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Está actuando “en fraude de ley”, advierte al presidente de RTVC la secretaria del consejo rector

El presidente del Consejo Rector de RTVC, Santiago Negrín. EFE/Cristóbal García

Carlos Sosa

Las Palmas de Gran Canaria —

“En fraude de ley”. En esa posición tan delicada colocó este martes a Santiago Negrín, presidente de Radio Televisión Canaria (RTVC), la secretaria de su consejo rector, Cristina Duce, durante la reunión convocada para dar cuenta de la decisión de declarar desierto el concurso de los servicios informativos para la televisión pública y de formular un negociado sin publicidad por un importe de 144 millones de euros para un periodo de ocho años.

Ha sido, con diferencia, la advertencia más severa que le ha hecho a Negrín esta funcionaria de la Comunidad Autónoma, experta en contratación pública, pero esta vez pronunciada con la mayor de las solemnidades: “Quiero hacer constar en acta, antes de que el señor presidente levante la sesión, que en mi doble condición de secretaria del consejo rector y de la mesa de contratación del concurso, he advertido al señor presidente de que mi opinión no coincide con la suya y que el concurso negociado sin publicidad que pretende tramitar es un fraude de ley”.

No es la primera vez que la alta funcionaria hace pronunciamientos acerca de las ilegalidades que se pueden estar produciendo en esta y en otra polémica licitación de la era Negrín, la del transporte de señal de la televisión y la radio públicas. Solo que esta vez Cristina Duce ha huido de las advertencias puestas en condicional para emplear afirmaciones definitivas: “es un fraude de ley”, recalcó.

Pero no fue lo único que afirmó la secretaria del consejo rector, reunido a iniciativa de Negrín “para informar” de sus decisiones en torno al concurso de informativos. La funcionaria mostró su contrariedad con que las opiniones de la directora de Relaciones Institucionales de RTVC, la periodista Daida Rodríguez, y las pronunciadas por el despacho Canarias Advisers, del abogado Carlos Cabrera, pesaran más que las suyas, que es la jurista de plantilla del ente público. Ambos, Rodríguez y Cabrera, aparecen recurrentemente en las decisiones jurídicas de calado que la secretaria refuta, lo que sin embargo no ha provocado ningún cambio de estrategia en el presidente del ente público.

La reunión del consejo rector celebrada este martes se produce tras la decisión personal de Santiago Negrín de declarar desierto la semana pasada el concurso de informativos “ante la encrucijada” que a su entender le manifestó la mesa de contratación al llegar a la conclusión de que la ambigüedad y la poca claridad de los pliegos de condiciones condujeron a que las tres empresas licitadoras incluyeran mejoras en los sobres donde no correspondía. Esa “encrucijada” condujo a Negrín a solicitar un dictamen jurídico a un nuevo asesor, el abogado del Estado Emilio Jiménez Aparicio, quien aconsejó continuar con el concurso al considerar que no se dañaban los intereses de los licitadores.

Los dos consejeros que completan actualmente el consejo rector de RTVC, María Lorenzo (propuesta por el PSOE), y Alberto Padrón (por el PP) manifestaron su rechazo a que Santiago Negrín tomara la decisión de declarar desierto el concurso en contra de la conclusión de ese dictamen y sin que la mesa de contratación le hubiera elevado una propuesta de resolución sino tan solo “una encrucijada”, el término al que continuamente se ha venido agarrando el presidente de RTVC para tomar su última decisión.

Tanto Padrón como Lorenzo aportaron sendos escritos en los que hacían constar sus respectivas posiciones ante la situación creada por el presidente de RTVC, que tras declarar desierto el concurso decretó iniciar un procedimiento para celebrar un concurso negociado sin publicidad al que solo pretende invitar a las tres empresas que licitaron al público y abierto que declaró desierto el viernes.

Ambos manifestaron su rechazo a las últimas decisiones adoptadas por Negrín, incluido el orden del día de la reunión de este martes. La secretaria del consejo les respaldó en su posición de que ambas debieron haber sido sometidas a la consideración de la junta general de accionistas de Televisión Pública de Canarias, S.A, formada por los mismos miembros.

En el ambiente quedó flotando la amenaza de acciones penales. “No pretenda que los consejeros le acompañemos en este viaje a ninguna parte”, dijo a Negrín la más temida de sus consejeras, María Lorenzo, que acumula el mayor número de escritos de advertencias jurídicas de la historia de la Televisión Canaria.

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