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Un informe de los trabajadores de Televisión Canaria concluye que una gestión pública de los informativos resultaría más rentable

El documento ha sido presentado a los grupos parlamentarios este martes y destaca que la gestión indirecta ha generado un modelo “caótico, ineficaz y más costoso”

El estudio refleja que, tras 19 años de existencia, el ente público carece de elementos mínimos como una redacción, un plató o unas oficinas

El informe hace una comparativa de los pliegos de condiciones de la concesión de los informativos del año 2008 y el de 2018 y advierte de que se exigen 15 trabajadores menos

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Plató de los Servicios Informativos de la Televisión Canaria

Plató de los Servicios Informativos de la Televisión Canaria VIDEOREPORTCANARIAS

Un modelo “caótico, ineficaz, incapaz de cumplir con los servicios básicos y más costoso para las arcas públicas”, es el resultado de un informe del comité de empresa de Televisión Canaria tras analizar la gestión indirecta de los informativos del ente público en los últimos años. El documento, presentado este martes a los grupos parlamentarios, refleja que, a pesar de sus 19 años de historia y una inversión de 400 millones de euros de dinero público, el ente público carece actualmente de elementos mínimos como una redacción, un plató o unas oficinas.

El informe sobre la conversión pública de los servicios informativos de Televisión Canaria insiste en que el beneficio económico no debe primar sobre la información, algo que sostiene que no se está respetando porque nunca se ha impuesto la obtención de un beneficio máximo a las adjudicatarias. 

El documento refleja que el actual modelo se basa en un acuerdo entre la parte privada y la pública que delimita el número de horas de servicios informativos. Sin embargo, cualquier incremento en dichas horas, por mínimo que sea, supone a su vez un incremento para las arcas públicas. Por ello, se recoge que, si estos servicios dependieran directamente de la parte pública, el ente no tendría más limitación para ampliar sus horas de emisión que las condiciones laborales de los trabajadores.

El estudio hace hincapié en la precarización de los trabajadores del ente, no solo en los aspectos económicos sino también en el desarrollo de su trabajo periodístico. Además, reprocha que RTVC nunca haya incluido en sus pliegos de condiciones la exigencia de una plantilla mínima, una Relación de Puestos de Trabajo (RTP) que se convierta en la estructura básica de los informativos. La cadena pública “tampoco ha mostrado en 20 años el mínimo interés en exigir unas condiciones laborales que regulen la relación entre la empresa privada y sus trabajadores”. En este sentido, recuerda que la primera plantilla que conformó los servicios informativos nació sin convenio colectivo propio, que más tarde fue negociado tras una huelga de trabajadores.

"Desinterés de la parte pública por las condiciones de la plantilla"

El comité de empresa acusa a la parte pública de “desinterés” a la hora de conocer cuáles son las condiciones laborales de la redacción externalizada. Otro aspecto en el que sostiene que el ente ha sido permisivo es en la subcontratación de personal, una alternativa empleada por las empresas concesionarias para “poder contratar a trabajadores en peores condiciones que las que exige dicho convenio”. Este sistema ha supuesto una “precarización del trabajo del que la parte pública ha sido cómplice”.

Denuncian que la subcontratación supone jornadas de más de 12 horas, libranzas no reguladas, concatenación de contratos de obra y servicio… Una situación que afecta en mayor medida a las islas no capitalinas ya que el pliego de la concesión de los informativos del año 2008 y el de 2018 deja a estas islas fuera de la obligación de pertenecer a la empresa concesionaria y han sido subcontratadas a diferentes productoras, que según explica el documento, no garantizan unas condiciones laborales similares a las de la empresa contratista.

Otra de las carencias que encuentra este informe al actual modelo de gestión es la selección de personal, cuya adjudicación recae en la productora externa, lo que imposibilita al propio ente público ser parte de la decisión en cuanto al perfil de las personas que terminan realizando sus informativos. Las dos empresas que han resultado adjudicatarias hasta el momento (Socater y Videoreport) han empleado su propia política de recursos humanos y contrataciones sin “ningún baremo ni orden de su cliente”. 

Así mismo, se echa en falta un Consejo de Informativos eficaz con la presencia de la redacción y una plantilla que trabaje bajo los principios de independencia y pluralismo que legalmente se les exige. Determinan que la Televisión Pública ha sido incapaz de gestionar directamente la redacción, lo que ha generado improductividad y desmotivación entre el personal.

El informe económico que se adjunta, elaborado por un despacho de abogados a la Federación de Servicios de CCOO Canarias, recoge que más de la mitad de los 33 millones de presupuesto de la Televisión Pública Canaria se destinan a pagar a la empresa concesionaria. El análisis económico insiste en la viabilidad de la adscripción a RTVC de los servicios informativos externalizados, tanto en sus aspectos legales como por el beneficio directo.

También recoge que hay duplicidad de cargos directivos, que ya existen en el ente RTVC y “cuyo coste está por encima del millón de euros anuales”. El estudio destaca la nula inversión en renovación tecnológica ejecutada por la empresa entre 2008 y 2016, período en el que los beneficios de la empresa concesionaria ascienden a 16 millones de euros.

El documento entregado a los grupos parlamentarios también hace una comparativa entre los pliegos de condiciones que rigen a la empresa concesionaria en 2008 y en 2018. En líneas generales, se resalta que el presupuesto ahora es ligeramente inferior, por lo que se produce una disminución del número de horas de programación exigidas y del número de trabajadores mínimos (15 menos que en el pliego actual). Pese a ello, se recoge que el coste de la hora de los informativos es superior. “Si en 2008 el ente pagaba unos 6.800 euros por hora emitida de informativos, a partir de 2018, el precio de esa misma hora de informativos aumenta en unos 2.000 euros, al tener un coste aproximado de 8.900 euros”.

Otro aspecto que preocupa es el elevado porcentaje de programación que no queda cuantificado, lo que tiene consecuencias en los trabajadores y en la propia empresa adjudicataria. Para la plantilla, si hubiera que hacer reajustes, y para la concesionaria, porque la incapacidad para prever el coste real del contrato podría derivar en un aumento de costes ante nuevas exigencias técnicas. 

Este informe del comité de empresa ve la luz semanas cuando ya ha terminado de tramitarse  el concurso de informativos para Televisión Canaria y resultara ganadora la oferta de Videoreport Canarias y cuando se está a la espera de que se produzca la adjudicación o, si se anula la licitación por irregularidades en su tramitación, el medio se vaya a negro por la ausencia de señal de continuidad a partir del 30 de junio, cuando expira el actual contrato, ya prorrogado. 

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