El 11 de marzo de 2013, al filo de las dos de la tarde, un auto del Juzgado Central de Instrucción número 3 buscó su hueco en la historia judicial reciente. En él, el magistrado Javier Gómez Bermúdez acordaba la admisión a trámite de una querella interpuesta días antes por Izquierda Unida y otras organizaciones.

La explicación de su relevancia estaba al final del escrito, en la parte dispositiva, donde aparecían los nombres de los quince imputados. Eran grandes empresarios y dirigentes del Partido Popular. De todos ellos había indicios suficientes de que habían participado en un sistema consistente en entregar dinero en secreto al gran partido de la derecha española y después ser recompensados con obras de beneficios millonarios.

Habían pasado ya seis semanas desde que El País publicara los ‘papeles de Bárcenas’, las anotaciones manuscritas del exgerente y extesorero del partido sobre la citada financiación irregular. Esos documentos bautizan desde ese día nombre la causa judicial, un caso que con el tiempo sería renombrado como “la caja B del PP”.

“La Fiscalía había interrogado a Bárcenas hacía una semana y llevaba desde entonces mareando la perdiz. Cada día que pasaba era un paso más hacia la prescripción de los delitos. El tiempo jugaba en nuestra contra. Una adjudicación, un pago, una decisión en el BOE… todo podía prescribir”. Quien recuerda aquellos días es el abogado Juan Moreno, miembro del equipo jurídico que presentó la querella de IU y que hoy sigue integrando la acusación popular del caso.

Los abogados de Izquierda Unida y el entonces líder de la formación, Cayo Lara, habían acudido el 28 de febrero, un día de nieve en Madrid, al registro de la Audiencia Nacional en la calle Goya. En horas, el PP lanzó una nota de prensa urgente: “El Partido Popular, ante las graves calumnias e injurias vertidas en la querella de Izquierda Unida y los demás firmantes, en defensa de su honor, el de sus dirigentes y el de sus militantes, presentará la correspondiente querella contra los firmantes de esa acción judicial”.

Los avances en la instrucción no solo hicieron marchitar ese anuncio sino que obligaron al PP a atrincherarse cada vez más, un partido que a duras penas justificaba los sobresueldos para sus dirigentes que recogían los papeles de Bárcenas. Izquierda Unida acudió a la demanda de conciliación previa a la presentación de la querella. Se ratificó y el PP terminó por desistir.

El auto de Gómez Bermúdez no era, en cualquier caso, la primera decisión que aseguraba que habría una investigación de los ‘papeles de Bárcenas’ en la Audiencia Nacional. El 7 de marzo, con un informe de la Policía en su poder, Ruz había decidido abrir una pieza separada del caso Gürtel. La UDEF había presentado al juez tres coincidencias entre los hechos que él investigaba en el caso Gürtel y la contabilidad paralela de Bárcenas que El País había desvelado el 31 de enero.

La decisión de Ruz también tuvo respuesta en el PP. En un argumentario repartido entre sus dirigentes aquel día, el partido de Rajoy instaba a recordar ante los medios de comunicación que ya habían presentado una demanda por vulneración de su derecho al honor. “Cualquier información que ponga en duda la existencia de una única contabilidad en el PP es radicalmente falsa, temeraria y tendenciosa”, aseguraba el argumentario.

Pasaron dos años y dos semanas, el sumario engordó y el el juez Ruz, en otro auto, declaró acreditada “indiciariamente” esa caja B. Había indicios suficientes, escribió, de que el PP “se vino sirviendo de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que le permitió operar, al menos durante los 18 años investigados, con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada al Tribunal de Cuentas, funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B”.

Antes de que Ruz tomara el mando de la investigación se había producido una batalla judicial por los papeles de Bárcenas. En aquel marzo de 2013 restaba por conocer si la investigación del mayor caso de corrupción del PP en su historia iba a estar dirigida por un joven magistrado, de talante progresista moderado, que había llegado para desatascar el juzgado de Baltasar Garzón; o por Javier Gómez Bermúdez, de orientación conservadora y que se había convertido, sin embargo, en la diana de un sector del PP por enterrara con su sentencia las teorías de la conspiración en torno al 11-M.

Los querellantes preferían a Gómez Bermúdez. “Era un juez con plaza fija, sin que se pudiera presionar sobre él con la cuestión de la suplencia, como pasó con Ruz, además de que tenía fama de juez de no tener complejos a la hora de abordar una causa judicial”, asegura hoy el letrado Juan Moreno.

La decisión de que Ruz fuera el instructor se tomó finalmente por dos a uno en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El veterano fiscal Antonio Romeral, quien se había opuesto a la admisión a trámite de la querella de Gómez Bermúdez y de la apertura de una pieza separada en Gürtel, había apostado por Pablo Ruz. La vista en que las partes presentaron sus argumentos dejó una de las anécdotas del caso. La jueza Ángeles Barreiro se pasó las tres horas que duró vista sujetando un papel ante el rostro para evitar que las cámaras lo captaran.

Marcha forzada del juez Ruz

Dos años después, y al poco de haber rematado la instrucción, Pablo Ruz se vio obligado a dejar la Audiencia Nacional. Con decisiones aún relevantes por tomar, el Gobierno había sacado a concurso la plaza que ocupaba de interino, entre una oferta de otras muchas que tenía pendiente cubrir hace tiempo. Al magistrado le dio tiempo a dejar acreditada, de forma indiciaria, la caja B. Después puso rumbo a un juzgado de Móstoles. El Ejecutivo de Rajoy siempre ha negado una intención en aquella convocatoria más que acabar con la situación de interinidad de los destinos ofertados.

A Ruz le sustituyó el juez más antiguo de cuantos aspiraron a la plaza: José de la Mata, exdirector general en Justicia con el PSOE y, a la postre, el magistrado que ha reabierto el caso de la caja B por las revelaciones de Francisco Correa en el juicio de Gürtel. De nuevo, la petición de reapertura fue realizada por la acusación popular, en este caso de Izquierda Unida, a la que se sumaron el resto. El fiscal Romeral informó a favor de la petición.

El empuje de la acusación popular

La acusación popular han sostenido el caso todo este tiempo. A ellos corresponde la iniciativa de que declararan como testigos tres secretarios generales del PP o la petición de reapertura del caso por las confesiones de Correa. A la querella de IU hay que sumar otra, presentada unos días antes en los Juzgados de Plaza de Castilla por el Observatori DESC (Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales) . Firmaban esa querella los abogados Isabel Elbal, Gonzalo Boye y Jaume Asens, hoy teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona.

El juzgado de Madrid envió a la Audiencia Nacional esta querella y el Observatori pasó a integrar la acción popular del caso de la caja B. Uno de sus abogados, Gonzalo Boye, pone los 'papeles de Bárcenas' como ejemplo de la “importancia” de esta figura procesal. “Cuando comenzamos la Fiscalía no veía delito y el tiempo nos está dando la razón. No es un asunto menor, los papeles de Bárcenas reflejan la auténtica trama de corrupción que se ha gestado en torno al PP en estos últimos 25 años”, asegura.

El abogado de IU Juan Moreno incide en esa idea de la acción popular en este proceso cubriendo las carencias de la Fiscalía. “El Ministerio Fiscal ha tenido una actitud pasiva, silente, para nada ha impulsado la investigación de algo que es muy grave, que refleja que empresarios con una gran capacidad para atesorar contactos, con poder para presionar administraciones, estaban dando dinero a un partido político cuando estaba prohibido que pudieran donar”, asegura.

La acusación popular también es protagonista de la petición reciente de apartar a Juan Pablo González, el magistrado que se ha colado en el tribunal que juzgara la caja B después de un sorpresivo cambio en las normas de reparto de la Audiencia Nacional. Los querellantes sostienen que el PP ha dado “un decisivo impulso” a la carrera de este juez y que eso le inhabilita para juzgar la financiación irregular del partido.

Está pendiente de fijarse la fecha de celebración del juicio, siempre después de que se conozca la sentencia por la primera gran vista del caso Gürtel. ADADE es otra de las acusaciones populares, procedente, como los socialistas valencianos del caso Gürtel, en el que igualmente han supuesto un impulso continuo a la investigación. Esta asociación logró que Mariano Rajoy se sentara como testigo en ese juicio y lo volverá a intentar, al igual que el resto de las acusaciones populares, en la vista que debería celebrarse en 2018 sobre los papeles de Bárcenas. También fue la encargada de solicitar el ingreso en prisión del extesorero.

Francisco Montiel es abogado de ADADE. “Hay que ser conscientes de que en investigaciones de corrupción política, las presiones del poder pueden llegar a ser muy potentes y una acusación popular independiente, puede y debe ser la forma de contrarrestarlas”, afirma.

El Partido Popular formó parte de la acusación popular del caso Gürtel, pero fue expulsado por decisión de Pablo Ruz, quien alegó que más que acusar, la representación del partido actuaba como defensor de Bárcenas y de su esposa. Con ese argumento rechazó el magistrado el intento del PP por participar como acusación popular en el caso de su caja B.

Ya han empezado las maniobras judiciales en la oscuridad para frenar el caso Púnica, el nuevo gran caso de corrupción del PP

1. Cuando al PP le va mal un juicio no cambia de abogado, cambia de juez. Lo hizo con el caso Gürtel, por cuya instrucción han desfilado siete jueces en total, entre los que llevaron el caso y los que el PP logró apartar: Garzón, Pedreira, Monterde, Gómez Bermúdez, Carmona, Ruz y De la Mata. Lo volvió a intentar con el caso de los discos duros de Bárcenas, donde a punto estuvieron de sacar a la incómoda juez que ha imputado al propio partido por destruir pruebas. Y ya han empezado las maniobras judiciales en la oscuridad para frenar el caso Púnica, su nuevo gran escándalo de corrupción.

2. La instrucción de Púnica la lleva Eloy Velasco, actual responsable del central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. También está en su juzgado la investigación de otro gran caso de corrupción, derivado de Púnica, que aún está bajo secreto pero ya está dando mucho de que hablar: el feo asunto de la financiación del PP de Madrid. Fue también Eloy Velasco quien pidió la imputación de Pedro Antonio Sánchez, expresidente de Murcia, en un auto que empujó su dimisión dos días antes de enfrentarse a una moción de censura y que a toda la derecha le ha sentado francamente mal. La prensa conservadora ha empezado a cañonear y el mensaje no es nada sutil: “Este va a acabar como Garzón”.

3. Velasco no es ningún rojo peligroso. Estuvo ocho años en política, entre 1995 y 2003, pero como alto cargo del PP. Lo fichó Eduardo Zaplana, como director general de Justicia en su primer equipo al frente de la Generalitat Valenciana. Salió del puesto con la llegada de Francisco Camps. Cinco años después de su paso por política, en 2008, llegó a uno de los tribunales más politizados que hay: la Audiencia Nacional.

4. Tres de los seis jueces con plaza en los centrales de instrucción de la Audiencia Nacional han sido premiados por el Gobierno del PP con una suerte de retiro dorado: un puesto con menos lío, menos presencia mediática, menos influencia, pero bastante más sueldo; una especie de embajada judicial que escoge a dedo el ministro de Justicia. En los países con los que España tiene una mayor cooperación judicial –como Francia, Inglaterra, Estados Unidos o Italia–, el Gobierno nombra un juez de enlace. Son puestos muy cotizados en la carrera judicial: se trabaja poco y se cobra mucho, aparte de la bonita experiencia vital que supone pasar unos años viviendo como un cónsul en Londres, Roma o París.

5. Los jueces de enlace y otros nombramientos similares del Gobierno se convierten así en un mecanismo de lo más útil para controlar la Audiencia Nacional. Sirve para ofrecer un puente de plata a los jueces incómodos. Sirve para premiar a los que se han portado bien. Sirve como zanahoria para meter la cuchara en la Audiencia Nacional.

6. Cuando un juez se va a uno de estos puestos, mantiene su plaza en el juzgado. El CGPJ nombra a un sustituto –normalmente por concurso, como juez adscrito–, pero quien gana ese puesto tiene que dar un paso atrás si regresa el verdadero titular. Así fue como Eloy Velasco llegó a la Audiencia Nacional: porque el juez titular del número 6, Manuel García-Castellón, fue nombrado juez de enlace en París y más tarde en Roma. Lleva ya 17 años en el extranjero y sigue siendo titular. Desde entonces, por el numero 6 han pasado ya tres jueces, todos ellos sin ser el titular: Juan del Olmo, Pablo Ruz –que luego se fue de sustituto al número 5 cuando imputaron a Garzón– y, desde 2008, Eloy Velasco.

7. El caramelito de la embajada judicial fue también el que usó el PP para que no entrase en la Audiencia Nacional un juez al que tenían pavor: Miguel Carmona, uno de los fundadores de la asociación progresista Jueces para la Democracia. Cuando inhabilitaron a Baltasar Garzón, Carmona ganó por puntos la plaza del número cinco de la Audiencia Nacional. Pidió el puesto pero nunca lo llegó a ocupar porque inmediatamente después el Gobierno le nombró juez de enlace en Londres. También cogió el mismo puente de plata Javier Gómez Bermúdez, que hoy es juez de enlace en París. Cuando Gómez Bermúdez fue enviado a este puesto, no sabía hablar francés. Hay seis juzgados centrales de instrucción en la Audiencia Nacional y la mitad de los titulares –los del 3, el 5 y el 6– están hoy en Roma, Londres y París.

8. Eloy Velasco quería uno de estos destinos dorados, según han publicado varios medios y aseguran desde el PP. Según esas fuentes, tal vez interesadas, hubo incluso negociación y se habló de darle un proyecto de colaboración judicial entre la Unión Europea y Latinoamérica, pero la cosa se frustró porque las condiciones económicas no eran las que Velasco esperaba. El nuevo puesto no iba a estar tan bien pagado como el de Gómez Bermúdez en París. Mientras aún no estaba el asunto cerrado, Velasco llegó a acudir de oyente a una conferencia del ministro Rafael Catalá, este febrero en el Hotel Ritz. Allí, delante de Velasco, Catalá defendió que Pedro Antonio Sánchez no debía dimitir.

9. ¿Se ha enfadado Velasco con el PP porque no le han dado ese destino dorado al que supuestamente aspiraba? ¿Es todo un rumor lanzado por el PP para justificar los varapalos que le están llegando desde ese juzgado y presionar al propio juez? Es difícil de saber. Algo es seguro: mientras parte del sueldo y la carrera profesional de un juez dependan de su relación con el poder político, mientras los principales casos de corrupción se concentren en unas pocas manos de la Audiencia Nacional, la injerencia, el mercadeo y las presiones del Gobierno sobre los jueces continuarán.

Corrección. En una primera versión de este artículo se afirmaba que Miguel Carmona no sabía hablar inglés cuando fue enviado a Londrés. Fuentes cercanas a este juez aseguran que no es así.Corrección

Gómez Bermúdez hizo estas manifestaciones durante la conferencia inaugural del congreso sobre el centenario de la Facultad de Derecho de la institución docente murciana, que se celebra hasta el próximo 7 de mayo en el Hemiciclo de Letras.

El magistrado, que presidió el juicio de los atentados del 11M, ha analizado en su ponencia las lagunas del ordenamiento jurídico español a la hora de combatir el fenómeno del terrorista individual, dado que la legislación de nuestro país, ha dicho, está concebida para un terrorismo clásico, que está organizado.

La reforma del Código Penal que entrará en vigor en julio incluirá avances para luchar contra este terrorista que algunos llaman 'lobo solitario', y que el conferenciante ha trazado con los rasgos de la independencia respecto a una organización, la ausencia de órdenes e instrucciones y la falta de un apoyo y financiación externos, así como que el adoctrinamiento y reclutamiento es, por regla general, a distancia por medio de Internet.

Entre las novedades que introduce el legislador, Gómez Bermúdez ha destacado la redefinición del concepto de terrorismo (se adopta la definición de la Unión Europea), la tipificación del adoctrinamiento y adiestramiento pasivo (antes se castigaba al profesor y no al alumno) y el nuevo delito del terror informativo, que son los vídeos de Internet que no tienen una función de propaganda, sino de intimidación de la población.

Asimismo, Gómez Bermúdez ha valorado también como gran avance que la reforma legislativa permita destruir foros yihadistas (que él hubiera hecho extensible a los servidores), aunque no se ha mostrado tan favorable con el nuevo tipo de colaboración imprudente, del que ha señalado que difícilmente se aplicará.

El éxito de España contra el terrorismo yihadista, ha concluido, se basa en que la policía actúa en una fase inicial de la ideación del delito, lo que tiene como contrapartida que muchas veces las pruebas recabadas son de tipo indiciario y circunstancial, hecho que a su vez dificulta la correcta imputación.

La UMU ha invitado a Pablo Ruz, juez central de instrucción de la Audiencia Nacional, y a Javier Gómez Bermúdez, magistrado de ese órgano, al congreso que celebrará hasta el día 7 y en el que también intervendrán otros expertos en Derecho. El encuentro se inaugurará con una conferencia de Gómoez Bermúdez sobre el terrorismo yihadista.   

El congreso de la UMU se ocupará también de asuntos como la responsabilidad de las compañías aéreas derivada de accidentes de aviación, la reforma laboral, los procesos civiles, los problemas procesales en la investigación de los procedimientos por corrupción -de lo que hablará el juez Ruz- y de lo cabría esperar a día de hoy del Tribunal Constitucional.

El congreso, enmarcado en el centenario de institución docente y de su Facultad de Derecho, se desarrollará en el Paraninfo del campus de la Merced, según han explicado fuentes de la UMU. Para aquellos que deseen contar con una acreditación de asistencia, el precio de la inscripción será de 30 euros.

El humorista Facu Díaz declaró este jueves menos de diez minutos ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez. Durante la declaración, Díaz se acogió a su derecho a no contestar a las preguntas de la abogada de Dignidad y Justicia, asociación que presentó la denuncia contra el presentador de 'La Tuerka News'. Al juez, Facu Díaz le dijo que “en ningún momento tenía intención de humillar a las víctimas sino que es un sketch que está situado en la semana de la Operación Púnica y pretendía denunciar la corrupción”.

La declaración fue, en cualquier caso, más breve que los hechos que se produjeron a la salida de la Audiencia Nacional. Facu Díaz se acercó para atender a los medios de comunicación. A empujones, el 'reportero' de Telemadrid Cake Minuesa se situó junto a Díaz y comenzó a interpelarle mientras los medios de comunicación trataban de recabar la versión del imputado sobre la declaración. “Va a ser archivado seguramente hoy mismo y en eso confío”, dijo Díaz antes de ser interrumpido por Minuesa.

“¿Vas a pedir perdón a las víctimas del terrorismo?”. “¿Vas a hacer algún chascarrillo con esto?”, insistía el 'reportero'. Facu Díaz contestó: “Seguramente. Mi trabajo es reírme de la actualidad y, como estoy comprobando en este momento, por lo menos en esta mañana, formo parte de la actualidad y no me importa reírme de mí mismo”. “¿Reírte de los muertos está bien?”, continuó interrumpiéndole el 'showman' de Telemadrid.

Díaz dijo que, como mucho, es culpable de no haber sido original al utilizar la estética de las capuchas en un comunicado, guisa de la que aparecía en el sketch que le ha valido la denuncia, con la sede del PP de fondo. E insistió en que no pretendía humillar a las víctimas, “como así lo ha entendido el juez y como así no lo entienda probablemente el señor que está saliendo a mi lado”, dijo con ironía respecto a Minuesa.

A los pocos instantes de la declaración, el actor se volvió a acercar a Facu Díaz y le dijo que le iba a presentar a una víctima del terrorismo. Se trataba de Daniel Portero, presidente de la asociación que ha denunciado a Díaz. Se dieron la mano y comenzó un charla grabada por los medios presentes. Portero le pidió a Díaz “disculpas por haber interpuesto esta denuncia”. “Se interpone por el honor de las víctimas. No hay ninguna intencionalidad política”. A lo que Díaz contestó preguntando por qué entonces se incluía el nombre de un partido en ella. Portero dijo que las únicas personas que se han pasado del PP a otros partidos, en referencia a la alusión del 'sketch' en la que se basa la denuncia, son víctimas, como José Antonio Ortega Lara o Maite Pagazaurtundua.

Díaz invitó a Portero a continuar la conversación en otro momento y lugar más adecuado ante la indignación del 'reportero' de Telemadrid. Minuesa le reprochaba a Díaz que no tenga “ninguna sensibilidad con las víctimas” y le recordaba que ETA asesinó al padre de Portero. “Sigue así”, continuó.

“Puedo entender que alguien se pueda sentir ofendido y nunca va a faltar mi solidaridad con las víctimas de cualquier tipo de terrorismo y prefiero explicarme todas las veces que haga falta que acabar en una situación como esta que no es agradable para nadie”, había dicho antes Díaz.

El juez Javier Gómez Bermúdez, ponente de la sentencia del 11M, desmiente diez años después del atentado todos los argumentos que utilizó El Mundo para elaborar la teoría de la conspiración sobre la autoría de la masacre. Lo hace en una entrevista concedida al propio periódico en la que llega a decir que la idea de la existencia de una “conjura para montar los atentados” es “insostenible” y acusa al diario de no haber rectificado “cuando tuvieron evidencias claras de que no llevaban razón en algunos asuntos”.

El juez Bermúdez responde a nueve preguntas en las que el director del periódico, Casimiro García-Abadillo, insiste en la culpabilidad del principal condenado, Jamal Zougam. El Mundo insistió en difundir dudas sobre el yihadista como autor de los atentados y cargó contra dos testigos protegidas, cuyos testimonios califica de “dudosa veracidad”. El magistrado dice tajantemente que no solo los testimonios se utilizaron para incriminar a Zougam, sino que “hay muchas” pruebas que constatan su presencia en uno de los trenes y la participación en la masacre. Además, niega que los testimonios de los testigos sean “dudosos”. El supuesto falso testimonio de las testigos que defendió el periódico ya quedó desmontado por el cónsul de Rumanía recientemente.

Otro de los elementos de la teoría de conspiración que el juez desmiente es la participación de ETA en el 11M. La aparición de Titadyn entre los explosivos colocados en los trenes se utilizó para hacer creer que era imposible que los explosivos salieran de la mina asturiana y para apuntar a ETA como posible autora de la masacre, dado que era un componente utilizado frecuentemente por la banda. “En este asunto no hay posibilidad alguna de error. Es decir, lo que explosiona en los trenes es Goma 2”, afirma el magistrado, que es interrogado hasta en ocho ocasiones sobre este extremo y las dudas que tuvieron los peritos.

“Hay documentos que demuestran fehacientemente que a Mina Conchita en 2003 y 2004 se le suministró Goma 2EC que, en efecto, en teoría estaba retirada del mercado y no se fabricaba. Pero están los documentos ahí y está hasta el precio que pagó Mina Conchita”, explica Gómez Bermúdez.“Lo esencial es que lo que estalla en los trenes es una dinamita goma. Sea cual sea la marca. Y, desde luego, ETA no tuvo nada que ver”, afirma antes de que el entrevistador se defienda: “No he mencionado a ETA...”. “Lo digo por el Titadyn. Porque sabemos que va asociado a esa teoría. ETA no tiene nada que ver con este atentado. No es que tenga una convicción firme y sólida, es que hay siete informes periciales y cinco testimonios en el juicio oral”, zanja el juez.

El siguiente aspecto en el que se centra la entrevista es el trabajo desempeñado por el jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, a quien se acusó de haberse saltado los protocolos con fines partidistas. El magistrado defiende la labor y honestidad de Sánchez Manzano: “El planteamiento de que hay una conjura para montar los atentados en el que está un señor como Sánchez Manzano es insostenible”, señala Gómez Bermúdez que dice que el entonces jefe de los Tedax “se pudo equivocar”.

El Mundo se agarra, diez años después, al único cabo que queda suelto -el del desconocimiento de lo que se suele llamar la autoría intelectual de la matanza-, pese a que Gómez Bermúdez expresa al principio de la entrevista que “en los procesos penales no se resuelven todas las dudas. Se limitan al objeto del proceso penal, que es ver si un hecho es constitutivo de delito y si las personas acusadas son o no responsables de él. Hay muchas cuestiones periféricas que escapan a lo que es objeto de proceso. Por ejemplo, la motivación última no es objeto de un proceso penal”.

En esa línea, el juez apunta más adelante que aunque “el proceso penal tiene sus límite”, eso no quiere decir que no se sepa nada sobre la motivación de los autores: “Honestamente, yo creo que fue un atentado no inspirado directamente por Al Qaeda, pero sí por el alqaedismo. Probablemente algún yihadista destacado que no estuvo al alcance de la Justicia fue el que dio la idea de cómo ejecutar”. En cualquier caso, el atentado no se programó “para coincidir con las elecciones”, ya que existen documentos que acreditan que la fecha 11M estaba decidida mucho antes de que se conociera la de los comicios generales.

El magistrado Javier Gómez Bermúdez defiende la doctrina que acaba de tumbar el tribunal de Estrasburgo, pero también dice que la Audiencia Nacional ha "actuado impecablemente" al excarcelar a los presos de ETA y al resto de reclusos.

Amaia Izko, la letrada de la exetarra Inés de Río, mantiene que la decisión de "retener" a los presos etarras con la aplicación de la 'doctrina Parot' fue un "pacto" entre el poder político y el judicial, algo que Bermúdez desmiente.

Que los vascos son muy de apostar, no lo dudaba nadie. Pero quien ha roto el pronóstico en los XV Encuentros jurídicos penitenciarios en San Sebastián ha sido el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que se ha apostado una mariscada, con la 'doctrina Parot' como telón de fondo, a pagar a todos los presentes en estos encuentros. Junto a él se ha sentado en la mesa redonda, la letrada de Inés de Río, Amaia Izko, que ha mantenido que la decisión de “retener” a los presos etarras con la aplicación de la 'doctrina Parot' fue un “pacto” entre el poder político y el judicial. Algo que Bermúdez ha desmentido con rotundidad. De hecho, el magistrado ha dejado exponer su teoría a la letrada y al término de su intervención, con ese estilo característico que le ha hecho famoso, Gómez Bermúdez, ha sentenciado: “Ahora os voy a contar la verdad”, lo que arranco una sonora carcajada entre los asistentes a los encuentros, organizados por el Colegio de Abogados de Gipuzkoa y el Consejo General de la Abogacía.

“Soy yo el que me cargué las redenciones penitenciarias, pero motivadamente”. Bermudez ha explicado que cuando el PP, en mayo de 2003, aprueba la ley de cumplimiento íntegro de las penas y crea el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria -que le cae a Bermúdez- él ya estaba intentado aplicar una idea: que no podía ser que un delincuennte social ordinario y un gran delincuente, terrorista o narcotraficante, con delitos y condenas muy diferentes, tuvieran el mismo tratamiento en las redenciones ordinarias y en los permisos carcelarios. Y ha revelado que en esas fechas los políticos no le llamaban por teléfono -“no se atrevía a llamarme ningún político”, ha asegurado-, aunque sí le “llegaban las campanas por otro lado, pero eso es otra cosa”, dice.

“Sin impulso político”

“No he tenido impulso político en mis actuaciones”, ha zanjado en una sesión en la que tanto el magistrado como la letrada se han interpelado, cuidando las formas, y el público ha podido intervenir, preguntar e incluso discutir con ambos dos sobre la aplicación de la Parot y otros temas jurídicos y penitenciarios. De hecho, Izko ha intentado en todo momento hacer lecturas políticas de lo que suponer la sentencia de Estrasburgo y de lo que supuso la resolución de la Audiencia Nacional y luego del Tribunal Supremo que alumbró y ratificó, respectivamente, la no excarcelación de los presos en los tiempos previstos y la retroactividad de su decisión. Algo que ahora Europa ha tumbado definitivamente. Lo cual dejó a numerosos reclusos en prisión durante más de cinco y seis años, los mismos que ahora están siendo excarcelador por orden de la Audiencia Nacional entre las críticas de las víctimas y de los sectores más conservadores de la sociedad española.

Gómez Bermúdez ha defendido con argumentos e interpretaciones jurídicas la doctrina que acaba de tumbar el tribunal de Estrasburgo, pero también ha subrayado que la Audiencia Penal ha “actuado impecablemente” al excarcelar a los presos de ETA y al resto de reclusos a los que se les habia aplicado ilegalmente la doctrina. “Las sentencias, no hay que respetarlas, que me parece una chorrada, hay que aplicarlas y punto”, ha sostenido firmemente el magistrado de la Audiencia Nacional, frente a las voces que han exigido el no cumplimiento de la resolución sobre Inés de Río del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.

“Yo no tengo ningún interés que de que nadie se pase 30, 20 o 40 años en la cárcel”, ha señalado el magistrado, para desmentir a los que le acusan de pretender una especie de “ley del Talión”. De hecho, Bermúdez e Izko coincidieron es descalificar la prisión perpetua revisable que el PP ha planteado en su nueva reforma del Código Penal español y ambos han defendido que no hay ninguna duda de que hay que aplicar la resolución de Estrasburgo y que ésta supone de hecho el final de la doctrina Parot.

El debate, de guante blanco, pero intenso y muy vivo, ha finalizado al filo de las 13.30, cuando todos los asistentes se han hecho la foto de familia antes de ser recibidos por el diputado general de Gipuzkoa, el miembro de Bildu Martín Garitano. Y Gómez Bermúdez, ante la insistencia del público por la mariscada, ha señalado para terminar: “Lo de la mariscada es interpretable”, como si de una sentencia judicial se tratara o un artículo del Código Penal.

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha enviado a prisión al exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad, que tendrá que abonar un millón y medio de euros si quiere abandonar la cárcel.

El magistrado ha dictado también el ingreso en la cárcel del ex director de Empresas Daniel Gil, en este caso bajo fianza de 400.000 euros. Los dos serán trasladados esta noche a Soto del Real donde permanecerán hasta que reúnan las cantidades impuestas. Les imputa la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable, administración desleal y apropiación indebida.

Ambos han declarado esta tarde ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que ordenó ayer su detención por defraudar una cantidad de “cierta relevancia” a través de un entramado de empresas hoteleras, encabezado por la sociedad Valfensal, que desvió unos beneficios de 247 millones de euros al paraíso fiscal de Curaçao.

Según explica el juez en los dos autos en los dicta el encarcelamiento, en los últimos nueve ejercicios tributarios ambos empresarios habrían estado eludiendo el pago de impuestos, situando la mayor parte de los beneficios en territorio antillano. Como mínimo, en los ejercicios 2009, 2010 y 2011, el dinero defraudado superaría los cinco millones de euros.

López Abad y Gil --“que están en los dos escalones superiores de la CAM”, destaca-- “han tenido desde el comienzo un papel esencial en las negociaciones relativas a la financiación de los proyectos” en connivencia con los empresarios José Salvador Baldó y Vicente Ferri.

Los dos exdirectivos acordaron que Valfensal no repartiera dividendo, para lo cual alteraban la contabilidad en perjuicio de la propia CAM y articularon “un sistema para que los empresarios obtuvieran un retorno continuo de fondos, que constituía un dividendo encubierto”. La caja concedió préstamos irregulares a la empresa hotelera por un total de 217 millones de dólares.

En el año 2010, a pesar de la difícil situación en la que se encontraba la caja, se decidió suscribir un contrato de gestión entre Valfensal y la compañía Seabrezee. Esta última carecía de actividad y no tiene estructura alguna, indica el juez.

Monopolizaban la información

Los autos añaden que López Abad y Gil “monopolizaban la información sobre el grupo, de modo que la que llegaba a otros cuadros de la CAM era insuficiente o llegaba tardíamente, logrando así imponer sus decisiones sobre la participación de la caja en el capital social de Valfensal, así como sobre financiación y política de dividendos de esta sociedad”.

Gómez Bermúdez fundamenta su decisión de encarcelarles en que el riesgo de fuga se ha incrementado notablemente. “Cuentan con medios económicos y relaciones con el exterior que les permitirían eludir la acción de la justicia situándose en Curaçao, país con el que no existe tratado de extradición”, dicen los autos.

El juez pone, además, de manifiesto que López Abad ha cobrado una indemnización de 3,8 millones en junio de 2011 y adquirió una casa en México por un importe de 600.000 dólares americanos en 2009. Por su parte Gil cobró en febrero de 2011 algo más de un millón de euros.

El magistrado ha dejado en libertad a otros tres detenidos que han declarado hoy: el exdirector general de Tenedora de Inversiones y Participaciones de la CAM Vicente Sánchez, el director económico de Valfensal, Francisco Climent y el ex director de la División Internacional y de Negocio hotelero de la caja C. V..

La operación, a cargo de la Unidad de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se ha saldado con la detención de nueve personas. Gómez Bermúdez continuará mañana con los interrogatorios y tomará declaración al abogado Jaime Escrivá, empleado del despacho de abogados Garrigues y que asesoró a los implicados en la trama defraudadora para la creación de la estructura fiscal.

Izquierda Unida presentará una querella criminal ante el Tribunal Supremo contra tres jueces de la Audiencia Nacional: Enrique López, Ángel Hurtado y Julio de Diego, los magistrados de la sección segunda de la Sala de lo Penal que el pasado 21 de marzo impidieron el interrogatorio de Luis Bárcenas que tenía previsto el juez Javier Gómez Bermúdez.

Según han confirmado los abogados a eldiario.es, la querella está casi terminada y se presentará formalmente en los próximos días. Los impulsores de la querella por los papeles de Bárcenas –además de IU, también están la Asociación Libre de Abogados (ALA), la Asociación Justicia y Sociedad, Ecologistas en Acción y Federación de Los Verdes– argumentarán que la sección no tenía potestad alguna para anular ese interrogatorio. En ese momento, jueves 21 de marzo, aún estaba por resolver cuál de los dos jueces de la Audiencia –Pablo Ruz o Gómez Bermúdez– era el competente para investigar los papeles de Bárcenas.

La decisión tomada por estos tres magistrados al bloquear el interrogatorio causó estupor en ámbitos judiciales. Fue un “golpe de mano” inédito, según fuentes del Tribunal Supremo, que aseguran a eldiario.es que la sección no tenía las competencias necesarias para tomar una medida tan expeditiva. Según la ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando dos jueces de instrucción investigan un mismo caso, pueden practicar cada uno de ellos por separado diligencias incluso antes de que se fije cuál de los dos tiene la competencia. De hecho, el juez Ruz pudo interrogar a Luis Bárcenas el mismo día que Gómez Bermúdez le había citado sin encontrar oposición alguna.

Tras esta polémica decisión, estas mismas fuentes ven la mano del Partido Popular, que presionó duramente durante esos días para evitar ese interrogatorio. El PP temía que, tras el interrogatorio, Gómez Bermúdez ordenase la entrada en prisión de su extesorero Luis Bárcenas.

La secuencia de los hechos revela hasta qué punto el partido en el Gobierno maniobró para evitar este temido interrogatorio. El miércoles 20 de marzo, Gómez Bermúdez citó al extesorero del PP para el viernes 22 a las 12:00. La cita se convocó para ese día a petición del propio abogado de Bárcenas porque esa misma mañana, a las 10:00, tenía previsto comparecer ante el juez Ruz.

A la mañana siguiente, el 21 de marzo, el propio presidente Mariano Rajoy llamó por teléfono al Consejo General del Poder Judicial para interesarse por el caso, por el “espectáculo” que estaba dando la Audiencia Nacional al permitir que dos jueces investigasen un mismo caso. Ese mismo día, la Fiscalía –dependiente del Gobierno– solicitó tanto al juez Gómez Bermúdez como a la sección segunda de la Sala de lo Penal que anulase ese interrogatorio. Y pocas horas después, la sección segunda bloqueó el interrogatorio. Todo en apenas de 24 horas.

La querella de IU será la segunda por prevaricación que se presente contra estos jueces de la Audiencia. Hace una semana, el partido Izquierda Anticapilista presentó otra querella similar ante el Supremo.

Nulidad por el error en el reparto

Los abogados de IU y demás organizaciones querellantes también pedirán la nulidad de otra extraña decisión del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, que se saltó sus propias normas de reparto para que se fuese la sección tercera –más próxima a Ruz– la que decidiese sobre qué juez era el competente para investigar los papeles de Bárcenas. Además de la vulneración de las normas de reparto, también alegarán indefensión de las partes porque el juzgado de Pablo Ruz aún no ha aclarado si el Partido Popular podrá continuar como acusación popular en este nuevo caso donde, al mismo tiempo, están acusados.

Durante la vista de esta decisión, el pasado miércoles, los abogados de Izquierda Unida ya plantearon estos dos asuntos como cuestiones previas. La respuesta del presidente de la sección tercera, Alfonso Guevara, fue doble. Primero corrigió a los abogados de IU, que nombraran a Grande Marlaska como “presidente de la Sala de lo Penal” –“es ilustrísima”, matizó Guevara–. Y después pidió a los abogados que llevasen esa reclamación “ante el tribunal de derechos humanos de la ONU”.

Según publicó ayer el diario El País, Alfonso Guevara ha sido recientemente expedientado por el CGPJ por decirle a un procesado: “Si llevara arma, le hubiera dado un culatazo”.

La Audiencia Nacional determinó hace unos días que fuese Pablo Ruz, y no Javier Gómez Bermúdez, quien se quedase con la investigación de los papeles de Luis Bárcenas. La decisión la tomó la sección tercera con dos votos a favor de Ruz y un voto para Gómez Bermúdez. La medida ha levantado polémica dentro de la propia Audiencia porque en el camino se ha incumplido uno de los reglamentos más básicos de cualquier tribunal: las normas de reparto, que determinan quién debe decidir cada recurso o cada sumario. Estas normas de reparto son la clave para determinar qué sección era la adecuada para dirimir el conflicto entre ambos jueces.

La orden que llevó esta importante decisión a manos de la sección tercera la firmó el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska. Sin embargo, según sus propios argumentos y las normas de reparto de la Sala de lo Penal, no era la sección tercera quien tenía que haber dirimido entre Ruz y Gómez Bermúdez. La decisión debía haberla tomado la sección primera, teóricamente más favorable a Gómez Bermúdez.

Cómo funcionan las normas de reparto

El sistema de reparto que decide qué juez o qué sección se ocupará de cada caso se basa en un número del 1 al 9. Es complejo de entender, pero bastante simple en el fondo. Está diseñado, precisamente, para evitar la arbitrariedad en los procesos judiciales y que no haya manos invisibles que manipulen el tribunal que decida la suerte de un sumario.

Cada denuncia o querella que llega a los juzgados recibe un número de registro general. El último dígito de ese número es la clave: con él se reparte después la carga de trabajo entre los distintos jueces.

Cada sala tiene unas tablas de reparto, en función de ese último digito. Con ellas se determina qué sección juzgará cada caso y también quién decidirá si hay recursos, apelaciones o –como con los papeles de Bárcenas– cuestiones sobre qué juez es el competente. Las tablas son sagradas no solo porque sirven para repartir el trabajo, también porque evitan cualquier tipo de maniobra para dirigir un caso hacia unos jueces u otros.

Éste es el cuadro resumen con las normas de reparto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Cada sección está compuesta por entre tres y cinco magistrados.

Para el caso Bárcenas, afectan dos de estas tablas. La tercera, acerca de los “recursos de apelación de resoluciones de los Juzgados Centrales de Instrucción”, es la que decide qué sección debe pronunciarse respecto a cualquier recurso que presente la acusación o los procesados. Y también es relevante la primera tabla, acerca de los “Sumarios, procedimientos abreviados...”: es la que determina qué tribunal juzgará el caso una vez sea enjuiciado. Ambas son importantes porque, si una sección decide sobre la competencia de un juez, podría quedar contaminada su imparcialidad para después juzgar el caso o para responder a cualquier recurso.

El número de registro de la causa sobre los papeles de Bárcenas que instruye Pablo Ruz termina en 2, por lo que la sección que debía decidir sobre los recursos de apelación es la sección cuarta (según la tercera tabla). Si el caso llega a ser enjuiciado, el juicio le corresponderá a la sección segunda (según la primera tabla).

En cuanto al caso que llevaba Gómez Bermúdez, su número de registro termina en 7. Para decidir los recursos, el reparto le habría correspondido a la sección segunda. Y si hubiera continuado la instrucción, el juicio se habría celebrado en la sección tercera.

En resumen: la decisión sobre qué juez era el competente corresponde a la sección primera porque todas las demás podrían quedar contaminadas. Si Gómez Bermúdez hubiese llevado el caso, el juicio se habría visto en la sección tercera y los recursos en la sección segunda. Con Ruz, el juicio se tendrá que celebrar en la sección segunda y los recursos en la cuarta. Solo hay cuatro secciones, así que la única que quedaba libre en la Sala de lo Penal era, por tanto, la sección primera.

Inexplicablemente, el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, utilizó este mismo razonamiento para decidir qué sección debía decidir entre los dos jueces, pero llegó a conclusiones muy distintas. Aunque considera que hay que evitar “cualquier contaminación procesal que pueda afectar a la imparcialidad objetiva” del tribunal, su enumeración de las secciones afectadas no coincide con el de las normas de reparto. ¿La razón? Que Grande-Marlaska utilizó otra cifra en sus tablas: el número de procedimiento, en vez del número de registro general, como mandan las normas de reparto.

Según Grande Marlaska, las secciones que podrían quedar contaminadas eran la primera (juicio) y la segunda (recursos) con Gómez Bermúdez, y la segunda (juicio) y la cuarta (recursos) en el caso de Pablo Ruz. Su conclusión es que tiene que ser la tercera. Basta con repasar las normas de reparto para darse cuenta de que estas secciones no cuadran en ningún caso, sean cuales sean los números que se elijan. No hay dos dígitos que permita estas combinaciones. Es imposible.

Fuentes jurídicas consideran gravísimo este error de Grande-Marlaska, que abre la puerta a que las partes personadas en el caso –especialmente Izquierda Unida– puedan pedir la nulidad de esta decisión, lo que supondría que Gómez Bermúdez recuperase el caso Bárcenas hasta que la sección primera determine cuál de los dos jueces es finalmente quien debe investigar.

Durante la vista en la sección tercera, el pasado miércoles, los abogados de Izquierda Unida plantearon al presidente de esta sección, Alfonso Guevara, sus dudas sobre si se había cumplido correctamente con el sistema de reparto. Guevara lo denegó sin más. El comentario que más tarde añadió ante esa petición, según fuentes cercanas, fue taxativo: “Que acudan entonces al tribunal de derechos humanos”.

El magistrado de la Audiencia Nacional califica como “inconsistente” la pretensión de su colega Pablo Ruz de aglutinar la investigación de Gürtel con la de los papeles de Bárcenas

El juez Gómez Bermúdez pide pista libre para investigar los papeles de Bárcenas y la presunta financiación irregular del Partido Popular. En un auto con fecha 19 de marzo el magistrado requiere la inhibición al juzgado de Pablo Ruz en lo relativo a la pieza separada abierta por los “papeles de Bárcenas”.

En su auto, Gómez Bermúdez califica varias veces como “inconsistente” el argumentario de su colega para defender la conexión del caso Gürtel con los estadillos de supuestos pagos en B atribuidos al extesorero del Partido Popular. Por todo ello, pide quedarse con la causa de los papeles de Bárcenas abiertas tras la querella presentada por IU y enumera sus objetivos: “Evitar dilación o duplicidad en la instrucción de la causa”.

En su auto, Bermúdez recuerda que “la falta de conexidad entre ambos procedimientos fue afirmada por el propio instructor del juzgado número 5 en sus autos de 5 y 21 de febrero”, aunque en un auto posterior Ruz cambió de opinión y decidió que sí había relación entre ambas causas. Según Gómez Bermúdez, “no se entiende cuál es la conexión con los hechos investigados en este juzgado”.

Gómez Bermúdez, un juez a priori mucho más incómodo que Ruz para los intereses del PP, argumenta que la mayoría de los empresarios señalados como presuntos pagadores de comisiones ilegales ni siquiera aparecen en la causa Gürtel. Por ello, y pese al criterio contrario de la Fiscalía, revindica su derecho a continuar con las instrucción de uno de los casos de corrupción más complicados en la historia del partido de Rajoy.

Apoyo de la Sala de Gobierno a Ruz

La sala de gobierno de la Audiencia Nacional ha salido esta mañana en defensa del juez Pablo Ruz. A través de un comunicado de prensa, el órgano de gobierno interno de los jueces aclara que ni Ruz es un juez interino ni su juzgado está saturado para hacerse cargo del caso Gürtel.

La reacción de la sala de gobierno se produce paralelamente al auto en el que Gómez Bermúdez pide de Ruz su inhibición en la causa de los papeles de Bárcenas.

Desde que la Audiencia Nacional descubrió que el extesorero del PP Luis Bárcenas controló 22 millones en cuentas en Suiza, el caso no ha dejado de evolucionar judicialmente. Dos días después de que se conociera la noticia, El Mundo publicó el 18 de enero que el PP pagó sobresueldos en dinero negro a parte de su cúpula durante 20 años.

A raíz de estas informaciones, el PSOE pidió al juez de la Audiencia Nacional que cite a declarar al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su antecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta, y que reclame al Partido Popular toda la documentación sobre este asunto que tenga en su sede. Esto ocurrió el 23 de enero.

El 28 de enero, Ruz pregunta a la Fiscalía (órgano jerárquico dependiente del Fiscal General, nombrado por el ministro del Interior) si debe investigar las cuentas del PP, y la Fiscalía lo rechaza. La respuesta se produjo el 1 de febrero, un día después de que El País publicara los papeles de Bárcenas con nombres y apellidos.

El 5 de febrero, Ruz cita a Bárcenas por su dinero en Suiza, pero no ve ninguna relación con las cuentas del PP. Así, desestima la petición del PSOE de unir los papeles de Bárcenas. Ruz, que se encuentra interino en la Audiencia Nacional por la salida de Baltasar Garzón, recibe un espaldarazo del Congreso, que avalará que el juez Ruz pueda seguir con el 'caso Gürtel' aunque pierda la plaza.

Veinte días después, IU anuncia que se querella contra Bárcenas, Lapuerta, Rato, Acebes, Trillo y los directivos de empresas que donaron al PP.

El 1 de marzo, el juez Bermúdez, que estaba de guardia cuando IU presentó la querella, decide abrir diligencias contra Bárcenas, Acebes, Rato y Trillo. En total, cerca de 14.000 personas se habían adherido a la querella de IU contra el PP en 24 horas. El Observatorio para el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc) y Manos Limpias también se querellaron. El juez Gómez Bermúdez aprecia “la posible existencia de una infracción penal” en los hechos denunciados por la coalición.

Unos días después, el 3 de marzo, Ruz pide a la policía que le informe sobre la posible conexión entre los papeles de Bárcenas y Gürtel. Así, Ruz, juez instructor de Gürtel, busca una base para tener competencias sobre el caso de los papeles de Bárcenas.

El 7 de marzo, una semana después de que Gómez Bermúdez abriera diligencias y un mes después de que desestimara unir los papeles de Bárcenas a Gürtel, el juez Ruz encuentra conexiones entre los “papeles de Bárcenas” y la supuesta financiación ilegal del PP. Se basa en el informe de la policía, que dice que Bárcenas recibía comisiones de la trama Gürtel procedentes de la adjudicación de contratos públicos. Sin embargo, el magistrado abre una pieza separada dentro del caso Gürtel lo cual, a pesar de observar que son hechos conexos. Al día siguiente, el 8 de marzo, la Fiscalía expresa su apoyo a que el caso de Bárcenas se investigue como una pieza separada de Gürtel.

El 11 de marzo, el juez Gómez Bermúdez, que había abierto diligencias, decide admitir la querella de IU sobre los papeles de Bárcenas e imputa a los principales constructores del país por supuesta financiación ilegal del PP. Anticorrupción había pedido que la querella de IU se acumulara al juzgado de Ruz.

Un día más tarde, este mismo martes, se acumulan las reacciones en el PP y la Fiscalía en un mismo sentido: que el caso pase de Bermúdez a Ruz. Así, Alfonso Alonso, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, pide “celeridad” para determinar qué juez debe instruir los papeles de Bárcenas, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, expresa su “perplejidad” por la irrupción de Bermúdez en el caso Bárcenas y Anticorrupción anuncia que recurrirá para apartar a Gomez Bermúdez de los 'papeles de Bárcenas'. Además, un juzgado de instrucción de Madrid ha remitido la querella de Manos Limpias al juzgado de Ruz. Incluso el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó que la decisión de Bermúdez provocaba un conflicto entre dos juzgados.

El 14 de marzo, la Fiscalía recurrió para impedir que Bermúdez citara a empresarios donantes del PP.

Al día siguiente, Ruz citó a los extesoreros Bárcenas y Lapuerta como imputados por la supuesta contabilidad B del PP.Y, el 19 de marzo, Bermúdez le pide a Ruz que se aparte de la investigación de los papeles de Bárcenas. Ese mismo día, el 19, la Audiencia Nacional sale en defensa de Ruz, quien no preguntó a Bárcenas por la presunta financiación ilegal del PP en tres horas de interrogatorio el pasado 25 de febrero.

Mientras, el Partido Popular se niega a entregar sus cuentas a la Audiencia Nacional. Y este 22 de marzo, Bárcenas declara ante Gómez Bermúdez y Ruz.

La Fiscalía abogaba por no entregar la causa a Gómez Bermúdez

El PP pide que se determine con celeridad qué magistrado es competente para investigar el caso

El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se ha apuntado un tanto gracias a la Fiscalía en la pelea que mantiene con su colega de tribunal Javier Gómez Bermúdez por instruir la causa de los llamados papeles de Bárcenas. El juzgado de instrucción número 30 de Madrid se ha inhibido, siguiendo el criterio de la Fiscalía, de la querella interpuesta por el grupo ultraconservador Manos Limpias contra el extesorero del PP y remitido dichas actuaciones al juzgado número 5 de la Audiencia, dirigido por Ruz, que instruye además el caso Gürtel.

El problema surge de que en dicho tribunal dos juzgados se disputan la instrucción de la supuesta contabilidad secreta que llevaba Luis Bárcenas, por lo que el juez Francisco Javier Teijeiro preguntó a la Fiscalía a cuál de los dos debía remitir la querella. Según el auto, el informe del fiscal, remitido ayer, asegura que “a la vista de lo actuado y circunstancias, existiendo conocimiento público de que los hechos objeto de la denuncia presentada están siendo investigados por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, en las Diligencias Previas número 275/08, interesa la inhibición a favor del referido juzgado por considerarle competente para el conocimiento de los hechos referidos”.

El juez de Madrid justifica su decisión en que Gómez Bermúdez aún no se ha pronunciado sobre la petición de la Fiscalía de que se inhiba en favor de Ruz por lo que “de momento y por aplicación de la doctrina antes expuesta, ha de ser este último órgano [el juzgado número 5 de la Audiencia] a quien se habrán de remitir las presentes diligencias por ser el primero que conoce del asunto”, salvo que una instancia superior decida, en su caso, que sea Gómez Bermúdez quien instruya el caso.

El PP pide celeridad

El partido cuyas cuentas están bajo sospecha ha pedido hoy que “se avance judicialmente en el esclarecimiento de la verdad” en palabras de su portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, quien ha recordado que será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional quien resolverá el “conflicto de competencia” abierto entre Ruz y Gómez Bermúdez, informa Europa Press.

El dirigente del PP ha mostrado su temor a que “estas cosas retrasen más la instrucción” del caso Gürtel que, según ha recordado, lleva ya cuatro años investigándose. “En España las instrucciones se prolongan durante muchos años y lo que nosotros necesitamos es que se avance judicialmente en el esclarecimiento de la verdad”, ha manifestado.

Para Alonso, el problema no es que se registren casos de corrupción, sino que se prolongue “muchísimo” la resolución judicial de los mismos, por lo que ha demandado celeridad a la hora de resolver qué juez debe hacerse cargo de los papeles de Bárcenas y, por tanto, resolver este “conflicto”.

El portavoz parlamentario ha rechazado valorar la decisión de Gómez Bermúdez de declararse competente para investigar los papeles de Bárcenas y ha subrayado de nuevo la necesidad de no prolongar “infinitamente” instrucciones para que estas puedan avanzar.

Lee a continuación el auto del juzgado de Madrid

Auto Juzgado de Instrucción nº 30 Inhibición AN denuncia Manos Limpias contra Bárcenas.doc by eldiario.es

Como expliqué el domingo en mi artículo para El Periódico, Ruz ha ejecutado estos días un regate difícil de justificar. Primero rechazó investigar los papeles de Bárcenas. Y después –casualmente, tras la querella de IU ante la Audiencia Nacional– se corrigió a sí mismo para abrir pieza separada. De ese modo, Ruz bloqueaba el resto de las querellas que se habían presentado por los papeles de Bárcenas y paralizaba cualquier otra investigación que no pasase por su juzgado. La fiscalía apoyó ambas decisiones de Ruz, a pesar de ser contradictorias entre sí.

Detrás de esta decisión de Ruz se intuye la mano de un fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno y que estos días, con tanto cambio de criterio, probablemente duerme peor de lo normal. Por supuesto, el PP habría preferido que el caso Bárcenas nunca llegase a la Audiencia Nacional. Pero, puestos a elegir la opción menos mala, la mejor alternativa para los conservadores es que el caso se quede en el colapsado juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, sepultado bajo los más de 700.000 folios de la Gürtel y bajo la instrucción de un juez, Pablo Ruz, que está casi de interino y que en septiembre se irá a una plaza aún por determinar. El próximo destino de Ruz está pendiente de lo que decida ese CGPJ donde los magistrados nombrados por el PP suman mayoría. Su carrera judicial dependerá en gran medida de lo que haga en estos meses que le quedan en la Audiencia Nacional.

El auto de Gómez Bermúdez es una bomba para el PP, y no solo porque pelee por la competencia con Ruz. De entrada, va a citar a declarar a todos los grandes constructores que aparecen en los papeles de Bárcenas para que expliquen, como imputados, si pagaron esos donativos y a cambio de qué. Gómez Bermúdez también imputa al propio Luis Bárcenas y a su antecesor, un hombre decisivo en el partido: el histórico extesorero Álvaro Lapuerta. Por el momento, deja fuera de la imputación a otros dirigentes –como Trillo, Rato o Acebes– porque “resulta prematuro”. Pero esto no significa que mañana no los pueda procesar.

Desde la derecha mediática ya han comenzado a atacar al juez Gómez Bermúdez por su decisión. “Al estilo Garzón” critica Pedro J. Ramírez, claramente disgustado porque la Audiencia Nacional investigue una información que, a su manera, su propio periódico inició. Los conspiranoides del 11M, que no le perdonan aquella sentencia sin “agujeros negros”, olvidan un detalle importante: que Gómez Bermúdez podría haberse quedado con la Gürtel sin necesidad de maniobrar. Cuando pidió plaza en la Audiencia Nacional pudo elegir juzgado; por puntos, podía haberse quedado con el número 5, que tenía todos los casos de Baltasar Garzón, pero de forma muy pensada escogió el 3.

Dudo que la pelea judicial por la competencia del caso Bárcenas haya terminado ya. La fiscalía ya ha anunciado que recurrirá este auto; quiere que Ruz recupere el control sobre la investigación. Sin embargo, Gómez Bermúdez ha dejado claro que tiene argumentos sólidos para reclamar el caso. La clave está en el punto 22 de su auto, donde responde al fiscal que su “informe no es preceptivo y, por lo tanto, tampoco vinculante”. Traducido: que más allá de lo que diga la Fiscalía, es su juzgado “al que le correspondió por turno de reparto” la querella de IU (punto 1 de su auto) quien tiene que instruir esta investigación.

Otra de las claves del auto de Gómez Bermúdez está en los puntos 19 a 21, donde el juez describe al PP como presunto “beneficiario de las donaciones” “a título lucrativo”. Es decir, que puede ser “afectado por la investigación”. El argumento tiene su interés porque en un juicio no se puede ser al mismo tiempo acusado y acusación. Y si el PP es acusado, no podrá ser parte de la acusación popular, como sí está personado en la Gürtel. Por tanto, en contra de lo que argumenta Ruz, es un caso distinto que no se puede agrupar bajo el paraguas de la Gürtel. Para desgracia del Partido Popular.