Compromís pide la dimisión del presidente de la Diputación de Alicante, a quien denunciará ante la fiscalía

El grupo provincial de Compromís ha pedido este viernes la dimisión del presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, a raíz de la información publicada este viernes por eldiariocv.es, en la que se destapa que la aprobación en el pleno provincial de ayudas para la reforma de la N-332 a su paso por Calp, pueblo del que Sánchez es el alcalde, afectan a terrenos expropiados a su suegra.

La coalición insta al dirigente popular a “asumir su responsabilidad política y salvar la reputación de la institución antes de que tengan que hacerlo los tribunales”.

En cuanto al acuerdo del pleno que destina 2,1 millones de euros a las obras de la carretera nacional, el grupo ha advertido que “impugnará” una decisión que salió adelante con el voto de calidad de Sánchez dado que, a su entender, existen “condiciones para su anulabilidad por vicios en el consentimiento e incluso vicios de nulidad absoluta por conexión con un posible delito”.

En ese sentido, Compromís ha comprendido que la participación de Sánchez en la votación “puede llegar a ser penal por la vía del artículo 439 del Código Penal en cuanto negociación prohibida y abuso de sus funciones”.

En paralelo, ha anunciado “una denuncia ante la Fiscalía” para que investigue y determine si se deriva alguna “relevancia penal”, al aprobar un proyecto sobre terrenos expropiados a su suegra.

“La jurisprudencia reciente -la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón en su sentencia 085/2016, referente el caso del vicepresidente Segundo de la Diputación Francisco Martínez, finalmente condenado-, apunta a que la no abstención en caso preceptivo según lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo Común y con beneficio directo a la posición patrimonial de un familiar puede ser constitutiva de delito por sí misma sin concurrir más requisitos”, han subrayado desde la coalición.

Defensa “poco sólida”

El portavoz provincial, Gerard Fullana, ha manifestado: “Sánchez ha cometido tres hechos imperdonables: autosubvencionarse a dedo y sin informe técnico dejando de lado otros pueblos, participar en una votación que le beneficaba personalmente y mentir al conocer la noticia afirmando que ya no tiene intereses familiares”. Y ha zanjado: “el Caso César Sánchez es la caída de otro símbolo del Campismo”.

Asimismo, ha considerado “poco sólida” la defensa de César Sánchez que ha argumentado que la mercantil Paviota SL, perteneciente a su suegra, “no obtendría beneficio patrimonial”. Compromís ha recordado que Paviota “conserva, tras la expropiación, 2.815 m2 adyacentes a la zona de las obras, con la consiguiente plusvalía urbanística”.

De este modo, ha recordado que “las parcelas con que se compensaría a la empresa, en caso de realizarse las obras antes de 2019, corresponderían al mismo polígono de Pou Roig en el que se encuentran las actuales parcelas y que en su conjunto vería mejorada su situación urbanística tras la realización de los trabajos, incrementando por consiguiente un valor que muy probablemente podría ser superior en el mercado al valor de expropiación”.

Con todo, desde Compromís han subrayado que, a su juicio, “sí existiría conexidad con un incremento patrimonial de Paviota SL. Así, existiría obligación de César Sánchez de abstenerse en dicha votación, indicios de nulidad e incluso de delito”.

“Desde el principio ha existido un inusual interés en acelerar este proyecto, y ha sido una semana cargada de tensiones y amenazas ante el trabajo de fiscalización de Compromís”, han indicado desde formación y han recordado que en los últimos seis meses Sánchez ha aprobado una inversión en su municipio de hasta 3,2 millones de euros: “Además del posible delito, hay un partidismo insoportable en la distribución del dinero público por parte de Sánchez”.