad entre Fernández Díaz y Francisco Martínez, quienes mantuvieron un agrio enfrentamiento durante la instrucción, visualizado en el careo que organizó el juez instructor. En su alegato final, el abogado de Martínez ha coincidido con el del ex ministro en que la Kitchen fue “una operación real policial, lícita y legal, de inteligencia, para buscar dinero, patrimonio, de Bárcenas y su familia”.

Colina ha defendido la actuación policial como “una operación de Estado”. “Si no se hubiera investigado se habría cometido verdaderamente el delito”, ha afirmado, en relación a la supuesta búsqueda del dinero escondido por Bárcenas y sus presuntos testaferros.

“Nos hemos tirado casi tres meses de juicio, han declarado aquí un montón de personas y ningún testigo, ningún perito ha venido aquí a contarnos que existe la 'Operación Kitchen' tal y como las han concebido las acusaciones. Ninguno”, ha asegurado Colina.

Marcos Benavent (1970), autodenominado 'yonqui del dinero', se despidió el pasado viernes de los periodistas encargados de la información de tribunales tras haber recogido el “papelito” de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia que le notificaba la firmeza de la condena a casi ocho años de prisión como autor de los delitos de blanqueo y falsedad. “Mucho ánimo”, nos dijo Benavent a los pocos informadores que nos arremolinamos a la entrada de la Ciudad de la Justicia. Casi que sería al revés, pensé yo. El 'yonqui del dinero' encara —con estoicismo— una etapa terrible para cualquier ser humano y se dispone a elegir el centro penitenciario en el que cumplirá la primera condena dictada en un fallo firme en el marco del 'caso Taula'. Una “temporadita” entre rejas, según afirmó. “¿Qué opinas de Víctor de Aldama?”, le pregunté sabiendo que desde que el otrora empresario favorito del exministro José Luis Ábalos se había librado de su estancia en la penitenciaría, el 'yonqui del dinero' habría meditado mucho sobre el citado personaje, nuevo icono de las derechas españolas. “Él sabrá, supongo que a lo mejor pactaría con el fiscal”, contestó Benavent.

El empresario Víctor de Aldama y el expolítico Marcos Benavent son la noche y el día de los arrepentidos del bipartidismo corrupto español y de las estrategias de defensa. Benavent pilló el ciclo de hegemonía del PP valenciano y ejerció como una suerte de recaudador de mordidas ante el empresariado autóctono, siempre dispuesto a rellenar el cazo del partido que controlaba la obra pública y el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Situado políticamente a la vera de Alfonso Rus, grabó al menos una decena de horas de inoportunas y comprometedoras conversaciones con sus correligionarios del PP. A lo largo de la instrucción del 'caso Taula' (la pieza principal aún sigue abierta más de una década después del inicio de las diligencias) nos fuimos enterando de detalles para muy cafeteros de la actuación de Marcos Benavent. Empezó grabando con un Nokia (cómodo terminal telefónico que retrataría toda una época en una escena de cualquier serie o película). Nunca nadie del PP provincial de Valencia pilló al simpático personaje grabando (seguramente a nadie se le pasó por la cabeza que su interlocutor cometiera tamaña temeridad, a tenor del tema principal de la conversación: el saqueo al erario). ¿Por qué lo hizo? Quizá como un seguro ante eventuales deudas o navajazos internos. Vaya usted a saber.

Lo cierto es que los audios se quedaron en un ordenador en casa de su exsuegro, el empresario Mariano López, otro personaje digno de cualquier buena trama a la valenciana. Tras un traumático divorcio de su hija con Benavent, el exsuegro puso las grabaciones en manos de la única diputada provincial que le daba caña a Rus: Rosa Pérez Garijo, de Esquerra Unida del País Valencià. Lo hizo, según ha reconocido varias veces, por venganza pura y dura.

Sin la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Pérez Garijo, el PP de la provincia de Valencia podría haber seguido a lo suyo otra década tranquilamente. Los últimos días en el poder en la Diputación de Valencia de Alfonso Rus y sus asociados figuran narrados en una excelente obra de teatro sin estrenar (supervisada por el 'yonqui del dinero'), de cuyo manuscrito inédito informó en detalle elDiario.es. Un monólogo de no ficción —ojalá algún día se estrene— que relata cómo el PP de Rus sabía perfectamente que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil les seguía la pista.

Benavent, gerente de la empresa pública de la Diputación, puso tierra de por medio y se largó a viajar por el mundo. La aventura del protagonista por Japón, Ecuador y Holanda se pudo reconstruir gracias a la novela —por decir algo— que escribió una exnovia del 'yonqui del dinero', también a modo de vendetta. En fin, que al final Marcos Benavent volvió a España, le dio a su abogado Ramir Blasco todos los papeles que escondía de su etapa en la política y empezó a colaborar con la UCO y con Anticorrupción, llevándose por delante a medio PP de la provincia de Valencia (al menos a los cargos que más grabó, porque alguno que otro con el que tenía cierta amistad no aparece en las 10 horas de audios).

La primera vez que compareció en la Ciudad de la Justicia emergió como un antiguo pícaro jubilado de la política y renacido en el cuerpo de un místico arrepentido y se bautizó él mismo ante las cámaras como el 'yonqui del dinero', el mote que le ha acompañado desde entonces en términos mediáticos. Benavent conectó enseguida con la genealogía de personajes del imaginario colectivo de la corrupción valenciana, formada por tipos inolvidables como Alvarito Pérez El Bigotes o aquellos fulanos del PP de Rita Barberá que se fundieron el presupuesto público de la depuradora de València en prostitutas, a las que disfrazaban en la facturación en A como traductoras rumanas sin ser ellos precisamente apasionados lectores de la literatura centroeuropea.

Todo aquello, cómo no, tenía mucho de mascletà fallera. Sin embargo, detrás de los fuegos artificiales pasaban cosas importantes que solo muchos años después se han podido acreditar. Entre los papeles que guardaba Benavent y que pasaron a manos de la UCO había un documento que le había dado un empresario sirio. Unos apuntes sobre empresas mercantiles con los que Imad Al Naddaf se topó en una vivienda que había alquilado en València y cuyo inquilino anterior era nada más y nada menos que Eduardo Zaplana (el tránsito de papeles fue objeto de un abundante debate en el juicio en el que Zaplana se sentó en el banquillo de los acusados y que acabó en una severa condena).

El periodista Quico Arabí, gran conocedor de estos cenagales y mejor persona, siempre usa la metáfora del alcantarillado de la corrupción: en lo subterráneo todo está conectado, bajas a una cloaca en el barrio de l'Eixample y sales en Campanar sin haber frenado en semáforo alguno. La UCO registró el despacho del abogado de Benavent (más que un registro fue una fiesta de pijamas) e intervino las cajas con los papeles del antiguo gerente de la empresa pública Imelsa, que incluían un regalito en forma de papeles comprometedores para Eduardo Zaplana (y también para el campista Juan Cotino, enemigo íntimo en la política autonómica y socio en sonados pelotazos). La UCO se puso a investigar en secreto y, al final de la película, Zaplana fue condenado a 10 años de prisión en primera instancia (en una sentencia pendiente del recurso ante el Tribunal Supremo).

La metáfora de Arabí es plenamente correcta y está contrastada con la pura realidad. Del 'caso Taula' nació el 'caso Erial', con Eduardo Zaplana de protagonista principal; pero asimismo el 'caso Azud', que implicaba de lleno a nuevos personajes de la etapa de Rita Barberá (no solo del PP, también de la oposición del PSPV-PSOE) y tenía como actor estelar al abogado José María Corbín, cuñado de la alcaldesa.

Sabor a árbol envenenado

En fin, cuento todo este rollo porque las causas que afectaban a Zaplana, al clan Cotino y a unos cuantos empresarios importantes de la ciudad eran frutos de un árbol llamado 'caso Taula', con sus 10 horitas de audios como principal prueba. Algunos empezaron a saborear la teoría del árbol envenenado (lean esta estupenda columna de Ignacio Escolar sobre su aplicación a los últimos procedimientos judiciales). Si el recorrido por el apestoso subsuelo, linterna en mano, de los picoletos de la UCO y del fiscal Pablo Ponce dependía en origen de las grabaciones del 'yonqui del dinero', una salida limpia para una cantidad nada desdeñable de imputados en varias causas pasaba por cargarse dicha prueba.

Poca broma: a Eduardo Zaplana, gracias por arte de birlibirloque al 'caso Taula', le trincaron un espléndido botín en Andorra a nombre de testaferros, sin que el expresident de la Generalitat Valenciana, nacido en Cartagena y criado en Benidorm, tuviera a mano un avi Florenci al que recurrir en defensa de su honorabilidad como su homólogo catalán.

Toda la estrategia de colaboración de Benavent con Anticorrupción se vino abajo en 2021, cuando el Ministerio Público le pidió ocho años de prisión de cara al primer juicio del 'caso Taula' por la pieza separada J del procedimiento. Sin comerlo ni beberlo, el 'yonqui del dinero' se deshizo de su abogado inicial, contrató a uno de los penalistas más conocidos de València y se desdijo de todo lo que había declarado ante la UCO y el juez instructor.

Dicha táctica, con más pena que gloria, salió a la superficie en el juicio del 'caso Erial', en el que Benavent declaró a petición de la defensa de Zaplana, al igual que el excomisario José Manuel Villarejo. Recuerdo una escena genial, acaecida el 9 de mayo de 2024, que también presenciaron mis queridos colegas Quico Arabí y Laura Ballester. Yo, que entonces era felizmente fumador, apuraba siempre el tiempo antes de entrar a las largas vistas del juicio y llegué tarde aquel día. Afortunadamente, el tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia llegó aún más tarde y, cuando se abrió la puerta del ascensor, allí estaban los dos testigos a la entrada de la Sala Tirant de la Ciudad de la Justicia: Benavent y Villarejo, ambos quejándose al unísono del tratamiento mediático recibido.

Aproveché para dialogar con Villarejo sobre uno de los primeros jefes que tuvo en la Policía, el comisario de la Brigada Político Social Roberto Conesa, del que habíamos publicado en exclusiva su expediente inédito, con motivo del 25 aniversario de su fallecimiento (el extenso periodo que impone la normativa para poder acceder a la documentación del archivo del Ministerio del Interior). Inopinadamente, la policía política española afloró bastante en el juicio. El abogado que ejercía la defensa de Zaplana, el exfiscal anticorrupción Daniel Campos, pintó a la UCO prácticamente como una suerte de heredera de la Brigada Político Social franquista.

José Manuel Villarejo explicó ante el tribunal una película sobre una supuesta maniobra del CNI contra Zaplana. Por su parte, el primer abogado de Benavent avaló de plano el registro de su despacho, en el que los investigadores hallaron la prueba contra Zaplana. Y el 'yonqui del dinero' interpretó su nuevo papel de arrepentido de haberse arrepentido y acusó a su exletrado rojo de haberlo teledirigido contra el PP (dijo que Ramir Blasco era tan extremadamente de izquierdas que veraneaba en Corea del Norte, lo cual era cierto por otro lado). La verdad es que, como se pueden imaginar, fue un juicio agónico pero divertidísimo.

A quien fuera que se le ocurriera lo del árbol envenenado, la cosa le salió más bien mal (espero que no desembolsara demasiado dinero). En el 'caso Taula', la nueva estrategia de defensa de Benavent se centró en tratar de anular las grabaciones. Sin embargo, todas las secciones de la Audiencia de Valencia que han dictado sentencia en juicios de piezas separadas de la causa han avalado los audios. Tanto en el plano técnico y pericial como en el jurídico. Incluso la sentencia que absolvió a Marcos Benavent en una de las piezas reconoció que los audios eran plenamente válidos. El consenso ha sido total y el Tribunal Supremo avaló el pasado 26 de junio la validez de las grabaciones sonoras. Tampoco sirvió de nada que el 'yonqui del dinero' alegara que declaró ante la UCO “muy fumado” de marihuana.

“Buen verano a todos”

La sentencia del alto tribunal destinó al 'yonqui del dinero' a la prisión, tras “11 años de espera”, según destacó Benavent en su última aparición pública. A la pregunta de si se arrepentía de haber dejado de colaborar con la Fiscalía Anticorrupción, respondió: “He colaborado todo lo que he podido”. Sin embargo, las cosas no funcionan exactamente así —sobre todo si dejas de colaborar a medio camino— y la casuística de Aldama lo confirma.

Marcos Benavent, eso sí, no ha perdido el optimismo y el buen humor que le han caracterizado casi siempre: “Hay que ser positivos en la vida”, manifestó este pasado viernes después de que la sección quinta de la Audiencia de Valencia le notificara que su condena ya era firme y emplazara al reo a escoger cárcel.

Tras despedirse amigablemente de los periodistas que le hemos seguido la pista desde hace ya unos cuantos años, nos dijo: “Buenas vacaciones, buen verano a todos, que vaya bien”. Quizá el 'yonqui del dinero' explique algún día quién lo lió para tratar de tumbar la causa. Desde luego, a Marcos Benavent la cuenta le ha salido más cara que a Víctor de Aldama.

Jorge Vázquez, director general de Andalucía Global, ha anunciado su renuncia al cargo tras verse vinculado a una referencia en uno de los grupos de redes sociales intervenidos al grupo de empresarios investigados por blanqueo de capitales y detenidos la pasada semana en El Puerto de Santa María (Cádiz).

Según ha indicado a Europa Press, da este paso ante las informaciones publicadas “con el único objetivo de no perjudicar a la institución que hasta la fecha he representado y con plena confianza en que los hechos quedarán esclarecidos”.

La Guardia Civil llevó a cabo la semana pasada una operación contra el blanqueo de capitales con registros en un despacho de la Diputación de Cádiz, así como en oficinas y locales de hostelerías de El Puerto y de la provincia de Sevilla. Detuvo a once personas, de las que dos, tras pasar a disposición judicial, ingresaron en prisión y seis quedaron en libertad provisional con la obligación de comparecer en sede judicial cuando sean llamados.

Se investiga la comisión de presuntos delitos de blanqueo de capitales en el marco de una organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

Blanqueo a través de contratos de patrocinio

Los investigadores sospechan que el promotor portuense Pascual Llopis y el empresario sevillano Mario García, ambos en prisión preventiva, blanquearon dinero del narco a través de contratos de patrocinio de festivales y conciertos con la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz, ambas gobernadas por el PP.

“Primero hay que usar siempre a Germán [Beardo, alcalde de El Puerto y vicepresidente cuarto de la Diputación de Cádiz] y al PP”, señala García en una conversación de Whatsapp intervenida por los investigadores, y en la que se comenta su intención de expandir el Festival Puro Latino. Días antes, el propio García había intentado averiguar si se le había ofrecido o dado “algo” a Gordo, un alto cargo de la Junta de Andalucía. “Yo es que para eso soy muy generoso”, escribe, antes de sugerir una mordida del 10% y “regalitos todo el año”, según los mensajes desvelados por El País. “A ese le gusta tela”, dicen de él, antes que otro empresario proponga regalarle un jamón, y “dentro, métele tres o cinco mil euros”

Diario de Cádiz informó este jueves de que uno de los testigos ha declarado ante el juez que el político al que llamaban Gordo podía ser Jorge Vázquez, director general de Andalucía Global, órgano dependiente de la Consejería de Turismo y Acción Exterior de la Junta, y ex delegado de Cultura en Cádiz.

Los investigadores creen que Mario García encabeza una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y usaba a Pascual Llopis como testaferro y herramienta de blanqueo de los beneficios a través de conciertos y el festival Puro Latino. Los investigadores encontraron 1.166.000 euros en efectivo en el domicilio de Llopis, 455.000 de ellos envasados al vacío; y 572.000 en la de García. Este último está investigado por tráfico de cocaína y blanqueo en juzgados de Jerez y Sevilla y se sentará en el banquillo de los acusados por presuntamente inutilizar el Sistema de Vigilancia del Estrecho (SIVE) en 2015, un asunto por el que se enfrenta a seis años de prisión.

En un giro imprevisto, los policías que investigaron el caso Kitchen volverán al trabajo en los próximos días. Con el fin del juicio previsto para el 30 de julio, el actual juez instructor de la causa, Antonio Piña, ha aceptado que la Unidad de Asuntos Internos elabore un informe sobre las comunicaciones entre el comisario José Manuel Villarejo, María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro acerca de las presuntas entregas de dinero de la antigua secretaria general del PP y su entonces marido al policía.

En el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, Piña también ordena que la emisora RAC1 entregue unas grabaciones cuya publicación en marzo de 2025 no consiguió que fueran valoradas por la justicia, permitiendo que María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy se hayan paseado por la vista de Kitchen como testigos, en algunos momentos olvidadizos y en otros, incluso displicentes.

Uno de esos audios muestra cómo el 15 de septiembre de 2014, aproximadamente un año después del grueso de la operación Kitchen, el comisario Villarejo visita a Cospedal en su despacho de la planta séptima de la sede nacional del Partido Popular.

Villarejo: Se ha encontrado hace un mes una documentación complicada… Yo no sé, espero que el ministro se la haya dado al presidente

Cospedal: ¿Pero la habéis encontrado vosotros o el CNI?

Villarejo: No. La hemos encontrado nosotros.

Cospedal: Vosotros. No, porque yo sé que han encontrado. Lo del último mes no lo sé; yo sé que antes habían encontrado y más o menos habían limpiado a este [Bárcenas] todo lo que tenía

Villarejo: Bueno, pues eso…

Cospedal: A mí me lo ha dicho el presidente. No me lo ha dicho nadie más.

Uno de los secretos que quedaba por aclarar de la macrocausa Villarejo era –sigue siendo– el de la pieza 34. El segundo instructor del caso, Manuel García Castellón, decidió abrirla como una suerte de almacén de todos los audios de Villarejo publicados por medios de comunicación, los que fueron volcados en Telegram por el ultra Alvise y los entregados en el juzgado por el empresario Javier Pérez Dolset. Aún es un misterio si todas estas horas de grabación pertenece al aproximadamente 50% de los audios de Villarejo que siguen encriptados en la Audiencia Nacional.

La pieza permaneció inaccesible para las partes durante dos años. En su interior escondía un informe de Asuntos Internos que a punto estuvo de pasar desapercibido. En él, la Policía advertía de que adjuntaba un anexo con unos audios denominados MDCospedal “para su adecuada valoración sobre su posible vinculación con los hechos objeto de investigación (pieza 7 [Kitchen]) por parte de su autoridad”. Esa valoración nunca se produjo.

La acusación popular del PSOE analizó los audios y solicitó, antes del juicio, la imputación de María Dolores de Cospedal, de su exmarido Ignacio López del Hierro y del Partido Popular como persona jurídica. El actual instructor, Antonio Piña, rechazó de plano las aspiraciones de los socialistas con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción. La acusación popular del PSOE ha conseguido que algunos extractos se reproduzcan en el juicio de Kitchen, pero sin apenas alcance: ni Cospedal ni Rajoy llegaron a la vista como acusados.

Tras insistir, la representación del PSOE ha logrado que el juez Piña dicte un auto de aclaración a aquel que denegó la imputación de Cospedal admitiendo las dos diligencias citadas: que se requiera a RAC1 los audios y que Asuntos Internos elabore un nuevo informe. Si este apreciara indicios de delito y el juez asumiera su tesis se abriría una causa independiente del caso Kitchen sobre los nuevos investigados, explican fuentes jurídicas.

Entre los audios que tendrá que analizar Asuntos Internos existen algunos sobre los que la unidad ya se ha pronunciado. En la pieza 34 está el contenido de la grabación publicada por El País en la que Cospedal ordena a Villarejo que detenga la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad B del Partido Popular. Anticorrupción, con el informe de Asuntos Internos, solicitó que Cospedal volviera a ser imputada, pero García Castellón se negó.

En otro de los audios, Cospedal confiesa a Villarejo que el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz le hace entrega de los informes de la UDEF sobre la caja B y Gürtel con solo un día de antelación a que lo tenga el juez. Como el anterior, se trata de grabaciones de 2017.

Un tercer audio es posterior, de 12 de septiembre de 2017. Cospedal suma a su puesto de secretaria general del PP el de ministra de Defensa. Villarejo se ve rodeado por todos los escándalos sobre su patrimonio oculto y sus maniobras extraoficiales. El marido de Cospedal lo recoge en un punto del centro de Madrid y lo conduce al despacho de su esposa. Villarejo le pide ayuda. Cospedal contesta: “Yo hablo con quien tenga que hablar”.

La verdad sobre los pagos encubiertos de Cospedal a Villarejo

De otro lado está el informe que ya ha encargado a Asuntos Internos. La Policía se centrará en uno de los asuntos más graves y en que menos se detuvo el juez García Castellón: las alusiones en la agenda de Villarejo y en las grabaciones a los pagos de Cospedal bajo cuerda al comisario.

El 6 de diciembre de 2012, por ejemplo, Villarejo anotó en su agenda “Cospe: Apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”. “José L. Orti” es José Luis Ortiz, jefe de gabinete de Cospedal entonces y quien también fue investigado en Kitchen antes de que la causa contra él se archivara.

Menos de dos años después, Villarejo volvería a escribir el resumen de su cita con Cospedal en el hotel Orfila el 14 de septiembre de 2014: “18:15 en Orfila [hotel próximo a Génova]. Cambio al final a la sede 7ª [planta de la sede del PP]. Pide que haga un análisis de Esquerra. Comprende que quiera jubilarme. Promete pagar la deuda de 100”.

En el juicio del caso Kitchen, el inspector jefe de Asuntos Internos que ha dirigido toda la investigación contra Villarejo explicó que su método de trabajo sobre las agendas del comisario consistió en cotejar las anotaciones con hechos constatables. La conclusión fue la siguiente: “El señor Villarejo no se engaña a sí mismo. Eran para consumo interno”,

Ahora, el juez Piña ordena a Asuntos Internos que “identifique si entre el material incautado al señor Villarejo se identifican conversaciones con contenido que pueda aportar indicios de criminalidad de este con la señora Cospedal o el señor López [del Hierro], correos electrónicos o transferencias bancarias”.

La jueza de instrucción que investiga al alcalde de Estepona y una de sus concejalas de confianza por la adjudicación del restaurante del Mirador del Carmen a una empresa de su nuera ha requerido al Ayuntamiento para que le entregue toda la documentación que tenga en relación con este asunto. Además, ha acordado suspender la declaración del regidor, José María García Urbano (PP), hasta que haya recabado toda esa documentación: expedientes urbanísticos, de ejecución y control, económicos o de cualquier otro tipo relacionados con la concesión.

El juzgado de instrucción 4 de Estepona investiga a José María García Urbano (PP) por un presunto delito de tráfico de influencias, tras recibir una denuncia de Fiscalía por este caso, desvelado por elDiario.es Andalucía hace ahora tres años. Junto a él están investigados la concejala Ana Velasco, los técnicos municipales que intervinieron en la licitación y la pareja de su hijo, Nadia Odeh Núñez, administradora única de Inversiones Delmar 2022, que se hizo con el espacio en junio de 2023. Inversiones Delmar había sido creada apenas unos meses antes, no tenía experiencia en el sector, y estaba domiciliada en el despacho profesional en Málaga de Salvador Pedraza, quien también es concejal del PP en Estepona.

El fiscal cree que es “evidente” que la adjudicataria “carecía absolutamente de solvencia económica y profesional”, lo que pone en cuestión por qué obtuvo la concesión. En realidad, la mesa de contratación se basó únicamente en un criterio subjetivo: una “carta de intenciones no acreditadas”, según el fiscal, con la oferta gastronómica que pretendía ofrecer. Menos de un año después de recibir el local, Nadia Odeh Núñez vendió las participaciones de su empresa a un conocido empresario esteponero. El pliego prohíbe expresamente la cesión a terceros de la concesión sin autorización del Ayuntamiento.

A petición de la Fiscalía, la jueza pide ahora al Consistorio que le entregue todo lo que tenga en relación a este asunto, y lo detalla en una providencia a la que ha tenido acceso este medio: expedientes urbanísticos, incluyendo licencia de obras, proyecto técnico, actas de replanteo, certificado final de obra y licencia de apertura; expedientes de control, lo que abarca actas de inspección, informes de seguimiento de la concesión, expedientes sancionadores o resoluciones sobre incumplimientos; expedientes económicos, como la liquidación del canon, justificantes de pago, requerimientos o informes de intervención; y, en fin, cualquier otro relacionado con la concesión, como modificaciones de uso, cesiones o transmisiones de la concesión, incidencias o expediente de reversión.

Además, acuerda suspender la declaración como investigado del alcalde, hasta ahora prevista para el próximo 17 de julio, hasta contar con toda la documentación. Es la tercera ocasión en que el regidor evita su comparecencia ante la jueza de este caso. En su día, evitó dar explicaciones al Pleno, y se limitó a señalar que no podía haber nada ilegal porque lo que había desvelado este medio constaba en el Registro Mercantil, y por tanto no se ocultaba.

Declaración del subinspector de la UDEF

En cambio, se mantiene para el 17 de julio la declaración del subinspector del Grupo I de Blanqueo de la Policía Nacional, que firma el informe de la UDEF incorporado a las diligencias.

La UDEF ha indagado en las cuentas los vástagos del alcalde, de Núñez y del beneficiario final de la adjudicación y ha descubierto que García Urbano aportó 20.000 euros a cada uno de sus dos hijos en concepto de “donación” apenas una semana antes de que se constituyera la sociedad. Los agentes sospechan que ese dinero es el que Núñez usó como fianza para participar en la licitación, a la que sólo se presentó otra oferta, en el último minuto, y cuyo contenido económico era idéntico al de Inversiones Delmar. Los agentes creen que la adjudicataria es una empresa creada ad hoc con el único objetivo de “enmascarar” el beneficiario final de la concesión.

Ubicado en las tres últimas plantas (con acceso privado a un mirador al Mediterráneo en la última) del Mirador del Carmen, un edificio a pie de playa en cuya construcción el Ayuntamiento ha invertido 16,3 millones de dinero público, el local paga un canon de 27.000 euros anuales. Sale a 5,35 euros por metro cuadrado, una bicoca para la zona, a poca distancia del Puerto, recién restaurada y abierta al turismo, donde los precios pueden quintuplicarse. Se da la circunstancia, además, de que hasta ahora no consta que la adjudicataria haya pagado ese jugoso canon. Un informe municipal aportado al juzgado ya señaló que no tenía licencia de apertura ni había abonado ninguna de las dos anualidades transcurridas desde 2023.

La torre aloja un conservatorio de música, un auditorio, una biblioteca y una sala de exposiciones que ha expuesto obras de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, Fundación MAPFRE o la Fundación Zuloaga. El restaurante fue abierto en septiembre de 2024 bajo el nombre comercial de Cielo Skybar, y hoy forma parte de un exitoso grupo hostelero de la ciudad.

Además de por este asunto, García Urbano es investigado por otro juzgado de instrucción de la localidad por la contratación para el Ayuntamiento de una “amiga íntima” con la que había mantenido una relación y que nunca fue a trabajar. En este caso volvió a declarar hace 15 días para asegurar que la mujer reportaba verbalmente ante él sus supuestos trabajos, que ella niega que hiciera, y que hasta ahora carecen de cualquier acreditación documental. El juez ve “indicios suficientes” de delito para ir a juicio y está previsto que las acusaciones (PSOE, Vox y Fiscalía) presenten próximamente sus escritos de acusación por presuntos delitos de malversación y prevaricación.

La operación Púnica de corrupción ligada al Partido Popular ha tardado más de una década en convertirse en una sentencia. Más de 200 folios describen una red de “clientelismo político e intercambio de favores” basada en el dominio total que el PP de Esperanza Aguirre ejercía en Madrid en esos años, ejecutado a través de la “posición de poder político” de Francisco Granados y su capacidad para hacer y deshacer en su propio interés y el de su partido. La empresa Waiter Music consiguió más de 10 millones de euros en adjudicaciones públicas para organizar fiestas y eventos en todo el sur de Madrid a cambio de pagar muchas cosas: desde fiestas privadas en casa de políticos hasta cierres de campaña del PP en el Palacio de los Deportes.

La Audiencia Nacional puso en marcha la operación Púnica en octubre de 2014. Decenas de agentes de la Guardia Civil entraron en ayuntamientos de todo el sur de la región y se llevaron detenidos a alcaldes, concejales, altos cargos y empresarios. Y el nombre de un municipio por encima de todos. El epicentro de la trama: Valdemoro. Era donde Francisco Granados había sido alcalde, donde decenas de contratos públicos estaban bajo sospecha y donde el PP gobernaba sin oposición desde 1999. Se trataba de uno de los grandes feudos de la derecha en el sur de la región donde los de Aguirre solían celebrar pomposos actos de campaña con los primeros espadas del partido a nivel nacional.

Que el nombre de Granados —regidor del municipio entre 1999 y 2003 antes de dar el salto a la Comunidad de Madrid— estuviera a la cabeza de la lista de imputados no fue una sorpresa. El otrora hombre fuerte de Esperanza Aguirre y carismático consejero había dejado su escaño en el Senado medio año antes, cuando trascendió que había tenido una cuenta bancaria en Suiza. Las diligencias que entonces llevaba el juez Eloy Velasco, sustituido más tarde por Manuel García-Castellón, demostraron que esa cuenta fue el origen de sus problemas, pero no el mayor de ellos.

La Púnica tuvo media docena de ramificaciones y algunas de ellas han tardado más de una década en llegar a juicio. La última ha sido la que tiene que ver con Waiter Music: la empresa de Aranjuez que dominó durante una década la organización de fiestas patronales, carnavales, cabalgatas y cualquier tipo de eventos allí donde gobernaba el PP y donde Francisco Granados tenía un hilo del que tirar. Como mano derecha de Esperanza Aguirre, tal y como describe la Justicia, siempre tenía un hilo del que tirar.

José Luis Huerta fue uno de los primeros detenidos en declarar ante el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional en octubre de 2014. En su primera comparecencia ante el juez explicó que había conocido a Granados cuando era alcalde y él un empleado de una empresa de eventos. Montó Waiter Music en 2004 y la organización de las fiestas de Valdemoro le abrió las puertas de otros muchos municipios. Ese día sacó pecho de su trabajo: “La discoteca móvil la inventé yo”. Y negó con vehemencia haber amañado concursos públicos o agasajado a políticos a cambio de obtenerlos: “Nunca en la vida, eso lo he llevado por bandera y en la profesión se me distingue por eso”.

Cuatro años después José Luis Huerta volvió a la Audiencia Nacional para reconocer lo que ahora declara probado una sentencia. Que su cercanía a Francisco Granados y al PP le introdujo en ayuntamientos del tamaño de Valdemoro, Móstoles o Algete y también de otros más pequeños como Ciempozuelos, Chinchón, Torrejón de Velasco, San Martín de la Vega y Moraleja de Enmedio. Más de 15 millones de euros en organización de eventos, la mitad salidos de las arcas del pueblo que había gobernado Francisco Granados. Que no fueron, en muchas ocasiones, a cambio de nada. El empresario de Waiter Music falleció en 2020, pero su confesión retumbó en el juicio y figura en la sentencia. Tuvo que hacer “servicios extras” para mantener el favor de Granados y el PP.

Mítines, comuniones y copas navideñas

La contabilidad de José Luis Huerta era un galimatías de números rojos, números verdes y columnas difícil de desentrañar si uno busca una lista normal de contratos públicos adjudicados y cobrados o pendientes de cobro. Waiter Music tenía el privilegio de obtener adjudicaciones a dedo, tener sobrecostes de decenas de miles de euros y de presentar empresas del mismo dueño cuando hacían falta tres candidatos para vestir el fraude. Pero también pagaba un peaje al PP y sus políticos a cambio, y a veces ese dinero era a fondo perdido. “Con toda su cara”, dijo en su confesión de 2018 el empresario Huerta para simbolizar que muchas veces no se le pagaba.

La sentencia declara probado que la empresa de José Luis Huertas, tal y como confesó él mismo, gastó miles de euros en regalos y gastos personales a políticos del PP. En 2008, según la sentencia, pagó 68.000 euros por una fiesta posterior a la comunión de la hija de Francisco Granados a la que, según el propio empresario, acudió la propia Esperanza Aguirre. La sentencia tiene incluso fotos de la comunión de un hijo de la alcaldesa de Algete, también sufragada por el empresario. Una fiesta de cumpleaños del entonces consejero de la Comunidad de Madrid. Bolsos. Pero el gran beneficiario no fue Granados ni sus colaboradores. Fue el Partido Popular.

Waiter Music estuvo años organizando y pagando mítines, reuniones, fiestas y encuentros del Partido Popular en distintos puntos de la Comunidad de Madrid donde gobernaba. Años en los que Esperanza Aguirre, felizmente olvidado el 'tamayazo', encadenaba mayorías absolutas y se dedicaba a inaugurar hospitales y paradas de Metro mientras Mariano Rajoy se hacía con las riendas del PP nacional y José Luis Rodríguez Zapatero gobernaba en la Moncloa. Según la sentencia, la mano de la Púnica estuvo detrás de algunos de los grandes mítines del PP de esa época.

La sentencia menciona el cierre de campaña de las elecciones municipales y autonómicas que el PP celebró en el Palacio de los Deportes en mayo de 2007. Con Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy y Alberto Ruiz-Gallardón dando paso a la holgada mayoría absoluta de la 'lideresa' con el acompañamiento musical de las Azúcar Moreno. También el mitin celebrado en Valdemoro que, un año después, metió en la campaña de las generales de 2008 a José María Aznar. Ese día un enardecido Francisco Granados arengó al público con improperios al doctor Luis Montes y Aznar, que cumplía cuatro años fuera de la Moncloa, se lanzó contra Zapatero, instando a ganar sin “hacer chorradas con la ceja”.

La sentencia menciona más peajes 'populares' con los que Waiter Music potenció los actos del PP por toda la región. “Multitud de eventos” en Valdemoro, pero también una lista larga de “extras” en Ciempozuelos, donde gobernaba la condenada María Ángeles Herrera. Allí Waiter Music montó eventos del partido e incluso un mitin de 2008 donde se entregó una medalla a Rodrigo Rato, que con los años pasaría por la cárcel. En Móstoles, localidad de más de 200.000 habitantes, los jueces también hablan de un “elenco de irregularidades” en la contratación de Waiter Music “favoreciendo el desvío de dinero público y destinándolo al pago de eventos privados organizados por el Partido Popular” y su grupo en la localidad en las elecciones autonómicas de 2011.

No todos los contratos adjudicados a Waiter Music son considerados delictivos y no todos los políticos encausados han terminado condenados. Junto con Francisco Granados y sus sucesores al frente de la alcaldía de Valdemoro (José Miguel Moreno y José Carlos Boza) son condenados los regidores de Ciempozuelos y Moraleja de Enmedio, pero otros son absueltos, como es el caso de los dos exalcaldes de Móstoles encausados. En su caso no hay pruebas de que ellos gestionaran de forma directa la contratación de Waiter Music. En una ciudad como Móstoles, dice la Audiencia Nacional, llegar a ese nivel de irregularidades “debía de contar con el conocimiento y autorización de autoridades, funcionarios públicos municipales e integrantes del Grupo Municipal Popular de Móstoles, que promovieron, facilitaron y autorizaron este tipo de prácticas”.

Dos tramas en el Madrid de Aguirre

Las fechas de la sentencia conocida esta semana, y que todavía es recurrible, revelan una cosa: que la Púnica y la Gürtel convivieron en paz y armonía en distintas zonas de Madrid y con distintas familias del PP durante varios años. Mientras los de Francisco Correa parasitaban los ayuntamientos de Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey de la mano de sus alcaldes, la Púnica conquistaba ayuntamientos del sur de la mano de Francisco Granados. Todo mientras Esperanza Aguirre conquistaba la Puerta del Sol y empezaba su fulgurante ascenso hasta la consideración de lideresa con unos mítines organizados por las tramas corruptas. Porque si algo une a la Gürtel y la Púnica, además de los contratos amañados y las comisiones, es la organización de actos de Esperanza Aguirre como moneda de cambio.

La resolución de la Audiencia Nacional zanja con una condena de dos años de cárcel la participación de David Erguido, entonces concejal de Aranjuez, pero “hombre de confianza” de Granados como asesor en la consejería que, con el tiempo, se convirtió en un dolor de cabeza para el PP nacional. Tuvo que dejar su escaño en el Senado tras ser imputado en la Púnica y se mantuvo como diputado regional del PP de Isabel Díaz Ayuso en Vallecas hasta su desaparición de las listas del partido para las autonómicas de 2021.

Erguido llevaba desde 2010 en la Asamblea de Madrid, donde entró en sustitución del hoy también condenado Alfredo Prada, y según la sentencia maniobró como concejal de Algete para que Waiter Music fuera contratada. Pero también obtuvo un beneficio para sí mismo. Waiter Music le organizó un evento en marzo de 2008 en el campo de golf del Canal de Isabel II, con la intervención de “cuatro mariachis” y con un coste de 1.800 euros “pendiente de liquidar con dinero público”. El mismo campo de golf que levantó Esperanza Aguirre en 2007 en Chamberí, que fue declarado ilegal por los tribunales y demolido y cuya adjudicación será juzgada como parte del caso de corrupción Lezo.

Muy por encima de Erguido, la sentencia otorga un papel protagonista a Francisco Granados en el ascenso y caída de Waiter Music y su papel como organizador de eventos de cabecera del PP de diversos municipios. Él tenía una “capacidad real de influencia” en Valdemoro, primero como alcalde y después como consejero de Aguirre, aunque no tuviera voz ni voto oficial en las contrataciones de su antiguo ayuntamiento. Pero sí tenía una “posición de poder político”. También con respecto a la Comunidad de Madrid. La Audiencia Nacional no le condena por todas las acusaciones que se vertieron sobre él, pero mantiene que usó su poder para que la Fundación Arpegio, salida de una empresa pública dependiente del gobierno regional, financiase con dinero público el concierto 'Night of the Proms' del que se había encaprichado y que organizó Waiter Music en el Palacio de los Deportes.

Esta no es la primera sentencia madrileña del caso Púnica. Francisco Granados ya fue condenado por el chivatazo que recibió de un guardia civil y que casi da al traste con la operación, y varios alcaldes han sido condenados por aliarse con el empresario David Marjaliza y contratar de forma irregular a Cofely para gestionar la eficiencia energética de sus municipios. Pero Granados todavía tiene un juicio relevante en el horizonte. Por las adjudicaciones supuestamente irregulares de suelo público desde la empresa regional Arpegio —la de la Fundación del concierto Nigh of the Proms— y de obras de construcción de Metro, una de las grandes promesas electorales de Esperanza Aguirre en esos años.

Aguirre, sus campañas y algunos de sus juramentos políticos son el telón de fondo de muchas de las piezas separadas del caso Púnica. Además del juicio pendiente por estas adjudicaciones, la Audiencia Nacional tiene en cola enjuiciar a Granados y al entonces gerente del PP en Madrid, Beltrán Gutiérrez, por delitos electorales en la financiación de la campaña del partido de 2011. La principal beneficiada, Esperanza Aguirre, no está en la lista de los acusados porque según el juez Manuel García-Castellón no hay pruebas de que “tuviera conocimiento” de la existencia de una caja B en el seno de su propio partido.

La sentencia conocida esta semana añade una capa de pintura al cuadro de corrupción de la Comunidad de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre y su Partido Popular. Políticos que facilitaban contratos públicos a cambio de organizar actos del partido pero también fiestas y comuniones para el bolsillo propio. Una trama Púnica cuya verdad judicial no ha hecho más que empezar con varios juicios por delante en los que la financiación de los grandes éxitos electorales de Esperanza Aguirre estará, una vez más, bajo la lupa sin la lideresa en el banquillo.

Andalucía ya no es una excepción, sino la norma. Juanma Moreno ha enterrado para los restos la vía andaluza, tras abrirle las puertas de San Telmo a Vox, asumir su agenda ideológica y consolidar de facto la única alternativa política que puede ofrecer el PP: un gobierno de coalición con la ultraderecha. El escenario que en 2023 tuvo un innegable efecto movilizador en la izquierda tras los primeros gobiernos regionales de coalición PP-Vox, hoy es una incógnita, a tenor del mapa de la corrupción que afecta al PSOE y que en la calle Génova auguran que escalará hasta el mismísimo presidente del Gobierno.

Gota a gota y auto a auto, el cerco judicial sobre los socialistas se estrechaba esta semana con la imputación de otras 25 personas en el caso Leire por presuntos amaños en la contratación pública para favorecer a determinadas empresas. La presidenta de la SEPI, María Belén Gualda, y otros altos directivos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales están, por tanto, bajo la lupa judicial como lo están también por decisión del juez Pedraz la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el Director Adjunto Operativo del cuerpo, Manuel Llamas. En este último caso se les imputan delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia por presuntas presiones a los agentes que investigaban los casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno familiar del presidente del Gobierno.

Y, aunque hubo un tiempo en España en el que los partidos establecieron que el momento de exigir responsabilidades políticas ante una investigación penal llegaba cuando alguien era imputado, hoy los códigos han cambiado. Por la polarización, por el uso de la Justicia como arma política y mediática, por la utilización de la acusación popular con fines ideológicos o por las investigaciones prospectivas. El caso es que tanto PP como PSOE han movido las líneas rojas en función de los casos y lo que antes se exigía ante una imputación y después ante la apertura de juicio oral, hoy es una regla vacilante, a tenor de los casos o de los cargos afectados.

Pedro Sánchez se aferra a lo que en su entorno más cercano llaman “la verdad construida” para difuminar las líneas de responsabilidad política ante lo que consideran “una ofensiva judicial sin precedentes” y en la que “la sincronización de los tiempos judiciales con los políticos es clamorosa”. Así explican el respaldo cerrado del Gobierno a la presidenta de la SEPI, a la directora de la Guardia Civil y al DAO. Ya pasó con el ex Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que solo dejó el cargo tras una sentencia condenatoria dictada, sin pruebas, por el Tribunal Supremo.

Pese a la presión de las derechas mediática y política, el Gobierno no está dispuesto a sacrificar a más cargos, salvo que existan pruebas palmarias de comportamientos irregulares, algo que no ven ni en la presidenta de la SEPI ni en el de la directora general de la Guardia Civil. “Si los jueces han decidido hacer política, es razonable que tengamos que mover las líneas rojas de la responsabilidad”, aseguran en La Moncloa, donde admiten que el cierre de filas con los últimos imputados es también una “respuesta defensiva ante lo que está por venir porque ni los medios, ni los jueces, ni el PP están dispuestos a parar”. Se refieren a “esa verdad construida” en los diarios afines a la derecha, donde hace semanas fabulan con nuevas imputaciones de ministros e incluso con la del presidente del Gobierno.

Convertido en un émulo de Rocky Balboa, Sánchez no siente el dolor o, al menos, no lo proyecta en sus intervenciones públicas, en las que suele transmitir un control absoluto ante la adversidad de los casos judiciales. “La imputación ha dejado de ser una realidad jurídica para convertirse en un arma política de destrucción masiva de reputaciones”, asegura un miembro del Gobierno, que recuerda que mientras la derecha pide dimisiones a diestro y siniestro mientras mantiene en el cargo al alcalde de Móstoles, imputado por un delito de acoso sexual y laboral a una concejal del municipio.

La consigna, por tanto, en el Gobierno es resistir lo que venga aunque se produzcan nuevas imputaciones y la oposición exija a diario la dimisión del gobierno al completo. Cuestión distinta es la inquietud que en el PSOE han generado ya algunos movimientos internos para sembrar la semilla del antisanchismo. Nada nuevo bajo el Sol, pues incluso entre los más cercanos hubo quien fantaseó y conspiró con ese escenario durante los 5 días de abril de 2024 que Sánchez se tomó de reflexión para decidir si seguía o no al frente del país, tras la imputación de su esposa.

Enma López, protegida de Cerdán y Salazar

Las primarias para la candidatura al Ayuntamiento de Madrid y la candidatura de la concejal Enma López se han leído en La Moncloa precisamente en esa clave. Y no porque la aspirante a arrebatar el cartel a Reyes Maroto, la opción de Ferraz, piense que su talla da para tanto, sino porque quienes apoyan mediática y orgánicamente su candidatura “aspiran, no a ocupar un cartel electoral con escasas posibilidades de éxito, sino a propinar una derrota orgánica a Sánchez” con la que empezar a mover el avispero de una hipotética sucesión.

El problema de la aspirante y colaboradora de La Sexta Enma López es que tendrá complicado hacer una campaña a la contra de la dirección federal, ya que ha formado parte de ella hasta hace una semana, donde contó durante años con la protección del ex secretario de Organización, Santos Cerdán, y del exasesor de Moncloa Francisco Salazar, que tuvo que dimitir tras varias denuncias internas por acoso sexual.

De momento, en la página web creada para impulsar su candidatura “yatocaMadrid” no aparece por ningún lado el logo del PSOE, algo que no ha pasado desapercibido en la dirección socialista de la calle Ferraz, donde también miran de reojo al delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, y a lo que llaman “lobby gay” del socialismo que en su día controló Adriana Lastra y “hoy está volcado en la campaña de Enma López”, aunque con excepciones.

La concejal se saltó las normas internas y el calendario oficial de las primarias con su anuncio de competir por la candidatura de Madrid, lo que ha despertado no pocas suspicacias en un PSM que no gobierna la capital de España desde hace más de 30 años, que está acostumbrado a las crisis internas, en el que la deslealtad se paga caro.

De todo ello, de sus posibles derivadas internas y del goteo de imputaciones judiciales tratará esta semana de escapar Pedro Sánchez con una agenda internacional que le llevará hasta Ankara a la cumbre de la OTAN, la primera que se celebre después del acuerdo alcanzado en La Haya para elevar hasta el 5% del PIB el gasto en defensa y seguridad al que se opuso el presidente del Gobierno. Volverá a encontrarse allí con un Donald Trump “decepcionado con España”, en palabras del embajador de Estados Unidos ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero cuyas políticas han supuesto en ocasiones un respiro para Sánchez en el asfixiante clima político nacional.

Efectivos de la Guardia Civil registran desde la mañana de este martes el Ayuntamiento del municipio de Frigiliana (3.383 habitantes), en la Axarquía malagueña, además de otras dependencias municipales. Según han indicado a Europa Press fuentes del instituto armado se investigan, entre otros, delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El Ayuntamiento de Frigiliana está gobernado con mayoría absoluta por el PSOE desde 2019, resultado que mejoró en 2023, logrando siete de los 11 concejales en liza. El alcalde, Alejandro Herrero, accedió al cargo tras una moción de censura en 2017.

Por el momento no ha trascendido quiénes son las personas investigadas ni si hay detenidos. La operación continúa abierta.

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha exigido explicaciones al PSOE de Málaga “por otro presunto escándalo de corrupción socialista en la provincia”.

“El PSOE de Málaga tiene que dar la cara y explicar qué está ocurriendo en el Ayuntamiento de Frigiliana, porque hablamos de una investigación que afecta a dependencias municipales y, presuntamente, al uso de dinero público”, ha advertido en un comunicado y ha recordado que el PP en el municipio “lleva dos años denunciando presuntas irregularidades y malas prácticas en la gestión socialista al frente del Ayuntamiento de Frigiliana, especialmente en materia de contratación, transparencia y uso de los recursos públicos”.

Por su parte, el PSOE de Málaga ha expresado su “máximo respeto” a la investigación, ha pedido “prudencia” y ha ofrecido “plena colaboración” tras el registro de la Guardia Civil, del que aseguran que lo han conocido a través de los medios de comunicación.

La vida pública de Javier Milei y Manuel Adorni encuentra un trayecto paralelo que los hermana. Desde las tertulias ultras, $LIBRA y el manejo del presupuesto de un país, el economista y el contable formaron una sociedad que explica el porqué de una despedida tardía y lacerante.

Surgieron hace unos diez años como tertulianos capaces de expresar un “sentido común” que diera voz a odios latentes en la sociedad. Milei ganó aire con un estilo gritón y procaz; Adorni, con la mordacidad como bandera. Cada uno a su modo atizó el fuego de un país en el que pisarle la cabeza al prójimo (por zurdo, empleado estatal, feminista, kirchnerista, subsidiado, familiar de desaparecidos) estuviera no sólo justificado, sino que fuera celebrado.

Los años de Mauricio Macri en la Casa Rosada cruzaron sus caminos. Se encontraron en streamings y programas de radio de los que entonces eran grupúsculos a la derecha de la alianza gubernamental conservadora, Cambiemos. Fue la plataforma común de economistas, derechistas históricos y advenedizos que luego pegarían el salto: Carlos Maslatón, Diego Giacomini, Diego Spagnuolo, Victoria Villarruel, Lilia Lemoine y Luis Rosales, entre un par de docenas más. Carlos Rodríguez y Roberto Cachanosky eran los patriarcas de una tesis que apuntaba al macrismo por “blando” y “socialdemócrata”. Esos espacios no eran los empleos principales de ninguno de ellos. Milei vivía del puesto de economista en la Corporación América, la firma de Eduardo Eurnekián, y Adorni vendía coches Renault en las concesionarias Mapemfi de las avenidas La Plata y Belgrano, en los barrios bonaerenses de Almagro y Monserrat.

Las usinas libertarias promovieron la candidatura presidencial de José Luis Espert en 2018. Este economista —citado el próximo martes a una indagatoria penal [un interrogatorio judicial] por lavado de dinero por sus andanzas con Federico “Fred” Machado— era la voz más altisonante y conocida con la que contaban.

Milei se entusiasmó con “el Profe” o “el Pelado”, pero pronto se bajó del barco, en el primero de sus divorcios en medio de acusaciones de delitos. Adorni se mantuvo firme y llegó a ser proclamado candidato a jefe de Gobierno por el Frente Despertar, cuando Federico “Fred” Machado contaba los primeros fajos de dólares para gastar en el proyecto “liberal” de Espert. “Adooorni”, “Adooorni”, cantó la concurrencia a un acto en el boliche New York City a fines de 2018. Finalmente, Manuel declinó por razones que en el entorno de Espert interpretaron como fruto de presiones de un emisario mediático de Macri.

La pandemia, ya con Alberto Fernández y Cristina en la Casa Rosada, configuró un campo fértil para terraplanismos de todo tipo. Millones encerrados en sus casas con la pantalla omnipresente como ventana al mundo. Oportunidad de oro para los Milei y los Adorni. El argentino Marcelo Grandio y el empresario uruguayo Rolando Rozenblum —un exconvicto en Brasil— les pagaron por un talk show en un auditorio de Punta del Este, el 11 de febrero de 2022. Nacería una sociedad de hierro. En paralelo, se les acercó Mauricio Novelli, el aventurero que luego crearía la criptomoneda $LIBRA. Les propuso brindar “masterclasses” para los clientes “gold” de NW Professional Traders. Milei, ya electo diputado, había dejado su puesto en la empresa de Eurnekián, y Adorni había cobrado la indemnización tras desvincularse de la concesionaria Mapemfi.

Los negocios con Grandio y el presunto criptoestafador Novelli ganaron vuelo durante 2023. Aquellas charlas y participaciones en paneles tasadas en unos US$2.000 en tiempos de pandemia multiplicaron su valor por diez, con el Soez metido de lleno en la carrera presidencial.

Así maduró el ofrecimiento de la portavocía de Casa Rosada. En el afán de provocar y difundir cifras disparatadas sobre inflación, pobreza y gasto público con el poder de fuego de la palabra estatal, Adorni se mostró eficaz. Si el portavoz encontraba una radiografía de la cola de un perro para fabular que se había concedido un subsidio por discapacidad como sinónimo de dispendio de fondos públicos, lejos de un demérito, era una mentira más para viralizar desde las redes presidenciales. En una mesa ínfima compuesta por los hermanos Milei, allegados provenientes de Corporación América y estudios jurídicos de la City que pasaron a ocupar sillas del Estado, Adorni pronto encontró espacio y presupuestos. Motosierra para todo menos para la SIDE, la esposa de Sturzenegger, los viajes para recoger premios y los contratos de portavoz.

Los negocios con Grandio y Novelli ganaron vuelo durante 2023. Aquellas charlas tasadas en unos US$2.000 en tiempos de pandemia multiplicaron su valor por diez, con el Soez metido de lleno en la carrera presidencial

Mauricio Novelli, su hermana Pía, su socio estadounidense Hayden Davis y otros con pinta de bandidos vieron cómo se les abrían las puertas de Casa Rosada y Olivos. El tarifario anotado por algunos de ellos en su celular al salir de reuniones con los Milei y Adorni dio cuenta de que el precio a pagar por tuits y fotos con el presidente había saltado de decenas de miles a millones de dólares. $LIBRA, la criptoestafa promovida por Milei, generaría ganancias inmediatas, cuya verdadera magnitud y beneficiarios finales se niega a investigar el fiscal federal Eduardo Taiano.

La partida del vuelo

El año 2025 fue el del despegue. Adorni repartió sus días entre comprar propiedades y otras cositas, los viajes de lujo y ganar espacios de poder en el gobierno, a caballo de la elección legislativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de abril, en las que pareció enterrar al macrismo en la disputa por la derecha.

Desde que este diario publicó el 11 de marzo pasado que Adorni había viajado a Punta del Este en Carnaval, junto a su familia y el amigo Grandio, en un vuelo privado que costó US$9.000, la pregunta de “por qué no lo echa” comenzó a escalar, hasta llegar a las puertas de la Casa Rosada. Primero fue la revelación del periodista Emiliano Russo en Clarín de que Bettina Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete, se había colado en el avión presidencial rumbo a la Argentina Week. “Nos estamos deslomando en Nueva York”, respondió Adorni, y comenzó a cavar su fosa política.

Javier y Karina Milei se la jugaron por su elegido y pusieron a todo el gobierno a su servicio. La ministra y amiga presidencial Sandra Pettovello, siempre solícita, se inmortalizó vitoreando “¡Vamos Manuel!” desde un palco de Diputados, cuando las mentiras se contaban a decenas. Otros tantos dibujaron una sonrisa para fotos de ocasión con un Adorni que “nunca va a renunciar”.

Podría pensarse que los Milei no son personas dispuestas a conceder una victoria a su enemigo: el periodismo que informó del enriquecimiento de Adorni lo es. Por lo tanto, exigir la renuncia a un funcionario tan íntimamente vinculado al crecimiento de los Hermanos, y con tan pocos pergaminos políticos más allá de la lealtad, no era algo que estuviera en el primer orden de prioridades.

En paralelo con el affaire Adorni, el presidente lanzó aquello de “la moral como política de Estado”. Hilarante. Si algo demostró Javier Milei con las comisiones de Karina Milei denunciadas por Spagnuolo, $LIBRA y el cúmulo de negocios turbios que rodean al asesor plenipotenciario Santiago Caputo, es que la corrupción no es un condicionante para permanecer en el Ejecutivo. Por el contrario, la denuncia de ilícitos desata la furia y condenas al ostracismo en el despacho de los Hermanos. “Los evasores son héroes”, dijo Milei ante evasores consuetudinarios.

La corrosividad de Adorni, otrora tan celebrada por los medios oficialistas, terminó siendo irritante en este multiplicador descontrolado de su propia riqueza. No obstante, había una razón última para resistir según los preceptos de Milei. Adorni, Adorni, qué grande sos, sos el primer evasor. ¿Por qué motivo echar a un ser tan virtuoso?

El Mundial parecía lejano cuando el sistema de poder ya le había bajado el pulgar al portavoz de Milei. Funcionarios y periodistas de las pantallas de Clarín y La Nación empezaron a quejarse de que las desprolijidades de Manuel impedían resaltar los “logros” del Ejecutivo, y alertaban que el coste de sostenerlo afectaba a la imagen presidencial y, con ello, a la calma financiera para 2027.

Adorni esperó hasta horas antes de la inauguración del Mundial para presentar una declaración jurada en la que pretendió subsanar el cúmulo de inconsistencias detectadas desde marzo, con la aparición de una herencia de 200.000 dólares y una ganancia en criptomonedas de medio millón, y se contuvo hasta horas antes de un partido de Argentina para renunciar. Del manual de Manuel.

La causa judicial en Comodoro Py perdió algo del impulso inicial, con poco más por investigar antes de un llamado a indagatoria, pero la confesión de evasión y omisión maliciosa de Adorni —indicios de delitos más graves— dejó sin oxígeno a los opositores amigables del Congreso. En dos años de administración ultra, el PRO, la UCR, los provinciales y los peronistas de un puñado de provincias del Norte demostraron estar dispuestos a avalar casi todo. La aceptación sumisa de que Adorni les mintiera en la cara a los diputados como lo hizo significaba un nuevo umbral de indignidad. Patricia Bullrich, llamada a lo suyo, olió sangre y se activó.

¿Daños controlados?

En su renuncia difundida anoche, Adorni siguió en su mundo: se declaró víctima y volvió a involucrar a sus propios hijos en el argumentario, como nadie lo hizo hasta ahora.

Circuló que Karina Milei, mentora de uno y mil apoyos a Adorni, cambió de opinión por algún detalle incongruente en sus compras suntuarias. No fue el caso. La secretaria general de la Presidencia se ocupó de ofrecerle una despedida lacrimógena, tan negadora de los hechos como el renunciante, quien dejó claro que se va sin que lo echen. Una persona que conoce bien a Adorni y lo defendió hasta hace horas elaboró que “dejar el cargo era lo mejor que le podía pasar, si no, iba a ser una masacre”. “No digo que a partir de ahora no lo sea, pero iba a ser peor”, se corrigió la voz de inmediato.

Si algo demostró el caso Adorni, es que tratar de controlar el daño puede ser en vano. Cada detalle, cada omisión, multiplicaba el interés de las audiencias. Si no era la cascada en la piscina, eran los viajes de Bettina; si no eran las remodelaciones en la casa de fin de semana de Indio Cua, eran los videos de Manuel promocionando negocios cripto. El Grupo Clarín, después de desatender varios de los asuntos más urticantes para los Hermanos desde 2023, esta vez tomó el tema y no lo soltó. La especulación de demorar la declaración jurada hasta el Mundial no dio resultado. Los goles de Lio alternaron con los dólares de Manu.

La renuncia abre un nuevo capítulo. Adorni deberá buscarse un medio de vida y sus padrinos Milei podrían ayudarlo, acaso confirmándolo como director de YPF y que pase a cobrar —ahora sin puesto de gobierno— los más de 90 millones de pesos (65.000 euros) mensuales estipulados por el directorio de la empresa petrolera. La causa en Comodoro Py podría perder tensión, y Milei y sus medios arreciarán con que “ahora sí”, llegó la hora de hablar de los “éxitos”.

También podría ocurrir que cobre fuerza el agobio de hogares con ingresos por el piso y una vida repleta de penurias, con un Estado que desistió de sus funciones, así como que la pista del origen de los fondos de Adorni multiplique las sospechas de corrupción sistemática, y la mira se traslade hacia $LIBRA, donde los verdaderos protagonistas son los Milei.

El desfile ante un juez de empresarios y altos cargos del PP en Almería, investigados por el presunto trasiego de mordidas a cambio de la adjudicación de contratos (de suministro de mascarillas y obras), encara sus dos últimas jornadas con el colofón final el viernes, cuando está prevista la comparecencia de Javier Aureliano García, presidente del PP almeriense y de la Diputación hasta hace apenas ocho meses, detenido en noviembre y ahora investigado. Junto a él declararán dos de sus hermanos.

La UCO cree que García fue uno de los beneficiarios finales de una trama de sobornos que descendían desde un puñado de pequeñas empresas corruptoras hasta empapar a todos los escalafones de la Diputación Provincial de Almería, feudo histórico de poder del PP en Andalucía. Hay 43 investigados, entre ellos, el expresidente, dos de sus hermanos, dos vicepresidentes, dos alcaldes (de Fines y de Tíjola, ambos del PP), técnicos de Diputación y empresarios, además de un puñado de presuntos testaferros. Es el primer Caso Mascarillas, destapado en 2021, y luego derivado a una corrupción “clásica” de mordidas en contratos de obra.

Los informes aportados hasta ahora por la UCO al juzgado de instrucción 1 han documentado la presunta trama corrupta aprovechando la intervención de teléfonos y el volcado de miles de mensajes. Los investigados se animaban entre ellos cuando daban un palo (“tu polla no deja de maquinar”) y acuñaron un vocabulario muy gráfico para referirse a sobornos y mordidas: “Tengo las muelas picadas por tu culpa... he pedido cita para ir al dentista”; “¿Has encontrado ya la pieza que te tiene que implantar el dentista”; “sácame cita”, se decían en mitad de conversaciones sobre contratos públicos el presidente García y los vicepresidentes Fernando Giménez y Óscar Liria. Los agentes ven referencias en clave al cobro de mordidas por la adjudicación de decenas de contratos de obra en emoticonos dentales y en referencias a empastes, encías y sarro, que se sucedieron durante años.  

La UCO llegó a los contratos de obra tras descubrir en un chat encriptado un boyante negocio de venta de mascarillas, guantes de nitrilo y trajes desechables a la Diputación de Almería, que dio origen a la primera fase de la investigación, detonada en junio de 2021 con el registro de la Diputación y la detención de Liria.

El juez cree que en abril de 2020 Giménez, Liria y García se concertaron para adjudicar la provisión urgente de ese material proveniente de China a una empresa intermediaria de un primo de Liria por valor de 2.036.000 euros. El sobrecoste fue de 945.000 euros, de los que Liria repartió entre 200.000 y 400.000. Los tres cargos políticos del PP iban a una. “¿Y lo nuestro qué? Estoy nerviosísimo”, le escribía en aquellos días García a Liria en el grupo “Naranjito”. “Esto no se nos puede escapar”, decía Giménez. “Esto es salvar nuestra vida”, resumía Liria.

Del “caso cero”, el de las mascarillas, la Guardia Civil fue tirando del hilo que le llevó hasta la obra pública.

El manejo de efectivo del expresidente

La Guardia Civil ha provisto también de los indicios que demostrarían que García movió luego una gran cantidad de dinero en efectivo. En los meses siguientes, ingresó en cajeros de Roquetas de Mar y El Ejido 19.750 euros con los que luego pagó las cuotas hipotecarias de un inmueble. Además, entregó otros 20.000 por una parcela en Rodalquilar, y adquirió de sus hermanos el 100% de una finca familiar, todo a tocateja. También viajó a todo tren a Ibiza y a Madrid con Liria, pagándolo en metálico. La UCO cree que estos pagos le servían para blanquear las mordidas.

En su primera declaración ante el instructor García aseguró que el origen de este capital estaba en varios alquileres familiares heredados de sus padres, tanto de viviendas como de locales, en Balanegra, cuyos pagos se realizaban en mano.

En paralelo, el juez le ha abierto otra investigación en pieza separada después de que la Guardia Civil documentara un viaje a Madrid sufragado con dinero público de él y su jefa de gabinete para un asunto privado de ella. El entonces presidente de la Diputación lo imputó a una reunión en la Federación Española de Municipios y Provincias que nunca tuvo lugar.

El alcalde de Tíjola y sus empresas de obras

Antes que García, este jueves declarará ante el juez José Juan Martínez, otro de los cargos políticos investigados, y su mujer. Martínez es dueño de Inversiones y Promociones Tágilis y de Constíjola, dos de las beneficiarias de las adjudicaciones de contratos bajo sospecha, y es también alcalde de Tíjola, desde 2019 hasta 2023 con Ciudadanos y desde entonces con el PP. Martínez sigue siendo diputado en la Diputación de Almería por el PP y Delegado Especial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos.

Las dos empresas que tiene con su mujer obtuvieron de la Diputación una quincena de contratos para obras (cementerios, parques infantiles, una piscina) en pequeños municipios en el año 2020, por un total de 428.000 euros. La UCO no tiene los “pormenores” de cómo se tramitaron esos expedientes, pero sí un listado confeccionado antes de que se iniciaran los expedientes, en el que se asume indirectamente que las obras que aparecen tendrían como adjudicatarias finales a las dos empresas de Martínez y su mujer.

En su día, Martínez aseguró a este medio que sus contratos con administraciones públicas tenían escaso peso en su negocio de construcción, del que decía vivir a pesar de ser alcalde. “Hay obras que me llevo, y la inmensa mayoría no. Pero si tengo la oferta más ventajosa me lo tienen que dar”, explicó, subrayando que, aunque ganara algunos contratos, perdía otros. Los investigadores creen que eso formaba parte del teatro. En aquella conversación, en febrero de 2022, también admitió que tenía muy buen trato con Liria. “Lo conozco desde hace tiempo y le tengo aprecio”.

Conexiones posibles con el caso Halsa y con obras mayores

Como contó este medio entonces, Tagilis firmó un contrato con la Diputación para realizar las obras de “acondicionamiento y adaptación” del pabellón de Carboneras, un descomunal edificio en el pueblo de El Algarrobico que ha consumido ingentes cantidades de dinero público, a cambio de 330.578,51 euros. Lo hizo en 2018, antes del periodo investigado. Por entonces, Liria ya era diputado de Fomento, pero por su cuantía la obra fue adjudicada por la Junta de Gobierno de la Diputación y ha quedado fuera de la investigación, que se sepa.

La aparente fluidez con el que el sistema operaba en abril de 2020 (fecha del primer contrato investigado, el de las mascarillas) alimenta la sospecha de que podría extenderse a otras contrataciones previas, como esta. Fuentes del caso explican que las empresas ganadoras de contratos menores se alzaban también con otras adjudicaciones mayores.

También hay una posible conexión con el caso Hispano Almería, un caso de presunto amaño de concursos públicos en los ayuntamientos de Roquetas de Mar, Níjar y la Diputación, y financiación ilegal del PP almeriense. En este tiempo, el PP de Almería, la Diputación y Roquetas estaban dirigidos con puño de hierro por Gabriel Amat, siempre sospechoso de corrupción, nunca acusado ni mucho menos condenado. En esos años, el segundo de Amat en la Diputación y en el PP era Javier Aureliano García.

El caso Hispano Almería, supuesta clave de bóveda de la corrupción del PP almeriense, se archivó en enero de 2026, porque tras doce años de investigación el juez no veía los indicios de delito que sí que apreció en su día la UDEF. Pero hay en el sumario del Caso Mascarillas una conversación en 2019 entre Javier Aureliano y Óscar Liria en la que se alude a adjudicaciones a “Hispano” y señalan: “Por orden de Gabriel”. Con base en este nuevo hecho, el PSOE pidió en abril la reapertura del caso Hispano Almería. La Audiencia Provincial aún no ha resuelto.

Adjudicaciones a empresas del vicepresidente y del alcalde de Fines

Hasta ahora, las declaraciones que han ido prestando los investigados no han aclarado gran cosa, porque se han acogido a su derecho a no declarar o, todo lo más, han defendido la legalidad de las contrataciones. Fuentes del caso creen que la estrategia tiene una explicación sencilla: la Guardia Civil aún no ha terminado de volcar el contenido de todas las escuchas y dispositivos incautados en las diferentes fases de la operación, y tiene sentido que los investigados prefieran esperar que eso ocurra antes de hablar.

En el material incorporado hasta ahora a la causa, la UCO describe un modus operandi muy engrasado en el que al menos decena de empresas de construcción lograron de la Diputación Provincial adjudicaciones fraudulentas de contratos menores de obra en pequeños pueblos con la participación decisiva de Óscar Liria (exvicepresidente y exdelegado de Fomento, el área que decide y ejecuta obras en municipios) y de Clemente González (jefe de sección), ambos investigados.

Liria sería copropietario a través de un testaferro de la empresa más beneficiada con estos contratos, Pulconal, S.L., que él y sus tres socios (entre ellos, su primo Killian López) habían adquirido apenas unos meses después de su nombramiento como vicepresidente de Diputación. “Todo esto a partir de septiembre es para nosotros”, se decían entre ellos cuando comentaban noticias sobre obra pública en Almería. “El sistema es el siguiente: diputación nos invitará a entrar en el concurso, nosotros mediante el pliego de condiciones (proyecto) le proponemos un plan de ejecución y un precio (siguiendo directrices de mi primo)”, explicaba López a otro de los socios meses después.

Otra de las empresas beneficiadas, OYC, estaba controlada a través de testaferros por Rodrigo Sánchez Simón, alcalde de Fines, municipio de origen de Liria. OYC logró al menos 1.126.000 euros con la adjudicación de 17 contratos menores por parte del departamento dirigido por Liria.

La sentencia de 24 años de cárcel para José Luis Ábalos dibuja un horizonte de reinserción extremadamente complicado debido a su edad, 66 años. La Ley Orgánica General Penitenciaria establece que para los primeros permisos de salida, con un máximo de siete días fuera de prisión, el condenado debe haber cumplido una cuarta parte de la condena, en este caso 5 años de los 20 máximos. De este modo, Ábalos no pondría un pie en la calle hasta noviembre de 2030, con 71 años.

Para salir en libertad condicional el reo debe estar clasificado en tercer grado y haber cumplido tres cuartas partes de la condena, o dos terceras partes si concurren requisitos adicionales, como una evolución favorable o trabajos en la cárcel. Eso sitúa a Ábalos saliendo de prisión con 79 años cumplidos, en el cálculo más favorable de ambos. Para ello debe haber cumplido con la responsabilidad civil que se le haya impuesto y tener una progresión satisfactoria en prisión.

Ábalos todavía está siendo investigado en la Audiencia Nacional por otra causa de corrupción. Sin embargo, sería complicado que, en el caso de ser condenado por segunda vez, no se aplique la acumulación de condenas y los 20 años de máximo cumplimiento sigan vigentes para cualquier cálculo que afecte a los permisos o la libertad condicional, indican fuentes penitenciarias. 

Solo hay un mecanismo dentro del Reglamento Penitenciario, y que por tanto corresponde aplicar a la Administración, que le permitiría salir a la calle antes, el artículo 100.2. Como el resto de decisiones en esta materia es supervisado por un juez. Para su aplicación, la Administración Penitenciaria debe concluir que el recluso necesita de “un grado específico de tratamiento que de otra forma no puede ser ejecutado”. 

Ábalos será clasificado, con toda seguridad, en segundo grado, como ocurre con la mayoría de los condenados que no han sido conflictivos en su periodo de prisión provisional. El 100.2 permite combinar aspectos de los diferentes grados, también el más ventajoso, el tercero, y le supondría, por ejemplo, poder salir a trabajar a diario. La única condición para examinarlo sería que ya esté clasificado. En cualquier caso, las aplicaciones del 100.2 son muy excepcionales y han correspondido a presos con largas condenas que ya han cumplido bastantes años en prisión.

El artículo ha sido objeto de varias polémicas. La última, su aplicación por el Gobierno vasco a antiguos miembros de ETA con crímenes de sangre. Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, antigua jefa de la banda, había cumplido 22 años en la cárcel, entre Francia y España, cuando se le aplicó. Gregorio Vicario Setién, ‘Santi’, está condenado a 236 años de cárcel por, entre otros delitos, dos asesinatos. Recibió recientemente el 100.2, una jueza lo revirtió y la Sala de lo Penal terminó dando la razón al preso. Llevaba 25 años en la cárcel. 

El exministro de Transportes cumplirá su condena en una prisión próxima a donde tenía establecido su domicilio o resida su familia. La prisión donde está ingresado de forma preventiva, Soto del Real, se suele destinar a quienes, como él hasta el día de hoy, no habían sido aún condenados. Al no haber sido juzgado por la Audiencia Nacional será el magistrado de Vigilancia Penitenciaria que tenga asignada la prisión a la que sea enviado quien revise las decisiones de Instituciones Penitenciarias sobre Ábalos. 

Algunos de los de delitos que ha cometido José Luis Ábalos, como cohecho o tráfico de influencias, le permitirá acogerse al Programa de Intervención de Delitos Económicos (PIDECO) que puso en marcha la actual administración penitenciaria y que ya han cumplimentado otros presos conocidos como Iñaki Urdangarin, Francisco Correa o Luis Bárcenas. No conlleva ningún beneficio automático, pero es valorado por Instituciones Penitenciarias dentro de los programas específicos de reinserción. 

Todo está en The Wire, se decía por parte de los fanáticos de la serie de David Simon sobre la corrupción sistémica en Baltimore, que no era más que un trasunto de la corrupción en cualquier lugar del denominado mundo libre. La obra maestra del periodista trasciende a la ciudad portuaria norteamericana porque tiene el valor de hacerse universalizable y explicar el mundo entero. Es sencillo escudriñar en sus capítulos y encontrar alguna secuencia que enseñe cómo funciona nuestra sociedad y la representación corrupta que tiene en la política. 

Sigue el dinero, decía Lester Freamon, el policía que estudiaba desde una oficina cochambrosa y con pocos recursos la criminalidad de la ciudad estadounidense. Porque seguir el dinero enseña con claridad diáfana los casos de corrupción que tenemos estos días copando la agenda pública y que quedan enmarañados entre mil noticias inconexas, el ruido político, la falta de contextualización mediática y la ceguera sectaria de quien es minucioso con la corrupción ajena y encuentra cualquier justificación con la propia en aras de un bien mayor que puede ser derrocar al Gobierno o impedir la llegada de la reacción al poder. Para los que no justifican ninguna y entienden que la moral pública recta es un bien superior encontraran algo de luz siguiendo el dinero. 

Es imperativo acudir a la doctrina Freamon para entender los casos de los familiares y la corrupción con los que tenemos que lidiar estos días. Todos aquellos españoles que tienen problemas para llegar a final de mes, aquellos que saben lo que cuesta llenar la cesta de la compra, los que entienden que no pueden pagar 1000 euros al mes por un alquiler porque ganar eso cuesta sangre, sudor y lágrimas, saben, conocen, entienden con claridad, que nadie cobra 250.000 euros por maquetar unos informes que han gastado 18.000 euros hacer, y que nadie paga 500.000 euros por una empresa que tiene dos máquinas de depilar. Saben lo que cuesta cada cosa, y sobre todo saben lo que se sufre para ganarlo, pero sobre todo comprenden que nadie regala nada y menos esas fortunas que para una familia de clase trabajadora son toda una vida.

El noviete de la lideresa tenía una vida normal, no demasiado ostentosa, viviendo bien pero sin lujos, en un piso normal y corriente de un pueblo de la periferia de Madrid, hasta que conoció a Isabel Díaz Ayuso y su nivel de vida se disparó al calor de las concesiones y comisiones vinculadas a la presidencia de su novia. Ni más ni menos que 4,4 millones de euros se llevó Alberto González Amador desde que es novio de Isabel Díaz Ayuso por chanchullos con Quirón, que es la joya de la corona de la privatización de la sanidad que la lideresa favorece regando de dinero público a la empresa que le paga el ático al novio y que ella disfruta como partícipe a título lucrativo. Para lograr ese suntuoso negocio pagó medio millón de euros para comprar una empresa a la mujer del directivo de Quirón con el que hacía negocios. Una empresa de belleza que solo tenía un ordenador viejo y dos máquinas de depilar. Hacienda, que no es tonta, y cualquiera de nosotros, que tampoco lo somos, sospechamos que esa compra no era más que una simulación para pagarle una comisión al directivo del que dependían esos millones de euros que el consorte de la quironesa se agendó en solo tres años de noviazgo. 

Lester Freamon en The Wire pedía que siguiéramos el dinero porque siempre tiene línea ascendente y llegaría un momento en el que las instituciones querrían intervenir para cortocircuitar ese rastro según iba subiendo, en la serie, el policía tenía como intención llegar al senador Clay Davis, que era el destinatario final de más alto nivel y en el que se truncó la investigación. El caso del novio de Ayuso se puede considerar fiel descriptor de la doctrina Freamon porque cuando el caso empezó a escalar hacia la frutera mayor de la comunidad se inició una campaña que acabó con el Fiscal General del Estado lapidado con la colaboración del colegio de abogados de Madrid, que logró de manera sorpresiva la concesión de una universidad privada por parte de Ayuso, y un Tribunal Supremo echado al monte que aseguró sin disimulo que condenaba a alguien por un hecho que habría podido cometer él u otra persona de “su entorno”. 

Seguir el dinero es una buena manera de no perderse y no dejarse llevar por el relativismo moral de aceptar para los propios aquello que no toleramos para los otros. Cuando tengas dudas sobre los casos de corrupción y sientas que el ruido es tan ensordecedor que impide comprender nada simplemente sigue el dinero y verás lo fácil que es hallar todo lo podrido siguiendo su olor. La gente honrada vive de su trabajo y no puede aceptar que quienes buscan su favor con promesas para lograr su voto le pastoree intentando explicar que es normal enriquecerse de imaginativas formas fraudulentas solo porque aquel que odias tiene otras formas igual de imaginativas de enriquecerse. Seguid el dinero, el rastro no engaña.