Continúan los intentos por paralizar la consulta sobre la lengua base en los centros educativos valencianos impulsada por el conseller popular José Antonio Rovira y en la que están involucradas alrededor de 570.000 familias a lo largo de todo el territorio. Así, el síndic de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, y el portavoz de educación de la formación valencianista, Gerard Fullana, han anunciado este lunes la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) -la medida del Consell ya está judicializada en el alto tribunal valenciano a raíz del recurso presentado por Acció Cultural del País Valencia, Famílies pel Valencia y Familias de Russafa- que argumenta las razones para suspender este referéndum y que ha sido rubricado por miembrosde la coalición (diputados provinciales, autonómicos y en el Congreso y concejales de Castelló, València y Elche) con hijos e hijas en edad escolar.

Los recurrentes, que presentan el recurso a título individual como personas usuarias de la escuela pública y de la enseñanza en valenciano, solicitan medidas cautelarísimas y cautelares ante la orden de consulta. “Formamos parte de las miles de familias afectadas por este referéndum que no tiene ninguna base pedagógica, que solo aspira a crear crispación y marginar el valenciano en las aulas”, han asegurado los firmantes, quienes bajo el lema 'Pels nostres fills i filles, sí al valencià' sentenciaban que en las zonas castellanohablantes “está directamente prohibido aprender en valenciano y en las zonas valencianohablantes, no nos aseguran que nuestros hijos e hijas estudien en la lengua que hemos elegido”.

Compromís pone el énfasis en que celebrar la consulta en el mes de marzo “implicará generar el caos burocrático en los centros, dado que es demasiado tarde y colapsará el proceso de admisión y matriculación. Estamos convencidos que la consulta es una cortina de humo más para intentar desviar la atención de las negligencias de Mazón y el conseller de Educación por la DANA”.

Incompatibilidad de la consulta y la matriculación

Fullana considera que existen cuestiones formales, “como la imposibilidad de conjugar este proceso de consulta con la matriculación de forma normal, porque como todo en este Gobierno, se ha presentado tarde y mal”. También explican que “se obliga” a las familias a participar solo de forma telemática y no presencial, y este es “un elemento importante con jurisprudencia suficiente”. Otro aspecto importante, destacan, es que la orden no cuenta con memoria económica, lo que “es motivo de nulidad”.

En cuanto a los motivos de fondo, los principales se basan en que “se obliga al alumnado de las zonas castellanohablantes a no estudiar en valenciano y después hay una falsa libertad, a centenares de miles de familias se las obligará a estudiar en una opción no elegida, con un agravante: no hay ninguna justificación pedagógica para esta cuestión”, denuncia el diputado el valencianista.

Además, Compromís sostiene que el Consell Jurídic Consultiu, en su dictamen sobre la orden de consulta, realiza una decena de observaciones, “dos de ellas esenciales a las que la administración está obligada a poner solución: no se garantiza a cada familia la lengua por la cual voto y el procedimiento únicamente telemático es ilegal”.

Así mismo, recuerdan los diputados valenciansitas que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad de Compromís contra la ley de 'Libertad Educativa' aprobada por PP y Vox: “El alto tribunal investiga incumplimientos de 28 artículos de leyes de rango superiores como la LOE, el Estatuto de Autonomía y la Constitución”.

Los centros ya tienen la información sobre la consulta

Las familias pueden consultar desde este lunes sus datos en el censo provisional que deben publicar las direcciones de los centros públicos y la titularidad de los centros concertados.  Esta publicación debe realizarse en los tablones de anuncios del interior del centro, tal y como se indica en la orden de la consulta. Los datos se generarán a través del sistema de información ITACA. 

Una vez publicados los datos en los censos provisionales, las personas interesadas podrán presentar reclamaciones hasta el 21 de febrero. Estas reclamaciones se realizarán en la secretaría del centro público o ante la titularidad del centro privado concertado. 

La publicación de los censos definitivos se realizará una vez terminado el plazo de subsanación de errores y hasta el 24 de febrero, día anterior a que empiece la consulta. Si una vez publicado el censo definitivo alguna familia detectara algún error podrá interponer reclamación ante la dirección territorial competente en materia de educación. La consulta se realizará entre el 25 de febrero y el 4 de marzo.

El pleno de la Diputación de Alicante votaba este miércoles una declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, un texto que ha sido refrendado por unanimidad de todos los grupos. Sin embargo, el debate de esta iniciativa no ha estado exento de polémica. El controvertido diputado provincial del PP Alejandro Morant ha increpado reiteradamente al portavoz de Compromís, Gerard Fullana, durante su intervención en este punto, una actitud que incluso ha provocado que el presidente de la Diputación, el también popular y líder del PP valenciano Carlos Mazón, le afeara su conducta. Morant ha llegado a dedicarle un “payaso” a Fullana al finalizar éste su lectura de una carta remitida por una persona del colectivo LGTBI.

El parlamentario provincial valencianista, durante su intervención , se ha mostrado muy crítico con el Partido Popular: “De qué sirve que cada 28 de junio pintéis el arcoíris por todas partes, si después apoyáis y promovéis la llegada a las instituciones de la política del miedo y del odio [...] No servirá de nada ninguna declaración si después se pacta con el partido que afirma que ser homosexual es una enfermedad que se puede curar con una terapia dañina y que tanto mal ha causado”.

“¿Para qué queremos la bandera en el balcón si no castigamos la política del señor del bar que me insulta por besar a mi pareja? Para nada”, leyó Fullana en la carta, para quejarse después de que Morant no le dejaba leer su texto con continuas interrupciones, a pesar de las reiteradas llamadas al orden de Mazón a su diputado -desde Compromís apuntan a que otro diputado del PP, Bernabé Canó, también interrumpía el discurso de Fullana con calificativos como “payaso” o “inútil”, aunque Mazón se dirige en todo momento a Morant, como se puede escuchar en el vídeo-. “Es una falta de respeto”, ha asegurado el portavoz valencianista, para instar posteriormente al PP a que deje de “dar voz a quien dice que los homosexuales son un lobby, y se les vincula a la pederastia” y recordar el millar de agresiones homófobas que se produjeron en 2020.

Las polémicas de Alejandro Morant

Alejandro Morant, alcalde de Busot, ha protagonizado diversas polémicas en los últimos años, la primera de ellas en 2016 cuando criticó a compañeros de partido por las 'líneas rojas' contra la corrupción impuestas primero por Alberto Fabra y posteriormente por Isabel Bonig a raíz de la muerte de la exalcaldesa de València Rita Barberá.

Sin embargo, fue su discurso xenófobo -llegó a abogar por “deportaciones masivas de inmigrantes”- las que le valieron la apertura de un expediente informativo por parte del PP. Más recientemente, llegó a cuestionar las cartas amenazantes con balas que les llegaron a algunos ministros el pasado año. Alejandro Morant continúa en su cargo como alcalde y como diputado provincial a pesar del expediente abierto en su partido y del que tanto el PSPV como Compromís han exigido su cese. La formación valencianista no descarta volver a pedir su dimisión después de esta nueva polémica.

Imagen insólita la vivida en la mañana de este miércoles en la Diputación de Alicante donde los tres diputados provinciales de Compromís se han presentado a un salón de plenos vacío.

Para este día estaba previsto que el Partido Popular que dirige César Sánchez llevase para su aprobación el plan de obras Financieramente Sostenibles, dotado de 31 millones de euros y que incluye 7 millones de ayudas nominativas o ‘a dedo’. Sin embargo, la presión ejercida por la coalición llevó a la formación conservadora a anunciar la semana pasada que suspendía la sesión extraordinaria de este miércoles a la espera “del dictamen judicial” que tiene que decidir si la subvención de 800.000 euros que el ente provincial asignó a Busot, gobernada por el vicepresidente de la Diputación por el PP Alejandro Morant, es contraria a la ley como sostiene Compromís.

Sin embargo, esto no ha impedido al equipo que encabeza Gerard Fullana acudir al hemiciclo como señal de protesta y porque, aseguran, no ha sido cancelado formalmente el pleno ya que ninguno de sus tres diputados -Gerard Fullana, José Manuel Penalva y Lluís Pastor- ha recibido mensaje alguno sobre la no celebración del órgano colegiado, cuestión que han tachado de “falta de consideración institucional” y que de paso evidencia la fuerte tensión que viene existiendo entre este grupo y el del PP.

Con respecto al paquete de ayudas entienden, en una rueda de prensa ofrecida más tarde, que la institución podría haber sacado adelante el gasto de 24 millones en inversiones sostenibles, pactadas entre todos los partidos que conforman el hemiciclo del plenario provincial.

“Con la no celebración de la sesión extraordinaria prevista para hoy, el presidente ha bloqueado la votación de este paquete inversor que el Partido Popular liga a la aprobación de unas subvenciones ‘a la carta’ (administrativamente, ‘nominativas’) donde incluye -fuera de cualquier criterio objetivo- ayudas millonarias a sus vicepresidentes y diputados, alguna de las cuales está paralizada por la Justicia”, ha recordado Fullana en alusión a las pesquisas que mantiene abierta el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante.

Esto es para la marca de izquierdas motivo suficiente de dimisión de César Sánchez como presidente de la Diputación de Alicante. “Sánchez bloquea una inversión con la cual trata de hacer un chantaje político en los pueblos: o todos los partidos votan las ayudas a dedo del PP o todos los pueblos de Alicante se quedan sin las subvenciones sostenibles que les corresponden por ley”, ha añadido.

“¿Dónde está César Sánchez?”, se ha preguntado el portavoz del grupo de Compromís, Fullana, “es el presidente ausente, obsesionado en premiar sólo a algunos de los suyos, saltándose decisiones judiciales, chantajeando a los pueblos de Compromís condicionando sus ayudas sostenibles a la aprobación del paquete de subvenciones ‘a la carta’. Es con diferencia el peor cargo público de toda la administración valenciana. No ha hecho nada más allá de boicotear al Consejo y premiar a los amigos políticos. ¿Dónde está?”.

Compromís ha insistido en su posicionamiento anteriormente anunciado de apoyar la aprobación del paquete de 24 millones pactados por todos el partidos donde están incluidas las ayudas sostenibles con criterios objetivos, las ayudas a los pueblos por los daños del temporal de 2016 y los planes de obras y servicios de los municipios que se quedaron fuera del último plan. Pero inciden en que debería de sacarse de la votación el paquete de subvenciones ‘a dedo’ para los vicepresidentes y diputados del PP, alguna de las cuales está paralizada por una jueza por sospechas de arbitrariedad, “y que ha supuesto un recorte del 40% de la inversión sostenible con criterios democráticos”.

En este último sentido, los tres diputados de Compromís han defendido la existencia de ayudas nominativas “sólo cuando tengan un carácter extraordinario y estén justificadas: por motivos de que sea un servicio obligatorio que no pueda cumplir el propio ayuntamiento, en virtud de un convenio con otras administraciones para dotar de infraestruturas básicas a los pueblos (centro de Salud, residencias de mayores, etc.) y cuestiones de catástrofes naturales y emergencias”.

Continúa la polémica en torno a las ayudas nominativas o comúnmente conocidas como subvenciones ‘a dedo’ en la Diputación de Alicante que dirige el Partido Popular. El juzgado del Contencioso-Administrativo número cuatro de Alicante que suspendió cautelarmente una de las tres partidas cuestionadas por Compromís que otorgaba unos 800.000 euros para la construcción de un polideportivo en Busot, el municipio del vicepresidente del ente provincial Alejandro Morant, ha decidido en un auto del 11 de mayo, mantener la causa abierta. En el caso de la pista de atletismo de La Nucía del también vicepresidente Bernabé Cano, la jueza afirma que también se mantiene también latente. En el escrito de la jueza especifica que se procede a “continuar el proceso por los trámites legales correspondientes, y por esto se da traslado a la Administración demandada para que conteste a la demanda en el plazo de cinco días”.

Esta respuesta judicial ha dejado en evidencia al PP de la Diputación cuyo portavoz, Carlos Castillo, afirmó hace una semana que “la vía jurisdiccional” emprendida por Compromís “ha muerto”, cuya argumentación “solo se puede sostener desde la ignorancia y la mentira y desde la perversa intención de confundir a los ciudadanos”.

Para la formación denunciante, Compromís, se trata de un “golpe contundente a la voluntad del Partido Popular de colar otra vez las polémicas subvenciones a dedo que desde hace un año intenta aprobar en la Diputación de Alicante”. Este pronunciamiento judicial llega en el momento en el que el órgano alicantino está tratando de sacar adelante su Plan de Inversiones Sostenibles con una dotación de 31 millones de los cuales 7,3 millones comprenden a las ayudas nominativas, y en concretos las tres señaladas como son las destinadas a los pueblos de los vicepresidentes del PP: Busot, La Nucía y Mutxamel.

A juicio de la coalición de izquierdas, el Partido Popular “no podrá introducir las líneas a dedo a los vicepresidente y miembros de gobierno de la Diputación” pues en caso de aprobarlas, ya avisaron la semana pasada, se enfrentarán “a una ampliación de denuncia y posible fraude de ley cada vez más evidente”.

El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, recuerda que el PP, con el posible apoyo del PSPV, habían hecho público una propuesta de pacto “donde se recorta un 40% la inversión con criterios objetivos como el poblacional o la densidad” para crear un paquete de 7,3 millones de euros de subvenciones a dedo. “A estas ayudas se sumaban otras sin ningún criterio de selección, sin justificación de la urgencia, sin ninguna Junta de Portavoces previa”. Compromís acusó entonces al PP y a los PSPV de haber negociado ayudas discrecionales de “forma opaca y discriminando los pueblos, a expensas de reducir la inversión democrática”.

El acuerdo preveía por ejemplo que sólo entre dos municipios gobernados por el PP en la Marina Baixa doblaron la inversión que iban a recibir el resto de municipios de la comarca, el mismo que en l'Alacantí en el caso de Busot y Mutxamel, o restar dos millones de euros al reparto con criterios objetivos de la Marina Alta o un otro resto de 2,1 millones en el reparto por población en la Vega Baja.

Compromís ha anunciado que este jueves ofrecerá una rueda de prensa para proponer una salida pactada que desbloqueo la situación y permita que como estaba previsto el próximo 23 de mayo se apruebe el Plan de Inversiones Sostenibles. “El tiempo de repartirse el dinero entre dos en un despacho oscuro ha acabado, reclamamos criterios justos para todos. No desfalleceremos, hace falta un reset total a la manera de repartir los recursos de la Diputación”, ha destacado el portavoz de Compromiso Gerard Fullana.

Respuesta del PP

La respuesta del PP de la Diputación de Alicante ha consistido en dirigirse al president del Consell, el socialista Ximo Puig, para que “llame al orden” a su socio de gobierno en la Comunidad Valenciana, Compromís, por “torpedear” y “boicotear” la institución provincial a raíz de las ayudas nominativas y las subvenciones de 2018.

Según recoge EFE, el presidente de la institución alicantina, César Sánchez, ha solicitado, a través de su vicepresidente Carlos Castillo, que se convoque la mesa bilateral Diputación-Generalitat para tratar esta situación con el director general de Administración Local, el socialista Toni Such.

Esta decisión, más que enmarcarse en el auto judicial conocido hoy, se produce sobre todo a raíz del anuncio del grupo Compromís en la Diputación alicantina de ampliar la demanda judicial que ya interpuso contra las ayudas a la carta a los municipios en el caso de que este tipo de subvenciones se aprueben conjuntamente con las denominadas inversiones financieramente sostenibles, que están en trámite de aprobación.

Con esta postura, Compromís tiene “la clara intención de torpedear el funcionamiento de la institución provincial”, en palabras de Sánchez, quien ha añadido que días antes de la amenaza de la formación nacionalista había llegado a un “acuerdo verbal” con su portavoz, Gerard Fullana.

Todo ha cambiado en la Diputación de Alicante en cuestión de casi unas horas. La presión política, mediática y social, la indignación de muchos alcaldes y las advertencias de la oposición han obligado al presidente de ese organismo, el también alcalde de Calp, César Sánchez, a llegar a un pacto in extremis con PSPV y Compromís sobre las ayudas millonarias del Plan de Obras y Servicios que debe aprobarse este mismo viernes.

El acuerdo entre los tres grupos –fraguado entre Sánchez y los portavoces del PSPV, José Chulvi y de Compromís, Gerard Fullana– es en realidad un auténtico encaje de bolillos. Del Plan de Obras y Servicios que se aprobará este viernes en un pleno extraordinario salen varios municipios que hasta ahora sí estaban –en la Marina Alta, Calp y Gata– a cambio de incluir a Biar y Algorfa. Pero tanto Calp como Gata y El Verger estarán incluidos en otro plan, el de Inversión Sostenible, que se aprobará en abril y cuyas obras también se ejecutarán en 2018.

Además, el acuerdo señala que aquellos municipios de más de cinco mil habitantes que ahora se han quedado fuera de los dos planes puedan acogerse al de Obras y Servicios de 2019. Que la presión política ha sido fundamental para que el PP diera marcha atrás en Alicante lo prueba el hecho de que los alcaldes de El Verger, Agost y Benissa estaban ya negociando un recurso contra el plan.

El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, señaló que “no es nuestro pacto ideal, pero ante el gesto de rectificación y la palabra dada por el presidente, hemos decidido darle un voto de confianza y apostar por el consenso”. Fullana destacó que lo importante del acuerdo es que entre los dos planes todos los municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia de Alicante recibirán una subvención.

Por su parte, César Sánchez aseguró que una vez más su equipo ha demostrado “voluntad de diálogo y búsqueda de consenso”. Y el socialista José Chulvi subrayó que “vamos a seguir tendiendo la mano a todos los grupos y nuestra labor se ha centrado en ampliar el número de municipios que entran en alguno de los dos planes”.

Compromís ha avançat aquest dimarts que ja s'ha personat en el cas Fitur que està investigant el Jutjat d'Instrucció número 7 d'Alacant i que, de moment, s'ha saldat amb la imputació de dos exdirectors del Patronat de Turisme de la Diputació alacantina durant l'etapa de José Joaquín Ripoll, així com de dos empresaris beneficiats en les adjudicacions. Aquest anunci de la coalició valenciana arriba després que el seu grup en l'ens provincial denunciara aquests suposats delictes davant la Fiscalia Anticorrupció.

“Creiem que hi ha un delicte continuat i els propis expedients ho demostren”, ha explicat el portaveu de Compromís en la Diputació d'Alacant, Gerard Fullana. Al seu judici, a les diligències obertes per suposades irregularitats en la contractació dels stands de Fitur en els anys 2007 i 2008 caldria “sumar en la causa tots els contractes que són fraudulents des de l'any 2004” fins a l'any 2009 i la facturació del qual per part de les empreses Exporigging i Stands Molinos ascendeix a 3,2 milions d'euros, “6 si s'afig allò facturat per altres municipis com Altea, Benidorm, Teulada, Benissa, El Verger i Torrevella”. L'objectiu final d'aquesta formació, assegura Fullana, és retornar aqueixos diners a les arques públiques.

En la mateixa roda de premsa, Compromís ha reclamat la dimissió d'Eduardo Dolón com a president del Patronat de Turisme Costa Blanca per “denegar informació” i “retardar la investigació” amb la finalitat que prescrigueren els delictes. Fullana ha recordat que a l'octubre de 2016 va ser quan van reclamar informació referida a les empreses del matrimoni de Mercedes Lasa i Javier Molinos, avui investigats, en relació a les 70 factures de les empreses Exporigging i Stands Molinos. La negativa de Dolón va portar la coalició a presentar un recurs per a garantir el seu dret a la informació.

Fullana també s'ha referit a la polèmica entorn de la comissió d'investigació que es va crear en la Diputació d'Alacant per a indagar sobre els fets que avui constitueixen el cas Fitur. El portaveu de Compromís creu que el retard durant mesos de l'activació d'una comissió que hauria d'haver presidit la diputada provincial d'Esquerra Unida Raquel Pérez però que acabaria dirigint el PP tenia com a objectiu “la prescripció de tants delictes com pogueren haver-se dut a terme contra l'administració pública i que investiga ara un jutge”.

Finalment, els tres diputats provincials de Compromís també han recordat que Eduardo Dolón hauria d'“assumir de moment la seua responsabilitat política”, “més quan ell mateix va ser part, fins i tot alcalde, d'un equip de govern que ja havia contractat amb aquestes empreses”.

Compromís ha avanzado este martes que ya se ha personado en el caso Fitur que está investigando el Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante y que, de momento, se ha saldado con la imputación de dos exdirectores del Patronato de Turismo de la Diputación alicantina durante la etapa de José Joaquín Ripoll, así como de dos empresarios beneficiados en las adjudicaciones. Este anuncio de la coalición valenciana llega después de que su grupo en el ente provincial denunciara estos supuestos delitos ante la Fiscalía Anticorrupción.

“Creemos que hay un delito continuado y los propios expedientes lo demuestran”, ha explicado el portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana. A su juicio, a las diligencias abiertas por supuestas irregularidades en la contratación de los stands de Fitur en los años 2007 y 2008 habría que “sumar a la causa todos los contratos que son fraudulentos desde el año 2004” hasta el año 2009 y cuya facturación por parte de las empresas Exporigging y Stands Molinos asciende a 3,2 millones de euros, “6 si se añade lo facturado por otros municipios como Altea, Benidorm, Teulada, Benissa, El Verger y Torrevieja”. El objetivo final de esta formación, asegura Fullana, es devolver ese dinero a las arcas públicas.

En la misma rueda de prensa, Compromís ha reclamado la dimisión de Eduardo Dolón como presidente del Patronato de Turismo Costa Blanca por “denegar información” y “retrasar la investigación” con la finalidad de que prescribieran los delitos. Fullana ha recordado que en octubre de 2016 fue cuando reclamaron información referida a las empresas del matrimonio de Mercedes Lasa y Javier Molins, hoy investigados, en relación a las 70 facturas de las empresas Exporigging y Stands Molinos. La negativa de Dolón le llevó a la coalición a presentar un recurso para garantizar su derecho a la información.

Fullana también se ha referido a la polémica en torno a la comisión de investigación que se creó en la Diputación de Alicante para indagar sobre los hechos que hoy constituyen el caso Fitur. El portavoz de Compromís cree que el retraso durante meses de la activación de una comisión que debería de haber presidido la diputada provincial de Esquerra Unida Raquel Pérez pero que acabo dirigiendo el PP tenía como objetivo “la prescripción de cuantos delitos pudieran haberse llevado a cabo contra la administración pública y que investiga ahora un juez”.

Por último, los tres diputados provinciales de Compromís también han recordado que Eduardo Dolón debería “asumir de momento su responsabilidad política”, “más cuando él mismo fue parte, incluso alcalde, de un equipo de gobierno que ya había contratado con estas empresas”.

El grupo de Compromís en la Diputación de Alicante ha impulsado procedimiento para presentar un recurso de reposición ante el Tribunal de ñlo Contencioso-Administrativo contra las subvenciones ‘a dedo’ (nominativas) en la institución, “que suman este año cinco millones de euros y han sido todas concedidas a cargos de diputados del equipo de gobierno causando una grave discriminación a aquellos municipios que han tenido que recurrir a procedimientos administrativos normales”. Es la primera vez que un grupo político en la institución comienza una iniciativa semejante.

La coalición trasladó al juzgado el escrito de interposición de demanda, que incluye la petición de la suspensión del acto administrativo referido a la subvención recibida discriminadamente por el Ayuntamiento de Bussot, gobernado por el vicepresidente de la Diputación, Alejandro Morant. El procedimiento comenzado no abarca todas las nominativas presentadas por la Diputación en los últimos meses, pero Compromís piensa que puede marcar el patrón de comportamiento a la institución antes y después de la sentencia.

Presentar el escrito de interposición es el primer paso legal antes de  llenar de contenido una demanda que se basará en un presunto fraude de la ley de subvenciones, “puesto que la ayuda otorgada contradice la propia ley general de subvenciones y porque se salta la propia regulación que establece que en todo proceso tiene que regir la concurrencia competitiva como régimen ordinario de convocatoria de ayudas. La concesión de una ayuda nominativa tendría que estar ligada a un hecho extraordinario o un gasto especial”.

La de Bussot  (770.000 euros) es una de las cuatro ayudas nominativas otorgadas por el equipo de gobierno a un diputado suyo en los últimos meses. Las otras son para La Nucía (1,1 millones de euros), Mutxamel (1,2 mil) y Calp, donde es alcalde el presidente de la Diputación, César Sánchez, y que recibirá 2,2 millones de euros (la inversión más alta en toda la legislatura) para realizar una obra competencia del Estado sobre terrenos que son propiedad de su  suegra.

Por el hecho de haber recibido una subvención nominativa, estos pueblos no pagarán, como hacen el resto de municipios que concurrieron al concurso de obras y servicios, ni quiera un porcentaje del proyecto (el gasto es 100% de la Diputación). Tampoco tendrán que  pasar entre 2 y 4 años para volver a reclamar la subvención de ningún plan como sí harán los otros. Todas las obras han hipotecado este presupuesto anual y el futuro, se prevé que extiende acabadas antes de las elecciones de 2019.

Subvenciones a dedo

Entre todas las subvenciones a dedo otorgadas por Sánchez suman 5,3 millones, prácticamente la mitad de los 11 millones de euros con los cuales tenía que participar la Diputación al Fondo de Cooperación de la Generalitat (que fijaba un reparto objetivo a todos los pueblos sin discriminación de no haberse negado el presidente César Sánchez, en ocasiones argumentando que no  había dinero para lo cual.

Compromís quiere destacar que en los dos años que lleva en la Diputación haciendo oposición ha tratado de pactar varias iniciativas que tuvieron como objeto la mejor distribución de los fondos públicos, caso del Pla Objetiva que pretende un reparto de subvenciones desde puntos de vista objetivos.

“Las nominativas no sólo son discriminatorias para el resto de los pueblos de Alicante. Es que además, todas estas nominativas acaban en municipios que superan los 20.000 habitantes cuando ‘la Diputación de los Pueblos’, como le gusta decir a la máquina de propaganda institucional en la que ha transformado Sánchez el Palacio Provincial, tendría que estar repartiendo este dinero a los más de 100 pueblos de menos de 10.000 habitantes que tienen nuestras comarcas del sur”, ha apuntado el portavoz de Compromís, Gerard Fullana.

“César Sánchez -ha continuado Fullana- ya sabemos a qué ha venido a la Diputación, a promocionarse y consolidar su poder y el de los alcaldes de su cuerda. Aprueba subvenciones que incluso pueden tener un incremento patrimonial propio”. 

El portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, ha calificado las palabras de César Sánchez, presidente de la institución provincial, que amenazó con recurrir ante el TSJ el proceso de selección de la nueva radiotelevisión valenciana, como “muy cínicas”.

El planteamiento que hace ahora Sánchez amenazando con boicotear la apertura de 'À Punt', en opinión de los valencianistas, obedece más “a la no contratación de su amiga en el partido” que al presunto interés de los alicantinos que asegura el presidente.

“Hace unos años, cuando fue vicepresidente de la comisión de control de RTVV de las Corts, permitió corruptelas, manipulación y su endeudamiento extremo y ahora amenaza con paralizar el proceso de abertura de la nueva televisión de los valencianos para ocultar su nula gestión en la diputación, y además en base a la no contratación de su amiga en el partido. Hay que ser muy cínicos para ello, ha perdido ya toda credibilidad”, ha denunciado Fullana.

“Después de lo que permitió en Canal 9”, ha continuado Fullana, “resulta muy cínico que César Sánchez intente ahora paralizar 'À Punt' [la radio y la web está previsto que se pongan en marcha antes de que finalice el año y la televisión comenzará a emitir en el primer trimestre de 2018]”. “Dos años hemos tardado en ver la auténtica cara de César Sánchez, la de la escasa capacidad de gestión y un proyecto político enfocado para su progreso personal más que para el bien común”.

“Infantil”, “ridículo”, “vergonzoso”. Son algunos de los calificativos que Compromís emplea en un comunicado para describir la explicación dada por el alcalde de Calp y presidente de la Diputación, César Sánchez, tras desvelar este periódico que la Fiscalía ha pedido su imputación por presuntas coacciones y malversación de fondos a raíz de una denuncia de un trabajador del ayuntamiento calpino. Y es que, señala la coalición, Sánchez ha “preferido hacer una fuga hacia adelante y culpar infantilmente” a Compromís de la acusación del fiscal.

Señala la coalición que es “vergonzoso” ese razonamiento del presidente de la diputación, pues recuerda que no es Compromís sino la Fiscalía quien acusa. Por otra parte, añade que vincular estos hechos al decreto de plurilingüismo denota que “César Sánchez sólo ve en el plurlingüismo un pretexto de uso personal: primero para promocionarse y después para defenderse”. La denuncia del trabajador llegó a la Fiscalía a principios del mes de marzo, “dos meses antes de que el TSJ dictara las medidas cautelares a las acreditaciones de títulos del decreto de plurilingüsimo e incluso semanas antes de que la Diputación decidiera recurrir dicho decreto”.

Por otra parte, Compromís ha pedido una junta de portavoces urgente de la diputación “para que el presidente dé explicaciones y su respuesta es no comparecer y culpar a los demás de una acusación del fiscal”.

Compromís en la Diputación de Alicante ha destacado que “convertir la institución en la sede del Partido Popular es el modus operandi tradicional del PP, y en especial de César Sánchez, situación comprobable en una diputación convertida en un arma partidista en perjuicio de la ciudadanía”.

Compromís ha puesto cabeza abajo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una pancarta que ha colgado en la fachada de su despacho de la Diputación de Alicante como medida de protesta contra los Presupuestos Generales del Estado y la infrafinanción reiterada a la que se somete a los pueblos alicantinos.

Es el inicio de una campaña que durará durante todo el debate de los presupuestos que comienza el próximo lunes. La coalición ha diseñado también folletos explicativos en los que se desglosa la inversión por ciudadano en el Estado: 96 euros recibirá el ciudadano alicantinos de media en contraste con los 119,5 euros de los valencianos y los 186,5 euros de media por ciudadano al resto del Estado. La campaña tendrá también su versión online.

Gerard Fullana, portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante: “Es un hecho simbólico muy de nuestra tierra la de poner cabeza abajo a aquellos cargos que han agraviado a nuestro territorio, en este caso, Mariano Rajoy con los PGE 2017. Son alarmantes. Si a los valencianos se nos margina en general a los alicantinos se nos insulta. Recibiremos la mitad que la media española”.

Y por lo tanto, insisten en que como representantes de los 141 pueblos del sur “empezamos esta campaña para que se aprueben las enmiendas que supongan una inversión justa para los intereses alicantinos”.

“Aquí no lloramos”

Ignasi Candela, diputado en el Congreso: “Hace una semana Montoro nos acusaba de que si llorábamos mucho y aquí no lloramos, aquí ponemos bocabajo a su líder. Estamos ya cansados de no recibir un trato justo, no pedimos más ni menos, sino justicia. Además con un gobierno de los corruptos al que se han unido los tramposos de ciudadanos, que están manipulando el reglamemento en contra de lo que dice elletrado de la comisión de presupuesto para que no se debatan más de 4.000 enmiendas, entre ellas las que mejorarían la inversión en Alicante”.

“¿Dónde están los diputados del PP y C’S? ¿Y Marta Martín? ¿Y Margallo? ¿Dónde están cuando se trata de defender los intereses de las comarcas alicantinas? Ya les emplazamos a una reunión a la que no acudieron. Volvemos a hacerlo públicamente: que se reúnan con nosotros, el PSOE y Podemos para hacer un frente común y defender una cuestión de justicia. Repito: aquí no se llora, aquí se pide justicia. Y a quien no la da, le ponemos bocabajo”, ha sentenciado Candela.

“El Partido Popular ha amenazado -vía llamada telefónica de su portavoz, Carlos Castillo- con entablar acciones jurídicas contra Compromís en caso de no retirar inmediatamente la pancarta”, explican los valencianistas. La coalición ha reclamado que se les comunique por escrito oficial la ordenanza según la cual no se permite colgar pancartas en la fachada de la Diputación, dado que son numerosos los carteles colgados en el recinto de la institución provincial.

Nuevo intento para sumar apoyos a la campaña por el Tren de la Costa impulsada por ayuntamientos y sociedad civil en la Marina Alta y la Safor. La reivindicación, plasmada en el llamado Acord de Dénia, consensuado recientemente por todo tipo de entidades de las dos comarcas, y a la que se ha adherido también alguna de la Marina Baixa, viaja ahora hasta Alicante. El próximo martes se votará en la Diputación de Alicante ese acuerdo de consenso, que reclama la inclusión de inversión para ejecutar el tren Gandia-Dénia -primera fase del Tren de la Costa- en los Presupuestos Generales del Estado de este mismo año. Y es que el grupo de Compromís ha presentado ese Acord de Dénia para su debate en la institución provincial.

Es una iniciativa más para reforzar la campaña ciudadana puesta en marcha por partidos políticos, empresarios, sindicatos y asociaciones de diversa índole que se han sumado ya al acuerdo, y que desembocará el 5 de mayo con una concentración en Dénia.

La propuesta de dictamen de apoyo al Acord de Dénia la firma el portavoz del grupo Compromís en la diputación, Gerard Fullana, que destaca que la propuesta pide que todos los partidos se adhieran a la misma. En su opinión, “es una anomalía democrática que en cerca de 40 años de democracia el Tren de la Costa sea aún un reclamo que el gobierno del Estado todavía ni se haya planteado”. Y esa es una situación, recalca, que “en especial afecta a la ciudadanía de la Marina Alta, que está doblemente discriminada en transportes con una AP-7 de pago y sin alternativas de transporte público”, por lo que “urge que nos lo plantemos de inmediato”.

Asimismo, Fullana ha recordado que la ciudadanía de la provincia de Alicante recibirá la mitad de inversión que la media estatal en el proyecto de presupuesto presentado por Mariano Rajoy, en un caso “humillante de discriminación”.

Por último, el diputado y concejal en Xaló anuncia que su grupo “iniciará conversaciones para estudiar que la Diputación de Alicante se pueda sumar a la inversión como prevé el manifiesto y como, de hecho, ya se ha producido en otros ámbitos, como es la inversión en carreteras del Estado en el caso de las rotondas de Calp”, y añade que “el tren no tiene color político, es cosa de todas y todos”.

El plazo legal para la entrega de los expedientes de contratación vinculados a las facturas de Benidorm que Compromís ha entregado este lunes al fiscal de las empresas vascas cerró hace ya una semana. Tras agotar todos los plazos y tras un último intento fallido el jueves de la semana pasada, Compromís ha llevado las informaciones sobre las cantidades facturadas como prueba y ha solicitado que se requiera la documentación que el ayuntamiento de Benidorm “se niega a entregar en el plazo marcado por la ley”.

En total, Compromís solicita expedientes de contratación de facturas valoradas en 1,6 millones de euros. El objetivo es comprobar si el modus operandi ya denunciado en Torrevieja y la Diputación de Alicante coincide con el de Benidorm.

“Hemos acudido a Fiscalía para que solicite toda la documentación sobre los contratos que el gobierno local del PP no nos ha dado todavía, a pesar de que hace más de un mes que la pedimos. Y además, hemos aportado las facturas del Ayuntamiento de Benidorm a la causa ya abierta por Compromís en la Diputación puesto que presentan muchos elementos en común, como por ejemplo que quién fue diputado del patronato de Turismo, Sebastian Fernández, sea hoy el actual asesor del alcalde. Esperamos que el gobierno del PP haga más caso a la petición de Fiscalía y entrego los contratos de los stands contratados en Benidorm”, ha destacado el portavoz de Compromís en Benidorm, Josep Bigorra que ha acudido acompañado del portavoz en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana.

Nuevo material aportado

Compromís ha acompañado el incumplimiento de entrega de documentación con nuevo material vinculado a la denuncia presentada el último 20 de febrero, un listado de facturas donde se evidencia el “alarmante” trato a dichos empresarios. Fullana ha destacado que “nos pueden amenazar, difamar o el que crean pero desde el primer día los tres ejes de Compromís en la institución provincial los estamos llevando a cabo: acabar con el clientelismo en las subvenciones, denunciar y fiscalizar casos de corrupción política y privilegios para que el dinero sea devuelto a las personas y nuevas propuestas frescas para poner los pueblos en el centro de atención”.

Compromís ha acreditado más de 6 millones de euros en diferentes instituciones gobernadas por el Partido Popular. El presunto fraude detectado incorpora “pruebas de manipulación de adjudicaciones en consonancia con el modus operandi del caso Gurtel en Valencia”. El caso salpica también en Torrevieja, donde Compromís sigue estudiando la presentación de la denuncia a fiscalía y donde se aprobaban contratos con las empresas vascas con el actual vicepresidente de la Diputación Eduardo Dolón como regidor y alcalde.

El portaveu de Compromís en la Diputació d’Alacant, Gerard Fullana, ha expressat aquest dimecres les seues sospites referents al fet que la presumpta trama de corrupció en el Patronat de Turisme Costa Blanca, denunciada per la seua formació, potser es va “estendre a altres municipis” de la província i, fins i tot, d’altres comunitats autònomes.

Fullana ha fet aquestes declaracions als periodistes després d’haver presentat, amb els també diputats provincials de la seua formació Lluís Pastor i José Manuel Penalva, una denúncia davant de la Fiscalia Anticorrupció d’Alacant per un presumpte frau que xifren en 3,2 milions d’euros durant l’època de José Joaquín Ripoll com a president de la corporació provincial.

“Només n’hem analitzat quatre anys i pensem que podria haver-hi molt més. Ens sembla que aquesta trama que capitanejava el PP d’Alacant podria estendre’s a diversos municipis i per això sol·licitem informació, per saber si en altres administracions locals i en altres diputacions es va seguir aquest modus operandi”, ha indicat.

Segons Compromís, l’actuació del Patronat de Turisme Costa Blanca, un òrgan dependent de la Diputació provincial, en l’adjudicació de serveis i de contractes per a edicions de Fitur a les empreses Exporigging i Stand Molinos S.L. és “un calc de l’estratègia de la trama Gürtel a València”.

Els denunciants han presentat a la Fiscalia d’Alacant setanta factures i els expedients corresponents que demostren, segons ells, l’existència de contractes fraccionats il·legalment, la “manipulació” de concursos públics oberts i “sobrecostos”, fets que podrien ser constitutius de delictes de prevaricació i frau.

Les dues empreses adjudicatàries estan administrades per un matrimoni, procedeixen del País Basc “i mai no havien treballat en el sector turístic”, sinó que el seu objecte social se centrava en l’àmbit immobiliari, ha explicat Fullana.

Empreses ja encausades

Segons Compromís, aquestes mateixes empreses i els administradors estan encausats en un procediment penal per la contractació dels expositors municipals d’Oriola per a Fitur, causa per la qual l’expresidenta comarcal del PP al Baix Segura, Pepa Ferrando, s’enfronta a una petició de nou anys de presó.

“El PP diu que ha canviat i que es vol regenerar, però res de res. Des del desembre, el número dos del Partit Popular en la Diputació d’Alacant (Eduardo Dolón) té la llista de factures i, malgrat això, sosté que s’ha actuat correctament”, ha indicat el portaveu de Compromís.

Al seu parer, els populars han intentat “silenciar l’existència d’aquestes factures”, a què Compromís ha tingut accés en haver participat en la comissió d’investigació oberta en la institució provincial per a examinar els últims dotze anys de govern del PP.

Fullana ha reiterat que tant l’actual president de la Diputació d’Alacant, el popular César Sánchez, com el del PP provincial, José Císcar, “se situaven en primera línia política quan van ocórrer aquests fets”.

Petició de dimissió

També ha tornat a reclamar la dimissió d’Eduardo Dolón per haver “amagat” aquesta informació i haver “mentit” en assegurar que Compromís no havia comunicat les seues sospites sobre les factures que ara han denunciat, tot i que, segons aquesta coalició, ho van fer el mes de gener passat.

El període investigat per Compromís abasta del 2004 al 2009, en què la Diputació d’Alacant estava governada per José Joaquín Ripoll, que s’enfronta a una petició d’Anticorrupció de 16 anys de presó i 44 d’inhabilitació per diferents delictes en el marc del cas Brugal.

Fullana ha denunciat hui la presumpta “connivència de determinats tècnics i polítics” perquè “tot això no isca” a la llum i ha afegit que els presumptes delictes relacionats amb algunes de les factures investigades “podrien prescriure” pel temps que es va tardar a obrir la comissió d’investigació, retard que ha atribuït al PP i a Ciutadans.

El portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, ha expresado este miércoles sus sospechas de que la supuesta trama de corrupción en el Patronato de Turismo Costa Blanca denunciada por su formación pudo “extenderse a otros municipios” de la provincia e, incluso, de otras comunidades autónomas.

Fullana ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras presentar, junto a los también diputados provinciales de su formación Lluís Pastor y José Manuel Penalva, una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante por un presunto fraude que cifran en 3,2 millones de euros durante la época de José Joaquín Ripoll como presidente de la corporación provincial.

“Solo hemos analizado cuatro años y pensamos que podría haber mucho más. Pensamos que esta trama que capitaneaba el PP de Alicante podría tener su extensión en diversos municipios y por eso estamos solicitando información para saber si en otras administraciones locales y en otras diputaciones se siguió este 'modus operandi'”, ha precisado.

Según Compromís, la actuación del Patronato de Turismo Costa Blanca, un órgano dependiente de la Diputación Provincial, en la adjudicación de servicios y contratos para ediciones de Fitur a las empresas Exporigging y Stand Molinos SL es “un calco de la estrategia de la trama Gürtel en Valencia”.

Los denunciantes han presentado a la Fiscalía de Alicante setenta facturas y sus correspondientes expedientes que demuestran, según ellos, la existencia de contratos fraccionados ilegalmente, la “manipulación” de concursos públicos abiertos y “sobrecostes”, lo que podría ser constitutivo de delitos de prevaricación y fraude.

Las dos empresas adjudicatarias están administradas por un matrimonio, proceden del País Vasco “y nunca habían trabajado en el sector turístico”, sino que su objeto social se centraba en el ámbito inmobiliario, ha explicado Fullana.

Empresas ya encausadas

Según Compromís, esas mismas empresas y sus administradores están encausados en una procedimiento penal por la contratación de los expositores municipales de Orihuela para Fitur, una causa por la que la expresidenta comarcal del PP en la Vega Baja Pepa Ferrando se enfrenta a una petición de nueve años de cárcel.

“El PP dice que ha cambiado y que quiere regenerarse, pero nada de nada. Desde diciembre, el número dos del Partido Popular en la Diputación de Alicante (Eduardo Dolón) tiene el listado de facturas y, pese a ello, sostiene que se ha obrado correctamente”, ha indicado el portavoz de Compromís.

A su juicio, los populares han intentado “silenciar la existencia de estas facturas”, a las que Compromís ha tenido acceso al participar en la comisión de investigación abierta en la institución provincial para examinar los últimos doce años de gobierno del PP.

Fullana ha reiterado que tanto el actual presidente de la Diputación de Alicante, el popular César Sánchez, como el del PP provincial, José Císcar, “estaban en primera línea política cuando ocurrieron estos hechos”.

Petición de dimisión

También ha reclamado de nuevo la dimisión de Eduardo Dolón por “ocultar” esta información y “mentir” al asegurar que Compromís no había comunicado sus sospechas sobre las facturas que ahora ha denunciado, cuando, según esta coalición, lo hizo el pasado mes de enero.

El periodo investigado por Compromís es de 2004 a 2009, cuando la Diputación de Alicante estaba gobernada por José Joaquín Ripoll, quien se enfrenta a una petición de Anticorrupción de 16 años de cárcel y 44 de inhabilitación por distintos delitos en el marco del 'caso Brugal'.

Fullana ha denunciado hoy la supuesta “connivencia de determinados técnicos y políticos” para que “todo esto no salga” y ha añadido que los presuntos delitos relacionados con algunas de las facturas investigadas “podrían prescribir” por el tiempo que se tardó en abrir la comisión de investigación, un retraso que ha achacado al PP y a Ciudadanos.

Cuatro meses han bastado para que Compromís haga público el que ha asegurado podría ser la trama paralela del Partido Popular de Alicante al caso Gürtel: 3,2 millones de euros facturados a empresas ya acusadas de fraude en el caso Fitur Orihuela y que habrían conseguido de forma continuada y durante años una “manipulación a su favor de la contratación de las ferias de turismo”.

Compromís ha destacado que estas conclusiones se refieren a los primeros años de estudio que ha analizado, desde el año 2004 al 2009, y sólo de un organismo de los 25 que tiene la Diputación de Alicante. La coalición no descarta que otras administraciones hayan contratado con las mismas empresas similarmente.

Las contrataciones se circunscriben a las empresas Exporigging y Stands Molinos S.L., cuyos administradores coinciden y están inmersos en una causa ya en marcha en los juzgados de Orihuela, en los que se les acusa junto a la expresidenta del PP comarcal, Pepa Ferrando, de ser cooperadores necesarios en cuatro delitos de prevaricación administrativa y cuatro delitos de fraude por las irregularidades perpetradas en la adjudicación de los servicios relativos al montaje del expositor de Orihuela en FITUR entre 2008 y 2011. Tanto Exporigging como Stands Molinos aparecen como responsables civiles subsidiarios.

La documentación recopilada por Compromís será puesta a disposición de Fiscalía en los próximos días. Las 70 facturas, analizadas dentro de la comisión de investigación de los últimos 12 años de la Diputación alicantina, corresponden al periodo en el que José Joaquín Ripoll era presidente de la Diputación. Cabe recordar que la Fiscalía pide 16 años de prisión y 44 de inhabilitación como cargo público en el caso Brugal cuando era presidente de la institución provincial.

“Claros indicios de delito”

La coalición observa que existen claros indicios de delito relacionados con fraude en la contratación y prevaricación administrativa: amaños en los distintos tipos de contratación (contratos menores, contratación negociada y concursos públicos) entre 2004 y 2009 entre el Patronato de Turismo Costa Blanca y las empresas Exporigging SL y Stands Molinos SL.

“Todo nos invita a afirmar que el Partido Popular de Alicante tenía su propia trama paralela a Gürtel, y que durante años habría desviado millones de euros que tenían que haber ido a los pueblos a través de la gestión turística. Acudiremos a la justicia para que el PP y dichos emprendedores devuelvan el dinero a la institución en caso que se confirme el fraude”, ha explicado el portavoz de la coalición en la Diputación, Gerard Fullana.

Modus operandi

Modus operandiSegún han relatado desde Compromís, el modus operandi se ciñe a cuatro formas de contratación para evitar la concurrencia pública:

1.- Contratos menores, son contratos de adjudicación directa. Llama la atención la ingente cantidad de facturas presentadas por valores entre los 11.000 y 12.000, en muchos casos 11.999 y cantidades semejantes. Compromís entiende que existía el fraccionamiento, puesto que 12.000 euros son el límite máximo para no convocar concurso.

2.- Contratos negociados sin publicidad. Invitaban a tres empresas: una de ellas declinaba sistemáticamente la oferta (siempre con la misma carta) y las otras eran de los mismos propietarios. Por tanto, realmente, sólo se estaba presentando una oferta económica y no había concurrencia o competencia real.

3.- Contratos abiertos: Los anteriores a la ley de contratos de 2007: en la ley de contratos de 2000 los términos mínimos para la presentación de ofertas eran muy reducidos (15 días) y aún lo eran más si el procedimiento era por urgencia (7 días). Cuando la presentación de ofertas no eran por urgencia, las licitaciones coincidían con vacaciones. El resultado es que a todas estas licitaciones únicamente se presenta Stands Molinos SL; con el cambio legislativo en materia de contratos, los plazos se amplían considerablemente (de 15 a 54 días) ya que este tipo de contratos pasan a estar sujetos a una regulación armonizada. Coincide con cambios en la valoración de las licitaciones por parte del Patronato, que pasa a dar una importancia desorbitada a los criterios subjetivos, como es el diseño, frente a los objetivos, como el del precio. En semejantes circunstancias, es decir, al primar la subjetividad, la ley requiere que haya una comisión con tres técnicos especializados, circunstancia que no está presente en el caso analizado.

“Hemos tenido un encuentro constructivo, pero lo que importa son los hechos y no hemos recibido ninguna garantía de que los presupuestos 2017 vayan a representar algún cambio respecto a la arbitrariedad del reparto de las subvenciones y, por lo tanto, excepto un milagro de última hora, no los apoyaremos”.

Así expresaba el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, las sensaciones de la formación valencianista a la salida de la reunión que se ha mantenido este lunes en la Diputación de Alicante y que ha servido para presentar el Pla Objetiva e intercambiar impresiones sobre el presupuesto 2017. La reunión se ha llevado a cabo entre el presidente de la Diputación, César Sánchez, el vicepresidente y portavoz del PP, Carlos Castillo, el citado portavoz de Compromís y el diputado de la formación valencianista Lluís Pastor.

Compromís ha destacado que el gobierno de la Diputación ha explicado que hay un escaso margen de maniobra para los presupuestos 2017. “Cuando uno se dedica más a la publicidad que a la gestión los deberes se acumulan, y esto parece que le está sucediendo a la Diputación que tiene una cola de centenares de proyectos en espera que podrían colapsar el presupuesto del próximo año”, ha destacado la coalición. Además, desde Compromís se ha insistido que “no hay ningún hecho real que aumente la justicia en el reparto de subvenciones, de momento a César Sánchez lo conocemos más por los anuncios que por la realidad”.

Compromís ha destacado del encuentro el principio de acuerdo para que el Pla Objetiva sea el eje vertebrador de los Planes de Inversión Financieramente Sostenibles que se aprobarán en 2017 y donde se espera una inversión cercana a los 30 millones de euros proveniente de remanente de tesorería 2016. “Este acuerdo es importantísimo para los pueblos de las comarcas de Alicante, porque representa en la mayoría de los casos el 70% del total de la inversión anual que recibirán de la Diputación, tenemos la firme voluntad de ser una oposición firme y a la vegada útil por los pueblos”, ha destacado Fullana.

En el marco de los posibles acuerdos, Compromís y los representantes del gobierno de la Diputación han acordado generar un diálogo para estudiar que el Pla Objetiva se pueda implementar en los presupuestos 2018. No obstante estos acuerdos Compromís muestra su prudencia puesto que el actual gobierno no ha concretado ninguno de sus compromisos.

El grupo provincial de Compromís ha solicitado por registro el informe jurídico “previo al pleno” que autorizaba al presidente provincial, el popular César Sánchez, “la compatibilidad o no” para votar en el punto en que se aprobó una “ayuda no dineraria” al Ayuntamiento de Calp para unas obras de reforma de la carretera estatal N-332 que afectan a terrenos expropiados a su suegra.

En el escrito, al que ha tenido acceso eldiariocv.es, el diputado provincial Gerard Fullana reclama “el informe previo” al pleno que autoriza la participación en la votación de César Sánchez, después de que por incompatibilidad se abstuviera en dos actos anteriores en el Ayuntamiento de Calp.

Desde Compromís se ha insistido en que el voto de Sánchez fue “condición sine qua non” para la aprobación de la ayuda y que ello contraviene la Ley de Procedimiento Administrativo dado que se refiere a la figura del “interesado” y que ahí “entran de lleno” los familiares.

A juicio de la formación, el dirigente popular debería haberse abstenido al respecto de una votación que permite “la efectiva ejecución” de unas obras que “afectan de lleno a los intereses patrimoniales de su suegra”. En ese sentido, si las obras se efectúan antes de noviembre de 2018 recibiría una compensación en parcelas en un polígono industrial y si se efectúan después una compensación de 259.000 euros.

Por ello, los servicios jurídicos de Compromís ven en el voto de César Sánchez “indicios eventuales” de delito por el artículo 439 del código penal –negociación prohibida a funcionarios públicos y abuso en el ejercicio de su función-, e incluso, intuyen que Sánchez podría haber incurrido en prevaricación por el artículo 404.

Ayudas “objetivas”

Por su parte, desde el PSPV de la Diputación han defendido como “necesario” otorgar las ayudas para carreteras en base a “criterios objetivos” que marquen las “verdaderas prioridades de la red viaria alicantina”.

Han lamentado que para el PP de la Diputación ahora es “una máxima prioridad” arreglar la N-332 cuando “hace ocho meses” no lo fue para los diputados alicantinos del PP en el Congreso de los Diputados.

Han recordado que el grupo popular en el Congreso votó en contra en octubre “de dos enmiendas presentadas por el Grupo Socialista para que se incluyera en los Presupuestos Generales del Estado una dotación económica tanto para la mejora de la N-332 de Altea, Calp y Benissa, así como el enlace de la AP-7 con la N332, dotada con 500.000 euros cada una de ellas. La propuesta también se realizó para los PGE del año 2015, con el voto también en contra del PP”.

El grup provincial de Compromís ha demanat la dimissió del president de la Diputació d’Alacant, César Sánchez, arran de la informació publicada aquest divendres per eldiariocv.es, en què es destapa que l’aprovació en el ple provincial d’ajudes per a la reforma de la N-332 al seu pas per Calp, on Sánchez és l’alcalde, afecten terrenys expropiats a la sogra.

La coalició insta el dirigent popular a “assumir la seua responsabilitat política i salvar la reputació de la institució abans que hagen de fer-ho els tribunals”.

Quant a l’acord del ple que ha fet destinar 2,1 milions d’euros a les obres de la carretera nacional, el grup ha advertit que “impugnarà” una decisió que va tirar avant amb el vot de qualitat de Sánchez, ja que, a parer seu, es donen les “condicions per a demanar-ne l’anul·labilitat per vicis en el consentiment i, fins i tot, vicis de nul·litat absoluta per connexió amb un possible delicte”.

En aquest sentit, Compromís ha comprés que la participació de Sánchez en la votació “pot arribar a ser penal per la via de l’article 439 del Codi penal en tant que és una negociació prohibida i un abús de les seues funcions”.

En paral·lel, ha anunciat “una denúncia davant de la Fiscalia” perquè investigue i determine si se’n deriva cap “rellevància penal”, en aprovar-se un projecte sobre terrenys expropiats a la sogra.

“La jurisprudència recent –la Sala Segona de l’Audiència Provincial de Castelló en la sentència 085/2016, referent al cas del vicepresident segon de la Diputació Francisco Martínez, finalment condemnat–, apunta que la no-abstenció en cas preceptiu, segons el que disposa l’article 28 de la Llei 30/1992 de procediment administratiu comú, i amb benefici directe a la posició patrimonial d’un familiar, pot ser constitutiva de delicte per si mateix sense necessitat de concórrer-hi més requisits”, han subratllat des de la coalició.

Defensa “poc sòlida”

El portaveu provincial, Gerard Fullana, ha manifestat: “Sánchez ha comés tres fets imperdonables: autosubvencionar-se a dit, sense cap informe tècnic i deixant de banda altres pobles; participar en una votació que el beneficiava personalment i mentir quan ha sabut la notícia afirmant que ja no té interessos familiars”. I ha conclòs: “el cas César Sánchez és la caiguda d’un altre símbol del campisme”.

Així mateix, ha considerat “poc sòlida” la defensa de César Sánchez, que ha argumentat que la mercantil Paviota SL, pertanyent a la sogra, “no obtindria benefici patrimonial”. Compromís ha recordat que Paviota “conserva, després de l’expropiació, 2.815 m2 a la zona de les obres, amb la plusvàlua urbanística consegüent”.

D’aquesta manera, ha recordat que “les parcel·les amb què es compensaria l’empresa, si es feren les obres abans del 2019, correspondrien al mateix polígon de Pou Roig en què es localitzen les parcel·les actuals i que en conjunt veuria millorada la seua situació urbanística després de la realització de les obres, de manera que se n’incrementaria el valor, probablement molt superior en el mercat al valor d’expropiació”.

Amb tot, des de Compromís han subratllat que, a parer seu, “sí que hi hauria connexitat amb un increment patrimonial de Paviota SL. Per tant, César Sánchez tindria l’obligació d’abstenir-se en aquesta votació, perquè hi hauria indicis de nul·litat i, fins i tot, de delicte”.

“Des del principi hi ha hagut un interés inusual a accelerar aquest projecte, i ha estat una setmana carregada de tensions i d’amenaces per la tasca de fiscalització de Compromís”, han indicat des de la formació i han recordat que en els últims sis mesos Sánchez ha aprovat una inversió al seu municipi que arriba als 3,2 milions d’euros: “A més del possible delicte, hi ha un partidisme insuportable en la distribució dels diners públics per Sánchez”.

El grupo provincial de Compromís ha pedido este viernes la dimisión del presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, a raíz de la información publicada este viernes por eldiariocv.es, en la que se destapa que la aprobación en el pleno provincial de ayudas para la reforma de la N-332 a su paso por Calp, pueblo del que Sánchez es el alcalde, afectan a terrenos expropiados a su suegra.

La coalición insta al dirigente popular a “asumir su responsabilidad política y salvar la reputación de la institución antes de que tengan que hacerlo los tribunales”.

En cuanto al acuerdo del pleno que destina 2,1 millones de euros a las obras de la carretera nacional, el grupo ha advertido que “impugnará” una decisión que salió adelante con el voto de calidad de Sánchez dado que, a su entender, existen “condiciones para su anulabilidad por vicios en el consentimiento e incluso vicios de nulidad absoluta por conexión con un posible delito”.

En ese sentido, Compromís ha comprendido que la participación de Sánchez en la votación “puede llegar a ser penal por la vía del artículo 439 del Código Penal en cuanto negociación prohibida y abuso de sus funciones”.

En paralelo, ha anunciado “una denuncia ante la Fiscalía” para que investigue y determine si se deriva alguna “relevancia penal”, al aprobar un proyecto sobre terrenos expropiados a su suegra.

“La jurisprudencia reciente -la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón en su sentencia 085/2016, referente el caso del vicepresidente Segundo de la Diputación Francisco Martínez, finalmente condenado-, apunta a que la no abstención en caso preceptivo según lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo Común y con beneficio directo a la posición patrimonial de un familiar puede ser constitutiva de delito por sí misma sin concurrir más requisitos”, han subrayado desde la coalición.

Defensa “poco sólida”

El portavoz provincial, Gerard Fullana, ha manifestado: “Sánchez ha cometido tres hechos imperdonables: autosubvencionarse a dedo y sin informe técnico dejando de lado otros pueblos, participar en una votación que le beneficaba personalmente y mentir al conocer la noticia afirmando que ya no tiene intereses familiares”. Y ha zanjado: “el Caso César Sánchez es la caída de otro símbolo del Campismo”.

Asimismo, ha considerado “poco sólida” la defensa de César Sánchez que ha argumentado que la mercantil Paviota SL, perteneciente a su suegra, “no obtendría beneficio patrimonial”. Compromís ha recordado que Paviota “conserva, tras la expropiación, 2.815 m2 adyacentes a la zona de las obras, con la consiguiente plusvalía urbanística”.

De este modo, ha recordado que “las parcelas con que se compensaría a la empresa, en caso de realizarse las obras antes de 2019, corresponderían al mismo polígono de Pou Roig en el que se encuentran las actuales parcelas y que en su conjunto vería mejorada su situación urbanística tras la realización de los trabajos, incrementando por consiguiente un valor que muy probablemente podría ser superior en el mercado al valor de expropiación”.

Con todo, desde Compromís han subrayado que, a su juicio, “sí existiría conexidad con un incremento patrimonial de Paviota SL. Así, existiría obligación de César Sánchez de abstenerse en dicha votación, indicios de nulidad e incluso de delito”.

“Desde el principio ha existido un inusual interés en acelerar este proyecto, y ha sido una semana cargada de tensiones y amenazas ante el trabajo de fiscalización de Compromís”, han indicado desde formación y han recordado que en los últimos seis meses Sánchez ha aprobado una inversión en su municipio de hasta 3,2 millones de euros: “Además del posible delito, hay un partidismo insoportable en la distribución del dinero público por parte de Sánchez”.