El Consejo Rector de Radio Televisión Canaria (RTVC) vulneró en 2016, durante el mandato de Santiago Negrín, “el principio de libre concurrencia” al nombrar a dedo a altos directivos, según ha decretado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

En concreto, los nombramientos afeados por el TSJC son los de Carlos Guillermo Domínguez como director de los Servicios Informativos de Canarias Radio La Autonómica, el de César Sar como el encargado de la Dirección de Nuevos Proyectos en el área de producción en la televisión, el de Nieves Rocha como directora de Informativos de Televisión Canaria, y el de Heriberto Monzón como director Corporativo de RTVC, designaciones que fueron reprochadas en su día por la Audiencia de Cuentas.

En octubre de 2016 el Consejo Rector de Radio Televisión Canaria acordó ceses y nombramientos para la Dirección de Informativos, Dirección de Nuevos Proyectos, Dirección Corporativa de Televisión Pública de Canarias S.A y Dirección de Informativos de Radio Pública de Canarias.

En ese momento, la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC), sindicato que ha hecho pública esta sentencia, consideró necesario reclamar lo que, ahora el TSJC confirma, la vulneración de la Ley de RTVC.

“La Radio Televisión Pública no puede estar regida por criterios de contratación privada, no solo porque se trate de un ente público que debe respetar la Ley de Función Pública y garantizar la libre concurrencia, sino porque está vulnerando su propia Ley”, resalta la UPCC.

El sindicato recuerda que la Ley de la Radio Televisión Autonómica especifica en el artículo 37.4 que “la selección de personal en el ente público RTVC y en sus sociedades deberá realizarse siempre y en todo caso garantizando el cumplimiento de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad mediante las correspondientes pruebas de acceso establecidas y convocadas por la Presidencia, previo acuerdo del Consejo Rector”.

Así, no ven válidos argumentar que se traten de puestos de “confianza o autonomía de la gestión” como si fueran cargos u órganos políticos. Esto supone que, una vez dictada la sentencia, el ente debe ejecutar y sacar a concurso los puestos que en su momento fueron seleccionados a dedo por el Consejo Rector y el que en ese momento era presidente del ente, Santiago Negrín.

UPCC recuerda que, aunque se pretenda realizar una modificación en la Ley de Radio Televisión Canaria de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya ha dado una respuesta al conflicto y debe ser respetada y ejecutada.

El Gobierno de Canarias ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el cese de Santiago Negrín como presidente de Radiotelevisión Canaria (RTVC) y como presidente y consejero del Consejo Rector del ente público 21 días después de que dimitiera.

En el escueto decreto, firmado por el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, se le agradece los servicios prestados.

Negrín dimitió el pasado 17 de mayo alegando motivos personales y que “el coste personal de estos años para mí y mi familia ha sido extremadamente alto y por ellos y por mí mismo debo de dar un paso atrás”.

La dimisión de Santiago Negrín ha impedido que se haya adjudicado el concurso de informativos a Videoreport, ganadora de la concesión para los próximos ocho años. Esto hace que exista un preaviso de despido a los más de 230 trabajadores de los servicios informativos ante el cese de la actividad de la empresa el 30 de junio.

Ante esto, la empresa Mediapro ha pedido presupuestos en nombre del ente público para hacerse cargo de una eventual solución de emergencia que habría de estarse tomando sin ningún órgano competente para hacerlo.

Nadie sabe quién da las órdenes en Radio Televisión Canaria (RTVC), pero el caso es que alguien las debe estar dando, eso sí, sin expedientes administrativos y sin control jurídico. Veinte días después de que presentara su dimisión irrevocable, el presidente del ente público, Santiago Negrín, continúa ejerciendo como administrador único de las dos sociedades (Televisión Pública de Canarias y Radio Pública de Canarias) exclusivamente para los asuntos de gestión diaria, la firma de las nóminas y poco más. No puede tomar decisiones de calado, por lo tanto no puede haber sido Negrín el que ha ordenado que se pidan presupuestos a productoras establecidas en Canarias para encontrar una que esté en condiciones técnicas de ofrecer a Televisión Canaria el servicio de continuidad (el control de todas las emisiones) y los informativos de la cadena, actualmente en manos de Videoreport Canarias.

Nadie en el ente público es capaz de explicar por qué Mediapro, una de las productoras que se presentaron al reciente concurso de informativos bajo la enseña de Liquid Media, se ha dirigido a Plató del Atlántico solicitando presupuesto para utilizar sus instalaciones en la Dársena Pesquera de Santa Cruz de Tenerife para montar allí un control de emisiones provisional de la televisión pública. Se trataría de una solución de emergencia de cara a la finalización del contrato con Videoreport Canarias, actual concesionaria y ganadora del concurso inacabado de informativos, a la que no se le ha pedido presupuesto para alargar de modo extraordinario la explotación en lo que el Parlamento o el Gobierno de Canarias encuentran una solución definitiva a todos los desaguisados que han acompañado la gestión de Santiago Negrín y su equipo.

La modalidad que se está tanteando es de campaña y consistiría en retirar a Videoreport la gestión de la señal para trasladarla fuera de sus instalaciones a otra productora aún por determinar sin el respaldo de un expediente administrativo ni la decisión de un administrador único o del Consejo Rector del ente, como reconocen fuentes internas de RTVC. Es decir, otra irregularidad más a sumar al catálogo de esta legislatura.

Nadie en el ente asume ese encargo, lo que traslada todas las miradas a la Viceconsejería de Comunicación del Gobierno canario, que siempre se ha desentendido de la gestión de los medios públicos pero que no podrá soportar el desgaste que supondría que la televisión se vaya a negro en menos de tres semanas.

El ente público camina gracias la inercia que le proporcionan sus cargos intermedios. Sin Consejo Rector, sin presidente (o con presidente descabezado), con un administrador único para asuntos de trámite, la situación se ha complicado todavía más con la marcha de la secretaria de ese órgano, Cristina Duce, que ya ocupa plaza de letrada en el Parlamento de Canarias. Harta de desplantes y de que se desoyeran con malcriadeces sus recomendaciones jurídicas, la abogada, experta en contratación pública, ha puesto tierra de por medio sin haber conseguido aprobar el acta de la última reunión del Consejo Rector, aquel en el que advirtió seriamente a Santiago Negrín por la deriva ilegal de su comportamiento. Negrín prohibió que ese acta se entregara a los consejeros y la ha guardado en un cajón hasta la fecha. Los augurios de la letrada, referidos fundamentalmente al contrato de informativos, se fueron confirmando día tras día hasta desembocar en la dimisión de Negrín por agotamiento judicial.

No es el único frente que continúa abierto en RTVC. La interventora general de la Comunidad Autónoma mantiene en remojo el contrato con Retevisión para el transporte de la señal, otra de las patas fundamentales para que las emisiones de la radio y de la televisión lleguen a todas las islas del archipiélago. La decisión de Negrín de adjudicar a esa compañía un contrato tras un negociado sin publicidad con invitación a ese único concurrente no ha sido aceptada por la interventora, lo que se traduce en que Retevisión lleve prestando ese servicio desde el 1 de enero de 2018 sin contrato y sin haber percibido un euro.

Al caos reinante en RTVC se unió esta misma semana el revolcón jurídico propinado a los grupos parlamentarios por el Consejo Consultivo de Canarias, que ha informado desfavorablemente y con cajas destempladas la modificación de la Ley 13/2014 de Radio y Televisión de Canarias. Por iniciativa de Coalición Canaria, el Parlamento pretendía cambiar la ley para destituir a los dos consejeros que quedan en el ente y nombrar a un administrador único que capitaneara la nave hasta final de año.

El Consejo Consultivo no comparte ni esa ni otras pretensiones de la propuesta legal, lo que ha motivado que los grupos parlamentarios se hayan convocado a una reunión este mismo viernes para analizar alguna salida. Todo apunta a que se decidirá el nombramiento por parte del Parlamento de un presidente o presidenta que se sume a los dos actuales consejeros de RTVC para empezar a partir de entonces a tomar decisiones. Habrá por lo tanto que hacer modificaciones sobre la proposición de ley, lo que será aprovechado para añadir otras consideraciones, como la obligatoriedad de informar a la comisión de control de las soluciones de emergencia que se apliquen para salvar la señal de la televisión ante el riesgo cierto de irse a negro el próximo 30 de junio.

La situación roza lo esperpéntico: la actual concesionaria, Videoreport, acaba de ganar el concurso de  informativos y continuidad para permanecer durante otros ocho años prestando esos servicios. Pero la dimisión del presidente ha impedido que se produjera la adjudicación, lo que venía  a su vez complicado por las graves sospechas de ilegalidad que pesaban sobre ese concurso convocado por Santiago Negrín. Otro de los concursantes, Mediapro, pide presupuestos en nombre del ente público para hacerse cargo de una eventual solución de emergencia que habría de estarse tomando sin ningún órgano competente para hacerlo. El Gobierno no toma ninguna decisión y lo poco que había hecho el Parlamento es descalificado contundentemente por el Consejo Consultivo. En una semana pueden producirse los preavisos de despido a los más de 230 trabajadores de los servicios informativos ante el cese de la actividad de la empresa el 30 de junio. Y Retevisión presta el servicio de transporte de señal sin contrato y sin poder cobrar por el conducto reglamentario. Resulta imposible dibujar un cuadro más catastrófico.

Buscamos un lugar tranquilo para hablar sobre el futuro de la Radio Televisión Canaria (RTVC). María Lorenzo parece serena, pero tiene todo escrito. No quiere que se le pase una coma. Reconoce a DIARIO DE AVISOS, que es pesimista con respecto al futuro de los 700 trabajadores que dependen del ente público. Según admite, la maraña jurídica que ha dejado el presidente del Consejo Rector, Santiago Negrín, dificulta toda posible solución, en particular evitar irse “a negro”. Consideraba que tenía una oportunidad de oro para mejorar el sector audiovisual en Canarias, pero el sueño, pronto, se convirtió en pesadilla…

-¿Cómo fue su llegada al Consejo Rector de la Radio Televisión Canaria (RTVC), tras ser propuesta por el Partido Socialista (PSOE)?

“Al principio, muy ilusionante. Te hablan de defender una ley que se hace a espejo de la mejor etapa de TVE, con elementos tan interesantes como un consejo de informativos dentro de un modelo muy parecido al de la BBC. Rápidamente, pasas de la ilusión a la desilusión”.

-Habla usted de ilusión, ¿cuándo la pierde?

“Muy rápido. A pesar de lo que se ha intentado trasladar a la opinión pública, fuimos varias consejeras las que advertimos de que había que trabajar de manera más ágil. De hecho, María José Bravo de Laguna le envió una carta al presidente del Consejo Rector, Santiago Negrín, en julio, para mostrarle su preocupación”.

– ¿Cuál fue la respuesta del presidente Consejo Rector?

“Según la propia consejera, ninguna”.

-¿Cómo reaccionó, entonces, Santiago Negrín?

“Promesas, pero lo cierto es que en diciembre dimitieron las dos consejeras (por María José Bravo de Laguna y Marian Álvarez)”.

-Hablamos de diciembre de 2015, cuando dimiten las dos consejeras. ¿Cómo se le trataba a usted en las reuniones del Consejo?

“Yo creo que es público y notorio que se me ocultaba información, que se me recriminaba no presentar propuestas en la comisión de control cuando lo cierto es que insistentemente las pruebas de mi trabajo están por escrito, cuando presenté informes, solicitudes de documentación, propuestas que fueron incluso aprobadas en el consejo rector y nada de eso ha sido atendido”.

-¿Hubo presiones por parte de Negrín o de partidos políticos hacia su persona?

“Me llegó a comentar alguna persona del Partido Socialista que llegó a llamar y a solicitar que mi actuación como consejera respondiera al pacto de gobierno. El PSOE no me ha dado nunca instrucciones”.

-Hay muchos asuntos que usted califica de raros en el concurso de informativos de la Televisión Canaria. Un concurso de informativos para los próximos ocho años de 144 millones de euros. ¿Cuándo detectó usted que comenzaba a ser incómoda su presencia?

“Estando de vacaciones a finales de agosto, recibo un correo electrónico para convocarme a una sesión donde se da el pistoletazo de salida del concurso de informativos. La ley es clara y dice que la competencia era del Consejo Rector. Creo que cuando han visto el auto del magistrado de la sala 1 de lo contencioso administrativo, todo el mundo se ha dado cuenta de lo que algunos, no sólo yo, hemos venido diciendo”.

-¿Cree que Santiago Negrín terminará en los tribunales con este asunto?

“Yo creo que si hay justicia en España, Santiago Negrín va a terminar no en uno, sino en varios juzgados de instrucción respondiendo de su gestión. Pero no solo él, también las personas que lo han asesorado”.

-¿Cuáles son las presuntas irregularidades que usted detectó en el proceso del concurso de informativos?

“El primer informe que consta en la hoja número uno de ese expediente es de Santiago Negrín, que se llama el informe de necesidad y está predatado, que puede ser una anécdota, pero habla de hechos que se supone; el informe está hecho en febrero y habla de hechos que se producen meses más tarde”.

-¿Estaríamos hablando de un presunto delito de falsedad en documento público?

“Es curioso que el primer documento que te encuentras en el expediente sea un informe donde en febrero Santiago Negrín ya intuye que la comisión de control va a aprobar el mandato marco y se va a publicar en un boletín oficial. Además, respondiendo a ese mandato marco, los pliegos de informativos van a responder a lo que ese mandato marco preveía. Entendemos que Santiago Negrín es vidente y tiene una bola de cristal”.

-Pero, ¿había informes jurídicos?

“El informe que consta en el expediente es el de Martín Orozco. En ese momento, Orozco le advirtió en ese informe que tenía que pasar por el Consejo Rector. Luego, Negrín decide convocar el concurso de manera unilateral y sin contar con el consejo. El siguiente asesor que entra en el concurso, Carlos Cabrera, no consta que haya emitido un informe jurídico como tal”.

-Entonces, ¿en base a qué informe jurídico Santiago Negrín decide seguir para adelante con el concurso?

“En el expediente, hasta lo que yo he visto, no hay informe jurídico”.

-¿Cree usted que el concurso de informativos de RTVC estaba presuntamente teledirigido?

“Yo creo que Santiago Negrín pensó que iba a poder llevar el concurso de informativos hacia otro final diferente al que se llegó”.

-Sigamos con el proceso, el concurso quedó desierto y el presidente del Consejo Rector decide acudir a un negociado sin publicidad. ¿Cómo entendió usted esa decisión?

“Santiago Negrín nos plantea en un momento dado que la mesa de contratación se encuentra en una encrucijada. Él decide, porque sí, declararlo desierto. La mesa como tal no había tomado una resolución. Para tú dar ese paso, tenías que haber tenido, previamente, una resolución concreta de la mesa que dijera, nosotros consideramos de manera unánime, mayoritaria o lo que sea, que el concurso tenía que haber sido declarado desierto”.

-¿Qué proponía la mesa?

“La mesa lo que proponía en general era que se fuera al desistimiento, porque entendía que los pliegos estaban mal. Unos pliegos, que, además, curiosamente, fueron remitidos al Gobierno de Canarias. En ese momento, el Gobierno se manifestó de forma clara, para que así constara en el expediente, que los pliegos habían llegado en un sobre cerrado, que nunca habían abierto y que se lo devolvían a la tele porque no eran de su competencia. Los pliegos inducen a error a las empresas, y la mesa le decía, si eso es así, usted tiene que declarar el desistimiento. Lejos de eso, Santiago Negrín decide declararlo desierto, porque eso le permite hacer el negociado sin publicidad”.

-¿Cómo se abren los sobres?

“Los sobres los abre Santiago Negrín, como mesa de contratación, como órgano de contratación y como todo. Para las siguientes aperturas de sobres, llamaron a un notario”.

-¿Le sorprendió el resultado?

“Les sorprendió a todos los que estaban allí presentes, en el sentido de que era la única que no podía ganar aquel concurso”.

-Con respecto al transporte de señal, ¿esa prórroga cómo se llevó a cabo?, ¿se consultó con el Consejo Rector?

“Se han llevado a cabo dos prórrogas sobre el transporte de señal. La primera de ellas, se realiza en el verano de 2017 con una secretaria, que ocupa de forma provisional la secretaría del consejo rector y de cuyo nombramiento yo tengo muchas dudas al respecto. La segunda es que cuando se toma el acuerdo con los votos a favor del señor Negrín y el señor Alberto Padrón, yo entendía que debía requerir el voto de los tres consejeros que formábamos parte y era una mayoría cualificada. La secretaria titular me dio luego la razón”.

-Con lo cual, en todas las decisiones que tomó Santiago Negrín, ¿consultó con el Consejo Rector?

“En este caso, esa prórroga, como la secretaria le advierte que necesita el voto mayoritario, porque yo me abstuve, él decide continuar, no sé en base a qué porque no me han dado copia de ese expediente. Por lo que sé, ese expediente está parado en Intervención, porque no ha visto claro su tramitación”.

-¿Cómo era su relación con Santiago Negrín?

“Desde un principio, se estableció la figura de una especie de coordinador entre la presidencia y el consejo rector. Las relaciones empeoran desde que se nombra a Daida Rodríguez. El nombramiento es sospechoso, porque el puesto para el que se nombra a la señora Daida Rodríguez se trata de un puesto que no existe, que tenía que haber creado anteriormente el Consejo Rector. A partir de la entrada de la señora Rodríguez las relaciones se complican”.

-¿Y cómo conseguía la documentación?

“A partir de la entrada de la señora Daida Rodríguez, tuve que ir al Comisionado de Transparencia con 11 reclamaciones de documentación”.

-¿Cuál puede ser la solución de la Televisión Canaria? ¿Entiende el nombramiento de un administrador único?

“Soy muy pesimista con el futuro de la tele y lamento decirlo”.

-¿Se irá a negro?

“Creo que el enredo jurídico en el que han metido Santiago Negrín y su entorno a la RTVC difícilmente, por no decir imposible, va a poder ser solucionado antes del 30 de junio. Un administrador único sin el control parlamentario, creo que no es la solución”.

-¿Qué escollos se va a encontrar?

“Hasta que no haya una sentencia o un auto del juez, es muy difícil que se tomen decisiones al respecto. Si fuese antes del 30 de junio, desde luego, facilitarían las cosas”.

-¿Tiene usted alguna solución?

“¿Por qué no se suplen las tres bajas pendientes del Consejo Rector, aunque sea de manera provisional hasta que se apruebe la nueva ley? Luego, se le da un mandato específico por parte del Parlamento con las decisiones a tomar. De esa forma tendrías la cobertura legal y un consejo operativo. Me parece que ese administrador, sin respaldo, corre el riesgo de tomar decisiones que lo hagan acompañar a Santiago Negrín en su periplo por los juzgados”.

-¿Sabe por qué dimitió Santiago Negrín?

“Mi sensación es que no quería adjudicar”.

-¿Se ha planteado ir a Fiscalía?

“La actuación del señor Santiago Negrín hace pensar en acudir a muchos órganos”.

-¿Ha sufrido usted presiones?

“Algunos han pensado, quizá, que ocultándome la documentación o negándome el acceso a las instalaciones de RTVC, me iba a sentir presionada. Incluso, llegaron a revisar las facturas para ver qué personas hablaban conmigo”.

-Algunos insinuaban que su cargo podía ser incompatible con las empresas de su familia vinculadas al sector audiovisual…

“No hay tal incompatibilidad. Pasé por una comisión de idoneidad en el Parlamento de Canarias para ejercer este cargo”.

-¿Entiende el cambio de la ley?

“La modificación legal se hace a capricho, para esconder la gestión de Santiago Negrín en un cajón”.

-¿La ley anterior llegó a aplicarse?

“Modificar la ley no va a solucionar nada, si después no se eligen a las personas correctas para sacarla adelante. Volveremos a estar en la misma encrucijada si la RTVC sigue emitiendo después del 30 de junio, que eso, lo veremos”.

A un mes escaso de que todo pueda irse al carajo en la Radio Televisión Canaria, el Gobierno de Canarias sigue sin proponer el nombre de una persona que sustituya a Santiago Negrín, el artífice del mayor caos que ha vivido jamás un ente público archipielágico. El 30 de junio expira la prórroga de la que disfruta la productora adjudicataria de la prestación de los servicios informativos y de la continuidad de las emisiones de Televisión Canaria (el canuto por el que pasa toda la programación del medio), y a estas alturas no se sabe quién va a embridar el asunto y, sobre todo, cómo.

El Gobierno de Coalición Canaria busca desesperadamente a un incauto o incauta que, a título de administrador único, sea capaz de conjugar la legalidad vigente con una explosión controlada que impida que sus decisiones se vuelvan en contra de su antecesor y, consecuentemente, contra quienes lo nombraron y lo mantuvieron en el cargo a pesar de las constantes evidencias de que los problemas no se solucionaban sino que se complicaban por momentos.

Por fortuna, los partidos de la oposición han marcado a Coalición Canaria por dónde no debe ir el perfil profesional de la persona que sustituya a Negrín. Por lo tanto, no podrá ser Daida Rodríguez, presidenta y cómplice en la sombra, y actual mandamás de RTVC tras la dimisión de aquel. Ni podrá ser el siempre socorrido Francisco Martin, eterno asesor de José Miguel Ruano, el portavoz de Coalición Canaria ahora sumido en una frenética búsqueda.

De momento suena con fuerza el nombre de José Luis Rivero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna y expresidente del Consejo Económico y Social, además de hombre bueno al que con frecuencia acude Coalición Canaria cuando de darse un barniz de academicismo y de profesionalidad se trata. Rivero, como es natural, no tiene ni pajolera idea de lo que es la gestión de la televisión o de la radio públicas, lo que le obligará de inmediato a rodearse de personas que le puedan asesorar en un tiempo récord para decidir qué hacer con ese famoso concurso envenenado de los informativos, con el del transporte de señal, adjudicado de modo irregular por Santiago Negrín, y con la espectacular caída de audiencia y de credibilidad que sufre el medio.

Y ahí, en las personas que elija o le elijan para que le asesoren podrán estar muchas de las claves de las decisiones que presenciemos de ahora en adelante. Aunque, todo hay que decirlo, quien asuma la gestión de RTVC tiene bien pocas salidas.

El concurso de informativos ya estaba resuelto cuando dimitió Negrín. La oferta mejor valorada fue la de Videoreport, la actual adjudicataria, pero atendiendo a los evidentes vicios de ilegalidad que acompañaron todo el proceso, lo más natural sería que el nuevo administrador único (o administradora única) resuelva de inmediato declarar nulo todo lo actuado por Negrín antes que proseguir con la adjudicación y sufrir un revés judicial en el momento más inoportuno. Entre otras cosas porque, en pura lógica y legitimidad, las otras dos productoras concursantes, que jamás denunciaron la ilegalidad del concurso por la manifiesta incompetencia de Negrín para ser su órgano de contratación, recurrirían una hipotética adjudicación alegando lo que jamás alegaron, y con todos los boletos para ganar. Videoreport, por su parte, no ha retirado sus contenciosos-administrativos de fondo, lo que significa que el juez que lleva el asunto, Francisco Eugenio Úbeda, deberá pronunciarse en los próximos meses. Eso si no se deja embelesar por los cantos de sirena que le llegan desde el Gobierno regional, que ha escuchado con nitidez las ganas que tiene el magistrado de trasladarse a su tierra natal, Gran Canaria, donde hay cargos vacantes que le pueden ser ofrecidos.

Pero si el nuevo responsable de RTVC no adjudica el concurso y evita así que la televisión se vaya a negro el 30 de junio, tendrá que acometer una prórroga del actual contrato acudiendo a un procedimiento extraordinario que le permitiría alargarlo hasta nueve meses más. Un tiempo más que suficiente para que el Parlamento pueda tramitar las modificaciones legales que estime oportunas para cambiar el modelo de gestión del ente público, desprivatizar los informativos y abrazar fórmulas que han sido exitosas en otros lares, verbigracia, la de Fran Llorente en TVE en los tiempos de Zapatero. O, en su defecto, convocar un nuevo concurso sin saltarse la legalidad vigente, lo que podría activar desde luego los derechos del actual concesionario y ganador virtual de la última licitación, que podrá quejarse con razón de que sus dos competidores ya conocen su oferta ganadora y podrán competir nuevamente con ventaja.

Pero Coalición Canaria tiene un grave problema si el sucesor de Negrín anula el concurso de informativos ya resuelto por Negrín: dejará in puris naturalibus (en pelota picada) no solo al expresidente de RTVC, sino al Gobierno que lo puso y a los partidos políticos que, pese a las flagrantes evidencias, lo mantuvieron contra viento y marea haciendo que imperara el caos durante meses y meses. Anular el concurso por sus evidentes vicios de ilegalidad equivale a confirmar que Negrín y sus cómplices desoyeron olímpicamente todas las voces que les advertían de que andaban descarriados (en fraude de ley, en lenguaje más adecuado, el empleado por la secretaria del consejo rector, a la que por negársele hasta se le negó el acta de la última sesión en la que participó) y que aún así continuaron adelante hasta que se tropezaron con la cruda realidad de una oferta ganadora que ni ellos mismos se esperaban.

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife investiga al expresidente de RTVC tras una denuncia por prevaricación que tiene sobre su mesa desde hace dos meses. Puede que no sea la única que anda moviéndose por las sedes judiciales de la isla de Tenerife y puede que se amplíen los presuntos delitos. Su sucesor o sucesora debe pensarse muy bien hacer lo que hizo Negrín nada más investirse de la púrpura: personarse en la causa penal que aún se sigue (ya sin titulares a cuatro columnas por perjuicio para su señoría) en un juzgado de instrucción de la capital tinerfeña.

Ni siquiera al dimitir, Santiago Negrín lo ha hecho pacíficamente. En su carta dirigida a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, el expresidente de Radio Televisión Canaria (RTVC) no ha dejado títere con cabeza: ha disparado contra los partidos políticos por hacer “política partidista”; contra el Parlamento por haber sometido a “una vergüenza” a las dos candidatas al consejo rector de RTVC que no pudieron ser elegidas; contra el consejo rector que presidía por los obstáculos que le puso, y por supuesto, contra la empresa adjudicataria de los servicios informativos de la Televisión Canaria, Videoreport, por haberle asaetado con recursos y acciones ante los tribunales de justicia y por insinuar que servía a intereses de la competencia. Ninguna concesión a la autocrítica, porque el hasta ahora presidente de RTVC se marcha sin haber sido capaz de adjudicar el concurso de informativos y sin convocar y resolver el concurso de transporte de señal, que dejó prorrogado sin la bendición de la interventora general de la Comunidad Autónoma. Además, Negrín deja una televisión bajo mínimos, con sus cotas más bajas de audiencia y de credibilidad, y con los trabajadores más desconcertados que nunca.

Un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife parece haber sido la excusa de Santiago Negrín para renunciar. En esa resolución no se toma ninguna medida definitiva, simplemente se acepta el desistimiento de Videoreport a las medidas cautelares de suspensión del concurso del que finalmente ha resultado ganadora. Pero el juez introduce varios pasajes que dejan claro por dónde podría ir su sentencia cuando entre en el fondo del asunto: Santiago Negrín nunca fue competente para pilotar y adjudicar el concurso de informativos de Televisión Canaria, dotado con 144 millones de euros para un periodo de ocho años (2018-2026). Un golpe en la línea de flotación de toda la estrategia legal que durante todo este tiempo han venido desplegando Negrín y su equipo jurídico habitual, encabezado por el letrado tinerfeño Carlos Cabrera, que el juez aprecia contrario a la ley 13/2014 de Radio Televisión Pública de Canarias.

Por si fuera poco el revolcón, el auto del juez Francisco Úbeda Tarajano se entretiene en recordar a las partes (Videoreport y Televisión Pública de Canaria) que Santiago Negrín debió saber desde el principio que el concurso de informativos solo podía ser válido si partía avalado por el consejo rector, sencillamente porque desde el 31 de enero de 2017 tenía en su poder un informe del anterior asesor jurídico del ente, Martín Orozco, que acabó marchándose precisamente porque no le hacían caso en este punto concreto de las competencias del presidente de RTVC. El informe de Martín Orozco aparece mencionado dos veces en el auto, para que no quede ninguna duda de la trascendencia que le otorga su señoría.

Sin embargo, la trayectoria de Negrín en este concurso no invita a pensar que se enteró este 15 de mayo, fecha de este auto del juez Úbeda, de la posible ilegalidad de sus actos. Además del informe de Martín Orozco, dentro de la casa había constantes voces que le alertaban sobre el riesgo de que estuviera actuando en fraude de ley. No solo se lo ha dicho reiteradamente la vocal del consejo rector María Lorenzo, designada por el Parlamento a propuesta del PSOE, sino también la secretaria de ese órgano ejecutivo, Cristina Duce, que lo hizo constar en un acta que Negrín se ha negado a someter a aprobación de los consejeros para evitar darle carta de naturaleza legal y, de ese modo, darse por enterado.

Incluso un primer auto del mismo magistrado, fechado a principios de abril pasado, ya se atisbaban las amenazas de ilegalidad cuando quedó suspendida cautelarmente la primera convocatoria del concurso de informativos -declarada desierta por Negrín por errores formales de los licitadores- precisamente por los mismos motivos alegados ahora con el segundo, negociado sin publicidad.

Por lo tanto, la única novedad sobrevenida que puede haber precipitado la marcha voluntaria de Santiago Negrín es que el concurso de informativos lo ganó la actual adjudicataria, Videoreport Canarias tras quedar descalificada por defectos formales la oferta de Nuntium (Prensa Ibérica y Grupo Prisa). Desde que dio por “mas ventajosa” la propuesta de Videoreport, Santiago Negrín ha empezado a abrazar la legalidad vigente y a reconocer que su actitud y su participación en este concurso puede ser de dudosa legalidad.

Por eso se marcha sin adjudicar este concurso, con lo que deja al Parlamento de Canarias en una posición bastante comprometida: antes del 30 de junio tiene que designar presidente o presidenta del consejo rector para que ese órgano, con tan solo dos miembros, tome decisiones ejecutivas de mucho calado. Entre otras, podría adjudicar el concurso para que el nuevo contrato empiece a caminar. O, ante la eventualidad de que su tramitación haya sido irregular, suspenderlo y volver a convocarlo, lo que le obligaría automáticamente a producir una prórroga extraordinaria que evite que la televisión pública de Canarias se vaya a negro el 30 de junio a las 24 horas. La tercera opción pasaría por esa misma prórroga y la iniciación de un procedimiento para desprivatizar los informativos, lo que requiere que el Parlamento -en año electoral- modifique la ley de RTVC y resuelva todos los vacíos que su primera redacción efectivamente tiene.

Pero, además de la amenaza de un apagón televisivo por falta de continuidad y de informativos, Negrín deja para quienes le sucedan el riesgo evidente de que la tele y la radio se queden sin señal. No ha sido capaz de convocar un concurso formal para este servicio y solo se limitó a prorrogar en diciembre pasado y por segunda vez el que ya disfrutaba Retevisión. Lo malo es que lo hizo por la misma modalidad que el de informativos, es decir, erigiéndose en órgano de contratación unipersonal para lo que, al decir de la justicia, es manifiestamente incompetente. La interventora general de la Comunidad Autónoma tiene en suspenso ese contrato con Retevisión desde febrero pasado porque considera que tiene que ser aprobado por el Consejo de Gobierno, a lo que se niega el Ejecutivo de Clavijo para evitar sentirse responsable de nada de lo ocurrido estos tres años de gestión de Santiago Negrín, precisamente propuesto por Coalición Canaria.

Para colmo, la Televisión Canaria sufre el castigo de la audiencia, que le da la espalda incluso en los informativos, que hasta ahora aguantaban el tipo. La semana pasada fueron rebasados por los informativos regionales de Antena 3 Canarias, y hubo días, como el viernes, en que les superó también Televisión Española en Canarias. De puertas adentro, el desconcierto y la preocupación reina entre los trabajadores, mientras surge la duda de qué va a hacer la hasta ahora mano derecha de Negrín, Daida Rodríguez, responsable de Relaciones Institucionales y activa partícipe en todo el proceso de concursos fallidos que han conducido a la dimisión del primer presidente elegido y devorado por la nueva ley de RTVC.

La dimisión de Santiago Negrín como presidente de Radio Televisión Canaria (RTVC) es para Podemos el cierre de posiblemente uno de los capítulos más complejos del ente y sirve para abrir una nueva etapa que, para Juan Márquez, diputado de esa formación, debe pasar por una gestión pública.

En Podemos entienden que ahora se debe ir en la RTVC hacia un modelo con el que se garantice la objetividad y el servicio público, para lo que fue creada, ha indicado.

El diputado de Podemos ha señalado que desde su grupo se tiende la mano al resto de fuerzas políticas para una salida “lo antes posible, pero con una línea roja muy clara” que es que los informativos de la Televisión Canaria tengan una gestión “100% pública”. 

Desde el Partido Socialista Canario (PSC) han mostrado su “preocupación” debido a la “situación excepcional y dramática” en la que se coloca el ente público tras la repentina dimisión. Su secretario general, Ángel Víctor Torres, señala que en estos momentos, pendientes como se estaba de una postura final sobre el contrato de informativos, “entramos en un escenario inédito que precisa de medidas excepcionales”.

Así, lamenta que se haya llegado a este extremo sin que haya sido posible cubrir las vacantes del Consejo Rector para la normalización del funcionamiento de este órgano. Asimismo, hace hincapié en que “la preocupación es mayor, si cabe”, a la vista de que el presente y futuro inmediato de muchos trabajadores y trabajadoras del ente público “penden de un hilo”. “Hay que correr con la nueva ley y hoy encontramos otra razón más para procurar sacarla adelante. Ya hemos avanzado que podía ser una solución, pero la realidad es que ahora mismo necesitamos una salida inmediata”, subraya.

El secretario general manifiesta la voluntad de colaboración del PSOE pero entiende que es el Gobierno de Canarias el que, “por su responsabilidad institucional evidente”, debe “poner sobre la mesa las soluciones para que la tele no se vaya a negro”. En este sentido, desde el Partido Socialista se hace un llamamiento al resto de fuerzas políticas para que se sumen a su apuesta por la gestión pública de los servicios informativos.

Por su parte el presidente del PP en Canarias, Asier Antona, ha afirmado que la dimisión de Santiago Negrín “llega tarde y mal”.

Asier Antona, en un comunicado, ha señalado que, no obstante, ahora quiere “mirar al futuro” y trabajar para que la televisión no vaya a negro y para garantizar los puestos de trabajo del personal del ente y del subcontratado. 

Esas son las dos prioridades para el PP en las que profundizará “siempre ajustándose escrupulosamente a la ley del ente”, ha añadido.

Mientras, el Grupo Parlamentario Nacionalista ha emitido un comunicado en el que anuncia que buscará los acuerdos parlamentarios necesarios para “garantizar” el servicio público de la televisión y el empleo de todos sus trabajadores.

Por ello, sostiene que resulta necesario tomar “medidas de emergencia” en el ámbito parlamentario que eviten que la señal de la cadena “se vaya a negro” el próximo 30 de junio y se presten los servicios informativos -que son núcleo del servicio público- y con ello se garanticen los puestos de trabajo de la plantilla.

Según los nacionalistas, estas medidas de emergencia se deben tomar en tanto se resuelve el concurso de informativos en el ámbito judicial, que es donde se encuentra ahora, “y mientras se consiga aprobar una nueva Ley reguladora definitiva que venga a corregir los defectos detectados en la gestión y control de RTVC”.

En este sentido, subrayan que las proposiciones de ley presentadas por CC-PP-ASG y PSOE ya se encuentran en el Consejo Consultivo y se ha acordado en Junta de Portavoces un procedimiento común para ambas.

Desde la Agrupación Socialista Gomera (ASG) su portavoz, Casimiro Curbelo, ha pedido “diálogo de todos los grupos parlamentarios” con el fin de “llegar a un consenso, lo antes posible, que garantice la continuidad de la prestación de este servicio público”. 

Curbelo indicó que la dimisión de Negrín deja un vacío en un órgano ya menguado en representación, por lo que esta situación sobrevenida fuerza a que los grupos parlamentarios tengan que llegar a acuerdos.

“Ahora, más que nunca estamos obligados a la búsqueda de un consenso que vele por el mantenimiento del servicio a partir del 30 de junio y aporte seguridad jurídica a las más de 700 familias que dependen del ente, de forma directa o indirectamente”, destacó. 

Para Curbelo, el diálogo se debe producir de forma inmediata y buscar una respuesta, “aunque sea de forma transitoria hasta que se apruebe la ley por la que se regirá el órgano de control”.

El presidente del Consejo Rector de Radio Televisión Canaria, Santiago Negrín, ha dimitido este jueves por motivos personales. La renuncia se produce en medio de la polémica generada por su gestión al frente del ente público.

Santiago Negrín deja su cargo tres semanas después de que Videoreport, la actual concesionaria del servicio de informativos de la Televisión Canaria, ganara el polémico concurso convocado por el propio Negrín como órgano unipersonal de contratación.

“He llegado al final de mis fuerzas”, asegura en su carta de dimisión a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolinas Darías. Según explica el ya dimitido presidente del ente público la presión mediática, la controversia judicial y la política “partidista” han terminado afectando a su salud. “El coste personal de estos años para mí y mi familia ha sido extremadamente alto y por ellos y por mí mismo debo de dar un paso atrás”.

La renuncia llega después de que el presidente del Consejo Rector pidiera un informe ante las dudas de que pudiera haber incurrido en un ilícito penal por no ser el órgano competente para serlo, según le advirtió en su día la secretaria del consejo y más recientemente un juez de lo contencioso.

Negrín aclara en su carta de renuncia al cargo que han sido los acontecimientos de los últimos días los que han precipitado su decisión e insiste en que todas sus actuaciones se han basado “siempre en la legalidad y el interés”, así como en “la salvaguarda de este servicio”.

El presidente del Consejo Rector de Radio Televisión Canaria recalca que siempre ha dado la cara “y todas las explicaciones que se me han exigido en el Parlamento de Canarias”. Además, Negrín crítica que se le ha acusado “de la intención de favorecer concretos intereses privados en el concurso de los servicios informativos” y recalca su única defensa ha sido “el tiempo y los hechos”, asegurando que su único objetivo era que “la Televisión Canaria no se vaya a negro el próximo 30 de junio”.

Para acabar su escrito, aclara que está “convencido” de que los grupos parlamentarios serán “capaces de llegar a acuerdos y establecer medidas” para garantizar la “viabilidad” de RTVC.

“Esta decisión les aportará paz, tranquilidad y alegría”, concluye Negrín, refiriéndose a su familia.

Ahora será el Parlamento de Canarias el que designe presidente o presidenta del Consejo Rector, y éste a continuación, administrador único de las sociedades que dependen del ente, la de la radio y la televisión.

Luego deberá analizarse la legalidad del concurso ya resuelto y pendiente de adjudicación. En el caso de no adjudicar a la oferta más ventajosa, la de la actual adjudicataria, y no encontrarse una solución transitoria hasta un nuevo concurso, la televisión pública se irá a negro el próximo 30 de junio, cuando vence la actual concesión.

De repente se ha hecho la Ley en la Radio Televisión Canaria. El presidente de su consejo rector, Santiago Negrín, ha acabado reconociendo este miércoles que sus actuaciones con relación al concurso de informativos de la televisión podrían haberse situado al margen de la legislación vigente. Después de meses sosteniendo que siempre ha operado respaldado por informes jurídicos de doctos catedráticos y abogados del Estado, tanto en sus declaraciones públicas como en la comisión de control de RTVC del Parlamento de Canarias, Negrín anuncia ahora que ha encargado un dictamen que establezca si es competente o no para adjudicar el polémico concurso de informativos de Televisión Canaria, recurrido en los juzgados y puesto en duda por la secretaria del consejo rector del ente público.

A Negrín le ha conmovido especialmente lo que el pasado 25 de abril dijo en una vistilla sobre la materia el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife, que en concreto hizo referencia a “las posibles implicaciones penales por la continuidad del procedimiento” negociado sin publicidad, según se recoge en un comunicado de RTVC hecho público a última hora de la tarde de este miércoles.

Esta inquietud le ha asaltado justo después de que ese mismo día la oferta de Videoreport Canarias (Canarias7) resultara ser la ganadora en el famoso concurso de informativos, lo que provocó la sorpresa de todos los presentes en el acto público de apertura y valoración del sobre 3 de la licitación. Previamente había quedado descalificada la oferta de Numtium TV (Prisa y Prensa Ibérica) por errores formales en la presentación de su documentación, lo que dio un vuelco dramático al concurso.

Según ese comunicado, Videoreport Canarias movió ficha de inmediato y retiró su petición de medidas cautelares para la suspensión del concurso, pero ha mantenido el recurso de fondo, es decir, pide al juzgado que se pronuncie sobre la legalidad o no de las acciones de Negrín, lo que este obvia en su comunicado de este miércoles.

Nada ha informado el presidente de RTVC acerca de las acciones que piensa acometer en el caso de que, como parece estar ahora convencido, sus asesores legales le aconsejen paralizar la adjudicación del concurso de informativos. El actual contrato expira el día 30 de junio y, sin nuevo adjudicatario o sin una prórroga extraordinaria que él mismo ha calificado siempre como “prevaricadora”, la televisión se iría automáticamente a negro. O, en el mejor de los casos, emitiría desde la unidad móvil propiedad de la cadena pero sin servicios informativos.

“Ajeno a la realidad y a la verdad”

El comunicado de Negrín se produce tras la reunión frustrada del consejo rector, convocado este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria, que finalmente tuvo un carácter informal, según la versión del presidente de RTVC. En esa reunión, el máximo responsable de RTVC afirmó por primera vez que sus actuaciones en las distintas sesiones del concurso se habían realizado ad cautelam, es decir, a expensas de que se refrendara o no su legalidad. Algo que la consejera María Lorenzo, nombrada por el Parlamento a propuesta del PSOE, ha calificado de falso. “Yo estuve en las tres sesiones del concurso de informativos y no recuerdo que, en ningún momento, Santiago Negrín advirtiera de tal prevención”, dijo la noche de este miércoles a Canarias Ahora.

Lorenzo, a la que ha sorprendido “que una reunión informal se haya convertido en una nota de prensa”, también calificó de falso que Negrín reconociera este miércoles ante el consejo rector sus dudas acerca de la legalidad del procedimiento administrativo adoptado, ni que comunicara su intención de encargar un informe para evaluarlo. “Lo que nos dijo es que no sabía qué iba a hacer y que se lo iba a pensar, y para mí es completamente nuevo que tenga dudas sobre sus competencias”.

La consejera le advirtió nuevamente de que sus actuaciones podían ser ilegales y que no podía “pretender que le acompañemos ahora en este viaje”, al tiempo que confirmó no haber recibido ninguna respuesta cuando este miércoles le preguntó cuál era su plan en el caso de no adjudicar este concurso, dotado con 144 millones de euros.

“Esta nota de prensa de Santiago Negrín es una confirmación más de lo ajeno que está este señor de la realidad y lo mucho que le cuesta decir la verdad”, concluyó María Lorenzo.

El presidente en funciones de Radio Televisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, tendrá pocas horas para el asueto hasta las nueve de la mañana del miércoles 25 de abril. Desde este lunes hasta entonces tiene de plazo para analizar los aproximadamente 1.500 folios en los que se contiene la memoria de contenidos de las tres ofertas que se han presentado al concurso de informativos de Televisión Canaria, dotado con 144 millones de euros. Sin mesa de contratación que lo respalde y sin peritos externos que lo asesoren, la hercúlea tarea recae exclusivamente sobre sus hombros al haber elegido para esa licitación la fórmula del concurso negociado sin publicidad al que ha invitado solamente a las tres productoras que se presentaron al concurso abierto que él mismo se vio obligado a declarar desierto ante la ambigüedad de las bases que él aprobó en solitario.

Este lunes, 24 horas después de que expirara su mandato como presidente de RTVC, Negrín abrió en presencia de una letrada contratada por el ente y de los representantes de las compañías concursantes el sobre número dos, es decir, el de la memoria de contenidos propuesta por cada una de las ofertas presentadas: Nuntium TV, Liquid Media y Videoreport Canarias (actual concesionaria). Se trata de la parte del concurso que queda al criterio más discrecional del órgano contratante (Negrín) porque, básicamente, se trata de valorar con diez puntos cómo contribuye a la cercanía y a la cohesión del territorio canario el enfoque con el que las licitadoras producirían programas como Buenos Días Canarias y los Telenoticias 1 y 2.

La puntuación que Negrín otorgue a este sobre 2 se conocerá este mismo miércoles a las nueve de la mañana, instantes antes de que el órgano de contratación (el mismo Negrín) abra el sobre 3, es decir, las ofertas económicas que han presentado los licitadores, y cómo las van a aplicar a la inversión material y tecnológica; el número de trabajadores que mantendrán, la organización de las corresponsalías, etcétera. Para valorar las ofertas económicas se aplicará una fórmula pública cuyo resultado es más objetivo que el del sobre 2, cuya puntuación está en las exclusivas manos de Negrín. Eso sí, el presidente de RTVC, constituido en órgano de contratación, tendrá que motivar cada una de las puntuaciones, a lo que estarán muy atentos los licitadores.

Una vez conocida esa puntuación y las ofertas económicas, este mismo miércoles se conocerá qué productora será la adjudicataria de este millonario concurso. Eso dará por concluida una de las fases del proceso en el que se ha embarcado el presidente de RTVC como órgano unipersonal de contratación. Porque a partir de ese momento tiene cinco días naturales para convocar al consejo rector de RTVC, constituido con junta general de la empresa Televisión Pública de Canarias, S.A., a la que habrá de solicitar un informe preceptivo pero no vinculante sobre la adjudicación. Es más que previsible que la posición de la junta general y del consejo rector continúe siendo la misma que la formulada en 2017, que viene a coincidir con la del juez titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife, quien tiene muy claro que cualquier contrato de más de un millón de euros y duración plurianual debe ser aprobado por el consejo rector y no por su presidente en exclusiva. Así lo fijó el magistrado en un auto de medidas cautelaras con el que llegó tarde para suspender el concurso abierto de los servicios informativos, el que Negrín declaró desierto después de que la mesa de contratación denunciara la mala calidad del pliego de condiciones.

Ese mismo magistrado está pendiente de decidir cómo actuar con este último concurso, el negociado sin publicidad que Negrín pretende dejar adjudicado este miércoles. El pasado jueves expiró el plazo para que RTVC contestara a la petición de Videoreport Canarias de suspender cautelarmente esa licitación. Todavía no ha habido pronunciamiento de su señoría, pero si aplicara el mismo criterio que aplicó con el concurso abierto, suspenderá también este otro por ser igualmente convocado por un órgano “manifiestamente incompetente”, según sus propios calificativos. Eso desataría una tormenta empresarial, política y judicial de imprevisibles consecuencias.

Santiago Negrín está en funciones desde el pasado día 22, cuando expiró el mandato que le otorgó el Parlamento de Canarias cuando fue elegido presidente de RTVC. Estar en funciones en un cargo ejecutivo como el que él ocupa supone decidir exclusivamente sobre las gestiones de funcionamiento cotidiano. En esas condiciones va a adjudicar este concurso de 144 millones de euros.

Cuanto más caos en Radio Televisión Canaria (RTVC), menos control. Esa es la posición que ha decidido adoptar el Gobierno de Fernando Clavijo aprovechando la reforma de la ley 13/2014 que regula el funcionamiento del ente público. El Ejecutivo quiere que el presidente o director general de RTVC, tanto si es el actual, Santiago Negrín, como la persona que le sustituya, no estén sometidos a los rigores de las Intervención General de la Comunidad Autónoma, como lo está ahora. Esa modificación que propone el Ejecutivo deja en evidencia uno de sus mantras: que no tiene ninguna competencia sobre ese ente público cuando, en realidad, está adscrito a la Consejería de Hacienda, cuya Intervención General lo fiscaliza.

Esta modificación legal, que el Gobierno acordó en su reunión del pasado 6 de abril y que tres días después remitió al Parlamento, es además una contundente respuesta de la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, a la interventora general de la Comunidad Autónoma, que mantiene bloqueado en su departamento un contrato de RTVC -concretamente el de transporte de señal, adjudicado a Retevisión- por considerar que debe ser autorizado por el Consejo de Gobierno al exceder su importe de los dos millones de euros.

Rosa Dávila ha tratado de sacudirse como ha podido esa polémica de encima, y tras el último Consejo de Gobierno contestó incómoda a los periodistas que el informe de la interventora sobre el contrato con Retevisión para el transporte de señal ha sido enviado al presidente de RTVC para sea él, constituido en órgano de contratación, el que lo resuelva. Una papa caliente que en última instancia habrá de regresar al Gobierno de Canarias, y más concretamente a la Consejería de Hacienda, porque orgánicamente es la competente para la gestión y el control fiscalizador del ente público.

De ahí que en la reforma de la ley que los grupos parlamentarios se han propuesto acometer, el Gobierno haya tratado de introducir unas modificaciones de calado que, de facto, suponen dejar el ente público sin control.

En el acuerdo del Consejo de Gobierno enviado al Parlamento se propone que “la competencia para autorizar las modificaciones presupuestarias del ente público RTVC correspondan a la Dirección General, salvo que su importe supere el millón de euros o exceda de los límites establecidos en el artículo 49.2 de la Ley de Hacienda Pública Canaria, en cuyos casos la competencia queda atribuida a la Junta de Control”, un órgano de nueva creación que proponen los grupos parlamentarios canarios.

Pero la modificación que deja más liberada la gestión de RTVC es la referida a las funciones que habría de tener la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma: “Ejercerá las funciones de control previstas en el título VIII de las Ley de Hacienda Pública de Canarias, salvo la relativa a la función interventora, que no se aplicará al ente público RTVC”. Y lo explica el Gobierno a continuación: “En particular, llevará a cabo la revisión del informe anual relativo a la gestión del ente público RTVC y a la gestión de las sociedades en las que participe (…), así como los informes sobre cumplimiento de las misiones de servicio público encomendadas y las demás obligaciones de carácter económico-financiero asumidas por el ente público RTVC”. Esto significa que las labores de control previo, como la que ahora trae de cabeza a la consejera de Hacienda con el contrato con Retevisión y más que probablemente con el concurso de 144 millones de euros para los servicios informativos de TVC, desaparecen del ámbito de la Intervención General de la Comunidad Autónoma para quedar en las exclusivas manos de los órganos del ente público.

Y por si quedara alguna duda, el Gobierno introduce en la modificación legislativa una nueva disposición adicional en la que limita la adscripción de RTVC a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias “a los exclusivos efectos de integrar el presupuesto del ente público en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma”.

En el mismo acuerdo gubernamental, el Ejecutivo de Fernando Clavijo bendice la propuesta de reforma de la Ley de Radio Televisión Canaria formulada por los grupos Nacionalista Canario, Partido Popular y Mixto (Agrupación Socialista Gomera).

“Fuera el señor Negrín, fuera la señora Rodríguez y fuera el señor Méndez. Que saquen sus manazas de la Radiotelevisión pública porque son ellos quienes nos han llevado hasta aquí”. Así de contundente estuvo este viernes el portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, en la comparecencia ante la comisión de control de RTVC del presidente del consejo rector de RTVC, Santiago Negrín. Un Negrín que en todo momento defendió que no está cometiendo en su gestión “ninguna ilegalidad” y que por ello seguirá adelante con su pretensión de adjudicar el contrato de 144 millones de euros por los servicios informativos a través del procedimiento de negociado sin publicidad.

El presidente del partido nacionalista fue el parlamentario más duro contra la gestión de Negrín, ya que advirtió al presidente del ente que “tendrá que entenderse con la justicia y yo diría que hasta con la Guardia Civil”, y le acusó de ser “una marioneta al servicio de los intereses políticos del Gobierno” y de haber actuado ilegalmente “a sabiendas”. Rodríguez admitió que está “preocupado” pero “no sorprendido” por la situación en la que se encuentra la RTVC y recordó que “dos personas renuncian, las otras dos se enfrentan a Negrín, no se saca el concurso de señal, se hace una chapuza de ampliación del contrato de señal hasta diciembre y sigue sin sacarse a concurso el contrato que finaliza el 30 de junio”.

También el diputado de Podemos Juan Márquez criticó el “fracasado intento de culpar al Parlamento del desastre de su mala gestión” y calificó de “cínico” que haya “querido utilizar a sus trabajadores”. “Aquí ha habido inacción política, pero la legalidad era incompatible con la continuidad de Negrín al frente”, al tiempo que recalcó que el objetivo de su partido es defender “los informativos públicos”.

Por su parte, la diputada del PP Luz Reverón le pidió al presidente que “aclarase la situación” en la que está el concurso y le acusó de haber ido a “contarnos su libro”, mientras que Guadalupe González Taño, desde Coalición Canaria (CC), recordó que la comparecencia se pidió porque “los partidos quieren saber cómo se ha actuado en este ámbito” y, sobre todo, cómo se va a hacer para “lograr” la garantía de continuidad del servicio público de la RTVC.  

Santiago Negrín tomó la palabra recordando que el próximo 30 de junio finaliza el contrato de los servicios informativos y “con su extinción no existe posibilidad de prórroga” y la “no realización de la nueva licitación supone el fin de las emisiones de la Radiotelevisión Canaria”.  

Negrín justificó sus actos asumiendo que como “administrador único” debe garantizar que la emisión se mantenga “con todas las garantías legales” y ese es “el estado de necesidad que ha motivado sus actuaciones en todo momento”.

Además, aseguró que “como órgano de contratación estaba en la obligación de tomar una decisión” y para ello asumió unas consideraciones. “En primer lugar respeté la petición de la mesa de no seguir adelante con el concurso”, explica el presidente, y afirma que lo hizo a pesar de que “se había aportado una solución jurídica suficientemente argumentada para continuar”.

El presidente del ente aclara que “no eran los pliegos la fuente de confusión de las empresas” ya que una de ellas no tuvo problemas para “interpretarlos correctamente en 2008, cuando eran literalmente exactos al del procedimiento en que resultó adjudicatario”.

Después de intentar justificar todos sus actos y, tras quitarse culpas de encima, en los últimos minutos de su primera intervención, el presidente de la televisión canaria recuerda que “el reloj sigue corriendo y nos quedaremos sin servicio el 30 de junio”. Por ello, Negrín aclara que ha tomado la decisión de “seguir adelante con procedimiento de negociado sin publicidad” y recalca que su decisión “se basa en lo establecido en dos artículos de la ley de contratos del sector público”.

“Lo último que me apetecía era iniciar este camino solo, pero mi deber está en impedir que se fuera a negro. En cualquier caso, la inacción es una asunto de trascendencia, ya que de no promover una licitación se hubiera favorecido los intereses de un solo agente”, manifestó.

Desde el Grupo Mixto, Melodie Mendoza insistió en que todos los grupos del Parlamento deben apelar a la coherencia para que los asuntos importantes salgan adelante. “El concurso a día de hoy sigue por el concurso de negociado sin publicidad, opción que eligió el señor Negrín y que no impiden los tribunales. Buscar la opción más viable para que la televisión deje de emitir en unos dos meses. Como la tele se vaya a negro no sabremos cuándo volverá a emitir”, concluyó.

Tras los reproches de los diferentes grupos parlamentarios, en los que lo acusaron de “mentiroso”, de “cínico” y de hacer lo que ha querido con dinero público, en su última intervención para el cierre de la comparecencia, Negrín señaló que ha tenido que “atravesar muchas dificultades” y que el proceso “ha dañado la imagen del ente”.

Por su parte, Negrín señaló que han sido muchas las dificultades que ha tenido que atravesar y que durante este proceso “se ha dañado la imagen del ente”. “No he abandonado por responsabilidad. Unos 700 trabajadores dependen de este contrato y me levanto cada día para sacar esto adelante”, y por ello “seguiré adelante con el negociado sin publicidad”.

“Yo no estoy haciendo nada fuera de la legalidad y voy a seguir adelante porque es mi deber y mi responsabilidad”, considera. Asimismo, acabó su comparecencia pidiendo “respeto para los profesionales del ente público”, ya que “ellos no se pueden defender”.

El presidente de Radio Televisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, ha responsabilizado al Parlamento de Canarias de la situación de “tensión e inestabilidad” que vive desde hace meses ese ente público mediante una carta recibida este jueves por la presidenta de la Cámara, trasladada a los grupos parlamentarios unas pocas horas antes de que se reuniera la comisión de control que descalificó mayoritariamente sus últimas decisiones en torno al polémico concurso de informativos para la Televisión Pública, dotado con 144 millones de euros.

La carta expone la visión que de la situación del órgano tiene su presidente, que en ningún momento hace el menor ejercicio de autocrítica. Muy al contrario, además de culpar a las fuerzas parlamentarias, a las que acusa de no haber aprobado el mandato marco que mandata la ley, Negrín se queja de que ninguna de ellas le haya aportado “cualquier otra solución para evitar el impacto en la televisión pública y en su plantilla de la situación improrrogable a partir del 30 de junio de 2018”.

En esa fecha, recuerda Negrín, acaba la prórroga otorgada a la actual concesionaria de servicios informativos de TVC (Videoreport Canarias), y si para entonces no se ha adjudicado el accidentado concurso que ha motivado esta carta, la televisión pública “se iría a negro” porque ·carece de medios técnicos y sin esta contratación externa no hay cámaras, ni controles de realización, ni platós, ni tan siquiera un edificio propio en el que restar este servicio público fundamental que tanto hace por la vertebración de nuestra tierra“.

El presidente de RTVC advierte a la presidenta del Parlamento de que si no se resuelve ese problema antes del 30 de junio se verán afectados los 214 trabajadores de Videoreport y los que emplean las productoras que prestan servicio a la televisión pública, lo que según sus cálculos eleva la cantidad de afectados a 700 personas. Estas advertencias se producen en el momento en el que Negrín y su equipo directivo se encuentran acorralados al aflorar informes, decisiones administrativas y resoluciones judiciales que, como mínimo, cuestionan la gestión de los dos últimos concursos que él ha promovido: el de informativos y el de transporte de señal de la radio y la televisión.

Sin embargo, Santiago Negrín defiende su actuación en el polémico concurso de informativos al afirmar que sus actuaciones “han sido en todo momento avaladas por informes jurídicos y con el único objetivo de defender el interés público”. En este punto hace mención a informes de los abogados del Estado Martín Orozco y Carlos Cabrera, pasando por alto que el primero abandonó su puesto de asesor del ente por profundas discrepancias precisamente en relación a este concurso, y que los informes con los que el segundo impulsó los pliegos del concurso dieron lugar a que se declarara desierto por la mesa de contratación al detectarse errores de los licitadores provocados por su oscurantismo y ambigüedad.

Tampoco hace la más mínima referencia Negrín en su carta a las advertencias que ha recibido por parte de la secretaria-letrada del consejo rector que él preside, que le previno seriamente en la última sesión de que estaba incurriendo en fraude de ley al sustituir aquel concurso -abierto y declarado desierto- por otro -el actual- negociado, sin publicidad y restringido únicamente a las tres empresas anteriormente licitadoras. Del mismo modo que no se recoge en la carta la más mínima mención al auto de un juez de lo contencioso-administrativo que el pasado día 9 suspendió cautelarmente aquella convocatoria inicial por considerar que el presidente de RTVC es manifiestamente incompetente para erigirse en órgano de contratación, como ha hecho en estos dos concursos Santiago Negrín.

De su repertorio de acusaciones no escapa la vocal del consejo rector María Lorenzo, nombrada por el Parlamento a propuesta del PSOE, a la que reprocha haberse abstenido en acuerdos clave de su gestión. Lorenzo ha sido la única consejera que hasta el momento ha venido advirtiendo de las presuntas ilegalidades que jalonan la gestión de Santiago Negrín, muchas de ellas coincidentes con las que ha formulado la secretaria del consejo rector.

El lamento más curioso que profiere Negrín se encuentra en el tercer párrafo de su larga carta de tres folios: “Quiero dejar constancia igualmente del escaso interés que han mostrado sus señorías por la denuncia presentada por mí ante la Fiscalía, en contraste con la celeridad con la que se me insta a comparecer por la información publicada en cualquier medio”. Se refiere a la denuncia que interpuso contra Canarias 7 y Diario de Avisos por informaciones que dijo le producían el efecto de sentirse presionado. Nada más se supo de ella una vez interpuesta.

La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC), a la vista de las actuaciones emprendidas de forma unilateral y sin competencias para ello por parte del presidente de Radio Televisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, para promover un procedimiento de contratación negociado sin publicidad por un importe de 144 millones de euros por un periodo de ocho años, “para la ejecución y emisión de programas informativos de Televisión Pública de Canarias, S.A. y servicios complementarios” está evaluando:

Por un lado la ampliación de su demanda ante el Juzgado nº3 de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, incorporando el intento de eludir la suspensión decretada por el juzgado nº1 del procedimiento de contratación, ignorando y arrogándose las competencias del Consejo de Rector.

Por otro lado, la posibilidad de impulsar acciones judiciales ante la jurisdicción penal contra el presidente de Radio Televisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, por lo que pudiera ser una actuación al frente de la RTVC, susceptible de ser considerada constitutiva de un delito de prevaricación y societario.

UPCC insiste en la defensa de unos servicios informativos públicos que no dependan de poderes económicos, y de sus relaciones con los poderes políticos, para poder asegurar el Derecho Fundamental a la Información de la Ciudadanía y realizar su función de control al Poder. Para el sindicato de periodistas, sólo así los ansiados Consejos Informativos recogidos por la Ley de RTVC serán útiles pues los trabajadores no dependerán de los contrarios precarios de las empresas privadas. UPCC recuerda que los Consejos Informativos de Radio Televisión Española (RTVE) denuncian las presiones políticas, algo que por fin también se podría hacer en RTVC.

Además, recuerda que la mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados ha acordado que miembros y presidencia del Consejo de RTVE sean elegidos mediante concurso público y no a dedo por los partidos políticos, como ocurre en RTVC. Por eso anima a los grupos políticos canarios a que sean coherentes con el acuerdo alcanzado por sus formaciones políticas en Madrid, y hagan lo mismo en Canarias.

El sindicato, que representa al sector de las periodistas y comunicadoras de las Islas, apuesta por una oferta pública de empleo para los servicios informativos de RTVC con un baremo justo para los actuales trabajadores acordado por todos agentes sociales implicados. UPCC pertenece a la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), a la Fede9ración Europea de Periodistas (FEP) y a la Federación Internacional de Periodistas (FIP), a través de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP).

A veces se produce un cataclismo y coinciden más de dos noticias en el espacio tiempo canario. No es lo normal, pero a veces ocurre. Es cierto que era muy probable la investigación (imputación) de José Alberto Díaz por el caso Grúas, sobre todo tras el auto de la Audiencia Provincial. También es cierto que el concurso de Negrín tenía las horas contadas, pero que todo ello sucediera el mismo día que Fernando Clavijo ofrecía una entrevista a Mírame TV era hilar muy fino.

Y así se presentaba la tarde del pasado lunes, como otra cualquiera, con un alcalde investigado por corrupción, un concurso de 144 millones “esperpéntico y clamoroso”, muchas preguntas sobre sanidad y otras tantas sobre carreteras. El presidente aguantó bien las preguntas sobre el estado en el que se encuentra la sanidad, con datos y pizarra incluida. Eso sí, igual debemos revisar ese resentimiento que tiene el presidente con los periodistas, porque dice Clavijo que la mala percepción de la sanidad es culpa de los medios de comunicación, que no mostramos bien los datos. Es decir, como a él le gustan.

Sobre el concurso “esperpéntico” de la Radio Televisión Canaria (RTVC), el presidente nos soltó un “no me consta” como una casa. El presidente del Gobierno de Canarias nos dijo a todos los canarios que desconoce la situación en la que se encuentra la televisión pública canaria. Así, sin medias tintas, sin sonrojarse.

Fernando Clavijo dijo que desconocía en qué situación se encontraba el concurso de la Radio Televisión Canaria que pretendía llevar a cabo su presidente, Santiago Negrín, por medio de un dedazo: “Eso es cosa del Parlamento, yo lo desconozco”, añadía.

El problema es que no hablamos de un concurso cualquiera, sino de uno que además de jugarse 144 millones ha sido cancelado por segunda vez debido a las posibles irregularidades cometidas. Los políticos suelen utilizar la táctica del desconocimiento para producir asombro en el espectador y en la persona que los entrevista. El político de turno admite en público que desconoce un problema de gran envergadura para evitar que el entrevistador haga repreguntas. Aunque en este caso, Clavijo no resultó creíble.

El presidente de Canarias también se atrevió a hablar del fake máster de Cristina Cifuentes. Clavijo reconoció que si él se encontrara en una situación similar a la de la presidenta de la Comunidad de Madrid hubiera reaccionado “diciendo la verdad”. Ahora que el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, está investigado por el caso Grúas, Clavijo puede compartir experiencias y consejos sobre los cataclismos informativos con Cifuentes.

El silencio ha vuelto a ser la reacción del presidente de Radio Televisión Canaria, Santiago Negrín, y de la única persona de confianza que le queda, la directora de Relaciones Institucionales, Daida Rodríguez, ante el contundente auto judicial que este lunes echó por tierra sus autoproclamación como órgano de adjudicación del ente público y de las empresas que de él dependen. No hubo comunicado oficial, ni declaraciones a los medios que le han venido apoyando en esa posición, cada vez más al margen de la ley. Sí se ha sabido, sin embargo, que Negrín y Rodríguez confían en que antes del viernes se notifique una resolución judicial que dé respuesta a la petición de anulación de su último intento: el concurso restringido sin publicidad para adjudicar a dedo los 144 millones del concurso de informativos.

La directora de Relaciones Institucionales de RTVC, Daida Rodríguez, confirmó este martes a los representantes sindicales de los trabajadores de Videoreport (actual concesionaria de los informativos de Televisión Canaria), que el auto del juez de lo Contencioso-Administrativo 1 de Santa Cruz de Tenerife había supuesto un importante contratiempo para el propósito de adjudicar antes del 22 de este mes el polémico concurso. Rodríguez confesó que no se esperaban una suspensión cautelar de ese calibre con advertencias muy graves como la posibilidad de que todo lo actuado sea nulo de pleno derecho por haberse hecho al margen del consejo rector de RTVC, el órgano de control nombrado a tal fin por el Parlamento de Canarias.

Pero tanto Daida Rodríguez como Santiago Negrín confían en que el mismo juzgado que suspendió el primero de los concursos (público y abierto), que quedó desierto por  errores de su pliego de condiciones, no haga lo mismo con el actual, el negociado sin publicidad al que solo han sido invitadas las tres empresas que concurrieron al primero.

La confianza de los dos timoneles de RTVC se basa en un auto de fecha 5 de este mes del mismo juzgado -pero firmado por otro juez- que no consideró de urgencia suspender esta convocatoria sin escuchar a la administración demandada, es decir, RTVC. El ente público ya ha contestado al requerimiento judicial explicando lo que hasta ahora le ha servido para justificar la excepcionalidad del concurso negociado sin publicidad, lo que no le permite, sin embargo, zafarse de la ilegalidad de partida que presenta: al igual que la licitación suspendida por haber sido convocada por el presidente de RTVC y no por su consejo rector, esta segunda también lleva la única firma de Santiago Negrín.

Mientras llega esa resolución judicial, que la dirección de RTVC espera antes del viernes, se mantiene la tramitación del concurso negociado sin publicidad como si nada hubiera pasado. Negrín no ha desconvocado la segunda sesión de la mesa de contratación en la que piensa abrir el sobre número dos de las tres ofertas presentadas. O, por ser más precisos, el sobre número 2 de dos de las tres ofertas presentadas, porque uno de ellos, el correspondiente a Liquid Media, fue abierto por error en la sesión del lunes. A esta segunda reunión Negrín ha convocado a técnicos de la casa para escuchar su opinión respecto a las ofertas que se presentan, pero no hay seguridad de que todos los convocados acepten prestarse a participar en un concurso que tiene todos los visos de ilegalidad y sobre los que pesan ya dos advertencias formales, la del juez de lo Contencioso y la de la secretaria del consejo rector, que antes de la convocatoria ya hablaba de fraude de ley.

Daida Rodríguez ha dicho a los representantes laborales que si Santiago Negrín no logra adjudicar el concurso de informativos tal y como lo tiene planteado en estos momentos, es muy probable que dimita ya que se trata de “su principal proyecto” en este mandato. Su periodo como presidente de RTVC, no obstante, expirará el próximo día 22 haya o no adjudicado este concurso.

Al presidente de Radio Televisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, no le arredran las advertencias de la secretaria del consejo rector de ese ente. Solo 24 horas después de que le advirtiera formalmente de que estaba actuando “en fraude de ley”, ha convocado por la vía de urgencia y por el procedimiento negociado sin publicidad un concurso para adjudicar la prestación de los servicios informativos de la Televisión Canaria, dotado con 144 millones de euros para un periodo de ocho años.

Mediante un correo electrónico, las tres productoras que concurrieron al concurso abierto que el jueves él mismo declaró desierto por la ambigüedad y oscurantismo de sus bases, recibieron la nueva convocatoria con unos plazos muy exigentes: diez días naturales a contar a partir de este Jueves Santo, lo que significa que las tres ofertas habrán de estar presentadas el sábado 7 de abril. En la convocatoria se anuncia que los sobres serán abiertos el próximo 9 de abril, lunes. Meteórico.

Las empresas invitadas al concurso restringido son Nuntium TV, integrada por Editorial Prensa Canaria (La Provincia y La Opinión de Tenerife), y el Grupo Prisa (Cadena Ser y El País); Liquid Media, originariamente del magnate de la comunicación Jaume Roures, ahora con mayoría de un fondo de inversión chino, y Videoreport Canarias, participada entre otros por Inforcasa, la editora del periódico Canarias 7. Sus técnicos y directivos tendrán que dedicar esta Semana Santa a revisar los pliegos del nuevo concurso para comprobar si las ofertas que presentaron a la convocatoria anterior se ajustan a ellos, de modo que no se arriesguen a quedar excluidas por defectos formales.

En el título preliminar de esta nueva convocatoria se indica que se mantienen “las condiciones esenciales del procedimiento abierto”, lo que no garantiza en absoluto que no se hayan introducido modificaciones, sobre todo a la vista de la accidentada solución adoptada la semana pasada: el propio Negrín declaró desierto el concurso alegando que ninguna de las ofertas era admisible, resolución que tomó después de que la mesa de contratación le elevara sus profundas discrepancias con el confuso contenido de las bases, lo que precisamente condujo a los tres licitadores a cometer errores en la distribución de sus ofertas en los tres sobres de que constaba la licitación.

El procedimiento administrativo para formular este nuevo concurso negociado y sin publicidad ha sido preparado por asesores jurídicos ajenos al ente público RTVC, que precisamente este miércoles se quedaba sin responsable económico-financiera, y en contra del criterio de la secretaria del consejo rector, Cristina Duce, que advirtió al presidente de que su proceder en este asunto está en lo que definió como “fraude de ley”.

Según el Código Civil, en el fraude de ley o fraude a la ley se inscriben “los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él”.

La reacción de Negrín fue la de atacar a la funcionaria, experta en contratación pública, mediante un comunicado en el que relegaba sus competencias al consejo rector -el máximo órgano ejecutivo del ente público- y radicando este concurso en la junta general de Televisión Pública de Canarias, S.A., que no dispone de ningún funcionario o funcionaria que ejerza el control previo de legalidad de los actos de su presidente, el mismo Negrín. Medios afines al Gobierno se ocuparon este miércoles de insultar y vejar a la funcionaria y a su familia por haber proferido tal advertencia legal, como viene ocurriendo recurrentemente cada vez que se tuercen de alguna manera los propósitos del presidente de RTVC y de sus patrocinadores en este proceso.

El concurso de informativos de TVC nació con polémica al arrogarse su convocatoria el presidente del ente RTVC sin contar con el respaldo del consejo rector, elegido por el Parlamento de Canarias para controlar la gestión de los dos medios públicos de Canarias. Dotado con 144 millones de euros para un periodo de ocho años. El concurso original, ahora declarado desierto, se encuentra recurrido en la jurisdicción contencioso-administrativa después de que fracasaran las impugnaciones ante el órgano de contratación y el Tribunal de Contratos del Gobierno de Canarias se declarara incompetente para pronunciarse.

Una vez la mesa de contratación ha quedado desconvocada por declararse desierta la anterior licitación, Santiago Negrín asume todas las responsabilidades en solitario.

El portavoz del grupo parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC), José Miguel Ruano, ha reconocido que su formación política ha tenido “muchísimas discrepancias” con la gestión que el presidente del ente público, Santiago Negrín, ha hecho de la Radio Televisión Canaria (RTVC), sin entrar a valorar ni especificar ninguna. Su formación propuso la designación del periodista en el Parlamento de Canarias, que fue elegido por 52 votos a favor y tres en blanco en 2015.

Durante su intervención en el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, Ruano también ha revelado que la propuesta de reforma de la Ley de RTVC -que registraron por separado populares y nacionalistas por un lado, y los socialistas por otro- se redactó entre el las tres formaciones.

“Probablemente habríamos llegado a un acuerdo para presentar la propuesta de forma conjunta de no ser por un voto discrepante en las filas socialistas” lo que “ha impedido el nombramiento de dos excelentes profesionales”, en referencia a las votaciones a las vacantes al Consejo Rector del ente público en el Parlamento de Canarias.

Según Ruano, “alguien” en el PSOE “no quiere que haya acuerdos con CC para una empresa, Radiotelevisión Canaria, que requiere cambios y que tiene una ley que la regule que hay que cambiar”, insistiendo en que “para llegar a acuerdos es preciso también renunciar”.

Acto seguido, Ruano ha incidido en los puntos comunes que acercan las posturas de PP, PSOE y CC a pesar de las diferencias, como la intención de los socialistas de hacer públicos los informativos de la RTVC, al igual que plantea Podemos y Nueva Canarias, algo con lo que su partido discrepa, según él mismo ha reconocido.

Sin embargo, les advirtió de que no pueden trasladar sus problemas internos a decisiones concertadas porque con el aplazamiento de la renovación de los órganos de control “el reloj va en contra” del candidato del PSOE a la Diputación del Común, dado que la ley fija un periodo máximo de entre 15 y 30 días para ser elegido después de la defensa de su candidatura en comisión“. ”Supongo que quien votó en contra está muy satisfecho de que el reloj vaya en contra“, ironizó.

“Podemos cambiar las candidaturas, pero cuando hay acuerdo, hay acuerdo”, subrayó Ruano, quien quiso dejar claro que su grupo va a seguir con la mando tendida a los demás grupos sin que eso signifique que no hagan oposición. “Sólo pedimos acuerdos con los grandes asuntos de Canarias y el PSOE es un partido que ha representado la gobernabilidad de España y Canarias. Mantengan eso con dignidad”, subrayó.

Las negociaciones entre CC y PP son “legítimas”

Al igual que hiciera el presidente del PP, Asier Antona, el portavoz de CC-PNC ha criticado que el PSOE haya denunciado la posible negociación entre su partido y los populares sobre las autoridades portuarias, pues ha señalado que “son legítimas” y no hay al respecto un acuerdo previo con los socialistas.

También se ha referido al pacto que al principio de la legislatura mantuvieron PSOE y CC, así como de las negociaciones que tras romperse ese acuerdo su partido mantuvo con el PP, y ha insistido en la necesidad de negociar con todas las fuerzas.

Por otro lado, emplazó a Antona a que no se precipite con alcanzar la Presidencia del Gobierno de Canarias porque “con tanta oxigenación a lo mejor va a hiperventilar”. En esta tesitura, dijo que hasta las próximas elecciones hay que hacer una confrontación para mejorar la calidad de vida de la gente, y también tendió la mano al PP para buscar ámbitos para mejorar la sanidad porque “ahora que hay más recursos, hay que hacer un esfuerzo para ese gran acuerdo”.

Respecto al Grupo Mixto, agradeció el “concurso decidido” que hace la Agrupación Socialista Gomera a la gobernabilidad de Canarias, tanto en momentos donde sus tres votos han sido necesarios como en los que no.

Lo que el PSOE no quiso en el Congreso de los Diputados para Radiotelevisión Española lo quiere en el Parlamento autonómico para la Radiotelevisión de Canarias. El Grupo Socialista ha registrado en su propuesta de modificación de la Ley de la Radio Televisión Canaria (RTVC) una reducción del mínimo de votos para elegir al titular de la dirección general del ente, una medida similar a la que incluyó el Partido Popular (PP) en 2012 en un decreto-ley para RTVE y que Ferraz recurrió por inconstitucional. Como respuesta al fracaso de la elección de las dos vacantes al Consejo Rector de la RTVC, la nueva propuesta del PSOE propone una primera mayoría de dos tercios (40 votos) para elegir a los miembros del órgano fiscalizador y al director o directora general, pero “si, transcurridas veinticuatro horas desde la primera votación en el Parlamento de Canarias, no se alcanzase la mayoría de tres quintos, éste lo elegirá por mayoría absoluta”.

En 2012, el PP anulaba la obligación de disponer del apoyo de dos tercios del Congreso para designar al presidente del ente. Aunque tras las siguientes elecciones generales se cambió esta imposición del Gobierno de Mariano Rajoy (que pasó el rodillo para elegir al actual director de la Corporación), el Tribunal Constitucional anuló parte de su reforma en 2017. En concreto, rechazó el argumento que utilizaron los populares para reducir el número de consejeros y declaró nulos los tres primeros apartados del artículo 1 de la norma recurrida; y sí consideró justificado que el Congreso o el Senado elijan a los consejeros y presidente de la corporación por mayoría absoluta en segunda vuelta ante una situación de bloqueo.

Sin embargo, la decisión del Tribunal provocó discrepancias entre algunos magistrados, que consideraron que una votación en segunda vuelta, sin contar con la oposición, reduce la pluralidad y desactiva la minoría de bloqueo para la elección de los órganos de dirección, unos cargos que pueden servir a los intereses políticos si no cuentan con las garantías democráticas que lo eviten.

Dos propuestas similares

A principios de marzo de este año el PP, Coalición Canaria (CC) y la Agrupación Socialista Gomera (ASG), por un lado, y posteriormente el PSOE por otro, registraron sus propuestas para modificar la ley de RTVC como solución a los problemas del ente público, sumido en un profundo deterioro por la desastrosa gestión de su presidente, Santiago Negrín.

Sin grandes diferencias entre ambos documentos, PP, CC y ASG cambian la terminología de Consejo Rector por Junta de Control y aumentan de cinco a seis el número de sus miembros; el PSOE se decanta por la figura del Consejo de Administración y propone entre cinco y siete personas para ese órgano. En ambos casos, lo más paritaria posible. La presidencia pasa a ser denominada dirección general en ambas propuestas, aunque en la proposición de populares y nacionalistas está integrada en el órgano de fiscalización como ocurre con la Presidencia y el Consejo Rector en la ley vigente.

Para elegir a los candidatos a ocupar estos puestos de control, gestión y toma de decisiones del ente público las propuestas de reforma reducen la pluralidad y el consenso. En la ley vigente, redactada en 2014 por el PP y el PSOE, para seleccionar a los candidatos al Consejo Rector se necesitan 40 apoyos (2/3) en las dos primeras votaciones del Parlamento de Canarias; si no se obtiene ese respaldo se procede a una tercera ronda que reduce esa línea hasta los dos quintos, es decir, 36 votos. Si tampoco se alcanza esa cifra, se convoca una última votación y, en caso de volver a fracasar, se vuelve a iniciar el procedimiento de elección de candidatos al Consejo Rector.

Esto es precisamente lo que ha ocurrido en la Cámara para cubrir las dos vacantes dejadas por dos vocales que dimitieron en 2015. Para evitar una situación similar en el futuro, PP, CC y ASG proponen lo mismo que los socialistas, pero reducen la mayoría en la primera votación hasta los tres quintos (36 votos).

Con la propuesta de populares y nacionalistas la duración del mandato de la Junta de Control pasa de seis a cuatro años, lo que incluye también a la dirección general; mientras que en la del PSOE liga la duración del mandato al de la legislatura. En los dos casos, permanecerán en su cargo hasta que se elijan a sus sustitutos, aunque se agote el mandato.

Los criterios para seleccionar a los candidatos continúan partiendo de los grupos políticos que tengan más representación en el Parlamento de Canarias en ambas propuestas. Los seleccionados tienen derecho a recibir indemnización económica y pueden aprobar contratos que superen el millón de euros y tengan carácter plurianual, entre otras competencias.

Aclarar competencias

Uno de los argumentos principales de CC para defender una reforma de la ley de la RTVC, es que el problema de bloqueo que reconoce tener el ente público radica en que no quedan claras las competencias que tiene cada órgano de dirección.

En ambas propuestas, se distingue a la “persona titular de la dirección general de RTVC” con “la condición de alto cargo, con dedicación exclusiva y sujeto al régimen de incompatibilidades propio de los altos cargos de la Comunidad Autónoma de Canarias”; sin embargo, en la modificación de PP, CC y ASG ofrece al titular de la dirección general elegir una retribución equivalente a la de los viceconsejeros u “optar a las retribuciones que le correspondiera como administrador único de la sociedad o sociedades filiales”. Entre otras competencias de carácter eminentemente ejecutivo, la dirección general actuará “como órgano de contratación del ente público RTVC”.

Para especificar el cese de la persona que ostente dicho cargo, ambas propuestas coinciden en que debe obtener “el mismo quórum por el que se aprobó su elección” en el Parlamento. Los socialistas especifican aún más dedicándole un artículo: la solicitud para votar el cese del titular de la dirección general debe estar motivada por el Consejo de Administración, por tres grupos parlamentarios o por aquellos que representen, como mínimo, “a dos quintos de los diputados y diputadas”. También contemplan una votación por mayoría absoluta en el caso de “incompetencia manifiesta o actuación contraria a los criterios, principios u objetivos” de la Ley de RTVC, o “ser inhabilitado para el ejercicio de cargo público como consecuencia de un expediente sancionador firme, condena firme por cualquier delito doloso o cualquier otra causa que impida legalmente el desempeño del cargo”.

Un traje a la medida del abogado Carlos Cabrera

Cabe destacar la modificación que PP, CC y ASG hacen al artículo 17, referido a la Secretaría de la Junta de Control, concretamente el cuarto: “En caso de vacante por baja, ya sea por enfermedad o imposibilidad temporal de cubrir la plaza, podrá optarse por contratar los servicios de profesionales de reconocido prestigio, durante el tiempo necesario hasta tanto se cubra la plaza”.

Las cualidades a las que se refiere están hechas a medida para colocar al abogado antaño vinculado a la Sociedad Canaria de Televisión Regional (Socater) y al Grupo Prisa, el tinerfeño Carlos Cabrera, que participó en el tramo final de elaboración del pliego de condiciones del concurso para la prestación de servicios informativos de la Televisión Canaria.  Ambas empresas de comunicación, junto con sus accionistas, conforman uno de los grupos interesados en participar en ese millonario concurso.

Se da la circunstancia de que la actual secretaria del Consejo Rector podría pedir en breve el permiso de maternidad al que tiene derecho, lo que los grupos proponentes tratan de aprovechar para elevar a ese rango administrativo al letrado que hasta ahora ha venido asesorando externamente al presidente del ente, Santiago Negrín.

Otras modificaciones destacables se aprecian en el artículo 22 referido al Consejo Asesor, el órgano de participación de la sociedad civil en el ente público. La ley vigente contempla 26 miembros; pues las dos propuestas coinciden en reducir a 25 esa cifra y en eliminar a los dos representantes sindicales de UGT y CCOO y a los dos de las organizaciones empresariales más representativas. Añaden un representante más de los trabajadores de RTVC (dos en total) y dos vocales de empleados de empresas privadas que prestan servicios de producción audiovisual el ente público. Del resto de los integrantes, siete serán nombrados por los cabildos, otros siete por el Gobierno de Canarias, tres por la industria cultural, audiovisual y periodística, un representante de las asociaciones de consumidores y usuarios, dos representantes de cada una de las universidades y uno del Consejo Escolar de Canarias.

Por último, de aprobarse cualquiera de las dos propuestas para renovar la ley vigente, los integrantes del Consejo Rector y el presidente de la RTVC continuarán en funciones hasta que se constituya la Junta de Control o el Consejo de Administración y la Dirección General, limitando sus competencias a la celebración de “contratos y negocios jurídicos que resulten imprescindibles para dar cobertura a las necesidades del ente público”. En cuanto al Consejo Asesor de RTVC y los Consejos Informativos previstos en esta ley, deberán crearse “en el plazo de 6 meses desde la publicación del Reglamento Orgánico”, según la propuesta de PP, CC y ASG. El PSOE reduce el plazo de la constitución de los Consejos Informativos a los tres meses.

En una disposición adicional añadida, el PSOE establece que el ente público “encargará un estudio económico y jurídico externo que evalúe el coste de internalizar los servicios informativos”.

Enderezar el rumbo de la RTVC

Enderezar el rumbo que la desastrosa dirección del presidente Santiago Negrín le ha marcado a la Radiotelevisión canaria es una ardua tarea que el parlamento canario no ha conseguido llevar a cabo. El ente público parece inexorablemente abocado a que se adjudique el jugoso concurso de informativos (144 millones de euros) durante el mandato del actual presidente, que finaliza en mayo.

El PSOE tuvo en su mano impedirlo, pero su acercamiento a Coalición Canaria evitó el cese de Negrín y precipitó el ridículo de su partido cuando, tras cuatro votaciones, no consiguió solventar el primer punto de su acuerdo con el partido nacionalista: cubrir las dos vacantes de un Consejo Rector mermado tras la renuncia de dos de sus cinco consejerías en una semana de 2015, que tras solo siete meses de vida del órgano ponía de manifiesto el proceso de deterioro interno del ente.

Un voto secreto socialista negó la ambición al nuevo secretario general, Ángel Víctor Torres, de obtener dos plazas para su partido en el Consejo Rector. Coalición Canaria, que gobierna en minoría, volvió a mirar al Partido Popular, que hasta entonces había mantenido una postura dura y crítica contra la gestión de RTVC del Ejecutivo de Fernando Clavijo: defendía la destitución de Negrín junto a Podemos y Nueva Canarias. No habían pasado ni tres días desde la última votación en el Parlamento de Canarias cuando CC, PP y ASG registraron una Proposición de Ley para modificar la actual. El secretario general de los socialistas no tardó en convocar una rueda de prensa ese mismo día para anunciar que su partido registraría su propuesta tres días después.

CC ha mantenido la necesidad de una nueva ley para acabar con lo que denominó la “bicefalia imperfecta”, originada por un cruce de competencias entre los órganos.

En el PP han defendido su nueva postura porque consideran que debe “despolitizarse” el ente; con la creación del Consejo Rector vigente, fueron dos los candidatos del PP que formaron parte del órgano. Ahora, si su proposición es aprobada en el Parlamento de Canarias, probablemente volverían a sumar más de un candidato para la que denominan Junta de Control.

Por otro lado, los socialistas han defendido que su propuesta de modificación es un primer paso hacia unos informativos públicos, citando su artículo 4: Carta del Servicio Público del ente público RTVC, como ejemplo de ello. Desde la oposición reclaman unos informativos públicos o un acuerdo entre todo el Parlamento de Canarias para reformar a la RTVC. Podemos cree que con la modificación de PP, CC y ASG se busca “legalizar la falta de consenso” y la politización de los órganos de dirección del ente público. En Nueva Canarias piensan que la solución pasa por llegar a una mayoría simple entre la formación morada, los populares, socialistas y su formación política para alcanzar acuerdos consensuados para “despolitizar y superar” la grave crisis del ente público.

Un consultor experto en telecomunicaciones que ha desarrollado gran parte de su vida profesional como gestor comercial de grandes compañías como Retevisión o Axión, es el nuevo refuerzo con el que se ha hecho la mesa de contratación que analiza las tres ofertas presentadas al concurso para servicios informativos de Televisión Canaria. Ángel Navarrete, socio director de Anatel Consultores, ha sido contratado para “la elaboración de informe técnico relativo a la documentación presentada por las tres empresas licitadoras (…) en el sobre 2, memoria de la propuesta de contenidos ofertada”.

Sin embargo y pese a lo que recoge el acta de la sesión en la que se decidió su contratación, en Televisión Canaria se da por sentado que el consultor se ocupará de evaluar los aspectos puramente técnicos de las ofertas presentadas al concurso, tanto el material propuesto (cámaras, mesas de audio) como los sistemas de emisiones. No está autorizado a puntuar esas propuestas ni a recomendar la contratación de ninguna de las ofertas.

Ninguna fuente de RTVC ha aclarado esta contradicción entre las funciones encargadas a Navarrete y la especialidad de su consultora.

La secretaria de la mesa de contratación, que es la misma que ejerce tales funciones en el Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria, ya ha advertido a los miembros de la mesa de la obligación de motivar las decisiones de cada uno de ellos, independientemente de las opiniones que puedan aportar al proceso este asesor o cualquier otro que pudiera contratarse.

Ángel Navarrete presenta una amplia trayectoria profesional en su perfil de Linkedin: ingeniero técnico de Telecomunicaciones, licenciado en Empresariales, ha desempeñado diversos puestos de trabajo en compañías de transporte de señal y en dos televisiones públicas, Televisión Española y en TV3, siempre vinculado a la faceta técnica. Desde 2007 es socio único de la mercantil Anatel Consultores, S.L., que figura en el portal eInforma como carente de actividad desde 2016.

En la web de la consultora, sin embargo, se presenta como activa, aunque con copyright de 2012, con clientes como Televisión Canaria y el Instituto Tecnológico de Canarias, organismos ambos dependientes del Gobierno regional.

Hasta el momento solo se conoce la contratación de Anatel Consultores y sigue sin conocerse si el ente público buscará asesoramiento externo para evaluar los aspectos económico-financieros, teniendo en cuenta que ese es uno de los más graves déficits que presenta la mesa de contratación después de que días antes de constituirse abandonara RTVC el que fuera su último director corporativo, Heriberto Monzón.

Dotado con 144 millones de euros durante ocho años y en estos momentos impugnado ante la justicia por haberse convocado y estarse tramitando sin la autorización del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria y el criterio de la secretaria de ese órgano, el concurso cuenta con una mesa de contratación con una de sus miembros impugnada por uno de los concursantes, Videoreport Canarias, de cuyo principal accionista, Inforcasa, fue empleada durante años la directora de Relaciones Institucionales, Daida Rodríguez.

Al concurso se han presentado, además de Videoreport, Mediapro, el buque insignia del catalán Jaume Roures, cuya mayoría de capital ha pasado a ser de un grupo inversor chino, y el grupo Prisa, junto a Editorial Prensa Canaria, agrupados ambos en la mercantil de reciente creación Nuntium TV.