Dos títulos universitarios sin esfuerzo académico alguno. Sin ir a clase, sin presentarse a los exámenes, sin que haya rastro de ningún trabajo. Cristina Cifuentes y Pablo Casado se vieron envueltos en el mismo escándalo en el año 2018, cuando se reveló que ambos habían obtenido el título de posgrado sin pruebas de que hubiesen hecho nada por merecerlo. Atravesaron sendos procesos judiciales que con tiempos diferentes han acabado con los dos libres de castigo judicial. Eso sí, dos tribunales distintos han echado por tierra su coartada política.

En años distintos, Casado y Cifuentes obtuvieron el mismo máster impartido por el Instituto de Derecho Público, dependiente de la Universidad Rey Juan Carlos y dirigido por el fallecido Enrique Álvarez Conde. Ambos defendieron haberlo cursado. “El máster es perfectamente legal y real. Ni mi currículo ni mis calificaciones han sido falsificadas ni falseadas”, argumentó Cifuentes. “Tengo toda la documentación que avala mi máster”, aseguró Casado.

Dos resoluciones judiciales separadas por algo más de dos años les han desmentido a ambos. Primero fue el Tribunal Supremo, que en septiembre de 2018 eximió a Casado de cualquier responsabilidad penal, pero concluyó que no había ninguna prueba de que hubiese cursado el posgrado. El caso había llegado al alto tribunal después de que la jueza Carmen Rodríguez-Medel lo enviase al considerar que al ahora líder del PP le habían regalado el título “a modo de prebenda”.

La sala de lo Penal del Supremo rechazó imputar a Casado por cohecho, pero elaboró un relato sobre cómo había obtenido el máster que mostraba que Casado consiguió aprobar sin hacer nada. Buena parte de los créditos le fueron convalidados de manera “excepcional”, sin que él lo solicitase, algo que los jueces achacaron al “irregular comportamiento de los responsables del máster”. El alto tribunal también dejó claro que Casado no había ido a clase y que “no consta que se cumpliera” con el resto de requisitos académicos. A pesar de ello, había obtenido varios sobresalientes.

Cifuentes aprobó con notas falsificadas

El tribunal vio indicios de que se había dispensado “un trato de favor al aforado”, pero rechazaron que él tuviera responsabilidad: “Al igual que ocurre con la inexistencia de datos que avalen la presentación de trabajos que sustituyeran otros méritos inexistentes, son actuaciones imputables al responsable de su valoración, sin que el hecho de que el alumno se beneficie indique de forma suficientemente consistente que ha existido un previo acuerdo ilegítimo con el profesor”.

Aquella decisión judicial provocó que la jueza que investigaba el máster de Cifuentes redujese el caso a la falsificación del acta, excluyendo a todos los responsables de la Universidad a excepción de la profesora Cecilia Rosado, que ha acabado condenada a un año y seis meses de cárcel. Eso no ha impedido que los jueces que este lunes han absuelto a la expresidenta madrileña hayan dejado constancia de las numerosas irregularidades que han detectado.

La propia Cifuentes ya se vio obligada a rebajar la defensa pública que había hecho sobre su máster, al que acabó renunciando en un último intento de huir del escándalo. Tuvo que reducir lo que en un principio había sido una defensa pública de su TFM frente a un tribunal a un acto informal, sin precisar delante de quien. Los testimonios de responsables de la URCJ fueron poniendo en tela de juicio la versión de la expresidenta, que ha quedado finalmente desmontada por la sentencia.

La Audiencia Provincial de Madrid no ha encontrado pruebas de que indujese la falsificación del acta sobre su TFM, pero ha llenado su resolución con las numerosas irregularidades del posgrado. Así, el tribunal confirma en su sentencia la información que elDiario.es publicó el 21 de marzo de 2018 y que dio origen al escándalo: Cifuentes había aprobado con notas falsificadas porque alguien había cambiado dos “no presentado” a “notable” en la Intranet de la URJC.

El tribunal lo define como una modificación “irregular”, instigada por el profesor Pablo Chico de la Cámara y que llevó a cabo la funcionaria Amalia Calonge, que “accedió al sistema informático, y a pesar de que no tenía competencias para hacerlo”, cambió las notas de Cifuentes. Las dos que le faltaban para obtener el máster.

Un castigo político diferenciado

Los jueces hacen hincapié en que “no consta” que Cifuentes realizase “examen, ni trabajo, ni ninguna otra actuación merecedora de calificación”. Es decir, que obtuvo dos notables sin hacer nada. O como resume en la sentencia: “El desarrollo de su actividad como alumna ha revelado un conjunto de incongruencias, relevantes, e incompatibles con la actuación regular de un estudiante de postgrado”.

Porque a los aprobados sin mérito académico que los justifique los jueces añaden que “nunca fue a clase ni mantuvo contacto con ningún profesor”. Califican de “inexplicable” que sostenga que presentó un TFM cuando consta como “no presentado” y concluyen que “el desarrollo de este curso estuvo plagado de irregularidades, lo cual está acreditado documentalmente”.

Esa trama de títulos universitarios que se otorgaban a alumnos VIP que no había realizado ningún esfuerzo ha quedado ya patente en dos resoluciones de dos tribunales, pero no habrá consecuencias penales. Ni para quienes se beneficiaron de ese sistema ni para quien lo urdió. El catedrático de la URJC Enrique Álvarez Conde, al que todos durante el juicio han puesto en el centro de la diana, falleció en abril de 2019.

Las consecuencias judiciales han sido las mismas, pero el castigo político ha distado mucho en ambos casos. Cifuentes tuvo que dimitir ante la posibilidad de que Ciudadanos, que le había dado sus votos en la investidura, forzase una moción de censura que diese el Gobierno de la Comunidad de Madrid al PSOE. La presión interna del PP y la filtración de un vídeo en el que aparecía robando unas cremas forzaron su retirada de la política.

La filtración se produjo después de que Cifuentes hubiera perdido el apoyo de Ciudadanos y que fuera inevitable que perdiera el gobierno de Madrid si no dimitía. El vídeo abortó el plan previsto por Cifuentes y que muchos el PP no compartían: pasar a la oposición e intentar recuperar el poder desde allí.

Casado, por su parte, afrontó ese escándalo en plena batalla contra María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría por liderar el PP. Aguantó sin asumir responsabilidades que el caso pasara de un juzgado ordinario al Tribunal Supremo. Cuando este lo archivó, Casado ya había alcanzado la presidencia del partido tras aliarse con Cospedal.

La Asamblea de Madrid ha acogido este viernes la primera sesión de la reducida Comisión de Investigación sobre las irregularidades producidas en el Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos. Tres de los profesores que durante semanas acapararon portadas por las calificaciones que pusieron a Pablo Casado y a Cristina Cifuentes se han vuelto a ver hoy las caras: Enrique Álvarez Conde, el exdirector del departamento universitario clausurado, y las profesoras Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos.

Tras años trabajando conjuntamente en el IDP, clausurado después de que eldiario.es develase que se regalaban títulos universitarios a alumnos VIP, este viernes dos de ellos ni se han saludado cuando se han cruzado en una de las salas de la Asamblea de Madrid. Rosado y Álvarez Conde han sido los últimos en declarar, los dos siguen imputados en la causa judicial que todavía se encuentra abierta. En ella se investiga la falsificación del acta exhibido por la expresidenta el pasado 21 de marzo para defenderse tras conocerse que obtuvo un máster con calificaciones falsificadas. Y los dos han compartido estrategia, no han respondido a las preguntas de los diputados.

Aún así, Álvarez Conde ha leído un comunicado en el que ha tratado de eludir responsabilidades y ha reconocido que sufrió presiones del Gobierno regional. “No llego a alcanzar qué obligación política se puede deducir de mi persona”, ha comenzado indicando, para atacar acto seguido a las dos instituciones públicas que estuvieron involucradas en este escándalo. “Siempre actué dentro de la legalidad más absoluta y mi único error fue no haberme sabido sustraer los días 20 y 21 de marzo del 2018 a las fuertes presiones del rectorado de la universidad y de la Comunidad de Madrid”.

En su breve declaración ha alegado que en los másteres de Cifuentes y Montón él no era el máximo responsable: “Fui un profesor más de dichos másteres impartiendo asignaturas compartidas”. Sobre su imputación y el protagonismo que tiene en esta trama, en la que él ostentaba el máximo poder del instituto investigado, también ha intentando desvincularse. “Parece que cometí el error de estar situado en el lugar y en el momento más inoportuno, siendo el objeto de encarnecidas luchas políticas”. Además, ha añadido: “Fui el instrumento idóneo para la caza de otras piezas mayores. Este es mi pecado capital”.

Aunque ha anunciado esta decisión, los diputados no han querido perder la ocasión de interrogar al catedrático que la magistrada Carmen Rodríguez-Medel situó como el “urdidor” de un “plan preconcebido” para “regalar títulos académicos”. Le han recordado gran parte de los titulares que ha protagonizado este último año. Más allá de las prebendas políticas, también han citado los títulos investigados obtenidos por abogados italianos o los presuntos pagos sin justificar detectados por la Policía.

Álvarez Conde replica a los diputados

A pesar de no responder a las cuestiones planteadas, no ha podido mantenerse en silencio ante las interpelaciones. Al diputado del PSOE le ha acusado de no tener “buena información”. Una vez que el de Ciudadanos le ha recordado que esta situación era fácil de resolver teniéndole a él delante, le ha planteado: “Mi opinión ya se la he dado, no voy a decir nada más”. Finalmente, al de Podemos le ha advertido de que sus acusaciones le “servirán para el ejercicio” de su “derecho a defensa”.

Una de sus pupilas, la docente Rosado se ha limitado a explicar que no declaraba “siguiendo el consejo” de sus abogados porque alguno de los hechos que se están investigando se mantienen judicializados. Entre los grupos que han interpelado a estos docentes universitarios no se encontraba el Partido Popular. A pesar de contar con dos políticos implicados en esta causa, han decidido no asistir a esta sesión.

Por su parte, la segunda profesora que ha tomado la palabra, Alicia López de los Mozos, sí que ha respondido a las cuestiones planteadas por los diputados. Como ha hecho el que fue su jefe, ella también ha tratado de evitar la asunción de responsabilidades, llegando a asegurar que calificó por “algún criterio académico” a Casado y también a la alumna que confesó que le regalaron el título.

Esta profesora fue la primera que reveló que su firma estaba falsificada en el acta exhibido por la expresidenta. En su declaración, la profesora titular de Derecho Constitucional de la URJC, que mantiene su plaza, no se ha querido implicar en ninguna irregularidad.

Entre las cuestiones lanzadas en la Comisión, no ha sabido explicar por qué evaluó a María Dolores Cancio, la única alumna que reconoció que Enrique Álvarez Conde le regaló el título sin hacer nada. Lo confesó ante la jueza. Preguntada y repreguntada por el diputado de Podemos Eduardo Fernández Rubiño sobre el sobresaliente que puso a esta estudiante, se ha limitado a asegurar que “algún criterio académico tendría para hacerlo”.

El portavoz de Ciudadanos Roberto Núñez ha insistido en su turno de palabra en destacar que estos hechos son “una contradicción difícil de entender”. “Posiblemente me haya llegado un trabajo de esa alumna o de la dirección del máster”, ha respondido la docente, sin convencer a los representantes públicos. Esta argumentación ha sido muy cuestionada ya que Cancio se autoinculpó en sede judicial. Esta alumna, que coincidió con López de los Mozos en los pasillos del campus de Vicálvaro mientras era becaria del IDP, alegó ante la magistrada que “recogió el título sin haber hecho nada para merecerlo”.

La compareciente también evaluó a Pablo Casado. Sobre la calificación que puso al líder actual del PP, ha insistido en la misma argumentación: “Si hay una calificación mía es porque he tenido un criterio académico para calificar”, pero no ha precisado cuál, si fue por examen o por uno de los cuatro trabajos que el presidente del PP alegó haber entregado aunque nunca ha mostrado en público.

Una profesora no recuerda si coincidió o no con Casado

A su vez no ha querido desmentir que no haya coincidido nunca en clase con Casado ni con Cifuentes. “Ni puedo afirmar que le he visto, ni que le he dejado de ver”, ha respondido sobre el líder actual del Partido Popular. Ha dado esta respuesta, a pesar de reconocer que las clases de los másteres investigados era pequeñas, de “quince alumnos”. Ante la sorpresa de los intervinientes, ha reconocido en reiteradas ocasiones que ningún portavoz de la URJC se ha puesto en contacto con ella. Tras un periodo en el que ha estado de baja por las consecuencias que estos hechos han tenido en su vida personal, este curso ha empezado a “retomar” su vida profesional.

Por su parte, el director de eldiario.es, que ha inaugurado la sesión, ha recordado de forma detallada las irregularidades que esta redacción detectó en los posgrados impartidos por el instituto de Derecho Público. “Mi sensación es que en todos los másteres que hemos estudiado de la URJC, todos tenían bicho. Todos tenían alumnos VIP”, ha destacado.

Ante las preguntas del diputado de Podemos ha asegurado que considera que en este departamento de la URJC existía una corrupción sistémica de la que se han beneficiado los partidos políticos. “Hemos descubierto que no era una cuestión aislada”, ha apuntado, recordando que en la promoción del posgrado cursado por Pablo Casado había once estudiantes ordinarios y cuatro escogidos, que obtuvieron el título sin tener que superar los requisitos estipulados para los alumnos.

El director de eldiario.es ha explicado que la financiación de la URJC consistía en “un sistema en el que el beneficio consistía en tener cuanto más alumnos, mejor”. Entre esas ayudas públicas, ha reseñado que este organismo ya clausurado recibió ayudas de administraciones gestionadas por el PP y el PSOE. Así sucedió con la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, y con el Ministerio socialista de Igualdad, cuando Carmen Montón estaba cursando el máster.

Imputados por desvelar estos hechos

Cuestionado sobre la actuación política y educativa una vez que eldiario.es reveló las irregularidades instigadas por Álvarez Conde, ha lamentado la escasa diligencia de la Universidad y de la Asamblea regional. “Para mi lo grave es el fracaso judicial, político y académico en resolver el daño hecho a los alumnos que con esfuerzo aprobaron esos títulos”, ha incidido.

“Estamos hablando de decenas de títulos fraudulentos que no se han investigado”, ha planteado. Ante ante situación, se ha preguntado “¿qué ha pasado con el resto de los máster?”. Aprovechando su presencia en el Parlamento regional ha animado a los políticos autonómicos a que impulsen una investigación que determine qué ha sucedido con los posgrados impulsados por el IDP. “Si la universidad no lo ha hecho, tendría que hacerlo esta Asamblea”.

Finalmente, ha recordado que aunque estas informaciones desvelaron la trama que operaba en el Instituto de Derecho Público, él y la redactora jefa de Política Social, Raquel Ejerique, están imputados en una querella presentada por Cristina Cifuentes en la que solicita pena de cárcel para los dos. La denuncia se fundamenta en documentación con la que se inició la investigación periodística que provocó el cierre del IPD, así como las dimisiones de la expresidenta de la Comunidad de Madrid y de la exministra de Sanidad.

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) tendrá que hacer pública documentación clave del polémico Instituto de Derecho Público (IDP) que organizó los másteres de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón. Lo hará obligada por una resolución del Consejo de Transparencia que da la razón a Podemos, que pidió conocer su reglamento interno, las subvenciones recibidas o el sueldo de sus empleados, entre otros datos, a través de los cauces que establece la legislación sobre acceso a la información pública para cualquier ciudadano.

La URJC negó al partido esa información alegando que hacerlo podría entorpecer la investigación abierta en un juzgado de Madrid sobre la gestión económica del IDP tras una denuncia presentada por su rector, Javier Ramos. La universidad llevó la gestión de este ente a los tribunales tras detectar, en una auditoría interna, que “nunca tuvo personalidad jurídica propia, aunque actuaba como si la tuviera; ni se sometía a ninguna supervisión de la URJC, ni disponía de contabilidad oficial”. 

Esta causa es independiente de la que instruye la jueza Carmen Rodríguez-Medel sobre el acta falsificada del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta madrileña. El instituto, que en la práctica actuaba como una empresa satélite con autonomía de ingresos y gastos, estaba dirigido por Enrique Álvarez Conde. El catedrático está imputado en los dos procedimientos citados: en el primero por malversación y en el segundo por falsedad documental. El Consejo de Gobierno de la URJC aprobó por unanimidad el cierre administrativo del IDP el pasado septiembre, medio año después de que este periódico desvelara las primeras informaciones que apuntaban a que Cifuentes había obtenido un título de forma irregular en ese centro. 

En estos meses, los responsables de la URJC vienen afirmando que su apuesta es por la regeneración y que están haciendo todo lo posible para limpiar la imagen del campus. Sin embargo, este documento evidencia que se han negado a hacer pública información clave del instituto que ha estado en el centro de la polémica. 

Transparencia aporta en su resolución numerosa jurisprudencia de tribunales españoles que avala que la restricción del derecho de acceso a la información alegada por la universidad en base a un artículo de la Ley de Transparencia tiene límites. Y subraya que sólo está justificada cuando se trata de documentación que puede perjudicar de forma “constatable” a la igualdad de las partes en un procedimiento judicial, algo que no logró acreditar el campus.

El Consejo de Transparencia señala que la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información. También recuerda que el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos y varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han considerado que la restricción del derecho a la información pública cuando hay de por medio un procedimiento judicial sólo es de aplicación para documentos que han sido elaborados expresamente para esa causa. 

Subvenciones y donaciones 

No es ese el caso de la información solicitada por Podemos, que reclamó tener acceso a las actas de las reuniones de sus órganos directivos desde su creación, en 2005; las cuentas anuales hasta el último ejercicio cerrado; o su reglamento de régimen interno. También pidió conocer los datos del modelo 347, que es la declaración que las empresas tienen que aportar anualmente a Hacienda con los datos de las operaciones realizadas con terceros de más de 3.005 euros; y del modelo 182, donde se detallan los donativos, donaciones y aportaciones recibidas. 

Asimismo, pidió el detalle de las subvenciones y convenios suscritos con la administración pública por el IDP durante sus 13 años de actividad; las remuneraciones recibidas por su personal, tanto los contratados en el régimen laboral como en el no laboral durante todo ese periodo; o el detalle de la oferta formativa desde su creación, con el detalle de los flujos de ingresos por las matrículas y los gastos asociados a cada curso. 

Ahora, el Consejo de Transparencia da de plazo a la URJC hasta el próximo 6 de diciembre para que traslade a Podemos la información solicitada y remita una copia al organismo público. La citada resolución pone fin a la vía administrativa, si bien la universidad sí puede recurrir ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en el caso de que siga optando por no hacer pública esta documentación. Tiene dos meses de plazo para hacerlo.

El ministro de Ciencia y Universidades, Pedro Duque, aboga por que la futura ley de Universidades contemple un “órgano” que sea capaz de detectar irregularidades en los estudios académicos para evitar escándalos como los de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón.

Ese mecanismo sería “externo o al menos parcialmente externo”, según la apuesta que el ministro ha defendido en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. El sistema tendría que desarrollarse a través de la Ley de Universidades que ha prometido y cuyo proceso todavía no se ha puesto en marcha.

“Es muy difícil de perfilar”, ha reconocido el ministro, que se ha referido, por un lado, a la autonomía universitaria y, por otro, a las competencias que están en manos de las Comunidades Autónomas. Pero ha defendido que exista una “mayor corresponsabilidad” entre la universidad y la sociedad a través de un “órgano que sea capaz de determinar cualquier tipo de irregularidad”.

No obstante, Duque ha pedido que no se generalicen los casos que ha revelado eldiario.es con el grueso de la actividad de la universidad para la que ha reclamado “el prestigio que merece”. “La mayor parte del sistema no está sujeto a ningún problema”, ha señalado el ministro, que lo ha calificado de “injusto”.

Preguntado sobre la sociedad patrimonial a través de la que posee sus viviendas, Duque ha asegurado que “no ha obtenido ningún ahorro fiscal neto, sino más bien lo contrario” y ha prometido que difundirá ante los medios el informe que han elaborado fiscalistas que contrató tras las informaciones de Okdiario.

Duque, dispuesto a seguir la próxima legislatura

“Respecto a mi sociedad familiar, todo está ahora en manos de asesores especializados que hemos contratado para su revisión –ha respondido–. En breve tendrán los medios de comunicación el informe completo y ya les adelanto que no hemos obtenido de esto ahorro fiscal neto, sino más bien todo lo contrario”.

Sobre su futura continuidad en el Gobierno, Duque ha comenzado su respuesta con una ironía que ha provocado risas y aplausos de los asistentes: “Ya aprendiendo a hablar como los políticos, ya se verá, yo estoy a disposición...”. Pero después ha dado por hecho que tiene fuerzas para seguir al frente del ministerio en la próxima legislatura: “Hay mucho que hacer para reformar el sistema de ciencia, universidades y tecnología (...). Estoy dispuesto a esforzarme y liderar esto todo el tiempo que quiera el presidente”. “Si vuelve a ganar y me vuelve a llamar seguiré encabezando esto”, ha sentenciado el ministro, que considera que en su departamento debe haber “estabilidad”.

“Estoy decepcionado y triste”. Así resume un compañero de promoción de Pablo Casado sus sentimientos tras conocer conocer que la jueza del caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, ha archivado la mayor parte de la investigación sobre los indicios que apuntan a que en el Instituto de Derecho Público (IDP) de la Rey Juan Carlos se regalaron títulos a dirigentes políticos y a otros alumnos VIP por su relación con Enrique Álvarez Conde, catedrático al que esta magistrada llegó a señalar como “urdidor” de este presunto entramado.

Este alumno, que como algunos de sus compañeros trabaja en un organismo público, defiende su esfuerzo y el de sus compañeros para cursar el Máster Oficial en Derecho Autonómico. “El resultado de todo este caso es que tenemos un título que no sirve para nada y que cuando lo enseñas la gente se ríe. Yo en mi currículum he decidido ocultar que lo tengo”, añade. En esa misma promoción también obtuvo el posgrado María Dolores Cancio. Ella explicó ante la jueza cómo funcionaba el sistema de prebendas. Cancio reconoció que lo consiguió sin hacer nada: no fue a clase y no presentó ningún trabajo. Siguiendo así las órdenes de Álvarez Conde.

Otro de los alumnos “ordinarios” –así los definió la magistrada Rodríguez-Medel– también considera que este título podría empañar su perfil profesional. “Entiendo que mi currículum puede quedar manchado, aunque no sería lo correcto. Si eres una persona desconocida entiendo que no nos debería afectar”, añade.

El aforamiento de Pablo Casado dio un vuelco a esta investigación. La jueza de instrucción había imputado a Cancio y a otras dos compañeras, que tenían un expediente académico calcado al del líder del Partido Popular. Y había concluido que al político conservador le regalaron el máster “a modo de prebenda” por su “relevancia política”. Sin embargo, debido a su condición de diputado, el tribunal que tenía que decidir sobre el futuro judicial de Casado era el Supremo. El pasado viernes rechazó investigarle aunque vio indicios de “trato de favor”.

Cuestionan el aforamiento de Casado

Estos dos compañeros de promoción del líder del PP lamentan que desde el inicio de este procedimiento a Casado no se le hayan aplicado los mismos criterios que al resto de compañeras que sí estuvieron investigadas. “Creo que hay que cambiar la influencia de carácter político en la justicia”, apunta uno de ellos. “No puede ser que desde el punto de vista judicial determinadas personas tengan un trato especial”, replica el que reconoce que esta decisión le entristeció.

“Entiendo la decisión de la jueza. Si el Supremo dice que no hay caso, no puede haber diferencia de trato para unos y otros. Entenderlo, lo entiendo. Otra cosa es que esté de acuerdo. No sé si es delito o no, pero esa persona [Casado] obtuvo un título que los demás tuvimos que trabajar y él no”, añade este último.

Estos alumnos también apuntan a la universidad, consideran que la Rey Juan Carlos no ha defendido a los titulados “ordinarios”, aquellos que consiguieron el posgrado yendo a clase cuatro tardes por semana, realizando exámenes y trabajos “No he oído a la universidad en ese sentido, no les he escuchado defender a los que lo obtuvimos de forma lícita. Creo que tendrían que haberlo recalcado más”, incide el segundo.

“Tenían que haber planteado que el máster tenía prestigio, que se han cometido irregularidades pero no en la mayoría de los casos. Que la mayor parte de los alumnos hemos hecho lo correcto”, reseña un tercero, que fue compañero de Cristina Cifuentes en el curso 2011/12. Estos estudiantes creen que la gestión de los casos por parte de la URJC no les ha beneficiado. Aún así, este alumno, que obtuvo el doctorado tras terminar el posgrado, asegura que mantendrá en su currículum este título. “No tengo nada de lo que avergonzarme”, concluye.

“No tengo nada de lo que avergonzarme”

Otro de los compañeros de este alumno, el exconcejal del Ayuntamiento de Madrid Pedro Calvo, no ha querido atender a esta redacción para aclarar si va a tomar alguna decisión tras enterarse en su declaración judicial que le habían evaluado alguna asignatura, a pesar de que él mismo reconoció ante la magistrada que no hizo nada.

“Me matriculé en el máster, pero no fui nunca a clase ni cursé asignatura, no hice ni el huevo”, subrayó. Su nombre figuraba en las actas de convalidaciones de tres asignaturas, en las que también aparecía el nombre de Cifuentes, y que tenían varias firmas falsificadas. “No tengo el título ni nunca lo he usado. Nunca solicité las convalidaciones, hoy he visto mis calificaciones, he visto que obtuve varios sobresalientes”, añadió a los medios tras su declaración.

Después de que el Supremo haya archivado las acusaciones de cohecho y prevaricación administrativa, la magistrada solo está investigando un presunto delito de falsificación documental en el acta de trabajo final de máster que aportó la expresidenta madrileña en su coartada para defender que cursó el posgrado.

Por estos hechos, los únicos investigados son la propia Cifuentes, Álvarez Conde, las profesoras Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos, cuya firma aparece en el acta falsificada, y la asesora de la expresidenta María Teresa Feito, quien presionó presuntamente a las docentes para conseguir una coartada.

Tras la decisión judicial, el compañero de Casado que trabaja para la administración pública considera que la universidad debe de actuar y si finalmente determina que varios alumnos obtuvieron el título sin hacer nada, retirárselo. “Cuando uno recibe un trato de favor, se tendría que revertir la titulación y luego compensar a los que lo obtuvieron de manera lícita”, apunta.

Las compañeras de Montón

Por ahora, este archivo no ha afectado a los estudios de Carmen Montón. La magistrada Rodríguez-Medel solicitó la semana pasada a la URJC documentación sobre su expediente académico, aunque la argumentación expuesta este lunes para archivar el caso máster dificulta el futuro de una investigación centrada específicamente en el posgrado de la exministra de Sanidad.

“No resulta posible circunscribir la decisión del Alto Tribunal al aforado, ni apartarse esta instructora de su superior criterio en lo que es responsabilidad de esta magistrada-juez, a saber, los no aforados, cuando la argumentación le resulta de plena aplicación”, recogió la magistrada en el auto.

Dos de las compañeras de la exministra se pronuncian en la misma línea manifestada por estudiantes del curso de Casado. “El cachondeo está servido y el daño está hecho”, reseña una de ellas. “No tengo palabras, con lo que nos cuesta estudiar y con el dinero que invertí de mis padres”, responde otra. “Si trato a una víctima de violencia de género necesito esa formación así que no hubiera aceptado el regalo”, finaliza esta última.

El pasado 6 de agosto, la jueza del caso Máster envió un documento de 54 páginas al Tribunal Supremo donde resumía su investigación de tres meses tanto contra Cristina Cifuentes como contra Pablo Casado, para concluir que este último debía ser imputado. Menos de dos meses después, este lunes ha archivado casi toda esa investigación. Entre medias, la Fiscalía del Supremo cargó duramente contra su forma de actuar y los magistrados del alto tribunal consideraron innecesario investigar al líder del PP, en un polémico auto en el que sí reconocían “indicios de trato de favor”. El único respaldo a la magistrada en este tiempo ha venido de la Audiencia Provincial de Madrid, que puede tener la última palabra sobre la causa.

En el auto de este lunes, la jueza Carmen Rodríguez-Medel cierra el caso en lo referente a la existencia de un grupo de alumnos VIP: los que aprobaron el máster de la Universidad Rey Juan Carlos sin hacer mérito académico alguno gracias al trato de favor dispensado por los profesores del Instituto de Derecho Público (IDP). La causa queda ahora reducida a una investigación contra algunos de esos docentes por la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Cristina Cifuentes, el documento que usó para defenderse de las primeras informaciones.

El Supremo decidió el pasado viernes no imputar a Casado y la jueza ha empleado solo unas horas, tras el fin de semana, en hacer extensivo ese criterio al resto de implicados. Los jueces tomaron esa decisión después de recibir la exposición razonada de la jueza, el documento en el que resumía la investigación y exponía sus argumentos para investigar al presidente del PP. Rodríguez-Medel sugería a los magistrados que le reclamasen los supuestos trabajos -de los que no hay prueba documental- con los que dijo haber aprobado el máster y el ordenador donde los elaboró. El propio Casado dijo en un primer momento que lo conservaba aunque su partido matizó pronto que sería difícil dar con él.

La jueza tomaba esa decisión porque, dijo, ella ya había agotado toda la investigación. Relataba la multitud de diligencias que había ordenado y las conclusiones que había obtenido de ellas. Por ejemplo, que los alumnos VIP -a los que denominó “grupo escogido”- no habían hecho nada para aprobar. También subrayó que se beneficiaron de una ventaja, el reconocimiento masivo de créditos, que no tuvieron el resto de alumnos.

“Sólo se benefició a alumnos con una posición relevante en el ámbito político, institucional”, dijo la jueza. Una alumna era estrecha colaboradora de Enrique Álvarez Conde. Otra era alto cargo de la Generalitat valenciana y una tercera era hija de María Teresa Feito, vinculada a la Universidad y asesora del Gobierno de Cifuentes. El cuarto era Casado, diputado regional cuando cursó el posgrado en 2009.

Con ello, la jueza afirmó que Casado había recibido el máster -que le habilitaba para hacer el doctorado- “a modo de prebenda” por su “relevancia política”. En definitiva, 54 páginas de un escrito que también afectaba a Cifuentes y que, según la magistrada, reunía los “indicios racionales de criminalidad” como para imputar a Casado.

La Fiscalía criticó la investigación de la jueza

Esa conclusión sufrió un primer revés con el informe del fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas. En ocho páginas despachó la exposición razonada diciendo que el delito de cohecho estaba prescrito y que no había pruebas suficientes del delito prevaricación. “No existe dato alguno que avale, ni siquiera de forma indiciaria” que Pablo Casado se concertara con Álvarez Conde. Es más, el fiscal tachó la investigación de “prospectiva” -al no existir “indicios incontestables de la existencia de responsabilidad penal”- y añadió que la jueza desconocía la doctrina del Supremo en este aspecto.

El viernes pasado se dieron dos resoluciones, en sentido contrario, que afectaban al caso. La primera fue de la Audiencia Provincial de Madrid, que rechazó que la jueza se hubiese extralimitado en la investigación y respaldó sus decisiones para determinar si el instituto de Álvarez Conde había beneficiado a alumnos privilegiados. Solo unas horas más tarde llegaba la decisión del Supremo tumbando la pretensión de la jueza de investigar a Casado, que ha visto cómo se cierra la investigación sin tener que responder a una sola pregunta en los tribunales.

Los jueces del Supremo, como la Fiscalía, no vieron razones para imputarle por cohecho. Y sobre el delito de prevaricación, respondieron a la jueza que no podía atribuírselo a Casado porque no había datos suficientes que indicaran que se había concertado con sus profesores para sacarse el curso sin hacer nada. El Supremo sí admitió que el hoy líder del PP no hizo nada: asumieron que no había ido a clase y añadieron la “inexistencia de datos que avalen la presentación de trabajos”.

Los jueces no consideraron delictivo que Casado hubiese recibido el título sin hacer mérito académico alguno, pero sí que vieron “indicios de que se ha dispensado un trato de favor al aforado”. Sin embargo, consideraron que era responsabilidad de los profesores, quienes, según el Supremo, habían decidido aprobar al líder del PP con sobresaliente sin haberse puesto de acuerdo con él.

Tampoco investigará a los profesores

Ese auto marcaba el camino de la jueza: no investigar a los alumnos, pero sí a los profesores. Rodríguez-Medel ha archivado la investigación para todos, a pesar de haber desentrañado durante meses un sistema dentro del IDP que regalaba títulos a personas con relevancia política e institucional. El caso había incorporado recientemente las pesquisas sobre la exministra de Sanidad, Carmen Montón, que previsiblemente seguirán el mismo camino.

La jueza argumenta que no puede aplicar la decisión del Supremo solo a Casado, porque la argumentación que sirve para exonerar al presidente del PP sirve también para dejar de investigar al resto de alumnos. Y eso, a pesar de las numerosas pruebas recogidas, que la jueza expone en su auto y dice que no han sido consideradas relevantes por parte del Supremo.

Por ejemplo, la confesión de María Dolores Cancio, alumna del máster que admitió que Álvarez Conde le dijo que no tenía que hacer nada para aprobar. Así lo hizo y acabó con un expediente calcado al de Casado. La jueza dice que sus manifestaciones no han sido tenidas en cuenta por la Fiscalía ni por los jueces: “De otro modo, de haber entendido relevante jurídicamente la confesión de una investigada por revelar una mecánica delictiva, la pieza a buen seguro no habría sido archivada”.

Así, la jueza sostiene que si el Supremo cree que no debe imputarse a Casado, lo mismo debe aplicarse al resto de alumnas investigadas “por aplicación de un principio básico constitucional de igualdad de trato”.

En cuanto a continuar la investigación contra los profesores, Rodríguez-Medel dice que si el Supremo no cree necesario comprobar los méritos académicos por parte de los alumnos investigados, no puede haber prevaricación por parte de los docentes. Que los jueces hayan considerado “innecesario acreditar indiciariamente la existencia o no de actividad académica del aforado lógicamente tiene que afectar también a la posible prevaricación imputable a los profesores”.

A pesar de la cantidad de indicios -a través de documentos y declaraciones- reunidos durante estos meses, la jueza indica que el Supremo le obliga a que sean “incontestables”, elevando “notablemente las exigencias habituales de la jurisprudencia para abrir una instrucción penal”. Por tanto, no procede continuar con la investigación, salvo en lo relativo a la falsificación del acta.

Ahora cabe recurso. Primero ante la propia jueza en tres días, luego ante la Audiencia Pronvicial, el tribunal que avaló la investigación. Por ahora, ni las acusaciones -la profesora que denunció el caso, la Universidad Rey Juan Carlos y el sindicato ACAIP-, ni la Fiscalía han anunciado si recurrirán la decisión.

El Secretario General del PP, Teodoro García, ha asegurado que “la verdad se abre paso” con el archivo por parte del Tribunal Supremo de las supuestas irregularidades en el máster de Pablo Casado. Probablemente tiene razón: a estas alturas nadie duda de la verdad sobre este asunto, salvo algunos feligreses del Partido Popular.

¿Colaboró Pablo Casado a que se dictara una resolución administrativa a sabiendas de que era injusta? Dicho en otras palabras, ¿hubo cooperación a la prevaricación por parte de Pablo Casado?

La verdad, la ha reconocido él mismo: nunca fue a clase, le convalidaron 18 de las 22 asignaturas del curso, no se presentó a ningún examen, y el Auto de archivo del Tribunal Supremo evidencia que no hay rastro de que entregara ningún trabajo. “Hizo lo que le pidieron”, según Casado. Y ¿quién se lo pidió? Él ha dicho siempre que habló con el director del Instituto de Derecho Público, Álvarez Conde, quien le eximió de ir a clase y le dijo cómo debía actuar para convalidar los 40 créditos, una ventaja a la que solo accedieron tres alumnos del máster. Una de esas alumnas ha reconocido, por cierto, que “no hizo nada”: se lo regalaron todo.

¿Era consciente Pablo Casado de que recibía una dádiva o regalo en consideración al cargo público que ostentaba? En otras palabras, ¿hubo cohecho impropio en la actuación de Pablo Casado?

La verdad es que Casado sabía bien que no cumplía ni uno solo de los requisitos exigidos al grueso de los alumnos ‘ordinarios’ del máster, para obtener ese título universitario. El propio Tribunal Supremo ha reconocido que hay indicios de trato de favor. Y es verdad. ¿O piensa Casado que los alumnos ‘ordinarios’ aprueban por la cara los exámenes de la Universidad? Bien sabe él que no, porque antes de ser diputado autonómico y presidente de Nuevas Generaciones, tardó siete años en aprobar la mitad de la carrera de Derecho.

Otra gran verdad es que la jueza Rodríguez-Medel ha hecho un trabajo impecable de investigación, demostrando su independencia de los poderes públicos. Hasta que tropezó con la barrera infranqueable de los jueces y fiscales del Tribunal Supremo, nombrados por el Partido Popular. Su indignación es patente como ha demostrado en posteriores actuaciones y sobre todo con el decreto de archivo de buena parte de la causa. Ha llegado a decir al Supremo que con esta nueva doctrina eleva tanto los estándares para poder abrir investigaciones, que el trabajo de los Juzgados de Instrucción se verá notablemente aliviado.

Todo esto nos conduce a la más lamentable de las verdades: es un cuento que la justicia sea igual para todos. Un cuento como el del máster de Pablo Casado. Un cuento que le ha beneficiado a costa de arrollar el prestigio de la Universidad pública, y el esfuerzo de miles de estudiantes que trabajan honradamente para sacar adelante sus estudios.

Cuentos y más cuentos. Lo dijo con mejores palabras que las mías el poeta León Felipe:

“Yo no sé muchas cosas, es verdad.

Digo tan sólo lo que he visto.

Y he visto:

que la cuna del hombre la mecen con cuentos,

que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos,

que el llanto del hombre lo taponan con cuentos,

que los huesos del hombre los entierran con cuentos,

y que el miedo del hombre...

ha inventado todos los cuentos.

Yo no sé muchas cosas, es verdad,

pero me han dormido con todos los cuentos...

y sé todos los cuentos.“

La decisión de la jueza del caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, de dar carpetazo a gran parte de la causa dejará sin investigar los principales indicios que apuntan a que en el Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) se regalaron títulos a dirigentes políticos y a otros alumnos “escogidos” que tenían una relación próxima con su exdirector, el catedrático Enrique Álvarez Conde. La decisión de la jueza llega tras un primer varapalo de la Fiscalía y el posterior archivo de las actuaciones referidas al líder del PP, Pablo Casado, por parte del Tribunal Supremo.

Hasta el momento, en la causa que se seguía en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid estaban siendo investigados alumnos, a excepción de Casado, por su condición de aforado; profesores y una funcionaria, Amalia Calonge, la persona que cambió las notas en el expediente informático de la expresidenta Cristina Cifuentes. A los alumnos, por existir indicios de que accedieron a un título sin llevar a cabo ninguna actividad académica. Los profesores por supuestamente haber calificado a esos alumnos sin haber realizado mérito alguno. La funcionaria Calonge, por el cambiazo en las notas.

Según el razonamiento de la magistrada, si se logra justificar que los alumnos habían cursado el máster sin haber desarrollado ninguna actividad académica existiría cohecho impropio, puesto que suponía un regalo; y también prevaricación de los profesores e incluso podría derivarse la cooperación de los alumnos en esa actuación delictiva de los docentes.

Ahora, salvo que la investigación sea reabierta si prosperan los recursos que puedan presentar las partes, no será posible saber si hubo delito en el trato VIP del que se beneficiaron determinados estudiantes. En la exposición razonada que elevó al alto tribunal para pedir que se investigara al líder de los conservadores, Rodríguez-Medel analizó minuciosamente los elementos que, a su juicio, probarían las diferencias de trato entre los alumnos “escogidos” y el “grupo ordinario”, compuesto por los que sí desarrollaron “una intensa actividad académica”. Esos tres elementos son la asistencia a clase, las convalidaciones masivas de asignaturas y el hecho de que determinados alumnos aprobaran las materias no convalidadas presentando supuestos trabajos.

Ante la jueza, las alumnas con expediente similar a Casado reconocieron que no habían pisado las aulas de la URJC y que lograron el título sin mucho esfuerzo gracias a Álvarez Conde, que ahora continúa imputado aunque ya únicamente por el delito de falsedad documental por haber supuestamente participado en la falsificación del acta con la que Cristina Cifuentes pretendió probar que sí había realizado el Trabajo de Fin de Máster (TFM) del posgrado que realizó en la URJC tres años después que el actual líder de los conservadores.

Una de las participantes en el máster, María Dolores Cancio, reconoció que Álvarez Conde le dijo que no tenía que hacer trabajos ni ir a clase y que le indicó cómo convalidar las asignaturas. Las otras dos alumnas que hasta ahora estaban siendo investigadas, María Mateo Feito y Alida Consuelo Mas Taberner, también admitieron que el catedrático las había eximido de ir a clase a pesar de que el curso era presencial.

Sin embargo, en la exposición razonada que remitió al Supremo, la jueza reunió indicios de que el máster era presencial (folletos informativos, emails de Álvarez Conde, horarios, guías docentes...) e incluso el escrito de una alumna que no formaba parte del “grupo escogido” y que pidió su baja en el máster en 2008 porque no podía asistir a clase por problemas familiares.

Convalidaciones sólo para “escogidos”

Casado y las otras tres alumnas VIP convalidaron 18 de las 22 asignaturas del máster porque ya habían realizado un carrera con anterioridad, un hecho que, según la jueza, no fue irregular en sí mismo, aunque sí le pareció sospechosa la forma en que se produjo. Tres peticiones de convalidación se presentaron el mismo día, “a pesar de la amplitud del plazo para solicitar el reconocimiento”, que era de más de un mes, y ninguna cumplió con los requisitos de la URJC. Además, aunque eran “estereotipadas” y “genéricas”, todas dieron lugar al reconocimiento de las mismas asignaturas. A la magistrada también le llamó la atención que sólo los alumnos “escogidos” solicitaran el reconocimiento de créditos y que nadie informara al resto de que tenían esa posibilidad “tan ventajosa”. Todo esto, en principio, tampoco será investigado.

Salvo sorpresa, no se esclarecerán en sede judicial las circunstancias en las que estos alumnos VIP aprobaron las únicas cuatro asignaturas que no convalidaron. En sólo 15 días, los cuatro –Casado, entre ellos– consiguieron tres sobresalientes realizando supuestos trabajos de los que tampoco hay rastro documental. La jueza, en su comunicación al Supremo donde pedía investigar a Casado, ya mostró dudas sobre la veracidad de esos trabajos, que en el caso del líder del PP sumaban, supuestamente, 92 páginas.

Las mismas dudas existen sobre el TFM de Cifuentes, que nunca llegó a aparecer. De hecho, el único aspecto que se sigue investigando, tras el carpetazo de este lunes al grueso de la causa, es la supuesta falsificación del acta con la que la expresidenta regional intentó acreditar que no había realizado ese posgrado de forma irregular. Respecto a Cifuentes, otra cuestión que se queda sin investigar son las modificaciones de las notas de su expediente, realizadas por la funcionaria Amalia Calonge dos años después de que supuestamente aprobara ese título.

Con su archivo, plagado de reproches al Supremo y a la Fiscalía, la jueza de Plaza de Castilla también exonera a los profesores, a los que apuntaba precisamente el Supremo en el auto en el que los jueces del alto tribunal detallaron las razones por las que creían que no había que investigar a Casado. A este respecto, la jueza se pregunta en su auto de este lunes cómo se puede imputar a Álvarez Conde el delito de prevaricación si, según el Supremo, los trabajos de Casado “pueden existir” y, como él mantuvo, “están conservados en el ordenador” aunque nunca los haya mostrado en público.

Por otro lado, el cerrojazo de Rodríguez-Medel puede ser una buena noticia para la exministra de Sanidad, Carmen Montón, que también obtuvo un título en la URJC de forma supuestamente irregular, tal y como desveló eldiario.es. Tras recibir una denuncia anónima, esta misma jueza abrió diligencias en una investigación separada de las que seguía en ese momento contra Cifuentes y Casado y pidió a la URJC “toda la documentación” que obrara en la institución sobre esos estudios en el año en el que los cursó la exministra. No obstante, la magistrada todavía no se ha pronunciado sobre si mantiene abierta esta causa.

Una persona no autorizada entró en el sistema de notas de la universidad pública Rey Juan Carlos y cambió dos “no presentado” por dos “notable” a la ilustre alumna Cristina Cifuentes. Durante ese mismo curso académico, alguien le cambió a la exministra Carmen Montón un “no presentado” por un “aprobado” pese a que las actas estaban cerradas. Dos años antes, Pablo Casado se sacó el título sin conocer a sus profesores, sin ir a clase en un posgrado presencial y sin hacer exámenes. Ese mismo curso, su compañera y alumna María Dolores Cancio obtuvo el máster sin hacer nada porque así se lo indicó el propio director del máster, tal y como ella misma confesó ante una jueza.

Todos estos hechos confirmados, y otros más, quedarán sin investigar judicialmente, ya que la magistrada de instrucción Carmen Rodríguez Medel ha archivado el caso Máster que afectaba a Casado, Cifuentes y, previsiblemente, lo hará con el caso Montón una vez reciba la documentación solicitada a la universidad. A menos que la Fiscalía o las acusaciones recurran la decisión o lo reabra la Audiencia Provincial, el peor caso de corrupción universitaria conocido en España no tendrá ninguna consecuencia judicial para los profesores implicados, el director del máster ni los alumnos que se beneficiaron. El Supremo había rechazado días antes investigar a Casado aunque vio “indicios de trato de favor” y, según el criterio de la jueza de instrucción, eso impide seguir investigando a otros alumnos. También archiva la parte que afectaba a los profesores o el director.

Ahora solo sigue su camino la investigación relativa a quién ordenó la falsificación del acta del Trabajo Fin de Máster que la expresidenta de la Comunidad de Madrid mostró en redes sociales. Quién la hizo o la instigó. En esa pieza quedan como imputados Cifuentes, su exasesora Teresa Feito, el director del máster y las profesoras Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos. También continúa la investigación por posible malversación en el Instituto de Derecho Público (IDP) en el juzgado 30 de instrucción de Madrid. Y en el 29, la causa contra un profesor universitario y dos periodistas de eldiario.es por “revelación de secretos”. A esas tres piezas concretas se reduce el caso de un presunto sistema corrupto que regalaba títulos a alumnos “escogidos”, como relató la jueza Medel en su escrito razonado al Supremo, al menos desde 2008.

Aunque el sistema arbitrario de dación de posgrados no se investigará (salvo reapertura), durante el trabajo de instrucción de Medel se han ido confirmando con testimonios y documentos los mecanismos para, bajo el paraguas de una institución pública, beneficiar a unos alumnos sobre otros.

Queda acreditado que el instituto (creado hace 13 años y hoy cerrado por indicios de malversación y corrupción académica) hizo y deshizo sin control, impartiendo titulaciones oficiales y propias y eligiendo alumnos VIP para “regalarles el título a modo de prebenda o dádiva”, según Medel, pese a que no siguieron el recorrido de mérito académico necesario para conseguirlo que sí hicieron otros estudiantes en esos mismos cursos.

Tal y como explicaron ante la jueza algunos de esos alumnos “ordinarios”, los que sí iban a clase y se examinaban, a ellos nunca les ofrecieron convalidaciones, conservaban correos con entrega y corrección de trabajos y nunca supieron que se podía no asistir a clase o cambiar exámenes por trabajos académicos. Gracias a la instrucción se conoció la historia de uno de los compañeros de Casado, que trabajaba por la mañana y comía un bocadillo en el tren para llegar puntual porque para él el posgrado sí era presencial: “Todo mi tiempo disponible lo dediqué al máster”, contaba a eldiario.es.

Los otros alumnos, los “escogidos”, tenían un recorrido distinto que, aunque previsiblemente quedará impune, era un modus operandi repetido en el IDP. Enrique Álvarez Conde, el “urdidor” según el escrito de Medel, organizaba en su instituto opaco con CIF propio y autonomía total los posgrados que consideraba. No solo de derecho, también los había de sexualidad, policiales o de terapia de pareja. Los recursos para gestionar matrículas y otros gastos corrían de parte de la Universidad Rey Juan Carlos de la que dependía, y él ingresaba las matrículas, organizaba los cursos y conseguía los alumnos.

Cuantos más alumnos, más dinero, de hecho el Instituto engordaba la lista de estudiantes para aumentar su beneficio. Ante la jueza declararon alumnos que ni siquiera sabían que habían aprobado, que en algún momento se matricularon y que desistieron. Sin embargo, en el IDP se encontraron documentos que los reflejaban como alumnos activos, incluso como si hubieran presentado TFM que ni siquiera ellos mismos reconocen. Algunos compañeros de Cifuentes, como el exconcejal Pedro Calvo, mostraron su sorpresa tras ver sus notas aprobadas: “no hice ni el huevo”, confesó este político del PP a la salida del juzgado. Pese a eso, en su expediente constan materias aprobadas que, si nadie lo remedia, seguirán aprobadas.

Los profesores de estos másteres de Álvarez Conde cobraban en torno a 100 euros la hora y dirigir los Trabajos Fin de Máster reportaba unos 200 euros al docente. Los profesores los elegía Enrique Álvarez Conde y entre ellos casi siempre estaban las tres profesoras que firmaban el acta del trabajo de Cifuentes. También repetía como profesor Pablo Chico de la Cámara y se contrataba a la pareja de Álvarez Conde, Rosario Tur, profesora en la Universidad de Elche y secretaria del tribunal también de la dudosa tesis de Francisco Camps.

Una vez organizado el curso y conseguidos los alumnos ordinarios (algunos con subvención pública), era también Álvarez Conde quien decidía qué estudiantes iban a acceder al carril rápido: “Solo se benefició a alumnos con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional con él”, dice la jueza. Por ejemplo, Cristina Cifuentes y Carmen Montón pudieron empezar en el máster con el curso a medias y pudieron no asistir a clase. Ambas tienen misteriosas convalidaciones que no pidieron y que podrían haber servido como sistema para camuflar aprobados sin mérito académico. Ambas tienen en sus expedientes manipulaciones de nota fuera de plazo. Ese fue presuntamente uno de los sistemas para aprobar a los alumnos elegidos: cambio directo de notas con las actas ya cerradas. Algunos profesores lo denunciaron ante la jueza y señalaron que no reconocen esas notas puestas en sus documentos de calificación.

Pablo Casado, que no tiene manipulación de expediente, sí tiene 18 de 22 asignaturas convalidadas porque había estudiado previamente una carrera, como todos sus compañeros de clase “corrientes” que, sin embargo, declararon no haber podido acceder a ninguna convalidación ya que nadie les informó de esa posibilidad. Con estas convalidaciones masivas, los VIP del año Casado se quitaban buena parte de las materias a estudiar. Es el caso del presidente del PP y de otras tres alumnas que fueron imputadas y que ya no lo están. Una de ellas, María Dolores Cancio, becaria del IDP en el momento en el que cursó el máster, confesó ante la jueza que su entonces jefe, Álvarez Conde, la instó a matricularse pero le dio instrucciones para que no hiciera absolutamente nada. Esta alumna también está desimputada pese a la confesión. Otra era hija de una amiga de Conde y, la tercera, un cargo de la Generalitat Valenciana con Francisco Camps.

El sistema de Álvarez Conde tenía otras maneras facilitar los títulos a sus alumnos elegidos según se desprende de los escritos de la jueza. Por ejemplo, sustituir los exámenes por trabajos, que se destruyen en la universidad normalmente a los cinco años, así que no queda rastro de prueba y la jueza ha tenido que contar con la buena voluntad o no de los alumnos para aportarlos. Cifuentes había perdido su TFM en una mudanza, Carmen Montón no tenía guardados ni los trabajos ni los correos hablando de los trabajos (en su año académico, ninguna alumna hizo exámenes, pero muchas sí conservan los trabajos en sus correos), Pablo Casado enseñó la tapa de sus cuatro tareas académicas y ya ha declarado que no las va a aportar a la opinión pública. Todos hicieron lo que se les pidió, según sus propias explicaciones. De las tres compañeras del presidente del PP, dos dicen que hicieron esos trabajos, que no los conservan y que los entregaron en mano y por eso no tienen rastro electrónico de ellos. Cancio sin embargo confesó que esos trabajos no existen simplemente porque Álvarez Conde le dijo que no hacía falta siquiera hacerlos.

El Instituto, una empresa opaca cuyo director tenía además una empresa privada que la URJC nunca investigó, iba impulsando así los expedientes de sus alumnos favoritos, a quienes los alumnos regulares nunca vieron por clase e incluso otros se enteraron de que eran compañeros de curso por la prensa. Además de los más conocidos, Medel ha investigado a otros estudiantes, como Álvaro Morente, del que también constaban cambios sospechosos de nota y aparecía en la lista de 10 alumnos convalidados con firmas falsas. Ahora ya no hay ningún alumno ni profesor imputado. Ni siquiera Álvarez Conde lo está por construir este sistema de dos velocidades, según acredita Medel.

Una vez aprobados los másteres, de 60 créditos ECTS que equivalen a 1.500 horas de estudio y trabajo académicos, llegaba el momento de la recogida de los títulos, que también tiene anomalías en el caso de algunos alumnos ilustres. Casado ni siquiera lo recogió porque, según él, no lo iba a utilizar. El que recogió Carmen Montón tenía una fecha anómala, el año 2012, cuando ella supuestamente había acabado en 2011, algo que ni la ministra pudo explicar. Cristina Cifuentes intentó que el suyo lo recogiera la misma funcionaria que le cambió las notas, Amalia Calonge, aunque finalmente tuvo que ir en persona porque no había hecho el preceptivo poder notarial. Según el relato de la expresidenta, es al ir a recoger el título en 2014 cuando se dan cuenta de que hay un “error en la transcripción de las notas”, la primera explicación de la URJC, una coartada que quedó desacreditada cuando la profesora Alicia López de los Mozos confesó que todo había sido un montaje y que no había habido ningún tribunal de Trabajo Fin de Máster ni ningún error por tanto.

Aunque el sistema para dar títulos a personas escogidas mientras otras estudiaban ha sido confesado y relatado, y las irregularidades han sido avaladas con documentos y la propia intranet de la URJC, a no ser que se reabra el caso por petición de Fiscalía o las acusaciones particulares, el caso Máster y los posibles delitos que en él concurrieron quedarán impunes tras el cierre de la causa y la desimputación de 19 personas, incluyendo el “urdidor”, profesores y los políticos, amigos y conocidos que se vieron beneficiados por este sistema de favor en esta universidad pública española.

El PSOE reconoce que el archivo de la investigación sobre los másteres de la Universidad Rey Juan Carlos “a remolque” de la negativa del Tribunal Supremo a analizar el caso de Pablo Casado “no genera ni incrementa la confianza” en la justicia. Así lo ha reconocido el secretario de Organización, José Luis Ábalos, en una rueda de prensa en la que ha considerado “lógico” que la jueza haya zanjado la causa (a excepción de la falsificación de las actas que mostró Cristina Cifuentes).

La jueza que instruía las causas que afectaban al Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos considera que la decisión del Tribunal Supremo de no investigar a Casado, a pesar de que ve indicios de “trato de favor”, tumba toda la causa, ya que el posicionamiento del alto tribunal “no se puede circunscribir” al caso del líder del PP. 

La dirección socialista señala directamente al aforamiento de Casado como causa de la decisión del Supremo, aunque evita pronunciarse sobre un cambio en los sistemas de elección de los órganos judiciales que evite su politización. 

“Si las cuatro personas están en la misma condición y la diferencia con las otras tres es que el cuarto está aforado, la condición de aforado que le preservó de la imputación, (...) solo faltaba que procesaran a los otros tres que están en la misma situación”, ha expresado Ábalos sobre la decisión de la jueza.

“Desde el respeto a la justicia, como siempre, también le digo no son actuaciones que generen ni incrementen la confianza, es lo lamentable”, ha admitido Ábalos, que ha asegurado que “son situaciones a remolque de casos muy concretos”. 

En plena polémica por las acusaciones de plagio en la tesis de Pedro Sánchez, el Gobierno anunció una reforma constitucional para acabar con los aforamientos de los políticos más allá de la estricta actividad de su cargo. Detrás de ese anuncio estaba señalar a Casado. El PSOE sostenía que si el líder del PP no tuviera ese privilegio como diputado, estaría imputado por el escándalo de su máster. 

La incómoda pelota de la investigación sobre los másteres con alumnado VIP, como los políticos del PP Cristina Cifuentes o Pablo Casado y la socialista Carmen Montón, vuelve al tejado de la Rey Juan Carlos, al archivar la jueza Carmen Rodríguez Medel la mayoría de la causa tras  tras la decisión del Supremo de no investigar al presidente del PP. Sin embargo, la Universidad considera que “no debe reabrir ninguna investigación reservada” porque la magistrada todavía “mantiene abierta” una parte del caso, la de la falsedad en el acta del TFM de Cifuentes. “Dejemos que la jueza termine”, cuentan fuentes de la URJC.

La Universidad tiene en suspenso la inspección interna sobre cómo se obtenían títulos en el Instituto de Derecho Público. La URJC especifica, además, que “sobre el grado de Pablo Casado, la información reservada ya se cerró”. El rector, Javier Ramos, explicó hace meses que, al detectarse indicios de delito en el caso del máster de Cifuentes, detenían su información reservada hasta que se resolviera la situación en los tribunales. Ramos corroboró hace una semana en una entrevista en la Cadena Ser que mientras hubiera caso en los juzgados, la inspección interna debía permanecer congelada. Entonces, el rector aseguraba que no iba a dimitir: “Vamos a buscar responsabilidades en el pasado”, dijo.

Ahora prácticamente todo lo relacionado con la obtención de títulos con alumnos privilegiados ha sido archivado por la magistrada (solo mantiene acciones sobre el acta de trabajo de fin de máster falsificada). La Universidad recupera así su capacidad de acción sobre los cambios de calificaciones a posteriori para que Cifuentes pudiera acceder al título de máster, las convalidaciones masivas para allanar el camino a un grupo de alumnos o los aprobados sin acudir a clases o sin realizar los exámenes de los que disfrutaron tanto Cifuentes como Pablo Casado. La decisión de la instructora “es tan reciente que todavía no tenemos el auto”, ha explicado un portavoz de la URJC.

Pero la presión sobre los responsables universitarios no para. Los estudiantes de la URJC creen que es el momento de conocer los datos de esa investigación reservada (es decir, secreta) que el Gobierno académico realizó sobre los másteres de Cristina Cifuentes o Pablo Casado. Una vez que la jueza Carmen Rodríguez Medel ha archivado la mayoría de la causa, puede levantarse ese secreto al que se aferró la institución mientras se llevaba a cabo la instrucción judicial.

La petición de los estudiantes coloca al equipo de Gobierno bajo todos los focos. “Hemos pedido acceso a los documentos relacionados con el caso máster y, de paso, al informe de disolución del Instituto de Derecho Público”, explica Nacho, portavoz de la asociación Res Publica. El instituto era el instrumento académico del catedrático Enrique Álvarez Conde en el que se impartían los posgrados de estos políticos.

 “La única causa que vemos que se puede utilizar para mantener esos documentos secretos es que en ellos aparezcan más nombres implicados que no se quieran dar a conocer”, razona este estudiante que luego añade: “Hemos solicitado los informes enteros porque este Rectorado es muy dado a remitir resúmenes de los informes”.

El Supremo ha decidido que no hay siquiera pistas suficientes como para que merezca la pena investigar al presidente del PP en un auto repleto de inconsistencias y omisiones

La justicia no es igual para todos. No lo ha sido para el presidente del PP. La decisión del Tribunal Supremo sobre su máster es, simple y llanamente, el enésimo ejemplo de que la separación de poderes en España está muy lejos de funcionar como debería en una democracia europea, como aquellas a las que nos queremos parecer.

Gracias al aforamiento, gracias a la forma en que se escogen a los jueces del Supremo, los políticos nombran a los que nombran a quienes les van a juzgar. Luego llegan estas decisiones. Todo por casualidad.

Para entender lo ocurrido con Pablo Casado, primero es importante comprender una cosa fundamental. Lo que hoy ha decidido el Tribunal Supremo sobre su máster regalado no es una sentencia. No es el resultado de un juicio, tras una investigación, donde después de repasar los hechos, escuchar a los testigos y contrastar las pruebas, un tribunal decide que Pablo Casado es inocente.

No es eso lo que ha pasado. Es mucho peor. El Tribunal Supremo, con los numerosos hechos que hoy conocemos sobre su máster regalado, considera que no existen “indicios consistentes” para investigar al presidente del PP. No es que Casado haya sido juzgado y exculpado. Es que el Supremo ha decidido que no hay siquiera pistas suficientes como para que merezca la pena investigar mínimamente al presidente del PP.

Lo hace en un auto, que no una sentencia, plagado de inconsistencias y omisiones. Este es un repaso documentado a lo que ha puesto por escrito el máximo tribunal español. Entre negritas, algunos de los párrafos del Supremo que conviene resaltar.

“En la exposición razonada (de la jueza) se consideran indicios de la participación del aforado en el presunto delito de prevaricación los siguientes: se matricula en el máster y paga las tasas; aporta su expediente académico; solicita el reconocimiento de créditos, y acepta el título y lo utiliza. Más adelante, en la misma exposición se añade el reconocimiento de 40 créditos; la inasistencia a las clases, y la calificación de las cuatro asignaturas sin rastro documental de la aportación de trabajos”.

No son estos los únicos indicios de delito que la jueza Carmen Rodríguez-Medel encontró en la investigación del máster de Pablo Casado. La jueza enumera seis datos más que el Supremo ignora en su auto, y que son claves para documentar la posible complicidad de Casado en la presunta prevaricación del catedrático Enrique Álvarez Conde, que es quien le regaló el máster al presidente del PP.

El primero, que Casado no solo no fue a las clases. Tampoco fue a los exámenes, que sí realizaron los alumnos normales de ese máster para aprobar.

El segundo. Que todos los alumnos VIP que no fueron ni a clase ni a los exámenes –Casado y las otras tres que aún siguen imputadas– sacaron exactamente las mismas notas: cuatro sobresalientes. Ya es casualidad.

El tercero. Que todos los alumnos VIP recibieron exactamente las mismas convalidaciones, que solicitaron todos ellos a la vez. Y que las tres que sí están imputadas han declarado ante la jueza que fue Enrique Álvarez Conde quien les dijo que las solicitaran.

El cuarto, que Casado y los demás alumnos VIP tardaron solo quince días en merecer tres de esos cuatro sobresalientes. “Es poco verosímil –escribe la jueza Rodríguez-Medel– que en ese plazo los alumnos del grupo escogido que no iban a clase fueran tan productivos como para lograr, todos ellos, la calificación de sobresaliente en tres de las cuatro asignaturas”.

El quinto, que una de esas alumnas VIP ya ha confesado la mayor: que no hizo nada de nada a cambio de ese título y que fue Álvarez Conde quien se lo regaló.

Y el sexto, que estos “indicios” no son una excepción individual. El de Pablo Casado no es un caso aislado. Es solo uno más entre otros muchos alumnos VIP de distintos másters a los que Enrique Álvarez Conde aprobó sin merecerlo en un chiringuito académico, que la justicia está investigando por su evidente corrupción institucional.

El Supremo ignora todos estos indicios y tampoco dice nada en su auto sobre la mínima investigación que plantea la juez: interrogar a Casado y pedirle los trabajos que dice que hizo y el viejo ordenador donde dice que los encontró. ¿Ayudaría esta sencilla indagación a aclarar lo que ocurrió? Sin duda alguna. Pero el Supremo se niega a permitir esta mínima investigación.

“El reconocimiento de 40 créditos se reconoce en la exposición razonada que era lícito, por lo que no puede ser indicativo de la comisión de una conducta delictiva. Es cierto que otros alumnos no lo solicitaron, lo cual puede deberse a un, cuando menos, irregular comportamiento de los responsables del máster, pero no supone responsabilidad penal alguna por parte del aforado.”

No es solo que los otros alumnos no solicitaran las convalidaciones de 18 de las 22 asignaturas (el reconocimiento de créditos). Es que a ninguno de ellos se les dijo siquiera que podían recurrir a ese atajo para aprobar sin ningún esfuerzo.

Solo los alumnos VIP –las tres imputadas y Pablo Casado– pidieron y recibieron las convalidaciones. “El resto de los alumnos eran también licenciados en su gran mayoría y, sin embargo, nadie les informa de esta posibilidad que tan ventajosa les resultaba para obtener el máster”, explica en su escrito al Supremo la jueza Rodríguez-Medel.

Por otro lado, la jueza no solo explica que ese reconocimiento de crédito pueda ser lícito. Dice muchas más cosas sobre esas convalidaciones, que el Supremo ignora en su auto: que se trata de una “interpretación generalizada de la normativa aplicable” y que “ninguna de estas solicitudes de reconocimientos de créditos cumplen con los requisitos detallados en las instrucciones de la propia universidad”.

Enrique Álvarez Conde fue quien informó –solo a los VIP– de esas convalidaciones. Álvarez Conde fue quien aprobó –solo a los VIP– esas convalidaciones. Pero dice el Tribunal Supremo que no existe indicio alguno de que los alumnos enchufados por Álvarez Conde concertaran con Álvarez Conde esa prevaricación.

“En cuanto al uso del título, se trataría, en todo caso, de un hecho posterior a la consumación del delito de prevaricación y, por lo tanto, irrelevante penalmente, bien se cometa ésta al calificar las asignaturas con sobresaliente sin mérito académico alguno o bien se entiende que se cometa al expedir el título, con la misma carencia de merecimientos”.

Que Pablo Casado usase el título en su currículum no es irrelevante, aunque no sea un delito presumir de un título regalado. Demuestra que Casado sabía que tenía ese título.

Es un dato importante por una razón. Si a Casado le hubieran regalado el título sin que él se diera cuenta, no lo habría añadido a su currículum. Es raro, pero podría pasar. Imagínense que Enrique Álvarez Conde prevarica y aprueba sin merecerlo a Casado, pero Casado no se entera de ello y por tanto ni lo pone en su currículum. De haber ocurrido eso, sería más dudoso que Casado hubiese tenido algo que ver con la prevaricación.

Pero que el líder del PP aún mantenga en su currículum oficial un “máster en derecho autonómico por la URJC” significa que es consciente de que le dieron ese título oficial. Y también es consciente, como explica la juez Rodríguez-Medel, de que lo hizo sin ir a clase, sin ir a los exámenes, convalidando 18 de 22 asignaturas y sacando sobresalientes a toda velocidad.

¿Acaso Casado cree que la Universidad española funciona así? ¿Que con cuatro trabajos –como mucho, porque ni siquiera eso está demostrado– te regalan un título oficial que al resto de los mortales les cuesta un año de esfuerzos?

“En lo que se refiere a la inexistencia (sic) a clase, puesta en relación con el aprobado posterior, tampoco es indicativa de un acuerdo previo. La importancia es relativa, pues en la exposición razonada se reconoce que no se pasaba lista…”

Una vez más el Supremo solo lee en el escrito de la jueza aquello que le viene bien. Copio y pego todo lo que dice Carmen Rodríguez-Medel sobre cómo Pablo Casado aprobó con sobresalientes un máster presencial, sin pisar las clases ni los exámenes.

“Los alumnos del grupo ordinario señalan la importancia que le daban los profesores a la asistencia, que imponían tareas de clase en clase, que se exponían públicamente trabajos, que percibían la misma como obligatoria, que les generaba un esfuerzo notable ir y a pesar de ello lo hacían por entender que era lo requerido. Iban nada menos que cuatro días a la semana, de 16 a 20 horas, de lunes a jueves, de octubre a marzo. Uno de los testigos, de manera extraordinariamente gráfica, relató que tan interiorizado tenía que eran obligatorias que hizo un esfuerzo personal extraordinario para compatibilizarlas con su trabajo: a la salida de su jornada laboral tenía que comer en el tren, así durante los varios meses que duraron las clases, pues de otro modo no llegaba a ellas tras su salida del trabajo. Reconocen los alumnos, eso sí, que no se pasaba lista”.

De todo esta profusa explicación, los jueces del Supremo se quedan solo con un dato: que no se pasaba lista. Todos lo demás desaparecen de su argumentación.

“Aunque pueda considerarse que de las actuaciones resultan indicios de que se ha dispensado un trato de favor al aforado, y que ello pudiera merecer otro tipo de consideraciones ajenas al Derecho Penal y, por lo tanto, a la competencias que la Constitución y la Ley atribuyen a esta Sala, de la exposición razonada no resultan indicios consistentes”

Al menos el Tribunal Supremo admite algo: “indicios de un trato de favor”. Un trato de favor que consistió en un regalo evidente: un título oficial en una Universidad pública. Un claro trato de favor que va a quedar impune, para mayor insulto a todos los estudiantes que se esfuerzan cada año en la Universidad.

El Supremo, de ese modo, hace una distinción: existen indicios del trato de favor, del regalo, pero ese regalo –el cohecho impropio– es un presunto delito que está prescrito. Sin embargo no hay indicios de la cooperación para la prevaricación, el otro delito que la jueza apunta en Casado.

El presidente del PP se libra así de su responsabilidad, pero no porque los hechos sobre su máster regalado se hayan demostrado falsos, como intenta vender el PP. Es más, el propio Tribunal Supremo concluye justo lo contrario: que no hay ningún indicio de que Casado cursara el máster. Pero al mismo tiempo, dice que esos indicios de trato de favor no son suficientes como para citarle a declarar como imputado –para investigar si participó como cooperador en la prevaricación de Álvarez Conde– y también que no se puede investigar el cohecho impropio porque estaría prescrito.

Es importante recordarlo, ahora que los voceros del PP piden a “sus adversarios” que “pidan disculpas a Pablo Casado”. ¿Disculpas por qué? ¿Por decir que le regalaron un máster? Sigue siendo la verdad, aunque Casado se haya librado de la responsabilidad penal que aún podrían afrontar el resto de las alumnas VIP, que hicieron exactamente lo mismo que Pablo Casado, pero no han contado con el privilegio de estar aforadas.

“La valoración de los hechos debe realizarse en relación con la posición del aforado en el momento de su ejecución, cuando era Diputado de la Asamblea de Madrid, por lo que deberá existir alguna vinculación apreciable entre el regalo que se dice recibido en la exposición razonada y su función como tal Diputado”.

Y claro que existe una vinculación apreciable, aunque es cierto que este último dato –desvelado esta semana por eldiario.es– no aparece en el escrito que, hace unos meses, escribió la jueza Rodríguez-Medel.

El Instituto de Derecho Público que dirigía Enrique Álvarez Conde, y que también está siendo investigado por malversación, se nutría en gran medida de subvenciones de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid gobernada por el PP, del que Casado era diputado autonómico. En Madrid, para más señas.

Justo un año antes del máster regalado a Pablo Casado, la Consejería de Justicia de Madrid financió con 62.000 euros este chiringuito universitario dependiente de la URJC.

Es la misma Consejería de Justicia donde Pablo Casado había trabajado hasta pocos meses antes como asesor.

Pero seguro que es casualidad. ¿Indicios de un presunto delito en el presidente del PP? ¿El mismo PP que nombra a los vocales del CGPJ que nombran a los jueces del Tribunal Supremo? ¡Aquí no hay nada que investigar!

El Tribunal Supremo dio este viernes carpetazo definitivo a la posibilidad de que Pablo Casado sea investigado por el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos. Pero el archivo de las actuaciones no supone que el líder del PP no tenga que dar ninguna explicación en sede judicial sobre la causa en la que siguen imputadas otras tres alumnas que hicieron el posgrado de Derecho Autonómico y Local con él, así como su responsable, el catedrático Enrique Álvarez Conde.

La jueza Carmen Rodríguez-Medel no puede ya citarle como imputado, pero sí tiene la posibilidad de escucharle en calidad de testigo. Para ello, fuentes jurídicas apuntan a eldiario.es que la magistrada que instruye el caso planea preguntar al Tribunal Supremo la conveniencia de citarlo como testigo, una condición que le obligaría a decir la verdad en todas las preguntas que se le formularan.

Casado, al ser únicamente diputado, no tendría el privilegio de poder declarar por escrito, una prerrogativa reservada a puestos de mayor responsabilidad. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sí tendría la posibilidad de comparecer desde su despacho oficial, a donde se podría trasladar en persona la magistrada para plantearle las preguntas que estimara oportuno. Lo que no podría pedirle es que le entregara el ordenador con el que realizó los trabajos del máster y esos documentos, algo que sí había sugerido que hiciera el Supremo. 

Con esta consulta al Tribunal Supremo sobre la posibilidad de citar a Casado como testigo, la jueza Rodríguez-Medel asegura procesalmente la instrucción y se protege de posibles querellas. Las fuentes consultadas señalan que no existen argumentos jurídicos que justificaran que los jueces del alto tribunal, que en su auto reconocen indicios de “trato de favor” en la forma en la que Casado obtuvo ese título, se posicionaran en contra de su declaración como testigo.

De hecho, el auto del que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero allana el camino hacia esa citación, pues a pesar de reconocer la “inexistencia de datos que avalen la presentación de trabajos que sustituyeran otros méritos inexistentes”, como el hecho de que el presidente del PP no asistiera a clase, dice que estas son actuaciones “imputables al responsable de su valoración”. Es decir, a los profesores.

Los jueces del alto tribunal exoneran a Casado y también ponen el foco en la actuación de los responsables del máster en otra cuestión central: la convalidación de todas las asignaturas a excepción de cuatro, que aprobó con sobresaliente con otros tantos trabajos que sumaban entre todos 92 páginas. Sobre esta cuestión dicen que es cierto que otros alumnos no solicitaron ese reconocimiento masivo de créditos, aunque mantienen que eso puede deberse, de nuevo, a un comportamiento “irregular” de los docentes.

Casado, el único VIP que no ha declarado

Para probar la posible actuación delictiva de los responsables del máster puede resultar muy valiosa la información que puedan aportar los alumnos en sede judicial. Y se da la circunstancia de que el líder del PP es el único de los estudiantes “escogidos” –según la propia denominación que la jueza Rodríguez-Medel hizo en la exposición de motivos para elevarlo al Tribunal Supremo– que no ha comparecido ante la Justicia. 

Ante la jueza, las alumnas imputadas reconocieron que no habían ido a clase y que lograron el título sin mucho esfuerzo gracias al director del departamento que otorgaba el título, el ahora imputado Álvarez Conde, tal y como acreditaron las grabaciones de sus declaraciones que publicó la Cadena Ser. Las tres, que se sacaron el máster en las mismas condiciones que Casado, siguen investigadas por los delitos de cohecho impropio y prevaricación administrativa. 

Una de ellas, María Dolores Cancio, reconoció que Álvarez Conde le dijo que no tenía que hacer trabajos ni ir a clase y que le indicó cómo convalidar las asignaturas. Las otras dos alumnas investigadas, María Mateo Feito y Alida Consuelo Mas Taberner, también admitieron que el catedrático las había eximido de ir a clase a pesar de que el curso era presencial.

Hace dos años y dos días, en las elecciones autonómicas de 2016, “los gallegos hablaron con claridad y contundencia y pidieron un gobierno estable y fuerte”, recordó este jueves Alberto Núñez Feijóo. Dos años después el presidente de la Xunta admite que cambia aquel ejecutivo dando entrada en él a personas con menor trayectoria no por deseo propio, según ha dicho este jueves en la toma de posesión de su nuevo equipo, sino por el interés del PP de presentar a dos ya exconselleiros como candidatos a las alcaldías de A Coruña y Ferrol controladas ahora por la izquierda.

En su intervención en la toma de posesión de los nuevos conselleiros y despedida de los salientes Feijóo pronunció un discurso en el que se volvió a presentar como ejemplo de gobernante a nivel estatal. En plena polémica por cómo obtuvieron sus títulos políticos de diversos partidos, incluido el presidente del PP, Pablo Casado, cuyo máster bajo investigación judicial exigía ir a clase aunque él no lo hizo, el presidente gallego comparó a su propio Gobierno con un postgrado pero matizando que “para hacer este máster hay que asistir todos los días, y no hay ni fines de semana ni festivos”.

Feijóo comenzó su intervención recordando su tercera mayoría absoluta obtenida hace ahora dos años y asegurando que con ella los votantes pidieron “un gobierno estable y fuerte”. Con el telón de fondo de las negociaciones para la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, que Feijóo no citó expresamente, el presidente gallego contrapuso que su ejecutivo “no nació hipotecado” ni fue fruto de “negociaciones de despacho”, obviando que los dos gobiernos fueron elegidos de igual manera por la mayoría de diputados de los respectivos parlamentos estatal y autonómico.

Tras poner en valor la “estabilidad”, Feijóo admitió que el cambio de Gobierno no se produce en función de intereses autonómicos: “Me reafirmo en que si por mí fuera no lo cambiaría”, dijo, para elogiar a continuación el “desafío” que sus ya exconselleiros de Medio Ambiente y Política Social, Beatriz Mato y José Manuel Rey Varela, afrontarán para intentar ser alcaldes de A Coruña y Ferrol y contribuir a revertir la situación actual en la que el PP sólo gobierna, y en minoría, una de las siete ciudades gallegas, Ourense.

Feijóo también justificó que el actual sea su ejecutivo más numeroso, con once consellerías, argumentando que “en la primera época reducimos el tamaño del Gobierno porque así lo exigía la época de dificultades”, mientras que en la actualidad “reforzamos las áreas más necesarias para construir en el futuro”. Según dijo, en este tiempo “sería absurdo negar que cometimos errores”, pero aseguró que “los aciertos son más que los desaciertos” y proclamó que “la Galicia de hoy no es la ideal, pero sí es mejor que la de 2009 y 2016”.

Sin crucifijo pero con biblia

El discurso de Feijóo se produjo tras la toma de posesión tanto de los nuevos conselleiros como de los que ya lo eran y han cambiado de competencias. Todos ellos optaron por jurar en vez de prometer sus cargos frente a una mesa en la que, como ha venido ocurriendo en las últimas ocasiones, desapareció el crucifijo que sí estaba presente en las tomas de posesión de los primeros gobiernos de Feijóo. Sin embargo, en ella sí había una biblia junto con la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Al acto asistieron numerosos cargos populares, incluido el único alcalde de una ciudad y el único presidente de una diputación, los ourensanos Jesús Vázquez y José Manuel Baltar, pero no ningún otro cargo de otra formación, ni el regidor de Santiago, Martiño Noriega, que comparte oficinas con la Xunta en el Pazo de Raxoi en el que se celebró el acto, ni el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada. Por el contrario, sí estuvieron presentes los rectores de las tres universidades.

Mato elogia “la paz social que inundó Galicia”

Al margen de la del presidente, las intervenciones más largas este jueves en la toma de posesión de los nuevos conselleiros fueron las de los salientes Beatriz Mato y José Manuel Rey Varela. Los dos hicieron referencia al reto que tienen por delante como candidatos del PP a las alcaldías de A Coruña y Ferrol y repasaron parte de su trayectoria en la Xunta.

Beatriz Mato dedicó más tiempo a recordar su paso por la Consellería de Trabajo y Bienestar entre 2009 y 2015 que por la de Medio Ambiente en los últimos tres años. Así, se mostró “especialmente satisfecha” de los acuerdos firmados en su momento por la Xunta con sindicatos y patronal con los que consiguió, según dijo, “esa paz social que inundó nuestra comunidad” en lo más duro de la crisis económica. Mato también se mostró “orgullosa de la ley de inclusión social” aprobada en 2013 pero que cinco años después aún está sin desarrollar en lo que se refiere al decreto que regule la Renta de Inserción Social (Risga). De cara al futuro, la coruñesa señaló que tras su paso por el gobierno autonómico, ahora quiere “servir a mi ciudad”.

Por su parte, Rey Varela aseguró que “la mejor contribución que pude hacer a mi ciudad” fue la de ser conselleiro, cargo del que dice que se lleva “mucho más de lo que puse”. El popular dijo asumir el “reto” de intentar ser nuevamente alcalde de Ferrol “con muchísima ilusión” porque, parafraseando a Los Limones, “ahí está mi hogar, donde se acaba el mar”.

Los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos están llamados a la huelga este jueves para pedir la dimisión del rector, Javier Ramos, y la limpieza y regeneración de la universidad. Siete asociaciones de estudiantes del centro, agrupadas bajo la denominación URJC Crítica, convocan el paro, al que solo se ha sumado un sindicato, Somos Sindicalistas, minoritario en el campus. Sin noticias del resto (CC OO, UGT, CSIF, CSIT), informan los estudiantes.

Cerca de 40 estudiantes se han encerrado en varios edificios de los campus de Fuenlabrada y Aranjuez de la Universidad Rey Juan Carlos, donde pretenden pasar la noche, según ha podido saber eldiario.es.

Las asociaciones convocantes (Frente de Estudiantes, ACM, Res Publica, UEPA, Virtual Souls, Ángulo Abierto y EPU) habían solicitado al rector que durante la jornada de huelga no hubiera actividades evaluables. Ramos replica que lo cree “razonable”, pero que “se trata de un día lectivo más y, lógicamente, las actividades docentes han de avanzar con normalidad”.

Las asociaciones de estudiantes valoran que el rector “está asustado por lo que pueda pasar”, y destaca que en su misiva ha obviado que piden su dimisión pero que a la vez reconoce que hay motivos para la huelga.

La jornada de protesta, primera huelga como tal desde que estallaron los escándalos que sacuden a la URJC, incluye concentraciones a las 12.30 y a las 16.30 en el campus de Vicálvaro y otra a las 18.30 frente al rectorado.

Los estudiantes de la URJC están cansados de los plagios, de las contrataciones irregulares de profesores y tratos de favor a políticos, de los rectores que salieron a cerrar filas cuando no había manera de contener la marea. De las medidas cosméticas y otras de algún calado más, pero solo con el objetivo de “alejar a los medios de comunicación de la universidad”, dicen los alumnos.

Y, llegado a ese punto, huelga. El objetivo del parón es lograr la dimisión del rector del centro, Javier Ramos, la investigación externa de la URJC, la “limpieza completa” de la universidad y la regeneración de los órganos de Gobierno.

¿Qué expectativas tienen los estudiantes de seguimiento? Un portavoz de URJC crítica explicaba que “hay mucha gente en contra de todo lo que está pasando en la universidad, pero sabemos lo que pasa aquí”, explica en alusión a la omertá que impera en el centro por temor a las represalias.

“Son nuestros títulos los que son desprestigiados por la corrupción y nepotismo de los altos cargos de la URJC, y por ello (...) nos vemos en la obligación de defenderlos y dejar constancia del esfuerzo que en ellos depositamos, conscientes de que no toda la URJC participa y permite los escándalos que nos vemos empujados a afrontar”, reza la convocatoria.

Desde URJC Crítica consideran que el rector solo ha realizado operaciones cosméticas desde que se hiciera público que el Instituto de Derecho Público (IDP) del centro había regalado un máster a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

“Aunque ha dado pasos en la limpieza de la URJC, con el tiempo se ha visto que estos solo tenían como meta alejar a los medios de comunicación de la universidad”, aseguran. “Nunca quiso hacer una verdadera limpieza la institución, nunca asumió que el problema era estructural y no de 'manzanas podridas', pues entonces tendría que asumir su servidumbre y la de su equipo a estos sectores de la universidad hasta llegar a rector”, sostienen en una nota.

Con este movimiento los estudiantes se confirman como el grupo que más se está moviendo dentro de la universidad para exigir responsabilidades por la gestión de la URJC y los escándalos que la han asolado en los últimos meses. Ellos han sido protagonistas de las principales protestas en la calle y ellos son los que amenazan al rector con una moción de censura a través del claustro, aunque para eso necesitan el apoyo de profesores y personal de administración. De los sindicatos, más allá de algún comunicado, no se tienen noticias.

La Comunidad de Madrid es una de las entidades que ha inyectado dinero público al ya extinto Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos. El Gobierno regional financió la elaboración de informes, la matriculación de funcionarios en formaciones de arbitraje y en el máster de derecho autonómico que cursaron Pablo Casado y Cristina Cifuentes. De hecho, entre los años 2009 y 2012 el Gobierno regional aportó 370.000 euros a este departamento dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde, imputado en el caso máster.

Uno de los convenios de los que se benefició este instituto fue firmado por Alfredo Prada, el consejero de la Comunidad de Madrid para el que trabajó Pablo Casado cuando inició su carrera política. El acuerdo se suscribió con Álvarez Conde en noviembre de 2007. El objetivo era impartir en 2008 un curso de especialización sobre arbitraje a funcionarios regionales por el que el IDP facturó 62.400 euros a las arcas públicas regionales.

Estos dos nombres están vinculados a la carrera académica y profesional de Casado. Cuando suscribieron el acuerdo, Alfredo Prada era el vicepresidente segundo, consejero de Justicia y Administraciones Públicas del Ejecutivo de Esperanza Aguirre. Hasta junio de 2007 Prada había sido jefe del político popular: el hoy presidente del PP fue uno de sus asesores desde marzo 2004 hasta que se incorporó como diputado a la Asamblea de Madrid.

Prada defiende la “legalidad” del acuerdo

Por su parte, Álvarez Conde fue el director de su máster, actualmente investigado por la justicia y al que Casado se incorporó en septiembre del 2008. También fue el profesor de tres de las únicas cuatro asignaturas que cursó el expresidente de Nuevas Generaciones después de que le convalidasen 18 de las 22 materias del posgrado. En las tres obtuvo un sobresaliente, a pesar de que el líder de los populares no asistió a sus clases. 

Prada asegura a eldiario.es que no recordaba este acuerdo y que no tiene ni ha tenido ninguna relación personal con Álvarez Conde. Asimismo reseña que en aquella época dirigía una veintena de organismos públicos para incidir en el elevado número de documentación que suscribió.

“No habría firmado ningún documento que no hubiera contado con toda la legalidad y los informes favorables de la Comunidad”, incide el antiguo alto cargo del Gobierno regional para defender su actuación como responsable del IMAP. Además asegura que nunca habló sobre el IDP con Casado. Esta redacción también ha intentado contactar con el catedrático imputado de la URJC, sin éxito por el momento.

La jueza Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción número 51,  situó a Álvarez Conde en el centro de un “plan preconcebido”, como “urdidor” de una presunta trama que utilizaba sus “prebendas” para crear “un clima favorable” que potenciase sus relaciones políticas y profesionales. Entre los alumnos que se vieron favorecidos por este sistema la magistrada apunta a Casado, al que considera que le regalaron el máster “a modo de prebenda” por su “relevancia política”. 

Se presupuestaron 83.160 euros

El acuerdo firmado por Prada, como presidente del Instituto Madrileño de Administración Pública (IMAP), y Álvarez Conde establecía “las condiciones de colaboración entre ambas entidades” para que los empleados de la Comunidad participasen en el “IV curso de especialización sobre arbitraje”. En él, el IMAP se comprometía a financiar la mayor parte de la matrícula de 33 funcionarios, el organismo público asumiría 2.520 euros y el alumno los 280 euros restantes.

En el acuerdo se presupuestó el pago de un máximo de 83.160 euros. Finalmente, esa cantidad fue menor. Se matricularon 20 trabajadores y la Comunidad emitió una factura en febrero del 2008 de 50.400 euros. Ese mismo mes este departamento también sufragó “los costes de promoción, difusión y publicidad del curso”, que supusieron 12.000 euros a las cuentas del Gobierno regional.

Según este acuerdo, el curso se impartió los jueves por la tarde desde el 24 de enero al 5 de junio del 2008 en el campus de Vicálvaro. En este convenio el departamento dirigido por Prada también asumía la responsabilidad de “realizar una campaña interna de difusión entre los empleados públicos”. Por su parte, el IDP tenía que informar sobre la “marcha, desarollo y resultados” de esta formación.

Desde el equipo actual de la Consejería de Presidencia aseguran que se escogió al organismo de Álvarez Conde porque “parece ser que en aquella época era el único Instituto de Derecho Público que impartía cursos de arbitraje”. Asimismo reseñan que “no ha habido un seguimiento específico” a esta docencia. Prada reseña que el encargado de supervisar esa formación era el director general de función pública. Esta redacción ya informó de que en la promoción en la que se matriculó Cristina Cifuentes, la Comunidad subvencionó el máster a un trabajador que aseguró a esta redacción que nunca lo cursó. 

Pagaron la matrícula de cuatro compañeros de Casado 

En 2008 el IMAP no solo financió este proyecto al IDP dentro de sus programas de formación de personal. El 15 de septiembre del 2008 el instituto dirigido por Álvarez Conde emitió otra factura de 5.320 euros para abonar la matrícula de cuatro compañeros de Pablo Casado en el máster de derecho autonómico y local. Tres días después, realizó otra de 18.000 euros bajo el concepto de “estudio comparado sobre los procesos de calidad en las administraciones públicas”. Entonces Prada ya no era el firmante de los acuerdos, ya no estaba al frente de la vicepresidencia ni de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, Aguirre le cesó en junio del 2008.

Este convenio no supuso el inicio de la financiación del IMAP al departamento que gestionaba Álvarez Conde. De acuerdo a la información aportada por el portal de transparencia regional a esta redacción, esta relación comenzó en 2006. En aquel momento fue Francisco Granados, como presidente de este organismo público, el que suscribió el primer convenio con Álvarez Conde para financiar estos cursos. Ese año la Comunidad de Madrid destinó 48.400 euros. Doce meses después se dedicaron 92.400 euros para la matriculación de 33 trabajadores en la misma formación.

No han esperado ni a que la Sala de Admisión del Tribunal Supremo acuerde no investigar a Pablo Casado. El exrector de la Universidad Rey Juan Carlos y una de las alumnas con expediente idéntico al presidente del Partido Popular se han dirigido a la jueza Carmen Rodríguez-Medel para que archive las causas contra ellos de acuerdo al escrito en el que la Fiscalía del Alto Tribunal acusa a la magistrada de querer hacer una investigación prospectiva y no tener argumentos para solicitar la imputación del político.

“Deja patente el nulo fundamento de la presente instrucción”, afirma la defensa de María Mateo Feito, imputada en la pieza C, la que investiga el máster de derecho local y autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos en el curso 2008/09. Feito fue asesora del PP en el Ministerio de Empleo y es hija de la colaboradora de Cristina Cifuentes que presionó para que la universidad fabricara una coartada para la expresidenta madrileña.

El letrado que representa a una de las tres alumnas imputadas añade que el hecho de que el Supremo considera, en un escrito al que ha tenido acceso eldiario.es, que la investigación “prospectiva” representa “una grave disfunción en la administración de justicia”.

La misma iniciativa ha adoptado la defensa de Fernando Suárez, el exrector que dimitió por el escándalo de los plagios. En este caso, sin embargo, la representación letrada recuerda que es la misma jueza la que desprovee de cualquier responsabilidad al propio Suárez y valora el contenido de su declaración ante ella para esclarecer las presuntas ilegalidades cometidas durante el curso de Casado.

Aun así, la abogada afirma: “Por esta parte no se había interesado este sobreseimiento con anterioridad, esperando que se pronunciara el Tribunal Supremo, pero habiéndose notificado a esta representación resoluciones por las que se pide informe para el archivo de las diligencias respecto de otros investigados, es por lo que instamos en este momento”.

La Fiscalía del Supremo rechazó el pasado viernes que se investigase a Casado por el máster, como pedía la jueza, porque consideran que el delito de cohecho ya ha prescrito. Además, su escrito señalaba que “no existe dato alguno que avale, ni siquiera de forma indiciaria” que el líder del PP se concertó con Enrique Álvarez Conde para obtener el máster sin hacer nada.

Ese informe contenía varios reproches contra la jueza, como que el procedimiento que había llevado desde su Juzgado era “meramente prospectivo, al no existir indicios incontestables de la existencia de responsabilidad penal por parte del aforado”. Sin esperar a la decisión del juez, algunos de los imputados ya han usado esas frases para tratar de que se archive la causa contra ellos.

La jueza del caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, quiere que los fiscales que la han acompañado durante esa instrucción en todas sus decisiones se pronuncien sobre si siguen oponiéndose o no a los sucesivos recursos con los que el exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Enrique Álvarez Conde ha intentado paralizar la causa alegando que se trataba de una investigación “prospectiva”.

De esta manera, la magistrada insta a los fiscales a aclarar si cambian el criterio mantenido desde que arrancó la investigación y asumen ahora las tesis de sus compañeros del Tribunal Supremo, que en un escrito hecho público el pasado viernes, defendieron que abrir una investigación al líder del PP, Pablo Casado, sería algo “meramente prospectivo”. Esa comunicación firmada por el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas concluía que “no existen indicios incontestables de la existencia de responsabilidad penal por parte del aforado, ni ha quedado acreditado de forma alguna, ni siquiera indiciaria, que existiera concierto del señor Casado Blanco con cualquiera de los demás investigados”. 

Desde su apertura y hasta el envío al Tribunal Supremo de la exposición razonada para investigar al presidente del PP, la Fiscalía madrileña había ido avalando una tras otra las decisiones y conclusiones de Rodríguez-Medel en cuestiones como la apertura de diligencias para tomar declaración al resto de alumnos investigados o para recabar pruebas documentales. Por eso la instructora quiere saber ahora si, tras la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de no investigar a Casado por su máster, el Ministerio Público va a mantener o no un criterio “único”. 

En concreto, a través de una providencia fechada este lunes 24 de septiembre, pregunta si “con el informe del teniente fiscal del Tribunal Supremo se está ordenando un cambio de interpretación que tenga incidencia en la parte del procedimiento que pende ante este juzgado de instrucción” y en el que siguen imputadas tres alumnas compañeras de máster del líder del PP por los mismos hechos que según la fiscalía del Supremo no justifican la investigación a Casado.

Precisamente este lunes, la representante del Ministerio Público en el caso máster no ha asistido a la declaración en calidad de investigada de la exsubdirectora del Instituto de Derecho Público (IDP), Laura Nuño, la número dos de Enrique Álvarez Conde, una situación que ha provocado que la jueza se sintiera “molesta” y “desanimada” en su interrogatorio, han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Un rector (Pedro González Trevijano) que se quiso perpetuar en el cargo más allá de lo que permite la ley. Otro dirigente (su sucesor y delfín, Fernando Suárez) que plagió a voluntad, daba clases en un campus ilegal y cobraba complementos por ello. Un tercero (el actual, Javier Ramos) al que se le acumulan los escándalos mientras espera a lo que se publica en los medios. Son solo tres ejemplos entre muchos.

Que la imagen, y con ella el prestigio, de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) está baja es algo en lo que casi todos están de acuerdo. Algunos quijotes, unos pocos activistas, trabajan dentro de sus posibilidades para restaurar el buen nombre del centro denunciando situaciones de abuso para que se conozca lo que ocurre en el centro como primer paso hacia una limpia de imagen que no acaba de llegar.

Su problema es que la regeneración de la URJC solo puede llegar desde la propia URJC. Bien a través del equipo directivo –que o no está haciendo nada o no lo está comunicando– bien a través de una moción de censura al rector. De momento no hay señales que permitan vislumbrar que ninguna de las dos vías esté en marcha.

“La ley orgánica de universidades da autonomía a los centros como reacción a la época franquista”, explica Helena Ancos, doctora en Derecho y miembro del sindicato SAP-UCM. “Las universidades tienen, salvo la dotación de sus presupuestos, autonomía para autogestionarse. Pero los controles económicos no funcionan, y si unimos que los departamentos funcionan por incentivos distintos sin posibilidad alguna de contrapeso entre unos y otros se acaban produciendo estas malas praxis que estamos viendo”, elabora.

Las comunidades autónomas –las entidades que ponen la mayoría de los fondos de los centros– apenas tienen capacidad de maniobra, más allá de participar en los Consejos Sociales de las universidades, los organismos encargados de aprobar las cuentas, pero que tienen poco poder real.

Mirar hacia otro lado

Cuando se pregunta a alguna Consejería de Educación por tal o cual actuación de una universidad, la respuesta es siempre la misma: “Autonomía universitaria”. Si se eleva la petición al Ministerio de Educación, miran hacia abajo: “Las competencias son de las comunidades”. La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) no tiene ninguna capacidad legal de actuar en una de sus asociadas, más allá de amenazar a su rector con excluirle del club. Tampoco ha demostrado mucha contundencia cuando ha tenido la oportunidad en casos como el de la expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes.

Así, con un rectorado encerrado en sí mismo, que solo responde a los escándalos cuando ya han pasado y para anunciar comisiones de investigación (los plagios de Suárez, reiterados y confirmados, nunca tuvieron consecuencias), las herramientas son pocas.

“Las posibilidades de regeneración son mínimas”, explica un extrabajador del centro experto en Derecho. “Existen, pero tendrían que venir de la misma gente que está en los puestos directivos, es absurdo. Aún así, si quisieran intervenir, lo primero es hacer una investigación. Después se trasladaría esa investigación a una autoridad: o al rector o a un juez si hay indicios de delito”, sostiene. En la URJC son expertos en anunciar comisiones de investigación (hubo una para los plagios de Suárez, otra para los másteres de Cifuentes, Casado y Montón) de las que de momento poco se ha sabido. De hecho, en el caso del máster de la ministra de Sanidad, la URJC admitió que estaba investigando el caso, pero no informó de ello hasta que el escándalo fue desvelado por eldiario.es.

A nivel interno, una universidad tiene potestad para sancionar a sus trabajadores, sean funcionarios o no. Puede suspender de empleo y sueldo durante un periodo de tiempo en función de la gravedad de sus faltas e incluso expulsarle definitivamente, según confirman varios expertos.

La única alternativa desde fuera es entrar en el campo judicial, con todo lo que ello conlleva en dilación en el tiempo de la resolución, etc. Cuando se inicia un procedimiento judicial contra un trabajador, el expediente administrativo que pueda tener abierto la universidad queda en suspenso hasta que se cierre la vía judicial, que puede contemplar hasta la inhabilitación para cargo público.

La moción de censura

La única herramienta real disponible dentro de un campus, pero ajena al rectorado para cambiar al equipo directivo, si es que existiera tal voluntad, es la moción de censura en el Claustro. Para ello hace falta que dos tercios de los claustrales (entre ellos hay profesores, personal de administración y alumnos) apoyen la iniciativa. La URJC renovó recientemente los 300 miembros del suyo y antes del verano hubo rumores de moción de censura, cuando el caso Cifuentes estaba en pleno apogeo.

Pero el verano parece haber enfriado los ánimos. Un portavoz de Res Pública, la asociación de estudiantes que más se movió por la moción y que pensaba que contaba con los apoyos al menos para plantearla, explica que los profesores más críticos están desaparecidos. “Había un grupo de profesores que se tendrían que haber estado moviendo, pero por ahora les hemos perdido la pista”, cuenta. Los estudiantes están esperando a que haya un consejo de Gobierno para intentar concretar con cuántos apoyos contarían.

En la sesión constitutiva del Claustro, el pasado mes de julio, los estudiantes hablaron de “regeneración”. Algunos profesores también pidieron al rector que tomara medidas para recuperar el buen nombre del centro. Ramos aseguró que quitarle a él sería “volver al pasado” y defendió que está trabajando por la regeneración.

“Estamos haciendo cambios valientes (...)”, afirmó. “Hablamos de regeneración, de poner esos procedimientos que nos faltan y reglamentos que no tenemos. El Consejo de Gobierno ha ido aprobando cambios para quitar el arbitrio, el sesgo personal a las cosas que se hacen en esta universidad”, afirmó.

“Medieval y arcaico”

Ancos cree que el problema está en los propios sistemas de gobernanza de las universidades. “Es arcaico y medieval y prima la opacidad. Las redes clientelares son muy grandes y hacen muy difícil luchar contra ello”, afirma a partir de sus 20 años de experiencia en la universidad.

El exempleado de la URJC lleva esta afirmación a su centro. “No hay que olvidar por qué se montan estos chiringuitos”, comienza en alusión al Instituto de Derecho Público (IDP), foco de los escándalos de los máster que se están conociendo estos meses. “Beneficiaban a las dos partes, a los políticos, pero también a la URJC. Había un intercambio de favores”, cuenta. Unos sacaban los títulos sin esfuerzo, los otros obtenían dinero de matrículas y un supuesto prestigio.

El alcance de las redes en la URJC se entiende mejor remontándose en la historia de la Universidad. En concreto al origen del campus de Vicálvaro, sede de la Facultad de Derecho y germen de casi todo lo que está ocurriendo en el centro. En el Centro de Estudios Universitarios Ramón Carande empezó todo.

Allí coincidieron, cuando el centro era independiente (antes de pasar a formar parte de la URJC) buena parte de los protagonistas de los escándalos de los máster de la universidad. Allí se tejieron las redes clientelares que denuncian los trabajadores y que llegan hasta nuestros días. Por el Carande pasaron (y se ayudaron unos a otros) el exrector Suárez, el también exrector Rogelio Pérez Bustamante, Teresa Feito, la mediadora de Cifuentes, el profesor del curso Pablo Chico de la Cámara y un largo etcétera.

La fiscal general del Estado, María José Segarra, visó el escrito presentado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo en el que pide que no se investigue siquiera a Pablo Casado por cohecho e inducción a la prevaricación. Explicó más tarde públicamente que la Fiscalía comparte con la juez instructora Rodriguez-Medel que al líder del PP le regalaron el master aunque el cohecho está prescrito, así que tampoco piensan investigar su participación en la prevaricación.  La finta mental es suficientemente extraña, pero se agrava mucho más si recordamos el principio de unidad de actuación de la Fiscalía que unido al de dependencia jerárquica obliga a Segarra a asegurarse de que la postura del Ministerio Público es la misma para todos los afectados por el caso, sean estos cohechadores de ringorrango o de segunda fila. Esto no ha sido así. Los fiscales del Caso Máster han acompañado a la instructora en todo el procedimiento y no le han recurrido nada, pero nada de nada. La cosa es tan chusca que la propia Rodríguez-Medel, tras conocer ayer el informe, pidió inmediatamente a la Fiscalía -supongo que entre el cabreo, dado que encima Navajas le pone verde, y el recochineo por el ridículo fiscal- que se aclaren y le digan si consideran que ella también debe dejar de investigar al resto de los imputados que hicieron exactamente lo mismo que el privilegiado Casado y que incluso lo han confesado.

La fiscal general del Estado, tan respetuosa de la independencia de sus subordinados, va a tener que aclarar qué pasa ahora con la acusación en Madrid porque, aunque pretendiera también no injerir en el criterio de los fiscales territoriales, resulta que Madrid está sin fiscal jefe desde el viernes y no sé yo si dejar que esta papeleta la resuelva un segundo va a ser posible. Todo puede ser con Segarra, la fiscal general que está siendo tan respetuosa de la independencia de todos sus fiscales y tan celosa de demostrar la suya del Gobierno que está empezando a independizarse también de sus propias convicciones y criterios. La república independiente de la casa de Fortuny se decora con gestos y actos que tienen boquiabiertos e indignados a los propios y regocijados a los extraños.

Les decía que Madrid está sin fiscal jefe desde esta misma semana dado que José Javier Polo fue designado el viernes para ocupar una plaza de fiscal en la Audiencia Nacional. Es este un episodio que muestra muy bien la extrañeza de gran parte de la carrera fiscal, sobre todo de la que ha acompañado durante años a Segarra en las reivindicaciones. “Está abandonando a su Ejército” dicen, con una extrañeza que además de en el Consejo Fiscal me temo que debe reinar también en San Bernardo. No sé si saben que los fiscales de la Audiencia Nacional todos, no sólo los jefes, son designados por el Gobierno a petición del fiscal general del Estado. Un método totalmente diferente a la cobertura por antigüedad que rige en el resto. Pues bien, resulta que el fiscal jefe de Madrid ha tenido un recorrido tempestuoso desde que fuera nombrado por Torres-Dulce. Su gestión, incluso del personal, consiguió poner en pie de guerra a gran parte de los fiscales de la región. Hasta el punto de que, como un hito histórico, en dos congresos de la Unión Progresista de Fiscales se le reprobó expresamente y se pidió su remoción tras su “incomprensible” nombramiento y tras demostrar “su absoluta incompetencia para desempeñar el cargo en la Fiscalía más voluminosa del país”. Fue acusado de usar métodos “autoritarios, antidemocráticos y despóticos”. En ese congreso, sin duda, estaba Segarra. Los problemas de Polo no acaban con esta fuerte contestación ni mucho menos. Hace nueve meses, en el primer Consejo Fiscal que le tocó presidir al anterior fiscal general nombrado por el PP, Julián Sánchez-Melgar, ya tuvieron que afearle la conducta, dado que Polo había relevado irregularmente al fiscal del Caso Hoyo de Manzanares, César Estirado, porque éste había tenido la independiente idea de querer investigar a un alto cargo del ministro Catalá. Así que este dechado de virtudes profesionales es el que Segarra ha enviado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que éste pidió a sabiendas de que era imposible que revalidara para un segundo mandato en Madrid. Esta decisión, que tampoco ha debido gustar mucho en la Audiencia Nacional dado el elemento que les mandan, la tomó Segarra además haciéndoles un feo tremendo a los miembros progresistas del Consejo Fiscal. Estos manifestaron a la fiscal general que iban a seguir la tónica de apoyar a aquel candidato que llevara más tiempo ya en comisión de servicios en la AN para que consolidara la plaza. Así las cosas, los miembros de la UPF apoyaron a un no asociado en vez de a Garcia Berro que era el candidato a consolidar plaza de su misma asociación. Incomprensiblemente Segarra no tuvo en consideración esos parámetros de antigüedad y propuso al Consejo de Ministros a Polo, el candidato de la conservadora Asociación de Fiscales, a sabiendas de su conflictividad y mal hacer en Madrid. Tal actitud ha indignado muchísimo a muchos fiscales, a muchos que no entienden la incongruencia que supone premiar a alguien que la fiscal general sabe perfectamente que no lo merece. Para más inri Polo va a ocupar la plaza que dejó vacante Dolores Delgado, todo un sarcasmo. Nadie sabe las causas. No saben si Segarra no quiere enfrentarse con ciertos sectores o si, simplemente, está aplicando la máxima de darle una salida digna a un exjefe por si algún día no muy lejano ella necesita que se la den también.

No es la única muestra de incoherencia de criterio que le reprochan. También ha mantenido en su equipo, aunque rebajándole el grado, a Guillermo García Panasco el exfiscal jefe de Canarias que fue refugiado allí por el PP después de que el TS dejara claro que se excedió en sus investigaciones y vulneró los derechos de la magistrada Victoria Rosell. O el nombramiento para su secretaría técnica de la conservadora fiscal jefe de Melilla, Isabel Martín López, muy contestada también por sus actuaciones poco consonantes con la política de derechos humanos que propugna la fiscal general, como pedir que se le quitara la nacionalidad española a una anciana bereber que testificó en un juicio “por no saber hablar correctamente el español”. Dicen muchos que es como si hubiera decidido apoyarse en los que conspiran para que lo suyo salga mal y que ya tienen candidatos para sustituirla.

Segarra es ahora mismo una fiscal general en una situación muy débil y lo importante es que sus opositores lo tienen muy claro. No sabe cuánto va a estar en el cargo -no es lo mismo que asumir con cuatro años por delante- y es probable que no quiera encontrarse con un terreno minado cuando vuelva a ser fiscal de trinchera. Eso o tiene un extraño sentido de cómo demostrar que el Gobierno no interfiere en sus decisiones. En todo caso sabiendo todo esto es más fácil darse cuenta de hasta qué punto resultaba ridícula la presunción de Maragall de que alguien del Gobierno le había dado seguridades sobre un cambio de posición de la Fiscalía. Eso sólo puede producir hilaridad si se conoce la situación. En la cuestión del procès y piense lo que piense Segarra, que por lo que se sabe no tiene por qué coincidir con la acusación actual, la espiral de silencio ha hecho ya que la única opinión expresada abiertamente en la carrera fiscal sea la de la acusación de rebelión. Un fiscal que pisa moqueta y que cree que los hechos no encajan con el tipo de rebelión me dijo el otro día: “dentro de la carrera me siento como un kamikaze que circulara en sentido contrario por la M-30. Todos los que pensamos como yo guardamos ya silencio”. Segarra, aunque lo considerara justo, no tendría margen de maniobra para cambiar esa calificación ahora.

Esperemos a ver cómo resuelve ahora la incongruencia de la acusación en el Caso Máster. Esta injusticia ya ha ocurrido otras veces cuando había fiscales generales nombrados por el PP. Solo que muchos esperábamos que la diferente Justicia para el VIP y para el robagallinas no siguiera siendo tan descarada. Lo cierto es que Segarra está demostrando que es muy capaz de ser independiente del Gobierno, pero no sabemos si será capaz de serlo del poder.